Uno de ellos es el narcotraficante Ignacio Cubilla, de 51 años, alias Nacho, capturado el 25 de abril de 2018 en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en la operación Fox de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se hizo bajo la supervisión de la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara.

Ignacio Cubilla después fue condenado a 13 años de cárcel. Su primo, Juan Vidal Cubilla Martínez, quien cayó con él aquel día, fue sentenciado a 12 años de encierro. Reinaldo Cubilla Martínez, primo de Ignacio y hermano de Juan Vidal, detenido el 23 de marzo de 222, fue castigado con 11 años de reclusión.

Los Cubilla integraban una organización criminal que enviaba principalmente marihuana a Argentina y Uruguay, en vehículos con doble fondo, en embarcaciones a través del río Paraná y en avionetas que despegaban desde pistas clandestinas situadas en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

De hecho, en su momento, fueron señalados como los mayores exportadores de marihuana de Paraguay al mercado del Río de la Plata.

El 18 de diciembre de 2022, Ignacio Cubilla, alias Nacho, apuñaló a dos guardiacárceles en la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, tras lo cual fue reducido con un disparo de escopeta en la pierna.

Después de ese incidente, fue trasladado al penal de San Juan Bautista, departamento de Misiones, de donde ahora se escapó. Le quedaban aún 5 años de su sentencia por narcotráfico.

Fugado del penal de Misiones es uno de los más peligrosos del Sur

El otro fugado hoy es el sicario Pascual Benítez Miranda, de 43 años, alias El Sicario, quien fue trasladado el 18 de junio de 2025 de la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, a la prisión de San Juan Bautista, departamento de Misiones.

Su transferencia se produjo luego de que fuera sorprendido en posesión de una pistola y un revólver con los que supuestamente debía asesinar al supuesto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del diputado colorado fallecido Eulalio Gomes, alias Lalo.

Pascual Benítez Miranda fue capturado por última vez el 8 de enero de 2020 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa, y después de eso sentenciado a 26 años de cárcel por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo, ocurrido el 14 de setiembre de 2019 en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.

Como autor moral de ese crimen fue señalado el entonces concejal departamental de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón, del Partido Colorado, quien supuestamente fue el que contrató a El Sicario para matar a Carlos Gordo, según la imputación que presentó en su contra el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Marcelo Daniel Pecci Albertini.

De hecho, un día antes de morir, el propio Carlos Gordo denunció ante la Policía y la Fiscalía que Benjamín Adaro Monzón lo mandaría a matar, aunque tras permanecer un tiempo en prisión el citado político colorado fue absuelto en este caso.

Supuestamente, también por orden de Benjamín Adaro Monzón, el ahora fugado Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, habría ejecutado un atentado a tiros en la Junta Departamental de Caazapá, en la ciudad de Caazapá, el 8 de agosto de 2019.

Atentatos contra político y policías

En ese ataque intentaron matar al concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, del Partido Liberal, y de paso culpar del hecho al comerciante de la misma región, Jorge Baeza, ambos coincidentemente rivales políticos de Benjamín Adaro Monzón.

Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, increíblemente también fue favorecido por la justicia paraguaya en el caso del asesinato de dos policías de Investigaciones de Caazapá, perpetrado el 18 de febrero de 2016 dentro de un colectivo de la empresa La Yuteña, en la zona de Yegros, departamento de Caazapá.

Las víctimas fueron el el suboficial primero Denis Aguiar Ortellado y el suboficial segundo Jorge Luis López Figueredo, quienes fueron acribillados supuestamente por el ahora fugitivo Pascual Benítez Miranda y el padre de este, Matías Benítez, que presuntamente abrieron fuego cuando intentaron atraparlos.

Pascual Benítez Miranda era buscado en esa época para ser interrogado por el atentado contra el político liberal Nelson Javier Vera Villar, cometido el 1 de noviembre de 2015 en la zona de Yuty, departamento de Caazapá. Ese ataque fue supuestamente ordenado por Benjamín Adaro Monzón.

Si bien el legislador pretendió disgregar su rol de legislador y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

“La semana pasada salió la desestimación de la denuncia. El Ministerio Público hizo un trabajo donde desmenuzó y desglosó el contrato y la denuncia que hicieron contra el director Justo Zacarías sobre lesión de confianza y este ‘cuento’ inició un 22 de enero de 2024 cuando el ministro de Educación, Luis Ramírez solicita la compra de 330.000 mesas y sillas pedagógicas”, comenzó mencionando Aguilera.

El mismo hizo referencia a la adjudicación de la licitación de Itaipú por US$ 32 millones a la empresa proveedora de frazadas, Kamamya S.A., del empresario chino ligado profundamente al gobierno actual, Long Jiang.

Aguilera alegó que la Fiscalía supuestamente hizo todas las comparaciones de precios y otras diligencias donde supuestamente comprobó que no hubo sobrefacturación.

Declaraciones pueden ser presión dice Benítez

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

“La persona que tiene que juzgar el trabajo de Fiscalía de forma objetiva no puede venir a usar su curul para defender abiertamente este tremendo negociado. O sea, estos pupitres que se pidieron, la empresa que ganó, la que se le adjudica, pidió antes de que se le adjudicara y eso se demostró... está documentado", señaló Benítez.

Llamativamente, la empresa ganadora, antes de la adjudicación, ya había adquirido un lote idéntico al que necesitaría Itaipú y supuestamente no hubo sobrefacturación pese a que ante Aduanas, Kamamya declaró un costo 3 veces menor al que pagó la binacional.

El Ministerio Público tampoco indagó los claros nexos entre Long Jiang y las cabezas del Ejecutivo, que aún en época de campaña le prestó su avión privado al presidente de la República, Santiago Peña (para vacacionar) y el vicepresidente Pedro Alliana (para hacer campaña).

“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.

Aguilera volvió a responder diciendo que por su condición de miembro del JEM no pierde su condición de legislador, sin embargo, en varias ocasiones argumentó no opinar sobre ciertos temas que involucran al cartismo, para no “preopinar” ante una eventual intervención en el JEM.

Aguilera se puso el “sayo” cuando se especuló con negociados

Durante su intervención, Raúl Benítez también recriminó el hecho de que el Gobierno de Santiago Peña prefirió la compra de pupitres chinos, ignorando la industria local y se cuestionó: "¿Qué viene después? ¿Vamos a traer constructoras extranjeras que nos hagan todas las obras públicas? Eso no creo No creo que eso hagan. Y todos sabemos por qué no van a hacer eso", dijo, especulando con que es una fuente de negociado de varios legisladores.

Llamativamente, el que reaccionó en ese momento fue el diputado Alejandro Aguilera, que incluso interrumpió el uso de la palabra en ese momento.

“El colega se tomó por aludido a las constructoras. No sé, capaz hay cosas que sabe. Se puso el saco, yo no le mencioné pero se puso el saco así perfecto y le quedó probablemente centímetro por centímetro perfecto el saco”, dijo Benítez, que luego volvió a ser amenazado con el reglamento, advirtiéndole que supuestamente no podía cuestionar a su colega.

La denuncia trata supuestos hechos de acceso indebido a sistemas informáticos del Estado.

Para las tareas y diligencias de investigación designó a la agente fiscal especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano.

El caso estaría relacionado a la reciente denuncia realizada por el Mitic y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que se conoció a raíz de una revisión conjunta de ciberseguridad que detectó múltiples actores de amenaza informática que lograron vulnerar los sistemas del Estado paraguayo. Las administraciones de ambos países emitieron una declaración alertando sobre las supuestas operaciones maliciosas vinculadas al Gobierno chino, lo cual este negó y acusó de calumnia.

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Abren investigación por supuesto hackeo a sistemas del Estado

Desde la asunción de Gustavo Villate al frente del Mitic se registraron varios ataques cibernéticos a los sistemas del Estado.

Incluso, varios grupos de hackers anónimos se jactaron del robo de datos de miles de ciudadanos paraguayos a través de los sistemas del Mitic en reiteradas ocasiones.

El portal de acceso a la información pública fue uno de los últimos afectados por este tipo de ataques.

El comercio siniestrado es un local de venta de relojes y lentes, denominado “El Petiso”, ubicado sobre la calle Abogada Mercedes Sandoval, casi Juana María de Lara.

La rápida acción de Bomberos Voluntarios de Encarnación permitió un rápido control del fuego y continúan ahora con el enfriamiento de la zona.

El edificio cuenta con varios locales pegados entre sí, por lo que el fuego constituye un peligro potencial en el lugar. Además, los productos de bazar, en su mayoría de plástico, son altamente inflamables, según detallaron los intervinientes.

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Sin afectados

Los voluntarios manifestaron que, por fortuna, no hubo afectados por el humo que requirieran atención. El humo emitido se esparció por gran parte del sector comercial durante los minutos en que duró el incendio.

No obstante, hablan de cuantiosos daños materiales y de la pérdida total de la mercadería que estaba en el depósito.

La iniciativa amplía el artículo 244 para incorporar a los eventos deportivos internacionales dentro de las actividades exoneradas del pago de determinados tributos.

Al responder consultas sobre el impacto de las exoneraciones en las finanzas públicas, Orué aclaró que esos beneficios fiscales no afectan directamente al IPS. “El tema del IPS, ninguno de estos tributos va a financiar el presupuesto del IPS porque el IPS es una entidad autónoma y autárquica”, explicó.

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No obstante, aprovechó el debate para plantear la necesidad de abrir una discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

“El IPS hace 40 años que no tiene una reforma y nosotros ya tenemos cinco reformas tributarias en 40 años. Creo que podemos empezar a estudiar como país una reforma que actualice, modernice y sea mucho más equilibrada financieramente”, sostuvo.

Esperanza Martínez: “No sirven reformas para las métricas”

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), respondió que el problema del IPS no pasa por la falta de reformas legales, sino por la escasa formalización del empleo y el incumplimiento de las obligaciones patronales.

Afirmó que, pese a las sucesivas reformas económicas impulsadas desde 2013, el número de trabajadores que aportan al IPS prácticamente no creció. “Tenemos leyes que obligan a los empresarios a cotizar al IPS, pero eso no se cumple. Empresas que contratan con el Estado deberían estar al día con sus trabajadores y tampoco sucede”, cuestionó.

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Como ejemplo, citó los sectores de limpieza y seguridad privada, donde -según dijo- persisten incumplimientos laborales incluso en contratos financiados con recursos públicos.

La legisladora sostuvo que el país continúa con elevados niveles de informalidad laboral, pese al crecimiento económico, la expansión del régimen de maquila y las distintas reformas impulsadas por los últimos gobiernos.

“¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está el empleo real que genera la maquila si no aumentan los aportantes del IPS?”, preguntó.

Cuestiona baja presión tributaria e informalidad

Martínez sostuvo que Paraguay mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y que ello limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.

A su criterio, las reformas implementadas priorizaron indicadores económicos sin resolver problemas estructurales.

“Vamos a hacer reformas para las métricas, pero seguimos con una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y sin resolver la salud, la educación ni la infraestructura”, afirmó.

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También denunció elevados niveles de evasión en el ámbito laboral y reclamó mayor control sobre empresas que prestan servicios al Estado.

Además, mencionó investigaciones relacionadas con el sector de los juegos de azar y cuestionó supuestos beneficios tributarios otorgados en administraciones anteriores, señalando que esos recursos deberían destinarse al financiamiento de gastos catastróficos en salud.

DNIT defiende resultados de la reforma institucional

En respuesta, Orué defendió los resultados obtenidos tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Indicó que desde la unificación de Tributación y Aduanas se registraron 250.000 nuevos contribuyentes inscriptos, lo que -según afirmó- refleja un avance en la formalización.

También destacó que la DNIT presentó denuncias ante el Ministerio Público por hechos de corrupción, subvaloración de mercaderías y evasión tributaria.

El titular de la institución aseguró además que la recaudación aumentó US$ 1.500 millones adicionales en los últimos tres años, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes.

Según sostuvo, ese monto incluso supera los recursos que aportan actualmente las entidades binacionales al Estado paraguayo.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa no solo moderniza las relaciones bilaterales, sino que establece un grupo de trabajo ejecutivo, que será presidido por Paraguay a través de la Dinac.

El nacimiento del “cielo único sudamericano”

Durante el acto de apertura, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, calificó la jornada como un “histórica” que busca consolidar un mercado aerocomercial más competitivo, abierto y eficiente, sin perder de vista la soberanía y las leyes de cada país.

Estos instrumentos introducen un sistema de rutas abiertas y la ampliación de los derechos de tráfico hasta la séptima libertad del aire para pasajeros y carga, lo que multiplicará exponencialmente las opciones de viaje en la región.

¿Qué significa en la práctica para el pasajero?

Para comprender el impacto real de este convenio, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Barros Monteiro da Franca, ofreció un ejemplo de cómo operará la recién adquirida séptima libertad del aire:

“Hoy en día, una aerolínea paraguaya como Paranair solo puede realizar rutas de Paraguay a Brasil y viceversa. Con este nuevo acuerdo, la firma paraguaya podrá operar, por ejemplo, un trayecto internacional directo entre Río de Janeiro y Buenos Aires, o enlazar Bariloche con São Paulo sin necesidad de que el vuelo se origine o termine en Paraguay”.

Del mismo modo, las aerolíneas argentinas y brasileñas ganan la potestad de operar vuelos directos cruzados entre los distintos territorios firmantes.

El ministro brasileño añadió que el objetivo a mediano plazo del grupo de trabajo es alcanzar la “novena libertad” (la máxima libertad del aire), lo que permitiría el cabotaje pleno; es decir, que una aerolínea extranjera pueda realizar vuelos domésticos internos entre distintas ciudades de otro país sudamericano (por ejemplo, que una aerolínea paraguaya cubra una ruta interna entre São Paulo y Río de Janeiro).

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Asunción, la “piedra basal” de un nuevo hub regional

Consultado sobre el potencial geopolítico de Paraguay, el subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez, fue categórico al afirmar que Asunción reúne las condiciones ideales para constituirse en un nodo de distribución de vuelos (hub):

“Técnicamente, la República del Paraguay tiene todas las condiciones para ser un hub. Si uno mide las distancias geográficas entre Asunción y São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile o Lima, se nota su ubicación estratégica. Sin embargo, la construcción de un hub requiere un marco regulatorio que lo sostenga: una política de cielos abiertos. Este memorando es la piedra basal para que Asunción logre consolidarse como tal con el correr del tiempo”.

Gómez comparó este paso con los cimientos que se colocaron en Europa hace unas décadas antes de alcanzar el modelo actual que unificó no solo la aviación, sino también las fronteras migratorias.

Sin burocracia y con liderazgo paraguayo

Ante la consulta sobre la posible creación de un ente regulador supraracional, las autoridades aclararon que no se busca añadir cargas burocráticas al sistema.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, recordó que mientras en Argentina, Brasil y Chile las funciones de regulación y explotación de aeropuertos están divididas en entes autónomos, en Paraguay la Dinac continúa ejerciendo ambos roles.

Por su parte, Hernán Gómez aclaró que el equipo de ALAS no será una superestructura costosa. “No queremos crear comisiones burocráticas, sino sumar acciones específicas desde las agencias que ya tenemos. Se conformará una comisión de carácter ejecutivo para dar impulso práctico, y todos los países hemos acordado que el liderazgo de esta comisión ejecutiva esté en manos de Paraguay, liderado por la Dinac”, remarcó.

Un espaldarazo para el turismo y la economía

El ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, celebró el acuerdo destacando que el turismo es un motor social indiscutible que genera empleo rápido y distribución de riqueza a todo nivel.

“La conectividad y el transporte de pasajeros es uno de los vectores que dinamizan la economía. Este acuerdo nos traerá más vuelos, más frecuencias, más destinos y mejores tarifas, beneficiando no solo al gran empresario hotelero, sino también de manera directa a la camarera del hotel o al mozo del restaurante”, concluyó el funcionario.

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La propuesta presentada esta mañana, busca formalizar el procedimiento para recuperar pagos indebidos de jubilaciones, pensiones y subsidios, garantizando la protección del patrimonio institucional. Cubas afirmó que la institución gestiona más de 90.500 pensiones y procesa cerca de 560.000 certificados de reposo anuales, con un presupuesto que supera los US$ 700 millones.

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Durante su informe ante Isaías Fretes, presidente del IPS y los consejeros, la gerente de Prestaciones Económicas subrayó un cambio fundamental en la estrategia. Aclaró que si bien hasta agosto de 2023 se trabajó de manera exhaustiva en la recuperación de haberes pagados erróneamente, desde esa fecha, el enfoque se trasladó hacia la prevención.

“Cambiamos el enfoque en la gestión administrativa: ya no concentrarnos en recuperar, sino en pagar bien”, explicó la gerente. Afirmó que para materializar esto, se han impulsado convenios con el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), buscando sanear el listado de beneficiarios mediante el intercambio de datos.

Procedimiento detallado de recuperación del IPS

La propuesta presentada ante el Consejo define pasos claros para actuar una vez que se tiene noticia de un fallecimiento o cambio de estado civil:

1. Bloqueo preventivo: Ante la sospecha de fallecimiento o cambio en el estatus civil, se procede al bloqueo automático del beneficio.
2. Gestión bancaria: Una vez confirmado el cambio, el IPS solicita al banco la devolución de los fondos depositados que aún no hayan sido retirados por el beneficiario o apoderado.
3. Acción sobre haberes pendientes: Si el dinero ya fue retirado, la institución espera el plazo de dos años —tiempo que tienen los herederos o derechohabientes para reclamar beneficios— para compensar saldos.
4. Judicialización: Si no se presentan reclamantes, el caso pasa a la Dirección Jurídica para la emisión de un certificado de deuda y posterior demanda judicial.

“El objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”, enfatizó Cubas. La gerente fue clara al señalar que el IPS debe analizar cada caso bajo un criterio legal, pues no todas las deudas son siempre exigibles judicialmente debido a las causales de extinción de obligaciones.

La importancia vital del plan de control de jubilaciones

La presentación de este informe y el nuevo plan de recuperación representan una necesidad estratégica y legal para la supervivencia y transparencia del IPS, aseguraron las autoridades del seguro social. La importancia de esta propuesta se puede desglosar en tres pilares fundamentales:

1. Protección del patrimonio institucional: En palabras de la gerente Cubas, “el objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”. Cada pago indebido —ya sea por el fallecimiento de un beneficiario no reportado a tiempo o por cambios de estado civil no comunicados— constituye una fuga de dinero que pertenece a todos los asegurados. Al estandarizar el proceso, el IPS busca reducir al mínimo la brecha entre el pago realizado y el derecho efectivo, blindando los fondos de jubilación contra el drenaje financiero.
2. Cumplimiento ante los Organismos de Control: Este plan cobra una relevancia inmediata ante las actuales auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). La gerente reveló que, de las más de 30 consultas recibidas recientemente por el ente auditor, entre el 70% y el 75% guardan relación directa con los procedimientos de recupero. Aseguró que formalizar este reglamento es, por tanto, una medida de defensa institucional para evitar observaciones de la Contraloría, demostrando que la administración actual cuenta con procesos documentados, legales y sujetos a normas de control interno.
3. Seguridad jurídica y eficiencia administrativa: Actualmente, el IPS opera con procedimientos que carecen de una aprobación reglamentaria definitiva. Esto genera un vacío legal que complica la judicialización de los cobros indebidos. Cubas afirmó que al dotar de un marco normativo claro a las direcciones de Jubilaciones y de Riesgo Laboral, la institución gana capacidad operativa. El plan permite que, si un pago indebido ocurre, el Estado tenga un camino trazado —desde el bloqueo bancario preventivo hasta la acción legal— que sea previsible, ordenado y, sobre todo, defendible ante los tribunales, evitando así la pérdida definitiva de recursos por falta de gestión.

Cubas resumió su informe resaltando que la propuesta presentada define pasos claros: bloqueo automático ante sospechas, solicitud de reintegro bancario, compensación con derechos habientes y, finalmente, la judicialización mediante certificados de deuda. Ante la solicitud de los consejeros, se estableció un plazo de ocho días para completar el expediente con estas exigencias técnicas.

Los senadores José Oviedo (Yo Creo) y Ever Villalba (PLRA) sostienen que el Congreso debe ejercer su función de control ante la gravedad de las denuncias formuladas por la nueva administración y el impacto que estas tendrían sobre el patrimonio institucional y la atención de los asegurados.

Uno de los pedidos está dirigido al IPS y solicita un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para investigar y corregir las irregularidades denunciadas desde el 22 de abril de 2026, cuando asumió Isaías Fretes.

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Entre los 18 puntos requeridos figuran: listado completo de las irregularidades detectadas, detalle de los sumarios administrativos abiertos, copia de auditorías internas y externas y denuncias penales promovidas.

Asimismo, el estado de las 38 causas judiciales anunciadas por la administración, la situación del stock de medicamentos, la cantidad de pacientes afectados por el desabastecimiento, el estado financiero del IPS y la recuperación del patrimonio institucional.

Los legisladores también exigen información sobre casos específicos que generaron polémica durante los últimos meses, como la compra de miles de bolsas de ostomía pediátrica que vencerían antes de ser utilizadas, los equipos médicos valuados en aproximadamente USD 20 millones que permanecían almacenados sin uso, la contratación de médicos sin la especialización requerida y las licitaciones cuestionadas en diversas áreas.

Crisis de medicamentos, una de las principales preocupaciones

Uno de los apartados centrales del pedido de informes apunta directamente a la crisis de abastecimiento de medicamentos que afecta actualmente al IPS.

Los senadores solicitan conocer el stock actualizado de medicamentos esenciales, incluyendo oncológicos, biológicos, antibióticos y antihipertensivos, además de la nómina de aquellos productos que registran “stock cero”.

Asimismo, requieren que el IPS informe cuántos asegurados han visto interrumpidos sus tratamientos por falta de medicamentos, qué patologías son las más afectadas y cuáles son las medidas de emergencia implementadas para garantizar el acceso a los fármacos mientras se normaliza el abastecimiento.

También piden detalles sobre las compras de urgencia, provisiones autorizadas mediante resoluciones especiales y medicamentos entregados por orden judicial.

Pedido de informes también alcanza a la Fiscalía

El segundo proyecto de resolución está dirigido al Ministerio Público. En este caso, los legisladores solicitan conocer el estado de todas las denuncias penales presentadas por la nueva administración del IPS como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas.

El Senado pretende saber cuántas investigaciones se encuentran abiertas, qué fiscalías intervienen, las diligencias realizadas hasta el momento y el estado procesal de cada una de las causas promovidas.

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El documento aclara que el requerimiento busca acceder a información oficial sin interferir en la independencia del Ministerio Público ni en la reserva propia de las investigaciones penales.

Buscan fortalecer el control parlamentario

Los proyectistas sostienen que las denuncias realizadas por la administración de Isaías Fretes tienen una alta relevancia institucional, económica y sanitaria, por lo que consideran necesario que el Congreso reciba información documentada y actualizada sobre las acciones emprendidas para determinar responsabilidades y corregir las irregularidades.

Si ambos pedidos son aprobados por el pleno del Senado durante la sesión ordinaria de este miércoles, tanto el IPS como el Ministerio Público deberán responder dentro del plazo de 15 días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 2648/05.

La mujer relató que cada mes acude a la farmacia del servicio de salud para retirar el medicamento, pero cuando llega ya no encuentra existencias. “Dicen que del 1 al 5 reparten los medicamentos, pero cuando voy ya no alcanza”, manifestó, al tiempo de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar el acceso al tratamiento.

La situación preocupa debido a que la interrupción de la medicación puede poner en riesgo la salud de los pacientes hipertensos, quienes dependen de estos fármacos para mantener controlada su presión arterial.

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Respuesta regional

Sobre este problema, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, había explicado anteriormente que los medicamentos son enviados a los establecimientos de salud entre los días 1 y 5 de cada mes para su posterior distribución a los pacientes.

Además, señaló que cuando se registran faltantes, los responsables de cada unidad sanitaria deben comunicar la situación y gestionar nuevos pedidos para reponer el stock.

Sin embargo, las quejas de los usuarios persisten y reflejan que el abastecimiento continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda. Los pacientes cuestionan que, pese a las explicaciones oficiales, la escasez de medicamentos básicos se repite mes tras mes, obligándolos en muchos casos a comprarlos por cuenta propia o a interrumpir sus tratamientos.

Ante esta situación, los pobladores exigen al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias una solución de fondo que garantice la provisión permanente de medicamentos esenciales en los servicios públicos y evite que más pacientes queden sin tratamiento.

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El edil refiere que, supuestamente, por no apoyar la candidatura del intendente Silverio Adorno, del Partido Colorado, quien buscaba su reelección, aunque sin éxito, este se encargó de no pagarle la dieta que le corresponde como concejal.

“Voy a permanecer el tiempo que sea necesario”, manifestó el concejal en relación con la medida de protesta que realiza frente al local municipal. “Es decir, hasta que el intendente Silverio Adorno se digne a pagarme lo que por ley me corresponde”, sostuvo.

“Es el concejal quien debe a la Municipalidad”

Así respondió el intendente Adorno al reclamo realizado por el concejal, quien alega que se le adeudan tres meses de dietas. Según el jefe comunal, es Lorenzo Sosa quien adeuda dinero a la Municipalidad, atendiendo a que se le entregó un monto específico en calidad de adelanto, conforme a una solicitud realizada por el propio edil.

“En el mes de mayo le entregamos G. 27 millones en calidad de adelanto. El concejal solicitó que se le adelantara ese monto en concepto de dietas, supuestamente para cubrir gastos de su campaña electoral, ya que se postulaba nuevamente al cargo de concejal", afirmó el intendente.

Agregó que si bien el concejal sostiene que no firmó las planillas correspondientes al cobro de las dietas de los meses que reclama, la Municipalidad cuenta con pruebas de la transferencia del dinero.

“Tenemos pruebas concretas de que le transferimos el monto señalado. Si bien no fue a una cuenta bancaria de su propiedad, fue a la cuenta que el propio Sosa indicó para que se realizara la transferencia”, refirió.

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El intendente criticó duramente la actitud del concejal, calificándola de “poco caballerosa”, al intentar percibir un dinero que, según afirmó, no le corresponde.

“Por el monto que se le entregó en calidad de adelanto, es él quien actualmente mantiene una deuda con la Municipalidad", concluyó.

La comunidad de Carmelo Peralta se encuentra a unos 700 kilómetros de la capital del país y actualmente es beneficiada con las obras del Corredor Bioceánico, entre ellas el nuevo puente internacional que unirá esta localidad con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

El senador Soroka explicó que el proyecto que planea presentar en la Cámara Alta del Congreso eleva el porcentaje mínimo de producción nacional que debe incluirse en el llamado licitatorio de Hambre Cero del 10 por ciento actual hasta el 40 por ciento.

Específicamente, el proyecto plantea elevar primero ese porcentaje al 20 por ciento en 2027 y llegar al 40 por ciento mínimo en 2028.

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El legislador colorado dijo que su proyecto será presentado con urgencia, luego de que trascendiera que el Gobierno planea adelantar el llamado licitatorio de Hambre Cero para el periodo 2027-2030.

“Queremos que la agricultura familiar esté presente en ese itinerario”, dijo.

“La producción ya no es un impedimento”

Tanto el senador Soroka como los representantes de los gremios productores que lo acompañaban coincidieron en señalar que los agricultores que se dedican al rubro familiar han demostrado tener la capacidad de producir la cantidad de alimentos necesaria para llegar al 40 por ciento que pretenden establecer por ley.

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“La producción ya no es un impedimento, estamos capacitados para producir lo requerido en calidad y cantidad”, dijo el parlamentario.

El senador agregó que, además de elevar el porcentaje de adquisición de productos nacionales, el proyecto de ley plantea también modificar el método de comercialización, proponiendo que las compras se realicen a través de comités, asociaciones o cooperativas de productores en todo el país.

Ante los elevados costos de su internación y tratamientos, el tradicional restaurante japonés donde Miranda deleita a comensales hace más de 25 años, inició una campaña solidaria para convocar a amigos, clientes y a la ciudadanía en general en este complejo momento.

“Él dedicó décadas de su vida a deleitarnos, abrir caminos y enseñar con pasión. Hoy, su mayor batalla no la da frente a una barra, sino en una cama de hospital, y los costos médicos son muy elevados”, señala la publicación del Restaurante Sukiyaki en Instagram, donde los seguidores reaccionaron dejando sus comentarios de apoyo a Diosnel Miranda, quien, según todos coinciden, marcó la vida de muchos, no solo a través de sus platos, sino de su trato como persona.

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“Yo le conocía de otro contexto, de cuando esperábamos el último colectivo que venía a Limpio; en ese tiempo estaba en la facu, año 2017. Regresaba a casa en colectivo que salia de Azara y Brasil a las 00:30; a veces no iba el colectivo y don Miranda se encargaba de llamar al chofer y gestionar para que vaya otro. Y cuando se compro un auto le llevaba a las personas que vivían camino a Limpio. Un tipazo”, recordó uno de los usuarios.

Don Miranda se encuentra internado en el sexto piso del Hospital Central del IPS, institución a cuyos funcionarios habrá alimentado con sus platos por años, ya que el restaurante se encuentra ubicado frente a la Caja Central sobre la Calle Constitución.

En conversación con ABC Color, uno de los hijos informó que hasta el momento la previsional está proveyendo los fármacos, a excepción de un antibiótico: Vancomicina 1g.

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¿Quién es Diosnel Miranda?

A inicios de los 2000, mientras una familia japonesa hacía florecer un negocio que 30 años atrás arrancó como un hospedaje, Diosnel Miranda se dedicaba a colocar mármol y granito para una importante empresa.

El hospedaje estaba evolucionando a un hotel de varias habitaciones y Diosnel se encontraba trabajando en el lugar, sin imaginar que pronto dejaría el rubro de la construcción para adentrarse en la gastronomía, algo que si bien le gustaba, implicaba un desafío muy particular al tratarse de una cultura totalmente ajena.

El responsable del restaurante Sukiyaki vio en Diosnel una particular dedicación al trabajo, tranquilidad y respeto, cualidades que lo hacían la persona ideal para convertirse en sushiman. Fue así que luego de unos meses de capacitación, el hombre, que tiempo atrás trabajó en las más importantes construcciones del centro de Asunción, pasó a dedicar su vida a la elaboración del plato más emblemático de la cocina japonesa.

¿Cómo colaborar con Diosnel Miranda?

Quienes deseen extender una mano solidaria al histórico sushiman pueden realizar sus aportes y donaciones directamente a la siguiente cuenta bancaria:

• Banco: Itaú
• Titular de la cuenta: Diosnel Miranda
• Número de Cuenta: 720103411
• Tipo de Cuenta: Corriente
• C.I. N°: 892.378
• Alias: 892378
• Teléfono de contacto / Giros: +595991285877

Tanto los responsables del restaurante Sukiyaki como los familiares y allegados agradecen profundamente cualquier colaboración. Asimismo, instan a la ciudadanía a compartir la campaña en redes sociales para expandir su alcance.

En busca del sake perfecto

El consorcio Palma es el encargado de las obras en la plaza Uruguaya, el cual habría analizado el estado de 37 árboles del espacio verde y solicitó el permiso a la Municipalidad de Asunción para talarlos, según indican desde el MOPC, institución que coordina el proyecto.

Esto generó la molestia de los vecinos y usuarios de la plaza, quienes ayer se movilizaron para exigir explicaciones y se reunieron con representantes del consorcio y del MOPC para expresarles su rechazo a esta determinación. Hugo Arce, viceministro de obras, afirmó que el Pliego de Bases y Condiciones del contrato establece como condición realizar un inventario forestal y también un análisis fitosanitario de todos los árboles que se encuentran en el área de influencia del contrato.

“Ese trabajo es lo que realizó el contratista y presentó al municipio y también obviamente a la contratante al ministerio para su estudio y evaluación. Actualmente esa documentación obra tanto en la municipalidad como en la Dirección de Gestión Socioambiental del ministerio evaluando todo ese informe que en su momento será dada una solución al respecto”, señaló.

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Insistió en que el MOPC evalúa la solicitud y que la idea es no tocar ningún árbol, salvo que esa situación ya sea algo de un peligro inminente para la ciudadanía, pero que existe un compromiso de hacer todo lo posible para preservar todas las parte de árboles que existen en la zona.

Detalló que el informe del consorcio Palma indica que algunos de los árboles tienen termitas y otros tienen algún problema de riesgo de caída.

Por su parte, Verónica Martínez, directora de obras, dijo que la puesta en valor de la plaza Uruguaya implica todo lo que es el mejoramiento de los pisos, el paisajismo, equipamiento e iluminación, así como también el mejoramiento de los programas que ofrece como el área niños, gimnasio al aire libre, entre otros.

“La indicación que tenemos es de en lo posible tratar de no talar ni un solo árbol, así también en caso que implique un riesgo a la seguridad de los usuarios, se definirá por los especialistas encargados del tema, que son todos los ingenieros y especialistas ambientales, forestales”, refirió.

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Vecinos desmienten a autoridades del MOPC

Según la arquitecta, el MOPC realizó varias audiencias con usuarios y vecinos de donde se tomaron en cuenta sus peticiones y pedidos sobre las áreas verdes y zonas de esparcimiento común; sin embargo, cuando estaba afirmando esto, fue interrumpida por los vecinos que estaban en ese momento de la entrevista, quienes la desmintieron al respecto, ya que sostienen que nunca recibieron comunicación alguna.

“Nosotros somos vecinos y no nos avisaron nada, todo esto que está pasando es porque nos enteramos que estaban por talar 37 árboles, porque si esto estaba todo organizado, yo me pregunto, nosotros tuvimos que sacar fotos y viralizar para que ahora vengan a darnos explicaciones. Ahora yo quiero saber, supongamos que talan o saquen o lo último que hagan es sacar los 37 árboles, ¿qué va a pasar de esos espacios verdes? ¿Van a poner cemento? ¿Van a poner asientos de cemento? Porque están matando un espacio verde para que no crezca absolutamente más nada", denunció una de las vecinas.

Criticó que hasta ahora no recibieron explicaciones de los expertos que realizaron el inventario y análisis de los árboles, como tampoco el destino de los espacios.

“Además, estamos indignados porque la jefa acaba de decir ‘con los vecinos. Nosotros tuvimos talleres con los vecinos, le informamos a los vecinos lo que va a suceder’; sin embargo, eso es una total mentira. Total mentira, nosotros no sabemos nada de lo que van a hacer. Un día vinieron un 5 de junio a las 3 de la tarde hicieron un taller, un horario en donde nadie podía participar, un horario laboral, hicieron un taller para informar lo que se va a hacer. Supuestamente nos escucharon y si el lunes siguiente, el lunes 7 ya amaneció cerrada la plaza. Ya nos cerraron la plaza, estuvo un mes parada la obra”, denunció otro de los vecinos presentes.

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Vecinos no estaban enterados de obras en la plaza Uruguaya

Reclamó que realizaron los reclamos por los canales correspondientes de por qué estaba parada la obra, ya que fueron 100% afectados con el cierre y recién tras la manifestación de los vecinos fue que las autoridades empezaron a comunicarse con ellos.

“Hoy después de la movilización que hicimos ayer es la primera vez que vemos esta cantidad de obreros acá en la plaza. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron acá a hacer esta entrevista. Nosotros nunca recibimos ningún tipo de información sobre lo que están haciendo en la plaza, no sé si tuvieron en cuenta lo que nosotros sugerimos, lo que pedimos para que mantengan eh para mantener esa plaza", concluyó.

El mandatario señaló que mantiene reuniones periódicas con el presidente del IPS, Ricardo Isaías Fretes, y aseguró que existen acciones concretas para fortalecer las finanzas de la institución y mejorar la provisión de medicamentos.

“Hay medidas que se están llevando adelante para poder, de alguna manera, disponibilizar más recursos para que puedan hacer las compras de medicamentos que son necesarios”, expresó.

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Sin embargo, aclaró que aumentar las compras sin un respaldo financiero también podría incrementar las deudas del ente previsional.

La recuperación del IPS “no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”

Peña sostuvo que el IPS enfrenta un deterioro que se arrastra desde hace muchos años y que las soluciones no serán inmediatas. “Lo que llevó décadas de deterioros no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”, afirmó.

En ese contexto, pidió respaldar la gestión del actual titular de la previsional. “Tenemos que darle todas las herramientas para que él pueda implementar los cambios”, manifestó.

El mandatario recalcó además que brinda “todo el apoyo político” que sea necesario al doctor Fretes, para avanzar con las reformas.

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Aumento de cotizantes y mayor presión sobre el sistema

En una rueda de prensa brindada este martes, Peña destacó que el país alcanzó un 40% de empleo formal, lo que permitió incorporar cerca de 100.000 nuevos cotizantes al IPS durante el último año.

Según explicó, este crecimiento representa una buena noticia para el sistema previsional, aunque también implica un aumento constante de la demanda de servicios médicos.

“Vamos a tener cada vez más cotizantes y esos cotizantes van a estar demandando cada vez más servicios”, señaló.

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Peña evita prometer soluciones inmediatas

Consultado sobre la falta de recursos para medicamentos y la necesidad de adoptar medidas urgentes, el Presidente aseguró que ya existen avances tras una reciente reunión con las autoridades del IPS.

“Les puedo asegurar que nosotros no estamos de brazos cruzados”, afirmó. Además, agregó que recibió informes “alentadores” sobre el trabajo que desarrolla la administración de Fretes y valoró especialmente los recorridos en los centros asistenciales.

“Estoy muy entusiasmado con los cambios que se están haciendo, con la gestión y principalmente ese trabajo en el terreno. Los problemas no están en una oficina, los problemas están en el terreno”, expresó.

Deuda del Estado con el IPS sigue en discusión

Respecto a la millonaria deuda que mantiene la administración central con el IPS, Peña indicó que se trata de una cuestión que continúa siendo analizada desde el punto de vista legal y financiero.

Explicó que los recursos estatales también deben destinarse al fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, que enfrenta un incremento sostenido de la demanda de atención y medicamentos.

Evitó hablar sobre una eventual posibilidad de pago.

El titular de la DNIT sostuvo que el efecto se concentra en los ingresos aduaneros y que la recaudación de los impuestos internos mantiene una evolución favorable. “El consumo y todo lo relacionado con el impuesto a los dividendos, utilidades y rentas muestran una buena recaudación”, señaló este martes en entrevista con ABC Color.

Los datos de la DNIT reflejan esa diferencia. Entre mayo y junio de este año, la recaudación total cayó 2,4% y 5,9%, respectivamente, frente a los mismos meses de 2025. En ambos casos, el resultado estuvo explicado por el fuerte retroceso de los ingresos aduaneros, que disminuyeron 22,5% en mayo y 18,2% en junio.

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En esa línea, Orué explicó que la DNIT participa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estimación de los ingresos tributarios que servirán de base al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), mientras que las proyecciones macroeconómicas corresponden al MEF y al Banco Central del Paraguay (BCP).

Agregó que las previsiones deberán actualizarse para incorporar el nuevo escenario cambiario.“Eso hay que actualizar ahora con el tipo de cambio, que creemos que va a mantenerse y no va a modificarse tanto. Entonces se tienen que buscar niveles de equilibrio en la base fiscal”, expresó.

Orué no precisó cuál sería el ajuste que podrían aplicar a las estimaciones de ingresos ni el impacto esperado sobre el proyecto presupuestario.

Recordó que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto del PGN al Congreso Nacional el 1 de septiembre de cada año.

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Sin respuesta del MEF sobre la meta fiscal

Consultado sobre si una prolongación de la caída de la recaudación podría dificultar el cumplimiento de la meta fiscal de este año, Orué evitó responder. “Esa es una pregunta para el ministro de Economía y Finanzas; no es ámbito de competencia de la DNIT”, afirmó.

ABC Color remitió hace dos semanas consultas al departamento de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas y al ministro del MEF Óscar Lovera para conocer la evaluación oficial sobre el efecto de la menor recaudación en el resultado fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La meta vigente del Gobierno es cerrar 2026 con un déficit fiscal equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). Según los últimos datos oficiales, correspondientes a mayo, el déficit acumulado de la Administración Central asciende a G. 3,4 billones, equivalentes al 0,9% del PIB, mientras que el déficit anualizado se ubica en 2,4% del PIB.

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Formalización e inteligencia artificial

Sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fortalecer los ingresos públicos sin aumentar impuestos, Orué afirmó que la estrategia de la DNIT sigue centrada en reducir la evasión y ampliar la formalización.

Indicó que los controles sobre las reservas facultativas ya muestran resultados. Según dijo, la recaudación del impuesto a los dividendos y utilidades registra un incremento cercano al 30%, variación que atribuyó a un mayor cumplimiento de las empresas.

También destacó el aumento de contribuyentes inscriptos, que relacionó con los programas de formalización impulsados por la institución.

En forma paralela, la DNIT desarrolla un sistema de gestión de riesgos que incorporará herramientas de inteligencia artificial para cruzar información de distintas bases de datos y detectar inconsistencias entre la actividad económica de los contribuyentes y los impuestos declarados.

Informó que ese proyecto será financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con los que adquirirán una nueva plataforma tecnológica, mediante licitación pública internacional. Según Orué, el sistema fortalecerá los procesos de fiscalización tributaria mediante el análisis automatizado de información.

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“Familias de muy escasos recursos de la compañía Perulero 14 de mayo están viendo comprometidas sus tierras debido a solicitudes de compra ante el Indert presentadas por personas con alto poder adquisitivo. Específicamente estoy hablando de Rosana Beatriz Sosa Fariña, Adela Beatriz Sosa Fariña y Guido Luis Cristaldo Montiel, con número de expediente y todo, del año 2023″, comenzó denunciando Benítez.

El dato relevante es que Rossana Beatriz y Adela Beatriz Sosa Fariña son hermanas del actual gobernador cartista “Cesarito” Sosa Fariña, a quienes incluso en las pasadas internas las ubicó en la lista de suplentes de concejales municipales de Villarrica.

La misma señala que los pobladores tienen toda la documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras en cuestión, pero que los allegados del gobernador estarían pretendiendo comprar supuestos excedentes en el sitio, en contubernio con funcionarios del Indert.

“Solicito formalmente al presidente del Indert (Francisco Carlos Ruiz Díaz López) que investigue de inmediato y verifique con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos legales de estos expedientes. Así como también el trabajo que está realizando el director del Indert (en Guairá), abogado Alcides Mercado, personas de confianza del gobernador, quien facilita estos atropellos", denunció la legisladora.

Diputada expuso documentos

La misma expuso documentación sobre las solicitudes presentadas por las hermanas del Gobernador el mismo año en que este asumió, y sostuvo que una vez que tenga la documentación concreta analizaría una denuncia más concreta, a la par de recordar a las autoridades del Inder que “la tierra debe cumplir sus funciones sociales y no convertirse en un privilegio político y económico”.

“Ahí está que la propiedad tiene título del año 73. La gente tiene y está teniendo (su título) y está su plano”, expuso, aunque remarcó que los más triste es que la familia Sosa Fariña es “gente pudiente y les quieren despojar de su tierra a esta gente”.

La diputada María Constancia Benítez terminó su intervención exigiendo al Indert investigar el caso y dirigiéndose directamente al Gobernador cartista y con aspiraciones a la vicepresidencia en 2028.

“Le pido de corazón a la familia Sosa Fariña y especialmente al gobernador Cesarito Sosa, que deje en paz a esta gente necesitada, porque ellos no necesitan. Tova oî pende ayurare (frase en guaraní para referirse a la falta de vergüenza) familia Sosa Fariña para hacerle este desalojo y, aparte, están pidiendo excedente de esta gente”, sostuvo.

El ministro de de Agricultura, Carlos Giménez, anunció que se intensificarán las reuniones de la comisión técnica de evaluación de riesgos y proyección productiva. Explicó que el equipo analizará permanentemente los distintos eventos climáticos, que puedan afectar cultivos, como sequías, heladas o la eventual incidencia del fenómeno de El Niño.

“Lo que queremos es profundizar nuestro análisis para emitir alertas oportunas que orienten a los productores sobre los eventos climáticos que puedan presentarse y los riesgos que estos podrían implicar para los cultivos”, expresó.

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Reunión de la mesa técnica será más frecuente

Giménez explicó que la comisión técnica ya existe desde hace tiempo, pero que ahora se reforzará la frecuencia de las reuniones para definir con mayor precisión la tipología agroclimática de cada departamento, elaborar recomendaciones técnicas y evaluar los daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

En ese sentido, sostuvo que también se busca contar con un diagnóstico más preciso de las pérdidas, ya que, según indicó, en ocasiones personas que no son productores intentan aprovechar este tipo de situaciones para ejercer presión sin contar con fundamentos técnicos.

“Con esta mesa técnica realizaremos una evaluación más precisa y certera junto con nuestros especialistas. Trabajaremos con los productores asistidos por el Ministerio y también con aquellos que no están ligados a la institución, quienes igualmente pueden sufrir daños y muchas veces son los más vulnerables”, afirmó.

Ya iniciaron las reuniones

Este lunes, el ministro Carlos Giménez, junto con los viceministros y técnicos especializados de distintas dependencias del MAG, encabezó una reunión para analizar la situación actual del campo y avanzar en la implementación de la mesa técnica.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las condiciones agroclimáticas registradas en las principales zonas productivas del país. Según informó la cartera de Estado, se analizaron las últimas precipitaciones y las bajas temperaturas, que hasta el momento ocasionaron solo daños leves en algunas localidades, aunque en otras el impacto fue mayor.

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El secretario de Estado agregó que, actualmente, las principales dificultades están relacionadas con el exceso de humedad más que con las bajas temperaturas.

“Existen algunos daños leves en determinadas zonas productivas y otros de mayor impacto, aunque, en términos generales, representan un porcentaje aún reducido”, concluyó.

Según indicaron durante el lanzamiento, los bibliobuses recorrerán los 17 departamentos y brindarán servicios como biblioteca infantil, materiales didácticos, juegos, recursos para estimulación temprana y actividades artísticas, además de brindar orientación a madres, padres y cuidadores, en las zonas donde no llegan los centros de atención a la primera infancia.

Leticia Ocampos, Primera Dama de la Nación, afirmó que con la inauguración del primer centro de atención a la primera infancia hace unos meses, tras más de tres años en el gobierno, se percataron que detrás de cada niño hay una historia y una familia entera que necesita acompañamiento y presencia del Estado con la que no cuentan actualmente.

“Entendimos que no todos los niños viven cerca de un centro de atención a la primera infancia, que muchas familias están lejos y que hay comunidades a las que todavía tenemos que llegar. Por eso nació esta idea de los Bibliobuses. Cada uno de ellos va a llevar historias, juegos, aprendizaje y espacios para compartir. Va a llevar momentos que fortalecen los vínculos entre padres e hijos y experiencias que van a acompañar el desarrollo de nuestros niños en una etapa decisiva de su vida”, aseguró.

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Peña criticó ausencia de gobernador liberal

Por su parte, durante su intervención, el Presidente de la República, Santiago Peña, enfatizó que el proyecto de los bibliobuses forma parte de la descentralización del gobierno para que acompañen los 50 centros de atención integral a la primera infancia construidos en los 17 departamentos y en capital.

Recordó que los bibliobuses se financiaron con parte de los US$ 650 millones anuales que forman parte del acuerdo tarifario de US$ 19,28 por Kw/h entre Paraguay y Brasil establecido en mayo de 2024 por la cesión de energía de la Itaipú Binacional y que se integran como parte de sus fondos sociales.

Si bien durante su discurso aseguró que ningún departamento y ningún gobernador sería ignorado por el gobierno, indistintamente del signo político, destacó la presencia de los representantes del Partido Colorado y criticó la ausencia del Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien es del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y potencial candidato de la chapa presidencial opositora del 2028.

“Hoy quiero destacar la presencia del gobernador del departamento de Itapúa. Te agradezco mucho, Javier, junto con todos los gobernadores, representantes del Partido Colorado. Lamento que una vez más el gobernador del departamento de Central no esté acompañando, pero de todas maneras le vamos a enviar un bibliobús también para el departamento Central”, concluyó.

El encuentro, calificado por Fretes como “muy agradable”, marcaría el inicio de una fase de reingeniería profunda con el respaldo explícito del Poder Ejecutivo para afrontar la delicada situación económica que atraviesa la institución.

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Fretes aseguró que Peña está profundamente involucrado en la realidad del IPS. Según las palabras del titular de la previsional, el primer mandatario “está al tanto de lo que pasa en la institución”.

“Es un compañero más de trabajo y también un preocupado más por la situación”, enfatizó Fretes durante la sesión ante el Consejo de Administración.

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Esta proximidad, según explicó Fretes, se traduce en un respaldo concreto para las medidas que se están implementando. El presidente del IPS destacó que la institución cuenta con el aval y la guía del mandatario para ejecutar los cambios necesarios. “Tenemos el apoyo para que consolidemos el plan de reingeniería financiera que estamos haciendo para poder quitar a la institución de esta difícil situación en la cual está pasando”, sostuvo.

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En cuanto a la estrategia para superar el bache financiero, el titular del IPS señaló que el apoyo de Peña ha sido vital tanto en la visión estratégica como en la táctica. “Bajo su direccionamiento y también consejería es que estamos avanzando para refinanciar la deuda de la institución con dos de nuestras entidades bancarias”, detalló Fretes.

Según el titular del IPS, este proceso es la piedra angular para lograr la tan necesaria “oxigenación” que permita cumplir con los compromisos pendientes, principalmente la compra de fármacos, y garantizar así que “los asegurados puedan tener los medicamentos”.

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Fretes concluyó que el mensaje recibido de parte de Santiago Peña es de acompañamiento constante y trabajo coordinado. La visión del mandatario, según Fretes, no es solo salir al paso con medidas paliativas, sino sentar las bases para una solución estructural. “Hay que darle una solución definitiva a esto”, dijo.

De esta manera, el titular del IPS aseguró que la hoja de ruta actual cuenta con la venia y la supervisión directa del Poder Ejecutivo.

Representantes del gremio de trabajadores de enfermería mantuvieron allí una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes, pero manifestaron que la respuesta que recibieron a su reclamo no fue favorable.

“No tuvimos la respuesta que queríamos escuchar”, dijo a ABC Color Marina Ayala, representante del gremio, quien manifestó que el titular del IPS alegó que la institución no cuenta con los fondos necesarios para equiparar los salarios de 4.300 enfermeros contratados, como reclaman los manifestantes.

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Según relató Ayala, el presidente del IPS manifestó que los fondos para la equiparación no fueron incluidos en el pedido de la previsional al Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto de Gastos de la Nación de 2027, por lo que se envió una adenda solicitando 40.000 millones de guaraníes adicionales para ese fin.

Sin embargo, el gremio no confía en que el MEF lo apruebe, ya que históricamente los pedidos de adenda presupuestaria del IPS han sido rechazados, dijo Ayala.

Posible paro

Si bien afirmó que las negociaciones con las autoridades del IPS y del Ejecutivo continuarán, la representante de los trabajadores de enfermería advirtió que no se puede descartar la posibilidad de un paro o incluso una huelga general de enfermeros de la previsional.

El reclamo de equiparación salarial para los trabajadores de enfermería llega en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.

Indicó que uno de los condenados que se escapó tiene residencia en San Pedro del Paraná, por lo que mantienen en alerta la zona.

Se trata de Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de cárcel por un caso de tráfico de drogas del año 2018.

Junto a su primo, también condenado, lideraba un esquema de narcotráfico hacia la Argentina. En diciembre de 2022 había sido herido de bala en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, tras apuñalar a dos guardiacárceles.

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Reo conocido

El otro fugado sería Pascual Benítez Miranda (42), condenado a 26 años de prisión en la causa por el homicidio de un comerciante en Cruce Kimex (Carlos Antonio López), Itapúa.

Se presume que era el sicario, pero nunca se comprobó la autoría moral del crimen. En la causa investigada, el tribunal de sentencia absolvió al político y exconcejal departamental Benjamín Adaron Monzón.

Pascual sería oriundo de Yuty, por lo cual no descartan que pase por el departamento. También estuvo recluido en el Cereso de Itapúa.

Las comisarías locales realizan controles ruteros en las principales vías de acceso al departamento, según detalló. Las zonas custodiadas serán San Cosme y Damián, General Delgado, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná.

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Los condenados

Ignacio Cubilla fue detenido en San Pedro del Paraná, en abril de 2018, durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una lujosa vivienda de la compañía Guazú Yguá.

De acuerdo con los investigadores, eran en ese entonces los mayores “exportadores” de droga hacia el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, países a los que periódicamente remesaban toneladas de la hierba, tanto por vía aérea como en embarcaciones.

Aparentemente, la red mafiosa tenía distribuidas pistas clandestinas en varias partes de Caazapá e Itapúa, desde donde enviaban en pequeñas avionetas unos 500 kilos de droga hacia el sur del continente.

Pascual Benítez Miranda fue condenado en 2023 como autor material del sicariato de Carlos Jorge Delvalle Lugo.

Este fue acribillado el 14 de setiembre de 2018 en su comedor San Jorge, que funciona sobre la Ruta PY06, en el Cruce Kimex, límite entre Itapúa y Alto Paraná. Había sido detenido en Alto Verá, por lo que no descartan que busque refugio en la zona de Itapúa.

Según el relato de la dueña de la vivienda, Fidelina Agüero, el suceso ocurrió el pasado fin de semana, mientras ella y su esposo Lucas Díaz, fueron a una consulta médica en el Hospital Distrital de Santaní. A su regreso, se encontraron con la sorpresa de que la casa ya se había convertido en cenizas, quedándose con las ropas puestas y sin ninguna de sus pertenencias que tenían dentro de las piezas.

Con respecto a la solidaridad de la gente, doña Fidelina comentó que no puede quejarse de los vecinos y de muchas otras personas que la están acompañando desde el primer momento de la desgracia, especialmente con la provisión de víveres, ropas, camas y algunos materiales de construcción, pero que hasta el momento no han podido completar lo que falta para iniciar la reconstrucción de la vivienda, por lo que cualquier ayuda de la ciudadanía será bienvenida, indicó.

Familia de escasos recurosos necesita ayuda en San Pedro

Pedido a la Municipalidad y a la Gobernación

Por otra parte, comentó que también ya recurrieron a la Municipalidad de Santaní y a la Gobernación de San Pedro, donde en ambas instituciones se comprometieron a ayudar a la familia, pero que hasta el momento no ha llegado la asistencia solicitada, consistente en materiales de construcción, como piedras, chapas de zinc, ladrillos, cemento y varillas de hierro.

“Por ahora ya contamos con algunos materiales; sin embargo, todavía nos faltan muchos para comenzar con la reconstrucción de nuestra vivienda. Mientras tanto, nosotros, mi esposo y nuestra hija de 10 años nos estamos acomodando como sea, mediante la ayuda de los vecinos que nos están asistiendo de acuerdo con sus posibilidades”, subrayó.

Las personas que quieran ayudar a esta familia pueden comunicarse al 0984 736 753 con la señora Fidelina Agüero.

Prometen ayuda

Sobre el caso, nos comunicamos con el secretario general de la Municipalidad de Santaní, Ramón Niz, y con el coordinador de la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación en Santaní, Cristian D´Eclessis, quienes informaron que se está previendo acercar algunos materiales de construcción a esta familia que está necesitanda de la asistencia de todos.

Édgar Villalba, vicepresidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), admitió en entrevista con ABC que el factoraje es el único método que encuentran factible para poder bajar la deuda que se encuentra en 1.000 millones de dólares de saldos vencidos del 2025 y gastos del presente ejercicio.

“Nosotros vamos a tener que asumir lastimosamente los intereses; en ese sentido, debo reconocer que el Ministerio de Economía nos dio una mano para negociar las tasas de intereses con los bancos para poder nosotros asumir”, señaló.

Lo que no cubre el factoraje

Villalba explicó que, de acuerdo con la reglamentación de la normativa, esta cesión de derechos de cobro solo incluye el Objeto del Gasto 350, que se refiere estrictamente al rubro de medicamentos, algo que el gremio ya había anticipado cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaba la propuesta. En ese sentido, indicó que esta modalidad no cubre las diálisis, recursos de amparo y servicios, por lo que “muchas empresas van a quedar fuera”.

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El representante de Cripfa dijo que, de acuerdo con sus cálculos, a finales de este año la deuda que se arrastra del 2025 podría reducirse a la mitad.

“Creemos que vamos a quedar con una deuda casi de 500 millones de dólares todavía del año 2025 sin pagar, ya que los 360 (millones de dólares) más los pagos mensuales, creemos que va a amortizar el 50 por ciento nada más”, explicó.

Actualmente, el Estado está desembolsando de forma mensual 40 millones de dólares, aunque “no alcanza”, según dijo Villalba, teniendo en cuenta las compras de este año. “El Ministerio de Salud compra entre 15 y 20 millones de dólares por mes, lo cual va a llegar al presupuesto que tiene este año, que son 450 millones de dólares” precisó.

En cuanto al Instituto de Previsión Social (IPS), Villalba afirmó que, si bien también la situación es complicada, la previsional tiene más posibilidades de saldar su deuda a través de la obtención de préstamos o emisión de bonos, algo que el Estado no se puede permitir debido a los límites del déficit fiscal.

“Tanto en el IPS como en el Ministerio de Economía realmente la predisposición es excelente; el tema es que si vamos a esperar que con la recaudación mensual podamos pagar la deuda atrasada, en el primer semestre ya no se pudo, creemos que el segundo semestre tampoco porque no se está recaudando lo que se recaudó el año pasado”, manifestó.

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Finalmente, aunque dijo que no cree que la red de suministro esté en riesgo, cuestionó la política aplicada por el Ministerio de Salud Pública.

“El tema es la política que está teniendo el Ministerio de Salud, que en vez de comprar 50 millones de dólares que compraba el año pasado, ahora está comprando 15 a 18 millones de dólares por mes, sí o sí se va a quedar desabastecido”, dijo.

Señaló que esto está causando lo que vemos en los hospitales de la red pública, donde se reportan faltantes de medicamentos para la presión, así como fármacos oncológicos y otros.

¿Cuál es la hoja de ruta del Gobierno para enfrentar millonarias deudas?

La fiscala Silvia González Vester formuló apelación general el 13 de mayo de 2025 contra ese fallo. Ante la falta de resolución en esta causa penal, la agente del Ministerio Público presentó este 13 de julio un escrito instando a la máxima autoridad judicial que destrabe el caso.

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Señaló en su escrito la fiscala González Vester que, “desde la interposición del recurso, hasta la actualidad, el trámite ha sufrido sucesivas dilaciones como consecuencia de recusaciones, inhibiciones y cuestiones de competencia, las cuales incluso debieron ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”.

En su escrito, la fiscala también refiere que por AI N° 169, del 11 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte dispuso la remisión inmediata de los antecedentes a la Secretaría del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, para la reasignación de la causa con los miembros naturales de esta sala.

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Esto fue en atención a que la camarista Adriana Giagni, había expuesto su desacuerdo para intervenir en la causa, indicando que los expedientes correspondientes a la Primera Sala debían ser resueltos por los jueces naturales que habían sido designados por la Corte.

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El camarista Mario Camilo Torres Leguizamón se inhibió de analizar el expediente y, entonces fue integrada la camarista Adrina Giagni, quien el 24 de junio de 2026, impugnó el apartamiento de su colega. Esto, para la Fiscalía, significa actualmente un obstáculo procesal que a la fecha no puede resolverse y, por ende, la apelación sobre la prescripción de la acción penal tampoco puede ser estudiada.

Como consecuencia de dicha impugnación de Giagni, el 26 de junio de 2026, el camarista Paublino Escobar, único integrante de la Cámara que aceptó estudiar el recurso, remitió otra vez los antecedentes del caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la impugnación de la inhibición, y determine la competencia de los magistrados sobre esta causa.

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“En atención a las reiteradas inhibiciones, recusaciones, cuestiones de competencia y, recientemente, a la impugnación planteada”, el recurso de apelación hasta hoy no puede ser estudiado, cuyo agravio principal según expuso la Fiscalía versa sobre la prescripción de la acción penal”, refiere el escrito de la fiscala González Vester.

Por esta situación que se presentó, es que la representante del Ministerio Público solicitó respetuosamente a la Corte que arbitre las medidas necesarias para lograr la pronta integración del tribunal competente y el dictado de la resolución que en derecho corresponda”.

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Este conflicto de competencia entre camaristas se encuentra en poder de la Sala Penal de la Corte desde el mes pasado, y hasta hoy no hay resolución al respecto.

La causa por reparación de comisarías

Esta causa tiene relación con obras realizadas en distintas comisarías, adjudicadas en 2010 a la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, por un total de G. 1.131.812.500.

Según contrato firmado el 2 de diciembre de 2010, las obras se iniciarían el 25 de enero de 2011 y debían concluir en 60 días en 23 comisarías y en 90 días en la comisaría 19ª, ubicada en barrio Jara.

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La empresa cobró el monto total el día fijado para el inicio de la obra, pero no la concluyó.

La fiscala Josefina Aghemo acusó a Filizzola y a Fernández, exdirector financiero del Ministerio del Interior, por lesión de confianza.

La fiscala peticionó salidas alternativas para los procesados Andrea Adle, exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior, y para el propietario de Todo Verde y destinatario del millonario pago, Alejandro Giménez.

Para Rafael Filizzola no se cumplió plazo para la prescripción, según la Cámara

El Tribunal de Apelación, integrado por José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos, realizó el cómputo de plazos y alega que descontando el periodo de suspensión (5 años 5 meses 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el exministro Filizzola se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).

Este caso tiene que ver con la contratación de la empresa Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país.

La firma en cuestión recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no completó los trabajos a cabalidad.

Inclusive, pese a las irregularidades, el 26 de abril de 2011 fue aprobada la ampliación del contrato Nº 79/10 por el monto de G. 219.860.772, pero esta adenda ya no se llegó a pagar.

La comunidad educativa, integrada por 220 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la Educación Media, debe convivir diariamente con mesas pedagógicas y sillas deterioradas, muchas de ellas prácticamente inutilizables.

Ante esta situación, los estudiantes se ven obligados a improvisar para poder escribir y realizar las actividades académicas, mientras los docentes intentan sostener el proceso de enseñanza en medio de las limitaciones.

La institución es una de las más importantes de la colonia Blas Garay; sin embargo, los problemas de infraestructura y mobiliario persisten sin recibir una respuesta de las autoridades.

La directora Escuela Básica N.º 2647, Aurelia Torres, explicó que en reiteradas oportunidades solicitaron la provisión de nuevos muebles escolares a las instituciones competentes, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta favorable.

Pidió a las autoridades del área educativa intervenir con urgencia para dotar a la escuela del mobiliario necesario, señalando que las actuales condiciones dificultan el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado y afectan directamente a los estudiantes.

Por su parte, el director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ariel López, manifestó que todas las necesidades están en el microplanificación de necesidades y que están siendo atendidos según el orden de prioridad. Indicó que la parte de los inmobiliarios están a cargo de las municipalidades y de las Gobernaciones y solicitó a la dirección de la escuela enviar una nota revindicando el pedido de inmobiliario con el fin de hacer las gestiones con las autoridades locales competentes.

Según el análisis de la CGR, se detallan las irregularidades detectadas en esta Municipalidad durante el periodo investigado, razón por la cual no se puede otorgar una aprobación limpia a los estados financieros, fundamentadas en múltiples erogaciones que carecen de respaldo documental legal.

Supuestas irregularidades

El ente contralor visualizó que la Municipalidad, durante el periodo investigado, efectuó el pago de más de G. 260 millones por reparación de calles y caminos dentro de la población; sin embargo, no pudo constatar en el legajo el compromiso de contratación por los trabajos realizados.

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Tampoco se cuenta con el certificado de cumplimiento con el seguro social ni con el compromiso de contratación en el pago de G. 70.500.000, correspondiente al alquiler de maquinarias. En este mismo escenario de falta de documentos, se pagaron G. 24 millones en concepto de consultorías.

También se comprobó el depósito con retraso, fuera del plazo establecido, de las transferencias efectuadas a la Gobernación de Alto Paraguay, correspondientes al 15% del total recaudado en concepto del impuesto inmobiliario al cierre del ejercicio fiscal 2024, por un monto superior a G. 188 millones.

Asimismo, se pagaron más de G. 330 millones en concepto de servicios de limpieza, aseo y fumigación durante el ejercicio fiscal 2024, sin que se contara con el certificado de cumplimiento tributario ni con el compromiso de contratación.

Las irregularidades detectadas por los responsables de esta auditoría hablan, sobre todo, de desvíos y retrasos en las transferencias de recursos públicos, erogaciones sin respaldo tributario ni previsional y obras públicas en situación de vulnerabilidad durante la administración del intendente Ferreira.

Pueblo en situación de abandono

La comunidad de Bahía Negra presenta un marcado aspecto de abandono, siendo la precariedad de sus calles una de las mayores preocupaciones para los pobladores, sobre todo en los días de lluvia, cuando transitar por ellas se convierte en toda una odisea.

La población posee poco más de 2.000 metros de calles de tierra, cuyo mal estado ha sido siempre el principal reclamo de los contribuyentes hacia las autoridades municipales, debido a la situación de dejadez en la que se encuentran.

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Esta localidad, ubicada a unos 870 kilómetros de la capital del país y fronteriza con Bolivia y Brasil, cuenta con una población cercana a los 4.000 habitantes, incluidas las comunidades indígenas. Es una de las más afectadas por los aislamientos que se producen debido a la falta de caminos de todo tiempo.

El aeropuerto de la población es utilizado por el avión militar que llega una vez por semana transportando pasajeros y cargas. Sin embargo, el servicio está supeditado a las condiciones climáticas, ya que basta un pequeño aguacero para que la pista de tierra no permita el aterrizaje o despegue de las aeronaves.

La comunidad cuenta con un moderno local del Instituto de Previsión Social (IPS), donde también funciona el hospital del Ministerio de Salud. Sin embargo, debido a la precariedad de los equipamientos y a la falta de médicos especialistas, los pacientes deben ser derivados de manera permanente a otras regiones del país.

Asimismo el magistrado dispuso la incorporación del exgerente de Créditos del Indert a un programa específico, ya sea laboral y/o de capacitación, previa información y consentimiento del mismo, debiendo el Organismo Técnico Criminológico comunicar al reo las consecuencias negativas de la no participación en los programas de reinserción.

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“Si bien es cierto que la representación del Ministerio Publico se opuso a la promoción a tratamiento solicitada por la defensa, corresponde promover al periodo de tratamiento penitenciario que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reinserción social de los internos; el cual deberá ser integral y de carácter educativo, terapéutico, espiritual, asistencial y disciplinario”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 132 dictado por Mendoza Peña este martes 14 de julio de 2026.

El juez de Ejecución resalta que el periodo de tratamiento para Soler Cano se implementará mediante programas específicos en el área de convivencia, educación, trabajos, recreación, asistencias espiritual, sanitaria y psicosocial.

Soler seguirá cumpliendo condena en la cárcel

A inicios de abril del presente año el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital rechazó el recurso planteado por la defensa del exdiputado Carlos María Soler y ratificó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el condenado a 4 años de cárcel, quien cumple su sentencia desde julio de 2025 en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú.

La defensa de Soler argumentó que dentro de la penitenciaría el exgerente de Créditos del Indert no recibe la atención médica adecuada, para las enfermedades que padece, y que, en consecuencia, corre peligro de muerte. Por esta razón apeló la resolución del juez de ejecución Carlos Mendoza, quien en febrero pasado resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria.

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Sin embargo, los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres concluyeron que no se verifica una desprotección del derecho a la salud de Carlos Soler, como tampoco a los demás derechos fundamentales del condenado, y por esos motivos ya el juzgado de ejecución había resuelto no hacer lugar al beneficio de la prisión domiciliaria.

Para el tribunal de alzada, el juzgado de ejecución consideró correctamente que el tratamiento que recibe Carlos Soler dentro de la cárcel resulta suficiente y efectivo, siempre que la administración penitenciaria garantice el monitoreo constante ya constatado por el juez Carlos Mendoza, quien exhortó al Ministerio de Justicia a disponer de todos los medios para asegurar la atención médica al interno.

Exdiputado condenado por corrupción

El exdiputado por el Partido Patria Querida (PPQ) y exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler cumple, desde julio de 2025, su condena a 4 años de cárcel por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

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La condena a 4 años de cárcel para Soler quedó firme el 24 julio de 2024 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Garay, rechazó el recurso de casación planteado por la defensa.

El otro condenado en la presente causa es el exdirector regional del Indert en el Chaco Pedro Enrique Gómez de la Fuente, sentenciado a 3 años y seis meses de cárcel por los hechos de cohecho pasivo agravado y extorsión. El mismo fue beneficiado con la prisión domiciliaria el 9 de marzo pasado, luego de un periodo en la granja penitenciaria de régimen semiabierto, en Tacumbú.

En el auto interlocutorio N° 45 de la fecha indicada, el magistrado Mendoza alegó motivos de salud para otorgar el beneficio a Gómez de la Fuente, a quien autorizó a cumplir su pena en su residencia en el barrio Santísima Trinidad, de Asunción.

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En el juicio oral, que finalizó en julio de 2022, quedó probado que en el año 2019 los ahora condenados solicitaron 125.000 dólares americanos al estanciero Albino Méndez para anular la revocación de adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas ubicado en el Chaco y titular dicho inmueble junto a otro lote.

El jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, comisario Ramón Bacigalupo, informó que ambos internos habrían logrado salir de sus respectivos pabellones tras cortar la reja de seguridad ubicada en el sector administrativo de la penitenciaría.

Posteriormente, atravesaron el patio del establecimiento y llegaron hasta el cerco perimetral.

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Los datos preliminares señalan que los reclusos cortaron el tejido de alambre del perímetro externo, ubicado hacia la calle del establecimiento penitenciario, y escaparon hacia una zona boscosa cercana.

La fuga habría ocurrido aproximadamente a las 02:30 de la madrugada de este martes.

Según la Policía Nacional, Pascual Benítez es de Yuty, Caazapá y Ignacio Cubilla, oriundos de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Tras conocerse la fuga, agentes policiales del departamento de Misiones desplegaron un operativo de búsqueda para intentar localizar y recapturar a los fugados.

En el procedimiento interviene la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de San Juan Bautista, Mirtha Valle.

El ministro Rodrigo Nicora estimó que, considerando el número de reos que tiene esa cárcel, se puede indicar que al menos el 30% de la población tenía un teléfono. “Después hay que ver si esos teléfonos celulares tenían un chip, tenían dos chips. Hay mucho todavía por hacer”, declaró.

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Penal intervenido y director apartado

En consecuencia, todo el plantel de la penitenciaría fue apartado de su cargo y sometido a sumario, manifestó.

“Evidentemente, eso ya ameritó una intervención”, manifestó. Según el ministro, el operativo comenzó a las 5:30 y concluyó cerca del mediodía. Añadió que no existen antecedentes de una requisa integral de esta magnitud en ese establecimiento penitenciario.

Nicora indicó además que los aparatos fueron lacrados, inventariados e identificados según la celda donde fueron hallados para ser puestos a disposición de los departamentos de Delitos Económicos y Cibercrimen de la Policía Nacional.

“Todo eso va a ser puesto a disposición del Departamento de Delitos Económicos, de Cibercrimen de la Policía Nacional. Ellos tienen la tecnología y las capacidades para hacer un trabajo pormenorizado”, manifestó.

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Falta de inhibidores de señal

En otro momento, confirmó que hasta ahora el Ministerio de Justicia no posee inhibidores de señal, lo cual permite que se utilicen teléfonos dentro de las cárceles.

Nicora explicó que la implementación depende de la ubicación de cada establecimiento, ya que en zonas urbanas estos equipos pueden afectar el servicio de telefonía de la población.

El ministro sostuvo que el Gobierno avanza en la adquisición de tecnología para impedir el funcionamiento de celulares dentro de los recintos penitenciarios, especialmente en establecimientos alejados de centros urbanos.

“El problema de fondo es cortar esa posibilidad, desalentar el ingreso de estos equipos, ya entendiendo que no van a ser útiles dentro de estos recintos”, consideró.

Agregó que el proceso de compra ya se encuentra en trámite y estimó que los nuevos equipos podrían comenzar a utilizarse en aproximadamente un mes y medio a dos meses, si el procedimiento administrativo avanza sin contratiempos.

Ingreso de celulares, un problema recurrente

Nicora reconoció que la presencia de teléfonos celulares constituye una problemática recurrente dentro del sistema penitenciario y la vinculó con hechos de corrupción.

Añadió que el Ministerio continúa aplicando rotaciones de personal, sumarios administrativos y desvinculaciones de funcionarios para fortalecer los controles y reducir las vulnerabilidades dentro de las penitenciarías.

El operativo fue ejecutado luego de tareas de inteligencia que permitieron identificar la vivienda donde presuntamente se encontraban los sospechosos.

Según los intervinientes, la intervención se realizó en el momento en que ambos se disponían a movilizarse, lo que facilitó su captura.

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Recuperaron dos vehículos robados

Durante el procedimiento fueron detenidos Cristhian David Flecha Florentín (47), quien contaba con una orden de captura pendiente por una causa de robo agravado, y Paolo Andrés Morínigo Gamarra (31), quien quedó aprehendido.

La Policía también incautó una camioneta y un automóvil, ambos denunciados como robados el 24 de junio de 2026. Además, fueron requisadas cuatro matrículas vehiculares, una ganzúa de fabricación casera, un estilete, un destornillador, sogas, un quepis, cinta de embalaje y documentos relacionados con vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, los ocupantes de los vehículos intentaron escapar al percatarse de la presencia policial e incluso habrían embestido contra los agentes, por lo que los intervinientes utilizaron la fuerza para reducirlos y concretar la detención.

Sospechan de vínculos con otros hechos de robo agravado

El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores, señaló que la investigación continúa y que no se descarta la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

Asimismo, indicó que existen sospechas de que los investigados también habrían participado en el asalto al depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ubicado en Mariano Roque Alonso.

En cuanto a los objetos sustraídos de la joyería, la Policía informó que fueron robadas joyas, principalmente de oro, aunque el valor total de lo sustraído aún no fue determinado.

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Uno de los detenidos rechaza las acusaciones

Tras su detención, Cristhian David Flecha Florentín manifestó que trabaja como mecánico y aseguró que es señalado como sospechoso debido a sus antecedentes judiciales.

Los investigadores, sin embargo, lo identifican como un presunto “levantador de vehículos” y sostienen que habría participado en el asalto a la joyería Victoria, además de cumplir un rol dentro de la logística de la organización criminal.

De acuerdo con el relato de los denunciantes, Aníbal Cabañas residió durante más de 50 años en el inmueble, donde desarrolló actividades agrícolas y estableció su vivienda. Señalan que el conflicto comenzó en 2013, cuando Elena Colmán, media hermana de Cabañas, habría iniciado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acceder a la adjudicación del inmueble.

Según afirmó Ruth Cabañas, esa solicitud fue anulada debido a supuestas incompatibilidades para acceder a tierras destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, sostuvo que en 2020 Elena Colmán ingresó al inmueble mediante una medida cautelar, situación que dio inicio a una serie de enfrentamientos y procesos judiciales.

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Cuestionamientos al manejo del expediente

Los denunciantes aseguran que detectaron presuntas irregularidades en la tramitación del expediente administrativo dentro del Indert. Según la hija del denunciante, existía un dictamen técnico que planteaba como alternativa la división del inmueble en dos parcelas, pero afirmó que posteriormente el curso del trámite cambió.

También cuestionó las dificultades que, según indicó, enfrentan para acceder a la documentación del caso y conocer el estado actual del expediente dentro de la institución. “La documentación no es clara y no sabemos qué pasó con el expediente. Pedimos transparencia para conocer cómo se tomaron las decisiones”, sostuvo.

Reclamo contra la intervención del presidente del Indert

Ruth Cabañas cuestionó la actuación del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y afirmó que el rumbo del expediente habría cambiado luego de que el titular del ente recibiera a representantes de la contraparte.

Además, señaló que Ruiz Díaz acudió al lugar acompañado de funcionarios de la institución, pero que no escuchó la versión de Aníbal Cabañas ni la de los vecinos que respaldan su reclamo.

“Francisco Ruiz Díaz fue a coaccionar a mi papá. Además, dijo que con Elena hablaría por separado y mencionó a un supuesto policía de apellido Ortiz, que supuestamente le dijo a mi papá que peleara por la tierra y que lo iba a ayudar. Eso es mentira. Que el presidente del Indert presente pruebas de esa afirmación”, manifestó.

La postura difundida por el Indert

Meses atrás, el Indert difundió a través de sus redes sociales una publicación en la que el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, se refirió al caso y lo calificó como un conflicto vecinal.

Según la versión difundida por el ente, en la disputa estaría involucrado un suboficial mayor de la Policía Nacional, de apellido Ortiz, quien supuestamente tendría interés en acceder al inmueble para realizar un loteamiento comercial.

Asimismo, la institución señaló que Aníbal Cabañas no residía en el lugar, sino en el Chaco. Esta afirmación fue rechazada por Ruth Cabañas, quien sostuvo que su padre vivió durante décadas en la propiedad.

Denuncias ante organismos de control

Ruth Cabañas afirmó además que realizaron gestiones ante el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), donde, según manifestó, funcionarios les habrían informado que el expediente no fue localizado.

Por su parte, Aníbal Cabañas cuestionó la falta de transparenciIndert: lo que dijo su presidente sobre los campesinos frente al ente y la solución al reclamoa en el manejo del caso y los obstáculos para acceder a información pública relacionada con el proceso. Indicó que presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República y otras instancias competentes para solicitar una investigación sobre las actuaciones administrativas.

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“Con este reclamo buscamos que se esclarezcan los hechos denunciados y que se garantice un proceso transparente respecto a la situación de la propiedad que me pertenece”, expresó.

ABC intentó obtener la versión del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien informó que se encontraba en una reunión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible acceder a su descargo al igual que con Elena Colmán.

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“La presencia del fenómeno será gradual, sobre todo a finales del invierno, y se extenderá hasta inicios del verano del 2027. Los puntos críticos serían entre octubre, noviembre y diciembre”, dijo.

En el marco de esta situación, desde el Gobierno Departamental se trabaja para que todos los distritos conformen sus respectivos Centros de Operaciones de Emergencia (COE). Con ello se busca fortalecer el trabajo con cada comunidad, teniendo en cuenta que cada distrito conoce su realidad y presenta necesidades diferentes.

La función del COE es reunir a todas las instituciones que puedan brindar apoyo preventivo, así como coordinar acciones en casos de emergencia. Los municipios deben avanzar en la elaboración de un plan de contingencia que permita dar una respuesta rápida a los afectados y evitar esperar a que se registren situaciones de emergencia para solicitar asistencia.

Afectación

Las ciudades de Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, además de las lluvias, también se verán afectadas directamente por las crecidas de los ríos Paraná y Tebicuary. Las precipitaciones constantes también afectarán, de una manera u otra, a los distritos restantes de Misiones. Los municipios deben trabajar en la limpieza de los canales de desagüe, el mantenimiento de caminos, prever asistencia alimentaria y sanitaria, además de brindar apoyo a los productores.

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“Los municipios deben elaborar sus respectivos planes de gestión de riesgos para hacer frente a las crisis que se irán presentando. Crear un mapa de riesgo de cada zona que permita conocer su realidad y, en base a eso, elaborar un plan departamental para gerenciar los recursos a través de instituciones a nivel nacional”, señaló Amarilla.

Según explicó el secretario de Estado, la pesquisa comenzó con títulos del magisterio, pero permitió descubrir un esquema mucho más amplio. “La cabeza de la investigación fueron los maestros, pero ahí descubrimos un montón de otras cosas”, sostuvo.

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Ramírez sostuvo que la situación “es grande, es profunda y afecta a todas las áreas del saber, lastimosamente”.

MEC detectó 130.000 transacciones presuntamente irregulares

El ministro informó que la auditoría interna que viene realizando la institución permitió identificar 130.000 transacciones presuntamente irregulares realizadas mediante 550 códigos de acceso que permanecían habilitados pese a que sus titulares ya no cumplían funciones en esas áreas.

Explicó que esos usuarios seguían activos en el sistema de registro de títulos y eran utilizados para efectuar cargas en horarios en que las oficinas permanecían cerradas, como madrugadas, fines de semana o días no laborables.

No obstante, aclaró que esas operaciones aún están siendo investigadas. “Todavía no podemos decir si está directamente vinculada a títulos falsos, pero hay una presunción muy grande de que eso terminaba en inscripciones irregulares”, indicó.

Títulos falsos en el MEC: récord de 283 funcionarios sumariados

Detectaron un sistema que impedía rastrear el origen

Durante la auditoría, el MEC también encontró un mecanismo que impedía identificar desde qué dirección IP o computadora se realizaban determinadas cargas al sistema.

Ramírez afirmó que esa herramienta ya fue desinstalada y que actualmente se implementó un mecanismo transitorio que combina controles digitales y verificación humana mientras se desarrolla una nueva plataforma.

El objetivo, explicó, es contar antes de fin de año con un sistema que se integre con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Esa actualización permitirá verificar automáticamente si las carreras están habilitadas y acreditadas antes de registrar un título.

Más de 280 funcionarios fueron sumariados

El titular del MEC señaló que, desde el inicio de las investigaciones a finales de 2023, 283 funcionarios fueron sumariados por su presunta vinculación con irregularidades relacionadas con títulos. Además, 13 personas fueron apartadas de sus cargos: siete directores y seis jefes.

Sin embargo, señaló que los sumarios administrativos no implican responsabilidad penal y que todos los documentos fueron remitidos al Ministerio Público, que es el encargado de investigar a profundidad.

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Varias universidades aparecen entre las irregularidades

Ramírez comentó que la auditoría detectó diversas modalidades de presuntas falsificaciones. Entre ellas, mencionó títulos con firmas de rectores que no correspondían a la fecha de emisión y documentos de personas que, según las propias universidades, nunca estuvieron matriculadas.

También relató que algunas instituciones confirmaron que ciertos estudiantes abandonaron sus carreras antes de graduarse, pese a que posteriormente aparecieron con títulos registrados.

Según los datos dados a conocer anteriormente, algunas de las que serán intervenidas por el Cones son la Universidad Privada del Guairá (UPG), Unichaco, Unisal (Universidad privada San Lorenzo) y el Instituto Técnico Superior “San Expedito”.

Para el ministro, depurar el sistema permitirá recuperar la confianza en los títulos universitarios. “Vamos a darle valor al título. Vamos a ordenar esto para que cuando haya alguien con un título, todo el mundo sepa que realmente hizo la carrera”, concluyó.

La jornada inaugural contará con un show artístico, presentaciones culturales, desfile de las delegaciones participantes y la disputa de los primeros encuentros del campeonato. La organización prepara una verdadera fiesta para recibir a jugadores, familias y aficionados del fútbol de salón.

Luego de una intensa fase eliminatoria, ocho federaciones lograron clasificar a la etapa final y llegan con el objetivo de conquistar el campeonato nacional. Las selecciones fueron distribuidas en dos grupos para la competencia.

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En la Serie A competirán San Pedro de Ycuamandyyú, como anfitrión del torneo, además de Hernandarias, Limpio y Ayolas. Mientras que la Serie B estará integrada por Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Ñeemby y Colonias Unidas.

La organización espera una importante presencia de aficionados desde esta noche para acompañar el inicio de la competencia nacional. La capital sampedrana vuelve a convertirse en punto de encuentro del deporte nacional.

San Pedro de Ycuamandyyú ya tiene antecedentes recientes como sede de grandes eventos de fútbol de salón, luego de albergar a finales del año pasado el Campeonato Nacional C20, donde la selección local se consagró campeona.

La ilusión sampedrana vuelve a encenderse bajo la conducción técnica del profesor Pedro Ramón Codas Libardi, quien nuevamente asume el desafío, esta vez al frente de la selección C11. La comunidad espera repetir la alegría del título y celebrar una nueva hazaña deportiva.

Este nuevo aumento de las cotizaciones se produce luego de un periodo de tendencia a la baja en los precios a finales de junio, luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un ‘memorando de entendimiento’ que apuntaba al cese de los enfrentamientos iniciados en febrero y a la reapertura de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial, por la que pasa un gran porcentaje de todo el petróleo que se comercializa en el planeta.

En Paraguay, la tendencia a la baja en los precios internacionales de finales del mes pasado llevó a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a bajar el precio de uno de sus combustibles –el diésel común- por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, a principios de este mes.

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Sin embargo, la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y el cierre de Ormuz pondrían pausa a nuevas reducciones de precios, al menos en el corto plazo.

No más ajustes en julio

En comunicación con ABC Cardinal este martes, William Wilka, presidente de Petropar, dijo que la empresa estatal no va a realizar “ningún ajuste” adicional a los precios de sus combustibles durante lo que queda del mes de julio.

Manifestó que en la primera semana de agosto se analizarán las reposiciones de combustibles que la empresa reciba en la segunda quincena de julio y se estudiará “cómo quedan los márgenes” para ver si es necesario o posible realizar nuevos ajustes.

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“Si el mercado permite hacer una baja, lo vamos a hacer”, dijo, pero enfatizó que la idea de la empresa es tener “cautela” ante la volatilidad de la situación en Oriente Medio y su impacto en el mercado internacional.

“La idea es ver cómo sería la segunda quincena de julio y lo que se viene para agosto”, subrayó. “Va a depender todo de las negociaciones y el cumplimiento del acuerdo”, acotó.

De aprobarse, el control administrativo volvería a depender principalmente de cada municipio, invocando el principio de autonomía municipal, mientras que la Contraloría General de la República mantendría el control posterior de los recursos.

El proyecto fue impulsado, según la senadora Valiente, tras reclamos de coordinadores de comisiones vecinales, quienes sostienen que las exigencias documentales impuestas por la normativa vigente dificultan la ejecución de proyectos de mejoramiento barrial.

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Actualmente la normativa vigente establece como requisitos: la presentación de actas notariales de constitución, estatutos protocolizados, inscripción tributaria, apertura de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Fomento, registro de autoridades con antecedentes judiciales, constancias de la Abogacía del Tesoro e inscripción en el identificador de acreedor presupuestario.

Oposición advierte riesgo de volver al antiguo esquema

El punto ya fue debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ocasión donde varios senadores opositores advirtieron que eliminar estos controles podría representar un retroceso en materia de transparencia y facilitar nuevamente mecanismos utilizados en el pasado para desviar recursos públicos mediante comisiones vecinales.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó tanto la forma como el fondo del proyecto. En primer lugar, sostuvo que, al tratarse de una legislación sobre asuntos municipales, la iniciativa debió haberse originado en la Cámara de Diputados por mandato constitucional.

Filizzola afirmó que cuando existen hechos de corrupción, suele producirse una colusión entre autoridades municipales y determinadas comisiones vecinales constituidas específicamente para canalizar recursos públicos de manera irregular.

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Según señaló, el problema no radica en las organizaciones comunitarias que trabajan legítimamente por sus barrios, sino en aquellas creadas para facilitar maniobras de defraudación en complicidad con administraciones municipales.

El legislador también criticó la práctica de modificar o dejar sin efecto el Presupuesto General de la Nación mediante la ley de presupuesto, calificándola como una de las prácticas “más perversas” del sistema legislativo.

Filizzola propone revisar toda la “ley garrote”

No obstante, Filizzola reconoció que la normativa vigente impone exigencias excesivamente rigurosas no solo para las comisiones vecinales, sino también para numerosas organizaciones civiles. Indicó que se busca favorecer a “comisiones vecinales amigas”.

En ese sentido, sostuvo que, en lugar de excluir únicamente a las comisiones vecinales, el Congreso debería revisar integralmente la legislación que regula a las organizaciones sin fines de lucro.

Afirmó que la denominada “ley garrote” fue diseñada para limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos y planteó que, si realmente existe voluntad política de flexibilizar los requisitos, corresponde modificar esa legislación en general y establecer un régimen más razonable para todas las organizaciones, sin sacrificar los mecanismos de control sobre los recursos estatales.

Nakayama alerta sobre menor transparencia

El senador Eduardo Nakayama (independiente) también manifestó su rechazo al proyecto al advertir que toda entidad que administre dinero proveniente del Estado debe rendir cuentas sin excepciones.

Sostuvo que la obligación de controlar el destino de los recursos públicos debe ser “absoluta, universal y simétrica”, independientemente de la naturaleza de la organización beneficiaria.

Además, alertó que una flexibilización de los requisitos podría incentivar la creación masiva de comisiones vecinales para canalizar recursos públicos sin que existan responsables claramente identificados ante la ciudadanía.

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Por su parte, la proyectista, la senadora Lizarella Valiente, defendió la iniciativa argumentando que la Constitución garantiza la libertad de asociación y que las comisiones vecinales constituyen una herramienta de participación ciudadana.

Afirmó que las municipalidades ya cuentan con mecanismos suficientes para verificar la conformación y funcionamiento de estas organizaciones y sostuvo que las actuales exigencias burocráticas terminan frenando obras de infraestructura y proyectos comunitarios que cuentan con aprobación municipal.

La legisladora insistió en que el objetivo es facilitar la organización vecinal y fortalecer el protagonismo de los ciudadanos en el mejoramiento de sus barrios.

El proyecto de ley cuenta con dictamen a favor y en contra de la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control, se aconseja su aprobación. A inicios del mes de junio la senadora Esperanza Martínez (PPC) ya había solicitado la postergación de la norma.

La víctima relató a la Policía que, a la hora indicada, se encontraba en el interior de su domicilio y, en un momento dado, escuchó ruidos en el exterior de la vivienda, por lo que salió a verificar lo que ocurría. En ese momento, los desconocidos ingresaron por la puerta principal, la interceptaron y le exigieron en todo momento la entrega del dinero.

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Los asaltantes revolvieron toda la casa, le ordenaron que se tendiera en el suelo y lograron encontrar el dinero en efectivo. Además, se llevaron un aparato celular, las llaves de la vivienda y el control remoto del portón. Asimismo, arrancaron una cámara de circuito cerrado junto con su tarjeta de memoria y también se la llevaron.

El robo fue reportado por la pareja de la víctima, quien al momento del hecho se encontraba trabajando, ya que se desempeña como cajero en un puesto de peaje de la empresa Tapé Porã.

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La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, quien convocó a personal técnico del Departamento de Investigaciones y de Criminalística de la Policía para realizar el procedimiento de rigor.

“Todo configura un caso de negligencia criminal. Podían haber disparado a la cubierta, podían haber interceptado y evitar este daño irreversible", manifestó y recalcó que será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades penales.

Con respecto al argumento de que el joven fallecido, Federick Nahuel Cáceres Sosa, no se quedó en el retén policial instalado, Riera admitió que esa conducta constituye un hecho punible.

“Es una infracción menor. Yo te diría que no es un delito. La recomendación es que se queden, pero no es un delito”, respondió.

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Con respecto a la desconfianza de la población ante las barreras, insistió en que, debido al contexto de búsqueda de presuntos asaltantes en la zona, la Policía había instalado controles en los accesos a la ciudad. Señaló que no se podía alegar desconocimiento porque es una comunidad pequeña.

El ministro también admitió que el procedimiento no respetó el protocolo establecido. “Hay un manual de uso proporcional de la fuerza y esas son las cosas que van a tener que ser evaluadas no solamente por la Fiscalía, sino también por la Policía”, expresó.

“Ese equipo no estaba preparado” y “pagará las consecuencias”

Con respecto a la crítica generalizada a las fuerzas policiales, sobre todo por el corto periodo de capacitación impuesto por este gobierno, Riera señaló que la actuación de los policías involucrados no debe trasladarse al conjunto de la institución. Pidió evitar generalizaciones sobre el desempeño de la Policía Nacional.

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“No todo el 100% reacciona de la manera que nos gustaría” (...) Ese equipo, evidentemente, no estaba preparado o cometió un error fatal y va a pagar las consecuencias”, manifestó.

El ministro insistió en que la institución colaborará plenamente con la investigación y rechazó cualquier posibilidad de encubrimiento. “El tema es grave, se equivocaron y pagarán las consecuencias”, prometió.

Riera pide disculpas a la familia del joven fallecido

Durante la entrevista con ABC Cardinal, el ministro también rectificó sus declaraciones previas sobre el caso, debido a que ayer dijo que “son cosas que pasan”. Admitió que corresponde ofrecer disculpas a los familiares de la víctima.

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“Corresponde pedir a las familias las disculpas desde el punto de vista de la responsabilidad institucional”, manifestó y agregó que se generó “una sensación de frustración e impotencia” dentro del Ministerio del Interior.

Asimismo, indicó que desde el primer momento ordenó que las máximas autoridades policiales se trasladaran a Alberdi para ponerse a disposición del Ministerio Público y garantizar que no existiera “ninguna interferencia política” en la investigación.

Marina Ayala, representante del gremio de Enfermería del IPS, comentó a ABC Color que unos 4.500 trabajadores de la previsional en esa área están en “situación precaria” y ganan menos del salario mínimo.

Agregó que desde el año pasado su gremio ha estado trabajando en lograr que el IPS impulse una equiparación salarial para Enfermería.

“Plan de emergencia salarial”

Los representantes del gremio solicitaron una reunión hoy con el presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien solicitarán un “plan de emergencia salarial”, comentó Ayala.

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“Los compañeros de enfermería ya no pueden sostener esta situación tan precaria”, subrayó.

Estos reclamos llegan en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.

Arévalos Irala fue detenida en la vía pública de la localidad de Yaguarasapa, del distrito de Pirapó, en Itapúa, cerca de las 20:40 de este lunes.

El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N° 88/2025, emitido el 22 de enero de 2025, firmado por el Juzgado Penal de Garantías N° 7, a cargo de la jueza Claudia Yanina Vallejos López.

En el vecino país es requerida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones (Argentina). Es investigada en una causa calificada como “contrabando e importación de estupefacientes agravado por la cantidad de cocaína secuestrada que se presume estaba inequívocamente destinada a ser comercializada”.

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Cayó con drogas

El pasado 29 de setiembre del año 2022, Arévalos Irala fue detenida por agentes de la Prefectura Naval del Destacamento de Puerto Maní (municipio de Corpus Christi), en el lado argentino de la frontera, en el kilómetro 1700,4 del río Paraná.

Según la investigación, la joven intentó ingresar con 2,092 kg de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban distribuidos en dos paquetes rectangulares adheridos a su cintura. Los intervinientes manifestaron que, al momento en que fue interrogada, mostró nerviosismo y contradicciones, por lo que fue inspeccionada y hallaron la droga en su poder.

La joven cumplía con un régimen de prisión domiciliaria en la residencia de un familiar en el municipio de Jardín América (Misiones), con control cada 15 días. En febrero de 2023 se constató que la joven se fugó y probablemente cruzó al Paraguay por algún puerto clandestino de la zona.

La causa en la que es investigada la expone a una pena privativa de libertad de 12 años. Además, el tipo penal no prescribe, según la legislación del vecino país.

El titular del Mitic, Gustavo Villate, respondió a los cuestionamientos sobre la omisión de dicho convenio al Congreso. Afirmó que la institución informó a los legisladores únicamente sobre aquellos contratos y proyectos administrados con recursos propios.

“PNUD administró fondos que nosotros transferimos desde Mitic y eso está transparentado. Hay varios convenios. Lo que reportamos, según los pedidos del Congreso, lo que nosotros administramos. Yo no puedo responder por otra institución”, declaró.

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Villate justifica continuidad de convenio con el PNUD

El ministro explicó que la cartera recurrió a la figura de convenios con el PNUD para dar continuidad a proyectos iniciados en la administración anterior y evitar demoras derivadas de nuevos procesos licitatorios.

“Nosotros continuamos un convenio ya que contenía la administración anterior y realizar de vuelta un proceso de licitación lleva su tiempo, de 6 a 9 meses, y por la necesidad que teníamos ya era continuar con el convenio vigente, entonces teníamos que inyectar fondos para esa continuidad. Ese convenio no está relacionado con publicidad ni pautas”, declaró.

Asimismo, sostuvo que desconoce los convenios mencionados por ABC Color y reiteró que, si estos no son administrados por el Mitic, no correspondía remitirlos al Congreso.

“Te aseguro que si no se envió es porque no forma parte de los recursos administrados por el Mitic”, respondió.

Mitic niega contratos con influencers y pautas

En relación con los documentos a los que accedió ABC Color, cuyos pliegos contemplan reportes sobre el alcance de campañas de comunicación en medios digitales e incluso la contratación de influencers, Villate negó que el Mitic tenga contratos vigentes de ese tipo.

Según el ministro, un proyecto vinculado a influencers que iba a ejecutarse a través del Parque Tecnológico Itaipú no llegó a concretarse.

“No tenemos fondos que se hayan transferido relacionados a campañas de pautas de publicidad ni de influencers que sean administrados por terceros”, declaró.

Villate acusa una campaña de desprestigio contra su gestión

Durante la entrevista, Villate también cuestionó las publicaciones de ABC Color sobre su gestión y aseguró que forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno de Santiago Peña.

“Es una campaña de desprestigio. Lo publicado en ABC por un ‘periodista’, que utiliza la profesión para poner su tinte político, que sabemos que es un activista político del lado izquierdo, comunista”, declaró.

El ministro agregó que estas publicaciones surgieron después de que el Gobierno excluyera a “proveedores no confiables”, relacionados —según afirmó— con productos de origen chino, en el marco de la licitación para la explotación de la red 5G lanzada la semana pasada.

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Documentos revelan convenios no reportados al Congreso

En junio de 2026, el Mitic informó oficialmente al Congreso que no administraba pautas digitales por fuera de los procesos regulares y públicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Sin embargo, el análisis de documentos oficiales realizado por ABC Color identificó un segundo esquema de ejecución de recursos canalizado mediante el PNUD, además de los convenios ejecutados a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Entre los documentos figuran el Convenio Nº 4500076699/2024, suscrito entre la Itaipú Binacional, el PNUD y el Mitic, así como los proyectos Nº 00116283 y Nº 00119945, denominados “Fortalecimiento de los medios del Estado” y “Apoyo a la estrategia comunicacional de las acciones del Estado Paraguayo”, respectivamente.

En el aviso, la institución del Estado explicó las causas de los retrasos en la expedición de documentos y defendió el proceso de integración entre la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Ley debe alcanzar a ciudadanos y al Estado

Si bien el Colegio reconoció el desafío que representa la unificación de estas instituciones y valoró el esfuerzo realizado por funcionarios y autoridades para concretar una reforma estructural sin precedentes, afirmó que el cumplimiento de la Ley Nº 7424/2025 debe alcanzar tanto a los ciudadanos como al propio Estado.

En ese sentido, señaló que la normativa obliga al Estado a implementar la infraestructura geodésica nacional sobre la cual deben elaborarse los planos georreferenciados. Sin embargo, indicó que hasta el momento no se informó si esa infraestructura, prevista en el artículo 52 de la ley, se encuentra plenamente operativa en todo el país.

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Solicitan implementación efectiva del Código Único de Identificación

El gremio también manifestó que el RUN aún no comunicó la implementación efectiva del Código Único de Identificación Catastral Registral, herramienta considerada esencial para integrar la información física y jurídica de los inmuebles.

Otro de los cuestionamientos apunta a la auditoría de las bases de datos realizada durante la transición al nuevo sistema. Según el Colegio, las inconsistencias detectadas actualmente hacen dudar de que ese proceso haya concluido antes de la puesta en marcha del RUN.

Agregó que la existencia de una resolución que exime a la institución de responsabilidad por errores históricos genera incertidumbre sobre la confiabilidad de la información registral.

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Siguen expidiéndose certificados catastrales con errores

En materia operativa, el CEP afirmó que continúan expidiéndose certificados catastrales registrales con errores, incluso respecto de inmuebles cuyos planos ya se encuentran registrados. Estas situaciones, indicó, obligan a los usuarios a presentar recursos de revisión y solicitudes de corrección, incrementando los costos y retrasando operaciones inmobiliarias.

Además, sostuvo que la expedición de certificados continúa excediendo los plazos previstos en la ley y que, cuando se detecta un error, los tiempos para obtener una respuesta pueden duplicarse o triplicarse, afectando directamente a compradores, vendedores y acreedores.

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Solicitan detalle de certificados y uniformidad de criterios

El Colegio también cuestionó que el RUN destaque únicamente la cantidad de documentos expedidos sin publicar indicadores sobre la calidad del servicio.

Entre otros datos, reclamó conocer cuántos certificados fueron emitidos con errores, cuántos recursos de revisión fueron presentados, cuántas certificaciones fueron modificadas posteriormente y cuántas solicitudes de corrección debieron tramitarse.

Otro de los puntos señalados es la falta de uniformidad en los criterios técnicos. El gremio afirmó que existen cambios permanentes en las interpretaciones administrativas y citó como ejemplos diferencias en la certificación de inmuebles respecto de la Zona de Seguridad Fronteriza, inconsistencias en la clasificación de zonas urbanas y rurales y la constante emisión de resoluciones y circulares que, según sostuvo, incrementan la burocracia en lugar de simplificar los procedimientos.

Asimismo, advirtió que el aumento de errores provocó un crecimiento de los recursos de revisión, pero que en numerosos casos estos son resueltos cuando el certificado ya perdió su vigencia de 30 días, dejando sin efecto práctico el mecanismo administrativo.

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Principal desafío sigue siendo la integración cartográfica

Respecto de los planos registrados, el Colegio afirmó que su inscripción no garantiza actualmente que un inmueble no presente futuras superposiciones gráficas.

Incluso señaló que existen casos en los que parcelas visibles en el visor catastral posteriormente reciben certificaciones negativas por supuesta inexistencia de planos, situación que, según indicó, genera incertidumbre sobre la estabilidad de la base de datos.

El gremio sostuvo que el principal desafío del RUN sigue siendo la integración cartográfica del territorio nacional. Recordó que Paraguay aún no cuenta con un Catastro Nacional Integral y que la cartografía continúa construyéndose con planos elaborados en distintas épocas y bajo diferentes metodologías.

Por ese motivo, consideró técnicamente imposible garantizar que no existan futuras superposiciones gráficas únicamente mediante el procedimiento de cotejo implementado por el nuevo sistema.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, explicó que la evaluación será realizada árbol por árbol, considerando criterios técnicos como el estado sanitario, la presencia de cavidades, inclinaciones peligrosas o riesgos de caída.

“Vamos a analizar la salud de cada árbol. Son criterios de tala o no que esté hueco, con inclinación peligrosa o riesgo de caída”, sostuvo.

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Barreto indicó que durante las inspecciones preliminares encontraron ejemplares de gran antigüedad que podrían conservarse mediante trabajos de recuperación.

“Vimos árboles añosos pero que podríamos mantener con algunos remedios, podas y saneamiento”, señaló.

Revisarán todos los árboles solicitados

El funcionario explicó que el pedido del consorcio alcanza a 37 árboles dentro de una plaza que alberga alrededor de 400 ejemplares. Sin embargo, señaló que la empresa todavía no identificó cuáles son específicamente los árboles que pretende talar.

“Vamos a analizar caso por caso, uno por uno. Si corresponde que se tale, de ser así vamos a pedir la compensación correspondiente”, expresó.

Añadió que la Municipalidad tiene identificados algunos árboles que presentan mayores problemas estructurales, aunque aclaró que eso no significa que coincidan con los ejemplares incluidos en la solicitud privada.

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Tala sería el último recurso, prometen

Barreto insistió en que la tala no será la primera alternativa y recordó que existen distintas medidas para prolongar la vida útil de los árboles.

Entre ellas mencionó podas de saneamiento, aplicación de insecticidas, medicamentos y otros tratamientos fitosanitarios, dependiendo de las condiciones particulares de cada ejemplar.

Garantizan compensación, pero no prometen que sea en la misma plaza

En caso de que el análisis técnico determine que alguno de los árboles debe ser removido, la Municipalidad exigirá la compensación ambiental establecida en la normativa vigente.

Según explicó Barreto, por cada árbol autorizado para tala deberán plantarse diez nuevos, como indica la ley.

Primeramente, señaló que la compensación podrá realizarse en distintos puntos de Asunción. No obstante, luego aseguró que la prioridad será concretarla en la propia Plaza Uruguaya, atendiendo también los planteamientos realizados por los vecinos que se movilizan en defensa del espacio verde.

Finalmente, hizo énfasis en que hasta que concluyan las inspecciones técnicas, la Municipalidad reiteró que no otorgará ninguna autorización para la tala de los árboles solicitados por el Consorcio Palma, que fue adjudicado para las obras en este espacio verde.

¿Qué harán en la Plaza Uruguaya?

El consorcio es conformado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las obras incluyen la renovación de senderos “con pavimentos más confortables y accesibles”.

También el área de juegos infantiles será reacondicionada con nuevos equipamientos y se habilitarán sectores de descanso y estancia.

También se debe hacer la renovación del mobiliario urbano y mejoras en los sanitarios públicos, incluyendo instalaciones adaptadas para personas con discapacidad.

A partir de la tarde de hoy se prevén vientos moderados del norte y noreste, que podrían intensificarse y alcanzar valores puntualmente fuertes, principalmente durante las jornadas del jueves 16 y viernes 17.

Clima en Paraguay: Pronóstico de ambiente cálido

Para los próximos días, las temperaturas irán en aumento, por lo que se esperan mínimas de entre 10 y 16 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 23 y 27 °C.

Para mañana, miércoles, se pronostica un ambiente frío en las primeras horas y cálido por la tarde, con cielo escasamente nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C.

En cuanto a las lluvias, para hoy y, al menos hasta el viernes, la probabilidad se mantendrá baja.

Actualmente, la calle Independencia Nacional permanece bloqueada entre Piribebuy y Manduvirá, frente al MUVH, desde donde los manifestantes iniciaron su recorrido por las instituciones públicas. Los campesinos irán luego al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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La manifestación se da pocas semanas después de que organizaciones campesinas cuestionaran el informe de gestión del presidente Santiago Peña sobre la situación del sector rural, al denunciar que el campo continúa enfrentando problemas estructurales relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda y la producción.

Exigen soluciones para viviendas, tierras y agricultura familiar

Esther Leiva, dirigente de la CTCU y oriunda de San Pedro, explicó que la movilización busca abrir una mesa de diálogo con las autoridades. Indicó que uno de los principales reclamos es la agilización de numerosos expedientes para acceder a viviendas sociales que, según afirmó, llevan años esperando respuesta.

“El campesino tiene derecho a acceder a una vivienda digna”, sostuvo. Añadió que existen proyectos pendientes en departamentos como Caazapá, Caaguazú, Itapúa y Paraguarí, donde, según dijo, la documentación ya fue presentada hace tiempo, pero las soluciones nunca llegaron.

Además, señaló que solicitarán al MAG fortalecer el acompañamiento a la agricultura familiar campesina y generar mejores condiciones para la producción.

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“La migración masiva del campo hacia Brasil, Argentina o España demuestra el abandono que vive el sector. No hay mercado para la producción y las familias terminan desintegrándose”, lamentó.

También reclaman debido a escuelas rurales y problemas de tierras

Dentro del recorrido previsto para este martes figura una visita al MEC, donde la organización pretende presentar reclamos relacionados con la infraestructura escolar y la falta de docentes.

Leiva afirmó que existen escuelas rurales “que se están cayendo a pedazos” y denunció la falta de rubros para profesores, situación que —según indicó— afecta el acceso a la educación en numerosas comunidades.

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Posteriormente acudirán al Indert para insistir en soluciones a conflictos por la tenencia de tierras.

“Tenemos compañeros con muchos problemas de tierras y necesitamos sentarnos a conversar para encontrar una solución”, expresó.

“No venimos a crear problemas”, afirman dirigentes

Por su parte, el dirigente Fabio Aguirre señaló que unas 600 familias de nueve departamentos participarán de la movilización si no obtienen pronta respuesta.

Explicó que el objetivo no es generar enfrentamientos, sino lograr que los ministros reciban a la delegación y atiendan los reclamos.

“No venimos a pelear ni a perjudicar a los trabajadores. Venimos a conversar con los ministros porque siempre somos nosotros los que escuchamos y nunca nos escuchan a nosotros”, afirmó.

También cuestionó la paralización de programas habitacionales y sostuvo que existen empresas constructoras que aún no cobran por obras ejecutadas, lo que, según dijo, afecta la continuidad de proyectos de viviendas sociales.

Protestas podrían extenderse por dos días

Los dirigentes advirtieron que las movilizaciones continuarán este martes y miércoles, dependiendo de las respuestas que obtengan de las autoridades.

Aunque reconocieron las molestias ocasionadas por los cierres parciales de calles, pidieron comprensión a la ciudadanía.

“Tenemos derecho a reclamar. Ojalá podamos volver pronto a nuestras comunidades con compromisos concretos y respuestas para nuestro pueblo”, expresó Leiva.

Desde la organización señalaron que, si son recibidos por las autoridades y se logran acuerdos, las manifestaciones podrían levantarse antes de lo previsto.

Lamentan discriminación

Por otra parte, en medio del debate que recientemente se instaló en el país sobre la existencia de discriminación, a raíz de la polémica generada por las declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé y Celeste Amarilla, los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) aseguraron que el sector campesino enfrenta prácticas discriminatorias cuando se moviliza hasta la capital para reclamar sus derechos.

El vocero Fabio Aguirre sostuvo que los manifestantes sienten que son tratados de manera diferente apenas llegan a Asunción.

“Apenas venimos ya nos piden despejar y retirarnos, cuando lo único que buscamos es que los ministros nos reciban para conversar. No venimos a crear problemas ni a perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Además, señaló que el cierre de las plazas públicas deja a las delegaciones sin espacios donde permanecer durante las jornadas de protesta, por lo que consideran que la movilización en las calles es la única alternativa para hacer visibles sus reclamos.

Osorio señaló que, como en todas las instituciones del Gobierno, se han realizado “ajustes” de gastos en la Secretaría para Repatriados, pero enfatizó que las repatriaciones con asistencia del Estado paraguayo aún se están realizando en un cien por ciento.

“Seguimos cumpliendo con nuestros connacionales”, subrayó.

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Sin embargo, el nivel de asistencia económica del Estado en cada caso de repatriación, al menos de aquellos fallecidos cuyos cuerpos son traídos enteros -no cremados- sí ha disminuido.

Desde hace unos meses, Secretaría cubre solo el traslado del cuerpo

Desde hace unos meses, una resolución indica que la Secretaría para Repatriados solo cubre los gastos de traslado de un cuerpo traído del exterior, mientras que los costos funerarios –que antes también eran cubiertos por el Estado– ahora quedan a cargo de las familias.

Como ejemplo, Osorio dijo que, antes de los ajustes, el Estado gastaba aproximadamente 2.000 dólares en traer el cuerpo de un ciudadano paraguayo fallecido en Argentina. Ahora, cubriendo solo el costo de traslado, el Estado gasta unos 1.200 dólares y “el resto cubre la familia”, indicó.

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El representante de la Secretaría para Repatriados añadió que la repatriación de personas vivas en situación de vulnerabilidad continúa con normalidad.

Alrededor de 400 fallecidos repatriados cada año

Osorio comentó que, en promedio, Paraguay repatria cada año alrededor de 400 connacionales fallecidos en el extranjero, además de retornar al país a entre 100 y 120 personas vivas. En ambos casos, la mayoría de los repatriados provienen de Argentina, con España como segundo país en el ‘ránking’.

En lo que va de este año han sido repatriadas 169 personas fallecidas y 40 con vida.

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Osorio comentó también que recientemente se ha observado un aumento de las repatriaciones específicamente por trata de personas, con al menos seis casos que pasaron por la Secretaría para Repatriados este año.

Entre enero y junio, las exportaciones totales alcanzaron US$ 10.162,8 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 9.416,2 millones. Esa diferencia explica el saldo favorable informado por el BCP.

En términos de actividad total, el intercambio con el exterior movilizó US$ 19.579 millones en los primeros seis meses del año, resultado de sumar envíos y compras realizadas por el país.

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Exportaciones aumentan 23,6%

El desempeño exportador fue especialmente dinámico: el valor total enviado al exterior de US$ 10.162 millones se ubicó 23,6% por encima del registrado en el mismo periodo de 2025, cuando las exportaciones habían alcanzado US$ 8.219,1 millones.

Dentro del total exportado, las exportaciones registradas concentraron la mayor parte: representaron el 64,5% del total y sumaron US$ 6.553,4 millones, un avance de 19,3% interanual.

Según el detalle oficial del BCP, el aumento de estas exportaciones registradas estuvo explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y bebidas, incluyendo líquidos alcohólicos y vinagre. La composición sugiere un impulso relevante tanto del complejo sojero —tradicional motor externo del país— como de rubros industriales o agroindustriales específicos.

El informe también muestra que el crecimiento no se concentró en un único canal.

• Régimen de Maquila: las exportaciones bajo este esquema alcanzaron US$ 716,7 millones, con un incremento de 29,6% frente al mismo semestre de 2025.
• Reexportaciones: representaron el 25,6% del total exportado, con US$ 2.600,9 millones, y crecieron 16,3% interanual.
• Otras exportaciones: con una participación de 9,9%, sumaron US$ 1.008,5 millones y registraron un aumento de 105,4%, el salto más marcado entre las categorías reportadas.

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Importaciones también con fuerte repunte

Las importaciones, en tanto, también crecieron en 9,6% más que en el primer semestre del año pasado (US$ 8.592,9 millones a junio de 2025), lo que ayudó a inclinar la balanza hacia un resultado superavitario.

Del lado de las compras externas, el BCP reportó que las importaciones registradas dominaron ampliamente el total y representaron el 97,9%, con US$ 9.220,4 millones, lo que implica un crecimiento de 10,4% respecto del primer semestre de 2025.

En contraste, las otras importaciones, el 2,1% restante, totalizaron US$ 195,8 millones y mostraron una disminución de 18,3% en comparación con el acumulado a junio del año anterior.

Víctor Martínez, director suplente de Conatel, confirmó a ABC que solo en caso de este incumplimiento iniciarán un sumario administrativo, que podría derivar en sanciones a la empresa vinculada con el Grupo Vázquez, exsocios del presidente Santiago Peña. Explicó que las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación de la licencia.

Hasta ahora, ni siquiera Conatel, que elabora las estadísticas del mercado de telecomunicaciones, conoce cuántos clientes tiene Nubicom Paraguay SA, .

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Actualmente, según el ente regulador, la empresa ofrece servicios comerciales en un reducido sector de Villa Morra, Asunción, con una sola radiobase habilitada, mientras persisten dudas sobre el alcance real de su operación.

En este sentido, incluso la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza sobre la adjudicación, aclara que no pudo corroborar el funcionamiento efectivo del servicio. Este trabajo del ente de control sigue en curso.

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Consultado sobre los clientes de Nubicom y sobre la lentitud del despliegue de la empresa, Martínez manifestó que el regulador debe ceñirse estrictamente a las obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y que este documento no exige que la empresa tenga abonados dentro de los primeros meses de operación.

“La labor regulatoria también consiste en brindar seguridad jurídica al sector. Nosotros nos atenemos a hacer cumplir las obligaciones que están en el pliego de bases y condiciones. En ninguna parte del pliego se obliga a tener abonados”, afirmó.

Martínez señaló que el primer objetivo obligatorio consistía en poner a disposición una oferta comercial dentro de los 180 días posteriores al otorgamiento de la licencia, requisito que, según Conatel, Nubicom ya cumplió.

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Controlarán despliegue en octubre: “no somos garantes del éxito del negocio”

El funcionario recordó que el siguiente hito regulatorio será el 13 de octubre, cuando la empresa deba demostrar que instaló al menos 22 estaciones radiobases, equivalentes al 10% de la infraestructura comprometida para la primera etapa del proyecto.

“Al cabo de los doce meses de otorgada la licencia tienen que tener instaladas, como mínimo, veintidós estaciones radiobases. Eso es lo que se va a controlar en su momento”, explicó.

Añadió que Conatel no actúa como administrador de los negocios de las empresas, sino únicamente como organismo regulador encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.

“Nosotros somos garantes del cumplimiento de las disposiciones del pliego, pero no somos garantes del éxito del negocio”, enfatizó.

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Conatel no sabe aún cuántos clientes tiene Nubicom

Ante las consultas sobre la cantidad de usuarios que actualmente posee la empresa, Martínez indicó que Conatel todavía no dispone de esa información.

Explicó que ninguna operadora de telecomunicaciones está obligada a informar permanentemente sobre el número de clientes, sino que esos datos forman parte de los reportes estadísticos semestrales que todas las compañías presentan al regulador.

“No solamente Nubicom; tampoco Tigo, Claro o Personal informan permanentemente su cantidad de abonados. Todos presentan informes semestrales y allí figura esa información”, indicó.

Según precisó, esos reportes correspondientes al primer semestre del año deben ser entregados a finales de este este mes julio y que Nubicom también tendrá que hacerlo.

Despliegue gradual

Respecto a las críticas por el lento avance de Nubicom, Martínez sostuvo que el despliegue de una red móvil de quinta generación es un proceso gradual, incluso para empresas con amplia infraestructura instalada.

Como ejemplo mencionó a Claro, filial del grupo América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, que también avanza progresivamente con su red 5G. Esta fue la única empresa que participó del primer llamado 5G adjudicado junto a Nubicom.

“América Móvil es una de las empresas más importantes del mundo y hoy está con alrededor de las cincuenta radiobases. Es natural que estos procesos tengan gradualidad”, afirmó.

Agregó que, durante las mesas técnicas previas a la licitación, los propios operadores coincidieron en que la rentabilidad de la tecnología 5G se alcanza lentamente, por lo que las inversiones suelen ejecutarse por etapas.

Recordemos que en esta primera licitación 5G habían participado AMX Paraguay (Claro), que abonó US$ 2.021.200 por la licencia. Por su parte, Nubicom también pagó US$ 2.000.000, por lo que el ente regulador recaudó más de US$ 4 millones.

Cada radiobase debe ser inspeccionada

Martínez explicó además que Nubicom ya presentó a Conatel la ingeniería de detalle de su proyecto y la planificación general del despliegue.

Indicó que, cada vez que una empresa termina de instalar una nueva radiobase, debe solicitar una inspección técnica antes de habilitarla comercialmente. Hoy la empresa pidió solo la inspección de su única radiobase en Villamorra, específicamente en el data center de Teisa.

“Ese procedimiento es normal y se aplica a todos los operadores. Incluso el regulador no necesita conocer anticipadamente dónde estarán todas las radiobases porque puede tratarse de información vinculada a la estrategia comercial de cada empresa”, señaló.

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Recordó que el plan de expansión comprometido por Nubicom contempla la instalación de unas 900 radiobases durante los próximos cinco años, pero hasta ahora, sigue con una sola.

Si incumple, Conatel abrirá un sumario

Consultado sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento en octubre, Martínez respondió que el procedimiento está previsto en la legislación vigente.

“Si no cumplen, se abre un sumario administrativo, se garantiza el derecho a la defensa y luego se aplican las sanciones correspondientes”, indicó.

Precisó que las sanciones pueden ir desde un apercibimiento o multas económicas hasta la cancelación de la licencia, dependiendo de la gravedad del incumplimiento que eventualmente se determine durante el proceso administrativo.

“No necesariamente la sanción será la pérdida de la licencia. Eso dependerá de la evaluación que se haga caso por caso dentro del sumario”, concluyó.

Paralelamente, Conatel avanza con la segunda licitación para adjudicar licencias 5G. En este segundo llamado participan Telefónica Celular del Paraguay SAE (Tigo) y Núcleo S.A. (Personal). El ente regulador prevé definir esta semana si ambas son precalificadas y si la adjudicación se realizará mediante una subasta o por un procedimiento simplificado.

El tiempo mantendría condiciones estables mañana, miércoles, y al menos durante lo que queda de la semana.

Se avecinan días cálidos

El inicio de la jornada de hoy presenta temperaturas bajas, similares a las de ayer, con 10 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y mínimas anunciadas de 9 grados en la capital, 7 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco. Las máximas se ubicarían hoy entre 20 y 28 grados.

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Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a subir hacia la parte final de la jornada de hoy y que en los próximos días se registre un ambiente más cálido, con máximas que en Asunción llegarían a 27 grados mañana y 31 grados el jueves, y mínimas que rondarían los 20 grados hacia la parte final de la semana.

Las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta Kenton Dakar cuando impactaron contra un automóvil que realizaba un giro hacia la izquierda. Ambos circulaban sin casco de protección, según confirmó la Policía Nacional.

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Cámaras captaron que la motocicleta circulaba a alta velocidad

El comisario Darío Ledesma, jefe de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, informó que los motociclistas viajaban en dirección Luque-San Lorenzo cuando, al llegar a la intersección con una calle sin denominación, chocaron contra el costado de un automóvil Toyota Raum que circulaba en sentido contrario e intentaba ingresar a dicha vía.

De acuerdo con el jefe policial, imágenes de circuito cerrado muestran que la motocicleta circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Tras la colisión, ambos ocupantes cayeron violentamente sobre el pavimento.

Bomberos voluntarios acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron a los heridos hasta el Hospital General de Luque. Posteriormente, uno de los jóvenes fue derivado al Hospital de Traumas debido a la gravedad de su estado.

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Uno permanece grave y el conductor dio negativo al alcotest

Las víctimas fueron identificadas como Enzo Mathías Cáceres Duarte, conductor de la motocicleta, y Francisco Fabián Miranda Estigarribia, ambos de 18 años y domiciliados en Luque.

El conductor del automóvil, identificado como Aurelio Ramírez Benítez, de 56 años, fue sometido a la prueba de alcotest por disposición policial. El examen arrojó resultado negativo, con 0,000 mg/L de alcohol en sangre.

El fiscal de turno dispuso la incautación preventiva de ambos vehículos, que quedaron depositados en la sede de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

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La falta de casco agrava las consecuencias

El comisario Ledesma confirmó que ninguno de los ocupantes de la motocicleta utilizaba casco al momento del choque, un elemento de seguridad obligatorio cuya ausencia incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en accidentes de tránsito.

La Policía Nacional continúa con la investigación del caso y analiza las imágenes de circuito cerrado que registraron el momento de la colisión para determinar la dinámica del siniestro.

Pochiñec, agricultor oriundo de Fram, departamento de Itapúa, explota una propiedad ubicada en la compañía Rincón, distrito de Borja en el departamento de Guairá, donde asegura sufrir desde hace varios años constantes conflictos con vecinos asentados al otro lado de la ruta, en un inmueble que ellos identifican como un campo comunal. Según su denuncia, animales vacunos ingresan frecuentemente a sus cultivos de arroz y chía, ocasionando importantes pérdidas económicas al destruir las plantaciones.

El productor sostuvo que los animales pertenecen principalmente a un reducido grupo de personas, entre quienes identificó a un agente policial y a otro poblador de la zona. Afirmó además que el ganado carece de marcas de identificación y que, en ocasiones, sería llevado deliberadamente a pastar dentro de su propiedad.

Autoridades ignoran sus denuncias

Pochiñec aseguró que durante los últimos dos años presentó alrededor de 50 denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público sin obtener, según dijo, una respuesta efectiva que permita poner fin al conflicto. En ese contexto manifestó públicamente que ya comunicó tanto a la Policía como a la Fiscalía que, si vuelve a encontrar a estas personas dentro de su propiedad, “las matará”, afirmando que ya no soporta la situación.

“Yo mañana le encuentro a los tipos en mi propiedad, le mato, así de sencillo va a ser la cosa. Este (la entrevista telefónica) yo te estoy grabando ahora con otro teléfono para que quede constancia. Al comisario le dije, a la fiscalía le dije y a vos te digo, porque ya no aguanto más. Yo tengo dos millones de dólares de deudas”, manifestó el productor.

El agricultor también denunció que su hermano habría sido amenazado con armas de fuego y obligado a descender de un tractor por personas con quienes mantiene el conflicto. Además, aseguró que el parabrisas de la maquinaria fue destruido durante el incidente. Asimismo, acusó a efectivos policiales de no intervenir pese a que, según su versión, dos patrulleras se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos.

El productor atribuyó la supuesta falta de avances en sus denuncias a una presunta protección política y policial hacia las personas que señala como responsables.

Conflicto de larga data

El conflicto entre ambas partes no es nuevo, puesto que meses atrás, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales intervino el establecimiento agrícola tras denuncias formuladas por pobladores de la compañía Rincón. En aquella ocasión, vecinos acusaron a Pochiñec de haber realizado canalizaciones y modificaciones sobre un cauce hídrico que, presuntamente, dejaron sin agua a un campo comunal utilizado para la cría de ganado.

Durante el procedimiento participaron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), quienes realizaron verificaciones e iniciaron peritajes para determinar si existieron daños ambientales.

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Además de esa investigación, los mismos vecinos presentaron denuncias por supuestos hechos de abigeato, agresiones e incluso atentados contra la vida, acusaciones que el agricultor rechazó categóricamente.

Pochiñec sostiene, por el contrario, que es él quien resulta víctima de amenazas, ataques y daños patrimoniales ocasionados por personas que ingresan a su propiedad junto con animales sueltos.

El lanzamiento se realizó en el salón de actos de la Gobernación de Caaguazú y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Soto (ANR HC) y la primera dama departamental, Laura Samudio, con la presencia de autoridades departamentales, municipales e integrantes de las instituciones organizadoras.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades destacaron que la feria busca seguir consolidándose como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del interior del país, promoviendo la lectura, la ciencia, la innovación y el arte entre niños, jóvenes y adultos.

Los atractivos de la feria

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping, mediante el cual la empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental El Cerrito con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva para el público.

En el área científica, una de las apuestas más ambiciosas será Misión Caaguazú, un programa impulsado en conjunto con Arapy, que prevé el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos. La actividad busca despertar la curiosidad de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales a través de una experiencia práctica.

La agenda también incorporará el certamen de canto “A través de tu voz”, impulsado por la Academia Tres Verbos, que estará abierto a participantes desde los 15 años de edad.

Como parte de la identidad de la feria, este año se presentarán nuevos personajes que acompañarán las distintas actividades. A la ya conocida mascota Aguara’i se sumará Leo, el Libro, mientras que Doctor Teo Partículas será el encargado de interactuar con los visitantes durante las propuestas relacionadas con la ciencia.

Durante los cuatro días de la feria, los asistentes podrán recorrer una variada programación que abarcará lanzamientos de obras literarias, charlas con escritores y especialistas, talleres, espectáculos culturales, espacios interactivos y diversas experiencias vinculadas a la innovación y la tecnología, con ingreso completamente gratuito.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, invitó a las familias de todo el departamento y del país a participar de la feria, señalando que esta edición ofrecerá una experiencia diferente que, según expresó, “quedará en la memoria y en el corazón” de quienes asistan. El gobernador sostuvo que el objetivo es convertir nuevamente a Caaguazú en un punto de encuentro para la cultura, la educación y la innovación durante los cuatro días de actividades.

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el funcionario sostuvo que el Gobierno trabaja en varios frentes para garantizar el abastecimiento y acompañar el crecimiento industrial, en un escenario muy distinto al que históricamente caracterizó al país como exportador de energía gracias a Itaipú, Yacyretá y Acaray.

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Diversificar la generación para sostener el crecimiento

Giménez señaló que el Ejecutivo analiza distintas alternativas para ampliar la oferta energética. Entre ellas mencionó centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, la repotenciación de las hidroeléctricas existentes, proyectos de energía solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

A su criterio, todas estas opciones deberán complementarse para sostener la expansión de la industria y responder al aumento sostenido de la demanda eléctrica.

En ese contexto, destacó especialmente el potencial de la energía solar. Reveló que, desde el Consejo de Itaipú, se impulsó un plan piloto con paneles solares flotantes sobre el embalse de la binacional, cuyos primeros resultados arrojan costos inferiores a los previstos inicialmente.

Según explicó, los estudios estimaban una generación cercana a los US$ 60 o US$ 70 por megavatio, pero las primeras mediciones ubicarían ese costo entre US$ 30 y US$ 35 por megavatio, lo que considera un cambio significativo para futuros proyectos de gran escala.

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Gas de Vaca Muerta y repotenciación de represas

El jefe de Gabinete también confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con Argentina para estudiar la posibilidad de traer gas desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta Paraguay.

Indicó que ya existe una comisión técnica integrada por autoridades de ambos países para analizar la viabilidad del proyecto, que contempla distintas alternativas de trazado, tanto por el Chaco como por Formosa hasta Villa Hayes.

El objetivo, explicó, es utilizar ese combustible para generar electricidad mediante centrales termoeléctricas, ofreciendo una producción más estable que las fuentes renovables intermitentes.

Asimismo, mencionó la posibilidad de avanzar en la repotenciación de las unidades generadoras de las represas binacionales y en el desarrollo de proyectos eólicos, principalmente en zonas de mayor altura como Pedro Juan Caballero y Mbaracayú, además del aprovechamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas en diversos afluentes del río Paraguay.

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Gobierno apuesta a inversiones privadas

Más allá de las alternativas técnicas, Giménez insistió en que el país deberá avanzar en reformas institucionales para atraer inversión privada al sector energético.

Sostuvo que existe interés de capitales extranjeros en desarrollar nuevas fuentes de generación, aunque advirtió que será necesario crear condiciones que permitan la participación de esos inversores en un mercado históricamente concentrado en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca consolidar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones mediante un clima de negocios favorable, reglas claras y menor burocracia.

Para Giménez, el desafío energético forma parte de una estrategia más amplia orientada a sostener el crecimiento económico y evitar que el país pierda competitividad cuando el excedente de energía deje de estar disponible.

En comunicación con ABC, el director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, señaló que, hasta el momento, la Municipalidad no autorizó la tala de un solo árbol dentro de la plaza y que el proyecto se encuentra bajo un análisis técnico.

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El origen de la polémica radica en una solicitud presentada por el consorcio encargado de las obras en la zona. La firma alegó en su nota que existen varios ejemplares que representan un peligro inminente para los transeúntes debido a su deterioro físico.

Muchos de los ejemplares señalados tienen décadas de antigüedad. La contratista afirma que estos árboles dañados están riesgo de que caigan sobre personas o destruyan la infraestructura de la plaza.

Saneamiento antes que la motosierra

Barreto aclaró que la cifra inicial de 37 árboles en la mira no es definitiva y podría reducirse drásticamente, incluso a cero, tras las verificaciones que realiza la Municipalidad de Asunción.

“Nosotros vamos a verificar los árboles uno por uno. Si encontramos que el problema se puede solucionar mediante medidas de saneamiento para que el árbol se recupere, se va a mantener. Podríamos podar solo la parte que tiene riesgo de caer y aplicar tratamientos para salvar el resto del ejemplar”, explicó el director de Gestión Ambiental.

Técnicos municipales ya realizaron dos relevamientos en el sitio y tienen previsto un tercer análisis para identificar con precisión cada árbol afectado.

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Según los primeros mapeos generales, la gran mayoría de los árboles señalados muestra condiciones viables para ser recuperados mediante poda controlada y el uso de productos químicos y agrodefensivos que ayuden a sanar la madera.

El informe técnico estará listo esta semana

La comuna asuncena prevé concluir el análisis de campo en los próximos días. Barreto adelantó que un equipo de inspectores volvió a recorrer la plaza y que el informe final con la decisión técnica definitiva estará listo en el transcurso de esta semana o la próxima.

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El director también relativizó el impacto del pedido en caso de que algún árbol deba ser retirado. Señaló que esos 37 ejemplares representan menos del 10% de la masa forestal total de la Plaza Uruguaya. No obstante, insistió en que buscarán preservar el paisaje verde característico del lugar.

“El mensaje para la ciudadanía que está preocupada es que no se va a talar ni un solo árbol que no corresponda. Todo pasa por nuestra estricta revisión técnica; si nosotros no autorizamos, sencillamente no se puede hacer y no va a pasar”, concluyó.

La aspirante, en su mensaje a los electores, señaló que en unos meses su hija Ana tendrá la edad para jugar en los parques municipales. “Realmente me indigna que no hayan plazas en buenas condiciones en nuestra ciudad. Es hora de ponerle solución a esto”, aseveró.

“Mi compromiso es trabajar con las comisiones vecinales y con el sector privado para recuperar 100% de las plazas en Asunción”, prometió.

Desvían fondos y traban para pedir coimas

Desde sus redes sociales, Núñez también reflotó sus dichos en que denuncia que los impuestos de los contribuyentes se usan para pagar las campañas electorales de los candidatos a concejales de la ANR.

Hizo alusión a la gestión del intendente interino Luis Bello, la lista de 24 candidatos a concejales de la ANR encabezados por Gerardo Benítez y al intendentable cartista Camilo Pérez.

“En este momento, la campaña de muchos candidatos a la junta se está financiando con plata los contribuyentes, y lo digo con mucha seguridad y no me queda ningún tipo de duda que hoy la municipalidad está haciendo botín para financiar campañas políticas”, expresó Núñez en un clip de su entrevista en el programa Mirando Lejos de CN9.

En el clip Núñez promete que en sus primeros 30 días de gobierno “va a acabar la fiesta en la municipalidad”.

“Hoy esa institución está financiando a operadores políticos. Hoy el modelo de las cajas paralelas es lo que reina, es de lo más pequeño, de lo micro a lo más macro. Son los recursos que ya existen en la ciudad, que circulan, que deberían parar a la cuenta de la municipalidad, pero no van a parar, sino que funciona un modelo de las cajas paralelas”, sostuvo.

Hacen que se pague “por afuera”

Núñez agregó que también persiste un sistema de coimas y cajas paralelas en que la comuna hace el trámite “tremendamente tortuoso” para que el contribuyente impulse sus reclamos “por afuera”.

Añadió que dicho dinero debería ser usado en financiar obras y mejorar los servicios “pero hoy se desvían para otros fines”, manifestó.

“Ojalá que la gente se dé cuenta de que este modelo ya no puede continuar y que nos pueden cambiar el rostro, nos pueden poner discursos distintos en las elecciones, pero mientras sigamos apostando por lo mismo de siempre, las cosas no van a cambiar”, sentenció.

Denuncian a director de la VIII Región Sanitaria por hostigamiento político

La indignación salió a la luz tras la entrega de pergaminos de gratitud impresos a los trabajadores de blanco por su desempeño electoral. La legislación vigente prohíbe de forma taxativa toda actividad político-partidaria dentro de las instituciones del Estado, restricción que es todavía más rigurosa en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, segun denunció González.

Las evidencias compartidas en las redes sociales muestran certificados titulados “El equipo de Salud - Lista 2A - Pergamino de Reconocimiento”. En los documentos se lee el nombre de cada funcionario premiado al lado de las siglas “HDSI”, en directa alusión al Hospital de San Ignacio.

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El texto del pergamino expresa: “Gratitud por el trabajo en equipo, apoyo incondicional, responsabilidad y empeño que se tuvo durante las elecciones acompañando a la Dra. María Gloria Rodríguez”. Las firmas que avalan este reconocimiento partidario pertenecen al Dr. José María Mereles, director de la VIII Región Sanitaria, y al Dr. Manuel Aquino.

“Esto llega al colmo de todos los colmos. ¡Es incorrecto, es ilegal! Se prohíbe el proselitismo político en nombre de instituciones públicas. Me siento avergonzada de mis colegas. No debe existir ningún color en los hospitales. Una cosa es que se reúnan como amigos a título personal y otra que lo hagan a nombre de un hospital. ¡Basta por favor, ya pasaron todos los límites!”, descargó con la titular de Sinamed.

Candidatura bajo la lupa

La beneficiada por la campaña de los médicos es la doctora María Gloria Rodríguez, quien era recandidata para la intendencia de San Ignacio en las elecciones internas del Partido Colorado bajo la Lista 2A, del cartismo.

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En dicha jornada electoral, Rodríguez se impuso tras cosechar un total de 3.704 votos (el 39,10% del electorado colorado local), lo que le dio el pase oficial para disputar las elecciones de octubre.

Director de VIII Región Sanitaria, denunciado

En marzo de este año, un grupo de funcionarios del mismo Hospital de San Ignacio ya había denunciado la existencia de un esquema de fuerte presión política encabezado por el director regional, José María Mereles, a quien acusaron de condicionar la permanencia o beneficios de médicos y enfermeros a cambio de sumarse a su línea partidaria.

En su momento, Mereles negó las acusaciones y argumentó que las denuncias provenían de personal descontento con los nuevos controles administrativos de su gestión.

Sin embargo, el propio director regional compartió recientemente en sus redes algunas imágenes de una merienda con funcionarios del hospital acompañada de la frase: “Compartiendo una merienda y hablando ya por el gran trabajo que se viene”. De acuerdo con las denuncias, fue en ese mismo evento donde se procedió a la entrega de los cuestionados pergaminos políticos.

Sinamed pide seperación de la salud con la política

La doctora Rosanna González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), habló con ABC y expresó que este caso es un esquema estructural que se replica en los centros asistenciales de todo el país.

“Con esta clase de actitudes se comprueba que los directores no son más que operadores políticos. En el 90% de los casos, los cargos de directores regionales u hospitalarios son boteos políticos. No existe concurso de méritos y aptitudes; son colocados directamente para hacer este trabajo de arreamiento”, expresó la médica.

La doctora explicó que cada departamento tiene un “jefe máximo” del cartismo que decide quiénes ocupan los puestos de dirección en los hospitales.

“Hasta ahora no lo hacían de forma tan alevosa como para entregar certificados impresos. Eso ya es documentar el delito. ¿Qué es lo que sigue? Exigimos que dejen libres a los hospitales y que no se metan con la salud de la gente”, concluyó.

Además, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Jubilaciones, dejó en evidencia que el IPS no solo pisoteó su normativa interna anteriormente para favorecer a la entidad, sino que, desde febrero de 2025, pasó a violar de forma directa los límites de concentración establecidos en la propia Ley marco 7235/23.

Felino Amarilla, abogado y analista político, dijo que este fenómeno ocurre como algo nuevo, ya que el “monopolio Santi Peña-Ueno” busca instalarse como un nuevo grupo económico de poder.

“En el Partido Colorado vos tenés un fenómeno interesante que es el monopolio Santi Peña-Ueno. Ese es un fenómeno para mí nuevo, que no es un fenómeno HC (Horacio Cartes). Fíjate que un proceso económico basado en la plata del Estado no se puede solidificar en dos o tres años, necesita por lo menos 10 años de gobierno para que el flujo del IPS corra libremente dentro del sistema para que se consolide y se genere un nuevo grupo económico y ese grupo económico tuvo todo el empujón necesario con Santi Peña”, indicó.

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¿Peñismo en 2028?

Según Amarilla, Santiago Peña buscaría instalarse en el poder político más allá de los cinco años que dura su mandato.

“Yo no creo que después de haber, de que haya bebido las mieles del poder y del placer, ‘señor presidente’, alfombra roja, no pasar por Aduana, poder transportar en las maletas cualquier cosa y llegar a la hora que sea, convertirse en el hombre más lindo, más churro, más sexy del mundo decida irse a los 5 años. No, no, no, no. Yo creo que el tipo está elaborando un proyecto de post peñismo, con el peñismo, por supuesto. Nada nuevo tampoco es. Horacio también quiso ser reelegido, y Horacio cinco años de vacaciones y hoy es el hombre más poderoso del Partido Colorado”(sic), enfatizó.

Insistió en que actualmente el oficialismo colorado se instaló como único movimiento y la disidencia no existe actualmente, sobre todo después de las elecciones internas municipales, en las que el movimiento Honor Colorado se instaló en casi todo el territorio nacional.

Recordó que para anunciar la unidad colorada, varios referentes de Honor Colorado visitaron al expresidente de la República y principal líder disidente, Mario Abdo Benítez, en su casa, entre ellos Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los nombres que más suena como posible precandidato a vicepresidente de la República para el 2028, considerando que solo podía haber ido Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana.

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“Acordate que el jefe de Camilo (Horacio Cartes) le denunció a Mario Abdo por lavado de dinero, estupro, abigeato o ¿no es así? ¿Cómo queda esa denuncia? ¿Cómo quedan las víctimas que están con Mario Abdo en el proceso? A ver, o eso vamos a olvidarnos mientras tanto. Explicame un poco eso. Esas son las cosas que yo no entiendo, pero entiendo. Ahora si me decís que HC va a desistir de la denuncia y va a pedirle disculpas porque le imputó, entonces, ah, bueno, entiendo, yo te doy, vos me das, pero nada de eso está ocurriendo, por lo menos", refirió durante una entrevista en el programa conducido por Germán Martínez Vierci en el canal Mega TV.

Concluyó que hoy no se ve una disidencia colorada pública y en caso de haberlas, el movimiento oficialista la tiene “muy calladitas”.

Este y otros cuestionamientos hicieron ante esta iniciativa los representantes de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), que aglutina a unas 200 farmacias a nivel país (no de las grandes cadenas), que a través de su presidenta Esperanza Garcete, y el asesor jurídico de este gremio, Osmar Baez, plantearon su objeciones esta mañana ante la Comisión de Tecnología de Diputados.

El proyecto en cuestión plantea que las farmacias provean de forma obligatoria y gratuita servicios como:

• Medición de la presión arterial
• Control de peso corporal
• Medición de glucosa en sangre mediante glucómetro
• Orientación básica sobre hábitos saludables

El primer inconveniente que plantearon es que el proyecto de ley pretende imponer además -por obvias razones al ser temas de salud- que el servicio debe brindarlo “personal capacitado” y “utilizando equipos adecuados y en condiciones de higiene y bioseguridad”.

Sobrecostos para las farmacias

El primer punto que objetan, es que esto representaría un sobrecosto para los dueños de farmacia, ya que necesariamente deberán contratar personal con formación al menos de enfermeros.

“Justamente ese (el sobrecosto) es un punto clave que nosotros mencionamos dentro del parecer técnico porque consideramos que el proyecto así como está si bien, el espíritu es muy bueno; sin embargo, en la redacción consideramos que tiene que ser ajustada porque es una carga que el sector privado, no puede absorber de por sí”, sostuvo Báez.

El otro problema visible a leguas es que en el mercado no hay suficiente personal capacitado en servicios sanitarios, algo que ya es un problema incluso para cubrir servicios de salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros.

“Sería difícil cumplimiento primero porque la legislación actual en materia farmacéutica exige que en cada establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria tenga un regente que sería un químico farmacéutico. En definitiva, de aprobarse un proyecto de ley como este, justamente representaría de difícil aplicación” al tener que sumar otro tipo de profesional.

Sugieren mejorar el proyecto

De todos modos desde Cafapar se mostraron abiertos a analizar una redacción alternativa que no imponga esta medida, ya que Garcete remarcó que hay farmacias que actualmente de forma voluntaria ya proveen esta ayuda.

Garcete comentó que “Cafapar nuclea a las farmacias independientes. Somos las pequeñas y medianas empresas que generalmente somos las que más trabajan, las que más están, al servicio de la gente pobre, la gente desamparada, son las que están en el interior del país”, pese a no tener la misma capacidad de las grandes cadenas.

Pese a esto, acotó que buscan la forma de ayudar a sus clientes y al sistema de salud en general, ya que sobre todo en el interior del país, son las que suplen momentáneamente cuando las personas no consiguen medicamentos en los hospitales públicos.

Los manifestantes aseguraron que existen fundadas dudas sobre la versión oficial de los hechos.

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Aseguraron que en el lugar donde fue encontrado el vehículo del joven fallecido no existen huellas de frenado ni otros indicios que respalden la hipótesis presentada por la Policía Nacional.

Asimismo, afirmaron que Nahuel Cáceres Sosa fue abatido por efectivos policiales y que, posteriormente, el automóvil fue hallado en una cuneta con más de 30 impactos de bala. Considerando estos datos, solicitaron una investigación exhaustiva e imparcial para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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El fiscal Diego Benítez informó que el Ministerio Público continúa recopilando evidencias, analizando pericias y reuniendo todos los elementos de prueba para determinar las responsabilidades en el caso.

Indicó que, con base en los resultados de la investigación, se resolverá la eventual imputación de los ocho policías detenidos, quienes permanecen recluidos en la Dirección de Policía de Ñeembucú, en la ciudad de Pilar.

La ceremonia oficial de embanderamiento se hará durante la visita del príncipe heredero de Japón Akishino, hermano menor del actual Emperador Naruhito.

Vera informó que el Príncipe heredero de Japón llegará el 19 de agosto a Paraguay, y ese día, en forma previa al acto de la Artesanía en el Puerto de Asunción, se llevará a cabo el acto de embanderamiento de la draga, conjuntamente con el presidente de la República, Santiago Peña.

El titular de la ANNP señaló que desde el próximo lunes se iniciará el curso de capacitación teórico-práctico con 31 personas; de las cuales 14 son de la Armada, del personal de Puertos, además de cinco representantes del gremio de Armadores Fluviales.

La capacitación se realizará con técnicos venidos de Japón. Vera Cáceres refirió que los participantes asistirán a un curso intensivo para familiarizarse con esa draga de última generación, totalmente automatizada, con 5 nudos de velocidad. Estimó que la draga llegaría entre el 13 o 14 de agosto al puerto de Asunción.

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Sedimentos y no para rocas

Vera refirió que la draga tiene tripulación de 13 personas, no tiene camarotes ni comedor. Dijo que es exclusivamente de trabajo y siempre funcionará con remolcadores y mulitas, que son las que llevan los caños. Añadió que los remolcadores sirven para el alojamiento y comedor del personal.

“La nave es grande, moderna, con capacidad de succión de 1.500 metros cúbicos por hora, cuando normalmente en esta zona del país se trabaja con dragas con capacidad de entre 350 y 400 metros cúbicos por hora. Esta es una draga de mayor capacidad, pero está dimensionada solamente para sedimentos, no para rocas”, expresó

El titular de la ANNP, señaló que actualmente se encuentran en estado de funcionamiento tres dragas a cargo de la ANNP.

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Una pieza clave para la hidrovía

En un video divulgado junto con el anuncio días atrás, el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi, indicó que el proyecto demandó varios años de cooperación entre Paraguay y Japón y culminó con la construcción de la embarcación en el astillero Fuji Kaiji Kogyo.

Según detalló, la DRM-5 tiene una capacidad de dragado de 1.500 metros cúbicos por hora, lo que la posiciona entre las unidades más potentes que operan en la hidrovía regional.

“La DRM-5 Paraguay fue construida fruto de una alianza que Paraguay y Japón construyeron con dedicación. Es una de las más potentes de toda la hidrovía regional y es nuestra”, expresó el embajador.

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Impacto en las exportaciones

Toyotoshi destacó que la embarcación representa mucho más que una herramienta de trabajo para el dragado de canales.

“Esta draga no es solo una embarcación. Representa nuestra soberanía logística, competitividad y una garantía de que nuestras exportaciones lleguen al mundo con mayor autonomía y certeza”, sostuvo.

El diplomático insistió en que para Paraguay, país mediterráneo y altamente dependiente de la hidrovía, cada metro de río navegable tiene un impacto directo en la capacidad de movilizar mercancías hacia los mercados internacionales.

La incorporación del nuevo equipo cobra relevancia ante los recurrentes problemas de bajante y sedimentación que en los últimos años afectaron el tránsito de convoyes y elevaron los costos logísticos para distintos sectores productivos.

“Ahora yo creo que ya no tiene excusa (para no aprobar), ¿por qué? Porque esto ya regiría para el próximo periodo y realmente no más esto evidencia cómo ellos se mueven en cuanto a sus intereses", sostuvo Vallejo, que hace un año viene peleando para que se apruebe su proyecto.

Esta iniciativa legislativa se planteó a consecuencia de casos como el del exsenador cartista Hernán Rivas y el exdiputado de HC, Orlando Arévalo (ahora en Fuerza Republicana), que con presuntos títulos falsos de abogados llegaron incluso a presidir el JEM.

A fin de, al menos dificultar que letrados truchos lleguen a ser jueces de jueces, el proyecto de ley plantea que además de título, tengan al menos 10 años de ejercicio probado de la profesión (ya sea como abogados particulares, jueces, fiscales y/o como docentes de la carrera de derecho), así como busca prohibir la reelección.

Intereses políticos vs. idoneidad

Evidentemente, ambos puntos eran urticantes para el cartismo; por eso no querían aprobarlo, ya que, de estar vigente esta modificación de ley, hubiese impedido la reelección de Aguilera y Candia, sumado a que este último tampoco tiene 10 años de haberse recibido.

De todos modos, el mayor pesar para la legisladora es que, evidentemente, a estas alturas al cartismo no le importa recuperar la institucionalidad ni la imagen del JEM, que, con presidentes como Rivas, Arévalo y antes de ellos, el exsenador cartista Óscar González Daher (+), quedó en el barro.

“Acá los representantes realmente representan intereses políticos y existieron fuertes pujas también en cuanto a quién iba o no como titular, y en ese sentido, haciendo gala de sus victorias políticas en las internas, así se maneja acá”, comentó.

Es decir, no se mide la idoneidad, sino quiénes responden a mayores intereses políticos, lo cual, se sinceró, le da nulas esperanzas de una mejora en el manejo del JEM.

“Realmente no sé, tengo cero esperanza de que algo mejore, cero esperanza de que algo salga adelante, pero bueno, por lo menos va a quedar tal vez (de prosperar la ley) que para el próximo periodo los miembros ya no sean reelectos y se dé oportunidad a otra gente y que exista un mayor pluralismo”, sostuvo.

Finalmente, atendiendo a que está entre los últimos puntos del orden del día, dijo que plantearía adelantar el tratamiento mediante una moción de preferencia.

Desafíos del RUN se concentran en Catastro y Registro de Inmuebles

Según el documento remitido desde el RUN, las direcciones de Registro de Automotores y de Registros Especiales operan con normalidad y cumplen los plazos previstos para la expedición de documentos.

En cambio, los principales desafíos se concentran en la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, donde se desarrolla el proceso de unificación de registros jurídicos y catastrales que durante décadas funcionaron bajo instituciones distintas y con criterios técnicos y normativos diferentes.

El RUN señaló que la fusión obligó a establecer nuevos criterios jurídicos y técnicos para el procesamiento de documentos, así como a dictar acordadas y resoluciones específicas, emitidas por la Corte Suprema de Justicia, la Gerencia Superior y la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, que se encuentran disponibles en el portal institucional.

La institución también reconoció dificultades derivadas del traslado físico diario de expedientes entre las sedes registrales y catastrales, la separación geográfica de registradores y verificadores catastrales y la falta de una plataforma electrónica única. Indicó que estas limitaciones requieren inversiones en infraestructura y tecnología, financiadas con los recursos previstos en la Ley Nº 7.424/25.

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RUN dispondrá de recursos desde el 2027

En ese sentido, recordó que, conforme lo que establecen los artículos 176 y 177 de la mencionada normativa, recién a partir del año 2027, el RUN detentará, en forma gradual, el 21% del porcentaje en materia de recaudación de las tasas que le fue asignado para el financiamiento de gastos inherentes a inversión (60%: recursos tecnológicos y mejoramiento de la infraestructura edilicia), y a los gastos operativos, incluyendo capacitación y beneficios del personal (hasta el 40%).

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Lentitud responde a ajustes operativos

El RUN sostuvo que la actual lentitud en la tramitación de documentos responde a ajustes operativos propios de un proceso de fusión institucional de gran magnitud y a las limitaciones de infraestructura física y tecnológica. No obstante, afirmó que las operaciones inmobiliarias no se han interrumpido desde la entrada en vigencia del nuevo organismo.

Como respaldo, informó que entre el 14 de enero y el 30 de junio de este año ingresaron 228.245 documentos a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles. Hasta el 8 de julio fueron expedidos 192.513 documentos, equivalente al 84,3% del total tramitado.

Informó que entre los trámites figuran: escrituras públicas, certificados e informes catastrales y registrales, oficios judiciales electrónicos, registros de planos, fraccionamientos, loteamientos, sometimientos al régimen de propiedad horizontal y copias de títulos.

El organismo añadió que, tras seis meses de funcionamiento, continúa el proceso de integración de información generada durante décadas bajo distintos sistemas, metodologías técnicas y marcos normativos.

Explicó que la conclusión de la migración y depuración de datos históricos, junto con la futura implementación del Certificado Catastro Registral Inmobiliario y del Informe Catastro Registral Inmobiliario digital mediante el sistema SIGRE, permitirá reducir progresivamente los tiempos de tramitación y mejorar la calidad del servicio.

RUN busca poner fin a disputas por límites y títulos de propiedad, afirma titular del ente

Inconsistencias detectadas obedecen a varios factores

Respecto a las inconsistencias detectadas en algunos títulos de propiedad y sus representaciones gráficas, el RUN indicó que estas obedecen principalmente a antecedentes históricos, errores de ubicación, diferencias de superficie, problemas de nomenclatura y registros provenientes de sistemas anteriores.

Precisó que estas situaciones son identificadas durante la etapa de certificación catastro-registral y que, en un alto porcentaje, son resueltas mediante los mecanismos de revisión y subsanación previstos.

Finalmente, la institución recomendó a los ciudadanos que tengan trámites pendientes ante el RUN solicitar información y seguimiento a los abogados o notarios públicos responsables de gestionar sus expedientes.

Según el reporte oficial, las tareas de limpieza del Centro de Distribución Pitiantuta, ubicado sobre las calles Músicos del Chaco esq. 11 de Septiembre, arrancarán a las 20:00, por lo que se insta a las familias de las zonas afectadas a tomar las precauciones.

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La Essap explicó que, debido al trabajo de limpieza del reservorio, el servicio de agua potable podría verse resentido, con cortes del suministro o una baja presión en los barrios Pitiantuta y Kokué Guazú.

El servicio se irá normalizando de forma paulatina una vez que concluyan las tareas de lavado de la infraestructura, aunque la empresa no detalló una hora exacta para la reposición total del flujo.

Piden precaución a conductores por agua en el asfalto

La Essap advirtió que las tareas de desagote del reservorio podrían generar un importante escurrimiento de agua en la vía pública. “Recomendamos a los conductores y transeúntes circular con precaución”, señalaron.

Finalmente, la empresa estatal pidió disculpas a los usuarios de Fernando de la Mora por las molestias que este corte pueda ocasionar.

Dicha normativa obliga a los burós de crédito como Equifax (Ex Informconf) y otras similares que generan estos reportes, a incorporar las informaciones positivas como el historial de pagos de préstamos financieros, comerciales e incluso de servicios, que ayudan a los otorgadores de créditos a tener una mirada más equilibrada y justa sobre la situación financiera de los usuarios. En otras palabras, que tu nombre figure en los registros de burós de crédito puede resultar positivo, dependiendo de las operaciones financieras que el usuario necesite realizar y que requiera antecedentes sobre operaciones comerciales y financieras.

Anteriormente, el temido Informconf solo recopilaba los datos morosos de las personas, demandas y estas permanecían en la base de datos de la empresa por 10 años, lo que ha derivado en muchas dificultades a los ciudadanos.

Luego con la Ley 6534 “De protección de datos personales”, conocida como la “Ley Informconf”, se establecieron sanciones a empresas que revisen el historial crediticio durante procesos de empleo, se prohíbe el uso de datos para fines laborales o negar atención médica, y limita a 5 años el tiempo que las personas pueden permanecer en la lista de morosos, salvo excepciones.

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Historial crediticio, más que un registro moroso

El reporte de crédito, más conocido como el Informconf, muestra la información comercial de las personas y empresas con respecto a la adquisición y uso de productos de crédito, deudas, conducta de pagos, cheques rechazados y otros datos referidos al comportamiento financiero. En los últimos días nuevamente cobró notoriedad, luego que la Ande anunciará que reportará a clientes morosos.

Esta información recopilada por los burós de créditos, como se llama a las empresas que toman estos datos, es válida para instituciones y personas para distintos fines, ya sean comerciales o financieros. No así para contratación de personal, que está estrictamente prohibido para este uso, según la legislación actual.

Así, las entidades (como bancos, financieras y retails), al momento de ofrecer financiación (tarjetas de crédito, préstamos, tarjetas de crédito al consumo, etc.), consultan el reporte de crédito para conocer el comportamiento comercial de personas y empresas. La información del reporte es analizada junto con el resto de documentación que solicitan y, en base a ese análisis, toman las decisiones que se ajustan a sus políticas de crédito y capacidad de pago del cliente.

Según datos de Equifax (empresa que adquirió Informconf desde el 2013), más de 2.000.000 personas cuentan con información de cumplimiento de pago en su historial, lo que permite evaluar la historia completa de los sujetos de crédito. Por eso, también resulta relevante que los usuarios tengan la facilidad de consultar su reporte de crédito para conocer los datos que ven las entidades y poder actualizarnos en caso de necesidad.

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¿Cómo se puede consultar el reporte de crédito?

Para acceder al detalle de crédito, el usuario puede solicitar su reporte a través de más de 10.000 puntos de cobranza en todo el país, como Aquí Pago, Practipago, Pago Express y Wepa, o de forma digital en Pago Móvil y billetera electrónica de Personal.

En dichos puntos se puede solicitar el Reporte de crédito, presentando la cédula de identidad, abonando entre G. 18.000 y G. 30.000 para obtener una clave de acceso que le permitirá contar el respectivo registro.

También se puede solicitar ingresando al sitio web de Equifax o Informconf, donde se le solicitará algunos datos personales, y la clave se le enviará al correo tras el pago de una tarifa que ronda entre G. 36.000 y G. 70.000.

Otras de las formas de acceder es contactando gratuitamente al call center de Equifax al 0800 11 4636 o al (021) 439-9000, donde un asesor le brindará detalles sobre el reporte y las actualizaciones o correcciones necesarias. No obstante, también figuran en el sistema otros burós de crédito como BICSA (Buró de Información Comercial), Criterion e Infomercio, aunque en menor escala de datos.

Por otra parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) también habilitó desde marzo de este año un portal para acceder en línea a los reportes de Estado de Deuda de la Central de Riesgo Crediticio (CRC), de manera gratuita. Este buró contiene información información exclusivamente del sistema financiero.

BCP habilita nuevo portal para consultar “informconf bancario” sin costo

Cuentas morosas se borran al ponerse al día

Si el usuario que registre operaciones morosas, y desea salir de esa condición, debe abonar la deuda a la entidad que lo incluyó en dicha lista. Una vez eliminada la morosidad, ya no contará con ningún registro y no debe pagar nada al buró de créditos para eliminar dato alguno.

Las entidades suelen actualizar los burós de crédito en un lapso de 24 a 72 horas hábiles tras reportar el pago, aunque por ley el plazo máximo de actualización puede extenderse dependiendo de la política del buró

La información se actualiza una vez que la empresa comunica el pago, pero también puedes solicitar la actualización enviando un comprobante de pago al buró de crédito donde figura el registro moroso.

Dicho proyecto se enmarca en la Ley Nº 7201/23 promulgada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2023 que aprobó el financiamiento de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial.

Dicho programa contempla, además de estas obras en el centro de Asunción, el soterramiento de la línea de alta tensión en la Costanera Norte de Asunción, la revitalización del Banco San Miguel (pendiente de licitación), la recuperación y ampliación del Parque Caballero (adjudicada a la empresa Tecnoedil) y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuya licitación se planteó para este mes, pero sigue pendiente.

Sin embargo, de acuerdo a lo que denuncian los vecinos, la obra que forma parte de la revitalización de la plara Uruguaya busca talar 37 árboles del espacio, lo que generaría una pérdida importante para uno de los espacios verdes más emblemáticos del centro de Asunción.

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“Nos hemos enterado que para la intervesión en la plaza, deben derribar una gran cantidad de árboles. El sábado de tarde nos enteramos que van a derribar esa cantidad de arboles, para poder seguir con a intervensión de la plaza y en su lugar colocarán pisos y repondrán diez árboles. Es parte del proyecto que se inició con la intervención de la plaza O’leary, sobre Palma donde practicamente destruyeron esa plaza”, indicó en contacto con nuestra redacción Silvio Vázquez, uno de los vecinos.

Vecinos se movilizan contra tala de árboles en la plaza Uruguaya

Silvio contó que son más de 100 familias, hijos e incluso mascotas que utilizan el espacio verde como zona de esparcimiento. Contó que coloracon un pasacalles en la plaza en el que expresaban su objeción a la tala de árboles, pero que lastimosamente los trabajadores de la obra lo sacaron antes de una visita que realizó a la zona la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“El consorcio quiere unificar todas las plazas del centro con ese estilo (el de la plaza O’leary) poniendo pisos en zonas donde era area verde, cambiaron los asientos clásicos de madera por unos de cemento sin respaldo y plantaron esas horribles plantas que no sirven para nada, y hace más de un mes cerraron la Plaza Uruguaya para estas refacciones”, indicó.

Por su parte, el arquitecto especialista urbano, Fernando Duarte, quien trabaja como consultor de la Unidad de Ejecución del Proyecto de Resiliencia, a cargo del MOPC, explicó que lo que se realizó, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, fue un censo de los árboles de la Plaza Uruguaya.

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“La realidad es que acá lo que se solicitó en el pliego del contratante fue un censo de árboles, un relevamiento de todo el patrimonio de especies que hay y eso se compartió con la municipalidad para ver un plan. Hay árboles que están en riesgo de que se caigan, pero no significa que se van a talar. La municipalidad es la que autoriza este tipo de actos y estamos esperando eso”, precisó.

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Agregó que existen diferentes alternativas que se tienen que ver y evaluar con los técnicos a fin de buscar la mejor acción para cada árbol.

Insistió en que el proyecto busca potenciar todo el patrimonio material edilicio, como natural.

“La idea es que esto funcione como un parque, como un pulmón. Todos los árboles se mantienen. La idea era ver que hacer con aquellas especies o individuos se le llama, que representan un riesgo para los peatones. La última opción es talar, no se determinó si es que hay que talar. Hoy se le va a transmitir esto mismo a los vecinos. Se hizo un taller el 5 de junio donde se socializaron todas las obras y se va aprovechar para socializar de nuevo”, refirió.

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Dijo que buscan reforzar también el área verde en las zonas de tránsito, como las calles céntricas, como el caso del El Paraguayo Independiente, donde se van a ensanchar las veredas, soterrar los cables y plantar más árboles.

“Nuestro proyecto se instala en el centro y hay que armonizar la arborización con los edificios de cartacter patrimonial que hay que arreglar y se están arreglando. La idea es ir arborizando, mejorando la experiencia de los usuarios y los vecinos en estos espacios de alto valor patrimonial y natural”, señaló.

Recordó que la revitalización de la plaza Uruguaya es una de las primeras intervenciones de este contrato que fue adjudicado y continua con Paraguayo Independiente,, con la plaza de los desaparecidos y la Plaza de Armas.

Hasta su conexión con la ruta Fulgencio Yegros, el camino presenta importantes sectores dañados. En varios puntos, los conductores deben reducir considerablemente la velocidad para evitar caer en los profundos baches, lo que enlentece el tránsito y obliga a realizar bruscas maniobras para esquivarlos.

Los conductores que utilizan la deteriorada ruta se exponen a accidentes de tránsito, especialmente en horarios nocturnos.

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Un panorama similar se observa en la Ruta Departamental D023 Areguá-Patiño, principalmente en la zona del casco urbano de Areguá. El pavimento presenta importantes baches, cuyo deterioro se agrava por la acumulación de agua sobre la calzada tras las lluvias.

Visitantes de la ciudad lamentaron el estado de ambas rutas y solicitaron una pronta respuesta de las autoridades.

“Areguá es uno de los principales destinos turísticos en Central y sus accesos deberían estar en mejores condiciones. Es urgente que reparen estos caminos”, expresó Verónica Román.

Oscar Daniel Arévalos, señaló que “los fines de semana, con la Expo de la Frutilla, la cantidad de vehículos prácticamente se duplica y que debido al mal estado de las rutas se generan congestionamientos que ponen en riesgo a quienes llegan para disfrutar del paseo”.

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Los usuarios esperan que las autoridades competentes ejecuten cuanto antes trabajos de bacheo y mantenimiento, considerando la importancia de Areguá como ciudad turística y el intenso movimiento que registra durante la temporada de la tradicional feria.

Contactamos al Departamento de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para consultar si la institución tiene proyectado el arreglo de las referidas rutas departamentales. Desde la Dirección informaron que nos enviarían una respuesta.

El fenómeno climático se sintió con especial intensidad en la región Oriental. De acuerdo con el reporte oficial de la red de estaciones meteorológicas, la ciudad de Quyquyhó, ubicada en el departamento de Paraguarí, fue la gran protagonista meteorológica del día.

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El nuevo récord consistió en una temperatura mínima diaria de 5 °C. Con este valor, la localidad batió el récord anterior para un 13 de julio, que era de 5.6 °C y se había mantenido desde el año 2012.

Por otra parte, la temperatura más baja a nivel nacional se dio en el departamento de Caazapá. El termómetro descendió hasta los 4.2 °C en la estación ubicada en el Aeródromo Don Eduardo Schærer Vera y Aragón. Según la DMH, fue el punto más frío de todo el país.

¿Cómo seguirá el tiempo el martes?

El meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, informó que para mañana martes se mantendrán las condiciones frías durante las primeras horas del día en todo el país.

Meteorología: ¿cuánto frío hará en el inicio de la semana en Paraguay?

Las temperaturas mínimas previstas oscilarán entre los 7 y 13 °C; sin embargo, la tarde se presentará mucho más agradable, con máximas estimadas entre los 21 y 28 °C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que los vientos, inicialmente variables, rotarán por la tarde hacia el sector noreste.

El calor regresa a mitad de semana

El informe extendido de la DMH señala un cambio en las condiciones de cara al miércoles. Se espera que el frío comenzará a retirarse.

Las mínimas irán de 10 a 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 24 y 30 °C.

El intendentable es el diputado Carlos Pereira (PLRA) quien busca ser el sucesor de Luis Yd (Partido Patria Querida). Su principal rival es su colega legislador Sebastián “Cheba” Remesowski (ANR), ganador de la interna colorada.

En dicho contexto, el PLRA proclamó a Pereira y a sus seis candidatos a concejales. Los otros seis lugares en la lista fueron cedidos a la tercera fuerza.

Encarnación: Tiene siete aspirantes a intendente

El partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto, se queda con dos lugares mientras que reciben un lugar cada uno el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Democrático Progresista (PDP); el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Partido Participación Ciudadana (PPC).

El acto de proclamación se llevó a cabo en el comité de Encarnación Eligio Ayala. El evento fue encabezado por el presidente del PLRA Alcides Riveros y el gobernador de Itapúa, Javier Pereira.

Candidatos a concejales del PLRA y la alianza “Encarnación en Marcha”

• Keiji Ishibashi - Partido Revolucionario Febrerista
• Claudia Hermelinda Arévalos Duarte - PLRA
• Jorge Úrsulo Servián Alvarenga - PLRA
• Orlando Miglio - Partido de la Participación Ciudadana
• Natalia Verónica Enciso de Oreggioni - PLRA
• Carlos Marino Fernández Giménez - PLRA
• Fede Ubeda - Partido Patria Querida
• Noemi Candia - Yo Creo
• Gloria Beatriz Arregui Martínez - PLRA
• Ricky Cabrera - Partido Democrático Progresista
• Nilo Alí Rodas Núñez - PLRA
• Fabian Sanches Trinidad - Yo Creo

Miembros Suplentes

• Partido Revolucionario Febrerista
• Reinaldo Javier Núñez Ojeda
• José Nicolás Arregui Martínez
• Partido de la Participación Ciudadana
• Óscar Emiliano Rivarola Cabrera
• Denis Augusto Gómez Aquino
• Partido Patria Querida
• Yo Creo
• Nelson Benjamín Ríos Esquivel
• Partido Democrático Progresista
• Custi David Eckert Silvero
• Partido Político Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional

En comunicación con ABC, Gutiérrez detalló que la pequeña, de nacionalidad chilena, madre paraguaya y padre chileno, se encuentra actualmente bajo el cuidado y resguardo de su madre.

Ingreso legal a Paraguay y juicio en curso

El funcionario salió al paso de las versiones que indicaban que la menor había ingresado al país de forma irregular. Aclaró que la madre y la niña salieron de Chile con la autorización correspondiente, respetando todas las leyes migratorias vigentes.

“Lo que sucede es que esa autorización para viajar expira y la niña sigue permaneciendo en Paraguay. Hay una cuestión de un trasfondo entre los progenitores. La gente que dice que ella fue sustraída ilegalmente de Chile e ingresada ilegalmente a Paraguay, se equivoca”, puntualizó el ministro.

Gutiérrez explicó que ante la permanencia de la niña en el país tras el vencimiento del permiso (lo que podría configurarse como una retención indebida), el mecanismo legal correspondiente es el juicio de restitución internacional, una herramienta del derecho internacional vigente en Paraguay.

“El juicio de restitución internacional se resuelve en el lugar donde el niño o la niña se encuentra. Entonces, dicho esto, es la justicia paraguaya quien tiene que determinar si corresponde la restitución a su país de residencia habitual o eventualmente no”, subrayó.

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Rechazo a la “justicia por mano propia”

El ministro enfatizó que, más allá de que la madre presuntamente no haya cumplido con los plazos para retornar a Chile con la menor, la acción del padre constituyó una grave violación a las leyes.

“Lo que no se puede hacer es justicia por mano propia, como sucedió en este caso, y violar el régimen de relacionamiento que se estableció en un juicio y violar todas las leyes migratorias, tanto de Paraguay como de Argentina, y sustraerla ilegalmente a una menor de edad”, fustigó.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que la disputa legal está siendo canalizada a través de un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, y que será la jueza de la causa quien dictamine si corresponde o no el retorno de la niña a Chile. Cabe recordar que el padre de la menor ya fue imputado por las autoridades y cuenta con una orden de detención tras el operativo que permitió la localización de la niña en el vecino país.

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Garay puntualiza que esa transformación profunda no se limita a obras físicas, sino que debería incluir la modernización de la gestión, que indefectiblemente necesitará de la modificación de la Ley Orgánica Municipal, para convertir a la Municipalidad en el motor del desarrollo sostenible de Asunción.

El diagnóstico de Codeasu: una planilla inflada y quiebra financiera

El diagnóstico elaborado por los técnicos de Codeasu revela un factor que es por todos conocido, el severo sobredimensionamiento dentro de la estructura estatal de la capital. Carlos Pereira, interventor de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había revelado en agosto del año pasado, la presencia de más de 9.119 funcionarios en la nómina comunal. Para Garay, con unos 2.000 bien seleccionados, capacitados y motivados bastaría para operar con eficiencia.

La distribución presupuestaria destina más del 90% de los ingresos para mantener esta pesada estructura salarial. Esta rigidez deja un margen nulo para canalizar inversiones reales en infraestructura vial, desagüe pluvial o servicios públicos básicos. Paralelamente, Codeasu estima que la recaudación efectiva alcanza apenas el 50% del potencial real por mantener registros catastrales totalmente desactualizados y debilidades en la gestión del cobro .

Fideicomisos y agencias autónomas para destrabar la burocracia

El planteamiento de Codeasu busca evitar que los procesos burocráticos tradicionales impidan la ejecución de los proyectos, mediante la habilitación de organismos específicos dotados de autonomía para gestionar proyectos complejos, como la Franja Costera, evitando que los cambios políticos paralicen esos procesos.

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La reforma contempla además la puesta en marcha de instancias de interés público, como una Agencia de Desarrollo Urbano abocada a la revitalización del Casco Histórico. Asimismo, el proyecto plantea establecer mecanismos formales de gobernanza metropolitana en coordinación directa con las administraciones municipales vecinas. Esta articulación resulta indispensable para resolver las problemáticas del caótico transporte público, el ordenamiento del tránsito y la construcción de soluciones pluviales.

El espejo de Medellín y la necesidad de un pacto político

El plan toma como referencia técnica internacional la reestructuración implementada en Medellín, Colombia, donde reconvirtieron el sistema de gestión local. La experiencia colombiana basó su éxito en el diseño de corporaciones descentralizadas y empresas públicas de alta eficiencia operativa, en las que los excedentes financieros generados por dichas agencias retornan de forma directa al presupuesto municipal para financiar proyectos sociales estratégicos.

Gonzalo Garay afirma que un programa normativo como este requiere un pacto político y social de amplio espectro interinstitucional. “La reforma de la Municipalidad de Asunción no es solo un desafío técnico: es una decisión política de alto nivel que debe involucrar en forma directa y activa al presidente de la República, al Congreso Nacional, a la Intendencia y a la Junta Municipal”, remarcó. Este pacto debe blindar los planes técnicos de largo plazo, con horizontes al 2030 o 2050, frente al cortoplacismo de los períodos electorales

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Garay sostiene que la problemática urbana abarca de forma simultánea tanto la degradación del territorio como la crisis institucional. El especialista aclara que la implementación de esta reingeniería administrativa no generará resultados visibles de manera inmediata en la comunidad. La consolidación de las metas propuestas demandará un proceso de ejecución continuo, planificado y con una activa participación ciudadana.

Los Foros de la Ciudad: debate de candidatos y calendario clave

Codeasu inició el 2 de julio los “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”. La propuesta apunta a que la ciudadanía, las organizaciones sociales, gremios, la academia y los propios candidatos dialoguen sobre los problemas diarios de Asunción y planteen soluciones concretas inspiradas en experiencias internacionales exitosas. De la primera jornada participaron los candidatos a intendente, Soledad Núñez (Juntos por Asunción) y Camilo Pérez (ANR-HC), además de candidatos a la Junta Municipal.

La segunda jornada de los Foros de la Ciudad se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

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El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

El Codeasu es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.

El pedido cobra especial relevancia luego de que el proyecto de ley del propio legislador, que plantea modificar el esquema de administración del programa Hambre Cero, permaneciera sin tratamiento durante varios meses.

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El proyecto de resolución establece que el Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Tadeo Rojas, deberá remitir, en un plazo máximo de 15 días, un informe físico y digital con dos datos específicos:

• El listado de las empresas adjudicadas del programa Hambre Cero en el departamento Central.
• La nómina de productores de la agricultura familiar campesina que proveen alimentos a esas empresas.

Soroka sostiene que la información permitirá conocer con mayor precisión cómo se ejecuta el programa y cuál es el nivel de participación real de los pequeños productores dentro de la cadena de abastecimiento.

La propuesta para descentralizar Hambre Cero

El pedido de informes se da en paralelo al estudio de un proyecto de ley que busca modificar el modelo de gestión del programa de alimentación escolar.

La propuesta plantea que el Ministerio de Desarrollo Social continúe administrando Hambre Cero únicamente en Asunción, Central y Presidente Hayes, mientras que en el resto del país la ejecución pase directamente a las municipalidades, dejando atrás el esquema actualmente administrado por las gobernaciones.

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Según la exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la agricultura familiar campesina mediante una compra más directa a productores locales, reducir la intermediación comercial, dinamizar las economías distritales y garantizar alimentos más frescos para los estudiantes.

Controles y mecanismos de fiscalización

El proyecto también incorpora mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos. Entre ellos se incluyen la obligación de presentar informes semestrales a la Contraloría General de la República, la posibilidad de intervención del Ministerio de Desarrollo Social cuando existan deficiencias en la administración municipal y la responsabilidad patrimonial directa de los funcionarios en casos de malversación de fondos.

Con el pedido de informes, Soroka busca obtener un panorama detallado sobre quiénes ejecutan actualmente el programa en el departamento Central y cuál es la participación efectiva de los productores de la agricultura familiar, un aspecto que considera central dentro del debate sobre una eventual descentralización de Hambre Cero.

Mientras el informe policial refiere un presunto disparo accidental, vecinos aseguran que se habría tratado de un suicidio y los familiares sospechan que la víctima pudo haber sido asesinada.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 26ª del barrio Primero de Marzo, el hecho ocurrió alrededor de las 12:40 en una vivienda del asentamiento San Rafael. Según la manifestación de Hugo Monzón García, de 23 años, ambos se encontraban juntos cuando la víctima manipulaba un revólver calibre 22 y, presuntamente, el arma se disparó de manera accidental, provocándole la lesión fatal.

En el procedimiento fue incautado un revólver marca Doverman Extra, calibre 22, sin número de serie visible, que contenía cinco cartuchos en el tambor, de los cuales dos estaban percutidos. El arma quedó a disposición del Ministerio Público como evidencia.

Hasta el Hospital Materno Infantil acudieron la fiscal Norma Montanía y la médica forense Lorena Mascareño, quien diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico por disparo de arma de fuego. Personal del Departamento de Criminalística también intervino en el procedimiento para el levantamiento de evidencias.

Ante estas discrepancias, el Ministerio Público dispuso que el cuerpo sea remitido a la Morgue Judicial de Asunción para la realización de la autopsia correspondiente, cuyo resultado será clave para determinar la causa y la forma de la muerte, así como para orientar el curso de la investigación.

Las autoridades señalaron que la pesquisa continúa y que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de los estudios forenses y las demás diligencias investigativas.

En ese aspecto, en entrevista con ABC comentó que dentro de la cuota de la Unión Europea existe una porción destinada a productos lácteos y que se debe analizar qué mercaderías pueden ser competitivas en ese mercado. Además el potencial para el citado sector en Taiwán.

Taiwán y el potencial para lácteos

En ese sentido, Martin Camperchioli también comentó que con Taiwán hay un proceso de negociación y admitió que no sabe “si están en un enfriamiento” entre las relaciones de ambos países en las últimas semanas. No obstante, resaltó que se logró la apertura para el sector avícola después de un largo proceso y que ya se concretó el primer embarque.

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Respecto al sector lácteo, indicó que existe una posibilidad de compra de la nación asiática y que es un mercado importante. En ese contexto, reconoció que hay “algunas cosas” que las autoridades taiwanesas vienen solicitando desde hace cinco años y que Paraguay debe cumplir, aunque alegó que se está avanzando en esos puntos.

“Hay un tema que tenemos que solucionar primero, pero el mercado taiwanés tiene un potencial enorme, que hoy es abastecido casi en un 100% por Nueva Zelanda, no solamente para leche en polvo, sino también para productos frescos”, explicó.

El titular del servicio veterinario precisó que la logística representa una dificultad, debido a la diferencia de distancia entre ambos países.

“Nueva Zelanda está a cinco días en barco y Paraguay a 65 días”, indicó. Sin embargo, reiteró que la leche en polvo tiene posibilidades de ingresar a ese mercado y que se continúa trabajando en esa dirección.

“Se enfriaron un poco las relaciones (con la nación asiática). Tuvimos una relación no tan buena hace varias semanas y esperemos solucionar esto para poder avanzar, porque todavía hay negociaciones para carne bovina y porcina”, destacó.

Agregó que existe un proceso de prelisting (preparación logística) y auditorías, y destacó la importancia del mercado taiwanés para la carne paraguaya.

“Este año terminaran siendo el principal mercado para la carne porcina paraguaya y, para la bovina, están en la cuarta posición, que para el volumen que se maneja no es despreciable”, detalló sobre nación taiwanesa.

Nuevos mercados para la carne bovina

Sobre las posibilidades de ampliar los destinos para la carne bovina, Martin señaló que Paraguay recibió semanas atrás la auditoría de México y consideró que el país “salió bien” de las inspecciones. Por ello, estimó que el mercado podría estar operativo hacia finales de este año o inicios de 2027.

“Ellos (las autoridades mexicanas) son muy ordenados y se manejan de manera muy similar a Estados Unidos. Esperemos que se puedan cumplir los plazos. Confío en que Paraguay pasó muy bien la auditoría, pero hay tiempos burocráticos que hay que respetar y que no dependen de nuestro país, sino de la nación compradora”, afirmó.

Visita de Turquía en agosto

Por otro lado, el presidente informó que durante la primera semana de agosto se recibirá a tres comitivas de Turquía, que realizarán durante una semana verificaciones sobre la inocuidad del complejo cárnico paraguayo.

En cuanto a la exportación de animales en pie al mercado turco, señaló que el mercado ya está habilitado, se cuenta con el certificado sanitario correspondiente y que el proceso está negociado.

En el caso de la carne bovina, explicó que aún quedan algunos puntos por definir, relacionados principalmente con aspectos religiosos y no sanitarios.

“También esperamos una auditoría de Egipto, el sector industrial pidió su postergación hasta septiembre, pero las autoridades egipcias pretenden llegar en la segunda semana de agosto. Aún no definimos ese punto”, apuntó.

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Por último, Martin subrayó que este año se esperaba contar con la visita de Corea del Sur, pero reconoció que el proceso no avanza “al ritmo esperado”.

También informó que Chile realizará una visita para la revalidación de todas las plantas habilitadas y la incorporación de nuevos establecimientos, entre ellos el frigorífico Los Lazos, que aún requiere autorización para exportar a ese destino.

Indicó que en el transcurso de esta semana está prevista la llegada, desde Encarnación (Itapúa), de una máquina retroanfibia que será utilizada para retirar las algas acumuladas en el río Paraná, aguas abajo del vertedero Aña Cua.

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Ferreira señaló que también avanzan las gestiones impulsadas por las diez asociaciones de pescadores para que los propios trabajadores del sector participen en las tareas de limpieza. La medida busca generar una alternativa de ingresos mientras persiste la crisis pesquera que afecta a la zona.

En ese contexto, existe la posibilidad de concretar contratos de trabajo temporales con una duración aproximada de seis meses.

Mencionó, además, que se elaboró un listado de personas dedicadas a la pesca como principal medio de sustento, con diferentes especialidades. El resultado fue presentado a la EBY para que puedan acceder a oportunidades laborales como obreros en la construcción de la central del brazo Aña Cua.

Además, se aguarda la entrega de asistencia alimentaria mediante kits de víveres, mientras continúan las gestiones para desarrollar proyectos alternativos de trabajo destinados a las familias que no pueden desarrollar sus actividades pesqueras debido a la escasez de peces en el río Paraná, en la zona de Ayolas, finalizó.

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La decisión deja sin efecto la fecha anteriormente fijada para el 6 de agosto, establecida tras la suspensión del juicio debido a una superposición de audiencias en la agenda del Tribunal de Sentencia.

La nueva resolución fue dictada luego del Auto Interlocutorio emitido por el Tribunal de Apelación de la Niñez, Adolescencia y Penal Adolescente, que analizó los recursos promovidos por el Ministerio Público contra la postergación del juicio. Con el cambio de fecha, el debate oral comenzará apenas un día antes de que el adolescente procesado cumpla un año bajo la medida cautelar de prisión preventiva, plazo que había generado preocupación por parte de los fiscales de la causa.

El Ministerio Público había advertido que mantener el juicio para agosto podía provocar un serio riesgo procesal, debido a que el acusado tendría la posibilidad de solicitar el levantamiento de la medida privativa de libertad antes del inicio del debate. Según había explicado la agente fiscal Laury Vázquez, esa situación incrementaba el peligro de fuga y podía comprometer el normal desarrollo del proceso penal.

La controversia surgió luego de que el juicio, previsto originalmente para junio, fuera suspendido por la coincidencia con otra causa penal ya agendada por el Tribunal de Sentencia. Posteriormente, los jueces rechazaron un recurso de reposición planteado por la Fiscalía y defendieron la reprogramación para agosto, argumentando que la decisión obedecía a la elevada carga laboral del tribunal, la imposibilidad de celebrar juicios simultáneos y dificultades logísticas para el traslado de personas privadas de libertad.

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No obstante, el Ministerio Público insistió en que la postergación afectaba los principios de celeridad procesal y plazo razonable, además de poner en riesgo la continuidad del proceso debido al vencimiento de la prisión preventiva.

Finalmente, la intervención del Tribunal de Apelación derivó en el adelantamiento del juicio, una medida que permite iniciar el debate antes de que expire el plazo de la medida cautelar y evita, al menos por ahora, el escenario advertido por la Fiscalía.

El juicio se desarrollará bajo las reglas especiales previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, debido a que el acusado era menor de edad al momento de los hechos investigados. Por esa razón, la legislación paraguaya prohíbe la difusión de datos, imágenes o cualquier información que permita identificar al adolescente sometido al proceso penal.

PLRA cumplirá 139 años, apunta a 100 intendencias y ya lleva 14 consensos con Yo Creo

En las opciones, según el distrito, ya aparecen todos los candidatos oficiales a intendentes y concejales de los partidos políticos o alianzas.

De esta manera, el elector ya puede practicar su ejercicio del derecho al voto y familiarizarse con sus candidatos, especialmente en la lista de concejales. Asunción tiene 24 ediles, mientras que el resto de los distritos tiene entre 12 y 9 ediles en dichos colegiados.

Asunción: 4 intendentables y 10 listas de concejales

En el caso de Asunción, ya aparecen en el simulador de votación Camilo Pérez por la ANR, Sole Núñez por la Alianza Juntos Por Asunción, Rodrigo Franco Bukele’i por el PDC y Arlene Aquino por Patria Soñada. Todos ellos con sus respectivos colores seleccionados por sus respectivas agrupaciones.

Para el voto de miembros de la Junta Municipal, la capital tendrá un total de 10 listas y el orden de ingreso puede ser modificado gracias al voto preferente (lista desbloqueada).

En el caso de Ciudad del Este, aparecen cinco candidatos a intendente, siendo los más fuertes Rigo Chamorro por la ANR y Dani Mujica, quien busca la reelección, por Yo Creo.

Recordemos que para integrar las listas de las alianzas opositoras, las opciones fueron conformadas con candidatos de varios partidos cuyas fotografías aparecerán juntas por primera vez.

A esto se suma que los candidatos a intendentes y concejales que en internas aparecían por un partido político, ahora podrían figurar con los nombres de sus respectivas alianzas.

Hasta el 7 de agosto pueden renunciar

La actualización del simulador de votación se da mientras la Justicia Electoral inicia el periodo de tachas y reclamos de candidatos.

Igualmente, se lanza poco antes del 16 de julio, fecha en que iniciará el periodo habilitado de propaganda electoral en todas las plataformas.

Las opciones en cada pantalla todavía pueden variar ya que recién el 7 de agosto se cumple el plazo final para que los candidatos puedan presentar renuncias o sustituciones.

Tanto el PLRA como Yo Creo y otras agrupaciones de la Tercera Fuerza buscan llegar a consensos y organizar encuestas en 31 distritos para que solo aparezca un candidato opositor. Recuerdan que el voto dividido puede dar más chances a la ANR.

El sitio web habilitado por el TSJE es simuladoroficial.tsje.gov.py,

Las presentaciones estuvieron marcadas por propuestas de modernización institucional, incorporación de inteligencia artificial, fortalecimiento de auditorías preventivas, transparencia y mecanismos para recuperar recursos públicos desviados mediante hechos de corrupción.

Sin embargo, el eje de la jornada terminó desplazándose hacia un tema impulsado reiteradamente por el presidente de la comisión, el senador cartista Javier Zacarías Irún, quien volvió a instalar el debate sobre la relación entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas.

La supuesta “laguna legal”

Durante varias intervenciones, Zacarías Irún sostuvo que existe un vacío normativo que provoca conflictos entre ambas instituciones. Según expuso, la Contraloría realiza auditorías que carecen de efecto vinculante, mientras que el Tribunal de Cuentas sí dicta resoluciones con carácter jurisdiccional que otorgan seguridad jurídica a los administradores públicos.

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A criterio del legislador, el problema radica en que el Tribunal de Cuentas puede emitir resoluciones sin contar previamente con auditorías técnicas elaboradas por la Contraloría, por lo que planteó la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación entre ambas instituciones.

“Para mí, la Contraloría debe actuar a priori y el Tribunal de Cuentas a posteriori”, expresó durante la audiencia, al señalar que buscará impulsar una solución legal para zanjar lo que calificó como una “laguna” existente en el sistema de control estatal.

Un debate que revive una vieja controversia

La posición expuesta por Zacarías Irún reabre una discusión que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos de parte de la propia institución contralora.

En diversas oportunidades se criticó que administradores públicos recurran al Tribunal de Cuentas para obtener resoluciones que, en la práctica, terminan bloqueando o limitando auditorías posteriores de la Contraloría, mecanismo conocido como el puenteo al organismo constitucional de control.

Precisamente sobre ese punto giraron varias de las respuestas de los candidatos, a raíz de la consulta del senador Zacarías Irún.

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El postulante Carlos Vera Ruiz, actual magistrado, explicó que la Ley N.º 276/94 contempla situaciones en las que determinadas instituciones pueden quedar bajo intervención del Tribunal de Cuentas, aunque sostuvo que este órgano posee funciones eminentemente jurisdiccionales y no cuenta con la misma estructura técnica de auditoría que la Contraloría.

A su turno, Rolando Martínez diferenció claramente las competencias de ambas instituciones al señalar que la Contraloría investiga y audita la administración financiera del Estado, mientras que el Tribunal de Cuentas juzga posteriormente esos actos administrativos.

Los candidatos priorizan modernización y prevención

Más allá del intenso intercambio sobre el Tribunal de Cuentas, los postulantes enfocaron sus exposiciones en fortalecer la capacidad operativa de la Contraloría.

Rolando Martínez advirtió que el presupuesto destinado a capacitación resulta insuficiente para preparar al personal en el uso de herramientas de inteligencia artificial, una de las principales apuestas para modernizar los procesos de fiscalización.

Por su parte, Dionisio Valinotti propuso implementar auditorías basadas en riesgos, desarrollar matrices nacionales para detectar focos de corrupción, establecer alertas tempranas y publicar de manera transparente los resultados de las auditorías y los niveles de cumplimiento de las instituciones públicas.

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El abogado Lorenzo Scavenius sostuvo que la Contraloría dispone de personal capacitado, pero necesita una conducción independiente que no responda a intereses políticos y que impulse controles efectivos sobre gobernaciones y municipalidades.

Mientras tanto, Óscar Forestieri planteó fortalecer el intercambio de información en tiempo real con instituciones como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Banco Nacional de Fomento para detectar irregularidades antes de que los hechos de corrupción se consumen.

También apuntó al Ministerio Público

Otro de los ejes planteados por Zacarías Irún fue el escaso resultado de las denuncias remitidas por la Contraloría al Ministerio Público.

El senador sostuvo que numerosos informes técnicos terminan “encajonados” sin una definición fiscal y planteó analizar reformas legales que establezcan plazos para que la Fiscalía investigue, desestime o impulse las causas derivadas de auditorías del organismo contralor.

Aparentemente, los agente de Investigaciones ya estaban siguiendo los pasos del funcionario penitenciario, quien sería parte de una verdadera organización criminal que se encarga de meter todo tipo de vicios a la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.

Dicha actividad aparentemente generaba buenísimas ganancias de la estructura criminal y a los miembros de la misma que se reflejaba en su nivel de vida, que para nada coincidía con su sueldo de funcionario.

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Ya lo estaban siguiendo

Desde hace unos días los agentes comenzaron a seguir los pasos de Ramírez y en la mañana de este lunes los agentes recibieron el dato preciso que el sospechoso iba a meter algo al penal, pero sin especificar qué cosas.

Poco después de las 10:00 los oficiales de Investigaciones interceptaron al funcionario cuando al mando de su automóvil Volkswagen Golf, de color negro, con matrícula HCN 503 sobre una calle del barrio Santa Ana.

El vehículo fue revisado minuciosamente en la parte posterior, dentro de una mochila fueron encontrados cinco panes de marihuana prensada con un peso de 2 kilos con 400 gramos, por lo que se procedió a la detención del guardiacárcel y la incautación de la droga y el vehículo.

De acuerdo con la información difundida sobre el lanzamiento, la iniciativa es coordinada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en articulación con Meta. El objetivo es combinar la capacidad operativa del Estado con el alcance de las plataformas digitales para acelerar la respuesta comunitaria ante una desaparición.

Con este paso, Paraguay se integra a una red global y se posiciona como el cuarto país en Sudamérica en adoptar este mecanismo de respuesta inmediata, inspirado en el reconocido protocolo internacional de la “Alerta AMBER”.

Cómo funcionará el sistema de Alerta MAFE en redes sociales

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó en comunicación con ABC Cardinal los detalles operativos de la plataforma, aclarando que, en esta primera etapa, el protocolo funcionará exclusivamente en Facebook, Instagram y Messenger, quedando WhatsApp fuera del esquema por el momento.

El sistema se activa únicamente cuando las autoridades emiten una Alerta MAFE. En ese momento, las personas que se encuentren dentro de un radio de 160 kilómetros del lugar donde el menor fue visto por última vez reciben una notificación en alguna de las tres aplicaciones.

Las alertas incluyen información que puede ser decisiva en las primeras horas:

• Fotografía del niño, niña o adolescente
• Descripción física
• Ubicación del incidente
• Otros datos disponibles que puedan aportar a la búsqueda

Según lo informado, la notificación permanece visible durante 24 horas, salvo que las autoridades la cancelen antes. Además, los usuarios pueden compartir la alerta con familiares y contactos, ampliando el perímetro informativo más allá del primer grupo notificado.

Otro de los puntos resaltados por Gutiérrez es el cambio en la recepción de las denuncias, amparado en la ley que rige desde diciembre de 2025.

“Identificamos como un problema que antes se decía que tenían que pasar 24 o 48 horas para denunciar. Con la nueva ley, la denuncia se puede hacer desde el primer minuto que nosotros consideramos que tuvo que estar con nosotros un niño, un adulto mayor o cualquier persona”, enfatizó Gutiérrez.

El ciudadano afectado solo debe acudir a la comisaría más cercana o llamar al sistema 911. Inmediatamente se activa una alerta de forma interoperable con el Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional en Asunción, que carga los datos en un formulario integrado con Meta para la difusión digital inmediata.

El factor de la responsabilidad ciudadana

Ante el riesgo de que la población termine “acostumbrándose” o ignorando estas alertas si se vuelven frecuentes, el titular del MINNA apeló a la empatía de la sociedad. “El Estado plantea esta herramienta, pero depende demasiado de que seamos ciudadanos empáticos y nos tomemos 10 segundos para verificar la información que nos sale en primer lugar”, señaló.

Gutiérrez informó que en lo que va del año ya se registraron aproximadamente entre 300 y 350 reportes de niños y adolescentes desaparecidos. Aunque aclaró que la gran mayoría afortunadamente ya cuenta con un reporte de retorno, reconoció que la Policía Nacional trabaja en depurar los sistemas informáticos, ya que muchas familias omiten levantar formalmente la denuncia una vez que el menor regresa a su hogar.

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Del modelo AMBER a la versión paraguaya

El sistema se inspira en la experiencia de la Alerta AMBER, nacida en Estados Unidos en homenaje a Amber Hagerman. Según los datos aportados en el anuncio, desde su integración a plataformas de Meta en 2015, este tipo de alertas ayudó a resolver casos en 38 países. En América Latina ya se implementó en naciones como Argentina, Brasil, Ecuador y México.

En Paraguay, el programa adopta el nombre MAFE en homenaje a María Fernanda Benítez, desaparecida el 27 de mayo de 2025 y hallada muerta pocos días después. La Ley MAFE fue promulgada en diciembre de 2025 y establece la cooperación con plataformas digitales para garantizar una difusión masiva de alertas.

“Cada minuto cuenta”

Durante la presentación, Emily Vacher, directora global de Seguridad de Meta, enfatizó el impacto de la inmediatez en estos casos. “Cuando un niño, niña o adolescente desaparece, cada minuto cuenta. Las primeras horas son críticas”, subrayó la ejecutiva.

El sistema ya se encuentra operativo en el país y coordinará sus acciones de forma directa entre los equipos técnicos de seguridad ciudadana y los servidores de Meta.

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“Hoy el Instituto de Previsión Social es la vaca lechera de este gobierno para los negocios que ellos pretenden, Es evidente que en ese negocio están vinculados los intereses del presidente de la República (Santiago Peña), que tuvo -entre comillas- lazos con este banco (Ueno), y que encima, después no puede explicar su patrimonio. O sea, que todo está como conectado y enlazado", dijo Benítez.

Remarcó que mientras los cartista se enfocan en IPS como su “negocio”, nada están haciendo para resolver la grave advertencia que hizo el presidente de la previsional, Isaías Fretes, la semana pasada, de que si no solucionan las limitaciones vía decreto del Ejecutivo para realizar licitaciones urgentes, el déficit de medicamentos, insumos y servicios será más catastrófico tras este fin de mes.

“El IPS es visto como simplemente una cartera de negocios. Ahí no importan los medicamentos, no importa el futuro de los asegurados. No es ese el foco del de la mayoría cartista", remarcó Benítez.

Todo está conectado

El diputado opositor afirmó que todo en este gobierno está conectado, por una parte el copamiento de las instituciones y por el otro, los negocios del poder que encuentran campo fértil para prosperar en la impunidad que tienen garantizada.

“En ese plan de debilidad institucional se han aprobado leyes para favorecer un banco, se ha creado una normativa IPS para favorecer a un banco y que otra vez, después se viola alegremente y no pasa absolutamente nada”, mencionó.

Esto hace referencia a que recientemente el IPS y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se vieron obligados a admitir que la previsional violó los topes para depósitos de sus fondos en una misma entidad para favorecer a Ueno, y recién una vez pillados, se vieron forzados a retrotraerse.

“Acá el control está desapareciendo y se impuso el libre albedrío, que es la forma en que ahora manejan dentro de las instituciones de la República”, y que, junto al copamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y el sometimiento de la Fiscalía y de una mayoría de la Corte Suprema de Justicia, forman parte de un plan de destrucción de la institucionalidad republicana.

Como Camilo Benítez, no buscan idoneidad, sino “genuflexión”

“Ese plan de destrucción de la República que tiene el cartismo apunta ahora a la Contraloría”, alertó el diputado Raúl Benítez haciendo referencia a que en el Senado se realiza el proceso de conformación de ternas, donde el actual contralor colorado, Camilo Benítez Aldana, tendría asegurada la reelección, pero con la novedad de que también querrían ubicar a un subcontralor colorado, en vez del liberal Augusto Paiva, es decir, copar también la Contraloría.

Para el diputado opositor, se burló del argumento de “Bachi”, que dijo que supuestamente quería dejar de lado el sistema de “cuoteo” (control mutuo) para apuntar a la “idoneidad”, cuando el cartismo puso a un presunto abogado “mau” al frente del JEM, el exsenador cartista Hernán David Rivas.

“El cartismo lo que premia es la capacidad de arrodillarse. Y Camilo tiene esa capacidad. Camilo (Benítez) cumple con la única capacidad que hoy se pide: capacidad de arrodillarse” y gracias a ellos tiene casi asegurada su reelección.

No obstante, aclaró que no es el único que cumple con esa “cualidad” de la genuflexión, sino que también lo viene demostrando la Fiscalía de Emiliano Rolón y lo hizo una mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al rechazar la restitución en su banca de la exsenadora Kattya González.

El comerciante señaló que no hay mucha presencia de policías por el barrio y agregó que las calles son casi intransitables, lo que dificulta el ingreso constante de las patrulleras en el sector donde está su negocio.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los maleantes -uno de contextura física delgada y el otro más robusto- llegaron hasta el lugar a bordo de una moto, que dejaron estacionada en frente del comercio.

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Ambos sinvergüenzas ingresaron al lugar, donde a esa hora había varios clientes haciendo compras. Mientras uno fue a reducir a la cajera Romina Giménez, el otro caminó directo hasta la carnicería donde encañonó al encargado Ulises Galeano.

De la caja se llevaron alrededor de G. 1.000.000 producto de las últimas ventas efectuadas entre la siesta y la tarde, pero el que fue hasta la carnicería ingresó a la oficina administrativa, donde encontró la caja fuerte, que también llevaron.

Según Sostoa, el cofre de seguridad que estaba en la oficina administrativa estaba cargado con unos G. 7.000.000, pero los criminales también despojaron a los clientes de lo poco que llevaban en las manos para adquirir productos.

Huyeron con la caja fuerte

Tras consumar el golpe, ambos delincuentes salieron tranquilamente a la vereda, donde guardaron sus armas en la cintura abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon del sitio, sin mucho apremio. El que iba de acompañante llevaba la caja fuerte bajo el brazo.

Mediante este sistema, la Receita Federal de Brasil permitía el ingreso por el Puente de la Amistad, habilitando un acceso en la cabecera del puente y evitando la extensa fila sobre la BR-277. En el lado paraguayo, el paso se realizaba a través del predio de la Base Naval.

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Para acceder a la lista de beneficiarios era necesario presentar varios documentos que acreditaran el estado o la condición del paciente.

Sin embargo, desde el 26 de junio pasado, las autoridades brasileñas informaron la cancelación del paso prioritario. Un grupo de padres, madres y tutores de niños y jóvenes con TEA presentó una nota formal a la Receita Federal de Brasil, en Foz do Iguaçu, solicitando la restitución del paso preferencial, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Con la cancelación del paso prioritario, los afectados deben soportar largas horas de espera en el intenso congestionamiento fronterizo, tanto para ingresar a Brasil como para regresar a Ciudad del Este después de sus terapias y consultas médicas.

Reclamo de concejal

La concejal municipal de Ciudad del Este, Valeria Romero (Yo Creo), se pronunció al respecto y solicitó una solución humanitaria para los pacientes afectados por el cierre del paso prioritario en el Puente de la Amistad.

Romero manifestó su solidaridad con las familias, tanto en su rol de concejal como de madre de un niño con TEA, e instó al delegado de la Receita Federal a reconsiderar la medida desde una perspectiva humanitaria, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de este cruce fronterizo para preservar su salud y calidad de vida.

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La edil también impulsó la Ordenanza N.º 005/2026 JM, mediante la cual se creó el Programa Corredor Sanitario Transfronterizo (Remapac-D), una iniciativa destinada a agilizar y brindar mayor seguridad al traslado de pacientes que necesitan atención médica urgente. La normativa fue homologada por la Intendencia Municipal y remitida a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para su implementación.

La ordenanza beneficia principalmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves o de alta complejidad y casos que requieren atención médica especializada. No obstante, la concejal señaló que su alcance se limita al ámbito municipal y que las decisiones sobre el ingreso al territorio brasileño dependen exclusivamente de las autoridades de la Receita Federal, motivo por el cual insistió en la necesidad de reabrir el paso prioritario en beneficio de cientos de familias de la región fronteriza.

Explicó que un pronunciado desnivel en la capa asfáltica y la presencia de numerosos baches son consecuencia de la suspensión de las obras durante la última etapa del gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

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La intervención asfáltica fue ejecutada parcialmente en junio de 2023 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Según Cáceres, el desnivel del pavimento provoca la pérdida de estabilidad de los vehículos, incrementando considerablemente el riesgo de accidentes de tránsito. Recordó que en ese tramo ya se registraron varios siniestros, algunos con derivaciones fatales, y advirtió que el peligro se agrava durante la noche y en jornadas de intensas lluvias debido a la escasa seguridad que ofrece la carretera.

Asimismo, recordó que a finales de enero pasado el MOPC anunció que los trabajos de recapado y señalización se reanudarían en los primeros días de febrero. Sin embargo, el compromiso no se cumplió y, hasta la fecha, las obras continúan paralizadas sin que exista una explicación pública sobre la demora.

Cáceres también señaló que la ruta, construida durante la ejecución de la represa Yacyretá, nunca recibió un mantenimiento integral, situación que derivó en el progresivo deterioro de la capa asfáltica y en las actuales condiciones de inseguridad para quienes utilizan esta vía de comunicación.

Finalmente, instó al Gobierno Nacional y al MOPC a dejar de postergar la reactivación de las obras y ejecutar las intervenciones necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación en una ruta considerada estratégica para la conexión con otras ciudades y para el desarrollo de la actividad turística y económica de la región.

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Atribuyen la responsabilidad por la supuesta “omisión ilegítima, arbitraria y continuada” de las instituciones, que provoca el incorrecto funcionamiento de las estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado sanitario y de la red cloacal de la ciudad.

La solicitud de amparo será atendida por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2º turno de la ciudad de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa, Rossana Verón de Arca.

Los denunciantes piden “se obligue imperativamente a ambas instituciones a que pongan en condiciones el sistema de alcantarillado sanitario y red cloacal de Encarnación”. En ese sentido, refieren que existen bombas que no están en funcionamiento y que deben ser reemplazadas.

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Contaminación de arroyos

El documento cita un informe técnico realizado por la Secretaría del Ambiente de la Gobernación, elaborado en octubre de 2025. En el mismo se confirma que, de ocho muestras tomadas en distintos arroyos, siete de ellas muestran una alta concentración de coliformes fecales, con registros muy superiores a lo permitido por la Resolución 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

La red cloacal desemboca en la planta de tratamiento del barrio Nueva Esperanza de Encarnación, mediante un sistema que funciona por gravedad y estaciones de bombeo. Existen al menos 63 estaciones que fueron construidas y actualmente son administradas por la EBY.

De acuerdo con el rango referencial estipulado por la Resolución 222/02 del Mades, cada 100 ml debería contener hasta 1.000 coliformes fecales. Los resultados en siete de los puntos analizados superaron ampliamente este rango, con registros de entre 4.300 y 2.400.000 NMP/100 ml.

Las estaciones de bombeo cuentan con un mecanismo de “bypass” que hace que las aguas negras se viertan directamente en los arroyos en caso de que el sistema de bombeo y las piletas estén llenos por la falta de circulación.

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Pedirán habeas data

En el petitorio solicitan condenar a los demandados a que, en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia, procedan a poner en funcionamiento las 63 estaciones de bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Red Cloacal de la Ciudad de Encarnación.

El representante de la organización ciudadana y de la Municipalidad en esta solicitud adelantó que presentarán un habeas data para acceder a los resultados de estudios de calidad de agua que realiza la EBY.

Además, solicitarán informes al Centro Multidisciplinario de Investigación Tecnológica (Cemit) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Deberán remitir los análisis periódicos realizados desde el año 2020 en adelante y confirmar si los siguen realizando y con qué periodicidad.

Piden, además, que remitan los contratos de mantenimiento del alcantarillado sanitario de Encarnación suscritos por la EBY con las empresas Cristalino del Sur y DECO SRL o SA.

Según manifestaciones del juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Álvaro Rojas, en algunas de las conversaciones incluso se habla de la posible comercialización de armas de fuego y municiones; el magistrado no entró en mayores detalles y aclaró que le compete al Ministerio Público determinar si el legislador por Amambay pasa a ser sospechoso o no en el caso de la amenaza.

El magistrado aclaró que “existe una conversación, pero, conforme a los detalles que este juzgado pudo verificar, no se relaciona directamente con la amenaza”.

Periodista vuelve a señalar al legislador

El periodista radial de Pedro Juan Caballero Aníbal Gómez Caballero valoró el resultado de la pericia como “la revelación de un secreto a voces”, volvió a señalar al diputado Santiago Benítez como el que está detrás de la amenaza; en ese sentido, dijo que “es cuestión de ir atando cabos”.

“Espero que el Ministerio Público actúe como lo hizo en otros casos, como el de Lalo (Gomes) y los chats que generaron un terremoto político y judicial; el Parlamento también debe actuar porque no puede seguir permitiendo a un delincuente de poca monta”, expresó Gómez Caballero.

¿Qué dijo el diputado Benítez?

El diputado Santiago Benítez afirmó que nunca amenazó al periodista Aníbal Gómez Caballero y que es el más interesado en que se aclare el caso. Agregó que el propio Saúl Humberto Ruiz Gauto le confesó que envió los mensajes amenazantes, pero desconoce quién le ordenó hacerlo o si lo hizo por su cuenta.

En cuanto a las conversaciones sobre la comercialización de armas largas y municiones con el procesado por la amenaza al periodista, señaló que, cuando Saúl (Ruiz) ofreció armas para vender, sí le llegó a consultar cuando necesitaba armas largas para sus custodios.

“Se acentuaban las amenazas contra mi persona en esa época y mis custodios no tenían armas largas porque se me negó en la institución (policial), por eso hice la consulta, pero nunca se concretó la compra”, expresó Benítez.

Benítez señaló que, si mostró algún interés en adquirir armas largas para sus custodios, fue para evitar que lo asesinen, ya que, en medio del complejo escenario de la muerte de Lalo (Gomes) y la prisión de su hijo, las amenazas no cesaban.

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Finalmente, exigió al Ministerio Público que profundice esta investigación. “Quiero saber al mando de quién Aníbal Gómez me ataca”, dijo el legislador.

En esta situación, los asegurados del ente siguen esperando que las cosas mejoren y ya no tengan que marcharse con las manos vacías tras cada consulta.

Por ejemplo, este viernes último, en el Centro de Atención Ambulatoria nuevamente se constató que hay fármacos en falta, aunque los pacientes no pierden la esperanza de que en los próximos meses esta situación quede totalmente subsanada.

Falta de medicamentos en IPS: asegurados piden mejor gestión y mantienen esperanza en Fretes

En esta coyuntura grave, Peña conversó con el doctor Fretes sobre la situación de la previsional. “Abordaron cuestiones como la provisión de medicamentos, la agilización de los turnos y el ordenamiento de los procesos administrativos. Igualmente, delinearon acciones enfocadas en lo más prioritario: garantizar una mejor atención a los asegurados. El compromiso del Gobierno del Paraguay es firme con el bienestar de todos”, refiere un escueto informe de prensa emitido por la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República.

Hospital Virtual IPS: Claves y entretelones de la nueva teleconsulta

El reporte es porque el titular del IPS no dio declaraciones al término de la audiencia con el jefe de Estado.

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El fiscal indicó que en la investigación se examinan elementos vinculados al uso de armas largas tipo fusil y armas de 9 milímetros, con el objetivo de establecer quiénes habrían efectuado los disparos que provocaron la muerte del joven.

Familiares y allegados de la víctima, Federick Nahuel Cáceres Sosa, se manifestaron para exigir justicia y una investigación exhaustiva. Lo recordaron como un joven educado, respetuoso y trabajador, además de destacar su dedicación al deporte, ya que formaba parte de un club de la ciudad de Alberdi.

El caso continúa bajo investigación y se aguarda que el Ministerio Público defina en las próximas horas las medidas procesales correspondientes contra los agentes detenidos.

Los ocho agentes policiales que se encuentran detenidos son: Martín Santa Cruz, jefe del grupo táctico, y los suboficiales Willian Ayala, Maicol Santa Cruz, Jonathan Valdez, Cristian Velozo, Inocencio Gálvez, Ariel Ayala y Néstor Pérez.

Todos se encuentran detenidos en la dependencia de Seguridad Ciudadana de la Dirección de la Policía Nacional en Ñeembucú, a disposición de la Justicia.

Movilización para esta tarde

Los ciudadanos alberdeños realizarán una movilización en la tarde de este lunes, a las 16:00, frente al Ministerio Público para exigir justicia por la muerte de Federick Nahuel.

El Ing. Rolón explicó que, hasta el viernes último, 50.300 usuarios ya se habían adherido al programa, datos concretos de este lunes lo tendrán disponibles al término de la jornada. En tanto que los números y evaluación final los dispondrá la ANDE después del 31 de julio, una vez finalizada la actual campaña de promoción.

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Envío de datos a Informconf

Este lunes, la empresa estatal comenzó a remitir los datos de unos 10.000 usuarios morosos a Equifax (ex-Informconf). La medida alcanza a usuarios con seis o más facturas vencidas y obligaciones superiores a G. 1.500.000, como parte de las acciones impulsadas por la institución para reducir la morosidad.

Plan de financiación

El programa Ñande Ahorro permite a los usuarios regularizar sus deudas mediante un plan de financiación de hasta en 60 cuotas. La ANDE exonera los recargos por mora y los intereses del financiamiento. Además, la primera cuota se paga junto con la siguiente factura, 30 días después de formalizar el acuerdo.

Rolón detalló que cuando se lanzó la promoción, la cartera de deuda rondaba los US$ 50 millones y existían unos 350.000 clientes con cinco o más facturas pendientes.

La promoción está dirigida principalmente a clientes residenciales y permanecerá vigente hasta el 31 de julio.

El gerente comercial añadió que existen unos 1.200 clientes que ya fueron demandados judicialmente mediante el procedimiento de aplicación de título de crédito, correspondiente a usuarios a quienes se retiró el suministro y mantienen deudas pendientes con la ANDE. Indicó que este grupo será notificado mediante mensajes de texto.

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Cómo acceder

Los interesados pueden solicitar el fraccionamiento a través de la página web de la ANDE o en cualquiera de las 45 oficinas de atención al cliente habilitadas en el país. También está disponible el local permanente de atención en el Multiplaza de Asunción.

Para consultas, la ANDE tiene habilitada la línea telefónica 021 160, opción 2, además del chatbot de WhatsApp en el número 0962 160 160.

Uno de los grupos afectados por el desabastecimiento es el de los pacientes con fibrosis pulmonar, una enfermedad agresiva que afecta el sistema respiratorio. Ya a inicios de junio denunciaron la prolongada falta del fármaco Vargatef (Nintedanib) de 150 mg, indispensable para frenar el avance de la enfermedad, el cual registró en junio un faltante crítico de tres meses, dejando a los pacientes en una situación de total desprotección.

A este ya desolador panorama se suma la falta de Nintedanib 150 mg, el cual también es indispensable, ya que la interrupción del tratamiento con este medicamento afectaría de por vida su capacidad de respirar, por lo que en una carta abierta urgieron al presidente de IPS, Isaías Fretes, que se reponga el medicamento.

“El motivo central de este llamado es solicitar la compra inmediata y la pronta reposición en farmacia del medicamento Nintedanib 150 mg. Este fármaco no es un complemento opcional ni un tratamiento sustituible; es el pilar primordial que frena el avance de una enfermedad que, de lo contrario, consume de manera agresiva e irreversible nuestra capacidad para respirar”, indican en la misiva.

Pacientes con fibrosis pulmonar en riesgo

Resaltaron de manera alarmante que ya han transcurrido cinco meses de absoluta ausencia de este medicamento en las farmacias del instituto.

Pacientes de IPS con fibrosis pulmonar, sin medicinas hace meses

“Medio año en el que las ventanillas solo nos devuelven un ‘no hay’, obligando a los pacientes y a sus familiares a vivir en un estado de angustia y desesperación constante, sin saber si al día siguiente contaremos con las dosis necesarias para seguir luchando”, señalan.

Insistieron en que es vital que las autoridades comprendan que la fibrosis pulmonar no espera por tiempos burocráticos, ya que entre más pasa el tiempo sin recibir el tratamiento adecuado, los pacientes sufren un deterioro acelerado, perdiendo de forma trágica e injusta todos los avances en salud que lograron con meses de disciplina, cuidados y muchísimo sacrificio familiar.

“Cada día sin Nintedanib es un paso atrás que compromete directamente nuestras vidas. Por todo lo expuesto, apelamos a su sensibilidad humana y a su gestión como cabeza de la previsional para que priorice de manera urgente los mecanismos de adquisición de este fármaco vital”, refirieron.

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Recordaron que el acceso a la salud es un derecho constitucional y, como asegurados, exigen que se honren los aportes de toda una vida mediante una respuesta digna y oportuna.

Anunciaron que quedarían atentos y en vigilia permanente de la respuesta que pueda brindar Fretes, además de expresar que confían en que la intervención inmediata del presidente de IPS traerá la calma y el alivio que tanto necesitan los pacientes de fibrosis pulmonar y sus familias en este momento tan difícil.

“Ueno es la Caja de Pandora, es la que crea una serie de aliados económicos, todos finalmente ligados al presidente de la República (Santiago Peña) y su entorno” dijo Martínez.

La Caja de Pandora es un objeto de la mitología griega, que oculta en su interior potenciales catástrofes que se liberan cuando se destapa.

La analogía la realizó ante datos irrefutables que revelan que el Grupo Ueno, del cual Peña fue socio comercial cuando tenía acciones en Ueno Holding, experimentó un repentino auge económico desde la llegada del mandatario al sillón de López y respaldado por masivos depósitos de fondos del IPS.

“Estos negocios van a continuar, van a expandirse aún más. Aquí algo que compra el Estado, aparece una empresa Ueno al lado. Si se va a comprar lavandina, aparece Ueno lavandina. Si se va a comprar pasaje para el presidente de la República, hay Ueno pasajes. Si hay que comprar pupitres hay Ueno pupitres“, denunció Martínez.

Impunidad continuará según senadora

La misma consideró que con la impunidad de la que goza el gobierno gracias al copamiento y sometimiento de instituciones de control (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Contraloría), estos negocios irán en aumento al menos por todo lo que dure el gobierno de Peña.

Al negocio “le va muy bien y va a continuar de esa manera, porque hay impunidad y porque nadie está investigando”, insistió Martínez, quien recordó que este gobierno mató la ley contra conflicto de intereses en la Función Pública y anti Puertas Giratorias, “se le blanqueó ya al Presidente de la República con la Contraloría” de las sospechas sobre su fortuna, entre otros.

“Entonces acá el sistema de impunidad está vigente y mientras haya impunidad, ellos van a seguir creciendo” y la única luz que ve al final del túnel, pensando sobre todo en los asegurados del IPS, cuyos fondos están en juego, es que el próximo gobierno encare una lucha en serio contra la corrupción.

Finalmente, remarcó que todo el dinero que falta para medicamentos y asistencia en Salud Pública y el IPS “se lo llevaron los corruptos” y que para que se acaben estas carencias “hay que dejar de robar, hay que dejar de enriquecer a un grupo privilegiado ligado a la política y a los sectores económicos, y hay que hacer un país decente”.

Afirmó que la movilización simboliza la decisión de continuar con las protestas hasta que existan acciones concretas contra los responsables.

Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades por considerar que existe indiferencia, omisión e incapacidad para responder a los reclamos ciudadanos, además de denunciar una supuesta influencia de sectores de poder sobre las instituciones.

“Hoy vamos a salir acá en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción con nuestras cadenas para expresar primero nuestra dignidad y la resistencia. Este se llama Cadena de la Dignidad y la Resistencia y es en repudio a la actitud y acciones de la Corte, principalmente, y también en repudio a la actitud de los demás poderes del Estado”, declaró.

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Anuncian nuevas medidas de protesta

Coronel señaló que el encadenamiento constituye el inicio de una serie de acciones impulsadas por la organización.

También afirmó que las consecuencias del esquema denunciado trascienden el ámbito económico y repercuten en la calidad de vida de las víctimas y en la seguridad jurídica del país.

El vocero reconoció que algunas personas obtuvieron soluciones individuales o parciales, aunque aseguró que no existen progresos en las investigaciones dirigidas a identificar y sancionar a los responsables de la estructura denunciada.

En ese sentido, manifestó que la organización considera insuficiente la respuesta institucional y sostuvo que el Estado mantiene un comportamiento que favorece la continuidad del esquema.

Insisten en el juicio político a ministros de la Corte

La Coordinadora ratificó, además, su pedido de juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia.

“Los datos evidencian que hubo fallas enormes en la Corte, en donde los ministros necesariamente deben ser investigados y sometidos a un juicio político para que se determinen sus causas y, en caso de que se encuentre, puedan ser destituidos y que esta justicia puede ser saneada”, expresó.

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Coronel afirmó que corresponde a la Cámara de Diputados impulsar ese procedimiento para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas dentro del Poder Judicial y determinar eventuales responsabilidades.

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Esta situación crítica genera un caos vehicular diario para cientos de conductores que transitan por la zona afectada. La calle Dimas Motta, conector estratégico para el flujo automotor que se desplaza de forma directa entre las avenidas Eusebio Lillo y Mariscal López, vive un verdadero colapso.

El mapa del colapso: caos vehicular en Capitán Juan Dimas Motta

ABC visitó la zona ante las quejas ciudadanas y constató la destrucción de la calzada con una cadena de baches que obstruye el tránsito vehicular. Este conjunto de pozos sucesivos se inicia exactamente en la intersección de las calles Dimas Motta y Sucre.

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Pero el punto más crítico de la infraestructura se encuentra sobre Dimas Motta, entre Sucre y 4 de Julio. Allí, un enorme bache ocupa prácticamente media calzada de la angosta vía. El hundimiento de gran magnitud y la ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) obligan a los conductores a abrirse paso a bocinazos, provocando roces y exponiendo a todos a potenciales accidentes de tránsito.

La presencia de agua en toda la arteria delata que existen caños rotos de la Essap. En varios puntos de la calle incluso se observan pérdidas. La avería de las cañerías de agua corriente es generalizada en gran parte del barrio y se extiende hasta la calle 4 de Julio entre Capitán Juan Dimas Motta y José Ocampos Lanzoni.

Pérdidas crónicas de la Essap: seis años de reclamos sin respuesta, denuncian vecinos

Víctor Caballero, vecino, relató a ABC que la persistencia de esta problemática de infraestructura vial afecta directamente la calidad de vida barrial. El residente denunció que en los últimos seis años se registra un promedio recurrente de un reclamo por caño roto al mes.

Caballero explicó que las pérdidas provocaron el colapso de Dimas Motta hace más de 4 meses. Según el afectado, ante los constantes reclamos, los propios operarios de las cuadrillas de Essap le advirtieron formalmente que la cañería de la zona ya no aguanta.

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El vecino reveló además que los trabajos de mantenimiento de la Essap se ejecutan con criterios deficientes e incompletos. El denunciante citó casos donde los trabajadores repararon un sector, pero dejaron el caño roto contiguo alegando que un auto estacionado impedía la labor.

Los vecinos reclaman que la Essap demora hasta tres semanas en dar atención a sus denuncias. Cuestionan que, como integrantes de un mismo equipo político, ya que tanto Luis Fernando “Luifer” Bernal, como el intendente Luis Bello son colorados cartistas, la Municipalidad no tome inmediata intervención para señalizar al menos las zonas más destruidas y evitar el caos vehicular mediante desvíos eficientes.

La respuesta de la Essap: retrasos en el “Plan 500 kilómetros”

Consultado al respecto de las denuncias de los vecinos del barrio San Cristóbal, Juan Pablo Morínigo, gerente de Redes de Asunción y Área Metropolitana de la Essap, contestó que, al menos de los dos últimos días no tenían registrados reclamos en la zona, a excepción de uno en la calle Sucre; no obstante, se comprometió a enviar una cuadrilla para verificar la situación.

Morínigo afirmó que San Cristóbal está incluido en el área de prioridad para este año en la ejecución del “Plan 500 km”, para renovar 500 km de tuberías de agua potable en Asunción y alrededores. El plan específico para este barrio contempla el cambio de 11 tramos de cañerías, lo que representa aproximadamente 9.720 metros de tuberías nuevas. Confirmó que la calle Dimas Motta ya forma parte del plan original de renovación.

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El gerente de redes precisó que aunque el plan general lleva 270 días de ejecución, factores climáticos y feriados han limitado el trabajo efectivo a solo 100 días. Por esta razón, y debido a lo “dinámico” del proyecto, no existe una fecha exacta para el inicio de las obras específicas en este barrio.

Morínigo precisó que, solo en el área metropolitana, la Essap recibe un promedio diario de entre 100 y 180 reclamos, dependiendo del momento. Solo en el mes de junio se recibieron 2.400 reclamos, cifra influenciada por los 13 días de lluvia registrados. Agregó que el 20% de las denuncias corresponden a situaciones que no pueden ser atendidas o que no existen, debido a que los ciudadanos reportan escurrimientos de agua en la vía pública sin poder determinar si es agua potable, cloaca o aguas grises.

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En tanto, la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Luis Bello (ANR-Cartista) registra actualmente una “crisis vial” caracterizada por el abandono y un colapso de la infraestructura. A pesar de la alta presión tributaria, la gestión municipal ha priorizado reparaciones deficientes o “soluciones parche” que no resuelven los problemas de fondo, como el colapso del sistema pluvial.

Estas condiciones de infraestructura contrastan con la alta presión tributaria al contribuyente. Solo entre enero y abril de 2026, los asuncenos pagaron US$ 12 millones, destinados exclusivamente a la conservación vial. Esta cifra representa más del 65% de lo recaudado por el mismo concepto en todo el año anterior.

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Recientemente, la Junta Municipal aprobó, mediante una ajustada mayoría y el voto doble del presidente, un aumento de G. 4.530 millones para la Dirección de Vialidad. El monto aprobado se desglosa en contratos para insumos de bacheo:

• G. 3.585 millones para la compra cemento y emulsión asfáltica, con la firma Materiales Asfálticos SA;
• G. 719 millones para piedra triturada, con Somagec Paraguay SA; y
• G. 225 millones para mezcla asfáltica en frío, a la firma Ortellado Toniolo SA.

La situación coincide además con la denuncia de concejales de la oposición de la utilización de más de 70 toneladas de asfalto municipal, maquinaria y funcionarios de Vialidad para pavimentar un predio privado, lo que supuso un perjuicio de más de G. 100 millones para la comuna. Los ediles opositores sostienen que existe un esquema de “recaudación paralela” y uso indebido de materiales para fondear campañas políticas de cara a las elecciones de octubre.

El senador Éver Villalba explicó que durante la reunión de la comisión hubo consenso entre los legisladores sobre la necesidad de centrar el debate en la crisis sanitaria que atraviesa el IPS, especialmente por la escasez de medicamentos e insumos.

“El tema principal es la provisión de medicamentos e insumos. Hoy están en falta medicamentos para enfermedades crónicas”, resaltó.

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Villalba señaló que, si bien existen otras preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del IPS, como denuncias de corrupción, presunto nepotismo e irregularidades en inversiones, el foco de la convocatoria será la atención médica.

Señaló en ese sentido que los senadores buscarán conocer qué medidas concretas adoptó la administración de Fretes para enfrentar esta situación.

Villalba confirmó que la intención de los legisladores es ampliar el análisis de la crisis sanitaria con la convocatoria de la ministra de Salud, María Teresa Barán y también al ministro de Economía Óscar Lovera

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Resultados de las denuncias realizadas por Fretes

El parlamentario indicó que también solicitarán explicaciones sobre las denuncias públicas realizadas por el presidente del IPS desde que asumió el cargo, vinculadas en muchos casos sobre hechos de corrupción en la administración pasada.

Precisó que presentará un pedido de informes para conocer si esas acusaciones derivaron en acciones administrativas o judiciales, como sumarios, destituciones o denuncias ante el Ministerio Público.

“Resultados. Pedimos resultado de las denuncias que él viene haciendo a través de los medios de comunicación. Qué acciones concretas hizo. Destitución, sumario, denuncia al Ministerio Público, cambios de orientación, reformas que se han hecho”, declaró.

En ese sentido, afirmó que el Senado está dispuesto a respaldar las investigaciones en caso de que existan elementos suficientes para impulsar procesos judiciales.

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Préstamo para saldar deuda del Estado con el IPS

Consultado sobre la posibilidad de autorizar un préstamo para que el Gobierno cancele parte de su deuda con el IPS y permita fortalecer la compra de medicamentos, Villalba dijo que la propuesta podría ser acompañada si está debidamente fundamentada.

“En primer lugar, el Gobierno tiene que pagar su deuda con el IPS. Si la solución pasa por un préstamo bien estudiado y bien proyectado, creo que se tendrían los números para aprobarlo”, manifestó.

Tras la confirmación del caso positivo, las brigadas del Senepa realizaron las intervenciones correspondientes en la zona, con controles domiciliarios, eliminación de criaderos y acciones preventivas para reducir la presencia del mosquito aedes aegypti, transmisor del chikungunya y el dengue.

Martínez también informó que en la ciudad de Caacupé actualmente se registran dos casos sospechosos de dengue, que se encuentran en proceso de evaluación.

Mientras se esperan los resultados laboratoriales, los equipos sanitarios ya realizan tareas preventivas y de bloqueo para evitar una posible propagación.

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Trabajo en conjunto

La representante del Senepa instó a la ciudadanía a colaborar con la eliminación de criaderos, evitando recipientes con agua acumulada en los hogares y manteniendo limpios los patios, ya que estas acciones son fundamentales para disminuir la reproducción del mosquito.

La funcionaria resaltó que continuarán con la vigilancia activa en los diferentes distritos de Cordillera ante la aparición de casos sospechosos y confirmados de enfermedades transmitidas por vectores.

¿Cómo prevenir la chikungunya?

La prevención de la chikungunya se basa en evitar la picadura del mosquito aedes aegypti y eliminar los criaderos donde se reproduce.

Protección personal

- Usar repelente siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Vestir ropa de colores claros, con mangas largas y pantalones largos cuando sea posible.

- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar mosquiteros para proteger a bebés, adultos mayores y personas enfermas.

Eliminación de criaderos

- Tapar herméticamente los recipientes donde se almacena agua, como tanques, aljibes y baldes.

- Eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos.

- Voltear los recipientes que no se esté utilizando para evitar que junten agua de lluvia.

- Limpiar periódicamente las canaletas y desagües.

- Cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.

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Además, Estigarribia autorizó la extracción de datos del celular, bajo dirección y responsabilidad de la fiscala Irma Llano.

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En tal sentido, se establecieron como puntos de pericia la extracción de datos sobre contactos y agenda telefónica; registro de llamadas entrantes, salientes y perdidas; mensajes SMS y MMS; imágenes, videos y archivos multimedia almacenados localmente; documentos y archivos descargados; y listado de aplicaciones instaladas.

El magistrado también consideró la extracción de información, en base al pedido de la Fiscalía, de las aplicaciones de mensajería instantánea Identificar la presencia de las aplicaciones WhatsApp, Telegram, Signal y Discord.

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También sobre aplicaciones financieras instaladas como Tigo Money, aplicaciones bancarias, billeteras electrónicas u otras; y de activos digitales como Binance, exchanges de criptomonedas, billeteras digitales u otras de funcionalidad análoga. Para todas estas tareas fue designado el perito Lic. Sergio Gilberto Salinas Bykov.

Más de 400 personas indagadas por megaestafa de G. 9.000 millones

La fiscala Irma Llano es quien tiene a su cargo una de las más importantes causas, en cuanto a volumen de involucrados, por estafa mediante sistemas informáticos, cometida contra una compañía telefónica, teniendo en cuenta que hay poco más de 400 personas en la mira de los investigadores, involucradas en el perjuicio de G. 9.015.046.663 contra la empresa.

En el marco de esta causa, inicialmente fueron detenidas 10 personas, pero hoy en día se tienen en total 13 sujetos ya imputados por los supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, asociación criminal y lavado de activos, en la modalidad de frustración del hallazgo, según el Código Penal.

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En esta misma causa, hasta el momento hay unos 478.851 USDT (funciona como un dólar digital en el campo de las criptomonedas) incautados.

Entre las diligencias que lleva a cabo la fiscala Irma Llano, está la toma de declaración de indagatoria a cada una de estas personas que fueron identificadas en el marco de la pesquisa, además de la remisión de oficios a las entidades financieras de plaza, cuyos clientes recibieron en sus respectivas “cuentas mulas” las sumas de dinero producto de los desvíos.

Como líder de esta estructura fue identificado Alex Silva, de 18 años, quien habría involucrado a sus compañeros y familiares dentro del esquema fraudulento. Según datos obtenidos, el indagado realizó transferencia de capitales en forma masiva a través de medios de pagos electrónicos, usando 8 líneas matrices de billeteras, que disparó a más de 1.927 transferencias con montos máximos de hasta G. 499.000, para no levantar alertas, hacia 395 cuentas mulas.

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De acuerdo con la denuncia hecha por la compañía telefónica, entre el 20 y el 25 de marzo de 2026, Alex Silva habría vulnerado la seguridad de una compañía proveedora de servicios de pagos móviles.

Al respecto, la Fiscalía identificó que el joven explotó una vulnerabilidad en el sistema de pagos electrónicos de la firma, mediante la manipulación del segundo comando del proceso transaccional de cobro por código QR.

De esta forma se valían de los comercios o individuos que operaban con códigos QR para captar los pagos de usuarios a través de la billetera asociada a la firma víctima de esta estructura.

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Así, los investigados pusieron en marcha un mecanismo consistente en la manipulación del segundo comando del proceso transaccional, es decir, cuando un cliente escaneaba un código QR, el sistema reservaba el monto real en el banco clearing y lo debitaba íntegramente, pero al momento que impactaba en la billetera electrónica del comercio receptor, el valor registrado era alterado a G. 1.

Es así que la diferencia entre el monto real cobrado y el ínfimo valor registrado se desviada hacia las billeteras de los hoy imputados y sus asociados. Con esto, los fondos obtenidos se distribuyeron por 1.927 transacciones hacia 395 cuentas bancarias, insertándose en el sistema formal de pagos para aparentar licitud.

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Según se pudo constatar mediante las diligencias iniciales, los sospechados habrían recurrido a “granjas de pitufos” o “granjas de mulas”, que son individuos que prestan sus cuentas para las operaciones.

Dentro del esquema, desde las granjas vendían criptoactivos, que entonces estaban a un valor de G. 6.500, pero que los investigados ofrecían comprar por G. 13.000, y transferían esos valores a las cuentas de los estafadores.

Así, los investigados ofrecían hacer transferencias por código QR por la suma máxima de G. 499.000 a modo de que el criptoactivo les sea transferido a sus respectivas billeteras, registradas en la plataforma Binance.

“¡Más facilidades para ponerte al día con tus impuestos municipales! Aprovechá las opciones de financiación, sin intereses, de estos bancos adheridos y realizá tus pagos de manera más cómoda, hasta diciembre", indican desde la institución mediante un posteo en su cuenta oficial de la red social X.

Además, mediante el escaneo del código QR del flyer publicado, o llamando al 021 627 30 10 se puede tener más información al respecto.

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Financiamiento de impuestos municipales

Para brindar más facilidades para el pago de los impuestos municipales, los planes que ofrecen desde la institución son las siguientes:

Banco Itaú: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.

Banco Basa: Financiación hasta 18 cuotas sin intereses.

Banco Atlas: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.

Banco Familiar: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.

Banco Sudameris: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.

Banco GNB: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.

Posteriormente, los bomberos trasladaron lo aprendido a una práctica en terreno, realizada en el barrio General Díaz, detrás de la cancha del mismo nombre, donde se llevó a cabo un simulacro de incendio con fuego real en una vivienda preparada para el entrenamiento. Durante el ejercicio, los voluntarios pusieron en práctica técnicas de ingreso, control del fuego y trabajo coordinado, simulando una situación de emergencia similar a las que deben enfrentar en la vida real.

El capitán Esteban Miltos, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé, explicó que este tipo de actividades forman parte de un plan de capacitación permanente que busca fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos.

“Lo hacemos por lo menos tres veces al año, con este tipo de prácticas”, señaló, destacando que el entrenamiento constante permite que los equipos mantengan sus conocimientos actualizados y puedan brindar una atención más rápida y efectiva a la ciudadanía.

Miltos resaltó además la importancia de la preparación conjunta entre compañías, ya que el intercambio de experiencias y técnicas ayuda a mejorar el trabajo operativo durante los servicios de emergencia.

La jornada contó con la participación de unos 50 bomberos combatientes de Caacupé, quienes participaron activamente en las diferentes actividades guiadas por los instructores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción.

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Intercambiar experiencias

Miltos resaltó además el valor de realizar ejercicios conjuntos con otros cuerpos de bomberos, ya que permiten intercambiar experiencias, fomentar el trabajo en equipo y mejorar la coordinación en situaciones donde la rapidez y la organización son fundamentales.

El capitán indicó que la preparación constante es clave para que los voluntarios puedan brindar una asistencia adecuada en incendios, accidentes u otras emergencias que puedan presentarse, reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Entrenamiento no es suficiente

Aunque las capacitaciones y los simulacros son fundamentales para fortalecer la preparación y la capacidad operativa de los bomberos voluntarios de Caacupé, los integrantes del cuartel sostienen que el entrenamiento, por sí solo, no es suficiente. Señalan que también es indispensable contar con el respaldo de las autoridades y de las instituciones públicas, ya que el trabajo diario requiere equipos en óptimas condiciones, mantenimiento permanente y recursos para responder de manera segura y eficiente a las emergencias.

La necesidad de ese apoyo quedó en evidencia la semana pasada, cuando durante un incendio de gran magnitud los bomberos tuvieron inconvenientes debido a la falta de mantenimiento de algunos de sus elementos de trabajo y tuvieron que pedir ayuda a otras unidades aledañas.

La situación puso de manifiesto las limitaciones con las que deben enfrentar intervenciones de alto riesgo.

Por ello, los voluntarios consideran que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben asumir un mayor compromiso con los cuerpos de bomberos, destinando recursos para el mantenimiento y la renovación de equipos.

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Para el colegiado, en el juicio oral que finalizó este lunes el fiscal Ysrael Villalba demostró, fuera de toda duda, que el entonces legislador argentino y su pareja intentaron ingresar al Paraguay en fecha 4 de diciembre de 2024 con sumas de dinero de distintas monedas, sin declarar.

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“Cuando un particular introduce dinero extranjero sin efectuar la declaración correspondiente, no solamente incumple un deber administrativo sino que introduce una mercadería al territorio aduanero al margen del procedimiento legalmente establecido”, resaltó la presidenta del colegiado en parte de la argumentación de la sentencia dictada por unanimidad.

Además, la jueza Elsa García resaltó que de acuerdo con informes de la Dirección General de Migraciones, tanto Kueider como Guinsel ya habían ingresado anteriormente por lo menos en 5 ocasiones al Paraguay, por lo tanto ya conocían los procedimientos que debían cumplir al llegar al país, sin embargo no declararon las sumas de dinero que traían consigo.

Tentativa de contrabando de Kueider y su secretaria

El tribunal tuvo por acreditado que a las 01:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad, donde fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

Tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según el acta del procedimiento que el Ministerio Público exhibió en el juicio oral.

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Al respecto, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos las conductas tanto de Kueider como de Guinsel constituyen tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

Kueider habla de vulneraciones y anuncia apelación

Luego de conocer la sentencia condenatoria el exsenador Darío Kueider afirmó que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos cometió un error al concluir que su conducta se tipifica en delito, ya que el dinero con el que ingresó a territorio paraguayo no constituye mercadería, según expresó.

“Esta imputación de contrabando de dividas no constituye para nada un delito porque para eso hay una ley específica, que es la ley 1.015 de la Seprelad, que establece cuál es el procedimiento, especialmente cuando se trata de dinero y para nada determina que se dicte prisión preventiva ni siquiera confiscación”, resaltó el exsenador argentino.

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Kueider agregó que la Justicia paraguaya vulneró el criterio de especialidad, en cuanto a la aplicación de la ley penal; además del criterio de tipicidad, al considerar que el dinero es mercadería; se concluyó que hubo dolo cuando que no quedó probado el ocultamiento del dinero ingresado al territorio nacional.

En consecuencia, el ahora condenado anunció que su equipo jurídico trabajará en “una contundente apelación” en contra del cuestionable fallo de primera instancia, mientras tanto seguirá “batallando” en contra de la persecución política y las falsas denuncias que sufre en Argentina, según resaltó.

Afirma que causa fortaleció persecución política

A criterio de Edgardo Kueider el presente proceso penal que afronta en Paraguay fue aprovechado por sus adversarios políticos para fortalecer la persecución que ya venía sufriendo en la Argentina, desde que votó a favor una ley que pretendían rechazar para desestabilizar a un “gobierno democrático recién asumido”.

“Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar (en la Argentina) el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Iara y su familia”, insistió el exsenador Edgardo Darío Kueider tras escuchar la sentencia del tribunal que lo condenó por tentativa de contrabando de divisas.

Agregó que aquel 4 de diciembre de 2024, si en Ciudad del Este no se tipificaba el presente caso como tentativa de contrabando y no lo enviaban a prisión, en Argentina ya no existiría la persecución política que existe en su contra, desde que arrancó el actual proceso penal en Paraguay.

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Pese a todos los cuestionamientos contra la sentencia condenatoria, ya que a su criterio el Tribunal de Sentencia no actuó de la manera correcta, Kueider aseguró que confía en la Justicia, “más aún en la Justicia paraguaya”.

La Escuela Básica Nº 6.193 San Isidro se encuentra instalada en Calle 4.000 Bertoni, del municipio de Santaní. En este periodo lectivo cuenta con 80 alumnos, desde el jardín de infantes hasta el 9º grado, en los turnos mañana y tarde, y tiene cinco aulas en funcionamiento.

Sobre el tema, la directora de la escuela, profesora Aquilina Larrea, manifestó que para ellos la prioridad es contar con un nuevo sanitario sexado, teniendo en cuenta que la vieja construcción ya no está en condiciones, por lo que la única manera de solucionar el problema es la renovación del mismo.

Aprovechar las vacaciones de invierno

Por otra parte, la educadora refirió que los padres de familia tenían la intención de que se puedan aprovechar las vacaciones de invierno para esta obra, ya que las autoridades de la Municipalidad de Santaní están en conocimiento del problema en que se encuentra el local educativo, subrayó.

“Estamos esperando la respuesta de los representantes de la comuna de Santaní, si pueden agilizar nuestro pedido, tal como hicieron el año pasado con la construcción de dos aulas nuevas en el predio del local escolar, pero aún falta solucionar el tema del baño de la escuela, que es una necesidad que ya no puede seguir esperando”, refirió.

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Una de las representantes de la comisión de padres, Marisa Fernández, expresó, sin embargo, que ojalá se pueda conseguir la construcción del baño que hace varios meses vienen solicitando a las autoridades correspondientes, declaró.

Obra para el segundo semestre

Sobre el caso, recurrimos al intendente municipal de esta ciudad, Agustín Ovando (ANR- oficialista), con el propósito de conocer si su administración está previendo alguna solución respecto a este inconveniente que afecta al local educativo. Respondió que el pedido ya está incluido dentro del paquete de varias obras que serán ejecutadas con fondos provenientes del segundo semestre de este periodo.

Según el Ministerio Público, el conflicto en la zona se mantiene desde hace varios años y está marcado por episodios de violencia. El fiscal señaló que el lugar es considerado de alta peligrosidad debido a los antecedentes registrados desde 2019.

El agente fiscal recordó que en junio de 2019 falleció un campesino que formaba parte del grupo de ocupantes y que en el año 2022 murió un agente policial que cumplía funciones de custodia en la zona. La situación, según indicó, fue aumentando en nivel de violencia con el paso del tiempo.

De acuerdo con los investigadores, la ocupación se habría iniciado bajo el liderazgo de Rubén Villalba, actualmente recluido, y posteriormente se habrían conformado otros grupos encabezados por Rubén Coronel y Anacleto Martínez. La investigación identifica a aproximadamente 13 líderes vinculados al grupo que ocupa las tierras.

La propiedad en conflicto tendría unas 945 hectáreas y los investigadores sostienen que los ocupantes realizan desmontes y extracción de madera, además de intentar permanecer en el inmueble por fuerza.

Durante el operativo, los agentes intentaron avanzar para detener a personas identificadas que cuentan con órdenes de captura, pero fueron repelidos mediante disparos provenientes del sector boscoso. Un hombre que presuntamente formaba parte del grupo ocupante resultó herido y fue detenido, siendo trasladado posteriormente hasta el Hospital de Trauma de Asunción.

La comitiva fiscal y policial no pudo avanzar en la zona debido a la resistencia armada y los disparos efectuados desde el interior del monte. Los grupos denunciados como ocupantes permanecen atrincherados en el área boscosa.

El fiscal Juan Daniel Benítez encabezó el procedimiento con el objetivo de avanzar en la restitución de la propiedad a sus legítimos propietarios. El conflicto continúa generando preocupación entre productores y pobladores de la zona, mientras prosiguen las investigaciones.