De acuerdo con la información oficial, “ambas autoridades conversaron también sobre los avances de los proyectos de cooperación en curso y las perspectivas de trabajo conjunto orientadas a continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Taiwán”.

El informe oficial refiere que el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, mantuvo una reunión con su homólogo taiwanés “durante la cual reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y el compromiso de ambos Gobiernos con el fortalecimiento de una alianza estratégica sustentada en valores democráticos compartidos, la cooperación tecnológica y el desarrollo sostenible”.

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Asimismo, Verdún y Chen Ming-chi realizaron un repaso de los avances registrados tras la visita del presidente Santiago Peña, a Taiwán, en mayo pasado, en materia comercial, jurídica, tecnológica y de cooperación, entre los que destacan los proyectos en ciberseguridad e inteligencia artificial.

En el ámbito económico, las autoridades resaltaron el sostenido crecimiento del intercambio comercial bilateral y “la consolidación de Taiwán como uno de los principales socios del Paraguay en Asia y un mercado estratégico para las exportaciones nacionales”.

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Evaluación de la cooperación

El reporte de la Cancillería indica que los viceministros de RR.EE. de Paraguay y Taiwán “evaluaron los avances” de los principales proyectos de cooperación en ejecución”, entre ellos la construcción del Hospital General de Asunción, el desarrollo del campus de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán y la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS), iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en áreas prioritarias para el desarrollo.

Conforme a los datos oficiales, el primer desembolso de Taiwán fue de US$ 20 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el financiamiento del proyecto Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción.

Los recursos serán destinados a la ejecución del proyecto, cuyo monto total asciende a US$ 62 millones.

En tanto, la construcción de la Universidad Politécnica Paraguay -Taiwán asciende a un total de US$ 27 millones.

La nueva sede estará ubicada en la avenida Ñu Guasu, de Asunción, entre el hospital San Jorge y el arroyo Itay, al lado del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Las obras se prevén que culminen en agosto de 2027.

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En tanto, el Sistema de Información en Salud (HIS) el monto total del proyecto ascendió a US$ 14.992.733.

De acuerdo a información oficial, el financiamiento permitirá continuar la expansión del Sistema de Información en Salud (HIS, por sus siglas en inglés) a más servicios en todo el país. Esta plataforma se implementa en las 18 regiones sanitarias de Paraguay y en más de 200 servicios en todos los niveles de atención médica.

El Conasam funciona con una integración tripartita: representantes de los trabajadores, del sector empleador y del Estado. Sin embargo, en las reuniones previas no logró un acuerdo entre las posturas, lo que deja el dictamen en un terreno políticamente sensible.

La distancia entre las posturas sigue siendo amplia, ya que el sector trabajador sostiene un pedido de incremento del 20%, mientras que el sector empleador insiste en “respetar las condiciones legales actuales”, es decir, limitar el reajuste a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es del 2,4%, desde el último aumento del año pasado.

Bajo este último criterio, el ajuste estrictamente indexado a la inflación, el aumento resultaría de apenas 69.577 guaraníes, una cifra totalmente insuficiente para cubrir el encarecimiento que ha sufrido la canasta familiar. De confirmarse este reajuste el nuevo salario pasaría a G. 2.968.625

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Señales desde el Ejecutivo

En ese contexto, el diputado Hugo Meza (ANR-cartista) fue abordado por la prensa sobre el tema, y detalló que el presidente Santiago Peña no estaría de acuerdo con los cálculos que se vienen aplicando para el reajuste del salario mínimo, a lo que agregó que el presidente podría anunciar una información “demasiado importante” y que, a su juicio, sería una “señal enorme” de reconocimiento al trabajador, dando a entender que el reajuste podría darse en un monto superior a la variación del IPC. Sin revelar detalles, el diputado vinculó esa expectativa con una discusión más amplia sobre los criterios de fijación salarial.

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El legislador planteó que el presidente “tiene la potestad” de fijar el salario teniendo en cuenta otros parámetros que dispone la ley además del IPC, que según su lectura, la comisión encargada de recomendar el reajuste podría no estar incorporando plenamente.

De la inspección participaron los concejales departamentales Óscar Miranda, Arnaldo Ferreira, Darío González y Nelson González, todos de la ANR, quienes estuvieron acompañados por representantes del sector sanitario de la localidad.

Durante el recorrido, los ediles constataron que la obra permanece prácticamente abandonada desde hace varios meses, pese a que el edificio original ya fue parcialmente desmantelado para dar paso a la intervención proyectada.

El concejal departamental Óscar Miranda, oriundo de San Salvador, manifestó que la situación genera una preocupación constante en la comunidad, debido a que el proyecto fue iniciado hace aproximadamente 17 meses y solo registró avances durante los primeros meses de ejecución.

Según explicó, tras retirar el techo, realizar algunos trabajos de revoque, pisos y mejoras estructurales, la empresa encargada abandonó la obra y desde entonces no se observan movimientos en el lugar. Miranda señaló que durante varias semanas insistió ante la IV Región Sanitaria para obtener información oficial sobre la situación del proyecto y las causas de la paralización.

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Finalmente, la Junta Departamental recibió un informe remitido por el director de la IV Región Sanitaria, doctor Rigoberto Alarcón, en el que se indica que la obra se encuentra detenida debido a la falta de recursos financieros. El edil cuestionó que la respuesta haya llegado después de reiterados pedidos y aseguró que todavía existen numerosas interrogantes sobre el estado del contrato y los compromisos asumidos con la empresa constructora.

Asimismo, señaló que la suspensión de los trabajos afecta directamente la calidad de la atención médica brindada a la población de San Salvador. Actualmente, el Centro de Salud de San Salvador funciona en una vivienda alquilada por la Municipalidad, que representa un gasto mensual cercano a los G. 3 millones, considerando el pago del alquiler y los servicios básicos, según el edil denunciante.

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De acuerdo con Miranda, el inmueble utilizado de manera provisoria no reúne todas las condiciones adecuadas para prestar los servicios que demanda la comunidad, por lo que tanto funcionarios como pacientes deben desenvolverse en condiciones limitadas.

Indicó además que la dirección del centro asistencial, el municipio e incluso la Gobernación de Guairá remitieron notas al Ministerio de Salud en las que solicitan explicaciones y gestiones para la reactivación de la obra, sin obtener respuestas concretas.

Ante este escenario, los concejales anunciaron que plantearán formalmente una solicitud de audiencia con la ministra de Salud, María Teresa Barán, a fin de conocer la situación real del proyecto y exigir una hoja de ruta para su culminación.

Miranda adelantó que toda la documentación, fotografías e informes recabados durante la visita serán presentados en la próxima sesión de la Junta Departamental como respaldo del reclamo institucional. El concejal advirtió que, de no existir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades nacionales, no descartan impulsar movilizaciones ciudadanas para exigir la reactivación de la obra.

Aclaró que incluso no hace las mismas denuncias que los referentes políticos de la oposición.

Justificó sus denuncias y reclamos al señalar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente presidido por Jorge Bogarín (Ind) le negó el acceso al código fuente del sistema de votación antes que se hagan las elecciones internas municipales del 7 de junio.

No obstante, advirtió que, tras el primer rechazo a su reclamo, ya pidió una reconsideración al TSJE y que solo espera la misma respuesta antes de pelear ante las máximas instancias judiciales del país.

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“Voy a exigir la aplicación de la ley, de la Constitución y del marco legal vigente sobre el tema de la transparencia total y absoluta del sistema electoral, algo que el TSJE no está cumpliendo hoy. También hice otros pedidos al MITIC y a la Contraloría General de la República”, acotó.

Pedidos de Informes a otras instituciones

Agregó que su petitorio ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), cuya titular es Lorena Franco, surge al sostener que se están violando las licencias que se compraron desde el pliego de bases y condiciones del alquiler de las máquinas de votación.

Dijo además que también recurrió al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), cuyo titular es Gustavo Villate, ya que el ente cuenta con dos resoluciones que deben ser cumplidas por el TSJE, una relacionada al software libre y otra está relacionada a ciberseguridad.

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Sostuvo que las leyes de ciberseguridad exigen al TSJE entregar una copia de todas las fuentes al MITIC y que busca saber si el ente electoral cumplió este requisito.

“Yo quiero saber, le pregunto al MITIC, si es que tienen evidencia que demuestre que el TSJE cumplió con los estándares internacionales referentes a ciberseguridad. Eso por el lado del MITIC, software libre y ciberseguridad”, resumió.

En cuanto a su reclamo a la Contraloría, dijo que hace el mismo pedido ya que ahí se hace el control del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), que exige una auditoría informática.

“Le estoy preguntando a la Contraloría qué evidencia me pueden mostrar de que esa auditoría se dio antes de que se hagan las elecciones internas. Porque eso se tendría que haber hecho”, aseveró.

Sostuvo que por ello mantiene sus cuestionamientos y que el TSJE no ha levantado ninguna de sus observaciones.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, aproximadamente ocho niños y una docente manifestaron náuseas, mareos, dolor de cabeza, sequedad en la boca y episodios de vómitos, por lo que requirieron asistencia inmediata.

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En una primera intervención, los afectados fueron atendidos por docentes y directivos de la institución educativa hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, los pacientes fueron trasladados al Centro de Salud de Ypané para una evaluación médica más exhaustiva.

La situación generó preocupación entre padres y familiares, quienes acudieron rápidamente a la escuela para interiorizarse sobre el estado de salud de los alumnos.

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El sargento Edson Rubira, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, informó que “en total fueron trasladados ocho estudiantes y una docente a centros médicos cercanos”.

“Nosotros realizamos la asistencia a tres estudiantes, pero nos dijeron desde la dirección que los otros cinco fueron igualmente asistidos y trasladados”, explicó.

Refirió, además, que “el origen de la intoxicación hasta ahora lo desconocemos. Si bien hicimos el rastrillaje alrededor de la institución, no hallamos ninguna fábrica que tenga sus instalaciones alrededor, pero sí constatamos que había vertederos clandestinos cerca de la institución”.

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Mencionó, igualmente, que además de los ocho atendidos oficialmente, otros alumnos habrían presentado los mismos síntomas, pero se desconoce la cantidad exacta, ya que muchos padres se acercaron a la institución para asistir a sus hijos.

Según los datos preliminares, aún se desconoce el origen de la posible intoxicación. Algunas versiones señalan que los síntomas habrían aparecido tras la presencia de algún elemento en el ambiente que habría ingresado a través de la ventana de las aulas del quinto y sexto grado.

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Las autoridades sanitarias y los organismos de emergencia continúan con el procedimiento correspondiente para determinar las causas del hecho y descartar riesgos para el resto de la comunidad educativa.

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Cuando se concretó la integración entre los servicios del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) y los del Centro de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el propósito era mejorar la atención a la población ayolense. Sin embargo, desde la fusión, realizada en 2016, hasta la actualidad, la prestación no ha registrado mejoras significativas, expresó un paciente.

Agregó que, si bien se logró contar con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), el área sigue careciendo de especialistas, como cardiólogos. Además, tampoco cuenta con profesionales capacitados para el manejo de equipos de diálisis, un aspecto considerado fundamental para la atención de pacientes internados en la UTI y que se encuentran en delicado estado de salud, expresó el paciente, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Expresó que la integración de los servicios de ambas instituciones unificó las carencias existentes y que son los pacientes, asegurados o no, quienes deben soportar diariamente las deficiencias del Hospital Integrado.

Intentamos hablar sobre las quejas con la directora del IPS, doctora Elizabeth Achucharo, pero ante nuestra consulta vía telefónica manifestó que se encontraba en una reunión.

El director del Ministerio de Salud, doctor Abel Fletes, acusó recibo de nuestro mensaje, pero no contestó nuestras preguntas.

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La controversia central en este caso era sobre los años máximos, ya que en su tercera vuelta, el Senado se ratificó en elevar incluso a 15 años el máximo, pero finalmente, por 43 votos, Diputados impuso su versión de los 10 años.

La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) argumentó el dictamen a favor de la ratificación, reconociendo la existencia de hechos graves que involucran a menores, pero que también contempla otro aspecto de esta realidad, que es que se trata de menores de edad.

“La propuesta aprobada por Diputados busca encontrar ese equilibrio, ya que por un lado establece consecuencias más claras y proporcionales para aquellos casos donde hay agravantes, pidiendo llegar hasta 10 años de pena privativa de libertad. Pero al mismo tiempo entiende que estamos hablando de adolescentes y que el objetivo de la justicia especializada no puede ser solo castigar; sino también trabajar para que no vuelvan a cometer hechos que dañen a otros o a ellos mismos”, dijo Estigarribia.

Acotó que la versión Diputados también establece otros protocolos de acompañamiento y evaluación psicológica para los menores infractores, a fin de buscar la reinserción de los mismos, ya que “una sociedad no puede limitarse a encerrar problemas”.

Finalmente, dijo que el objetivo perseguido por Diputados busca una justicia que “responsabiliza, educa y previene” otros hechos de violencia vinculados a menores.

Estigarribia fue la única interviniente, por lo que no hubo argumento a favor de la versión Senado. De los 45 presentes, solo los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) optaron por la abstención.

Esta iniciativa de endurecer las sanciones contra menores de edad surgió tras el brutal asesinato hace un año de la adolescente María Fernanda Benítez (Mafe) de 17 años, que, para más estaba embarazada al momento del crimen.

Este último dato es relevante, ya que habría sido el motivo que impulsó al presunto asesino, también menor de edad (supuestamente en complicidad con su familia), para asesinarla e intentar deshacerse del cuerpo, quemándolo en un predio baldío.

El contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas como atrasos en pago a proveedores del Estado, baja de las recaudaciones son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la incertidumbre sobre incremento del salario mínimo son también elementos evaluados los usuarios.

Así el ICC de mayo de 38,21 puntos resultó inferior al registrado en abril de 2026 de 40,17 puntos (ya en zona de pesimismo) y al observado en mayo de 2025 de 53,46 puntos, según el reporte oficial que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Situación y expectativa

Del informe oficial se desprende que la evaluación se realiza además en dos aspectos. Por un lado, el Índice de Situación Económica (ISE) que recoge la percepción de los consumidores sobre la situación actual de la economía familiar y del país. Este indicador que prácticamente se hundió en mayo con un valor de 27,04 puntos, una cifra inferior en 2,29 puntos respecto al mes previo y menor en 12,75 puntos al dato registrado en mayo de 2025, registrando mínimos históricos

Por otra parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE), que mide la percepción de los consumidores hacia el futuro, también registró retrocesos y alcanzó un resultado de 49,38 puntos, cifra inferior a la del mes anterior y a la del mismo mes de 2025, en 1,62 y en 17,75 puntos, respectivamente. Este indicador (ISE) que se ha mantenido por mucho tiempo en optimismo, para el mes de mayo también cayó en terreno de pesimismo, de acuerdo con el reporte oficial.

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También bajó la predisposición para el ahorro y compra de bienes durables

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de apenas 11%. Este resultado fue inferior en 4,50 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior y también representó una reducción de 14,75 puntos porcentuales respecto al dato de mayo de 2025.

Por otro lado, en la predisposición a adquirir bienes durables, a pesar de la baja del dólar, se registraron reducciones mensuales en todas las categorías, a excepción de electrodomésticos, que se mantuvo constante. En términos interanuales, todas las categorías de bienes registraron resultados inferiores respecto a mayo de 2025.

Específicamente, la máxima instancia judicial resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados Ricardo Estigarribia, Sandra Elizabeth Barrios y Víctor Raúl Estigarribia, en representación de Gustavo Adolfo Florentín Silva, contra el Acuerdo y Sentencia N° 107, del 17 de noviembre del 2025 dictado por Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala; y Sentencia Definitiva N° 151, del 11 de abril del 2025, emanada de un Colegiado de Sentencia.

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“Fácil y diáfanamente se constata que los casacionistas no han cumplido –ni por asomo- exigencia procedimental de autosuficiencia racional de agravios. No es atendible pretender análisis ante exposición subrepticia de argumentos contra el fallo de primera instancia, lo que se traduce en ausencias insanables de exposiciones de motivos”, resalta parte del voto del ministro César Garay para declarar inadmisible el recurso.

El suboficial de Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva fue sentenciado a 24 años de pena privativa de libertad, tras ser declarado autor material del asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido durante el atropello de la Policía Nacional a la céntrica sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la madrugada del 1 de abril de 2017.

Condena por crimen de Rodrigo Quintana

Por unanimidad, el 11 de abril de 2025 el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre declaró probada la acusación presentada por el fiscal Hernán Galeano, que en juicio representó el Ministerio Pública en forma conjunta con su colega Marlene González.

El ingreso policial al local partidario se dio luego del incendio de la sede del Congreso Nacional, en el marco de las protestas en contra del proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección de Horacio Cartes como presidente de la República.

La presidenta del Tribunal destacó el daño observado a la puerta del local partidario, lo cual coincide con el el testimonio de Diego Armando Garcete, amigo de Rodrigo Quintana, quien relató que estuvo sosteniendo la puerta para ingresar al local partidario.

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El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa, pero el 17 de noviembre del año pasado el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro resolvió, por unanimidad, confirmar la sentencia dictada en juicio oral.

Policía condenado por homicidio doloso agravado

Al dar a conocer la sentencia, la presidenta del Tribunal destacó el daño observado a la puerta del local partidario, lo cual coincide con el el testimonio de Diego Armando Garcete, amigo de Rodrigo Quintana, quien relató que estuvo sosteniendo la puerta para ingresar al local partidario.

Rodrigo Quintana recibió nueve densidades metálicas que provocaron su muerte, “paro cardio respiratorio por asfixia mecánica por neumotórax bilateral y meoneumotórax bilateral por heridas de fuego, munición múltiple”, de acuerdo a los resultados de la autopsia firmada por los médicos forenses Dr. Hugo Lachi y el Dr. Pablo Lemir.

Además, la jueza Lourdes Garcete resaltó que en el juicio oral quedó probado, con “absoluta claridad”, la responsabilidad del suboficial Gustavo Florentín en el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

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Como agravante, se tuvo en cuenta el incumplimiento de las reglas previstas en propio reglamento de la Policía Nacional y en este caso específico, también se consideró las especializaciones que el acusado tenía sobre el manejo de disturbios.

Gustavo Florentín no tenía orden para participar del operativo

Otro punto destacado por la titular del Tribunal es que Gustavo Florentín no tenía ninguna orden escrita para participar del operativo, pero sus jefes estaban en conocimiento de que formó parte del pelotón policial. Tampoco tenía orden de retiro de arma.

“Gustavo Florentín dejó la sede de la Comandancia, desconocemos por orden de quién”, expresó la jueza Garcete, al explicar que no se aclaró cómo fue que el acusado integró el pelotón policial que atropelló la sede del PLRA.

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El 1 de abril de 2017 a las 00:33 el suboficial Gustavo Florentín junto a otros colegas llegaron a la sede del PLRA, ingresaron tras violentar la puerta del local, donde estaba un grupo de personas.

La magistrada explicó que cinco armas que utilizaron los policías fueron sometidas a análisis físico químico y que del resultado de dichos estudios, se descartó que el suboficial Arnaldo Báez haya disparado la bala que acabó con la vida de Rodrigo Quintana tal como sostuvo la defensa, ya que su escopeta tenía balines de goma.

Derlis León, gerente de Salud del IPS había asegurado que esta modalidad permitirá a los asegurados recibir atención médica mediante videollamadas en tiempo real, eliminando la necesidad de traslados innecesarios y optimizando el tiempo de espera.

La iniciativa, desarrollada con el soporte técnico de Copaco, tiene como objetivo principal brindar un seguimiento continuo a pacientes con diabetes, hipertensión y otras patologías crónicas de alta prevalencia.

Capacitación intensiva y operativa

Los profesionales seleccionados, especialistas en Clínica Médica y Medicina Familiar, iniciaron esta mañana un programa de 72 horas de formación. El entrenamiento abarca:

• Competencias técnicas: Manejo de la plataforma de teleconsultas.
• Protocolos clínicos: Actualización en el manejo de enfermedades crónicas y prescripción electrónica.
• Procesos asistenciales: Organización de las cabinas equipadas para la atención remota.

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El gerente de Salud del IPS indicó que tras finalizar esta etapa teórica y las prácticas supervisadas, el servicio tiene previsto comenzar las atenciones durante las primeras semanas de julio. El Hospital Virtual operará de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

Hospital Virtual y los beneficios para el asegurado

León destacó que la primera población objetivo serán asegurados de 55 años en adelante que ya están empadronados por sus condiciones de salud. Con esta implementación se busca:

1. Continuidad en medicamentos: Facilitar la renovación periódica de protocolos sin acudir presencialmente cada seis meses.
2. Gestión eficiente: La prescripción de fármacos será electrónica, permitiendo su retiro en el centro asistencial más cercano al domicilio del paciente.
3. Descongestionamiento: Al trasladar el seguimiento crónico a la modalidad virtual, se libera capacidad operativa en los hospitales físicos para atender urgencias y otras necesidades presenciales.

Una vez que el sistema alcance su plena operatividad, el IPS estima realizar entre 10.000 y 13.000 consultas mensuales. Para acceder a este servicio, León anunció que el IPS contactará directamente a los asegurados mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas para explicar el funcionamiento y obtener su consentimiento.

Según datos de la DMH, en Asunción al igual que Saltos del Guairá se espera una mínima de 10 °C, mientras que ambas máximas se sitúan en 22 °C.

Por otra parte, en otras localidades se espera más frío con mínimas por debajo de los 10 °C:

• 7 °C: Caazapá y Encarnación.
• 8 °C: Villarrica, Coronel Oviedo, San Juan Bautista, Ciudad del Este y Pilar.
• 9 °C: Caacupé y Paraguarí.

Miércoles con neblina

Otro punto que se detalla en el pronóstico extendido es que prácticamente a nivel país se espera neblina durante las primeras horas de la mañana, pero ya en horas de la tarde se espera un ambiente más cálido con vientos variables.

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El cierre vial coincidió con el horario de salida de colegios ubicados en la zona, como el María Auxiliadora, en Herrera y Tacuarí. Cientos de vehículos que intentaban ingresar al microcentro quedaron atrapados en un embotellamiento con filas desde la avenida Perú.

¿Por qué cierran constantemente Azara?

El corte responde a los trabajos de pavimentación hidráulica que la comuna realiza como parte del denominado Plan Asu 400 cuadras. Este programa consiste en un rejuntado de proyectos “reciclados” de la gestión anterior que no se habían ejecutado.

Las obras son parte del contrato de mejoramiento vial identificado bajo el ID 421.591 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las firmas adjudicadas bajo la modalidad de contrato abierto son Constructora Feldmann SA y Covipa SA, por G. 9.000 millones cada una.

Los proyectos viales debían financiarse con parte de los bonos G7 (2021), emitidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Dichos recursos debían ser destinados originalmente a la modernización de la Estación de Buses. A más de 5 años de la emisión de esos bonos, las cuentas donde debía estar el dinero ni siquiera aparecen en los balances de la comuna.

Tránsito en Asunción: desvíos improvisados y falta de información oficial

La nula difusión previa y la total falta de información oficial hicieron que los automovilistas se toparan con el desastre de frente. Sin avisos, los conductores quedaron atrapados en el embotellamiento sin posibilidad de buscar vías alternativas de desvío.

Alrededor de las 12:30 de este mediodía, el colapso del tránsito ya afectaba de forma directa a las vías paralelas a Azara. Calles neurálgicas como Mariscal Estigarribia, Eligio Ayala y Teodoro S. Mongelós se convirtieron también en trampas vehiculares.

La crisis se agravó debido a la ausencia total de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para ordenar la circulación. El acceso al microcentro se convirtió en una selva donde primó la ley del más fuerte frente a colectivos.

La situación de descontrol y el embotellamiento generalizado en los puntos más conflictivos se mantuvieron por el lapso de una hora. El calvario para los conductores cesó parcialmente alrededor de las 13:00, cuando se habilitó media calzada.

El mapa del caos en el microcentro: los antecedentes de la calle Azara

Este escenario repite exactamente el descalabro del pasado 20 de mayo, cuando la comuna clausuró sorpresivamente el tramo entre Caballero e Iturbe. En aquella oportunidad, la falta de comunicación previa forzó desvíos caóticos en pleno centro histórico.

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Asimismo, apenas cinco días después, el 25 de mayo, el microcentro volvió a colapsar por bloqueos intermitentes a la altura de la calle Antequera. El retiro de escombros obligó a colectivos a desviar por Presidente Franco, donde quedaron varados.

Actualmente, la empresa estatal eléctrica procesa las sugerencias que recabó en la audiencia pública del 1 de junio. “Estamos en la fase de trabajar los aportes al borrador del pliego con el Banco Mundial y sus consultores en este mismo momento”, detalló Escudero.

Cabe recordar que durante la audiencia pública participaron más de 380 representantes nacionales e internacionales de empresas, consultoras, inversionistas y actores del sector energético interesados en el proyecto y medios de comunicación. En la ocasión fueron presentados los aspectos técnicos, financieros, comerciales, legales, ambientales y contractuales contemplados en el pliego, además de los requisitos de experiencia, capacidad financiera y criterios de evaluación y desempate que deberán cumplir los oferentes.

ANDE envía a Contrataciones pliego de bases para la primera gran licitación solar: 140 MW

Ante la incertidumbre sobre el calendario definitivo de este megaproyecto, el director de Planificación señaló que esperan poder hacer el llamado en el segundo semestre del año. “Sí, le corresponde a la ANDE llamar. Ojalá lo podamos hacer en este segundo semestre”, insistió.

Este plan piloto contempla una inyección de 140 MW en Loma Plata, departamento de Boquerón. La cifra es significativa, porque equivale prácticamente al 64% de la capacidad operativa que hoy tiene la central hidroeléctrica Acaray.

El pliego exigirá la construcción integral del parque, el montaje de una línea de transmisión de 220 kV. de 7 kilómetros, y la ampliación de la Subestación Loma Plata, punto donde la energía ingresará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Blindaje de tierras y nuevo modelo tarifario

Para evitar los clásicos contratiempos de expropiaciones que encarecen las obras del Estado, la ANDE aseguró el terreno. La institución firmó un contrato de arrendamiento por 30 años con una cooperativa menonita, asegurando 200 hectáreas estratégicas a solo 5 kilómetros de la subestación.

Asimismo, el pliego de bases no evaluará las propuestas en función a la tarifa de costo medio de la ANDE, sino mediante un precio de referencia máximo, calculado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, había aclarado que este tope contemplará el costo de la tecnología y la tasa de retorno exigida por el sector privado. “En cada licitación va a tener un precio de referencia diferente”, anunció.

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Energía comercial recién para el 2029

Si la institución logra superar sus propios tiempos burocráticos y adjudica la obra antes de fin de año, el montaje en la Región Occidental tomará unos 24 meses. Estiman que la fase de construcción abarcará íntegramente los años 2027 y 2028.

Con esos plazos, la planta solar fotovoltaica empezará a inyectar energía comercial al Paraguay recién a partir del 2029, poniendo a prueba el comportamiento de todo el tendido eléctrico chaqueño.

La administración actual planea usar este parque como un gran laboratorio de ensayo técnico. Según adelantó Sosa, la institución no esperará su conclusión para ir avanzando en otros proyectos similares: “No vamos a esperar que entre en operación esta planta, vamos a comenzar a licitar en serie”, prometió.

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Para evitar el desabastecimiento y acompañar la reconversión del mercado, el plan maestro que presentó la ANDE recientemente contempla la convocatoria a licitaciones anuales, sucesivas. Los objetivos técnicos establecidos en las proyecciones institucionales prevén la incorporación progresiva de un promedio de 800 MW (equivalentes a casi cuatro veces la capacidad de la Central Acaray) de generación fotovoltaica por año, un volumen que combina plantas de energía solar y sistemas de almacenamiento por baterías.

Otra bofetada de Esteban Samaniego: Ahora quiere “nepo ruta” con nombre de su padre

La postergación fue un pedido del propio proyectista, el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) quien busca que el citado tramo lleve el nombre de su progenitor, el exsenador 1999-2003 Esteban Samaniego Alemán, asesinado en 2006.

Este llegó a la Cámara Alta en 1999 siendo suplente de la ANR tras el arresto de varios parlamentarios oviedistas procesados luego del “Marzo paraguayo”. El proyectista dijo hoy que pedía la postergación ante la necesidad de contar con los dictámenes correspondientes.

Dicho proyecto, llamativamente, se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria.

Pese al conflicto de intereses, el único proyectista es el polémico diputado Samaniego, que registra un total de cuatro pedidos de desafuero cajoneados en Cámara Baja, el más antiguo de ellos data de 2019.

El padre del legislador había sido asesinado el 8 de noviembre de 2006 en un ataque a tiros en su estancia por trasfondos políticos, según determinó un Tribunal en el juicio en el que fue condenado el atacante Héctor Lugo Villalba.

Samaniego Alemán fue durante mucho tiempo activista y presidente de la seccional 11 de la capital, y cercano al expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Samaniego Alemán, en julio de 2006, ya se había salvado de un atentado en el que los sicarios fallaron dejando como evidencias varios impactos de bala en la pared de la casa de Samaniego, situada en la zona del distrito de Quyquyhó.

Samaniego Alemán reconocía públicamente que estaba en la mira de importantes políticos que buscaban ultimarlo por el enfoque que daba a sus comentarios radiales.

Por su parte, Esteban Samaniego tiene pendiente un pedido de desafuero para poder ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era intendente de Quyquyhó, proceso en el cual están en puertas de ir a juicio su esposa, la también exintendenta Patricia Corvalán, y otros familiares del legislador.

A esto hay que sumarle otros tres casos por presunta agresión física y atropello de la residencia, el más antiguo ya data de 2019, siendo apañado por sus colegas durante dos períodos legislativos distintos.

El precio de referencia de la convocatoria asciende a G. 355.160 millones (más de US$ 59 millones al tipo de cambio actual). Las consultas podrán realizarse de manera virtual a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta el 30 de junio de 2026, a las 12:00. En tanto, la recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el 6 de julio de 2026, a las 09:00 y 09:30, respectivamente, en el Edificio Central del MOPC.

El financiamiento del proyecto, un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue promulgado en noviembre de 2019. Sin embargo, pese a que transcurrieron más de seis años desde su aprobación, recién ahora la institución licitó la construcción de las viviendas. Mientras tanto, el Estado ya enfrenta el pago de intereses por el empréstito.

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Viviendas sostenibles en un predio rellenado en el Bañado Sur

Las viviendas deberán construirse en un terreno de 66 hectáreas que fue refulado (rellenado) en el marco del proyecto Costanera Sur. No obstante, hasta la fecha solo se contrataron millonarias consultorías, cuya utilidad fue cuestionada, aunque el MOPC sostuvo que su contratación responde a las “políticas del BID”.

Al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para consultorías relacionadas con diseño, estudios de impacto ambiental, comunicación y apoyo técnico y logístico.

En cuanto a las obras propiamente dichas, hasta ahora solo se adjudicaron los trabajos correspondientes a los equipamientos públicos y comunitarios que actualmente se construyen en el predio rellenado de la Costanera Sur.

Estas obras, adjudicadas en febrero del año pasado, están a cargo del Consorcio TYCIV II S.A., integrado por Topografía y Caminos S.A. y Constructora Isacio Vallejos S.A., por un monto de G. 181.498.015.121 (equivalentes a más de US$ 30 millones al tipo de cambio actual), bajo la representación de Francisco Griñó.

La empresa ejecuta trabajos viales que incluyen la conformación de calles, veredas y bicisendas, además del movimiento de suelo en las manzanas. También desarrolló obras de infraestructura eléctrica, como redes y alumbrado público. En paralelo, avanzó con la colocación de adoquines y se prevé el inicio del pavimento de hormigón en las avenidas circunvalatorias del nuevo barrio, con el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad del área.

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Asimismo, se ejecutan obras del sistema sanitario y de desagüe, que incluyen alcantarillado, cañerías, registros y estaciones de bombeo, componentes considerados clave para la posterior construcción de las viviendas y de la infraestructura pública del barrio.

Hoy se realizó una visita técnica en el marco de la nueva licitación

Técnicos del MOPC coordinaron este martes la visita técnica correspondiente al llamado en curso para la construcción de viviendas sociales en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú. La actividad reunió a representantes de empresas interesadas en participar del proceso y constituye un paso previo para avanzar en la futura edificación de unas 2.500 viviendas en una zona no inundable y con infraestructura básica completa.

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Durante el recorrido, las empresas conocieron en detalle el área donde se ubicarán las viviendas y observaron el avance de la infraestructura urbana actualmente en ejecución. Además, se interiorizaron sobre aspectos relacionados con la logística de la obra, los accesos, la ubicación de los lotes y demás condiciones técnicas necesarias para la presentación de sus ofertas.

Según el MOPC, la alta participación registrada refleja el interés del sector constructor en formar parte de una de las intervenciones urbanas y sociales más relevantes que impulsa actualmente el Gobierno, orientada a brindar soluciones habitacionales definitivas a familias históricamente expuestas a condiciones de vulnerabilidad e inundaciones.

Las futuras viviendas sociales estarán integradas a un barrio planificado, dotado de calles, servicios básicos, sistemas sanitarios, espacios públicos y equipamientos comunitarios, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida a sus futuros habitantes.

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La iniciativa, conversada esta mañana durante la sesión del Consejo, busca articular alianzas con empresas privadas que tienen contratos vigentes con la previsional, con el fin de transformar espacios que, históricamente, han sido foco de incontables quejas por parte de los asegurados debido a sus condiciones precarias e inhumanas.

Albergues del IPS: un espacio de dolor olvidado

Durante décadas, los familiares de pacientes internados en el Hospital Central y otros centros del IPS han convivido con la indignación y la impotencia.

Los testimonios de los asegurados sobre estos espacios —destinados a quienes esperan noticias de sus seres queridos o acompañan tratamientos de larga duración— han sido una constante histórica: falta de higiene, ausencia de mobiliario básico, hacinamiento y una total deshumanización del entorno.

La improvisación, producto de la falta de una planificación presupuestaria adecuada, convirtió a estos lugares en un reflejo del descuido institucional. Ante esta realidad, el presidente del IPS reconoció que es imperativo dar un trato “más digno, más humano y más sensibilizado” a quienes atraviesan el momento más difícil de sus vidas.

La propuesta: padrinazgo como modelo de gestión

La estrategia planteada por el Consejo consiste en invitar a las empresas proveedoras de la institución a sumarse como “padrinos” de los albergues, bajo un esquema de responsabilidad social. La idea es que estas firmas aporten los recursos necesarios para reacondicionar los espacios mediante convenios, sin que esto signifique comprometer a la institución en acuerdos comerciales irregulares.

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“Hay demasiadas empresas que tienen trabajos acá y permanentemente están utilizando los recursos del IPS; están ganando mucha plata con la institución. Plantearía tener un padrinazgo para los albergues e iniciar como un plan piloto”, fue el planteamiento que realizó la consejera Mirtha Arias, representante de los trabajadores aportantes del ente.

Buscan eliminar parches con presupuesto

El Consejo enfatizó que, aunque el padrinazgo busca una solución inmediata y práctica para mejorar la infraestructura, el desafío de fondo sigue siendo la inclusión de estas necesidades en el presupuesto institucional para el 2027. La meta es dejar atrás los “parches” temporales y garantizar que la dignidad del asegurado y su entorno familiar deje de ser una deuda pendiente en el IPS.

El tema generó un consenso unánime sobre la urgencia de humanizar la atención. “Hay que presupuestar para el año que viene para que los familiares tengan un lugar más digno. La improvisación hizo que no estén en las condiciones adecuadas”, expresó Fretes.

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Se decidió en sesión que el plan piloto se pondrá en marcha tras la socialización de la propuesta con las cámaras farmacéuticas y de proveedores.

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“Su pensamiento y acción representaron un aporte fundamental en la defensa de la igualdad, la educación y los derechos civiles de las mujeres paraguayas”, dijo la diputada cartista Cristina Villalba en representación de la Comisión de Presupuesto.

El inmueble, ubicado sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico; sin embargo, se encuentra en ruinas a merced de indigentes que lo utilizan como refugio.

La creación de la comisión interinstitucional permitirá articular esfuerzos entre organismos del Estado, gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la preservación patrimonial y a la promoción de los derechos de las mujeres.

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El proyecto establece que la comisión nacional de restauración estará integrada por representantes de varias instituciones que durarán en sus funciones un año.

El inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS), sin embargo nunca se preservó adecuadamente.

Tras la aprobación, por unanimidad, el documento fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.

Agentes de la Comisaría 10ma Central lograron detener a la primera, pero aún buscan dar con Liz Flor.

La orden de la fiscala se basa en videos subidos por las propias procesadas en sus cuentas de la red social Tik Tok donde se las ve bailando en la calle, detrás de un auto al ritmo de la conocida canción “Dança do Créu” de MC Créu.

En el material audivisual se ve como ambas mujeres se bajan parte de los pantalones y muestran las nalgas al aire.

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En Paraguay, el exhibicionismo está tipificado en el Artículo 132 del Código Penal Paraguayo.

La legislación castiga los actos obscenos que ofendan el pudor de manera que inquieten o agravien de forma relevante a terceros.

“Artículo 132.- Actos exhibicionistas. 1°.- El que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 2°.- Se podrá prescindir de la ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo. Será aplicable, en lo pertinente, el articulo 49”, indica el citado artículo de la legislación paraguaya.

Según trascendió, el acto de exhibicionismo se realizó sobre la Ruta PY03 en Mariano Roque Alonso.

El fiscal Osvaldo Zaracho, titular de la Unidad Especializada N° 3 en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando de Alto Paraná, lideró tres allanamientos este lunes 15 de junio, tras una investigación que pone en foco la salud pública y la propiedad intelectual.

Los operativos, autorizados por la jueza penal de garantías Teresita Cazal, contaron con el despliegue de personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y técnicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

En la primera intervención, realizada en una vivienda de Hernandarias, la comitiva incautó insumos de alta peligrosidad, entre ellos:

• Veltrane Retatrutide y Tirzepatide (20 mg).
• Lyophilized Peptides.
• Agua bacteriostática y otros componentes utilizados para la elaboración clandestina de fármacos.

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Posteriormente, la comitiva se trasladó a la clínica Bionova, ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Allí se hallaron diversos kits destinados a tratamientos de inmunidad, hipertrofia muscular, alopecia androgenética, menopausia y estética.

Entre las sustancias confiscadas destacan vitamina C, vitamina D3, DMSO al 99,9 %, MSM y cloruro de sodio, además de bolsas con medicamentos halladas en la vía pública frente al local. Un tercer allanamiento en otra residencia de la capital del Alto Paraná resultó negativo.

Origen de la investigación

El caso se originó el pasado 9 de junio, cuando fue detenido un joven de 21 años en la intersección de las avenidas Monseñor Rodríguez y Del Lago. En aquella ocasión, fueron confiscados 720 frascos del producto T.G. 15 (Tirzepatida), el cual carecía de cualquier documentación legal que acreditara su origen.

El detenido fue imputado formalmente por presunta violación de derechos de marcas, en virtud de lo dispuesto en la Ley n.° 3440/08.

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El fiscal Zaracho confirmó que, con el objetivo de profundizar las diligencias, solicitará informes técnicos y periciales a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a Dinavisa y al Ministerio de Salud.

Estas instituciones deberán determinar el alcance del daño sanitario y la trazabilidad de los productos incautados, fundamentales para avanzar en la causa contra los responsables de este esquema de contrabando y falsificación.

La convocatoria fue formalizada por el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Gustavo Bernal, y el acto oficial de proclamación incluirá la entrega de títulos habilitantes.

Puntualmente se hará entrega de los títulos al Presidente entrante del PLRA, el intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, el vicepresidente primero el diputado Antonio Buzarquis; y la vicepresidenta segunda, Julia Rivas así como los miembros del Directorio Nacional y departamental del periodo 2026 -2031.

Nuevo Liberalismo copa el Directorio del PLRA con 19 de 30 miembros

El titular saliente de la agrupación es Hugo Fleitas, electo como chapa de Efraín Alegre en 2021 en la renovación de autoridades partidarias. Fleitas asumió el mando tras la destitución de Alegre en agosto de 2023, por la Convención Liberal, en represalia por su tercera derrota electoral como candidato a la Presidencia de la República en 2013, 2018 y 2023.

Con esto se inicia el periodo hegemónico del líder del movimiento Nuevo Liberalismo, el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia.

Su sector ganó la presidencia del PLRA; 19 de 30 lugares en el Directorio Nacional y la presidencia de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) así como en la mayoría de las candidaturas a la intendencia con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Solo resta que el TEI divulgue los resultados sobre los 585 miembros electos de la Convención del PLRA, máxima instancia partidaria que refrenda las propuestas de líneas políticas y alianzas electorales con miras a las elecciones generales y presidenciales.

Según la denuncia, los delincuentes se hicieron pasar por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para obligar al conductor, Douglas Martínez Medeiros, a detener la marcha del vehículo.

Acto seguido, anunciaron el asalto y, a punta de armas, redujeron a Martínez y a sus acompañantes, Ángel Samuel Martínez y Matías de Jesús Colmán, a quienes obligaron a subir al vehículo utilizado por los autores.

Los malvivientes se apoderaron de tres conservadoras y unas 35 cajas de mercaderías que contenían productos anabólicos. Posteriormente, abandonaron a las víctimas con el vehículo en la zona del Área 8.

Asaltados a pocas cuadras de la empresa

Uno de los empleados de la firma, Fredy Gregorio Prieto Gayoso, indicó que los asaltantes interceptaron el rodado poco después de su salida del centro de distribución, ubicado en inmediaciones del Lago de la República.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 1ª y también intervino el personal técnico de la Policía Nacional para iniciar la investigación.

“Estamos en un momento histórico en el IPS, un presidente que por fin sale a ver la realidad de su institución. Lastimosamente, siguen dos consejos cómplices de todo lo que ocurrió anteriormente, empotrados en sus cargos y cobrando sus millonarios haberes sin salir de sus oficinas”, dijo Vallejo en referencia a los consejeros representantes de los aportantes y jubilados.

Agregó que ambos consejeros, con sus votos, apañaron todas las desprolijidades encabezadas por Jorge Brítez, por lo tanto también deben irse.

El pedido de destitución ya lo había formalizado mediante nota al Presidente Santiago Peña la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.

Los jubilados habían solicitado la destitución de Emilio Argaña y José Jara Rojas, al considerar que ya no representan los intereses de los aportantes y jubilados.

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“El doctor Fretes está desnudando lo que hace mucho tiempo nosotros denunciábamos. Las condiciones deplorables de la institución, los malos servicios a los asegurados. También lo que reclama el personal de blanco, la gente que trabaja en condiciones lamentables”, dijo Vallejo.

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La parlamentaria lamentó también que en la Cámara de Senadores quedó paralizado el proyecto de ley que declara en emergencia la previsional y, de esa manera, agilizar las compras de medicamentos e insumos que ya tiene media sanción de Diputados.

“Es una pena que en el Senado se quede durmiendo el proyecto de ley para simplificar las compras del IPS. Es un excelente proyecto que aprobamos, pero está paralizado”, dijo Rocío Vallejo.

Los dirigentes de la movilización señalaron que hace aproximadamente tres semanas mantuvieron una reunión con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, y representantes de otras instituciones públicas en la sede de la Gobernación de Curuguaty. Durante el encuentro hablaron de las diversas necesidades de las ocho comunidades, en su mayoría ubicadas en el municipio de Curuguaty.

Entre los reclamos se destacan el mejoramiento y la apertura de caminos vecinales, asistencia médica, construcción de viviendas, instalación de red de agua potable, legalización de ocupaciones de tierras, entrega de víveres, entre otros.

Según Fredi Méndez, líder del asentamiento Ysaka, en la reunión realizada hace tres semanas, el presidente del Indi y las demás autoridades que participaron se comprometieron a que inmediatamente comenzarían los trámites para cumplir con los pedidos realizados. Sin embargo, todo sigue igual.

El líder de la comunidad Río Verde, Eusebio Vera, mencionó que los pobladores afectados solicitan que las autoridades agilicen la solución de los numerosos problemas que afectan la vida de las familias indígenas en el departamento de Canindeyú, así como de otras zonas.

Vera indicó que el presidente del Indi se comprometió a realizar los trámites correspondientes con las demás instituciones, con el objetivo de cumplir con los pedidos de las familias que están solicitando asistencia para poder solucionar los problemas más acuciantes.

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“Se está cumpliendo con ellos”

El presidente del Indi, Hugo Samaniego, aseguró que se está cumpliendo con las comunidades originarias de acuerdo con el programa establecido para la asistencia a las familias de las distintas poblaciones. Señaló que hay líderes que no quieren adecuarse al calendario que maneja la institución, explicó.

El reporte aborda la actividad económica de Paraguay en general e incluye datos sobre el déficit fiscal (ingresos del fisco menos egresos), la inflación, el tipo de cambio y otras variables macroeconómicas.

El informe Situfin confirmó un déficit fiscal acumulado de G. 3,4 billones entre enero y mayo del presente año, por US$ 527,2 millones al tipo de cambio actual. El monto equivale al 0,9% del producto interno bruto (PIB), dentro del límite fiscal previsto para este año de 1,5%, según el MEF.

Sin embargo, si consideramos los términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 9,7 billones, equivalente al 2,4% del PIB, detalló la cartera económica (unos US$ 1.600 millones). Esta cifra está por encima de la meta fiscal establecido en el plan de convergencia (que estima llegar a -1,5% del PIB).

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Ingresos fiscales con crecimiento leve

Según lo informado por la citada cartera, el resultado de los primeros cinco meses del año refleja, por un lado, el crecimiento todavía “leve” de la recaudación tributaria, afectada principalmente por menores ingresos no tributarios provenientes de las binacionales y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

En ese sentido, hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación 2026 estableció un dólar por encima de los G. 7.800, mientras que en la actualidad la moneda norteamericana se cotiza en torno a los G. 6.100.

Por otro lado, según reportaron los técnicos del MEF, se evidencia el comportamiento del gasto público, asociado a compromisos operativos en sectores estratégicos y a la regularización de pagos pendientes en áreas prioritarias.

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Gasto se incrementó en 11,7%

En cuanto al gasto, el MEF informó que se observó un incremento acumulado de 11,7%.

Indicó que el incremento acumulado se dio por la “regularización” de pagos que se estuvo realizando principalmente en el sector salud. Sin embargo, desde dicho sector aún reclaman una millonaria deuda arrastrada desde hace más de un año, inclusive.

No osbtante, los técnicos del MEF reportaron que, adicionalmente el 80% de los gastos también se dirigió a sectores estratégicos del servicio público, como educación y seguridad.

Según lo explicado, el incremento del gasto total se debe fundamentalmente a mayores remuneraciones en los sectores de salud (17,9%), educación (17,7%) y programas de protección social (11,9%).

“Niveles bastante bajos” de gasto salarial

El MEF, sin embargo, sostuvo que se mantienen “niveles bastante bajos” de remuneraciones o gasto salarial en proporción a los ingresos tributarios, que en 2026 se ubican en 52,8%, frente al 54% del ejercicio fiscal anterior, cuando la coyuntura de ingresos tributarios era diferente.

En cuanto al gasto en prestaciones sociales, Rodríguez afirmó que hubo incrementos en jubilaciones y pensiones (9,5%), adultos mayores (13,3%) y alimentación escolar (200%).

“Todos esos gastos estratégicos en prestaciones sociales explican ese aumento del rubro de protección social del 17,7% en el acumulado de enero a mayo, siempre en comparación con el ejercicio fiscal anterior”, detalló.

Apreciación del guaraní frente al dólar llegó al 23,6%

Por otra parte, el MEF explicó que hasta mayo, el tipo de cambio nominal continuó con su senda de apreciación dentro del rango observado en la región.

“Ha continuado su senda de apreciación y, a mayo de 2026, el promedio llegó a G. 6.126 por dólar. Observamos que la apreciación acumulada en el año alcanza 8,9%, con una variación interanual de 23,6% respecto al tipo de cambio observado en el mismo periodo del año pasado”, dijo Rodríguez.

En ese sentido, señaló que Paraguay continúa en un periodo de apreciación monetaria, dentro del rango observado en otros seis países de la región: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Inflación dentro del rango meta del BCP

Por otro lado, en cuanto a la inflación, la cartra de Economía refirió que a abril de este año se encuentra dentro del rango meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese sentido, la inflación interanual (que mide los últimos 12 meses) se ubicó en 2,4%, superior al 2,3% registrado en abril del presente año y menor al 3,4% observado en abril de 2025.

Afirmó que esta variación interanual se explica por el comportamiento de los segmentos de alimentos, combustibles y servicios de la canasta.

“Esta trayectoria de inflación se mantiene dentro del rango meta esperado por el BCP. Esta coyuntura dio pie a que el Comité de Política Monetaria, en su reunión mensual, ratificara nuevamente el mantenimiento de la tasa de política monetaria en 5,5% anual”, refirió la gerente de Economía.

“Macanada lo que decís”, le gritó Marcelo Salinas, quien busca ser intendente de Mariano Roque Alonso, sobre la intervención que realizaba Vaesken contra Camilo Benítez y el intendente liberal Diego Alonso.

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La situación subió de tono cuando Vaesken pidió respeto, y en especial a algunos “correligionarios transfugas”. Esto molestó más al libercartista que se levantó de su banca e intentó golpear a su colega.

“Yo siempre les respeto a todos, si mis correligionarios que son tránsfugas aquí en este parlamento se ofenden por lo que digo, ese no es mi problema ”, dijo Vaesken minutos antes de que Salinas se levante y lo encare.

“Liberales a la carga”

Mientras Marcelo Salinas seguía gritando y amedrentando, algunos colorados pidieron que se levante la sesión “por que no había garantías”. En tanto que, otros gritaban “liberales a la carga” o atajen sus sillas, en alusión a aquella convención liberal donde las sillas “volaron” en la trifulca.

La denuncia contra el Contralor, quien, violando su propio reglamento envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas para liberar dinero correspondiente a los royaltíes que estaban bloqueados para la gestión del cuestionado liberal, pasó a un segundo plano.

Solicitaron informes

El diputado Vaesken indicó que desde la Comisión de Cuentas y Control invitaron al contralor Benítez, pero este solo envió a un equipo que no supo explicar el motivo del desembolso de G. 1.400 millones justo 14 días antes de las elecciones.

“El equipo de la Contraloría más o menos tiró la responsabilidad al ministerio”, dijo Vaesken.

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El liberal agregó que, debido a eso, también se convocó a los técnicos del MEF y ellos, con documentos demostraron que el propio contralor solicitó el desembolso.

“Los técnicos del Ministerio de Economía vinieron ayer y ahí disipamos las dudas. Confirmamos que Camilo, de forma arbitraria, habilitó la cuenta de la municipalidad con una nota que lleva su firma”, dijo el diputado Vaesken.

El parlamentario indicó que el intendente Diego Alonso, por más que sea liberal, está discriminando el pago de dietas a los concejales que cuestionan su gestión y por ley debía tener las cuentas bloqueadas.

El representante estudiantil lamentó que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es Luis Ramírez, no explicaron los motivos ni dieron respuestas sobre la falta de avance en la obra, que lleva casi un año parada y debía terminarse ya a fines de 2025.

Ríos manifestó además que ayer la Dirección Departamental de Educación en Itapúa (DDEI) les notificó que está en trámite un pedido de informe, pero que no respondió concretamente sobre qué ocurre y si continuarán las obras, más allá de la promesa política.

Los estudiantes lamentaron que a mitad de año todavía no se avanzó con las obras y que especialidades como Informática continúan sin aulas propias. “Es una pena que no hayan cumplido con el colegio, con estas obras que debían terminarse ya el año pasado”, dijo el joven.

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Obra suspendida

El director de la DDEI, Julio Figueredo, explicó que la licitación a nivel nacional estaría suspendida tras verificaciones que realizó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Detalló que reiteraron el pedido de informes a la central del MEC y que aguardan un retorno de las superioridades para dar explicaciones sobre las obras abandonadas.

Según los estudiantes, desde agosto del año pasado los encargados de la obra desaparecieron y no volvieron a trabajar en la institución.

Indicó que estiman que en este mes se podría “destrabar” la situación y que estarían las mismas empresas retornando a trabajar en las instituciones educativas.

Figueredo manifestó que, de los 43 colegios que estaban dentro de esta licitación, el departamento tiene obras paradas en siete colegios debido a esta suspensión.

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La licitación

La obra del CTN sería parte del lote 3 de la Licitación Pública Nacional (ID 443470) de 2024. La misma fue convocada por el MEC para la construcción y reparación de infraestructura de 43 colegios técnicos, por un monto total de G. 57.971.149.171.

La adjudicación de estas obras en Encarnación está aprobada para la empresa Las Cumbres SA, de Asunción, representada legalmente por Rosana Esbelta Gaona Saldívar. La firma está a cargo de la intervención en seis instituciones educativas, por un monto total de más de G. 6.900 millones, de los cuales la inversión en esa institución sería de más de G. 2.200 millones.

La fecha de inicio de la ejecución de las obras figura el 19 de diciembre de 2024, según datos publicados en la DNCP. El plazo contractual feneció el 24 de octubre de 2025.

El inicio de la tradicional marcha está previsto para las 16:00 por los alrededores del centro de la capital y para las 17:00 se realizará la “Feria del Orgullo Solidario”, según la organización.

La propuesta para este año es recibir donaciones de herramientas, ropas, alimentos guaraníes tradicionales y también no perecederos.

Lo recolectado será donado para la comunidad indígena Takuapu Mirî en Villeta, al Centro Comunitario Artista Róga del Bañado Sur y también entidades citadas en los TEKOHARÂ.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestras comunidades y familias a caminar, una vez más, por la liberación de todos los territorios para todas las personas“, detalla la organización.

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La parada del orgullo en junio

Sobre la parada del orgullo, SOMOSGAY recuerda que “como todos los junios desde 1970″, el movimiento de liberación sexual y los movimientos LGTBQ+ alrededor del mundo recuerda la noche del sábado 28 de junio de 1969 cuando en el bar Stonewall Inn de Nueva York la comunidad se levantó contra la policía en el estado más militarizado de la historia.

“Nuestra bandera arcoíris siempre fue diversa, múltiple y esperanzadora. La esperanza de un mundo mejor nace y se sostiene en la solidaridad que se expresa en la ayuda mutua y desinteresada que nuestras comunidades encarnan”, sostienen.

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El equipo del ministro contó con el respaldo de los diputados Jorge Barressi y Carmen Giménez, mientras que el sector del gobernador estuvo acompañado por el diputado Leonardo Saiz.

Pese a la dura competencia electoral, ambos sectores protagonizaron un encuentro político en el distrito de Liberación, donde llegaron al “abrazo republicano”. Se comprometieron a trabajar unidos para las elecciones generales.

No obstante, dirigentes y operadores consideran que la convivencia entre ambos equipos seguirá siendo uno de los principales desafíos dentro del oficialismo colorado en San Pedro.

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El equipo del ministro ganó en las principales ciudades

Los resultados de las internas dejaron una distribución relativamente equilibrada del mapa político departamental.

Sin embargo, el sector liderado por Carlos Giménez obtuvo las victorias más simbólicas al imponerse en San Estanislao y San Pedro de Ycuamandyyú, dos de los principales centros urbanos y electorales del departamento.

Estos resultados fortalecieron el posicionamiento del ministro dentro del escenario político sampedrano con miras a futuras disputas de liderazgo.

La oposición apuesta a candidaturas de consenso

Mientras los colorados buscan consolidar la unidad, opositores lograron acuerdos para presentar candidaturas consensuadas en diferentes municipios.

Yo Creo también busca espacio

Además de los partidos tradicionales, el movimiento Yo Creo logró posicionar candidatos en algunos distritos del departamento. La agrupación busca consolidarse como una alternativa política y captar votos de sectores independientes y desencantados con los partidos tradicionales.

En algunos municipios sus candidatos tendrán protagonismo en las municipales y podrían influir en la definición de los resultados.

Intendentes se quedaron sin rekutu

Las internas también dejaron importantes bajas dentro del oficialismo. Tres intendentes que buscaban continuar en el cargo fueron derrotados y quedaron fuera de la carrera electoral para las municipales del 4 de octubre.

Se trata de Raúl Soria, intendente de Itacurubí del Rosario, quien culminó cuarto en la interna; Betito Greco, de General Aquino, derrotado por Manolo Céspedes, y Kuko González, de Unión, quien tampoco podrá ir por la reelección.

Comienza la carrera hacia octubre

Con las internas ya definidas, el escenario político sampedrano entra en una nueva etapa.

Colorados, liberales, independientes y Yo Creo inician ahora la disputa por conquistar el voto ciudadano en unas elecciones que definirán el futuro político de los 22 municipios del departamento de San Pedro.

La campaña rumbo al 4 de octubre se presenta intensa y con varios distritos donde se anticipan competencias muy reñidas.

El dato no es menor atendiendo que pasaron más de una semana de los comicios y además Samaniego no recibió la visita del candidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez.

Al concluir los comicios, el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) sí visitó a los líderes de los movimientos Colorado Añetete y Fuerza Republicana para coronar la unidad con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo.

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“Clara señal”

El posteo de la ANR refiere que “la unidad del Partido Colorado en la capital continúa fortaleciéndose bajo la conducción del presidente de la ANR, Horacio Cartes”.

“En ese marco, el senador Arnaldo Samaniego expresó su respaldo a la Lista 1 de cara a las próximas elecciones municipales, enviando una clara señal de compromiso con la institucionalidad partidaria y con los desafíos electorales que se aproximan”, señala el escrito.

Agrega que la decisión de Samaniego “refleja una conducta colorada, priorizando la unidad y el interés superior del partido por encima de las diferencias propias de toda competencia interna”.

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“Su acompañamiento se suma a los esfuerzos impulsados por la dirigencia para consolidar un proyecto común que permita a la Asociación Nacional Republicana llegar fortalecida a los comicios de octubre. El respaldo del legislador es interpretado como una muestra de madurez política y de compromiso con los principios históricos del Partido Colorado, entendiendo que la participación democrática en las internas debe dar paso a una etapa de trabajo conjunto en favor de los candidatos que representarán a la ANR ante la ciudadanía”, señala el posteo.

Llamó la atención que la aplanadora cartista no se opuso; sin embargo, el secretario general administrativo de la Cámara, Carlos Samudio se “sacó de la galera” una supuesta oposición y planteando que se lleve a votación, pero ante el duro reproche del proponente, el diputado opositor Raúl Benítez, tuvo que rectificarse y alegó un “error involuntario”.

Al momento de argumentar la reiteración del pedido de informes, Benítez expuso unas imágenes (memes) del conocido programa “Los Simpsons” con monos tecleando a fin de reflejar cómo, en realidad, se ve el manejo del Mitic, haciendo referencia a que “gorilas” ligados al gobierno de Santiago Peña estarían detrás de la “campaña sucia” de ataque en redes sociales a políticos opositores y disidentes así como a medios de prensa críticos.

Esto sumado a sistemáticos escándalos, donde tanto el presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Mitic, Gustavo Villate, y la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, han sido evidenciados como mentirosos, entre otras cosas, cuando pretendieron desconocer el vínculo estatal con el presunto hombre detrás de las páginas de ataques, Juan Roberto Villaverde (Jimmy).

“Algunos me dicen que es IA (inteligencia artificial), pero a mí me pareció una imagen demasiado realista -dicho en tono irónico- porque la realidad es que lo que estamos viendo es que tenemos un grupo de monos con teclado dentro del propio Gobierno nacional y es por eso que hacemos la reiteración del pedido de informes”, dijo Benítez.

Remarcó que el Mitic, que se pasaba hablando de transparencia y de supuestamente no tener nada qué ocultar, al quedar evidenciado como mentiroso, no responde a los pedidos de informes.

“El Presidente de la República habló del señor Jimmy Villaverde como un militante más, como uno que estaba en la campaña, que les ayudaba nomás luego, y resulta que forma parte de la mesa de Mburuvicha Róga, tenía credencial, forma parte de las decisiones comunicacionales del Gobierno y eso es lo que se expone”, argumentó el diputado opositor.

De hecho, el motivo por el cual el Mitic no respondería este pedido de informes es porque está embretado en responder si efectivamente Jimmy Villaverde, al cual todos negaban, tenía o no credenciales oficiales del gobierno, entre otros varios puntos.

“Entonces, nosotros volvemos a reiterar al Mitic el pedido de informes para conocer la verdad sobre estos monos con teclado. ¿Estos monos con teclado están o no pagados con dinero público?... con dinero de Itaipú. ¿Cómo fue financiada esta campaña sucia contra opositores disidentes, periodistas y medios de comunicación?”, cuestionó Benítez sin tener respuesta hasta ahora.

Finalmente, dijo que si el Mitic respondía como le obliga la ley, ninguna de estas dudas cada vez más fundadas hubiese tenido sustento.

Esta medida, catalogada como un paso fundamental para la transparencia, busca optimizar los recursos y sanear una estructura de insumos que, según las autoridades del IPS, contenía irregularidades heredadas.

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La decisión, tomada durante la sesión del Consejo de la jornada, responde a una política de “limpieza” iniciada al comienzo de la administración de Isaías Fretes, que asumió en abril como presidente del seguro social. “Se compran al santo botón”, había dicho el médico el 13 de mayo, al anunciar la depuración del vademécum del IPS.

Aseguran significativo ahorro para el IPS

Al excluir insumos que ya no cumplen con los estándares actuales o que presentaban sobrecostos injustificados, el IPS proyecta un ahorro significativo y una mayor eficiencia en la cadena de suministros.

“Estamos culminando un trabajo importantísimo; esto significa un ahorro para la institución pero impensable, encomiable y valiosísimo”, expresó Isaías Fretes durante la reunión de esta mañana.

Los consejeros estuvieron de acuerdo en que al “limpiar” el cuadro básico de insumos y medicamentos, se registrará directamente un porcentaje más bajo de faltantes.

Hacia un sistema más eficiente

Las autoridades resaltaron que este proceso no es un hecho aislado, sino parte de una revisión continua que debe adaptarse a los avances de la ciencia médica.

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“Este es el primer paso; la medicina es dinámica y esto tiene que continuar para seguir ajustando el cuadro básico. En medicina se estandarizó que cada cinco años se revisan los cambios y los protocolos”, afirmó Fretes.

Fretes enfatizó que esta depuración permitirá que la institución se concentre en lo esencial. “Hay que contar guaraní por guaraní”, señaló, advirtiendo que la institución ya no puede permitirse mantener ítems inútiles mientras los asegurados enfrentan carencias en otras áreas críticas.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se reunió esta mañana con el presidente Peña, luego de anunciar ayer, en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que hay una investigación sobre 550 títulos no auténticos de profesores en todo el país.

De los 550 casos, 250 ya fueron identificados como falsificados por la cartera educativa y están siendo investigados por el Ministerio Público. La causa está a cargo de la fiscala Teresa Sosa Laconich.

Según la agente fiscal, existen sospechas sobre la falsedad de 1.500 diplomas universitarios de Educación. La responsabilidad es variada, recae sobre personas que venden los cartones y los inscriben en el MEC y el Cones, institutos que otorgan títulos pese a que no están habilitados por ley y personas que en su buena fe, acuden a estas instituciones, pagan matrícula y cuotas, se reciben, pero obtienen papeles falsos.

El discurso de “tolerencia cero” ante los títulos falsos

Tras la reunión con el presidente Peña, el titular del MEC, Luis Ramírez, aseguró: “desarrollamos rigurosas auditorías internas, un proceso de control formal que tiene como objetivo primordial el fortalecimiento institucional”.

Luego, agregó que, si bien los casos identificados ya se encuentran bajo proceso en las instancias judiciales, la cartera educativa sostiene una política de “tolerancia cero”.

“Seremos implacables en la aplicación de las sanciones correspondientes una vez que se compruebe la existencia de personas que pretendan ejercer la docencia sin la idoneidad que nuestros estudiantes merecen”, insistió.

En conferencia de prensa en la Presidencia de la República, Ramírez no descartó que si hay funcionarios con títulos falsos o implicados en una presunta red de corrupción, pierdan sus puestos en las oficinas del Ministerio.

Doble vara: rigor para unos, silencio para aliados

Mientras el Gobierno anuncia rigurosos controles y tolerancia cero para las personas que lucran con títulos no auténticos en el sector educativo, el presidente Santiago Peña evadió en numerosas ocasiones hablar sobre el supuesto título mau de abogado del exsenador Hernán Rivas (ANR-HC).

El exlegislador tuvo que renunciar a su banca en el Congreso Nacional debido a una segunda investigación fiscal sobre su cartón de abogado, registrado por el MEC en tiempo récord en el 2020, durante la gestión de Eduardo Petta.

En un acto de entrega de viviendas sociales, el pasado 13 de mayo en el departamento de Presidente Hayes, el presidente Santiago Peña esquivó una vez más la pregunta sobre la entonces reciente renuncia de Rivas. Cuando un periodista le consultó al respecto, decidió retirarse del sitio pese a que sí respondió otras cuestiones que no estaban en agenda.

Otras “evasivas” respuestas de Santiago Peña sobre el caso Rivas

El 4 de mayo, durante una visita por el aniversario 50 de la radio 780 AM, Peña volvió a evadir este tipo de consultas. En todo momento evitó emitir juicios de valor sobre el caso Rivas. Lo único que atinó a decir es que “son discusiones, porque al final del día estas son las reglas del juego democrático”.

En otra ronda de consultas con periodistas, el 16 de abril, dijo: “Yo no tengo nada que opinar. El senador Rivas es senador electo de la Nación, nosotros tenemos que dejar que la Justicia haga su trabajo. Realmente me sorprende cómo para algunos medios de comunicación -en particular el tuyo (por ABC)– es bastante selectivo el escándalo”.

El propio ministro de Educación, Luis Ramírez, fue evasivo con su respuesta sobre el supuesto título mau del excongresista, cuando anunció la investigación sobre los 250 casos en la entidad a su cargo.

“Con todo lo que hubo antes que nosotros llegáramos (falta de trazabilidad), yo creo que la población es muy grande, porque no había un control, no había control absolutamente de nada. Es decir, la inscripción se basaba en la confianza absoluta de lo que cada universidad traía y presentaba. Era a ojo cerrado”, dijo sobre los casos en general.

La sospecha del uso de dinero público para esta campaña sucia se evidenció luego de que se apuntó a Juan “Jimmy” Villaverde, exfuncionario del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), como el principal coordinador de esta campaña, el cual incluso hacía oficina en Mburuvicha Róga.

La Fiscalía abrió una investigación sobre la campaña sucia tras las denuncias de víctimas y de varios legisladores. También la Cámara de Diputados elevó pedidos de informe a la Presidencia de la República y al Mitic; sin embargo, los mismos siguen sin respuesta al día de hoy, fecha de vencimiento de los pedidos, lo que a criterio del diputado Raúl Benítez evidencia la complicidad de Peña con La Red Desinformante.

“Peña, en su intento de lograr enaltecer un gobierno que no puede mostrar logros, se dedicó a tratar de machacar a los que denuncian su gobierno nefasto. Eso es lo que está haciendo Peña y él obviamente está en conocimiento, él es cómplice principal de todo este esquema”, refirió.

Jimmy, Duarte y equipo coordinaban labores en sala de Mburuvicha Róga

Gobierno no responde sobre campaña sucia

Benítez contó que hicieron dos reiteraciones al pedido de informes realizadas al Poder Ejecutivo por la campaña sucia, debido a que uno venció hoy sin tener una respuesta, mientras que el otro se respondió a medias.

Sostuvo que la falta de respuesta deja en claro que hay un ocultamiento debajo de la alfombra y que es algo muy grande.

“Acá evidentemente se usó dinero público para financiar una campaña sucia, una campaña desagradable, asquerosa y el Gobierno con las contradicciones, con las mentiras que quedan expuestas y después sumado a esto la no respuesta de los pedidos de informe deja abierta la posibilidad de que nosotros podamos decir, ‘señores, pagaron con plata pública’”, refirió.

Criticó que lo que el gobierno de Peña oculta hoy es que fueron cómplices de la campaña sucia y que sabían todo lo que estaban haciendo, por lo que quieren guardar las computadoras desde donde se realizaron las publicaciones que están en Mburuvicha Róga, que es desde donde se operó.

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MEC, pilar fundamental del esquema de títulos falsos

Benítez criticó también que desde hace tres años hablan del esquema de títulos falsos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y que Luis Ramírez, titular de la cartera, solo dio “un caramelito mediático” tras la denuncia de 250 títulos falsos que hallaron, para “no tocar el postre”.

Denunció que el MEC tiene muchísima responsabilidad, ya que es la institución responsable de validar y legalizar los títulos universitarios. Instó a Luis Ramírez a responder los pedidos de informes que se hacen tanto desde el portal de acceso a la información pública, como las realizadas por la Cámara de Diputados.

“El MEC es el pilar fundamental de la venta de los títulos falsos en Paraguay, ¿por qué?, porque el MEC legaliza los títulos, registra los títulos y los legaliza cuando uno se va y presenta el cartón que no sirve de nada y cuando tiene el sello del MEC lo vuelve legal, lo vuelve utilizable para todas las profesiones. Y si Luis Ramírez hoy nos sale, después de 3 años, con que 250 títulos son falsos, que él descubrió hoy, ¡chocolate por la noticia! Nosotros hace 3 años le estamos diciendo que hay miles de títulos falsos y su silencio hasta ahora fue absoluto”, criticó.

Diputado denuncia encubrimiento a Yamil y Nasser Esgaib

También cuestionó el encubrimiento a títulos universitarios del diputado colorado cartista Yamil Esgaib y su hijo, el concejal Nasser Esgaib, quienes rompieron el récord de terminar una carrera de 5 años en 3 años y de 4 años en 2 años, además de expresar su desconfianza de que la reciente comisión especial de investigación de títulos falsos, esté presidida por el cartista Patrick Kemper.

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“Lo más grave es que no muestran, que nos esconden, que se nota perfectamente el encubrimiento. A mí, déjenme dudar sobre la intención de la comisión que preside hoy Kemper. Yo creo que van a encontrar algunos que otros elementos para distraer, pero no se van a centrar en los más polémicos, y de hecho hasta me animo a decir que esa comisión va a terminar de blanquear el negociado de títulos falsos de muchísimas universidades”, indicó.

Así como el caso de Hernán Rivas, que renunció ante la presión de su posible expulsión por el presunto uso de título falso para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dijo que existen miles de casos iguales.

“Si el MEC no se anima a transparentar, van a confirmar que hay más de un Hernán Rivas en este Congreso. Nosotros tenemos el caso de una colaboradora nuestra, que es Noelia Díaz, que ha pedido información sobre Nasser Esgaib, sobre su legajo, esto no ha obtenido respuesta. Nosotros hemos pedido también información sobre los títulos de otros actores que están en el JEM, no hemos obtenido respuestas. Entonces, en este momento ya puedo pensar solamente que el MEC es cómplice del esquema”, advirtió.

Sanciones fictas de proyectos de ley

Ante las críticas de que la falta de quorum en la Cámara de Diputados supuestamente se da por su altercado con el cartista Yamil Esgaib, lo que hace que varios proyectos de ley se aprueben con sanción ficta, sin ser tratados ni debatidos, el diputado Raúl Benítez respondió que el cartismo cuenta con más de 50 diputados, por lo que tiene mayoría propia y hasta pueden hacer quorum solos.

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“Me parece primero hipócrita. Yo les diría a los cartistas que hablen con su bancada, ellos son 53, tienen mayoría propia. Ellos solitos pueden hacer una sesión acá y lo hacen cuando se trata de proyectos para hacer negociados. El tema es que como no hay proyectos que les interesen ahora, no llenan sala”, fustigó.

Agregó que el problema con Yamil Esgaib es una cuestión que tiene que solucionar la presidencia de la Cámara para que se haga cumplir el reglamento, poniendo el orden.

“Yamil se pasa gritándonos todas las sesiones. La vez pasada la colega Johanna Ortega explotó, pero ahí lo que correspondía es que presidencia lo llame al orden. Si nosotros empezamos a gritar de ese lado cuando el colega está hablando, gritándole ‘imbécil, te vamos a romper la cara’, que le vamos a suspender, al toque nos echan de esta sala, pero el colega tiene carta verde aparentemente para poder agredir desde su curul”, concluyó.

Agregó que independientemente a que Esgaib se sienta blindado por la mayoría, su agresión le sale por la culata, ya que la gente igual se da cuenta de que Yamil es nefasto.

Alrededor de la 01:00, miembros de la comisión vecinal del barrio Central llamaron a la comisaría jurisdiccional, la 10ª Central, para denunciar que un grupo de jóvenes estaban armando barullo en la plaza.

Video: una turba atacó a policías y destrozó motopatrulla

Los uniformados constataron que había música a muy alto volumen con un equipo de sonido, mientras que varios de los chicos estaban realizando piruetas a bordo de motocicletas con los caños de escapes modificados, que generan un estrepitoso ruido y explosiones que no dejaban descansar a los vecinos.

Una jovencita escapó con su bolso

Cuando el subjefe de la unidad, comisario Juan Servián, llegó al sitio con varios uniformados a su cargo, los jóvenes comenzaron a dispersarse hacia distintas direcciones, pero cuando los agentes intentaron revisar la mochila de una chica que no pudo correr con los demás, esta aprovechó el descuido del uniformado para aplicarle un golpe a traición y recuperar su bolso y huir del sitio.

Cuando los agentes intentaron reaccionar ya se vieron rodeados de unos diez jóvenes, quienes se abalanzaron contra ellos, el comisario Servián sufrió varios golpes hasta que llegaron refuerzos y finalmente lograron reducir y arrestar a ocho integrantes del grupo.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo David Benítez (19), Brian Saúl Tijera Argüello (21), Eder Aarón Benítez Dávalos (19), Nicolás Ezequiel Cardozo Ruiz Díaz (19) y Franchesca Abigail Martínez Segovia (20).

También fueron demorados otros tres menores de edad, quienes luego fueron liberados por disposición del Ministerio Público y también se incautaron tres motocicletas, que también quedaron a cargo de la fiscalía.

Sapucái: Empate técnico y autoproclamaciones

En el distrito de Sapucái, la tensión está al tope. Danilo Cuevas (Lista 2A) —candidato de Baruja e hijo del condenado exdiputado Miguel Cuevas— se autoproclamó ganador de las internas coloradas. Sin embargo, en la vereda de enfrente, el actual intendente de este distrito, Ariel “Lilo” Monges Espínola (Lista 2N) —candidato de la gobernadora— también asegura haber cantado victoria. Ambos pertenecen al movimiento Honor Colorado (cartismo).

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Según los resultados preliminares:

• Ariel “Lilo” Monges (Lista 2N): 1.532 votos.
• Danilo Cuevas (Lista 2A): 1.519 votos.

La diferencia a favor de Monges es de apenas 13 votos. Pese a la ventaja de su rival, Cuevas no reconoce la derrota y asegura que aún faltan computarse un total de 1.156 votos que, según él, revertirán el resultado a su favor.

Ybycuí: “Caseros de oro” vs. el oficialismo local

En Ybycuí, el panorama es igual de reñido. La actual intendenta María Cristina Servín Franco (Lista 2N-HC) aguarda expectante el juzgamiento de actas, atendiendo que todavía queda por revisar el voto de unas 1.354 personas.

Por el momento, el exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Fuerza Republicana), conocido por sus antecedentes en el sonado caso de los “caseros de oro”, lidera el conteo preliminar con 2.416 votos, frente a los 2.329 votos de Servín Franco.

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Dato Clave

Existen apenas 87 votos de diferencia entre ambos, una brecha que se definirá recién tras la apertura de los sobres que contienen las actas oficiales y los boletines de voto. En un cómodo pero importante tercer lugar quedó el candidato de Baruja, Julio “Polaco” Ortiz, quien dejó un caudal electoral de 2.155 votos.

Quyquyhó: Un insólito triunfo por “walkover”

El escenario más llamativo se vivió en el distrito de Quyquyhó, donde la candidata de la gobernadora, Ruth Mercedes Medina Yegros (Lista 2N), ganó por walkover debido a la ausencia de su oponente en las mesas de votación.

La retirada de la competencia se originó tras los graves incidentes registrados el sábado 6 de este mes frente al local de votación, Fulgencio Yegros, protagonizados por una turba integrada por guardaespaldas del diputado Esteban Martín Samaniego y sus simpatizantes.

Tras los disturbios, el precandidato del ministro Baruja, Gabriel Derene (Lista 2A), amenazó con promover una acción de nulidad del proceso eleccionario, pero finalmente desistió de presentar la demanda judicial. Curiosamente, a pesar del retiro de Derene, unos 35 electores acudieron a las urnas e igualmente votaron por él.

Al respecto, el apoderado departamental de la ANR, Víctor Martínez, explicó que los plazos legales para presentar acciones de nulidad ya se encontraban prácticamente agotados. Según Martínez, esta situación jurídica pesó en los líderes departamentales y nacionales para no avanzar con la demanda, considerando que ya se encuentra abierto el periodo de inscripción de candidaturas ante el Juzgado Electoral de Paraguarí, plazo que se extenderá hasta el próximo 4 de julio.

Plazas fantasma de Nenecho: ¿Hasta cuándo pagarán los asuncenos los bonos G6?

El informe oficial confirma que la gestión de Bello mantiene la asimetría en la distribución de los recursos, heredada de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El rubro de servicios personales (salarios), más de G. 230.172 millones, absorbió el 70% de todo el dinero ejecutado en ese período. En contrapartida, la inversión en infraestructura quedó relegada, alcanzando solamente un 8,4% de los gastos.

Es decir que, por cada guaraní invertido de forma directa en obras de infraestructura de la ciudad, la administración de Bello asignó ocho guaraníes a los servicios personales. Esta distribución priorizó el financiamiento de la estructura interna por encima del desarrollo vial y urbano.

Masa salarial en Asunción: Jornales concentran el mayor volumen del gasto público

Al desglosar las cuentas, la partida de jornales concentra el volumen más significativo (43%) de los gastos de la institución. A este concepto específico se destinaron G. 100.157 millones durante el período analizado. Estadísticamente, esta cuenta se posiciona como la línea de gasto individual con el monto más elevado de toda la estructura de la capital.

Por su parte, la partida presupuestaria relativa a sueldos del personal administrativo requirió un desembolso de G. 66.043 millones entre los meses de enero y abril. Los fondos se utilizaron para sostener la operatividad regular de las oficinas centrales de la intendencia.

Enero sin obras: Municipalidad destinó el 99% de sus fondos a servicios personales

Un hecho más que llamativo es que en enero, el mes en el que la gestión de Bello hizo alarde de haber obtenido recaudaciones récord, la prioridad absoluta del gasto fue precisamente el pago de servicios personales.

De los G. 39.284 millones que se gastaron durante el primer mes del año, G. 38.784 millones, casi el 99%, fue destinado a servicios personales (salarios, jornales y bonificaciones). En contrapartida, en ese mismo mes, Bello no destinó un solo guaraní al rubro de inversión física, incluyendo la construcción de obras de uso público.

Inéditos documentos lo revelan: Nenecho jamás planificó obras en plazas con bonos G6

De enero a abril, la inversión física en la capital no ocupó un lugar preponderante en la escala de prioridades financieras de la comuna. Los registros muestran que la construcción y mejoramiento de la infraestructura quedaron relegados al tercer puesto del gasto general.

Antes, la prioridad estuvo en el rubro de Otros gastos, que incluye el pago de impuestos, tasas y gastos judiciales, entre otros. De los G. 51.206 millones obligados en total a este rubro, G. 50.355 millones fueron destinados a pagar deudas de ejercicios anteriores.

Incumplimiento financiero: Comuna reportó ejecución cero para el pago de bonos

El análisis del pago de los compromisos financieros de la capital expone que durante los primeros cuatro meses de 2026, la comuna reportó un desembolso nulo en la materia. El registro del servicio de la deuda pública (intereses de los bonos), se mantuvo con una ejecución de cero guaraníes.

El escenario coincide con la serie de reclamos presentados por los bonistas debido a 12 incumplimientos en el pago de intereses de los bonos municipales. El pasivo total alcanza la suma de G. 145.493 millones. Concejales de la oposición habían advertido sobre una eventual serie de demandas, no solo por parte de los bonistas, sino también por parte de los proveedores de la Municipalidad.

Bello asegura que deja una Asunción “mucho más ordenada”

La semana pasada, en conversación con ABC, el intendente Bello negó que la Municipalidad esté en riesgo de enfrentar demandas inmediatas por parte de los tenedores de bonos y sostuvo que esta posibilidad no corría, debido a que su administración transfirió la suma total de G. 50.000 millones a los bonistas, para evitar las acciones judiciales.

Sin embargo, el titular de la comuna omitió especificar en sus declaraciones a qué cuotas vencidas correspondía el pago mencionado. El saldo de intereses vencidos que la comuna arrastra, solo del año 2025, supera los G. 81.000 millones. El desembolso no cubre ni el 35% de la deuda acumulada junto a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), anterior intendente de Asunción, que renunció en agosto tras confirmarse un desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obra, y cuya gestión enfrenta ahora al menos ocho procesos en la Fiscalía.

Camilo Pérez y la opción por la continuidad del modelo “Nenecho”

El escenario político con miras a las elecciones municipales de octubre pone al elector frente a fuertes advertencias sobre el futuro de la capital. Concejales de la oposición señalan que la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartismo) representa la prolongación directa del esquema actual.

Ediles, como Humberto Blasco (PLRA), afirman que una eventual victoria de Pérez significaría simplemente el “tercer capítulo" de la misma línea de gestión institucional. El modelo que prioriza los gastos rígidos por encima del desarrollo caracterizó a las gestiones de Nenecho y Luis Bello, cartistas como Pérez.

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La preocupación central radica en el blindaje de la megaestructura de funcionarios y operadores políticos de la comuna. En reiteradas oportunidades, Pérez afirmó públicamente que no coincidía con la necesidad de rescindir de 3.000 de los más de 9.000 funcionarios de la comuna, como había recomendado el interventor, Carlos Pereira.

Pérez afirmó tener “una visión diferente” y que haría “lo humanamente posible” para que “ninguna mesa asuncena o paraguaya se quede sin su plato de comida”. El candidato oficialista plantea una “reingeniería”, pero dijo que no tolerará a los “planilleros”.

A ambos proyectos se opuso el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, que ni siquiera se molestó en ahondar sobre los motivos de su negativa, que se tengan datos tanto sobre el viaje como de la fortuna de Peña.

Vaesken, en vano, apeló a los cartistas a que depongan su actitud cómplice con el mandatario y que se pongan del lado de la ciudadanía, que tiene derecho a saber cuánto costó que Peña vaya a ver el partido a los Estados Unidos de América.

Le pido que permitan este pedido de informes a fin de que la “ciudadanía sepa cuánto se malgastó del presupuesto de Gastos de la Nación, porque somos un país tercermundista, somos un país subdesarrollado, no podemos gastar semejante cantidad de plata en opulencias, en que el presidente malgaste en irse a hacer una vida de ricos al Mundial de la FiFA, mientras acá la gente se está muriendo porque no tiene medicamentos y estudios en los hospitales", sostuvo Vaesken.

El pedido de informes rechazado requería informar sobre los siguientes puntos:

1. Costo total de operación del viaje de ida y vuelta del Avión Presidencial (Cessna 680 Citation Sovereign), incluyendo el desglose del costo por hora de vuelo. Consumo de combustible, tasas aeroportuarias, gastos de hangaraje, y cualquier otro gasto asociado directa o indirectamente al traslado aéreo;
2. Costo total de viáticos, asignaciones diarias u otros conceptos remunerativos, discriminatorio por persona y por día, para cada uno de los integrantes de la comitiva oficial, así como el costo de los traslados terrestres y los servicios de seguridad contratados en territorio estadounidense;
3. Costo total por noche y por persona, o por habitación, para toda la comitiva, incluyendo los gastos en restaurantes, servicios de habitación y cualquier otro concepto relacionado con la alimentación y la estadía;
4. Monto total pagado por el Estado Paraguayo por concepto de acceso al evento deportivo (entradas al estadio SoFi Stadium), especificándose el costo de las entradas, el número de entradas adquiridas, y cualguier otro gasto relacionado con la presencia en el estadio (como palcos, hospitalidad, traslados al estadio, entre otros);
5. Detalle de los gastos asociados a la agenda oficial del Presidente de la República en Estados Unidos, incluyendo, de manera enunciativa, reuniones, traslados, refrigerios y demás erogaciones vinculadas a las actividades oficiales;
6. Monto total, discriminado por cada uno de los conceptos anteriores, de los gastos erogados con motivo del mencionado viaje. así como el costo final asumido por el Estado Paraguayo.

En otro momento, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) ironizó con el retorno de Peña al país, deseando que ya no vuelva a ir para otros partido de la albirroja, y que en todo caso aproveche su “visita” al país para designar un Procurador, cargo que está vacante y con un interino irregular hace más de 10 meses.

“Sirvientes” de Peña y el Contralor

Por otra parte, con simples “sirvientes” comparó el diputado Raúl Benítez (Independiente) el rol de la mayoría cartista por el rechazo de otro pedido de informes presentado ya la semana pasada en dicho caso a la Contraloría General de la República, a cargo del colorado Camilo Benítez Aldana, sobre el examen de correspondencia remitido a la Fiscalía, donde señalan que supuestamente existe “consistencia” en la fortuna del mandatario, que creció un 2.400% en solo 6 años.

“Aca hay un contubernio cerrado donde está Peña en la punta de la mesa; a la derecha de su mesa está sentado (el contralor) Camilo Benítez, a su izquierda (el Fiscal General del Estado) Emiliano Rolón y los diputados servimos la comida. ¿Cuál es la función? Oponernos a que salga la información.

La función es rodear la mesa y preguntarle a presidente: ¿qué desea señor?. Al contralor ¿qué podemos hacer por vos? y a Emiliano Rolón; ¿no querés un masaje en la espalda?“, cuestionó Benítez.

El mismo reprochó la sumisión de la Cámara Baja, que renuncia a su rol básico de control a otros poderes del Estado y en este caso, impidiendo siquiera que se sepa qué argumentó la Contraloría para alegar que la fortuna de Peña supuestamente está “en regla” y abriendo una enorme puerta para el futuro blanqueo a manos de la Fiscalía.

Por ejemplo, entre las cuestiones graves que no pudo explicar la Contraloría está cómo considera regular y legal que Peña haya adquirido una mansión valuada en US$ 900.000 en San Bernardino, supuestamente financiado en parte mediante un préstamo del “banco amigo” de este gobierno, el cual se le concedió sin tener siquiera el título de propiedad del terrero donde alzó su mansión.

Sabiendo consumado el rechazo, Benítez simplemente pidió que se vote y que no se cajonee como siempre en comisiones, esto ya que el día que el presidente de la República, en un país serio debería estar preso, va a quedar en el registro el nombre de sus cómplices“ y quede en los registros de la Cámara, que cuando se pidieron informes, una bancada rechazó ese pedido”.

Durante el debate, se reveló con preocupación que el servicio de Neonatología ha registrado casi 25 renuncias de personal en el último mes. Esta cifra se suma a una tendencia de fuga de profesionales —médicos y enfermeros— que migran hacia países como Alemania, Italia y Australia, atraídos por mejores condiciones salariales y laborales.

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“El servicio de neonatología es el más grande del país; tiene 500 nacimientos al mes. Es un área fundamental porque no hay rechazo, no se puede negar la atención”, expresó Fretes.

En Neonatología la situación es desesperante, dicen

Los responsables del servicio explicaron al Consejo que la situación es “desesperante” asegurando que Neonatología no solo enfrenta una sobrecarga laboral constante, atendiendo alrededor de 500 nacimientos mensuales, sino que también lucha contra una limitación técnica.

Durante la sesión se resaltó la escasez de profesionales altamente capacitados en el país para el manejo de pacientes neonatales, quienes requieren un nivel de cuidado extremadamente especializado y delicado.

Propuestas ante la falta de personal

Ante la gravedad de la fuga de talento, el presidente del IPS planteó como posible medida de contingencia la apertura de concursos para médicos extranjeros, con el fin de cubrir las plazas que hoy quedan desiertas.

Fretes enfatizó que, dado el volumen de trabajo y la fragilidad de los pacientes, la institución no puede permitirse tener camas sin el recurso humano calificado para operarlas.

IPS de Jorge Brítez rechazó G. 11.000 millones de la Fiscalía por alquiler de edificio

Por su parte, los representantes de la Dirección de Enfermería subrayaron que el salario actual —alrededor de G. 2.800.000— es un factor determinante en la desmotivación del personal.

El Consejo de Administración acordó tomar medidas inmediatas para intentar contener la crisis:

1. Apoyo al área de Neonatología: Se fortalecerán las gestiones para dotar al servicio de mayor presupuesto y recursos humanos.
2. Relevamiento de equipos: La Dirección de Infraestructura iniciará un censo para la adquisición de nuevos respiradores y equipamiento técnico, tras años de postergación.
3. Gestiones presupuestarias: Se reiteró que la mejora salarial depende en última instancia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero el IPS se comprometió a elevar un informe técnico detallando la urgencia de ampliar el presupuesto para enfermería en el ejercicio fiscal 2027.

IPS 12 de Junio “en terapia intensiva”: US$ 8 millones por instalación llena de goteras

El Consejo concluyó el tema reconociendo la labor del equipo de Neonatología, calificándolo como un pilar fundamental del sistema de salud paraguayo, pero con la advertencia de que, sin incentivos estructurales y una gestión más ágil, la capacidad de respuesta ante los pacientes más vulnerables seguirá estando en riesgo.

Los denunciantes manifiestan que los rubros no fueron repuestos e incluso mencionan que habrían sido trasladados a otra institución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Docentes de OTEP SN podrían volver a manifestarse si el MEC no cumple

Comentan que en total son 70 estudiantes los que se ven afectados por la falta de profesores desde el inicio del año lectivo.

Los padres afirmaron, que debido a todo esto, durante el primer semestre del año ya fueron cambiados dos docentes debido a la ausencia de rubros permanentes, situación que perjudica el proceso de aprendizaje de los alumnos afectados.

Docentes protestan frente al MEC para exigir reposición de rubros

Liz Ruiz Díaz, representante de los padres, explicó que presentaron una nota ante la supervisión educativa de la zona para solicitar que se agilicen los trámites. Sin embargo, indicó que la respuesta recibida fue que deberán aguardar al menos dos meses para obtener una solución.

“La nota presentamos a inicios de este mes. Ya habíamos ido personalmente, pero nos dijeron que recién en dos meses íbamos a tener una respuesta”, manifestó.

Docentes exigen reposición de rubros

Según los padres, los cursos afectados corresponden al sexto grado “A” y “B”, considerados fundamentales para la preparación académica de los estudiantes que posteriormente ingresarán a la Educación Media.

Por su parte, Milca Núñez, cuestionó que uno de los turnos ya cuente con el rubro liberado, mientras que en el turno opuesto continúe la carencia de profesores.

Los padres solicitaron al MEC una intervención urgente para garantizar la continuidad del proceso educativo y evitar mayores perjuicios a los estudiantes.

Sin respuesta desde le Dirección Departamental

Se intentó obtener una versión del director departamental de Educación, Francisco Canatta. Sin embargo, no respondió las llamadas ni los mensajes realizados por este medio. No obstante, queda abierto el espacio para que pueda referirse al caso.

La Cámara de Senadores se ratificó en su versión inicial sobre el proyecto de ley que eleva la pena privativa de libertad de 8 a 15 años contra adolescentes infractores de la ley penal.

En una votación reciente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones, estableciendo que el tope de la pena sea de 10 años.

Sobre el punto, el diputado Miguel del Puerto confirmó que la intención de la bancada de Honor Colorado es ratificarse en la versión de diputados. “Creemos que la pena de 10 años es bastante fuerte y pensar también en la reinserción de ese joven a la sociedad”.

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Sobre la versión de Senadores, mencionó que ellos deben tener su punto de vista al respecto, así como ellos tienen el suyo. “No creo que la postura de ellos sea algo populista”, dijo.

Por otra parte, expresó que la pérdida de una vida no tiene justificación, pero la intención es de se hable como sociedad y encarar también en otro tipo de sentido, teniendo la reinserción como un objetivo claro.

Ante la situación que se suele dar, que las personas vuelven a reincidir, el legislador apuntó: “Por eso mismo el debate debe ser dentro de un todo, pero creo que no vamos a solucionar con penas más largas. Las instituciones encargadas deben tratar sobre este tema y así buscar la mejor solución”.

El legislador explicó que la iniciativa surgió a partir de numerosos casos de padres que perdieron sus empleos luego del nacimiento de sus hijos, situación que, según sostuvo, deja a las familias en una posición de vulnerabilidad económica en una etapa especialmente sensible.

El proyecto plantea 30 días de licencia y un año de protección

La iniciativa establece una ampliación del permiso de paternidad de los actuales plazos vigentes a 30 días corridos. Además, incorpora un fuero especial para evitar que el trabajador sea despedido durante un año posterior al nacimiento del hijo, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica del hogar.

Según explicó Oviedo durante la reunión de la comisión de Equidad y Género, la medida busca fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, reducir gastos familiares vinculados a servicios de cuidado y disminuir las diferencias de costos laborales que enfrentan hombres y mujeres al momento de la contratación.

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Asimismo, ofrece incentivos para mejorar la tasa de natalidad y reducir las diferencias de costos para las patronales entre hombres y mujeres.

El alto índice de cesáreas sustenta la necesidad, afirman

Oviedo argumentó que la presencia activa del padre durante las primeras semanas posteriores al nacimiento resulta especialmente importante debido al elevado porcentaje de partos por cesárea registrado en Paraguay.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el 48,7% de los nacimientos se realizan mediante cesárea, mientras que el 51,3% corresponde a partos normales.

El senador señaló que la recuperación de una cesárea demanda un proceso prolongado, por lo que el acompañamiento del padre se vuelve fundamental para asistir en el cuidado del recién nacido mientras la madre se recupera de una cirugía mayor.

UNICEF recomienda ampliar los permisos parentales

Durante el análisis del proyecto también se mencionaron informes de UNICEF que destacan los beneficios de las licencias de maternidad, paternidad y parentales para el bienestar infantil y familiar.

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Según el organismo, estas medidas contribuyen a disminuir la mortalidad infantil, aumentar las tasas de inmunización, fortalecer la responsabilidad parental, reducir gastos familiares en cuidados externos y fomentar una mayor participación de los hombres en la crianza de sus hijos.

Asimismo, UNICEF recomienda a Paraguay avanzar en tres aspectos:

• Ampliar y fortalecer los permisos parentales totalmente remunerados.
• Extender los períodos de descanso para lactancia hasta los 24 meses.
• Incentivar económicamente a las empresas para instalar salas de lactancia.

Ministerio de Trabajo plantea dudas sobre el financiamiento

Durante el debate se recordó que el Ministerio de Trabajo expresó reparos al proyecto debido a la falta de datos suficientes sobre despidos de padres tras el nacimiento de sus hijos.

Además, la cartera laboral cuestiona quién asumiría el costo derivado de la ampliación de la licencia remunerada, especialmente en relación con los días adicionales que deberían ser cubiertos económicamente.

El propio Oviedo reconoció la necesidad de contar con más información y estadísticas sobre los casos de desvinculación laboral que afectan a trabajadores que acaban de convertirse en padres.

Esperanza Martínez pide esperar propuesta de Diputados

La senadora Esperanza Martínez solicitó aplazar el dictamen y aguardar la remisión del proyecto que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

La legisladora señaló que Paraguay registra cerca de un 60% de informalidad laboral, situación que dificulta incluso el cumplimiento efectivo de los derechos ya establecidos por ley. En ese sentido, consideró necesario impulsar campañas que promuevan el cumplimiento de las normativas vigentes y analizar conjuntamente ambas propuestas antes de emitir una recomendación definitiva.

La principal diferencia entre ambas iniciativas radica en la duración de la licencia: mientras el proyecto de Oviedo plantea 30 días corridos, la propuesta proveniente de Diputados eleva el permiso de paternidad a ocho semanas.

Relató que cada mes acude al IPS de Caacupé con la esperanza de retirar los remedios que le fueron recetados por los profesionales médicos, pero en reiteradas ocasiones se encuentra con que algunos de ellos no están disponibles en la farmacia.

La asegurada señaló que la falta de losartán afecta directamente a los pacientes que dependen de este medicamento para mantener controlada la hipertensión arterial. Indicó que la situación se repite desde hace varios meses sin que hasta el momento exista una solución definitiva.

Asimismo, sostuvo que el problema golpea con mayor fuerza a los jubilados y adultos mayores, quienes después de años de aportes esperan recibir una atención adecuada y contar con los medicamentos que necesitan para cuidar su salud.

“Pagamos toda una vida y cuando necesitamos los remedios no los encontramos”, cuestionó la asegurada al referirse a las dificultades que enfrentan numerosos pacientes para acceder a los tratamientos prescritos.

González manifestó además que muchos asegurados dependen exclusivamente de sus haberes jubilatorios y no cuentan con recursos suficientes para adquirir de manera frecuente los medicamentos faltantes en farmacias privadas, por lo que la escasez representa una carga económica adicional para familias que ya atraviesan dificultades.

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Los faltantes son una constante

La mujer lamentó que, pese a los reiterados reclamos de los pacientes, la falta de medicamentos siga siendo una constante en la previsional. Señaló que los hipertensos no pueden suspender sus tratamientos sin poner en riesgo su salud, por lo que considera urgente que las autoridades adopten medidas para garantizar el abastecimiento.

La denunciante advirtió que la interrupción de los tratamientos para la hipertensión puede derivar en complicaciones de salud y aumentar el riesgo de cuadros más graves, especialmente entre los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Ante esta situación, la asegurada exige a las autoridades del IPS que garanticen el abastecimiento regular de medicamentos esenciales y brinden una respuesta concreta a un problema que, según afirma, persiste desde hace varios meses.

Para conocer la versión institucional sobre esta situación, intentamos comunicarnos con la directora del Instituto de Previsión Social (IPS) de Caacupé, Dra. Doricel Ferreira, al número telefónico con terminación 830. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta. Quedamos abiertos a incluir sus declaraciones o ampliar la información en caso de que desee brindar su postura sobre la denuncia.

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En esa línea, el presidente del gremio, Luis Tavella destacó a ABC el éxito alcanzado en la edición anterior, por lo que este año el espacio volverá a servir como plataforma para presentar los trabajos que impulsa la Federación en favor de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Además, resaltó que el evento permitirá al Viceministerio de Mipymes presentar los planes previstos para el sector durante el segundo semestre de este año, así como sus proyecciones para 2027.

Foco en innovación y tecnología

Aparte de conocer las propuestas de las autoridades estatales para las microempresas, el gremio prepara una cargada agenda. Según Tavella, se abordarán temas como Meta y las estrategias digitales, Google y el posicionamiento empresarial. Además se profundizará sobre sistemas tecnológicos y la facturación electrónica, entre otros ejes.

“En cada charla trataremos de explicar cómo funcionan estas herramientas. También tendremos exposiciones para acceder al ámbito financiero, uno de los principales desafíos que enfrentan las mipymes”, apuntó.

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Asimismo, indicó que la organización prevé superar los 800 asistentes y reunir a más de 40 expositores. A su vez destacó el espacio de networking orientado a fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios para los participantes.

Conectar emprendedores con empresas

Añadió que la propuesta es conectar a emprendedores, empresas, instituciones públicas, organismos internacionales y proveedores de soluciones para impulsar la competitividad y el crecimiento de las mipymes paraguayas.

“Resaltamos la importancia de generar espacios que fomenten la innovación, la transformación digital, la formalización y el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, expresó Tavella.

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El evento

En su segunda edición, el Foro Mipymes 360 se desarrollará el 27 de julio en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. La participación será gratuita, informó la Fedemipymes.

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) salió al paso de estas afirmaciones y aclaró, ante la consulta de ABC, que no existe ningún proceso de privatización en curso ni previsto.

La arquitecta Verónica Martínez, directora de Obras del MOPC, enfatizó que “el Parque Ñu Guasu es y seguirá siendo un espacio público de acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos, administrado por el MOPC”, y que “tampoco está previsto el cobro de entrada bajo ninguna modalidad”.

La funcionaria confirmó que sí se realizaron cambios en la administración del Parque Ñu Guasu. “En uso de las atribuciones de la máxima autoridad institucional, se realizaron ajustes en el equipo interno responsable de la gestión del parque. Actualmente, la conducción está a cargo de la Arq. Rocío Duarte, funcionaria del MOPC”, expresó.

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Proyecto de mejoramiento del parque a través de la Fundación PTI

Martínez también resaltó que se proyectan obras de mejoramiento en el parque. “Efectivamente, se encuentran en ejecución obras de mejoramiento en el parque. Estas intervenciones son llevadas adelante en el marco de un convenio con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú e incluyen mejoras en infraestructuras sanitarias, áreas de juegos, estacionamientos, pórticos de acceso y un centro de atención al usuario, todo orientado a mejorar la experiencia de quienes visitan estos espacios”.

El monto total del contrato para ambos parques (Guasú y Ñu Guasu) asciende a G. 14.255.707.830, explicó la funcionaria.

Cuando se le consultó si está previsto suscribir algún acuerdo con empresas privadas para obras o mantenimiento del parque, señaló que esto no está previsto.

“No, no está previsto. Las obras de mejoramiento se enmarcan en un convenio con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, organismo que actúa como gestor del proyecto, siendo el MOPC el beneficiario directo de las obras. La Fundación llevó adelante un proceso de licitación pública para la selección del constructor, proceso del cual resultó adjudicatario el Consorcio Guasu”.

Según informó la cartera estatal a ABC en su momento, el Plan Maestro fue adjudicado al Consorcio ITHSME-VICICON; las obras, al Consorcio Guasu (integrado por P&V SA y DIBEC Construcciones); y la fiscalización, a Compañía de Ingenieros Asociados (CIA SA).

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“Trabajamos para mejorar los espacios públicos y el mantenimiento de los mismos, desarrollando los planes maestro y de gestión socioambiental con acciones acordes a estándares internacionales en el manejo de parques, pero garantizando la identidad de nuestros queridos parques”, agregó.

Ayer realizaron una reunión con sindicatos

Ayer lunes se realizó una reunión en el Parque Ñu Guasu, justamente convocada por la Dirección de Obras Públicas del MOPC. Durante el encuentro, la directora realizó la presentación oficial de la Arq. Rocío Duarte como nueva encargada del Parque Ñu Guasu, informó a este diario María Stela Invernizzi, quien participó en representación de la Unión de Gremios del MOPC.

Señaló que varios funcionarios presentes tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y reclamos respecto al trato recibido por parte de las tres “consultoras denunciadas por presunto maltrato laboral y discriminación”. También consultaron acerca de las funciones específicas que desempeñan dichas consultoras, respondiendo la directora que las mismas fueron contratadas temporalmente para colaborar en algunas obras de la Dirección de Obras Públicas.

Los funcionarios también solicitaron información respecto a la existencia de algún plan de privatización o tercerización del Parque Ñu Guasu, atendiendo a las versiones y preocupaciones existentes entre los trabajadores. Ante dicha consulta, la directora manifestó no tener conocimiento de ningún proyecto o iniciativa en ese sentido, indicó la funcionaria.

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La representante gremial manifestó que su presencia en la reunión tuvo como objetivo garantizar que los derechos de los compañeros del Parque Ñu Guasu no sean vulnerados.

Igualmente, expresó su preocupación y extrañeza ante la salida de Yannina Rodríguez, de la dirección del citado parque, y de Liza Flecha, administradora del parque, luego de que se presentara la nota de denuncia ante la Unión de Gremios y de que dicha organización pusiera los hechos en conocimiento de la Jefatura de Gabinete mediante una nota formal, solicitando la realización de las investigaciones correspondientes.

“Se señaló que esta situación genera una legítima preocupación entre los trabajadores y podría interpretarse como un intento de silenciamiento e intimidación hacia quienes decidieron ejercer su derecho a denunciar hechos que consideran irregulares”, expresó.

Se trata de un depósito de maduración de yerba mate canchada, que contenía alrededor de 1.000 toneladas de la hoja seca. El voluntario explicó que la yerba es un componente altamente inflamable, debido a que se trata de la hoja ya secada.

Flores detalló que el incendio está controlado, pero, debido a la gran cantidad del producto que todavía se encuentra en el interior del depósito, existen focos de fuego. El objetivo de las compañías de bomberos es evitar que el fuego continúe hacia otros depósitos contiguos que están en un bloque de tres, y el incendiado sería el del medio.

Los trabajos fueron desplegados por cuatro compañías de Edelira, una de Natalio y dos de Tomás Romero Pereira, según detalló. Manifestó, además, que emitieron una solicitud de relevo a otras compañías del departamento, debido a que se encuentran trabajando por más de 10 horas en el lugar.

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Incendio de yerbatera

Agentes de la Comisaría 22ª fueron hasta el sitio siniestrado y lograron conversar con el guardia de seguridad, a quien identificaron como Julio César Acosta Morínigo. Según detalló a los intervinientes, el incendio se habría iniciado cerca de la 1:00 de este martes, desconociendo el motivo que lo provocó.

El depósito está dentro del predio de la Agroyerbatera Los Yerbales, con sede en Edelira Km 21, perteneciente a la familia Selent, representantes de la marca Yerba Mate Selent.

El producto estaría depositado en la fase de maduración, según explicaron los responsables de la empresa. El comandante de los bomberos indicó que el temor de los propietarios y de los intervinientes es que el fuego pueda alcanzar a otros sectores de la empresa, ya que cada depósito contiene gran cantidad de yerba canchada.

Un grupo tipo comando integrado por al menos 20 hombres, literalmente, tomó la ciudad. Los delincuentes tomaron de rehenes a policías y guardias de seguridad, detonaron bombas y dispararon con fusiles y pistolas.

La gavilla logró penetrar las bóvedas del banco GNB y del banco Familiar, de donde robaron mucho dinero, hasta ahora no cuantificado. Sin embargo, también dañaron las estructuras del banco Ueno y de la casa de cambios Santa Rita Cambios, de donde aparentemente no tuvieron tiempo de sacar la plata.

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La fiscala de Santa Rita, Rocío Celeste González Alvarenga, confirmó a ABC TV que hasta ahora la Policía Nacional (PN) ya pudo identificar a al menos dos integrantes de la banda armada.

Uno de ellos es el policía Néstor Yván Ramírez Marín, de 29 años, quien sería el que disparó con un fusil contra la casa de cambios.

El otro sería el supuesto secuestrador Osmar Javier Lezcano Sanabria, de 27 años, quien sería el que colocó una bomba en esta entidad, que al final no pudieron detonar.

Robo de oro en Paso Yobái

El ahora identificado Néstor Yván Ramírez Marín es un suboficial primero de la Policía que de hecho ya tiene una orden de captura pendiente por el asalto con toma de rehenes contra la empresa minera Máster Gold SA, ocurrido el 26 de mayo pasado en la compañía San Antonio de la ciudad de Paso Yobái, departamento de Guairá.

Cuando eso, Ramírez fue reconocido por el propio director de Policía de Guairá, comisario general José Martínez, y el chofer de este, suboficial primero Gustavo Maidana, quienes se cruzaron con los asaltantes cuando estos pretendían escapar de Paso Yobái.

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De hecho, los delincuentes se vieron obligados a abandonar un furgón en el que llevaban unos 1.000 kilos de carbonilla mezclados con partículas de oro.

El furgón usado para ese golpe fue robado en la ciudad de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, justamente donde prestaba servicios el policía ahora buscado.

Secuestro de productor agrícola en Alto Verá

El otro reconocido, Osmar Javier Lezcano Sanabria, es un secuestrador condenado a 15 años por el caso del productor agrícola Martín Hartmann Berwanger, ocurrido el 17 de noviembre de 2016 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa.

De hecho, Osmar Javier había sido capturado solo cinco días después del secuestro, en la zona de Mayor Otaño, también del departamento de Itapúa.

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Tanto él como el resto de la banda fueron condenados, pero llamativamente Osmar Javier obtuvo un permiso judicial el año pasado para salir de la cárcel y ya nunca más volvió.

El beneficio le fue otorgado por la jueza de Encarnación, María Deyanira Villalba, pese a que hay una corriente que sostiene que no se debe dar salidas transitorias a condenados por este tipo de hechos punibles.

Osmar Javier ya había sido identificado en otros asaltos atribuidos a esta misma banda, como el último producido el 26 de febrero pasado contra el banco Sudameris, en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Silguero adelantó que mantendrá reuniones con jefes policiales para analizar las estrategias de seguridad implementadas en la región, además de coordinar los trabajos investigativos del caso.

Respecto a las versiones que apuntan a la participación de dos exagentes policiales, el comandante sostuvo que hasta el momento no existen identidades confirmadas, ya que cualquier hipótesis debe estar respaldada por evidencias técnicas y elementos de convicción suficientes antes de ser presentada formalmente.

Alerta por plan de asalto

El comandante confirmó además que la Policía Nacional manejaba informaciones de inteligencia sobre un posible ataque a camiones transportadores de caudales en la zona.

“Hace unos 22 días recibimos información sobre la posibilidad de algún hecho contra caudales en Alto Paraná. Se tomaron medidas preventivas, pero no existían elementos concretos que permitieran determinar cuál sería el objetivo”, explicó.

El comandante dijo que la gran cantidad de entidades financieras en Alto Paraná dificulta la cobertura permanente de cada local.

En cuanto a la magnitud del despliegue de la banda de asaltabancos, sostuvo que se trata de una organización con gran capacidad logística y planificación.

“Estamos hablando de un grupo criminal numeroso, con recursos y financiamiento. Lo más importante ahora es identificar a los responsables y reunir todas las evidencias necesarias para ponerlas a disposición del Ministerio Público”, afirmó.

En ese contexto, el docente jubilado y sindicalista Roberto Ayala criticó la debilidad del sistema educativo y sostuvo que existe falta de compromiso patriótico entre los responsables de los organismos encargados de habilitar universidades y acreditar sus carreras.

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“Por sobre todo, considero que debe existir responsabilidad patriótica. Aquí falta ese compromiso. Si las personas encargadas de gestionar las instituciones, donde las normas están bien claras y no las aplican en cada nivel, nunca lograremos transparencia. Esta depende, en gran medida, de la honestidad de quienes dirigen las entidades”, señaló Ayala.

El docente afirmó que el problema no radica en la falta de reglamentación, sino en su correcta aplicación y control.

Explicó que todo el proceso debe verificarse rigurosamente, desde la emisión del título por las instituciones formadoras hasta el visado final que permite el ejercicio profesional.

En ese recorrido intervienen distintas instancias del sistema educativo, como la habilitación de la universidad a cargo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la acreditación de la carrera por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), lo que garantiza la validez de la formación académica.

“Las reglas existen. Lo que falla es la actuación de quienes deben hacerlas cumplir. Si se aplican correctamente en cada instancia —desde la emisión del título hasta la intervención del CONES y la ANEAES— el sistema funcionaría”, expresó.

Finalmente, sostuvo que las falencias en los mecanismos de control facilitan estas irregularidades, que dañan la credibilidad del sistema educativo. Por ello, pidió reforzar los procesos de verificación y garantizar mayor rigor institucional para evitar nuevos casos de títulos falsificados.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, apuntó Ramírez.

Agregó que por la autonomía de las universidades, consagrada en la Constitución Nacional, el MEC no puede tomar intervención en las instituciones que estarían involucradas, por lo que derivan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Las primeras investigaciones datan de 2024, a través de denuncias anónimas que apuntaban a que profesores se inscribían a Concursos Públicos de Oposición (CPO) para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDDE). La fiscala Teresa Sosa Laconich fue la agente designada para la investigación. Actualmente, la cantidad de sospechas de diplomas universitarios no auténticos creció ampliamente.

La sospecha detrás de los 1.500 títulos falsos en el MEC

La fiscala Teresa Sosa, designada para la investigación inicial de los títulos falsos de docentes en la cartera educativa, indica que en primera instancia, la pesquisa incluyó a un pequeño grupo de profesores con títulos falsos.

“La denuncia era que muchos profesores habrían presentado sus títulos para el concurso público, sin haber realizado la carrera de maestro de Educación Escolar Básica (EEB). El MEC comenzó una investigación preliminar, que luego derivó al Ministerio Público”, indicó la agente.

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Afirmó que dentro de la investigación, tomó conocimiento de la existencia de una “sospecha de 1.500 títulos falsos”, aproximadamente. “Son personas que habrían presentado el registro de docente, que te habilita para enseñar en escuelas públicas y privadas. Algunos, incluso, son ya directores de instituciones educativas”, agregó.

Hasta la fecha, se confirman tres profesores imputados, quienes serían los “facilitadores” que son los que habrían hecho las inscripciones de estos títulos ante el MEC. Además, hay 9 docentes imputados, que son los que accedieron a estos cartones falsificados. En total, 12 personas imputadas.

Títulos falsos: indagan complicidad de funcionarios del MEC y el Cones

La fiscala Teresa Sosa explicó que tras la sospecha de los 1.500 títulos falsos, pidió al ministro de Educación, Luis Ramírez, que realice una auditoría al interior de esta institución, así como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

El tema de títulos falsos no solo abarca a docentes, sino que a personas de diferentes profesiones que han presentado títulos falsos para obtener una matrícula como profesional, pero no están capacitados para realizar esa profesión, esa tarea, según la Fiscalía.

“Implica también una suerte de apoyo y trabajo en confidencia por parte de un sector administrativo dentro del MEC y del Cones, para que esto sea posible. Habría un grupo de funcionarios que colaborarían con la entrega de títulos falsos y la inscripción de esos títulos en las instituciones pertinentes", afirmó Sosa.

Remarcó que esta complicidad también hace que la tarea investigativa sea más compleja y resulte en varias aristas que se deben tomar en cuenta para seguir adelante.

¿Cuál es la universidad salpicada por los títulos falsos de imputados?

La agente del Ministerio Público informó que sobre los diplomas universitarios de las personas hasta ahora imputadas, no existen dudas sobre las falsificaciones.

“No hay ninguna duda sobre la falsedad del título. Porque la universidad que supuestamente emitió, te dice ‘Yo no emití, no son las firmas, no los tengo en el listado, no pagaron matrícula, no son alumnos de ningún curso’. Allí ya no hay ninguna duda”, manifestó Sosa.

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Los títulos se atribuyeron a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y sus autoridades son las que informaron que esas personas no están registradas ni conocen dato alguno de las mismas en esta casa de estudios.

Fiscala dice que Cones debe cerrar institutos que brindan títulos falsos

Sosa Laconich también mencionó que hay institutos de educación superior o universidades que sí otorgan títulos falsos a personas que, en su buena fe, se matriculan, pagan cuotas y asisten a todas las clases en un instituto o universidad, durante cuatro años, para obtener la licenciatura en Educación.

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“Esta es otra arista que debemos investigar. Son personas que invirtieron muchísimo dinero para estudiar de verdad, pero que resulta que los títulos que les dieron en estas instituciones son falsos, de entidades no acreditadas o no habilitadas. El Cones realmente tiene que hacer un trabajo también para cerrar estos locales”, sentenció.

La medida de fuerza comenzó ayer, encabezada por los miembros de la comisión de ACE, quienes solicitan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un rubro para una docente reemplazante que desde 2025 está cubriendo el turno de una profesora que tenía a su cargo el 1º grado y que fue beneficiada con un permiso especial para someterse a un tratamiento médico.

Conforme a la manifestación de los padres de familia, cuando surgió este inconveniente recurrieron juntos a los representantes de la supervisión y la Dirección Departamental de Educación para gestionar un rubro para la profesora que fue designada para cumplir la tarea de enseñar a los niños del 1º grado.

En ese sentido, una de las madres de familia, Francisca Jara, comentó que en principio los representantes del Ministerio de Educación se comprometieron a que para el inicio de este año lectivo 2026 ya se iba a dar una respuesta favorable al pedido, pero que hasta el momento no se ha cumplido con ellos.

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Solución y no promesas

Seguidamente expresó que la comunidad educativa quiere soluciones y no promesas para levantar la medida de fuerza. Adelantó que van a continuar con sus reclamos hasta que tengan una salida favorable de parte de las autoridades del MEC.

“Nuestra posición es no levantar la manifestación y seguir insistiendo por el rubro para la profesora que está en clase sin cobrar nada. No puede ser que no haya rubro para alguien que trabaja, mientras que todos sabemos que cuando se trata de algún recomendado de políticos siempre se encuentra una rápida respuesta, por lo que nosotros tampoco vamos a quedarnos callados”, lamentó Francisca Jara.

Hay recursos

Por su lado, la directora departamental de Educación, Olga Servín, refirió que se está viendo la manera de dar una salida al problema, señalando que lo más factible en este momento es que uno de los docentes de la escuela se encargue de los niños del 1º grado, hasta tanto se consiga el rubro que reclaman los padres.

Asimismo, el director del local escolar, profesor Osvaldo Costa, expresó su enorme preocupación por lo que está aconteciendo en la casa de estudios y pidió a los responsables de la supervisión y de la Dirección Departamental que vean la manera de dar un corte definitivo al problema.

“Al haberse iniciado el juicio de los mayores, necesariamente los jueces deben excusarse en la causa del adolescente y remitirla para un nuevo sorteo”, señaló el agente fiscal.

El representante del Ministerio Público recordó que en Coronel Oviedo existe un solo Tribunal de Sentencia, por lo que será necesario recurrir a magistrados de otras jurisdicciones para la integración.

“Lastimosamente en la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un solo tribunal de sentencia. Debería integrarse con jueces de Caaguazú y J. Eulogio Estigarribia”, indicó.

Según explicó, la excusación deberá ser remitida al juez coordinador de la Circunscripción Judicial, quien tendrá a su cargo realizar el sorteo para la conformación del nuevo tribunal. Una vez integrado el órgano juzgador, su presidente deberá convocar nuevamente a las partes para fijar la fecha de inicio del juicio oral.

El adolescente permanece privado de libertad bajo una medida de internación en un centro especializado de la ciudad de Villarrica.

El mismo afronta acusación por los hechos punibles de feminicidio, previsto en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, y aborto, contemplado en el artículo 109 del Código Penal.

Juicio a los adultos ya está en marcha

Mientras tanto, el juicio oral y público contra los acusados mayores de edad en el caso ya comenzó formalmente. Segovia informó que durante la audiencia realizada el lunes se dio lectura al auto de apertura a juicio y las partes presentaron sus alegatos iniciales.

“Por fin hemos dado inicio formal al juicio con la lectura del auto de apertura. Igualmente se han formulado las alegaciones iniciales de Fiscalía, Querella y de las distintas defensas”, manifestó.

El fiscal precisó que desde este miércoles, a partir de las 8:00, se iniciará el diligenciamiento de las pruebas con las declaraciones de los procesados que deseen prestar testimonio ante el tribunal, para luego dar paso a las declaraciones testificales.

Segovia reconoció que la simultaneidad de ambos procesos podría generar dificultades debido a que una de las defensas interviene tanto en la causa del adolescente como en la de uno de los acusados mayores de edad, además de que el mismo equipo fiscal participa en ambos juicios.

No obstante, aseguró que el Ministerio Público buscará mecanismos para agilizar el desarrollo del juicio de los adultos y permitir posteriormente el inicio del proceso oral contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez.

Durante la sesión de esta mañana del Consejo de Administración, se abrió un debate crítico sobre la gestión académica y el rol social que debe cumplir el IPS en la formación de sus profesionales. Isaías Fretes, presidente del ente, y los consejeros, coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de supervisión más estrictos sobre los posgrados que se imparten mediante convenios con universidades.

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La inquietud principal fue planteada tras conocerse casos de profesionales que, en paralelo a sus funciones asistenciales, cursan especializaciones de modalidad “express” los fines de semana.

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Las autoridades expresaron su preocupación de que esta metodología no garantice la calidad necesaria para el tratamiento de pacientes, lo que, según señalaron, representa un riesgo tanto para el médico como para el asegurado.

“Son irregularidades que ocurren; si permitimos posgrados que no cumplen con los estándares de excelencia, estamos comprometiendo la seguridad del paciente”, manifestó Fretes. Ante esto, el Consejo solicitó que el jefe de Docencia de la institución comparezca próximamente para exponer detalladamente los programas de posgrado vigentes y el sistema de evaluación aplicado.

Hacia la meritocracia y el fortalecimiento asistencial

El debate también abordó la necesidad de vincular la formación académica con los procesos de concurso interno y ascenso. Se enfatizó que, más allá de la antigüedad, el IPS debe priorizar la calidad académica y la pertinencia del posgrado para el área específica en la que el médico se desempeña.

“En el fondo es un engaño; es más, es un riesgo para la persona porque le van a dar un título y no va a estar capacitada para tratar pacientes”, advirtió el presidente del IPS.

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La Gerencia de Salud fue instruida para revisar los criterios de habilitación y, fundamentalmente, para asegurar que toda oferta educativa esté alineada con las necesidades reales del instituto. El objetivo es desestimular la formación académica que no aporte valor asistencial y fortalecer aquellas áreas donde existen mayores brechas, como la neonatología, que actualmente enfrenta una escasez de residentes.

La explosión destruyó la casa que alquilaba por Notario y todas las pertenencias que guardaba en su interior, entre ellas las máquinas del taller de confección su esposa.

El hombre contó que seguía despierto porque debía terminar un trabajo que tenía previsto entregar este martes, cuando a la 1:40 de la madrugada comenzó a escuchar intensos de disparos.

“Apagué mi computadora y fui donde estaba mi señora durmiendo mis tres hijos. Le dije que parecía que había un asalto. Nos fuimos hacia el taller de costura que está al fondo de la casa y ahí nos dimos cuenta de que el ruido venía del Banco Familiar, cuya bóveda colinda con nuestra pared”, explicó.

Ante esa situación, la familia decidió refugiarse en un baño y, apenas unos minutos después, se produjo la primera detonación que destruyó el taller donde inicialmente intentaron refugiarse.

“Esto es un milagro de Dios, porque no hay otra explicación. Si uno entra ahora y ve cómo quedó todo, se da cuenta de que podríamos haber muerto”, manifestó.

Notario relató que el humo que se generó tras la explosión hicieron imposible la visibilidad dentro de la vivienda.

“No se veía absolutamente nada. Prendía la luz del celular y no veía nada. Era impresionante el polvo. Lo más terrible fue eso. Si no lográbamos salir rápido, nos íbamos a asfixiar”, afirmó.

Con mucha dificultad logró sacar primero a uno de sus hijos, de cinco años, para luego regresar por su esposa y los otros dos menores, de 8 y 10 años.

Según relató, cuando finalmente lograron cruzar hacia la vivienda de una vecina para ponerse a salvo, se registró una segunda explosión.

“Corrimos y nos refugiamos en la casa de la vecina. Si seguíamos dentro de la vivienda, probablemente no estaríamos contando esta historia”, señaló.

Para empeorar, fue demorado

Además de perder todas sus pertenencias, el hombre también enfrentó una difícil situación posterior al ataque. Debido a una confusión, fue demorado aproximadamente cuatro horas, hasta que se aclaró lo sucedido.

“Estuve casi cuatro horas demorado. Pero más allá de eso, lo importante es que mis hijos están vivos. Todo lo material se puede recuperar. Después de ver lo que pasó acá, solo puedo decir que esto fue un milagro”, finalizó.

Por el lado paraguayo, el recorrido fue guiado por el viceministro del MITIC, Klaus Pistilli, a quien acompañaron los directores de infraestructura y coordinación del proyecto tecnológico.

“Esta es una iniciativa estratégica, orientada a fortalecer las capacidades de inteligencia artificial, computación de alto desempeño e infraestructura digital de ambos países”, destacaron las autoridades durante la verificación del terreno, según publicó el MITIC en su página.

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Adjudicación y fase inicial de 10 MW

El espacio destinado en Chaco’i albergará primero el Centro de Datos del Estado. Según los datos oficiales, el proyecto modular de esta sede ya fue adjudicado y que se encuentra esperando la firma del contrato.

Estas adecuaciones estructurales servirán de base para la Fase I del centro binacional. Actualmente, el proyecto compartido se encuentra en pleno estudio de factibilidad, de análisis de la demanda, así como en los aspectos regulatorios.

La planificación inicial contempla arrancar con una capacidad de 10 megavatios (MW) de cómputo, que servirá como plan piloto para verificar su viabilidad operativa antes de expandirse.

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“Yguazú Digital” y el inmenso impacto energético

El complejo, estructurado inicialmente bajo el nombre de “Yguazú Digital”, funcionará con un modelo de participación equitativa de capital (50/50) entre Paraguay y el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo (ICDF) de Taiwán.

El verdadero desafío logístico y de recursos del Estado llegará en las siguientes etapas. La Fase II prevé un salto de capacidad a 100 MW con un claro enfoque de servicio regional.

Para la Fase III, el plan proyecta un centro de datos de hiperescala que consumirá 1 gigavatio (1.000 MW). Esto representa casi cinco veces la potencia instalada la cental nacional de Acaray.

Para dimensionar el enorme requerimiento eléctrico que deberá garantizar Paraguay, esta cifra equivale a comprometer la producción de casi a la capacidad de una unidad y dela mitad de un segndo grupo de la central Itaipú Binacional.

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Privilegios diplomáticos y exclusividad

Un punto crítico del histórico memorando de entendimiento firmado entre ambos países es la creación de la figura jurídica denominada “Embajada de Datos Digitales”.

Este régimen especial otorgará a las instalaciones, servidores y datos almacenados en Chaco’i un estatus de inmunidades y privilegios diplomáticos, similares a los de una sede extranjera, que resta jurisdicción local sobre el manejo de esa información.

Además, el acuerdo impone a nuestro país una estricta cláusula de exclusividad. El Estado paraguayo tiene prohibido negociar o divulgar detalles técnicos del proyecto con terceros países mientras el vínculo permanezca vigente.

Los asaltantes detonaron explosivos en sucursales de los bancos GNB y Familiar e irrumpieron también en una sucursal de Ueno Bank y de la firma Santa Rita Cambios, llevándose una cantidad aún no determinada de dinero.

Durante el incidente se registró un enfrentamiento entre los asaltantes y agentes de la Policía, uno de los cuales incluso fue brevemente tomado como rehén por los atracadores, según informó hoy un jefe policial.

“Tuvieron control de toda el área central de la ciudad”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Adrián Urtlauf, concejal municipal de Santa Rita por el Partido Patria Querida, quien vive en la zona en que se produjeron los atracos, relató cómo se vivieron los acontecimientos.

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El concejal Urtlauf dijo que hubo entre 25 minutos y media hora de “disparos ininterrumpidos” y que se escuchaban tiros provenientes desde varios lugares distintos, por lo que dijo creer que los asaltantes se ubicaron en varios puntos para mantener controlada la zona en que están ubicados los bancos.

“Por media hora tuvieron control de toda el área central de la ciudad”, dijo. “Parecía el ‘mbokapu’ de Año Nuevo, por suerte nadie salió herido”, agregó.

Comisaría de Santa Rita tiene menos de 20 agentes

El edil de Santa Rita indicó que hace aproximadamente un mes y medio se produjo en Santa Rita una inusual ola de robos de vehículos, con hasta tres hechos de ese tipo por noche en ocasiones.

Agregó que, normalmente, la Comisaría 18ª de Santa Rosa tiene una dotación de 18 agentes distribuidos en tres turnos, por lo que en cada turno generalmente hay seis uniformados en actividad.

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Según dijo hoy a ABC Cardinal el comisario Juan Vega, director de la Policía Nacional en Alto Paraná, los asaltantes interceptaron a una patrullera que se hallaba en la zona al momento del asalto y tomaron momentáneamente como rehén a uno de sus ocupantes.

Posteriormente, se produjo un enfrentamiento a tiros entre los asaltantes y los policías, tras lo cual los sospechosos lograron escapar.

Otro punto a considerar, además de los mitos que existen sobre la donación, es que la sangre es un “medicamento” que tiene un periodo corto de vencimiento, por lo que es importante la constante renovación del stock.

El Programa Nacional de Sangre es el ente rector de la política de sangre del Paraguay, cuya función es la regulación y normativa de las políticas y planificación del sistema que contempla la red de servicios y abastecimiento, dirigida actualmente por Óscar Echeverría, quien explicó que se centran en conquistar dentro de la población a donantes o a personas solidarias a que sean donantes voluntarias de sangre.

“Es estadísticamente demostrada que es la forma de colecta de sangre segura. Tenemos varios tipos de donantes, la mayoría de las personas que donan actualmente en nuestro país son donantes que se les conoce como de reposición o familiares, son personas que vienen obligadas por la circunstancia que tienen un familiar o un amigo, un conocido que necesita sangre, entonces vienen a donar para esa persona”, indicó.

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Sangre desechada por infecciones detectadas

Contó que, en promedio, 5% de la sangre donada es desechada por detectar enfermedades infecciosas en la misma, es decir, de cada 100 donaciones, cinco tienen serología reactiva.

Agregó que el donante especial que buscan en el 100% de los casos es que sea voluntario y repetido, dado que estadísticamente está demostrado que tienen una sola donación de cada 1.000 que no se puede usar porque padece alguna enfermedad infecciosa.

“Nosotros estamos estadísticamente en un 20%, nos falta mucho para llegar a 100%. Pero el año pasado nosotros tuvimos 132.000 donaciones que hicieron posible trasladar a más de 350.000 pacientes internados en diferentes partes del país”, precisó.

Por su parte, Elsi Vargas, directora del Centro Nacional de Servicio de Sangre (Censsa), destacó el valor humano y solidario de lo que es la donación de sangre y de lo que es la importancia de la comunidad como una conexión entre el donante, el paciente y la cantidad de sangre que se pueda tener en stock.

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Recordó que los glóbulos rojos vencen en 42 días y están almacenados en una temperatura de 4 ºC a 8 ºC. Las plaquetas duran solamente 5 días y se almacenan con agitación constante entre 20 C y 22 ºC y el plasma, que es lo que se congela a -30 grados, dura 1 año.

Estudios de la sangre donada

Detalló que los estudios que se realizan a la sangre donada se realiza en tiempo real, por un sistema informático del Ministerio de Salud, que envían los resultados a todos los lugares de nuestro país para que la sangre como medicamento vital esté disponible para los pacientes.

Insistió en que la diferencia principal entre la sangre donada por un voluntario y un donante de reposición es que del primero solo existe entre el 2% y el 4% de desecho por alguna enfermedad infecciosa, mientras que un donante de reposición que dona para un familiar está hasta el 12% de tener alguna enfermedad y, por ende, de cada 100 donantes, 12 son desechados, e incluso a nivel nacional estamos al año con 15%.

“En total, más de 10.000 voluntarios tenemos en el país, que sigue siendo poco. Hay escasez, suele ser stock crítico en algunos meses del año, depende exclusivamente de las estaciones, como ahora hay mucha gente con gripe, hay mucha gente con problemas respiratorios, entonces nosotros tenemos también una afluencia menor de donantes”, detalló.

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Agregó que también los meses de fiestas como noviembre, diciembre, fin de año y las vacaciones también disminuye la donación de sangre, por lo que genera stock crítico.

“Nosotros podemos hacer una gran colecta para no tener escasez, pero colectar 1.000 de una vez en 42 días, igual ya me va a vencer. Entonces, constantemente tenemos que estar haciendo colectas para poder ir teniendo un stock suficiente y oportuno porque ese medicamento vital es la particularidad que tiene, viene de un ser humano, su insumo y vence”, explicó.

Requisitos para donar sangre

Óscar Echeverría recordó que un requisito para donar sangre es tener un estilo de vida saludable, para lo cual se hace un cuestionario que el donante tiene que llenar con la ayuda de un técnico especializado en selección de donantes.

En cuanto al requisito fundamental, es el peso, que debe ser mínimo de 50 kilogramos. Si el donante tuvo hepatitis, se le pregunta si tuvo antes de la adolescencia, que es hepatitis A, y puede donar sangre, pero en caso de haber tenido hepatitis después de la adolescencia, ya se presume que sea B o C, entonces no puede donar nunca más.

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Otro requisito es no tener heridas en el cuerpo. Si toma medicación, se le pregunta sobre esta, pero habitualmente no es un dato que le excluye donar.

“En general, la mayoría de nosotros estamos en condiciones de donar sangre. La donación no produce mareo ni disminución de defensa. Se hace un pequeño reposo después de la colecta de 2 a 3 minutos y posteriormente puede irse. Hay un mito que dice que la donación engorda al donante, eso es falso, lastimosamente no adelgaza, porque o si no estaríamos donando cada rato varias personas”, puntualizó.

Mitos por falta de información

Agregó que, como falta información a la población en general, se van creando varios mitos que hacen después difícil que esa persona se anime a donar, como por ejemplo que uno se puede contagiar de VIH o hepatitis durante el acto de donación, lo cual es totalmente falso, ya que todos los insumos que se utilizan son estériles y se usan por primera y única vez en el lugar de la donación.

De acuerdo a la legislación vigente, quienes se hacen tatuajes o piercings deben esperar un año para volver a donar, pero buscan cambiar la ley, ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció un lapso de tres meses tras la realización de estos para poder donar.

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Refirió que la falta de donantes es un problema de Latinoamérica y que, por la cantidad de habitantes que somos, deberíamos donar 25 millones de unidades año y se está donando entre 12 y 14 millones de unidades año.

“Por la cantidad de habitantes que somos, 6.100.000, un poquito más, deberíamos donar 130.000 año y el año pasado se donó 132.000. O sea, estamos en buena cantidad. El problema es que después se estudia esa sangre y un gran porcentaje se tiene que desechar. Entonces, lo que queremos mejorar es esa calidad de obtención de sangre segura con el donante voluntario”, insistió.

Donación de sangre en las empresas

Elsi Vargas contó que actualmente cuentan con convenios con más de 110 empresas que forman equipo con el Ministerio de Salud para poder hacer las colectas extramurales.

“La empresa que hoy nos está viendo que quiera sumarse puede contactar con el Censsa. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos también nuestro correo que es censsaparaguay@gmail.com. Nosotros vamos a enviar una persona que le va a guiar para poder organizar esa colecta”, precisó.

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Dijo que las colectas en las empresas se realizan con un coordinador que trabaja directamente con el Censsa y se establece un espacio dentro de la empresa donde hacer la colecta.

“Si bien la transfusión es un derecho de todos, la donación de sangre es un privilegio de gente sana y es un compromiso compartido entre el Gobierno, que es el Ministerio de Salud, y la comunidad. De nada nos sirve tener alta tecnología, tener todos los insumos, hospitales especializados, si no tenemos el brazo solidario de la comunidad que nos ayuda y colabora para poder tener ese insumo vital, porque el ser humano es una fábrica de vida en vida”, concluyó.

Sin embargo, los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Miryam Meza de López anularon las penas de 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, y ordenaron un nuevo juicio para aumentar las penas que debe cumplir Sandra Obertino y Adrián García.

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Con relación al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, condenado en el primer juicio oral a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad; el Tribunal de Apelaciones atendió los recursos planteados tanto por el Ministerio Público como por la querella, anuló la sentencia dictada y ordenó un nuevo juicio oral para el encausado.

El primer juicio oral finalizó el 22 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz, que en forma unánime dio por probado el hecho y dictó las penas señaladas, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo Franco, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

Para Tribunal el fallo es contradictorio sobre la conducta de los acusados

El Tribunal de Apelación analizó el planteamiento de la querella adhesiva, en representación de los padres de la niña Narciso Portillo y Gloria Franco, que cuestionó la medición de la pena impuesta a Sandra Obertino y a Adrián García, además de considerar que la sentencia tiene una errónea e insuficiente fundamentación.

Tanto para la querella como para la Fiscalía, el Colegiado de Sentencia ha llegado a imponer una insuficiente pena a la Dra. Sandra Obertino y al técnico Adrián García, teniendo en cuenta la calificación jurídica de homicidio doloso por dolo eventual, que se consideró probado durante el juicio.

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Así, para el tribunal sentenciador se comprobó el hecho y la punibilidad de Sandra Obertino y Adrián García, dentro del hecho punible de homicidio doloso en coautoría, del tipo eventual. A esta conclusión arribó el colegiado mediante varios elementos probatorios tenidos en cuenta durante el juicio.

Entre dichos elementos se citan que la clínica no tenía habilitación sanitaria, engañó a los padres diciéndoles que en otro lugar les saldría más caro el tratamiento y que Obertino contaba con los equipamientos necesarios para el tratamiento y la conclusión pericial que a su vez refirió: “el fallecimiento de la niña Thirza Belén Portillo de 9 años, fue una sucesión de malas decisiones, omisiones, errores de conducta y procedimiento”.

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Es por ello que consideró el Tribunal de Alzada que “entre el dolo eventual y la culpa existe una línea muchas veces delgada, lo que hace compleja la decisión sobre la identificación del tipo subjetivo, siendo una de las formas de aproximarse a la respuesta será cuestionarse si el agente con su acción anhelaba la producción del resultado típico o viéndolo como probable, le resultó igual su acaecimiento”.

Añadió al respecto, en cuanto a cómo actuó la acusada Sandra Obertino, “existe un caudal importante de medios probatorios, que como producto de valoración integral, conjunta y armónica por parte del Tribunal sentenciador, dio como resultado, que la acusada Obertino, actuó viendo probable el resultado, pero le dio igual”.

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Mientras que, con relación a Adrián García, se consideró “nuevamente se hace hincapié en la teoría de la probabilidad, la cual responde a que el autor podría no anhelar el resultado, no representarse como seguro el hecho, sin embargo, lo ve como posible; circunstancia que motiva el dolo eventual del incoado resuelta por el tribunal sentenciador”.

Además sobre Vicente Cabrera, para el Tribunal de Apelación señaló que fue condenado por homicidio culposo, sin embargo “se verifica que no condice con las pruebas producidas, recayendo un fallo corto, incurriendo en una tarea valorativa sesgada al omitir valorar elementos probatorios de valor decisivo, configurándose el vicio del Art. 403.4 del CPP, fundamentación contradictoria”.

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En cuanto al agravio de sobre la pena, señalado en sus respectivas apelaciones por la querella adhesiva y la Fiscalía, el Tribunal de Apelaciones refirió con relación a la procesada Sandra Marcela Obertino que al momento de la medición de la pena, los jueces de sentencia consideraron “en contra” de Obertino los primero seis puntos del artículo 65 del Código Penal.

En tanto que, cuando trataron “la intensidad de la energía criminal” que hace al punto 3 del art. 65, la misma no puede ser considerada mínima, en razón en que la conducta adoptada generó un riesgo jurídicamente desaprobado; a eso añadieron que el punto 5 del art. 65 hace referencia a “la relevancia del daño, del peligro ocasionado”, sobre el cual indicaron que la conducta atribuida a Sandra Obertino derivó en la producción de un daño de máxima gravedad.

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Es como consecuencia de ese análisis hecho por el tribunal de sentencia, al cual hace referencia el tribunal de apelación, que “surge que el quantum de la pena no guarda relación directa a lo asentado en los puntos de medición y sostenido en la sentencia definitiva con la cantidad de años a la que fue condenada, volviéndose en una fundamentación incongruente y la falta de ponderación integral”.

Sobre la pena dictada a Adrián Cayetano García Servín, el tribunal de sentencia consideró que su reprochabilidad era alta y por ende, para los camaristas “la medición debió realizarse teniendo como base la situación en que actuó, su capacidad de comprender la antijuridicidad de su comportamiento y de abstenerse de realizar el hecho o de respetar la norma”.

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Si bien, al momento de llevar a cabo la medición de la pena, los jueces tuvieron “varios puntos centrales tenidos ‘en contra’, la afirmación de que la energía criminal ha sido alta y solo cuatro posteriores puntos ‘a favor’ que serían los atenuantes, evidenciando una total incongruencia en la motivación entre la pena otorgada de siete años y el marco penal seguido al acusado”.

Durante ese periodo de tiempo solo realizarán atenciones en urgencias en los centros públicos de salud y quedarán suspendidas las consultas y cirugías programadas.

Frente a esta situación, el director general de Redes y Servicios, Gustavo Ortiz, comentó que tienen establecidas mesas de trabajo donde determinan las problemáticas y escuchan las inquietudes.

“Considero que debemos agotar todas las instancias, seguir hablando y fortalecer esa mesa de diálogo, pues no estamos ajenos a este pedido, pero debemos entender que los servicios de salud, a nivel nacional, deben estar garantizados”, señaló Ortiz.

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Por otra parte, sostuvo que tienen establecidos planes de contingencia cuando se presentan fines de semana largos o asuetos, cuando deben garantizar que la guardia esté cubierta.

Para finalizar, mencionó que a partir de ahora estarían evaluando que los médicos soliciten llevar adelante la mesa de trabajo, así como también ellos realizar la convocatoria para reunirse con los representes del Sindicato de Médicos.

La única mujer colorada que quedó como candidata a intendenta en Quyquyhó es la jefa del Registro Electoral de dicho municipio, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC-NZ), quien por la lista 2N, obtuvo 1.683 votos, en la cuestionada internas partidarias realizadas el 7 de este mes. Su adversario político del momento, Gabriel Derene, de la Lista 2A, había anunciado su retiro de la contienda electoral tras los incidentes registrados frente al local de votación el sábado 6 de este mes.

La previa de la jornada electoral estuvo marcada por una gresca protagonizada presuntamente por guardaespaldas del diputado Esteban Martín Samaniego, situación que derivó en la suspensión momentánea de las elecciones del domingo debido a la falta de garantías, por sospechas de manipulación de las maquinarias, tras la intervención del fiscal Leonardo Cáceres de Quiindy y en presencia de los apoderados se reanudó las elecciones pero el candidato Derene no participó de las elecciones.

Candidata con juicio oral pendiente

La candidata de la ANR, Medina Yegros, actual jefa distrital de la Justicia Electoral, busca convertirse en la sucesora de la administración encabezada por la intendenta Patricia Corvalán, quien también está procesada por enriquecimiento ilícito y asociación criminal en perjuicio de la Municipalidad. La funcionaria del TSJE afronta un proceso penal pendiente de juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

Según la acusación del fiscal anticorrupción, Silvio Corbeta, presentó acusación contra la candidata de la ANR por el supuesto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Quyquyhó, de G. 338.595.000. La candidata colorada busca consolidarse como continuadora del liderazgo político ejercido por el grupo conformado por el diputado Esteban Samaniego y su esposa Corvalán.

Este caso que involucra a la candidata, al parlamentario y la actual intendenta está en espera de que el juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de Asunción, fije audiencia preliminar para los procesados en este supuesto hecho ilícito.

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Mujeres liberales ganan espacio

En contraste con la ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) logró posicionar a tres mujeres como candidatas a intendentas en diferentes municipios del departamento.

En Quyquyhó fue electa como candidata la abogada Carolina Benítez, quien propone una gestión enfocada en el desarrollo local, el progreso y la generación de oportunidades para la ciudadanía.

Por su parte, en Mbuyapey, la exintendenta Ana Delvalle de Aponte ganó las internas liberales y buscará retornar a la administración municipal. Delvalle gobernó el distrito entre 2010 y 2015 y ahora intentará recuperar para el PLRA la intendencia que el partido perdió en el periodo 2021-2026.

En las elecciones generales de octubre deberá enfrentarse al actual intendente Luis Rojas, quien buscará la reelección.

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Finalmente, en Ybytymí fue electa como candidata del PLRA Gloria Capli, actual administradora de la Municipalidad local. La dirigente buscará retener el gobierno municipal para su partido en las próximas elecciones y evitar que la ANR recupere la administración comunal.

Por su parte, el Partido Colorado postula al concejal cartista Andrés Gastón (HC), quien aspira a llegar a la intendencia.

“Este proyecto es para aquellas parejas que acordaron terminar con su vínculo matrimonial. De lo contrario no”, aclaró la legisladora.

Según detalló, la modificación permitirá que ambos cónyuges comparezcan directamente ante un juez jurisdiccional para manifestar su voluntad de divorciarse, sin necesidad de atravesar largos procesos judiciales ni contratar representación legal.

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“Este proyecto es para que de forma directa un juez trate con ambos sin la necesidad de un abogado, sin pagar las tasas judiciales, los aranceles y también el tiempo que le lleva para lograr esto”, sostuvo.

Sin abogados y con menos gastos

La senadora argumentó que una de las principales barreras para concretar divorcios de mutuo consentimiento es el costo económico del proceso.

Indicó que durante sus recorridos por el país recibió reiterados reclamos de personas que, pese a estar separadas desde hace años, no pueden regularizar legalmente su situación porque no cuentan con recursos para afrontar los gastos judiciales.

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“Esta fue una inquietud que me hacían llegar la gente humilde que no tiene para pagar su divorcio porque el precio es inalcanzable, por así decirlo, inaccesible”, afirmó.

Samaniego remarcó que la iniciativa busca democratizar el acceso al divorcio para todos los sectores sociales, eliminando costos considerados innecesarios cuando existe pleno acuerdo entre las partes.

Parejas separadas hace años siguen legalmente casadas

La legisladora señaló que muchas personas ya reconstruyeron sus vidas y mantienen nuevas relaciones sentimentales, pero continúan legalmente unidas a sus exparejas debido a la complejidad del proceso de divorcio.

“Ya tomaron la decisión de separarse y lo hicieron acordando entre los dos. No pueden regularizar su relación con otras parejas que ya tienen porque legalmente siguen unidos”, explicó.

A su criterio, la situación genera inconvenientes personales y jurídicos que podrían resolverse mediante un procedimiento más simple y rápido.

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Consultada sobre una eventual resistencia de sectores vinculados al sistema judicial debido a la eliminación de aranceles, Samaniego aseguró que no conversó sobre el tema con autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, consideró que quienes podrían verse más afectados serían los profesionales del derecho que actualmente intervienen en estos procesos.

“No consulté con la Corte, pero sí con asesores jurídicos de mucho conocimiento sobre el tema. Finalmente esos aranceles son para los abogados, los abogados son los que se van a sentir afectados”, manifestó.

Aun así, sostuvo que el objetivo principal debe ser facilitar soluciones a los ciudadanos. “Lo que buscamos es que el paraguayo y la paraguaya vivan en paz”, añadió.

Espera media sanción en el Senado

La proyectista señaló que varias comisiones asesoras ya emitieron dictámenes favorables, aunque con modificaciones, y expresó confianza en que la iniciativa avance durante la sesión de este miércoles. “Espero que mañana se trate cuanto antes para que pueda pasar a la Cámara de Diputados y sea aprobado”, indicó.

Incluso, consideró que la propuesta podría reunir amplio respaldo político debido a que responde a una demanda ciudadana extendida. “No creo que haya un senador que no esté contento con esta propuesta debido a que son representantes de su gente en los distintos departamentos. Es un sentimiento generalizado, en particular de la gente humilde que tiene nuestro país”, concluyó.

Es una de las pocas celebraciones dedicadas al nacimiento de un santo, junto con la Navidad de Jesús y la Natividad de la Virgen María.

En ese contexto, la capital del departamento de Misiones —cuyo patrono protector es este santo— lo celebrará con toda la feligresía y la comunidad en general; se realizarán diversas actividades, tanto religiosas como tradicionales.

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Las actividades religiosas comprenden el novenario en honor a San Juan Bautista, que se inició el pasado 14 de junio y se extenderá hasta el día 22.

La víspera se celebrará el 23 de junio, mientras que la jornada central, el 24, comenzará con la tradicional serenata al santo patrono a las 7:00.

Por la tarde, a las 17:00, se oficiará la santa misa presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Al término de la eucaristía, se llevará a cabo la procesión con la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

Entre las celebraciones tradicionales y culturales que se desarrollan en toda la ciudad se encuentran las fiestas del sanjuanaso en los distintos barrios.

Uno de los eventos más destacados tendrá lugar el día 20 de junio, a partir de las 20:00, en el auditorio Agustín Barrios: se trata de “Noche de Raíces y Serenatas”.

La propuesta incluye un espectáculo musical en vivo, con la participación de artistas y músicos locales reconocidos, además de invitados procedentes de Asunción. El repertorio reunirá géneros tradicionales y populares —boleros, polkas, guaranias, valses, tangos y chamamés—, con especial protagonismo para los jóvenes talentos de la zona.

Otra actividad organizada para los festejos es el San Juan Ara Guasu, que se realizará el día 23 de junio como actividad previa a la festividad, en la plaza Boquerón desde las 18:00.

Allí habrá cantinas con distintas comidas típicas de la región: batiburrillo, chorizo sanjuanino, chatasca, y platos propios de la temporada como el pastel mandi’o, pajagua mascada, caburé y mbeju, entre otras delicias culinarias.

Para cerrar el programa patronal, el 28 de junio se llevará adelante el tradicional desfile de caballería y la fiesta campestre del Club 24 de Junio desde las 9:00. En esta actividad participarán diversas agrupaciones, tanto del departamento de Misiones como de otras zonas del país.

Meteorología: neblina y frío intenso este martes en Paraguay

“Esperamos que ingrese hacia el final de la jornada de ese jueves un sistema de tormentas desde la Argentina”, explicó el especialista.

Precisó que los primeros fenómenos se desarrollarían durante la noche en Ñeembucú y Misiones, para luego avanzar rápidamente hacia Asunción y los departamentos del centro del país.

¿Cuándo comenzarán las lluvias?

Ayala indicó que en la capital las precipitaciones comenzarían alrededor de la medianoche del jueves. “Ya el sistema de tormentas estaría sobre nuestra capital y eso se extiende en la madrugada y la mañana”, señaló.

El pronosticador agregó que el viernes será una jornada marcada por las lluvias y tormentas, especialmente durante las primeras horas del día. Incluso durante la tarde podrían persistir algunas lloviznas y abundante nubosidad, aunque la tendencia será a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

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Tormentas puntualmente intensas

Meteorología advirtió que algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidad importante. “Durante ese viernes, una jornada lluviosa con lluvias y tormentas puntualmente intensas a lo largo del día, principalmente durante la madrugada y la mañana”, manifestó Ayala.

Según explicó, los fenómenos más significativos se concentrarían inicialmente sobre la capital y el área Central, para luego desplazarse hacia el norte del territorio nacional.

El frío intenso volverá después de las lluvias

Tras el paso del sistema de tormentas, los vientos rotarán al sector sur y provocarán un nuevo descenso de la temperatura.

Sin embargo, Ayala aclaró que el frente previsto para el viernes no será el más intenso. El especialista adelantó que otro refuerzo de aire frío ingresará durante la noche del domingo. “Es el causante de traer una masa de aire mucho más fría”, indicó.

Detalló que para el lunes se esperan mínimas cercanas a los 13 °C, aunque la sensación térmica podría ubicarse entre tres y cuatro grados por debajo debido a los fuertes vientos del sur.

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Temperaturas de hasta 6 °C la próxima semana

El meteorólogo señaló que el ambiente más frío se sentirá entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, cuando la nueva masa de aire polar se establezca plenamente sobre el país. “Las mínimas podrían caer cerca de los 6 a 7 °C en principio”, adelantó.

Respecto al tradicional veranillo de San Juan, Ayala afirmó que por el momento no se observan condiciones favorables para un período cálido alrededor del 24 de junio. “Predominaría el ambiente frío, fresco”, concluyó, aunque no descartó que las temperaturas puedan aumentar ligeramente después de esa fecha.

La agente fiscal antidrogas Ingrid Cubilla había solicitado la autorización para la diligencia forense, sobre 4 celulares que fueron incautados en el procedimiento en el Hangar “Latitude”, del imputado David Wise, además de Celso Eduardo Lesme Cañete, encargado de la empresa de alquiler de vehículos, y César Valentín Martínez Denis, chofer de la miniban Hyundai en la que estaban siendo cargados los bolsones con droga.

Avión utilizado para el transporte de marihuana premium está valorado en unos US$ 4.000.000

Igualmente, el pedido es para que otros 4 teléfonos móviles de la marca iPhone, que fueron incautados el pasado 30 de mayo durante la constitución fiscal en el Hotel Aloft, de Asunción, dos de ellos propiedad de Marisol Rivas y los otros dos de Troy Vasquez.

A consideración de la agente del Ministerio Público, resulta necesaria y urgente la extracción de datos contenidos en los celulares y tarjetas SIM incautados, teniendo en cuenta que estos podrían contener información conducente para la pesquisa, principalmente en las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema.

Marihuana premium: puntos de pericia autorizados por la jueza

Según lo señalado por la magistrada en su resolución judicial, la Fiscalía indaga la presunta existencia de una red criminal integrada por los estadounidenses imputados David Thomas Wise, Troy Anthony Vasquez y Marisol Rivas, para introducir a Paraguay y por la posesión de drogas, presuntamente transportadas en una aeronave Challenger con matrícula N116HL; por lo que los datos a ser extraídos de los celulares y tarjetas SIM, resultarían idóneos, útiles e indispensables en la causa.

Es por esa razón que, la obtención de los elementos de convicción constituye una de las facetas útiles para el éxito de una pesquisa penal, permitiría confirmar o desvirtuar las hipótesis iniciales.

Además, la urgencia del Ministerio Público se funda en la naturaleza volátil de la evidencia digital pues el transcurso del tiempo también representa un riesgo inminente de pérdida o borrado de datos. En este sentido, se debe tener en cuenta que los dispositivos están expuestos a alteraciones por actualizaciones automáticas de software, fallas operativas o daños físicos en sus microchips, factores que tornarían irreversible la obtención de datos si la diligencia no se hace con prontitud.

En cuanto a las personas cuyos teléfonos fueron incautados, pero no están imputadas, la jueza refirió que “a los efectos de precautelar derechos y garantías procesales y constitucionales de terceros que eventualmente podrían verse involucrados según el contenido de la información a ser extraída, deberá notificarse al Defensor Público Especializado de Turno, a fin de que comparezca ante el Juzgado y ejerza el control efectivo del acto”.

Así, la jueza Rosarito Montanía dispuso como puntos de pericia la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo, historial y registro de llamadas, mensajes de texto SMS, mensajes de voz; archivos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema; de agendas telefónicas; de registros de realización de giros, de extracciones bancarias; de la descarga e instalación de aplicaciones de entes bancarios, financieros, cooperativas, comerciales y billeteras digitales; así como de archivos multimedia y otros más.

Para dicha tarea, fue designada el perito Informático licenciado Arturo David García Lezcano, dependiente del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía. El mismo deberá prestar juramento y asumir el cargo en audiencia prevista para el 26 de junio.

Avión utilizado para transportar marihuana premium está valorado en US$ 4.000.000

El 30 de mayo último fue interceptado un jet cargado con marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento que se enmarcó en el Programa Colibrí tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

Se trata de una aeronave Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.

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Dicha aeronave fue interceptada cuando se llevaba a cabo la descarga de ocho bolsones, que estaban siendo descargadas del avión y cargadas a una camioneta para su transporte. En los bolsos estaban distribuidas varias placas de marihuana premium que al momento de su pesaje totalizaron 261,6 kilos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por los investigadores, el tipo de droga que transportaron en la citada aeronave puede alcanzar un valor de hasta US$ 14.000 por kilo en el mercado brasileño, por lo que la carga incautada representa un perjuicio económico que ronda los US$ 3,6 millones para la red criminal involucradas.

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El avión Bombardier Challenger 601-3A cuenta con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo. En este caso, supuestamente transportó a un piloto que está prófugo, un copiloto, que inicialmente fue detenido y luego liberado, y otros tres ocupantes más quienes fueron procesados.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

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Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.

El conductor Jorge Javier Méndez fue alcanzado por un disparo efectuado contra su automóvil cuando cruzaba la intersección de la calle Camalote y la avenida Bruno Guggiari en horas de la madrugada del jueves 28 de mayo.

La presunción de los investigadores es que el hombre se vio en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos dedicados al tráfico de drogas en la zona.

Habrían disparado desde la gomería

En conversación con ABC Color, el subcomisario David Delgado, del Departamento de Homicidios de la Policía, explicó que la presunción -aparentemente corroborada por un análisis balístico- es que el disparo que hirió a Méndez fue efectuado desde la terraza de la gomería que fue allanada hoy.

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Por el momento, los investigadores descartan que la gomería sea un punto de distribución de drogas, ya que no hallaron estupefacientes en el sitio.

Un detenido y un arma incautada

El allanamiento resultó en la detención de un hombre, padre de una persona señalada como sospechosa de haber participado en el enfrentamiento que hirió al conductor de Bolt.

Según comentó a ABC la fiscal Verónica Mayor, el hombre fue detenido y sería procesado por posesión ilegal de un arma de fuego luego de que se encontrara en su habitación un revólver de calibre 22.

Sin embargo, la información preliminar que manejan los investigadores es que esa no sería el arma que realizó el disparo que hirió al conductor.

“En virtud del artículo 191 de la Constitución Nacional, solicito que esta cámara pueda considerar y aprobar mi desafuero para la causa número 4423/2026 (...), a efecto de que pueda hacer ejercicio y no rehuyendo a todo proceso de mi defensa técnica en la misma”, dijo Espínola.

El caso que motivó esta causa, que es investigada por la fiscal Mercedes Vera Monges, es con relación a un accidente de tránsito protagonizado por el diputado Espínola, donde colisionó con un motociclista, que tras varios días internado terminó falleciendo.

Según consta en el parte policial, el legislador quedó a auxiliar a la víctima y también dio negativo al alcotest.

Antes de la sesión y ya a sabiendas de la decisión que asumiría Espínola, el presidente interino de la Cámara de Diputados -ante la ausencia de Raúl Latorre-, Hugo Meza (ANR, B) chuleó la consultas sobre los otros 8 pedidos de desafuero cajoneados: el cartista Esteban Samaniego acumula cuatro por diferentes causas, los liberales Roya Torres y Cleto Giménez uno cada uno y el abdista Mauricio Espínola tiene otro pedido pendiente, el único con dictamen en contra por sospechas de contaminación política.

Analizarán “colección” de pedidos

“Y vamos a mirar esa colección (de pedidos cajoneados) a ver qué podemos hacer. Vamos a tocar en mesa directiva”, afirmó Meza, considerando que este caso solicitado por Espínola es “muy particular” porque se trató de un accidente.

Al ser insistido sobre si es que protegen sobre todo a Samaniego, que entre sus cuatro causas tiene una por presunta corrupción cuando era intendente de Quyquyhó, dijo que verán si pueden tratarlo en la reunión de mesa directiva.

“Debo ser honesto en que no hemos tratado hace un buen tiempo los pedidos de desafuero, entonces creo que es el momento de poder tocar y podemos mañana de mesa (directiva)”, insistió.

En el caso del líder de bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto, el argumento fue más burdo cuando se le preguntó por el “blindaje” a Samaniego.

“No es blindaje. La ley sigue su proceso. (...), creo que la ley lo sigue investigando”, alegó de forma descarada Del Puerto, pese a saber perfectamente y remarcado por los periodistas, de que precisamente los fueros impiden el avance de cualquier proceso penal.

Luego, apurado por la insistencia de las consultas, se excusó en cortar la entrevista diciendo que ya arrancaba la sesión.

Según los datos expuestos por Vaccotti en su cuenta de X @peztresojos, Atome se instaló en el país en 2021. Para el año 2022, firmó un contrato de compra de energía (PPA) por 60 MW, potencia que a finales de ese mismo año se duplicó. Ya en 2023, la firma aseguraba contractualmente 145 MW, pero la realidad en el terreno fue radicalmente distinta.

“La verdadera historia es que Atome nunca vino. Empezó a exigir y poner condiciones sin bilateralidad: dos veces se les expandió la potencia del PPA, de todas maneras no instalaron ni una subestación de isopor", fustigó Vaccotti de manera categórica sobre el nulo avance físico de la multinacional.

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El intento de torcer el brazo a la ANDE con un decreto

El conflicto escaló cuando la empresa intentó, mediante el decreto N.° 5307 del Poder Ejecutivo, asegurar beneficios tarifarios que la ANDE no estuvo dispuesta a ceder en detrimento de los recursos del Estado. Al no lograr ventajas excepcionales frente al resto de las industrias, iniciaron las advertencias de retiro.

“No logran torcer la voluntad de la ANDE con un decreto y ahora amenazan con irse. No es una tragedia que se vaya una empresa que, en realidad, nunca vino", sentenció el empresario de la criptominería, evidenciando el malestar del sector ante las presiones corporativas de firmas que no muestran obras reales.

Mientras Atome dilataba sus inversiones, el panorama local de consumo real avanzó, destaca. Vaccotti contrastó que, desde las primeras promesas de la multinacional hasta hoy, se instalaron unos 950 MW de Data Centers en diferentes puntos del país, logrando recuperar la energía que anteriormente se “fugaba” al Brasil.

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Industrias reales sostienen el 60% de los ingresos de la estatal

El crecimiento del sector industrial real implicó además la construcción de más de siete subestaciones privadas, las cuales hoy contribuyen directamente a la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en paralelo con las inversiones públicas, como la Subestación Valenzuela de la ANDE, resaltó.

“Estas nuevas industrias ya instaladas representan el 60% de los ingresos de la ANDE. Todas empezaron a operar mientras ATOME seguía cambiando las filminas de su presentación", apuntó de forma tajante el director de Penguin.

La coyuntura local de Atome coincide con un retroceso global de los megaproyectos de amoníaco e hidrógeno limpio, liderados por Yara, la empresa noruega de fertilizantes que supuestamente comprará el 100% de la producción de la planta en Villeta. En los últimos 18 meses, este sector sufrió duros reveses financieros internacionales que exponen la altísima volatilidad de estos planes.

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Entre los antecedentes se encuentra el Proyecto de Amoníaco Azul en la Costa del Golfo de EE.UU., planificado junto a BASF para producir 1,2 millones de toneladas anuales, el cual fue cancelado definitivamente en agosto de 2025 por falta de retornos financieros claros y debilidad regulatoria, contó Vaccotti.

Asimismo, a fines de 2024, la firma archivó sus proyectos de plantas de hidrógeno verde en Europa (específicamente en Noruega y Países Bajos) debido a que la economía de producción local resultó inviable, obligando a reevaluar todo su portafolio ante los vaivenes de los aranceles de carbono globales.

Desarrollo con “barro en los zapatos”

La polémica sigue abierta y sin una definición absoluta por parte del Gobierno ni de Atome, pero el debate instaló la necesidad de priorizar a los capitales que invierten y no a la especulación financiera de las firmas que condicionan al Estado.

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“Un país en vías de desarrollo crece con barro en los zapatos y trabajo, generando puentes para que todos, en conjunto, podamos transformar la matriz económica del país. Que se siga dando lugar a la gente que hace, a la que transforma realidades”, concluyó Vaccotti.

El ambicioso proyecto, diseñado para abarcar 180 hectáreas y 105 subcuencas urbanas, debía concluir en un plazo de doce meses. Sin embargo, a la fecha, los trabajos registran apenas un 30 por ciento de ejecución física.

A la alarmante lentitud de las tareas se suma el malestar generalizado por las promesas incumplidas de las autoridades.

El pasado 20 de mayo, durante una verificación en la zona, el intendente de Asunción, Luis Bello, aseguró públicamente que la calle Nuestra Señora del Carmen sería rehabilitada al tránsito en un periodo de 10 días. Transcurrido ese plazo, la importante arteria vial continúa completamente clausurada, agudizando el caos en el sector.

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Si bien la maquinaria sigue operando, los frentes de trabajo no logran convencer a la comunidad, que mira con extrema preocupación la calidad de las terminaciones. El descontento vecinal apunta principalmente a la falta de prolijidad y a las condiciones de inseguridad con las que conviven diariamente.

“Hace tiempo que estamos con esta situación. Si bien las obras están avanzando bastante lentas, ahora habilitaron un acceso para los vecinos del lugar, pero aún falta mucho para que se habilite al tránsito normal”, expresó David Aquino, residente afectado por las intervenciones.

Aquino lamentó el manejo logístico de la contratista y la vulnerabilidad a la que están expuestos los peatones: “Tenemos mucho desorden por parte de las personas que están trabajando acá y las terminaciones no son lo bastante seguras ni buenas, por lo que caminar por acá es un verdadero peligro”.

Un recorrido visual por el vecindario permite constatar la gravedad de las denuncias. Las veredas de las viviendas se encuentran totalmente destruidas como consecuencia de las excavaciones y el uso de maquinaria pesada.

Esta situación no solo impide el tránsito seguro de los frentistas, sino que bloquea por completo el ingreso de los vehículos a los garajes privados, aislando prácticamente a las familias.

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Ante el escenario de incertidumbre y abandono, los afectados exigen respuestas inmediatas y una fiscalización rigurosa por parte de la Comuna capitalina. “Que el intendente Luis Bello se haga responsable. Que cumpla sus promesas porque estamos aguantando ya casi un año. No estamos en contra del progreso, pero necesitamos que esta obra avance mucho más rápido”, concluyó Aquino.

A priori el inicio del juicio oral se había calendarizado para el pasado 3 de junio, pero el colegiado presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, atendió el pedido de la Abg. Noelia Núñez, quien solicitó la postergación debido al extenso caudal probatorio y alegando que el sistema penitenciario le otorga muy poco tiempo para preparar la defensa, junto a su representado.

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Actualmente Alexandre Rodrigues Gomes, quien fue acusado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por los hechos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal; cumple prisión preventiva en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, en Emboscada.

La Operación Pavo Real II se realizó el 19 de agosto de 2024, cuando los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres encabezaron allanamientos simultáneos en los domicilios de Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero. El primero fue detenido y el segundo perdió la vida al enfrentarse con policías que acompañaron el procedimiento.

Alexandre Rodrigues habría liderado esquema narco

El Ministerio Pública señala en la acusación que, entre los años 2019 y 2021, Alexandre Rodrigues Gomes lideró una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos; con base de operaciones en ciudades fronterizas del Departamento de Amambay.

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Dicha estructura criminal operaba en todas las etapas de la cadena delictiva: adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, ingreso al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales; resguardo, y transporte posterior al territorio brasileño y otros destinos internacionales, como el continente europeo, según la acusación.

En cuanto al hecho de narcotráfico, la Fiscalía señala a Alexandre Rodrigues Gomes como responsable del envío de 300 kilos de cocaína, con el logotipo de “HELLO KITTY”, a Sao Paulo, en fecha 1 de febrero de 2020; así como el tráfico de 2,780 kilogramos de sustancias ilícitas, en el período comprendido entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020.

Al hijo de Lalo Gomes le atribuyen también la remisión de 177 kilos de cocaína, con el logotipo de “Hello Kitty”, que tenían como destino final Paranagua (municipio de Brasil), que fueron incautados en fecha 31 de enero de 2020; y el envío de 360 kilos de cocaína en una avioneta bimotor, que fue incautada el 14 de noviembre del 2020, en el interior de Sao Paulo - Brasil, entre los municipios de Piracicaba y São Pedro.

Lavado de dinero atribuido al hijo de Lalo

A Alexandre Rodrigues Gomes se le atribuye haber estado vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y, en ese contexto, haber tenido participación en transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo que forman parte del patrimonio de la organización criminal y fueron adquiridas de manera irregular.

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“Rodrigues Gomes operaba con interlocutores vinculados a casas de cambio, a través de las cuales coordinaba la movilización de grandes sumas de dinero de origen ilícito. Estas operaciones formaban parte de una red transnacional dedicada al financiamiento de actividades ilícitas y al lavado de activos, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa”, destaca parte del escrito de acusación.

Concretamente, el Ministerio Público hace referencia a la adquisición irregular, en el año 2020, del establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay; por un precio de US$ 1.725.750.

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Al hijo de Lalo Gomes se le atribuye además haber realizado operaciones financieras sin sustento comercial, a título personal y también a través de las empresas de las cuales formaba parte (como Paraguay Autopartes SA), con personas físicas y jurídicas supuestamente vinculadas al narcotráfico, como Antonio Joaquim Da Mota, Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; Diego Isaac Benítez y las empresas vinculadas a ellos, entre los años 2017 y 2021; habiendo operado con diversos roles, en algunas ocasiones como lavador, en otras como financistas.

González dijo que se trataría de la misma gavilla responsable dos ataques ocurridos en e distrito de Naranjal, Coronel Bogado y otros asaltos de gran envergadura.

Prácticamente vaciaron dos bóvedas

En cuanto al dinero sustraído durante el ataque en Santa Rita, la fiscala detalló que en la bóveda del Banco Familiar se encontraron entre escombros solo G. 1 millón.

En el Banco GNB, los investigadores recogieron cuatro bolsas con dinero, cuyo monto aún está siendo contabilizado.

Asimismo, una vecina de la zona entregó a los intervinientes una bolsa que contenía aproximadamente 2.500 dólares y billetes de distintas denominaciones.

Respecto al Banco Ueno, se informó que no contaba con bóveda operativa, ya que su sistema de atención es online y no maneja grandes sumas de dinero en efectivo. En tanto, en la casa de cambios Santa Rita instalaron explosivos que no llegaron a detonar.

Atribuyen varios violentos asaltos a misma banda

Las investigaciones apuntan a que la estructura criminal ya habría participado en múltiples asaltos de gran escala en el país, de los cuales dos fueron perpetrados contra entidades financieras en Naranjal, como así también en el departamento de Itapúa.

El experto en explosivo que integra el grupo sería Kaio César Bonotto Cavalcante (34), alias “Bocón”, señalado como presunto integrante del Primer Comando Capital (PCC). El mismo figura entre los fugitivos más buscados de su país.

Según informó la institución, apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido activó de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y notificó a la Policía Nacional y a la empresa de seguridad privada encargada del resguardo de sus instalaciones.

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“Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas. Los daños ocasionados son exclusivamente materiales”, resaltaron

Asimismo, indicó que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y que la empresa continúa colaborando plenamente con los organismos encargados del caso.

Todavía no se determina el monto robado

La institución también aclaró que, por el momento, no puede confirmar el monto eventualmente sustraído, ya que la situación sigue siendo evaluada en conjunto con los investigadores.

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“Continuaremos aplicando los protocolos establecidos para este tipo de hechos y, a medida que contemos con información confirmada y relevante, la comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, agrega el comunicado.

Megaataque a bancos y casa de cambios

El hecho forma parte del megaataque perpetrado en la madrugada de este lunes en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. De acuerdo con los primeros reportes policiales, más de 20 delincuentes fuertemente armados atacaron con explosivos al menos tres entidades bancarias y una casa de cambios de la ciudad.

Los asaltantes habrían actuado de manera coordinada, utilizando vehículos para desplazarse y explosivos para intentar acceder a las bóvedas y cajeros automáticos. La magnitud del operativo criminal movilizó a numerosos agentes policiales y fiscales, quienes continúan recabando evidencias para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el monto total del dinero robado ni la identidad de los integrantes de la banda que ejecutó el ataque.

Los ataques tuvieron como objetivos sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank ubicados sobre la Ruta PY06, además de una casa de cambios. Los atacantes se movilizaban en al menos cinco vehículos.

Hubo un enfrentamiento entre la Policía y los asaltantes, quienes se movilizaban en al menos cinco vehículos y por un momento tomaron de rehén a uno de los uniformados.

“Creemos que es un grupo que se sigue reagrupando, porque en casi todos los eventos donde se han utilizado explosivos hemos llegado a identificar, a detener a parte del grupo, pero pasado un tiempo se vuelven a rearmar para continuar con estos atracos”, comentó el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero.

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El oficial apuntó que sospechan que existen financistas para que se puedan armar este tipo de grupos y brindar los recursos para contar con los materiales necesarios para armar este tipo de atracos.

“Estamos hablando con nuestros pares de Brasil y Argentina, atendiendo a que esta es una modalidad de robo que no solo se está en nuestro país”, mencionó.

El comandante señaló que se comunicó con el ministro del Interior para solicitarle su permiso para trasladarse hasta el lugar del atraco, donde sería mucho más útil por la experiencia con que cuenta en este tipo de eventos.

“Voy a acompañar el trabajo investigativo y observar el trabajo preventivo para ver si se puede mejorar la seguridad en la zona", concluyó.

“Los 80 diputados y 45 senadores tenemos que someternos a la prueba de rigor de cómo accedimos a nuestros títulos”, sostuvo Amarilla, al tiempo de abrir públicamente sus antecedentes académicos para cualquier verificación.

El legislador fue más allá y propuso extender el control a concejales, gobernadores, intendentes, ministros, al presidente de la República y al vicepresidente, mediante una revisión de los registros de diplomas obrantes en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Empezar por las mas sospechadas”, dice senadora

La propuesta generó la inmediata resistencia de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien sostuvo que una investigación tan amplia haría imposible avanzar en resultados concretos.

Según argumentó, la comisión debe concentrarse inicialmente en las instituciones que ya arrastran sospechas públicas sobre la expedición irregular de títulos.

“Tenemos que empezar con las más sospechadas. Para rápido frenar, en todo caso, que eso siga ocurriendo y obtener consecuencias sobre esos títulos falsos”, afirmó.

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La legisladora mencionó expresamente a la Universidad Sudamericana y otras instituciones privadas señaladas en diversas denuncias públicas.

“Hasta en el Senado hay funcionarios con títulos de la Sudamericana comprados”, lanzó durante el debate.

Celeste insistió en que no corresponde convertir a la comisión en una suerte de Fiscalía que revise masivamente los antecedentes de todos los egresados de universidades tradicionales como la Universidad Nacional de Asunción o la Universidad Católica.

“Comencemos puntualmente con la Sudamericana, con estas universidades de frontera, con estas que ya tienen denuncias”, remarcó.

El momento de máxima tensión

La discusión escaló cuando Dionisio Amarilla respondió que nunca había mencionado a una universidad en particular y que únicamente proponía acceder a los registros oficiales de diplomas como paso previo a cualquier investigación. “La aprehensión que demuestra la senadora no me extraña”, expresó.

Su dichos provocaron la reacción de la senadora quien desafío a Amarilla: “¡Pero andá a investigar, chamigo, y dejá de hablar al pedo! ¡Denunciame a la Fiscalía, que la Fiscalía intervenga la Uninorte!”, respondió visiblemente molesta.

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Lejos de detenerse, Celeste Amarilla cuestionó que la comisión pudiera convertirse en una herramienta para atacar a determinados legisladores. “¿Yo soy el objetivo de esta comisión?”, reclamó y consultó al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial, quien le negó la intención.

La senadora defendió nuevamente sus antecedentes académicos y desafió públicamente a cualquier investigación sobre sus títulos. “Estudié la carrera y tengo término medio cinco, punto. Si no te gusta la Uninorte, intervengan la Uninorte. No tengo ninguna aprehensión”, enfatizó.

Acusaciones de inseguridad y más cruces

La tensión continuó cuando Dionisio Amarilla volvió a tomar la palabra para sostener que la reacción de su colega demostraba “inseguridad”. “Me parece que esta señora no entiende de lo que se habla, no interpreta, no reflexiona”, disparó.

Posteriormente insistió en que la comisión necesita conocer primero cuántos diplomas fueron registrados oficialmente por cada universidad antes de seleccionar casos específicos para investigar. “El espíritu aprehensivo e inclusive belicoso que está mostrando esta señora demuestra inseguridad”, afirmó.

También señaló que una vez obtenidos los registros generales podrían analizarse universidades específicas, entre ellas la Sudamericana, la Uninorte o cualquier otra institución bajo sospecha.

La fiscala Rocío González ya lleva adelante las primeras diligencias con relación a los hechos perpetrados por un grupo tipo comando, conformado por al menos una veintena de asaltantes, que se distribuyeron para ejecutar ataques con explosivos en las sedes bancarias de GNB, Familiar y Uneo Bank.

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La decisión asumida por el encargado del Área X de Alto Paraná, tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas que se iniciaron tras los hechos criminales, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, así como la identificación y eventual procesamiento de los autores.

Los ataques a las entidades bancarias ocurrieron, según datos proveídos por la Policía Nacional, entre la 1:00 y la 1:30 de este martes. Los criminales emplearon explosivos para detonar las bóvedas y armas largas.

Tiroteo y un policía fue tomado como rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, relató a través de ABC Cardinal que los delincuentes sorprendieron a cuatro policías de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

Los cuatro uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de ellos. Este fue despojado de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria, para luego ser retenido como rehén.

Los otros tres policías descendieron y se parapetaron detrás de la patrullera, detenida al costado de la ruta.

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En otro momento, el jefe policial expuso que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron las violentadas.

Los asaltantes también irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. No habrían logrado sustraer dinero de la casa de cambios ni de Ueno Bank.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank “están bien”.

Incendiaron dos vehículos

Tras consumar el atraco, los asaltantes huyeron de Santa Rita y, para dificultar la persecución policial, incendiaron dos de sus vehículos: uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de la ciudad.

Además, esparcieron clavos “miguelito” en distintos puntos de la zona.

Expertos en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se encuentran en el sitio para desactivar la bomba que no lograron detonar los asaltantes.

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La cantidad de dinero que habría sido robada aún se desconoce.

El antecedente más reciente de un asalto con estas características en Alto Paraná se registró en febrero pasado, cuando alrededor de 15 delincuentes perpetraron un ataque con explosivos contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

El fiscal adjunto Celso Sanabria designó como fiscales coadyuvantes a los agentes Édgar Benítez y María del Carmen Meza, quienes acompañarán las diligencias investigativas encabezadas por la agente fiscal Rocío González, responsable de la causa.

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“La decisión tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación y eventual procesamiento de los responsables”, indicó el Ministerio Público.

Equipo policial en camino

Paralelamente, el subcomandante de la Policía, comisario Feliciano Martínez, y el director general de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, se encuentran en camino a Santa Rita para “supervisar personalmente los procedimientos, coordinar labores investigativas y fortalecer las acciones operativas desplegadas”.

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La institución aseguró que se desarrollarán tareas preventivas, investigativas y técnicas, con el acompañamiento del Ministerio Público, para avanzar con todo el proceso investigativo.

Aquino explicó que intentó con otro grupo de agentes acudir al sitio para apoyar a sus subalternos, pero fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre poco antes de llegar al lugar.

“Tratamos de llegar para apoyar a nuestro personal, pero lastimosamente no se pudo porque fuimos repelidos por disparos de armas de grueso calibre”, mencionó.

El jefe policial confirmó que uno de los agentes fue tomado como rehén por los asaltantes y que este pidió a sus camaradas no responder al ataque. Otros tres que se encontraban en la patrullera lograron parapetarse en una canaleta, al costado de la ruta PY06.

“Posteriormente, gracias a Dios fue liberado y no sufrió lesiones. Solamente presentaba rasguños porque fue esposado”, afirmó.

El comisario Aquino dijo que los delincuentes actuaron con una muy buena planificación, ya que previamente incendiaron dos vehículos en los accesos y en la huida lanzaron clavos miguelitos.

“Ellos ya prepararon todo para impedir que llegáramos rápidamente al lugar. Incluso incendiaron vehículos y dejaron obstáculos para dificultar la persecución”, explicó.

“Nos vimos sobrepasados”

Aquino admitió que los agentes se vieron ampliamente superados tanto en número como en armamento por la banda de asaltantes. “Hicimos lo que pudimos, pero era imposible enfrentarlos. Eran más de 15 o 20 personas y estaban fuertemente armados”, relató.

La Policía confirmó que los atacantes actuaron con explosivos y armas largas y perpetraron los atracos entre la 1:00 y la 1:30.

En los videos del atraco a la Casa de Cambios Santa Rita se observa que dos delincuentes detonaron explosivos, rompieron los vidrios e ingresaron con armas de grueso calibre.

Subcomandante confirma que dos bóvedas fueron destruidas y aún se desconoce el monto robado

Allí, fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. Según los datos difundidos, no habrían logrado sustraer dinero de esta sucursal.

Enfrentamiento y toma de rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, detalló que los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de los cuatro efectivos policiales. Este fue despojado de un fusil y de su pistola reglamentaria, y fue tomado como rehén momentáneamente.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y se parapetaron al costado de la ruta, desde donde iniciaron un enfrentamiento a tiros con los delincuentes.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank que estaban de guardia se encuentran “bien”.

Desde el sector privado se interpreta como una señal de alerta sobre la capacidad del Estado de sostener el volumen de inversión requerido para cumplir sus propias metas anuales y, con ello, apuntalar una parte relevante del ciclo económico.

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Lo ejecutado llega a solo US$ 218 millones

Según el Centro de Estudios Económicos de Capaco, para 2026 están previstos US$ 1.232 millones en obras públicas. Sin embargo, hasta mayo se habrían utilizado alrededor de US$ 218 millones, quedando cerca de US$ 1.014 millones por ejecutar en lo que resta del año.

En el informe emitido en las redes sociales del gremio detallan que el problema ya no es únicamente “bajo avance”, sino la necesidad de acelerar de manera sostenida para evitar que el presupuesto termine subejecutado.

“Esto significa que aún resta ejecutar US$ 1.014 millones para alcanzar el presupuesto vigente, lo que requerirá acelerar significativamente el ritmo de inversión durante los próximos meses”, expresó el gremio.

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Igualmente mencionaron que la ejecución de obras públicas es fundamental para sostener el empleo, dinamizar la cadena productiva y generar ingresos en todo el país.

“Desde Capaco destacamos la importancia de avanzar en una mayor ejecución presupuestaria que permita transformar los recursos asignados en infraestructura, oportunidades y desarrollo para los paraguayos”, señalan finalmente.

En ese contexto, y en contraste con el panorama que registra el emprendedurismo local, los supermercados y los bodegueros, que en fechas puntuales fueron beneficiados por la “fiebre albirroja”, los restaurantes enfrentan una realidad diferente, según el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), Oliver Gayet.

El gremialista señaló que los días en que juega la selección paraguaya representan para el rubro “una jornada de menor facturación”.

Menos movimiento de clientes

En conversación con ABC, explicó que estos establecimientos registran "menos movimiento" de comensales porque muchos paraguayos prefieren quedarse en sus casas para realizar la previa con un asado junto a amigos y familiares.

Aunque aclaró que los locales pueden transmitir los partidos en televisores para sus clientes, dijo que no está permitido hacerlo en pantallas gigantes pues existen varias reglas que deben cumplirse para evitar sanciones.

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Cumplir con las normas

“Si uno muestra el partido debe ser sin hacer promociones de 2 por 1 ni ninguna otra actividad comercial que permita obtener un rédito económico a partir de esa transmisión. Además, no se puede anunciar previamente que el partido será exhibido en el local”, explicó.

El empresario gastronómico comentó que algunos sitios gastronómicos optan por transmitir los encuentros sin promocionarlos previamente. Agregó que el cumplimiento de estas reglas es controlado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Asimismo, señaló que tampoco pueden utilizar palabras como “Mundial”, “Albirroja” o “FIFA” en acciones promocionales que guarden relación a los partidos.

“Es inviable (mostrar los partidos). Si tuviéramos que pagar una multa o una licencia para retransmitir los encuentros, sería imposible para cualquier restaurante”, afirmó.

Reducción del consumo

Gayet indicó que resulta difícil precisar las pérdidas que se generan los días de partidos de la Albirroja, aunque aseguró que se observa una reducción en el consumo y en la concurrencia de clientes, dado que los que asisten serían personas “no futboleras”.

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En ese sentido, reiteró que gran parte del gasto que normalmente se realiza en restaurantes se traslada a reuniones en los hogares, quintas o similares, donde familiares y amigos se congregan para seguir los encuentros de la selección paraguaya.

En su informe, la Superintendencia de Salud corroboró el grave error en el procedimiento de mastectomía y detectó numerosas falencias en la aplicación de los protocolos quirúrgicos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el titular de la Superintendencia de Salud, doctor Roberto Melgarejo, explicó que el informe ya fue remitido a la paciente y sus representantes legales, al IPS, al Ministerio de Salud y al Ministerio Público.

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“Se ha constatado que existieron graves falencias en el procedimiento quirúrgico”, dijo el doctor Melgarejo.

Manipulación del historial

Según comentó, la auditoría constató que el proceso previo a la intervención quirúrgica, incluyendo los estudios de diagnóstico, se realizaron de forma correcta y las indicaciones para la cirugía eran acertadas, a pesar de lo cual los médicos intervinientes extirparon la mama incorrecta.

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La auditoría pudo constatar también que, luego del procedimiento, hubo “manipulación” del sistema informático del hospital en un aparente intento de ocultar el error en el historial digital de la paciente, lo que revela que “el software es endeble, tiene muchísimas flaquezas y da la posibilidad de acceder y tocar documentaciones inherentes a un paciente”, dijo el superintendente.

Falta de seguimiento de protocolos

Más allá de lo grave de ese intento de manipulación, el doctor Melgarejo opinó que lo más preocupante sobre el caso es que los médicos y personal de blanco intervinientes no aplicaron –y algunos incluso afirmaron desconocer– el Protocolo de Cirugía Segura, una serie de indicaciones de procedimiento para quirófano de aplicación obligatoria tanto en centros asistenciales públicos como en privados.

Indicó que se obviaron pasos como la “pausa quirúrgica”, en la cual el jefe de cirugía debe tomar un momento antes del procedimiento para verificar por última vez la disponibilidad de medicamentos e insumos, el funcionamiento de los equipos y los parámetros del paciente.

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El doctor Melgarejo comentó que hay entre 12 y 14 personas en el alcance de la auditoría, desde los médicos y licenciados que tuvieron participación en la cirugía hasta personal de farmacia del Ingavi, debido a que también en la provisión de medicamentos a la paciente se observaron “descuidos muy importantes”.

Luego de que la Superintendencia de Salud entregó sus informes, queda en manos del IPS y del Ministerio de Salud tomar medidas administrativas como la apertura de sumarios a los involucrados.

El jefe policial confirmó que posteriormente procederán a la inspección de la bóveda del Banco GNB, que también fue destruida con explosivos. Hasta el momento no manejan una estimación sobre la cantidad de dinero robada durante el asalto.

Pretendían acceder a cuatro bóvedas

El objetivo de la banda era atacar cuatro entidades financieras ubicadas prácticamente una al lado de la otra en el centro de Santa Rita.

El subcomandante confirmó que los delincuentes instalaron explosivos en los cuatro locales, pero solamente lograron detonar GNB y Familiar.

“Los cuatro entes financieros eran el objetivo. En dos locales lograron explosionar las bóvedas y en otros dos instalaron los artefactos, pero no consiguieron detonar. Calculamos que, por la presencia de patrulleras que llegaron al lugar, no pudieron consumar totalmente el hecho. Estaban apurados por la presencia policial”, afirmó.

Aún no identifican al grupo criminal

Consultado sobre la posible participación de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), Martínez dijo que la investigación está en etapa muy incipiente.

“Es muy temprano todavía para determinar qué grupo está detrás del hecho. Recién están llegando más personal de investigación y se están recogiendo evidencias. Con el transcurso de las horas vamos a tener datos más concretos”, manifestó.

Demoraron a un vecina

Por su pate, el jefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario principal Óscar Adolfo Acuña, explicó que una vecina cuya casa está detrás de la bóveda del banco Familiar, entregó a los investigadores una bolsa cargada con dinero que cayó en su patio tras la explosión. Inicialmente fue demorada, pero luego de aclarar lo ocurrido fue liberada.

El economista Arnold Benítez analizó el documento publicado por el BCP y afirmó que el mismo “es útil si se lo tiene en cuenta como una explicación macroeconómica o una defensa institucional”.

Explicación oficial sobre la caída del dólar

Benítez refirió que “no hay nada extraño” en emitir un comunicado, ya que los bancos centrales no solo administran tasas, reservas y liquidez, sino también credibilidad y ella en momentos de tensión cambiaria, se sostiene con argumentos, datos y una narrativa consistente.

En esa línea, el economista refirió que la tesis del BCP es clara, ya que sostiene que la caída del dólar no sería consecuencia de una decisión puntual de política monetaria ni de una intervención excesiva.

Según explicó, la entidad atribuye el comportamiento de la divisa a fundamentos como la baja inflación, expectativas ancladas, la mejora del riesgo país, una mayor confianza en Paraguay, la debilidad internacional del dólar, el ingreso de divisas y una cosecha agrícola favorable.

“Es una explicación razonable, pero no completa. La economía rara vez se mueve por una sola causa. Y menos el tipo de cambio”, refirió el economista.

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Papel de la política monetaria en el comportamiento cambiario

Benítez dijo que el informe del BCP acierta al rechazar de que todo lo que pasa con el dólar se explica por la tasa de política monetaria.

“Paraguay no tiene por qué seguir mecánicamente a la Reserva Federal. Una economía con inflación controlada puede bajar tasas antes que Estados Unidos sin que eso implique irresponsabilidad”, dijo el analista.

Sin embargo, también dijo que sería exagerado decir que la tasa no incidió en nada. “En una economía pequeña, abierta y financieramente sensible, el diferencial de tasas importa. No explica todo, pero pesa”, aseguró.

En ese sentido dijo que las tasas pueden influir en expectativas, decisiones de cobertura, dolarización preventiva y apetito por instrumentos en moneda local. “La política monetaria no fue la única actriz de la película. Pero tampoco estuvo fuera del escenario”, resaltó.

Discusión sobre el supuesto desalineamiento del dólar

En esa línea, Benítez sostuvo que el punto más delicado del comunicado del BCP es otro, ya que el documento afirma de que el dólar estuvo “desalineado” durante el primer semestre de 2025.

“Puede ser cierto, pero el argumento queda corto. Que luego el tipo de cambio se haya corregido no prueba, por sí solo, que antes estaba fuera de lugar. Los precios no solo corrigen errores; también responden a cambios de flujos, expectativas y condiciones externas”, acotó Benítez.

El economista explicó que, para usar con fuerza la palabra “desalineamiento”, habría sido conveniente mostrar algo más como una estimación de tipo de cambio de equilibrio, rangos comparativos, evidencia regional ajustada por fundamentos o algún modelo que permita distinguir ruido de tendencia. Sin eso, el concepto queda demasiado cómodo para justificar la intervención posterior.

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Preocupación de exportadores e industriales

Benítez aseguró que la economía real mostró incomodidad. “Gremios exportadores, industriales y sectores vinculados al agro expresaron preocupación por la caída del dólar. No es una reacción caprichosa”, resaltó.

En ese sentido explicó que una empresa que exporta en dólares y paga salarios, fletes, servicios, impuestos y parte relevante de sus costos en guaraníes puede perder margen rápidamente cuando el tipo de cambio baja con velocidad.

“Ese deterioro no siempre aparece en los grandes agregados. Pero aparece en la caja. Y la caja suele ser más honesta que el promedio macroeconómico”, refirió.

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Intervenir o no intervenir: el desafío de la autoridad monetaria

Por otro lado, Benítez dijo que el BCP tiene razón al advertir que comprar dólares de forma masiva para sostener un precio puede generar costos.

“Puede expandir liquidez, obligar a esterilizar, afectar el balance del banco central y debilitar la señal de política monetaria. Un país serio no debe construir competitividad sobre un dólar artificialmente alto”, aseguró.

En ese sentido, refirió el analista que una cosa es fijar el tipo de cambio y otra la de suavizar movimientos bruscos. “La primera práctica distorsiona. La segunda, si está bien comunicada y acotada, puede evitar daños innecesarios”, anunció.

En ese sentido, Benítez dijo que el debate no debería plantearse como una elección entre dejar hacer todo al mercado o intervenir sin límite.

La gestión del riesgo cambiario, una tarea pendiente

Agregó que también hay una responsabilidad del sector privado. “Muchos agentes económicos en Paraguay todavía administran el riesgo cambiario con más intuición que método. Eso debe cambiar”, afirmó.

Benítez dijo que los exportadores e importadores, las empresas endeudadas en dólares y las compañías con ingresos y costos en monedas distintas necesitan incorporar herramientas de cobertura.

“No se trata de sofisticar por deporte, se trata de gestión básica. Forwards, futuros cuando estén plenamente disponibles, calce natural de monedas, límites internos de exposición, presupuestos con escenarios y políticas claras de cobertura”, explicó.

Resaltó que el dólar no puede ser tratado como “una sorpresa permanente” y que una empresa que depende del tipo de cambio debe “medirlo antes de sufrirlo”.

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BCP debe ser más preciso cuando interviene

Benítez dijo que el BCP debe explicar con precisión cuando interviene, por qué interviene y qué entiende por volatilidad excesiva, sin embargo, no sería serio pedirle que resuelva con reservas lo que muchas empresas aún no gestionan con instrumentos financieros.

“La lectura más equilibrada es que la apreciación del guaraní tiene fundamentos. Pero también tiene costos sectoriales, elementos externos, flujos puntuales y expectativas que se acomodaron rápido. El diagnóstico del BCP es sólido en su estructura, aunque demasiado cerrado en su conclusión”, reconoció Benítez.

El economista dijo que Paraguay tiene motivos para valorar su estabilidad, pero que la misma no debería confundirse con indiferencia al sector privado.

“El país no necesita un dólar ficticio. Necesita empresas más productivas, infraestructura más eficiente, financiamiento más profundo y mejor gestión de riesgos. También necesita una autoridad monetaria que comunique con la misma claridad técnica con la que defiende su posición”, dijo finalmente.

Los intervinientes relataron que el trabajador recibió el impacto con arma de fuego al pasar por una calle donde se estaban enfrentando a tiros dos grupos armados.

La operación de hoy se desarrolla en una gomería-bodega, ubicada a media cuadra de la avenida Bruno Guggiari. El objetivo es detener a los implicados en esta causa caratulada como intento de homicidio.

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¿Cómo se produjo el enfrentamiento?

Según detallaron los agentes de Investigaciones de la Policía, los integrantes de una pandilla treparon hasta la planta alta del comercio, donde también funciona un inquilinato, y desde allí se desarrolló el intercambio de disparos.

La víctima colateral se encontraba camino a buscar a un pasajero cuando recibió uno de los balazos.

Hasta el momento, no se brindó ningún detalle respecto a los resultados del allanamiento que se desarrolla desde esta madrugada.

Hoy, de vuelta figura como punto 9 del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados convocada para las 9:00.

El proyecto plantea aumentar las exigencias para evitar nuevos escándalos de designación como miembros del JEM a presuntos abogados truchos como el del exsenador cartista Hernán David Rivas o el exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista, ahora de Fuerza Republicana).

Ambos con presuntos títulos falsos, Rivas de la Universidad Sudamericana y Arévalo de la Universidad Leonardo DaVinci, incluso llegaron a presidir el JEM.

El proyecto en cuestión plantea establecer como requisito para ser designado miembro del JEM, ya sea en representación de Diputados o del Senado, además del título de abogado, poseer al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

Para esto, se pretende agregar al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021 orgánica de JEM, que los aspirantes a miembros del JEM puedan demostrar una década de experiencia ya sea como docente de derecho, como fiscal o juez y/o como abogado particular.

El punto de controversia del proyecto radica en el tiempo de mandato que actualmente es de 3 años, lo que genera un desencaje con el periodo legislativo que es de 5 años. Es decir, uno de los miembros completa los tres años, pero el segundo debe cortarlo si no es reelecto o se cambia de cámara.

También, a fin de evitar que los miembros se enquisten en el cargo y generen su “rosca”, los proyectistas plantean que el periodo de representación sea de solo un año.

Sin embargo, otra propuesta plantea un intermedio, es decir, que dure dos años y medio. Así cada representante tiene un periodo igual que coincide con el fin del mandato legislativo.

El boletín detalla que, en total, se ofrecen cerca de 50 tipos de cargos, sobre todo en áreas técnicas, operativas y de servicios. La idea es acercar a las personas que buscan trabajo con empresas que necesitan personal para cubrir puestos vinculados al rally y sus actividades.

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¿Qué trabajos se ofrecen?

Administración y finanzas: Administradores, auxiliares administrativos, contadores, auxiliares contables y oficiales de créditos.

Comercial y atención al cliente: Asesores de ventas, personal de atención al cliente, vendedores, encargados de ventas de salón, operadores de contact center y codificadores.

Logística y depósito: Auxiliares de depósito, auxiliares de logística, empaquetadores, estibadores, gondoleros y repositores.

Gastronomía y alimentación: Cocineros/as, ayudantes de cocina, panaderos, maestros panaderos, ayudantes de panadería, confiteros, ayudantes de confitero, carniceros, ayudantes de carnicería y operarios para la elaboración de embutidos.

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Oficios y soporte técnico: Electricistas, mecánicos, metalúrgicos, operadores de carpintería, técnicos en infraestructura y técnicos en mantenimiento.

Transporte y entrega: Choferes, ayudantes de chofer, personal de reparto y delivery.

Seguridad y servicios: Guardias de seguridad, vigilantes, personal de limpieza, mozos/as, nutricionistas, ayudantes de vidriería y jefes de personal.

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Finalmente, el comunicado de la cartera estatal asegura que impulsa estas ferias con el fin de aprovechar los grandes eventos internacionales, facilitar la contratación de trabajadores, promover el empleo formal y ayudar a que más personas accedan a capacitaciones y mejores oportunidades laborales.

Ocupación laboral en Paraguay

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación en Paraguay ronda el 68,6% (unos 3,2 millones de personas).

Sin embargo, persisten grandes desafíos: la informalidad supera el 60%, cerca de 309.000 personas sufren de desempleo o subocupación, y más de 700.000 trabajadores activos ganan por debajo del salario mínimo.

Por otra parte, ayer feneció el plazo de respuesta para otro pedido de informes aprobado el 19 de mayo “sobre vínculos institucionales, acreditaciones y financiamiento de actividades de comunicación digital de terceros”. Al cierre de esta edición, no obraba respuesta oficial al Congreso en el Sistema de Información Legislativa (SILpy).

Este es mucho más detallado y comprometedor para el Gobierno, ya evidenciará la mentira, ya que habrá que ver si pese a las evidencias se animan a seguir negando la vinculación con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, presunto hombre en las sombras detrás de la campaña sucia que salpica al gobierno, tal como lo hicieron el propio presidente de la República, Santiago Peña, como el titular del Mitic, Gustavo Villate y su viceministra Alejandra Duarte Albospino.

Tanto Peña como sus subalternos habían negado que Villaverde opere desde la Presidencia, Mburuvicha Roga o el Mitic, mentira que cayó por tierra al publicarse videos en la sala de reuniones de la residencia presidencial, así como sus credenciales y viáticos de Presidencia, así como las resoluciones de designación de funciones en Mitic.

Como primer punto de dicho pedido de informes se solicitó “indicar si el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui posee o poseyó credenciales, fotochecks, pases oficiales o autorizaciones de acceso temporal o permanente a dependencias del Poder Ejecutivo (incluyendo la residencia presidencial de Mburuvicha Róga) y remitir copia fiel de dichos documentos y pases”.

Otra parte relevante de dicho informe refiere a la posible financiación de la campaña sucia a través de la agencia ligada a Villaverde, “Comunik”, no solo con posibles fondos de Mitic, sino también a través de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

Ante la falta de respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) que está amenazado con ser suspendido por criticar al gobierno y a la bancada cartista (pese a tener fueros para ello), adelantó que en la sesión de hoy de Diputados planteará la reiteración de varios pedidos de informes.

No solo sobre el proyecto anteriormente mencionado sino también sobre otro que fue congelado en comisiones, que requería al Mitic informes “sobre todas las acciones, denuncias o reportes realizados por el Mitic ante la plataforma Google y/o Meta contra páginas de desinformacón, noticias falsas o contenidos que afecten la imagen institucional del gobierno nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2026″.

Esto como complemento, ya que el 12 de mayo, la Cámara de Diputados remitió un pedido de informe similar. El 4 de junio pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) respondió a medias a los primeros pedidos de informes del Congreso sobre la “campaña sucia” contra políticos opositores y disidentes, así como a medios y periodistas críticos.

Escuetamente, solo reportó haber denunciado 2 cuentas de al menos 14 que operan de forma similar y se limitó a señalar ejecuciones vía DNCP.

También ignoran pedidos de ciudadanos

El 27 de abril, dos ciudadanos anónimos realizaron pedidos de AIP (N° 102205 y 102206), solicitando detalles que permitan identificar la “trazabilidad completa de campañas oficiales, pauta digital, proveedores, subcontratistas, cuentas publicitarias, contratos, pagos, informes y controles vinculados a la comunicación institucional del Poder Ejecutivo”.

Ambos pedidos requirieron datos desde enero de 2025, incluyendo eventuales vínculos con agencias nacionales o extranjeras, Digimarketing SAS, Despierta Paraguay, DPY u otras páginas o proveedores asociados a campañas digitales no institucionales."

De forma reactiva, ese mismo día, “comentaron” el pedido copiando el comunicado que había emitido el Mitic, sin que este refiera a lo solicitado.

El 21 de mayo, formalizaron la respuesta diciendo que “en el contexto de la información solicitada, se deja constancia de que lo consultado no guarda relación alguna con las gestiones administrativas del MITIC, los puntos solicitados en el presente pedido ya fueron aclarados a través de los comunicados oficiales del MITIC”, agregando un documento con solo 3 llamados por DNCP.

La insuficiente respuesta fue objetada con una solicitud de reconsideración.

En el segundo pedido, esa misma fecha, respondieron: “El MITIC, solamente mantiene vÍnculo con proveedores encargados de realizar la comunicación institucional oficial del gobierno, por tanto, no mantiene vínculos de ningún tipo relacionados a campañas digitales no institucionales”.

Ese mismo día, se presentó un pedido de reconsideración, detallando específicamente, punto por punto, las documentaciones referidas a pauta digital, incluyendo solicitud de facturas, reportes, informes de control y más. Hasta la fecha no fue respondido, venciendo el plazo de respuesta para ambos pedidos de AIP el próximo 19 de junio.

También, el 7 de mayo, un ciudadano hizo un pedido de AIP N° 102475 sobre la pauta en guaraníes destinada a influencers, el método de contratación y los montos adjudicados discriminados por influencers y periodo., además de salarios.

El 1 de junio respondieron diciendo que el Mitic “no ha realizado ningún proceso de licitación destinado a la contratación de influencers”, ignorando el convenio firmado con PTI-PY para tal fin.

De “pobre y barata mujer” calificó la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte María Carolina Llanes, en conversación con ABC Cardinal sobre los argumentos de la integrante de la máxima instancia judicial para rechazar la acción de inconstitucionalidad que planteó contra su expulsión de la Cámara Alta.

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Las declaraciones de la exlegisladora por el Partido Encuentro Nacional causaron diversas reacciones de los internautas en las redes sociales, entre ellos la jueza de Sentencia Dina Marchuk, quien integra uno de los tribunales de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y es conocida en el Poder Judicial como una de las “mimadas de la ministra Llanes”.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, comentó Marchuk debajo de la publicación realizada por ABC en Instagram. Éste comentario generó rápida reacción de los usuarios de la red social. “¿Corresponde que una jueza emita opiniones de este tipo? “Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear”, contestó uno de los internautas.

Otra respuesta al comentario del Marchuk señala: “Vos no sos juez también? ¿Y hablas así? Imaginate ir a buscar justicia y te encontrás con esta gente vendida!! Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear” (sic).

¿Es ético lo que hizo la jueza Marchuk?

Las reacciones de los internautas al comentario de la jueza de Sentencia Dina Marchuk evidencian la imagen negativa que tiene la población en general sobre el Poder Judicial, que de hecho está bastante desacreditada por la sumisión evidenciada por los ministros de la Corte ante el poder de turno.

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Fuentes judiciales señalan a Marchuk como una de las juezas protegidas por la ministra María Carolina Llanes, quien defiende las criticadas actuaciones de la magistrada en los casos que atiende como miembro del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Incluso, Marchuk sería muy amiga del abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra Carolina Llanes y a quien en ocasiones se lo ha visto en Tribunales visitando a la jueza de Sentencia, quien atiende las causas a implicados en crimen organizado, en las que el poder económico está detrás de los acusados de lavado de dinero, narcotráfico, entre otros hechos punibles.

En diversas ocasiones los propios ministros de Corte han exhortado a los jueces a cuidar su imagen personal y, en consecuencia, también el del Poder Judicial. Sin embargo, actuaciones como de la jueza Dina Marchuk generan todo tipo de conjeturas, incluso de sospechosas sobre sus posturas en causas grandes y consideradas emblemáticas.

Lo que dijo Kattya sobre la ministra Llanes

En conversación con el programa El Observador en ABC la exsenadora Kattya González cuestionó el “consejo” que dio la ministra María Carolina Llanes a los jueces y fiscales que asumieron sus cargos la semana pasada, sobre una “justicia independiente”.

La exparlamentaria manifestó que el fundamento de la ministra integrante de la Sala Penal de la Corte e integrante de la Sala Constitucional Ampliada que rechazó su acción, es una mentira y que Llanes “no tiene altura moral” para dar consejos a nadie.

“Carolina Llanes es una pobre y barata mujer. Ella se adhirió al voto del ministro Alberto Martínez Simón (para rechazar la acción de inconstitucionalidad), un voto que se fundamentó en una mentira y eso ocurre el resultado es una mentira”, resaltó Kattya González.

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Afirmó que cuando Carolina Llanes “no le sirva más al poder al cual se arrodilló, la van a tirar al basurero de la historia, sin que ella haya mantenido la dignidad y aquello por lo que juró cuando asumió como ministra de Corte”, según expresó la exlegisladora.

Los ataques tuvieron como objetivos sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank ubicados sobre la Ruta PY06, además de una casa de cambios. Según indicó el comisario Vega, los atacantes se movilizaban en al menos cinco vehículos.

Los asaltantes detonaron explosivos inicialmente en los locales de Banco Familiar y de GNB. También ingresaron al local de Ueno Bank, donde redujeron a un funcionario y a un guardia de seguridad, a quien despojaron de su arma de fuego.

Tiroteo y un policía tomado como rehén

El comisario Vega relató que los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

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Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de los cuatro efectivos policiales. Este fue despojado de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria, y fue tomado como rehén momentáneamente.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y se parapetaron al costado de la ruta.

El comisario general Vega explicó que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron violentadas.

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Los asaltantes también irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. No habrían logrado sustraer dinero de la casa de cambios ni de Ueno Bank.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank “están bien”.

Incendiaron dos vehículos

Tras consumar el atraco, los asaltantes huyeron de Santa Rita y, para dificultar la persecución policial, incendiaron dos de sus vehículos: uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de la ciudad.

Además, esparcieron clavos “miguelito” en distintos puntos de la zona.

Expertos en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se encuentran en el sitio para desactivar la bomba que no lograron detonar los asaltantes.

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La cantidad de dinero que habría sido robada aún se desconoce.

El antecedente más reciente de un asalto con estas características en Alto Paraná se registró en febrero pasado, cuando alrededor de 15 delincuentes perpetraron un ataque con explosivos contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Si bien se registraban neblinas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, al comenzar la jornada, no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay este martes.

Sí podrían registrarse precipitaciones mañana, miércoles, en algunas zonas del Chaco y el jueves en áreas del centro y sur del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

Este martes se registran temperaturas muy bajas, con 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer. Las máximas previstas para hoy son de 19 grados en la capital, 20 en Ciudad del Este y hasta 22 en el Chaco, con mínimas de hasta 6 grados en el Sur.

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 22 grados mañana en Asunción y 24 grados el jueves, y mínimas entre 10 y 15 grados.

El documento técnico, titulado “Diseño e implementación del régimen tarifario dolarizado y a plazo extendido para el suministro de electricidad a industrias estratégicas innovadoras”, plantea que la ANDE cree una tarifa especial, denominada "Convergencia Tecnológica“, para tres sectores: economía digital y datos (centros de datos para IA y computación de alto rendimiento), vectores energéticos (hidrógeno y amoníaco verde) y materiales avanzados (ferrosilicio, aluminio verde y precursores de semiconductores).

La propuesta fue enviada al Equipo Económico Nacional cuando el ministro de Industria seguía siendo el actual jefe de Gabinete, Javier Giménez. La misma se sostiene sobre dos ejes: rl primero, la fijación de tarifas en dólares estadounidenses, para “mitigar el riesgo de descalce cambiario”, tanto para los inversores como para la propia ANDE, que tiene pasivos dolarizados por la compra de potencia a las binacionales y el servicio de su deuda externa.

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El segundo eje es la estabilidad contractual por 10 años, con fórmulas de ajuste atadas al Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos, en lugar de la indexación actual basada en el IPC local. Según el documento, esa previsibilidad sería “condición sine qua non” para que los proyectos puedan acceder a financiamiento internacional.

El contexto: de los decretos a la marcha atrás

El documento llega como un elemento más de análisis en medio de la polémica generada por el contrato entre la ANDE y Atome, la empresa británica que proyecta instalar una planta de fertilizantes verdes en Villeta con una inversión de US$ 665 millones. Atome mantiene un contrato con la estatal desde 2022, cuya tarifa hoy se ubica entre US$ 33 y 34 por MWh, según declaraciones del propio Gobierno, pero la empresa reclama “previsibilidad” mediante una tarifa congelada en US$ 30/MWh por 15 años.

El Poder Ejecutivo había aprobado en enero de este año los decretos 5306, que creaba la figura de “industrias convergentes”, con tarifa especial para IA, Cómputo de Alto Rendimiento (HPC) y servicios en la nube; y 5307, para iniciativas “Power to X”, como hidrógeno y amoníaco verde. En abril, ambos fueron modificados por los decretos 5860 y 5861. El 5861 limitó el régimen a 250 MW, tras el rechazo de los gremios de la empresa estatal de electricidad, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA).

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Finalmente, el pasado 9 de junio, el Gobierno anunció la derogación de los citados decretos, según informaron el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, y el ministro de Industria, Marco Riquelme. Sin embargo, el Ejecutivo confirmó que el contrato de tarifa con Atome sigue vigente, aunque ya no la posibilidad del congelamiento de la misma por 15 años, que mantiene activa la negociación entre la ANDE y la futura planta.

Tarifa técnica versus tarifa ofrecida

Sitrande y técnicos de la estatal venían denunciando que la tarifa técnica real de la ANDE para el régimen de grandes clientes es de US$ 44,33 por MWh, muy por encima de los US$ 30 que reclama Atome qie se le fije por 15 años. Según los sindicalistas, esa diferencia representaría un "millonario subsidio" que terminaría siendo absorbido por todos los usuarios del servicio eléctrico mediante futuras modificaciones tarifarias.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, sostuvo que esa cifra de US$ 44,33 incluye pérdidas técnicas y no técnicas —es decir, el robo de energía—, que rondan el 24,5% del total comprado por la estatal. Argumentó que, al conectarse directamente en 220 kV, las pérdidas de Atome serían apenas del 3%, acercando el costo real al de generación, que estimó en torno a US$ 27-28 por MWh.

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Además, anunció que con la nueva incorporación de generación de energía eléctrica, cuya tecnología es más cara, el costo marginal de la ANDE será más caro. “Nuestra proyección es que al año 2043, el costo medio estaría aproximadamente en los 50 dólares“, explicó tras una reunión con socios de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, por su parte, defendió el acuerdo con Atome, calificándolo como “un pilar fundamental para la industrialización del país” y enfatizó el ahorro en pérdidas de transmisión y el potencial de sustitución de importaciones.

Lo que prometen y lo que advierten

El propio documento técnico - mencionado en el “Visto” de los decretos 5306 y 5307 de enero pasado- anticipaba un mecanismo de control. Establece que los proyectos beneficiados deberán someterse a revisiones técnicas periódicas a cargo del MIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la ANDE, para verificar que no deriven hacia actividades excluidas, como la minería de criptoactivos, bajo pena de rescisión inmediata del contrato y penalización retroactiva.

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Pese a esa salvaguarda planteada en el papel, los críticos del régimen especial creado por decreto, insisten en que el esquema compromete las reservas hidroenergéticas del país en momentos en que Paraguay pierde 6.933.583 MWh al año por robos y deficiencias técnicas.

Desde el sector privado, entretanto, el representante de Atome, James Spalding, sostuvo que el acuerdo "no significa daño patrimonial para la ANDE" y recordó que la propia estatal había reconocido un costo de generación de US$ 27 por MWh el año pasado. “Hoy con US$ 30 la ANDE no pierde dinero”, afirmó.

Qué sigue

Con los decretos 5306 y 5307 ya derogados, el futuro del contrato con Atome quedó en manos de una nueva negociación. El presidente de la ANDE señaló que continuará el diálogo con la empresa y no descartó que surjan "ideas creativas“. Entre ellas, desde el gobierno se habló de la posibilidad de que Itaipú compense a la ANDE por la diferencia tarifaria para destrabar el proyecto sin descartar la instalación de la planta en Villeta.

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El documento al que accedió ABC, sin embargo, queda como evidencia de que la lógica de tarifas dolarizadas y a largo plazo para “industrias convergentes” —el mismo concepto detrás de los decretos derogados— fue diseñada y elevada formalmente al equipo económico del Gobierno meses antes de que la polémica estallara públicamente.

Durante su discurso de despedida, Marcos Benítez manifestó que la jornada marca el inicio de grandes cosas para Coronel Oviedo. Agradeció a los habitantes de la ciudad por el acompañamiento brindado durante su gestión y destacó que el trabajo conjunto permitió concretar numerosos proyectos y sueños para la comunidad.

También expresó su reconocimiento a los 12 concejales municipales, resaltando la coordinación mantenida durante su administración. Señaló que deja el cargo contento, aunque no conforme, porque aún existen numerosos desafíos pendientes para el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, afirmó sentirse tranquilo por dejar la institución en manos de una persona joven y preparada para continuar con los proyectos encarados por la administración municipal.

Trabajar en conjunto, lo que dijo Cohene

Por su parte, Denis Cohene sostuvo que el compromiso asumido está por encima de cualquier diferencia política y que su principal objetivo será trabajar en conjunto por el desarrollo de Coronel Oviedo. Indicó que su gestión estará abierta a la ciudadanía, a la crítica constructiva y a la participación de todos los sectores.

El nuevo jefe comunal manifestó además que toda autoridad representa un servicio antes que una posición de poder y anunció que su administración tendrá como lema “Juntos construimos Coronel Oviedo”, con el propósito de impulsar una gestión participativa e inclusiva.

Del acto participaron además el senador Silvio Ovelar, el gobernador de Caaguazú Marcelo Soto y los diputados Carlos Godoy y Edgar Olmedo, además de autoridades locales, dirigentes partidarios y ciudadanos que acompañaron la ceremonia.

Durante la madrugada de este martes, el refugio recibió a sus primeros ocupantes. Según informó la coordinadora del albergue, Leticia Barboza, seis hombres ya pasaron la noche en el lugar, mientras equipos de la institución continúan recorriendo distintos puntos de la capital para asistir a personas expuestas al frío.

“Esta es nuestra primera noche oficialmente habilitada. Estamos recibiendo muchos reportes a través de WhatsApp y también mediante el sistema 911”, explicó.

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Asistencia en calle para quienes rechazan el traslado

Barboza indicó que la SEN cuenta con un móvil destinado a responder denuncias y pedidos de asistencia. Los equipos acuden a los sitios reportados para ofrecer traslado al refugio o brindar ayuda básica en caso de que las personas decidan permanecer en la vía pública.

De acuerdo con la coordinadora, ya se realizaron varias intervenciones durante las primeras horas de funcionamiento del albergue.

“Hay personas que prefieren quedarse en su lugar. En esos casos les asistimos con mantas y colchones para que puedan afrontar las bajas temperaturas”, señaló.

La activación del refugio depende de las condiciones climáticas y del monitoreo constante de los pronósticos meteorológicos.

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Se habilita cuando la temperatura baja a 10 grados

La SEN explicó que el protocolo de funcionamiento se activa cuando la temperatura desciende a los 10 grados centígrados o menos.

No obstante, si el frío persiste durante el día, el albergue permanece abierto de manera continua para garantizar la protección de los ocupantes.

“Cuando las bajas temperaturas se mantienen, el servicio funciona las 24 horas”, precisó Barboza.

La capacidad actual del espacio oscila entre 50 y 60 personas, según la disponibilidad de camas y sectores habilitados.

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Sectores diferenciados y espacio para madres con niños

El refugio cuenta con áreas separadas para hombres y mujeres. Además, dispone de una carpa especial destinada a madres con hijos pequeños, buscando ofrecer condiciones más adecuadas para los grupos vulnerables.

La coordinadora destacó que el objetivo es brindar no solo resguardo contra el frío, sino también alimentación y asistencia básica a quienes llegan al lugar.

Las personas alojadas reciben desayuno, almuerzo y cena, además de bebidas calientes para enfrentar las bajas temperaturas.

Albergue admite mascotas de personas en situación de calle

Una de las particularidades del albergue es la habilitación de un espacio pet friendly para quienes viven en la calle acompañados de sus animales.

Barboza aclaró que el sector está destinado exclusivamente a las mascotas de las personas que ingresan al refugio y no para animales abandonados.

“Muchas de estas personas tienen como compañía a sus mascotas. Por eso contamos con una carpa especial para que puedan ingresar con ellas”, explicó.

Asimismo, señaló que, en caso de ser necesario, se coordina asistencia médica con el Ministerio de Salud Pública y se realizan derivaciones a centros asistenciales cercanos.

El rendimiento promedio ponderado de los CDA en guaraníes fue de 9,59%, frente a 6,20% en dólares. La brecha de 3,39 puntos porcentuales marca una diferencia significativa para la cartera del IPS. No obstante, el mayor retorno en guaraníes no debe evaluarse de forma aislada: también incorpora riesgos asociados a inflación, liquidez, expectativas cambiarias y necesidad de compensar la exposición en moneda local.

Como se ha expuesto, las entidades financieras siguen captando recursos a tasas relativamente elevadas en guaraníes. Esto puede ser positivo para el IPS desde la perspectiva del rendimiento financiero, pero también refleja un costo relevante para el sistema. Si estas tasas se trasladan al crédito, pueden encarecer el financiamiento para empresas y familias, especialmente en un contexto donde la economía necesita inversión productiva, capital de trabajo y financiamiento de largo plazo.

En cuanto a la composición por entidad también se observa una concentración marcada de los recursos de la entidad. En guaraníes, Sudameris Bank SAECA lideró con G. 1,605 billones, seguido por Ueno Bank SA con G. 1,577 billones, el Banco Nacional de Fomento con G. 1,185 billones y el Banco Continental SAECA con G. 1,071 billones. Estas entidades concentraron más del 70% del total de los recursos previsionales colocados.

En dólares, la concentración también es elevada. Banco Basa SA encabezó la lista con US$ 27.900.000, seguido por Ueno Bank SA con US$ 27.427.000, Zeta Banco SAECA con US$ 21.200.000 y Banco Continental SAECA con US$ 18.731.750. Las mencionadas entidades igualmente explicaron cerca del 70% del total en dólares.

Este nivel de concentración plantea una señal de alerta: una porción relevante de los fondos del IPS colocados en CDA se encuentra distribuida en un grupo reducido de entidades. Esto exige monitoreo permanente sobre calificación, liquidez, exposición institucional y límites prudenciales de concentración.

El plazo promedio total de las inversiones fue de 4,69 años en guaraníes y 5,09 años en dólares. En principio, esto sugiere una preferencia por instrumentos de mediano plazo dentro de la cartera del IPS. Sin embargo, el plazo residual promedio fue bastante menor: 1,67 años en guaraníes y 1,98 años en dólares. Es decir, aunque los instrumentos fueron originalmente pactados a plazos cercanos a cinco años, buena parte ya se encuentra más próxima a su vencimiento.

Este punto es relevante porque puede anticipar necesidades de renovación de cartera en los próximos años. Si las condiciones de tasas cambian, el IPS deberá decidir si renueva sus colocaciones a rendimientos menores, migra hacia otros instrumentos o busca alternativas con mayor liquidez. Para las entidades financieras, esta estructura también representa un desafío: retener esos recursos puede requerir tasas competitivas, especialmente si aumenta la competencia por depósitos institucionales.

En un contexto financiero donde la estabilidad, la confianza y la liquidez son centrales, los CDA siguen como una herramienta relevante para canalizar recursos institucionales hacia el sistema financiero. No obstante, al tratarse de fondos del IPS, el análisis debe ir más allá de la tasa ofrecida. La evaluación debe incorporar la calificación de la entidad, el plazo residual, la moneda de emisión, la diversificación de la cartera y la capacidad del sistema para sostener condiciones competitivas sin trasladar excesivamente el costo financiero al crédito.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El operativo se realizó alrededor de las 16:20 sobre las calles Eusebio Lillo y Denis Roa, en Asunción, luego de que agentes policiales detectaran a los presuntos autores en plena acción.

Según el informe policial, los uniformados iniciaron una persecución que concluyó en la intersección de Eusebio Lillo y Malutín, donde lograron reducir a ambos ocupantes de una motocicleta.

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Uno de los detenidos era buscado por robo

Los intervenidos fueron identificados como Antonio David Benítez Rivarola, de 24 años, y Alexis Benjamín Segovia Recalde, también de 24 años.

Durante la verificación de antecedentes, los agentes constataron que Benítez Rivarola contaba con una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Penal de Garantías N° 5 de Asunción, en el marco de una causa por robo.

Por ese motivo, además de quedar aprehendido por el hecho investigado, fue puesto a disposición de la justicia para el cumplimiento de la medida pendiente.

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Recuperan celulares denunciados como robados

En poder de los sospechosos fueron hallados dos teléfonos celulares: un Samsung A24 de color gris y un Samsung A04 de color negro.

Posteriormente, dos personas se presentaron en la sede policial y reconocieron los aparatos, sindicando a los detenidos como los supuestos responsables del despojo.

Los dispositivos fueron recuperados y quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

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Investigan posible vínculo con otros asaltos

La Policía sospecha que los detenidos podrían estar relacionados con otros casos de robo de celulares registrados en distintas jurisdicciones de la capital.

De acuerdo con los investigadores, varias denuncias anteriores describían características similares de los presuntos autores y de la motocicleta utilizada para perpetrar los hechos.

El biciclo incautado es una motocicleta Kenton GTR 200 de color blanco, sin chapa, que también será sometida a pericias dentro de la investigación.

En el caso de Alexis Segovia Recalde, la Policía informó que registra antecedentes por hurto agravado en 2019, 2025 y 2026, además de una causa por robo en 2025.

La investigación continúa para determinar si ambos participaron en otros hechos denunciados recientemente en Asunción y áreas cercanas.

La medida de contingencia responde a razones de prevención y seguridad. Las autoridades de la previsional constataron que el enorme logo institucional de la institución, ubicado en lo alto de la fachada principal del hospital, presenta un avanzado estado de deterioro y daños estructurales, lo que genera un riesgo de desprendimiento sobre la zona donde habitualmente caminan miles de personas por día.

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Para llevar a cabo la tarea de remoción, la previsional solicitó el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Un camión de gran porte de la compañía de bomberos ingresará a la explanada central del hospital para alcanzar la altura de la fachada y proceder al desmonte de la cartelería dañada.

Accesos alternativos habilitados para los pacientes

Desde la dirección del Hospital Central aclararon que los servicios médicos, las consultas programadas y las áreas de internación seguirán funcionando con total normalidad. No obstante, para ingresar al bloque principal, los usuarios deberán utilizar obligatoriamente las puertas y accesos alternativos que ya fueron señalizados para el efecto.

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Las autoridades del IPS instaron a los ciudadanos a colaborar con el operativo, respetar las indicaciones de los guardias apostados en las inmediaciones y mantener la calma.

Asimismo, la institución extendió sus disculpas públicas a la ciudadanía por los inconvenientes logísticos que la medida temporal pueda ocasionar en el transcurso de la tarde.

Según afirmó, el precio establecido se encuentra por debajo del costo real de la energía y contradice los criterios técnicos que históricamente utiliza la estatal para definir sus tarifas.

“El precio de US$ 30 por MWh está por debajo del costo. Cualquier técnico de la ANDE que conoce la estructura tarifaria puede confirmarlo”, sostuvo Cáceres al referirse a la propuesta que generó un intenso debate en el sector energético.

El exgerente recordó que la Ley Orgánica de la ANDE establece que las tarifas deben contemplar diversos componentes, entre ellos el servicio de la deuda, los gastos de explotación, las inversiones previstas en el plan maestro y otros costos operativos.

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Cuestiona subsidio encubierto a una empresa privada

Cáceres aclaró que su posición no responde a una postura a favor o en contra de Atome, sino a la necesidad de proteger los intereses de una empresa pública que enfrenta crecientes desafíos financieros y energéticos.

En ese sentido, sostuvo que la ANDE no tiene como misión subsidiar inversiones privadas y advirtió que cualquier tarifa especial por debajo de los costos debería ser aprobada por una ley que establezca claramente cómo se cubrirá la diferencia.

Recordó que el único subsidio reconocido actualmente es la tarifa social, cuyo mecanismo de compensación está expresamente definido en la legislación.

“Si se quiere otorgar una tarifa especial fuera de los cálculos técnicos de la ANDE, debe hacerse por ley y especificar quién pagará la diferencia. De lo contrario, se genera un perjuicio patrimonial para la empresa”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la energía disponible en Paraguay se está reduciendo progresivamente debido al aumento de la demanda y que venderla por debajo de su valor real significaría desaprovechar una de las últimas ventajas competitivas del país.

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Congelar el precio por 15 años sería un “grave error”

Otro de los aspectos cuestionados por Cáceres es la intención de mantener una tarifa fija en dólares durante 15 años.

A su criterio, una medida de ese tipo desconoce la evolución de los costos de generación y las inversiones que deberá realizar la ANDE para garantizar el suministro eléctrico en el futuro.

“¿Cómo se puede congelar una tarifa por quince años cuando en ese período la ANDE tendrá que incorporar nuevas fuentes de generación mucho más costosas?”, planteó.

El ingeniero advirtió que las futuras incorporaciones energéticas elevarán inevitablemente los costos del sistema eléctrico paraguayo, por lo que una tarifa congelada terminaría generando pérdidas significativas para la estatal.

Incluso sostuvo que, en un horizonte de diez años, el costo promedio de la energía podría multiplicarse debido a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de generación.

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ANDE necesitará inversiones millonarias

Cáceres también respaldó las recientes declaraciones del presidente de la ANDE sobre el aumento gradual de las tarifas eléctricas en las próximas décadas.

Según explicó, el incremento responde a una realidad técnica y económica: la energía que Paraguay deberá incorporar para cubrir la creciente demanda será considerablemente más cara que la generación hidroeléctrica disponible actualmente.

Indicó que el Plan Maestro de la ANDE contempla inversiones cercanas a US$ 8.500 millones en los próximos diez años, muy por encima de los aproximadamente US$ 3.000 millones proyectados una década atrás.

Además, recordó que el país deberá sumar nuevas fuentes de energía ya desde 2027 para evitar problemas de abastecimiento.

“El Paraguay está llegando al límite de su capacidad disponible. En algunos años tendremos dificultades en determinados horarios de verano si no comenzamos ahora mismo a incorporar nueva generación”, alertó.

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“Hay que escuchar a los técnicos”

El exgerente insistió en que la discusión sobre la tarifa para Atome debe abordarse desde una perspectiva técnica y no política.

En ese contexto, afirmó que los profesionales de la ANDE observan con preocupación cualquier esquema tarifario que comprometa los ingresos futuros de la empresa en un momento en que necesita fortalecer su capacidad de inversión.

También consideró que la negativa del actual titular de la ANDE a firmar el acuerdo responde precisamente a los informes técnicos que advierten sobre posibles inconsistencias con la normativa vigente.

Finalmente, Cáceres pidió evitar errores similares a los registrados en negociaciones energéticas pasadas y sostuvo que el país debe administrar con cautela un recurso que considera estratégico para su desarrollo económico.

Conforme a los guarismos, el TEP oficializó que el candidato electo a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (movimiento Honor Colorado) obtuvo 81.446 votos.

En tanto, el actual senador Arnaldo Samaniego (Fuerza y Causa Republicana) logró 43.587 votos.

La diferencia final fue de 37.859 votos a favor del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Lista de concejales con más votos que Camilo

Los guarismos del TEP en el juzgamiento de las actas electorales revelan que las dos listas de concejales de Honor Colorado (listas 2C y 2P) lograron más votos que Camilo Pérez, el postulante a intendente de Asunción.

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La lista 2C obtuvo 37.204 votos y la lista 2P 55.606 votos. Ambas listas totalizan 92.810 sufragios.

Comparando con la postulación de Camilo Pérez y la dos listas de concejales, la diferencia es de 11.364 votos. Es decir, las dos listas de ediles de HC lograron más votos que el candidato a intendente de Asunción.

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TEP juzga por departamento

El TEP colorado juzga por departamento. Inició el miércoles pasado con Capital. Prosiguió el departamento de Concepción, luego San Pedro, y así sucesivamente.

Los miembros titulares del TEP, son:

• Santiago Brizuela (HC)
• Félix Ferrer Ortellado (HC)
• Sergio Godoy (HC)
• Mónica Seifart (disidencia colorada)
• Wilson Rojas Guasp (disidencia colorada)

El detonante de la crisis institucional fue la resolución de la jueza penal de la adolescencia de Luque, Carmen Rosana Román. La magistrada determinó que la perrita “Canela”, quien sufrió destrozos en la mandíbula tras explotarle un petardo en la boca, sea devuelta a su entorno familiar original en Areguá, lugar donde ocurrió la agresión.

Rescatistas y Defensa Animal rechazan que “Canela” vuelva con su propietario original

La medida generó el rechazo inmediato de Defensa Animal y de la organización rescatista Olfateando Huellas, que cuidó de la recuperación del can.

“No me parece correcto que la perrita vuelva a donde sufrió”

Rubin relató que su institución, a pesar de haber sido la denunciante original del caso tras identificarlo en redes sociales, fue completamente excluida de las notificaciones del proceso. Defensa Animal se enteró de la resolución judicial de manera indirecta, y manifestó que la jueza Román tomó la decisión basándose en un informe remitido por el fiscal interviniente.

“No me parece correcto que la perrita vuelva a un entorno donde sufrió esta barbaridad. Hay una sensación bastante desagradable de que existe poca conexión entre las instituciones. La jueza dictamina según los informes que le envía el Ministerio Público, por eso queremos saber y ahondar qué es lo que figura en esos estudios de la Fiscalía”, manifestó Rubin.

En ese sentido, anunció que el director Jurídico de la entidad irá a intervenir el expediente para intentar frenar o retrasar el traslado.

El director comentó que se comunicó con la dueña original de Canela para pedirle que cediera la adopción definitiva a la organización rescatista que le salvó la vida. Sin embargo, la mujer calificó el fallo judicial como “un regalo de Dios” y afirmó estar feliz porque “al fin se sabrá la verdad”. Según mencionó, Rubin la familia dijo que sí se interiorizó de la salud de la perra, algo de lo cual Defensa Animal afirmó no tener constancia.

Fiscales ningunean los pedidos de Defensa Animal

Rubin calificó de “horrorosa” la experiencia diaria que se vive al solicitar intervenciones urgentes a los asistentes y agentes del Ministerio Público. Citó como ejemplo un caso reciente en el que buscan rescatar a perros encerrados en una vivienda abandonada y llena de suciedad.

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“La respuesta de la asistente fiscal es terrible: decidió dejar a los animales en la casa abandonada porque, bajo su criterio, los perros ‘están bien de salud’, y ella no es veterinaria. Le documentamos todo. Cuando logramos que hicieran un allanamiento, lo hicieron mal, con el número de casa equivocado, y no quisieron repetirlo. Ahí siguen los animales sufriendo”, expresó el funcionario.

Existen casos graves sin investigar, sostiene Rubin

Rubin sostuvo que existen causas graves que incluyen animales acuchillados, casos de zoofilia y tortura extrema, que se encuentran encajonadas y sin avances en las distintas unidades fiscales.

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Rubin lamentó que, por exigir que se cumpla la ley y pedir cárcel para quienes matan o torturan animales, sectores internos de la Justicia lo tilden de “conflictivo”.

“Estamos entre la espada y la pared porque dependemos de la Justicia para salvar una vida. Por suerte hay algunos fiscales que sí tienen puesta la camiseta y entienden que un maltratador de animales es un potencial maltratador de personas”, manifestó.

El director concluyó que el presidente de la República, Santiago Peña, ya está al tanto de la situación y del desgaste que sufre la dirección al tener que “lidiar con gente que no quiere hacer su trabajo” en lugar de enfocarse en proyectos de bienestar general.

El director general de la institución, Dr. Héctor Castro, insistió en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves, internaciones y fallecimientos.

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Actualmente, alrededor del 50 % de las consultas corresponden a cuadros de influenza, situación que también se refleja en las unidades de terapia intensiva.

“El común denominador de la mayoría de los pacientes internados por cuadros respiratorios graves es que no cuentan con la vacuna contra la influenza”, señaló el profesional, al destacar la necesidad de fortalecer la inmunización en los grupos más vulnerables.

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Castro explicó que el principal objetivo de la vacuna es evitar las complicaciones severas de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes.

En ese sentido, aclaró que la inmunización no impide totalmente el contagio del virus, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar formas graves.

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La recomendación sanitaria está dirigida especialmente a los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades de base, quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la influenza.

El médico recordó, además, que la vacunación forma parte de un conjunto de medidas preventivas que deben aplicarse de manera complementaria.

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Entre ellas mencionó el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, el reposo ante la presencia de síntomas respiratorios y el uso de tapabocas en espacios cerrados cuando se presentan signos de enfermedad.

“Insistimos en la vacunación porque observamos que la mayoría de quienes requieren internación no estaban vacunados”, remarcó.

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El director del hospital señaló que lo ideal es recibir la vacuna antes del periodo de mayor circulación viral, que generalmente se registra a partir de abril.

No obstante, enfatizó que aún es oportuno inmunizarse, ya que la temporada de influenza suele extenderse hasta los meses de septiembre y octubre.

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Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para acceder a la vacuna disponible en los servicios de salud y reforzar las medidas de prevención ante el aumento de las enfermedades respiratorias registrado durante esta época del año.

“En esta tradicional venta de comidas típicas se ofrecerán riquísimos mbeju, pajagua mascada, pastel mandi’o, tragos, gaseosas y más”, prometen los bomberos.

Asimismo, habrá juegos tradicionales como ser pelota tata, toro candil, casamiento koygúa y otros, al igual que grupos de danza y música en vivo.

“El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para poder mantener el alto costo operativo de la compañía”, detallan.

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Esto incluye la adhesión

El costo de la adhesión es G. 20.000 y cada una incluye: un pastel mandi’o, un mbeju y un pajagua mascada. Para reservar adhesiones se puede contactar al: (0985) 317 747.

“¡No olvides traer a tu familia y a todos tus amigos! La familia Tercerina te espera para pasar una tarde diferente", instan.

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El primero es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la ley n° 1680/2001 ‘Código de la niñez y la adolescencia”, para facilitar el permiso del menor a viajar al exterior si el padre incumple el deber de la pensión alimenticia, tenga la patria potestad suspendida o esté inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Al ser entrevistada, Valiente señaló que cuando los padres están separados, para estos permisos se requiere de la firma de ambos progenitores. Sin embargo, en el caso de que el padre o la madre incumpla su responsabilidad en la prestación de alimentos, el otro progenitor no requerirá “de la firma del irresponsable o la irresponsable”.

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Valiente indicó que también avanza el estudio de su proyecto para reformar y derogar la ley N° 4633/2012 una nueva norma contra el acoso y el ciberacoso escolar. Propone castigos al acosador o “bully” como servicio comunitario de limpieza, así como multas a los padres. Se impone que los progenitores paguen el tratamiento psicológico de las víctimas y que las instituciones sufran suspensiones.

Para la parlamentaria, “los padres también son responsables a la hora de que un menor agreda a otro menor”. “Los padres son los primeros responsables ante sus hijos y estas sanciones van, obviamente, en hacer terapias de reeducación conductual para con sus hijos. Así también y obviamente si el daño es superior e involucra también la integridad física, eso ya rige con el código penal civil”, aseveró.