Se esperan lluvias y tormentas eléctricas, particularmente hacia el final de la jornada, en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en todo el país mañana viernes. El sábado las condiciones comenzarían a normalizarse en gran parte del país, aunque algunas zonas del norte y este aún registrarían lluvias dispersas ese día.

Fuerte descenso de la temperatura desde mañana

El ambiente se mantiene cálido este jueves en Paraguay, con máximas de 30 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

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Sin embargo, mañana se espera un importante descenso de los índices, con una máxima de solo 19 grados en la capital y una mínima de 13 grados. El sábado la temperatura bajaría aún más, con 15 grados de máxima y 11 de mínima en Asunción.

En los días siguientes podrían registrarse temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados.

El fiscal interviniente, Arnaldo Verialgo, explicó que el procedimiento fue iniciado a partir de informaciones y denuncias realizadas por vecinos de la zona.

“Recibimos denuncias sobre jóvenes aglomerados en esta zona, consumidores, específicamente niños, niñas y jóvenes de pueblos originarios”, señaló el agente del Ministerio Público.

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Cuatro detenidos y varias evidencias incautadas

Durante el operativo, los agentes especiales de la SENAD detuvieron a cuatro personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Además, fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos punzantes y otros objetos considerados relevantes para el caso.

Según indicó el fiscal, las evidencias halladas comprometerían directamente al encargado del sitio, quien sería responsable del alquiler del inmueble intervenido.

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Investigan posible vínculo con hechos delictivos

El representante del Ministerio Público señaló además que los investigadores analizan otros elementos encontrados durante el procedimiento, incluyendo tatuajes observados en algunos de los detenidos.

“Vamos a estar verificando eso”, expresó el fiscal al referirse a posibles vínculos o antecedentes que puedan surgir en el marco de la investigación.

Las personas detenidas y las evidencias serán trasladadas hasta la base de operaciones de la SENAD para continuar con las diligencias.

Este comportamiento es consistente con la estructura de las reservas del BCP, donde el oro forma parte de los activos internacionales (alrededor del 10% del saldo) junto con divisas y otros instrumentos.

Durante el año 2025 se observa una trayectoria ascendente tanto en el precio del oro (investign.com) como en el valor de las reservas (datos del BCP). Hacia finales de ese año y comienzos de 2026, el precio alcanza niveles cercanos a US$ 5.000 por onza, lo que impulsa el valor de las reservas a niveles superiores de US$ 1.300 millones.

Posteriormente, una leve corrección en el precio se traduce en una moderación del valor de las reservas, lo que evidencia la sensibilidad de este componente a las fluctuaciones del mercado. Es decir, el oro actúa como un activo cuyo valor en cartera se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado internacional, sin necesidad de intervenciones activas en términos de acumulación física.

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Desde un enfoque económico, existen varios factores globales que explican el comportamiento del precio del oro y, por ende, su impacto en las reservas paraguayas.

En primer lugar, el oro tiende a apreciarse en contextos de incertidumbre financiera o geopolítica, actuando como activo refugio. La demanda por parte de bancos centrales y grandes inversores aumenta en estos escenarios, impulsando su cotización.

De hecho, en los últimos años se ha observado un proceso sostenido de acumulación del metal por parte de bancos centrales a nivel global como estrategia de diversificación frente a riesgos cambiarios y financieros.

En segundo lugar, la política monetaria internacional juega un rol relevante. Tasas de interés más bajas en economías desarrolladas tienden a favorecer el precio del oro, dado que reducen el costo de oportunidad de mantener activos no remunerados como este metal.

A su vez, episodios de inflación global también fortalecen la demanda por oro como cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo de las monedas.

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Para Paraguay, la implicancia de esta dinámica es clara. Si bien el país no incrementa significativamente su stock físico de oro, se beneficia de la valorización internacional del metal, lo que fortalece el valor total de sus reservas.

En 2026, por ejemplo, el componente de oro dentro de las reservas internacionales netas (RIN) alcanza US$ 1.197,3 millones, dentro de un total superior a US$ 11.500,5 millones, aumento que contribuye a consolidar la posición externa del país y a reforzar su capacidad de respuesta ante shocks.

Sin embargo, también existen limitaciones. Dado que el volumen de oro es reducido en comparación con otros países de la región, el impacto de su valorización sobre el total de reservas es acotado en términos relativos.

Paraguay se encuentra entre los países con menores reservas de oro en América Latina, lo que limita el peso de este activo dentro del portafolio global.

Finalmente, y tal como se mencionaba, la evolución de las RIN en oro del Paraguay responde, principalmente, a factores exógenos vinculados al precio internacional del metal. La estabilidad en la cantidad física contrasta con la volatilidad del valor en dólares, evidenciando que el oro actúa como un mecanismo de valorización pasiva dentro de las reservas.

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En un contexto global marcado por incertidumbre, inflación y ajustes en la política monetaria, este activo continúa desempeñando un rol relevante como componente de estabilidad financiera, aunque su impacto en Paraguay se encuentra condicionado por su baja participación relativa dentro del total de reservas.

* Este material es elaborado por MF Economía e Inversiones

El encuentro, realizado en el Banco Central del Paraguay (BCP) y que contó con más de 100 participantes, fue liderado por Duarte, su equipo de directores y el mismísimo Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui.

Los vínculos con el poder

Villaverde se encuentra en la mira pública tras aparecer vinculado a Sucia Política, una página que realiza ataques violentos contra medios, periodistas y políticos críticos al Gobierno y que destinó más de G. 280 millones de guaraníes en pauta en Meta (Facebook e Instagram).

La identificación con esa página se deriva por la “coincidencia” en el número de celular declarado ante Meta con el utilizado por el portal Central Noticias (CN), un pseudomedio que difunde propaganda estatal y que destinó más de G. 482 millones en anuncios.

Villaverde Emategui, calificado como un “militante” oficialista por el ministro del Mitic, Gustavo Villate, fue señalado por una extrabajadora y productora de contenidos en Central Noticias como el responsable de la administración del sitio, a través de una agencia a cargo.

Tras las publicaciones recientes, Central Noticias, creada en enero de 2024, recibió una denuncia en la que señalan que se clonó la identidad de un medio con igual nombre y 15 años de trayectoria.

Incluso, según Meta, esta misma página tenía –hasta esta semana– un administrador ubicado en Colombia, país donde se encuentra Digimarketing SAS.

Esta agencia aparece como la responsable de difundir anuncios con contenido oficial del Estado, además de anuncios para Despierta Paraguay, otro canal que apuntó ataques contra actores críticos.

Niegan cualquier vínculo

Para esta publicación, intentamos obtener la versión del ministro Villate, quien no contestó nuestros llamados, y la viceministra Alejandra Duarte se excusó alegando estar con reuniones, sin dar retorno hasta el cierre de la edición pese a nuestras insistencias.

Sin embargo, el director general de medios del Estado, Héctor Riveros, confirmó que ese evento fue impulsado por el Viceministerio, que estuvo Villaverde pero que no recordaba sobre qué, específicamente, disertó o intervino.

leonardo.gomez@abc.com.py

En dicho evento realizando en el hotel Sheraton, el economista jefe de Dende Humberto Colmán, ex miembro del directorio del BCP presentó un análisis referente al contexto de la economía local y mundial. Entre estos aspectos, mencionó los efectos de la guerra en Medio Oriente y la política económica de EEUU en el desempeño económico a nivel global y local, que se traducen principalmente en la caída del dólar, y el impulso en los precios de los comodities.

En lo que respecta a impacto local propiamente, Colmán detalló que la apreciación del guaraní se da justamente como efecto de estos eventos externos. Además se suman los influjos de capitales que podrían explicar una parte de la apreciación.

Al respecto, mencionó también que la apreciación del guaraní es mayor al real brasilero y que va contra mano incluso a la apreciación global del dólar

Considerando este escenario, Dende proyecta que el dólar cerrará este año en un nivel entre G. 6.300 y G. 6.494

Dende proyecta que la economía crecerá 5% este año y 4% en 2026

La economía se desacelera

Por otra parte, Colmán también detalló sobre el desempeño económico local que viene mostrando una desaceleración en su crecimiento al comparar el ritmo del año 2025, donde cerramos con un repunte del 6,6%.

El economista añadió que esto es coherente con una economía que converge al potencial del 4% y que el año 2026 mantendría un crecimiento normal gracias al buen año agrícola, a pesar de los posibles efectos del choque de oferta petrolero.

En este contexto, Dende mantiene su proyección de crecimiento del PIB crecerá en 4% para este año, tras un repunte del 6,6% del 2025, una estimación más cautelosa y menos optimista que la oficial que se mantiene en 4,2%.

Ente los sectores que marcarán el ritmo de la economía según Dende es el sector agropecuario con un crecimiento estimado del 7% por impulso de la soja (18%), mientras que para el sector industrial se prevé un crecimiento del 3,5%, electricidad y agua crecerían 6,5%, y servicios 4,7%.

En cuanto al nivel de empleos, indicó que hay una leve mejora, y que si bien los ingresos de los trabajadores del ámbito privado suben, todavía se mantienen por debajo de los niveles pre covid, con niveles todavía elevados de informalidad

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Principales riesgos: Inflación e impacto cambiario

Entre los riesgos principales señalados por Dende para este año, advierten sobre un impacto inflacionario proveniente del shock petrolero y la inflación de alimentos que podría elevarse aún más.

Tomando en cuenta la inflación mensual promedio del 2026, la velocidad actual de suba de precios ya estaría encima del 6%, por efecto de la suba de los combustibles. Para el presente año, Dende proyecta que la inflación se acelerará a 4,3% desde 2,3% que cerró en abril y por encima del 3,5% que es el objetivo del Banco Central del Paraguay (BCP).

Otro de los riesgos tiene que ver con los ingresos fiscales con estimación a la baja por la desaceleración económica, y la apreciación cambiaria y las menores transferencias de la binacionales.

En lo que respecta a las finanzas, Dende menciona entre los riesgos el gasto rígido en aumento y menor inversión. En cuanto al déficit fiscal estructural, estiman que estará alrededor del 2.0% del PIB, por encima de lo proyectado por el gobierno en 1,5% del PIB.

De acuerdo con los datos, la mujer llegó hasta la vivienda y encontró que el tejido perimetral del costado y de la parte trasera había sido cortado. Además, los delincuentes violentaron la puerta de la cocina y de uno de los dormitorios para ingresar al inmueble.

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Lo que se llevaron los delincuentes

Entre los objetos robados figuran un televisor Sony de 32 pulgadas, un televisor Samsung de 48 pulgadas, una bicicleta, un casco, un microondas y un parlante JBL Party On The Go.

El caso vuelve a exponer la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a viviendas en ciudades turísticas y residencias utilizadas ocasionalmente, donde los delincuentes aprovechan la escasa presencia de personas para actuar.

Agentes del Departamento de Investigaciones acudieron al sitio tras recibir el aviso por parte de la Comisaría 16 de San Bernardino.

La vivienda no cuenta con cámaras de circuito cerrado, por lo que los investigadores realizarán verificaciones de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

Los allanamientos se efectuaron en dos viviendas colindantes ubicadas sobre la calle Inocencio Soto, del barrio Palma Loma de Luque, donde fueron detenidas y aprehendidas ocho personas.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron unas 193 dosis de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas supuesta cocaína tipo crack, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, celulares, balanzas de precisión, cuatro motocicletas y dos automóviles.

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“Vendían bajo una carpa”

El comisario Fernando Ruiz Díaz, del Departamento Antinarcóticos, explicó que las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de drogas al menudeo y que incluso las transacciones se realizaban en plena vía pública.

“Ellos prácticamente estaban comercializando estas sustancias bajo esta carpa”, señaló el jefe policial durante el procedimiento.

Agregó que los agentes ya venían desarrollando tareas investigativas para identificar al grupo y reunir evidencias sobre el esquema de microtráfico.

Según indicó, al momento del allanamiento los sospechosos estaban realizando presuntas ventas de drogas y fueron reducidos inmediatamente por los agentes.

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Sospechosos serían miembros de “Chancholigans”

De acuerdo con los investigadores, varios de los detenidos serían integrantes de la barra organizada del Club Sportivo Luqueño conocida como “Chancholigans”.

Además, el comisario Ruiz Díaz afirmó que el sitio ya había sido intervenido anteriormente por hechos similares, pero que los involucrados continuaban operando en el lugar.

“Es un negocio familiar”, sostuvo el jefe policial al referirse a los vínculos entre varios de los aprehendidos.

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Uno de los detenidos tenía orden de captura

Entre los detenidos figura Miguel Ángel Ruiz Pereira, de 28 años, quien contaba con orden de captura pendiente por causas relacionadas con hurto, según datos de la Policía.

Las demás personas quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El operativo contó además con apoyo de agentes de la Comisaría 3ª Central de Luque.

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La obra iniciará desde la calle Comuneros hasta la Avda. Del Agrónomo en su bifurcación con la ruta PY 02 Mcal. José Félix Estigarribia. En total son 3.5 km de obra que será ejecutada por el consorcio EDB sobre la Avda. Avelino Martínez. En este trayecto la obra durará dos años, y serán divididos en 4 sistemas.

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En ese sentido, el Ing. Enrique Chamorro, coordinador de obras de la empresa EDB, explicó que cada sistema es una línea de descarga de celulares, pero previamente se realizarán trabajos de estudios de suelo, y estudio hidrológico.

“Vamos a realizar todos los estudios previamente, justamente ahora estamos en esa etapa, y vamos a unir todas las cuencas que se conectarán con los celulares hasta descargar en el arroyo San Lorenzo”, explicó.

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En ese sentido, los vecinos realizaron las consultas, y sugirieron introducir las señalizaciones de tránsito al tiempo de pedir que los trabajos se realicen lo más rápido posible para evitar que los permisionarios sean afectados en la salida de sus viviendas. Pidieron, además, la limpieza de los arroyos, ya que la descarga del agua en el arroyo representará un peligro y podría acogotarse con rapidez.

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A este frente, se une el Consorcio EDB -que tiene a su cargo el tramo 2 desde Avda. Del Agrónomo hasta la calle Comuneros- integrante del “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49“. El “Consorcio Vial GS” – tiene a su cargo el tramo 1 de la zona Tres Bocas-. En total la obra tendrá un costo superior a G. 242.000 millones. Los detalles de la licitación están disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.

González aclaró durante una entrevista por ABC TV que los supermercados son “tomadores de precios”. Esto significa que el precio final al consumidor depende del costo fijado por los importadores.

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Según detalló, no existen más de 30 importadores de consumo masivo que dominan categorías clave como el café, los enlatados, las galletitas y los vinos.

Denuncian un “techo” a los descuentos

Según reveló González, dos cámaras de importadores enviaron notas a sus asociados estableciendo que el descuento máximo permitido sería de apenas un 10%.

Esta decisión resulta inexplicable para el gremio de supermercados, considerando que el dólar bajó un 23%. “Nosotros tenemos una pequeña baja gracias a la gestión del Gobierno, pero ellos (los importadores) enviaron un tope del 10% cuando el dólar bajó mucho más. No podíamos bajar más que eso”, explicó el titular de Capasu.

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¿Una práctica inconstitucional?

Esta actitud de los proveedores podría entrar en conflicto directo con la Constitución Nacional. El Artículo 107 de la Libertad de Concurrencia prohíbe explícitamente la creación de monopolios y el alza o baja artificial de precios que traben la libre competencia.

“Si ellos nos venden más barato, nosotros podemos ofrecer más barato. Así de sencillo”, sentenció. Recordando que los supermercados deben cubrir costos fijos como electricidad y personal, pero su margen depende del precio de origen.

El ojo ciego de Conacom sobre los precios

Desde la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), ya habían analizado este fenómeno, pero admitieron que tienen poco personal para poder monitorear. Según señalaron esta situación podría generarse por dos situaciones.

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• Paralelismo consciente: Las empresas no necesitan sentarse a pactar. Simplemente se miran: “Si el otro no baja, yo tampoco lo hago”. Esta “comodidad” elimina la competencia real.
• Abuso de posición dominante: Cuando un actor es tan grande que los demás no tienen fuerza para desafiar sus precios, el mercado se estanca.

Mientras los grandes importadores mantienen sus márgenes, el consumidor paraguayo sigue esperando que la caída del dólar se traduzca, finalmente, en una rebaja real al pasar por la caja.

Un caso histórico que sigue vigente en la memoria hospitalaria es el de Brígida Benítez, quien nació pesando 8 kg en el distrito de Edelira, departamento de Itapúa.

En Salto del Guairá (2023) se reportó el nacimiento de Lucas, un bebé de 5,5 kg, una cifra que ocurre en apenas 1 de cada 10.000 nacimientos.

A nivel global, el Libro Guinness de los Récords certifica como el mayor peso de la historia los 10,2 kg de un neonato en Italia (1955).

¿Qué es y por qué ocurre?

La macrosomía fetal se define formalmente cuando un recién nacido pesa más de 4 kilogramos, independientemente de su edad gestacional.

Los especialistas señalan tres factores determinantes, entre ellos la diabetes gestacional, donde el exceso de glucosa materna estimula una sobreproducción de insulina en el feto, que actúa como una potente hormona de crecimiento.

También influyen la obesidad materna y los factores genéticos y postérmino. La estatura de los padres y los embarazos que superan las 42 semanas también contribuyen al aumento desmedido de peso.

Riesgos: más allá del asombro

Estos nacimientos no están exentos de peligro. La distocia de hombros —cuando el cuerpo del bebé queda atrapado tras salir la cabeza— es la complicación más temida, pudiendo causar fracturas o parálisis braquial.

Para la madre, los riesgos incluyen hemorragias posparto graves y desgarros extensos. Por ello, ante la sospecha de un peso superior a los 4,5 kg, la normativa clínica sugiere habitualmente programar una cesárea electiva para mitigar traumas mecánicos.

Cuidados y vigilancia neonatal

Un bebé macrosómico requiere atención especializada inmediata. Tras el corte del cordón, el riesgo principal es la hipoglucemia neonatal (caída brusca de azúcar), ya que su organismo deja de recibir el suministro de glucosa materna, pero mantiene niveles altos de insulina.

El control prenatal precoz —antes de las 12 semanas— es la herramienta más eficaz para detectar estas patologías a tiempo y asegurar que el “superbebé” tenga un desarrollo saludable tras el impacto inicial de su llegada.

También intervinieron bomberos voluntarios de Ypané, quienes encontraron al hombre ya sin signos de vida.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Aureliano Steve se encontraba realizando trabajos en una columna del sistema eléctrico cuando sufrió una potente descarga, que le habría provocado la muerte de manera instantánea.

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ANDE afirma que no existía autorización para los trabajos

A través de un comunicado oficial, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lamentó el fallecimiento de la víctima y aclaró que se trataba de una persona ajena a la institución.

Según detalló la entidad, el hecho fue reportado por bomberos cerca de las 15:50 y posteriormente derivado a la Sección de Servicios de Atención al Cliente de Guarambaré, desde donde fue enviado un móvil técnico hasta el lugar.

Al verificar la situación, los funcionarios constataron que no existía autorización, orden de trabajo ni comunicación previa para realizar intervenciones en la red eléctrica.

La ANDE señaló además que la columna afectada cuenta con un transformador de 10 kVA que abastece de energía a usuarios de la zona.

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Investigación quedó a cargo del Ministerio Público

La institución indicó que los procedimientos e investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

Finalmente, la ANDE reiteró a la ciudadanía que está prohibido manipular o intervenir redes e instalaciones eléctricas sin autorización expresa y acompañamiento técnico especializado, atendiendo el alto riesgo que representan este tipo de acciones.

Los pobladores están rodeados de estancias ganaderas y, en varias ocasiones, ya tuvieron altercados con propietarios de estos establecimientos por el uso de caminos privados.

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Gricelda Vera Velázquez, líder de la comunidad, dijo que, de forma increíble, la SEN se olvidó de enviarles la ayuda, atendiendo a que en las demás localidades de la zona, incluso en poblaciones latinas de fácil acceso, ya se distribuyeron recientemente los kits de alimentos. “De nosotros se olvidaron”, mencionó.

Los indígenas piden al ministro de la SEN, Arsenio Zárate, gestionar el envío urgente de los alimentos, atendiendo a que dentro de la comunidad se vive una verdadera emergencia debido a las lluvias registradas en el Chaco, sumadas a la crecida del río Paraguay, situación que además ocasiona la escasez de peces.

Esto conspira de forma negativa contra la propia comunidad, dijo la mujer, atendiendo a que la pesca es la principal actividad económica de las familias.

“No podemos realizar la venta de peces por la escasez existente, por lo tanto, es crítica la situación económica en la población”, expresó.

“Tampoco podemos comercializar la miel de abeja, porque no es época de producción, por lo que no tenemos forma de generar dinero para la compra de productos alimenticios. En la comunidad existen numerosos niños y personas de la tercera edad, quienes son los más afectados”, explicó la líder indígena.

La mujer señaló además que la población se encuentra muy alejada de cualquier centro urbano, por lo que pidió que el caso sea priorizado como una situación de extrema necesidad.

“Es verdaderamente triste la realidad social que estamos viviendo en la comunidad por la falta de trabajo, lo que conspira contra la manera de conseguir alimentos”, enfatizó.

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La comunidad de María Elena es una de las últimas poblaciones conformadas por familias de los Tomarahos que viven en el país. Incluso, no se conoce otra localidad habitada por integrantes de esta misma etnia indígena, por lo que los pobladores consideran que se debería priorizar la asistencia estatal para estos compatriotas.

Por de pronto, los niños que acuden a la escuela tienen asegurados el almuerzo y la merienda, atendiendo a que semanalmente la empresa adjudicada con el programa Hambre Cero se encarga de proveer productos alimenticios, aunque el beneficio alcanza solamente a una parte de los escolares.

El comisario principal Dionisio Quiñónez, jefe de la Subcomisaría 9ª, explicó que el accidente ocurrió frente a la caseta policial.

El otro vehículo involucrado es un automóvil Toyota Premio, guiado por Walter Fretes Brítez, quien iba acompañado de Andrés Benítez Araujo, Waldemar Fretes Benítez y Fernando Fretes Benítez.

Todos los ocupantes del Toyota resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron trasladados por bomberos voluntarios de San Alberto al Hospital Distrital de Hernandarias.

Por otra parte, el transportador de caudales también sufrió daños materiales de importancia, sin embargo todos sus ocupantes resultaron ilesos, según explicó Quiñónez.

Asimismo, mencionó varias supuestas irregularidades administrativas y contables que no pudieron ser aclaradas por falta de evidencias documentales.

Mayoría votó por el rechazo

La votación reflejó una marcada división política. A favor de la aprobación de la rendición votaron los concejales liberales Mercedes Pino, Luis Carlos Agüero, Manuel Benítez, Raineldo Moreno y Rafael Blanco.

En tanto, por el rechazo se pronunciaron los ediles colorados Hipólito Martínez, Martín Rolón, Rocío Cuevas, Blásido Candia, Graciela Del Puerto y Nicolás Jara, además de Gladys Mereles (PLRA), quien se sumó a la postura de rechazo.

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Supuestas irregularidades

Entre las supuestas irregularidades se mencionan observaciones sobre varios pagos que no cuentan con recibos ni firmas en las órdenes correspondientes, lo que impide identificar a los beneficiarios de los desembolsos.

El dictamen también refiere inconsistencias en el tratamiento de gastos de inversión. En particular, se mencionan G. 300 millones destinados a estudios de proyectos que fueron ejecutados como gastos corrientes, sin claridad sobre los proyectos realizados ni su viabilidad.

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Otro punto cuestionado es el proceso de contratación de servicios profesionales. La comisión observó la adjudicación por G. 57 millones a la licenciada Teresa María Cristina G. de Raydán para trabajos de organización y digitalización de archivos, señalando la falta de evidencia de competencia entre oferentes.

Finalmente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó que la rendición de cuentas no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad, por lo que recomendó su rechazo, postura que fue finalmente acompañada por el pleno de la Junta Municipal.

Lo que dijo el jefe comunal

Por su parte, el intendente Rodríguez manifestó que este año, más que nunca, puso en regla toda la documentación y considera que se trata de una campaña sucia impulsada con la intención de desacreditar su figura en este año electoral.

Señaló que tiene un plazo de 30 días para presentar su descargo correspondiente y espera que quienes votaron por el rechazo actúen con objetividad.

Finalmente, afirmó tener conocimiento de que dirigentes colorados habrían bajado línea para rechazar su gestión con el objetivo de cortar toda posibilidad de que llegue a la Presidencia de la República, cargo al que aspira.

Edelira: fue nombrada hija dilecta porque nació con 8 kg y ahora reclama un aporte municipal impago

Se habla de macrosomía fetal cuando un bebé nace con un peso significativamente superior al promedio. Médicamente, un recién nacido entra en esta categoría si pesa más de 4.000 gramos (4 kg), independientemente de si nació a término o de forma prematura.

Cuando el peso supera los 4.500 o 5.000 gramos, los médicos consideran que el riesgo de complicaciones aumenta drásticamente. Casos como el de Edelira, con 8 kilos, son catalogados como rarezas médicas extremas, ya que representan el doble del peso de un bebé considerado “grande”.

¿Por qué nacen bebés de este tamaño?

La ciencia identifica varios factores que pueden “estimular” un crecimiento excesivo del feto durante el embarazo.

Uno de los factores es la diabetes materna. Si la madre tiene diabetes preexistente o desarrolla diabetes gestacional, los niveles elevados de azúcar en su sangre pasan al bebé. Esto obliga al páncreas del feto a producir más insulina, que funciona como una hormona de crecimiento, acumulando grasa y tejido.

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Obesidad y peso de la madre: Un índice de masa corporal elevado antes o durante el embarazo aumenta las probabilidades.

Genética y antecedentes: Padres de gran tamaño suelen tener hijos más grandes. Además, si la madre ya tuvo un bebé macrosómico anteriormente, el riesgo se repite.

Embarazo prolongado: Superar las 40 semanas de gestación permite que el feto siga ganando peso más allá del tiempo estimado.

¿Qué tan común es el fenómeno?

A nivel mundial, la incidencia de macrosomía (bebés de más de 4 kg) ronda el 9% de los nacimientos, de acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), en su Boletín de Práctica No. 216.

Asimismo, los bebés que nacen con más de 4,5 kg, solo se da en aproximadamente el 1% de los casos.

Más de 5 kg es extremadamente raro, ocurriendo en cerca de 1 de cada 1.000 niños (0,1%). Mientras que 8 kilos o más son casos anecdóticos que suelen quedar registrados en los libros de historia médica de cada país, como ocurrió con el nacimiento de Edelira en el departamento de Itapúa.

Riesgos y consecuencias

Nacer con un tamaño “gigante” no siempre es sinónimo de buena salud. La macrosomía conlleva riesgos importantes tanto para la madre como para el hijo:

Para la madre, hay mayor probabilidad de cesárea de urgencia, hemorragias postparto graves o lesiones en el canal de parto (desgarros).

Mientras que para el bebé, el peligro más crítico es la distocia de hombros, donde el cuerpo del bebé queda atrapado tras la salida de la cabeza durante el parto normal.

Además, estos niños tienen mayor riesgo de sufrir hipoglucemia (baja de azúcar) al nacer y desarrollar obesidad o diabetes en el futuro.

La cabina quedó sobre el puente, con las dos ruedas al aire y la carrocería colgando.

El caso ocurrió el martes, según el reporte. El camión tumba transportaba arena y su conductor tuvo que saltar de la cabina cuando las vigas cedieron. Salió ileso del percance.

Los moradores quedaron sorprendidos por el hecho. Finalmente, un tractor ayudó al rescate del rodado.

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Los vecinos mencionaron que otros accidentes ya se registraron en el lugar y, debido a lo sucedido, se clausuró la pasarela, que necesita una urgente renovación.

El fallecido era alumno del primer grado y se llamaba Lucas Cabrera Colmán, de 7 años. Según los datos preliminares, se encontraba compartiendo con otros escolares de la institución cuando repentinamente cayó al suelo y fue auxiliado por los docentes, quienes lo trasladaron de inmediato al IPS de Santaní para su diagnóstico médico, donde se constató su deceso.

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Los docentes que lo trasladaron hasta Santaní en un vehículo particular fueron identificados como Anastasio Acuña Ojeda (51) y Néstor Raúl Gaona Gauto, de la Escuela Básica Nº 4808 San Juan Bautista de Alemán Cue. Relataron a la Policía que, siendo aproximadamente las 14:30, el alumno estaba jugando en el predio de la citada casa de estudios cuando cayó al suelo.

Intervinientes

En el hecho intervino el fiscal Carlomagno II Alvarenga, de la Unidad Nº 1 de la Fiscalía de Santaní, acompañado por la médica forense Ángela Céspedes. También participaron efectivos de la Comisaría 8ª de San Estanislao, a cargo del subjefe de la sede policial, el oficial inspector Luis Armoa.

Traslado a la morgue judicial

Tras el procedimiento correspondiente realizado en el IPS de Santaní, el fiscal de la causa ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial de la capital del país, con el propósito de determinar la causa de la muerte.

Según mencionaron, el lugar carece de comodidades básicas y presenta graves problemas de infraestructura e higiene.

Hospital Nacional: pacientes denuncian falta de aire, médicos y deficiencias en infraestructura

Los afectados señalaron que las carpas no cuentan con piso y que, durante los días de lluvia, el agua ingresa por todas partes debido a las filtraciones del techo y a la falta de cordones. Aseguraron que en cada temporal se ven obligados a soportar goteras constantes y que los colchones junto a otras pertenencias quedan expuestos al agua.

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Debido a esto, los colchones utilizados por los familiares son colocados sobre maderas improvisadas y las condiciones se vuelven aún más difíciles, considerando que muchas personas deben permanecer durante meses en el hospital mientras acompañan la recuperación de sus pacientes.

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Además, denunciaron que las instalaciones eléctricas son precarias y representan un peligro para quienes permanecen en el sitio. Indicaron que el agua siempre se filtra cerca de los cables y conexiones, generando temor ante posibles accidentes.

Pacientes y sindicatos del Hospital Nacional exigen insumos y rechazan la continuidad de la intervención

Gloria Rojas, madre de un joven internado tras un accidente de tránsito, lamentó la situación que atraviesan las familias dentro del Hospital Nacional.

“Mi hijo llegó en coma a causa de un accidente de tránsito. Estamos hace dos meses acá. En todo este tiempo ya gastamos muchísimo. Tuvimos que comprar un antibiótico costosísimo que superaba los G. 5.000.000. Lastimosamente, el hospital no cuenta ni con algodón ni con jeringas. Todo debemos comprar o esperar la ayuda de la fundación que siempre apoya a los pacientes”, expresó.

Mencionó además que decidió retirar a su hijo, Diogo Rojas, del hospital por temor a posibles infecciones intrahospitalarias.

“Por suerte ya está bien, pero decidí sacar a mi hijo porque tengo miedo de que alguna bacteria vuelva a complicarle la vida. Estamos esperando un estudio de resonancia magnética, pero hasta ahora no pudimos acceder y vamos a hacerlo de manera particular”, manifestó.

Baños en pésimas condiciones

Los familiares también denunciaron la falta de higiene en los sanitarios. Indicaron que cuentan únicamente con un baño, que se encuentra en pésimas condiciones, con acumulación de basura, malos olores y suciedad.

Añadieron que los sanitarios ubicados dentro de las instalaciones del Hospital Nacional también presentan un estado deplorable, con olores nauseabundos que, según describieron, se perciben incluso antes de ingresar al recinto.

Los afectados reclaman mayor atención por parte de las autoridades nacionales y asistencia para afrontar los elevados gastos diarios. Señalaron que, además de comprar medicamentos e insumos médicos, tampoco reciben alimentos que ayuden a aliviar la carga económica que implica permanecer durante semanas o meses en el hospital.

Respuesta del interventor

El interventor del Hospital Nacional, doctor Carlos Román, respondió que la construcción del nuevo albergue para pacientes ya presenta un avance del 50 %. Con relación a la limpieza, refirió que hablaron con los encargados para reforzar la limpieza de los establecimientos que presentan deficiencias.

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En cuanto a la falta de medicamentos, señaló que el Ministerio de Salud Pública está realizando las gestiones correspondientes para regularizar el abastecimiento.

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De acuerdo al informe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, en el lugar se hallaron dos elementos clave. El cartucho es de calibre 5.56, munición utilizada habitualmente en fusiles de asalto.

Además de un ejemplar de dos mil guaraníes que contenía inscripciones manuscritas con marcador negro. En una de las caras se leía la sigla “A.C.I” y la palabra “TODO”, mientras que en el reverso escribieron la frase “NO QUIEN”. El billete también presentaba varios puntos marcados de forma aleatoria.

Investigación en curso

Ante el hallazgo, la fiscal Jazmín Onelir Segovia, titular de la Unidad Penal N° 1, convocó a los peritos del Departamento de Criminalística. El equipo técnico, liderado por el comisario Fermín Aldana, realizó el trabajo de campo en busca de rastros biológicos o huellas dactilares.

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Sin embargo, los primeros informes indican que no se pudieron levantar huellas que permitan identificar de forma inmediata a los responsables. Los objetos fueron incautados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

De igual manera, la historia que ahora derivó en la presunta coima en realidad se inició el 29 de agosto de 2025, cuando fue capturado Marcelo Fabián Peña Mancuello, de 32 años, en un allanamiento a su casa de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

Ahora, Antonia Galeano, la funcionaria judicial que fue detenida cuando “negociaba” el uso de tobillera electrónica, pasará a usar una de ellas.

Eso último fue la determinación del juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien admitió la imputación por supuesto cohecho pasivo y tráfico de influencias.

Funcionaria judicial que habría “negociado” tobillera electrónica, ahora usará una de ellas

CSJ dispone auditoría

Por el caso, hoy, durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, informó que la titular del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, María Elena Cañete, remitió a la Corte una presentación oficial relacionada con las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dicha dependencia judicial.

Asimismo, también puso a disposición el expediente de la causa y solicitó la realización de una auditoría. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso dar curso a las actuaciones administrativas e institucionales correspondientes para el inicio de los procesos de verificación y control respectivos.

Asimismo, Jiménez Rolón indicó que la documentación remitida permitirá a las dependencias competentes de la CSJ analizar las actuaciones vinculadas al caso conforme a los “mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones”.

En ese marco, el Consejo de Superintendencia también ya inició las diligencias necesarias para la remisión de los antecedentes a las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos dentro del sistema de control institucional del Poder Judicial.

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Le acompañaron en el acto oficial el intendente local, Óscar Cabrera (ANR-HC) y titular de la OPACI; el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, y la diputada cartista y exabdista Jazmín Nárvaez, entre otros.

Al término del acto oficial, el vicepresidente y futuro precandidato a presidente de la República por Honor Colorado para el 2028, Pedro Alliana, fue consultado sobre un tema recurrente en las carpas del oficialismo: ¿Quién será su dupla presidencial?.

Alliana fue requerido sobre el perfil de Baruja, quien es senador con permiso por HC y tendría la “bendición” del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes.

“(Baruja) Fue gobernador, miembro de la junta de gobierno, fue ministro de Agricultura, hoy uno de los mejores ministros y por lejos el que mejor resultado ha dado en lo que respecta a la construcción de vivienda en la era democrática”, respondió Alliana.

“Se entiende, ¿verdad?”: la expresión de Cartes sobre posible dupla Alliana-Baruja

Seguidamente, agregó: “Entonces, para mí fue un perfil realmente maravilloso de Juan Carlos como para que pueda acompañarnos en la dupla. Y aparte a nosotros nos une también una amistad, yo le conozco a Juan Carlos hace muchísimo tiempo, venimos trabajando en el movimiento Honor Colorado desde la creación. Entonces para mí realmente tener a Juan Carlos a mi lado sería un lujo”, expresó.

En otro momento, Alliana agregó: “Pero de eso queremos hablar después (de la definición de la dupla). Como yo le había dicho, hoy estamos como ven, enfocados en la labor. Hoy me toca ser presidente en ejercicio, estamos cumpliendo acá con el querido compañero, acompañando el gran trabajo de Óscar (Cabrera), manifestó, finalmente el segundo del Ejecutivo.

Alliana pidió esperar

Ante el clima tenso generado por la indefinición de su próximo compañero en la chapa presidencial para el 2028, Pedro Alliana anunció que, luego de las internas municipales previstas para el 7 de junio próximo, anunciará el precandidato a vicepresidente de la República por HC.

Guerra Cartista: Gobernadores y diputados contra apuro de elegir al “carne de milanesa” Baruja

Guiño de Cartes

La semana pasada, el titular de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, hizo un guiño a Baruja para ser compañero de dupla de Alliana en el 2028. El ministro del MUV recibió en su momento el respaldo de la bancada de senadores de HC.

También se observó esta semana en la reunión del Comando HC al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien mostró un rostro adusto. Todo indica que la suerte está echada. El político de la Capital aspira a la precandidatura a la Vice. Sustenta su interés en el apoyo de la bancada de diputados cartista y un grupo de seccionaleros de la Capital.

Latorre se niega a asumir la virtual dupla Alliana-Baruja

Rezagado, el gobernador de Guairá,César Luis “Cesarito” Sosa, también reveló sus intenciones para la vicepresidencia. Un grupo de gobernadores colorados le dio su apoyo.

Al parecer, el líder de este sector interno de la ANR, Horacio Cartes, ya levantó el pulgar a favor de Baruja.

Viáticos no rendidos de Baruja calzan con facturas de habitación doble en España

Cuestionamientos a Baruja

El ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, fue muy cuestionado en su momento en su gestión al frente de la secretaría de Estado, sobre todo en el manejo de los recursos. Semanas atrás, para promocionar el programa Che Róga Porã del gobierno de Peña en EE. UU. y España se dispara el gasto en logística. Entre viáticos y pasajes, el MUVH –bajo la gestión de Juan Carlos Baruja– ya desembolsó casi G. 500 millones para divulgar el plan habitacional fuera del país.

También, Baruja presentó facturas de hotel para dos personas tras su viaje oficial a España.

Aunque la ley le permite no documentar el 20% de sus viáticos, ese monto “en blanco” es milimétricamente coincidente con el costo de arrendamiento de habitaciones dobles en la gira donde también estuvo su pareja, la periodista Susan Paradeda.

Por ejemplo, Baruja percibió un total de G. 45.390.010 en concepto de viáticos para una misión oficial en España, realizada entre el 6 y el 17 de marzo pasados con el fin de presentar el programa Che Róga Porã.

Tras su retorno, Baruja devolvió G. 22.806.041, presentó facturas por montos superiores –pero usó para justificar formalmente solo G. 13.505.967– y se acogió a la facultad establecida en el Art. 7 de la ley N° 6511/202 de no rendir el 20% restante, equivalente a G. 9.078.008.

El karma de Chaqueñito persigue a Baruja y pone en duda credibilidad de Che Róga Porã

Departamento a Chaqueñito y Zenaida

Además, el escándalo de la adjudicación de un apartamento al ahora exsenador Javier “Chaqueñito” Vera afectó notablemente la credibilidad que la sociedad tenía en el programa Che Róga Porã del Ministerio de Urbanismo y eso se ve en cada publicación que se realiza. Mientras, el oficialismo sigue sosteniendo al ministro Juan Carlos Baruja en el cargo.

La renuncia de Vera a la adjudicación de un apartamento en Luque financiado por el Ministerio de Urbanismo, y su posterior expulsión del Congreso Nacional, no pararon los cuestionamientos hacia el vergonzoso direccionamiento de obras sociales a personas allegadas al poder.

MUVH: hermano y sobrino de Zenaida Delgado no ocupan departamentos adjudicados

También salpicó a Baruja el caso de Venancio Emilio Delgado, hermano de Zenaida Delgado, senadora que ingresó al Congreso Nacional por el Partido Cruzada Nacional, pero después se pasó al cartismo.

Funcionarios del MUVH inspeccionaron los departamentos adjudicados tras el escándalo por el caso de “Chaqueñito” Vera, y se percataron de que el hermano de la senadora devenida a cartista, Zenaida Delgado, tampoco ocupa la vivienda adjudicada.

Otro ausente en el momento de la verificación que realizó el MUVH fue Alejandro Guzmán Delgado Mallorquín, sobrino de Zenaida Delgado.

Según publicaciones, Fernández supuestamente recibe periódicamente -de forma semanal o mensual– transferencias de dinero de policías de rango menor para evitar traslados o para ser ubicados en lugares estratégicos alrededor del país.

Senador exige análisis de correspondencia a jefes policiales tras denuncia de coimas

Sin embargo, el pleno de la Cámara Alta resolvió hoy devolver a comisiones el proyecto de resolución que insta a la Contraloría General de la República (CGR) a realizar el examen de correspondencia de ingresos y bienes a los comisarios generales, principales, directores y jefes de la Policía Nacional”. La iniciativa había sido presentada por el senador liberal y aspirante a la presidencia del PLRA Ever Villalba.

Alega populismo

Para impedir la aprobación, Basilio Núñez cedió la presidencia de la sesión al liberocartista Dionisio Amarilla y propuso absurdas modificaciones y ampliaciones para que el proyecto sea devuelto a comisiones.

“Primero, para mí, es una cuestión populista. ¿Por qué? Porque en periodos anteriores y hasta en este periodo este mismo Senado ya ha aprobado estudios de correspondencia de bienes“, señaló Bachi.

Por ello, planteó ampliar el pedido a una correspondencia de bienes a todos los miembros de la Cámara de Senadores, de Diputados, del Ejecutivo y sus ministros entre otros.

“Vamos a investigar a los comisarios, general, principal, subcomisario, vamos a investigar a los aduaneros, a los militares, a los rectores, a los decanos. La correspondencia de bienes que sea para todos y ¿por qué no? Vamos a incluirnos nosotros”, dijo el cartista para obstaculizar el proceso.

Posteriormente, sostuvo que la CGR no tiene la capacidad de análisis que pide el proyecto y pidió al proyectista hacer preguntas puntuales por cada caso denunciado.

“Si vamos a hablar bien de este tema, la Contraloría no tiene la capacidad de hacer esto. Hasta hablando con ellos esto que se remitió hasta ahora, de aquí a cinco o seis años, van a responder”, aseveró.

En una rápida votación, los cartistas y sus aliados aprobaron la propuesta de Bachi de devolver el pedido a comisiones.

En lo que respecta a situación financiera, detalló que los ingresos internos están creciendo con fuerza, alrededor de 20%, pero reconoció que sigue habiendo bajas en la recaudación aduanera debido al impacto cambiario, lo que reduce la cifra global de los ingresos del fisco. En total, los ingresos del Estado aumentaron 9,6% al mes de abril.

Sobre el impacto del dólar reconoció que el efecto de la baja en al cotización genera un descalce importante en el presupuesto público al hacer la conversión a la moneda local.

Ante un escenario de incertidumbre sobre el tipo de cambio, Lovera reconoció que este efecto sigue impactando y es lo que explica en gran parte la caída de las recaudaciones aduaneras.

“A nosotros nos estaba preocupando porque en estos primeros meses el efecto se nos pega más por el lado del ingreso y no tanto por los compromisos externos que sí se vienen elevando a medida que vamos avanzando durante el año” explicó.

A lo que agregó quela compensación (con el pago de las deudas) en términos de lo que hace a las finanzas públicas, se dará un poco después del segundo semestre.

“Con el resultado al cuatrimestre estamos todavía lejos de ese resultado, ya que cerramos en alrededor del 4,2%, pero nuestra expectativa es que se mantenga la dinámica de los dos últimos meses para llegar a la estimación de un crecimiento del 8,5% para fin de año” Entonces, nos afecta a nuestra expectativa, pero todavía no podemos medir el impacto total, nosotros porque también estamos esperando a ver como impacta.

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Pagos parciales avanzan pero aún no definen como saldar

El escenario de las finanzas públicas se vuelve más delicado al considerar las obligaciones pendientes que tiene el Gobierno con proveedores, que se distribuyen en tres grandes sectores: alimentos, US$ 100 millones; obras viales, US$ 350 millones y farmacéuticas: US$ 1.000 millones.

Consultado sobre cómo se afrontarán estos pagos, Lovera admitió que el Gobierno aún se encuentra en proceso de negociación y no pudo dar una respuesta concreta.

Afirmó que en el mes de abril se logró honrar US$ 85 millones de la deuda del Estado con las constructoras y que para finales de mayo se concretaría el pago de otros US$ 65 millones. “Nuestra estimación es que después de estos pagos, más el ingreso de nuevos certificados de avance obra, la deuda quedaría alrededor de 120 millones de dólares”.

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El titular de Economía que para lograr pagar todos los compromisos pendientes del Estado con los proveedores el MEF deberá elaborar un plan de pago de aquí a fin de año, incorporando algunas cuestiones que se están discutiendo a nivel parlamentario, y así “ir cerrando los compromisos” que que tiene el MEF con este segmento en específico.

Al ser consultado por la deuda con las farmacéuticas que es la mayor, dijo que aun siguen en tratativas con el sector para poder honrar la totalidad de la misma en este año. Finalmente la apuesta oficial es que los próximos meses mejoren el ritmo, especialmente mayo, que incluye vencimientos impositivos importantes. Aun así, el propio ministro reconoció que los resultados actuales están por debajo de lo esperado.

Sin quorum: Diputados opositores y disidentes se plantan ante “censura” de aplanadora cartista

“Se pidió un poquito más de gentileza, digamos, con el pleno. Nosotros habíamos pactado al comienzo de este periodo que los pedidos de informes iban a ser libres, pero eso ya fue cambiando, ya nos rechazaron varios a toda la oposición, y bueno, va a depender del oficialismo”, resumió el diputado Rubén Rubin (Independiente) sobre lo conversado en mesa directiva hoy.

No obstante, recordó que los cartistas y sus satélites tienen por sí solos la mayoría para dar quórum (son 44 y requieren solo 41), sin embargo, nunca aparecen todos, por lo que indefectiblemente necesitan también de los opositores.

“Nosotros le decimos nomás que si se van a hacer los gallitos, por lo menos pídanle a su bancada entera que se siente, porque es una locura que nos rechacen todo y después nosotros tengamos que darles quórum otra vez", remarcó Rubin.

Acotó que en todo caso si ponen temas “relevantes para la patria” en el orden del día, claramente se quedarán, pero si es como normalmente se hace que ponen solo temas de intereses mezquinos de los cartistas, menos se van a prestar.

“Si vamos a aprobar el Presupuesto General de la Nación, si vamos a aprobar eliminar el déficit de medicamentos, si vamos a aprobar eliminar el déficit de pupitres, yo creo que los 80 van a estar sentados, pero casi siempre es ampliación presupuestaria para los muchachos, para mantener la estructura partidaria”, refirió.

Finalmente, también destacó que los pedidos de informe que se rechazan no son temas irrelevantes, sino que justamente son los que tienen que ver con presuntos negociados y malos manejos del gobierno.

Cartistas reculan: Senado revoca permiso de Erico y allana su expulsión

Piden por ello convocar a sesión extraordinaria para el tratamiento y declarar la pérdida de investidura de Erico Galeano, cuya condena fue ratificada en segunda instancia, por las causales del Artículo 201 de la Constitución Nacional.

Resaltan que la permanencia en el Senado de un senador con dos sentencias por lavado de activos y asociación criminal compromete al mismo tiempo la dignidad del Poder Legislativo y la credibilidad de las instituciones democráticas.

Agregan que esto también compromete el compromiso del Estado paraguayo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el principio republicano de probidad en el ejercicio de la función pública.

En dicho contexto, el abogado Ricardo Estigarribia, representante legal de Galeano, afirmó que “por el momento” su cliente no renunciará a su banca en el Senado. A su turno, los cartistas anunciaron que recién la semana entrante presentarán su libelo acusatorio si su colega condenado no renuncia antes.

Hechos probados, afirman

En los hechos presentados en el libelo acusatorio, los opositores señalan que el 4 de marzo de 2026, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado condenó a Galeano Segovia a 13 años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, en el marco del Operativo “A Ultranza Py”.

Erico Galeano no renunciará “por el momento”, según su abogado

Agregan que el 4 de mayo de 2026, la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción confirmó por unanimidad la referida sentencia. “Existen, por tanto, dos sentencias contestes que han declarado probada la responsabilidad penal del senador Galeano”, indicaron.

Agregan que entre los hechos comprobados por ambos fallos judiciales son de particular gravedad que el senador recibió importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y las utilizó en beneficio propio y de empresas vinculadas a su persona, entre ellas el Club Deportivo Capiatá.

Sostienen además que quedó comprobado que en 2020 vendió una propiedad en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Finalmente resaltan que la Fiscalía probó que prestó una aeronave de su propiedad para facilitar traslados de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros miembros de la organización criminal dentro del territorio nacional.

“Estas conductas configuran una participación activa en una estructura criminal transnacional, con utilización de recursos y posición de poder derivados de su investidura parlamentaria”, remarcaron.

Los impulsores señalan que la conducta de Galeano se encuadra en las causales de pérdida de investidura previstas en el Artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece que “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: 1. la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y 2. el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado."

Señalan que la causal principal es el numeral 2 del Artículo 201: el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

“Las dos sentencias judiciales definitivas en segunda instancia constituyen prueba plena de que el senador utilizó su investidura y posición pública para favorecer y beneficiarse de una organización criminal”, añadieron.

Sostienen también que, adicionalmente, la conducta es incompatible con el régimen establecido en los Artículos 196 (incompatibilidades) y 197 (inhabilidades) de la Constitución Nacional.

En este barrio viven unas 80 familias, que cuentan con el servicio de agua corriente de la Essap.

“Somos usuarios de la Essap; aquí en nuestro barrio somos 80 familias y tenemos un problema con el servicio. La red principal de cañería está ubicada en un lugar donde se juntan aguas servidas, y al parecer esto está afectando el suministro. En ese mismo sitio, la tubería tiene varias conexiones”, señaló Mirian Pesoa.

Usuarios de la Essap denuncian supuesta sobrefacturación en consumo de agua

Mencionó que en el barrio hay niños que presentaron cuadros de diarrea, lo cual podría ser consecuencia de consumir agua en mal estado. También indicó que, desde hace días, los vecinos ya no pueden tomar el agua por el mal olor que desprende.

“Pedimos a las autoridades de la Essap que resuelvan este inconveniente, porque es imposible vivir en estas condiciones. Lo que queremos es que cambien la ubicación de la red principal de la empresa”, agregó Pesoa.

Por su parte, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, explicó que en la zona se realizaron trabajos de mantenimiento en la red principal, lo que provoca que el agua salga turbia.

Recomendó que los vecinos que dejen correr el agua por unos minutos. Si la situación continúa, los técnicos volverán al día siguiente para intervenir, dijo.

“Estamos muy interesados en solucionar este problema con los usuarios. En cuanto recibimos la denuncia, nuestros funcionarios acudieron al lugar para comprobar la situación, pero en ese momento no detectaron ningún inconveniente. Sin embargo, les dijimos a los vecinos que, si el problema persiste, volveremos al día siguiente para revisarlo y buscar una solución; de ser necesario, cambiaremos la ubicación de la red principal”, mencionó Meza.

El juicio oral y público estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Liz Sanabria e integrado por las magistradas Eva Silva Amarilla y Marcela Escobar Lapierre.

En representación del Ministerio Público participó el fiscal titular de la Unidad Penal Nº 1 de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo. La fiscalía logró sostener la acusación con un sólido conjunto de pruebas, entre ellas testimoniales, documentales y periciales.

La legislación paraguaya establece que la máxima pena para adolescentes (14 a 17 años) es de 8 años de cárcel, enfocándose en la medida socioeducativa, pero permitiendo la reclusión en casos graves.

La normativa vigente define que la pena máxima privativa de libertad para adolescentes se aplica en casos de delitos de extrema gravedad, como homicidio, feminicidio, robo agravado, y otros.

Bacilicio Salinas, alias “Chili”, es condenado a 25 años de prisión, acusado de homicidio doloso, secuestro y otros hechos punibles

El crimen

Un violento asalto domiciliario y violación a una adolescente se registraron el 1 de marzo de 2020. Dos delincuentes habrían ingresado a una propiedad, alzándose con G. 6 millones.

Los asaltantes habrían abusado sexualmente de una adolescente de 17 años, frente a su novio y su padre, mientras los torturaban durante la madrugada. Posteriormente, se alzaron con el dinero y se dieron a una rauda fuga.

Uno de los detenidos en la causa era mayor de edad en el momento de cometer el hecho, identificado como Ramón Delvalle Vargas. En el proceso de su detención fue herido de bala por la Policía y perdió una pierna, según detalló Castillo. Este fue condenado a 12 años de prisión por el crimen.

Entretanto, el juicio de su compañero, de 15 años en ese entonces, se retrasó porque, al ser menor, contaba con medida alternativa a la prisión, situación que aprovechó para darse a la fuga.

Fue recapturado en la ciudad de Yuty y sometido nuevamente a este proceso, donde se confirmó su sentencia. El joven ya tendría otros antecedentes por homicidio doloso en Yuty y robo agravado en San Pedro del Paraná, ambos cometidos cuando ya era mayor de edad, según detalló el fiscal Castillo. Estas otras causas están pendientes en otras unidades penales, refirió.

Con el aval cartista, el Senado revocará el inconstitucional permiso a Erico antes de su salida

“El el caso de Erico Galeano y de Hernán Rivas, en ambos casos los senadores de Honor Colorado se hacen pipí encima y solamente demuestran su alta hipocresía y lo fariseos que son, porque para ellos sí existen todas las instancias”, comenzó cuestionando Benítez.

El mismo sostuvo que, en el caso de González, en apenas 4 horas la echaron del Congreso, pese a que la denuncia que impulsaron los cartistas terminó siendo desestimada por el Ministerio Público.

“El problema no es debatir sobre si corresponde quemar todas las instancias para echarle o no a un senador. El problema es que ellos echaron a una senadora con 100.000 votos sin tener que más que una sola instancia y encima cuando se desestiman las causas, ni siquiera reculan en su decisión", remarcó.

Lo que consideró el colmo de los colmos es que las denuncias y votos para echar a Kattya fueron con el apoyo de estos “honorables” como Erico y Rivas y que al cartismo no le importa sostener impresentables, porque aunque sea con permiso, estos siguen siendo senadores.

“Acá lo que está claro es que para los amigos todo y para los enemigos palo y afuera; patada y afuera; y para los aliados y para los amigos el abrazo y no importa si uno es narco y no importa si uno tiene un título falso y es presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado”, repudió Benítez.

Especialmente se reprochó la “caradurez” de “Bachi” Núñez, que ahora dice querer respetar los procesos.

“La realidad es que la hipocresía, la caradurez cartista se denota perfectamente al ver estas actitudes tan ‘mesuradas’ de Bachi. Yo le escucho a Bachi y él se hace el republicano, el democrático y la voz de los que quieren quemar todas las instancias. Cuando fue el caso de Kattya González, levantó la mano y se le echó en 4 horas”, recordó.

Era un soldado del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC). De hecho, fue uno de los 76 miembros de dicha facción que el 19 de enero de 2019 escaparon de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero a través de un túnel.

Coincidentemente, Charles fue el primer recapturado de ese grupo, ya que apenas pudo salir hasta el patio baldío contiguo a la prisión. En 2024 completó una condena de seis años que le impusieron por asalto.

Robo de camioneta

Anoche, 5 de mayo, Charles Antonio Giménez Martínez y un cómplice robaron una camioneta Toyota Hilux negra, año 2021, con chapa de Brasil REW9A47, que estaba estacionada en las inmediaciones del estadio Río Parapití del club 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.

El propietario del vehículo, Murilo Lissaraca de Sousa, de 37 años, vino a Pedro Juan Caballero con su familia desde la ciudad de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur, para ver el partido de Recoleta contra Santos, por la Copa de Sudamericana, en el que la principal atracción fue la mega estrella Neymar.

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El brasileño Murilo Lissaraca de Sousa se percató de que le robaron camioneta poco antes de la medianoche, cuando salió del estadio del 2 de Mayo y fue directo a una comisaría a hacer la denuncia correspondiente.

Ya cerca de las 03:30 de esta madrugada, policías de Investigaciones de Amambay que fueron desplegados para buscar el vehículo recibieron la información de que la camioneta fue vista pasando la ciudad de Zanja Pytã, por lo que se dirigieron rápidamente hacia la zona y avisaron a sus pares de la Policía Militar de Brasil, por si el rodado cruzaba la línea internacional.

El DOF detctó la camioneta en Brasil

Efectivamente, tras el aviso de los policías paraguayos, los agentes brasileños movilizaron un equipo de choque del respetado Departamento de Operaciones de Frontera (DOF), que detectó la camioneta ya en la zona del municipio de Aral Moreira, en territorio brasileño.

Los comandos brasileños intentaron detener la camioneta, pero su conductor abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros, por lo que también recibió una respuesta similar y murió acribillado.

Recién esta siesta el cuerpo pudo ser identificado y se confirmó que se trataba de Charles Antonio Giménez Martínez.

Dentro de la camioneta recuperada se halló un dispositivo electrónico utilizado para inhibir el sistema de seguridad de este tipo de vehículos de alta gama.

Mediante la intervención, se procedió a la detención de un hombre que estaría implicado en el caso, por lo que es un sospechoso de la comisión de esos hechos.

El fiscal, junto con funcionarios fiscales y personal policial, se constituyó en un shopping ubicado en Mariano Roque Alonso para verificar el hecho investigado, ya que el esquema consistía en que una persona actuaba como intermediaria entre un cliente y una inmobiliaria, ofreciendo viviendas construidas en terrenos municipales y gestionando supuestas transferencias de dichos inmuebles a favor de los compradores.

Por esto último hoy se realizó una entrega vigilada de G. 4.000.000, monto que fue entregado al investigado por el abogado de la víctima.

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Contactos dentro de la Municipalidad

El detenido también habría manifestado que cuenta con “contactos” dentro de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso para agilizar los trámites y transferir la propiedad a nombre del comprador.

Finalmente, el investigado fue detenido y el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar una eventual participación.

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Agregó que, debido a las malas condiciones del vallado, algunos de los portones se mantienen abiertos todo el tiempo. Se necesita un arreglo general de la infraestructura correspondiente a esa parte del establecimiento, que tiene a su cargo una extensa área de cobertura que supera los 3.000 habitantes, indicó la profesional.

La doctora Roa manifestó que, como USF, se está cumpliendo con la ciudadanía conforme a las posibilidades y a los servicios básicos. Consiste en la realización de consultas, entrega de medicamentos, vacunación, entre otras atenciones primarias, subrayó.

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La funcionaria insistió en que urge la refacción total de la muralla y los portones de la parte del frente de la USF, para que en los horarios en que no hay atención se pueda mantener cerrado el local, principalmente de noche y los fines de semana, enfatizó.

“La prioridad para nosotros es la reparación de la muralla, por temor a que en cualquier momento pueda derrumbarse por completo, lo que implicaría la necesidad de más recursos para poder arreglarla; por lo que, si hay posibilidad de solucionar a tiempo el problema, no se va a llegar a ese punto”, agregó.

Por su parte, el director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, respondió que se está viendo la forma de conseguir los fondos necesarios para invertir en la institución, explicó.

Según reportó, entrará primero por el departamento de Ñeembucú y se desplazará hacia el centro del país, alcanzando a Asunción y los alrededores entre la medianoche del jueves y la madrugada del viernes.

Clima en Paraguay: ¿cuándo llegan las tormentas y el frío esta semana?

Antes de la llegada del aire polar, se registrarán lluvias y tormentas eléctricas “prefrontales” que afectarán a ambas regiones. Una vez que el sistema se establezca y el ambiente se “seque” (entre el viernes y el sábado), el frío se sentirá con mayor intensidad debido a la persistencia de los vientos del sur.

El pico del frío: domingo a martes

Si bien el descenso comienza mañana, los días de mayor impacto serán el inicio de la próxima semana.

El domingo amanecerá con 7 °C en la capital, una temperatura considerada oficialmente como “fría” al bajar de la barrera de los 10 °C.

El lunes y martes habría mínimas que podrían oscilar entre los 4 °C y 5 °C, y máximas que apenas alcanzarán los 14 °C.

Mingo advirtió que, aunque la meteorología marca 0 °C a un metro y medio del suelo para hablar de heladas, en el campo la realidad es distinta. Existe una alta probabilidad de “helada agrícola”, donde el impacto de la temperatura a ras del suelo afecta directamente a los cultivos.

¿Hasta cuándo durará el frío?

Meteorología estima que recién el miércoles 13 o jueves 14 de mayo la temperatura comenzará a repuntar de forma considerable, y habría máximas de entre 26 °C y 28 °C. Sin embargo, el alivio será breve, ya que para el sábado 16 se prevé un nuevo sistema de lluvias que traería otra vez un ambiente fresco.

Las autoridades recomiendan especial cuidado con personas vulnerables y niños ante el cambio brusco de temperatura.

Si bien las negociaciones de paz y acuerdos para terminar con el conflicto bélico continúan, lo que hoy día genera que nuevamente se registren descensos en los precios de los barriles de crudo, el aumento del precio del combustible en nuestro país sigue afectando sobre todo al sector del transporte, el cual hoy debate sobre como sobrellevar esta variación en la estructura de costos en el Área Metropolitana de Asunción.

Sin embargo, la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay, que agrupa a empresarios y trabajadores del transporte interno del departamento Central, se reunió hoy para anunciar que aumentarán el precio del pasaje en G. 700, haciendo que el mismo quede en G. 3.500 para los viajes internos en las ciudades del departamento.

“Yo sé que muchos de nuestros pasajeros en la villa, en los barrios pobres, necesitan del transporte interno, pero nuestra situación ya es insostenible. Le pedimos a nuestros pasajeros y usuarios que nos ayuden en esta lucha para seguir garantizando el servicio de transporte público”, indicó en conferencia de prensa Pastor Cristaldo, representante de los choferes.

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Aumento del precio del pasaje interno

Pastor insistió en que es necesaria la colaboración de pasajeros a fin de que el sistema de transporte pueda subsistir día a día. Recordó que al acudir a las autoridades locales, como intendentes y concejales, estos están más preocupados en su campaña proselitista.

“Nosotros estamos decididos a incrementar o sino ya no vamos a trabajar, porque ya no podemos continuar, vamos a dejar de trabajar, ahora estamos trabajando ya a pérdida y nadie está obligado a trabajar a pérdida. Para el gobierno ni siquiera existimos; no figuramos en su famosa reforma del transporte. Nuestro municipio, nuestras autoridades locales, la cual nos regula, en este mismo momento, ellos están más preocupados por su rekutu”, lamentó.

Criticó que pese a transportar a más del 50% de los electores todos los días, las autoridades no les brinden espacios de discusión o incluso de solución ante la situación que los aqueja, lo que evidencia que no les importan sus electores.

Recordó que los transportistas internos de Asunción lograron un incremento en el costo del pasaje mediante una medida de fuerza y con ayuda de sus propios usuarios.

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“Ellos con una medida de fuerza lograron y con ayuda de sus propios usuarios, porque sus usuarios y sus pasajeros fueron los que les exigieron a la Municipalidad de Asunción y nosotros también con esos antecedentes apelamos a nuestros usuarios”, sostuvo.

Transporte interno en Central es insostenible

Agregó que circulan con buses deteriorados debido a la situación financiera y cuestionó que pese a utilizar el mismo sistema de pasajeros de las empresas permisionarias que están cobrando subsidio, a ellos se les exlcuye de esta posibilidad.

“Nosotros pagamos el mismo precio, tenemos habilitación correspondiente, seguros contra terceros, seguro de pasajeros, hacemos inspección técnica cada año, dos veces al año, las empresas están totalmente constituidas legalmente, no estamos regidos por el MOPC. Creemos que ellos nos están haciendo una competencia desleal inclusive, porque el gobierno, el Estado paraguayo, o sea, el pueblo paraguayo le subsidia a las empresas de transporte, nosotros no percibimos eso”, concluyó.

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Ante el anuncio de las obras muchos jubilados cuestionaron que se estén destinando recursos económicos en el edificio mientras exista un excesivo retraso en el pago de los haberes. Los jubilados y pensionados recién recibieron sus salarios del mes de febrero.

“Entendemos la preocupación existente respecto a la situación de pagos, y por ello es importante aclarar que esta obra no se ejecuta con recursos destinados a haberes jubilatorios, sino que será financiada exclusivamente con fondos provenientes de la indemnización del seguro, recuperados específicamente para este fin”, reza parte del comunicado emitido por la Caja de Jubilación Municipal.

Se indica además que los recursos provenientes del seguro no pueden ni deben ser utilizados para otro destino, por lo que su aplicación en la reconstrucción no afecta el cumplimiento de las obligaciones previsionales de la institución.

Aclararon además que el diseño del proyecto no significó un gasto extra para la institución, teniendo en cuenta que fue realizado por profesionales de la Caja Municipal.

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Se aclaró que tras la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad de Asunción se llamará a una licitación de las obras para su ejecución.

Incendio provocado

En la tarde del 16 de mayo del 2024 un funcionario habría provocado el incendio que consumió varios documentos. Sin embargo, tras la investigación se confirmó que otras funcionarias estarían también involucradas en la “quema de archivo,” principalmente de documentos valiosos que evidenciarían el cobro irregular de la devolución del aporte y otras desprolijidades administrativas.

El funcionario Ramón Fernando Kiesel Bejarano fue imputado en octubre del 2024 por producción de riesgos comunes y destrucción o daño a documentos y, durante su declaración, relató cómo fue obligado a realizar el incendio. Describió las reuniones que tuvo con sus jefas y también había solicitado resguardo porque temía por su vida.

Tras la investigación, el fiscal Francisco Torres también imputó a Fulvia Fernández, ex jefa de Contabilidad; Fabiana Benítez, ex directora de Administración y Finanzas y a Rossana Ramírez, jefa de Tesorería por producción de riesgos comunes y destrucción o daño a documentos.

El presidente de la Asociación San Lorenzo, Lucio Aquino, manifestó que el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, se había comprometido anteriormente a ejecutar un plan piloto para fortalecer la producción agrícola y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas de la zona.

Sin embargo, aseguró que las promesas nunca se concretaron y que actualmente los agricultores se encuentran prácticamente abandonados. Recordó que el año pasado una fuerte helada destruyó casi por completo la producción de los trabajadores del sector, ocasionando millonarias pérdidas económicas.

Indicó que, tras aquella situación, solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al MAG, pero —según denunció— solamente recibieron promesas incumplidas o directamente no fueron atendidos por las autoridades.

Aquino también cuestionó que el año pasado recibieron únicamente semillas de locote de mala calidad, además de la falta total de insumos básicos como mallas e invernaderos para proteger los cultivos de las inclemencias climáticas.

El dirigente calificó de “inoperante” al ministro Carlos Giménez y también cuestionó al presidente de la República, Santiago Peña, señalando que los pequeños productores son prácticamente ignorados en sus reclamos.

Asimismo, denunció que en varias ocasiones intentaron comunicarse con autoridades del MAG, pero que incluso les “apagaban o bloqueaban el teléfono” y evitaban responder a los pedidos de asistencia.

Al respecto, el titular del MAG, Carlos Giménez, indicó que Lucio Aquino no es un productor activo y que no forma parte de ningún programa de producción de la institución. Señaló que el mismo no cuenta con chacra y que solo se hace pasar por intermediario para obtener algún beneficio de ello.

Indicó que recién estarán distribuyendo semillas a finales de este mes para que en septiembre se puedan tener las primeras cosechas. Agregó que todo se está realizando en base a la planificación de siembra prevista para este año.

Finalmente, pese a la situación, los manifestantes advirtieron que, si no reciben respuestas inmediatas por parte del Gobierno, la próxima semana intensificarían la medida de fuerza con cierres totales de la ruta PY13.

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Inicialmente la ampliación era de G. 15.767 millones e incluía aumentos salariales fiscales, fiscales adjuntos y asistentes fiscales. Pero a último momento, el cartismo propuso que el monto se reduzca a G. 7.400 millones y que se excluya a los asistentes fiscales.

Se hizo mediante una “reprogramación” de “construcciones” que pasó a pagos de salarios, señaló Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista.

Este proyecto fue presentado por los senadores cartistas Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna Ortega, Javier Zacarías Irún y Lizarella Valiente.

Basilio Núñez (ANR, HC), titular del Senado, destacó que el proyecto se analizaba a días de la conmemoración del agente fiscal. Agregó que los 449 agentes fiscales que ganan G. 14 millones pasarán a ganar G. 16 millones, lo que los equiparará con jueces de Primera Instancia. Agregó que los 27 fiscales adjuntos pasarán a ganar de G. 16 millones a G. 19 millones y se equipararán con los miembros de la Cámaras de Apelaciones.

“Con esto esperamos que los buenos fiscales no dejen más que prescriban causas, como sucedió en varias ocasiones”, señaló Núñez.

Corrupción extrema

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que este es el resultado de la última visita de Emiliano Rolón a la Presidencia de la República. No obstante, dijo que votaba a favor para que el ente deje de dar excusas a la ciudadanía.

Paredes dijo que admitía el argumento del aumento de la carga de trabajo, pero denunció que también existe una extrema corrupción dentro del Ministerio Público, fruto de la actividad parcialista de algunos fiscales. “El 85% no podemos meter a todos los fiscales, que están arrodillados al poder político”, dijo la legisladora.

Señaló que esto ocurre porque los fiscales buscan cupos y cargos con políticos para luego ser obligados a olvidarse de imputar o sobreseer según el caso. Citó el caso de Willian Roberto Bogarín Campuzano, director de la Cámara de Diputados, a quien la Fiscalía olvidó “acusar”.

Mientras que Eduardo Nakayama (Independiente) ratificó que el fiscal general es “el mayor inútil del Paraguay” pero que reconoce la necesidad de una reprogramación salarial para los agentes.

En tanto que, Rafael Filizzola (PDP) coincidió con Paredes y dijo que la frase más común de Rolón es “No se puede”. Sin embargo, dijo que no se podía juzgar a todo el ente por algunas personas. Repudió al fiscal Lorenzo Lezcano por archivar la causa Smart, lo que Sebastián Marset aprovechó para escapar.

Líder Amarilla (PLRA) dijo que no se podía generalizar a todos los fiscales por los agentes del Ministerio Público que fueron corruptos.

Los jueces Lourdes Rocío Garcete Ortiz, Juan Vicente Fretes Sandoval y Celia Estela Salinas Rojas fueron designados como integrantes del nuevo Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

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Los ministros integrantes de la Sala Penal de la máxima instancia judicial argumentaron que la reorganización de los tribunales de sentencia del fuero especializado busca optimizar recursos y permitir un mejor avance de causas complejas que actualmente se encuentran en etapa de juicio oral y público.

En ese sentido Llanes resaltó que esta reorganización busca dotar al sistema de eficiencia y garantizar la realización correcta de los juicios ante la sobrecarga de trabajo; mientras que el ministro Ramírez Candia destacó que la división de trabajo entre jueces del fuero penal busca facilitar la tramitación de causas.

Tribunal de A Ultranza, desafectado de nuevas causas

En el marco de la reorganización el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los jueces María Luz Martínez (presidenta), Federico Rojas y Dina Marchuk; encargado del juicio oral a los acusados por el caso A Ultranza Py se aboque de manera exclusiva a dicho juzgamiento por el plazo de un año.

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Durante ese período, los magistrados quedarán desafectados de nuevos sorteos de causas, con el objetivo de concentrar esfuerzos en el desarrollo continuo del juicio oral, atendiendo a la magnitud del expediente y la cantidad de personas procesadas; además de estar a cargo de otras causas que están en etapa de juicio oral, según resaltaron los ministros integrantes de la Sala Penal.

Por otro lado, el pleno del máximo tribunal dispuso la incorporación de la jueza Rossana Maldonado como cuarta integrante del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado encargado del juicio por el caso A Ultranza, a fin de fortalecer la integración del Colegiado de Sentencia.

Además, ya en el fuero ordinario, el pleno de la Corte ordenó la integración de la jueza Sonia Sánchez al Tribunal de Sentencias N° 3, en reemplazo del juez Víctor Alfieri, quien se acogió a la jubilación. En consecuencia, se deja sin efecto el interinazgo que venía ejerciendo el juez Mario García.

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Juicio a Tío Rico y otros acusados, en etapa de pruebas

El juicio oral y público en la “causa madre” del caso A Ultranza Py, donde están acusados Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, su hermano José Alberto alias “Pastor”, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio y otros 15 sindicados como supuestos integrantes del esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero fruto del ilícito, se encuentra en etapa de producción de pruebas ofrecidas por el fiscal Deny Yoon Pak, agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

Además de Tío Rico, Ozorio y Pastor Insfrán están acusados el sindicado como principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González, el que es considerado cabecilla del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de éste último María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana Fátima Koube Ayala; y el otro hermano de Tío Rico, Conrado Ramón Insfrán Villar.

Los demás enjuiciados son Rodrigo Emilio Montalva Agüero, sindicado como hombre de confianza de Tío Rico y el secretario del otro presunto cabecilla del grupo criminal, el uruguayo prófugo de la Justicia Sebastián Marset; junto a María Virginia Araki, esposa del condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias capitán.

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La nómina de acusados finaliza con José Enrique Gamarra Villalba, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba, Alexis Vidal González Zárate, Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico Evangelista.

El cartel está sujetado a una columna de la ANDE, con un alambre. Usuarios de las calles desastrosas expresaron apoyo a la iniciativa.

Romelio Núñez, quien hizo el cartel, lamentó las condiciones en las que se encuentran las calles ubicadas en la esquina del taller donde trabaja.

“Ayer, por ejemplo, una chica se cayó ahí; casi todos los días hay accidentes en la esquina por culpa de los baches”, expresó.

Agregó que cuando llueve el agua se acumula en ese sector y quienes transitan por esas arterias no pueden ver los baches y caen en ellos.

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Gerardo Mena, antiguo poblador de ese sector del centro de Concepción, manifestó su preocupación por las condiciones en que se encuentran las calles donde está construida su casa.

“Estos baches son un peligro constante”, aseguró.

Además, dijo que se debe tomar una determinación rápida porque el agua de lluvia queda en el lugar y esas arterias son muy utilizadas por personas que generalmente llevan a niños a escuelas y colegios.

“Veo que en la esquina se puso un cartel, pero nadie se acerca”, señaló.

Otras calles

Otras calles ubicadas en el centro de Concepción también precisan de una urgente reparación. Una de ellas es la calle Teniente Florencio Gómez esquina Cerro Corá, donde existen muchos baches. También hay un bache que dificulta la circulación normal de vehículos en Teniente Gómez esquina General Garay.

El director de Obras de la municipalidad de Concepción, Hugo Barrios, explicó que existe un convenio entre la comuna y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que tiene una planta asfáltica en la ciudad. Añadió que se debe ejecutar ese convenio para que mejoren las condiciones de las calles.

Posteriormente, el hombre habría iniciado una comunicación vía mensajes de texto, a través de WhatsApp, solicitando material visual de índole sexual a la víctima a cambio de dinero.

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La madre del afectado detectó el hecho al revisar el dispositivo móvil de su hijo, donde halló mensajes, audios y contenido multimedia de carácter sexuales enviados por el ahora imputado.

Siguió hostigando tras la denuncia

Tras la denuncia formal ante la Comisaría Octava, se constató que el hombre seguía enviando solicitudes de fotografías íntimas, lo que motivó la intervención policial inmediata y la aprehensión del sindicado.

El adolescente, en su declaración, confirmó el hostigamiento y el contacto físico no consentido sufrido dentro de la dependencia parroquial. Como sustento de la imputación, la Fiscalía colectó el acta de procedimiento policial, capturas de pantalla de las conversaciones y las declaraciones testificales de la madre y la víctima.

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Debido a la edad del encausado, 70 años, la normativa procesal prohíbe la prisión preventiva, por lo que el Ministerio Público requirió medidas alternativas como el arresto domiciliario. Esta solicitud busca evitar el peligro de fuga y la obstrucción de diligencias pendientes, tales como la evaluación psicológica y la declaración en cámara Gesell del adolescente.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, conformado por los magistrados Camilo Torres, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias, rechazó el recurso de apelación general planteado por la defensa de la intendenta cartista Patricia Corvalán y confirmó la decisión del juez Otazú de llamar a los acusados a audiencia.

La intendenta y las trece personas fueron imputadas el 10 de diciembre del 2023 por presuntamente desviar G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados para la construcción de la vivienda de la pareja de cartistas en Asunción, en la propiedad que está a nombre de la madre del diputado Samaniego.

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De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, cuando el ahora diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente de Quyquyhó junto con su esposa, su madre, funcionarios municipales y constructores amigos armaron la red de corrupción para desviar dinero municipal.

En tanto, la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, cada uno de los acusados se turnaron por más de dos años para presentar diferentes chicanas con el objetivo de dilatar la audiencia preliminar donde se debería conocer sí el caso va o no a juicio oral.

Otra chicana rechazada

El Tribunal de Apelación también rechazó las chicanas presentadas por los acusados; Ruth Medina y el concejal cartista Carlos Bareiro; y confirmó la decisión del juez Otazú, que los convocó a la audiencia preliminar.

Por su lado, el constructor y amigo del parlamentario Andrés Arrúa también tuvo un revés judicial y su chicana fue rechazada por lo cual, también deberá ir ante el juez Otazú.

El diputado Esteban Samaniego también está procesado en dicha causa, pero debido a su fuero parlamentario no puede ser acusado. En tres ocasiones el juez solicitó el desafuero, pero el corporativismo cartista en la Cámara Baja sigue evitando que responda por su presunto desfalco.

Los cartistas incluso lo premiaron con la titularidad de la Comisión de Asuntos Municipales, pese a tener denuncias por lesión de confianza y por agresión.

Este lunes 4 de abril, autoridades de la Escuela Básica N° 1933 Santa Rita, ubicada en la ciudad homónima, al sur de Alto Paraná, hallaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios, con la frase “Mañana va ver tiroteo. Les estamos viendo” (sic). Según el reporte policial, no se identificó a los autores o responsables del escrito, pero intervino el jefe de la Comisaría 18, comisario principal Darío Aquino, y se comunicó al fiscal de Turno, Edgar Benítez.

Estas advertencias comenzaron a nivel nacional mediados de abril y hasta la fecha, ya se registran más de 75 casos. Si bien la mayoría se dieron en Asunción y el departamento Central, hay situaciones en todo el territorio, según indicaron las autoridades.

Sonia Escauriza, directora general de Protección de la Niñez del MEC, explicó que el Ministerio del Interior coincide con la versión de la entidad educativa sobre el origen de este tipo de hechos. En la región, las advertencias de tiroteo en escuelas arrancaron en Argentina y Chile, como un desafío que surgió en redes sociales como Tiktok.

¿Qué plantean el MEC y el Ministerio del Interior ante amenazas de tiroteo?

Escauriza explicó que entre las medidas que aplicarán tras reunirse con técnicos y autoridades de la cartera policial, revisarán y actualizarán el protocolo de seguridad en las escuelas, establecido a través de la resolución N° 183/23, firmada por el anterior titular del MEC, Nicolás Zárate.

“Buscamos dar un mensaje claro a la familia. Estamos trabajando para prevenir y evitar estos casos y además, para que se tome consciencia, por ejemplo, de que los alumnos que son mayores de 14 años ya pueden ser procesados por estos casos. Les puede cambiar la vida”, explicó la funcionaria del MEC.

Además, reiteró que desde la cartera plantean que las familias se acerquen más a las escuelas. También insisten en que las normas de convivencia en las instituciones sean más claras con respecto a este tipo de amenazas. “Que la comunidad sea consciente de que existen faltas graves y faltas gravísimas para los estudiantes, que puede tener graves consecuencias”, afirmó.

Ministerio del Interior pide que profesores controlen a estudiantes

El Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, quien también fue ministro de Educación (2016-2018), sugirió que los docentes sean los brazos de control ante las amenazas de seguridad en los centros educativos.

“La Policía pide que dentro del protocolo se establezca que el docente se involucre más en los sucesos; quién ingresa o sale, por ejemplo, para tratar de llegar más a los responsables de estas amenazas”, dijo Escauriza.

El protocolo de seguridad será revisado próximamente, ya que la mesa de trabajo incluirá a otras entidades, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se encargarán más de la parte socioemocional de los estudiantes.

Este hecho particular fue noticia a nivel nacional, donde se la destacaba como uno de los bebés más grandes del mundo. Incluso, por Resolución 39/2006 de la Junta Municipal de Ederlira, fue nombrada hija dilecta de la comunidad.

La noticia en esa época fue blanco de múltiples publicaciones periodísticas en medios nacionales y causó repercusión internacional inclusive.

La joven relató que su familia, en ese entonces, residía en una comunidad rural conocida como Paso Carreta, sitio donde creció siendo la menor de cuatro hermanos. Su padre, Marcelino Benítez Cardozo, era docente, y su madre, Victoriana Benítez, ama de casa.

Describió que, afortunadamente, no tuvo complicaciones de salud. Actualmente es empleada doméstica en la zona, tras haber culminado la secundaria, mientras que sus padres continúan en su comunidad natal.

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Reclama aporte

En la resolución donde la nombran hija dilecta, el documento establece que sería entregado un aporte mensual de G. 200.000 para los gastos de la niña por parte de la municipalidad. Este dinero, según detallaron los padres, fue entregado solamente en una ocasión.

La joven lamentó que, cuando era niña, acompañó a su madre a la municipalidad para solicitar la ayuda económica que estaba comprometida. No obstante, las autoridades de ese entonces las echaron del recinto municipal, motivo por el que no se acercaron más.

“Mi papá era docente, pero igual no alcanzaba; recuerdo que no tenía para mi mochila para ir a la escuela, por eso mi mamá se animó a reclamar”, refirió la joven.

Explicó que todavía no conversó con las autoridades actuales, pero indicó que se asesorará con un abogado para ver qué se puede hacer en esta situación.

Benítez dijo que su sueño es estudiar medicina y convertirse en médica. Si consigue que le reconozcan ese aporte, lo utilizaría para poder continuar sus estudios y acceder a una carrera universitaria, manifestó.

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Desconocen situación

El actual intendente municipal, Pedro Villagra (ANR), manifestó que no está al tanto de este episodio ni del compromiso de la comuna con la joven. Afirmó que no recibieron ninguna comunicación ni nota oficial para informar del tema

Indicó que se pondrá en contacto con la joven y realizará las gestiones para corroborar la situación en que se encuentra este compromiso municipal.

Dos años después de la separación del consorcio, el presidente de la ARP, Daniel Prieto -reelecto recientemente para continuar en el cargo-, comentó a ABC que durante este segundo periodo se avanzará en la ejecución del anunciado máster plan para el predio.

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“Preservar el espíritu de la expo”

De acuerdo con Prieto, se trabaja en la remodelación del ruedo central y se analizan diversas alternativas con el objetivo de “tomar la decisión correcta, siempre preservando el espíritu de la Expo”.

Explicó que el proyecto busca que el predio perteneciente al gremio ganadero, ubicado en Mariano Roque Alonso, genere rentabilidad durante todo el año y no solo en julio, durante las semanas en que se realiza la exposición.

Evalúan proyectos

Añadió que el lugar cuenta con una importante extensión y una ubicación estratégica, por lo que se evalúan distintas alternativas para el desarrollo de proyectos de diversa índole.

“El objetivo es que mi gestión consolide y apruebe el proyecto. Si se puede concluir, sería mejor; y en caso contrario, nos pondremos un plazo de dos a tres años”, indicó.

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Primer año sin la UIP

El año pasado, los ruralistas iniciaron una nueva etapa con la primera edición de “Expo Paraguay”, en consorcio con la Universidad Rural del Paraguay (URP). Para este año, en su segunda edición el evento está previsto del 11 al 26 de julio en Mariano Roque Alonso.

Además, se realizará la LXXX Exposición Nacional de Ganadería, que combinará negocios, tecnología, cultura y entretenimiento, convocando a miles de visitantes y consolidándose como un evento multisectorial de alcance regional.

Los trabajos actuales abarcan un tramo de ocho cuadras, que se extiende desde la calle Alberdi, en las inmediaciones del Teatro Municipal, hasta la calle Hernandarias, en la zona portuaria. Según el cronograma oficial de la ANDE, se espera que la obra esté totalmente operativa en noviembre de 2023.

Detalles técnicos y tecnología LED

El plan contempla el despliegue de 3.000 metros de conductores subterráneos de cobre y la instalación de 55 equipos de iluminación LED, de alta eficiencia. Además implementan un sistema de ductos de polietileno de alta densidad (PEAD), que permitirá alojar cables de media tensión, baja tensión y redes de fibra óptica.

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Para garantizar la conectividad y el mantenimiento de los mismos prevén la construcción de 262 registros técnicos. Esta infraestructura no solo busca mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en el microcentro, sino también reducir la contaminación visual para resaltar el valor arquitectónico y patrimonial de los edificios emblemáticos de la zona, destacaron desde la ANDE.

La ejecución de las tareas está a cargo de la Licitación Pública Nacional N.º 1743/2023, y demandará una inversión total estimada de G. 8.670.000.000. Los trabajos correspondientes a calle Presidente Franco ya concluyeron.

Recuperación del espacio público

De forma paralela al frente de obra en Benjamín Constant, la ANDE se encuentra trabajando en la zona de La Recova. Allí se ejecutan tareas de ordenamiento de redes y mejoras en el sistema lumínico con el fin de fortalecer la seguridad y la estética urbana de uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

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El antecedente directo de estas intervenciones es el proyecto “Palma Brilla”, considerado la primera etapa de este plan de modernización. En esa ocasión, con el soterramiento en la emblemática calle Palma se logró el objetivo en un tiempo récord de 85 días, transformando radicalmente la imagen del espacio público.

Los viajes serán los N° 64, 65 y 66 de Santiago Peña desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

En la misiva, el Poder Ejecutivo aclara que la presencia de Peña en tierras del lejano Oriente podría prolongarse, situación que se comunicará al Senado, si hubiera lugar.

Reuniones privadas

Fuentes de la Presidencia informaron anoche que el presidente Santiago Peña mantuvo en Los Ángeles, California, reuniones privadas, sin dar más detalles.

En su nota al Congreso, el presidente Peña solo declara “viaje oficial” o “visita oficial” como motivo de los viajes a EE.UU., a Taiwán y Filipinas.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, informó en su momento , que el presidente Peña viajará a Los Ángeles el 12 de junio próximo, para asistir al primer partido de la Selección Paraguaya de fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA, respondiendo a una invitación de su homólogo de EE.UU. Donald Trump.

Sin embargo, no se habló de los motivos por los cuales el mandatario visitará la ciudad californiana este martes.

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En el 2024, se reunió con empresarios

A mediados de mayo de 2024, Santiago Peña visitó Los Ángeles y San Francisco. En esa ocasión sí se informó oficialmente que “desarrolló una nutrida agenda marcada principalmente por reuniones en materia de seguridad y tecnología, campos en los cuales Paraguay y Estados Unidos trabajan de forma estrecha y colaborativa".

La agenda del jefe de Estado estuvo enfocada en atraer el interés de actores relevantes de la cadena de valor de industrias de tecnología, referentes en Inteligencia Artificial (IA) y reuniones con altos referentes en materia de seguridad, con el objetivo de reforzar el proyecto estratégico que Paraguay viene trabajando con los Estados Unidos.

Visita a Taiwán

La visita a Taipéi se debe a una invitación del presidente taiwanés, William Lai. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán. China lo considera una provincia rebelde. Además, Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas.

Santiago Peña llegó hoy a Taipéi y estará acompañado por ministros y cerca de 50 empresarios, con el objetivo de impulsar inversiones, ampliar mercados y fortalecer la cooperación bilateral.

Durante su estadía, Peña mantendrá un encuentro bilateral con el presidente Lai, con quien abordará temas vinculados al comercio, las inversiones y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos.

Además, el jefe de Estado será testigo de la firma de acuerdos de cooperación e intercambio, en áreas estratégicas como tecnología, industria y desarrollo productivo.

En el marco de su agenda, Peña visitará el Parque Científico del Sur de Taiwán y recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán. También prevé interactuar con estudiantes paraguayos becados en ese país.

Desde el Ejecutivo sostienen que este viaje apunta a profundizar esa alianza histórica, incorporando un fuerte componente económico que permita traducir la cooperación en inversiones concretas y crecimiento para el país.

Carne a Filipinas

En cuanto a la visita a Manila, Filipinas, Javier Giménez refirió que el presidente Peña hará su primera visita oficial con un importante eje comercial. Recordó que Filipinas representa un mercado de 700 millones de habitantes. “Queremos usar toda la experiencia de exportación a Taiwán como plataforma para saltar a estos países”, manifestó.

Giménez apuntó, además, que Filipinas el año pasado abrió la importación de las proteínas animales. Indicó que incluso “se logró el envío de carne aviar, un producto en el que Paraguay es muy competitivo y puede seguir creciendo”.

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Informó que Filipinas importa aproximadamente 42 veces más pollo de lo que Paraguay exporta. “Entonces, ese mercado es un mercado al que le queremos prestar atención”, subrayó.

Finalmente, Giménez señaló que “es sabido el interés de nuestro país en estrechar vínculos comerciales con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en mirar la necesidad de instalar oficinas comerciales en esta zona del mundo”.

Según las informaciones al respecto, el encuentro fue “para abordar temas clave vinculados al presupuesto institucional”.

Asimismo, el MEF asegura que en la reunión se analizaron “estrategias orientadas a hacer frente a las obligaciones de la previsional”, sin dejar de lado un “énfasis” en el fortalecimiento financiero e inclusive la “desprecarización del personal de blanco y administrativo”.

Además, el MEF sostiene que mediante una “asistencia técnica” se plantea alcanzar “soluciones concretas” referentes a la previsional.

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IPS y MEF

Tras el encuentro, Fretes también recalcó la necesidad de “establecer un sistema de trabajo” entre ambas instituciones para garantizar una provisión de medicamentos e insumos.

“Se delinearon los parámetros a trabajar y ahora, a partir de esta reunión, las personas responsables del área van a tener talleres de trabajo, de modo tal a encontrar el punto central por el cual trabajar y desarrollar con nuestros técnicos, para solucionar esas brechas que están arrastradas de administraciones anteriores”, precisó el presidente del IPS.

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La causa metrobús fue asignada el 31 de mayo al fiscal Guillermo Ortega, quien no llevó a cabo diligencias como la convocatoria al denunciante para que se ratifique en su denuncia y tampoco a testigos ni a los denunciados como responsables de los hechos. La causa por sus manos no tuvo avance significativo.

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Ortega dejó la causa en 2019 luego de ser designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como juez penal de garantías de Ybycuí.

Así, la causa metrobús pasó a manos de la fiscala Patricia Aquino, quien dejó el Ministerio Público tras no ser confirmada por la Corte y la causa pasó a cargo de la fiscala Nathalia Silva, cuya gestión fue objeto de duras críticas por la falta de diligencias lo que derivó en recusaciones.

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Mientras Silva estaba recusada los fiscales Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez, intervinieron como interinos en la causa, indistintamente, hasta la confirmación de Silva al frente del proceso en el año 2021, pero la causa siguió trabada como efecto de incidentes presentados en la misma pese a no haber imputados para entonces.

En 2023 fue designada la fiscala María Estefanía González, quien imputó el 10 de abril de ese año al ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas Marta Benítez y al exgerente del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger (+). De ellos solo Jiménez Gaona y Benítez fueron acusados el 11 de abril de 2024.

Sin embargo, al momento de la audiencia preliminar asistió la fiscala Yeimy Adle porque González debía jurar como fiscala adjunta. Es así que Adle rectificó la postura inicial de la Fiscalía al considerar que no se agotaron las instancias investigativas y pidió el sobreseimiento provisional para Jiménez Gaona y Benítez.

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Rolón integró a cuestionada fiscala al equipo del caso metrobús

El 25 de noviembre de 2024, por resolución FGE N° 4.894 el fiscal general Emiliano Rolón conformó un equipo fiscal para llevar adelante las diligencias en el caso metrobús. El mismo, por disposición del titular del Ministerio Público, fue integrado por la fiscala Yeimy Adle, el fiscal Giovanni Grisetti y la fiscala Nathalia Silva.

Cabe señalar que el fiscal Giovanni Grisetti ya acumula varios cuestionamientos en su actuación, principalmente por la imputación formulada, junto con su colega también objeto de críticas Aldo Cantero, en la causa conocida como filtraciones de Seprelad contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus exministros y funcionarios.

Caso metrobús: una de las fiscalas recusadas ya había cajoneado la causa en 2018

En tanto que la vuelta de la fiscala Nathalia Silva al caso metrobús generó cuestionamientos, teniendo en cuenta que mientras la causa estuvo a su cargo no realizó diligencias y por ende la investigación no avanzó. A esto se suma que, la misma cajoneó la causa por varios años provocando que casi prescriba y quede impune.

De hecho, los abogados defensores Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann habían cuestionado ante la fiscalía adjunta, que la fiscala Silva ya tuvo a su cargo esta investigación en 2018, pero sin impulsar diligencias sustanciales.

“Esa inactividad prolongada, seguida de una pretendida reactivación procesal fuera de los márgenes legales, confirma una conducción investigativa desordenada y carente de la coherencia que exige la función fiscal”, refirieron en febrero de 2026.

Sorpresivo giro de la Fiscalía en el caso metrobús: imputan a Wiens y piden sobreseimiento de Jiménez Gaona

Sorpresivo giro fiscal: la lupa pasó de un ministro a otro

Otro cuestionamiento hacia la Fiscalía de Emiliano Rolón es el sorpresivo y hasta llamativo giro investigativo del caso metrobús, porque los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, solicitaron abreviación de plazo, reapertura de la causa y el sobreseimiento definitivo para Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez y formularon imputación el 13 de febrero de 2026, contra el otro exministro de Obras, Arnoldo Wiens (2018-2022).

La imputación contra Wiens incluso fue devuelta por el juez Osmar Legal, que interinó al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, por deficiencias formales.

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“Los hechos descriptos y la teoría del caso deben adecuarse específicamente a los tipos penales provisorios propuestos por el Ministerio Público, por lo que la falta de consistencia entre los hechos y los tipos penales propuestos hacen de dicho requerimiento una imputación deficiente”, refirió en su momento el juez Legal.

Según la imputación fiscal, Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.

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La fiscala Adle había indicado, en defensa de la imputación, que el 20 de octubre del 2018 Wiens había dicho que no había causales para la suspensión de obras. Sin embargo, tres días después firmó el acuerdo de entendimiento para la suspensión y más adelante dispuso la demolición de las paradas del metrobús.

En tanto que sobre el pedido de sobreseimiento para Jiménez Gaona, la fiscala Adle justificó que él dejó la obra con contrato vigente, con pólizas y garantías activas, además de certificaciones de obras realizadas y pagadas, avaladas por las fiscalizadoras y supervisoras.

También mencionó que existen resoluciones judiciales que aprueban sus rendiciones de cuentas. A ello sumó que, todos los informes y pericias recabados revelan que en la gestión de Jiménez Gaona se pagó por todo lo que se construyó.

Según los datos presentados, al mes de marzo último, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 6,67 billones, que representa un salto del 30,49% al monto que llegaba en marzo del año 2025 (G. 5,11 billones). Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

Endeudamiento con tarjeta avanza y aumentó 30,64% a febrero

Líneas de menor ingreso son las que más crecen

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 47,7% en la cartera que llegó a G. 1,45 billones hasta marzo del presente año. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios de menores ingresos, incluso por debajo del salario mínimo y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda. Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad que viene en aumento y que fue del 7,2% en marzo último, el más alto entre todos los segmentos. El crecimiento repentino en el segmento de tarjetas apunta en parte a iniciativas de las entidades bancarias y aperturas de nuevas cuentas.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de entre G. 3 y G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 820.800 millones, con 17,9% de aumento respecto al año pasado y una tasa de morosidad del 7%, de acuerdo con los registros oficiales. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un saldo global de G. 3,31 billones, con un aumento del 30,70%. No obstante, este segmento registra el nivel de mora más bajo en comparación a los demás, del 3,2% a marzo último.

De acuerdo con los datos del informe financiero, el endeudamiento con tarjetas viene creciendo muy por encima del promedio del crédito general en moneda nacional que creció 13% en el mismo mes. La cartera global de créditos a marzo último fue de G. 192,65 billones.

No obstante, la cartera de consumo representa un mayor riesgo para las intermediarias, y de hecho se mantiene en el segmento con mayor tasa de atraso en pagos o de mora, por encima del 5%.

Preocupa acelerada suba de deudas con tarjetas y crédito para consumo

Tasas para tarjeteo aumentaron

En marzo del presente año, la tasa de interés activa promedio que cobraron los bancos y las empresas financieras por préstamos en moneda nacional al público se situó en 16,40%, lo que representó una breve disminución con respecto al mes anterior, pero aún por encima de lo que registraba en febrero del año pasado de 14,26%. La mayoría de los rubros registró disminuciones en sus tasas en línea con la rebaja de la tasa de política monetaria del BCP, a excepción de la tasa interés para tarjetas de crédito que mantienen una línea ascendente. No obstante, el mayor costo financiero del instrumento, no frena su uso.

Los bancos cobraron en promedio una tasa del 19,10% por el uso de la tarjeta para financiamiento, que es un porcentaje superior al 16,36 % que estaba vigente en marzo del año pasado.

La misma que tiene dos asientos en la parte delantera, para piloto y copiloto, mientras que atrás lleva otra plaza que puede ser ocupada hasta por dos pasajeros.

El accidente aéreo fue advertido el 27 de abril pasado en un memorándum de alerta del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), pero la areonave fue encontrada recién el 30 de abril.

Cambios en la ruta del narcotráfico

Según los investigadores, en las últimas semanas los narcos que anteriormente operaban a bordo de avionetas monomotores y hasta bimotores para mover grandes cargamentos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia la zona de Pedro Juan Caballero y desde este punto hacia territorio brasileño.

Ahora, cambiaron por el uso de helicóptero.

Recién hoy podrán desenterrar al piloto fallecido en caída de narcohelicóptero

Este cambio se debe a que la Fuerza Aérea mantiene dos aviones Tucanos en la base del Tercer Cuerpo del Ejército de Mariscal Estigarribia, donde hay una pista de aterrizaje de gran envergadura.

Estas naves efectúan vuelos de patrullaje dos veces al día, a la mañana y a la tarde, pero algunas veces también efectúan vuelos de reconocimiento en forma sorpresiva, que en cualquier momento pueden detectar las narcoavionetas, lo que pone en riesgo la carga.

El helicóptero da la opción a los narcos de aterrizar en cualquier punto en la extensa región chaqueña para escapar de los Tucanos y luego mover o rescatar las cargas a bordo de vehículos todo terreno. Aunque estas pequeñas naves no tienen mucha autonomía de vuelo, ese problema se puede solucionar instalando puntos de recarga de carburante en varios sitios de la ruta de vuelo.

Policías sospechan de Samura

Es más, algunos de los oficiales que participaron en la investigación del accidente aéreo señalaron que el copiloto sobreviviente y que luego fue rescatado del sitio junto con la carga por hombres armados a bordo de camionetas todo terreno presentaba las características físicas del capo narco prófugo Jorge Teófilo Samudio González, más conocido como Samura.

Este escapó de la justicia paraguaya en una acción cinematográfica en la tarde del 11 de septiembre de 2019 en la Costanera Norte de Asunción, cuando era trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, tras una fallida audiencia en el Poder Judicial de la capital del país.

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El capo mafioso se instaló en el Brasil, donde fue detenido por delitos por tenencia de armas de fuego y documentos falsos, pero luego fue nuevamente liberado en el 2024 tras cumplir una corta condena.

Los agentes sospechan que Samura estaría instalado en la zona de Pedro Juan Caballero, desde donde dirige una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína. Supuestamente, grandes organizaciones criminales nuevamente se instalaron en la capital del departamento del Amambay para seguir operando en el contrabando de cocaína hacia el Brasil.

Sin embargo, se vuelve muy difícil tratar de confirmar las sospechas de que el sobreviviente sería Samura, ya que no quedaron muchas evidencias en el sitio de la caída, solo partes de la nave, el cadáver del piloto y los relatos del capataz, que no son nada fiables, se presume que habría colaborado con los narcos.

Diputados mantienen jubilación vip: seguirán cobrando G. 30,3 millones y aportarán menos que docentes

El pleno de la Cámara Alta mantuvo la versión en que la jubilación ordinaria fuera fijada para los 60 años de edad y 180 meses de aporte (15 años) y una tasa de sustitución del 80%. Cobrarán G. 30.320.000 al mes.

Pero para la jubilación extraordinaria, el Senado modificó la versión de Diputados (55 años, ver el cuadro comparativo más abajo) y también estableció un requisito de 60 años, con 120 meses de aporte (10 años) y una tasa de sustitución del 60%, es decir G. 22.740.000 al mes.

Esto contrasta con un empleado normal en el sector privado que obtiene su jubilación de IPS a los 60 años de edad con 25 años de aportes (100% del haber) o a los 55 años de edad con 30 años de aporte (80% del haber).

En el régimen anterior de la Caja Parlamentaria la jubilación se obtenía desde los 55 años. La versión de Diputados planteaba que la ordinaria se obtenga a los 60 años y la extraordinaria a los 55 años. De esta manera el Senado elevó la edad mínima en ambos casos.

Los legisladores destacaron que se elimina el aporte estatal que cada año calzaba el presupuesto de la privilegiada Jubilación VIP.

Modificaciones

Entre las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado se suprimió la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Otra modificación apunta a que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95% de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.

Otro cambio fue establecer que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.

¿Tarifazo de la ANDE por las internas? Diputados convoca a Félix Sosa

“En ningún momento hubo sobrefacturación, lo que hubo fue un aumento en época de verano debido al tema del aire acondicionado. Para el efecto nosotros tenemos canales digitales para poder reclamar, la gente puede realizar su reclamo correspondiente”, afirmó Sosa.

Esto, pese a que particularmente este año, si bien fue intenso como de costumbre, también se reportaron varios días de clima más templado que de costumbre, lo cual está científicamente comprobado por la Dirección Nacional de Meteorología, que certifica que las temperaturas máximas y mínimas en el primer semestre del año fueron entre 25º C y 28º C.

“En realidad, en Paraguay, debido al intenso calor en promedio, la demanda de energía eléctrica en época de verano sube en un 40% con relación al invierno debido a la utilización del aire acondicionado. Y ese es el motivo por el cual ocurre un aumento ”, insistió el titular de la ANDE.

El mismo también alegó que supuestamente su sistema de lectura de medidores tiene un margen mínimo de error y dicho mecanismo no permite sobrefacturar ni subfacturar.

“El 100% de los medidores se realiza lectura, lógicamente puede existir algunos pequeños errores, pero nosotros tenemos un indicador de calidad de lectura en Asunción y el área metropolitana, en el cual llegamos al 98% de calidad de lectura. El 2% puede existir errores por varios motivos, pero en ningún momento la ANDE puede cobrar más ni menos de lo que registra el medidor”, insistió Sosa, negando las denuncias generalizadas sobre todo en redes sociales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una subida de la tarifa a los usuarios de pequeño y mediano consumo dijo que “por en cuanto no” tiene previstas subas.

Al ser insistido respecto a cuánto tiempo se refiere con su “por en cuanto no”, respondió: “Cuando se empiece a aplicar gradualmente la tarifa técnica, sí o sí, se va a empezar por los grandes clientes, y el proyecto que tenemos - y reitero - en ningún momento existe una decisión política del gobierno al respecto de que se va a tocar la tarifa al 95% del grupo de menor consumo", sostuvo.

No obstante, insistió que están haciendo los cálculos para aplicar la tarifa técnica que tanto insisten en que será obligatoria aplicar, recordando que el precio actual de la energía no se ajusta a los parámetros reales que deberían aplicarse para implementar los proyectos de inversión que requiere la ANDE.

En una audiencia de imposición de medidas realizadas hoy, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó arresto domiciliario a la mujer, con control policial aleatorio.

Mafia de las tobilleras: imputan a funcionaria judicial por coima y tráfico de influencias

El magistrado tomó la determinación tras admitir la imputación presentada por la fiscala Yeimy Adle contra la mujer, por los supuestos delitos de cohecho pasivo agravado (coima), enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Funcionaria judicial cayó en entrega vigilada en juzgado de San Lorenzo

Galeano fue detenida en la mañana del martes pasado, en la oficina del Palacio de Justicia de San Lorenzo, circunscripción judicial de Central, en el marco de un operativo de entrega vigilada de G. 4.000.000, que serían parte de los G 7.000.000 supuestamente exigidos, señala la imputación.

Según la imputación, la procesada -quien es funcionaria de la sección Estadística de San Lorenzo- habría exigido el dinero para intervenir como intermediaria ante el juzgado penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, para que un procesado por un caso de drogas (Marcelo Fabián Peña Mancuello) sea beneficiado con la tobillera electrónica.

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La imputación refiere que la funcionaria dijo que el dinero iba a ser repartido supuestamente entre una actuaria, una jueza y funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) del Ministerio del Interior.

Tras la aprehensión de la funcionaria, la comitiva fiscal allanó el juzgado mencionado, a cargo de la jueza María Elena Cañete, en busca de evidencias.

Arresto domiciliario, tobillera electrónicas y restricciones

La agente fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Antonia Galeano. La procesada, que participó de la audiencia a través de medios telemáticos desde su lugar de reclusión, cumplirá el arresto domiciliario en una vivienda del barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora.

Prohibición de salir del país y de comunicarse con funcionarios del Juzgado de Garantías N° 1 de la ciudad de San Lorenzo y con funcionarios de la OMDEC son las demás medidas establecidas por el juzgado bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento las medidas serán revocadas.

Asistieron a la sesión los ediles Andrés Samaniego Rolón, Víctor González, Mary Soilán de López, Hugo Gabilán, Elvio Díaz y Miguel Morel, quienes votaron por el rechazo de la presentación de Servín. La concejal Mariela Alegre (PEN) se abstuvo.

No asistieron el presidente de la JM, Francisco Arrúa; el vicepresidente, Julio Chávez; así como los ediles Mirna Tillería, Hugo Villamayor y Magín Ávalos.

Inexistencia de convocatoria

El titular de la corporación legislativa comunal, Francisco Arrúa, señaló que todo acto de un órgano colegiado exige, como presupuesto esencial, una convocatoria válida emanada de autoridad competente, la cual debe ser realizada 12 horas antes. En este caso específico, no existió una convocatoria formal conforme a la Ley Orgánica Municipal ni a lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se rige este órgano, explicó.

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Agregó que la única actuación registrada es una solicitud de convocatoria a sesión presentada por los concejales fuera del horario administrativo (después de las 13:00), la cual no fue recepcionada institucionalmente ni canalizada por la Secretaría.

Asimismo, señaló que “esto configura una violación directa al principio de legalidad, tornando inexistente el acto desde su origen”, según lo enfatizado en el documento presentado por Arrúa.

Incompetencia y nulidad

El titular del legislativo municipal subrayó que la sesión no fue convocada por la presidencia, la vicepresidencia ni por ninguna autoridad de la JM habilitada reglamentariamente. Advirtió que este escenario representa un supuesto de “incompetencia manifiesta”, vicio que genera la nulidad absoluta e insanable de lo actuado.

Asimismo, recordó que, ante la falta de un reglamento interno propio, la Junta de Ybycuí aplica de forma supletoria el reglamento de la Cámara de Diputados. Dicha normativa exige la obligatoriedad de una convocatoria formal, la determinación de la autoridad competente y la necesidad de actas y resoluciones debidamente suscritas; requisitos que fueron omitidos en el caso referido.

Falta de soporte formal

Para el presidente del colegiado, técnicamente no existe una resolución válida de rechazo, ya que no hay un instrumento firmado por autoridad competente ni registro en actas institucionales válidas. En términos de Derecho Administrativo, se trataría de una mera manifestación material sin efectos jurídicos.

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Finalmente, Arrúa solicitó que se aclare que la supuesta sesión careció de validez y legalidad, reservándose el derecho de accionar judicialmente ante las instancias correspondientes.

Filizzola recordó que este domingo 10 de mayo se cumplen cuatro años del asesinato de Pecci, al que calificó como “el atentado más grande contra el sistema de justicia paraguaya”. Destacó la figura del fiscal como un funcionario íntegro que “pagó con su vida” su lucha contra el crimen organizado.

El legislador remarcó que Pecci estaba involucrado en investigaciones sensibles vinculadas al operativo A Ultranza, uno de los mayores casos contra el narcotráfico en Paraguay.

Duras críticas al Ministerio Público

El senador cuestionó duramente la inacción del Ministerio Público y denunció que, hasta la fecha, no se avanzó en la identificación de los autores intelectuales del crimen.

“No han hecho nada para esclarecer la autoría moral. Y no es Paraguay: es la Fiscalía General del Estado”, afirmó.

Además, criticó que se niegue a la familia del fiscal el acceso a la carpeta fiscal, planteando interrogantes sobre el contenido de la investigación. “¿Qué hay en esa carpeta?”, cuestionó.

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Filizzola fue más allá y descartó que se trate de una incapacidad institucional. Según dijo, existe una decisión deliberada de no avanzar. “No creo que no puedan. Tengo la convicción de que se está encubriendo a personas”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el fiscal general “sabe mucho más de lo que dice” y vinculó la inacción con posibles relaciones cercanas dentro del caso A Ultranza.

El legislador también recordó hechos llamativos dentro de la investigación, como la desaparición durante dos años de celulares incautados en operativos penitenciarios relacionados con el caso.

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“De esos procedimientos no tenemos absolutamente nada. Lo único que escuchamos es que ‘no se puede’”, criticó.

También mencionó el antecedente del archivo inicial de la causa vinculada a Sebastián Marset, que luego fue reabierto bajo presión internacional.

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Filizzola advirtió que la falta de resultados en el caso envía señales peligrosas tanto a operadores de justicia como al crimen organizado.

“Le estamos diciendo a los fiscales honestos que su vida no vale nada, y al crimen organizado que puede matar y que el Estado paraguayo no va a hacer nada", expresó.

“Y le estamos diciendo también al crimen organizado que pueden matar a un fiscal paraguayo que les investiga porque no va a haber consecuencias“, dijo ante el pleno.

Finalmente, sostuvo que la única forma de honrar la memoria de Pecci es identificar y sancionar a los autores morales del crimen.

En medio del debate, la bancada oficialista abandonó la sesión. Esta maniobra dejó la sesión sin el quórum necesario para continuar su tratamiento. Los opositores calificaron este acto como una huida para evitar la responsabilidad política de votar un documento altamente cuestionado.

Asunción: la dura advertencia a concejales que avalen el diferimiento de bonos de Nenecho

Para la oposición, el objetivo principal de este vacío legislativo habría sido forzar la “aprobación ficta” del balance, que ocurre automáticamente al cumplirse los plazos legales establecidos. El plazo se cumple el domingo. De esta manera, el balance quedaría validado sin que los concejales del oficialismo tengan que poner su firma en una aprobación directa.

Los opositores pidieron la realización de una sesión extraordinaria para mañana, jueves. El concejal Arturo Almirón (ANR-disidente) titular de la Junta Municipal convocó la sesión para el viernes a la 9 de la mañana. De haber quorum, podría tratarse antes de la aprobación tácita.

La oposición sostiene que los números presentados reflejan una administración municipal que se encuentra actualmente en quiebra técnica. Los cuestionamientos apuntan a un manejo opaco de los recursos, lo que ha debilitado profundamente la estructura financiera e institucional de la ciudad.

La chicana cartista: Huida y “aprobación ficta” para blindar a Bello

El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció abiertamente que esta es una “chicana” deliberada para que los concejales oficialistas puedan finalmente “lavarse las manos”. “La intención es la sanción ficta de este balance sin la carga de tener que votar a favor de la aprobación. Lo que revela (esto) es que el costo político de acompañar este desmadre iba a ser muy oneroso para los que buscan la reelección. Pero esta vergüenza de no emitir su voto, creo que va a ser más costoso que haberlo votado”, acotó Blasco.

“Vamos a presentar ese pedido de sesión extraordinaria para seguir debatiendo y votar qué es lo que corresponde, qué es lo que la ley nos atribuye y qué es lo que la ciudadanía también exige”, recalcó. “Yo no creí que se iban a animar a tanto. Siempre tuvimos como una alternativa, como un recurso esta posibilidad, pero no creí que se iban a animar. Teniendo una mayoría suficiente para poder aprobar”, reclamó.

“Desastre financiero” en Asunción: Auditoría no firma el balance de Bello y Nenecho

Por su parte, el concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en denunciar una maniobra política destinada a disolver el quórum legal para evitar el debate sobre un balance financiero irregular. “Ellos están jugando a que haya una aprobación ficta para no quedarse pegado a este balance”, dijo al salir de la sesión.

Para el edil, la gravedad del asunto radica en la falta de transparencia de la actual gestión, ya que se pretende aprobar una ejecución presupuestaria que carece de la firma del auditor interno, dejando en evidencia una preocupante ausencia de rendición de cuentas.

Asunción en quiebra técnica: El déficit de Nenecho y Bello trepa a G. 392.000 millones

Durante el debate previo, el concejal Blasco expuso ante sus colegas las alarmantes cifras de la municipalidad durante 2025, como el déficit de más de G. 103.544 millones, que acumulado a los ejercicios de años anteriores, trepa hasta los G. 392.934 millones. Para Blasco, esto indica que los ingresos actuales no alcanzan para sostener los servicios básicos de la comuna.

Blasco remarcó que una de las mayores preocupaciones es que la carga financiera por intereses de bonos ya supera al capital emitido originalmente por la comuna. En el caso de los bonos G8 (2022), emitidos para obras, pero cuyos fondos fueron desviados por la gestión de Rodríguez a gastos corrientes, el concejal enfatizó que el cuerpo legislativo nunca dio permiso para que se utilice el dinero para otros fines.

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Álvaro Grau (PPQ) criticó que, mientras la municipalidad está “quebrada”, el gasto en salarios trepó a US$ 121 millones en un año electoral, frente a los US$ 8 millones destinados a obras. “Para operadores políticos hay plata, para planilleros hay plata, para la rosca política sí hay dinero, pero no hay dinero para las obras, para los desagües, para las calles, para la infraestructura“.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) fue tajante al señalar a sus colegas oficialistas como “verdugos de la ciudad” y cómplices del desorden financiero actual. Advirtió a la ciudadanía sobre quiénes han avalado la gestión de Rodríguez y quiénes continúan hoy por la misma senda de endeudamiento. Según Callizo, los baches y la basura en las calles son el resultado directo de este acompañamiento político irresponsable.

El descargo oficialista: Alegan “números sinceros” y cuestionan “proselitismo”

Desde el oficialismo, el concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) defendió el balance alegando que la administración municipal está exhibiendo hoy “números totalmente sinceros”. Acusó a la oposición de realizar “proselitismo de campaña” y de utilizar el balance para confundir a todos los ciudadanos. Atribuyó gran parte de la crisis financiera actual a las deudas heredadas de administraciones pasadas, apuntando específicamente el período del opositor Mario Ferreiro.

Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta, que emitió el dictamen por la aprobación, defendió el balance asegurando que refleja una “situación financiera mixta”: solvencia en el patrimonio pero una grave crisis de liquidez a corto plazo. Afirmó que la entidad es “patrimonialmente solvente, pero está financieramente presionada”.

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El concejal se escudó en que la responsabilidad de la Junta Municipal se limita al estudio de la información provista por la intendencia y a emitir una opinión razonable. Agregó que, debido a la enorme cantidad de documentos y al escaso tiempo, el control se realizó mediante un sistema de muestreo.

El edil explicó que el dictamen, que no fue tratado, recomienda la aprobación, pero con salvedades como la recomendación de realizar una auditoría externa, evaluar la posibilidad de mejorar la recaudación, y remitir informes mensuales sobre la ejecución de planes de acción para disminuir el déficit y mejorar el gasto.

Nenecho pretende ser concejal, pese a “terribles prácticas ilegales” reportadas en 2025

En agosto del año pasado, el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, confirmó que mediante “terribles prácticas ilegales” se desviaron G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, que Rodríguez utilizó en gastos corrientes, principalmente para el pago de salarios.

Presionado, Nenecho renunció al cargo el 22 de agosto. Luis Bello, que como concejal avaló estas “terribles prácticas ilegales”, asumió en su reemplazo el 27 de agosto. Pese a la gravedad de las irregularidades, que ahora investiga la Fiscalía, Nenecho se está candidatando nuevamente a concejal.

En entrevista con ABC Cardinal, explicó que la habilitación es un acto administrativo a cargo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En esa etapa se revisan requisitos mínimos, como condiciones básicas de infraestructura y la presentación de un proyecto académico “a futuro”.

La acreditación, en cambio, es el proceso mediante el cual la Aneaes verifica si esa promesa se materializó: calidad docente, diseño y ejecución del programa, mecanismos de evaluación, retroalimentación con estudiantes y otros parámetros del modelo nacional de calidad.

¿Cuáles son las carreras con acreditación obligatoria?

Duarte señaló que en varias áreas la acreditación no es un trámite voluntario ni un “sello opcional”. La obligatoriedad surge del artículo 2 de la Ley 2072/2003, que crea la Aneaes y entre las carreras sujetas a acreditación cita a derecho, medicina, odontología, ingeniería e ingeniería agronómica, entre otras.

El alcance se amplía al señalar que también deben acreditarse aquellas que puedan “poner en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas”. Por esa razón las carreras de salud, como fisioterapia y enfermería, quedan igualmente obligadas a pasar por evaluación con fines de acreditación.

A este marco se suma la Ley de Educación Superior 4995/2013, que incorpora los procesos de la Aneaes y establece que, para registrar títulos, debe cumplirse con las obligaciones legales de la titulación. En el caso de las carreras mencionadas por la Ley 2072, esa obligación incluye la acreditación.

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Un llamado de atención al Cones

Duarte recalcó que la Aneaes no tiene atribución directa para intervenir carreras; por eso solicitó al Cones “medidas claras y contundentes” frente a programas que no se presentan de manera reiterada a evaluación.

En ese punto, remarcó que “intervención” no equivale automáticamente a un cierre y puede traducirse en reencauzar el funcionamiento, ordenar procesos y exigir planes de mejora. El cierre es una posibilidad, pero no la única, dijo.

“El Cones tiene los resortes legales suficientes para tomar cartas en el asunto. Si esta decisión dependiera de la Aneaes, ya estaríamos interviniendo con el brazo, con la columna vertebral que tiene la Aneaes, que es su registro nacional de pares, conformado por los académicos evaluadores más respetados y que fueron formados en evaluación por la agencia, más aún ahora con nuestra escuela de la calidad” manifestó.

El peso de la acreditación en la empleabilidad

El titular de Aneaes informó que mediante relevamientos que se llevan a cabo con grandes empleadores como hospitales, bancos y multinacionales, se observa que entre el 65 y el 80 por ciento de los planteles proviene de carreras acreditadas.

Asimismo, la acreditación se vuelve un requisito explícito cuando una persona desea continuar estudios en el exterior, acceder a posgrados o becas; procesos de matriculación profesional como en el caso de los bioquímicos y el examen de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem).

En esa misma línea, informó que tras una reunión reciente con la Corte Suprema de Justicia, próximamente podría comenzar a implementarse un examen para egresados de carreras no acreditadas, y que la acreditación pasaría a ser condición para la matriculación, instancia que depende de este máximo tribunal.

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Finalmente, Duarte instó a las universidades a “sincerarse” y concentrar sus recursos en las carreras donde realmente puedan ofrecer calidad antes del 2028, fecha límite marcada por el Ministerio de Educación para que todos los títulos registrados provengan de procesos de acreditación vigentes.

La agente del Ministerio Público también ratificó la acusación contra Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y la Lic. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo (contadora de la empresa Eventos y Servicios SA), por la presunta complicidad en la administración en provecho propio y lavado de dinero; y el exfuncionario de la Gobernación de Guairá Eduardo Domínguez por supuesta complicidad en el lavado de dinero.

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Durante la diligencia realizada ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia las defensas de Silvio Alfaro y Lourdes González plantearon varios incidentes, como nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, exclusión de pruebas y suspensión condicional del procedimiento.

La diligencia proseguirá este jueves, a las 8:30, con la presentación de los incidentes de las defensas de Eduardo Domínguez y Rodolfo Friedman; luego la fiscal Silvia González tendrá que contestar dichos incidentes y, finalmente, el juez Estigarribia debe resolver si eleva a juicio oral la causa o hace lugar a los planteamientos.

La acusación presentada el 20 de junio de 2023 por parte del fiscal adjunto Roberto Zacarías, quien rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo planteado inicialmente por la fiscal Victoria Acuña (actualmente jubilada), es por las irregularidades en la compra de merienda escolar cuando estuvo como gobernador del cuarto departamento.

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Esquema delictivo para merienda escolar, según MP

El Ministerio Público (MP) resalta en la acusación que Rodolfo Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.

Según la hipótesis fiscal, mediante ese esquema montado por Friedmann se posibilitó a través del uso de esa persona jurídica (ESSA) el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación de Guairá con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma.

“El exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro sería quien controlaba y dirigía la firma Eventos y Servicios SA, que fue beneficiada con la adjudicación para la provisión de merienda escolar a instituciones educativas del Guairá”, de acuerdo con el Ministerio Público.

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En abril de 2022, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional para todos los procesados. En abril de este año se reabrió la causa y la fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo, pero el juez José Agustín Delmás se opuso al blanqueo.

Sobreseimiento para esposa de Friedmann

En atención al pedido del fiscal adjunto Roberto Zacarías, ratificado en audiencia por la agente Silvia González; el 16 de diciembre de 2025 el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa del exsenador Rodolfo Max Friedmann Alfaro, el proceso por supuesto lavado de dinero en el caso “merienda escolar” en la Gobernación de Guairá.

En junio de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) presentó acusación contra Marly Figueredo, por presunto lavado de dinero. Junto a ella fueron acusados también Rodolfo Friedman y otros encausados por el supuesto desvío de fondos de la merienda escolar.

Sin embargo en la primera audiencia preliminar de la causa, realizada el 27 de mayo de 2023, la entonces fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, argumentando que no existían pruebas para sustentar una acusación y llevar al entonces legislador a juicio oral y público.

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El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición al pedido, remitió el caso a la Fiscalía General del Estado y el fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó la solicitud, presentando acusación y pedido de juicio oral para Rodolfo Friedmann y otros tres acusados. No obstante, en el caso de Marly Figueredo ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo.

El programa se inicia en la primera quincena con homenajes a destacadas figuras de la cultura guaireña, entre ellas el maestro Modesto Escobar, cuyo reconocimiento se llevará a cabo este jueves en el edificio histórico de la Universidad Católica.

De igual manera, el viernes a las 09:00 se realizará un acto de homenaje al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero en el Museo Maestro Fermín López, donde se resaltará su influencia en la literatura paraguaya y su estrecha vinculación con la identidad cultural de Villarrica.

En paralelo, el Día del Adulto Mayor será celebrado con una jornada especial en el salón auditorio de la Coopeduc Ltda., donde se desarrollarán actividades orientadas al reconocimiento, integración y valorización de este sector de la sociedad.

Otra de las propuestas destacadas de la primera quincena es el concierto de piano y poesía en homenaje a las madres, que tendrá lugar el lunes 11 en el edificio Sagrado Corazón de Jesús, combinando expresiones artísticas para rendir tributo a la figura más representativa del núcleo familiar.

Sin embargo, el punto culminante de toda la agenda cultural será el 14 de mayo, fecha en que se llevarán a cabo los actos centrales en conmemoración de las fiestas patrias.

Ese día, las actividades se iniciarán a tempranas horas con la formación de autoridades y abanderados en la explanada de la Catedral de Villarrica, seguida del tradicional Tedeum, un acto patriótico, y posteriormente el esperado Desfile Cívico, Estudiantil, Militar y Policial sobre la calle General Díaz.

Al día siguiente, el 15 de mayo, las celebraciones continuarán con la tradicional ofrenda a la madre frente a la estatua alegórica ubicada en el Bulevar Bicentenario.

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Ya en la segunda quincena, la agenda se orienta con mayor énfasis hacia actividades culturales, educativas y artísticas, ampliando la oferta para públicos de todas las edades.

Entre ellas se destaca, el sábado 16, la instalación de una biblioteca callejera en la Plaza de los Héroes, acompañada de un homenaje por los 150 años del nacimiento del destacado pedagogo Ramón Indalecio Cardozo.

En el ámbito musical, la Orquesta Filarmónica Guaraní ofrecerá una gala especial en el edificio Sagrado Corazón de Jesús el domingo 17, brindando al público una experiencia artística de alto nivel con un repertorio seleccionado.

Asimismo, el Día del Museo será celebrado el lunes 18 con actividades especiales en el Museo Maestro Fermín López, promoviendo el valor del patrimonio histórico y fomentando la participación de estudiantes y visitantes en espacios culturales. El 20 de mayo se desarrollarán actos conmemorativos por el Día del Himno Nacional en la Plaza de los Héroes.

En esa misma jornada, se realizará la inauguración del Torneo Interbarrios y Compañías en el estadio Ykua Pytã, integrando también el deporte como parte de la agenda social del mes.

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La programación incluye, además, la presentación del libro “Ramón Indalecio Cardozo”, de la autora Silvia Núñez, que tendrá lugar el miércoles 22 en el espacio cultural El Porvenir Guaireño, aportando al debate y la difusión del pensamiento educativo.

Las celebraciones religiosas también ocupan un lugar central con la fiesta patronal de Villarrica en honor al Espíritu Santo en el parque Manuel Ortiz Guerrero, así como la Misa de Pentecostés en la Catedral, eventos que congregan a numerosos fieles cada año y se realizan el domingo 24.

Hacia el cierre del mes, se desarrollará el Concurso de Fotografía “Postales de Villarrica”, acompañado de una exposición pictórica en la Galería Municipal, incentivando la participación artística y la mirada creativa sobre la ciudad.

Finalmente, la agenda culminará con una exhibición de vestuarios alegóricos de Yerutí Acosta en El Porvenir Guaireño, cerrando un mes cargado de actividades que reflejan la riqueza cultural y el dinamismo artístico de Villarrica.

Con la excusa de “estudiar mejor” el diputado cartista Alejandro Aguilera se opuso tenazmente a que el pedido al intendente cartista sea aprobado, por lo cual puso traba a la transparencia.

Esta situación generó indignación entre los opositores teniendo en cuenta que muchos ciudadanos luqueños están siendo desalojados de sus propiedades mediante artimañas en las estarían involucrados funcionarios municipales y ex asesores jurídicos municipales.

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“Existe un esquema para titular las tierras de gente que contaba con su título de la década de los 60, 80; pero de repente le cae la fiscalía con un nuevo dueño. No es un caso aislado de dos o tres, sino que hay cientos de denuncias. No es causalidad por eso queremos ver la venta, la sesión y la adjudicación que se hizo desde la municipalidad en los últimos 10 años”, dijo el diputado Gómez.

Asimismo, el diputado opositor lamentó que el diputado Diego Candia (ANR-HC), quien es pre candidato a intendente de Luque, no esté tomando como “bandera” la defensa de los luqueños.

“Todos los pedidos de informes que se hacen y que afectan a sus amigos, piden que vaya a comisión. No se ponen en el lugar de la gente. No miden la impotencia de la gente que está siendo desalojada”, dijo Gómez.

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Manifestación en Luque

El intendente cartista Carlos Echeverría cumple 10 años de gestión, y sugestivamente justo durante su administración comenzaron las denuncias de los ciudadanos víctimas de un esquema de desalojo irregular.

Al comienzo, el propio Echeverría realizó la denuncia contra el esquema montado en la Comuna, pero ahora llamativamente ningunea a las víctimas.

Mientras en Diputados se ponían trabas a la transparencia enfrente de la Municipalidad de Luque, los afectados se volvieron a manifestar ayer, pero también fueron ninguneados nuevamente por los concejales.

Ya la semana pasada el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el concejal cartista Arnaldo Baeza, quien busca su reelección, les había dejado plantados, y nuevamente ayer las víctimas no fueron tenidas en cuenta por los ediles.

“Si no hay complicidad que salgan a dar las explicaciones que la ciudadanía pide. Se creó una comisión para investigar caso por caso, dicen. Nunca da resultado o acciones concretas crear comisiones”, dijo la concejal Belén Maldonado (PLRA), cuestionando el accionar de sus once colegas, quienes antes que dar solución al tema crearon una comisión con el solo efecto dilatorio.

Indicó también que el diputado cartista Diego Candia, candidato a intendente de Luque, se muestra cercano con el dueño de la empresa inmobiliaria que estaría involucrado en los desalojos irregulares, aunque no dio nombres.

Mientras las denuncias de desalojos irregulares aumentan el intendente Carlos Echeverría, el intendentable Diego Candia y varios candidatos a concejales, como Raúl Salinas, asisten a todas las inauguraciones de los emprendimientos inmobiliarios privados financiados con recursos de Ministerio de Urbanismo en Luque.

“El crecimiento en Luque no es casualidad. El 70% de la inversión inmobiliaria del país es resultado de un trabajo serio y con visión. Logramos en 10 años que las propiedades se dupliquen en precio”, dijo Echeverría en el último acto.

De esa forma, se logrará la protección total contra el sarampión de la población infantil objetivo en Santa Rosa.

Para el último día de campaña se tiene prevista la apertura de todos los vacunatorios del hospital distrital y de la USF del municipio, mencionó Román.

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La profesional destacó que la alta adhesión se debe a la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la inmunización contra el sarampión. A ello se suma el trabajo coordinado de funcionarios del hospital y de las unidades de salud familiar, quienes adaptaron horarios para facilitar el acceso de los padres.

Las acciones estuvieron dirigidas a niños de 1 a 5 años, logrando que más de 1.100 menores queden protegidos contra la enfermedad. Este resultado posiciona al distrito como uno de los de mayor cobertura en la región.

Inmunización contra la influenza

Al mismo tiempo se desarrolla la campaña “Invierno 2026”, que incluye vacunas contra la influenza para todas las edades a partir de los seis meses de vida, incluidas las embarazadas en cualquier trimestre. También contempla la aplicación contra el neumococo y el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para recién nacidos desde noviembre de 2025 hasta julio del presente año.

Actualmente, esta campaña registra una cobertura del 30 %. Debido a la alta demanda y a la limitada capacidad de almacenamiento, la reposición de dosis se realiza de manera constante a través de la Octava Región Sanitaria, garantizando la continuidad del servicio.

Finalmente, Román resaltó la responsabilidad de la población santarroseña, calificándola como un ejemplo para el departamento. “Alcanzar el 100 % de cobertura no es algo que se logre todos los días. Esto demuestra que cuando la ciudadanía está bien informada, responde de manera positiva”, afirmó.

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El hallazgo se produjo específicamente en el río Paraná, en un sector denominado Puerto Mbya, en la colonia Puerto Península de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

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El cuerpo pertenece a Carlos Ramón Roa Armoa y estaba en estado de putrefacción de entre cuatro y cinco días.

El fiscal de turno, Edgar Delgado, dispuso el traslado del cuerpo a la Funeraria Núñez, donde posteriormente llegaron sus familiares, quienes lo reconocieron plenamente.

El fiscal explicó que la víctima estaba desaparecida desde el domingo pasado y que recién ayer se radicó la denuncia por su búsqueda. También precisó que pudieron determinar tres heridas de arma de fuego: dos en el rostro y una en el cuello.

“Quiero solicitar a los colegas, si no es un abuso para ellos, que pudieran pasar los voluntarios que prestan este servicio para prevenir, aliviar el sufrimiento humano, en todas las circunstancias actuando con imparcialidad y sin discriminación”, detalló la colorada.

Asimismo, reiteró que “obviamente es a voluntad” la intención de colaborar con la organización humanitaria sin fines de lucro.

Tras no haber rechazo a la propuesta, el senador Dionisio Amarilla, quien en ese momento ejercía de presidente, dijo que los voluntarios tenían “dos minutitos para visitar las bancas” y luego proseguir con la sesión. Durante el recorrido de los voluntarios se ve que algunos legisladores colaboran, mientras otros aparentemente se limitaron a los saludos.

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Reacción de Celeste Amarilla

Cuando la senadora liberal Celeste Amarilla tuvo uso de palabra se refirió al caso y mencionó que “eso no me gustó a mí”, específicamente la entrada de los voluntarios con una “alcancía”.

“La solidaridad no tiene que ser obligada, tiene que ser voluntaria y tampoco hay que exponerle a nadie que a lo mejor no tiene acá ni una moneda a que venga una alcancía y no pueda dar. Tampoco hay que exponer que yo puse 100 o 50, 200 o 500 con todas las cámaras ahí arriba", apuntó y pese a su reacción, en un video sobre el hecho se ve que Amarilla colaboró con los voluntarios.

Asimismo, aseguró que “esa búsqueda de protagonismo del ala tilinga del Congreso tiene que cambiar”, porque dentro del Senado “estamos para cosas más serias”.

Finalmente, mencionó que los representantes de la Cruz Roja podían estar afuera y el hecho se pudo haber comunicado como se hace cuando hay vacunaciones. “Se comunica como la vacunación y nada más; vamos por lo serio, presidente”, concluyó.

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El cambio se dio prácticamente en segundos, después de que el pleno revocara la resolución que había concedido permiso al senador Erico Galeano, condenado en segunda instancia.

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Pérdida de investidura

En ese contexto, se resolvió convocar a una sesión extraordinaria el martes para analizar específicamente la situación del legislador.

Acto seguido, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase (ANR-HC), solicitó dejar sin efecto la sesión ordinaria del miércoles y unificar toda la agenda legislativa en la jornada del martes. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los senadores presentes, sin debate.

Con esta decisión, los legisladores tendrán libre desde el miércoles hasta el fin de semana, aprovechando el feriado largo.

El proyecto original establecía que lo educadores del Magisterio Nacional puedan acceder a la jubilación desde los 57 años de forma extraordinaria y desde los 62 años de edad, de manera ordinaria.

Anteriormente, no había otro tope más que la cantidad de años de aporte al sistema por parte de los profesores, que era de entre 25 a 30 años.

Finalmente, por la presión de los docentes que salieron a protestar en todo el país, el plan original del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se modificó y el Congreso tuvo que bajar el mínimo de edad.

¿A qué edad puede jubilarse un docente en Paraguay?

Varias modificaciones tuvo la reforma fiscal que fue promulgada con la firma del presidente Santiago Peña el 18 de marzo, apenas dos días después de la aprobación del Congreso Nacional.

Como primer punto, la ley establece que el aporte estatal será del 10% y los sectores deficitarios del sistema, como los docentes, pasarán de aportar un 16%, al 19%, es decir, cuentan con un 3% más de aporte, que ya fue descontado de los salarios desde abril.

Un profesor del Magisterio Nacional, podrá iniciar el trámite de jubilación a partir de los 53 años de edad, pero con un aporte mínimo de 25 años para la jubilación ordinaria. El monto de los haberes será en este caso del 78%, pudiendo aumentar de forma gradual hasta alcanzar el 90%, si es que el trabajador continúa prestando servicios.

Lo que establece la reforma sobre la jubilación extraordinaria de profesores

La jubilación extraordinaria del sector se mantiene a lo que disponía la versión anterior, en casos de enfermedad o incapacidad, cuando el educador puede acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40%.

A las mujeres se les computará a partir de los 25 años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido durante el servicio de la docencia, hasta un máximo de dos hijos nacidos en este tiempo.

Los profesores que tienen actualmente 20 años o más de aporte a la caja, tienen la opción de retirarse de acuerdo con lo establecido en esta nueva ley o con las reglas anteriores previstas para la jubilación ordinaria.

Los pasos que debe realizar el docente para acceder a la jubilación

Una vez que el maestro llega a la edad mínima, debe registrar los pases a través del famoso Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (Sigmec). Luego, debe esperar la respuesta del MEC y, en caso de algún error en la carga de datos, realizar el procedimiento nuevamente.

A partir de ahí, el MEC debe remitir los datos del educador al MEF, que tiene que emitir la resolución donde aprueba el trámite jubilatorio, mediante su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP).

Tras estas medidas, queda un último paso. La resolución de la DGJP pasa al MEC, que debe promulgar una resolución de desvinculación de su personal docente. Según denuncian los profesores, todo este proceso puede tardar hasta más de dos años.

De hecho, recientemente se dieron protestas del sector por el excesivo retraso para aprobar todos los trámites necesarios, pese a que en muchos casos los maestros cuentan con graves cuadros de enfermedad o tienen a su cuidado a sus hijos enfermos y sin posibilidad de conseguir otra guarda.

Propuesta de la FEP para “cubrir” aumento del 3% en descuentos de salarios

Desde abril, docentes recibieron los descuentos del 19% de sus salarios para aportar a la caja fiscal, lo que causó malestar generalizado. En redes sociales, los profesores comentaron que estos descuentos oscilan entre G. 458.000 y G. 548.000. En contexto, un maestro de grado gana un sueldo total de G. 4.250.000 por turno.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indica que, a partir de este mes trabajarán para incluir en el anteproyecto de presupuesto del MEC 2027, un reajuste salarial que pretende paliar el aumento de aporte a la caja fiscal.

“Nosotros tenemos en cuenta el aumento del 3% del aporte a partir de abril, pero también la suba del combustible del 25%, la suba de productos de la canasta básica como la carne. Estamos esperando el porcentaje de inflación que establece el Banco Central del Paraguay (BCP) también para construir el pedido de reajuste”, afirma.

Explica, a modo de ejemplo, que la intención sería que una maestra que actualmente gana G. 4.250.000 por turno, pase a contar con un sueldo bruto de G. 5.000.000 por turno.

Pedido de reajuste salarial de docentes sería en dos etapas

Según Piris, para “recuperar” el 3% de aumento del aporte, sumado a la suba de precios en todos los ámbitos, requerirán de un ajuste salarial del 18%.

“Una idea podría ser que a partir del 2027, tengamos un aumento del 9% y para el 2028, antes del cambio de Gobierno se complete el otro 9%”, insiste.

La intención de exigir el reajuste salarial en el sector, es compartida por otros gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y la Otep - SN.

Sin embargo, los sindicatos todavía no elaboraron una propuesta conjunta para presentarla ante el MEC y el MEF. El plazo para que el anteproyecto pase al Parlamento Nacional es hasta el 31 de agosto. Después, la discusión queda en el Congreso.

Estas fiestas incluyen ferias, cierre de calles, fiestas, recreaciones artísticas de la gesta revolucionaria, música en vivo, fuegos artificiales, entre muchos otros festejos.

Sin embargo, la novedad este año es que no se contará con el tradicional desfile militar que se hace en cada fecha conmemorativa, según confirmó el coronel Nelson Ortiz.

“Nosotros siempre estamos preparados para la realización de ese evento. Particularmente yo considero que esa pregunta habría que trasladar a comunicación social de la Presidencia, porque nosotros solamente recibimos la directiva que no se va a realizar. Quizás se trasladó ese esfuerzo para las festividades de la Fundación de Asunción o por el enfoque un poco más cultural, educativo que se quiere dar en esta ocasión”, respondió al ser consultado sobre el motivo de la cancelación del desfile.

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Fiestas por el 14 y 15 de mayo

En la conferencia de prensa que reunió a representantes de más de 40 instituciones públicas y organizaciones civiles, el Gobierno Nacional presentó la agenda oficial para conmemorar el aniversario 215 de la independencia del Paraguay.

El cronograma incluye más de 140 actividades que se desarrollarán en todo el territorio nacional y en las representaciones diplomáticas en el exterior.

En el Centro Histórico de Asunción, que será el epicentro de los festejos, las celebraciones se extienden desde el miércoles 11 hasta finales de mayo.

Entre los puntos destacados se encuentran la Casa de la Independencia, el Archivo Nacional —que exhibirá el emblemático “Libro de Oro”— y el Centro Cultural de la República El Cabildo, donde actores personificarán a los próceres de la época.

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Feria Palmear

Uno de los eventos más esperados es la “Feria Palmear”, que por primera vez se realizará de forma continua durante el 14 y 16 de mayo a lo largo de la calle Palma, siendo que en esta edición especial se contará con más de 45 feriantes, música en vivo y una oferta gastronómica diversa.

El Festival de la Independencia se llevará a cabo el 14 de mayo en las plazas frente al Cabildo, con la participación de artistas como Paiko y Villagrán Bolaños, culminando con una recreación histórica de la gesta libertadora a la medianoche.

Actividades castrenses por fechas patrias

Pese a la cancelación del tradicional desfile militar, se realizarán los honores militares tradicionales el 14 de mayo.

La jornada se iniciará a las 7:30 con el izamiento del pabellón patrio en los jardines del Palacio de Gobierno, acompañado por una salva de 21 cañonazos, sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea y el saludo de buques de la Armada.

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Posteriormente, se realizará la ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y el solemne Tedeum a las 9:00.

Cultura y participación ciudadana

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, destacó que este año se ha logrado un “récord de actividades” gracias a un trabajo articulado entre el sector público y privado.

Además de los eventos masivos, se habilitarán circuitos turísticos en el Teatro Municipal y puestas de danza folclórica en hoteles históricos.

Para los más pequeños, la Manzana de la Rivera ofrecerá presentaciones de títeres.

Independencia del Paraguay

Para asegurar que la ciudadanía esté informada minuto a minuto, el Gobierno habilitó el portal digital agendarte.cultura.gob.py, donde se puede consultar el cronograma completo de manera dinámica y ordenada.

“Llamo a las familias paraguayas a convocarse en el centro histórico para disfrutar de una fiesta cívica desde el respeto y para reconocernos en una identidad cultural que nos une”, concluyó la ministra durante la presentación.

“No solamente la denuncia pública, hay que hacer la denuncia ante la Fiscalía. ¡Pero qué bien, todas estas inversiones, estas compras mal hechas y resulta ser que estos personajes renuncian y se van a su casa! ¡Qué lindo, qué lindo en Paraguay vos robás y te vas a tu casa“.

En alusión al extitular del IPS, Jorge Brítez, indicó que renunciar al cargo se vuelve un “negocio redondo, se va con los G. 9 mil millones en el bolsillo, G. 10 mil millones, G. 3 mil millones. ¡Qué lindo negocio ser funcionario público en Paraguay en estas condiciones!. No, doctor Fretes, necesitamos de tu valentía para el siguiente paso“, dijo la senadora Paredes.

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“Se necesita más que exposición pública. Se necesita valentía para presentar denuncias ante el Ministerio Público contra todos los responsables de estos actos de extrema corrupción y violación de derechos humanos”, afirmó.

La legisladora fue enfática al señalar que las irregularidades detectadas no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que, según dijo, afecta directamente a los asegurados.

Apunta contra exautoridades y consejeros

Durante su discurso, Paredes cuestionó duramente a miembros del Consejo de Administración del IPS que no pusieron sus cargos a disposición tras la asunción de Fretes. Según indicó, varios de ellos estarían comprometidos en decisiones que derivaron en el mal manejo de fondos públicos.

Recordó que, conforme a la Carta Orgánica del IPS, el Consejo tiene la responsabilidad de aprobar presupuestos, balances, compras, licitaciones y operaciones financieras. “No pueden alegar desconocimiento. Son responsables directos de licitaciones fraudulentas, compras irregulares y decisiones que perjudicaron al Instituto”, sostuvo.

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La senadora también enumeró algunos de los casos recientes expuestos por la actual administración como la compra irregular de insumos médicos, como bolsas de ostomía pediátrica en cantidades injustificadas, las licitaciones millonarias, como la contratación de asesorías por más de G. 3.500 millones.

Asimismo, las inversiones fallidas, incluyendo equipos contra incendios por unos G. 9.000 millones que no funcionarían. “En apenas 15 días se detectaron irregularidades por unos 20.000 millones de guaraníes. Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió.

“Se está violando un derecho humano”

Paredes vinculó directamente la corrupción en el IPS con la vulneración de derechos fundamentales. “Cuando no se brinda atención médica adecuada, se está violando el derecho humano a la salud. Esto ocurre todos los días con asegurados que no encuentran medicamentos ni insumos para cirugías”, denunció.

En ese contexto, describió la situación de pacientes que deben recurrir a colectas para costear tratamientos, calificando el escenario como insostenible.

La senadora cerró su intervención con un mensaje directo al Ejecutivo y a las nuevas autoridades del IPS: “Basta, presidente (Fretes), de esta situación. La gente, la ciudadanía exige que IPS tenga definitivamente una solución”.

También exigió a las nuevas autoridades que “todos los involucrados sean denunciados al Ministerio Público y se vayan presos por ladrones”.

“Basta de que los responsables renuncien y se vayan a sus casas. Deben ser denunciados y responder ante la Justicia. La ciudadanía exige que se recuperen los recursos y que los culpables vayan presos”.

El discurso de Paredes se da en medio de una creciente presión política y social por transparentar la gestión del IPS, una de las instituciones más cuestionadas en Paraguay por presuntos hechos de corrupción y deficiencias en la atención sanitaria.

Aclaró que en caso de no contar con dicha normativa, las autoridades municipales deberán elaborarla y presentarla dentro del plazo estipulado.

La medida busca verificar el cumplimiento de la legislación vigente y promover que todos los distritos cuenten con una ordenanza que regule la propaganda electoral, de cara a futuros procesos electorales, señaló el juez electoral.

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Deben indicar espacios para propaganda electoral

Desde el juzgado advirtieron que, en caso de incumplimiento, se reiterará el pedido a las autoridades municipales. De acuerdo con el Código Electoral, el artículo 294 obliga a las municipalidades a indicar los lugares autorizados para la realización de propaganda electoral en la vía pública, dijo el juez Oxilia Vera.

Retirarán propaganda electoral extemporánea

Mientras que el artículo 295 establece que la propaganda callejera debe realizarse en las áreas determinadas por los municipios, con autorización de los propietarios de los inmuebles afectados.

Finalmente, el juez recordó que la elaboración del reglamento de la propaganda electoral es una obligación legal para las municipalidades, para garantizar la equidad en la competencia electoral, mantener el orden y la limpieza de las ciudades y evitar la contaminación visual del entorno.

Esta gran demanda, sumada a la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud, sería uno de los motivos que llevó a la doctora Giménez a dejar el cargo, aunque oficialmente alegó cuestiones personales. Además, frecuentemente se denuncian negligencias por parte del personal de blanco.

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Como la directora general presentó su renuncia, el director médico, doctor Basilio Espínola, también puso su cargo a disposición. Ambos deben ser reemplazados en el cargo.

La doctora Giménez está al frente del Hospital desde hace un año. Durante su gestión sorteó varias dificultades debido a las precariedades existentes. Si bien asegura que su decisión responde a cuestiones personales, es sabido que la precaria situación de los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud desencadena constantes renuncias de jefes y directores.

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“Presenté mi renuncia formal y por escrito hace 15 días, pero hasta ahora no tengo respuesta. Es una cuestión meramente personal”, afirmó.

La decisión está en manos del director regional

La decisión sobre el cargo de ambos profesionales ahora depende del director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel. El mismo debe contar con un reemplazo y, posteriormente, solicitar a nivel central la emisión de la resolución mediante la cual se designará al nuevo director.

Los centros asistenciales del Alto Paraná enfrentan varias precariedades, como falta de suficiente personal, escasez de medicamentos e insumos, e incluso problemas estructurales. Los directores no disponen de caja chica para emergencias ni mantenimientos.

Sin embargo, según la comunicación institucional, un grupo de personas minimizó el hecho, no brindó información requerida por los paramédicos y dificultó el trabajo de los mismos. Finalmente, por insistencia del propio afectado, se pudo concretar la atención y posterior derivación al Hospital General de San Lorenzo (Calle’i) para una mejor evaluación.

“Desde el MDS, se insta a los manifestantes a deponer actitudes que ponen en riesgo la salud de las personas adultas mayores, e incluso, de personas que no siendo adultos mayores pueden requerir servicios médicos de urgencia”, expresa parte de la nota publicada por el ente estatal.

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Carpa de la resistencia frente al MDS

Un grupo de adultos mayores se concentra desde hace semanas frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), reclamando la inclusión al Programa de Pensión Universal que, por ley, debe ser acreditado de forma automática a todos las personas mayores de 65 años que cumplan con las condiciones.

Sin embargo, la inclusión de los abuelos se está realizando de forma paulatina y por tandas de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Según datos oficiales, a finales de abril se concretó la inclusión de 11.000 mil nuevos beneficiarios nacidos entre diciembre de 1957 y abril de 1958, en el marco del proceso de universalización del programa establecido por la nueva ley.

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El Ing. Javier Moreno, gerente del Abasto Este, comentó que la actividad contará con artículos a precios sumamente accesibles, entre ellos electrodomésticos, que ya serán aprovechados especialmente por las familias que están en búsqueda del regalo para el Día de la Madre.

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Variedad de artículos

Añadió que durante los tres días, los compradores accederá a una gran variedad de artículos como muebles, juguetes, plásticos, lentes, calzados, artículos de bazar. Además de prendas de vestir, plantas, artículos electrónicos, motocicletas y mucho más.

Hora y lugar

Además detalló que la propuesta comercial se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas, en el Bloque B1, contará con la participación de productores frutihortícolas de la zona que acompañarán la feria con ofertas en alimentos, como queso, huevo casero, verdeos, frutas de estación, legumbres, entre otros.

Experiencia de compra cada mes en el Abasto Este

“El Abasto Este impulsa actividades cada mes, posicionándose en un punto estratégico comercial y de eventos en la zona Este del país. Les esperamos para vivir una experiencia de compras diferente, con grandes descuentos en la feria”, expresó el gerente.

Un gran impulsor de los mercados formales

Así también, extendió la invitación a la jornada de vacunación contra la influenza, a realizarse este sábado 9 en Bloque B1 del Abasto Este que se ubica en el km 315 de la Ruta PY02, más conocido en la zona como Km 14,5, límite con Ciudad del Este.

Cuenta con cuatro bloques, el B1 de industrias, comercio y servicios; el B2 de servicios y almacenamiento; el B3 de supermercado mayorista y el B4, el Patio de Comidas

Esta semana, un Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra el senador Galeano, quien fue declarado culpable de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal al comprobarse que tuvo vínculos con una estructura vinculada a los supuestos narcotraficantes Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset.

Luego de la condena en primera instancia, la bancada del movimiento cartista Honor Colorado en el Senado –a la que Galeano pertenece– lo protegió de un eventual proceso de pérdida de investidura otorgándole un polémico “permiso” para ausentarse del Congreso.

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Sin embargo, tras la ratificación de esa condena esta semana, figuras de liderazgo de Honor Colorado anunciaron que el cartismo en el Congreso acompañaría un pedido de pérdida de investidura y que se le sugirió a Galeano renunciar antes de que eso ocurra.

“Por mi sugerencia, no va a renunciar por el momento”

Sin embargo, Estigarribia dijo hoy a ABC que “por mi sugerencia, no va a renunciar por el momento el senador”.

El abogado señaló que, al retirarle hoy el Senado el permiso que le otorgó, el senador Galeano debe regresar a su banca, que es ocupada provisoriamente por Guadalupe Aveiro (ANR). Solo entonces el Senado podrá iniciar un eventual proceso de pérdida de investidura, indicó.

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Estigarribia dijo que conversó con su cliente sobre las “posibles consecuencias jurídicas” de que renuncie o sea despojado de su investidura en el Senado. Explicó que si Galeano es expulsado del Congreso, se activaría automáticamente el mecanismo de prisión preventiva que ordenó el Juzgado al perder el congresista sus fueros.

También agregó que si el senador es expulsado del Senado y luego la Corte Suprema de Justicia –la última instancia judicial a la que Galeano puede recurrir para revertir la condena en su contra– resuelve absolverlo, el político podría accionar judicialmente contra los parlamentarios que resolvieron su expulsión e incluso contra el Estado paraguayo, aunque añadió que Galeano manifestó no tener intención de accionar contra el Estado.

“Es mejor para los políticos congraciarse con la prensa”

Estigarribia cuestionó como “un sinsentido” que el Senado haya otorgado un permiso a Galeano debido a que la sentencia aún no estaba firme tras la condena en primera instancia y se lo retire ahora, a pesar de que técnicamente la condena aún no está firme al quedarle a Galeano la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.

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“Obviamente se dan coyunturas políticas”, dijo, y agregó que “es mejor para los políticos congraciarse con la prensa y ciertos sectores sociales” expulsando a Galeano.

Es que la intervención –que abarca casi 6 kilómetros hasta su conexión con Tres Bocas (ruta PY01) y la ruta PY02– demandará una inversión total de G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones al cambio actual), lo que significa un costo de unos US$ 6,6 millones por kilómetro, muy por encima del precio de las rutas en el país (entre US$ 1 y 2 millones por km).

ABC preguntó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por qué se tiene tal costo y este sostiene que la comparación con carreteras convencionales es incorrecta.

Dos elementos particulares dentro del costo

El director de Vialidad de la institución, ingeniero Alejandro Bordón, dijo a nuestro diario que, por un lado, el cálculo varía por el tipo de cambio (ahora el dólar está muy bajo, entonces el monto al pasar de guaraní a esa moneda parece ser más alto).

Por otro lado, sobre todo el costo varía por las características técnicas del proyecto que requerirá una importante dimensión de desagües pluviales, ya que se trata de una zona inundable con cada lluvia.

Reparación de Avelino Martínez costará casi G. 90.000 millones más de lo estimado

“En el momento de la planificación, el dólar estaba en torno a G. 7.800. A esos valores, el costo ronda los 5 millones de dólares por kilómetro. Hoy el dólar tuvo un desplome de casi el 20%, y eso eleva el cálculo a unos seis millones”, señaló.

No obstante, incluso con ese ajuste, la obra sigue ubicándose por encima de referencias habituales.

Al respecto, Bordón insistió en que se trata de una intervención urbana compleja, con un fuerte componente hidráulico que incide directamente en el presupuesto.

Obra de Avelino Martínez: el peso del drenaje en el costo

Uno de los principales factores que explican el costo es el sistema de desagüe pluvial. Según el MOPC, el proyecto contempla unos 9.000 metros de alcantarillas, una longitud que incluso supera el 50% del total del tramo intervenido.

“Este es un proyecto distinto, de características urbanas. Tenemos casi 9.000 metros de alcantarillas, además de entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos de hormigón”, detalló Bordón.

El funcionario indicó que el sistema incluye alcantarillas celulares y tubulares de distintas dimensiones, con configuraciones simples, dobles y hasta triples, diseñadas en función de estudios hidrológicos del área.

MOPC adjudica la rehabilitación de la desastrosa Avda. Avelino Martínez: esto costará

“Históricamente allí hubo problemas de raudales. Uno delimita las cuencas de aporte y tiene que canalizar toda esa agua hacia puntos de descarga. Esa suma de estructuras es lo que lleva a esa longitud de alcantarillas”, explicó.

Bordón insistió que el impacto de este componente fue determinante en el costo total. “En este tipo de proyectos, el drenaje puede representar entre el 30% y el 50% del presupuesto”, afirmó.

Cambio estructural, pavimento rígido y nueva base

Además del drenaje, la obra contempla la reconstrucción completa de la estructura vial. El proyecto prevé la demolición del pavimento existente y la construcción de un nuevo paquete con subrasante mejorada, base granular y losa de hormigón (pavimento rígido).

“Estamos hablando de un pavimento rígido de entre 22 y 23 centímetros, que tiene un costo inicial mayor que el asfalto, pero una vida útil más larga y menor mantenimiento”, sostuvo Bordón.

El objetivo es eliminar los “problemas crónicos” de la avenida, especialmente tras las lluvias. “La realidad de los baches después de cada lluvia ya no va a existir, porque el agua va a estar bien conducida y el pavimento va a responder mejor”, aseguró.

Interferencias urbanas y ejecución por etapas

Otro factor que encarece la obra es su ejecución en zona urbana consolidada, donde existen múltiples interferencias.

“Tenemos aductoras, cañerías de agua, servicios. Todo eso se tiene que considerar. No es lo mismo que construir en una traza nueva”, explicó el director de Vialidad.

Avelino Martínez: este es el primer tramo cerrado

Actualmente, los trabajos se concentran en la adecuación de desvíos y bacheo de vías alternativas. El inicio de las excavaciones dependerá de las condiciones climáticas, ya que el plan prevé cerrar las zanjas en un máximo de 48 horas para evitar mayores inconvenientes.

En paralelo, se ejecutan obras en la zona del arroyo San Lorenzo, donde se instalarán alcantarillas cuádruples como parte del sistema de descarga.

Plazos y posibles ajustes: ¿Cuándo podría terminar la obra?

El contrato establece un plazo total de 24 meses, de los cuales ya transcurrieron cuatro desde la orden de inicio en enero de este año. Según el MOPC, la obra debería concluir en enero de 2028.

Cada frente de trabajo tendrá plazos parciales de entre 90 y 120 días, dependiendo de la complejidad de los sistemas de drenaje.

El proyecto también contempla la revisión del diseño ejecutivo por parte de las empresas adjudicadas, lo que abre la posibilidad de ajustes.

“Todavía no tenemos el cómputo final de esa revisión, pero está dentro de lo permitido en el pliego. Podrían darse variaciones”, admitió Bordón.

En conclusión, el MOPC defendió que el alto costo responde a una combinación de factores como el tipo de cambio, la reconstrucción total de la vía, la ejecución en zona urbana y, principalmente, la magnitud del sistema de drenaje, para evitar que la avenida vuelva a deteriorarse tras cada lluvia.

victor.ferreira@abc.com.py

A esto se sumó que el propio titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, sostuvo que el cuestionado por usar su presunto título falso de abogado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador cartista Hernán Rivas, no es abogado.

Estos hechos sobre los legisladores del Partido Colorado hicieron que refloten los pedidos de pérdida de investidura o renuncia contra los mismos; sin embargo, el bloque cartista, con ayuda de aliados satélites, los salvaron otorgándoles permisos inconstitucionales, pero que se impusieron con su mayoría de votos en la Cámara de Senadores.

Para la senadora colorada Lilian Samaniego, hoy este comportamiento de los miembros de Honor Colorado les hace sentir vergüenza, por lo que incluso pidió perdón a la ciudadanía e instó al cartismo a que pida la renuncia de Rivas y Galeano o que impulse la pérdida de investidura de ambos legisladores.

Vicelíder de bancada cartista en el Senado “sugirió” a Erico Galeano que renuncie

“Esto es una vergüenza para el Partido Colorado, para la ciudadanía paraguaya. Desde la institución del Partido Colorado les pregunto: ¿qué les pasa? ¿Por qué les ofenden a esos jóvenes que estudian, que se sacrifican, a esos padres que se sacrifican para que sus hijos vayan a la universidad y tengan una profesión y después no tengan la oportunidad de trabajar? El oficialismo lo mínimo que tiene que hacer es pedirle renuncia o impulsar la pérdida de investidura de Erico Galeano; lo mínimo que tiene que hacer es pedirle renuncia a Hernán Rivas o impulsar también la pérdida de investidura”, aseguró.

Disidencia colorada acompaña expulsión de Rivas y Galeano

Afirmó que “sin duda alguna” acompañarán ya sea la renuncia o pérdida de investidura de ambos legisladores y recordó que ella estaba de viaje cuando le concedieron el permiso a Galeano, como así también que rechazaron el pedido de permiso de Rivas, el cual el cartismo le otorgó al imponer su mayoría a fin de blindarlo.

Acotó además que, pese a tener suspendida la matrícula de abogado, Rivas la sigue teniendo, pese a las evidencias de presunta falsedad de su título. Felicitó a José Duarte, titular de la Aneaes, por decir que el senador cartista con permiso no es abogado. Criticó que el sistema de justicia siempre llega tarde y reacciona forzado, ya que, en vez de esclarecer el caso Rivas, le protege por influencia del cartismo.

“¡Basta! No son solamente ustedes, no son el Partido Colorado, encima nos hacen tener vergüenza a todos, a esos jóvenes colorados que siguen apostando al partido, a las familias coloradas, a la tradición del partido, a todos los que no somos del movimiento oficialista (...) Hoy tenemos vergüenza y le pido a la ciudadanía disculpas por haber votado por Hernán Rivas para representarnos en el Jurado, porque cuando eso yo no sabía, ni me imaginaba que él no era abogado”, agregó.

Presidente de Aneaes sostiene que Hernán Rivas no es abogado: “Nadie cree eso”

Sobre la expulsión de Rivas y Galeano del Partido Colorado, explicó que eso depende del tribunal electoral de conducta, pero que espera que funcione.

Cartistas hablan como si fueran dueños de la ANR

La senadora criticó la forma en que el precandidato a la Intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, se refiere a la organización política, ya que, para la legisladora, los cartistas siempre hablan como si fueran los dueños del partido, mientras que el resto no son nada.

“Les quiero decir que de los tres millones de paraguayos que somos los colorados, les puedo asegurar que más de la mitad no está conforme con lo que está ocurriendo con el Partido Colorado, con la representación, la conducta del oficialismo del partido. ¡Basta, señores, basta! Tienen que hacer la demostración ustedes, porque fueron ustedes los que le dieron permiso a Erico Galeano, fueron ustedes los que le dieron permiso a Hernán Rivas, esa figura no existe, la del permiso, pero ustedes forzaron y lo hicieron, y ahora rectifiquen su rumbo”, insistió dirigiéndose al sector oficialista.

Agregó que, ante la vergüenza que les hacen sentir los cartistas, impulsan una gran cruzada, acompañando a todos los candidatos para las elecciones municipales, para las que espera un proceso transparente y que el tribunal electoral del partido esté a la altura de las circunstancias.

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Don Amalio Valdez, quien encabeza el grupo de voluntarios, destacó que el buen tiempo colaboró para desagotar varios tramos del camino inundado para permitir luego el ingreso de maquinaria del MOPC y así dejar habilitadas estas partes que permitirán salir hacia otras regiones del país.

En los lugares más críticos, donde aún se percibe que hay mucha agua, la retroexcavadora del MOPC procede a formar barreras de tierra a los costados para permitir el desagote, logrando en pocas horas dejar prácticamente seco el lugar, y luego la motoniveladora procede a realizar algunas mejoras.

Si bien estos trabajos son solo de urgencias, posteriormente se deberán realizar los levantamientos de terraplén y la colocación de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe; pero, por de pronto, de no producirse más lluvias, ayudará a rehabilitar este importante tramo y permitirá así que los pobladores de Fuerte Olimpo y Bahía Negra salgan del aislamiento.

Valdez dijo que se puede percibir que ya no existen cortes profundos en el camino, solo algunos tramos con agua, y que de continuar este clima sin lluvias, probablemente para la tarde del jueves ya se pueda habilitar el camino, aunque sea para vehículos livianos, atendiendo la urgencia de poder transitar.

Por de pronto, solo restan menos de 10 kilómetros de tramos a ser desagotados para llegar hasta la zona de Búfalo. Desde allí hasta la ruta bioceánica, el camino se encuentra en buenas condiciones. Esta vía de 75 kilómetros entre la ruta bioceánica y Toro Pampa es la principal entrada y salida de los pobladores hacia el resto del país.

Por último, don Amalio reconoció el esfuerzo que realizan las personas que trabajan con él, ya que todos se movilizan por el solo deseo de contar con el camino; nadie percibe salario alguno, y lo que reciben como aporte de algunos amigos es destinado a la compra de combustible para las motobombas y la adquisición de alimentos.

“Si no nos movíamos, estaríamos esperando que el camino se seque de forma natural, y eso llevaría mucho tiempo; por lo que realmente es importante, en este tipo de situaciones, el esfuerzo solidario de la ciudadanía, sin esperar el actuar de las autoridades, pues sabemos en la realidad la forma en que ellos se mueven”, expresó el trabajador.

Empresas adjudicadas

Los pobladores desean saber qué pasó con las empresas Mawes S.A. y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicadas por G. 8.000 y 9.000 millones, respectivamente, para la reparación de los caminos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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De hecho, la única empresa que realmente comenzó a trabajar y reparó varios kilómetros es Mawes S.A.; la otra, a la cual los moradores califican como una “empresa fantasma”, solo envió dos precarias y obsoletas máquinas, con las cuales realizó perfilados en el camino que conduce a Puerto Casado.

Las reparaciones comenzaron a inicios de enero y, hasta la fecha, no lograron colocar un solo centímetro de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe. Es más, desde hace varias semanas, ninguna de las dos firmas de vialidad trabaja en el departamento, desconociéndose la situación de esta licitación pública.

El pedido fue aprobado sobre tablas y se convirtió en el primer punto del orden del día, evidenciando un amplio consenso político para dejar sin efecto una medida ampliamente cuestionada por su inconstitucionalidad.

En paralelo, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, solicitó que el próximo martes, en una sesión extraordinaria, se trate el pedido de pérdida de investidura de Galeano, iniciativa que será impulsada tanto por el oficialismo como por legisladores de la oposición.

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Con la revocación del permiso, Galeano vuelve a estar plenamente sujeto a las decisiones del pleno del Senado, lo que habilita el tratamiento inmediato de su eventual expulsión.

El antecedente: un permiso inconstitucional

El permiso “sine die” había sido otorgado el 11 de marzo por una mayoría de senadores, en medio de fuertes críticas por contradecir la Constitución Nacional, que no contempla este tipo de licencias para legisladores que buscan esperar la revisión de una condena judicial.

La Carta Magna solo permite permisos en casos específicos, como el ejercicio de otro cargo público, lo que generó cuestionamientos jurídicos y políticos desde distintos sectores.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), -antes de la sesión ordinaria- había adelantado que se impulsaría la revocación del permiso y que, en caso de no concretarse la renuncia de Galeano, se avanzaría con su expulsión.

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“No hay una cuestión de esperar. Primero se anula el permiso y luego se evaluarán los siguientes pasos”, había señalado tras una reunión de bancadas.

Hasta el momento, Galeano no presentó oficialmente su renuncia a la Cámara de Senadores, y la negativa incluso fue señalada por su abogado, Ricardo Estigarribia, lo que acelera el escenario político hacia una definición en el pleno del Senado.

Con esta decisión, el Congreso busca corregir una resolución considerada inconstitucional y responder a la creciente presión pública en torno a un caso que se convirtió en uno de los más sensibles de la agenda política nacional.

La senadora Esperanza Martínez (FG) señaló que la situación de Galeano no admite discusión, dado que la Constitución Nacional lo inhabilita para ejercer el cargo tras recibir una condena firme.

Según explicó, el proceso ya está en marcha: hoy se revoca su permiso y en la próxima sesión se trataría su pérdida de investidura, a menos que el legislador presente su renuncia anticipada.

Sin embargo, para Martínez, el caso de Galeano no es el único de un esquema de impunidad que salpica al Poder Legislativo.

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“Un gran susu’a”: pide destitución de Hernán Rivas

La legisladora del Frente Guasu solicitó que Hernán Rivas también sea removido de su banca. Rivas enfrenta actualmente una causa penal por la presunta falsificación de su título de abogado, documento que le permitió incluso presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Martínez utilizó una analogía médica para describir el contexto en el Senado.

“Tenemos que incluir a Rivas, no podemos seguir en este plan de impunidad y actuar de a puchitos, a medida que las cosas explotan. Esto es como un gran susu’a (forúnculo), como una bolsa de pus que está saltando y nos salpica a todos por la cara. Eso quirúrgicamente se erradica: se hace un toilette, se saca todo eso, un poco de antibióticos y se hace una curación”, dijo.

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Consultada sobre si incluir a Rivas en el debate podría entorpecer la salida de Galeano, la senadora descartó que esta estrategia tenga un impacto negativo. Según Martínez, no existen dudas sobre la falsedad del título de Rivas y considera que ambos casos representan una afrenta a la institucionalidad.

En los sitios donde se tienen los registros cloacales se ve que el agua turbia, de color negro, sale a la superficie e inunda las arterias, lo que molesta a los vecinos. Cuando los reclamos son muy constantes, la Essap envía un camión especializado en la limpieza de los desagües.

Pero los moradores indicaron que es sólo una solución parche, porque en algunos días la situación vuelve a ser la misma. Por ello ahora un grupo de pobladores están organizando una reunión donde convocarán hoy a autoridades, precandidatos a intendente, entre otros.

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Según explicó una de las vecinas afectadas, Eduarda Martínez, la idea es movilizarse para que la Essap realice los trabajos a fondo porque tiene la información que las cañerías de los desagües ya están inservibles. “No podemos vivir en un chiquero”, lamentó la mujer.

Agregó que la fiscalía debería de actuar de oficio ante las constantes denuncias ciudadanas sobre el deficiente sistema de desagüe cloacal que se tiene en la ciudad de Concepción. “No descartamos realizar alguna denuncia contra la Essap”, sostuvo Eduarda Martínez.

Según el reporte, se registrará el ingreso de un frente frío desde la tarde del jueves. Está previsto que inicialmente sobre el extremo suroeste del territorio nacional se desarrollen tormentas y con ello fenómenos adversos.

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Esa noche se registrarían frecuentes descargas eléctricas, ráfagas de viento, precipitaciones intensas y la caída de granizos. El temporal se extendería al resto del país.

Descenso significativo de la temperatura

En este contexto, una masa de aire frío se establecerá sobre el país a partir del viernes, favoreciendo un marcado descenso de la temperatura.

El frío se acentuaría durante los días siguientes. En principio, entre el domingo y el 7 lunes, las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores cercanos a los 3 ºC e incluso inferiores en algunos puntos del territorio nacional.

“Es paradójica esta situación porque justamente el lunes decía que la institución encargada de controlar que el ciudadano tenga aprobado su sistema de prevención de incendios no tiene aprobado su sistema de prevención de incendios”, enfatizó el concejal Álvaro Grau esta mañana.

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Aseguró que eso mismo se repite en la Intendencia y hasta en los teatros administrados por la municipalidad.

“Entonces con qué altura moral sale la intendencia municipal a exigirle a la ciudadanía que tenga su sistema de prevención de incendios aprobado, cuando la misma institución está así”, cuestionó y agregó que debería dar el ejemplo.

Bello debe pagar la multa, sostiene

Intentando demostrar su punto, dio dos pasos y mostró uno de los extintores vencidos. “Acá vos podés recorrer y donde tiene que haber una escalera hay bolsitas de hamburquesa, ‘Toddynho’, gaseosas, cualquier cosa, ratas y todo vas a encontrar, pero no vas a encontrar nada que esté funcionando del sistema de prevención”, manifestó.

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Calificó la situación de una vergüenza y dijo que la municipalidad no tiene altura moral para exigirle a la ciudadanía que esté en regla. “La institución se tiene que multar a sí misma. Luis Bello tiene que pagar la multa”, planteó.

El concejal Grau recordó que parte de los bonos de Óscar “Nenecho” Rodríguez debían ir destinados a un sistema de prevención de incendios en el Mercado 4, pero las obras nunca llegaron.

“Dejen de robar y la plata va a alcanzar. La plata para esto existió, pero, ¿dónde fue a parar? Que se invierta en lo necesario, en obras, en sistemas de prevención de incendio, en lugares de mucha concurrencia en vez de que se siga gastando en salarios. Para salarios sí sigue habiendo plata pero para obras no", cuestionó para ABC TV.

Daniel Vargas, poblador de la zona, aunque actualmente reside en Asunción, manifestó que a su cargo está el pago del suministro eléctrico de la vivienda de su madre y calificó la situación como “un calvario”.

Indicó que el problema se arrastra desde enero y que ni siquiera en la sección de reclamos de la ANDE obtienen respuestas.

“El inconveniente es grave. En la ciudad ya casi no hay lectores que verifiquen los medidores y eso estaría generando estas facturaciones irregulares”, sostuvo.

ANDE: Usuaria pagó más de G. 7.400.000 por conexión de medidor, pero sigue a oscuras tras 36 días de espera

Excesiva sobrefacturación

El denunciante explicó que anteriormente las facturas oscilaban entre G. 145.000 y G. 350.000, pero que en los últimos meses los montos se dispararon de forma desproporcionada, llegando incluso a cifras de entre G. 2.500.000 y G. 3.500.000.

“Esto representa un perjuicio enorme para las familias, especialmente para las más humildes, que no tienen cómo afrontar estos montos”, lamentó.

Ante la falta de respuestas, el afectado no descarta movilizarse hasta la sede central de la ANDE para exigir una solución y el esclarecimiento de los cobros.

Para conocer la versión institucional, se intentó contactar con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, pero no se obtuvo retorno. Desde este medio, estamos abiertos para que la institución pueda referirse a las denuncias.

La situación vuelve a evidenciar la ineficiencia del sistema de facturación y atención al usuario de la ANDE, en medio de cuestionamientos por la aparente falta de control y respuestas ante denuncias que afectan directamente a la ciudadanía.

Funcionarios de la ANDE en Caacupé denuncian precariedades y falta de recursos para operar

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el capitán Marcos Almada, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, dio detalles sobre el operativo de combate al siniestro, que calificó de “bastante complejo”.

El capitán Almada explicó que el incendio en sí no fue grande en dimensiones, pero indicó que fue complicado controlarlo debido a que se produjo en un subsuelo del edificio.

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Si bien las causas del siniestro aún no han sido completamente comprobadas, la teoría que esbozó el comandante del Cuerpo de Bomberos es que el fuego tuvo su origen en un ducto de montaje eléctrico en el subsuelo, donde las llamas consumieron los aislantes térmicos del cableado.

Aunque las llamas no se extendieron mucho, sí produjeron una cantidad importante de humo “bastante denso y tóxico” que se propagó rápidamente a los pisos superiores.

“El humo es lo principal que mata en los incendios”, señaló Almada.

Más de 60 evacuados, una veintena de derivados a centros de salud

Los bomberos evacuaron a 61 personas -además de a algunas mascotas– del edificio, en el que hay apartamentos y oficinas corporativas privadas y estatales. Se estima que el edificio alberga diariamente a unas 300 personas.

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Del total de evacuados, 21 personas fueron derivadas a centros asistenciales del Instituto de Previsión Social o al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por intoxicación causada por la aspiración de humos tóxicos.

Falta de apoyo de la Municipalidad de Asunción

El capitán Almada reclamó la falta de apoyo municipal al trabajo de los bomberos, en particular en Asunción, cuya Municipalidad -según manifestó- ha dejado de entregar los aportes que debe dar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios según una ordenanza municipal vigente.

“Tenemos un atraso desde 2020 con la Municipalidad (de Asunción) en cuanto a los aportes”, denunció.

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El capitán Almada explicó que la falta de recursos y apoyo económico afecta principalmente al servicio del Cuerpo de Bomberos en horarios diurnos debido a que se paga a bomberos y conductores para que estén de guardia en esas horas debido a que los demás miembros del cuerpo deben trabajar.

Algunas unidades no están pudiendo pagar esas guardias diurnas a consecuencia de la falta de aportes.

“Muchas veces tenemos respuesta tardía (a emergencias) porque no tenemos los recursos establecidos en ordenanzas municipales”, subrayó.

El principal inconveniente para avanzar con la siguiente etapa es la falta de acuerdo entre las partes, principalmente en lo referente a la habilitación de vehículos livianos. En la actualidad, el Puente de la Integración opera con horarios limitados: de 22:00 a 05:00 para camiones vacíos y de 19:00 a 07:00 para ómnibus de larga distancia.

Del lado paraguayo, piden la apertura al tránsito liviano como una forma de fortalecer el turismo y dinamizar la economía regional. En contrapartida, autoridades y gremios brasileños se oponen a esa medida.

El presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco, Luis Fernando Vargas, señaló que la postura de los franqueños es impulsar el turismo mediante la habilitación del paso fronterizo para vehículos livianos en horario de 07:00 a 19:00, a cambio de permitir el cruce de camiones vacíos de 19:00 a 07:00. “Nosotros queremos que se habilite el paso fronterizo para el turismo. Ese va a ser nuestro pedido y, a la vez, acceder a la solicitud de ellos que es la extensión del horario para camiones”, manifestó.

En la misma línea, el presidente del Centro de Importadores y Comerciantes del Alto Paraná (CICAP), Chariff Hammoud, reiteró el pedido de habilitación plena del Puente de la Integración, y manifestó que el Puente de la Amistad está saturado. La situación genera demoras para turistas que pasan por una experiencia desagradable.

Corredor rural depende del puente sobre el Monday

Desde el inicio del proyecto, la demora en su habilitación total se atribuye a la falta de culminación del puente sobre el río Monday, obra central del Corredor Metropolitano del Este, destinado principalmente al tránsito de camiones. No obstante, la apertura al tránsito liviano no modificaría el diseño original, ya que tránsito de este tipo de vehículos es por el corredor urbano.

La investigada se desempeña como funcionaria de la Sección Estadística del Palacio de Justicia de San Lorenzo, Circunscripción Judicial de Central.

Lo que nos faltaba: detectan una mafia de tobilleras electrónicas y allanan juzgado

La fiscala solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario e irónicamente, con el uso de la tobillera electrónica para el monitoreo del cumplimiento de la medida. A cargo de esta causa está el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos de Humberto Otazú.

Galeano fue detenida este martes, en horas de la mañana, en la oficina del Palacio de Justicia de San Lorenzo, en el marco de un operativo de entrega vigilada de G. 4.000.000 que iban a ser repartidos supuestamente entre una actuaria, una jueza y funcionarios de la OMDEC del Ministerio del Interior.

Prisión preventiva para funcionario del Incan que cayó durante entrega vigilada

Exigió dinero a cambio de intermediar para obtener tobillera

De acuerdo con datos expuestos en la imputación fiscal, la funcionaria judicial Antonia Galeano se habría ofrecido como intermediaria ante los funcionarios del juzgado penal de garantías N° 1 de San Lorenzo, a cargo de María Elena Cañete, para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, procesado por la Ley N° 1.340/88 sea beneficiado con la tobillera electrónica.

La funcionaria de Estadística intervino porque es vecina de la casa donde se debía cumplir el arresto domiciliario.

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En ese contexto, Galeano habría exigido la suma de G. 7.000.000 al padre de Marcelo Peña, Concepción Peña, bajo la promesa de que obtendría una medida más leve y el informe favorable por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), para que el mismo pueda contar con la tobillera electrónica.

El 27 de abril, Concepción Peña denunció un pedido de suma de dinero por parte de una funcionaria judicial, a cambio de que su hijo obtenga medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Es así que, por medio del abogado Vicente Rodríguez, habían solicitado revisiones en las cuales se les negó el cambio de medida cautelar en varias ocasiones, y una nueva diligencia se fijó para el 21 de abril.

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Fue antes de que se lleve a cabo la primera audiencia de revisión que Galeano se ofreció para mediar. Por esta razón el padre del procesado fue hasta el domicilio de la funcionaria y le consultó si “eso tendría un costo” a lo que la mujer le dijo “nadie trabaja gratis”, pero que aún no sabía el precio. Al día siguiente, vía telefónica le indicó que debía entregar la suma de G. 6.000.000.

Funcionaria insistió en entrega de dinero

Un día antes de la audiencia, el denunciante le indicó a Galeano que no alcanzó a juntar el dinero requerido, que solo tenía G. 3.000.000, a lo que la funcionaria le habría aceptado el monto y manifestado que a la gente del juzgado les diría que a la tarde se les entregaría el saldo.

Sin embargo, el día de la diligencia, Antonia Galeano citó al padre del encausado a las 7:00, en un estacionamiento cercano al juzgado de San Lorenzo, al lado de una capilla para la entrega del dinero. Al llegar al lugar, Concepción Peña entregó a Galeano el dinero que estaba en una bolsa de colores con la inscripción “Feliz Cumpleaños”.

Acusan a concejal que habría exigido G. 24 millones para “destrabar” proceso municipal

Luego de eso, Peña fue hasta la oficina del juzgado. En la ocasión el abogado pidió el arresto domiciliario de Marcelo Peña, quien estaba en Tacumbú y la colocación de la tobillera electrónica. La jueza libró el oficio Nº 857 a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) para la evaluación técnica de factibilidad, informe que debía remitirse en 24 horas.

Luego Antonia Galeano se comunicó nuevamente, vía telefónica, con el padre del procesado para pedirle la suma de G. 1.000.000 más para el personal técnico funcionarios del OMDEC, a cambio de enviar un informe positivo, de lo contrario la jueza rechazaría el pedido.

Al día siguiente, a las 11:24, se remitió al Juzgado el informe de la OMDEC por Nota N° 404/26 del 22 de abril, y el abogado defensor pidió una nueva audiencia de revisión de medidas que se fijó para el 24 de abril, cuando el juzgado otorgó el arresto domiciliario a Marcelo Peña.

Desde entonces, Antonia Galeano insistió al denunciante que entregue el saldo, es decir, los G. 4.000.000, de los cuales G. 3.000.000 eran para el juzgado y el G. 1.000.000 para funcionarios del Ministerio del Interior, supuestamente y según refiere el escrito de imputación.

Estas conversaciones habrían sido vía telefónica, a través de llamadas realizadas entre Antonia Galeano y el denunciante, quien con ayuda de sus familiares habría grabado las llamadas con uso de otros celulares. En base a esto se realizó el procedimiento de entrega vigilada.

Corte aguardará el informe

En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el titular de la máxima instancai judicial, ministro Alberto Martínez Simón, solicitó actualización sobre el caso de la funcionaria judicial de San Lorenzo a lo que le comunicó que no hubo informe remitido a la máxima instancia judicial al respecto.

Ante esa situación, Martínez Simón anunció que aguardarán informe sobre la imputación a la funcionaria y otros datos más del caso para tomar una determinación en torno al caso.

Este miércoles, funcionarios de la Comuna de Asunción y bomberos llegaron hasta el lugar para realizar la pericia final que permita conocer el origen del fuego para posteriormente elevar un informe con recomendaciones.

Ivo Brun, jefe del Departamento de Prevención contra Incendios de laMunicipalidad de Asunción, comenzó diciendo que una primera evaluación general le permite señalar que el área de evacuación estaba “óptima” porque el tiempo mínimo que se requería fue optimizado por los rescatistas para la evacuación de personas y animales.

“Parte de este proceso del edificio está mínimamente en cumplimiento con su vía de escape y evacuación. Entendemos el pánico y el susto de las personas que no pudieron reaccionar y escapar”, manifestó.

Adecuaciones a lo largo del tiempo

Brun señaló que, al ser un edificio donde funcionan oficinas corporativas y también viviendas, constantemente se están ejecutando modificaciones.

Comentó que la verificación final de este edificio culminó en 2020 y derivó en observaciones. Muchas se cumplieron y otras tuvieron que adecuarse porque en 2022 hubo otras modificaciones y adecuaciones que derivaron en una orden de clausura, rememoró el funcionario.

“Ahora nosotros vamos a volver a solicitar todo el resumen de los años anteriores. Nosotros como municipio le notificamos a la empresa para que presente de nuevo sus planos y todas las documentaciones en un tiempo de cinco días”, manifestó.

Asimismo, añadió que desde octubre de 2025 están notificando a los viejos edificios de la ciudad que necesitan someterse a procesos de adecuación.

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Veloz fiscalización: ¿cuándo habrá un resultado?

Los trabajos de este miércoles duraron poco más de una hora y se centraron en la revisión de todo el sistema eléctrico desde el origen en el subsuelo. Brun aclaró que los criterios del peritaje están a cargo de un profesional del área que será el responsable de brindar un informe detallado sobre la causa del incendio.

“El trabajo del perito puede tomar muchísimo tiempo, el trabajo del criterio profesional es muy distinto a lo que nosotros podemos exigir; no podemos ponerle un plazo porque tiene que ser muchísimo más minucioso, como una cirugía”, detalló.

Edificio sin escaleras externas

Los trabajos de esta jornada también se enfocaron en las posibles fallas del edificio en materia de emergencia. En ese sentido, Brun confirmó que no se cuenta con escaleras externas como vía de escape, solo internas, algo que, según indicó, responde a requerimientos de antiguas normativas.

“En el momento de la construcción de este tipo de edificio ya no se había construido porque la normativa de aquella época en los años setenta y ochenta era muy diferente a la que hoy tenemos. Estamos en ese proceso de la adecuación que tienen que tener, pero eso ya lo determina la Dirección de Obras”, dijo Brum.

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Añadió en esa misma línea que las escaleras “no necesariamente deberían ser externas” y remarcó la importancia del buen uso de las puertas de presurización.

“Eso pudo haber sido una de las fallas de mantenimiento de acá, porque a veces se dejan abiertas para que circule aire y eso puede hacer un ‘efecto chimenea’ llevando el humo mucho más arriba. Generalmente, estas puertas deben estar cerradas y ser de fácil apertura en el momento que se requiera, pero muchas veces se dejan abiertas, pero eso es un error que el área de mantenimiento del edificio debe controlar”, dijo.

José Duarte, presidente de la Aneaes, fue consultado respecto a si cree que Rivas es abogado y su respuesta fue contundente: “No, nadie cree eso en Paraguay. Yo no me voy a apartar jamás del sentir de la gente”.

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Cero tolerancia ciudadana

Así también, dijo que la ciudadanía ya no puede aceptar que se sigan registrando titulaciones falsas y eso se ve en las calles. “Conozco el proceso —desde lejos, no tuve participación—, y casos como los de este señor y otros constituyen estafas colectivas que el Paraguay no puede tolerar más, porque hay una generación que se está esforzando y ve esto como una ofensa inaceptable”, dijo Duarte en contacto con radio Monumental.

Finalmente, también advirtió a la clase política de que apoyar a Rivas o a otro profesional con título falso tendrá tarde o temprano consecuencias.

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“Y los partidos políticos que toleren esto, sea mi partido u otros, no tienen futuro en un Paraguay que tiene una clase media que demanda justicia, demanda respeto al mérito y reconocimiento al esfuerzo”, sentenció.

Con la recusación promovida se dilata el estudio del recurso interpuesto el 26 de marzo de 2026 por los abogados Gustavo González Planas y Rodrigo González Planas, defensores de Roa, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 3 de fecha 13 de marzo de 2026, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala.

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El fallo de alzada confirmó la Sentencia Definitiva N° 663 de fecha 22 de diciembre de 2025, que condenó a 8 años de cárcel al ex ministro de la SEN por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero y lavado de activos, por un esquema de direccionamiento de licitaciones de la institución estatal a empresas de Alberto Koube Ayala, quien fue sentenciado a 6 años de prisión.

La defensa solicitó, a través del recurso extraordinario de casación, que la máxima instancia judicial disponga la absolución de Joaquín Roa o, en su defecto, ordene el reenvío del expediente para un nuevo juicio oral a cargo de otro Tribunal de Sentencia.

Argumentos de Joaquín Roa contra condena por corrupción

La defensa de Roa argumenta que hay una fundamentación insuficiente por parte del Tribunal de Apelaciones, al momento de confirmar la sentencia de primera instancia, porque los camaristas no se refirieron a los agravios expuestos en el recurso de apelación y recurrieron a “frases rutinarias genéricas” para fundar la resolución.

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El escrito de casación agrega que el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado no estudió el reclamo contra la decisión que hizo lugar al incidente de inclusión de la declaración los peritos Sergio Salinas y Ramón Colman, como testigos del Ministerio Público. Agrega que los camaristas solo refirieron que “no pueden realizar una valoración probatoria”, cuando el pedido había sido la revisión de la aplicación de la ley procesal.

Los representantes del exministro de la SEN resaltan también que el tribunal de alzada no atendió el reclamo contra la violación del principio de congruencia en relación al regalo de bodas que hizo Alberto Koube a una de la hijas de Joaquín Roa, para un tour por Europa. La defensa sostiene que este hecho no formó parte de la indagatoria al encausado, no fue incluido ni en la acusación ni en el auto de apertura a juicio, mucho menos de los alegatos iniciales del Ministerio Público.

“No puede existir cohecho y administración en provecho propio sobre la misma porción de hechos”, resalta otra parte del recurso planteado por la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si hace lugar al pedido del exministro Joaquín Roa o deja firme la sentencia.

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Licitaciones amañadas por G. 16.080 millones

En el juicio oral quedó probado que Joaquín Roa, en el periodo entre enero de 2018 y diciembre de 2021, se desempeñó como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y que durante este tiempo direccionó licitaciones por un total de G. 16.080.000.000, a varias empresas vinculadas a Alberto Koube Ayala.

La presidenta del tribunal, Elsa García, puntualizó que la coima de parte de Alberto Koube al entonces ministro Joaquín Roa quedó probada a través de la entrega de la embarcación Azimut AZ 42 y el pago del tour por Europa.

En ese sentido, la magistrada resaltó que durante su administración Joaquín Roa “aceptó una embarcación de la marca Azimut AZ42, ofrecida por Alberto Koube, importada por el Grupo Tapyracuai SA, el 16 de agosto del 2018”.

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García también expresó al momento de dar a conocer la sentencia que, “con la finalidad de disimular el fin de la embarcación, a cambio de direccionar las licitaciones, Joaquín Roa y Alberto Koube confeccionaron un contrato de compraventa, en la que el Grupo Tapyracuai SA, representado por Koube, vendía una embarcación por valor de US$ 450.0000 a Roa”.

Alberto Koube era el beneficiario final

En cuanto al empresario Alberto Koube Ayala, enjuiciado también en la “causa madre” del caso A Ultranza Py, para el Tribunal de Sentencia quedó probado que el empresario Alberto Koube era quien estaba detrás de las licitaciones ofrecidas por la SEN. En este sentido, era él quien tomaba las decisiones y obtenía los beneficios con las adjudicaciones de las mismas, en cada llamado.

Además, todos los procesos de licitaciones fueron simulados ya que era Alberto Koube era el beneficiario final, de acuerdo con lo remarcado por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos en la Sentencia Definitiva N° 663 del 22 de diciembre de 2025.

Al finalizar el juicio oral el Tribunal de Sentencia dispuso el levantamiento del arresto domiciliario para el exministro Joaquín Roa y dictó su libertad ambulatoria. Así también, además de la pena física, se le impuso la sanción adicional de inhabilitación especial por 5 años para ocupar cargos públicos.

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Los jueces decretaron el comiso especial de la embarcación Azimut AZ 42, así como el mantenimiento de la medida cautelar de secuestro sobre la misma y que quede a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); además, decretó la medida de embargo preventivo sobre dicho bien, que fue la moneda de cambio entre Roa y Koube por direccionar las licitaciones.

La disposición busca llenar los cargos que quedaron vacantes tras las sanciones impuestas a los miembros del Consejo de Administración.

La autoridad reguladora otorgó un plazo de cinco días corridos, contados a partir del día siguiente de la notificación (vencimiento previsto para el 9 de mayo), para realizar el llamado a asamblea, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto Social de la entidad.

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Sanciones e inhabilitaciones

El Incoop resolvió sancionar con la inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos electivos en cualquier entidad cooperativa del país a los principales directivos del anterior consejo.

Entre los afectados se encuentra Miguel Mancuello Ozuna, actual vicepresidente de la cooperativa y candidato a concejal municipal, quien se desempeñaba como prosecretario al momento de los hechos investigados.

La lista de sancionados incluye también a:

• Roberto Osmar Pont Núñez (exvicepresidente)
• Edert Eduardo Falcón Orué (expresidente)
• Graciela Coronel (exdirectiva)
• Héctor Ramón Samudio (exdirectivo)
• Margarita Pintos de Ferreira (exdirectiva)
• Elvira Martínez Vda. de Mosqueira (exdirectiva)

La sanción rige a partir del día siguiente de la resolución. Al ser afectados cinco consejeros titulares y un suplente, el Consejo de Administración ha quedado acéfalo, motivo por el cual se requiere la convocatoria a asamblea para la renovación de autoridades.

Antecedentes del desfalco en la Cooperativo Luque

La crisis institucional se originó tras una denuncia formal presentada en septiembre del año pasado por un supuesto desvío de G. 12.000 millones. Según la investigación, se habrían aprobado créditos millonarios de forma irregular a socios sin capacidad de pago o, en algunos casos, a personas inexistentes.

A raíz de una revisión de balances, los propios miembros del consejo denunciaron los hechos. El 19 de diciembre de 2024, la sede matriz de la cooperativa fue allanada en un procedimiento liderado por el fiscal Jorge Escobar.

Tras una serie de recusaciones que apartaron a Escobar y luego a la fiscal Carolina Spezzini, la causa recayó en la fiscal Sofía Galeano.

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La fiscal Galeano presentó la imputación contra los exdirectivos por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y estafa en el marco del millonario desfalco.

“La decisión es lo que preanunciamos. Si el colega presenta su renuncia en este lapso, se activará otro mecanismo; de lo contrario, avanzaremos institucionalmente”, señaló Núñez.

El titular del Senado explicó que varios legisladores de distintas bancadas presentarán este mismo día un proyecto de resolución para dejar sin efecto el permiso otorgado.

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“Primero se va a proceder a la parte legislativa, a la técnica legislativa: anular el permiso concedido. Posteriormente se evaluarán los siguientes pasos”, indicó.

Consultado sobre si aguardarán la renuncia de Erico Galeano antes de avanzar, Núñez fue claro: “La renuncia es una cuestión personal. Se le planteó a través de un vicelíder de bancada, pero no tuvimos retorno. No hay una cuestión de esperar”.

En ese sentido, adelantó que, una vez revocado el permiso, el Senado convocará a una sesión extraordinaria el próximo martes -adelantando incluso la ordinaria del miércoles por el feriado del jueves 14 y viernes 15-, donde podría tratarse la pérdida de investidura. “Ese mismo día podría darse su expulsión”, afirmó.

Cartistas y aliados concedieron el permiso inconstitucional

El 11 de marzo pasado, una mayoría de senadores, impulsada por el cartismo y acompañada por legisladores de otros sectores, aprobó conceder un permiso “sine die” a Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.

El procedimiento fue cuestionado por su inconstitucionalidad, ya que la Constitución Nacional no contempla permisos de este tipo para legisladores que buscan aguardar la revisión de una sentencia judicial.

La Carta Magna solo prevé permisos en casos específicos, principalmente cuando un parlamentario debe asumir otro cargo público.

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Sobre versiones de una eventual renuncia, Núñez señaló que, hasta el momento, no existe comunicación formal. “Lo que maneja la bancada es que no presentó renuncia hasta ahora”, sostuvo.

De concretarse la anulación del permiso, Galeano quedaría nuevamente en funciones formales, habilitando así el tratamiento inmediato de su pérdida de investidura en el pleno del Senado.

Resaltó que cuando se cortó la luz primero pensaron que solo era uno de los recurrentes apagones que se vienen registrando en la zona. “Después entró uno de los ingenieros y ahí el humo empezó a entrar”, destacó.

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Él y sus compañeros tuvieron que salir a las ventanas y balconcitos en busca de aire para respirar. “El humo era imposible, negro, negro”, detalló.

Sin escapatoria

El trabajador contó además que en varias ocasiones solicitaron a la administración que instale escaleras de emergencia, pues no tienen sistemas de evacuación para situaciones como la registrada ayer y también hace casi veinte años.

“Si el fuego llegaba arriba, ahí creo que no contábamos la historia. Salidas de emergencia no tenemos, solamente una escalera. Fue realmente desesperante”, lamentó.

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Destacó que cuando lograron ingresar los bomberos fueron rescatados. “Le vi a varias personas tendidas en el suelo, inhalaron mucho humo. Había además en los pisos de abajo fuerte temperatura, creo que era de mayor intensidad y personas tenían la cara toda roja, parecía que el humo les quemó partes del cuerpo”, señaló.

Finalmente, hizo énfasis en que realizaron varios reclamos para exigir que se instalen sistemas de evacuación, pero nunca tuvieron retorno favorable.

​Para muchos asegurados, la falta de stock en la farmacia del ente previsional no es solo un inconveniente burocrático, es una sentencia. Pedro Cáceres, presidente de la Asociación de Trasplantados del IPS (ATIPS), explicó que el costo de bolsillo para suplir estas carencias es prohibitivo y representa una carga imposible para el trabajador promedio.

​“En promedio, estos medicamentos tienen un costo elevado, que va desde G. 1.500.000 hasta los G. 3.500.000. Para la mayoría de nosotros, costear esto de forma privada cada mes es simplemente imposible”, señaló Cáceres con preocupación.

​IPS: un “cóctel” de vida en falta

​La lista de fármacos ausentes o con stock intermitente incluye piezas clave de la terapia inmunosupresora, aquellos encargados de “engañar” al cuerpo para que no ataque al órgano trasplantado. Entre los medicamentos en falta se encuentran el Micofenolato Sódico (360mg), Tacrolimus, Ciclosporina, Sirolimus, Azatioprina y Prednisona.

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​Los pacientes enfatizan que la precisión en la dosis es vital. Denuncian que, ante la falta de la presentación de 360 mg, a veces se ven obligados a usar dosis más altas de 500 mg, lo que aumenta drásticamente el riesgo de toxicidad renal, hepática e hipertensión. “Algunos de nosotros ya experimentamos esas reacciones adversas”, aseguró Cáceres a ABC.

​Invertir en fármacos es ahorrar en diálisis

​En el documento de reclamo que se entregó ayer a las autoridades del IPS, que tiene como nuevo presidente al doctor Isaías Fretes, los pacientes presentan un argumento económico contundente: mantener a un paciente trasplantado con medicación es mucho más barato que volver a dializarlo.

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Los afectados afirman que el acceso a estos fármacos no solo garantiza la salud del paciente, sino que genera un ahorro significativo al IPS en términos de insumos, demanda de camas de internación, máquinas de diálisis y personal especializado.

​“La medicación constante permite que los pacientes se reintegren a la sociedad como trabajadores activos y sean el sostén de sus familias, en lugar de depender de tratamientos crónicos de alta complejidad en hospitales”, dicen los pacientes.

​Además de la provisión urgente, la ATIPS exige que se respete la marca de los fármacos, manteniendo los productos del mismo laboratorio para evitar variabilidad en la respuesta terapéutica.

La intervención se reduce a medidas temporales, mientras el proyecto de restauración integral sigue sin ejecutarse pese a reiterados anuncios oficiales. La urgencia contrasta con la lentitud institucional.

Cynthia Melgarejo, coordinadora del programa Tekorenda, aseguró que el proyecto está concluido y cuenta con recursos, pero depende del Parque Tecnológico Itaipú para el llamado a licitación y adjudicación de obras. La responsabilidad se traslada entre instituciones.

Desde la institución explican que el proceso se retrasa por la dificultad de encontrar empresas especializadas en restauración patrimonial, aunque insisten en que los fondos están disponibles. La burocracia avanza más rápido que las soluciones.

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A más de un año de la firma de convenios y anuncios oficiales, la intervención sigue en etapa administrativa, mientras el edificio colonial continúa deteriorándose en pleno centro de la ciudad. Las promesas se acumulan.

Urgente restauración

El intendente Carlos Quiñónez cuestionó que el apuntalamiento no resuelve el problema de fondo y reiteró la necesidad urgente de iniciar las obras de restauración.

En el interior del edificio, piezas históricas y objetos culturales siguen deteriorándose por las condiciones precarias, afectando el patrimonio sampedrano. La pérdida es progresiva.

La situación refleja una constante: anuncios, convenios y gestiones que no se traducen en obras concretas, mientras la estructura sigue cediendo. El tiempo juega en contra.

Así, la Casa de la Cultura se mantiene entre el olvido institucional y el riesgo de colapso, convertida en símbolo de un patrimonio que resiste más por inercia que por acción estatal.

Este miércoles, el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR), una de las figuras de liderazgo del movimiento cartista Honor Colorado al que también pertenece Galeano, anunció que finalmente la bancada oficialista apoyará una eventual solicitud de pérdida de investidura contra su correligionario.

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El senador Núñez comentó también que el vicelíder de la bancada cartista en la Cámara Alta, el senador Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna (ANR), se comunicó ayer vía telefónica con el senador Galeano para comunicarle la postura de la bancada y plantearle que presente su renuncia al Senado.

“Le sugerí que renuncie”

En conversación con medios de comunicación hoy en el Congreso, el senador Galaverna confirmó que conversó con el senador Galeano ayer y que volvió a hacerlo hoy.

“Yo le sugerí a él que renuncie”, dijo el senador Galaverna. “Lo más saludable para el Congreso, para el país y para el senador Galeano es que presente su renuncia”.

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Opinó que la presencia del senador Galeano en el Congreso luego de la confirmación en segunda instancia de su condena es “un desgaste innecesario” para la institución legislativa y calificó la situación de “insostenible”.

Si bien dijo no poder asegurar en un cien por ciento que el senador Galeano presentará renuncia, el senador Galaverna dijo creer que eso ocurrirá y manifestó que “no se mostró reacio” a la posibilidad en sus conversaciones con él.

Subrayó que la postura de la mayoría en la bancada cartista es apoyar la pérdida de investidura y dijo que “queda la pelota picando en la cancha del senador Erico Galeano”.

Galeano recurrirá a la Corte Suprema

Tras la confirmación en segunda instancia de su condena por vínculos con un esquema de tráfico internacional de drogas liderado por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán y Sebastián Marset, el senador Galeano anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones que ratificó la sentencia en su contra.

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El sospechoso se entregó a la policía en la mañana del lunes en ciudad de São Luís del estado de Maranhão, acompañado de dos abogados. Durante su declaración que duró tres horas, el presunto feminicida confesó el crimen de su expareja y aseguró que no aceptaba el fin de la relación que duró seis meses. Aseguró que, sin que la víctima se percatara, accedía a sus mensajes y redes sociales, según publica la página G1.

En su declaración a la Policía Civil, Vitor afirmó que tenía las llaves del departamento de la víctima, por lo que ingresó sin ningún problema.

Tras el crimen, Vitor Rangel, aprovechó la cercanía de la frontera para abandonar Paraguay y se dirigió a São Luis.

Brasil no extradita a sus ciudadanos

La ley en Brasil dicta que el país no extradita a sus connacionales, por lo que el proceso contra Rangel Aguiar necesariamente tendrá lugar en su país de origen.

Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo gestionaría el traslado del proceso en Paraguay, manifestó el fiscal, quien comentó también que la familia de la víctima ya realizó una denuncia del caso en Brasil.

Este miércoles, un equipo de ABC recorrió el Hospital 12 de Junio, donde, al igual que en otras clínicas periféricas del IPS y hospitales del Ministerio de Salud, la queja por la falta de medicamentos en las farmacias persiste.

Otro tema recurrente es la necesidad de madrugar para tener la posibilidad de consultar y la dificultad para acceder a los turnos. “A veces uno viene demasiado temprano y muy tarde ya se atiende, ese es el problema, se pierde demasiado tiempo. Tiene que haber prioridad para la tercera edad al menos”, expresó una de las aseguradas que accedió a conversar con nuestro medio.

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Una asegurada que acababa de consultar confirmó que el medicamento que le recetaron para su diabetes no estaba disponible en la farmacia, situación que, según relató, se repitió con varios asegurados más.

“Son tres veces que vengo y no retiro. A todos los que estaban enfrente mío también les faltó su medicamento. El mío es para diabetes y voy a tener que comprar”, dijo.

También hubo quejas sobre el sistema de citas, que exige una confirmación tres días antes de la fecha de la consulta a través de un mensaje que debe llegar al asegurado. Sin embargo, según el testimonio de una mujer presente en el lugar, el sistema suele fallar.

“Supuestamente tiene que llegar un mensaje en donde el asegurado debe confirmar la cita, pero no llega el mensaje. Después vos venís acá y te dicen que se canceló porque no confirmaste”, se quejó.

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Baños clausurados

Apenas al ingresar al recinto, nuestro equipo se topó con sanitarios clausurados con cintas. De los cuatro que se encuentran en la entrada, tres estaban cerrados y, según los datos recogidos en el lugar, la situación ya data de al menos tres meses.

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La acción legal señala un esquema de triangulación de fondos públicos, originalmente destinados a programas sociales, para financiar campañas de hostigamiento digital.

La denuncia se basa en publicaciones de ABC que vinculan a la agencia colombiana Digimarketing SAS como el nexo común entre la pauta oficial de programas como “Hambre Cero”, “Che Róga Porã” y el “Plan SUMAR” y la página de ataques digitales “Despierta Paraguay”.

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Uso de programas sociales como fachada

El abogado Santagada explicó que lo que se solicita a la Fiscalía es una investigación exhaustiva ante la relevancia penal de los hechos, que -a su criterio- se enmarcan básicamente en un desvío de dinero público.

“Acá no se está pidiendo censurar a nadie, se está pidiendo que se investigue si hubo desvío de dinero público para estigmatizar a personas que son críticas a la gestión gubernamental”, declaró.

Según el escrito, existen sospechas de que el 74% de la pauta gestionada por dicha agencia en Google Ads se utilizó para campañas de desprestigio contra la prensa independiente, periodistas y opositores, mientras que el remanente correspondía a la publicidad de programas sociales que habrían servido de fachada.

Lesión de confianza y cobro indebido de honorarios

El documento solicita investigar la presunta comisión de lesión de confianza por el uso de fondos públicos para fines distintos a los establecidos en la Ley de Presupuesto, así como el cobro indebido de honorarios ante la sospecha de que funcionarios estatales dedicarían su horario laboral a la gestión de perfiles de acoso político.

Asimismo, se denuncia la frustración de la persecución y ejecución penal debido a la presunta eliminación de rastros y contenidos digitales de la agencia involucrada tras las publicaciones periodísticas, lo que constituiría una obstrucción a la justicia.

Asimismo, Santagada remarcó que se incluyó el componente de violencia de género debido a que en las publicaciones difamatorias se detectó una clara preferencia de ataque hacia mujeres periodistas y figuras públicas, lo que configuraría una violación de la Ley N° 5.777/2016.

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Obstrucción a la justicia y eliminación de evidencias

Respecto a la eliminación de las publicaciones tras desatarse la crisis, Santagada advirtió sobre la gravedad de que esto se diera presuntamente a pedido del Mitic mediante un comunicado oficial, lo cual podría constituir el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal al buscar suprimir evidencias institucionales.

La denuncia enfatiza la responsabilidad por acción u omisión de las autoridades del Mitic y del Viceministerio de Comunicación. Según alega, habrían omitido su deber legal de denunciar el uso indebido de la identidad estatal.

Se menciona además que el Plan SUMAR utiliza fondos de Senabico que tienen destinos específicos por ley, los cuales no incluyen la propaganda difamatoria.

Intervención de la Contraloría y Delitos Informáticos

El abogado aseveró que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional cuentan con las herramientas técnicas necesarias para rastrear las publicaciones y hallar a los responsables.

Además, subrayó que el avance de la causa dependerá finalmente de la voluntad política de la Fiscalía General, a cargo de Emiliano Rolón.

Entre las diligencias solicitadas se encuentran oficios al Mitic para remitir convenios con Itaipú Binacional y la Fundación PTI, informes de gestión a los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, así como la intervención de la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía para establecer la trazabilidad de los pagos.

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Otra diligencia requerida es que la Contraloría General de la República (CGR) realice una auditoría y análisis de correspondencia patrimonial de los funcionarios que resulten individualizados en el marco de la investigación.

Pero el de ayer no es el primer siniestro que se registra en ese antiguo edificio corporativo de la zona céntrica de la capital.

La mañana del sábado 4 de septiembre de 2004, alrededor de las 7:30, un encargado del estacionamiento ubicado en el subsuelo del edificio ‘Ahorros Paraguayos’ se percató de que salía humo de una oficina ubicada en el tercer nivel del subsuelo de la edificación y contactó con la Policía.

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El encargado, identificado como Ricardo Saldívar, corroboró que había llamas en la oficina, que funcionaba como depósito de archivos.

Las llamas se propagaron y afectaron directamente a una camioneta que estaba estacionada cerca de la oficina, mientras que el humo se propagó rápidamente por el edificio.

La situación obligó a la evacuación de los residentes de los apartamentos, que entonces estaban en el piso 10 y más altos del edificio, que tiene un total de 16 pisos.

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Una mujer identificada como Rosa Liz Martínez, entonces de 22 años, quien vivía en el piso 12, fue rescatada por bomberos voluntarios y tuvo que ser trasladada al Centro de Emergencias Médicas (actual Hospital de Trauma) tras haber sufrido intoxicación por inhalación de humo.

Al igual que el siniestro de ayer, el incendio de ‘Ahorros Paraguayos’ de 2004 no causó fatalidades.

Clausurado para mejoras en 2019

Luego del incendio de ayer, representantes de la Municipalidad de Asunción informaron que el edificio tenía una orden de clausura para la implementación de medidas de urgencia que fue emitida en 2019 y reiterada en 2020. La Comuna parece desconocer si las mejoras requeridas se realizaron.

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La Comisión de Hacienda y Presupuesto, integrada por los concejales de la bancada colorada Ariel Girett, Manuel Morínigo y Ramón Benítez, y por representantes de la bancada liberal Leonarda Cabrera y Félix García, presentó dos dictámenes: uno que proponía aprobar la rendición de cuentas y otro que recomendaba su rechazo.

El segundo dictamen, que plantea rechazar la ejecución presupuestaria de Benítez, obtuvo la aprobación de los concejales.

Concejales rechazan la ejecución presupuestaria 2025 del intendente de San Juan Bautista

De un total de 12 ediles, 7 votaron a favor del rechazo: 5 pertenecen a la bancada liberal y 2 a la bancada colorada; mientras que los 5 votos restantes, emitidos por los concejales de la bancada colorada, se inclinaron por la aprobación.

Al respecto, el intendente José Luis Benítez señaló que el rechazo a su ejecución presupuestaria responde exclusivamente a motivos políticos, y que esta postura se debe principalmente a los dos concejales colorados, ya que considera que los ediles liberales están cumpliendo adecuadamente con su función de oposición.

“Aún no hemos recibido la resolución de la Junta correspondiente al dictamen de rechazo. En cuanto nos llegue este documento, trabajaremos junto con el equipo técnico para revisar punto por punto cada una de las observaciones que fundamentan esta decisión”, indicó.

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Asimismo, explicó que los puntos principales que han sido objeto de observación son la adquisición de espacios recreativos como parques y la compra de equipos de climatización.

“Los ediles solo han mencionado la adquisición de estos bienes, pero no han tomado en cuenta que el costo total incluye también su instalación completa. No obstante, analizaremos esta situación con el equipo técnico, y nos sentimos tranquilos porque contamos con toda la documentación que respalda nuestras acciones”, agregó.

Benítez manifestó que, en su opinión, no resulta sorprendente la actuación de la bancada liberal, ya que cumple su función de oposición, pero sí lo es la postura de los dos concejales colorados que votaron en contra de su rendición de cuentas, a lo que calificó como una decisión de carácter netamente político.

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Reelección

Los concejales colorados que apoyaron el rechazo son el presidente de la Junta, Pablo Amarilla, y Mario Maidana, quienes se encuentran en proceso de búsqueda de la reelección dentro del movimiento General Bernardino Caballero, donde Carmelo Ibarra es el precandidato a intendente.

Por otra parte, el ejecutivo municipal señaló que los ahora indignados por la sobrefacturaciones no son coherentes en la actitud asumida y recordó que existe una carpeta fiscal con la denuncia de lesión de confianza contra la administración anterior de Juan Carlos Meza (PLRA), sobre la obra del palacete municipal.

En ese sentido, indicó que la denuncia presentada por la actual administración municipal no fue firmada por los dos concejales mencionados. Por ello, calificó de incoherente su postura, señalando que en tiempos electorales asumen el compromiso con el buen uso de los recursos públicos.

En un movimiento que genera suspicacias, la comisión evaluadora inhabilitó a dos de los cuatro consorcios participantes, grupos que nuclean a las empresas con gran trayectoria del mercado local, dejando el camino despejado para solo dos oferentes.

Entre los excluidos figura el Consorcio Hospitalario Nacional, conformado por Jiménez Gaona y Lima S.A. (JGL) y Ecomipa S.A. Según el acta, la descalificación se debe a que la firma líder (JGL) no cumple con el requisito de capital operativo mínimo necesario según el balance 2024.

Los auditores de la entidad binacional concluyeron que, incluso sumando las líneas de crédito presentadas, la firma no alcanza los ratios de solvencia financiera exigidos para una obra de tal envergadura.

El hecho resulta llamativo para el sector, considerando que este grupo cuenta con antecedentes directos en obras de similar envergadura, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo. Este revés financiero deja al grupo fuera de la puja.

La decisión se basó en el análisis de los estados financieros del ejercicio 2024, donde se detectó el incumplimiento del indicador económico-financiero previsto en las normativas del llamado.

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Al eliminar a estas empresas, la binacional reduce la puja en un proyecto de gran envergadura, limitando las opciones del Estado para obtener mejores condiciones técnicas y económicas.

El “insólito” cuestionamiento a la experiencia en IPS Ingavi

El segundo grupo fuera de carrera es el Consorcio GHI, integrado por Constructora Isacio Vallejos S.A. (CIVSA), Concret Mix S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. En este caso, la inhabilitación se fundamenta en que CIVSA no pudo demostrar “fehacientemente” su experiencia técnica en plantas de tratamiento y sistemas eléctricos.

Lo que resulta paradójico es que CIVSA es precisamente la empresa que llevó adelante la construcción del Hospital IPS Ingavi. Sin embargo, para la comisión de licitación, los documentos presentados no comprueban que la firma haya ejecutado las tareas de forma individual, alegando que los trabajos fueron realizados por terceros dentro de aquel consorcio.

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Solo dos finalistas y dudas sobre la competencia

Con la salida de los “pesos pesados”, la competencia quedó reducida a solo dos grupos: el Consorcio Gran Hospital (Tecnoedil, Implenia y Ascent) y el Consorcio Hospitalario Central (Gomez Abente, Chaco, Dumont y Ricardo Diaz). Este último incluso tuvo que superar una auditoría de sus facturas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para poder ser habilitado.

Llamó la atención la exhaustiva revisión realizada sobre el Consorcio Hospitalario Central. La comisión solicitó una “diligencia de carácter aclaratoria” para validar facturas de obras anteriores. Estos documentos fueron cruzados con los registros de la DNIT para confirmar su validez legal y la trazabilidad de los trabajos ejecutados.

Tras el visto bueno de la autoridad tributaria y el análisis de la Superintendencia de Compras, el consorcio fue finalmente habilitado.

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La reducción de la cantidad de competidores mediante criterios que algunos sectores consideran “poco claros” es una señal de alerta en las licitaciones de la binacional.

La exclusión de firmas con capacidad operativa bajo el argumento de falta de solvencia o de experiencia en obras que ellas mismas construyeron, alimenta la percepción de un proceso direccionado. Ahora, la Comisión de Licitación y Negociación Específica deberá avanzar con la apertura de las ofertas económicas de los dos sobrevivientes.

Promesa con retrasos

El 22 de setiembre del 2025 se presentó el anteproyecto arquitectónico del nuevo Hospital Nacional de Itauguá, que será financiado por Itaipú, recordando que con esto se da cumplimiento al compromiso asumido por el presidente de la República, Santiago Peña, durante su visita al referido hospital en febrero de 2024. En aquella oportunidad, recorrió las instalaciones del nosocomio junto a la primera dama, Leticia Ocampos.

La licitación del nuevo Hospital Nacional de Itauguá estaba prevista para antes de diciembre de 2025, mientras que el inicio de las obras se estimaba para abril de este año, con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, el acta de juzgamiento de la licitación recién se realizó el 24 de abril de 2026.

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El anteproyecto, presentado por ingenieros de Itaipú, contempla la construcción de un hospital de 52.000 m², con capacidad para más de 1.000 pacientes, distribuidos en 1.039 camas. Además, dispondrá de 30 quirófanos y 70 consultorios.

El director de Itaipú, Justo Zacarías Irún había destacado que la entidad ya financia hospitales en Curuguaty, Concepción y Mariscal Estigarribia (Chaco). Además, comentó que está en fase final de adjudicación el Hospital de Asunción y se proyecta el Hospital General del Este, en Ciudad del Este.

El proyecto contempla también la construcción de un moderno albergue en el predio del hospital. La iniciativa, que se encuentra en ejecución, tendrá 1.600 m² y ofrecerá condiciones seguras y funcionales para pacientes nefrológicos y sus familiares. Dispondrá de 35 habitaciones dobles con capacidad para 70 personas, además de cocina, comedor, sala de estar y lavandería.

Resultó víctima Eunise Martínez Monzón (38), quien fue sorprendida por dos maleantes armados con revólver cuando procedía a cerrar el local.

Una vez dentro, los delincuentes se dirigieron directamente a la heladera, de donde sustrajeron varias cajas de medicamentos, entre ellos productos que contienen tirzepatida de la marca Lipolees, además de insulina, gotas oculares y óvulos, cuya cantidad exacta no fue precisada.

Tras concretar el robo, los autores huyeron del lugar en un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, color negro, que contaba con chapa Mercosur en la parte frontal. Sin embargo, el número de la chapa no pudo ser identificado en las imágenes del circuito cerrado.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Carlos Almada, y al personal del Departamento de Investigaciones, para iniciar las pesquisas.

Los encargados de la obra se encuentran realizando las primeras aperturas de zanjas para la instalación de las alcantarillas. “Ya se está haciendo la demolición del pavimento en zonas de descargas para empezar la colocación de tubos”, detalló.

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El representante del MOPC resaltó que se realizarán evaluaciones durante todo el tiempo que dure la obra para verificar si es necesario replantear el plan de desvíos. Se realizarán bloqueos de media calzada, de toda la avenida y también de manera intermitente, de acuerdo a las necesidades, detalló en ABC TV esta mañana.

Calles alternativas en zona de obras

Además, aseguró que las calles alternativas habilitadas fueron ayer bacheadas en su totalidad, para garantizar el flujo del tránsito. También se colocaron los carteles que indican los desvíos.

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“Ya estamos notando que hubo una buena socialización del plan de desvíos, porque desde temprano la gente utiliza los caminos alternativos, que aclaramos que van a estar sujetos a constante monitoreo”, manifestó el ingeniero Bordón.

Además, garantizó que los frentistas podrán ingresar a la zona de obras y que las zanjas abiertas se irán cerrando en un plazo máximo de 48 horas, para que así puedan volver a circular por cada tramo afectado.

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Los plazos y qué harán

El ingeniero del MOPC resaltó que este primer tramo estará cerrado por 90 días. No obstante, la obra terminará recién en enero del 2028.

Consultado sobre en qué consisten las obras, detalló que luego de la demolición se colocarán alcantarillas celulares bajo la calzada. “Luego, irán el relleno y un nuevo paquete estructural, que consiste en una subrasante, una base granular y loza de hormigón”, manifestó.

Además, prometió que esas acciones permitirán que la tan cuestionada avenida ya no tenga a futuro problemas como los de hoy. “Esta situación del asfalto ya no la vamos a tener”, prometió.