La medida responde a que el contrato vigente entre ambas instituciones alcanzó el techo del cupo presupuestario establecido. Esta medida deja a cientos de familias sin un lugar donde consultar o realizarse estudios en la zona.

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La interrupción de las prestaciones mantendrá su vigencia hasta que el IPS apruebe una ampliación presupuestaria o habilite un nuevo cupo contractual que permita destrabar la deuda operativa.

Desde el sanatorio chaqueño aclararon que brindarán orientación y apoyo para los trámites de derivación dentro de sus posibilidades.

ABC Color no tuvo respuesta del IPS para conocer su plan de acción ante el cese del servicio por parte del sanatorio privado, que deja a los asegurados de la previsional de la zona chaqueña a la deriva.

El aspecto más controvertido no es solo el resultado. Es la tensión interna del propio razonamiento: la sentencia admite que no se demostró la falsedad de todas las publicaciones, reconoce que varias estaban relacionadas con investigaciones o procesos judiciales efectivamente existentes al tiempo de su difusión y, aun así, termina ordenando que desaparezcan definitivamente de los archivos digitales.

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El propio fallo admite que la procedencia parcial del hábeas data “no deriva de la demostración de la falsedad de las publicaciones”.

Una contradicción que surge del mismo fallo

En sus fundamentos, Alvarenga reconoce que “no resulta posible afirmar categóricamente” que todas las informaciones cuestionadas sean erróneas o inexactas. También acepta que varias noticias estaban vinculadas con hechos concretos, investigaciones abiertas o causas judiciales existentes cuando fueron publicadas.

La sentencia va todavía más lejos: al confrontar los sobreseimientos presentados por Franco de Oliveira con las noticias cuya eliminación pretendía, concluye que esas resoluciones penales no guardaban relación directa con buena parte de las publicaciones. Pese a ello, la orden final alcanza incluso a noticias referidas a acontecimientos distintos.

Esa secuencia deja una cuestión difícil de soslayar: si no se estableció que las noticias fueran falsas y si los propios sobreseimientos no correspondían a todos los hechos informados, la supresión definitiva termina descansando esencialmente en la antigüedad de las publicaciones, la ausencia de condenas firmes y el efecto actual que produciría su permanencia en internet. En términos materiales, el fallo se aproxima al denominado “derecho al olvido”, figura que tribunales paraguayos han diferenciado del hábeas data y que no cuenta con regulación específica en el país.

Un diario no es una central de antecedentes personales

El punto jurídico central es la interpretación del artículo 135 de la Constitución. El hábeas data se refiere a datos que obren en registros oficiales o privados de carácter público. ABC Color sostuvo que un medio periodístico no reúne esa condición porque su función es informar sobre acontecimientos de interés público, no recopilar antecedentes personales para elaborar perfiles de ciudadanos.

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Lo llamativo es que la propia jueza reconoce inicialmente esa diferencia. En su sentencia admite que los medios masivos no son bancos de datos creados específicamente para proporcionar antecedentes personales. Sin embargo, concluye luego que el hecho de conservar noticias en archivos digitales accesibles por internet permite incluirlos dentro del concepto de registro privado de carácter público.

Esa extensión interpretativa altera la naturaleza de una hemeroteca: un archivo periodístico documenta lo que fue publicado en un momento histórico. No funciona como una central de riesgo, una base comercial de antecedentes ni una oficina dedicada a recopilar información personal. Que una noticia pueda consultarse en internet no transforma por sí solo a un periódico en un banco de datos.

Un criterio que se aparta de precedentes paraguayos

La S.D. N.º 104 no aparece acompañada por una línea jurisprudencial dominante que autorice a depurar archivos periodísticos mediante hábeas data. Por el contrario, existen decisiones reiteradas en sentido opuesto.

En 2013, la Segunda Sala del Tribunal de Apelación de Alto Paraná, mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 50 del 19 de diciembre, sostuvo que la página digital de ABC Color no constituye un registro privado de carácter público, sino una fuente periodística, y que su contenido no puede ser modificado o eliminado mediante esta garantía constitucional. El dato es especialmente significativo: se trata de un precedente emanado de la misma Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

En 2022, un Tribunal de Apelación Penal de la Capital confirmó el rechazo de otro hábeas data contra Última Hora con el criterio de que una publicación periodística no constituye un registro oficial ni privado de carácter público, sino el recuento de hechos acontecidos.

Y en junio de 2026, pocas semanas antes del fallo de Alvarenga, otro Tribunal de Apelación Penal ratificó por unanimidad el rechazo de una acción contra Última Hora y sostuvo que el llamado derecho al olvido no está legislado en Paraguay y no puede obtenerse utilizando el hábeas data como mecanismo sustitutivo. Frente a esos antecedentes, la S.D. N.º 104 aparece como un criterio jurídicamente aislado y difícil de conciliar con decisiones anteriores de segunda instancia.

El Observador: un fallo reciente en sentido contrario

La divergencia se hizo todavía más visible el 1 de agosto de 2026, cuando El Observador informó sobre la S.D. N.º 53 de la jueza penal Cynthia Paola Lovera Brítez. En ese caso se rechazó el hábeas data de una persona que pretendía borrar una noticia sobre una causa penal que posteriormente terminó con sobreseimiento definitivo.

El criterio fue claro: las hemerotecas y archivos digitales de los medios no son bases de datos personales susceptibles de depuración, sino fuentes documentales de valor histórico. Además, una decisión judicial posterior no vuelve falsa una noticia que reflejó correctamente la existencia de una investigación cuando fue publicada.

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La diferencia con el criterio de Alvarenga es evidente. Un sobreseimiento posterior puede exigir actualización o contextualización cuando corresponda; otra cosa es ordenar que desaparezca el registro de que la investigación efectivamente existió.

El criterio de la Corte Interamericana: la libertad de prensa exige la menor restricción posible

El estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza el cuestionamiento a una orden de supresión total. En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, la Corte recordó que la libertad de expresión posee una dimensión individual y otra social: no protege solamente a quien informa, sino también el derecho colectivo de la sociedad a recibir informaciones, relatos y noticias. En ese mismo fallo destacó que ABC Color y Noticias actuaron como vehículos esenciales para el ejercicio de esa dimensión social de la libertad de expresión.

La Corte Interamericana estableció además un límite especialmente relevante para este caso: toda restricción a la libertad de expresión debe responder a un interés público imperativo, ser necesaria y proporcional y, cuando existan varias alternativas, debe escogerse la que restrinja en menor medida el derecho protegido. Las limitaciones no pueden ir más allá de lo estrictamente necesario ni transformarse, directa o indirectamente, en mecanismos de censura.

Ese estándar no resuelve automáticamente un litigio sobre hábeas data ni significa que la honra carezca de protección. Pero obliga a una pregunta que la S.D. N.º 104 debía responder con particular rigor: si la propia sentencia no declaró falsas las noticias y existían medidas menos intensas como actualización, rectificación o contextualización, ¿por qué era necesario ordenar su eliminación definitiva? La supresión completa de una publicación es la medida más severa posible y, bajo el criterio interamericano, exige una justificación reforzada sobre su necesidad y proporcionalidad.

El mismo enfoque aparece en Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, donde la Corte Interamericana examinó el conflicto entre vida privada y libertad de expresión y concluyó que una sanción judicial impuesta por publicaciones de interés público había vulnerado el artículo 13 de la Convención Americana. La jurisprudencia interamericana, por tanto, no autoriza a privilegiar automáticamente la honra frente a la libertad de prensa: exige una ponderación concreta y especialmente cuidadosa cuando la información posee relevancia pública.

Fuente: Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrs. 77-79, 86, 94-98 y 103; Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Sentencia de 29 de noviembre de 2011.

Una medida extrema: borrar en vez de actualizar

La sentencia también merece cuestionamiento por la intensidad de la medida elegida. Incluso aceptando la necesidad de proteger la honra o actualizar información antigua, existían alternativas menos restrictivas: agregar el resultado final de los procesos, enlazar la réplica ya ejercida por Franco de Oliveira, incorporar una aclaración o contextualizar las noticias.

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La jueza optó, en cambio, por la “supresión definitiva”. Es la respuesta más severa posible frente a publicaciones que la propia resolución no declaró falsas. El problema no es menor: actualizar preserva la historia completa; borrar elimina una parte de ella.

Antecedentes ante el Jurado de Enjuiciamiento

La actuación jurisdiccional de Nélida Alvarenga ya había sido objeto de cuestionamientos formales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Los registros públicos permiten identificar al menos dos expedientes vinculados con su desempeño.

El antecedente de mayor entidad fue la Causa N.º 321/2019, relacionada con el amparo de la empresa Itá Paraná contra la Municipalidad de Ciudad del Este por la administración de la Terminal de Ómnibus. También figura la Causa N.º 439/2019, originada en otra denuncia contra su actuación jurisdiccional. En 2022 el JEM resolvió inadmitir la acusación particular y rechazar la acusación. Estos antecedentes no equivalen a sanciones firmes, pero muestran que decisiones de la magistrada ya fueron sometidas en más de una oportunidad al control del órgano constitucional encargado de examinar el desempeño de jueces y fiscales.

La nueva controversia en torno a la S.D. N.º 104 vuelve a colocar bajo examen público la calidad y consistencia de su razonamiento judicial, esta vez en un terreno especialmente sensible: la libertad de prensa y la preservación de archivos de interés público.

La Cámara tiene ahora la responsabilidad de corregir

La segunda instancia tendrá un papel decisivo. Si los agravios demuestran que la resolución confundió una hemeroteca con un banco de datos personales, aplicó el hábeas data como sustituto de un derecho al olvido no legislado o impuso una restricción desproporcionada, la Cámara no puede limitarse a una convalidación formal: deberá corregir los errores que constate mediante la revocación o modificación del fallo, dentro del ámbito del recurso.

El control de alzada resulta particularmente importante porque el precedente podría proyectarse mucho más allá de este expediente. Si la sola antigüedad de una noticia y la ausencia de una condena posterior bastaran para ordenar su eliminación, cualquier persona mencionada en antiguas investigaciones o procesos judiciales podría intentar borrar retrospectivamente información que fue verdadera y de interés público al momento de su publicación.

Lo que está en juego es la memoria periodística

La protección del honor es un derecho constitucional. La libertad de prensa también lo es. El desafío judicial consiste en armonizarlos sin transformar una garantía destinada a proteger datos personales en un mecanismo de eliminación de la historia periodística.

Un sobreseimiento no hace desaparecer la investigación que existió. Una noticia antigua no se vuelve falsa por el solo paso del tiempo. Y un periódico no se convierte en una base de antecedentes personales simplemente porque conserva sus ediciones en internet.

La discusión que abre la S.D. N.º 104 es, por eso, mucho más seria que un conflicto entre un particular y ABC Color: plantea si un juez puede decidir qué parte de la memoria informativa de una sociedad debe seguir disponible y cuál debe ser borrada, aun cuando no se haya probado que la noticia fuera falsa. Esa es precisamente la cuestión que la Cámara deberá examinar con el rigor que exige la libertad de prensa.

Con la medida, la magistrada ordenó la captura de ambas para que cumplan sus respectivas condenas por la muerte de la joven registrada en 2021 por una sobredosis de flúor.

Este martes, la Comisaría 13 de Asunción reportó que la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez (60) se acercó a la mencionada dependencia policial para preguntas referentes a sus datos, pero al momento de la consulta, el sistema informático alertó sobre la orden de captura en su contra.

Tras permanecer detenida, en horas de la tarde se produjo su traslado al Departamento Judicial femenino, lugar donde permanecería recluida hasta que se disponga su traslado a una penitenciaría en cumplimiento a la orden judicial.

Noticia en desarrollo.

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Daniel Ríos, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), calificó el encuentro como positivo. “Fue una reunión muy bien lograda. Estuvo gente del sector privado, expertos del tema energético, empresas dedicadas al rubro y pudimos hablar principalmente de lo que se necesita en materia de planificación de inversiones en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y el fortalecimiento institucional”, señaló.

Según Ríos, los participantes coincidieron en la importancia de esos tres ejes. Lo que resta definir, indicó, es “el cómo avanzar, las acciones a realizar para lograr que esos ejes cobren vida”, tema que se abordará en un nuevo encuentro dentro de 10 días. El funcionario adelantó además que se encuentran en proceso de elaborar el acta de la reunión y de gestionar la autorización para compartir la documentación generada.

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Rechazo mayoritario entre personal de la ANDE

El Ing. Javier Villate, invitado en calidad de experto del sector eléctrico, comentó tras la reunión que el titular de la ANDE, Ing. Miguel Báez Reyes, reiteró en la reunión que la empresa estatal enfrentará problemas eléctricos en 2031, además de una “abultada necesidad de capital”.

Tanto exempleados como funcionarios activos de la ANDE se habrían manifestado mayoritariamente en contra de la iniciativa de creación del Ministerio de Energía y el Ente Regulador. Se leyeron incluso comentarios publicados en la página web institucional, entre ellos los del ingeniero Juan José Encina y de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), ya que ninguno de los cuales estuvo presente físicamente.

En tanto que los exfuncionarios Pedro Ferreira (ex titular de la ANDE) y Fabián Cáceres (ex gerente técnico) también se habrían pronunciado en contra del Ente Regulador.

Exautoridades de ANDE alertan que creación de nuevas instituciones no resuelve la crisis eléctrica

Cuestionan el enfoque del proyecto oficial

De acuerdo a lo comentado por Villate, el consultor Guillermo López Flores habría cuestionado no el ente regulador en sí, sino la forma en que el Gobierno encara la reforma. Su objeción central fue que el proyecto oficial no constituye una ley eléctrica integral, sino que crea el Ente Regulador como un apéndice, sin incorporar figuras como el operador del sistema o el operador del mercado.

Señaló Villate que esa función integral sí estaría contemplada en el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica presentado por el senador Salyn Buzarquis.

Por su parte, López Flores habría remarcado además que la propuesta del Ejecutivo mantiene intacto el monopolio de la ANDE sobre la exclusividad del abastecimiento, establecido en el artículo 64 de la Ley N° 966/1964.

Sobre la revisión tarifaria, el equipo argentino de consultores del CEARE habría recomendado un aumento de tarifas sin abordar, según el relato, los resultados deficitarios registrados en los últimos balances de la ANDE.

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En tanto que Victorio Oxilia y Cecilia Llamosas habrían aportado observaciones técnicas sobre esa misma presentación, mientras que Horacio Cañiza, del MITIC, habría hecho señalamientos puntuales sobre los parámetros utilizados.

En contraste con las posturas críticas, Enrique Duarte, representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se habría mostrado a favor de la creación del Ente Regulador, respaldando la iniciativa del Ejecutivo.

Las partes deberán reunirse nuevamente dentro de 10 días para definir el plan de acción sobre los tres ejes acordados: inversión en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y fortalecimiento institucional.

La actividad comenzará a las 8:00, frente a la Catedral Inmaculada Concepción de María de Carapeguá. Contará con presentaciones artísticas en vivo, venta de comidas tradicionales y sorteos de premios.

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La comunidad educativa invita a las familias, ciudadanos, empresas y organizaciones de Carapeguá y alrededores a participar de la jornada y colaborar con los jóvenes que buscan llevar el talento artístico de la ciudad al escenario internacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas, la Aldea de Niños Villa del Sol, el Colegio San Alfonso y Sonidos de la Tierra.

Representarán a Paraguay en Argentina

La actividad solidaria se realiza debido a que el Coro Juvenil de la Escuela de Música Villa del Sol fue formalmente invitado a representar a Paraguay en el Encuentro Latinoamericano de Coros “LATE 2026”, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Ezeiza, Argentina.

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La delegación estará bajo la dirección académica de la licenciada Delia Matilde González y la dirección artística del profesor Carlos Quiñónez. El encuentro es organizado por el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante su estadía, los jóvenes también compartirán un encuentro cultural con el Centro Social, Cultural y Deportivo Carapegüeños Residentes en Buenos Aires y el Centro Social y Cultural Paraguayo Silvio Morínigo, donde ofrecerán una serenata a carapegüeños y compatriotas residentes en Argentina.

La organización de “LATE 2026” cubrirá hospedaje y alimentación de los participantes, pero la delegación debe solventar los gastos de traslado y otros costos del itinerario.

Desde la Escuela de Música Villa del Sol ya se solicitó apoyo a diferentes instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad de Carapeguá y la Gobernación de Paraguarí, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta positiva, explicó la licenciada González.

Por ese motivo, impulsan la maratón y otras actividades de recaudación para lograr que todos los integrantes de la delegación puedan viajar y cumplir el sueño de representar a Carapeguá y a Paraguay a través de la música. Contacto para donaciones: 0975 284 849 – Escuela de Música Villa del Sol.

Los dos autores abordaron el coche a las 19:00 en Fulgencio Yegros y Nueva Asunción del barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora, según los datos del GPS de la cámara interna del vehículo.

Los jóvenes pidieron al español que los trasladara hacia Asunción, pero a las 19:27 lo asaltaron cuando llegaron a la calle Cristo Rey, frente mismo al predio de la Asociación de Exalumnos del Colegio Cristo Rey, en el barrio Santa Librada del Bañado Sur de Asunción, muy cerca del vertedero Cateura.

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El atraco fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo. En las imágenes se ve que los pasajeros repentinamente le colocaron un cuchillo en el cuello al español y le sacaron su celular y el dinero que había juntado hasta ese momento, que era unos 300.000 guaraníes.

El conductor extranjero no opuso resistencia. Incluso, les dijo a los agresores que no iba a reaccionar. Finalmente, los malvivientes escaparon con el teléfono y el dinero.

Policías de la comisaría 8ª de Asunción tomaron la denuncia al trabajador, que entregó el video como evidencia de lo ocurrido.

Las imágenes fueron entregadas también a policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, que ahora buscan a los responsables.

A nueve días del inicio de la huelga, la cúpula del PLRA analizará la crisis de salud

Al término del encuentro, Riveros señaló que el PLRA responsabiliza desde ahora al gobierno de Santiago Peña por lo que puediera pasar en el sistema de Salud Pública.

Dijo que, en segundo lugar, exigen la destitución inmediata de la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Porque hemos llegado a esta crisis por culpa justamente de que no haya previsto esta situación que estamos pasando”, aseveró Riveros.

Dijo que no solamente la responsabilizan por las reivindicaciones del personal de blanco, sino también por el desabastecimiento y la precariedad con los insumos.

Agregó que también reivindican los reclamos de los médicos movilizados.

Formarán equipo técnico de soluciones

Finalmente, anunció que el PLRA formará un equipo técnico compuesto por economistas y doctores del Partido Liberal Radical Auténtico, y presentará una propuesta de solución para este tema específico, relacionado con el sistema de salud.

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“Le responsabilizamos al Gobierno Nacional. Por lo tanto, exigimos la destitución inmediata de la Ministra de Salud”, dijo Riveros.

Las acciones concretas del PLRA contra Barán

Aunque la falta de fondos e insumos no cambiará con la destitución de la ministra de Salud, Riveros dijo que apuntan contra ella porque “uno cuando es ministro o ministra tiene que prever ciertas situaciones y la salud no es joda. La salud es lo más importante para todos los paraguayos”.

Indicó que no daban fecha límite o ultimátum para que el Gobierno escuche sus reclamos y que no habría acciones concretas del PLRA hasta que el equipo técnico partidario presente su plan para paliar el sistema de salud.

También descartó cualquier intento de reflotar un proyecto de voto censura o juicio político contra la ministra de Salud.

“Ya se presentó en su momento en el Parlamento, pero no tenemos el voto necesario. Para poder realizar eso necesitamos también de la mayoría absoluta”, admitió.

La reunión fue encabezada por el presidente del PLRA Alcides Riveros y estuvieron presentes el senador Ever Villalba y los diputados Freddy Franco, Delia Estigarribia y Arnaldo Valdez entre otros.

La convocatoria será este miércoles para las 11:30 en la explanada del Hospital Central de la previsional en Asunción.

Asimismo, la profesional confirmó que la convocatoria reúne a la Asociación Médica del IPS y a médicos agremiados y no agremiados, quienes buscan visibilizar la realidad laboral similar que enfrentan los profesionales en los distintos hospitales públicos del país.

“Es una medida de solidaridad y de apoyo, de fortaleza a nuestros colegas; decirles que que nosotros también estamos con ellos. Nuestra realidad es similar a la de ellos; no estamos divorciados. Todos somos médicos, todos vivimos una misma realidad”, apuntó.

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Médicos del IPS no aceptarán cargos

Otro punto que confirmó la anestesióloga es que los médicos del IPS aseguraron que no aceptarán ninguna oferta de contratación para cubrir los puestos vacantes que dejaron los médicos que renunciaron a sus cargos.

También detalló que el gremio de la previsional busca constituirse en una red de soporte y fortaleza para sus compañeros. “Nosotros no ocuparemos esos lugares; valoramos la ética médica”, concluyó.

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De acuerdo con el anuncio realizado por el gremio, los jefes del servicio de Terapia Intensiva de Adultos mantuvieron conversaciones y el plantel habría tomado de manera unánime la decisión de avanzar con la presentación de sus renuncias.

A esta medida también se sumarían los anestesiólogos del Hospital Regional. Según el SIMEG, los siete profesionales que integran este servicio manifestaron su intención de adherirse a la eventual renuncia colectiva.

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En el caso de los terapistas, se trata de 11 médicos, mientras que el plantel de anestesiólogos está integrado por siete profesionales. De concretarse ambas medidas, serían 18 médicos especialistas los que dejarían sus funciones.

Sin embargo, desde el sindicato aclararon que la decisión todavía debe ser formalizada. Los profesionales dependen de sus respectivas sociedades científicas, por lo que las conversaciones continúan con la Sociedad de Anestesiólogos y la sociedad que nuclea a los médicos intensivistas.

El anuncio se produce apenas un día después de que los médicos del Hospital Regional de Villarrica retomaran las consultas y cirugías programadas, luego de cinco días de huelga nacional, desarrollados entre el 24 y el 28 de agosto.

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El lunes, los profesionales nucleados en el SIMEG realizaron una manifestación simbólica en el Hospital Regional y posteriormente retornaron a sus puestos de trabajo para restablecer los servicios que habían sido suspendidos durante la huelga.

No obstante, el levantamiento de la medida de fuerza no significó el fin del conflicto. Los médicos sostienen que el Gobierno todavía no presentó una propuesta concreta que permita responder a sus principales reivindicaciones.

El presidente del SIMEG, doctor Ever Giménez, había señalado que durante los últimos meses se desarrollaron varias mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, pero que hasta ahora no recibieron una respuesta favorable.

Entre los principales reclamos del sector se encuentra un reajuste salarial, debido a que los profesionales sostienen que sus remuneraciones no acompañaron el incremento del costo de vida registrado durante los últimos años. A esto se suman exigencias relacionadas con la desprecarización laboral, la disponibilidad de medicamentos e insumos y el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales públicos.

Al término de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), las tropas brasileñas capturaron el cañón como trofeo de guerra. Actualmente, la reliquia se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

La reunión del canciller con su colega Mauro Vieira será al margen de una reunión informal de cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), cónclave que se realizará este 2 de setiembre en el anfiteatro “Reinaldo Gargano” de la Cancillería uruguaya, en Montevideo.

El miércoles pasado, el canciller Ramírez Lezcano visitó la Cámara de Diputados, donde dialogaron para continuar la gestión oficial para la vuelta al país del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes bélicos que Brasil retiene desde el final de la Guerra contra la Triple Alianza.

Al término de esa reunión en la Cámara Baja, el canciller Rubén Ramírez informó que la Cancillería nacional en su momento, solicitó formalmente al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio de Carvalho, abordar la restitución del cañón Cristiano y otros bienes capturados por el vecino país durante la Guerra contra la Triple Alianza.

El Cañón Cristiano, un símbolo de fe fabricado con las campanas de las iglesias

“Vuelta de página”, expresó el canciller

Ramírez Lezcano señaló que el Gobierno paraguayo “viene trabajando” en la recuperación del Cañón Cristiano desde el inicio de su mandato. Opinó, además, que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra.

Refirió que el proceso debe atravesar una serie de etapas, inicialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo del Brasil y posteriormente en el Congreso Nacional del vecino país, debido a que estos bienes forman parte del patrimonio brasileño, de acuerdo con su legislación.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, el Paraguay no ha recibido ningún documento oficial del Brasil respecto a la eventual devolución del cañón. “Con los diputados que conforman esta Mesa Directiva también hemos acordado trabajar de manera conjunta, de modo que la diplomacia parlamentaria pueda activarse y podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestro patrimonio histórico”, manifestó.

Finalmente, el canciller refirió que el Paraguay continúa trabajando para lograr la recuperación del Cañón Cristiano y de otros bienes de valor histórico. “La diplomacia tiene sus medios, sus tiempos y sus procesos, y este es un reclamo histórico”, concluyó.

Cancillería oficialmente rechaza dichos de Lula y exige devolución de cañones, trofeos y documentos

Dichos de Lula crearon polémica

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva decidió devolver a Paraguay el cañón Cristiano. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

La recurrente solicitud de Paraguay, lo desempolvó el presidente de Brasil tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

Lea más: Alliana insiste a Brasil la devolución de cañones “Cristiano” y “Mariscal López”

Asimismo, el vicepresidente Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había firmado el 26 de setiembre del 2025 la resolución N° 1.578 por la cual se obliga a las universidades a acreditar todas sus carreras en los próximos tres años. La normativa indica que la cartera educativa ya no registrará títulos de grado y de posgrado de carreras no acreditadas, a partir del 2028.

Esta nueva revelación se suma a la denuncia previa realizada por el propio titular del MEC, quien admitió la existencia de un fuerte “lobby de garaje” por parte de autoridades universitarias. Según el titular del MEC, estos sectores buscan utilizar influencias políticas para frenar la aplicación estricta de la resolución que exige la acreditación obligatoria de las carreras a nivel nacional.

Ramírez, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), había apuntado en una sesión del estamento contra la actitud dilatoria del sector: “Hace 20 años no cumplen la ley. Se les dio tres años más para que cumplan la ley y piden otra vez tres años más; 23 años hace que tienen que cumplir la ley y no cumplen. No creo que los estudiantes se enojen porque nuestro pedido como Cones sea que las universidades y sus carreras estén habilitadas y acreditadas”, subrayó.

La revelación de Aneaes: el argumento de la “seguridad nacional”

José Duarte y una comitiva de la Aneaes se reunieron esta tarde con el viceministro de Educación Superior y vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, justamente para tratar sobre la resolución del MEC que obliga a las universidades a acreditar todas su carreras.

Tras este encuentro, el presidente de la Agencia evaluadora afirmó que “es innegable que las universidades ejercen presión, mucha presión, fuerte presión, sobre todo desde el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores fue a plantear al Ministerio del Interior esta cuestión como un asunto de seguridad nacional, porque según ellos, esto puede desembocar en un caos y movilización”.

Luego, agregó: “Ellos siguen bajando esa línea a la Presidencia de la República. Esa es la apuesta de las universidades: consolidar esa narrativa”. Con esto, dejó constancia de que el lobby del Consejo de Rectores - tanto de universidades públicas como de universidades privadas-, llegó hasta el presidente Santiago Peña.

Sobre la reunión con Cohene, indicó que desde la entidad lo que plantean es contar con mayor claridad sobre el alcance de las acreditaciones. “Queremos saber si es que ya vamos a tener que brindar constancia a las universidades que recién iniciaron sus trámites para acreditar”, manifestó.

En esa línea, Elías Saba, presidente AmCham (siglas en inglés) fue consultado sobre si los inversionistas estadounidenses están encontrando previsibilidad para llegar con sus capitales al país, manifestó que, en materia del dólar, sin duda el sector exportador “no lo está encontrando”, al igual que los capitales enfocados en la construcción y el real estate.

“Todos los sectores deben aprender de esta coyuntura, de blindar cláusulas de adaptación o de ajuste sujeto a este tipo de volatilidad, al que no estamos acostumbrados”, resaltó.

Saba sostuvo que las empresas del sector exportador están siendo afectadas por el tipo cambiario, principalmente aquellas que ya tienen contratos firmados y deben cumplir compromisos a precios establecidos con anterioridad. También dijo que quizás, así como se interviene cuando el dólar se fortalece, se realice también cuando la moneda se deprecia, para que la caída no sea tan gradual.

Cotización del dólar en descenso y acumula baja del 20% en un año

Previsibilidad para planificar inversiones

En ese sentido, consideró que, más allá de determinar dónde queda el tipo de cambio, el principal desafío es contar con una mayor previsibilidad y que las fluctuaciones no sean del 20% (como el acumulado que ya se tiene), de manera que las empresas puedan planificar sus inversiones y operaciones comerciales.

“Hay sectores productivos que no tienen márgenes de 20%, como el agro y otros que están honrando compromisos a precios cerrados de tres o seis meses o más. Es decir, el precio ya está fijo y, en vez de entrar un dólar a G. 8.000, lo está haciendo a G. 6.000”, sumó.

Sectores piden un “colchón” ante caída del dólar

Asimismo, añadió que los sectores más perjudicados están pidiendo un “colchón” para que la curva sea un poco más predecible. Remarcó que esto no significa cuestionar la fortaleza e independencia del Banco Central y que una intervención hará que la política sea más “predecible en materia de inversión”.

El presidente de AmCham Paraguay explicó que el efecto de la cotización del dólar también alcanza a sectores como la construcción y el real estate, que tienen estructuras de costos mayoritariamente en moneda local y contratos pactados en dólares.

Por otro lado, Saba señaló que existe la percepción de que el sector importador directamente baja el precio al público en guaraníes cuando cae el dólar, pero sostuvo que esto no ocurre de manera automática.

Explicó que en los países de origen -de donde se trae el producto- también existe una inflación industrial, además de un aumento en los costos logísticos de las cadenas productivas. Por ello, consideró que los efectos de la cotización de la divisa norteamericana deben analizarse junto con el comportamiento de los costos.

Dólar en baja: exportadores ponen bajo la lupa la respuesta del BCP

“Por un lado, están los factores de la devaluación de la moneda y por el otro los incrementos de costo. Sin duda ayudaría mucho tener previsibilidad a ambos sectores, importador y exportador, para que uno pueda fijar políticas de inversión o políticas comerciales con un largo plazo”, reiteró.

Además, se habilita el esperado paso de vehículos livianos (automóviles), entre las 07:00 y las 13:00, para los ciudadanos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (departamento de Alto Paraná, Paraguay) y de Foz de Iguazú (estado de Paraná, Brasil).

Puente de la Integración: los habitantes de cuatro ciudades ya podrán cruzar en sus autos

No estará permitido el transporte transfronterizo de mercaderías, permitiéndose únicamente aquellas consideradas de subsistencia.

Los particulares que circulen por el Puente de la Integración deberán contar con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de expedición y podrá ser renovado por igual período.

Este documento no sustituye al pasaporte ni a otro documento de viaje válido y tampoco exime del control migratorio. Sus titulares deberán presentar el DTVF junto con su documento de viaje y registrar sus ingresos y egresos en los puestos de control habilitados.

Requisitos para los paraguayos

Los paraguayos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco o Hernandarias deberán solicitar el DTVF ante la Policía Federal de Foz de Yguazú. Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Rellenar un formulario de solicitud disponible en la página web de la Policía Federal.
• Una foto reciente, a color, de 3 x 4 centímetros, con fondo blanco, en papel normal y de vista frontal.
• Declaración de dirección de correo electrónico y otra información de contacto, preferiblemente acompañada de una copia simple del comprobante de domicilio.
• Documento de viaje o documento de identidad expedido por un organismo oficial de identificación del país de nacionalidad.
• Prueba de residencia habitual en un municipio fronterizo de un país vecino.
• Certificados de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad judicial competente del lugar donde haya residido en los últimos cinco años.
• Declaración, bajo pena de ley, de ausencia de antecedentes penales en cualquier país durante los últimos cinco años.
• Comprobante de pago de la tasa para la emisión de un CRNM (Certificado de Registro Fronterizo), cuyo importe es de 63,85 reales.

Adelgazantes de contrabando ya circulan por el Puente de la Integración

Desde la Policía Federal recuerdan que se considera delito, punible con prisión y multa, omitir, en un documento público o privado, una declaración que debería haberse incluido, o insertar o hacer insertar una declaración falsa o diferente de la que debería haberse escrito, con el propósito de perjudicar un derecho, crear una obligación o alterar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante.

Requisito para los brasileños

Los brasileños residentes en Foz de Iguazú que pretendan utilizar el Puente de la Integración bajo esta modalidad deberán solicitar el DTVF ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

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El arancel correspondiente a su expedición es de dos jornales mínimos, equivalentes actualmente a G. 234.154, dentro de la categoría “Otros Documentos”, conforme a lo establecido en la Ley N.° 6984/22 de Migraciones.

Para solicitar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), el extranjero interesado deberá presentar:

• Formulario de solicitud del DTVF, debidamente completado y firmado por el solicitante, el cual tendrá validez de declaración jurada.
• Original y una copia autenticada del pasaporte u otro documento de viaje.
• Original y una copia autenticada de la factura de servicios básicos a nombre del titular.
• Original del Certificado de Antecedentes Criminales, debidamente apostillado, que acredite la inexistencia de antecedentes penales en los últimos cinco años.
• Pago del arancel correspondiente.

En el comunicado, la entidad cuestionó las recurrentes propuestas surgidas desde sectores políticos para elevar la carga impositiva como mecanismo de respuesta a los desequilibrios fiscales. Esta presión se acrecentó con la crisis del sector médico que reclama mayores recursos por insumos y salarios.

La UIP afirmó que trasladar ese costo al sector productivo resulta inadmisible mientras no existan señales verificables de racionalización en la administración estatal.

“El problema es el gasto, no la inversión”, planteó el gremio, y añade que el Estado no cuenta con justificación fiscal ni moral para exigir nuevos sacrificios al sector privado si antes no cumple los compromisos de eficiencia asumidos por sucesivos gobiernos.

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Ineficiencia del gasto

El citado gremio empresarial sostiene que la necesidad de reformas estructurales no es nueva y que ha sido advertida de manera persistente desde el sector productivo. En ese marco, señaló que la discusión no debería centrarse en cómo recaudar más, sino en cómo utilizar mejor los recursos ya disponibles.

De acuerdo con la UIP, desde la reforma de 2003 se han sucedido acuerdos, discursos y promesas vinculados a una gestión pública más eficiente. Sin embargo, el gremio considera que esas transformaciones siguen postergadas y que las decisiones de mayor impacto continúan sin ejecutarse.

El comunicado vincula esta situación, al igual que la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) con el reciente intento fallido de reformar la Caja Fiscal, un debate que volvió a poner en evidencia las dificultades para introducir cambios en componentes sensibles de las finanzas estatales. Para la UIP, ese antecedente refleja una falta de resolución política frente a problemas que requieren medidas de fondo.

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Críticas al uso del presupuesto público

La entidad también cuestionó la administración del presupuesto nacional durante los últimos años. Según su evaluación, los recursos públicos han quedado expuestos al “mal gasto” y a decisiones administrativas que, aunque puedan resultar convenientes en términos políticos, terminan perjudicando al país.

Esa dinámica, advirtió la UIP, habría llevado a Paraguay a una “zona de riesgo” en materia de sostenibilidad fiscal. El gremio no detalló proyectos tributarios específicos, pero dejó claro que no acompañará propuestas que impliquen elevar impuestos sin una reforma previa y sustancial del gasto estatal.

La postura plantea una discusión de prioridades: mientras sectores políticos exploran mecanismos para fortalecer los ingresos del Estado, el empresariado industrial reclama que el foco se coloque primero en reducir ineficiencias, ordenar las cuentas públicas y revisar los compromisos que presionan el presupuesto.

La UIP convocó a impulsar un debate “serio, responsable y sin dilaciones” sobre la estructura del gasto público. En su planteamiento, esa reforma constituye la única vía aceptable para enfrentar las dificultades financieras del Estado sin deteriorar las condiciones de quienes producen, invierten y generan empleo.

La organización cuenta con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el Plan Forestal Apepu, según señalaron.

El objetivo principal de las mujeres emprendedoras es el fortalecimiento de las ferias agropecuarias que realizan los días lunes y jueves en su local recientemente construido y los sábados en la ciudad de Santaní, frente a la oficina de la DEAg. Venden productos extraídos de sus propias fincas, incluida una gran variedad de carnes de animales menores y otros alimentos.

La presidenta de la asociación, Teresa Giménez, se refirió a la tarea que están llevando adelante desde hace algunos meses con la asistencia de los técnicos de la DEAg y otras instituciones para que puedan lograr la construcción de su propio local de venta y mejorar la calidad y el rendimiento de los productos.

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“Para nosotras, incursionar en el rubro de las ferias es muy importante, teniendo en cuenta que mediante esto tenemos la posibilidad de vender más rápido los productos que ofrecemos a los clientes”, añadió la señora Teresa.

Apoyo técnico

El Ing. Miguel Ángel Rivas, funcionario de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Santaní, mencionó que la institución está asistiendo a las feriantes de este grupo y a las demás organizaciones que se dedican a este tipo de negocios.

La historia de Barlo, el gato tripulante, fue viral. Esta es una muestra del cariño que tienen a las mascotas en la tripulación.

El capitán de navío Livio Duarte describió que los marinos decidieron acercarle alimento y agua al pequeño can durante los días que estuvieron amarrados en Encarnación.

Muchos la habrán visto en el mismo lugar, pero nadie le dio esa atención que tuvo que venir desde lejos. Cada día esperaba con entusiasmo ese cariño, ese poco de comida, pero por sobre todo, atención.

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Triste despedida

Llegó el día de partir de retorno. Las embarcaciones desamarraron y empezaron a zarpar rumbo a Asunción. Al alejarse, la pequeña perra intentó embarcarse desde la costanera, lo que fue detenido por otros miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en tierra.

Mientras los buques se alejaban, ella quedó sola en el muelle, esperando un posible retorno. Siguió ahí a pesar de la llovizna, hasta que la imagen de esas estructuras metálicas se desvaneció en el horizonte.

Las imágenes de la cachorra lamentando la partida de los buques fueron enternecedoras y recorrieron las redes sociales.

El capitán Duarte, quien es comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), solicitó al comandante de las Fuerzas Armadas permiso para adoptar a la perrita. Refirió que tuvo una respuesta positiva de la superioridad, por lo que iniciaron la búsqueda de la nueva miembro del ANI.

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Rescate y nuevo comienzo

Tras conseguir el permiso, comenzaron a buscar a quien bautizaron como “Maruca”, para que se sume a la tripulación canina del Destacamento Naval de Mboika’e.

Al principio no la hallaron en la costanera; fue a través de posteos de amigos que la encontraron deambulando cerca de la catedral de Encarnación. Fue presentada a sus nuevos amigos caninos: Zeus, el pastor alemán; Rubia, que es de raza puro corazón; Floppy, que es mestiza de pitbull; y Maruco, el negro rescatado desde pequeñito.

El capitán manifestó que hoy llevaron a Maruca al veterinario, quien les confirmó que se trata de una cachorra de tan solo 10 meses.

La perrita estará en su nuevo hogar desde ahora, junto a los efectivos de las Fuerzas Armadas en el destacamento de Mboika’e, al costado de la playa del mismo nombre.

Adopción de animales

La historia de Maruca, con un final feliz, nos da pie para reflexionar sobre los otros cientos de canes que no corren con la misma suerte. En Encarnación existen alrededor de 10 organizaciones destinadas al rescate animal, todas que funcionan de manera solidaria.

La responsabilidad de la castración y el gesto de adoptar a los animales abandonados contribuirán a que esta clase de casos no se repitan. Los animales abandonados terminan en la mayoría de las veces muertos o enfermos, siendo un riesgo sanitario para todos.

Hablaron de cómo plantarse ante el grave conflicto bilateral entre Brasil y Argentina, que están sin embajadores a raíz de los graves insultos proferidos por Javier Milei a Lula da Silva -Lezcano tiene sus propios disgustos con el líder del PT porque no lo apoyó como secretario general de la OEA-. También conversaron sobre cómo abrir más el Mercosur y de asuntos bilaterales que le preocupan, y mucho a Paraguay: el peaje en la Hidrovía.

Para el caso, en paralelo a la visita que la Cancillería argentina cerró a la prensa y solo reflejó en las redes sociales con sonrisas y caminatas por el Palacio San Martín, en Buenos Aires estuvo este mismo lunes el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) de Paraguay, Bernd Gunther. Es uno de los empresarios a los que el presidente Santiago Peña les dio el poder para el reclamo.

El presidente de CAFyM se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y aunque fue en tono diplomático, planteó reparos sobre los cobros en la Hidrovía. Sostuvo que, mientras el peaje para el tramo del Río Paraná de Santa Fe a la Confluencia con el Río Paraguay se pagan hoy US$ 1,30 por tonelada de registro neto por el balizamiento en esa zona y en ida y vuelta de los convoy de barcazas, para Paraguay no debería superar los US$ 0,50. En Paraguay afirman que eso representa un costo de US$ 30 millones que no debe superar en los hechos los US$ 10 millones por año.

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“Hay que tener balizamiento en el río, pero no hay que exagerar con eso. Hay que cumplir con esa normativa para que los navegantes estén tranquilos, pero no llenar de balizas y sobrecostos a la logística”, afirmó Gunther semanas atrás.

Gunther dijo que toda decisión debía tratarse en el ámbito del Acuerdo por el Tratado de la Hidrovía (firmado en Santa Cruz de la Sierra), ratificado por todos los países para regular la navegación y el comercio fluvial en la región.

Son cinco los firmantes, la mayoría muy molestos con el gobierno de Alberto Fernández cuando en 2023 impuso de pronto el peaje entre Santa Fe y Confluencia como una forma para recaudar dólares, que puede ser justa- pero no fue conversada con todos los vecinos de la Hidrovía.

Eso motivó numerosas protestas no sólo de Asunción, pero al asumir el gobierno, Javier Milei lo mantuvo -contrariamente a lo que esperaban sus vecinos- y lo consolidó como mecanismo para hacer caja en la Hidrovía cuyo dragado acaba de ganar otra vez la belga Jan de Nul.

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El problema, se quejan en Paraguay, es que, pese a que está en la presidencia del Tratado hoy, la Cancillería argentina nunca convocó a una reunión de los países firmantes, lo que es casi obligatorio al menos una vez por año. La última reunión tuvo lugar con la presidencia del Tratado por parte de Uruguay, en octubre de 2025.

“Sturzenegger mostró interés en comprender nuestra posición sobre el peaje”, dijo Gunther a Clarín, pero no más.

Fuente: Clarin

La misiva expone la indignación generalizada ante un sistema estatal que demostró desplegar cobertura médica impecable, ambulancias de última generación y asistencia inmediata para un evento deportivo, mientras que en los centros asistenciales del país la gente se sigue muriendo por falta de insumos elementales.

“El despliegue de recursos, la logística e impecable cobertura médica vistos durante el evento demuestran de lo que somos capaces cuando existe voluntad política y gestión”, señaló Díaz López, quien además es candidato a concejal de Mariano Roque Alonso (Central) por la Lista 5.

“Vimos ambulancias de última generación perfectamente equipadas y asistencia inmediata apostada en los tramos. Sin embargo, al apagar los motores, la realidad del paraguayo de a pie vuelve a encenderse con crueldad. Señor Presidente, le pido raciocinio y piedad”, manifestó el profesional.

“Hoy tenemos a personal médico en huelga y marchando por reivindicaciones justas, sosteniendo un sistema precarizado mientras los enfermos se ven obligados a realizar rifas o polladas para costear insumos básicos”, lamentó.

Pide piedad por oncológicos

Díaz López también rogó por piedad, sobre todo, para los enfermos oncológicos.

“Resulta inhumano que compatriotas que libran la batalla más dura de sus vidas deban enfrentar además la angustia de la falta de medicamentos, sillones de quimioterapia o máquinas de radioterapia fuera de servicio. Para un paciente con cáncer, un día de demora en su tratamiento no es una cifra administrativa; es la diferencia entre la vida y la muerte”, aseveró Díaz López.

Finalmente, sostuvo que si el Paraguay tuvo la capacidad y los recursos para blindar la seguridad médica de un evento deportivo, debemos tener esa misma capacidad —y, sobre todo, la empatía— para dotar a nuestros hospitales públicos del equipamiento necesario todo el año.

“Le pido que mire a su pueblo con la misma prioridad y eficacia. Los médicos y Licenciados en Enfermería merecen condiciones dignas para curar, y los enfermos merecen la oportunidad de luchar por sus vidas con dignidad”, finalizó.

Según la planilla de Salud Pública hasta junio, Díaz López recibía un salario mensual como “permanente” y “contratado” de G. 10 millones de los cuales G. 5 millones es el sueldo; G. 300.000 es subsidio para la salud; G. 2 millones por labores insalubres y otros G, 3 millones como “contratado”. Según dicha planilla, el pago se ejecuta por turnos de 24 horas seguidas, los martes de 6:00 a 6:00.

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Esta arteria presenta un continuo deterioro tras las excavaciones iniciadas el pasado 20 de agosto. Aunque los trabajos en tramos como Venezuela y Francisco Zurbarán concluyeron la semana pasada, según los vecinos la pista no fue reacondicionada ni nivelada para restituir el paso vehicular de forma segura.

El perjuicio también golpea a los peatones, ya que las veredas quedaron totalmente intransitables. Ante los reclamos ciudadanos, ABC Color visitó la zona y constató que hasta las rampas de accesibilidad inclusiva se ven perjudicadas por la acumulación de escombros.

Sin avisos ni desvíos: la “trampa” que atrapa a los automovilistas

El caos vehicular se intensifica en cruces críticos como Sargento Gauto y Venezuela, donde se concentra la mayoría de los baches. Transitar por la zona representa un peligro constante de daños mecánicos y caídas graves, amenazando especialmente la seguridad de los motociclistas.

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Los conductores denunciaron la ausencia total de carteles o avisos previos que adviertan sobre el bloqueo de la calzada. Sin margen para tomar rutas alternativas a tiempo, los automovilistas ingresan a la arteria y quedan atrapados en una verdadera “ratonera” vial.

La nula gestión del tránsito frena la fluidez en todo el perímetro. Una señalización oportuna habría permitido desviar el tráfico por vías transitables como Teniente 2° Benigno Villamayor, evitando que los vehículos queden varados por los trabajos, sin alternativas asfaltadas.

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Frente a la ola de reclamos, la empresa estatal emitió un comunicado justificando las demoras. La entidad sostuvo que los trabajos de bacheo y reposición de pavimento en el tramo comprendido entre Francisco Goya y Venezuela están suspendidos temporalmente debido a las condiciones climáticas desfavorables.

Por su parte, el gerente de Redes, Juan Pablo Morínigo, justificó la urgencia de estas obras. Explicó que la red antigua requería reemplazo prioritario tras registrarse un promedio crítico de una rotura cada 11,6 metros de tubería durante los últimos cinco años.

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Según los reportes oficiales, la intervención contempla la renovación de 613 metros de tubería de conducción y 766 metros de ramales. Hasta el momento, las cuadrillas lograron avanzar en 246 metros del tramo principal y 168 metros de conexiones domiciliarias.

Desde la Essap aseguran que repondrán el 100% de la capa asfáltica y las veredas afectadas sin costo para los frentistas una vez que el terreno se seque.

De acuerdo con el informe difundido este martes por la institución, entre enero y agosto de 2026 la DNIT recaudó G. 28,9 billones, un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 595.991 millones adicionales.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 18,3 billones, con una expansión interanual de 10,5%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 10,5 billones, lo que representa una caída de 9,8% frente al mismo periodo del año anterior.

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Agosto mantuvo la misma tendencia

El comportamiento también se reflejó en los resultados correspondientes a agosto. La DNIT informó una recaudación total de G. 3,11 billones (US$ 527,8 millones), cifra que representa un crecimiento de 2,4% respecto a agosto de 2025 y un aumento absoluto de G. 72.587 millones. No obstante, el incremento fue impulsado exclusivamente por la recaudación de los impuestos internos, que alcanzó G. 1,76 billones, con un crecimiento de 9,3%.

Según la DNIT, este desempeño respondió principalmente al mayor aporte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por los sectores de comercio, electricidad y agua, servicios empresariales, servicios a los hogares, produción de carne, constucción y telecomunicaciones, información y comunicación.

En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,49 billones, lo que significó una disminución interanual de 3,5%.

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Guaraní fuerte redujo la recaudación aduanera

La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante agosto alcanzó el 19,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Según explicó la institución, esta variación cambiaria redujo en 5,4% el valor imponible expresado en guaraníes, afectando la recaudación efectiva de los tributos aduaneros. No obstante, refiere que medida en dólares, la base imponible se redujo en 1,9%, lo que evidencia que el menor ingreso respondió principalmente al efecto del tipo de cambio y no a una menor actividad comercial.

IPS tiene moderna urgencia pediátrica pero opera bajo precaria estabilidad laboral

La exposición ante el Consejo puso especial énfasis en los volúmenes de dinero captados, las sumas perdonadas en multas y los montos globales de la cartera morosa que arrastra la previsional.

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El informe técnico detalló que un total de 17.616 firmas patronales se acogieron a los beneficios de la promoción desde su arranque el pasado 24 de julio. Los flujos financieros ingresados a las arcas del IPS se dividieron de la siguiente manera:

• Pagos al contado y parciales: Concentraron el 62% de la recaudación generada por la promoción en concepto de cancelación del total de la deuda, y un 36% correspondiente a pagos sobre porciones parciales de las planillas pendientes. En conjunto, estas dos modalidades permitieron recuperar G. 128.670 millones, mientras que los recargos por mora exonerados a estas empresas sumaron G. 1.600 millones.
• Financiamiento y fraccionamiento de deudas: A pesar de representar un volumen menor en cuanto a cantidad de empresas adheridas (548 firmas, equivalente al 2% de lo ingresado), el fraccionamiento implicó un monto total reestructurado de G. 26.173 millones. De este total financiado, el IPS captó G. 3.150 millones en conceptos de entrega inicial y primeras cuotas, perdonando a su vez G. 2.317 millones en intereses moratorios acumulados para facilitar la estructuración de los pagos a plazo.

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Un aspecto destacado del informe fue el éxito financiero obtenido mediante campañas de comunicación directa automatizada. Se informó que mensajes de texto y correos electrónicos masivos fueron enviados a más de 65.000 contactos y 30.000 cuentas corporativas:

• En el sector de seguro doméstico, de una deuda inicial catastrada en G. 1.781 millones, la previsional logró recuperar G. 1.478 millones, representando una efectividad de cobro superior al 83%.
• En el segmento de servicios comerciales y al público, tras la emisión de avisos de cobro sobre una cartera morosa de G. 7.952 millones, se efectivizaron pagos por G. 6.674 millones. En total, la estrategia de mensajes de texto impulsada en áreas específicas detonó la regularización de más de G. 8.152 millones en pocas jornadas.

¿Negocio redondo o pérdida? El duro debate interno en el IPS por las multas perdonadas

A pesar de los montos inyectados a corto plazo, el informe desató un debate entre Isaías Fretes, presidente del IPS, y los consejeros respecto a la rentabilidad real de condonar multas. Se señaló que la reducción neta en el porcentaje global de patronales en mora apenas alcanzó un 1,95% en comparación con el periodo previo.

Contraloría advierte que IPS corre riesgo de tomar decisiones con fondos ficticios

Los miembros del Consejo cuestionaron la conveniencia financiera de resignar miles de millones de guaraníes en recargos punitorios si el impacto porcentual sobre la masa total de deudores es marginal, advirtiendo además sobre el riesgo de desincentivar a los empleadores que abonan sus planillas en fecha de forma regular.

Los pobladores denunciaron que llevan años solicitando a la Municipalidad de Caaguazú una solución al problema y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas ante la comuna, hasta ahora solo recibieron promesas.

El paso sobre el arroyo Yaguareté fue construido por los propios vecinos debido a la necesidad de contar con una vía de comunicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estructura se deterioró considerablemente y actualmente representa un peligro para quienes deben utilizarla diariamente.

La situación afecta especialmente a los estudiantes de la zona. En el sector se encuentran la Escuela Básica Santa María Goretti Nº 3196 y, en otro predio educativo, funcionan conjuntamente la Escuela Básica Nº 3197 Héroes del Chaco y el Colegio Nacional Guavirá, que cuentan con una importante cantidad de alumnos.

Estudiante sufrió una fractura

El poblador Liberato González manifestó que el riesgo no es solamente una preocupación, sino que ya se registró un accidente. Señaló que hace aproximadamente dos meses, una estudiante cayó mientras cruzaba el precario puente y sufrió una fractura en una de sus piernas.

Según relató, los pobladores construyeron el paso de manera provisoria ante la falta de una obra definitiva, pero actualmente el puente se encuentra totalmente deteriorado, por lo que temen que pueda ocurrir un accidente de mayor gravedad.

Los vecinos señalaron que niños y jóvenes deben utilizar el paso diariamente para acudir a clases, exponiéndose a las malas condiciones de la estructura.

Dificultades para sacar la producción

El problema también afecta directamente a las familias dedicadas a la producción frutihortícola.

Los pobladores explicaron que las condiciones del camino y del puente dificultan el traslado de sus productos hasta los caminos de todo tiempo. En algunos casos, deben acarrear manualmente la producción durante aproximadamente 1.000 metros para llegar hasta un tramo transitable.

Esta situación representa un perjuicio para los productores, quienes dependen de la comercialización de sus cultivos para generar ingresos para sus familias.

Municipalidad anuncia construcción de puente de hormigón

Ante el reclamo de los pobladores, el intendente de Caaguazú, José Ríos (PLRA), señaló que el problema ya está contemplado por la administración municipal y que actualmente el proyecto del puente se encuentra en etapa de ejecución.

El jefe comunal explicó que en los próximos días se tendría el llamado correspondiente para la adjudicación de la empresa que tendrá a su cargo la obra. Posteriormente, una vez cumplido el proceso administrativo, se prevé iniciar la construcción.

Ríos aseguró que el nuevo puente será construido de hormigón y tendrá características de todo tiempo, con lo que se busca dar una solución definitiva al problema de conectividad que afecta a los pobladores de Guavirá.

Vecinos esperan que la obra se concrete

Mientras se aguarda el avance del proyecto anunciado por la Municipalidad, los pobladores continúan utilizando el deteriorado puente construido por ellos mismos.

Los vecinos pidieron que el proceso de adjudicación y posterior construcción se concrete lo antes posible, teniendo en cuenta que el paso es utilizado diariamente por familias, productores y estudiantes.

Asimismo, insistieron en la necesidad de una intervención urgente para evitar nuevos accidentes, especialmente entre los niños y jóvenes que deben cruzar el arroyo para llegar hasta sus instituciones educativas.

Los pobladores esperan que el anuncio municipal se traduzca finalmente en una obra segura y permanente, después de varios años de reclamos y promesas de solución.

También este planteamiento surge tras el reclamo del sector médico que exige más recursos para insumos y salarios. Para responder a este y otros reclamos y para oxigenar las finanzas públicas, se plantearon algunas propuestas como elevar la tasa impositiva en IVA, IRE e IRP, también surgió un proyecto de Ley que crea un arancel adicional para el tabaco.

Según el pronunciamiento difundido por la CAP, trasladar una mayor presión tributaria hacia empresas, inversores y trabajadores formales no resolvería los problemas estructurales de las finanzas públicas. La entidad afirmó que quienes producen, invierten y generan empleo ya sostienen una parte relevante de la actividad económica y del cumplimiento fiscal del país.

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Gastos permanentes y recursos comprometidos

El gremio empresarial puso el acento en la creciente proporción de recursos públicos comprometidos en erogaciones rígidas. Entre ellas mencionó las remuneraciones del sector público, jubilaciones, programas de prestaciones sociales y pagos de intereses de la deuda.

Para la CAP, esta composición del presupuesto obliga a debatir no solo cuánto recauda el Estado, sino también cómo asigna y ejecuta sus recursos. La organización considera que antes de evaluar nuevos tributos debe existir una revisión de la calidad del gasto y de las estructuras que lo vuelven difícil de ajustar.

“El Estado aún no ha demostrado la misma determinación para corregir sus propias ineficiencias”, sostuvo el gremio al cuestionar que se solicite un esfuerzo adicional a los contribuyentes sin una estrategia visible de racionalización del gasto público.

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Seguros médicos privados y revisión de erogaciones

Entre los ejemplos citados, la Cámara de Anunciantes señaló el financiamiento de seguros médicos privados para una parte de los funcionarios públicos. De acuerdo con la información pública a la que alude la entidad, esos desembolsos rondarían los US$ 100 millones anuales.

La CAP sostuvo que este tipo de gastos merece una evaluación responsable sobre su pertinencia, alcance y sostenibilidad. El planteamiento no se limita a un rubro específico: la cámara propone revisar las erogaciones que puedan carecer de justificación suficiente o que representen compromisos difíciles de sostener en el tiempo.

También advirtió sobre obligaciones permanentes asumidas por el Estado que dependen de fuentes de financiamiento insuficientes o transitorias. A juicio del sector empresarial, estos desbalances deben ser examinados dentro de una discusión más amplia sobre la viabilidad fiscal de largo plazo.

Programas sociales y Caja Fiscal, en el centro del debate

El comunicado de la CAP incluye además un llamado a revisar periódicamente la focalización de los programas sociales. La organización remarcó que estas políticas deben conservar sus objetivos originales y dirigir los recursos hacia quienes efectivamente los requieren.

Asimismo, identificó el déficit de la Caja Fiscal como uno de los principales desafíos para el Tesoro. Ese sistema previsional requiere transferencias públicas relevantes para cumplir con sus obligaciones, una situación que, según la cámara, refuerza la necesidad de avanzar en reformas estructurales.

La Caja Fiscal administra jubilaciones y pensiones de distintos sectores del Estado, por lo que su déficit representa una presión persistente sobre las cuentas públicas. Para la CAP, cualquier debate sobre sostenibilidad financiera debería incorporar este componente y evitar soluciones basadas exclusivamente en ampliar la recaudación impositiva.

La razón por la que subir impuestos puede ser “peor que la enfermedad”, según gremio

La Cámara de Anunciantes propuso una hoja de ruta centrada en eliminar gastos injustificados, revisar privilegios, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

El gremio también reclamó mayor transparencia y responsabilidad en la ejecución presupuestaria. Su posición es que la corrección del déficit fiscal debe comenzar por ordenar las prioridades estatales y garantizar que cada partida pública tenga una justificación clara y resultados verificables.

Los dictámenes de las tres comisiones recomiendan acompañar los cambios, al considerar que se tratan principalmente de cuestiones conceptuales que otorgan mayor seguridad jurídica y se ajustan al ordenamiento jurídico civil.

Las modificaciones introducidas por Diputados afectan principalmente los artículos 1, 2, 4, 7 y 9 del proyecto aprobado inicialmente por el Senado.

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Entre los cambios, se establece que la restitución del pagaré debe realizarse simultáneamente con el pago total de la deuda, en concordancia con el artículo 570 del Código Civil. También se incorpora una presunción favorable al deudor cuando este tenga en su poder el pagaré.

En caso de extravío o destrucción del documento, Diputados se remitió expresamente al régimen previsto en el artículo 1384 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a las sanciones, se mantiene la posibilidad de aplicar una multa de hasta el 20%, mediante un sumario y respetando la competencia de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

¿Por qué quieren aceptar la versión de Diputados?

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Mario Varela, explicó que realizaron un cuadro comparativo entre ambas versiones y resolvieron acompañar las modificaciones de Diputados.

“Nos allanamos a esas modificaciones que Diputados plantea, que son más específicas, y generan mayor seguridad jurídica en el proceso civil”, afirmó.

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Varela sostuvo que el objetivo es avanzar con reformas que permitan agilizar y transparentar los procedimientos judiciales, tras los cuestionamientos al uso del sistema de justicia en los casos relacionados con la llamada mafia de los pagarés.

“Esta es una de las normativas que buscan justamente exigir la devolución, la restitución de los pagarés y la extinción de la obligación”, señaló.

Una mafia que se embolsa millones y arrastra a miles de víctimas

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que afirma representar a más de 17.000 afectados en todo el país, expuso -a inicios de este año- ante la Comisión Permanente del Congreso el impacto económico y social de los embargos derivados de este esquema.

Según los registros presentados por la organización, el sistema mueve más de US$ 92 millones anuales.

Los afectados también reiteraron su pedido de enjuiciamiento de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus reclamos por la actuación del sistema judicial frente a los casos de pagarés.

Héctor Squef, propietario de la firma subcontratada RICSOFAN S.A. para colocar los vidrios, parasoles y el revestimiento de chapas de aluminio en todas las torres nuevas del Gobierno, indicó que el Consorcio BTI, adjudicada por más de US$ 100 millones para construir estos locales, se encargará de financiar las refacciones.

Aclaró que este desprendimiento ocurre debido a que existe un problema en la pared del edificio, que cuenta con irregularidades de hasta cinco centímetros en el grosor del revoque. “Esto impide un anclaje firme de las láminas”, remarcó.

Ahora, preparan un nuevo revestimiento con cabos y otros materiales más gruesos, como para que las láminas puedan sostenerse y no ocurran más eventos de este tipo, según el empresario.

Nuevas chapas estarían listas en tres semanas

Squef explicó que los fuertes vientos registrados en la capital impiden trabajar en la altura por razones de seguridad. Debido a estas condiciones climáticas, el montaje de los balancines necesarios para la intervención, se pospondrá para los próximos días.

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“Es un trabajo de tres semanas más o menos, lo primero que se hará es cubrir los huecos que ahora se ven en el edificio; luego se aseguran los tornillos y se trabaja en reforzar toda la instalación”, remarcó.

Esta situación con el edificio generó temor y encendió las alarmas entre los funcionarios del MEC, que ya venían denunciando otras irregularidades como la falta de agua, la invasión de cucarachas y salidas de emergencia bloqueadas.

Desde el Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec), ya presentaron dos notas dirigidas al ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre este tema, sin embargo, hasta la fecha, no obtuvieron respuesta de la autoridad educativa.

Entre los afectados se encuentran trabajadores de aseo urbano, operarios de maquinaria, los que trabajan en recolección de residuos, matadero, vertedero y tractoristas. Algunos contratos ya fenecieron y tampoco recibieron información sobre su continuidad.

La trabajadora de Aseo Urbano, Elva Cabañas, manifestó que la situación es insostenible, ya que los funcionarios tienen familias que mantener y algunos ya no cuentan con dinero para comprar alimentos.

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Señaló que presentaron una nota a las autoridades y advirtió que dejarán de trabajar hasta que se regularice el pago. También cuestionó a la Junta Municipal porque dejan las sesiones sin quórum para no tratar el reclamo.

Promesa de pago

Elva Cabañas mencionó que el secretario general de la Comuna, Juan Carlos Martínez, a través de mensajería de texto informó que supuestamente el próximo jueves se concretaría el pago, pero los trabajadores dijeron que ya no confían en los anuncios debido a anteriores promesas incumplidas.

Los funcionarios estiman que la Municipalidad adeuda más de G. 100 millones en salarios a los trabajadores. A los concejales se les debería por dieta y gastos de representación ascendería a G. 50 millones.

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Intentamos obtener la versión del presidente de la Junta Municipal, Diego Morel (ANR), para conocer por qué no sesionan para tratar el problema de los operarios, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas.

El intendente Sergio Galeano (ANR) explicó que la falta de pago a los funcionarios y a concejales se debe a retrasos en las transferencias estatales. Adelantó que algunos contratos no serían renovados, mientras los trabajadores exigen el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

El intendente dijo que en los últimos meses los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los salarios. Además, para recibir las transferencias, se puso al día con el pago en la Caja de Jubilaciones, OPACI y el 15 por ciento a la Gobernación en concepto de impuesto inmobiliario, según explicó.

Finalmente, indicó que si esta semana reciben la transferencia, el viernes estarían realizando el pago a un sector de los funcionarios y a los concejales.

“Tuvimos la gracia, junto a mi familia, de compartir un encuentro con el papa León XIV. Le pedimos su bendición para nuestra querida Asunción, y él la bendijo junto con todo su pueblo”, detalló el jefe comunal.

Según informaciones de la Municipalidad, el intendente transmitió al Papa “las oraciones de muchos paraguayos” y también le dio a conocer su “deseo” de que pronto pueda visitar la capital de nuestro país. El mismo pedido al Sumo Pontífice también lo había hecho hace una semana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Asimismo, la familia del funcionario entregó unos de regalos al sumo pontífice, entre ellos, una estructura artesanal tallada en madera de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, al igual que tierra de la Costanera de Asunción, una fotografía de la Virgen, un rosario de filigrana paraguaya y también una biblia en guaraní.

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Visitas papales en Paraguay

En el año 2015, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, visitó nuestro país para desarrollar una gira pastoral de tres días.

El argentino fue el segundo Pontífice en visitar Paraguay, Karol Józef Wojtyła, -Juan Pablo II, ya elevado a la categoría de santo-, estuvo en mayo de 1988 por Paraguay.

De momento, desde Vatican News se confirmó una futura visita del papa León XIV a Latinoamérica, pero Paraguay no se encuentra en la lista.

El santo padre realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Inolvidable Juan Pablo II

El accidente fue hace un mes, pero en la Cámara Baja buscan enfriar el pedido de interpelación y que vaya como tantos otros al “opareí” aprovechándose del paso del tiempo y el olvido ciudadano.

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El pedido de interpelación a Claudia Centurión estaba en el punto siete del orden del día de la sesión de hoy, pero los cartistas y sus aliados del tercer espacio tras reelegir a Camilo Benítez como contralor en una sesión extraordinaria fueron abandonando el recinto parlamentario por lo cual no se pudo seguir con la agenda.

Como ya se volvió costumbre, la sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quórum sin tratar siquiera un punto del orden del día previsto para la fecha. Esta metodología la implementa generalmente el cartismo para salvar a cuestionados ministros, directores o funcionarios ligados al poder y otorgarles impunidad.

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Claudia Centurión acumuló sobre sus espaldas dos pedidos de interpelación tras el accidente en la zona de obras de Rutas del Este. En la Cámara Alta el pedido fue postergado por 22 días, mientras que en Diputados se sigue evitando incluso su tratamiento.

La ministra de Obras sí asistió a la mesa directiva de la Cámara de Senadores convocada por el cartista Basilio “Bachi” Núñez en donde cantinfleó por más de tres horas, según indicaron los senadores opositores al salir de la reunión.

Centurión, durante sus explicaciones culpó a todos menos a su gestión sobre los cuestionamientos de los datos técnicos en la construcción de la duplicación de la Ruta PY02, el retraso en la construcción del viaducto y el retiro del polémico semáforo que ya se cobró varias vidas inocentes.

¿Habrá otra huelga de médicos? Esto dicen los gremios

En una entrevista concedida a ABC Color, el doctor Roberto Riveros, vocero de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, abordó de manera directa el complejo escenario de las renuncias, poniendo especial énfasis en la discrepancia existente sobre el número total de renuncias.

Según el gremio médico, entre documentos formalizados y otros que están en proceso o cajoneados en los hospitales, la cifra de dimisiones suma unos 430 médicos en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que solo 62 renuncias fueron recibidas ayer en mesa de entrada.

ABC Color solicitó hoy un vocero que pueda brindar un informe detallado de las renuncias presentadas al Ministerio de Salud y, desde la cartera sanitaria se ratificaron en afirmar que tienen la formalización de 61 renuncias presentadas ayer por la mañana, más una renuncia formalizada por la tarde y, que del total, 41 están con firmas “fotoescaneadas”.

¿Se está ocultando el número real de médicos que abandonan los hospitales?

Uno de los ejes centrales de la aclaración brindada por el titular de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica radica en la diferencia abrumadora entre los reportes oficiales del Ministerio de Salud y los datos que manejan los gremios médicos. Mientras que las autoridades de Salud Pública han reconocido públicamente un número inicial reducido de renuncias, la realidad muestra un panorama numérico mucho más amplio.

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El doctor Riveros detalló a ABC que, de un universo inicial de 196 renuncias firmadas, la situación se divide de la siguiente manera:

• 105 renuncias: Son aquellas que ya cuentan formalmente con mesa de entrada y se encuentran presentadas de manera oficial.
• 91 renuncias: Corresponden a los documentos restantes que integran el bloque total de firmas recolectadas, pero que aún se encuentran en procesos de entrega, tránsito o enfrentando diversas barreras administrativas.

A este volumen se suman reportes específicos de centros asistenciales clave. Por ejemplo, Riveros mencionó que en el Hospital de Acosta Ñu se contabilizó la dimisión de 41 médicos, de las cuales 40 corresponden a terapistas pediátricas que presentaron sus dimisiones ante el doctor Héctor Castro. Sin embargo, asegura que el documento habría quedado retenida en una especie de limbo administrativo, lo que el doctor Riveros calificó como “cajoneadas”. El médico aseveró que el Ministerio de Salud está ocultando ciertos datos, con el fin de evitar un incremento visible en las estadísticas oficiales de bajas.

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Riveros sostuvo que una situación similar se reportó en el Hospital del Trauma, donde 17 terapistas pediátricas intentaron entregar sus renuncias a la dirección médica, recibiendo como respuesta la negativa de recepción y la instrucción de derivarlas directamente al nivel ministerial. Resaltó que casos similares ocurren en el interior del país.

Según la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, las renuncias en los hospitales del Ministerio de Salud se desglosa de la siguiente manera:

1. Renuncias firmadas:

• Terapia Pediátrica - Hospital Acosta Ñu: 41 renuncias.
• Terapia Pediátrica - Hospital Nacional de Itauguá: 24 renuncias
• Terapia Pediátrica - Hospital del Trauma: 19 renuncias
• Terapia Pediátrica - Ciudad del Este: 12 renuncias.
• Instituto de Medicina Tropical: 6 renuncias.
• Terapia Pediátrica Cardiológica - Hospital Acosta Ñu: 11 renuncias.
• Anestesiología - Hospital de Acosta Ñu: 21 renuncias.
• Traumatología Pediátrica - Hospital de Trauma: 4 renuncias
• Neurocirugía: 19 renuncias.
• Cirugía Pediátrica: 40 renuncias.

2. Reportes preliminares:

• Hospital San Pablo (Neonatología): 37 renuncias.
• Hospital Barrio Obrero: 26 renuncias.
• Hospital de Trinidad: 20 de 20 (renuncia total del plantel).
• Hospital de Itauguá: 44 renuncias.
• Calleí / San Lorenzo: 29 renuncias.
• Hospital de Luque: 18 renuncias.
• Hospital de Villa Elisa: 18 renuncias.
• Hospital de Caacupé (Neonatología): 18 renuncias
• Hospital de Pedro Juan Caballero (Neonatología): 5 renuncias.
• Hospital Regional San Ignacio Misiones: 10 de 10 renuncias (renuncia total del plantel)
• Hospital de Santa Rosa, Misiones (Neonatología): 9 de 11 renuncias.

Excusas burocráticas por firmas escaneadas, dicen médicos

Ante los cuestionamientos esgrimidos desde la cartera sanitaria respecto a la validez de algunos documentos —como el argumento de que ciertas firmas se encuentran escaneadas o presentan supuestos errores de forma—, la postura del gremio médico ha sido tajante. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica desestimó estos argumentos al señalar que se trata de tecnicismos burocráticos utilizados para restar peso a la medida de presión.

“Si realmente hay una intención de aceptar las renuncias y cuentan con un plan B, no estarían poniendo trabas formales ni buscando inconvenientes en las firmas”, expresó el doctor Riveros, sugiriendo que las objeciones ministeriales funcionan más como una estrategia de contención política que como un impedimento legal real.

Adicionalmente, el médico resaltó que nuevos bloques de profesionales se preparan para sumarse a las renuncias masivas en el transcurso de la semana. Entre ellos destacó el equipo de anestesia del Hospital de Luque que apunta a sumar unas 30 firmas.

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La dimensión más alarmante de esta crisis recae, posiblemente, sobre la especialidad de cirugía pediátrica, un área altamente especializada y con un margen de reemplazo prácticamente inexistente en el Paraguay.

De acuerdo con los registros oficiales de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, en el país existen actualmente 48 cirujanos pediátricos certificados. Al contrastar esta cifra con el volumen de profesionales movilizados, el doctor Riveros confirmó que el porcentaje de renuncia roza la totalidad de los especialistas activos.

“Tenemos 59 médicos asociados, pero solo 48 cirujanos pediátricos certificados; el resto del grupo está compuesto por residentes en formación”, aseguró.

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Ante la pregunta sobre la posibilidad de cubrir estas vacancias de manera inmediata si el Ministerio de Salud acepta las renuncias, la respuesta fue contundente: no hay reemplazo posible. “Es imposible suplir estas bajas en el país, ya que los únicos profesionales fuera de este grupo son unos pocos exjefes de servicio que ya están jubilados”, dijo Riveros, evidenciando una escasez estructural de recursos humanos críticos que pone en inminente riesgo la cobertura de la salud infantil en todo el territorio nacional.

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Los técnicos que elaboraron el informe revelaron una diferencia acumulada entre lo recaudado y lo depositado en el último semestre de la administración del liberal Dimartino por más de G. 1.700 millones.

En un dossier, señalan que se detecta un patrón sistemático de atrasos en depósitos que oscilan entre 4 y 27 días. Agregan que existen descuadres, falta de comprobantes y depósitos de montos elevados con retraso significativo, lo que representa un riesgo para la gestión financiera de la Municipalidad.

También se denuncia que no fueron transferidos un total de G. 467 millones al Ministerio de Economía y a la Gobernación Departamental en concepto del 15% de los impuestos inmobiliarios recaudados para municipios de menores recursos y gobiernos departamentales

Finalmente se atribuye también una “probable sobrefacturación” de G. 1.004 millones en 12 obras puntuales. (Ver el cuadro)

No hubo votos para la denuncia

El informe fue puesto a consideración del pleno y de 12 concejales presentes, seis votaron por remitir la auditoría en forma institucional al Ministerio Público; otros tres ediles votaron por no remitir el informe y tres votaron por la abstención.

Como no se reunió la mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- es decir, siete votos, el informe quedará en secretaría de la Junta Municipal salvo que algún concejal lo presente ante la Fiscalía en forma personal.

Ediles que apoyan a Dimartino dijeron que dicho informe debía tomarse según el contexto electoral en que el exintendente, con el respaldo de todas las fuerzas opositoras, busca otro mandato mientras que el cartismo respalda al exdiputado Enrique Pereira como candidato a la jefatura municipal.

Estos contenidos fraudulentos utilizan la excusa de la conmemoración de la Victoria de Boquerón para prometer un supuesto regalo en efectivo de G. 500.000 dirigido a todos los ciudadanos en Paraguay.

La campaña engañosa simula estar vinculada al presidente de la República, Santiago Peña, e involucra de manera indebida a conocidas marcas de telefonía móvil con el fin de otorgarle una aparente credibilidad.

Sin embargo, se trata de una estafa conocida como phishing o suplantación de identidad digital.

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El modus operandi consiste en invitar a las víctimas a hacer clic en un enlace de origen dudoso y no oficial, que no corresponde a ningún portal gubernamental, bajo la promesa de comprobar requisitos e ingresar un número telefónico para cobrar el beneficio.

Desde el sector oficial recuerdan a la ciudadanía la importancia de no ingresar a enlaces sospechosos, no compartir información personal o números de celular en sitios web no verificados, y desconfiar de este tipo de promesas económicas que solo buscan vulnerar la seguridad informática de las personas.

Asunción Benítez es una de las pacientes que llegó este martes al Hospital Regional de Concepción (HRC). Dijo que después de siete meses nuevamente consultó por problemas de salud. Aseguró que tuvo que comprar los medicamentos en una farmacia externa, porque en la del hospital no había.

“Campañagui aju aheka medio ha hospitalpe ndatopái mba’evete. Ajoguapaite, ojegasta millones ha la hospital nandi, aunque sea poha la gobierno omoivaerã” (Vengo del campo a buscar salud y en el hospital no hay medicamentos, el gobierno debería de proveer), lamentó la mujer que vive a 15 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Concepción.

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Tuvo que gastar G. 246.000 en la compra de los fármacos que precisa, precisó.

Ni guantes

Por otro lado, Ruth Benegas relató que debió comprar un par de guantes quirúrgicos porque su hermana tuvo un parto en la noche de ayer.

“Todo lo que compré de la farmacia alcanzó G. 398.000. Ahora me dieron la receta donde se indican tres cosas y en la farmacia del hospital solo hay uno de ellos”, mencionó.

Horario de la farmacia

Los usuarios del Hospital Regional de Concepción también se quejaron del horario de atención de la farmacia interna. Actualmente está abierta de 07:00 a 19:00, de lunes a domingo.

Muchos pacientes

El director médico del HRC, doctor José Silva, explicó que se reciben los fármacos, pero la cantidad de pacientes supera el stock que llega hasta el establecimiento sanitario. Mencionó que ayer se han recibido los medicamentos que se están distribuyendo a las diferentes dependencias sanitarias del primer departamento.

“La provisión de medicamentos con que contamos en el HRC muchas veces no da abasto. Tenemos muchos pacientes que llegan desde otros centros hospitalarios pidiendo los medicamentos y aquí se les provee”, refirió.

Pocos funcionarios

Sobre el horario de atención de la farmacia, una interna del hospital informó que no se cuenta con personal suficiente debido a que algunos funcionarios que trabajaban en el servicio se han jubilado y otros están con problemas de salud.

“El horario es para los pacientes ambulatorios, no así para los pacientes internados en los diferentes servicios, a quienes se les da los fármacos que precisan”, indicó el médico.

Se trata de Rocío Michelle Díaz Amarilla, de 29 años, y su hijo Ángel Isaac Rolón de tan solo tres meses, que hasta el momento se encuentran con paradero desconocido.

Según data en la denuncia, la mujer salió de su casa cerca de las 11:30 de la mañana, ya que tenía previsto trasladar a su bebé hasta el Hospital de Villa Elisa para una consulta médica. Antes de salir, dejó en la vivienda a su otro hijo de tres años.

Instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información

Ante la falta de rastros, la representante del Ministerio Público instruyó al Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional la realización de todas las diligencias investigativas necesarias, amparada en las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Código Procesal Penal.

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En este sentido, instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información a la comisaría más cercana o al número 0986 514 353, que pueda contribuir a la localización de Rocío Michelle Díaz Amarilla y el bebé de tres meses, Ángel Issac Rolón.

Asimismo, señalan que la investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso.

“Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, y a veces no tenemos nada”, expresó Wiens, aludiendo a la huelga de médicos que sacudió el país la semana pasada, en reclamo de un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, tras años de postergaciones.

Wiens calificó de insuficiente el paquete de medidas que anunció el gobierno de Santiago Peña tras la huelga de más de 12.000 médicos del sistema público, que reclaman un salario digno después de 14 años sin reajuste y además denunciaban la falta de insumos básicos para atender a la población.

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“Tal vez el presupuesto no daba para el aumento salarial que se pedía de una sola vez, pero tampoco es que no había plata. Se encontraron 760 millones de dólares para insumos y dos mil nombramientos. Lo que no se encontró fue una sola propuesta sobre el salario, que era el reclamo central de los médicos”, expresó el precandidato presidencial colorado disidente.

Barán “no tuvo capacidad ni cintura política”, asevera Wiens

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones enfatizó sus críticas a la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien pidió que deje el cargo: “No tuvo la capacidad, ni la cintura política, ni la empatía que requiere este ministerio de Salud. No puede seguir un día más en el cargo””, afirmó.

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Wiens dijo que el gobierno de Peña debe apostar por el diálogo como método. “Conversar, y no cansarnos de conversar, antes de que los profesionales tengan que renunciar o la gente se quede sin atención especializada”, enfatizó.

Adelantó que su propuesta de gobierno es impulsar “una profunda reforma” del sistema de salud pública que vuelva a poner a la gente en el centro, y que valore al profesional.”

Galeano afirmó que el reclamo de los profesionales de la salud no debe reducirse únicamente a una cuestión salarial. Explicó que, además de un aumento, los médicos exigen condiciones adecuadas para trabajar, como disponibilidad de medicamentos, materiales e insumos para brindar una atención adecuada a la población.

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Asimismo, cuestionó al Gobierno Nacional por realizar conferencias de prensa y grandes anuncios mientras, según afirmó, cada día existen menos medicamentos, servicios y personal sanitario.

“No hay voluntad real de solucionar el conflicto. La gente no puede enfermarse, porque si va al hospital, no es atendida. Estamos ante un abandono total de la salud pública por parte del Gobierno nacional”, manifestó.

El concejal insistió en que no se puede pretender una salud pública de calidad cuando los médicos trabajan en medio de precariedades y los hospitales carecen de medicamentos, insumos y suficiente personal.

“Quienes sostienen el sistema tienen que salir a la calle para ser escuchados”, agregó.

Situación en Santa Rita

En otro momento, recordó que le tocó denunciar la situación del centro de salud en la comunidad de Santa Rita, que funciona prácticamente dentro de una iglesia. Explicó que se inició la obra de refacción de la Unidad de Salud Familiar, pero los servicios continúan funcionando en el salón parroquial.

La situación, según Galeano, se agravó debido a que ahora la iglesia exige el desalojo del lugar. A esto se suma el corte del suministro de energía eléctrica por parte de la ANDE.

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Críticas a la inequidad

Galeano también cuestionó la inequidad existente en el sistema sanitario y aseguró que la atención médica debe ser igual para todos, independientemente de sus vínculos o influencias.

“No es justo que el familiar de una autoridad o recomendado sea atendido de inmediato, con médicos movilizados y medicamentos conseguidos al instante, mientras el hijo de doña Juana o de don Julio, que viene del campo, espera horas en los pasillos sin atención ni insumos”, expresó.

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El denunciado habría abusado de su sobrina en la noche del sábado 30 de agosto en el interior de la vivienda donde también viven los padres de la menor.

Tras lo sucedido, la pequeña víctima le habría revelado el hecho a su madre, quien inicialmente procedió a echar de la casa a su hermano. Ya en la mañana de ayer, lunes, la niña relató lo ocurrido a su propia maestra, quien inmediatamente comunicó el caso a la profesional de salud que trabaja en la zona.

Tras esto, la menor fue derivada de forma inmediata al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, donde fue inspeccionada por personal de blanco, mientras que su madre realizaba la denuncia en sede policial de la localidad.

Atendiendo la gravedad de la situación y tratando de evitar que el sindicado como autor del abuso sexual escapara, los uniformados procedieron de forma inmediata a su captura. Posteriormente, informaron al representante del Ministerio Público, en este caso, el fiscal Luis Amado Coronel, quien dispuso su aprehensión y permanencia en sede de la comisaría.

Imputado y con prisión preventiva

Tras lo acontecido, el fiscal mencionó que en la noche del lunes se recibió la denuncia sobre este terrible caso y, de forma inmediata, se activó el protocolo correspondiente. Primeramente, se ordenó que el presunto victimario permaneciera detenido en sede policial y, en la mañana de este martes, se procedió a imputarlo por abuso sexual en niños.

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El supuesto autor será puesto a disposición del juzgado y ya se solicitó su prisión preventiva. El lugar de reclusión será determinado por el juez, aunque podría ser remitido a la Penitenciaría Regional de Concepción, donde por lo general son trasladados los reos que deben guardar reclusión y que son de esta zona del Chaco.

En caso de ser hallado culpable, se expone a una pena de entre 10 y 20 años de prisión, dijo el fiscal. Indicó que cuenta con suficientes indicios para sostener la imputación de abuso sexual, por lo que solicitará la pena máxima en un eventual juicio oral y público.

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por David Federico Rojas Dos Santos e integrado por María Luz Martínez Vázquez y Dina Marchuk Santacruz, dictaron las seis condenas y el comiso de bienes incautados mediante la Sentencia Definitiva (SD) N° 202, del 18 de mayo de 2026.

Caso Navis: ratifican penas por narcotráfico a miembros de red que operaba en Cordillera

A su vez, dicho fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, conformado por Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 22, del 28 de agosto de 2026.

El colegiado había ordenado el comiso de varios bienes como un establecimiento rural, vehículos y dinero que fueron incautados en procedimientos llevados a cabo, en el marco de la operación Navis, el 9 de enero de 2022 en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Narcogranja incautada en Navis fue entregada a Senabico

Uno de los bienes más importantes del cual fue despojado el líder del esquema y condenado por narcotráfico, Fernando Enrique Balbuena Acuña, es una granja situada en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Esta era utilizada como centro de acopio de sustancias estupefacientes que ingresaban a territorio paraguayo.

De hecho, al momento de la puesta en marcha de la operación Navis y el allanamiento, en esta estancia se encontraron en total 947 kilogramos de cocaína listas para su movida y posterior carga a contenedores para su remisión al exterior del país por la vía fluvial, modalidad usada y por la cual recibe el nombre el caso.

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El 7 de enero de 2022 los condenados Reinaldo Delvalle (cuñado de Balbuena) y Julio Acevedo Spaini se habían trasladado hasta la zona de Arroyos y Esteros para esperar la droga, que fue traída hasta ese lugar en dos aeronaves que bajaron, mediante que el terreno era propicio para ello.

El 8 de enero llegaron los cargamentos y ese mismo día, Delvalle y Acevedo Spaini fueron los encargados de trasladar las cargas de estupefacientes vía terrestre hasta el establecimiento de Fernando Balbuena, que a su vez estaba ubicado a unos 800 metros de su domicilio particular.

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La referida estancia se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Vehículos y dinero también fueron comisados

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso de cuatro vehículos que fueron incautados del poder de los integrantes de este esquema narcotraficante. La resolución judicial fue ratificada por el tribunal de alzada, pese a que queda aún una instancia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Son cuatro rodados, entre ellas un BMW 530D de color gris, con matrícula CAK 645, que pertenecía al principal acusado en el caso Navis, Fernando Enrique Balbuena Acuña, al igual que una camioneta Nissan March de color plata, con placa IFJ 722.

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Así como también una camioneta Volkswagen Amarok negra, con patente AADU 787, propiedad de Fernando Balbuena; y un coche Hyundai HB20X planteado, con chapa IFS 549, en el que fueron detenidos el exdirector de Tacumbú Julio Acevedo Hauron y su hijo Julio Acevedo Spaini.

De la misma forma se dispuso el comiso del dinero expresado en distintas boletas incautadas, que totalizaron la suma de G. 33.460.480; así como de US$ 12.600. También se habían encontrado en poder de los procesados billetes en monedas extranjeras que totalizaron 870 pesos bolivianos, 2.000 florines húngaros y 4500 liras turcas.

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Estos montos en dinero, que habría sido obtenido como ganancia de la venta de sustancias ilícitas, ya fueron depositados a una cuenta de la Senabico.

Caso Navis desmanteló la red de narcotráfico internacional

Datos obtenidos por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) daban cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que funcionaba en nuestro país, en la cual estaban involucrados paraguayos y un ucraniano.

El grupo paraguayo actuaba en coordinación con organizaciones extranjeras, siendo el primero el encargado de recibir las cargas en suelo nacional, puntualmente en la ciudad de Arroyos y Esteros para su posterior traslado a Eusebio Ayala, donde eran acopiadas para su remisión al exterior con productos lícitos, contaminados con la droga, siendo el destino final Europa.

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Siguiendo el esquema descrito, el 8 de enero de 2022, el grupo supuestamente dirigido por Fernando Balbuena recibió un cargamento en un predio de Arroyos y Esteros, que se habría concretado con dos vuelos irregulares, y para su posterior exportación se planificó la adquisición de empresas constituidas y modificarlas a fin de no levantar sospechas, para enviar la droga “contaminando” los contenedores con productos lícitos.

Es así que Fernando Balbuena, durante el tiempo de operación, actuó en concierto con varias personas, siendo el organizador de las actividades a llevar a cabo para concretar los negocios, tanto de recepción en Paraguay como el envío al exterior de sustancias. Llevaba realizando dichas actividades desde el 2019, siempre de acuerdo con la acusación.

Samaniego afirmó que existe preocupación ante la posibilidad de que la salida de especialistas termine abriendo paso a una mayor participación del sector privado para cubrir las necesidades que el sistema público ya no pueda atender.

“Me hablan de que esto puede ser un plan para que el sector privado actúe y cubra la necesidad del sector público, es decir, la tercerización, la privatización de la salud pública en nuestro país. Eso es inadmisible”, cuestionó.

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La senadora insistió en que el sistema sanitario estatal debe garantizar atención a toda la población, especialmente a las personas de menores recursos que dependen exclusivamente de los hospitales públicos.

“La salud pública en el Paraguay es para todos los paraguayos y paraguayas”, remarcó.

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La legisladora también apuntó contra el Poder Ejecutivo por, según sostuvo, no haber instalado a tiempo una mesa de diálogo con los médicos.

Recordó que desde junio existía la posibilidad de iniciar conversaciones para buscar una salida al conflicto y cuestionó que, pese al discurso oficial sobre la voluntad de dialogar, hasta ahora no se ha presentado una contrapropuesta concreta a los planteamientos de los profesionales.

“Ellos tienen que hacer una contrapropuesta a la presentación de los médicos, que hasta hoy no se ha realizado”, afirmó.

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Samaniego también reclamó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía que analicen la propuesta que presentó para mejorar gradualmente las remuneraciones de los médicos.

Según explicó, su planteamiento contempla un proceso de siete etapas durante 14 meses, con el objetivo de establecer un piso salarial y avanzar posteriormente en la regularización de los vínculos laborales de los profesionales.

La senadora sostuvo que la propuesta fue elaborada con la participación de médicos y técnicos en economía y desafió al Ejecutivo a rechazarla formalmente si considera que no es viable, pero con argumentos.

“Quiero que me digan, Ejecutivo, quiero que me digan, ministra, ¿está bien o está mal? No podemos seguir así”, reclamó.

“No podemos aceptar la renuncia de ningún médico”

Samaniego puso especial énfasis en la salida de especialistas de áreas críticas y mencionó el caso de profesionales de cardiología, anestesiología y terapia intensiva del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

Advirtió que la pérdida de estos profesionales altamente capacitados podría generar un impacto grave en el sistema sanitario y, especialmente, en la atención de niños y recién nacidos. “No podemos aceptar la renuncia de ningún médico y, en particular, de estos médicos muy calificados”, sostuvo.

Para la senadora, el problema no puede ser postergado mientras se discuten soluciones estructurales como la carrera sanitaria.

Carrera sanitaria no resuelve la crisis inmediata

Samaniego reconoció que la carrera sanitaria y el escalafón pueden formar parte de una solución de fondo, pero consideró que no responden a la urgencia actual de los médicos. “Está bien, pero hoy los médicos quieren una solución a corto plazo”, manifestó.

La legisladora cuestionó además que el Ministerio de Economía haya argumentado que no existen recursos suficientes, sin presentar, según su denuncia, una cifra alternativa ni un cronograma para atender las demandas del sector.

En contrapartida, destacó que el proyecto de presupuesto contempla recursos para la adquisición de medicamentos y el pago de deudas del Ministerio de Salud.

Según los datos mencionados por Samaniego, el presupuesto total del Ministerio de Salud asciende a G. 18,2 billones, mientras que se prevén G. 2,4 billones para medicamentos, insumos y pago de deudas.

La senadora consideró necesario atender esas necesidades, pero cuestionó que no exista una respuesta similar para resolver el problema salarial de los médicos.

“Hay voluntad política cuando quieren”

Samaniego sostuvo que el conflicto podría encaminarse si existe voluntad política de ambas partes y volvió a insistir en que el diálogo debe comenzar cuanto antes. “Si hay voluntad política de ambas partes esto se soluciona con el diálogo”, afirmó.

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También criticó que el Gobierno haya dejado pasar dos meses sin instalar una mesa permanente de trabajo para discutir las reivindicaciones de los profesionales y evitar que el conflicto llegara al punto actual.

Mientras avanzan las renuncias de médicos nombrados y contratados, la senadora advirtió que la situación puede profundizarse si no se alcanza un acuerdo.

Su principal preocupación, sin embargo, apunta al efecto que la crisis puede tener sobre el carácter universal de la atención sanitaria. “Desde acá, desde la Cámara de Senadores, como integrante de la Comisión de Salud: la salud pública no se puede privatizar”, enfatizó Samaniego.

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, explicó que la medida fue adoptada tras el fracaso de las gestiones realizadas anteriormente.

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“Creemos que el director de Yacyretá, Luis Benítez, tendría toda la voluntad, pero sus subalternos no tienen intención de atender nuestros reclamos. El último cartucho que tenemos como organización es salir a la calle para exigir los compromisos asumidos”, señaló.

Reclamos concretos

El sector exige cupos laborales y participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cua, como compensación por la crisis que atraviesa la actividad pesquera.

Asimismo, reclama el cumplimiento de la ayuda nutricional y la entrega mensual de paquetes de alimentos, comprometidas mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná.

Los pescadores también solicitan la reposición de elementos de pesca dañados por la proliferación de algas.

Medidas se intensificarán

Ferreira anunció que este miércoles la movilización continuará con el cierre de media calzada en el puente de Atinguy y en la avenida ubicada frente a la sede de Yacyretá en Ayolas.

La medida de fuerza se mantendrá por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos del sector.

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Antecedentes

El reclamo del sector pesquero se prolonga desde diciembre de 2025, sin que hasta la fecha exista una solución concreta por parte de la EBY.

A finales de julio, los pescadores ya se habían manifestado y levantaron la medida en cuarto intermedio, a pedido de la entidad binacional, para avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, tras quince días sin respuestas ni reuniones, los dirigentes denunciaron que no fueron atendidos y que “no contestan llamadas ni mensajes”.

El 3 de agosto, el sector bloqueó el puente de Atinguy, pero tras nuevas promesas de diálogo levantó la medida.

“Yo no estoy de acuerdo con la ministra de Salud. Si no le tenía a un presidente como Santiago Peña, iba a estar en graves problemas. Tiene la suerte de tener un presidente que se involucra personalmente en la problemática”, dijo el legislador. Ante la pregunta de si el jefe de Estado termina haciendo la tarea que le corresponde a la cartera sanitaria, Aguilera asintió: “Y el Presidente hace el trabajo de la ministra”.

Al detallar las fallas de la gestión de Barán, el congresista señaló la falta de capacidad de negociación con los médicos en huelga. “Yo creo que este tema se podía haber evitado si se tenía cintura política, si había mayor apertura, si la señora se ponía a conversar más con los gremios médicos”, reprochó.

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Defensa a Peña y justificación de su presencia en el Rally

Las declaraciones de Aguilera buscan “lavar la cara” al presidente Santiago Peña, blanco de duras críticas ciudadanas luego de mostrarse bailando y disfrutando del Mundial de Rally en el departamento de Itapúa, en pleno apogeo del paro médico y la crisis hospitalaria.

Al ser abordado sobre la aparente indiferencia del mandatario ante el reclamo del gremio médico mientras participaba del evento deportivo, el diputado oficialista calificó la postura de la prensa como “una ridiculez total”.

“El Presidente de la República no puede dejar de gobernar por un conflicto que haya. Había un evento que es uno de los eventos de mayor importancia y trascendencia en todo el calendario, que el Presidente no podía estar ausente. Eso no significa que se haya desatendido el sector de salud”, justificó el parlamentario, asegurando que para ello están las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía.

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Postura sobre el presupuesto

Respecto a las exigencias de actualización salarial que reclaman los profesionales médicos y que derivaron en cientos de renuncias en el sector público, Aguilera defendió la postura del Ejecutivo de no ceder en el aspecto salarial y enfocarse únicamente en la compra de insumos.

El legislador calificó de “histórico” el anuncio sobre el incremento en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que pasará de US$ 105 millones a US$ 195 millones anuales para la adquisición de fármacos. Sin embargo, sobre el reclamo del salario piso para los médicos, remarcó que las pretensiones deben moderarse.

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“En una negociación alguien tiene que ceder (...) Hay una cuestión cierta: los recursos hoy no existen, entonces, les guste o no les guste, tenemos que ser graduales en este tema”, concluyó Aguilera.

Los afectados afirman que las alcantarillas del desagüe pluvial están trancadas debido a roturas y pérdidas registradas en la red del desagüe cloacal. El hedor en la zona resulta insoportable para los transeúntes y comerciantes que circulan a diario por el lugar. Los pobladores reclaman que ya hicieron reiterados reportes a la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), pero que no recibieron respuesta alguna.

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Ante la denuncia de los ciudadanos, ABC visitó el sitio y constató la presencia constante de fluidos estancados. Las aguas, de un color oscuro y de aroma insoportable, invaden el asfalto y taponan los registros destinados al drenaje de las calles. Esta acumulación permanente genera un foco de insalubridad frente a los inmuebles y comercios del área.

El temor principal de los pobladores radica en la eventual llegada de lluvias copiosas sobre la capital. Los vecinos advirtieron que, de no limpiarse el conducto, la red colapsará por completo. “Nos van a inundar con materia fecal”, manifestaron con preocupación al exigir intervenciones inmediatas en la zona.

Respuesta institucional de la Essap y deslinde de responsabilidades

Ante la consulta sobre la falta de respuestas a los reclamos a la Essap, desde su Dirección de Comunicación aseguraron que se derivaría la denuncia de forma inmediata al Departamento de Alcantarillado y que un equipo técnico acudirá hasta la intersección señalada para realizar la verificación correspondiente en el terreno.

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La inspección en el cruce de Mariscal Estigarribia y Antequera determinará el origen exacto del vertido acumulado. En caso de confirmarse que la falla corresponde a la red sanitaria, la reparación quedará a cargo de la Essap. Si se trata de agua acumulada por precipitaciones, el problema sería derivado a tareas de limpieza.

Desde la empresa estatal aclararon que la limpieza del drenaje pluvial no forma parte de sus funciones. Remarcaron que el mantenimiento y desobstrucción de los sumideros es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Asunción.

Desde la institución se comprometieron a remitir un reporte oficial tras completar las tareas de campo, en el que detallarán los hallazgos técnicos y las acciones requeridas para subsanar el problema denunciado.

Medina lanzó duras críticas contra la ministra de Salud, María Teresa Barán, y exigió su salida del cargo, al acusarla de mantener una actitud indiferente ante la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Esa sonrisa sarcástica de la ministra no podemos perdonar. Pedimos que renuncie ya; si no va a renunciar, que se le eche. Probablemente no solucionemos con eso, pero no podemos permitir que una persona que no piense en su población esté al frente de la institución”, manifestó.

“Es el peor de los gobiernos”

Medina afirmó que el Hospital Regional de Ciudad del Este atraviesa uno de los peores momentos de su historia y calificó al Gobierno del presidente Santiago Peña como “el peor de los gobiernos que hemos tenido”.

La dirigente sindical dijo que lleva aproximadamente 20 años vinculada al Hospital Regional, desde su etapa de formación, y aseguró que nunca había vivido una situación similar.

Para Medina, los médicos se vieron obligados a “remar contra la corriente” para evitar que los pacientes queden desamparados, pero aseguró que el desgaste físico y mental llegó a un límite.

En ese contexto, anunció incluso que puso a disposición su cargo como jefa del Servicio de Cirugía General, después de ocho años al frente del área. Asimismo, ayer fueron presentadas las renuncias de 12 cirujanos, 6 cirujanos infantiles y 12 especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica.

Pacientes respaldan a los médicos

Alicia Fernández, madre de un paciente pediátrico internado, relató las dificultades que enfrenta diariamente para conseguir los medicamentos recetados. Afirmó que muchas familias deben hacer enormes sacrificios para cubrir las necesidades de sus seres queridos.

“Llegamos al extremo de no desayunar, de no almorzar, para que a nuestra familia no le falte ningún medicamento”, expresó.

La mujer aseguró que la farmacia está vacía e incluso faltan elementos básicos para la atención médica, como jeringas y gasas.

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La presentación, encabezada por la doctora María Cristina Ghezzi, jefa del servicio de Pediatría ante la plenaria presidida por el doctor Isaías Fretes, puso sobre la mesa los avances en la descentralización asistencial, pero también expuso de manera cruda las deudas históricas con los profesionales de la salud.

​Pediatría del IPS: Moderna “casa nueva”

​El informe giró en torno a las nuevas instalaciones de la Urgencia Pediátrica del Hospital Central, cuya construcción inició en 2025 y concluyó con el traslado de los servicios entre los meses de marzo y abril de este año. El área cuenta ahora con 37 unidades de internación completamente nuevas, baños sexados, una sala de trabajo médico renovada y un espacio de enfermería optimizado para la atención directa de los asegurados.

​Entre los logros técnicos destacados por la doctora Ghezzi, ​se encuentra la consolidación del sistema RAC (Recepción, Acogida y Clasificación), un triage informatizado pionero en el Hospital Central que permite categorizar la gravedad de los pacientes pediátricos y derivarlos con precisión a consultorios o a la sala de reanimación.

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​Asimismo, resaltó el funcionamiento de la Sala de Observación Abreviada, un modelo asistencial de alta eficiencia con estancias de hasta seis horas que incluye carro de paro y stock de medicamentos propio, evitando que los familiares deban peregrinar hacia la farmacia interna. Ghezzi indicó que mediante este dispositivo se resolvió 3.674 consultas en su primer semestre y se proyecta replicarlo en centros asistenciales del interior para fomentar la descentralización.

​El reverso de la moneda: Déficit de personal y “maltrato institucional”

​A pesar de los elogios del Consejo de Administración hacia el compromiso del equipo médico, la exposición develó cifras preocupantes a la dotación de personal. Actualmente, el servicio cuenta con 61 médicos (53 contratados y apenas 8 nombrados) y 83 enfermeros (80 contratados y 3 nombrados).

​La jefatura del departamento advirtió que existe un déficit operativo inmediato de 10 médicos de guardia para cubrir la demanda real. Durante el debate, la situación escaló a un plano crítico cuando se analizó el perfil de estos profesionales: médicos especialistas que completan hasta cinco años de postgrado tras la carrera de grado y que continúan en condición de contratados.

​El presidente del Consejo, Isaías Fretes, calificó tajantemente esta situación como un ejemplo de “maltrato institucional”. Durante la sesión, Fretes cuestionó que profesionales con subespecialidades de alta complejidad no cuenten con estabilidad laboral, comprometiendo a la administración a gestionar reivindicaciones para el sector.

​Descentralización y proyección histórica

​El informe de Pediatría detalló también el avance del plan de descentralización iniciado hace un año en el Hospital 12 de Junio, replicando esquemas de internación y capacitando planteles en Encarnación y Ciudad del Este, con miras a sumar próximamente a Coronel Oviedo. Estas acciones buscan potenciar las consultas ambulatorias mediante telemedicina y unificar protocolos de derivación segura desde el interior del país.

​Para cerrar la presentación, el servicio propuso formalmente que la inauguración oficial de las nuevas instalaciones se realice el próximo 25 de noviembre, fecha en que la urgencia pediátrica cumplirá 30 años de labor ininterrumpida. La propuesta dio pie a un momento de reivindicación histórica impulsado por la presidencia del consejo, que sugirió vincular la fecha al legado de la doctora Melania Brítez Caballero, la primera médica pediatra del Paraguay y miembro fundadora de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, quien sirvió en el frente durante la Guerra del Chaco.

​El informe deja en evidencia que, si bien el IPS ha dado un salto cualitativo e indispensable en materia de infraestructura edilicia y modelos de atención rápida para la infancia, la sostenibilidad del sistema sigue pendiendo del esfuerzo sobrehumano de un plantel profesional subcontratado y numéricamente insuficiente, cuyos reclamos de estabilidad y equipamiento aguardan respuestas concretas del Consejo de Administración.

La propuesta solicita a los congresistas la autorización para elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB durante 2027. Cabe recordar que la LRF establece como regla un déficit máximo de 1,5% del PIB, sin embargo, el Gobierno plantea una excepción para 2027 y promete volver al límite desde 2028.

La deuda pendiente aparece en el centro del presupuesto

El Poder Ejecutivo explica que el mayor déficit responde, en parte, a obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores, ya que el Estado tiene cuentas pendientes y el presupuesto 2027 incorpora recursos para atenderlas. En el documento se considera que este efecto será extraordinario y temporal. El pedido llega en un momento en que la deuda pública alcanzó US$ 21.947 millones a junio de 2026, equivalente al 34,4% del PIB.

¿En qué se gastará el dinero?

El presupuesto coloca buena parte de los recursos en áreas como salud, educación, protección social, obras públicas, energía y seguridad .

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Salud recibe más recursos

En el desglose por entidad, el presupuesto detalla que, para el Ministerio de Salud Pública se contempla G. 18,2 billones (unos US$ 2.818,2 millones). El proyecto agrega otros G. 6,3 billones (unos US$ 975,5 millones) para compromisos financieros del sistema sanitario y G. 2,4 billones (unos US$ 371,6 millones) para medicamentos e insumos médicos.

También explica que para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se proyecta que tendrá G. 1,2 billones (unos US$ 185,8 millones), mientras atención primaria de la salud contará con G. 434.000 millones (unos US$ 67,2 millones).

Educación y Hambre Cero también ganan espacio

El proyecto entregado al Congreso también detalla que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendrá G. 10,4 billones (unos US$ 1.610,4 millones). El proyecto incorpora G. 194.000 millones adicionales (unos US$ 30 millones) para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones (unos US$ 9 millones) para el escalafón docente.

Para uno de los programas emblemas de esta administración denominada Hambre Cero se tendrá G. 3,2 billones (unos US$ 495,5 millones), con una meta de 986.194 niños y niñas y 335 millones de raciones para 2027.

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La apuesta por rutas, energía y seguridad

El proyecto presentado este martes al Congreso también proyecta que para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se contará con G. 9,2 billones (unos US$ 1.424,6 millones), incluidos G. 2,3 billones adicionales (unos US$ 356,1 millones) para rutas, mantenimiento, dragado, agua y saneamiento.

En tanto que, para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se calcula que tendrá G. 15 billones (unos US$ 2.322,7 millones) para proyectos eléctricos. Para seguridad, el Ministerio del Interior contará con G. 5,5 billones (unos US$ 851,7 millones), con recursos adicionales para comisarías, combustible y beneficios del personal policial.

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“Sin lugar a duda, el sistema de salud pública hoy atraviesa la crisis más profunda de la historia reciente. No hay medicamentos ni estudios en los hospitales, el IPS está desfinanciado, se adeuda a los proveedores de medicamentos”, dijo el diputado Adrián “Billy” Vaesken.

El parlamentario justificó la presentación del proyecto de ley, que de todos los impuestos que se tienen en el país, el impuesto selectivo al consumo del tabaco es el más injusto para el Paraguay.

Vaesken indicó que el tabaco genera más de 300 millones de dólares anuales de gasto al Estado, y solo ingresa 50 millones de dólares al arca del Estado por las ventas.

Según el proyecto de ley se establece incrementar en un 10% la tasa vigente en el artículo 115 de la Ley 6380/20, elevando el ISC al tabaco del 22% al 32% del precio final.

Vaesken indicó que se seguirá manteniendo muy por debajo del rango del 40% al 60% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) como media regional.

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En cuanto al sistema de distribución que se haría con dicho dinero que ingrese a las arcas del Estado, el proyecto propone que sea destinado al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos, al pago de deudas a proveedores farmacéuticos para restablecer la cadena de suministro, y un fondo de reivindicación salarial del personal de salud.

“Hemos presentado con un grupo de colegas. Buscamos la solución, miramos de dónde podemos sacar recursos, porque plata es lo que no hay. Consideramos que el tabaco gasta más en el Estado de lo que se recauda”, sostuvo el liberal.

Santi odia y desprecia a los pobres

Durante la presentación del proyecto de ley, Adrián “Billy” Vaesken indicó que Santiago Peña y su entorno, antes que buscar solucionar la crisis sanitaria se pasaron disfrutando del rally como unos ricos pyahū.

El liberal cuestionó que mientras las autoridades se paseaban por Itapúa demostrando su total desprecio hacia las necesidades de los pacientes en los hospitales se acentuaba la crisis con la renuncia de los médicos.

“El presidente se duplicó la cantidad de viáticos, pero no destinó dinero a salud. El presidente Peña y su entorno demostraron el odio y el desprecio que tiene a la gente que más necesita, a los médicos a sus pacientes. Ese odio y desprecio no tiene nombre”, lamentó el liberal.

Con 64 votos a favor (incluidos varios liberales), se dio la elección de Camilo Benítez para el periodo 2026-2031 al frente de la Contraloría. La candidata Mabel Bogado Oviedo (PLRA), propuesta por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, FR) obtuvo solo 2 votos.

En el caso de Armindo Torres, fue electo con 49 votos a favor, mientras que los liberales votaron de manera testimonial por Augusto Paiva, que tuvo 16 votos.

El mandato de ambos irá desde el 2 de noviembre de este año al 1 de noviembre de 2031.

Sobre todo, opositores cuestionaron la reelección de Camilo Benítez, al que tildaron como el “campeón del medallero cartista” de persecución a enemigos, “garrotero” contra opositores y “blanqueador” al servicio del cartismo.

Pese a tener claro que tenían ambas elecciones perdidas, la mayoría de los liberales igual se quedaron a simular “legitimidad” a una elección que la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) describió como un “show”, ya que el desenlace estaba cantado hacia el copamiento cartista.

Con esta reelección de Camilo, el cartismo “viene a premiar a un ordenanza”, dijo el diputado Raúl Benítez, quien consideró que el apoyo del cartismo es “la premiación del que juntó las medallas de persecución” a la oposición.

Mencionó puntualmente los casos del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro (sobreseído), la exsenadora expulsada Kattya González (denuncia desestimada) y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (en proceso de juicio oral), algo en lo que coincidió con varios de sus colegas opositores como Johanna Ortega (Partido País Solidario).

“Es más urgente reelegirle al garrotero político de la oposición (Camilo Benítez), a quien sistemáticamente se ha dedicado a responder con garrote a la oposición”, sostuvo Ortega

También instó en vano a los liberales a hacer el vacío para no legitimar una elección marcada por el autoritarismo y la falta de espíritu democrático.

“Yo me voy a retirar y respondo por mí, por supuesto. Pero apelo a la reflexión de los colegas (a que también se retiren). No es justo que esta mayoría use su mayoría para consolidar su poder en Contraloría, a través de Camilo Benítez y sus secuaces, para seguir persiguiendo opositores y que por migajas cuenten con otros (para legitimarlo)”, dijo Ortega.

Finalmente también cuestionó cómo es que supuestamente pretenden que el “compañero de padel” del presidente de la Repùblica, Santiago Peña supuestamente sea quién lo controle en su gestión.

Otra que apeló a no acompañar una “show” fue la diputada Vallejo, antes de la votación ya señaló que el resultado sería el copamiento colorado.

“No me voy a quedar a validar porque esto ya está decidido. Esto ya está decidido. La Contraloría va a ser 100% colorada. Por ende, todos los directores de todas las direcciones van a ser colorados 100%. Y el control es tan importante que sea plural, que haya objetividad y que puedan estar los técnicos de todos los colores, pero esto ya está decidido”, dijo antes de retirarse en protesta antes de la votación.

Lamentó igualmente que la mayoría cartista no haya entendido la importancia de la pluralidad en una democracia que ya de por si está muy debilitada.

“Es una pena que no se haya entendido la importancia que en una democracia tiene la pluralidad. Vuelvo a reiterar, ya lo decía en estos días, que está en el preámbulo de la Constitución, por si algunos no leen, la pluralidad. La constitución habla de democracia pluralista, eso no significa democracia colorada”, insistió.

“Entero vea presidente. No sé si entienden guaraní. ¿para qué pues vamos a quedarnos acá? A validar un show" concluyó la diputada Vallejo.

Entre sus argumentos a favor tanto de Camilo Benítez como de Armindo Torres los cartistas afirmaron que supuestamente no tenían críticas a su actual gestión, e incluso, para justificar el copamiento, el vicelíder de bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera, apeló a un argumento claramente falaz de que, supuestamente la oposición ya había tenido una contraloría afín en el gobierno de Fernando Lugo.

La diputada Ortega se encargó luego de remarcar la falacia, recordando que en el gobierno de Lugo, el contralor fue el oviedista Rubén Velázquez Gadea, que no era aliado del gobierno y en ese entonces Unace era tercera fuerza, por lo que no existió copamiento.

La “muerte de la democracia” y jugada detrás

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, FR) también apuntó que esto podría considerarse el “inicio del fin de la democracia” en nuestro país y adelantó una posible jugada detrás de este copamiento: que a mitad de mandato, vuelvan a premiar a Camilo Benítez.

“Probablemente esta decisión sea el inicio del fin de la democracia”, ya que el sistema democrático establece que quién gana las elecciones se encarga de adminsitrar y el que pierde de controlar a la gestión en el poder.

“¿Cómo es que este contralor de extracción colorada y el subcontralor a quien van a elegir también, quienes blanquearon a Santiago Peña (con un examen de correspondencia), probablemente sean su regalo, su premio por ese blanqueamiento, van a controlar a su mismo correligionario?“, cuestionó Vaesken.

Ante esto, alertó que la única explicación lógica es que los cartistas pretenden premiar más adelante a Camilo Benítez, presuntamente con el cargo de ministro de Corte, por lo cual es fundamental para ellos que otro colorado esté en la línea de sucesión en la Contraloría.

“Este señor Camilo Benítez no va a terminar su periodo constitucional de 2026-2031, que probablemente va a ir a otro cargo. Y la idea es que este señor (Armindo Torres) pueda quedarse con la titularidad de la Contraloría General de la República. Ese es el camino que hoy probablemente estén tratando, y consolidando, lo que confirma que este gobierno Cartes-Peña está prácticamente extinguiendo la institucionalidad de la República, la democracia y convirtiendo a los organismos de los tres poderes en un verdadero club de amigos”, sostuvo Vaesken.

Liberales terminaron siguiendo el juego de los colorados

El líder de la multibancada liberal, Rodrigo Blanco (PLRA), en vano y a sabiendas de que perderían intentó supuestamente apelar a la “conciencia” de los colorados cartistas, remarcando incluso extractos de las actas de la asamblea nacional constituyente que redactó la constitución de 1992.

En ese sentido, recordó que el espíritu de los constitucionalistas fue establecer un sistema de control mutuo y en equilibrio de poderes, lo cual ahora se quiebra con estos copamientos.

Sin embargo, igualmente varios liberales terminaron votando por Camilo Benítez y son los siguientes:

• Ariel Villagra
• Pastor Vera Bejarano
• Graciela Aguilera
• María Constancia Benítez
• Del Pilar Vázquez
• Jorge Avalos Mariño
• Roya Torres
• Marcelo Salinas
• Dalia Estigarribia
• Rodrigo Blanco Amarilla
• Luis “Fredy” Franco
• Juan Manuel Acevedo
• Cleto Giménez
• Pedro Gómez
• Alexandra Zena (Cruzada Nacional)

En la zona se registró un choque frontal entre un vehículo particular y un tractocamión. El conductor del vehículo más pequeño perdió la vida a raíz del hecho.

La víctima fatal fue identificada como Alfredo Javier Adaro Benítez (45), quien vivía en la mencionada ciudad y manejaba una SUV Hyundai Creta con chapa AAPT 595.

El otro vehículo involucrado fue un camión de la marca Scania, tipo tractocamión, guiado por Andrés Jara Irala (36), quien quedó aprehendido.

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Accidente en una curva

Según datos policiales, los uniformados intervinientes encontraron ambos vehículos con importantes daños materiales y al momento de inspeccionar el estado de Adaro Benítez, este ya se encontraba sin signos de vida.

Asimismo, según informaciones recopiladas y lo declarado por el conductor del camión, él iba con dirección a la ciudad de Encarnación y en una curva presentada en el trayecto se produjo el impacto frontal entre ambos vehículos. Además de la Policía, el Ministerio Público también tomó intervención en el caso.

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La aerolínea GOL Líneas Aéreas anunció la habilitación de una ruta estacional entre Asunción y Florianópolis, operada sin escalas durante la temporada estival. La conexión estará disponible hasta el 14 de febrero de 2027 y contará con dos frecuencias semanales, programadas para los días martes y sábados.

El enlace aéreo busca cubrir el notable incremento de pasajeros hacia el estado de Santa Catarina durante el verano. Según datos de la compañía, el trayecto entre la capital paraguaya y Florianópolis se posiciona en el quinto lugar de demanda entre ambos países, llegando a cuadruplicar su volumen de pasajeros durante los meses de enero y febrero.

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En abril de este año, la Dirección Nacional de Migraciones había reportado que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un total de 191.477 compatriotas tuvieron como destino declarado al país vecino, ya sea por turismo, trabajo o estudios.

Con esta oferta de vuelos directos, los veraneantes podrán reducir considerablemente los tiempos de traslado. Además de funcionar como acceso a la conocida “Ilha da Magia”, el aeropuerto de Florianópolis facilita el desplazamiento hacia otros destinos turísticos del litoral catarinense.

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La nueva oferta aérea directa también permitirá a los viajeros acortar tiempos de viaje evitando escalas, al tiempo que alivianará el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que durante las primeras semanas de enero llega a registrar más de 32.000 movimientos de salida.

La ruta también prevé fomentar la llegada de turistas brasileños hacia la capital paraguaya.

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Asunción-Floripa: horarios y frecuencias de vuelos de Gol

Los vuelos serán operados en aeronaves Boeing 737, con el siguiente esquema de itinerarios:

Martes

• Salida de Florianópolis a las 23:50 | Llegada a Asunción a las 02:05 (del miércoles).
• Salida de Asunción a las 02:55 | Llegada a Florianópolis a las 05:05.

Sábados

• Salida de Florianópolis a las 18:30 | Llegada a Asunción a las 20:45
• Salida de Asunción a las 21:45 | Llegada a Florianópolis a las 23:55

Avianca apuesta por Paraguay y anuncia vuelos diarios entre Asunción y Bogotá

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en Paraguay, que recientemente también ajustó sus frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro para mejorar las conexiones internacionales con destinos como Nueva York y otras ciudades del continente.

Tras recibir el expediente de la causa abierta por el millonario desvío descubierto en el año 2016, la magistrada Sostoa ordenó la captura de Cosme Roa y su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

Sala penal rechaza recurso contra condena a exdirectivos de APA

Orden de captura internacional contra Cosme Alcibiades Roa, desde 2024

La magistrada dio a conocer su decisión a través de a través del auto interlocutorio (AI) N° 410, del 7 de marzo de 2022 y ante la renuencia del condenado en presentarse ante la justicia, el 26 de enero de 2024, el Juzgado libra oficio al Departamento de Interpol de la Policía Nacional a fin de ordenar la captura internacional.

Posteriormente, el juzgado reiteró la orden de captura de Roa el 15 de enero de 2025 y el 2 de febrero de 2026, sin éxito.

Condenan a exdirectivos de APA por desfalco de G. 20.000 millones

“Con el objeto de procurar el cumplimiento efectivo de la condena que le fuera impuesta al condenado Cosme Alcibiades Roa, en razón a que, a la fecha se encuentra firme y en etapa de ejecución; y teniendo en cuenta, que ya se había librado oficio correspondiente a la Policía Nacional para la captura del mismo, no obrando comunicación alguna sobre la privación de libertad a la fecha; corresponde reiterar la orden de captura del condenado en todo el territorio de la República del Paraguay”, explica la jueza, en su AI N° 1.238.

APA tuvo perjuicio de G. 20.000 millones

Cosme Alcibiades Roa y Luis Barrientos, expresidente y exsecretario de Autores Paraguayos Asociados (APA), fueron condenados a 6 y 4 años de prisión por el desvío de G. 20.000 millones, ocurrido entre los años 2012 y 2016, en un juicio oral y público que concluyó en noviembre del 2019.

Confirman condenas a exdirectivos de APA

El Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Peña e integrado por Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga encontró culpable a Roa por haber cometido los hechos punibles de lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio.

Por su parte, Barrientos fue condenado por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas electrónicos en carácter de instigador, debido a que el día de la intervención judicial en APA se manipuló el sistema de circuito cerrado.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.016 del cauce hídrico, en jurisdicción de la provincia de Corrientes, Argentina. Aguilera León se encontraba cumpliendo tareas de monitoreo a bordo del remolcador junto a un compañero de labores. Durante el procedimiento, la embarcación auxiliar en la que se desplazaban sufrió un desperfecto mecánico y fue arrastrada por la corriente de la zona.

Poco tiempo después del hecho, el cuerpo de su compañero fue hallado sin vida por otros tripulantes. Sin embargo, de Ricardo no se ha obtenido ningún rastro hasta el momento. Ante la desesperante situación, cuatro familiares del marino viajaron hasta la provincia argentina para supervisar, acompañar y colaborar en los intensos rastreos que se realizan diariamente.

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Piden que la búsqueda no se detenga

En conversación con ABC, Elvio Aguilera, hermano de la víctima, manifestó su preocupación debido a la falta de respuesta y acompañamiento de las autoridades locales de nuestro país. Hasta ahora, según relató, la búsqueda está a cargo de la Prefectura Argentina, pero con el transcurrir de los días, los esfuerzos disminuyen, explicó.

La familia apela a la intervención del gobierno paraguayo y los organismos consulares para brindar asistencia institucional y garantizar que la búsqueda en aguas argentinas continúe de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de Ricardo.

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Los detenidos fueron identificados como Derlis Gustavo Almada Benítez, de 36 años, y Blasido Paredes Ojeda, de 44 años. Ambos fueron localizados durante un procedimiento realizado en un camino vecinal de la compañía Santo Domingo, distrito de Independencia.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la compañía Santa Cecilia de Independencia, donde un ciudadano alemán de 40 años fue despojado de dinero en efectivo y teléfonos celulares, según explicó el jefe de Investigaciones de Guairá, comisario Jorge Mazacotte.

A partir de ese hecho, los investigadores identificaron un inmueble donde presumían que podrían encontrarse elementos relacionados con el asalto. El lugar fue allanado durante la mañana del 28 de agosto, por disposición judicial.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la compañía Santo Domingo, también de Independencia, propiedad de Derlis Gustavo Almada Benítez. La comitiva policial ingresó al inmueble con una orden de allanamiento y procedió a verificar las diferentes dependencias.

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Durante la intervención fueron incautadas varias armas de fuego y de fabricación casera, además de armas de aire comprimido e imitaciones de pistolas. Entre las evidencias figuran una pistola calibre .45, una pistola Taurus, un revólver calibre .22 y un rifle calibre .22 de fabricación casera.

También fueron encontrados dos rifles de aire comprimido, una pistola de aire comprimido de procedencia taiwanesa y municiones para diferentes armas y calibres.

Los investigadores igualmente encontraron varios teléfonos celulares, una tablet, una memoria de 64 GB, un microchip, un binocular y una mochila, además de diversas herramientas.

Entre las prendas incautadas había dos pasamontañas, guantes, un quepis, pantalones oscuros, un pulóver verde y una campera negra. La Policía considera que estos elementos podrían aportar información para establecer la participación de los sospechosos en otros hechos.

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El comisario Mazzacotte señaló que algunas de las evidencias ya fueron reconocidas por personas afectadas por anteriores robos. Como ejemplo, mencionó un rifle de aire comprimido que habría sido sustraído de una ferretería de Independencia.

A esto se suman las imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas durante las investigaciones de hechos anteriores. Según el jefe policial, los investigadores revisaron fotogramas de los videos y encontraron coincidencias entre las prendas utilizadas durante los asaltos y las ropas incautadas durante el allanamiento.

Uno de los hechos que se busca esclarecer ocurrió en la compañía 3 de Noviembre de Paso Yobai, donde una familia alemana fue víctima de un robo agravado. Los investigadores también analizan un asalto ocurrido en una ferretería de la colonia Independencia.

Mazzacotte indicó que, hasta el momento, los dos detenidos estarían vinculados a al menos cuatro hechos delictivos. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los agentes revisan nuevas imágenes de cámaras de seguridad para determinar si los mismos individuos tuvieron participación en otros robos registrados en la zona.

Los procedimientos fueron realizados en prosecución de la causa caratulada como supuesto robo agravado en Independencia, bajo la dirección de la fiscal Rocío Rivas. La orden de allanamiento fue emitida por el juez Porfirio Martínez López.

Tras su detención, Almada Benítez y Paredes Ojeda fueron trasladados para una inspección médica en el Hospital Distrital de Independencia y posteriormente derivados a la Comisaría 14ª de Melgarejo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Carrillo y Correa fueron abatidos el pasado 14 de agosto en un confuso operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El Ministerio del Interior reportó inicialmente el hecho como un “enfrentamiento” y aludió a supuestos indicios de que los fallecidos estaban vinculados a la organización criminal liderada por el presunto narcotraficante Felipe Acosta, alias ‘Macho’.

Sin embargo, miembros de la comunidad Tekoha Y’apo niegan que haya habido un enfrentamiento y describen lo ocurrido como un ataque a traición. También disputan la alusión a supuestos vínculos de Carrillo y Correa con el crimen organizado y alegan que sus muertes están relacionadas a una disputa por tierras que la comunidad mantiene con propietarios de una estancia.

“Les ejecutaron”

Entre las personas que se pronunciaron hoy sobre el caso ante los senadores estuvo Esmilce Saucedo, esposa de Antonio Carrillo, quien afirmó que su pareja y Correa fueron “asesinados y torturados sin piedad”.

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“Les ejecutaron, no hubo enfrentamiento”, manifestó la mujer, quien alegó que luego hubo un “montaje” de evidencia para sustentar la versión de las fuerzas de seguridad sobre los hechos.

Advirtió que la comunidad no parará en su búsqueda de justicia.

Piden interpelar a “criminal y terrorista” Rachid

Por su parte, Mario Saucedo, nuevo líder de la comunidad originaria, hizo un llamado a que el Senado interpele al ministro de la Senad, Jalil Rachid, a quien calificó como “criminal y terrorista”.

Llamó también al presidente Santiago Peña a destituir al titular de la Senad y pidió que este sea investigado por lo ocurrido en Corpus Christi.

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Luego de la audiencia, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) publicó en redes sociales un mensaje diciendo que “el Estado debe responder con verdad, justicia y pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios”.

“La violencia y la impunidad no pueden ser la respuesta oficial ante los reclamos de las comunidades indígenas”, añadió.

La escena contrasta con el anuncio realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pasado 19 de agosto, cuando informó sobre la liberación de 12 inmuebles que, según la institución, permitiría ampliar el frente de obras del paso superior previsto en este punto de la ruta PY02.

La semana pasada, parte de la calzada derecha, en el sentido hacia Asunción, permanecía bloqueada debido a los trabajos y se observaba intervención sobre la vía. Sin embargo, este martes dicha afectación ya no se registra y el recapado de ese sector aparentemente culminó.

El punto que llama la atención ahora es la escasa presencia de trabajadores y la falta de actividad visible en el frente de obra, pese a que el MOPC había señalado que la liberación de los terrenos permitiría el ingreso de maquinarias y la continuidad de los trabajos.

MOPC anunció un nuevo frente de obras

El 19 de agosto, el MOPC informó que se concretó la toma de posesión de los 12 inmuebles mediante una orden judicial dictada dentro del proceso de expropiación. Los terrenos corresponden a MOCIPAR (Modelos de Ciclos Particulares S.A.), actualmente en proceso de quiebra.

De acuerdo con el Ministerio, la incorporación de estos terrenos permitiría disponer del área necesaria para avanzar con la infraestructura prevista en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo.

Tras la diligencia judicial, equipos de topografía realizaron la marcación del área y, según el anuncio oficial, se habilitó el ingreso de maquinarias y el inicio de los trabajos durante esa misma jornada.

El proyecto contempla la construcción de un paso superior que reemplazará al semáforo que se tenía, además de una pasarela peatonal elevada. La obra busca separar el tránsito vehicular del desplazamiento de peatones y reducir los puntos de conflicto en uno de los sectores de mayor circulación de la ruta PY02. Según el MOPC, la infraestructura beneficiará aproximadamente a 56.000 personas y permitirá mejorar la seguridad vial, la circulación y la conectividad.

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Rutas del Este asegura avances en Pedrozo

Carolina Pico, encargada de Comunicación de Rutas del Este, informó que los trabajos de pavimentación para la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración en el cruce de Pedrozo concluyeron el pasado viernes.

Según explicó, actualmente se avanza con la señalización horizontal y vertical del cruce, además de la construcción de veredas y cunetas revestidas. Paralelamente, se ejecutan tareas de mejoramiento en los caminos de las colectoras y trabajos de terraplenado en el sector del Paso Superior.

No obstante, pese a los avances anunciados por la empresa, el reducido movimiento de trabajadores observado en el sector genera cuestionamientos sobre el ritmo de ejecución de las obras, especialmente teniendo en cuenta la importancia de este punto de la Ruta PY02 y los reclamos existentes por las condiciones de seguridad y transitabilidad.

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El diputado Benítez mencionó que, lejos de plantear soluciones a los médicos, este gobierno claramente decidió apelar al ataque, usando la red de “campaña sucia” presuntamente ligada al gobierno de Peña, donde se sospecha que utilizaban recursos públicos para atacar a políticos opositores y disidentes, así como a medios de prensa y periodistas.

“Cuando el reclamo (de los médicos) no se pudo tapar, se los atacó. Cuentas truchas, ni siquiera son hurreros digitales, rastreros digitales. La misma operación de siempre, pagada para ensuciar a quien cura gente. Y no sería la primera vez que utilicen plata pública para financiar campañas de odio contra quienes incomodan”, refirió Benítez.

El mismo enfatizó que el gobierno recurre a estas estrategias, ya que está acorralado por su propia culpa, por ser “el peor gobierno”, ya que las únicas salidas reales que tiene son: o cortar sus privilegios o tocar intereses de su “patrón”, como ser por ejemplo el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco,

“Como el cartismo está encerrado en una esquina por los médicos; y por la izquierda, si salen, tienen que tocarle a su patrón (Horacio Cartes); por la derecha, si salen, tienen que tocarle a sus funcionarios, a su gente, a sus nepobabies, están encerrados entre la espada y la pared. Señores, ustedes se encerraron solos y hoy dicen: ‘Hay que dialogar’”, sostuvo.

El legislador respaldó uno de los argumentos centrales de la protesta de los médicos, que reivindicaban que “si no se robara tanto desde el Gobierno, la plata alcanza” para salud.

“¿Por qué no hay plata para salud pública? Porque está comprometida en otro lado. En una caja parlamentaria con un déficit millonario que algunos defienden como si fuera un derecho adquirido. En sueldos de las binacionales que multiplican por 10 lo que gana un médico de guardia. En cargos que se reparten por lealtad partidaria y no por mérito. Y también muy concretamente en un impuesto al tabaco que en Paraguay sigue como el más bajo de la región y que nadie se anima a tocar, porque tocarlo es tocar un negocio con nombre y apellido en este país. Ahí está la respuesta", sostuvo.

El “peor gobierno” de la historia

En otro momento, en respuesta al vicelíder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, que pretendió alegar como defensa de Peña que recibió un sistema de salud en ruinas y que supuestamente está empeñado en mejorarlo, le retrucó con números, ratificando que este efectivamente es el “peor gobierno de la historia democrática” en materia de salud.

“Ni en pandemia se vivió el nivel de falta de medicamentos y falta de insumos que se escucharon los 3 años que estuvimos acá, y que todos los días empeoran”, le señaló Benítez.

Ante el intento de Aguilera de culpar a los anteriores gobiernos y compararlos, Benítez ni siquiera hizo referencia a que parte de esos gobiernos fue el de su líder Horacio Cartes, sino que le retrucó con datos del gobierno de Fernando Lugo.

“Está superbien que compare con la gestión de la oposición que tuvo un periodo. En ese mismo periodo se aumentó 60 % el salario de los médicos. En ese mismo periodo se ahorraron US$ 11 millones en compra de medicamentos. Se bajó también el gasto del bolsillo de la gente en un 60 %. Busquen datos del Banco Central del Paraguay. Pero para eso hay que saber leer datos. No, es que hay que saber leer relatos”, señaló Benítez.

Otras localidades también tuvieron descenso como Humaitá, con una bajante de 7 cm quedando en 2,10 m, y Pilar, con una disminución de 6 cm alcanzando 2,59 m. En un segundo rango de mayor caída se ubican Bahía Negra, Concepción, Alberdi y Puerto Ladario, todas con una reducción de 3 cm en la última jornada.

Por otra parte, los distritos que presentaron la menor variación negativa, con una leve disminución de apenas 1 cm, fueron Fuerte Olimpo (3,79 m), Vallemí (2,72 m), Rosario (1,45 m) e Itá Enramada (1,35 m). Asimismo, los puntos de Puerto Murtinho (2,94 m), Isla Margarita (2,94 m) y Puerto Antequera (1,54 m) no experimentaron variaciones en sus niveles, manteniéndose sin cambios.

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El Niño estaba previsto para agosto, pero aún no llega

El fenómeno El Niño estaba previsto para los últimos días de agosto; sin embargo, el informe revela que el aumento en el nivel de los ríos se mantiene a la baja.

Según Meteorología se prevé que las lluvias intensas comiencen a darse en los últimos días de septiembre, lo que provocaría el aumento gradual en los niveles de los ríos.

En cuanto a la etapa crítica, podría darse entre septiembre y octubre, cuando las precipitaciones se presentarían por encima de los niveles normales, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y desbordes de ríos en zonas vulnerables y ribereñas.

Por el momento, no se registran aumentos significativos, lo que indica que sería la antesala al fenómeno que llegaría en días más.

Los médicos especialistas renunciantes son las terapistas neonatales, doctoras Cristina Gamarra, Laura Ibáñez y Mónica Denis, además del doctor Luis González, cirujano pediátrico.

La información fue confirmada por el doctor Lisandro Riveros, referente del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en la zona. Las dimisiones ocasionarían graves consecuencias teniendo en cuenta que eran los únicos en sus respectivas especialidades en Amambay.

¿Cuál es la postura institucional?

Hasta el momento, ninguna autoridad local de salud pública se pronunció sobre el caso por lo que se desconoce qué estrategias serán utilizadas para contener un eventual colapso del sistema de salud en esta parte del país.

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Agregó que quizás se pueda dar atención sin una infraestructura, pero no sin médicos, insumos y medicamentos y sugirió al presidente Santiago Peña que deje de construir hospitales si los médicos le están renunciando.

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“¿Cómo va a hacer con estos hospitales nuevos, sin insumos y sin médicos? ¿De qué le sirve a Santiago inaugurar hospitales nuevos si no tienen médicos? No sirve la hermosa infraestructura si no tenemos médicos. Nos estamos quedando sin médicos especialistas y esto no se inventa de la noche a la mañana", dijo la diputada Vallejo.

¿Cuánto se gastó en el rally?

La parlamentaria indicó que mientras los hospitales se quedaron desabastecidos se gastaron millones en la realización del Rally, y pidió que se transparente cuánto se entregó para la organización del evento.

“¿Cuánto se gastó para el rally, cuánto costó eso? ¿Será que no estaba allí el aumento de los médicos, de los insumos de esa persona que no disfruta de ese deporte?“, se preguntó la diputada opositora.

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La parlamentaria manifestó que, mientras las autoridades se sacaban fotos sonrientes y bailaban en el rally, los médicos estaban mendigando en las calles y los pacientes se quedaban sin atención e insumos.

“Se quedan esas caras sonrientes de esas altas autoridades, el presidente bailando y los médicos suplicando, pacientes sin atención. Esa es la triste historia del Paraguay”, manifestó Vallejo.

Le sugirió también al presidente Santiago Peña a dejar de construir hospitales si no cuenta con médicos capacitados para brindar atención.

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“No nos sirve tanta linda infraestructura, lo de seguir construyendo hospitales, solo es un gran negociado. Sin médicos no hay salud. Es triste ver cómo este gobierno no le dio respuesta a los médicos, no supo parar la crisis”, dijo la parlamentaria opositora.

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Para el parlamentario altoparanaense, la postura rígida del Poder Ejecutivo ante el gremio médico no es fruto de la casualidad ni de una imposibilidad financiera real, sino de un esquema de poder impulsado desde la cúpula partidaria.

“La verdad es que Horacio Cartes se está burlando del pueblo colorado. Él cree que puede hacer lo que quiere dentro del partido y con la plata. Peña está haciendo lo que Cartes le mandó a hacer. Hoy tenemos la salud en terapia intensiva y esto es doloroso porque hay especialidades que no se pueden sustituir”, aseveró Martínez.

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El diputado, quien recordó su trayectoria como integrante del Consejo Departamental de Salud en Alto Paraná, instó al Presidente de la República a reflexionar y corregir la postura oficial frente a las exigencias médicas.

“Yo siento mucho por esa gente que está sufriendo y por los médicos que están renunciando. Les pido a las autoridades que cambien de actitud, porque esto lo están haciendo a propósito por orden de Horacio Cartes”, lanzó.

El homenaje a Eligio Ayala y el contraste fiscal

Durante la entrevista, Martínez llamó la atención de los periodistas al vestir una prenda con la figura del expresidente liberal Eligio Ayala. Al ser consultado sobre el significado de la vestimenta, el legislador calificó a Ayala como un referente histórico de honestidad y austeridad que debería ser tomado como ejemplo por cualquier signo político.

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“Este es un homenaje al mejor presidente de Latinoamérica, un verdadero libertario en el sentido de que se obstinaba en tener déficit cero. Eligio Ayala demostró en los momentos más difíciles de la patria que, si se administra con honradez, se pueden lograr grandes cosas, como ganar una guerra gracias a una excelente gestión”, explicó.

A partir de este hito histórico, el diputado contrapuso la gestión hacendaria de los años 1920 con el escenario económico actual, advirtiendo sobre el nivel de endeudamiento del país y la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía.

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“Estamos ante una catástrofe fiscal de deuda y de todo. ¿Quién va a pagar esto? Con la inflación que hay hoy, la plata en el bolsillo ya no alcanza para nada. Nos enchufaron un espejismo de que todo estaba bien, pero la realidad muestra que todo era falso”, concluyó.

La medida de separación de la directora y de su hermana docente de la institución, fue dispuesta por la supervisora Florinda Caballero de Paredes y generó preocupación entre los padres y alumnos, quienes cuestionan la decisión y piden una solución al conflicto institucional.

El padre de familia Gabriel Ramírez calificó la situación como un atropello a la institución y manifestó su preocupación por la decisión adoptada contra las docentes.

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Asimismo, la madre de familia Natalia Chaparro manifestó que los padres de familia, docentes y la comisión de la ACE analizarán la situación y determinarán las acciones a seguir.

No acató invitación y fue separada del cargo

El conflicto se habría iniciado luego de que la directora comunicara al intendente local, Patrocinio Medina, que los estudiantes no participarían del desfile por el aniversario de fundación de la ciudad y la fiesta patronal de la Natividad de la Virgen María, organizado por la Municipalidad, para el próximo 8 de este mes.

En su nota alegó que no tendrán tiempo para ensayar teniendo en cuenta que también representa gasto para los estudiantes y agradeció la invitación.

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Durante la jornada de protesta, la supervisora Caballero de Paredes llegó hasta la institución para dialogar con los manifestantes y propuso que la encargada de despacho retome momentáneamente sus funciones, teniendo en cuenta que existe una denuncia presentada por una madre de familia por supuesto maltrato a una estudiante. La propuesta no fue aceptada por los manifestantes.

El abogado de la directora, Salustiano Ortíz, explicó que su defendida había observado a la alumna por ir a la institución fuera de su horario de clases a levantar firma de estudiantes que están a favor del desfile.

Esto sucedió, luego de la decisión asumida por la dirección y de eso se valieron para denunciarla ante la Comisaría local, explicó el abogado.

La medida de fuerza continua frente de la institución y decidieron conformar una comisión de negociación integrada por padres de familia, la supervisión, estudiantes, para buscar una salida al conflicto suscitado dentro de la comunidad educativa.

Según el legislador, el país se encuentra ante una decisión crucial sobre su futuro político y económico.

“Este presupuesto, para mí, es un punto de inflexión de nuestra democracia. Nosotros, en el 2027 vamos a ver si nos vamos hacia el lado de Maduro, Cristina Kirchner y compañía, o vamos a ser una derecha responsable”, sostuvo.

Rubin apuntó que las señales del oficialismo anticipan la consolidación de un perfil político afín al kirchnerismo (izquierda argentina), donde los sectores tradicionales optan por ignorar la delicada realidad financiera del Estado. En esa línea, fue enfático al denunciar la falta de responsabilidad fiscal.

“El partido tradicional sabe que no estamos bien financieramente, que no se puede seguir con el carnaval, pero ellos van a fingir demencia y van a continuar. Van a gastar mucho más de lo que tienen y luego te van a mandar la cuenta a vos”, remarcó el legislador.

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Asimismo, el parlamentario indicó que desde el Poder Ejecutivo se reconoce la crisis y la necesidad de aplicar recortes drásticos, comparándolo con la urgencia de utilizar medidas severas de contención del gasto.

Ante los rumores y propuestas de incrementar la recaudación fiscal, Rubin descartó que una mayor presión tributaria sea la solución ante el déficit estructural: “Si nosotros pasamos del 10 porciento al 60 porciento de impuesto, no va a ser suficiente para el hambre insaciable que tiene la clase política tradicional”.

Finalmente, el diputado cuestionó la legitimidad y el propósito de las instituciones si no se logra garantizar el bienestar básico de la ciudadanía, cerrando con una crítica frontal a las prioridades del presupuesto:

“Esto termina siendo un chiste si no podemos cumplir con la seguridad, educación y salud de los paraguayos”, enfatizando que la falta de recursos para médicos, policías y docentes desvirtúa el rol del Gobierno.

Sin embargo, la historia del festival también está marcada por momentos difíciles. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, este espectáculo fue considerado un evento “subversivo” y llegó a ser prohibido.

En 1986, por resolución del Ministerio del Interior, fueron suspendidas todas sus actividades. Pese a ello, la ciudadanía ypacaraiense mantuvo vivo el espíritu del festival y no permitió que la tradición desapareciera.

Dos años después, en 1988, gracias a la iniciativa del presbítero Benito Páez, el encuentro volvió a realizarse, esta vez en el predio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Aquella jornada del 13 de septiembre quedó grabada en la memoria de los ypacaraienses. Mientras cientos de policías rodeaban el lugar, los participantes entonaban con fuerza la consigna “Se va a acabar la dictadura militar”, convirtiendo al festival en mucho más que un encuentro artístico: pasó a ser también un símbolo de resistencia cultural y social.

Una tradición que sigue vigente

Más de cinco décadas después de su creación, el Festival del Lago Ypacaraí continúa firme y se mantiene como una de las celebraciones culturales más representativas de la ciudad y del país.

La 54ª edición fue presentada oficialmente el 28 de agosto y este año rendirá homenaje a Don Flaminio Arzamendia.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Eventos Municipal, con una programación que busca reunir a artistas, grupos de danza, músicos, poetas, artesanos y público de diferentes puntos del país.

El programa del Festival del Lago Ypacaraí 2026

• 1 de septiembre: Tarde de Teatro en homenaje al Sr. Juan Carlos Cañete a las 14:00. En el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
• 3 de septiembre: la Noche de Poesía en homenaje a la Sra. Gloria Esperanza Marecos a las 18:30 en el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
• 6 de septiembre: Noche de Jazz en homenaje a Alberto “Beto” Barsotti a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 8 de septiembre: La Noche Local de Danzas en homenaje a la Prof. Sonia Gennaro a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 9 de septiembre: Noche de Feria y la inauguración de la Feria Artesanal, homenaje a Adolfo Snead a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 10 de septiembre: Festival Nacional de Danzas a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 11 de septiembre: Noche de Aficionados a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 12 de septiembre: Tradicional Noche Central en homenaje a Flaminio Arzamendia a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 13 de septiembre: Festival de Rock, jornada en la que también culminará la Feria Artesanal. A las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

Así, el Festival del Lago Ypacaraí se alista para reunir arte, música, tradición y memoria, manteniendo viva una celebración que sobrevivió incluso a años de prohibición y que hoy continúa siendo parte fundamental de la identidad cultural de Ypacaraí y del Paraguay.

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“Gente muriendo, pero tenemos una gestión que no reacciona, y si reacciona, reacciona mal y tarde. Una hija denunció en el hospital que su padre murió porque primero no había ambulancia por el rally, después no había catéter y luego no había cama en el hospital San Jorge”, dijo el diputado Roberto González.

El parlamentario indicó, durante la sesión de hoy, que el gobierno aseguró que no quedó un solo sitio sin ambulancia y que garantizaba el servicio, pero la realidad desnudó la mentira.

“El gobierno envió 44 ambulancias para el Rally, hubo móviles para el espectáculo, pero no para un hombre que lo necesitaba”, dijo Roberto González.

Manifestó que la huelga médica se va agravando con la renuncia masiva de médicos hace que el sistema entre en un colapso donde los principales afectados son los pacientes.

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“Huelga médica y renuncia. El sistema se quedó sin especialistas, el sistema entra en colapso. Desde el 24 de agosto hay una huelga nacional por falta crónica de medicamentos e insumos y una gestión que solo da promesas y no acciones”, dijo el parlamentario.

Roberto González indicó que lo grave no solo fue la huelga, sino las renuncias por que no hay reemplazos, lo que se agrava porque también Argentina ahora ya no recibe a los pacientes extranjeros, algo que antes era utilizado como “válvula de escape” para nuestro precario sistema de salud.

“El dato más grave no es la huelga en sí, sino la renuncia. Si el Estado abandona las condiciones de trabajo el que termina pagando es el paciente, la frontera se cierra y se va la válvula de escape. Muchos compatriotas cruzaban el río porque aquí no encontraron respuestas”, dijo Roberto González.

El parlamentario manifestó que estas movilizaciones dejaron en evidencia un sistema que no se sostuvo con el tiempo, sino que se fue agravando.

“Quedó al descubierto nuestra propia precariedad, hospitales sin insumos, sin médicos y sin ambulancias. Y los oficialistas nos digan que no hay recursos. Este es el Congreso que más le dio a Salud, el problema no es el Congreso, sino la falta de gestión de la ministra que no ejecuta a tiempo su presupuesto”, dijo Roberto González.

En el escrito reivindican sus reclamos por reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo, insumos y pago de feriados trabajados.

Los especialistas del Hospital General de Itapúa que pusieron sus cargos a disposición son:

1. Jefa de servicio de Pediatría, Dra. Natalia Luraschi.
2. Jefa de servicio Terapia Neonatal, Dra. Marisol Riveros.
3. Jefa de servicio Terapia Pediátrica, Dra. Lurdes Thiebeaud.
4. Jefa de servicio Urgencias Pediátricas, Dra. Eliza Núñez.
5. Jefe de servicio Clínica Médica, Dr. Manuel Esteban Codas.
6. Jefa de servicio Terapia de Adultos, Dra. Lucía Vega.
7. Jefe de servicio Traumatología Adultos, Dr. Óscar Ramírez.
8. Jefe de servicio Cirugía General, Dr. Osmar Muñoz.
9. Jefe Departamento de Urgencias, Dr. Rafael Ramírez.
10. Jefe Departamento Quirúrgico y Servicio de Anestesiología, Dr. Herminio Martínez.
11. Jefe Departamento de Atención Ambulatoria, Dr. Walter Flores.
12. Jefe de servicio Área de Ginecología y Obstetricia, Dra. Clyde Núñez.
13. Jefe del Departamento de Servicios de Médicos Auxiliares, Dr. José Carlos Acosta.

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Preocupación por especialistas

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez, explicó que desde este lunes volvieron a atender los médicos tras la huelga realizada la semana anterior. Las atenciones ambulatorias fueron las afectadas, lo que generó que los turnos sean reagendados.

Entre los principales inconvenientes refirió que tienen que ver con las cirugías programadas, porque las que estaban para la semana pasada tuvieron que reagendarse. Además, detalló que algunos médicos actúan de brazos caídos tras la falta de acuerdo con el Gobierno.

La preocupación principal estaría por la posibilidad de la renuncia de anestesiólogos, situación que pondría en jaque al sistema de salud, según puntualizó. Sobre las afectaciones de las renuncias, aclaró que la atención no se vería afectada, pero si habrá un resentimiento en el área administrativa, puntualizó.

Pacientes del HGI manifestaron que los servicios se vieron retrasados, pero que apoyan el reclamo de los médicos. Algunos criticaron que no pudieron acceder a turno la semana pasada por la huelga.

El Gobierno se vio obligado a acelerar las obras en el cruce Pedrozo luego de un nuevo accidente fatal ocurrido a mediados de agosto en el semáforo instalado provisoriamente en el complicado cruce, que dejó seis personas fallecidas cuando un camión que perdió el uso de sus frenos embistió a vehículos que se hallaban esperando la luz verde del semáforo.

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En la mañana de este martes, medio mes después del accidente y la aceleración de las obras de construcción del viaducto, solo se observaba a cuatro o cinco obreros en el sitio.

Piden soluciones para los peatones

Vecinos de la zona han expresado disconformidad por las dificultades que tienen para cruzar la ruta mientras continúan las obras. El consorcio privado Rutas del Este, que administra ese tramo de la ruta PY02, ha habilitado minibuses para trasladar a los pobladores hasta los lugares de cruce.

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El MOPC sostiene que el viaducto permitirá ordenar los giros y cruces, reducir los riesgos y mejorar la circulación sobre ese punto de la ruta PY02.

Sin embargo, los pobladores de Pedrozo han cuestionado que el proyecto no contempla soluciones para la circulación y el cruce seguro de peatones.

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Uno de los puntos más agudos del comunicado del Arzobispado es la denuncia explícita de campañas orquestadas en redes sociales y medios de comunicación para desviar la atención y atacar la figura de los manifestantes.

“En torno a conflictos sensibles, como los reclamos y medidas de fuerza del sector salud, preocupa observar cómo han aumentado los recursos de descalificación y descrédito, especialmente en el ámbito digital. Aparecen publicaciones repetidas, cuentas anónimas, mensajes coordinados, recortes fuera de contexto, titulares insinuantes, memes y comentarios destinados a instalar una determinada imagen de personas, gremios o instituciones”, advierte el documento.

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La Iglesia catalogó y enumeró con precisión técnica los mecanismos utilizados en estas maniobras de comunicación defensiva y reactiva:

• Tácticas de manipulación: Uso de la repetición masiva (spam), selección interesada de datos (cherry-picking), ataques personales (trolling o ad hominem), perfiles automatizados (bots) y redes coordinadas (troll farms o granjas de trolls).
• Acoso e ilusión de consenso: Mencionaron el hostigamiento colectivo (dogpiling) y la simulación de apoyo popular espontáneo (astroturfing).
• Contraataque narrativo: Señalaron la retroalimentación entre redes y medios tradicionales: “Un contenido nacido en una red puede ser recogido por un medio tradicional y regresar luego a las redes con una apariencia de mayor legitimidad”.

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Invocando las escrituras para reflexionar sobre los riesgos de sembrar división, la institución recordó la advertencia bíblica: Siembran viento y cosecharán tempestades (Os 8,7).

“Lo que no deberíamos aceptar es que el debate sea sustituido por operaciones de descrédito, manipulación o ruido digital. Porque cuando se siembran sospechas, medias verdades y descalificaciones, esas tempestades terminan afectando no solo a quienes están en conflicto, sino también a la confianza de toda la sociedad”, asevera el comunicado.

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Los reclamos de fondo: “No es solo una discusión salarial”

Para el Arzobispado, la encrucijada actual abarca deficiencias estructurales del Estado paraguayo que van más allá del ajuste de sueldos exigido por los médicos.

“La cuestión de fondo es mucho más amplia. No estamos solamente ante una discusión salarial para los médicos. El problema comprende también las condiciones laborales, los recursos humanos, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura, los equipamientos, la organización de los servicios, la atención oportuna y digna y, en definitiva, la capacidad real del sistema para garantizar una salud integral para todos”, precisa el escrito.

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El llamado urgente a una política de Estado

Frente a respuestas gubernamentales calificadas como “fragmentarias” o de corto plazo, la Iglesia apela a la enseñanza social del papa León XIV en Magnifica Humanitas para urgir un proyecto integrador que no dependa del gobierno de turno.

“Paraguay necesita avanzar hacia una concertación nacional por la salud, entendida como la voluntad de construir un proyecto común que involucre a las estructuras del Estado, a los trabajadores de la salud, a las instituciones especializadas y a la ciudadanía”, subrayan.

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Finalmente, el Arzobispado enfatiza que la responsabilidad de salir del colapso asistencial no recae de forma exclusiva en el Ministerio de Salud, sino en los tres poderes del Estado de manera coordinada. “Todavía no es tarde. Es posible encontrar acuerdos sobre cuánto necesita invertir el país, cuáles son las prioridades sanitarias y cómo administrar responsablemente los recursos”, insisten.

“La salud integral es un derecho humano fundamental y un bien común. Un pueblo que no puede cuidar adecuadamente la salud de su gente es un pueblo herido; pero una nación que es capaz de escucharse, concertar y poner la dignidad humana en el centro todavía puede sanar sus heridas y construir esperanza”, finaliza la reflexión compartida a través de sus canales oficiales.

Lea el comunicado completo aquí.

Lamentan el mal estado del camino y puentes Cerrito - Villalbín

La situación financiera de la Municipalidad de Cerrito genera preocupación entre los funcionarios, quienes denunciaron atrasos en el pago de salarios y señalaron que la administración municipal mantiene deudas con los trabajadores y miembros de la Junta Municipal.

Funcionarios municipales que prefirieron mantener sus nombres en reserva, por temor a eventuales represalias, manifestaron que actualmente se les adeudan dos meses de salario.

Según sus testimonios, la situación llegó incluso a acumular cuatro meses de atraso, hasta que durante el fin de semana la intendenta interina, Carlina Carballo (ANR), dispuso el pago de dos meses.

Los trabajadores indicaron que, pese a este desembolso, todavía permanece pendiente el pago de otros dos meses de salarios.

A la preocupación de los funcionarios se suma, según las mismas fuentes, la situación de los concejales municipales, quienes supuestamente no perciben sus respectivas dietas hace aproximadamente un año. La última vez que cobraron fue en el mes de agosto del año pasado.

Cuestionamientos

Los funcionarios consultados relacionaron la situación con el contexto político que atraviesa el distrito y señalaron que el ex intendente municipal, Hugo Iván Ayala, se encuentra abocado a su campaña política con miras a la reelección al frente de la Municipalidad de Cerrito. Ayala es candidato del Partido Colorado, y pertenece al sector de Honor Colorado.

Los trabajadores cuestionaron que, pese a la importante presencia de turistas que llega a diferentes puntos del distrito, los ingresos genuinos generados por el municipio no se estarían reflejando, según ellos, en mejoras suficientes para la comunidad ni en el cumplimiento oportuno de las obligaciones salariales.

Los denunciantes sostienen que Cerrito cuenta con un importante potencial turístico y que, en determinadas épocas, registra una considerable presencia de visitantes, por lo que consideran necesario transparentar el destino de los recursos y mejorar la administración financiera.

Intendenta reconoce atraso

La intendenta interina, Carlina Carballo de Arce (ANR-HC), reconoció la existencia de una deuda de dos meses con los funcionarios municipales.

Explicó que el sábado se realizó el pago correspondiente a parte de los salarios atrasados, mientras que los concejales municipales todavía no pudieron percibir sus dietas.

Carballo señaló que la administración está trabajando en la generación de mayores ingresos para poder regularizar progresivamente las obligaciones pendientes, tanto con los funcionarios como con los integrantes de la Junta Municipal.

La jefa comunal interina también hizo referencia a las dificultades que enfrenta la Municipalidad para atender las numerosas necesidades del distrito, especialmente en materia vial.

Caminos y puentes

Carlina Carballo (ANR) manifestó que uno de los principales problemas de Cerrito es el deterioro permanente de los caminos rurales y puentes.

Explicó que después de cada lluvia varios tramos quedan seriamente afectados debido a la erosión provocada por el agua, obligando al municipio a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de manera constante.

Indicó que para estas tareas reciben apoyo de la Gobernación de Ñeembucú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aunque aclaró que la asistencia no siempre es suficiente para atender simultáneamente todos los puntos afectados.

La intendenta sostuvo que es consciente de las necesidades existentes en el distrito, pero afirmó que la limitada disponibilidad económica de la Municipalidad dificulta dar respuestas inmediatas a todos los reclamos de la población.

Esperanza en el corredor de exportación

La administración municipal también deposita expectativas en la concreción del tramo asfaltado del Corredor de Exportación Oeste, que contempla la conexión desde la zona de Yabebyry hasta Pilar.

Carballo consideró que esta obra puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo de Cerrito, una comunidad que durante décadas ha sufrido aislamiento y postergación debido a la falta de una conexión vial adecuada.

Sostuvo que la pavimentación permitirá mejorar la conectividad, facilitar el traslado de personas y productos y, principalmente, potenciar el turismo.

Cerrito cuenta con atractivos naturales y paisajísticos que, según las autoridades locales, podrían convertirse en importantes puntos de interés para el turismo interno si se logra mejorar la infraestructura vial y los servicios.

Mientras tanto, los funcionarios municipales aguardan la regularización de los salarios atrasados y los concejales reclaman el cumplimiento de sus respectivas dietas, en medio de una situación financiera que vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos de la comuna.

La diferencia entre uno y otro ejercicio equivale a G. 16,7 billones (US$ 2.586 millones) más, destinados a gastos a ser ejecutados en diversos sectores de la administración central y entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo plantea aumentar los recursos para salud, adultos mayores y otros programas sociales. El déficit fiscal previsto para 2027 será de 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), así lo afirmó el ministro Óscar Lovera en el transcurso de la presentación del PGN realizada este martes en la sede del Congreso Nacional.

Salud concentra la mayor parte del aumento del PGN

El ministro afirmó que del incremento total previsto para 2027, el 76% se destinará al Poder Ejecutivo. Lovera explicó que esto representa casi US$ 1.900 millones adicionales. Con este incremento, el Ministerio de Salud Pública concentrará el 62% de ese aumento, con más de US$ 1.200 millones adicionales.

Según detalló el jefe del equipo económico, de ese monto, el 78% será para cancelar deudas acumuladas. El 22% restante, unos US$ 260 millones, permitirá fortalecer la compra de medicamentos e insumos.

Con este aumento, dijo que el presupuesto destinado a medicamentos nuevos pasará de unos US$ 509 millones a US$ 772 millones.

Lovera señaló que los recursos para medicamentos e insumos casi se triplicarán frente a los US$ 250 millones previstos para ese concepto en 2023. “Este es un reajuste significativo”, resaltó.

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PGN 2027 no incluye aumento salarial general para médicos

El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla un aumento salarial general para los médicos. Lovera sostuvo que el pedido de elevar el salario mínimo de los médicos de 12 horas, de G. 5 millones a G. 8 millones, tendría un costo de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones.

El ministro afirmó que el Ejecutivo considera que un aumento generalizado no es viable en este momento. Planteó discutir la carrera y la profesionalización de los médicos.

También recordó que los médicos reclaman una actualización salarial desde 2012. Según explicó, ese año los salarios públicos tuvieron un incremento promedio del 30%, con un impacto de 1,7% del PIB y un costo de US$ 800 millones.

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Déficit fiscal será de 3,9% del PIB

El proyecto de PGN 2027 contempla un déficit fiscal de 3,9% del PIB. Lovera explicó que esa cifra incluye la gestión de las deudas acumuladas y el avance de obras públicas previsto para el próximo año.

Considerando que el PIB estimado para el 2027 es de US$ 67.063 millones, el déficit proyectado en término de valores ronda los US$ 2.615 millones.

Sin esos componentes, el déficit efectivo se ubicaría cerca del 1,9% del PIB, según la estimación presentada por el ministro.

Gobierno prevé US$ 2.100 millones de nueva deuda

Para 2027, el Ejecutivo estima que necesitará casi US$ 2.100 millones de nuevo endeudamiento. Si se suma el refinanciamiento de las deudas que ya existen, el monto total de financiamiento requerido rondará los US$ 2.800 millones, afirmó Lovera.

Según lo manifestado por el titular del MEF, los recursos estarán destinados al pago de atrasos de Salud Pública, al financiamiento de obras públicas, viviendas sociales y otros proyectos del Poder Ejecutivo.

Un total de 2.390 médicos serán desprecarizados

El Ejecutivo prevé la desprecarización de 2.390 médicos durante este año.

En ese sentido Lovera explicó que el Ministerio de Salud realizó un concurso para regularizar a profesionales contratados con al menos cuatro años de antigüedad. De 490 cargos vacantes, se presentaron 2.980 médicos.Tras el proceso afirmó que quedó una lista elegible de 2.390 profesionales, que ahora serán regularizados.

INCAN tendrá US$ 195 millones en 2027

En esa línea el ministro dijo que para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) se contempla un presupuesto de US$ 195 millones para 2027. Según Lovera, el presupuesto actual de la institución es de US$ 111 millones y para el próximo año se prevé sumar US$ 84 millones.

El ministro recordó que el presupuesto del INCAN era de US$ 60 millones cuando asumió la actual administración y que recibió aumentos de US$ 25 millones en dos años consecutivos.

Pensión para adultos mayores suma US$ 65 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tendrá US$ 65 millones adicionales para el programa de Adulto Mayor. Dijo que el Gobierno estima que la cantidad de beneficiarios pasará de 376.000 a más de 406.000 personas durante 2027.

Con el aumento, el programa de pensiones para adultos mayores tendrá un presupuesto total de US$ 564 millones.

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Recaudación tributaria crecería 8,6%

En cuanto a la proyección oficial dijo que establece un aumento de 8,6% en la recaudación tributaria para 2027 frente a la estimación de cierre de este año. “La presión tributaria se mantendría en 11,2%”, acotó.

Lovera explicó que este año la recaudación interna crece más de 11%, pero los ingresos provenientes de las operaciones aduaneras caen cerca de 13%. El resultado neto genera un crecimiento de alrededor de 2% en los ingresos tributarios. “Este escenario que nosotros estamos proyectando para el 2027 con el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la DNIT que va a ser fatible poder llegar a ese resultado”, afirmó.

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Docentes tendrán un ajuste de 2,4%

El proyecto incorpora un ajuste de 2,4% para el sector docente desde enero de 2027. El porcentaje responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según explicó Lovera.

El Gobierno también contempla los aumentos salariales establecidos por ley para las fuerzas públicas y otros sectores cuyos salarios están vinculados a disposiciones legales.

Ejecutivo espera que el Congreso respete el escenario fiscal

Lovera señaló que el Poder Ejecutivo presentará sus prioridades, pero reconoció que el Congreso tiene facultades para reasignar recursos durante el estudio del presupuesto.

El ministro dijo que el Legislativo respetó en los últimos años los escenarios fiscales planteados por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que esa práctica continúe con el PGN 2027.

El proyecto de presupuesto queda ahora a consideración del Congreso, que deberá estudiar por los próximos tres meses las asignaciones propuestas por el Ejecutivo antes de su aprobación final.

La importancia de la conformación e instalación de la comisión especial cobra relevancia tras las irregularidades que la propia Contraloría General de la República detectó en el IPS.

Ayer, el contralor general Camilo Benítez presentó ante el Senado el Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Una comisión creada, pero todavía sin integrantes

La Resolución N.º 1903, impulsada por el senador y líder de bancada del cartismo Natalicio Chase, establece la creación de una Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para investigar, hacer seguimiento y esclarecer los presuntos hechos punibles de corrupción detectados en el IPS y el Ministerio de Salud.

El proyecto fue acompañado por los senadores Ever Villalba (PLRA), José Oviedo (Yo Creo), Lizarella Valiente (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (PLRA, HC).

El documento establece expresamente que la comisión estará integrada por seis senadores, quienes deben ser designados por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, en acuerdo con las respectivas bancadas.

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Una vez instalada, la comisión deberá elegir de su seno a un presidente, un vicepresidente y un relator. La resolución le asigna una duración de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga por un plazo igual o menor, y establece que al concluir su misión deberá presentar al pleno del Senado un informe final o conclusión.

Contraloría revela nuevas irregularidades

El retraso adquiere mayor peso político después de la exposición realizada ayer por Camilo Benítez.

El contralor, quien busca su rekutu en el cargo, señaló al IPS como “por lejos” una de las instituciones más desordenadas del Estado. Según explicó, la previsional representa por sí sola alrededor del 40% del universo auditado.

La Contraloría realizó más de 2.000 actividades de control y 40 auditorías durante el periodo analizado. Sin embargo, Benítez expresó preocupación por la falta de avances y de sanciones contra los responsables de las irregularidades detectadas.

G. 625.000 millones en medicamentos e insumos sin explicación

Uno de los datos más graves expuestos por la Contraloría corresponde al ajuste realizado en los registros de bienes de consumo e insumos médicos del IPS.

Tras exigir la sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el sistema SAP, se produjo una reducción contable del 45%, generando una brecha de más de G. 625.000 millones que, según la explicación brindada por Benítez, no pudo ser aclarada.

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El contralor planteó dos posibilidades: que los bienes hayan sido registrados incorrectamente o, en el peor de los casos, que los medicamentos hayan desaparecido.

Se trata de un punto especialmente sensible porque el IPS enfrenta simultáneamente problemas de abastecimiento y millonarias deudas con proveedores de medicamentos.

Más de G. 50.000 millones pagados a jubilados fallecidos

Otro hallazgo expuesto por la CGR fue el pago de más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos.

Según el informe, el problema ya había sido advertido en ejercicios anteriores, pero el IPS no realizó un sencillo cruzamiento de datos con el Registro Civil que hubiera permitido detectar a los beneficiarios fallecidos.

La reiteración de las observaciones resulta particularmente relevante para una eventual investigación parlamentaria, considerando que la comisión creada por el Senado tiene entre sus objetivos precisamente el seguimiento y esclarecimiento de presuntos hechos punibles.

El mecanismo de “gastos judiciales” que esquivó licitaciones

La Contraloría también puso el foco en el denominado Rubro 915, correspondiente a gastos judiciales.

De acuerdo con lo expuesto por Benítez, el IPS utilizó acuerdos privados y posteriores homologaciones judiciales para pagar compromisos con proveedores cuyos contratos ya habían vencido, evitando de esa manera los procesos ordinarios de licitación y los controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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El monto involucrado supera los US$ 25 millones, equivalentes a unos G. 104.000 millones.

El hallazgo coincide además con investigaciones periodísticas que ya habían advertido sobre el uso recurrente de acuerdos transaccionales homologados judicialmente como mecanismo para cancelar deudas con proveedores del IPS.

Deuda superior a G. 1 billón y reservas que se agotarían en 2036

La previsional arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, situación que limita su capacidad para adquirir insumos con recursos correspondientes al ejercicio en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas mantienen deudas con el IPS por más de G. 10.000 millones, parte de las cuales habría prescripto por negligencia de funcionarios.

La Contraloría también observó una rentabilidad inferior al 1% en el arrendamiento de inmuebles del IPS y proyectó que las reservas financieras de la institución podrían agotarse hacia 2036.

La presentación del plan de gastos estatales se realiza en medio de una severa crisis en el sector de la salud pública, marcada por medidas de fuerza y renuncia de profesionales médicos tras la negativa del Gobierno a otorgar una actualización salarial.

Durante su diálogo con la prensa en la sede legislativa, Lovera defendió la viabilidad de los números proyectados y justificó la decisión de superar los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al tiempo de sostener una firme postura respecto a la contención del gasto salarial.

Suba del tope fiscal a 3,9 % y nueva emisión de deuda

Uno de los puntos resaltantes expuestos por el titular del MEF es el pedido de autorización parlamentaria para fijar el tope del déficit fiscal en un 3,9 % para el ejercicio 2027, superando el límite habitual del 1,5 %. Al ser consultado sobre esta medida, el ministro justificó el ajuste.

“El exceso por encima de la ley de responsabilidad fiscal está explicado por la gestión (...) de determinar cuál es el stock de deuda que se tiene, tanto vialeras como lo que hace a las deudas con las farmacéuticas y otros proveedores del Ministerio de Salud”, monto que cuantificó en alrededor de 1.270 millones de dólares.

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Para financiar estas obligaciones e impulsar proyectos de infraestructura, el plan presupuestario contempla una emisión de deudas. “Estamos hablando de dos mil cien millones de dólares”, precisó Lovera, indicando que estos recursos irán destinados al Ministerio de Obras Públicas, a viviendas sociales a través del MUVH y a cubrir atrasos en Salud.

Pese al nivel de endeudamiento, el ministro garantizó previsibilidad afirmando que “siempre, en todos los escenarios, estamos por debajo del cuarenta por ciento (de la deuda sobre el PIB)”.

En materia de ingresos, el secretario de Estado estimó una variación positiva del 8,6 % en la recaudación tributaria con respecto al cierre de este año. Explicó que actualmente se observa un comportamiento dual en los ingresos.

“Estamos viendo una recaudación interna que está creciendo más del 11 % y la recaudación proveniente de las operaciones aduaneras están cayendo alrededor del 13 %. En el neto nos da una variación de alrededor del 2 %”. Pese a este contexto, aseguró que “este escenario que estamos proyectando para el 2027 va a ser factible poder llegar a ese resultado”.

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Negativa rotunda al reajuste salarial médico

En relación con el conflicto con el gremio médico, Lovera reiteró la postura del Gobierno de no conceder un incremento salarial directo al piso presupuestario. “El aumento planteado de manera generalizada es lo que a nosotros nos imposibilita actualmente decir ‘podemos dar’, porque estamos hablando de un costo entre ciento treinta y ciento cincuenta millones de dólares”, remarcó ante la insistencia de los periodistas.

El ministro rechazó que la posición del Ejecutivo signifique indiferencia hacia los profesionales de blanco y abogó por enfocar la discusión en el mérito. “Nosotros no cerramos el espacio. Les mencioné que un aumento generalizado, así como están planteando, no es viable. Tenemos que discutir cuestiones que hacen a la carrera, a la profesionalización”.

En esa línea, señaló el impacto de medidas similares en el pasado: “En el año 2012 se aprueba un ajuste salarial promedio del treinta por ciento (...) Esa decisión costó ochocientos millones de dólares en esa oportunidad”.

En contraposición, el titular de Economía aseguró que el Gobierno dio viabilidad a otras demandas del sector, como el pago por días feriados, la desprecarización de 2.390 médicos que cumplieron con procesos de selección y el aumento de fondos para insumos.

“El presupuesto del Ministerio de Salud para insumos y medicamentos tiene doscientos millones de dólares adicionales (...) De los setecientos sesenta y dos millones de dólares para insumos y medicamentos, el INCAN va a tener un presupuesto de ciento noventa y cinco millones de dólares”, detalló.

La rigidez en materia de reajustes también se extendió al ámbito educativo superior. Al ser consultado sobre el pedido de 85 millones de dólares para la equiparación salarial de los docentes universitarios, Lovera manifestó: “No, no podemos en este momento”.

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Garantía para Hambre Cero y gastos del Estado

Respecto a la continuidad del programa social Hambre Cero, el ministro sostuvo que la gestión financiera está ordenada. “Estamos actualmente en un proceso de gestión que permite que básicamente estemos hablando de la cancelación de los servicios prestados con un máximo de sesenta días de atraso, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo Social como con las gobernaciones”, afirmó.

Finalmente, sobre las críticas por los privilegios de la masa de funcionarios públicos y el uso de seguros privados VIP en contraposición a las exigencias hacia los médicos, Lovera argumentó las responsabilidades patronales de la administración central. “Lo que el Estado tiene que hacer, así como cualquier empleador, es asegurarle a sus empleados la Seguridad Social (...) Entonces, no es que podemos eliminar, tenemos que ver las alternativas en todo caso”.

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Además de Ana Kim Jang, fueron imputados su hermana Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio; Namjun Kwon, vicepresidente; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular, y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.

Según la hipótesis del Ministerio Público, una de las situaciones cuestionadas se habría producido durante una asamblea extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2025, cuando se resolvió reducir el capital social de la empresa de G. 103.000 millones a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones.

En esa operación se habrían establecido pagos de G. 3.207,5 millones a Hsiao Hua Wang y G. 28.867,5 millones a Rosana Ming Kao, sumando G. 32.075 millones.

La Fiscalía sostiene que las sumas no habrían sido efectivamente entregadas a las accionistas, pese a que existirían documentos que acreditaban la retención de esos montos.

Aumento de participación de “Ana Coreana”

La investigación también se concentra en dos posteriores aumentos del capital social, realizados entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

De acuerdo con la imputación, estas operaciones habrían generado un importante cambio en la composición accionaria de K & K Shopping’s S.A, propietaria del Shopping París y del Edificio Shopping Bonita Kim. La participación de Ana Kim Jang habría aumentado del 50% al 61% y posteriormente al 71%.

Mientras tanto, la participación conjunta de Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habría disminuido del 50% al 39% y luego al 29%.

Para los aumentos de capital se habrían declarado aportes en efectivo por G. 10.500 millones y G. 28.000 millones, totalizando G. 38.500 millones.

La Fiscalía cuestiona que dichos aportes no contarían con respaldos bancarios que permitan confirmar que el dinero fue efectivamente integrado al patrimonio de la sociedad. También señala que no existiría una verificación de esos desembolsos por parte del síndico.

Cuestionan las convocatorias

Otro aspecto incorporado a la investigación tiene que ver con la forma en que se habrían realizado las convocatorias a las asambleas.

Según la Fiscalía, las accionistas Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habían comunicado domicilios y correos electrónicos para recibir las notificaciones societarias. Sin embargo, las convocatorias cuestionadas se habrían efectuado mediante publicaciones en la Gaceta Oficial.

Posteriormente, las actas fueron protocolizadas ante escribanía y presentadas para su inscripción ante el RUN y la Abogacía del Tesoro, incluyendo referencias a los supuestos aportes de capital que ahora son objeto de investigación.

“Ana Coreana” y los demás imputados deberán comparecer

Los cinco imputados deberán presentarse ante el juzgado el 8 de septiembre, a las 10:00, para la audiencia en la que serán oídos. El fiscal Zaracho pidió medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.

Sobre esta situación, la diputada Rocío Vallejo expresó que frente a este hecho, no tienen ninguna esperanza de que haya un contrapeso por lo menos del ala liberal.

“Nunca es lo mismo tener dos colorados que tener un colorado y un liberal. Pero esa es la realidad hoy y nos preocupa bastante, siendo que la contraloría es una institución que es fundamental para el equilibrio de los poderes del Estado”, mencionó.

Indicó que lamenta que los colorados pierdan la oportunidad de cumplir con lo que dice la constitución, que la democracia implica pluralismo.

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“Las mayorías no significan democracia. Además, yo creo que estamos en una semidictadura en este momento, porque todo se decide por mayoría sin fundamentos y sin análisis”, remarcó la legisladora.

Vallejo sostuvo que tener un contrapeso es de alguna manera tener alguna garantía que pueda haber un pluralismo dentro mismo de la institución. “Acá vamos a tener 100% de colorados en la Contraloría y eso no es bueno para una democracia, sobre todo en un órgano como es la Contraloría, que debe estar en varios frentes”.

La pediatra Susana García señaló que la situación genera impotencia entre los profesionales del interior, quienes en muchos casos deben recurrir a distintas instancias para conseguir un lugar donde derivar a los pacientes, llegando incluso a gestionar atención en el sector privado cuando no existe disponibilidad en los hospitales públicos.

“Nosotros tenemos pacientes que necesitan ser trasladados y cada vez se vuelve más difícil conseguir una respuesta”, señaló la profesional, quien lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales ante los reclamos que vienen realizando los trabajadores de blanco.

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Los médicos sostienen que la crisis no se limita a los hospitales de la capital, sino que termina afectando a todo el sistema sanitario, debido a que los centros del interior dependen de los hospitales de referencia para recibir a pacientes que necesitan tratamientos o procedimientos de mayor complejidad.

Entre los establecimientos de referencia se encuentran el Hospital de Trauma, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Hospital Nacional de Itauguá y el Instituto Nacional del Cáncer, además de otros centros especializados de Asunción y el área metropolitana.

La preocupación aumenta especialmente cuando se presenta una emergencia que requiere atención especializada y el paciente debe ser trasladado desde San Pedro hasta la capital. Los profesionales advierten que la falta de médicos en estos hospitales puede retrasar las derivaciones y dificultar el acceso oportuno a tratamientos.

Los trabajadores de blanco mantienen sus reclamos por mayor infraestructura, disponibilidad de insumos y medicamentos, mejores condiciones para la atención de pacientes y una mejora salarial.

Para este jueves está prevista una asamblea de los médicos, donde definirán cómo continuarán las acciones de protesta. Los profesionales no descartan nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno.

Por primera vez en mucho tiempo, la institución auditora ingresó a evaluar a fondo siete áreas de la Previsional. Si bien se trata de un primer paso, la Directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, enfatizó que se esperan “medidas urgentes para subsanar” los graves hallazgos.

Uno de los puntos más cuestionados por Fernández es la actitud institucional ante las auditorías. Según explicó, en todas las áreas evaluadas se encontró un denominador común: “La principal excusa es que los problemas corresponden a otro sector”.

“Se desentienden del tema y eso es algo que no puede ocurrir en una institución que maneja cuantiosos recursos y que es muy sensible para la vida de la gente”, advirtió la funcionaria de la Contraloría.

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Millones sin regularizar y juicios fuera de control

El informe detalla cifras alarmantes sobre la desprolijidad contable y administrativa dentro de la previsional:

• Más de 47.000 millones de guaraníes en diferencias de ajustes de años anteriores de la conciliación bancaria y partidas no identificadas ni regularizadas.
• Más de 530 millones de guaraníes en notas de crédito sin la debida gestión.
• 300 juicios del IPS que operaban con bases de datos totalmente desactualizadas, volviéndolos imposibles de controlar adecuadamente.
• 56.000 millones de guaraníes retenidos y sin evidencia documental que respalde su posible recuperación.

El peligro principal de estas falencias radica en la distorsión de la realidad financiera de la institución.

Desde la Contraloría advirtieron sobre el riesgo de que el IPS asuma que cuenta con los 56.000 millones de guaraníes -retenidos- a su disposición, tomando decisiones presupuestarias y de inversión basadas en un monto ficticio, cuando en la práctica el valor real disponible es considerablemente menor.

Festín de pagos a proveedores en IPS usando “gastos judiciales”

En lo que respecta las jubilaciones, la Directora de Control Gubernamental indicó que es un tema muy preocupante. “La proyección que la misma entidad dio es que van a encontrarse con dificultades en el año 2036. Y según el análisis que se hizo, es que para el 2046 el IPS va a estar en una situación en la que no va a poder hacer frente al pago de jubilaciones, si no toman una medida urgente”.

Los hallazgos más graves en IPS

• Desajuste de medicamentos y pérdidas millonarias: tras exigir una sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el software alemán SAP, el IPS debió aplicar un ajuste contable en el cual los bienes de consumo e insumos médicos disminuyeron un 45 %, lo que representa una brecha no aclarada de más de G. 625.000 millones. “¿Qué significa eso? O que se registró mal, o en el peor de los casos que desaparecieron los medicamentos”, advirtió Benítez.
• Pagos a jubilados fallecidos: a pesar de haber sido alertados en reiterados ejercicios anteriores, las autoridades del IPS abonaron más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados ya fallecidos por no realizar un simple cruzamiento de datos digitalizados con el Registro Civil.
• Uso del “mecanismo” de gastos judiciales: la CGR detectó que la previsional eludió de forma sistemática los procesos de licitación pública y controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Para abastecerse con contratos vencidos, firmó acuerdos privados y los homologó judicialmente para abonar mediante el Rubro 915 (gastos judiciales) más de US$ 25 millones (alrededor de G. 104.000 millones).
• Deuda flotante y caos financiero: la institución arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, lo que le impide comprar insumos con recursos del año en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas adeudan más de G. 10.000 millones a la previsional (gran parte ya prescripta por negligencia de los funcionarios), una rentabilidad inferior al 1 % en el arrendamiento de sus inmuebles y la proyección de que sus reservas financieras se agotarán para el año 2036.

Sinamed rechaza anuncios del Gobierno y no descarta nueva huelga de médicos

La difusión del material audiovisual ocurrió en medio de las jornadas de protesta de la huelga general de profesionales de la salud, un conflicto que desencadenó la renuncia masiva de más de 600 médicos especialistas en hospitales de alta complejidad. La escena generó un repudio generalizado en plataformas digitales, donde usuarios y gremios señalaron una “desconexión total” por parte del Ejecutivo ante la emergencia social.

¿Por qué protestan los médicos?

La crisis que desembocó en el paro de actividades y en una ola de dimisiones no es repentina. El gremio médico arrastra reclamos por condiciones precarias de infraestructura, el desabastecimiento crónico de insumos básicos en las farmacias estatales y la exigencia de equidad salarial y carga horaria.

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Entre los puntos centrales del reclamo planteado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) destacan:

• Reajuste salarial: La adecuación salarial al equivalente a 2,8 salarios mínimos. Según las pretensiones del sector, esto permitiría ajustar la remuneración de un médico con carga de 12 horas semanales de G. 5 millones a G. 8 millones, y escalar proporcionalmente para quienes cubren dos o tres vínculos.
• Cumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria: Exigen la reglamentación y ejecución efectiva de la normativa que establece la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, evitando la sobreexplotación del personal médico.
• Insumos e infraestructura: Garantías de abastecimiento continuo de medicamentos oncológicos, insumos de terapia intensiva y reactivos de laboratorio para evitar que los propios pacientes deban financiar su tratamiento.

La respuesta gubernamental y la renuncia de especialistas

Ante la presión de las movilizaciones y los bloqueos de rutas, las autoridades realizaron ayer una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calificó la reestructuración salarial solicitada como de “cumplimiento financiero imposible”, planteando en su lugar una inyección presupuestaria destinada al pago de deudas a proveedores farmacéuticos e insumos de cara al siguiente año fiscal.

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Esta propuesta fue calificada por los gremios como un “parche temporal” que no atiende el problema de fondo. Como respuesta inmediata a la falta de acuerdo, la crisis escaló a una dimensión sin precedentes con la renuncia masiva de jefes de área y médicos especialistas en instituciones emblemáticas:

• Hospital de Niños Acosta Ñu: Dimisión en bloque de 43 médicos terapistas y de los 40 cirujanos que integraban el plantel completo de esa especialidad.
• Hospital de Trauma: Renuncia de 19 de los 21 intensivistas pediátricos.
• Hospital Nacional de Itauguá e Instituto Nacional del Cáncer (Incan): Éxodo masivo de profesionales clave para la atención de alta complejidad.

Un escenario de incertidumbre social y política

Diferentes actores políticos y legislativos han instado al BCP, al Ministerio de Salud y a la Presidencia a instalar una mesa de diálogo urgente para no aceptar formalmente las renuncias planteadas, advirtiendo que la pérdida de profesionales altamente capacitados dejaría en colapso operativo a los centros de mayor complejidad del país.

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En este contexto, la imagen del jefe de Estado festejando en el epicentro de un evento deportivo ha profundizado el malestar en redes sociales, mientras la dirigencia del Sinamed no descarta endurecer las medidas de fuerza si el Gobierno no presenta una contrapropuesta concreta.

La semana pasada, el jefe de Estado participó en varios actos y “activaciones digitales” junto a los pilotos del WRC.

Los médicos del sistema público fueron a huelga a nivel nacional durante cinco días la semana pasada, argumentando que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

Ayer, más de 400 médicos especialistas en cirugía y terapia intensiva pediátrica, anestesiología, neurología y otras especialidades de algunos de los principales hospitales públicos del país presentaron sus renuncias ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos del gremio. Hoy se sumarían más dimisiones de especialistas del Instituto Nacional del Cáncer.

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En respuesta, el Gobierno anunció un aumento de 260 millones de dólares para salud en el Presupuesto de Gastos de la Nación de 2027 y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometió avanzar en la “desprecarización” de casi 2.400 profesionales de la salud.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo se mantiene reacio a discutir el reclamo de un reajuste salarial sin que antes sea definido un esquema de meritocracia que premie la antigüedad y la especialización de los profesionales.

“Vamos a seguir firmes en nuestros pedidos”

En conversación con ABC Color este martes, la doctora Rosanna González, secretaria general del Sinamed, reiteró la postura de disconformidad del gremio ante las medidas anunciadas ayer por el Gobierno y enfatizó que los galenos “vamos a seguir firmes en nuestros pedidos”.

La doctora González comentó que el próximo jueves tendrá lugar una nueva asamblea del Sinamed en el ex Seminario Metropolitano de Asunción, donde el gremio decidirá “si vamos o no a una nueva huelga”.

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Indicó que los planteamientos del Gobierno, entre ellos la implementación de una carrera sanitaria que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica han sido planteadas sin detalles.

“Entendemos que es un proyecto de ley que debe ser consensuado entre todos los gremios, luego se tiene que llevar al Congreso, se tiene que conseguir el presupuesto”, dijo González. “Queremos que nos digan el cronograma y cómo se va a corregir el pedido de reajuste salarial”, agregó.

Agregó que esos pedidos fueron hechos a la ministra Barán el pasado miércoles en una reunión en la que la titular de Salud no supo entrar en detalles sobre el plan.

Piden saber en detalle cómo se gastará el dinero

González cuestionó también que el Ejecutivo haya dicho que va a “analizar” uno de los pedidos clave de los médicos, el del cumplimiento de pagos dobles por feriados trabajados, en vez de dar una respuesta concreta.

Sobre el aumento para salud en el PGN de 2027, manifestó que el gremio médico reclama saber específicamente en qué se gastará el dinero y garantizar que “los pacientes reciban los medicamentos e insumos y no tengan que comprar absolutamente nada”.

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La titular del Sinamed afirmó que las renuncias de especialistas que comenzaron a ser presentadas ayer no son una forma de extorsión al Gobierno, sino de “manifestar el descontento a nivel nacional” del gremio médico.

“Existe una insatisfacción generalizada y esperamos que el Gobierno plantee algo concreto, con documentos y cronograma”, concluyó.

El hecho se registró ayer, pero el sector permanece clausurado este martes por la mañana. Tras los trabajos de fumigación y desinfección, los profesionales volvieron a detectar la presencia de pulgas, incluso en el techo del área, por lo que se decidió mantener cerrado.

A esta situación se suma el desborde de la red cloacal, cuyo olor se extendió por distintos sectores del hospital, según denunciaron profesionales.

Sin limpiadora permanente

La doctora Lea Acevedo, una de las especialistas de Terapia Intensiva Pediátrica que presentó su renuncia ayer con otros 12 médicos, explicó que la terapia cuenta con seis camas, de las cuales cuatro corresponden a pacientes pediátricos y también son utilizadas para recién nacidos. Pese a esta situación, no cuentan con personal de limpieza permanente para el área crítica.

“Nosotros no tenemos una limpiadora las 24 horas para el área crítica, que es esencial”, había manifestado Acevedo.

La aparición de pulgas en Neonatología, la humedad, goteras y desborde cloacal, se produce en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Regional de Ciudad del Este y de las protestas protagonizadas por médicos que reclaman mejores condiciones laborales y respuestas a sus reivindicaciones.

Intentamos comunicarnos con el doctor Cristian Martínez, director del Hospital Regional, pero no atendió nuestros mensajes y llamadas.

Esta decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, cuarta sala, integrado por Miguel Ángel Rodas, Giuseppe Fossati y Enrique Mongelós, que declaró mal concedida el recurso de nulidad planteado por la previsional.

El caso llegó a segunda instancia con motivo de una apelación presentada por el abogado Sócrates Fretes Valdez, en representación del IPS, quien pretendía la nulidad del fallo de primera instancia.

En la sentencia apelada, Cameron resuelve hacer lugar al amparo y ordenar al IPS a que proceda a la “provisión inmediata al señor Francisco Cabrera de la válvula aórtica transcatéter —TAVI—, en el modelo, medida y demás especificaciones que determinen los profesionales tratantes.

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Asimismo, el fallo establece que la previsional debe igualmente suministrar los insumos, medicamentos y prestaciones médicas directamente necesarios para el procedimiento; y que realice la intervención indicada en la primera oportunidad clínicamente adecuada, debiendo los dispositivos e insumos utilizados contar con los registros y habilitaciones sanitarias exigidos por la normativa vigente.

De esta manera, el juzgado deja confirmada la medida cautelar decretada por providencia del 17 de agosto de 2026, en el mismo sentido.

IPS alegó faltante por licitación en curso y pidió rechazo del amparo

En su apelación, el representante del IPS solicitó la nulidad del fallo tras alegar que aunque la cobertura que le corresponde el amparista le asiste el derecho a acceder a la válvula requerida y a la operación correspondiente, en este momento el ente está imposibilitado para ello, porque la válvula no existe en el stock y actualmente está en proceso de licitación.

Otro punto cuestionado por Fretes es que no se ha integrado la litis con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dado que -a su criterio- sería el organismo encargado para realizar la intervención que requiere el amparista, pues entre las funciones de dicho organismo estatal se encuentra garantizar la cobertura de la salud.

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“(...) arguye que la resolución es arbitraria dado que el a quo al dictar resolución se había centrado principalmente en el derecho a la vida, descartando el análisis profundo de las cuestiones planteadas y el perjuicio que ocasionaría dar trámite del presente amparo para el Instituto de Previsión Social (IPS), manifestando que la misma obliga a los funcionarios a incurrir en faltas graves al proporcionar un dispositivo médico que se encuentra fuera de stock, además que el juez de la instancia originaria no tuvo en cuenta las pruebas de la inexistencia de acto legítimo exigido por el art. 34 de la Constitución Nacional”, concluye Fretes Valdez.

Sin embargo, estas excusas fueron consideradas inadmisibles por la justicia, en atención a que la normativa vigente prevé las medidas a ser adoptadas en este tipo de caso, máxime la urgencia que requiere el amparista, dado el riesgo para su vida.

Falta de previsibilidad puede ser considerada falta grave

Asimismo, la Cámara incluso pone en tela de juicio la eventual responsabilidad del ente por esta situación, pues el mismo está obligado a realizar las compras con anticipación, precisamente para evitar esta situación de indisponibilidad.

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Por considerar de interés, transcribimos parcialmente el argumento del primer opinante Miguel Ángel Ruiz Díaz, cuyo voto fue acompañado por Fossati López y Mongelós Aquino:

• Esta norma evidencia que el sistema de suministro y contrataciones públicas, cuya rigurosidad alega la previsional como justificación del incumplimiento de la prestación requerida, cuenta con un mecanismo para prever las contrataciones de carácter urgente, como es el caso que se dirime en autos, por tratarse de un asegurado que padece del diagnóstico de cardiopatía istémica con una enfermedad de base de linfoma de Hodgkin clásico en etapa III A cáncer.
• Además, como ya hemos referenciado en el párrafo anterior, el IPS expresamente afirma que dicha válvula se encuentra en proceso de licitación, es decir ya se ha brindado este dispositivo con anterioridad mediante la contratación con servicios médicos privados, por lo que la previsional conoce perfectamente los servicios o institutos médicos privados que brindan el tratamiento requerido por el amparista.
• Es más, el antepenúltimo párrafo del art. 40 de la Ley 7021/2022 indica que: “Cuando la excepción se encuentre motivada en la negligencia o imprevisión, la convocante deberá apartar del procedimiento al funcionario responsable, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa, que será determinada en la instancia correspondiente. A los efectos de la imposición de sanciones, la negligencia o imprevisión será considerada falta grave”.
• De ello surge que el IPS tiene que tener previstos todos los mecanismos para contratar, inclusive anticipadamente. Por todo ello, no es cierto que la normativa referente a contrataciones públicas le impida a la previsional contratar, muy por el contrario, establece que existirá responsabilidad del funcionario si es que se llega a esta situación por falta de previsión, la cual será considerada como falta grave. Es decir, el ente debe preservar y contemplar lo necesario para la provisión de atención médica en tiempo y forma, según las necesidades de sus asegurados.

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Incumplimiento de obligación por parte de IPS es “inadmisible”

• Como ya lo hemos reiterado a lo largo del presente exordio, lo que pretende el IPS es legitimar la omisión de la prestación de un servicio por problemas pertenecientes a la esfera de su gestión administrativa interna, cuando en realidad una imposibilidad subjetiva no puede tenerse como justificación del incumplimiento de sus deberes y menos aún tener como consecuencia el menoscabo a los derechos de sus asegurados.
• En consecuencia, el acreedor de la prestación –amparista– no maneja ni tiene injerencia en la forma, medios u organización administrativa de la previsional deudora de la prestación, dado que la misma no exime de cumplimiento alguno en sus deberes como ente previsional y esos inconvenientes no generan imposibilidad de pago.
• Esto indica que a lo largo de la presente acción de amparo el Instituto de Previsión Social ha pretendido trasladar sus deberes administrativos, cuestiones exclusivas de la esfera de la gestión interna de la previsional, al incumplimiento de la prestación debida al amparista asegurado, lo que conforme se ha explicitado, es a todas luces inadmisible, dado que la misma no exime de cumplimiento alguno en sus deberes como ente previsional.
• Es por ello que se verifica el requisito de omisión ilegítima, completamente imputable a la previsional, porque es ella quien debe prever las medidas administrativas necesarias para contratar el instrumento médico se encuentra incluido en el vademécum privado a fin de brindar la prestación requerida por el amparista a la cual tiene derecho, cuyo incumplimiento menoscaba el derecho a la atención médica del Sr. Francisco Cabrera, previsto en el art. 68 de la Constitución Nacional.

“Itapúa es la zona más afectada”, confirmó el titular de Emergencia Nacional, precisando que dentro de ese departamento el distrito más castigado fue Cambyretá, seguido de Encarnación, Bella Vista, Capitán Meza y Nueva Alborada. La tormenta también impactó localidades de Paraguarí (Paraguarí y Roque González), Canindeyú (Ybyrarobaná, Salto del Guairá y Yasy Cañy), Caaguazú (Repatriación) y Alto Paraná (Itakyry).

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Daños materiales en cientos de viviendas

A pesar de la violencia del granizo, Zárate confirmó que no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad. “En cuanto a afectación personal, hasta el momento no tenemos nada, pero sí afectación de las viviendas, principalmente aquellas con techo de fibrocemento, el granizo las dejó como un colador”, explicó.

Hasta la mañana del lunes, el censo oficial contabilizaba 90 viviendas dañadas en Cambyretá y 40 en Encarnación. Sin embargo, el titular de la SEN adelantó que la cifra final será significativamente mayor a medida que concluyan las evaluaciones en el terreno. “Yo creo que vamos a llegar a las setecientas por ahí”, estimó sobre la cantidad total de casas perjudicadas.

Teniendo en cuenta ese cálculo proyectado de 700 viviendas y un promedio aproximado de cinco integrantes por grupo familiar, se estima que la cantidad de damnificados directos rondaría las 3.500 personas.

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Despliegue de evaluaciones y asistencia

Dado que la mayoría de los reportes municipales ingresaron entre la tarde y noche de la jornada previa, cuadrillas de la SEN partieron a primera hora hacia los distritos afectados.

“Esta mañana a las cinco partieron de la Secretaría de Emergencia Nacional para los otros lugares donde nos solicitaron la evaluación”, indicó Zárate, mencionando que en casos como el de Repatriación se coordinaron acciones tras el pedido del gobernador de Caaguazú.

El ministro aclaró además que no fue necesario habilitar albergues masivos para los afectados. “La mayoría se quedan en sus hogares porque la granizada golpea el techo y generalmente tiene algún espacio para quedarse o mismo junto a sus familiares que están cerca de su vivienda”, señaló.

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Trabajos preventivos ante el fenómeno El Niño

A la par de atender la contingencia generada por las recientes granizadas, la SEN mantiene reuniones periódicas con instituciones públicas y organizaciones civiles para articular planes de contingencia ante la amenaza de inundaciones por el fenómeno El Niño.

Sobre este punto, Zárate mencionó que han mantenido encuentros con referentes como la Pastoral Social en Asunción y Nanawa. Respecto a esta última localidad, advirtió que presenta una situación de extrema vulnerabilidad ante lluvias intensas por la falta de zonas altas de evacuación.

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Según los datos presentados por Zeus Energy, obtenidos -según afirma la empresa– de sus prospecciones en territorio chaqueño, existe un potencial estimado de 70 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural, una cantidad similar a las reservas de gas natural de otros países de la región como Perú.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías, enfatizó que hasta el momento la cifra presentada por Zeus no pasa de ser un “recurso estimado” y no una “reserva certificada”, pero agregó que los estudios que presentó la empresa tienen “un grado de responsabilidad y ciencia”.

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El viceministro Bejarano subrayó que aún será necesaria “mucha más exploración” para terminar de certificar las afirmaciones de la empresa y luego comenzar a pensar en la monetización de esos recursos. Estimó que el proceso de certificación podría extenderse a entre tres y cinco años.

Potencial energético

Sin embargo, agregó que el potencial es grande, teniendo en cuenta los números potenciales presentados.

“Un TCF equivale a 1.000 megavatios de potencia instalada por 20 años con ciclo combinado”, dijo. “Esto nos da una esperanza muy grande de que podamos tener generación térmica firme para sostener nuestro crecimiento, en el futuro mediano, a partir de moléculas nacionales”, detalló.

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El viceministro añadió que, para explotar adecuadamente el recurso en el futuro, será crucial el proyecto de gasoducto bioceánico que está en marcha y que creará una conexión a través del Chaco paraguayo entre las vastas reservas de gas de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, y el estado brasileño de Matto Grosso del Sur.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó estos trabajos a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por un monto millonario que supera los G. 17.500 millones. Las tareas avanzan lentamente debido a la falta de desembolso del MOPC, que libera el dinero a cuenta gotas.

Dinero público mal gastado

A pesar de que pareciera ser una suma millonaria la que el MOPC destina para estos arreglos, los responsables de estas empresas de vialidad alegan que el monto es insuficiente como para pensar en una reparación total y efectiva de los caminos.

El ideal sería levantar el terraplén, sobre todo en los lugares considerados críticos, y a una altura suficiente para evitar nuevas inundaciones. A esto se debería sumar la construcción de cunetas a ambos extremos y, por supuesto, la colocación de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe, que permitan la libre circulación de las aguas de lluvia.

Si se realizan estas reparaciones, lógicamente las aguas de lluvia no inundarán los caminos y solo bastarán unas pocas horas o, tal vez, un día para que se sequen los tramos en días de lluvia y vuelva a normalizarse la circulación de los vehículos, evitando así los aislamientos que suelen durar largos meses.

Con este dinero de más de G. 17.500 millones, podemos observar que se procede a levantar el camino en algunos pocos tramos, pero no a la altura que debería ser. Tampoco se observa la construcción de las cunetas a los extremos o, si se hace, es solo en unos pocos kilómetros.

Después de ocho meses del inicio de estos trabajos, que fueron paralizados durante varias semanas debido a la falta de desembolso, recién ahora se están colocando unos pocos tubos para hacer funcionar el sistema de alcantarillado, pero no en la cantidad que se requiere.

En este panorama y en base a experiencias de años anteriores, bastará que se produzcan lluvias que superen los 200 mm para que nuevamente varios kilómetros queden inundados, al no tener salida las aguas, y con ello se termine demostrando que el dinero público fue mal gastado.

Remiendos

A este drama del dinero público mal utilizado también se suma la misma Gobernación, cuyo titular, el colorado cartista Arturo Méndez, reconocía que no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar las reparaciones de los caminos de la forma en que debería ser.

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Ante esta triste realidad, el jefe departamental alegaba que, con el presupuesto que tiene, solo alcanza para realizar trabajos de parche, es decir, buscar la forma de mantener transitables los tramos, lo que por lo general se da en temporadas en las que no se tienen lluvias, como sucede actualmente.

Entonces, el dinero que utiliza la Gobernación, más lo destinado por el MOPC, que son todos recursos públicos, se tiran prácticamente por la ventana, pues no representan soluciones efectivas, sino simples remiendos.

A nueve días del inicio de la huelga, la cúpula del PLRA analizará la crisis de salud

Desde las primeras horas de la madrugada, antes de que despunte el alba, decenas de personas comienzan a formar fila sobre la calle Yegros, frente al Hospital General de Barrio Obrero en Asunción.

La escena se repite diariamente: pacientes abrigados, carpetas con fichas médicas bajo el brazo y una larga espera de más de dos horas hasta que a las 7:00 se abran las ventanillas de agendamiento.

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La crisis sanitaria persiste 🚨.

Pacientes de Luque y San Antonio deben madrugar desde las 5:00 AM para conseguir turnos y ecografías en el Hospital de Barrio Obrero.

Faltan especialistas y medicamentos en sus ciudades, obligándolos a viajar.#MóvilABC - @briancaceresv… pic.twitter.com/gMRVj7YZxG

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El colapso en las periferias fuerza la migración de pacientes

La constante en los testimonios recabados en el lugar es la imposibilidad de conseguir turnos o estudios complejos en las ciudades de origen dentro del departamento Central.

San Antonio y Luque son dos de los municipios desde donde se registra un importante flujo de ciudadanos que se ven obligados a migrar hacia la capital en busca de asistencia médica.

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Una paciente residente en la ciudad de Luque relató la travesía que debe realizar para agendar una ecografía mamaria. La saturación de los canales telefónicos y la falta de cupos en el hospital local la empujaron a buscar alternativas en Asunción.

“En Luque nunca vas a enganchar un número. Imposible la atención allá, tenés que llamar tres días antes e igual no podés conseguir los turnos. Por eso llamé acá a Barrio Obrero, me atendieron rápido y vine a esperar para mi cita”, relató la usuaria.

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Una situación idéntica atraviesan los pobladores de San Antonio. La escasez de equipos para estudios especializados y la falta de médicos especialistas obligan a los usuarios a levantarse a las 5:00 para abordar el transporte público y llegar a tiempo a las filas de agendamiento capitalinas:

“De San Antonio vengo. Me subí al colectivo a las 5:00 de la mañana para llegar a las 5:30 acá. Allá en San Antonio es peor si no tenés nada, no hay especialistas ni estudios. Solamente acá en Barrio Obrero encontramos respuesta”, manifestó otra de las ciudadanas en la fila.

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Atención humana frente al desabastecimiento de insumos

A pesar del déficit estructural de insumos y medicamentos que aqueja al sistema público de salud, los pacientes destacan la calidez y predisposición del personal profesional del Hospital de Barrio Obrero, convirtiéndolo en un centro de referencia para pobladores tanto de la capital como de zonas vulnerables como el Bañado Sur.

Vecinos de la zona costera señalaron que, aunque la falta de medicamentos obliga a las familias a realizar desembolsos de su propio bolsillo, la capacidad de respuesta profesional y la disponibilidad de estudios diagnósticos posicionan al hospital como uno de los más demandados.

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“De todos lados viene la gente acá. No nos dan medicamentos porque no hay, pero la gente viene igual porque atienden muy bien. Es un hospital muy querido porque en otros lados ni siquiera hay turno”, expresó una vecina del Bañado Sur.

Contrastes entre la gestión oficial y la realidad hospitalaria

Las historias de sacrificio cotidiano chocan frontalmente con los discursos oficiales. Recientemente, autoridades de la cartera de Salud anunciaron licitaciones, ampliaciones dentro del Presupuesto General de Gastos y proyecciones de inversión para la compra de medicamentos de cara al próximo año.

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Sin embargo, para las familias que aguardan a la intemperie desde las 5:00, el compromiso futuro no resuelve la urgencia del diagnóstico ni la falta de medicamentos en las farmacias hospitalarias el día de hoy.

Cómo la carne paraguaya puede ganar terreno en EE. UU. y qué beneficio trae la suspensión de aranceles

La preocupación en el sector ganadero ha alcanzado los despachos del Banco Central del Paraguay (BCP). En conversaciones con el directorio de la banca matriz, los directivos de la ARP manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario cambiario actual.

🔶 Impacto del dólar en ganadería: "Tenemos una disminución directa de ingresos del 25%", dicen desde ARP

🔶 "Lo que nosotros sostenemos es que, como nosotros vendemos el ganado en dólares a las industrias frigoríficas, naturalmente, de un tiempo a esta parte, tenemos… pic.twitter.com/4mND2gB5mP

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Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de la ARP, explicó de manera directa la mecánica detrás de la pérdida que argumentan los productores: “Como nosotros vendemos el ganado en dólares a las industrias frigoríficas, entonces, naturalmente, al convertir a guaraníes —que es en lo que abonamos la mayor parte de nuestras remuneraciones y de nuestros gastos— tenemos directamente un 25%, y más, de menos ingresos en los últimos 24 o 18 meses. Y no es poca esa disminución, estamos sufriendo los embates de esta situación”, detalló.

Dólar bajo y guaraní fuerte: ¿qué sectores ganan y cuáles pierden?

A pesar de que los precios internacionales de la carne han mostrado mejoras y el valor del ganado en dólares ha subido, el titular de la Comisión de Carne remarca que eso no se traduce en alivio financiero real para el campo.

“El ganado en dólares se volvió más caro, pero en guaraníes nosotros no sentimos eso. Cuando estamos pagando nuestras cosas con los gastos comunes para producir, los bienes que adquirimos están más caros porque la mayor parte de ellos están en guaraníes ahora”, recalcó en comunicación con ABC Cardinal.

Dólar en baja: inmobiliarios alertan por pérdida de previsibilidad y riesgo para nuevas inversiones

Asimismo, desmintió que la baja del dólar haya abaratado la estructura de costos. “Esta depreciación del dólar no se trasladó a los insumos en su mayor parte. Los insumos están más caros, bastante más caros que antes. Hay un dicho que solemos usar nosotros en el idioma pecuario: los precios cuando suben, suben por la escalera, pero cuando van a bajar, bajan bastante más complicado”, insistió.

🔶 Impacto del dólar en ganadería: "Tenemos una disminución directa de ingresos del 25%", dicen desde ARP

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¿Competitividad o variable de ajuste?

El reclamo de los gremios productivos —que piden intervenciones del BCP para mitigar las bajas pronunciadas del dólar— encuentra una dura resistencia en el plano social y macroeconómico. Balmelli enfatizó que los ganaderos no buscan desestabilizar la economía nacional ni empobrecer a la ciudadanía.

Industria nacional exige acciones urgentes del BCP ante la caída del dólar

“Quiero que quede bien claro: nosotros no tenemos ningún interés en que se alteren las reglas de la economía ni queremos que artificialmente se aprecie el dólar. Lo que sostenemos es que, así como se cortan los picos para arriba, también corresponde desde nuestra óptica cortar los picos para abajo. No queremos que nadie se haga pobre a cuenta de que los productores se hagan ricos”, dijo.

Además, recordó el peso estructural del campo. “El sector primario, más las manufacturas de origen agropecuario, aportan el 72% de todos los dólares que entran al Paraguay. Tampoco podemos desconocer esta situación. Es un sector que ocupa, demostrado por censo, a más de 300.000 personas que dependen directa e indirectamente de él”, refirió.

Dólar en baja: crece la incertidumbre entre sectores productivos y piden respuestas al BCP

Asimismo, se recordó durante la conversación que la función constitucional del BCP es velar por la estabilidad del guaraní y preservar el poder adquisitivo de la población. Entonces, cualquier intento de elevar artificialmente la cotización del dólar encarecería la canasta básica familiar, trasladando el costo de la competitividad privada a los trabajadores que perciben sus ingresos en moneda nacional.

🔶 Impacto del dólar en ganadería: "Tenemos una disminución directa de ingresos del 25%", dicen desde ARP

🔶 "Nosotros tenemos que tener en cuenta que, así como se está depreciando el dólar, Paraguay necesita esos dólares. El sector primario aporta el 72% de todos los dólares… https://t.co/L5GyDRCyb3 pic.twitter.com/DgbndDrz2b

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Reducción del hato ganadero y medidas de contingencia

El escenario se complica aún más al analizar el impacto de años anteriores marcados por la sequía y la baja rentabilidad, los cuales obligaron a liquidar vientres.

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“El hato ganadero se ha reducido sustancialmente en los últimos años por cuestiones climáticas y precios que no alcanzaban para hacer frente a los gastos. El productor terminó vendiendo gran parte de la fábrica, que son las vacas. Eso nos llevó a una reducción de la oferta que está arriba del millón de cabezas”, advirtió Balmelli.

Esta menor disponibilidad de ganado se traduce hoy en números críticos para la industria. “Estamos en casi 23% menos de faena en lo que va del año. Eso no es poco de ninguna manera, porque representa un volumen muy importante de carne que no se exportó”, puntualizó.

Cotización del dólar en descenso y acumula baja del 20% en un año

Consultado sobre las acciones que tomarán las empresas ganaderas si el guaraní se mantiene fuerte, el titular de la Comisión de Carne de la ARP concluyó: “Lo primero que hace cualquier empresario cuando está con una disminución de ingresos es pensar dónde tiene que apretar los tornillos en la inversión y en los gastos corrientes. Se empieza a ajustar en la limpieza del campo —que es algo muy oneroso pero fundamental para seguir produciendo—, se reducen costos y probablemente se tenga que refinanciar créditos”, finalizó.

🔶 Impacto del dólar en ganadería: "Tenemos una disminución directa de ingresos del 25%", dicen desde ARP

🔶 "Lo que el sector productivo sostiene es que, así como se cortan los picos para arriba, de repente, también corresponde, desde nuestra óptima, cortar los picos para… https://t.co/L5GyDRCyb3 pic.twitter.com/AG7wwez6AR

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En comunicación con ABC Color, Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad, comentó que agentes de la Dirección de Registro y Fiscalización de la fuerza antinarcóticos, con coordinación del fiscal Juan Sandoval, realizaron los allanamientos de forma simultánea en el marco de una operación denominada ‘JEOG’.

En las dos farmacias allanadas –El Amigo 1 y El Amigo 2-, los intervinientes hallaron varias irregularidades, incluyendo “productos de origen dudoso” y sin respaldo documental físico, y recetas selladas y firmadas, pero en blanco, dijo Ayala.

Vivienda allanada tiene “depósito gigantesco” de medicamentos

La vivienda allanada pertenece al propietario de las farmacias, un ciudadano surcoreano de nombre Won Hon Hwang, quien -según datos que maneja la Senad– no se encuentra actualmente en Paraguay y contra quien se dictaría hoy una orden de captura.

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El portavoz de la Senad comentó que en la vivienda fue hallado un sótano que funciona como “depósito gigantesco de medicamentos”.

Entre los fármacos hallados hay una cantidad importante de clonazepam y otros sedantes similares de origen argentino, cuya venta en Paraguay no está permitida.

Si bien el propietario de las farmacias no ha sido localizado, el fiscal Juan Sandoval comentó que dos personas, también de nacionalidad extranjera, familiares del dueño de los locales, fueron detenidas.

Los próximos días -el miércoles y el jueves- registrarían tiempo estable, sin probabilidades reales de precipitaciones. Sin embargo, el fin de semana volvería a traer lluvias.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay y hoy se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados en Asunción y una mínima de 16.

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Los índices subirían levemente entre mañana y el jueves, llegando a una máxima de 30 grados en la capital, aunque la temperatura volvería a bajar durante el fin de semana a niveles similares a los de ayer y hoy.

En tanto que desde Ueno, ante la solicitud de entrevista de ABC, Juan Gustale respondió ayer que derivará el pedido al equipo directivo y al área de comunicación. Nuestro diario espera desde hace semanas la concreción de dicha solicitud.

Las “megacuentas”

En una primera etapa de publicaciones, abordamos, por separado, las siguientes cuentas: Intangibles-sistemas, Anticipo a proveedores de software y empresas vinculadas, Participación de la entidad en “Otras sociedades” -principalmente firmas del mismo conglomerado empresarial-, Fideicomiso y “Otras ganancias diversas” -específicamente la subcuenta “Proyectos”-.

Pero si se realiza una lectura conjunta de su balance general -de acceso público tanto en la web de la entidad como en los reportes del BCP-, se observa que tres “megacuentas” específicas registran un elevado nivel de concentración en lo que en el sector contable llaman “activos no realizables” dentro de la estructura patrimonial de la entidad. En otras palabras, son bienes y derechos que una empresa no puede convertir en efectivo de forma rápida ni vender fácilmente en el curso normal de sus operaciones, ante una situación de necesidad.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo de las cuentas “Derechos Fiduciarios” (Nota c.7.c – Inversiones), “Bienes Intangibles – Sistemas” (c.9 – Cargos Diferidos) y “Participación en otras sociedades” (b.4) sumaba G. 3,7 billones (unos US$ 623 millones al cambio vigente).

Este volumen representa el 17,8% de todo el activo del banco, que cerró el ejercicio en G. 21 billones (Nota D - Estado de Situación Patrimonial - Total del Activo). Sin embargo, la cifra que sobresale surge al comparar esta suma con el Patrimonio Neto de la entidad, que cerró en G. 2,1 billones (Estado de Evolución del Patrimonio Neto). Las tres cuentas equivalen de manera conjunta al 177,5% de todo el capital propio de Ueno. En términos sencillos: por cada G. 100 de patrimonio neto que declara la entidad, acumula G. 177 en estos tres rubros “no realizables”.

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Si bien se trata de cuentas con naturalezas diferentes, cuya suma no permite concluir sobre la solvencia de la entidad, las magnitudes alcanzadas plantea preguntas sobre los activos que respaldan la institución del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente de la República, Santiago Peña. Al respecto, el BCP no ha querido responder incluso las consultas genéricas sobre el sistema financiero en su conjunto: ¿Cuál es el ratio de solvencia que se encuadra en los límites establecidos por el BCP? ¿Cuáles son los montos límites de inversión en intangibles-sistemas que no necesitan ser detallados en las notas de los estados financieros? ¿El ente regulador otorga dentro de regímenes especiales reglas particulares sobre participación en sociedades del mismo grupo?

US$ 354 millones en fideicomiso

Como ya hemos detallado en publicaciones anteriores, la mayor de las tres “megacuentas” corresponde a “Derechos Fiduciarios”, donde Ueno asienta un total de G. 2.105.743 millones (US$ 354 millones). Esta cifra representa, por sí sola, el 99,44% de todo el Patrimonio Neto del banco.

A diferencia de otros bancos de plaza, que utilizan los fideicomisos para administrar carteras de créditos problemáticos de categorías de riesgo 4, 5 y 6 —como es el caso de Banco Continental S.A.E.C.A., que tras prever carteras morosas mantiene un saldo neto de apenas G. 339.617 millones en la cuenta Derechos Fiduciarios (Nota c.7.d) o Bancop S.A. que reporta tan solo G. 10.303 millones netos en Inversiones en Fideicomiso (Nota c.8.d)—, en Ueno el activo responde a un concepto totalmente diferente.

El balance aclara expresamente que estos G. 2,1 billones corresponden a un fideicomiso constituido por “costos derivados del proceso de reorganización del modelo de negocio post fusión” con Visión Banco.

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Con la venia del BCP, la entidad financiera fue autorizada a “activar” sus gastos operativos, de integración y operativos de fusión, en lugar de imputarlos directamente como pérdidas en su estado de resultados. El balance público no desagrega qué gastos específicos, inversiones o proveedores componen estos US$ 354 millones que prácticamente igualan a todo el patrimonio del banco.

Una inversión en software que triplica a toda la competencia de plaza junta

La segunda gran “bolsa contable” se ubica en “Bienes Intangibles – Sistemas”, con un saldo neto de G. 761.444 millones (US$ 127 millones) al cierre de 2025, tras registrar incorporaciones de G. 654.799 millones solo durante el último año -una velocidad y monto sin igual en todo el entorno financiero-.

La diferencia frente a los competidores más grandes del sistema financiero local es más que importante. Si se suman los saldos en sistemas informáticos de nueve bancos de plaza juntos (Itaú, Continental, GNB, Familiar, Basa, Bancop, Atlas, Interfisa y Sudameris), el total de la competencia apenas alcanza los G. 269.233 millones (US$ 45 millones), de acuerdo con el cálculo realizado por ABC a partir de los balances de todas estas entidades. Ueno Bank, de manera individual, declara un activo tecnológico intangible que triplica a toda su competencia unificada.

En una nota enviada a este diario, el presidente de Ueno, Juan Manuel Gustale, argumentó que la entidad destinó US$ 120 millones a tecnología en los últimos 18 meses para sostener una base de más de 3 millones de clientes y 70 millones de transacciones mensuales. Sin embargo, la explicación no altera la inusual realidad de los números: la entidad mantiene una gigantesca cuenta genérica de software sin desglosarla públicamente. Vale decir, sin registrar sus desembolsos en la subcuenta de transparencia “337005 Softwares - Inversiones Mayores” exigida por la Resolución SB.SG. N.º 00105/2024 del BCP para sistemas de larga vida útil. Para la entidad, sin embargo, sus registros no violan dicha normativa.

De G. 10.900 millones a casi G. 900.000 millones en sociedades vinculadas

La tercera megaestructura aparece en la cuenta de “Participación en otras sociedades”, bajo el clasificador b.4. En 2024, Ueno registraba en este concepto la suma de G. 10.900 millones. Solo un año después, el rubro trepó a G. 891.586 millones, registrando un incremento del 8.000% (82 veces más).

La colocación de recursos en dos firmas tecnológicas y de procesamiento vinculadas al propio Grupo Vázquez explica casi la totalidad de ese salto interanual:

1. Red Digital de Procesamientos S.A.: Con un valor contable asignado de G. 640.468 millones.
2. Red Digital S.A.: Con un saldo de G. 236.231 millones.

Llamativamente, mientras Ueno Bank etiqueta contablemente en la clasificación “b.4” a ambas firmas como “Vinculadas”, en su Nota c.7 (apartado de Inversiones) asegura que “no existe influencia significativa” sobre ellas.

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Los números sorprenden aún más si se los compara con firmas consolidadas del rubro. De acuerdo con su balance 2025, Ueno posee el 9,09% de las acciones de Bancard S.A. (la procesadora de pagos líder y más grande de Paraguay), valorando dicha porción en G. 13.680 millones. Bajo el criterio aplicado por Ueno, sus nuevas procesadoras intragrupo son valuadas en libros en un valor exponencialmente superior, duplicando todo el patrimonio neto total de la gigante Bancard S.A., que asciende a G. 284.334 millones, de acuerdo con el balance de la compañía.

¿Cuál es la relación de estas cuentas en otros bancos?

El equipo de ABC que analiza los balances de los bancos de plaza contrastó estos tres rubros frente a las políticas de balance declaradas por las instituciones financieras tradicionales más grandes del país, al cierre de 2025 (este ejercicio de comparación puede hacerlo cualquier persona interesada sobre estos datos de acceso público).

• Banco Continental S.A.E.C.A. (La mayor entidad del sistema por volumen de activos):
• • Bienes Intangibles - Sistemas (Nota c.9 – Cargos Diferidos): Reporta un saldo neto de apenas G. 3.496.569.905 (US$ 588.000).
  • Derechos Fiduciarios (Nota c.7.d – Inversiones): Registra un total neto de G. 339.617 millones (US$ 57 millones). Continental utiliza de manera transparente este rubro para depositar créditos problemáticos o morosos bajo administración fiduciaria.
  • Participación en otras sociedades (Nota b.4 / Nota c.7): Declara un total de G. 794.530 millones (US$ 133 millones). Este saldo responde a inversiones reales en empresas consolidadas del sector como Bancard S.A. (12,12%), Bepsa S.A.E.C.A. (61,52%), Patria S.A. de Seguros y su filial Novo Banco Continental S.A. en Brasil.
• Banco Itaú Paraguay S.A. (Líder en volumen de depósitos y transacciones tradicionales):
• • Bienes Intangibles - Sistemas (Nota C.c.9 – Intangibles): Su patrimonio de software neto en libros asciende a G. 38.556 millones (US$ 6,4 millones). El balance individualiza esta cuenta de forma detallada.
  • Derechos Fiduciarios (Nota C.c.7 – Inversiones): No asienta saldos significativos de activos diferidos por reorganizaciones corporativas.
  • Participación en otras sociedades (Nota b.b.4 / Nota C.c.8): Registra un valor neto de G. 61.631 millones (US$ 10,3 millones), correspondiente a su porción minoritaria del 9,09% en Bancard S.A. y participaciones en la Caja de Valores del Paraguay S.A.
• Sudameris Bank S.A.E.C.A. (Segunda mayor entidad bancaria del país):
• • Bienes Intangibles - Sistemas (Nota c.9 – Cargos Diferidos): Reporta un neto de G. 24.432 millones (US$ 4 millones). El banco separa explícitamente sus inversiones en sistemas informáticos de los cargos diferidos pendientes de amortización de su reciente fusión con Banco Regional.
  • Derechos Fiduciarios (Nota c.7 – Inversiones): No mantiene cuentas fiduciarias activas destinadas a capitalizar pérdidas ordinarias. Sus costos diferidos de fusión por absorción, de G. 633.938 millones (US$ 106 millones), se declaran en la Nota C.9.
  • Participación en otras sociedades (Nota b.4 / Nota c.7): Declara G. 143.923 millones (US$ 24 millones), invertidos de manera directa en Bancard S.A. (9,09%), Sudameris Securities Casa de Bolsa (99,99%) y Sudameris Seguros (99,99%).
• Banco Familiar S.A.E.C.A. (Entidad referente del segmento retail paraguayo):
• • Bienes Intangibles - Sistemas (Nota C.9 – Cargos Diferidos): Registra un neto de G. 23.895 millones (US$ 4 millones).
  • Derechos Fiduciarios (Nota c.8 – Inversiones): No reporta activos fiduciarios de reorganización de negocios.
  • Participación en otras sociedades (Nota b.4 / Nota c.8): Reporta G. 151.997.760.000 (US$ 25,4 millones). El balance de Familiar detalla de forma explícita que este dinero respalda el capital accionario integrado en Familiar Seguros S.A. (99,5%), Familiar Casa de Bolsa (96,07%), Ética S.A. (99,5%) y Bancard S.A. (9,09%).

En Ueno, en total, la estructura sumada de G. 3.758.774 millones al cierre de 2025 son recursos equivalentes al 177,5% del patrimonio neto y aproximadamente al 170% de su patrimonio efectivo, que cerró 2025 en G. 2.206.494 millones. Este último, según explican los entendidos en contabilidad, es el indicador patrimonial utilizado por la regulación para los límites de apalancamiento y la medición de solvencia real ante el mercado.

Filizzola denuncia concentración en Ueno Bank y pide al BCP investigar

En IPS hasta obligan a jubilados a tener cuenta en Ueno

Esta situación es relevante por tratarse de un “banco sistémico”, tal como lo califica el propio BCP. De hecho, la misma entidad se jacta en sus publicidades de que “dos de cada tres paraguayos usan Ueno”.

Pero sobre todo por la vinculación con el Instituto de Previsión Social (IPS). Recientemente, el director de Inversiones de IPS, Hugo Díaz, reconocía en una entrevista con el programa “Va con onda” de Radio Monumental que los jubilados que toman préstamos de la previsional son obligados a tener una cuenta en dicho banco, porque ahí se les acredita el crédito.

Argumentaba que la previsional tiene un convenio con la entidad como una “herencia” del exbanco Visión y que el IPS “no puede” adjudicar los cientos de préstamos a diferentes bancos. Por ese motivo, se le abre una cuenta en Ueno al beneficiario del crédito (recursos aportados por los trabajadores y los empresarios a lo largo de las décadas).

Precisamente, Ueno tiene relevancia porque es el banco privado que concentra la mayor cantidad de captaciones de recursos públicos. De acuerdo con el último reporte oficial de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre de julio, los depósitos de los organismos estatales y del IPS concentrados en la entidad escalaron a G. 5,1 billones.

Ese dinero público y de los jubilados depositado en la entidad supera en G. 2,9 billones toda su solvencia real de respaldo (su Patrimonio Efectivo de G. 2,2 billones). Aún así, al menos desde ABC, no hemos accedido a ninguna respuesta concreta de parte del BCP.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, en inmediaciones de las calles Capitán Vicente Suárez y Presbítero Lorenzo Pérez Vellozo. Según el informe policial, la víctima, Diego David Dure Velázquez, se encontraba dentro de su vivienda cuando observó a dos desconocidos manipulando varios vehículos.

Los sospechosos también se acercaron al automóvil de la víctima e intentaron quitarle uno de los espejos. Al percatarse de la situación, el propietario salió para impedir el robo, pero los hombres abordaron rápidamente una motocicleta y escaparon.

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Persecución durante unas 30 cuadras

Los vecinos alertaron a la Policía y se inició un operativo conjunto entre agentes de la Comisaría 10ª de Asunción y la Comisaría 12ª Metropolitana.

El oficial Marcos Collante señaló que la persecución se extendió durante aproximadamente cinco minutos y unas 30 cuadras. Los agentes realizaron un rastrillaje por las calles de la zona hasta localizar a los sospechosos.

Los dos hombres circulaban en una motocicleta Yamaha FZ-FI de color negro. Durante la intervención, ambos cayeron del biciclo, circunstancia que facilitó su aprehensión, según explicó el oficial.

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Incautaron herramientas utilizadas para el intento de robo

Los detenidos fueron identificados como Richard Diosnel Martínez Ferreira, de 19 años, y Gustavo Adolfo Juárez Benítez, de 31 años. Ambos son oriundos del barrio Trinidad y, según la Policía, no cuentan con antecedentes penales.

Durante el procedimiento fueron incautados una pinza con mango amarillo y un cuchillo de mesa con mango de color naranja, elementos que presuntamente serían utilizados para retirar las autopartes. También fue incautado un teléfono celular, que quedó a disposición del Ministerio Público.

La motocicleta Yamaha, modelo FZ-FI Blue Ore, año 2016, con chapa 517 BSB, también quedó incautada. Según la Policía, el biciclo no figura como robado y contaba con la documentación correspondiente.

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No llegaron a sustraer ninguna autoparte

El oficial Collante explicó que los sospechosos fueron sorprendidos antes de concretar el robo. No llegaron a retirar el espejo ni ninguna otra pieza de los vehículos.

Los aprehendidos optaron por guardar silencio y no brindaron explicaciones sobre lo ocurrido.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno, Ariela Chaparro, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial N° 8, quien quedó a cargo de la investigación del supuesto hecho de tentativa de hurto de autopartes.

El mayor sistema por cantidad de entidades continúa siendo Brasil con 155 bancos en diciembre de 2025. En 2013 registraba 157 y en 2020 había alcanzado 161. Le siguen Argentina con 73 entidades, y México con 51. Este último es uno de los mercados que presentó una expansión durante el período analizado, al pasar de 47 bancos en 2013 a 50 en 2020 y 51 en 2025.

Paraguay se encuentra considerablemente por debajo de esos mercados. Entre los países sudamericanos incluidos en los datos de la FELABAN, sus 16 entidades superan únicamente a Bolivia (14) y Uruguay (10). Por encima se encuentran Chile (17), Perú (19), Ecuador (23), Colombia (30), Argentina (73) y Brasil (155).

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En el conjunto latinoamericano presentado por la Federación, Paraguay comparte la cifra de 16 bancos con República Dominicana. Solo cinco mercados con información disponible terminaron 2025 con una cantidad inferior: Honduras (15), Bolivia (14), Costa Rica y El Salvador, ambos con 13, y Uruguay con 10, tal como se mencionaba.

La comparación también evidencia que un menor número de entidades no constituye una particularidad paraguaya. Al sumar, el total pasó de 551 entidades en 2013 a 533 en 2020, 524 en 2025 y al primer trimestre de este año, 526 entidades. Esto implica una reducción de 27 bancos entre el primer y el último año de la serie. La trayectoria refleja que varios sistemas bancarios regionales operan actualmente con menos jugadores que una década atrás.

Otros mercados, en cambio, ampliaron su número de entidades. Colombia pasó de 24 bancos en 2013 a 25 en 2020 y 30 en 2025, mientras Perú aumentó de 16 a 19. Guatemala pasó de 18 a 19 y México añadió cuatro entidades durante el período.

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En ese escenario, Paraguay sobresale, principalmente, por la estabilidad de su estructura bancaria. Los 16 bancos registrados en 2025 representan un retorno al mismo nivel observado en 2013, luego del incremento temporal a 17 entidades en 2020.

Mientras algunos países experimentaron una expansión y otros atravesaron reducciones importantes, el mercado paraguayo mantuvo prácticamente inalterada la cantidad de participantes durante más de una década.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en el local Deco 8 Plants, ubicado sobre la calle Fulgencio Yegros entre Pacha Garmendia y San Francisco, en la zona sur de la ciudad.

Según el reporte de la Comisaría 2ª Central, el hombre ingresó al local aprovechando que uno de los empleados se encontraba atendiendo a un cliente. Posteriormente, se dirigió hasta la oficina de atención y comenzó a revisar una caja ubicada en una de las esquinas.

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Lo sorprendieron dentro de la oficina

El movimiento fue advertido por uno de los empleados, quien sorprendió al sospechoso en flagrancia. Al ser consultado sobre el motivo de su presencia en la oficina, el hombre no habría podido justificar su ingreso.

Posteriormente, intentó escapar del lugar, pero fue reducido por los empleados. Los trabajadores solicitaron la presencia de agentes policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

El propietario del vivero cuenta además con imágenes de circuito cerrado en las que quedó registrado el ingreso del sospechoso y su desplazamiento hasta la oficina. Las grabaciones fueron puestas a disposición de los investigadores.

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Tiene 11 antecedentes penales

El aprehendido fue identificado como Osvaldo César Villanueva, de 30 años, quien cuenta con un extenso historial de antecedentes penales.

De acuerdo con el informe policial, registra 11 antecedentes, entre ellos por hurto, hurto agravado, tentativa de hurto agravado y robo agravado, correspondientes a los años 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2026.

La Policía señaló que el sospechoso fue detenido en flagrancia por el supuesto hecho de hurto en grado de tentativa.

No se precisó cuánto dinero había en la caja

El encargado del local manifestó que en la caja se encontraba dinero correspondiente a la recaudación del día. Sin embargo, no se precisó el monto que había en el interior ni si el sospechoso llegó a apoderarse de alguna suma.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N° 1 de Fernando de la Mora, Jessika Verocay, quien dispuso que Villanueva permanezca a disposición del Ministerio Público.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del intento de hurto y establecer si el detenido estaría relacionado con otros hechos similares.

El procedimiento se produjo alrededor de las 17:00, cuando agentes de la Comisaría 2ª Central realizaban una patrulla preventiva por el sector. Los uniformados observaron un automóvil Mercedes-Benz C220, con el motor en marcha y estacionado junto a otro Mercedes-Benz que se encontraba incautado.

Según el informe policial, dos hombres estaban manipulando componentes del vehículo depositado. Al ser consultados, manifestaron que eran mecánicos y que habían llegado desde la ciudad de Luque.

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Uno tenía orden de captura y otro arresto domiciliario

Los agentes identificaron a los sospechosos como Juan Carlos Miller Yubis, de 45 años, y Oscar Solís López, de 48 años. Ambos manifestaron dedicarse a la mecánica y residir en la ciudad de Luque.

La Policía constató además que Miller Yubis contaba con una medida de arresto domiciliario, mientras que Solís López registraba una orden de captura por un supuesto caso de violencia familiar.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Policía, Miller Yubis debía cumplir arresto domiciliario por una causa de supuesta apropiación, según una resolución judicial de marzo de este año. Solís López, por su parte, tenía una orden de captura emitida en octubre de 2023.

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El vehículo estaba bajo custodia del Ministerio Público

El automóvil que estaban manipulando es un Mercedes-Benz C270 CDI, modelo 2002, con matrícula BSD508, que se encontraba depositado a disposición del Ministerio Público, bajo responsabilidad de una unidad fiscal de Fernando de la Mora.

El informe señala que el motor y el cigüeñal del vehículo estaban separados del chasis y se encontraban sobre la capa asfáltica. Los policías observaron a los dos hombres manipulando componentes que estaban a la vista.

El comisario José Acosta explicó que en el sector de la calle 28 de Febrero existen varios vehículos depositados a disposición de distintas unidades fiscales. La Policía mantiene vigilancia preventiva en el lugar para evitar el hurto de piezas.

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“Venían a buscar repuestos”, según la Policía

De acuerdo con el jefe policial, los sospechosos aparentemente llegaron hasta el lugar con la intención de obtener repuestos, pero de manera irregular. Los agentes intervinieron antes de que pudieran retirar las piezas del vehículo.

En el procedimiento también fue incautado el Mercedes-Benz C220 negro, con matrícula BYE672, en el que se desplazaban los detenidos. El rodado quedó a disposición de la Fiscalía.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de Fernando de la Mora, Jessika Verocay, quien dispuso la permanencia de ambos hombres a disposición de su unidad fiscal. También se comunicaron las situaciones procesales de los detenidos a las autoridades que llevan sus respectivas causas.

La víctima fue identificada como César Javier Vega Estigarribia, quien recibió impactos de arma de fuego en la pierna y la zona abdominal. Tras el ataque, fue auxiliado por un vecino y trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital de Trauma.

El subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría 13ª de Asunción, señaló que fueron alertados por personal policial de guardia del hospital sobre el ingreso del herido.

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Escucharon los disparos y encontraron al herido

Según los datos recabados por la Policía, Vega Estigarribia caminaba hacia una despensa para realizar unas compras cuando fue atacado. El hecho se produjo en un camino desolado, por lo que hasta el momento no se cuenta con testigos directos.

Vecinos manifestaron a los agentes que escucharon los disparos y posteriormente salieron a verificar lo ocurrido. Uno de ellos, identificado como Sebastián Delvalle González, de 21 años, auxilió a la víctima y la trasladó hasta el Hospital de Trauma.

El subcomisario indicó que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, no se trataría de un asalto, ya que no existen indicios de que el atacante haya actuado con fines de robo. La principal hipótesis apunta a un ataque dirigido, aunque el móvil todavía no fue determinado.

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Víctima tiene antecedentes

El informe policial señala que Vega Estigarribia cuenta con antecedentes por hurto agravado, en 2016, y hurto agravado y resistencia, en 2023.

El hombre permanece internado con diagnóstico reservado. Al momento del reporte policial se encontraba en quirófano, mientras los investigadores aguardaban información sobre su evolución.

Agentes del Departamento de Criminalística y de Homicidios fueron convocados al lugar para realizar la inspección y levantar evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el ataque y quién efectuó los disparos.

Investigan el móvil del ataque

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional, con intervención del Ministerio Público. Los investigadores buscan establecer si la víctima fue seguida hasta el lugar o si el atacante ya la estaba esperando.

Arzamendia señaló que el sector es un asentamiento considerado generalmente tranquilo y que los hechos registrados habitualmente corresponden a problemas familiares. Un ataque con arma de fuego de estas características, agregó, resulta poco frecuente en la zona.

La investigación continúa y se aguarda la recolección de más elementos para identificar al responsable y determinar el trasfondo del ataque.

Sin embargo, los datos del gremio médico dan cuenta de que la cifra total asciende a 431 renuncias y podría llegar a 600 dimisiones, en áreas como terapia pediátrica, anestesiología, neurocirugía y cirugía pediátrica, entre otras especialidades críticas. En hospitales como el de Trinidad y el Regional de San Ignacio (Misiones), la totalidad del plantel presentó su dimisión.

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Diez días de plazo y “ambigüedades” en los cargos

Estigarribia señaló que la cartera dispone de un plazo de diez días para determinar si las renuncias proceden o no, decisión que quedará en manos de la máxima autoridad del Ministerio. El funcionario sostuvo además que existen “cuestiones muy ambiguas” en la terminología utilizada por los renunciantes, citando como ejemplo que la anestesiología figura como una función dentro del sistema y no como un cargo o jefatura, lo que —según el Ministerio— podría derivar en conflictos judiciales antes que administrativos si no se interpreta con precisión.

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Recambio en duda pese al optimismo oficial

Para respaldar la idea de que el sistema podrá absorber las bajas, el director de Gabinete mencionó que el Ministerio cuenta con una base de datos de aspirantes surgida de recientes concursos de desprecarización, en los que se ofrecieron 2.310 cargos y se presentaron más de 13.000 postulantes, cifra que luego se amplió a 11.100 cupos habilitados por el equipo económico.

Esa bolsa de postulantes, sin embargo, proviene de concursos generales de desprecarización de funcionarios, no de procesos específicos para cubrir plazas de especialistas y subespecialistas.

El Sinamed, por su parte, sostiene que la formación de un anestesiólogo u otro especialista demanda años de residencia y que ese perfil no está representado en el mismo banco de elegibles que nutre a otros cargos del escalafón público. El Ministerio no se refirió puntualmente a esta diferencia entre ambos tipos de convocatoria.

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Lo que viene: entre lo administrativo y lo judicial

El Ministerio insistió en que actuará “cuidando todos los detalles” para evitar que la aceptación de las renuncias derive en reclamos posteriores de los propios médicos por presunta falta de resguardo de sus derechos laborales. Estigarribia remarcó que la cartera evalúa, en paralelo, las obligaciones contractuales vigentes y las eventuales consecuencias legales del “modus operandi” de este grupo de profesionales.

Con datos oficiales que reconocen menos del 15% de las renuncias denunciadas por el gremio y una discusión abierta sobre la disponibilidad real de especialistas para reemplazarlas, el conflicto entre el Ministerio y el sector médico especializado sigue sin resolverse.

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Petta niega “orden superior” para apurar registro de título de Rivas

El medio europeo destacó cómo la ciudadanía paraguaya sigue el juicio oral y público a través de las transmisiones de televisión como si se tratara de partido de fútbol.

El artículo relata cómo fue el ascenso político de Rivas bajo la sombra tutelar del movimiento oficialista Honor Colorado y el padrinazgo del expresidente Horacio Cartes, además del respaldo expreso del actual mandatario, Santiago Peña, quien en su momento llegó a declarar que no le causaba “ni un poco de vergüenza” la designación del cuestionado legislador.

Testimonios de película y la sombra del narcotráfico

La publicación española hace un repaso de los detalles más insólitos expuestos durante el juzgamiento en Asunción. Entre los elementos más llamativos resalta la procedencia del certificado de estudios emitido por la extinta Universidad Sudamericana, una de las denominadas “universidades de garaje” cuya propiedad estuvo ligada históricamente a capos del narcotráfico fronterizo como Jorge Rafaat Toumani y Jarvis Chimenes Pavão.

MEC registró título de Hernán Rivas por “orden superior”, pese a rosario de irregularidades

Asimismo, se menciona la insólita declaración del exdecano de Derecho, Óscar Rodríguez Kennedy, quien admitió ante el Tribunal que firmó el título de Rivas dentro de su automóvil estacionado frente al campus, por puro “temor a una demanda” y sin verificar si el político realmente fue su alumno.

El medio internacional también se hizo eco de los insostenibles registros académicos de Rivas, quien según los documentos oficiales habría llegado a rendir hasta seis materias complejas en un solo día, una hazaña calificada de “imposible” por las propias exautoridades universitarias que atestiguaron en el proceso.

La nómina de testigos, que incluye al exrector Euclides Acevedo y a exdocentes, coincide unánimemente en que nadie vio jamás al exsenador rindiendo exámenes o asistiendo a clases en los pasillos de la institución.

La punta del iceberg de un esquema de corrupción en la educación

Rivas, acorralado por el avance de la causa por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, debió renunciar a su banca en el Senado para evitar un inminente juicio político de pérdida de investidura.

Juicio a Hernán Rivas: testigos refuerzan sospechas sobre título “mau” de abogado

Rivas enfrenta una expectativa de pena de hasta 11 años y seis meses de prisión. La prensa extranjera advierte que este juicio destapó la existencia de un negocio sistémico de venta de títulos falsificados en el país. Con más de 300 diplomas bajo sospecha denunciados por el propio Ministerio de Educación y cientos de funcionarios sumariados, el caso Hernán Rivas se consolidated ante la mirada del mundo como el símbolo máximo de la degradación institucional paraguaya.

El reporte meteorológico señala que varios núcleos de inestabilidad continúan desarrollándose sobre el norte y este de la región Oriental, así como en el noreste del Chaco, con alta probabilidad de generar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y la caída puntual de granizo.

Meteorología emite aviso por lluvias y tormentas en la Región Oriental

De acuerdo con la indicación oficial, la franja de mayor riesgo abarca al norte y este del departamento de Concepción, además de Amambay, Canindeyú y el departamento de Alto Paraguay.

Mejoramiento paulatino a partir de mitad de semana

Según explicó la meteoróloga de guardia, Celia Sanguinetti, el panorama de inestabilidad comenzará a ceder gradualmente con el correr de las horas. Para la jornada de este martes aún se aguardan lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional, pero con una clara tendencia a que el tiempo vaya mejorando durante la tarde.

Ya para el miércoles, la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula en todo el mapa paraguayo.

En lo que respecta al ambiente térmico, se proyectan amaneceres frescos y tardes cálidas a nivel nacional tanto para el martes como para el miércoles.

“No puede haber una justicia para los poderosos y otra para el ciudadano común”, sostiene el texto, que remarca que la gravedad de las denuncias se agrava porque involucran a quienes ocupan la cúspide del Poder Judicial.

“Nuera VIP” del presidente de la Corte cobró sin trabajar casi G. 278 millones

Un “sin rumbo” que se arrastra hace meses

Consultado por ABC Color, el abogado Antero Prieto, referente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, explicó que la UNABIP —integrada por once asociaciones del interior— decidió reaccionar ante lo que describió como una serie de hechos que fueron sucediéndose “en los últimos meses” y que reflejan, a su juicio, un rumbo errático de la Corte.

Prieto mencionó, entre los antecedentes que motivaron la posición del gremio, la “reunión secreta” entre ministros, el presidente de la República y el titular del Partido Colorado, además de un encuentro reciente sobre cuestiones electorales realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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Diálogo cortado con las asociaciones del interior

El referente gremial señaló además que la comunicación que antes existía entre la Corte y las asociaciones de abogados del interior “se ha cortado de una forma abrupta e inexplicable”, sin que hasta el momento exista una explicación formal por parte del máximo tribunal.

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Familiares de ministros, en el centro de la polémica

El detonante inmediato del comunicado, según Prieto, fue la aparición de familiares directos de dos ministros de la Corte —la esposa de uno de ellos y la nuera de otro— en cuestiones que aún no fueron esclarecidas. “Las explicaciones que se han intentado, más que luz, lo que ha arrojado es todavía mayor sombra”, afirmó el abogado.

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Qué dice la ley sobre el nepotismo en la función pública

El comunicado de UNABIP recuerda que la Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y la independencia del Poder Judicial. Cita además la Ley N° 5.295/2014, modificada por la Ley N° 7.302/2024, que prohíbe expresamente el nepotismo en la función pública e incluye entre las autoridades alcanzadas a los ministros de la CSJ. A esto se suma el Código de Ética Judicial, que exige a los magistrados actuar con independencia, evitar privilegios y favoritismos, e impedir que familiares o allegados influyan en sus decisiones.

La entidad exige “el inmediato y transparente esclarecimiento de los hechos denunciados, sin privilegios, encubrimientos ni corporativismos”, y reclama que los órganos competentes determinen las responsabilidades éticas, administrativas, civiles, penales o políticas que correspondan.

Advertencia: “el país está hirviendo”

Para Prieto, la Corte debería “parar un poco la pelota” y salir de un entorno que calificó como una burbuja ajena a la realidad nacional. “El país está hirviendo, literalmente”, advirtió, al llamar a anticipar un eventual conflicto mayor mediante el diálogo antes de que la situación escale.

El comunicado cierra con un llamado a la ciudadanía y a las autoridades: “Cuando se pierde la confianza en la Justicia, no se debilita solamente un Poder del Estado: se resquebraja la República.”

Los acuerdos buscan otorgar mayor previsibilidad y eficacia a los procedimientos que requieren la actuación coordinada de las autoridades de ambos países, en atención a la movilidad de personas, las relaciones económicas y comerciales y la dinámica propia de una frontera de intensa interacción, refiere un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Durante la suscripción, el canciller Rubén Ramírez Lezcano expresó que estos instrumentos reflejan “el compromiso firme entre la República del Paraguay y la República Argentina para profundizar nuestra alianza estratégica, mediante herramientas jurídicas eficientes y de gran impacto”.

Asimismo, Ramírez Lezcano señaló que la seguridad jurídica constituye un componente clave para la previsibilidad y la confianza entre los Estados, así como para el desarrollo económico, el fomento de las inversiones, la eficiencia en la administración de justicia y el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, el ministro subrayó que la intensidad de los vínculos entre ambos países, la movilidad transfronteriza de personas y bienes y el flujo permanente de capitales hacen necesario contar con un marco jurídico que otorgue certezas normativas y permita respuestas eficaces, acompañadas de una cooperación jurídica internacional eficiente.

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¿Qué firmaron los cancilleres?

El primer acuerdo alude al “Tratado de Asistencia Jurídica Internacional sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias”. El documento establece mecanismos para facilitar el reconocimiento y la ejecución, en uno de los dos países, de decisiones judiciales dictadas en el otro, conforme a las condiciones previstas en el acuerdo.

El reporte oficial indica que la implementación de este marco permitirá brindar mayor seguridad a las personas y actores económicos que mantienen vínculos jurídicos en ambos países, contribuyendo a una cooperación judicial más ágil y previsible.

El otro entendimiento es el “Tratado de Cooperación Jurídica Internacional en materia de Restitución Internacional de Niños y Retornos Seguros”. El acuerdo está orientado a fortalecer la coordinación entre las autoridades paraguayas y argentinas que involucren a niños, niñas y adolescentes de ambos países.

El instrumento, refiere el informe, establece mecanismos de cooperación destinados a facilitar una respuesta oportuna y coordinada, con las debidas garantías y atendiendo al interés superior del niño.

“La suscripción de ambos instrumentos representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Paraguay y Argentina y reafirma la voluntad de ambos países de continuar desarrollando herramientas jurídicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus ciudadanos”, apunta el reporte de la Cancillería.

Según el documento, los proyectos “no contribuyen a resolver los significativos desafíos que se avizoran en el corto plazo para el sector eléctrico” y representan, en cambio, “distractores” que consumirán tiempo y esfuerzo en poner en marcha nuevas instituciones que “no conseguirán instalar un solo megavatio de infraestructura eléctrica”.

Los firmantes cuestionan que la creación de un ministerio mediante la absorción de dependencias de menor rango no garantiza por sí sola coordinación en política energética, y remarcan que las representaciones paraguayas en Itaipú y Yacyretá quedan fuera de la rectoría del ministerio propuesto.

El comunicado advierte sobre la intención de transferir las responsabilidades de planificación eléctrica de la ANDE al nuevo ministerio. Los gremios sostienen que esa función requiere “un profundo conocimiento de las necesidades reales del sistema” y que alejarla del responsable directo del sistema eléctrico solo generará “mayor burocracia” y más demoras en los ya prolongados plazos de las obras de infraestructura.

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Un directorio de tres personas

El proyecto del Ente Regulador de Energía (ERE) es calificado como “aún más preocupante”. Según los gremios, plantea concentrar facultades normativas, técnicas, económicas, fiscalizadoras y hasta sancionatorias sobre todo el sector energético —electricidad, biomasa, hidrocarburos y combustibles— en tres directores designados por el Poder Ejecutivo, a partir de ternas propuestas por el Gabinete Civil de la Presidencia.

El comunicado sostiene que “el histórico actuar de la política criolla” no permite garantizar la independencia y autonomía de ese directorio, que regirá “uno de los mayores sectores de la economía nacional”.

Los gremios también objetan que el proyecto utilice términos como “precios de mercado”, “usuarios regulados y no regulados” o “agentes” sin una definición clara de sus alcances, lo que a su criterio equivale a intentar definir un mercado eléctrico sin contar con una ley de estructuración previa del sector.

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Costo adicional para el usuario

De acuerdo con el documento, el proyecto establece un costo adicional del 2% para el usuario del servicio eléctrico, destinado a financiar el funcionamiento del ERE.

Los firmantes advierten además que el ente se incorporaría a procesos operativos de la empresa eléctrica -como la elaboración de pliegos de licitación, términos de contratos y aprobación de inversiones- lo que, sostienen, únicamente elevará los costos y retrasará la implementación de obras.

El comunicado también cuestiona que, en un proyecto destinado a crear un ente regulador, se pretenda imponer un Plan de Medición Inteligente, interfiriendo en decisiones técnicas y operativas de la empresa eléctrica mediante decreto reglamentario.

Para los gremios, esa disposición “abre legítimos cuestionamientos sobre los intereses económicos que podrían existir detrás de los proyectos de ley presentados”.

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Los gremios plantean que ni el nuevo ministerio ni el ente regulador son necesarios para lograr previsibilidad, transparencia y mejores condiciones de inversión, objetivos declarados por el Poder Ejecutivo. A su entender, basta con resolver la situación financiera de la ANDE otorgándole tarifas que cubran los costos, “para garantizar el repago de las inversiones eléctricas”, conforme al esquema tarifario ya previsto en la Ley N° 966.

En ese sentido, recuerdan que la UIA presentó una propuesta de subasta para la asignación de potencias a industrias electrointensivas, orientada a la transparencia y a maximizar los ingresos del país, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta de ninguna autoridad.

El comunicado enmarca los dos proyectos dentro de lo que describe como una seguidilla de decisiones sobre la arquitectura institucional del sector: desde un intento previo de crear un “superministerio de industria y comercio”, pasando por decretos que promovieron tarifas por debajo del costo real del suministro, hasta las actuales iniciativas.

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Para los firmantes, esta sucesión “revela que estamos ante una nueva improvisación del Gobierno y ausencia de una visión de estructuración integral del sector eléctrico, o ante un mero intento de retirar competencias y atribuciones de la ANDE”.

El documento cierra con una frase que resume la postura gremial: “Los urgentes desafíos del sector eléctrico no se resuelven creando más instituciones, sino haciendo funcionar correctamente las que ya existen”, y destacan que “la verdadera reforma pasa por fortalecer la ANDE, devolver la primacía a las decisiones técnicas y hacer cumplir el marco jurídico vigente”.

El comunicado lleva las firmas de Mabel Martínez (SIPRA), Manuel Mettel (UIA), Adolfo Villalba (SITRANDE) y Aldo Portero (APROANDE).

Se reunió la Mesa del Sector Eléctrico

En paralelo, para hoy estaba prevista la segunda reunión de la Mesa del Sector Eléctrico, convocada por instrucciones del Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez, para las 14:00 horas en Mburuvicha Róga.

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El orden del día incluía cuatro puntos: una presentación de la ANDE sobre su plan de gestión de corto y mediano plazo; un estudio de la tarifa técnica a cargo del CEARE, con participación presencial de sus técnicos; una presentación preliminar de las adecuaciones a los anteproyectos de ley de creación del Ministerio de Energía y del Ente Regulador del Sector Eléctrico, junto con la revisión de las observaciones recibidas a través de la página web habilitada para comentarios ciudadanos; y la definición de los próximos pasos. El encuentro tenía una duración estimada de tres horas.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo voceros oficiales que se pronunciaran sobre los resultados de la reunión tras su culminación, por lo que se desconoce si en ese ámbito se abordaron los cuestionamientos planteados horas antes por los gremios de la ANDE en su comunicado.

Bajo la consigna “Salud está de luto”, el gremio de oncologicos recordó que salud pública paraguaya tocó fondo y exigió al Poder Ejecutivo una intervención urgente para frenar la ola de renuncias de médicos especialistas.

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La nucleación de pacientes enfatizó que la renuncia masiva de profesionales, que conocen a fondo los expedientes y acompañan la evolución de cada enfermo, representa un golpe para quienes dependen de la red estatal.

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El comunicado de los pacientes apunta hacia las prioridades del Gobierno Central y desbarata el discurso oficialista de los megaproyectos de infraestructura. “No alcanza con inaugurar obras si no tenemos profesionales para atenderlas. No alcanza con anunciar inversiones si faltan medicamentos y especialistas”, expresó la organización.

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Desde la asociación remarcaron que no buscan ser meros espectadores de una tragedia anunciada que golpea la dignidad de las familias paraguayas más vulnerables. Por ello, instaron al jefe de Estado a asumir un liderazgo firme, convocar de inmediato a los gremios de la salud, escuchar sus reclamos laborales y pactar condiciones dignas que detengan la fuga de talento humano hacia el sector privado o el exterior.

Asimismo, a nivel personal, el médico señaló que las cifras sobre el aumento presupuestario presentadas por las autoridades buscan “enmascarar algo para que parezca más grande”.

Incluso describió que la ministra Barán se mostró con “cierta soberbia” por el argumento de la funcionaria sobre que “las puertas están abiertas” para dialogar con el sector, pero no sería ella quien tiene la iniciativa para plantear soluciones.

“Nosotros ya le planteamos todas las opciones”, enfatizó Riveros y también criticó las menciones a la carrera sanitaria, ya que según detalló, “es el escudo del Gobierno” desde el 2012 cada vez que hay una crisis dentro del sector.

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“Oscurecieron el panorama”

Como parte de su postura, el médico aseguró que la expectativa a la conferencia del Gobierno “era muy grande”, sin embargo, tras lo anunciado considera que “oscurecieron más el panorama”.

“Respuestas muy confusas, pocos claras, que miren mañana por la tele qué les parece el presupuesto y podemos hablar”, señaló.

Además, aunque la ministra haya declarado tener 61 renuncias sobre su mesa, Riveros aclaró que esta cifra no refleja la realidad de la crisis, ya que en hospitales como el de Trauma se presentaron cartas de dimisión que fueron rechazadas bajo el argumento que deben ser presentadas ante la cartera sanitaria.

Finalmente, reiteró que la huelga causa un “gran impacto” a nivel de salud pública, ya que en solo una semana de huelga se suspendieron cerca de 28.000 consultas programadas y alrededor de 3.000 cirugías.

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El legislador de la ANR aludió a la huelga de médicos y las renuncias masivas de profesionales de la salud pública, ante la negativa del gobierno de Santiago Peña de acceder a sus reclamos de reajuste salarial, tras años de postergaciones.

“Es hora de dejar el modo rally y gobernar con visión de estadista y responsabilidad. Desde el Senado asumo mi posición firme en favor de la salud y la paz social buscando articular esfuerzos y acciones que nuestro pueblo espera de sus gobernantes. Que las lágrimas de pacientes, familiares y médicos no sean en vano”, cuestionó el senador Varela.

El parlamentario colorado disidente aludió a que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, futuro presidenciable cartista para el 2028, priorizaron el “WRC Rally del Paraguay 2026″ que culminó ayer en el departamento de Itapúa.

Peña y Alliana se instalaron en la zona Sur del país desde el jueves pasado, posteando constantemente en redes sobre sus presencias en la competencia motor mundial.

Mientras en todo el país los médicos salieron a las calles en protesta en reclamo de una mejora salarial tras años de postergaciones. La situación de los profesionales llegó al límite con renuncias masivas ante la falta de respuestas del Gobierno.

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“Todo tiene un límite”

El precandidato a presidente de la República, Arnoldo Wiens, por el movimiento Colorado Añetete, compartió y coincidió con el posteo de Mario Varela, su compañero de equipo en la disidencia colorada. “Totalmente de acuerdo. Todo tiene un limite”, escribió el exsenador y exministro de Obras Públicas.

Wiens, en su gira por el país, recurrentemente cuestiona la gestión del gobierno de Peña en salud pública. El mismo reclamo lo hizo el propio titular de la ANR, y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. El expresidente públicamente pidió que la administración Peña dé atención prioritaria a la la salud pública.

A este escenario se suma la volatilidad en los precios de los combustibles. Tras un breve pasaje de rebajas publicitadas en los primeros meses de gestión, los precios de Petropar (como el Diésel Porã a G. 8.290 por litro) terminaron ajustándose al alza por encima de los niveles iniciales de su mandato, trasladando el costo del flete directamente a las góndolas.

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Vivienda social: menos del 7% de avance

Uno de los ejes donde más se evidencia la brecha entre la retórica electoral y la capacidad operativa del Estado es el sector habitacional. En campaña, Santiago Peña fijó una meta ambiciosa: la entrega de 500.000 soluciones habitacionales para reducir el déficit histórico del país.

Sin embargo, al cumplirse un nuevo ciclo de gestión, las cifras oficiales difundidas por el propio Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) revelan la magnitud del retraso:

• Viviendas gestionadas: 46.140 unidades (que equivalen al 9,2% de lo prometido)
• Viviendas entregadas de forma efectiva: 33.620 unidades

Esto significa que, tras superar la mitad de su mandato, el Gobierno apenas ha logrado entregar el 6,72% de las soluciones prometidas. Si bien desde el MUVH destacan estos números como un avance frente a administraciones anteriores, la proyección actual resulta matemáticamente insuficiente para acercarse a la promesa inicial.

A esto se suma la limitada penetración del programa estrella Che Róga Porã, cuyos créditos han beneficiado mayoritariamente a sectores con ingresos superiores a los G. 5 millones, dejando al margen a las familias de salario mínimo o empleos informales, donde se concentra la mayor precariedad habitacional.

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Empleo: la trampa de la informalidad opaca la meta

El compromiso de campaña de crear 500.000 nuevos puestos de trabajo contrasta con la radiografía del mercado laboral presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras el Gobierno suma a su discurso la incorporación natural de nuevos ocupados al circuito económico, la calidad de esas plazas laborales expone una realidad crítica, ya que la tasa de informalidad sigue anclada por encima del 60%, afectando a más de 1,7 millones de trabajadores que se desempeñan en la vulnerabilidad, sin seguro social ni garantías jubilatorias.

En el segmento joven (15 a 19 años), el trabajo precario alcanza un alarmante 89%, demostrando que el crecimiento económico pregonado desde el Poder Ejecutivo no se está traduciendo en empleo formal de calidad.

Una gran porción de las cifras que el oficialismo computa como “nuevos empleos” corresponden a puestos por cuenta propia de baja productividad, subempleo y changas de supervivencia.

A falta de dos años para la conclusión del mandato, la incapacidad de generar mecanismos reales de formalización y la persistencia de miles de trabajadores que no alcanzan a percibir ni el salario mínimo legal evidencian que la meta de las 500.000 plazas corre el riesgo de quedar reducida a una prometedora cifra de campaña, lejana de la experiencia cotidiana de las familias paraguayas.

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Salud pública: desabastecimiento crónico y fuga masiva de médicos

El sector de la salud atraviesa una de sus crisis operativas y de recursos humanos más agudas en años. La promesa de campaña de eliminar las rifas y polladas para adquirir remedios choca de frente con el permanente desabastecimiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde los familiares de pacientes deben endeudarse para costear desde fármacos oncológicos de alto valor hasta insumos básicos como hilos de sutura o sueros.

A este calvario para los usuarios se suma un nuevo y peligroso frente: el agotamiento del personal de blanco. La falta de actualización salarial y las precarias condiciones edilicias y de recursos para atender a sus pacientes, desencadenaron una renuncia masiva de médicos y especialistas en la red de hospitales públicos.

Los profesionales prefieren volcarse al sector privado o al exterior antes que sostener un sistema asistencial colapsado y desprovisto de herramientas elementales para la atención digna.

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Transporte público: la ambiciosa reforma que no se siente en la calle

En las calles del área metropolitana, la rutina de miles de trabajadores sigue marcada por la angustia y la incertidumbre. Pese a que el Gobierno promueve la puesta en marcha de un proyecto de ley de reforma integral del transporte público, prometiendo cambios en el modelo de concesiones, renovación de flota y reorganización de itinerarios, el efecto concreto de este plan es invisible para la ciudadanía.

En la práctica cotidiana, las empresas de transporte continúan implementando impunemente “reguladas” de frecuencia, obligando a los usuarios a esperar horas bajo el sol o la lluvia y a viajar en unidades hacinadas u obsoletas.

Mientras la reforma formal se dirime en los despachos ministeriales, el Estado continúa desembolsando millonarias sumas en subsidios a los empresarios transportistas sin que exista una contraprestación real ni mejoras perceptibles en el servicio.

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Margen ajustado para cerrar el periodo

Con el calendario político avanzando hacia el tramo final de su mandato, la administración de Santiago Peña encara sus últimos dos años con un margen de maniobra cada vez más reducido.

Si la pregonada solidez macroeconómica no se traduce en viviendas entregadas, medicamentos en los hospitales, ómnibus con buena frecuencia y alivio en la canasta familiar, el balance final de su gobierno quedará marcado por la distancia entre los discursos de campaña y la realidad del paraguayo de a pie.

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