Según fuentes allegadas a la investigación, los sospechosos traían oro de contrabando desde Brasil, lo refinaban en Paraguay, lo llevaban a Panamá y de ahí a Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Se sospecha incluso de financiamiento del terrorismo.

La pesquisa se inició el 16 de abril de este año, cuando fue capturado el brasileño Marcos Manoel Ribeiro de Assis, de 57 años, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

El extranjero pretendía viajar a Panamá con una carga de 27 kilos de oro. Los lingotes estaban escondidos en una maleta de mano.

Entre las pertenencias de Marcos Manoel se encontraron cuando eso documentos que lo conectaban con una empresa paraguaya denominada Shbeil Holding SA, que al ser investigada derivó en un caso mucho más grande del que se pensaba.

Fue así que ayer, jueves 24 de setiembre, policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) hicieron nueve allanamientos en esta causa, cinco de ellos en Asunción y otros en Ypané, Limpio, Fernando de la Mora y Luque.

Los procedimientos fueron supervisados por el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Juan Ramón Sandoval González, titular de la causa, aunque este contó con la ayuda de varios otros colegas como coadyuvantes, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, Christian José Ortiz Riveros, Andrés Eduardo Arriola Ramírez, Pamela Pérez Trinidad, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, Rodrigo Javier Espínola, María Verónica Mayor Gamell y Andrea Soledad Ríos Dos Santos.

En la serie de cateos, fueron capturados ayer Walid Kadhim, de 53 años, sueco de origen iraquí; Alí Kaied, de 19 años, paraguayo de origen sirio; Jessica Carolina Aguilera Riquelme, de 36 años, y Karol Magalí Núñez Alarcón, de 23 años, estas últimas paraguayas.

Los cuatro fueron imputados a la mañana por el fiscal Sandoval por contrabando y asociación criminal.

Juez resaltó la gravedad de los hechos destapados con la Operación Aurelia

El juez de Delitos Económicos de la capital, Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, decretó esta tarde la prisión preventiva de los cuatro procesados, tras descartar la aplicación de medidas alternativas a la prisión solicitadas por las defensas.

Los hombres deberán pasar a guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) de Asunción y la mujer, en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

“La cantidad y naturaleza del material involucrado, la utilización de vuelos comerciales internacionales, la pluralidad de personas presuntamente intervinientes, la distribución de funciones y la dimensión transnacional atribuida a la operativa constituyen, consideradas conjuntamente, circunstancias concretas que permiten tener por satisfecho, con el grado provisional exigible en esta etapa, el presupuesto relativo a la existencia de un hecho punible grave”, resaltó el magistrado.

Por otro lado, el fiscal Sandoval también ya presentó imputación contra los tres prófugos en la causa, Laith Al Saiegh, de 55 años, brasileño de origen iraquí; Omar Kaied, de 50 años, de origen sirio (papá del detenido Alí Kaied), y César Alexis Elizeche Núñez, de 40 años, paraguayo.

El brasileño detenido hace cinco meses, los dos extranjeros y las dos paraguayas capturados de ayer y más los dos extranjeros y el paraguayo aún prófugos supuestamente integraban una estructura que traía oro de Brasil a Paraguay y que luego lo llevaba por Panamá a Turquía o Emiratos Árabes Unidos.

Los tres cabecillas de la estructura

“Laith Al Saiegh (prófugo), Omar Kaied (prófugo) y Walid Kadjim (capturado) habrían actuado en connivencia para la creación de la mencionada estructura, para el reclutamiento de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña para realizar el ingreso y seguidamente el envío irregulares de presuntos lingotes de oro de alta pureza, desde la República del Paraguay con escalas en Panamá y destino final Dubái (Emiratos Árabes Unidos), a través de vuelos comerciales internacionales realizados desde el AISP (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi”, dice la imputación.

Básicamente, el Ministerio Público cree que estos tres extranjeros serían los cabecillas de la organización, ya que todos aparecen a su vez relacionados con la empresa Shbeil Holding SA.

Sobre Jessica Carolina Aguilera Riquelme (capturada), el documento dice que ella administraba la tienda de artesanías y joyería Roahyhu, que funcionaba en el sector restringido de embarque del aeropuerto, es decir, ya prácticamente en las puertas del avión, donde aparentemente se guardaba el oro contrabandeado desde Brasil que luego era entregado a las mulas para que estas las llevaran en sus maletas a Panamá, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Dicha tienda queda en un “punto ciego”, es decir, donde no hay cámaras de seguridad.

En cuanto a Alí Kaied (capturado), la Fiscalía sostiene que fue designado por su padre Omar Kaied (prófugo) para que operara como encargado de la tienda en el aeropuerto, de modo a tener el control de los lingotes de oro y las mulas que pasaban por el lugar.

César Alexis Elizeche Núñez (prófugo) era supuestamente una especie de reclutador de mulas, aunque a veces él mismo también llevaba oro de Paraguay a los demás países. De hecho, ayer supuestamente estaba en Panamá, en tránsito, en uno de los tantos viajes que venía haciendo últimamente para la organización, siempre según los datos del Ministerio Público.

Karol Magalí Núñez Alarcón (capturada) sería una de las mulas reclutadas por la red. Registra varios viajes en muy pocos meses, por lo que se cree que en los últimos tiempos el envío de oro fue intenso.

Prófugo, con antecedentes en Paraguay, Argentina y Colombia

Entre los supuestos cabecillas, Laith Al Saiegh (prófugo), quien sería el principal, ya había sido capturado en Paraguay en 2019 en virtud a una notificación roja de Interpol por el robo de 20 kilos de oro en Turquía, ocurrido en 2011.

Antes de eso, también cayó preso en Argentina y Colombia, según los datos obtenidos.

Omar Kaied (prófugo) supuestamente era uno de los principales financistas de las operaciones de la estructura, pero segundo en orden jerárquica, aunque justamente para asegurarse de que sus inversiones rindieran frutos involucró en la trama a su hijo.

El otro extranjero, Walid Kadhim (capturado), sería el tercero al mando, pero a la vez el encargado logístico y operativo, ya que era que manejaba la empresa mediante la cual se hacían las operaciones financieras necesarias para asegurar el envío del oro.

Este grupo estaría estrechamente relacionado a la organización desmantelada el año pasado, también en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, donde igualmente se había incautado una carga de 22 kilos de oro.

En aquel evento, fueron procesados el que en ese momento era el jefe de Seguridad del aeropuero, Gustavo Ismael Britos Orlando, de 52 años, y dos de las mulas que debían llevar el oro a Panamá, Aquiles José Andrés Denis Di Lascio, de 43 años, y Fernando Antonio Peralta Zaván, de 40 años.

Las primeras sedes en contar con dicha tecnología son las de Arroyos y Esteros, Primero de Marzo, San José Obrero y Caacupé, según los datos.

En el marco de este proceso, técnicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se trasladaron ayer, jueves, hasta los juzgados de Paz de Atyrá, Altos y San Bernardino para realizar la actualización e instalación de los recursos tecnológicos necesarios para poner en funcionamiento el sistema.

Con esta modalidad, el magistrado puede suscribir digitalmente el formulario de permiso de viaje e incorporar un código QR que permite verificar la autenticidad del documento. De esta manera, el usuario puede acudir directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin tener que gestionar previamente la legalización de la firma en los juzgados de la circunscripción.

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Trabajos continuarán

La implementación continuará la próxima semana. De acuerdo con el cronograma establecido, el martes 29 de setiembre los técnicos visitarán los juzgados de Paz de Loma Grande, Nueva Colombia y Emboscada para avanzar con la actualización del sistema de permisos de viaje para menores.

Los trabajos realizados este viernes estuvieron a cargo de Fiorella Jiménez, funcionaria de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia; Juan David Da Costa y Liz Mabel Franco, técnicos de la Sección de Informática de Cordillera.

Durante la jornada también participaron los magistrados de las respectivas dependencias: Ninfa Ramona Vera García, Nelson Fabián Piris Thompson y Lilian Rosana Cabello de Deggeller.

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La magistrada destacó durante el juicio que la cuestión era determinar “si la condición académica y profesional invocada por el acusado se correspondía con la realidad, concretamente, si realizó el recorrido necesario para obtener el título de abogado”.

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En otro momento García de Zúñiga expresó que las deficiencias documentales y las inconsistencias detectadas a lo largo de las jornadas de debate público, permitieron comprender el cómo se expidieron el título y el certificado de estudios a Hernán Rivas. En este aspecto, dio relevancia a las declaraciones de Óscar Rodríguez Kennedy y Euclides Acevedo, decano y rector respectivamente.

En cuanto a Óscar Rodríguez Kennedy, la magistrada recordó que él dijo haber suscrito el título sobre la base de la documentación y los antecedentes que le fueron proporcionados por la Dirección Académica, sin comprobar directamente los registros que debían sustentar su expedición. En ese contexto, incluso precisó que él “estampó su firma en el título y lo hizo dentro de su vehículo”.

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Si bien en su declaración Rodríguez Kennedy dijo que analizaba y verificaba minuciosamente las documentaciones antes de firmar, para él, tomó el título de Rivas como un “mero trámite”. Es que si bien mínimamente debía comprobar sus antecedentes académicos, no lo hizo.

Contradicciones entre autoridades

En cuanto a Euclides Acevedo, este aclaró que era decano de Medicina y no de Derecho, sin embargo, el título de Hernán Rivas “fue inscripto en su calidad de rector de la Universidad Sudamericana. Tampoco aportó elementos, resaltó García de Zúñiga sobre la verificación del cumplimiento de las exigencias antes de firmar.

Las declaraciones de Acevedo fueron contrastadas por la presidenta del Tribunal, para el que adquirieron relevancia, en atención a lo dicho por Herman Weissensen, vicerrector de la Universidad Sudamericana, y Guillermo Auto, exalumno de la Universidad Sudamericana, de la filial de Luque.

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Ello porque Weissensen había dicho que integró en distintas oportunidades mesas examinadoras con Euclides Acevedo. Mientras que Gauto, señaló que Acevedo integró la mesa examinadora constituida con motivo de su defensa de tesis, realizada en Luque, supuestamente en el mismo tiempo en que Hernán Rivas presentado su trabajo de grado.

Hernán Rivas fue abogado en solo 6 minutos en el MEC

A ello se suma que, durante el registro y legalización del título ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según pruebas documentales producidas en juicio “la solicitud de registro de título fue presentada por intermedio del entonces rector Euclides Acevedo el 8 de junio del 2020 a las 17:00 horas”. En registros consta que la hora de ingreso fue 17:45.

Dicha petición “ingresó a la Dirección de Registros del MEC, al día siguiente, el 9 de junio del 2020, a las 8:30 horas como paquete N° 51.601, integrado únicamente por la solicitud correspondiente a Hernán Rivas Román”.

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“Las constancias incorporadas demuestran que el trámite avanzó ese mismo día, por las dependencias encargadas de realizar los controles de forma y de fondo, registrándose entre una y otra dirección un intervalo de apenas 6 minutos y concluyó en el dictado de una resolución que autorizó el registro de título”, describió la jueza. Esa gestión terminó a las 12:06.

Una de esas dependencias era la Dirección de Registros de Títulos, a cargo de Ricardo Ariel Ortiz, quien sostuvo con relación al título de Hernán Rivas “que había cumplido con todas las exigencias exigidas para su registro y legalización” y después, resaltó la magistrada que “la regularidad de dicho procedimiento fue posteriormente cuestionada desde el propio ministerio”.

Diligencia en tiempo récord despertó sospechas

Posteriormente, la presidenta del colegiado Fernanda García de Zúñiga expresó que “el Dr. Fernando Casañas Levi señaló (en un dictamen) que encontró diversas inconsistencias en el registro de título y solicitó para el efecto la abrogación del acto administrativo, específicamente de la Resolución N° 30.858 del año 2020, por lo cual se autorizaba el registro de título del acusado”.

También se destacó como observación, la aplicación selectiva de la norma vigente y la falta de aplicación de la Resolución N° 5713 del 2019, al momento de efectuarse la verificación correspondiente, además de otras inconsistencias relacionadas con la habilitación de la carrera y la documentación que sustentó el trámite, de acuerdo con lo expresado por la jueza.

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La acción asumida por el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, dispuso mediante la Resolución N° 600, del 16 de julio del 2020, “la realización de una auditoría interna destinada a examinar, entre otros aspectos, el procedimiento aplicado al registro de título de grado expedido a nombre de Hernán Rivas”, expuso la jueza García de Zúñiga.

“La auditoría concluyó que el título cumplía con todos los requisitos para su registro y posterior legalización”, pero “frente a esas conclusiones, el Doctor Casañas Levi se ratificó en su informe inicial y advirtió al Ministerio acerca de lo que calificó gravísimos errores por parte del equipo auditor”, destacó la magistrada.

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En otro momento, la magistrada refirió que “las deficiencias institucionales adquieren, especial significación, no porque permiten inferir por sí misma que Rivas Román no cursó la carrera, sino que explican el contexto en que pudo expedirse la documentación formalmente auténtica, sin que los antecedentes que debían sustentarla fueran verificados rigurosamente por las autoridades”.

A todo ello sumó que “durante el año 2015 fueron expedidos 13 títulos correspondientes a la carrera de Derecho; mientras que en el 2020 dicha cantidad descendió a 6. No se estaba, por tanto, ante un volumen de egresados que por su magnitud pudiera dificultar o tornar impracticable una verificación individual y rigurosa de cada uno de estos”, según destacó la jueza sobre la displicencia en los controles de los antecedentes académicos.

Sotelo señaló que la última partida autorizada de Afidi corresponde a agosto y septiembre y que su ingreso ya debería haber concluido.

En ese sentido, indicó que el ingreso de papa y cebolla sin la autorización correspondiente constituye una operación ilegal y debe ser controlado por las instituciones competentes.

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La producción ya cubre la demanda

La primera partida de papa y cebolla ya cubre la demanda interna, estimada entre 170.000 y 180.000 kilos diarios, explicó el ingeniero Sotelo.

La cebolla ya sale de zonas del Chaco, Paraguarí, Caaguazú y Guairá, mientras que la papa comienza a ingresar desde los principales departamentos productores.

Los técnicos de campo brindan asistencia sobre curado, embalaje, clasificación y manejo poscosecha para garantizar la calidad y comercialización.

A nivel nacional se prevé una producción de 20 millones de kilos de cebolla hasta diciembre. Para la papa, la estimación es de 13,5 a 14 millones de kilos, volumen que cubriría unos dos meses y medio de demanda, explicó el director de Comercialización del MAG, ingeniero Sotelo.

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Buen rendimiento y precios

Este año, tanto la papa como la cebolla presentan buen rendimiento y producción. Actualmente, ambos productos se comercializan entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, precios que, según el MAG, permiten cubrir los costos y generar un margen de ganancia para los productores.

La producción de ambos rubros podría generar unos G. 170.000 millones, equivalentes a US$ 28 a 30 millones, según las proyecciones oficiales.

El resultado final dependerá del rendimiento, el volumen cosechado y la evolución de los precios durante los próximos meses.

Esta situación fue tomada por el sector opositor como un acto meramente proselitista para “asegurar” los votos de los funcionarios a favor del intendentable Camilo Pérez (ANR-HC).

Mientras Luis Bello promete plus salarial, no honra la millonaria deuda que la Municipalidad de Asunción tiene con la Caja Municipal de Jubilaciones. La comuna capitalina se mantiene entre las instituciones más morosas con la entidad jubilatoria.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal informó que al cierre del viernes la deuda global que tienen las municipalidades con la institución es de G. 52.945.172.300. Esta suma supera casi cuatro veces el compromiso pendiente de pago que tiene la CJPPM con los jubilados.

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No se paga deuda histórica a la Caja

El comunicado de la Caja Municipal de Jubilaciones también aclara que la Municipalidad de Asunción se encuentra al día, en la transferencia normal de sus aportes obrero-patronales.

Sin embargo, Luis Bello mantiene una deuda judicializada que asciende a G. 36.088.962.697, constituyéndose en el mayor monto adeudado dentro de esta categoría.

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Según la Caja de Jubilación Municipal, dicho monto se desglosa de la siguiente manera: saldo de capital G. 10.199.055.948, recargos G. 22.626.364.205 y honorarios profesionales G. 3.270.542.544.

Recuerdan a policías que no deben usar autos ‘mau’

Cuando la Fiscalía investigó el percance automovilístico confirmó que el vehículo que estaba al mando del uniformado -cuya identidad no se divulgó por cuestiones de procedimiento- estaba en su poder en calidad de depositario judicial, modalidad que ya no existe desde el momento de la promulgación de la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

El 18 de septiembre del 2017 fue promulgada la Ley N° 5876/2017 de la Senabico y el 28 de mayo de 2024, la Ley N° 7254/2024, que modifica y amplía dicha normativa para agilizar la venta anticipada de ciertos bienes incautados.

Prosiguiendo con las pesquisas, los investigadores del Ministerio Público confirmaron que la camioneta siniestrada supuestamente fue entregada al uniformado por el juzgado penal número 4 de la ciudad de Concepción, a cargo del magistrado Héctor Daniel Morán.

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Cuando los agentes fiscales se constituyeron en dicho juzgado, advirtieron de que en la misma oficina se habrían fraguado otros cuatro documentos de contenido falso para entregar vehículos a uniformados.

Documentos falsos en evidencia

En todos los casos, supuestamente se utilizó el mismo procedimiento: se inventaron informes sobre procedimientos policiales sobre incautación de drogas abandonadas a bordo de lujosas camionetas. Luego, el juzgado entregaba estos vehículos, bajo la modalidad de depositario judicial, a los oficiales intervinientes.

Por supuesto, los números de las resoluciones de los documentos en realidad no corresponden o no existen, por lo que el supuesto beneficiario también se ve obligado a fraguar una matrícula y una cédula verde apócrifa para poder circular tranquilamente por todo el territorio nacional a bordo de un vehículo de alta gama y de última generación.

El fiscal Coronel confirmó que son cinco los casos descubiertos durante su investigación, que corresponden a tres camionetas Toyota Hilux y dos camionetas Toyota Fortuner, de los cuales tres ya fueron entregadas por los poseedores en el departamento de Control de Automotores.

Camionetas entregadas por los agentes de la Policía Nacional

Uno de los vehículos es una Toyota Hilux blanca, con matrícula apócrifa AAXL 182 PY, con número de chasis 8AJBAECD9N1736215, que fue entregado por el suboficial Mayor Atilio Ariel Delgado Galeano, del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

El otro vehículo entregado es una Toyota Hilux blanca, con chapa apócrifa AAFW 765 y con chasis número 8AJHA3CDLL2093893, que estaba en poder del suboficial mayor Alder Fabían Zarza, también del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Igualmente, un vehículo de similares características que estaría en la misma nómina del fiscal Coronel fue entregado en las últimas horas en el departamento de Control de Automotores por un funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyo nombre no fue proporcionado por los responsables de Control de Automotores.

Aparentemente, las dos camionetas, que también estaban en poder de uniformados ya fueron puestas a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal del caso Néstor Coronel se negó a dar más detalles sobre la identidad de los agentes y la situación legal de los mismos, aunque recalcó que la investigación en está en pleno desarrollo.

Ahora todos los vehículos entregados deben ser sometidos a peritaje para confirmar el origen de cada uno.

Hay otros 171 casos similares

Fuentes de la Comandancia de la Policía señalaron que luego del accidente y del descubrimiento del uso irregular de estos vehículos se detectaron al menos 171 casos similares en la institución.

Es más, esta situación ya era tan normal que muchos de estos vehículos o sus tenedores fueron beneficiados con cupos mensuales de combustibles.

La situación afecta a instituciones educativas que aguardan la culminación de construcciones de aulas y laboratorios, entre ellas el Colegio Nacional San Agustín de Blas Garay, el Colegio Nacional Dr. Pedro Pablo Peña de Coronel Oviedo y el Colegio Nacional Nueva Londres.

Diferencias técnicas frenaron las obras

Ramírez explicó que los inconvenientes se originaron durante los controles de fiscalización, debido a desacuerdos sobre materiales, mediciones e interpretación de los planos.

“Las obras realmente estaban en un proceso de fiscalización. Y la fiscalización tenía unas diferencias con las empresas que estaban realizando. Eso ya se subsanó y continúan las obras normalmente”, manifestó.

El ministro aclaró que el problema está focalizado en cuatro o cinco instituciones educativas y no afecta a la totalidad del paquete de construcciones, cuyo monto global supera los G. 60.000 millones.

Según explicó, las diferencias surgieron al momento de verificar los materiales utilizados, su disposición y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los contratos.

“Hay diferencias de cómo interpretar un plano, de cómo llegar, faltó una cosa, sobró otra. Entonces ahí hay una fiscalización y se tiene que cumplir exactamente lo que está en el pliego”, señaló.

Promete culminación en corto tiempo

El titular del MEC dijo que los controles son necesarios para garantizar que las obras se ejecuten conforme a lo establecido, aunque reconoció que estos procedimientos pueden generar retrasos.

Ramírez aseguró que algunas construcciones ya están avanzadas, otras comenzaron a reanudarse y algunas más arrancarán en los próximos días.

“Desde la semana pasada volvieron a empezar o arrancaron o retomaron las empresas su trabajo; otras lo van a ir haciendo paulatinamente”, expresó.

Agregó que los retrasos en obras públicas pueden extender los plazos inicialmente previstos, debido a las diferencias que surgen durante la ejecución y fiscalización.

“Yo creo que es cuestión de un tiempito más ya para tener terminadas las obras”, afirmó, aunque no precisó fechas de culminación para cada institución ni el porcentaje de avance de los trabajos pendientes.

Aguardan culminación de obras

Uno de los establecimientos afectados es el Colegio Nacional Nueva Londres, donde está paralizada la construcción de un laboratorio de estudio de suelos destinado a los alumnos del Bachillerato Técnico Agropecuario.

La directora, Lucy Giménez López, había denunciado que los trabajos llevan meses estancados y que, pese a los anuncios de reactivación, todavía aguardaban el reinicio.

La obra contempla una inversión de G. 374.382.484 y beneficiará a los 160 estudiantes de la institución, que recibe alumnos de distintas compañías del distrito.

La directora también manifestó su preocupación por el crecimiento de maleza y el deterioro del cercado perimetral debido a los fuertes vientos.

En tanto, el Colegio Nacional Dr. Pedro Pablo Peña de Coronel Oviedo también aguarda la culminación de obras que sufrieron retrasos, mientras que la comunidad educativa del Colegio Nacional San Agustín de Blas Garay espera que se normalicen los trabajos.

Desde 2024, el crédito de consumo habría aumentado cerca de 60%, mientras que la masa salarial registró una expansión aproximada de 20%. En términos comparativos, la deuda destinada al consumo creció tres veces más rápido que el promedio de la masa salarial o ingreso de los trabajadores, precisó la economista Patricia Goto en el marco del evento “Coordenadas Atlas”.

Para la economista, esta diferencia constituye una señal de alerta para los próximos períodos. El ingreso disponible es, en última instancia, el respaldo de cualquier préstamo: determina cuánto pueden pagar las familias sin comprometer otras necesidades esenciales. Cuando el crédito se expande sin un avance equivalente de los salarios, aumenta la vulnerabilidad financiera de los hogares.

El crédito de consumo está creciendo más que el crédito en general y es por hoy el producto más importante financiado por los bancos, acaparando el 21% de la cartera global y desplazando al sector agro.

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Impacto inflacionario en los ingresos

La advertencia de la profesional adquiere mayor relevancia al considerar la inflación acumulada, en especial el encarecimiento de los alimentos durante los últimos años. Aunque las cifras generales de inflación divulgadas recientemente por el BCP sean moderadas, la economista sostiene que los alimentos tienen un peso decisivo en el presupuesto cotidiano, sobre todo entre los sectores con menores ingresos y por ello, su encarecimiento erosiona con rapidez el poder adquisitivo.

A modo de ejemplificar esta pérdida del poder adquisitivo, tomamos el salario base actual de G. 3.044.000, indexando la inflación acumulada (desde el 2020 a la fecha) del 29,5%, el valor real del salario rondaría de G. 2.350.579, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 22,78% (equivalente a G. 693.421 en capacidad de compra perdida).

Pero al indexar la inflación acumulada en alimentos del 56% (desde el 2020 a la fecha), el impacto es mayor y el valor real (del salario) cae a cerca de G. 2.000.000, y por tanto la reducción sería en torno a G. 1.100.000 en capacidad de compra.

Esa diferencia expone que las familias enfrentan una merma de su ingreso real al mismo tiempo que recurren con mayor intensidad al financiamiento de consumo, lo que se refleja justamente en el incremento que ha tenido este rubro en los últimos dos años sobre todo. En el rubro de tarjetas por ejemplo, es notorio el avance del 50% para líneas de crédito inferiores a G. 3.000.000. “Esto nos da una señal de alerta para justamente ver la sostenibilidad en los próximos periodos”, indicó la economista.

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Mora con tendencia al alza

El fenómeno también empieza a observarse en los indicadores de mora. La tendencia registró un giro en 2026 y la morosidad de la cartera de consumo alcanzó 5,3% en el segundo trimestre, frente a 4,7% del primer trimestre. Ese nivel puede reflejar que parte del deterioro del poder de pago ya está trasladándose a los incumplimientos de las obligaciones financieras.

La mora no solo afecta a los deudores que acumulan cuotas pendientes. También obliga a las entidades financieras a vigilar con mayor cautela la calidad de los créditos otorgados y la evolución de sus carteras.

Si la capacidad de pago continúa debilitándose, el acceso al financiamiento puede volverse más restrictivo.

El 9 de septiembre de 1932, el fortín de Boquerón seguía ocupado por el ejército boliviano. Fue entonces cuando el Ejército Paraguayo se decidió a atacar y luchar por su soberanía. Durante 20 días, tanto Bolivia como Paraguay mantuvieron una batalla por el fortín Boquerón, hasta que finalmente el 29 de septiembre, los paraguayos obtuvieron la victoria que fue como un bautismo de fuego.

Crónica de la Batalla de Boquerón

El fortín Boquerón fue fundado el 19 de julio de 1928 por los oficiales mayor Félix Cabrera, el Tte. 1ro. Eugenio Ayala Velázquez y el Cap. de Caballería Tranquilino Ortiz como uno de los tantos puntos de resistencia del Chaco, territorio severamente amenazado en su soberanía. Ubicado en el corazón del Chaco, a 360 kilómetros de distancia de Asunción, a 620 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra y a 1.100 de La Paz, el fortín Boquerón fue capturado por los bolivianos el 31 de julio de 1932, ante una escasa cantidad de militares paraguayos.

La raíz de la batalla se remonta a julio de 1932, cuando la delegación paraguaya se retiró de la conferencia que se realizaba en Washington tras el ataque boliviano al fortín Carlos Antonio López en Pitiantuta. Las acciones para recuperarlo se iniciaron el 7 de setiembre y la visión estratégica del comandante designado para lograrlo, el teniente coronel José Félix Estigarribia, fueron determinantes para lograrlo y torcer el curso de los acontecimientos bélicos, que no se presentaban nada favorables al Paraguay.

En el lapso de aproximadamente 22 días que duró el sangriento enfrentamiento entre ambos bandos, las fuerzas bolivianas que ya habían venido penetrando el Chaco desde años atrás y eran inmensamente superiores a las paraguayas, Estigarribia concentró todo el poderío del ejército y la aviación en Boquerón.

Dos divisiones paraguayas, la 1ª al mando del mayor Carlos Fernández y la 2ª al mando del teniente coronel Luis Ayala, con un total de 5.000 hombres, atacaron a la 4ª y 7ª divisiones bolivianas con un total de 4.000 hombres al mando del general Quintanilla, dispersas en una amplia zona que cubría los fortines Muñoz, Saavedra, Toledo, Arce, Castillo, Yujra, Lara, Ramírez y Boquerón.

En días posteriores ambos ejércitos recibieron nuevos refuerzos. A las 05:30 de la mañana, la artillería paraguaya abrió fuego sobre el fortín Boquerón provocando las primeras bajas bolivianas. A las 07:00 comenzó el ataque paraguayo encabezado por el regimiento Curupayty, desalojado de Boquerón el 31 de julio, y que pidió el honor de atacar primero. Reiniciado el fuego de artillería, los paraguayos lanzaron un nuevo asalto. El ataque frontal fue rechazado con gran cantidad de bajas para los atacantes.

Ataques posteriores solo obtuvieron el mismo resultado. En el fortín una veintena de efectivos bolivianos resultaron víctimas de la artillería. El ataque frontal paraguayo fracasó por la inexperiencia en este tipo de ataque, a lo que se sumó la desorganizada provisión de agua que debía traerse de Isla Po’i y que no alcanzaba para satisfacer la sed de tantos soldados, obligando a muchos de ellos a abandonar las líneas para proveerse de ese vital elemento.

Por igual razón, las fuerzas de caballería tuvieron que desprenderse de los caballos y sin embargo, a partir de esta experiencia, Estigarribia cambió su estrategia y comenzó a utilizar tácticas de desbordamiento o envolvimiento, conocidas como “corralitos”.

Del lado boliviano ni el coronel Marzana en Boquerón, ni el coronel Francisco Peña en Arce ni el general Quintanilla en Muñoz, se dieron cuenta de que estaban enfrentando a una parte importante del ejército paraguayo cuyo objetivo no era solo la recuperación del fortín, sino la destrucción de todo el Primer Cuerpo del Ejército boliviano. Un mes y medio atrás se habían capturado tres fortines defendidos por muy pocos paraguayos y era difícil suponer que ahora vinieran por miles para retomar el fortín Boquerón.

En la noche del 28 al 29 de septiembre, la primera compañía del Regimiento RI6 Boquerón traspasó la peligrosa Punta Brava. Los defensores bolivianos gritaban “no tiren más que vamos a salir a rendirnos”. El comando paraguayo decidió desestimar la propuesta y continuó con su avance. Luego de un intercambio de disparos, 17 soldados con su jefe, el Tte. Cnel. Manuel Marzana, pidieron una entrevista, donde se fijaron los términos de la entrega del fortín.

La rendición

El 29 de setiembre, en las primeras horas de la mañana, las tropas paraguayas ingresaron caminando al interior del fortín, encontrándose con un panorama dantesco. Cientos de cadáveres insepultos, heridos agonizantes que no pudieron ser socorridos por haberse acabado las medicinas y muertos los médicos. Estigarribia fue testigo antes de la caída, según lo narra él mismo, de cómo los oficiales bolivianos disparaban a sus soldados cuando estos se abalanzaban por el tanque de la poca agua que quedaba en el interior del fortín.

Cuentan los soldados paraguayos, testigos de este momento, que solo un poco de agua era el pedido de los bolivianos antes de rendirse. Boquerón había comenzado a caer desde el 9 de setiembre, cuando Estigarribia comenzó a montar el cerco, que no pudo ser quebrado ni desde adentro ni desde afuera por los bolivianos.

Las bajas en la batalla de Boquerón

La prensa de ese entonces informó de más de mil muertos bolivianos, 20 oficiales y 446 soldados prisioneros. El ejército paraguayo tuvo unos dos mil muertos. La cobertura periodística de la Batalla de Boquerón y la toma de los otros fortines estuvo a cargo de Juan Esteban Carrón, corresponsal de El Liberal y de United Press Associations of New York. Carrón fue combatiente del tercer cuerpo de ejército con la jerarquía de teniente del cuadro de reserva.

Lo que vio y describió puso al Paraguay en la mira internacional. Sobre la rendición del Tte. Cnel. Marzana, redactó: “Con semblante pálido y ligero temblor en las manos, le dijo al Tte. Cnel. Félix Estigarribia: Soy el Cnel. Marzana y vengo a manifestarle señor comandante que las fuerzas regulares bolivianas destacadas en el fortín Boquerón, están dispuestas a deponer las armas, bajo las dos siguientes condiciones. Primera, que se nos permita evacuar a los 165 heridos que tenemos desatendidos en los puestos sanitarios. Segunda, garantía de vida para los oficiales y tropas”.

El historiador paraguayo Luis Verón señala que este episodio no solo representó la recuperación de un fortín estratégico, sino que tuvo un significado mucho más profundo, “Boquerón es importante porque levantó la moral del soldado paraguayo y de la sociedad paraguaya”, señala Verón. “Fue también una batalla escuela donde los soldados paraguayos conocieron las hostilidades del territorio chaqueño y desarrollaron técnicas de combate para futuras confrontaciones en el marco de la Guerra del Chaco. No fue fácil, fueron 20 días de intensos combates entre bolivianos y paraguayos. Pero se tenía que lograr la victoria”, apuntó.

Al recibirse la noticia de la caída del reducto boliviano, la capital Asunción vistió sus mejores galas. No hubo comercio que no cerrara sus puertas y las campanas de las iglesias echadas a vuelo contagiaron el fervor patriótico a todos los barrios.

Antes de condenar a Hernán Rivas el jueves último por haber falseado su título de abogado, la Justicia procesó y castigó a otros referentes del oficialismo, entre ellos otros exparlamentarios, un exgobernador, un exintendente y hasta un exministro.

Los condenados del cartismo en el presente periodo

• Óscar Venancio “Ñoño” Núñez

El exgobernador de Presidente Hayes y hermano del legislador Basilio “Bachi” Núñez fue condenado el 14 de diciembre de 2023 a 11 años de prisión. La Justicia lo halló culpable de lesión de confianza y administración en provecho propio, tras comprobarse un esquema de “tragada” que ocasionó un perjuicio económico superior a los G. 42.500 millones en las arcas del gobierno departamental.

• Joaquín Daniel Roa Burgos

El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) fue sentenciado el 22 de diciembre de 2025 a 8 años de penitenciaría tras confirmarse su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza y lavado de dinero. La investigación demostró que el exfuncionario recibió un lujoso yate de parte del esquema encabezado por Alberto Koube a cambio de direccionar licitaciones públicas.

• Erico Galeano Segovia

El exsenador y exdiputado cartista recibió una pena de 13 años de prisión el pasado 4 de marzo por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal. El Tribunal de Sentencia comprobó sus vínculos logísticos con la red de narcotráfico y lavado desarticulada en el operativo A Ultranza Py, además de facilitar infraestructura a los prófugos del esquema internacional.

• Hilario Adorno Mazacote

El intendente de Puerto Casado (Alto Paraguay) de las filas de ANR-HC resultó condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por lesión de confianza el 13 de junio de 2025. Se probó en juicio oral que utilizó fondos del municipio casadeño para beneficio personal, incluyendo el pago de la entrega inicial para la compra de un vehículo particular.

• Hernán David Rivas Román

Fue parlamentario de ambas cámaras ocupando una banca cartista y desde allí ingresó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El 24 de septiembre último recibió una condena de 8 años de cárcel tras comprobarse la comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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“Jueces de jueces” salpicados por corrupción

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue históricamente un bastión de poder político, pero también el centro de diversos procesos judiciales e investigación por hechos punibles de sus propios titulares.

• Óscar González Daher: expresidente del JEM en los periodos 2001-2003 y 2016-2017. Fue condenado el 12 de agosto de 2021 a 7 años de prisión tras ser hallado culpable de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
• Jorge Bogarín Alfonso: presidió el órgano desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2023. Se vio obligado a renunciar luego de ser designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
• Orlando Arévalo: ejerció la presidencia del JEM entre agosto de 2023 y febrero de 2025. Aunque en agosto de 2026 la Justicia desestimó una causa en su contra por tráfico de influencias y lavado de dinero, Arévalo enfrenta la etapa de audiencia preliminar por presunta coima en la causa conocida como #LaMafiaManda.
• Hernán Rivas: designado en julio de 2023 como presidente del JEM, cerró su paso institucional con la posterior condena penal a 8 años de prisión por falsificación de documentos.

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A continuación, detallamos las zonas donde las labores continúan en desarrollo, las áreas donde el servicio ya fue restablecido y los horarios previstos para la normalización total del suministro.

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Limpio y J.A. Saldívar

• Limpio (10:00 a 18:00 h): Barrio Santa Lucía (Calle Cnel. Aveiro desde 15 de Agosto hasta Que Dios te Bendiga; Calle San Juan Bautista desde Curupayty hasta Calle S/N).
• Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).

• Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).
• J. A. Saldívar (10:00 a 18:00 h): Barrio 8 Rojas Cañada (Las Mellizas).
• J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).
• J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Guarambaré y Fernando de la Mora

• Guarambaré (10:00 a 18:00 h): Barrio Colón (Calle Domingo Martínez de Irala).
• Fernando de la Mora (10:00 a 18:00 h): Barrio Zona Norte (Calle Inmaculada Concepción desde Tte. Vera M. hasta 21 de Setiembre; 23 de Octubre entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Manuel Domínguez entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Tte. Vera M. desde Pedro Getto hasta Río Paraguay; 21 de Setiembre desde Pedro Getto hasta 28 de Febrero).

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• Fernando de la Mora (09:00 a 19:00 h): Barrio Zona Norte (Callejón Zaracho desde Cnel. Franco hasta Paraguay; Ybelio Villalba desde Callejón Zaracho hasta 27 de Febrero; 27 de Febrero entre Cnel. Franco e Ybelio Villalba; Colón entre Callejón Zaracho y Campo Aceval; Yerutí desde Callejón Zaracho hasta Jacarandá).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Ñemby y San Lorenzo

• San Lorenzo (08:00 a 18:00 h): Barrio Lucerito / Barrio i (Calle S/N, paralela a Uruguay).
• Ñemby (08:00 a 18:00 h): Barrio Caaguazú (Calle Santa Lucía desde Campo Vía hasta Avda. Cañadita; Calle Campo Vía desde Santa Lucía hasta Avda. Cañadita).

Zonas con servicio restablecido en la Región Metropolitana

• Itá / Guarambaré: Ruta PY01 Acceso Sur (km 31), Calle Benjamín Aceval (entre Curupayty y Ruta PY01), Compañía 3ª Jhugua Ñaro (Ruta D073, zona Balneario Machuca, zona Club Sudamericana, Fracción Autopista III), Compañía 4ª Arrua’i, Barrio / Fracción Typychaty (cerca de Capilla San Roque), Compañía Peguajho (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).
• Limpio: Barrio Rincón del Peñón - Villa Jardín (Calle Lorenzo Spelt desde Avda. San José hasta la zona de la Plaza Los Amigos; Padre Emigdio Montiel desde Avda. San José hasta Última; zona Taller Riveros, Quinta JC, Bodega Tía Lily, Carpintería La Solución, Capilla San Expedito, Casa Iker) (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).

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Trabajos en la Región Central y en el Este

Región Central

• Quyquyhó (07:00 a 17:00 h): Toda la ciudad de Quyquyhó y sus compañías.
• Atyrá: En parte de la compañía Zanja Hū, las tareas finalizaron a las 13:00 h (el corte inició a las 08:00 h), por lo que el servicio se encuentra restablecido.

Región Este

• Ruta PY02 (06:30 a 17:00 h): Tramo del km 16 al km 18 (Zona 01).
• Minga Guazú / Ciudad del Este (07:00 a 17:00 h): Barrio Santo Domingo, Km 20 Lado Monday.

La ANDE recuerda a la ciudadanía que, una vez finalizadas las intervenciones en las redes, el suministro de energía eléctrica se restablecerá progresivamente dentro de los horarios programados.

La ministra de Obras Claudia Centurión respondió a los planteamientos ya que la cartera a su cargo proyecta un presupuesto para el 2027 de G. 9,275 billones (cerca de US$ 1.436,2 millones al cambio proyectado de G. 6.458), un 34% más que el PGN inicial 2026. La inversión física concentra G. 6,455 billones, equivalentes a US$ 1.000 millones.

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El senador Dionisio Amarilla concentró su intervención en varias partidas del proyecto. Preguntó por el avance del cruce de Pedrozo y por incrementos en presupuesto de limpieza, equipos informáticos, catering, pasajes, viáticos, vestimenta y capacitación.

Según manifestó, la cartera de Obras plantea “saltos sustanciales” en equipos informáticos que pasan de G. 4.600 millones a G. 20.000 millones, en limpieza, de G. 11.000 millones a G. 20.000 milllones y el rubro “construcciones para uso privado”, que pasa de G 31.000 a unos G. 250.000 millones, con un aumento de 825%.

“Porqué esos saltos presupuestarios ministra, queremos escuchar de tu boca”, reclamó Amarilla. Además, solicitó detalles de préstamos al sector privado, compras de vehículos y otras partidas vinculadas a la inversión.

Otro pedido del senador fue un listado de proveedores del MOPC de los últimos años. Pidió que el informe incluya monto adjudicado, porcentaje de avance, cuánto cobró cada empresa y cuánto se le adeuda. “Yo quiero saber el ranking de adjudicados”, afirmó el senador.

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¿Cuánto avanzó el cruce Pedrozo?

A los reclamos de Amarilla, la ministra informó que el cruce de Pedrozo cuenta con 62% de avance en general. Indicó que en lo que respecta al movimiento de suelo, alcanza 85%, y que la estructura de las losas del puente vial está terminada. Finalmente, afirmó sobre el punto que la obra será concluida a fin de año.

En cuanto al aumento en limpieza y equipos informáticos, explicó que se vincula con la mudanza del MOPC a las nuevas oficinas de Gobierno.

En el caso de vestimenta, precisó que se trata de equipos de seguridad, como guantes, botas, mamelucos y cascos. “Esto es fundamental para todos los trabajadores sobre todo los que están en terreno y que trabajan a nivel país. No escatimamos en seguridad”, sostuvo.

Centurión también explicó que la inversión denominada “construcciones para uso privado” corresponde al programa Resiliencia Urbana y a 700 viviendas que serán construidas a pobladores de la Chacarita y la Costanera Norte.

APP: vías alternativas durante obras

El senador Amarilla volvió a intervenir solicitando datos de las alianzas público-privadas (APP) sobre las obras de las rutas PY1 y PY2.

A lo que la ministra explicó que el presupuesto incorpora recursos para la Ruta PY1, además del pago diferido de la inversión de la Ruta PY2. Para la Ruta PY1 citó una asignación aproximada de US$ 60 millones en 2027 y un plazo de tres años de construcción.

“Este segundo contrato en APP (Ruta PY1), nos permitirá tener otro estándar de infraestructura que interviene desde Acceso Sur hasta Quiindy duplicando completamente su tramo. Contará con siete cruces a desnivel, que dará 2.500 a 3.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a más de 2 millones de personas”, explicó la ministra.

El senador cuestionó el modelo y preguntó si existirán vías alternativas durante las obras. También pidió atención para el acceso de Ituzaingó a Villeta y para la ruta entre Nueva Italia y Carapeguá.

A esto Centurión dijo que hay seis consorcios precalificados, dos ofertas en la etapa final y que la propuesta adjudicada quedó 8% por debajo del precio de referencia.

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Cuestionan Luque-San Bernardino y la reforma del transporte

El diputado Raúl Benítez y la senadora Esperanza Martínez centraron sus preguntas en el proyecto Luque-San Bernardino. Expusieron preocupación por escuelas, industrias, viviendas, clubes y el patrimonio histórico en el área de influencia. También preguntó qué ocurrirá si los permisos ambientales por tramo no cubren después todo el corredor.

A esto la ministra respondió que el corredor desde Luque hasta Ypacaraí y la adecuación de la ecovía hacia San Bernardino están bajo desarrollo técnico y que el MOPC coordina con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Sobre las escuelas, informó Centurión que dos tendrán afectación directa y parcial sobre sus terrenos, una pública y una privada, mientras que otras 21 tendrán afectación indirecta por necesidades de acceso, pasos peatonales u otros circuitos. También señaló que el proyecto tiene 30% de avance.

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Por su parte, el diputado Benítez también pidió detalles sobre la compatibilidad del proyecto con el Tren de Cercanías.

Sobre este proyecto la ministra, afirmó que la cartera negocia los últimos términos contractuales con Etihad Rail y que existe una mesa con Presidencia, Procuraduría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También indicó que el proyecto ejecutivo debe resolver las interferencias con el corredor vial.

Según datos del MOPC, las obras preliminares del Tren de Cercanías, iniciarán en el primer semestre de 2027, dentro de un proyecto con tres años de construcción.

Cuestionamiento al subsidio del transporte público

Los legisladores Benítez y Amarilla cuestionaron que el PGN para el MOPC vuelva a concentrar recursos en el subsidio al transporte sin mostrar una inversión suficiente para una reforma del sistema, estaciones o renovación de buses.

“No es una cuestión de esfuerzos solamente”, sostuvo Benítez al referirse a la necesidad de respaldo político y presupuestario.

Para el transporte público, señaló que el presupuesto 2027 contempla el proceso de licitación de 250 nuevas unidades y que la reforma prevé un fideicomiso con la recaudación de pasajes.

Sobre el subsidio al los transportistas, Centurión sostuvo que el monto del PGN 2027 no representa un aumento real. “Lo que hay es no precisamente un aumento al subsidio, sino un ajuste de lo que son los requerimietos anuales”, resaltó.

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¿Cómo seguirán las obras en la cuenca del arroyo Lambaré?

El diputado Benítez centró su última consulta en el saneamiento de la cuenca del arroyo Lambaré y el estado de la planta de tratamiento y las colectoras.

Sobre el punto Centurión dijo que la planta de tratamiento de aguas residuales ya fue adjudicada a la empresa Griñó junto con una empresa uruguaya y que se encuentra en fase de diseño e ingeniería. En cuanto a las colectoras dijo están en evaluación, con la apertura del sobre económico como siguiente paso.

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¿Qué esperar en caminos vecinales y dragado para el año que viene?

A su turno, el diputado César Cerini por su parte reclamó por el estado de las rutas internas del país. Planteó que el MOPC destine una inversión mayor a caminos de todo tiempo, por su menor costo frente a una pavimentación completa, y propuso una coordinación con gobernaciones y municipios. También preguntó sobre las labores previstas para dragado de los ríos.

La titular del MOPC, respondió que la institución a su cargo prevé pavimentar cerca de 400 km de caminos vecinales, con dos créditos que suman US$ 150 millones. Para los caminos de tierra y ripio, citó los contratos de transitabilidad. Según explicó, esos contratos ya cubren los departamentos de la Región Occidental, además de Itapúa y Misiones, y la meta para 2027 es extenderlos a la Región Oriental.

Sobre el dragado, señaló que se contempla US$ 20 millones de inversión y corresponden a contratos vigentes para los ríos Paraguay y Paraná, con compromisos para 2025, 2026 y 2027. Recordó que se cuenta con la draga donada por Japón, bajo administración de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

“Se harán labores en el río Bermejo que es un punto crítico sobre todo ahora que desciende el deshielo de los Andes y arrastra una gran cantidad de sedimentos”, detalló.

El caso, denominado Operativo Aurelia, está a cargo del agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

La investigación destapa un esquema internacional que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, operaba conectando a Paraguay con Brasil, Panamá, Turquía y Dubái.

Su objetivo principal era el ingreso irregular de lingotes de oro al territorio paraguayo para luego reexportarlos de forma clandestina utilizando a personas reclutadas como “mulas” para transportarlos en vuelos comerciales.

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El origen del caso y los allanamientos

El hilo de la investigación comenzó a desenredarse el pasado 16 de abril en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En dicha ocasión, las autoridades interceptaron 31 lingotes metálicos, presumiblemente de oro, con un peso total aproximado de 27,5 kilogramos, los cuales estaban ocultos en el equipaje de un pasajero que tenía como destino final Panamá.

A partir de este decomiso, la Fiscalía desplegó una serie de diligencias complejas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, registros migratorios, itinerarios de vuelo, peritajes telefónicos y documentación comercial.

Esto derivó en los allanamientos simultáneos ejecutados el 24 de septiembre en Asunción y varias ciudades del departamento Central, encabezados por un equipo de ocho fiscales y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Durante los procedimientos, los intervinientes incautaron evidencias como ser vehículos y dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentos varios, bórax decahidratado y otro precursor industrial, sustancias que serán sometidas a rigurosos análisis químicos.

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El rol del aeropuerto y pedidos a la justicia

Uno de los puntos más llamativos de la investigación apunta a que la estructura criminal habría utilizado un local comercial ubicado dentro de la zona de embarque del principal aeropuerto del país.

Desde allí, personas vinculadas al esquema habrían facilitado el paso y la manipulación de los equipajes con el metal precioso para burlar los controles aduaneros.

Prisión preventiva en caso Aurelia

Ante la gravedad de los hechos, el juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de cuatro de los imputados, Walid Kadhin, Ali Kaied, Jessica Aguilera Riquelme y Karol Núñez Alarcón, argumentando la existencia latente de riesgos procesales como peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

Asimismo, la Fiscalía fijó un plazo de seis meses para culminar la etapa investigativa y robustecer el expediente con nuevas pericias.

El caso cobra una dimensión crítica por el cargo que ocupó Hernán Rivas, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la máxima instancia encargada de juzgar a jueces y fiscales.

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“Es el organismo que debería garantizar la rectitud, corregir inconductas y servir de garantía a la ciudadanía. Sin embargo, la presencia de una persona con título falso al frente de ese cuerpo revela que está capturado por intereses políticos, poder económico y hasta vinculaciones con el narcotráfico”, señaló.

Dictámenes bajo sospecha y la imagen ante el mundo

La senadora manifestó que las resoluciones que firmó Rivas quedan todas bajo sospecha y deben ser revisadas y revocadas a solicitud de quienes resultaron afectados.

El caso proyecta al Paraguay ante la comunidad internacional como un país de cuarta, donde los más altos estándares de idoneidad se sustituyen por fraude. El título falso transitó sin obstáculos por universidades, el Ministerio de Educación, el Senado y la Cámara de Diputados. “Ningún filtro funcionó”, remarcó.

Hay que renovar la educación superior

La condena de ocho años contra Rivas “es solo el comienzo”, afirmó la legisladora. “No puede limitarse a una sola persona: deben identificarse y juzgarse todos los responsables de emitir, avalar o aceptar ese documento, así como de los cientos de títulos falsos que circulan en el país”.

Como integrante de la Comisión de Títulos, la senadora anunció que no cesará el reclamo hasta lograr una profunda transformación de la educación superior paraguaya.

“Si el semillero de quienes conducirán el país está contaminado desde su origen, el futuro institucional del Paraguay está en riesgo. Ojalá no solo vaya preso quien debe ir, sino que se destruya todo este sistema y apostemos a una nueva educación superior”, concluyó.

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Fretes, que ya tenía una radiografía de las deficiencias del hospital, coincidió en que es un problema que se debe solucionar inmediatamente y, seguidamente, comparó al Hospital con un aña retã’i (pequeño infierno), producto de las decisiones improvisadas tomadas en el transcurso del tiempo.

“Nde mitã kuña, nde piko reikuaa mba’epa la aña retã’i (¿Señorita, vos sabés qué es el aña retã’i). Hay una obra de teatro muy linda sobre el aña retã’i. Está al costado del escolta. Y lo llamaron así porque era una comunidad con calles finitas, que surgió en un ambiente de sistema donde la urbanización normal no existía. Y era un lugar donde vivía todo tipo de gente y era un lugar de chismerío, ha upea la aña retã’i (y eso es el pequeño infierno)”, explicó de manera jocosa el titular del Ministerio de Salud.

“Ha koa ha’e peteî aña retã’i (y esto es lo mismo), porque por una cuestión de necesidad fueron creciendo. Se dieron cuenta, de que en la parte de atrás tenemos una estructura de primer mundo, y vamos más allá y nos encontramos con la zona de internados que están separados por mamparas de plásticos, y luego camas de internación separadas por biombos”, expresó Fretes como para dar contexto a su primera explicación.

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Agregó que la necesidad obligó a crecer de forma desordenada. “La necesidad hizo que la planificación dónde en el sistema hospitalario debe ser muy estricta, aquí no existió. La necesidad se impuso ante el ordenamiento, pero tenemos la obligación de hacer que haya un orden por más de que hay desorden en lo edilicio, pero aún así mis felicitaciones a la Dra. Sofía Ramos porque su hospital está limpio”, mencionó a su paso por el hospital.

Consultó sobre la situación edilicia del hospital, y los técnicos explicaron que este año se verificó que hubo incumplimiento por parte de las empresas contratadas, lo que obligó al Ministerio de Salud a rescindir de los contratos.

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“Esto podemos permitir en nuestra casa, que una empresa no termine nuestra casa, pero en el hospital eso hace daño, y se está haciendo daño al pueblo y esto es inconcebible”, refirió al pasó de hilar la necesidad de reforzar los sistemas de fiscalización de obras para evitar caer en estos tipos errores.

Luego de consultar con los especialistas que lo acompañaron, Fretes añadió que se debe agregar más camas en el área de terapia neonatal para reforzar la asistencia a los pacientes recién nacidos, teniendo en cuenta que la sala puede responder a una mayor capacidad.

Zárate dio estas explicaciones al argumentar su voto por la aplicación de una condena más elevada, de 14 años, que mantuvo en disidencia con la mayoría del Tribunal de Sentencia, que con los votos de María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, sentenció a Rivas a 8 años de pena privativa de libertad.

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“Considero que el señor Rivas ha atentado contra el ordenamiento político de la República y cambió el orden del procedimiento previsto en el artículo 253 de la Constitución Nacional. En que en cuanto a la designación e integración de representantes de ambas cámaras ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, señaló.

El mencionado artículo 253 de la Constitución dice lo siguiente:

• Del enjuiciamiento y de la remoción de los magistrados - Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o por mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos Senadores y dos Diputados; estos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Consecuencias del accionar de Hernán Rivas aún son desconocidas, advirtió

En otro momento de su explicación, el magistrado disidente destacó que aún se desconocen las consecuencias que podrían acarrear los graves hechos expuestos en juicio.

“El artículo 137 de la Constitución Nacional es claro cuando dice: carecen de validez todas las imposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Es un hecho grave”, resaltó.

“Lo ha manifestado la presidenta tiene consecuencias institucionales. No sabemos si vamos a tener consecuencias económicas y tal vez políticas. Por lo tanto, en virtud al artículo 400 (Código Procesal Penal), que nos faculta, nos faculta al tribunal a aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas, la pena justa para este magistrado es la de catorce años de pena privativa de libertad. Esa es mi sanción”. concluyó.

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El artículo mencionado por Zárate, el 137, dice lo siguiente:

• De la supremacía de la Constitución - La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.
• Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.
• Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Señaló que el político vulneró el orden institucional del país y que el impacto de sus actos todavía se desconoce advirtió que los alcances reales de su accionar aún son incalculables.

Tribunal de Sentencia dispuso que Hernán Rivas siga en libertad

El jueves último, el Tribunal de Sentencia presidido por María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo condenó a Rivas a 8 años de pena privativa de libertad por producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas por su título falso de abogado

El Tribunal declaró probada la acusación presentada por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, que en sus alegatos finales solicitaron una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el acusado.

El colegiado, que dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 2 de octubre, dispuso que el exlegislador permanezca en libertad hasta que el fallo se quede firme.

Señaló que esa convicción también se sustentaba en pronunciamientos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la validez de su título.

Hernán Rivas, “con toda la verdad”: la entrevista en que aseguró ser abogado

“Nosotros cuando éramos diputados y le nombramos como representante ante el Jurado, teníamos la certeza de que él era abogado”, manifestó Maidana al ser consultado sobre las declaraciones de otros legisladores que señalaron que Rivas había engañado a varios de sus colegas.

Maidana agregó que el MEC había afirmado en más de una oportunidad que el título de Rivas se ajustaba a la verdad y que reunía todos los requisitos.

“También el MEC en más de una oportunidad ha afirmado que su título se ajustaba a la verdad y que reunía todos los requisitos”, afirmó.

El legislador dijo que el proceso judicial posteriormente demostró una situación diferente y señaló que, en un Estado de derecho corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.

“Pero ahora se demostró lo contrario y bueno, en un Estado de derecho todos estamos sometidos a la Justicia”, expresó.

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El liberal indicó que una ordenanza no puede estar por sobre el derecho constitucional de la libertad de reunirse en espacios públicos, por lo cual su acto de cierre de campaña sigue en pie y se realizará tal cual estaba previsto en la plaza central de Luque.

La autoritaria ordenanza fue impulsada por los concejales cartistas Diego Romero, quien está imputado por una presunta tragada en la Cooperativa de Luque; el ex hurrero de OGD Justo Ramón Servín; y Arnaldo Baeza, este último busca su reelección en el cargo y tiene varios antecedentes de actos violentos.

Piden veto total a Echeverría

Por otro lado, los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque presentaron una nota a la intendencia municipal en la que solicitan al intendente cartista Carlos Echeverría el veto total de la autoritaria ordenanza.

La organización civil ataca directamente el artículo 3 de la ordenanza aprobada a “tambor batiente” por los ediles cartistas, en el que se establece “que prohíbe la utilización organizada de espacios públicos municipales para actos de lanzamiento, cierre o presentación de candidaturas, además de mítines o concentraciones partidarias con instalación de escenarios, tarimas o estructuras similares.

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La Contraloría Ciudadana Luqueña argumenta que la ordenanza atenta directamente contra varios artículos de la Constitución Nacional, por lo cual pide el veto total.

Hasta esta tarde, el intendente Carlos Echeverría no se pronunció al respecto de la iniciativa de sus correligionarios cartistas.

La iniciativa plantea recopilar todo el historial de decisiones tomadas por el colorado durante su gestión como integrante y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El portal incorpora un “buscador de votos” abierto que permite a cualquier usuario verificar las intervenciones, actas y dictámenes firmados por Rivas. Para estructurar este volumen de información, el proyecto, impulsado por el abogado Federico Legal y el ingeniero Luis Benítez, utilizó inteligencia artificial para procesar, clasificar y digitalizar expedientes públicos del JEM para que la ciudadanía pueda constatar cómo se dieron los votos en los procesos disciplinarios contra magistrados del país.

La importancia del portal también se fundamenta en la participación de Rivas en el órgano constitucional encargado de sancionar o remover a jueces y fiscales. Actualmente, hay sectores de la sociedad civil y del ámbito jurídico cuestionan la validez legal y ética de los fallos emitidos con él incluido.

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Verificación ciudadana de los datos

Al respecto, el ingeniero Luis Benítez -informático que encabeza el proyecto- confirmó que la idea nació a pedido del abogado Federico Legal con algunos documentos iniciales, pero él amplió el alcance descargando todos los expedientes públicos del JEM, incluyendo actas, dictámenes, órdenes del día y resoluciones.

De momento, la plataforma historial cuenta cronológico de la cobertura por parte de la prensa, expedientes judiciales y estadísticas procesadas con inteligencia artificial. Por esto último, el experto reiteró que la IA puede generar imprecisiones, por lo que resaltó la importancia del control ciudadano para auditar los datos y alcanzar un nivel de precisión del 100%.

Para la colaboración ciudadana, el especialista anunció que pronto habilitarán un formulario de “contáctenos” vinculado al sistema de GitHub.

Con este mecanismo, cualquier usuario podrá enviar observaciones o aportar información, permitiendo así que el equipo informático valide los datos y aplique “correcciones en tiempo récord”, al igual que expandir considerablemente su “catálogo” de información disponible.

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Algunos carburantes tienen el mismo precio en la estatal que en las estaciones privadas, mientras que otros son un poco más baratos en Petropar. El emblema Shell, que al igual que la estatal venía manteniendo sus precios, también aplicó subas desde esta semana, con lo que se completó la quinta ronda de aumentos en lo que va de este año.

En un recorrido realizado por ABC esta mañana por distintos servicentros, se pudieron comparar los precios vigentes y los aumentos acumulados luego de los sucesivos ajustes registrados durante el año, en un escenario marcado por la suba de las cotizaciones internacionales de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente.

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La nafta común de 88/89 octanos cuesta actualmente G. 6.990 por litro tanto en Petropar como en los emblemas privados. En febrero, el precio de referencia era de G. 5.190, por lo que el aumento acumulado llega a G. 1.800 por litro, equivalente a una suba del 34,7%.

En la nafta intermedia de 93/95 octanos, el precio actual es de G. 7.490 por litro tanto en Petropar como en el sector privado. Frente a los G. 5.690 de febrero, el incremento acumulado es de G. 1.800, un 31,6%.

La diferencia aparece en la nafta súper de 96/97 octanos. Petropar comercializa actualmente este combustible a G. 8.990 por litro, mientras que en los emblemas privados llega a G. 9.290.

En este caso, la brecha es de G. 300 por litro. Desde febrero, cuando el precio de referencia era de G. 7.040, el aumento acumulado llega a G. 1.950 en Petropar, un 27,7%, y a G. 2.250 en los privados, un 32%.

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El diésel mantiene una brecha

En el caso del diésel común o Tipo III, Petropar tiene actualmente un precio de G. 8.785 por litro, mientras que los privados lo comercializan a G. 8.990.

La diferencia es de G. 205 por litro. En febrero, el precio era de G. 6.250, por lo que el aumento acumulado alcanza G. 2.535 en Petropar, equivalente al 40,6%. En los privados, el incremento llega a G. 2.740, un 43,8%.

Para el diésel premium o Tipo I, Petropar fijó un precio de G. 10.795 por litro, frente a G. 11.000 en los emblemas privados. Nuevamente, la brecha es de G. 205 por litro.

Este combustible costaba G. 8.050 en febrero. Por tanto, el aumento acumulado llega a G. 2.745 en Petropar, un 34,1%, mientras que en los privados la suba alcanza G. 2.950, equivalente al 36,6%.

¿Cuánto subieron desde febrero?

La comparación de los precios actuales con los vigentes en febrero muestra que los mayores incrementos porcentuales se registran en el diésel.

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En Petropar, el diésel común acumula una suba del 40,6%, mientras que el premium aumentó 34,1%. Entre las naftas, la común registra un incremento del 34,7%, la intermedia 31,6% y la súper 27,7%.

En los emblemas privados, el aumento del diésel común alcanza 43,8% y el premium 36,6%. La nafta común subió 34,7%, la intermedia 31,6% y la súper 32%.

El encarecimiento histórico del gasoil está afectando fuertemente a la economía, como por ejemplo, al transporte público de pasajeros. Desde este sector calificaron el impacto como “brutal” debido al encarecimiento desmedido del diésel.

Afecta a la economía

Al mantenerse congelada la tarifa del pasaje que abona el usuario final, la diferencia recae directamente sobre la tarifa técnica, lo que incrementa de forma ineludible la necesidad de mayores recursos fiscales por parte del Estado para sostener el esquema de subsidios.

Por su parte, las actividades agropecuarias, el transporte de hacienda y la distribución de mercaderías soportan márgenes operativos cada vez más ajustados con el inicio de la nueva campaña agrícola.

En cuanto al eslabón comercial y la posible repercusión en las góndolas de los supermercados, el sector aclaró que el traslado a precios dependerá de la decisión particular que tome cada proveedor al actualizar sus listas.

El vicepresidente de la Cámara, Ramón Fariña, señaló que entre 2018 y 2019 Paraguay, Argentina y Bolivia exportaban volúmenes similares de chía.

Sin embargo, detalló que nuestro país dio el gran salto, debido a que las exportaciones paraguayas se quintuplicaron en siete años, al pasar de 16.645 toneladas en la campaña 2018/19 a 83.591 toneladas en 2025/26.

“Es un número muy significativo, teniendo en cuenta que Bolivia quedó estancado en sus envíos en torno a 12.000 toneladas y Argentina viene exportando en torno a 6.000 a 7.000 toneladas. Se ve perfectamente el despegue y el posicionamiento de Paraguay a nivel mundial hoy en materia de chía”, destacó.

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En términos de valor, el crecimiento también fue significativo. Los envíos pasaron de US$ 43,6 millones en la campaña 2018/19 a US$ 233,6 millones en 2025/26, reflejando, según precisó la expansión que tuvo la cadena productiva y exportadora en los últimos años, precisó Fariña.

Mercados de la chía paraguaya

En cuanto a los mercados de destino, Fariña destacó que la chía paraguaya actualmente está presente en 90 países, lo que alegó demuestra el posicionamiento alcanzado por el país en el mercado mundial.

Citó que el producto paraguayo llega a mercados de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, Australia y Medio Oriente. Entre los principales destinos se encuentran Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Australia, Perú, Canadá, Reino Unido, Polonia, España y Bolivia, de acuerdo con los datos presentados por el sector.

“Europa concentra el 38% de las exportaciones, mientras que Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, representa el 35%.Estas cifras son alentadoras e impactantes, pero sobre todo debemos destacar que Paraguay tuvo la capacidad de posicionarse como líder mundial”, reiteró.

Más hectáreas destinadas a la producción

La expansión de los mercados también estuvo acompañada por un fuerte crecimiento de la superficie destinada al cultivo. El área sembrada pasó de 101.697 hectáreas en la campaña 2022/23 a 261.699 hectáreas en 2025/26, lo que representa un crecimiento acumulado del 157,3%.

Actualmente, el cultivo tiene presencia en 12 departamentos del país. Canindeyú concentra la mayor superficie, seguido por San Pedro, Alto Paraná, Amambay y Caaguazú.

Según explicó Fariña, el desarrollo del sector involucra distintas etapas de la cadena, desde el productor y el manejo de poscosecha hasta el procesamiento, el control de calidad y la comercialización internacional.

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El desafío es consolidar el crecimiento

Con el aumento de la producción y la llegada a nuevos mercados, el sector apunta ahora a fortalecer aspectos como la productividad, la calidad, la trazabilidad, la innovación y la competitividad.

“Consideramos que el crecimiento de la chía paraguaya debe estar acompañado por una cadena cada vez más organizada y preparada para responder a las exigencias de los mercados internacionales”, indicó.

Durante la entrevista, Marecos destacó que la medida toma como referencia experiencias exitosas de la región, como las implementadas en Brasil y Argentina.

En esa línea, enfatizó la necesidad de poner límites frente al deterioro de la convivencia escolar: “Esa adicción tecnológica que hay hoy en términos de valores, hace de que nosotros consideremos pertinente que se restrinja el uso en las instituciones”.

Señaló que cuando el profesor dice “Vamos a utilizar para esta asignatura para desarrollar tal contenido, tal materia, se aplaude”. “Pero tener en los recreos, como permitía la resolución anterior, empezar a enviarse mensajes, amenazarse entre grupos por diversos motivos, no habla bien en términos de valores”, expresó.

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El representante gremial también apuntó contra la pérdida de control y el impacto de los dispositivos en el entorno educativo: “Es muy difícil, yo tengo muchísimas experiencias negativas de los estudiantes, de los directores que comentan, hay muchas amenazas entre los estudiantes por los antivalores, venta, consumo de droga, violencia juvenil, todo eso hace que hoy ya no haya un control”, advirtió.

No obstante, aclaró que la restricción contempla excepciones claras para emergencias médicas o situaciones en las que los padres necesiten comunicarse con sus hijos.

Exigencia de control también para los docentes

Consultado sobre si la medida debe alcanzar al plantel docente, Marecos señaló que pedirán debatir la reglamentación para los profesores, bajo la premisa de que se debe predicar con el ejemplo dentro de las instituciones.

Por otro lado, el titular del Sinadi aprovechó la ocasión para denunciar un fuerte revés financiero para los establecimientos educativos, calificando como un “retroceso” el recorte del 33% en los fondos de gratuidad escolar.

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“Imagínate vos, si no fuese por los docentes que nos ayudan a veces, es una miseria lo que se recibe en concepto de la gratuidad. No puede ser que tu hijo valga 20.000 guaraníes una vez al año en concepto de gastos corrientes [...] con 20.000 guaraníes por alumno, vos tenés 100 alumnos, 2 millones de guaraníes para sostener 11 meses, imposible”, sentenció.

La OMS pide a países impactados por El Niño que preparen sus capacidades sanitarias

A nivel global, el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a la Organización Meteorológica Mundial y a los servicios de la región. En el ámbito local, aunque habitualmente se asocian estas condiciones con inundaciones, Mingo advirtió que se ha previsto que en zonas como Boquerón ocurrirá un marcado déficit de lluvias, un escenario que podría repetir episodios pasados donde el Chaco requirió asistencia de agua en camiones.

El especialista ha alertado sobre la presencia de altas temperaturas que afectarán a todo el territorio paraguayo. Las estimaciones han indicado que el valor térmico superará los 41 grados en departamentos como Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, además del norte de Concepción y San Pedro, impulsado por un intenso viento norte.

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El calor va a ser fuerte, advierte

Mingo ha detallado la evolución del temporal explicando que “a partir de hoy ya vamos a tener ese calor importante a nivel nacional, pero lo de sábado, domingo y lunes es que puede llegar a ser la famosa ola de calor”.

Desde el mes de marzo, diversas instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Agencia Espacial Paraguaya han mantenido reuniones y planes de acción preventivos.

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Las estimaciones meteorológicas señalan que el indicador ENOS en fase de El Niño se extenderá por lo menos hasta abril de 2027, e incluso no se descarta el posterior arribo del fenómeno de La Niña.

Sobre este posible escenario, Mingo sostuvo: “No me sorprendería que la atmósfera a esta altura del año en el 2027 pueda darnos una Niña también. Si tenemos sistemas resilientes que ya se están preparando para eso, después que venga El Niño, La Niña o el que quiera venir; le podemos enfrentar a Godzilla, a King Kong o al Super todo, pero tenemos que empezar en algún momento”.

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Frente al descenso en el caudal de los ríos y los días de intenso calor, Meteorología ha reiterado la necesidad de extremar los cuidados en las zonas de recreación acuática. Mingo alertó que “las altas temperaturas atraen situaciones de querer refrescarse” y remarcó que el bajo nivel del río Paraguay incrementa el riesgo de accidentes y ahogamientos debido a la presencia de canales desbordados y cortes profundos cerca de la orilla.

El sur también va a ser afectado

Para la región sur del país, las previsiones para este fin de semana indican marcas térmicas de entre 36 y 38 grados, mientras la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja durante el fin de semana.

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Eduardo Mingo precisó que el fenómeno obedece a un cuadro de calor extremo en el que la masa de aire caliente eleva de forma drástica la sensación térmica en varias regiones del país.

El especialista ha advertido sobre la energía acumulada señalando que: “Si hay demasiada energía, ¿cómo eso después desencadena la liberación de la energía? Y suelen ser tormentas muy fuertes”, por lo que ha instado a mantener la atención sobre los avisos oficiales.

Pero para la senadora, el caso Rivas representa apenas el comienzo de una investigación mucho más amplia, apenas la “punta del iceberg”. “Cayó el peón, pero no los patrones”, afirmó Paredes al analizar la condena contra su excolega.

La senadora sostuvo que Rivas “jamás pudo haber hecho todo lo que hizo solo” y aseguró: “Hay una estructura criminal que se encarga de producir títulos falsos en Paraguay”.

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Según Paredes, esa estructura tendría como objetivos obtener beneficios económicos y facilitar el acceso a cargos de relevancia, especialmente dentro de la función pública. También advirtió sobre el posible impacto de títulos falsos entre jueces y fiscales, debido a que estos profesionales intervienen directamente en la administración de justicia.

Para Paredes, por lo tanto, la condena de Rivas no debería significar el cierre del caso, sino el inicio de nuevas investigaciones sobre quienes pudieron intervenir en la producción de los documentos y en el ascenso del exlegislador a posiciones de poder.

A cartistas: “No pueden decir que se sienten estafados”

La senadora cuestionó además la reacción de los oficialistas que, tras la condena, se presentan como engañados por Rivas. “Hoy ellos no pueden decir que se sienten estafados. Ellos le deben una disculpa pública a la ciudadanía”, afirmó.

Paredes sostuvo que el cartismo tuvo responsabilidad en la protección política de Rivas y recordó que ella misma se había opuesto a su designación, pero que el exlegislador contó con un respaldo que calificó de “férreo”.

La legisladora también vinculó el caso con antecedentes que, según afirmó, ya advertían sobre las capacidades y la preparación de Rivas. A su criterio, si dirigentes de la ANR conocían esas advertencias, la responsabilidad política alcanzaba a la cúpula del movimiento.

“Todos lo hicieron a sabiendas. Hoy ellos no pueden decir que se sienten estafados. Ellos le deben una disculpa pública a la ciudadanía”, insistió.

Recordó la nota que hizo el exsenador Enrique Bachetta (ANR) dirigida a Pedro Alliana, entonces presidente de la Cámara de Diputados. “O sea que Alliana sabía perfectamente y si Alliana sabía, sabía Horacio Cartes, sabía toda la cúpula”, indicó.

“El cartismo tenía un brazo extorsionador en el JEM”

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Paredes apunta directamente al papel que Rivas desempeñó dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Se comprueba que el cartismo tenía un brazo extorsionador en el Jurado”, afirmó la senadora.

En ese contexto, calificó el caso como una “asociación criminal” y sostuvo que la presunta estructura vinculada a los títulos falsos habría servido para obtener beneficios económicos o políticos.

Paredes planteó además una pregunta sobre las consecuencias que pudo haber tenido la presencia de Rivas en el JEM: “¿Cuántos magistrados delincuentes hoy están libres gracias a Hernán Rivas o cuántos jueces fiscales honestos han sido condenados por esta misma estructura criminal?”.

La senadora sostuvo que el cargo era particularmente relevante para el cartismo debido a que el JEM interviene sobre jueces y fiscales, y afirmó que Rivas habría sido un elemento funcional para ejercer influencia sobre esa estructura. Estas son afirmaciones políticas de Paredes y no conclusiones establecidas por la sentencia mencionada.

Paredes pide investigar a la Universidad Sudamericana

La senadora también reclamó profundizar la investigación sobre la Universidad Sudamericana y cuestionó que, a su criterio, no se haya avanzado suficientemente sobre quienes firmaron el título de Rivas.

Paredes mencionó específicamente a quienes identificó como responsables de la institución y sostuvo que debería determinarse quiénes participaron en la producción y validación de la documentación cuestionada.

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Además, reclamó a la comisión parlamentaria, presidida por el cartista Patrick Kemper que investiga los títulos falsos que no centre su trabajo en la Universidad Sudamericana. Afirmó que lleva meses solicitando información sobre el listado de sus egresados y advirtió que en esa lista podrían figurar jueces, fiscales, funcionarios y personas vinculadas al sistema político.

Proyecto para suspender nuevas universidades y carreras

Como una de las respuestas legislativas al escándalo, Paredes recordó que presentó un proyecto de ley para suspender temporalmente la habilitación de universidades e institutos privados mientras se busca “sanear” el sistema mediante el cual se otorgan títulos en Paraguay.

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La senadora anunció que pedirá el tratamiento de urgencia de la iniciativa y reclamó el respaldo de sus colegas. El objetivo, según explicó, es evitar que continúe la habilitación de nuevas instituciones mientras persisten los cuestionamientos sobre el sistema de otorgamiento y control de títulos.

La propuesta podría ser discutida después de las elecciones municipales del 4 de octubre.

La presencia de la empresa genera expectativa, pero también cautela entre los pobladores, debido a que el proyecto ya había sido anunciado oficialmente y los plazos inicialmente previstos no se cumplieron. La restauración había sido presentada como una obra prioritaria para salvaguardar uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la ciudad.

El padre Alcides Mendoza, párroco de Ñandejára Guasu, confirmó que la nueva empresa ya se encuentra en el sitio.

El sacerdote explicó que los trabajos de restauración continúan y que la comunidad parroquial se encuentra atenta al desarrollo de las tareas. “Estamos detrás de ellos como comunidad parroquial”, afirmó.

Mendoza también confirmó que el presupuesto previsto se mantiene, pese al cambio de empresa encargada de ejecutar los trabajos. La situación genera una expectativa especial, teniendo en cuenta que la comunidad lleva años reclamando una intervención que permita recuperar y preservar el templo.

Una obra anunciada, pero demorada

El pasado 10 de enero, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) presentó oficialmente el plan de restauración del Santuario Ñandejára Guasu, dentro del Programa de Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Material.

Tras años de reclamos y gestiones, Itaipú Binacional había anunciado que las obras se ejecutarían entre junio y julio de este año. Sin embargo, esos meses transcurrieron sin que el proyecto avanzara conforme al cronograma anunciado.

La situación generó preocupación debido al estado de conservación del antiguo templo y a la importancia histórica que representa para Piribebuy. Ahora, con la instalación de la nueva firma, la comunidad vuelve a mirar con expectativa el proyecto, aunque con la cautela propia de una obra que ya sufrió demoras antes de llegar a esta etapa.

La restauración contempla una inversión aproximada de G.11.400 millones, financiada por Itaipú Binacional.

El proyecto incluye trabajos integrales en pisos, muros, techos y estructuras internas, además de las intervenciones necesarias para recuperar y poner en valor el edificio.

La magnitud de la inversión y el valor patrimonial del templo hacen que la comunidad parroquial permanezca vigilante. Para los pobladores, no se trata simplemente de una obra edilicia, sino de la recuperación de un espacio que forma parte de la identidad histórica y religiosa de Piribebuy.

La expectativa de que esta vez se cumpla

El inicio de los trabajos representa un paso concreto frente a los anuncios anteriores, pero la comunidad ahora espera ver resultados visibles. La instalación de la empresa es apenas el comienzo de un proceso que deberá avanzar de acuerdo con el proyecto previsto.

El padre Mendoza resumió la expectativa de la comunidad al señalar que esperan que esta vez la restauración pueda concretarse. La presencia permanente de representantes parroquiales busca también acompañar y observar el desarrollo de las tareas.

El desafío ahora será que el proyecto avance sin nuevas interrupciones y que los recursos destinados a la recuperación del templo se traduzcan en una restauración efectiva.

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Un patrimonio de más de 270 años

El templo Dulce Nombre de Jesús, Ñandejára Guasu, conocido popularmente como Capilla Guasu por sus grandes dimensiones, fue construido en 1753 por el entonces cura párroco Gaspar de Medina, en honor al Santo Cristo de los Milagros, posteriormente venerado como Ñandejára Guasu, “Nuestro Gran Señor”.

Con más de 270 años de historia, el templo constituye uno de los principales referentes patrimoniales de Piribebuy y de la región de Cordillera.

La ciudad tuvo además un papel relevante en el proceso de poblamiento de la zona. Desde Piribebuy surgieron comunidades como Barrero Grande, actualmente Eusebio Ayala; Caacupé; Itacurubí de la Cordillera y San José de los Arroyos.

Por su antigüedad, valor arquitectónico, religioso e histórico, la recuperación del santuario representa una intervención largamente esperada.

Ahora, la llegada de TECINCI S.A. abre una nueva etapa. Después de los anuncios incumplidos y de la demora en el inicio de las obras, el desafío es que esta vez el proyecto pase definitivamente de los papeles y los compromisos a una restauración visible y sostenida del histórico Ñandejára Guasu.

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La iniciativa fue presentada por un grupo de diputados con el fin de registrar, de manera obligatoria y en tiempo oportuno, los nacimientos y defunciones ocurridos en dichos establecimientos de salud.

Los proyectistas argumentaron que entre los años 2020 y 2024 el Instituto de Previsión Social (IPS) acreditó G. 58.715 millones a casi 11.000 personas que ya habían fallecido. Esto representa un promedio aproximado de G. 12.000 millones por año en pagos realizados después del fallecimiento de los beneficiarios.

Parte de la argumentación del proyecto indica que los pagos a personas fallecidas no deben ser vistos solamente como un problema del IPS, sino como una señal de que el Estado necesita mejorar la forma en que produce, comunica y comparte información fundamental.

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Por ese motivo se presentó la iniciativa que pretende que la Dirección General del Registro del Estado Civil desarrolle y mantenga una plataforma electrónica que permita a los hospitales públicos y privados enviar los certificados de nacimiento y defunción de forma rápida y segura.

Otros beneficios del registro

Según la iniciativa parlamentaria, la digitalización también permitirá solucionar problemas que afectan directamente a las familias.

El Ministerio de Salud ha señalado que el certificado de nacido vivo en formato físico constituye actualmente un punto crítico del proceso y que documentos de esta naturaleza pueden perderse o dañarse por circunstancias como inundaciones o incendios, obligando a las madres y familias a iniciar trámites complejos para recuperar la documentación.

El proyecto de ley fue presentado por los cartistas Rocío Abed y Jazmín Narváez; los liberales Dalia Estigarribia, Federico “Fredy” Franco, Pastor Vera y Roya Torres, y la diputada Alexandra Zena (CN) y fue girado a varias comisiones para su análisis.

Para el titular de la agencia acreditadora, la revisión debe priorizar a las autoridades y funcionarios con cargos de alta responsabilidad, enfocándose principalmente en títulos emitidos por instituciones de educación superior bajo sospecha.

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Control prioritario en los tres poderes del Estado

Duarte Penayo enfatizó la gravedad de la situación en el sistema universitario del país y propuso medidas inmediatas.

“El Ministerio de Educación está en condiciones de hacer una auditoría general en todos los poderes del Estado con títulos que tengan una duda, que provengan de instituciones que han eludido sistemáticamente los procesos de evaluación y sus obligaciones legales, que tienen carreras fantasma, que tienen unidades de negocios donde la simulación académica es la norma”, dijo en entrevista con 1080 AM.

Asimismo, remarcó que el inicio de esta fiscalización en el ámbito estatal sentaría un precedente determinante para ordenar el sistema.

“Sería sano y sería aleccionador que empecemos por ahí (...) que por lo menos aquellos que tengan responsabilidades públicas se sometan a estos procesos de auditoría en la que se confirme realmente la legalidad de sus diplomas.”

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Cien mil títulos sin acreditación

Al ser consultado sobre el volumen de irregularidades detectadas por el organismo a su cargo, Duarte Penayo recordó las alarmantes cifras sobre la expedición de títulos en carreras no acreditadas por el órgano oficial.

“La Aneaes mostró que en los últimos tres años se han registrado más de cien mil títulos de carreras no acreditadas. Aneaes pidió la intervención de más de cien carreras de Derecho que las consideramos fuera de la ley y que operan de manera irregular”, contó.

El titular de la Aneaes apuntó además a la responsabilidad de los organismos estatales encargados del control y el registro documental, señalando que el problema trasciende a los casos individuales y responde a esquemas de corrupción arraigados.

“El registro de títulos del Ministerio de Educación ha funcionado históricamente como una caja de recaudación. Las cabezas tienen que ser cortadas y tiene que haber medidas firmes contra los responsables, porque esto no es una cuestión solamente de Hernán Rivas ni de la universidad. Acá hay complicidad de funcionarios, hay complicidad de roscas que trafican y que utilizan esto como una caja para la recaudación”.

Finalmente, confirmó que existen mecanismos legales para llevar a cabo esta revisión en conjunto con otras entidades de fiscalización y el propio Poder Legislativo.

“El Cones (Consejo Nacional de Educación Superior) tiene facultades en coordinación con el Ministerio de Educación, en coordinación con la Procuraduría, en coordinación con la Contraloría y con las demás instituciones encargadas. Hay una comisión sobre títulos falsos en el Congreso que está funcionando. Sería bueno también involucrar a esta comisión”, concluyó.

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En ese sentido, señaló que la irregularidad reviste especial gravedad por los cargos que llegó a ocupar, ya que, como senador, accedió a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano extrapoder del Estado.

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Al no contar con la habilitación profesional requerida, todo lo actuado durante su permanencia en ese cuerpo podría quedar invalidado. Las personas afectadas por decisiones en las que intervino tienen derecho a recurrir esas resoluciones, generando incertidumbre jurídica de alcance impredecible.

El caso de Hernán Rivas revela la fragilidad de los mecanismos de verificación que deberían garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos. La falta de controles efectivos, que corresponden al Ministerio de Educación y otras instancias competentes, crea un sistema predispuesto a favorecer la irregularidad.

“Cuando no existe responsabilidad ni supervisión, se abre camino a la corrupción”, advirtió Valdez.

No es un caso aislado

“La situación de Hernán Rivas no es excepcional. El propio Ministerio de Educación ha denunciado cientos de casos de presunta falsificación de títulos en procesos recientes”, manifestó.

El hecho cobra mayor relevancia por la alta investidura del cargo que ocupó, pero evidencia un problema estructural que se agudiza cuanto más se profundizan las investigaciones.

Las autoridades competentes ya deberían estar adoptando los recaudos legales correspondientes. Se espera que se determinen responsabilidades y se implementen mecanismos de control rigurosos para evitar que hechos similares se repitan, agrego.

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Producción legislativa

Rodríguez, actualmente diputado por Alto Paraná, también en su momento fue objeto de cuestionamientos por su bajo nivel de producción legislativa. En el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025 presentó 21 iniciativas, distribuidas en cinco proyectos de ley, nueve de resolución y siete de declaración. Durante ese periodo se ubicó en el segundo lugar de la lista con menor cantidad de propuestas del departamento.

En el siguiente periodo legislativo, entre julio de 2025 y junio de 2026, registró 32 iniciativas, de las cuales seis fueron proyectos de ley, 15 de resolución y 11 de declaración. Con ese resultado, quedó como el tercer lugar en la lista de los menos productivos entre los diputados de Alto Paraná en cuanto a cantidad de proyectos presentados.

Ante los cuestionamientos por su producción parlamentaria, Rodríguez había argumentado que su función como legislador opositor también consiste en ejercer control sobre la gestión del Gobierno y fiscalizar el uso de los recursos públicos, más allá de la presentación de proyectos que, según sostuvo, podrían no ser considerados por la mayoría.

“Nunca me voy a arrodillar ante estos bandidos”

Durante su discurso, Prieto también se refirió a las investigaciones y denuncias que enfrenta y aseguró que no abandonará su actividad política. “El sistema me quiere preso, el sistema quiere que tenga miedo, que me rinda y quiere acorralarme con denuncias”, manifestó.

En ese contexto, afirmó: “Nunca me voy a arrodillar ante estos bandidos, solamente me voy a arrodillar ante Dios”, al tiempo de sostener que no piensa retroceder en su proyecto político.

Prieto también apuntó a las elecciones generales de 2028 y sostuvo que su sector continuará trabajando para llegar a ese proceso electoral. “Nadie me va a quitar de la cabeza que en el 2028 este sistema va a llegar a su fin”, afirmó durante el acto.

León explicó que el proyecto utilizará la infraestructura existente en la sede del IPS, mientras que el Ministerio de Salud aportará especialistas neonatólogos, equipamientos, medicamentos y reactivos necesarios para la atención de los recién nacidos que requieran cuidados intensivos.

“San Juan tiene una hermosa infraestructura y San Ignacio cuenta con profesionales neonatólogos. Con esta complementación vamos a salvar vidas y esperamos volver a tener una terapia intensiva neonatal antes de fin de año”, expresó.

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Para poner en condiciones la infraestructura, que actualmente presenta algunos deterioros, la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de San Juan Bautista colaborarán con los trabajos de adecuación. Según indicó León, las reparaciones comenzarían el próximo lunes.

Durante su visita también fue consultado sobre los faltantes de medicamentos y la necesidad de contar con más profesionales de la salud, reclamos que se vienen realizando desde hace varios meses en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista.

León reconoció la situación y señaló que el IPS ya firmó varias licitaciones y contratos para la adquisición de medicamentos. Explicó que el desafío ahora es mejorar la logística de distribución para garantizar que los productos lleguen de manera regular a los servicios del interior.

“No sirve que lleguen medicamentos para tres días. La intención es que los medicamentos más necesarios estén disponibles durante todo el mes”, aseguró.

En cuanto a la falta de especialistas, explicó que el IPS también enfrenta dificultades para incorporar profesionales debido a la escasez de médicos especializados en el país.

Señaló que, aún cuando la institución tenga la posibilidad de contratar, en algunos casos no existen especialistas disponibles que puedan trasladarse al interior para prestar servicios.

En ese sentido, mencionó el modelo de complementación aplicado en Ayolas, donde se articulan la infraestructura, los equipamientos y los profesionales de ambas instituciones.

Explicó que un esquema similar se pretende implementar en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, pero específicamente para fortalecer la atención neonatal.

Primera visita al interior

El titular del IPS señaló que su recorrido por Misiones constituye su primera visita al interior del país desde que asumió la presidencia de la institución.

Explicó que uno de los principales objetivos es conocer de primera mano las necesidades de los servicios de salud y ajustar la logística para garantizar la distribución de medicamentos.

“Tenemos que hacer que los medicamentos lleguen al interior del país. Ese es nuestro compromiso principal en esta primera etapa”, afirmó.

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El presidente del IPS calificó a la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista como una de las mejores infraestructuras de la previsional en el interior del país.

“El sanjuanino tiene que estar orgulloso de su IPS. De todo lo que recorrimos en el interior, esta es una de las mejores infraestructuras que tenemos”, manifestó.

Añadió que el fortalecimiento de la complementación con Salud Pública permitirá ampliar la capacidad de atención y ofrecer una mejor respuesta a los asegurados del departamento de Misiones.

Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

“Hoy compartimos fraternalmente nuestro amor por el Partido Colorado, priorizando, sobre cualquier diferencia, las necesidades de salud, remedios, vivienda y educación”, señaló Alliana.

También hizo una breve referencia al tema electoral, pero centrándose en las próximas elecciones municipales, no así en el tema conflictivo de su dupla.

“Avanzamos hacia la conquista del 4 de octubre y luego hacia la gran victoria del 2028″, acotó Alliana en su breve comunicado.

Según altas fuentes, la reunión se realizó en la residencia de José Ortiz, que además de hombre de confianza de Cartes, está activamente operando en la campaña electoral del Partido Colorado en Ciudad del Este.

Los rostros de ambos protagonistas se veían más relajados, en particular el de Alliana, muy distinto al que tenía tras la primera reunión del pasado miércoles 16 de septiembre en la residencia de Cartes, en la que Alliana salió a decir que no aceptaría “imposiciones” respecto a su dupla para el 2028 por Honor Colorado y se quejó de las “mordidas” entre cartistas.

Esto, tras una escalada de tensiones en el oficialismo, que terminó de detonar tras las declaraciones del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien en la Junta de Gobierno dijo estar cansado de los rodeos e impuso como dupla de Alliana al actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

De forma sorpresiva, Alliana se mantuvo en su posición inicial de anunciar su dupla recién tras las elecciones del 4 de octubre, e incluso dijo que si no les gustaba esa decisión, él podría decidir tomar su camino.

La aparente “reconciliación” entre Cartes y Alliana se da justo cuando el presidente de la República, Santiago Peña, se encuentra de viaje por Estados Unidos de América -previa escala por Venezuela-, lo cual no es un dato menor, ya que en torno a él también se centró parte del “conflicto”.

Esto, ya que la tensión no se generó de manera espontánea, sino tras una serie de “acercamientos” y rumores sobre el surgimiento del “peñismo”, algo que fue azuzado principalmente por el grupo de 15 gobernadores cartistas, encabezados por el presidente del Consejo de Gobernadores y uno de los interesados en ser dupla de Alliana, César “Cesarito” Sosa.

Los gobernadores, en alianza coyuntural con los diputados cartistas -que promueven la postulación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) para acompañar a Alliana-, acordaron unificar una sola propuesta y sobre todo los une el rechazo a la figura de Baruja.

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Baruja, mantiene el respaldo principalmente de Cartes y del bloque de senadores de Honor Colorado.

El menú incluirá costillar, asado paraguayo, lechón a la parrilla, risotto, pastas, osobuco al disco, estofado de pato y de gallina, caldo de gallina, sopa y postres, preparados por voluntarios de la comunidad. También participará un grupo de exseminaristas provenientes de Brasil, quienes estarán a cargo de la preparación del costillar.

Los organizadores señalaron que se dispondrá de espacios con sombra para recibir a las familias que participen de la jornada. El costo será de G. 25.000 para el costillar y el asado, mientras que los demás platos a G. 20.000.

Los organizadores destacaron que la celebración busca reunir a las familias en un ambiente de fraternidad y fe, como cierre del novenario. La recaudación del Karu Guasu será destinada a las obras y actividades de la comunidad capuchina.

Reliquias

En el lugar, también recibieron la reliquia peregrina de San Francisco, que desde el pasado 7 se setiembre recorre las parroquias de la Diócesis de Ciudad del Este.

Asimismo, en el convento cuentan con reliquias permanentes un trozo de cilicio utilizado por San Francisco, además de un fragmento de lienzo relacionado con la herida en el pecho de San Pío.

Al ser consultado sobre si se consideraba estafado, tal como manifestaron otros colegas suyos, el legislador fue tajante en rechazar el término: “Yo no quiero usar esa palabra estafado, eso es sacarle el culo a la jeringa. Yo creo que somos responsables de la designación como Senado del error que se cometió y bueno, y tenemos que corregir el sistema de evaluación para las próximas designaciones”.

Sobre el impacto de este episodio en la imagen del Congreso y la sensación interna, Chase reconoció: “Claro que tenemos vergüenza. Nosotros somos partícipes de esa designación, ¿verdad?“.

A renglón seguido amplió: “Como Senado tenemos una responsabilidad y a partir de ahora yo creo que va a ser urgente la modificación del reglamento de la Cámara de Senadores para que prevea métodos de verificación en la designación de los cargos que representan al Senado”.

“Beto” Ovelar evita opinar sobre condena a Rivas y habla de “reflexionar” y pedir disculpas

El senador adelantó que buscarán coordinar con las comisiones de Legislación y Constitucional para endurecer los filtros de control: “Vamos a pedir a la Comisión de Legislación y Constitucional que nos ayuden para ver cómo se puede modificar el reglamento para que esa verificación de la designación de los próximos representantes a los cuerpos colegiados del Senado se hagan con todo el rigor”.

Asimismo, consultado sobre si el propio Rivas o el partido debían tomar medidas adicionales, Chase acotó que la responsabilidad penal por el contenido falso del título recae exclusivamente en el afectado, mientras que el análisis partidario quedará en manos de las autoridades de la nucleación política.

También valoró la labor judicial, instando a que la investigación continúe profundizando en las instituciones y firmas que avalaron el documento original.

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La ganadería es la principal actividad económica de la localidad, al igual que en gran parte de la región del Chaco. Sin embargo, esta actividad se encuentra tremendamente amenazada por el auge del abigeato, que pone en riesgo la subsistencia de las personas de la zona, atendiendo que no existen industrias que puedan ofrecer fuentes de trabajo a las familias.

El lugar se caracteriza por una gran variedad de bellezas naturales, sobresaliendo la región del Pantanal, donde existe una rica biodiversidad de flora y fauna. Por ello, la actividad turística, explotada de forma racional, podría convertirse en una interesante fuente de ingresos económicos para las personas de la zona.

Para ello se necesitan autoridades con visión de futuro, capaces de crear proyectos creíbles que permitan atraer a inversionistas interesados en realizar construcciones, como grandes hoteles para recibir a turistas y, de esa manera, generar fuentes de trabajo en la zona.

Para hacer posible este tipo de desarrollo se necesitan caminos de todo tiempo y un suministro de energía eléctrica estable y seguro. Solo así se podrá garantizar la inversión de capital privado.

Historia

El Fuerte de Borbón, que dio origen a esta comunidad, fue inaugurado el 25 de septiembre de 1792 por el entonces capitán de dragones Antonio Zavala y Delgadillo. Fue construido con el objetivo de proteger las posesiones españolas ante el avance de los portugueses.

La fortaleza fue construida sobre la cima de uno de los cerros menores de la población. Inicialmente, la estructura estaba conformada en su mayor parte con palmas, hasta que, durante el periodo de la Independencia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia ordenó que fuera sustituida por piedras, tal como se la conoce en la actualidad.

Posteriormente, y casi a finales del siglo XX, la fortaleza fue utilizada como lugar de confinamiento, donde eran enviados prisioneros políticos. Varios de ellos llegaron a este lejano lugar en compañía de sus familias, quienes comenzaron a edificar sus viviendas en los alrededores del Fuerte, dando origen a la población.

El doctor Francia consideró este lugar como un bastión de la soberanía de nuestro país en la zona norte. Por eso, destinaba importantes recursos económicos para mantener a los soldados del Fuerte. Lastimosamente, esa visión del prócer no la tienen las autoridades actuales, razón por la cual persiste el abandono estatal.

Programa

A primeras horas de la mañana se realizó el tedeum religioso, última actividad oficial del monseñor Gabriel Escobar antes de partir hacia la capital del país, donde asumirá este domingo, en la Catedral Metropolitana, su nuevo cargo de obispo auxiliar de Asunción.

En parte de su homilía, el religioso destacó la historia de vida de esta comunidad, al tiempo de reiterar el compromiso que deben asumir las autoridades para brindar una mejor calidad de vida a todas las personas, sin ningún tipo de distinción. También instó al pueblo a saber elegir y conocer a las autoridades que serán elegidas en las próximas elecciones municipales.

Posteriormente, se realizó un acto en la plaza central de la comunidad, con la presencia de las principales autoridades locales y departamentales, además de una impresionante cantidad de visitantes llegados desde diferentes lugares del país.

En la oportunidad, el intendente Moisés Recalde destacó el significado de este nuevo aniversario de la comunidad. Luego se procedió a entregar una placa recordatoria al monseñor Escobar, en reconocimiento a sus años de servicio en el Chaco.

Finalmente, se realizó el esperado desfile cívico-estudiantil, con la participación de alumnos de las diversas instituciones públicas del distrito, entre ellos estudiantes de las comunidades indígenas de los Ishir o Chamacocos.

Karu Guasu

Como parte final de los festejos por el aniversario de la comunidad, y al término del desfile, se realiza el tradicional Karu Guasu, con la degustación de unos 3.000 kilos de carne vacuna, donada por ganaderos del distrito, además de la actuación de conjuntos musicales llegados desde diferentes puntos del país y contratados por el Municipio.

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Este evento, que se realiza desde hace 16 años, tiene una característica que lo diferencia de otros Karu Guasu que se llevan a cabo en distintas comunidades del país: el sabroso asado a la estaca se sirve a los presentes de forma totalmente gratuita.

Se trata de una hermosa tradición que, año tras año, va ganando mayor popularidad, ya que llegan visitantes desde diferentes zonas del país para participar de esta celebración.

El esfuerzo de los organizadores se vio engalanado con la presencia de numerosas personas, favorecida además por la ausencia de lluvias y las buenas condiciones de los caminos, que permitieron el tránsito de todo tipo de vehículos, varios de ellos llegados desde la misma capital del país.

Según un boletín meteorológico especial emitido este viernes, las máximas superarán los 40 °C en varias zonas del Chaco y la combinación con elevados niveles de humedad podría generar sensaciones térmicas aún más extremas.

La advertencia abarca desde el sábado hasta el lunes y señala una alta probabilidad de que se establezca una ola de calor en el país.

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Chaco: temperaturas más elevadas

De acuerdo con las proyecciones de la DMH, la Región Occidental será la más afectada por el intenso calor.

Para el sábado, departamentos como Boquerón y Alto Paraguay ya registrarían máximas de 41 °C, mientras que extensas áreas del Chaco oscilarían entre 39 °C y 40 °C.

La situación se agravaría el domingo, cuando gran parte de la Región Occidental ingresaría en la categoría de temperaturas extremas, con registros de entre 41 °C y 42 °C.

El lunes se perfila como la jornada más crítica del evento meteorológico. Los mapas oficiales muestran máximas de hasta 43 °C en Boquerón y valores cercanos a 42 °C en Alto Paraguay y Presidente Hayes.

¿Qué ocurrirá en la Región Oriental?

Aunque los registros más elevados se concentrarán en el Chaco, la Región Oriental tampoco quedará al margen del intenso calor.

Durante los tres días del evento, gran parte de los departamentos orientales registrarán temperaturas máximas de entre 36 °C y 40 °C.

Los valores más elevados se observarían principalmente en los departamentos del norte y centro de la región, mientras que las zonas del extremo este mantendrían temperaturas relativamente menores.

Sin embargo, la evolución del fenómeno muestra un avance progresivo del calor. Para el lunes prácticamente desaparecerían las áreas con temperaturas iguales o inferiores a 35 °C, quedando solo sectores reducidos del este dentro del rango de 36 °C a 38 °C.

Humedad elevaría sensación térmica

Meteorología advirtió que el alto contenido de humedad previsto para los próximos días favorecerá sensaciones térmicas superiores a las temperaturas registradas por los termómetros.

Esta combinación de calor y humedad incrementa el estrés térmico sobre las personas y puede generar condiciones de riesgo, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Alta probabilidad de ola de calor

Uno de los puntos destacados del boletín especial es la advertencia sobre una posible ola de calor.

La DMH señala que las condiciones atmosféricas previstas aumentan significativamente la probabilidad de que se configure este fenómeno, caracterizado por varios días consecutivos con temperaturas persistentemente elevadas por encima de los valores normales para la época.

Departamentos con temperaturas más altas previstas

Según los mapas difundidos por Meteorología, los valores máximos más elevados se concentrarían en:

• Boquerón: hasta 43 °C el lunes.
• Alto Paraguay: hasta 42 °C entre domingo y lunes.
• Presidente Hayes: hasta 42 °C el lunes.
• Sectores del norte de la Región Oriental: entre 40 °C y 41 °C durante el fin de semana largo.

Sábado: calor extremo en el Chaco

Zonas rojas (41 °C o más)

• Boquerón: 41 °C
• Alto Paraguay: 40 °C a 41 °C en sectores del departamento

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

• Gran parte de la Región Occidental
• Presidente Hayes: hasta 40 °C
• Sectores del norte y centro de la Región Oriental

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)

• Concepción: 38 °C
• San Pedro: 38 °C
• Paraguarí: 37 °C
• Misiones: 36 °C
• Ñeembucú: 36 °C

Zonas verdes (35 °C o menos)

• Amambay: 35 °C
• Canindeyú: 34 °C
• Alto Paraná: 34 °C
• Caaguazú: 34 °C
• Itapúa: 35 °C

Domingo: el calor se expande

Zonas rojas (41 °C o más)

• Boquerón: 42 °C
• Alto Paraguay: 42 °C
• Presidente Hayes: 41 °C
• Gran parte del Chaco bajo condiciones de calor extremo

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

• Concepción: 40 °C
• Paraguarí: 39 °C
• Misiones: 38 °C a 39 °C
• San Pedro: 38 °C a 40 °C

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)

• Amambay: 37 °C
• Canindeyú: 36 °C
• Alto Paraná: 36 °C
• Caaguazú: 36 °C
• Itapúa: 36 °C

Lunes: la jornada más crítica

Zonas rojas (41 °C o más)

• Boquerón: 43 °C
• Alto Paraguay: 42 °C
• Presidente Hayes: 42 °C
• Amplias zonas del centro y oeste del Chaco

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

• San Pedro: 40 °C
• Cordillera: 39 °C
• Paraguarí: 39 °C
• Misiones: 39 °C
• Concepción: cerca de 40 °C

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)

• Amambay: 38 °C
• Canindeyú: 36 °C
• Alto Paraná: 36 °C
• Caazapá: 36 °C
• Itapúa: 36 °C

El exintendente Rodríguez reaccionó a la publicación con su propia publicación, en la que da un plazo de 24 horas a Núñez para que se ratifique en su acusación de robo o borre la publicación que hizo, advirtiéndole de “consecuencias”.

Esa reacción es consistente con otras que tuvo el exjefe comunal de Asunción, quien ha amenazado en varias ocasiones con acciones legales a personas críticas de su gestión de la Municipalidad de Asunción, de la que se vio obligado a renunciar en agosto de 2025 tras varios escándalos sucesivos y una intervención de la Comuna que halló serias irregularidades administrativas.

“Voy a auditar hasta el último guaraní que usaste”

Soledad Núñez reaccionó hoy a la intimación de Rodríguez con un nuevo mensaje en redes sociales en el que se ratifica en su intención de auditar la gestión del colorado.

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“¿Pensás que te tengo miedo Nenecho? Tu gestión fue la peor gestión en la historia de Asunción. Voy a auditar hasta el último guaraní que usaste y hacer lo que tenga que hacer para recuperar lo que le pertenece a Asunción. Podés seguir amenazándome pero a mí no me maneja nadie”, reza el mensaje que publicó la candidata opositora.

La Intendencia de Asunción será disputada en las urnas el próximo 4 de octubre por Soledad Núñez y el candidato colorado cartista Camilo Pérez.

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Luego de su salida forzada de la Municipalidad de Asunción, Óscar Rodríguez se presentó a las elecciones internas de la ANR como precandidato a concejal de la capital, pero no logró ingresar a la lista de candidatos del Partido Colorado.

El encuentro tuvo un momento de degustación del tradicional reviro, declarado como alimento representativo de la región. El evento se desarrolló en la “Tienda Antena” que promociona los Tesoros de Itapúa.

Fue una iniciativa de la Gobernación, con apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), que promueve a través de su proyecto Tesoros, promocionar elementos que representan a los distritos de Itapúa.

Los Tesoros actuales son la chipa de Coronel Bogado, la yerba mate de Bella Vista, el legado guaraní de las Misiones Jesuíticas, el arroz de Carmen del Paraná y la miel de Nueva Alborada. Proyectan sumar otros productos y elementos presentados por los municipios.

Participaron promotores de turismo de varios distritos del departamento, como también del sector comercial y hotelero. Plantearon que la tienda sea un punto de encuentro del turista, donde además de llevar un recuerdo, pueda acceder a información turística para planear un siguiente viaje al interior del departamento.

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Tienda Antena

La Gobernación de Itapúa inauguró el pasado 24 de agosto la Tienda Antena “Tesoros de Itapúa”, un lugar destinado a mostrar artesanías y productos característicos de la región. La apertura se desarrolló en el marco de la celebración del Mundial de Rally.

Está ubicada sobre la avenida Internacional, a una cuadra del acceso al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en el barrio Buena Vista de la ciudad de Encarnación, en el sector del Circuito Comercial.

Está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, y los sábados de 8:00 a 15:00. Los productos son seleccionados tras un proceso en el que los artesanos cumplen estándares de calidad y también de representatividad de la tradición local.

El terreno fue donado por la Municipalidad, mientras que la edificación fue costeada con recursos de la Gobernación de Itapúa, por G. 500 millones. Además de una inversión de G. 70 millones para el mobiliario, que fue financiado por la JICA.

Un desconocido ingresó a la vivienda del periodista César Candia y prendió fuego a su automóvil, en un hecho que rememora la escalada de amedrentamientos que precedió al asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina, ocurrido en la misma zona del país y cuyo aniversario número 12 se conmemora el próximo 16 de octubre.

Ante el grave escenario, el director de Policía de Canindeyú, comisario Ramón Escobar, aseguró en entrevista con ABC Cardinal que la institución dispuso todas sus capacidades estratégicas para proteger al comunicador e identificar a los responsables. “Lo que vamos a hacer es llegar hasta la última consecuencia”, aseveró el jefe policial al referirse a la investigación en curso.

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Custodia policial e investigación con la Fiscalía

Respecto al temor por la integridad física del profesional de prensa, el comisario Escobar remarcó que las medidas de resguardo ya se encuentran operativas en la zona de residencia del afectado.

“La comisaría local más la dirección de policía estamos muy interesados en este hecho. Vamos a disponer todos los elementos tácticos y técnicos para esclarecerlo, darle protección al compañero César Candia y la garantía que debe tener un ciudadano”, afirmó.

El jefe policial confirmó además que se encuentra trabajando de manera directa con las autoridades del Ministerio Público para avanzar en el caso, que guarda marcadas implicaciones políticas locales. “Anoche estuvo presente el fiscal de turno Narváez. Yo me puse en contacto en la madrugada con el fiscal adjunto y todo el equipo ya está abocado a la tarea investigativa”, acotó.

Consultado sobre la posible implicancia de facciones políticas o sectores específicos citados por la víctima, Escobar fue cauto sobre los objetivos del procedimiento policial. “Yo no puedo decir tal o cual sector, facción o político, pero a la Policía le toca hacer un seguimiento del hecho, llegar a individualizar al autor material y al autor intelectual”, puntualizó.

En relación con las imágenes del atacante durante el incendio, el jefe policial prefirió abstenerse de brindar mayores detalles para no entorpecer el proceso investigativo, que se encuentra en su fase inicial.

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El trágico antecedente del caso Pablo Medina

El periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente Antonia Almada fueron asesinados el 16 de octubre de 2014 en un camino vecinal del distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.

El crimen fue perpetrado por dos sicarios fuertemente armados que interceptaron la camioneta del comunicador cuando este regresaba de una cobertura informativa sobre temas agrícolas. Medina venía documentando e informando de manera constante las operaciones del narcotráfico y la protección política que operaba en la región.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía establecieron que el atentado fue ordenado por el entonces intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, quien posteriormente fue capturado en Brasil y condenado en Paraguay a 39 años de prisión.

El hecho marcó un trágico hito en la historia de la prensa paraguaya, dejando al descubierto la penetración de las estructuras criminales en la política local de Canindeyú y la extrema vulnerabilidad de los cronistas en la zona.

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El camión levantó sospechas durante un procedimiento de control vehicular realizado en un puesto de peaje de la BR-277, en la ciudad de Céu Azul.

Al intentar ser abordado por los agentes, el conductor, quien sería de nacionalidad paraguaya, abandonó el rodado y huyó a pie del lugar. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta el predio policial para una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión inicial, encontraron dos neumáticos que contenían paquetes con una sustancia similar a la cocaína. Ante la sospecha de que podría haber más droga, intervino la unidad canina K-9.

El can detector señaló otros dos neumáticos ubicados en la parte delantera del camión. Al ser abiertos, también encontraron paquetes con presunta cocaína. En total, fueron decomisados 240 kilos de cocaína.

Los otros cuatro neumáticos inspeccionados no presentaban indicios de estupefacientes y se encontraban vacíos.

Otras incautaciones

El miércoles, también en el estado brasileño de Paraná, interceptaron una lujosa BMW que transportaba 136 kilos de cocaína. Asimismo, en un operativo realizado en Ciudad del Este, evitaron que un camión cruce el Puente de la Amistad con 31,9 kilos de cocaína.

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Cronología

En abril de 2024, Banco Atlas ya había presentado a la anterior administración del IPS una propuesta para disminuir el monto máximo de fondos que debía mantenerse en la cuenta fiduciaria. En ese momento no se recibió una confirmación por parte de la Institución. “La conformidad para avanzar con esta modificación fue comunicada en julio de 2026, dando continuidad a una propuesta planteada más de dos años atrás”, añade la comunicación oficial de Atlas.

Siguiendo lo expuesto por este posicionamiento institucional, desde su constitución, el fideicomiso ha cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones. “El propio IPS ha reconocido en sus antecedentes institucionales los resultados positivos y la evolución favorable del mecanismo, elementos que permiten evaluar actualmente ajustes en determinados parámetros operativos”, agrega.

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En ese sentido, del total emitido por G. 828.800 millones, ya fueron amortizados G. 258.445 millones de capital, equivalentes a aproximadamente el 31% de las emisiones realizadas, reduciéndose progresivamente el saldo de las obligaciones, detalla parte de la publicación.

Durante este período, los fondos mantenidos en la cuenta fiduciaria formaron parte del mecanismo operativo previsto contractualmente y generaron rendimientos financieros conforme a las condiciones establecidas.

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“Banco Atlas continuará trabajando con el IPS y las instancias regulatorias correspondientes, con apego a las condiciones contractuales y al marco normativo aplicable”, cierra el comunicado de Atlas.

¿Qué dice el IPS?

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) explica que la Tercera Adenda al Contrato de Fideicomiso IPS ATLAS S.A. es “una decisión que prioriza los recursos de sus aportantes”.

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“Esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados”, señala el postulado de la previsional. Añade que esta gestión de la Administración del IPS responde a una premisa fundamental: que cada decisión financiera debe estar orientada a proteger, optimizar y poner los recursos de los aportantes al servicio de las necesidades del Instituto.

“El fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad”, remarca la misiva.

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Casi una década después

El comunicado del IPS destaca que luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones”, subraya.

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Fondo de Enfermedad y Maternidad

Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. “Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes. En términos concretos, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad”, aclara.

Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados.

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El IPS sostiene que la Tercera Adenda es resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. “Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, asegura.

“Administrar mejor los recursos de los aportantes significa generar mejores condiciones para que esos recursos puedan estar disponibles donde más se necesitan. Con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema”, finaliza el comunicado del IPS.

La iniciativa fue presentada por la concejal Margarita Miró (PLRA), quien planteó que la asistencia económica sea contemplada en el presupuesto del próximo ejercicio.

La propuesta busca acompañar al músico en la continuidad de su labor artística y cultural, en la composición y documentación de sucesos inéditos que tiene registrados y que aún deben ser transcritos.

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La edil también señaló que se pretende que Centurión Vega continúe transmitiendo sus conocimientos en la Escuela Municipal de Música u otras instituciones educativas, teniendo en cuenta su experiencia en expresiones tradicionales como el rasguido doble, el ñembo’e purahéi y diferentes estilos de la guarania y polca.

“El Compuesto”, patrimonio cultural

El músico y compositor fue declarado “Tesoro Vivo de Carapeguá” mediante la Ordenanza Municipal N° 3/2025, mientras que la Ordenanza N° 5/2025 declaró al género musical “El Compuesto” como patrimonio inmaterial del municipio.

Centurión Vega es reconocido por su particular forma de componer “El Compuesto”, un género que narra, mediante la música y la letra, hechos reales o sucesos trágicos ocurridos en Carapeguá o en algún otro punto del país y que tuvieron repercusión entre la ciudadanía.

Sus composiciones son interpretadas por el grupo musical “Los Compuesteros”, con el que logró grabar 16 volúmenes, además de los trabajos denominados “100 Compuesto” y “50 Emiliano Ré”, este último con temas dedicados a sus amigos, la naturaleza y la mujer.

Los Compuesteros presenta nuevo CD

La declaración como “Tesoro Vivo de Carapeguá” y el reconocimiento de “El Compuesto” como patrimonio inmaterial buscan preservar y transmitir estas expresiones culturales a las nuevas generaciones.

La propuesta de pensión se fundamenta en la Ley N° 946/82, De Protección de los Bienes Culturales, y en la Ley N° 2.884/2006, que aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en Paraguay, además de los lineamientos de “Tesoros Humanos Vivos” de la Unesco.

La intervención estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Vida Silvestre, quienes procedieron a realizar una inspección visual preliminar.

Durante el análisis, los técnicos detectaron marcadas diferencias en las características morfológicas de los especímenes, las cuales son compatibles con distintas especies de aves protegidas.

Ante la alta sospecha de que este cargamento esté directamente vinculado a una red de tráfico ilegal de fauna silvestre, los productos fueron retirados inmediatamente del pasajero y puestos bajo custodia y resguardo temporal del Mades.

Venta ilegal de aves silvestres en Luque motivó intervención del Mades

El procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la Ley N.º 96/92 de Vida Silvestre y demás normativas ambientales vigentes que penalizan el comercio y la tenencia ilegal de especies nativas e exóticas.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Candia, quien dirige el medio local Noticias al Día, calificó el hecho como “un atentado criminal muy grave hacia mi persona, hacia mi familia y contra la libertad de expresión”.

Si bien la identidad del atacante que incendió el vehículo aún se desconoce y el trasfondo del hecho aún no ha sido esclarecido, Candia dijo sospechar que el atentado tiene “un tinte político” y podría estar relacionado a publicaciones que su medio hizo sobre Julio Vera Benítez, concejal municipal y candidato a la intendencia de Yasy Cañy por la facción oficialista cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

Rumores de “plata por mi cabeza”

Candia comentó que Noticias al Día publicó varios artículos sobre problemas judiciales que ha tenido el candidato cartista, entre ellos un proceso por supuesto abigeato que llevó a un intento de censura contra el medio por medio de una acción de inconstitucionalidad que no prosperó.

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Otro caso publicado por el medio, recordó Candia, fue un incidente en el que Vera Benítez supuestamente llamó por teléfono a un productor agrícola brasileño de la zona y lo amenazó de muerte por haber salido en fotografías con otro candidato.

El periodista agregó que vecinos le comunicaron rumores de que “había buena plata por mi cabeza y que un hombre muy poderoso de la zona me estaría mandando controlar”. Añadió que vecinos dijeron haber visto recientemente una camioneta con hombres armados en las inmediaciones de la vivienda del comunicador.

Candia admitió que él y su familia están “muy asustados” luego de lo ocurrido anoche y están analizando la posibilidad de salir de Yasy Cañy.

Comentó que desde hace ya un tiempo estaba siendo cuidado por un agente de la Policía Nacional, pero señaló que se trata de solo un agente sin chaleco antibalas que no tiene relevo, por lo que generalmente la casa del periodista queda desprotegida en horas de la noche.

“He solicitado al comandante de la Policía Nacional una investigación exhaustiva de este hecho. La prensa cumple un rol indispensable y debe ser resguardada”, publicó Alliana en su cuenta de X.

Alliana ejerce temporalmente la presidencia de la República debido al viaje del mandatario Santiago Peña a Estados Unidos, donde participa de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Incendio ocurrió frente a la vivienda del periodista

El periodista, corresponsal de televisión y administrador del medio digital Noticias al Día, denunció un presunto atentado luego de que su vehículo fuera incendiado durante la madrugada.

De acuerdo con los datos de la investigación, el automóvil se encontraba estacionado frente a la vivienda del comunicador cuando se produjo el incendio.

Imágenes difundidas sobre el caso muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, rociando un líquido inflamable y posteriormente provocando el fuego.

Candia calificó lo ocurrido como un atentado contra su persona y su familia.

Fiscalía interviene y ordena reforzar seguridad

La Fiscalía tomó intervención en el caso y la investigación quedó a cargo del agente fiscal Néstor Narváez, titular de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty.

El representante del Ministerio Público se constituyó en el lugar acompañado por agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística.

Ante la gravedad del caso, el fiscal Narváez solicitó formalmente al jefe policial de la jurisdicción reforzar las medidas de seguridad para Candia y su entorno familiar.

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SPP exige protección para el periodista

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) también expresó su solidaridad con Candia y su familia y repudió el hecho, al que calificó como un atentado contra el comunicador.

El gremio exigió una “investigación urgente, seria y efectiva” para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Asimismo, reclamó la adopción de medidas de seguridad para el periodista y su familia, además de garantías para la continuidad de su trabajo periodístico.

El SPP reiteró además su pedido al Congreso Nacional de aprobar una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que el gremio considera necesaria para prevenir agresiones y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.

¿Querés hacer un doctorado en EE.UU.? Becal amplió el plazo para postular a sus becas

¿Cuáles son las ofertas académicas disponibles?

En este documento podés conocer todas las carreras, cursos y tecnicaturas disponibles, así como el valor de la beca.

Los interesados deben acercarse el sábado 26 de setiembre -de 11:00 a 18:00- con su cédula de identidad al edificio Staudt (Palma casi Iturbe) y verificar los requisitos de la convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas becas?

Entre los requisitos establecidos para acceder a una de las ofertas académicas está el ser de nacionalidad paraguaya, tener entre 18 y 29 años. Por supuesto, asistir a Palma Joven y acercarse al Edificio Staudt, sobre calle Palma casi Iturbe, para realizar la postulación. Presentar la cédula de identidad de manera presencial.

Becal 2026: los 5 pasos para postular a una de las 84 becas de posgrado e idiomas

Para tecnicaturas y universidades es necesario ser egresado de la Educación Media, contar con promedio mínimo de 3,5 para becas parciales y 4,0 para becas completas.

Es importante aclarar que solo se podrá postular a una oferta académica y tendrán prioridad quienes provengan de distritos priorizados por el Gabinete Social. Las becas de posgrado se otorgarán hasta agotar los cupos disponibles.

La causa quedó a cargo del agente fiscal Néstor Narváez, titular de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty.

De acuerdo con el informe fiscal, el hecho se registró frente a la vivienda de Candia, donde se encontraba estacionado el vehículo. Imágenes de cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que una persona con el rostro cubierto se aproximó al automóvil, derramó un líquido aparentemente inflamable y le prendió fuego antes de escapar.

Inspección de la escena y refuerzo de seguridad

El fiscal Narváez se constituyó en el lugar del hecho junto con agentes de la Policía Nacional y peritos del área de Criminalística para el levantamiento de evidencias e indicios que permitan identificar al responsable material e intelectual del ataque.

Ante la gravedad del suceso, el representante del Ministerio Público solicitó formalmente al jefe policial de la jurisdicción un refuerzo inmediato en las medidas de seguridad para el comunicador y su entorno familiar.

Exigen garantías para la labor periodística

El hecho motivó el pronunciamiento del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que expresó su solidaridad con Candia y exigió una investigación “urgente, seria y efectiva”.

Asimismo, el gremio reiteró la necesidad de aprobar el proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ante el constante riesgo que enfrentan los trabajadores de prensa en el interior del país.

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Durante la entrevista, fue consultado sobre el hecho de que su nombre no aparecía en los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como abogado.

Ante esa consulta, Rivas respondió que se había recibido años atrás y explicó que nunca había ejercido la profesión.

“Yo me recibí hace años, nunca ejercí la profesión, no vengo de ningún estudio jurídico, no pertenezco a ninguna corporación jurídica porque, gracias a Dios y a la familia, nunca tuve la necesidad de ejercer mi profesión”, había manifestado.

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No gestionó matrícula de abogado, alegó

A continuación, explicó que no aparecía en los registros de la Corte porque no había realizado las gestiones para obtener su matrícula profesional.

“No hice las gestiones correspondientes de mi matrícula”, afirmó.

En aquella conversación, Rivas no puso en duda su condición de abogado. Por el contrario, sostuvo que había culminado sus estudios y fue consultado específicamente sobre dónde había estudiado la carrera.

Rivas dijo que terminó la carrera en 2015

Ante la pregunta de dónde había realizado sus estudios, Rivas respondió que había terminado la carrera de Derecho en 2015 en la Universidad Sudamericana.

“Yo terminé en el 2015 en la Universidad Sudamericana. Les puedo pasar todo por WhatsApp, ahora nomás estoy manejando, pido disculpas. Llego a la Cámara y devuelvo la llamada. ¿Por qué me voy a esconder? Me voy a encostar y le llamo”, había señalado durante la entrevista con ABC.

Luego, Rivas cortó la llamada telefónica y la entrevista. Se excusó en que se encontraba manejando y que debía llegar a la sesión de la Cámara de Diputados.

“No tengo por qué esconderme de nadie”

Sin embargo, después de unos minutos, el diputado volvió a llamar, aunque tampoco brindó mayores detalles sobre su formación académica.

“Para mí es un gran compromiso, porque la Cámara de Diputados confió en mí en mayoría y me designaron. Yo no pertenezco a ningún bufete de abogados y no quiero entrar en ningún debate. Termina la sesión y yo mismo vuelvo a llamar para dar todos los detalles. No tengo por qué esconderme de nadie”, se limitó a señalar.

Al insistírsele sobre las consultas relacionadas con su formación y su condición de abogado, Rivas manifestó que se sentía “atacado” y reiteró que volvería a comunicarse más adelante.

Finalmente, volvió a cortar la llamada sin proporcionar los datos que había anunciado. La conversación con ABC se produjo el mismo día en que debía asumir formalmente como representante de Diputados ante el JEM.

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Ese mismo día se presentó como “profesional” ante el JEM

Horas después de la entrevista, durante su discurso de presentación como nuevo miembro del JEM, Rivas volvió a hacer referencia a su formación profesional.

En aquella ocasión, agradeció a sus colegas diputados por la confianza depositada en él y afirmó que estaba preparado para ocupar el cargo.

“Soy una persona íntegra, joven, profesional que me he preparado para ocupar estos espacios y hoy tengo esa gran oportunidad. Decirle a mi familia que nunca voy a defraudar”, había declarado ese 9 de junio.

La designación ante el JEM implicaba que Rivas pasaría a integrar un órgano constitucional encargado de intervenir en procesos de enjuiciamiento de magistrados y otros operadores de justicia.

Tribunal condenó a ocho años a Hernán Rivas

El antecedente de aquella entrevista cobra relevancia luego de que ayer un Tribunal de Sentencia condenara a ocho años de cárcel a Hernán Rivas, exlegislador y extitular del JEM, por hechos derivados de su título falso de abogado.

El Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años de prisión y calificado la conducta atribuida a Rivas como especialmente grave.

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Según lo expuesto durante el juicio, los hechos investigados trascendieron la esfera particular y ocasionaron un perjuicio a la ciudadanía. El colegiado consideró elevado el reproche correspondiente a la conducta atribuida al exlegislador.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga, quien presidió el colegiado, y Yolanda Portillo.

El tribunal también concluyó que el caso trascendió la esfera particular y tuvo un impacto institucional, debido a que Rivas utilizó esa documentación para ocupar espacios en instituciones del Estado, incluido el JEM, organismo constitucional encargado de intervenir en el juzgamiento de magistrados y fiscales.

Esperanza Martínez: “No fue un avivado que engañó a todos”

Tras conocerse la condena, la senadora Esperanza Martínez (PPC) cuestionó la interpretación de los cartistas acerca de que Rivas haya sido simplemente una persona que logró engañar al sistema.

“Rivas no fue un ‘avivado’ que engañó a todos: fue puesto en esa posición a sabiendas de que era una estafa”, sostuvo la legisladora.

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Según Martínez, esa situación habría sido precisamente lo que lo convirtió en una persona funcional a los intereses del sector político que lo promovió.

La senadora afirmó además que Rivas fue “un engranaje en la maquinaria de negociados e impunidad de la rosca mafiosa que nos gobierna”, una caracterización política que atribuye responsabilidades más allá del propio exlegislador.

El “alumno fantasma” que llegó a juzgar a jueces y fiscales

Uno de los puntos centrales del fallo fue la ausencia de evidencias sobre una trayectoria académica real.

La presidenta del Tribunal sostuvo que Rivas aparecía solamente en documentos finales, como el certificado de estudios y el título, pero no existían registros que acreditaran su recorrido universitario. “No cursó ni aprobó la carrera de Derecho”, concluyó la magistrada durante la lectura de los fundamentos del fallo.

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La importancia del caso, según el Tribunal, radica en que Rivas hizo valer una condición profesional inexistente ante instituciones del Estado y llegó a integrar y presidir un órgano constitucional como el JEM.

Martínez recuerda la denuncia de Kattya González

En su reacción, Esperanza Martínez también recordó el origen político de la investigación y apuntó a las consecuencias que tuvo para la entonces senadora Kattya González, quien denunció las irregularidades relacionadas con Rivas.

Martínez sostuvo que aquella denuncia le costó a González la “persecución y expulsión” del Senado por parte del cartismo y sus aliados.

La senadora planteó así que la condena de Rivas no debería cerrar la discusión sobre las responsabilidades políticas alrededor del caso, sino abrir el debate sobre quiénes facilitaron su llegada a espacios institucionales.

La candidata de la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez, apuesta sus cartas en señalar el continuismo que puede representar el colorado cartista Camilo Pérez, quien cuenta con todo el respaldo de la misma estructura que sostuvo al exintendente Óscar Rodríguez pese a las graves acusaciones que sacudieron su gestión y que terminaron por hacerlo renunciar.

En ese sentido, Núñez publicó recientemente en sus redes sociales una imagen en la que anuncia que auditarán “el robo de Nenecho”, junto a una foto de quien representaría a Camilo Pérez, con la frase “ellos van a cuidarlo”.

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El enojo de “Nenecho”

La publicación causó molestia en el exjefe comunal Óscar Rodríguez, quien compartió la publicación de “Sole” en sus redes con el expreso pedido de que elimine la imagen.

“Vamos a ver si te ratificás en tu acusación de ROBO o que presentes documentos sobre lo que afirmás. Te doy 24 horas para que borres tu publicación. De lo contrario, abstenete (sic.) a las consecuencias”, escribió Rodríguez.

“Nenecho” le mandó una escribana a Kattya González

El episodio actual con Soledad Núñez tiene un antecedente. Meses atrás, “Nenecho” -molesto con dichos proferidos por Kattya González en el programa que conduce junto a Mario Ferreiro y Germán Martínez en MEGA TV- le envió una escribana para que la exsenadora se ratifique o rectifique.

En una alocución cargada de sarcasmo, González le pidió “mil veces perdón” a Óscar “Nenecho” Rodríguez.

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La situación no es nueva. El estado del tramo de ocho kilómetros se encuentra en estado calamitoso debido a la acumulación de baches, desniveles y ‘parches’ en el asfaltado que ponen en riesgo constante la integridad de los vehículos y ralentizan de forma severa el tráfico en las horas pico. Desde hace años se espera una respuesta real por parte de las autoridades para mejorar sus condiciones y agilizar la circulación

A pesar del despliegue de la Policía Municipal de Tránsito para intentar agilizar la circulación, la congestión es interminable. A este panorama se suma el reclamo recurrente de los pasajeros por la escasa frecuencia de las unidades de transporte público, lo que genera largas esperas en las paradas.

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Una promesa en espera

En diciembre de 2025, el gobierno nacional a través de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, anunció un plan integral de reconversión para la avenida Artigas. “Artigas se convertirá en el Corredor Verde por excelencia de Asunción”, había dicho la secretaria de Estado en aquel momento.

El proyecto declaraba una inversión aproximada de G. 460.000 millones y un plazo de ejecución de dos años, con el objetivo de culminar la obra antes de que finalice el presente mandato presidencial.

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Sin embargo, hasta la fecha, la intervención no ha comenzado y las autoridades sostienen que en los próximos días se darían novedades sobre el llamado a licitación.

¿Qué prometieron y qué hicieron?

El plan trazado por el MOPC contemplaba la sustitución del asfalto actual por pavimento rígido de hormigón. Esta solución busca evitar las constantes deformaciones causadas por la humedad y los cauces hídricos que cruzan la zona.

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Entre las reformas de fondo incluidas en el diseño destacan:

1. Obras hidráulicas y de sanidad: Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para prevenir inundaciones ante el desborde de arroyos, además de la renovación de las redes de agua potable de la Essap.
2. Cableado subterráneo: Soterramiento de la red eléctrica, cables de servicios y alumbrado público para despejar el paisaje urbano.
3. Movilidad multimodal: Incorporación de un carril exclusivo para buses, una ciclovía y un paseo central, todo articulado en paralelo al trazado proyectado para el supuesto tren de cercanías.
4. Corredor verde: Integración paisajística mediante un paseo verde que conectará el Jardín Botánico con el Parque Caballero.

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Hasta el momento, ni siquiera se aprecian indicios del comienzo de las obras. La realidad diaria de la avenida Artigas continúa marcada por el deterioro de la calzada y el descontento de los usuarios que transitan por el acceso a la capital.

🔸Avenida Artigas en estado calamitoso: baches y desniveles generan tránsito lento a la espera de la licitación del MOPC.

Tránsito lento sobre la avenida Artigas debido al estado calamitoso del asfalto. Automovilistas circulan con precaución ante la presencia de pozos y… pic.twitter.com/T0SpgLMIeH

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 25, 2026

Alcides Giménez, padre de una mujer que recibió un trasplante renal, comentó a ABC Color que son varios los medicamentos que faltan en farmacias del IPS o que la previsional solo provee a sus pacientes de forma “intermitente”, según la llegada de lotes.

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“No podemos seguir viviendo de lote en lote o mendigando; el medicamento no puede esperar, los trasplantados tienen que tomar diariamente”, dijo.

Piden hablar con el presidente del IPS

Giménez dijo que los familiares de pacientes trasplantados han intentado ser recibidos por el nuevo presidente del IPS, Derlis León, pero afirmó que hasta el momento han sido “ninguneados”.

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La falta de medicamentos es uno de los problemas más frecuentemente denunciados por asegurados del IPS, que mantiene una importante deuda con proveedores farmacéuticos.

Se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato relevante.

El primer caso corresponde a Fidel Ramón Flores Vera, de 23 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, Fidel Ramón fue visto por última vez en una vivienda ubicada en el barrio Edelira km 28, Quinta Línea, de la ciudad de Encarnación.

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Al momento de su desaparición, vestía una campera de color azul, un pantalón jeans también de color azul y calzados deportivos de color gris.

Fidel Ramón es descrito como una persona de contextura física delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabellos cortos de color castaño.

El segundo caso es el de Yenifer Beatriz Riveros Fariña, también de 23 años, quien fue vista por última vez el 18 de septiembre.

Según el reporte, Yenifer fue vista en la vía pública, sobre las calles Antena Cabañas y Celsa Speratti, en el barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo.

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Yenifer Beatriz es de contextura física robusta, estatura alta, cutis morocho y cabello de color.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación debe ser comunicada de inmediato a través de los números de emergencia 911, el 130, o directamente al teléfono (0986) 760-083.

El vehículo ocupa parte de una de las calzadas del carril de ingreso a la Capital, lo que ocasiona una importante congestión vehicular en uno de los principales accesos desde Lambaré hacia Asunción.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré se encuentran en el lugar dirigiendo la circulación y procurando agilizar el tránsito.

Mientras tanto, trabajadores del camión realizan las tareas de despeje de los ladrillos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.

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PMT presume sobrecarga del camión

Según los primeros datos proporcionados por agentes de la PMT, el camión habría estado sobrecargado. La hipótesis es que, al pasar por un desnivel ubicado en la zona de una alcantarilla en el pavimento, se desprendió un par de ruedas del eje trasero, del lado derecho.

“Hasta las 08:30 es hora pico. Sospecho que pasó el peso de la carga y agarró el alcantarillado, por lo que se le cayó la rueda”, señaló un inspector de PMT interviniente.

El funcionario destacó que el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves si se producía en una zona de pendiente.

“Esto no puede suceder. Se están viendo muchos accidentes de este tipo y se tiene que ver de solucionar esta clase de sobrecarga en un camión”, manifestó.

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Camión pesado tenía prohibido circular por la avenida

La PMT informó, además, que intervino en el caso y que el conductor será sancionado administrativamente.

De acuerdo con lo señalado por los agentes, los camiones pesados de doble eje tienen prohibido circular por la avenida Cacique Lambaré. La infracción contempla una multa de entre seis y 10 jornales.

Contrato colectivo con tufo electoral en la Municipalidad de Asunción

Asimismo, aclaró que esta nueva versión del contrato colectivo ya fue firmada por el intendente de Asunción, Luis Bello, y por las direcciones municipales que participaron en su elaboración. “La negociación de ese contrato a instancia de los sindicatos se dio en sede del Ejecutivo Municipal. Es más, nosotros estuvimos trabajando con ellos seis meses aproximadamente”, declaró.

Agregó que la presentación del borrador es formalmente un mensaje enviado desde la intendencia a la concejalía. “Ayer se armó todo este revuelo porque justamente no hubo quórum para aceptar la recepción de ese contrato. Es solo la recepción, no se habla de ningún tipo de aprobación”, insistió.

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Sin embargo, este acuerdo no entra en vigencia hasta que sea aprobado por la concejalía y homologado por la cartera estatal. “La Junta es la que va a estudiar con posterioridad, porque ahora lo que se quiere hacer es meter como cualquier otro mensaje para darle entrada y justamente para que se estudie”, dijo Sabaté.

El representante legal insistió en que no se está haciendo nada fuera de los protocolos, por lo que se están siguiendo todos los canales correspondientes para que los ediles planteen en plenaria las objeciones que consideren. “Ese es el proceso normal: una recepción, derivación a comisión, estudio, derivación al pleno eventualmente para que se apruebe o no, y después va al Ministerio del Trabajo”, relató. Aseguró que en esa última instancia, la cartera del Gobierno central también puede objetar y no homologar el documento.

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¿Qué ocurre si no hay plata para pagar?

Jorge Sabaté explicó que, según la Ley 1535 y sus reglamentaciones, si no existe disponibilidad presupuestaria los beneficios acordados no se pagan, independientemente de que estén contemplados y firmados en el papel.

“Si no hay plata, no se paga. Es cierto que está el compromiso firmado, pero hay muchos compromisos de contratos anteriores que no se están abonando porque no hay disponibilidad presupuestaria”, admitió el jurista respecto a la abultada cantidad de deudas que acumula el municipio.

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Asimismo, el abogado sostuvo que, independientemente de que se renegocie o firme un nuevo convenio, gran parte de las reivindicaciones salariales y los beneficios ya constituidos corresponden a derechos adquiridos por los funcionarios. Afirmó que estos montos ya se venían cobrando y no fueron objetados por la gestión de Bello ni por las administraciones anteriores.

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🏛️ ¿En qué etapa está el contrato colectivo de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción? Jorge Sabate explicó que el proyecto recién debe ser recibido formalmente por la Junta Municipal y… pic.twitter.com/dlYgdYJh6y

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 25, 2026

La iniciativa del contrato y la crisis financiera

Respecto al origen de la propuesta, Sabaté detalló que la iniciativa partió formalmente de los gremios. “Lo que se buscó fue regularizar a los jornaleros que, en virtud de la Ley 7745, quedaron superdesprotegidos en cuanto a la autonomía municipal”.

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Ante los cuestionamientos sobre el impacto fiscal que generan estas concesiones en una municipalidad con evidentes dificultades financieras y en quiebra técnica, el director jurídico argumentó que la Junta Municipal actuará como el filtro definitivo para determinar si el acuerdo es viable o si debe ser rechazado. Reiteró además que la efectivización de cualquier reajuste estará sujeta estrictamente a la existencia real de recursos en las arcas municipales.

Fretes sostuvo que buscará alternativas para brindar mayor comodidad a los pacientes y consideró que el actual sistema de atención debe ser revisado.

En ese sentido, mencionó como una de las posibles soluciones la implementación de una aplicación virtual que permita a los usuarios agendar sus consultas sin necesidad de realizar largas esperas presenciales.

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La propuesta contempla el uso de inteligencia artificial

El ministro señaló que la herramienta podría incorporar inteligencia artificial (IA), aunque aclaró que antes de avanzar con el proyecto deberá conocer la situación financiera del Ministerio de Salud.

Fretes explicó que consultará con los responsables de la administración financiera de la cartera sanitaria para determinar qué recursos están disponibles y si existe la posibilidad de adquirir una herramienta de este tipo.

“Voy a hablar con el administrador, ver cómo está el desarrollo del presupuesto y, de acuerdo a ello, vamos a buscar la vuelta, pero es una necesidad porque esta larga fila es un maltrato al usuario”, sostuvo.

Fretes recordó una propuesta de US$ 1 millón

Durante sus declaraciones, el ministro recordó que cuando se desempeñaba como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió una propuesta para implementar una aplicación cuyo costo rondaba US$ 1 millón.

En ese sentido, señaló que ahora deberá analizar cuánto podría costar una solución similar para el sistema de salud pública y, principalmente, si existen recursos presupuestarios para llevar adelante el proyecto.

Fretes también indicó que el Ministerio de Salud cuenta con una mayor capacidad presupuestaria que el IPS, aunque reconoció que asumió el cargo en la parte final del año fiscal, cuando una importante parte de los recursos ya se encuentra en ejecución.

“Voy a sentarme a hablar con el que administra la plata y preguntarle los recursos que tenemos. El Ministerio es más fuerte que el IPS y tiene más recursos”, declaró.

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Pediatría de Calle’i necesita más camas

El jefe del área de Pediatría del Hospital de Calle’i, doctor Hassel Jimmy Jiménez, informó que uno de los principales problemas del establecimiento es la falta de camas pediátricas.

El profesional explicó que existe una sobrecarga en este sector y planteó la posibilidad de trabajar de manera coordinada con otras instituciones para distribuir la demanda.

En ese sentido, mencionó al Hospital de Clínicas, que -según señaló- cuenta con estructura para atender a pacientes, pero presenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos ambulatorios, mientras que Calle’i sí dispone de estos recursos.

“Hay una sobrecarga en este sector que se podría compartir con otras instituciones”, declaró.

Terapia intensiva pediátrica: hay déficit neonatal

Respecto al área de terapia intensiva pediátrica, el jefe de Pediatría indicó que el servicio está bien diseñado y cuenta con una cantidad de camas que permitiría atender la demanda del área Central.

Sin embargo, remarcó que el Hospital de Calle’i recibe pacientes provenientes de todo el país, por lo que la demanda supera el ámbito estrictamente departamental.

Jiménez también puso el foco en la terapia intensiva neonatal y sostuvo que existe un déficit a nivel nacional en este sector.

Problemas de infraestructura afectan al Hospital de Calle’i

Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a los problemas de infraestructura que enfrenta el Hospital de Calle’i.

Informó que se registraron inconvenientes relacionados con el incumplimiento de empresas contratadas, situación que derivó en la rescisión de contratos.

Ante este escenario, explicó que se activó un mecanismo de urgencia mediante el cual se logró culminar la estructura correspondiente al área neonatal, aunque todavía quedó pendiente la estructura destinada al sector de adultos.

Recalde señaló que, para completar los trabajos pendientes, se podría recurrir nuevamente a un mecanismo de urgencia o bien optar por un contrato abierto.

Fretes cuestiona demoras por rescisión de contratos

El ministro de Salud también se refirió a las rescisiones de contratos y sostuvo que este tipo de situaciones terminan afectando directamente a los usuarios del sistema de salud pública.

Afirmó que las interrupciones o retrasos derivados de los incumplimientos contractuales generan perjuicios para quienes dependen de los servicios hospitalarios.

Asimismo, sostuvo que los procesos de tercerización deben ser sometidos a controles y auditorías.

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Buscan descomprimir los grandes hospitales

Además de analizar una solución tecnológica para el agendamiento de consultas, el Ministerio de Salud plantea descomprimir los grandes hospitales mediante el fortalecimiento de los centros asistenciales de menor complejidad.

Fretes señaló que continuará visitando establecimientos pequeños para verificar por qué se producen las derivaciones hacia los hospitales generales y determinar qué servicios o recursos necesitan para resolver una mayor cantidad de casos.

El objetivo, según explicó, es evitar que hospitales como Calle’i concentren una demanda que podría ser atendida en otros establecimientos de la red sanitaria.

Imágenes de circuito cerrado difundidas sobre el hecho muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, rociándolo con un líquido inflamable y posteriormente iniciando el fuego.

Candia, quien además administra el medio digital Noticias al Día, calificó lo ocurrido como un atentado contra su persona y su familia.

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SPP repudia el hecho y exige una investigación

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su solidaridad con Candia y su familia. También repudió lo ocurrido, al considerar el caso como un atentado contra el comunicador.

El gremio exigió una “investigación urgente, seria y efectiva” con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Asimismo, reclamó la adopción urgente de medidas de seguridad para el periodista y su familia, además de garantías para que pueda continuar desarrollando su labor periodística.

SPP reclama protección para periodistas

El Sindicato de Periodistas del Paraguay sostuvo que los ataques contra trabajadores de prensa evidencian la necesidad de establecer mecanismos efectivos de protección para quienes ejercen el periodismo.

En ese sentido, el gremio reiteró su pedido al Congreso Nacional para que avance en la aprobación del proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

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Según el SPP, esta normativa permitiría establecer herramientas para prevenir agresiones, garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y fortalecer la libertad de expresión en Paraguay.

En ese sentido, el presidente de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fepacop), Basilio Duarte, comentó a ABC que los conductores de plataformas lanzarán próximamente su propia aplicación de movilidad, que está siendo desarrollada por un especialista del exterior.

El gremialista señaló que la presentación se realizará a través de la Cooperativa de Conductores de Plataformas y que cuentan con el respaldo de una empresa privada, que realizará la inversión para el marketing y el lanzamiento de la aplicación.

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Brindar ventajas a pasajeros y conductores

También sostuvo que disponen de apoyo técnico desde Paraguay, por medio de un equipo de desarrolladores que recibirá la aplicación para continuar con las actualizaciones desde el país.

“Queremos brindar ventajas a los conductores, cobrando comisiones mucho más bajas que las demás empresas y también al pasajero, siempre manteniendo los precios competitivos. No va a pagar más el usuario y el costo (comisión) del chofer será menor, por lo que la ganancia podrá mejorar”, contó.

“Corregir errores de otras plataformas”

El gremialista precisó que, con esta nueva propuesta que presentarán en el mercado paraguayo, buscan “corregir los errores” que cometen las demás aplicaciones y, a su vez, mantener un estándar de seguridad y buen servicio.

“Tendremos sistema de reconocimiento facial, apertura de la aplicación a través de huella digital, evitar las cuentas clonadas o falsas, evitar que delincuentes puedan crear un usuario de pasajero para asaltar a un conductor. Medimos la temperatura en Paraguay y todo lo que hace falta vamos a aplicar”, detalló.

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Ante esta propuesta, sostuvo que no dejarán de ser competitivos y que presentarán una aplicación estable, con servicio de soporte local.

Además, señaló que tendrán una oficina en Paraguay, donde ofrecerán atención tanto al pasajero como al conductor.

Alistan lanzamiento

De acuerdo con el dirigente, el nombre de la aplicación aún no puede ser revelado, pero estimó que será lanzada oficialmente en el territorio paraguayo dentro de aproximadamente una semana.

En cuanto a los conductores que podrían formar parte de la plataforma, detalló que tanto la federación como la cooperativa ya cuentan con sus respectivos socios.

“En el gremio somos 5.000 miembros y en la cooperativa casi 400 asociados, de los 30.000 conductores registrados en Paraguay. Queremos arrancar con quienes están cerca nuestro para luego llegar a todos los choferes”, amplió.

Apuesta a la electromovilidad

Destacó que apuestan a generar confianza tanto entre los encargados de brindar el servicio como entre los usuarios.

Alegó que pondrán énfasis en que los conductores que transporten a los pasajeros estén debidamente verificados. También adelantó que apuntan a incorporar la electromovilidad.

“Estamos cerca de octubre y el plazo para rendir los fondos vence el 15 de ese mes. El MEC debe habilitar nuestras firmas en el sistema y el dinero suele llegar dos semanas después. Si el proceso se abre ahora, recién en la quincena del próximo mes dispondremos del monto”, alertó la directora de un colegio público de la capital, bajo reserva de su identidad por temor a represalias.

De hecho, el primer desembolso que debió realizarse en los primeros meses de este 2026, también llegó con atrasos. Recién comenzaron a pagar bajo este concepto desde la segunda semana de junio.

Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), confirmó que efectivamente los colegios de todo el país siguen sin recibir la gratuidad, específicamente lo que se refiere a gastos de capital. Principalmente están siendo afectados las secciones de tercer ciclo y la educación media, ya que el nivel inicial y los primeros ciclos de la escolar básica sí recibieron parte de lo requerido.

¿De cuánto es el “tijerazo” y cómo afecta el presupuesto escolar?

Según los registros del Registro Único del Estudiante (RUE), una institución con una matrícula de 407 alumnos debía recibir este año un total de G. 10.052.900 —a razón de G. 24.700 por estudiante—. Sin embargo, la suma asignada por el Ejecutivo para todo el año lectivo alcanza únicamente los G. 6.740.760 entre la primera y la segunda etapa.

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Esta diferencia representa una resta del 32,95% (más de G. 3,3 millones menos) en los fondos que las comunidades educativas tenían previstos para cubrir sus necesidades operativas.

A este recorte presupuestario se suma la incertidumbre por la acreditación de los recursos, según afirmó Virgilio Orué, director del Colegio Nacional San Pedro Apóstol de Ypané. En la primera etapa, el colegio percibió y rindió un monto de G. 5.051.150.

Para el segundo desembolso —aún retenido por el MEC— solo se prevé un saldo de G. 1.689.610, una cifra considerablemente menor que deja a los directores con las manos atadas para afrontar los gastos de mantenimiento, reparaciones básicas e insumos de fin de año.

Gastos de capital: ¿En qué se debe invertir el dinero de la gratuidad?

Los gastos de capital, dentro del OG 894 (Objeto de Gastos), pueden ser utilizados para:

• Adquisición de equipos varios y tecnología.
• Compra de herramientas y mobiliario institucional.
• Inversiones en infraestructura o proyectos específicos

Miguel Marecos aseguró que, la semana pasada, cuando se discutían temas como el reajuste salarial para el 2027, no pudieron debatir y reclamar sobre la falta de presupuesto para la gratuidad, debido a que no contaron con la participación de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre los puntos más relevantes de la Ley, que no están en controversia, es que la prohibición afecta tanto a escolares como a colegiantes de instituciones públicas y privadas, sin distinción.

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Esto quiere decir, matriculados en educación inicial, que va desde tres a seis años de edad (jardín, preescolar y otros) hasta los del 3° de la educación media. Es decir, ya no afecta a universitarios.

Otro punto relevante es que la prohibición no solo se circunscribe al aula, esto es así porque la ley establece taxativamente que la prohibición también regirá “durante las clases, los recreos o descansos entre clases, salvo los casos y en la forma expresamente previstos en la presente ley”.

Este mismo artículo, 4.° “Prohibición de uso”, es el que genera controversia, ya que en su segundo párrafo establece que “esta prohibición también se aplica a las personas que acompañan y forman parte de procesos educativos de los alumnos, de acuerdo a los roles que desempeñan en instituciones afectadas por la presente ley”, es decir, docentes, coordinadores, directores y otros.

Este punto pretendía ser rechazado por Diputados, pero por la irresponsabilidad de una mayoría que rompió el quórum, quedó vigente y obliga a forzar también la facultad de veto del Ejecutivo.

No es habitual -pero tampoco está prohibido- que el Ejecutivo vete solo un párrafo de un artículo, pero en este caso, si veta el artículo 4° en pleno, también estaría inutilizando la iniciativa, al quitar la prohibición para los alumnos.

Las excepciones que plantea el proyecto

Aunque un poco controvertida, la ley también establece excepciones que pueden considerarse ambiguas y amplias, dejando mucha discrecionalidad para evadir la prohibición, según cada institución.

Primeramente, se plantean excepciones obvias, como ser en el “marco de situaciones de estado de peligro, estado de necesidad o fuerza mayor, cuando existan necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o por condiciones de salud acreditadas”.

Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de uso con fines pedagógicos o didácticos “bajo orientación directa de los profesionales de la educación”, es decir, exclusivamente para alguna tarea específica en el aula.

Las sanciones previstas según la iniciativa

Si bien el órgano de aplicación es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al que la ley autoriza y obliga a “realizar auditorías, fiscalizaciones e inspecciones en instituciones educativas, de oficio o a solicitud de parte interesada” para revisar el cumplimiento de la Ley, también se compromete a los demás eslabones de la comunidad educativa, so pena de castigos en caso de inobservancia de la ley.

En tal sentido, el artículo 13 establece que “las instituciones educativas serán responsables de implementar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la presente ley”, y por ende, en caso de incumplimiento, serán blanco de los castigos.

Ante ello, se agrega que se “considera falta toda acción u omisión que implique incumplimiento” y, en el caso de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se estipulan los castigos respectivos.

En el caso de educadores de instituciones públicas y subvencionadas, se rigen por el Estatuto del Educador, que define como “falta de segundo grado” el “Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad”, como sería en este caso.

Esto se castiga con suspensión sin goce de sueldo hasta por ciento ochenta días; Separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior, si lo hubiese; y, destitución, según el caso que corresponda.

En el caso de las instituciones educativas privadas, existen dos niveles, faltas leves y graves. Las graves son:

• El incumplimiento del apercibimiento o emplazamiento que realice la misma autoridad de aplicación para la adecuación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la presente ley.
• La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de dos años.

Finalmente, en cuanto a las sanciones a las instituciones educativas, se les imponen dos posibles castigos en caso de incumplimiento, empezando por un apercibimiento, que indica el plazo para la adopción de medidas de adecuación hasta incluso multas de hasta cincuenta jornales mínimos (G. 5.853.850, según el jornal actual).

La prohibición empezará a regir desde el momento de la promulgación de la Ley, es decir, dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo. Si veta parcialmente, el proyecto deberá retornar al Congreso, donde ambas cámaras pueden por ejemplo optar por aceptar el veto parcial y promulgar la parte no objetada.

La resolución que revocó, el A.I. N° 1125 del Tribunal de Cuentas - Primera Sala, fue dictada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes dejaron sin efecto la medida que había otorgado la Primera Sala del Tribunal de Cuentas. La actuación fue registrada en el expediente el 22 de septiembre de 2026.

DNIT resalta alcance del fallo de la Corte Suprema

El director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, señaló a ABC que la decisión puede tener efectos en otros procesos en los cuales la institución busca intervenir para resguardar los intereses del Estado.

“Es un fallo importante ante los casos de denuncias que hacemos por contrabando o facturas falsas de tal manera a que la DNIT forme parte de los procesos y defender de esa manera los intereses del Estado”, expresó Orué este jueves.

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Caso Copassa: expediente volverá al Tribunal de Cuentas

Hace más de un año, el Tribunal de Cuentas concedió una medida cautelar a Copassa. Con esa resolución, la empresa evitó que quedara sin efecto su registro para operar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La institución había aplicado una multa de US$ 3,6 millones por varias infracciones a las normas aduaneras. Según los antecedentes del caso, la empresa tampoco depositó los G. 500 millones que correspondían como contracautela para la aplicación de la medida cautelar.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el expediente administrativo deberá volver a la Primera Sala del Tribunal de Cuentas. En esa instancia continuará la discusión sobre el fondo del caso.

Multa a Copassa se originó en 2020

La DNIT informó que el caso de Copassa comenzó en 2020 y todavía no cuenta con una definición definitiva en sus aspectos económicos y administrativos.

La sanción fue aplicada por la entonces Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que hoy forma parte de la institución. La multa quedó confirmada mediante la Resolución N° 346, del 5 de abril de 2021. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida a raíz de cuestionamientos administrativos y judiciales presentados por la firma.

El tiempo se mantendría estable en todo el país durante el fin de semana. No se esperan lluvias antes de mediados de la próxima semana.

Las temperaturas van en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas de entre 17 y 23 grados.

Los índices seguirían aumentando durante el fin de semana, con máximas de 36 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo. En algunas zonas del norte del país, la temperatura superaría 40 grados en los próximos días.

El 22 de diciembre de ese año, los ministerios de Industria y Comercio (MIC) y de Tecnologías de la Información (MITIC) presentaron un informe técnico titulado “Diseño e implementación del régimen tarifario dolarizado y a plazo extendido para el suministro de electricidad a industrias estratégicas innovadoras”, que plantea que la ANDE cree una tarifa especial, denominada “Convergencia Tecnológica”.

Este régimen lo aplicarían a tres sectores: economía digital y datos (centros de datos para IA y computación de alto rendimiento), vectores energéticos (hidrógeno y amoníaco verde) y materiales avanzados (ferrosilicio, aluminio verde y precursores de semiconductores).

Y en menos de un mes, el 16 de enero de 2026 para ser precisos, se firmaron los decretos del Poder Ejecutivo N.° 5306 y N.° 5307. Pasaron 40 días entre el pedido de Atome y el informe del MIC, y solo dos meses entre la solicitud de referencia de la empresa y los decretos de Santiago Peña.

El monto de la tarifa que Atome le señala a la ANDE que necesita para este proyecto es de US$ 30/MWh, en un documento anexo denominado “Atome - Propuestas”.

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US$ 30 pedidos, US$ 30–32 decretados

El decreto 5306 crea una tarifa para “industrias convergentes” (centros de datos, IA, nube). El 5307 crea otra, más barata, para hidrógeno, amoníaco, metanol y queroseno.

En 220 kV, cada uno de los seis conceptos del 5307 equivale a unos 78,9% del mismo concepto del 5306.

Haciendo el cálculo, la tarifa que indica el decreto 5306 equivale a unos US$ 38–40/MWh y la del 5307 a unos US$ 30–32/MWh. El anexo de Atome sostiene que el servicio de su deuda exige un costo energético de US$ 30/MWh y que “cualquier tarifa superior” lo comprometería.

La normativa 5307 afirma que las tarifas deben “cubrir todos los costos asociados al suministro”, pero no cita ningún estudio de costos. Estos decretos fueron refrendados por el MIC, el MITIC y el MOPC, pero no por la ANDE, que es la que vende la energía.

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Un régimen con perfil de un solo proyecto

El N.° 5307 crea un grupo de consumo solo en 220 kV. Es la tensión del contrato de Atome en Villeta, que se conecta en “Muy Alta Tensión (220.000 voltios)”.

El decreto no previó la actualización de la tarifa. Cabe recordar que Atome pidió una tarifa “fija e invariable” durante diez años. El 5306, en cambio, sí incluye una fórmula anual de ajuste (50% PPI, 50% CPI) en su Art. 5.

Sobre la duración del contrato, Atome pidió que sea de 20 años como mínimo, desde el inicio de la operación (1/1/2029) con opción de aumentar por 10 años más. Argumentaron que el repago de la deuda se hace en los 10 primeros años y el retorno de la inversión realiza en los segundos 10 a 20 años.

En tanto que las tarifas que se fijaron por decreto regían solamente “hasta 15 años” desde la publicación del decreto, es decir, hasta enero de 2041. O sea, en este punto, el Ejecutivo no fue tan benevolente con la solicitud.

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Generación eléctrica propia y planta solar de Atome

Además, el 5307 exige un plan que puede incluir “generación eléctrica propia o contratada de forma directa”. Esto podría guardar relación con el esquema de cogeneración que Atome planteó luego de que los decretos fueran derogados y en su intento por continuar negociando una tarifa favorecedora.

En una reciente entrevista al asesor legal de Atome, Jorge Gross Brown, ABC le consultó si fue el gobierno el que planteó ese incentivo con ese decreto o fue un pedido de Atome que necesitaba esto para avanzar con su proyecto. Su respuesta fue que “a medida que fue la conversación dada con el gobierno, se presentó esta oportunidad, se emitió el decreto y nosotros dijimos: ‘bueno, Paraguay, genial, gracias por esto, somos pioneros’”.

Los documentos muestran una secuencia (pedido, informe y decreto), una coincidencia de cifras y un régimen cuyo perfil encaja con el de la empresa de hidrógeno verde. Lo que podría interpretarse como que la redacción de la normativa estuvo hecha a medida de las necesidades de Atome.

Cuando el dólar se ubicaba entre G. 6.300 y G. 6.400, recordó, el mercado asumía que difícilmente podría caer más. Sin embargo, la divisa siguió retrocediendo hasta perforar la barrera de los G. 6.000.

“¿Qué tanto una moneda de un país pequeño, rodeado de gigantes como Brasil y Argentina, puede soportar este nivel de revalúo?”, cuestionó el experto. Según expuso, el guaraní presenta un desacople relevante: alrededor de 13% respecto del real brasileño y de 23% frente a la evolución global del dólar.

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El cambio que introdujo la emisión de bonos en guaraníes

Rivas ubicó un punto de inflexión en febrero de 2024, cuando el Gobierno paraguayo emitió bonos nominados en guaraníes en el mercado internacional. Hasta entonces, afirmó, las fuerzas que definían el tipo de cambio eran predominantemente domésticas.

Durante cerca de tres décadas y media, el sistema de tipo de cambio libre y fluctuante estuvo condicionado por factores internos, entre ellos la diferencia entre las tasas de interés en guaraníes y en dólares. Las tasas de los certificados de depósito de ahorro (CDA) en moneda local resultaban atractivas, mientras que los rendimientos en dólares eran bajos, una combinación que favorecía las inversiones en guaraníes.

La colocación externa alteró ese esquema, de acuerdo con Rivas. Así, un inversor externo aportó millones de dólares para adquirir esos instrumentos en guaraníes. El Banco Central del Paraguay (BCP) compró las divisas y entregó al inversor el bono correspondiente, mientras los recursos en guaraníes fueron canalizados al Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde entonces, explicó, el tipo de cambio incorporó un actor internacional con capacidad de influir en la demanda de dólares y en la disponibilidad de guaraníes dentro del sistema financiero local.

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La ausencia de una ventanilla de liquidez

El principal problema, según Rivas, fue que el BCP no previó una ventanilla de liquidez para atender eventuales salidas de esos capitales.

En la práctica, cuando un inversor externo necesita desarmar su posición en guaraníes y recuperar dólares, el sistema financiero paraguayo debe proveer la liquidez necesaria para esa operación. Sin un mecanismo específico del Banco Central, esa exigencia recae sobre bancos y otras entidades del mercado local.

Rivas vinculó esta dinámica con el episodio en que el dólar llegó a cotizar cerca de G. 8.000. En ese momento, la presión sobre la moneda estadounidense se explicó, en su interpretación, por la demanda de dólares de inversores que buscaban salir de sus posiciones ante el temor generado por la volatilidad cambiaria.

El mercado debía atender esa demanda, pero el proceso absorbió guaraníes del sistema. Posteriormente, la reversión del movimiento y la escasez de liquidez contribuyeron al descenso de la cotización del dólar.

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Tasas de interés: una señal que no llega al mercado

Para Rivas, la cotización actual también debe leerse a la luz del régimen de metas de inflación del BCP y de las dificultades para trasladar la tasa de política monetaria al costo efectivo del dinero.

El economista señaló una aparente desconexión entre los indicadores: la tasa de política monetaria se ubica en 5,5%, la inflación ronda 1,5% y, sin embargo, las tasas de los CDA en guaraníes se mantienen cerca de 10%.

“ No tiene lógica”, afirmó al describir esa brecha. El problema, según sostuvo, es que el mercado no está reaccionando plenamente al impulso de la política monetaria porque las entidades financieras continúan priorizando la acumulación de liquidez.

La situación se originó, explicó, durante marzo y abril de 2025, cuando el dólar rondaba los G. 8.000. En aquel período, el Banco Central vendía dólares al contado y, al hacerlo, retiraba guaraníes del circuito financiero. El resultado fue un nivel mínimo de liquidez.

Si el sistema recuperara confianza en su posición de liquidez, argumentó Rivas, las tasas de los CDA tenderían a acercarse a la tasa de referencia del Banco Central. Solo entonces, añadió, se produciría una transmisión más efectiva de la política monetaria hacia la economía.

Las opciones para generar liquidez

El economista identificó al Gobierno y al Banco Central como los principales generadores de liquidez en Paraguay. Desde esa perspectiva, planteó tres vías:

La primera sería que el BCP compre dólares en el mercado. Esa intervención elevaría la cotización de la divisa estadounidense y, simultáneamente, inyectaría guaraníes a la economía.

Una segunda alternativa consistiría en que el Estado regularice pagos pendientes con sus proveedores. Rivas reconoció, no obstante, que esta opción está condicionada por la situación de déficit fiscal.

La tercera posibilidad sería modificar el encaje legal, es decir, los recursos que las entidades financieras deben inmovilizar como reserva. Sin embargo, consideró que esa medida aparece distante en el escenario actual.

Los malvivientes forzaron y destruyeron la puerta principal, revolvieron cada rincón del inmueble y se llevaron televisores, equipos de sonido, dispositivos electrónicos, calzados deportivos, prendas de vestir y hasta joyas de valor sentimental.

Desbaratan dos puntos de comercialización de drogas en Ypané

La víctima del hecho, Aida Lugo, una madre que sostiene su hogar, relató con impotencia el escenario devastador con el que se encontró al regresar a su casa. Los malvivientes se tomaron el atrevimiento de consumir bebidas dentro de la casa, cambiarse de calzado en el lugar y dejar abandonadas sus zapatillas usadas para salir vistiendo los calzados nuevos del hijo de la dueña de casa.

Además, para facilitar su huida, cortaron el alambrado perimetral de la propiedad y se escabulleron hacia una zona descampada.

El alivio dentro de la tragedia

La mujer manifestó sentirse reconfortada por el hecho de que su hijo de 16 años no se encontraba dentro de la vivienda al momento en que irrumpieron los delincuentes.

El joven había abandonado la casa alrededor de las 09:30 para dirigirse a su colegio, por lo que se presume que el robo se ejecutó entre la mañana y la tarde. “Por un lado le doy gracias a Dios de que no le hayan encontrado a mi hijo acá adentro; las cosas materiales duelen muchísimo porque cuesta conseguir, pero la vida de mi hijo vale más”, expresó.

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Respecto a las pistas sobre los posibles autores, algunos obreros que trabajaban en una construcción cercana señalaron haber visto a dos jóvenes merodeando en actitud sospechosa por los alrededores de la casa.

Durante un recorrido inicial realizado por los vecinos en medio de la oscuridad de la noche, se logró encontrar un par de calzados pertenecientes al joven arrojado a mitad del trayecto en un yuyal.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional y peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional acudieron al lugar tras la denuncia correspondiente para recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

El primer mes estuvo caracterizado por la debilidad del dólar. El índice descendió hasta 96,22 puntos el 27 de enero, su menor registro dentro de la serie analizada. Entre los factores que influyeron figuraron las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense y las preocupaciones del mercado acerca de la independencia del Banco Central. La FED mantuvo entonces su tasa de referencia entre 3,5% y 3,75%.

A partir de marzo, el dólar recuperó terreno. El DXY cerró ese mes en 99,96 puntos, con una expansión mensual del 2,4%. La intensificación del conflicto en Medio Oriente incrementó la demanda de activos considerados refugio y elevó los precios energéticos, con consecuencias sobre las expectativas de inflación. Sin embargo, en abril el indicador retrocedió un 1,9%, hasta 98,06 puntos.

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Las noticias sobre una posible reapertura del Estrecho de Ormuz y las expectativas de una disminución de las tensiones contribuyeron a reducir temporalmente la demanda de dólares.

La recuperación se intensificó posteriormente. Tras alcanzar 98,91 puntos al cierre de mayo, el índice ascendió hasta 101,19 puntos al finalizar junio, un crecimiento mensual del 2,3%. El 24 de junio había registrado 101,61 puntos, máximo de la serie analizada.

En ese período, las expectativas de aumentos de tasas en Estados Unidos y las caídas bursátiles favorecieron la demanda de dólares. La FED mantuvo su tasa sin cambios en junio, pero advirtió que la inflación permanecía elevada, parcialmente por los mayores costos de la energía.

Durante parte de julio y agosto, el DXY volvió a perder impulso. El indicador cerró julio en 99,91 puntos y agosto en 99,43, con disminuciones mensuales del 1,3% y 0,5%, respectivamente. La Reserva Federal conservó las tasas en julio, mientras que en agosto los anuncios del Tesoro estadounidense sobre mayores recompras de bonos de largo plazo contribuyeron a reducir los rendimientos y presionaron al dólar.

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En septiembre se produjo un nuevo fortalecimiento. El DXY pasó de 99,43 puntos al cierre de agosto a 101,27 puntos el 24 de septiembre, un incremento del 1,9%. La FED elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos el 16 de septiembre, hasta el rango de 3,75% - 4,00%. Posteriormente, los datos de actividad manufacturera y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses reforzaron las expectativas de nuevos ajustes monetarios.

Por otra parte, el Banco Central Europeo también elevó sus tasas en septiembre, con un incremento de 25 puntos básicos que situó la facilidad de depósito en 2,5%. Esta decisión evidencia que las presiones inflacionarias y las respuestas monetarias no se limitan a Estados Unidos, por lo que la evolución del dólar también depende de las decisiones de otros bancos centrales.

Para Paraguay, la recuperación del Índice Dólar constituye una referencia relevante, aunque no determina directamente el tipo de cambio del guaraní, tal como se viene observando desde el año 2025 con un comportamiento marcadamente distinto de la moneda nacional con respecto a la dinámica del dólar a nivel internacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

La intervención se realizó a las 18:25 de este jueves en las zonas conocidas como Potrerito y Altos de Ypané y culminó con la detención de un joven de 19 años y de una mujer de 21 años. También se logró incautar cientos de dosis de crack, dosis de cocaína pura, casi medio kilo de marihuana, armas de fuego de fabricación casera y un fajo de billetes falsos en dólares.

Las intervenciones se pusieron en marcha a partir de denuncias de familias del barrio. Según reportaban vivian en zozobra por el flujo de adictos y asaltantes callejeros que acudían a estas viviendas.

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El agente fiscal Rodrigo Espíndola, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, lideró los allanamientos simultáneamente a las vivendas identificadas y lograron neutralizar cualquier intento de resistencia.

Crack, armas y 3.000 dólares en en el primer procedimiento

En el primer allanamiento, ejecutado en una vivienda sobre una calle sin nombre del barrio 29 de Agosto (Potrerito), los uniformados aprehendieron a Jordan Thiago Larroza Cabral, de 19 años, quien no contaba con antecedentes penales registrados.

En el registro de las habitaciones, los intervinientes hallaron un total de 89 dosis de cocaína tipo crack, con un peso de 35 gramos, empaquetadas y listas para su comercialización directa al menudeo.

Junto a las dosis de droga, el personal policial requisó un revólver calibre 22 largo con tres cartuchos sin percutir que se encontraba parcialmente desarmado, además de dos machetes de fabricación casera.

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También se hallaron 30 billetes de 100 dólares americanos, totalizando USD 3.000 en moneda extranjera presumiblemente falsa. Toda la evidencia en efectivo fue remitida para su peritaje correspondiente en el laboratorio de Criminalística, al igual que los aparatos celulares que utilizaba el sospechoso para coordinar las entregas.

Escopeta “tumbera” y marihuana picada en la segunda vivienda

Minutos más tarde, la comitiva fiscal-policial irrumpió en una segunda vivienda ubicada en el barrio Altos de Ypané, donde se concretó la detención de Dalia Candela García Miranda, de 21 años. En el lugar, la prueba de campo arrojó resultado positivo a 467 gramos de marihuana picada, 26 dosis de crack acumuladas en 6,31 gramos, y una porción de cocaína en polvo que pesó 10,34 gramos.

Dentro de este segundo recinto, los agentes incautaron una balanza de precisión, utensilios con restos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo en billetes de baja denominación (por un total de G. 374.000) e instrumentos de defensa ilegal, entre los que destaca una peligrosa escopeta de fabricación casera conocida como “tumbera”, cargada con un cartucho calibre 12 mm sin percutir.

Denuncias realizadas permitieron desbaratar estos puntos

El oficial inspector Jorge Barboza, del Departamento Antinarcóticos, remarcó la efectividad de las denuncias anónimas realizadas por la comunidad para guiar el trabajo de inteligencia.

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“Las dos viviendas tenían todas las características de ser verdaderos centros de expendio donde no solo se comercializaba droga a cualquier hora del día, sino donde también se reducían objetos robados en asaltos callejeros”, explicó el uniformado.

Por disposición del Ministerio Público, los dos detenidos permanecen bajo custodia policial y deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

Riña en Bañado Tacumbú dejó un herido grave, que fue trasladado a Itauguá

La detención se concretó durante el allanamiento a tres viviendas en las inmediaciones de las calles Sebastián Gaboto y Ursicinio Velasco, donde las autoridades antidrogas buscaban desmantelar focos de venta de estupefacientes.

Al percatarse del operativo policial y fiscal, encabezado por la agente fiscal Verónica Mayoret, el sospechoso intentó ocultarse en un compartimento ciego dentro de la casa; sin embargo, fue descubierto. Durante la inspección de sus pertenencias, los intervinientes hallaron dentro de una mochila un total de 80 dosis de crack listas para la venta.

Además, al cotejar sus datos en el sistema informático, confirmaron que Díaz Chávez ya contaba con una orden de detención pendiente firmada por la Fiscalía en la causa caratulada como tentativa de homicidio doloso. A su caso se suma la violación de un régimen de medidas alternativas por un caso anterior de robo agravado.

Disparo a vecino fue por supuesta disputa familiar

El subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2ª de Asunción, detalló que el detonante de la gresca es por un conflicto familiar que escaló. “El problema venía arrastrándose desde hace un tiempo entre familiares. Esa noche la discusión subió de tono, se metieron varias personas y la víctima le habría propinado un golpe a la cuñada del ahora detenido. Fue ahí donde Elías Díaz reaccionó sacando un arma”, explicó el jefe policial.

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Pese a la captura del presunto tirador, la Policía no pudo recuperar el arma de fuego utilizada en el ataque. Según los datos de inteligencia, el revólver habría sido entregado a un tercero para sacarlo del perímetro.

En cuanto a la salud de Milciades Benítez, las autoridades informaron que evoluciona de forma favorable en observación médica y fuera de peligro, tras haber sido derivado de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá por la gravedad del proyectil que atravesó su brazo y quedó alojado en el abdomen.

Procesamiento por drogas y tentativa de homicidio

Elías Díaz Chávez quedó recluido a disposición compartida del Ministerio Público y de la Justicia Ordinaria. Por un lado, la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico formalizó su procesamiento por la tenencia y comercialización de las 80 dosis de crack incautadas en la mochila.

A la par, se ordenó su traslado a la sede del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional para continuar con el expediente por tentativa de homicidio.

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Las fuerzas de seguridad descartaron que el detenido pertenezca de forma oficial a células del crimen organizado, aunque precisaron que integra activamente grupos violentos de barras bravas en la capital.

Durante la mesa de trabajo, ambas autoridades conversaron sobre el fortalecimiento de la instrucción técnica y el adiestramiento de las tropas locales. En ese sentido, debatieron sobre la ciberdefensa, la mejora de los sistemas de vigilancia aérea y el plan general de modernización de las Fuerzas Armadas del Paraguay.

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Asimismo, en la reunión se celebró los 25 años ininterrumpidos del programa estatal de cooperación conocido como State Partnership Program, una alianza bilateral que sirvió de puente para múltiples capacitaciones e intercambio de conocimientos entre uniformados paraguayos y norteamericanos.

En dicho encuentro, también acompañaron el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro de de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, además de otras autoridades militares estadounidenses.

Donaciones clave e historial de apoyo ante emergencias

En los últimos años, este vínculo estratégico se tradujo en ayuda concreta y equipamiento para combatir desastres ambientales y proteger al personal de emergencia en el territorio nacional.

Un gran avión llegó desde Estados Unidos con una importante donación

En el año 2023, la institución militar estadounidense proveyó un importante lote de equipos de protección personal e insumos para el combate de incendios forestales destinados a las unidades militares de nuestro país.

Ese respaldo técnico se consolidó en los años posteriores mediante entregas de mayor envergadura. En 2024 y 2025, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la misma Guardia Nacional de Massachusetts, concretó la donación oficial de modernos carros hidrantes de gran capacidad y trajes especiales para bomberos militares. Estas herramientas resultaron vitales para hacer frente a las duras temporadas de sequía e incendios que golpearon con fuerza en el Chaco paraguayo.

Bacchetta expresó su satisfacción por el veredicto, afirmando que “hoy ganó la justicia” ante un caso de gravedad institucional. El exparlamentario dejó en claro que la investigación se quedó corta al no perseguir a toda la cadena de responsabilidades estatales que hizo posible semejante esquema.

Hernán Rivas condenado a 8 años de cárcel: catástrofe judicial sin precedentes

El exparlamentario recordó cómo en el año 2020 se convirtió en una de las pocas voces que se animó a pisotear la “Concordia Colorada” para denunciar que Rivas no tenía la formación requerida para el cargo.

Bacchetta relató que bastaron un par de conversaciones con Rivas para percatarse de su total ignorancia en materia jurídica. “Cualquiera que estudió derecho se da cuenta de inmediato. Rivas no sabía la diferencia entre una providencia y una resolución, le costaba leer porque no tenía el vocabulario del procedimiento”, mencionó.

Video: Hernán Rivas guardó silencio durante todo el proceso, incluso tras su condena

Ante esa situación, y con el dictamen del especialista José Casañas Levi, Bacchetta remitió una nota formal a la Cámara de Diputados solicitando la remoción del representante, alerta que fue ignorada por la conveniencia política del momento.

El caso forma parte de una cadena

Para Bacchetta, la condena a Rivas constituye apenas la punta del iceberg de una red mucho más profunda y peligrosa dentro del sistema educativo y de control público. Descartó que Cartes haya puesto a Rivas en el JEM, pero sí nació desde la bancada cartista.

El exsenador apuntó de forma directa hacia la Universidad Sudamericana y hacia la gestión del entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, a quien acusó de actuar de manera incoherente al inscribir un título que carecía de sustento real.

“Este caso es complejo porque el tipo tenía casi todo: el cartón, la firma del decano, del rector y el registro del MEC. Lo único que no hizo fue cursar la carrera. La Fiscalía hizo un trabajo brillante para desmontar la farsa y probar que no había actas de examen ni compañeros de aula, pero este delito no lo cometió solo Rivas; esto es una cadena de complicidades donde varios entes miraron hacia otro lado”, remarcó.

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Asimismo, la exautoridad del JEM cuestionó el papel de otros referentes del ámbito jurídico que convalidaron la llegada de Rivas a la cumbre del poder judicial.

Lamentó la postura del expresidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello, y del abogado Enrique Kronawetter, quienes según su análisis, permitieron o acompañaron la entronización de un personaje sin preparación al frente del organismo.

“Eran tiempos de la ‘Cicatriz Colorada’, todos estaban hermanados y nadie quería generar ronchas. Yo pateé el tablero en ese momento porque sabía que en el futuro no iba a permitir que me señalaran como un inútil por haber sido cómplice”, expresó.

¿Qué pasará con las resoluciones firmadas por Rivas?

Bacchetta advirtió que la confirmación de la condena a Rivas abre una verdadera “caja de pandora” que podría desembocar en un problemón institucional, debido a que el condenado llegó a firmar resoluciones y destituciones de magistrados en su etapa como presidente y miembro del Jurado.

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El abogado explicó que cualquier juez o fiscal que haya sido destituido o sancionado con el voto determinante de Rivas cuenta ahora con un argumento sólido para plantear la nulidad de esas resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia.

“Imagínense el problemón que se viene. Un magistrado que fue echado por alguien que no era abogado puede exigir legítimamente la nulidad de su destitución basándose en este nuevo hecho. Lo que se viene es algo tremendo para la República, porque se va a tener que revisar todo lo actuado por un falso abogado”, sentenció.

La Fiesta del Licor se desarrollará este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en la Plaza 17 de Diciembre. La propuesta combina la fiesta popular con gastronomía, producción artesanal, patrimonio y espacios que pueden ser visitados durante la estadía.

La actividad tendrá su apertura el sábado a las 20:00, con la elección y coronación de Miss Yegros, presentaciones de academias de danza nacionales e internacionales, artistas locales, el Conservatorio del Río Pirapó, la Escuela de Guitarra de la Municipalidad y la presentación de Giulianna Cortessi.

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La jornada central será el domingo, desde las 10:00, cuando la Plaza 17 de Diciembre se transforme en una feria abierta a visitantes. Allí se podrán conocer y adquirir los tradicionales licores elaborados por productoras de la localidad, además de degustar comidas típicas y recorrer puestos de artesanía y otros productos de la comunidad.

Bebidas a base de frutas

El principal atractivo de la celebración es la producción artesanal que dio nombre al festival. Las licoreras de Fulgencio Yegros elaboran bebidas a base de frutas, plantas y otros ingredientes, con una variedad que fue creciendo con el paso de los años.

Pacurí, aguaí, naranja, menta, chocolate, café, rosas y frutas silvestres son algunos de los sabores que pueden encontrarse en la producción local. La feria permite a los visitantes conocer esta tradición directamente de las productoras y llevar consigo distintos productos elaborados en la ciudad.

Un paseo por una ciudad diferente

La visita a Yegros puede comenzar incluso antes de llegar a la plaza. La ciudad posee un trazado urbano particular, con calles que forman una cuadrícula atravesada por diagonales, característica que forma parte de su identidad y de su historia.

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Fulgencio Yegros fue fundada el 17 de diciembre de 1891 y recibió población de diferentes procedencias, elemento que contribuyó a la particular configuración cultural de la localidad.

Durante el fin de semana, quienes lleguen para el festival pueden aprovechar la jornada para recorrer sus calles y conocer algunos de sus sitios históricos, entre ellos la antigua estación ferroviaria y el Museo de la Ciudad. El antiguo ferrocarril forma parte de la historia de la localidad y permite recordar la importancia que tuvo este medio de transporte en el desarrollo de numerosas comunidades del interior paraguayo.

Otro atractivo que puede formar parte del recorrido es el conocido árbol de aguaí, ejemplar que fue reconocido en 2024 en el concurso Colosos de la Tierra y que se convirtió en uno de los elementos naturales distintivos de la localidad.

Gastronomía y producción local

El recorrido turístico también puede complementarse con la gastronomía y los productos elaborados por emprendedores locales. Durante el festival se ofrecerán comidas tradicionales, dulces, embutidos, vinos artesanales, asado a la estaca y chorizos regionales.

La propuesta apunta así a que el visitante no solamente llegue para asistir a un espectáculo musical, sino que permanezca durante varias horas en la ciudad, conozca sus productos y recorra sus atractivos.

La feria reunirá además a artesanos y emprendedores de diversos productos, generando un espacio para conocer diferentes trabajos y productos elaborados en la comunidad.

Música para cerrar el recorrido

La programación artística será otro de los atractivos para quienes decidan pasar el fin de semana en la ciudad. El domingo subirán al escenario Tierra Adentro, Dalma Ferreira & Bohemia Guaraní, Refugio de Amor, Grupo Komando, Sexta Armonía, Contratiempo, La Internacional Banda 25, Grupo Sintonía y Sonic Gun’s, además de artistas locales.

También están previstas presentaciones de grupos de danza y actividades para toda la familia, incluyendo juegos para niños y un paseo en bicicleta.

La celebración fue declarada este jueves de interés nacional, cultural y artístico por la Cámara de Diputados, reconocimiento que se suma a su declaración previa como actividad de interés turístico nacional por parte de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Al respecto, el oficial Sergio Rolón reportó que uno de los autos involucrados, un Mercedes-Benz, iba sobre la calle Teniente Fariña y al alcanzar el cruce con Independencia Nacional, se produjo el impacto contra el otro automóvil, de la marca Toyota.

Tras el choque, ambos vehículos fueron a parar contra una pequeña muralla que se encontraba en la esquina de la intersección.

Otro punto que confirmó el uniformado policial es que cada vehículo contaba con solamente una persona dentro y pese a la escena, las conductoras -cuyas identidades no se dieron a conocer- no resultaron con heridas de gravedad, aunque una de ellas habría sido trasladada por medios propios al Hospital de Trauma.

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Está presupuestado en G. 11.619.999.900 con recursos de la Gobernación de Caaguazú. La obra fue adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional ID 490.378 a la empresa Innova, propiedad del arquitecto Diego Hernán Ramoa Rodríguez.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR HC), señaló que la obra tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. La intención es que para septiembre a octubre del próximo año esté concluida y habilitada para la ciudadanía.

El jefe departamental destacó que el Oviedo Arena está proyectado como centro cultural de referencia para Coronel Oviedo y toda la región. Actualmente no existe una infraestructura de similares características en el departamento, indicó.

“Esto va a hacer que nos convirtamos, como Coronel Oviedo, en un centro de convenciones a nivel nacional”, manifestó el gobernador Marcelo Soto Pavón durante el acto de palada inicial realizado este jueves.

La infraestructura estará preparada para la realización de conciertos, espectáculos artísticos, obras teatrales, encuentros, convenciones y otras actividades, permitiendo que la ciudad disponga de un escenario moderno para eventos de mayor convocatoria.

Tecnología de punta

El Centro Cultural Oviedo Arena contempla una infraestructura con capacidad para albergar entre 700 y 800 personas, además de tecnología de punta, equipamiento sonoro y un sistema acústico especialmente diseñado para ofrecer condiciones adecuadas para diferentes tipos de espectáculos.

El proyecto contempla equipamiento sonoro y tecnología de punta, además de un diseño acústico pensado para garantizar una buena experiencia para el público.

Cultura como parte de la educación

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez, quien participó del acto, destacó precisamente las características acústicas proyectadas para el centro cultural.

Explicó que la infraestructura permitirá realizar presentaciones musicales en las que la calidad acústica posibilite escuchar adecuadamente desde diferentes sectores del recinto, incluso en espectáculos que no requieran una amplificación convencional.

Ramírez también resaltó que la construcción tendrá importancia para el desarrollo cultural y educativo de los estudiantes de la zona.

El titular del MEC dijo que los niños y jóvenes necesitan acceder a conciertos, obras teatrales y otras expresiones artísticas, porque estas actividades complementan la formación que reciben dentro de las aulas.

En ese sentido, mencionó programas impulsados por el MEC, como “La música va a la escuela”, mediante el cual músicos paraguayos llevan sus presentaciones directamente a comunidades y establecimientos educativos, especialmente a aquellos sectores donde resulta difícil acceder a este tipo de espectáculos.

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La legisladora sostuvo que los impuestos selectivos deben aplicarse con el fin de desincentivar el consumo ante los severos daños que provocan a la salud pública —como ocurre con el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas— y no por un mero afán fiscalista.

“En cambio la tirzepatida es una necesidad para combatir una de las epidemias más grandes del mundo actual que es la obesidad y la diabetes”, aseveró.

En ese sentido, señaló que se debe aprovechar que la droga original no fue registrada bajo patente en Paraguay, lo que permite su producción local a costos reducidos en comparación con el mercado brasileño. “Eso ayuda a la gente en el Paraguay a que tenga un precio accesible en relación a los países vecinos”, subrayó.

Martínez cuestionó la asimetría fiscal de la administración actual, remarcando que se pretende encarecer un medicamento que reduce internaciones y complicaciones metabólicas, mientras el tabaco mantiene cargas mínimas por tratarse de un sector aliado al oficialismo.

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“¿Por qué no hacen otros impuestos? ¿Por qué no aumentan la renta personal, el impuesto inmobiliario? ¿Por qué en este país se compra la tierra a precio público y se vende a precio privado? ¿Por qué los grandes no pagan?”, cuestionó.

La senadora concluyó asegurando que si no se incrementan las tasas a los productos nocivos para la salud, se opondrá a cualquier gravamen al fármaco. “Me parece un disparate”, finalizó.

Disidentes, en contra

Desde el coloradismo disidente, el senador Mario Varela también sentó postura en contra de aplicar cargas tributarias al remedio.

“Estoy en contra porque tienen que tener en cuenta que ese medicamento se utiliza para fines terapéuticos. Y en Paraguay una de las enfermedades más crónicas y con estadística bastante preocupante es la diabetes”, sentenció.

Varela añadió que el fármaco es requerido incluso por pacientes de escasos recursos, por lo que gravar el producto significaría un impacto directo en la economía de los sectores más vulnerables.

Bachi lo rechaza

El titular del Senado, el médico Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Honor Colorado), coincidió en rechazar la propuesta. Recordó que el compromiso del Ejecutivo fue no incrementar la presión tributaria hasta no optimizar la calidad del gasto público y la eficiencia en la recaudación.

Aclaró además que el planteamiento no provino del Poder Ejecutivo, sino que surgió de un sector de la Cámara de Diputados, donde no próspero.

Consultado sobre los dichos de Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) —quien se mostró a favor de aplicar un IVA reducido del 5% al producto—, Núñez indicó que respeta la postura del funcionario pero mantiene su posición contraria.

“Yo adelanté que en este gobierno lo ideal es mantener esta regla de juego, ningún tipo de impuestos ni para bebidas alcohólicas, azucaradas, salvo que tengamos un gran consenso y ese consenso solamente se va a lograr ya en el próximo gobierno”, aseveró.

Por último, el titular del Congreso no descartó que la droga sea incorporada formalmente a la red de salud pública. “Es un medicamento bastante nuevo, creo que más temprano que tarde va a tener que estar en el estado básico de medicamentos, porque la obesidad, por encima lo que es un sobrepeso, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que tratarlo”, finalizó.

A lo largo de la controversia, la bancada cartista buscó desmarcar el caso del ámbito político, relativizar los cuestionamientos y atribuir parte de las críticas a supuestos ataques provenientes de sectores de la prensa. La postura se mantuvo mientras avanzaban las investigaciones sobre la documentación presentada por Rivas.

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El propio Peña reafirmó en varias entrevistas su cercanía con el senador, a quien definió como un “compañero” y “un gran amigo” que lo acompañaba desde su primera postulación presidencial, en 2017. Consultado sobre el impacto del caso en su gestión, el mandatario sostuvo que la situación no le generaba “ni un poco” de vergüenza y adelantó que no aplicaría sanciones políticas contra Rivas.

Del “escándalo selectivo” al ámbito judicial

Uno de los argumentos utilizados por Peña y otros referentes oficialistas fue que los cuestionamientos contra Rivas respondían a un supuesto “escándalo selectivo” impulsado por determinados medios de comunicación. El mandatario reclamó en reiteradas ocasiones que se aplicara la “misma vara” a legisladores colorados y opositores.

Al mismo tiempo, Peña insistió en que la discusión sobre la validez del título correspondía exclusivamente al ámbito judicial y no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Bajo esa postura, pidió “que la justicia haga su trabajo” y destacó que Rivas se había apartado temporalmente de algunas funciones para enfrentar sus problemas legales.

Con el avance de las investigaciones, el discurso oficialista también comenzó a trasladar el foco hacia el problema de los títulos falsos y las carreras no acreditadas. Desde el Ejecutivo se apuntó a los organismos encargados del control educativo y se instó a la ciudadanía a verificar la acreditación de las instituciones antes de iniciar una carrera.

La condena y el impacto institucional

La condena de ocho años de prisión dictada por un Tribunal de Sentencia marcó un giro frente a la defensa política que había acompañado a Rivas durante la controversia. Los magistrados consideraron que la conducta investigada no constituyó una falta menor, debido a las consecuencias institucionales derivadas del uso de documentación falsa.

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El caso adquirió especial gravedad por el papel que Rivas llegó a desempeñar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que incluso llegó a presidir. Desde esa posición participó en procesos que involucraban a jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país.

En este sentido, el diputado Raúl Benítez reaccionó mediante un video en sus redes sociales, donde sostuvo que la sentencia sobre el exlegislador no es un evento aislado, sino el resultado de un engranaje político mayor.

“Hernán Rivas no llegó solo a donde llegó. Hernán Rivas no obtuvo un título falso porque se cayó del cielo, se cayó de una estructura de la que él se valió”, manifestó de forma contundente.

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Para Benítez, el caso trasciende la responsabilidad individual y deja al descubierto cómo operan las influencias políticas para posicionar a personas en cargos estratégicos dentro de las instituciones públicas.

La llegada de Rivas al poder, según Benítez, no se explica únicamente por su gestión particular, sino por el amparo de una bancada oficialista que ignoró de manera sistemática las alertas previas, en este caso el movimiento Honor Colorado.

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Benítez criticó duramente que Rivas haya obtenido el respaldo legislativo necesario para presidir el JEM aun cuando existían explícitas advertencias en el Congreso y fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública.

“Hernán Rivas fue acompañado, fue abrazado por una mayoría que lo puso ahí a pesar de que ya existían denuncias de un posible título falso”, enfatizó.

Al respecto, el legislador subrayó la gravedad institucional que implicó la carrera de Rivas, resaltando el peso de los espacios que llegó a ocupar para el juzgamiento de los propios operadores de justicia.

“Hernán Rivas fue condenado. Fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de juzgar a fiscales y jueces, e investido dos veces por una mayoría: primero en la Cámara de Diputados en el periodo pasado y luego en la Cámara de Senadores en este periodo”, sostuvo.

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Finalmente, concluyó que la sanción a Rivas debe interpretarse apenas como el inicio de una revisión más profunda sobre los padrinos políticos y las complicidades que hicieron posible esta situación. En sus palabras de cierre, enfatizó el alcance real que debería tener el proceso: “Hoy, el primer paso es su condena. El paso final sería que caiga toda la estructura”, sentenció.

La operación permitió la eliminación de 9 hectáreas de plantaciones de marihuana en etapa de cosecha y 1.800 kilos de ramas del estupefaciente, en proceso de secado, según un informe de los intervinientes.

Destrucción de campamentos precarios

Según un boletín de la Senad, durante el procedimiento, se realizó el desmantelamiento e incineración de tres campamentos que servían para albergar a los miembros de la banda narco responsable de la producción.

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La intervención, que no arrojó ningún detenido, estuvo encabezada, en representación del Ministerio Público, por la fiscala antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi. Además de los agentes locales, participaron de las tareas los miembros de Fuerzas Especiales de la Senad.

Ante la insistencia sobre su postura respecto al fallo judicial, el senador prefirió mantener la cautela. “No quiero opinar, te pido disculpas. Voy a reflexionar”, respondió.

Le consultamos si el resultado del proceso judicial le tomó por sorpresa y si los legisladores se sentían “estafados o engañados” por Rivas. Sin embargo, Ovelar volvió a rechazar la posibilidad de realizar declaraciones sobre el caso.

“Vamos a pedir disculpas”

Durante la entrevista, Ovelar volvió a ser consultado sobre sus anteriores declaraciones, en las que había señalado que sería el primero en pedir perdón si se confirmaban las acusaciones contra Rivas.

En este punto, el senador respondió: “Sí, y vamos a pedir disculpas”, aunque no precisó quiénes deberían asumir esa responsabilidad ni en qué términos se realizaría el eventual pedido.

Finalmente, Ovelar insistió en su postura de prudencia y se disculpó nuevamente por no querer profundizar sobre la situación.

“Te pido disculpas”, expresó el senador para concluir la entrevista.

“Es una mala apreciación que se tiene”, dijo Wilka al ser consultado sobre los reclamos de los cañicultores que días atrás habían advertido sobre las limitaciones de la planta estatal para procesar toda la producción disponible.

El titular de Petropar afirmó que los resultados obtenidos hasta el momento demostrarían, según su interpretación, que la fábrica está funcionando con normalidad. Señaló que la molienda acumulada llegó a 300.000 toneladas y que el rendimiento promedio se encuentra en 63 litros de alcohol por tonelada de caña procesada.

Wilka también destacó que el inicio de la zafra se produjo el 19 de mayo, una fecha que calificó de histórica, y atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre los equipos técnicos de la planta de Troche y de la planta de Petropar en Villa Elisa.

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Según explicó, Petropar cuenta actualmente con 1.677 cañicultores censados, de los cuales alrededor del 80% corresponde a pequeños y medianos productores. Afirmó que la estatal está priorizando a este sector mediante asistencia y cobertura para garantizar el movimiento económico generado por la actividad cañera.

El presidente de Petropar indicó además que los grandes productores también están entregando normalmente su materia prima. No obstante, reconoció que existe interés de parte de estos productores en enviar una porción de su producción a otros ingenios y señaló que esta posibilidad ya estaba contemplada dentro del procedimiento de la estatal.

Wilka explicó que a partir de octubre Petropar comenzará a enviar parte de la caña comprometida y censada a otro ingenio. Según indicó, el procedimiento requiere coordinar los volúmenes con la planta estatal y con el establecimiento privado receptor.

Finalmente, Petropar confirmó que el destino será el ingenio Neualco SA. Wilka explicó que la estatal cuenta con un contrato, resultado de un concurso, para derivar parte de la producción censada y así cumplir con sus objetivos de molienda y producción de alcohol absoluto durante la zafra 2026.

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La confirmación se produjo pocos días después de que un grupo de cañicultores autoconvocados reclamara públicamente que Petropar cumpliera el compromiso de derivar caña a ingenios privados ante las limitaciones de procesamiento de la planta de Troche.

Desde la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, su presidente, Cristian Fonseca, valoró la firma del acuerdo y señaló que los productores esperan que una cantidad importante de materia prima pueda ser enviada al sector privado.

Fonseca dijo que el principal objetivo es evitar que la caña quede en las fincas sin ser procesada. Explicó que el traslado hasta otro ingenio representa un costo adicional para los productores, debido a que implica transportar la materia prima unos 100 kilómetros, cuando habitualmente pueden entregarla a distancias mucho menores.

El dirigente indicó que alcanzar las 300.000 toneladas de molienda en septiembre constituye una cifra histórica para el sector. La asociación, según indicó, apunta a cerrar la campaña con al menos 400.000 toneladas procesadas.

Aunque Wilka afirma que no existe inconveniente para recibir la caña, Fonseca mantiene que la capacidad actual de la planta representa una limitación para absorber toda la producción. Explicó que el antiguo tren de molienda actualmente procesa unas 2.800 toneladas por día, trabajando las 24 horas, frente a las 1.800 o 2.000 toneladas diarias que, según recordó, procesaba en campañas anteriores.

Nuevo tren sigue trabado

En cuanto al nuevo tren de molienda, Wilka evitó realizar mayores comentarios y señaló que la continuidad del proyecto está condicionada por un conflicto judicial. Explicó que una medida cautelar impide actualmente avanzar con el proceso para culminar la obra.

El titular de Petropar sostuvo que el asunto se encuentra fuera del ámbito de decisión directa de la estatal y que corresponde esperar cómo evoluciona el proceso judicial. Mientras tanto, señaló que están analizando otras alternativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la zafra.

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La construcción del nuevo tren de molienda arrastra un conflicto contractual que mantiene paralizado el proyecto. Los productores vienen reclamando desde hace varios años la culminación de la infraestructura, debido a que consideran que permitirá incrementar sustancialmente la capacidad de procesamiento de la planta de Mauricio José Troche.

Los trabajadores anunciaron que el martes 29 se manifestarán frente al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, situado en San Lorenzo, mientras que el miércoles 30 realizarán una convocatoria a nivel país frente al Ministerio de Salud Pública.

La medida es impulsada por trabajadores de distintos establecimientos sanitarios, quienes sostienen que sus salarios se encuentran desfasados desde hace varios años.

Entre los gremios que se suman a la movilización están los del Hospital de Villa Elisa, Ineram, Hospital Psiquiátrico, Hospital de Trauma, Hospital Distrital de San Pedro y el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

La secretaria del Sindicato de Trabajadores del Hospital Pediátrico, Nelly Giménez, explicó que los funcionarios que ahora se sumarán a la manifestación forman parte del equipo de Salud Pública y que también necesitan una actualización de sus remuneraciones.

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“Nos estamos llamando a la movilización. Estamos pidiendo un reajuste salarial. Igual que los médicos, estamos desfasados con 10 años. Perdimos el valor adquisitivo con todo lo que va aumentando la canasta familiar y el combustible”, manifestó la referente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Pediátrico.

Indicó además que algunos trabajadores perciben apenas un monto superior al salario mínimo y que, luego de los descuentos, el ingreso disponible se reduce considerablemente.

“Los compañeros que cobran un poco más del salario mínimo, lo que les queda en bolsillo a veces es G. 1.800.000 o G. 1.400.000”, afirmó.

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Los gremios sostienen que esta situación afecta también las posibilidades de los trabajadores de continuar con su formación profesional.

Explicaron que el personal debe realizar capacitaciones, cursos y estudios de posgrado para mantenerse actualizados, pero que los ingresos actuales dificultan afrontar esos gastos.

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En el caso del personal de Enfermería, señalaron que algunos trabajadores perciben salarios de G. 3.600.000 y G. 4.620.000, pero que el monto disponible se reduce luego de los descuentos por jubilación y los gastos familiares.

El periodo auditado fue desde el 2024 al mes de mayo de 2026 ejecutadas durante la gestión del intendente liberal Diego Alonso, quien renunció en junio pasado para buscar su reelección en el cargo.

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Las verificaciones in situ fueron realizadas los días 29 de junio y 2 de julio de 2026, constatándose el estado físico en que se encontraban las obras al momento de la inspección.

Según los documentos de la CGR se verificaron cinco obras entre empedrados, construcción de aulas y reparación del sistema eléctrico en instituciones educativas por las cuales se pagaron en total G.2.250.871.860.

De dicha cifra, unos G.973.898.795 se utilizaron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo(Fonacide) y G. 1.276.973.065 provinieron de los royalties.

¿Cuáles fueron las falencias?

• Se constataron obras de baja calidad que no cumplieron con las obligaciones contractuales ni con la normativa nacional aplicable en materia de instalaciones eléctricas.

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• No están publicados los pagos efectuados por la Municipalidad de J. Augusto Saldívar por cada uno de los contratos verificados.

• Los contratos verificados no cumplen con los requisitos previstos en la Ley.
• Se confirmaron debilidades en la gestión documental y en el sistema de control interno.

La Contraloría también manifestó que debido a la falta de control estricto de las obras ejecutadas por la administración de Alonso, se tuvieron rubros no ejecutados, por los cuales se pagaron en la totalidad.

Además, hubo incumplimientos de las especificaciones técnicas contractuales que causaron deficiencias en la ejecución, supervisión y recepción de las obras, que afectan su calidad, funcionalidad y seguridad.

La Contraloría recomendó profundizar en la investigación, atendiendo a la naturaleza, recurrencia y magnitud de los hallazgos identificados, para determinar las responsabilidades pertinentes.

Concejales de J. Augusto Saldívar denunciaban constantemente la pésima gestión de Alonso y de castigo no recibían sus dietas. Incluso, la CGR había solicitado la suspensión de las transferencias económicas por un tiempo, aunque llamativamente dos semanas antes de las internas municipales Diego Alonso volvió a recibir recursos.

Bajo el lema “Elegir para el bien común”, el episcopado recordó que el voto no constituye meramente una formalidad legal, sino un derecho, un deber y una función pública fundamental consagrada en el artículo 118 de la Constitución Nacional.

Citando al papa Francisco, la Iglesia reiteró que la política representa “una altísima vocación” y “una de las formas más preciosas de la caridad” cuando se orienta genuinamente hacia el bienestar colectivo.

El documento episcopal advierte sobre el peligro de sufragar impulsados únicamente por la pertenencia partidaria, invitando a la población a realizar un ejercicio profundo de análisis sobre los aspirantes a intendencias y juntas municipales.

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Entre las interrogantes planteadas a los ciudadanos figuran: ¿Cuál ha sido su trayectoria de servicio? ¿Cómo administraron los recursos públicos en funciones anteriores? ¿Actuaron con honestidad, transparencia y coherencia?

Para los fieles cristianos, la CEP subraya que la conducta y los principios de los candidatos deben alinearse inexorablemente con la dignidad de la persona, la familia, la justicia y la solidaridad, recordando el principio bíblico de escoger a personas “capaces, temerosas de Dios, dignas de confianza y que odien las ganancias injustas”.

Por otro lado, el mensaje incide directamente sobre quienes aspiran a cargos públicos, recordando que la función pública “no es un privilegio ni un beneficio personal, sino una responsabilidad ante toda la comunidad”.

En este sentido, se exigió a los candidatos honestidad, capacidad de gestión, respeto irrestricto a la ley, cercanía con la ciudadanía y una total disposición a la rendición de cuentas.

“La conciencia no se compra ni se vende”

Uno de los puntos más enfáticos del pronunciamiento pastoral aborda la integridad del proceso electoral. La CEP reiteró la consigna lanzada en comicios anteriores: “No vendas tu voto” y “No compres votos”.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en los locales de votación y sus alrededores ante cualquier intento de coacción, manipulación, fraude o instalación de puestos clandestinos destinados a condicionar la voluntad popular, recordando que toda irregularidad debe ser denunciada ante las autoridades competentes.

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Finalmente, el episcopado recordó que la responsabilidad cívica no fenece el día de las elecciones. La ciudadanía tiene el deber constante de acompañar, participar e incidir en la gestión pública exigiendo transparencia.

La fecha de los comicios coincidirá providencialmente con la festividad de san Francisco de Asís, en el año en que se celebran los 800 años de su tránsito.

Tomando el ejemplo del santo universal, la Iglesia exhortó a superar divisiones, trabajar por la paz, la fraternidad y buscar siempre el bienestar de la comunidad, recordando las palabras del profeta Jeremías: “Busquen el bienestar de la ciudad... porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella”.

Hernán David Rivas, exdiputado, exsenador y exmiembro y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue condenado hoy a 8 años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Yolanda Portillo, por el caso de su título falso de abogado.

Sobre el fallo, Kattya González aseveró que la sentencia “puede significar el inicio -si existe voluntad- para desmantelar todo un esquema delictivo de venta de títulos donde la educación universitaria se convirtió en una mercancía para el uso de los poderosos”.

“Hoy la Justicia miró de frente al poder y le dijo que nadie debe burlarse del pueblo. Valió la pena perder mi banca por sostener la verdad desde el comienzo y documentar este caso junto con el diputado Raúl Benítez. Sus cómplices políticos prefirieron proteger a los suyos antes que se sepa la verdad”, aseveró la parlamentaria destituida en un controvertido proceso de pérdida de investidura el 14 de febrero de 2024.

Por último, la exsenadora agradeció “a los fiscales y jueces por el coraje y por no dejar impune este caso tan grave para nuestro país y nuestro sistema de justicia”.

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Kattya vinculó su destitución por denunciar a Rivas

En el marco del juicio oral y público que afrontó Hernán Rivas por supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, la exsenadora Kattya González prestó declaración testimonial en la que no solo ratificó que el título de abogado del acusado es falso, sino que vinculó directamente su propia destitución parlamentaria con el costo político de haber investigado este caso.

Ante el tribunal, la exlegisladora aseguró que, tras un análisis riguroso de los antecedentes, llegó a la firme convicción de que “el título de abogado del señor Hernán Rivas es falso”.

González aclaró que su postura responde estrictamente al cumplimiento del deber ciudadano y de la legalidad. “Ningún interés, más allá de que se haga justicia. No tengo nada en su contra y tampoco lo conocía hasta el año 2020, cuando ingresó a la Cámara de Diputados”, expresó.

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En un tramo crucial de su testimonio, González expuso las repercusiones personales e institucionales que debió afrontar por poner en la mira al entonces senador. Con firmeza, sentenció: “Yo perdí mi banca por este caso. Siempre me decían que tenía que bajar un cambio y la denuncia contra el señor Hernán Rivas significó mi pérdida de investidura”.

Tras la lectura de la decisión judicial, la fiscala Patricia Sánchez expresó su absoluta satisfacción con el resultado obtenido en el proceso. Destacó que, más allá de los años fijados para la pena, lo más valioso fue que los jueces dieron por comprobada la versión de la Fiscalía sobre cómo ocurrieron los hechos.

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“Nosotros estamos superconformes con la acreditación fáctica, que para nosotros es lo sustancial para poder subsanar la cuestión institucional que se suscitó con todo este asunto. Y la cuestión de la pena, no obstante 8 años es elevado. Sin embargo, hay una disidencia, pero todo eso ya formaría parte del análisis de la sentencia en su materialidad”, afirmó.

La representante del Ministerio Público remarcó la enorme dificultad que implicó llevar adelante la investigación, puesto que se trataba de probar un engaño complejo. A pesar de no haber contado con cierta documentación clave de la universidad involucrada, el equipo de fiscales logró reunir las evidencias suficientes para demostrar la falsedad del documento y conseguir una sanción.

Sanción contra Rivas demuestra que la Justicia actúa con firmeza, dice fiscala

Al referirse al impacto personal y profesional de este resultado, Sánchez subrayó que para cualquier fiscal es de gran trascendencia lograr una condena en un caso de esta magnitud.

“Para cualquier agente fiscal, un caso de esta magnitud es de suma trascendencia. Este resultado es también mérito del equipo de trabajo, integrado por el Dr. Cristian Benítez , quien colaboró desde su rol de relator antes de ser fiscal y la Dra. Luz Guerrero, incorporada al momento del dictamen del sobreseimiento provisional. Sin duda, es un gran logro reencauzar el proceso y devolverle a la ciudadanía la confianza en el sistema de justicia”, manifestó.

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La fiscala señaló que para la investigación, lograr sancionar un engaño de tal gravedad hacia la sociedad demuestra que la Justicia puede actuar con firmeza ante situaciones que afectan el interés público.

Con este resultado, la fiscala sostuvo que la representación pública salió airosa del juicio. Explicó además que revisarán minuciosamente los detalles del fallo una vez que se entregue el documento completo a inicios de octubre, manteniendo entretanto la tranquilidad de haber demostrado la verdad de los hechos.

Tras el conocimiento de su pena, los periodistas que acompañaron el juicio realizaron una serie de preguntas al exlegislador, aunque no hubo respuesta alguna por parte suya.

Más allá de la recomendación por parte de su defensa de no brindar declaraciones, este tipo de actitud de Rivas no es nueva, ya que ante todos los cuestionamientos o dudas que surgieron sobre su “carrera” universitaria, las respuestas siempre eran vagas o inconclusas.

En una entrevista, Rivas había sido consultado sobre sus compañeros o docentes, pero no hubo ningún tipo de contestación clara. Incluso, cuando aún formaba parte de la Cámara de Senadores, había prometido a sus colegas -de ese entonces- traer a “diez compañeros y a unos cuantos profesores” para que confirmen que sí es abogado, aunque esto, según lo observado hoy, tampoco nunca se cumplió.

Hernán Rivas promete traer “diez compañeros y unos cuantos profesores” al Senado

Esto dice la defensa de Rivas

Tras la resolución emitida por el tribunal, la abogada Alba Zaracho, representante legal de Rivas, sostuvo que se ratifica en alegatos presentados esta mañana: que no corresponde ningún tipo de pena y le corresponde una absolución.

En relación con los cuestionamientos sobre la falta de registros de asistencia a clase y la mención en el juzgado únicamente del título y certificado de estudios, la defensora cuestionó la idea de cómo se pretende responsabilizar a su cliente por la falta de registros institucionales.

Por otra parte, al referirse a las preguntas de la prensa sobre los compañeros de aula, la abogada aclaró que el procesado no afirmó no recordar, sino que en la entrevista contestó expresamente “no, te voy a responder”.

También fue consultada si apelarán la condena y si bien explícitamente no confirmó tal medida, alegó que “como defensa se tienen los recursos correspondientes que se realizarán y se interpondrán en el plazo que que establece la ley”.

Defensa de Hernán Rivas repartió culpas y pidió su absolución

La postura de la Fiscalía y el “alumno fantasma”

La Fiscalía había solicitado una pena de 12 años para Rivas y también había calificado la conducta de este como “especialmente grave”. El Ministerio Público fue representado en este caso por los agentes Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez.

Asimismo, desde la Fiscalía se indicó tres porciones fácticas relacionadas a los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, entre la Resolución N° 1438 de la Cámara de Diputados, en 2020, cuando fue designado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); el Acta N° 4773 emitida por la Corte Suprema de Justicia que le otorgó la matrícula, en 2021, y la Resolución N° 21 de la Cámara de Senadores, de 2023, cuando fue designado otra vez para representar ante el JEM.

Por su parte, al momento de emitir sus argumentaciones, la jueza Fernanda García de Zúñiga, señaló que en base a todas las pruebas producidas en juicio se llegó a la conclusión de que Hernán Rivas fue un “alumno que solamente aparece en dos lugares, en un certificado de estudios y en un título”.

Posteriormente, lo calificó como un “alumno fantasma, cuyo supuesto paso por la universidad no dejó un solo documentos de rastro” y que Rivas, solo “aparece en documentos finales, pero no en documentos que hacen a la trayectoria de una carrera”.

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Los dirigentes sindicales también cuestionaron a la intendentable opositora, a quien acusaron de pretender el despido de 5.000 funcionarios si llega a triunfar en las elecciones municipales.

“El intendente Luis Bello pretende a tambor batiente aumentar gastos corrientes para una Municipalidad en terapia intensiva”, manifestó Núñez a través de sus redes sociales.

Sostuvo que Bello “les miente a los funcionarios y a la ciudadanía con una medida desesperada” porque “saben que se van”.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo a los concejales de la oposición: “Ese es el camino correcto”, aseveró.

Los planilleros, ¡afuera!

Núñez también se hizo eco de las expresiones de Alberto Gaona, representante de Sitrama.

“Que quede claro. ¡Los planilleros, afuera! ¡Los PMT que son coimeros, afuera! ¡Los funcionarios corruptos, afuera! Para los trabajadores verdaderos, reconocimiento y dignidad. ¡Dejen de hacer campaña política con el dinero de la gente!“, sentenció.

El intento de aprobar el contrato colectivo se da a pocos días de las elecciones municipales del 4 de octubre y todo indica que la intención oficialista sería asegurar los votos del funcionariado.

Entre los puntos más cuestionados del contrato colectivo figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a 20 salarios para funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último haber percibido por el beneficiario.

Para este año, las proyecciones se mantienen alineadas a la previsión oficial de un 4,5% de expansión del PIB con una inflación por debajo de la meta, actualmente en 1,5% y un tipo de cambio cercano a los G. 6.000

Entre los puntos desarrollados, la economista Patricia Goto se refirió a indicadores de la economía que ya generan una llamada de atención o alerta.

De acuerdo con los datos analizados por el Monitor Macroeconómico del Banco Atlas, ya se observan indicadores de desaceleración del consumo, que si bien son generales o globales, igualmente ya indican cierta sensibilidad de lo que está sucediendo en la economía.

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Desaceleración en indicadores de ventas

Así por ejemplo detalló que se observa una clara tendencia a la baja en el indicador de ventas, citando como ejemplo el desempeño del Estimador Cifras de Negocios (ECN) que registra un crecimiento interanual del 4,2% al mes de julio, dato inferior al crecimiento acumulado del 2024, del 8%, y del año 2025, cuando las ventas crecieron 6% .

Goto precisó que esta desaceleración no es puntual en cierto rubros nomas, sino bastante generalizada entre los sectores. Por ejemplo, detalló que en el rubro de supermercados hay una clara desaceleración, con un crecimiento de apenas 1% frente al 6% que venía creciendo el año pasado, y lo mismo sucede con la agrupación de tiendas de vestir que está creciendo en torno al 3% versus 6% que crecía el año pasado. El mismo efecto se observa en el rubro de equipamientos del hogar, productos farmacéuticos y otros. En lo que respecta a la venta de materiales de construcción, prácticamente sin crecimiento este año versus 17% que crecía el año pasado.

La excepción se nota en la venta de vehículos que está creciendo a una tasa del 14% versus 11% que ya venía creciendo el año pasado, debido a que este sector está siendo bastante beneficiado con la situación cambiaria, explicó la experta.

Mientras que combustibles y telefonía móvil ya están en terreno negativo. “Estos son los grandes rubros que nosotros tenemos para monitorear y donde se nota bastante la desaceleración generalizada e incluso de una contracción en el caso de combustibles y telefonía”.

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Baja en combustibles, un indicador determinante en la demanda

Sobre todo en el caso de los combustibles, este indicador no es menor, según explicó Goto, porque se trata de un producto que es muy demandado por todos los otros rubros. “Entonces, en un año de cosecha récord de la soja, donde entendemos que el sector productivo ha demandado bastante de combustible, igualmente está en términos negativos de venta. Significa que de vuelta el agro vino a compensar la desaceleración que hay en otros sectores y esto es un muy buen indicador de la demanda” precisó.

Otro factor que se está observando es la desaceleración en las importaciones también que de alguna manera confirman la tendencia en como viene la demanda de ciertos bienes en adelante.

¿Qué pasa con el tarjeteo?

Otro indicador que la economista tomó como referencia son las compras con tarjetas de crédito y débito, tanto en cantidades como en montos, con un avance muy importante como medio de pago, y que por su avance permiten tener cierta sensibilidad de lo que está sucediendo con el consumo y en este caso también se refleja una tendencia a la baja.

Sin embargo, Goto aclaró que las tasas de crecimiento en el financiamiento con tarjetas todavía son bastante elevadas, creciendo a tasas de dos dígitos cerca del 20%, pero vienen de crecer entre 30% y 40% en meses anteriores. “Todavía son tasas altas, pero ya muestra como viene la tendencia en adelante”, afirmó.

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Factores detrás de la desaceleración del consumo:

• Crédito de consumo crece muy por encima del crédito total

A modo de tener en cuenta para avizorar lo que viene, la economista indicó que es importante mirar el escenario futuro considerando estas señales que tenemos actualmente y sobre todo analizar que tan sostenible puede ser el boom del consumo que tuvimos el año pasado.

Si bien, el crédito es uno de los motores importantes del crecimiento, también hay que analizar cuan sostenible es y que tan congruente con la tasa de bancarización.

Según precisó que el crédito al consumo viene creciendo mucho más aceleradamente que el crédito total y esto es una señal de alerta. Hoy está creciendo el crédito al consumo en torno al 23%, que todavía es una tasa bastante alta, versus 17% que crecen los créditos totales y a la fecha ya representa el 21% de los créditos totales y es el principal sector financiado por los bancos y financieras hoy.

Dijo también que históricamente ha sido el agro el sector más bancarizado, tomador de créditos tradicional y hoy ya es desplazado por el consumo que se posiciona como el principal rubro financiado por el sistema financiero.

• Crédito de consumo crece tres veces más rápido que el ingreso

Por otro lado, la experta precisó otro dato revelador en relación a la relación del ingreso versus el consumo. Sobre el punto refirió que el ingreso es el que finalmente le da el sustento para que este crecimiento pueda llegar a ser más perdurable y sostenible en el tiempo y en este caso, se observa que la evolución del crédito al consumo y la masa salarial, vienen avanzando a velocidades muy diferentes

El crédito al consumo está creciendo cerca del 60% tomando solamente los últimos dos años, como punto de partida el 2024 y 20% la masa salarial. “Hay una divergencia importante y eso finalmente también nos da una señal de alerta para próximos periodos”, advirtió.

Además, explicó que los ingresos sufren adicionalmente el efecto de la inflación. La experta precisó que la inflación genera una pérdida del poder adquisitivo que es muy visible pese a los resultados bajos que últimamente da a conocer el Banco Central del Paraguay. No obstante, la economista resaltó que Paraguay ha tenido una inflación en alimentos muy importante en los últimos dos años, que finalmente determinan esa pérdida de poder adquisitivo.

“Si bien el IPC es un indicador global, algo que es transversal en la canasta de todos nosotros son los alimentos. O sea, es algo que podemos tomarlo como cierto y podemos realmente utilizarlo como referencia de la pérdida del poder adquisitivo.

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Morosidad con tendencia al alza

Un tema preocupante es lo que se revela en la tendencia de la morosidad y según Goto, esto da un giro en el 2026 con una mora del consumo en agosto que muestra ya una mora del 5,5% en la citada cartera. “Entonces, probablemente todo ese deterioro que venimos hablando ya finalmente termine reflejándose en los niveles de mora.

Un último mensaje: sin recuperación del ingreso, el crédito va a dejar de ser un impulso como lo fue en el 2025 y puede llegar a pasar a ser una restricción” puntualizó

“En verdad Hernán Rivas nos mintió y caímos casi todos. La Justicia hizo su trabajo y se demostró su culpabilidad”, afirmó el legislador.

Sin embargo, el descargo de Leite no se limitó únicamente a la figura de Rivas. El parlamentario extendió la responsabilidad a las instituciones y personas que facilitaron la validez del título a lo largo de los años, señalando que el problema de las acreditaciones universitarias irregulares está extendido en las esferas profesionales.

“Insto a que vayan por los que avalaron y permitieron que ese título falso, -y otros tantos que pululan en nuestros círculos profesionales-, hayan avanzado en su pseudolegalidad. Sobre todo sus cómplices en la universidad, MEC, o donde sea que estén”, enfatizó Leite.

El caso de Hernán Rivas generó un fuerte debate público debido a que ejerció cargos clave dentro del sistema de justicia —incluida la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados— con base en su supuesta acreditación como abogado, la cual finalmente carecía de sustento real.

De hecho, para la abogada y activista anticorrupción María Esther Roa, la investigación realizada con relación al supuesto título falso de abogado del senador colorado cartista Hernán David Rivas, también debió incluir a las autoridades de la Universidad Sudamericana. Por esta razón, realizó una denuncia ante la Fiscalía para que se pueda aclarar esta situación.

Roa aboga por ampliar investigación sobre supuesto título falso de Rivas

En este escenario, la situación de las personas que acudieron a declarar en juicio como testigos sobre situaciones que a todas luces no ocurrieron, también deberá ser investigada por la Fiscalía.

Tras condenar a Rivas por producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso, el colegiado presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo informó que dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 2 de octubre.

García de Zúñiga, en su carácter de presidenta del Tribunal, resaltó que la aprobación del título sin corrobar sus antecedentes académicos tomó tan solo 6 minutos, y la cadena de deficiencias institucionales que posibilitaron que esta situación ocurra.

La magistrada destacó que llama la atención la desaparición de la documentación, ya que la Fiscalía solicitó dentro del plazo de los cinco años a los que estaban obligados a conservarlos.

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Las inconsistencias aritméticas en horas clase, así como la distancia entre las distintas sedes a las que supuestamente acudió Rivas así como el número de exámenes supuestamente rendidos de manera masiva, constituyen otras de las anomalías destacadas por el colegiado como circunstancias que ponen de manifiesto la imposibilidad de que Rivas haya cursado la carrera de Derecho.

Fiscalía pidió investigación por testimonio falso y frustración de la persecución penal

En sus alegatos finales, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez solicitaron al colegiado la remisión de los antecedentes de varios testigos a la Fiscalía de turno. Específicamente, se solicitó que se investigue por testimonio falso a Victorina Elizeche (estudiante), Ever Rogelio Ortiz (estudiante), Aurelio Pastor Marecos (supuesto funcionario), Mario Antonio Antúnez (docente), Hermann Weisensee (vicerrector) y Nancy Barúa (secretaria general).

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Asimismo, los agentes fiscales requirieron idéntica decisión con relación a la testigo Nilda Rosa Rojas Melgarejo, auditora del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que sea investigada por el delito de frustración de la persecución y ejecución penal.

El colegiado dispuso la remisión de antecedentes a la Fiscalía respecto a Mario Antúnez, Aurelio Pastor Marecos, Ever Rogelio Ortiz y Victorina Elizeche, pero excluyó a Herman Weisensee y Nancy Barúa.

Hernán Rivas presidió el JEM pese a dudas sobre su título

En su acusación, el Ministerio Público precisó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

La Fiscalía también sostuvo que Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados.

La Cámara Baja dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

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Para una mayor precisión, se detalla a continuación los hechos ocurridos luego de que Rivas haya logrado registrar su título de abogado por la Universidad Sudamericana:

• 3 de junio de 2020 - Cámara de Diputados designa a Hernán Rivas como nuevo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
• 8 de junio de 2020 - 17:00 Ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de Abogado de Hernán Rivas, firmado por Euclides Acevedo.
• 9 de junio de 2020 - 12:56 MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de abogado de Hernán David Rivas Román.
• 9 de junio de 2020 - 13:55 Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM.
• 11 de junio de 2020 - Hernán Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justicia su matrícula de abogado.
• 7 de julio de 2021 - Hernán Rivas juró ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de abogado.

J.P. Morgan Natural Capital es la división global de gestión de inversiones de J.P. Morgan Asset Management, especializada en tierras forestales (timberland) y activos basados en la naturaleza. Esta unidad se consolidó tras el relanzamiento y el cambio de marca de Campbell Global en septiembre de 2026, una firma pionera con más de 40 años de trayectoria en el sector que J.P. Morgan adquirió originalmente en 2021.

De acuerdo al reporte oficial, en una primera etapa se desarrollarán aproximadamente 20.000 hectáreas destinadas a la producción sostenible de madera de alta calidad. El proyecto también contempla el desarrollo de créditos de carbono.

“A medida que las plantaciones alcancen su madurez, se apunta a avanzar hacia la industrialización en Paraguay: procesar la madera en el país, agregar valor en origen y desarrollar productos de mayor valor agregado para la exportación”, señala la fuente oficial.

La presencia de Peña en Nueva York, se produjo al margen del 81.º debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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¿Qué impacto tendrá en Paraguay?

La inversión apunta a generar más producción, empleo y actividad económica en el interior del país, además de fortalecer las comunidades vinculadas al desarrollo forestal. La iniciativa está alineada con Paraguay 2X, el plan que busca duplicar la economía mediante más inversión, producción, empleo y valor agregado, señalan los datos.

Según el reporte, J.P. Morgan Natural Capital es una plataforma internacional especializada en inversiones forestales y recursos naturales. Cuenta con más de 40 años de experiencia, US$ 11.000 millones bajo gestión y más de 600.000 hectáreas en tres continentes. Su socio local será el Grupo Robinson, empresa paraguaya con trayectoria en los sectores agropecuario y forestal.

El Colegiado consideró que el reproche del juzgado es elevado y trascendió la esfera particular, y provocó un daño incalculable a la ciudadanía.

La presidenta del tribunal Fernanda García de Zúñiga anunció que a la sentencia íntegra se dará lectura el próximo 2 de octubre, a las 12:45.

Defensa de Hernán Rivas repartió culpas y pidió su absolución

El veredicto lo dio a conocer el colegiado luego de poco más de 3 horas y media de deliberación, a la cual se sometieron tras escuchar este jueves los alegatos finales de la defensa de Rivas, ejercida por la abogada Alba Zaracho, quien pidió la absolución de su defendido.

El colegiado declaró probada la acusación presentada por la Fiscalía, representada por Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, que el lunes último solicitó una condena de 12 años para el exlegislador.

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El Ministerio Público indicó tres porciones fácticas relacionadas a los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, entre la Resolución N° 1438 de la Cámara de Diputados, en 2020, cuando fue designado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); el Acta N° 4773 emitida por la Corte Suprema de Justicia que le otorgó la matrícula, en 2021, y la Resolución N° 21 de la Cámara de Senadores, de 2023, cuando fue designado otra vez para representar ante el JEM.

Por su parte, la abogada Alba Zaracho atacó varios flancos que -según ella- no supo explicar la Fiscalía, uno de ellos consistente en que no se determinó la conducta de Hernán Rivas.

“¿Cómo actuó para obtener los documentos y cómo los usó?“, indagó la defensora, quien sostuvo además que los elementos presentados por el Ministerio Público no tienen certeza absoluta y que no se agotó la investigación.

Voto en minoría pedía castigo de 14 años para Hernán Rivas

El miembro del colegiado, Juan Carlos Zárate, expuso su voto en disidencia sobre el quantum de la pena y sobre esto, refirió sobre los actos de Hernán Rivas y su intervención como falso abogado en un estamento que juzga a magistrados y fiscales, “las consecuencias que podrían acarrear no sabemos, podrían ser consecuencias institucionales y no sabemos de económicas y políticas”.

Posteriormente, amparado en el artículo 400 del Código Procesal Penal, señaló que para Zárate “la pena justa es de 14 años”, teniendo en cuenta el perjuicio catastrófico que produjo Rivas al acreditar falsamente algo que no es, como lo hizo con la profesión de abogado para representar a un poder del Estado ante un órgano constitucional.

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Por su parte, la jueza Yolanda Portillo también intervino previamente para señalar su disidencia en cuanto al marco penal, estableciendo a su consideración una pena máxima de 5 años de pena privativa de libertad o multa, teniendo en cuenta el concurso por los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de los documentos públicos de contenido falso.

Ello porque no consideró utilizar la gravedad señalada en el artículo 250 del Código Penal para elevar el marco penal hasta los 10 años.

Hernán Rivas fue un “alumno fantasma” para los jueces

Al momento de emitir sus argumentaciones, la jueza Fernanda García de Zúñiga, señaló que en base a todas las pruebas producidas en juicio se llegó a la conclusión de que Hernán Rivas fue un “alumno que solamente aparece en dos lugares, en un certificado de estudios y en un título”.

Posteriormente, lo calificó como un “alumno fantasma, cuyo supuesto paso por la universidad no dejó un solo documento de rastro” y que Rivas, solo “aparece en documentos finales, pero no en documentos que hacen a la trayectoria de una carrera”.

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Añadió la magistrada que Hernán Rivas Román “no brindó ni una sola referencia académica que acredite su formación universitaria”, aludiendo a entrevistas en las que podía de forma espontánea mencionar aspectos de su tiempo en la universidad así como tampoco durante el juicio oral y público.

García de Zúñiga también hizo énfasis en que el “escenario de desorden institucional (sobre el manejo de la Universidad Sudamericana) hizo que Hernán Rivas presentara como existente una trayectoria inexistente en carácter institucional”, cuando que “Rivas Román no realizó el recorrido académico que dijo hacer”.

Más tarde la magistrada sostuvo, con base a todo lo producido en juicio, que “Hernán Rivas no solo hizo valer una nota, sino toda una carrera” y que en ese sentido, el colegiado llegó a la conclusión de que “la prueba producida en juicio desmiente la trayectoria que esos documentos (certificado de estudios y título) pretenden acreditar como real”.

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En otro momento la jueza esbozó que “Hernán Rivas no cursó ni aprobó la carrera de Derecho” y que “la certeza del tribunal no nace del silencio del acusado, sino de lo que en juicio se demostró”.

La jueza hizo mucho énfasis en que Hernán Rivas “hizo valer una condición profesional, ante la Corte y ante las cámaras del Congreso, que lo habilitaba a ejercer la profesión para la cual no era idóneo”.

Reiteró en tal contexto que “la carrera no se realiza en un papel, se cursa durante años, al relacionarse con compañeros y profesores”.

Mencionó también García de Zúñiga que “las resoluciones emanadas de las cámaras (de Diputados y Senadores) revisten de carácter de instrumento público. En el presente caso fueron expedidas por órganos constitucionales del Estado, con la finalidad de documentar una decisión institucional” y es ahí donde la “conducta del acusado adquirió relevancia ante instituciones del Estado”.

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Ello teniendo en cuenta que, esos mismos “instrumentos no acreditan que Rivas Román sea abogado, pero dieron plena fe de su idoneidad para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, según relató García de Zúñiga, haciendo referencia a las consecuencias de estos actos de Hernán Rivas.

Los agentes detectaron contradicciones en las declaraciones de ambos y decidieron realizar una inspección con apoyo de canes detectores de drogas. Posteriormente, constataron doble fondo en la estructura de la BMW donde hallaron varios paquetes de cocaína.

La pareja, que sería de nacionalidad paraguaya, fue detenida y trasladada a la sede de la Policía Federal en Curitiba.

Incautación en el lado paraguayo

Hacia la frontera paraguaya, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná interceptaron un camión que se dirigía hacia el Puente de la Amistad y encontraron 31,9 kilos de cocaína.

El procedimiento fue en inmediaciones del Multiviaducto del Kilómetro 7 de Ciudad del Este. El conductor, Kiker Augusto Pereira Cabral (26), quedó detenido.

La solicitud fue presentada el 22 de setiembre de este año ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de la capital del país. Según explica la organización, cualquier extensión de este plazo mediante leyes ordinarias o resoluciones administrativas carece por completo de validez jurídica y rompe de forma directa con las reglas constitucionales.

El sustento técnico de la denuncia se basa en la aplicación estricta del Código Electoral paraguayo, el cual dicta de manera clara que los comicios municipales deben celebrarse exactamente treinta meses después de las elecciones generales.

Dado que las elecciones generales se llevaron a cabo a finales de abril de dos mil veintitrés, la fecha impostergable para la renovación de autoridades comunales debió ser en octubre de dos mil veinticinco, lo que significa, según los denunciantes, que el calendario electoral actualmente impugnado presenta un retraso ilegal de doce meses enteros.

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Piden cancelar las elecciones

Los denunciantes sostienen que la ley excepcional dictada en su momento por la pandemia del COVID-19 ya agotó todos sus efectos jurídicos y que el Congreso Nacional no posee las facultades para prorrogar mandatos por la vía ordinaria, una competencia que pertenece única y exclusivamente a un proceso formal de Reforma Constitucional.

Por un lado, presentaron una impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para congelar los efectos de las leyes y resoluciones cuestionadas.

También promovieron una denuncia de carácter penal ante el Ministerio Público bajo los cargos de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, apuntando a que intendentes y concejales continúan administrando recursos estatales y percibiendo salarios sin un título legal válido, al mismo tiempo que acusan a los magistrados electorales de atentar contra el orden constitucional.

Finalmente, la documentación revela también reclamos formales por la inacción de las fiscalías locales ante estas denuncias en zonas específicas del país, exigiendo la intervención inmediata para restaurar la «legalidad democrática».

El exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enfrenta cargos por uso y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, tras haber utilizado un título y certificado de estudios que lo acreditaban supuestamente como abogado egresado de la Universidad Sudamericana.

Noticia en desarrollo.

Defensa de Hernán Rivas repartió culpas y pidió su absolución

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“Yo creo que Honor Colorado no es una institución, es un movimiento. Creo que son las personas que han acompañado de alguna manera la candidatura, pero tampoco puedo juzgarlo porque quizás no sabían o no tenían el fundamento total de la característica del título”, dijo Núñez Salinas.

El mismo alegó que fue una suerte de “ingenuidad”, cuando en realidad para todos era evidente que Rivas difícilmente haya pasado por una facultad de derecho.

“Y es lo más probable que haya sucedido (que los que le votaron fueron engañados). Yo sinceramente no creo que el presidente Raúl Latorre ni mis colegas tengan una predisposición negativa de, a sabiendas de que algo está mal, avanzar. Al contrario, ellos protegen también su carrera política y no van a prestarse a ese tipo de situaciones”, afirmó Núñez Salinas.

Esto ensayando incluso una justificación, ya que Nuñez Salinas, fue uno de los que votó a favor de Rivas en su elección como miembro del JEM en representación de Diputados el 2 de julio de 2021.

Nuñez Salinas sostiene que fallaron las instituciones en el caso Rivas

“Falló la institución, falló también aquí la Cámara de Diputados, fallamos nosotros”, terminó reconociendo finalmente ante la insistencia el diputado colorado.

Es más, dejó entrever que, en este caso, pudo haber una “orden superior” para poner a Rivas en el cargo, ya que habló de “caciques” que toman las decisiones.

“Nosotros ya no podemos seguir siendo una aldea que depende de caciques para tomar decisiones políticas ni decisiones de la justicia. La institucionalidad debe ser el peso, tiene que ser la ley la que defina a las personas y las personas estar seguras de que van a tener justicia por la ley y no porque una u otra persona esté interfiriendo en su caso”, dijo.

El mismo acotó que va a ser “muy difícil poder subsanar todo lo que se realizó, pero creo que la condena va a generar un antes y un después en lo que significa que personas ya no quieran volver a usar el poder” en su favor.

Sin embargo, sus críticas a los eventuales “cómplices” de Rivas y el haber sido uno de los que votó por él, hacen poco creíbles sus apreciaciones sobre la manera en que supuestamente espera que este caso cambie el manejo de la justicia en el país.

El acto contó con la presencia de María Esther Jiménez, presidenta del Consejo Nacional de Donación de Alimentos (CONADA), Miriam Zarnikowsky, coordinadora del CONADA, Carolina Campos y Pamela Gorichon, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y del Ministerio de Desarrollo Social de Chile. En representación de la Municipalidad de Pilar asistió la secretaria de Acción Social, Luz Cabañas.

Hambre cero ejecutivo anuncia cambios sobre compras directas

Miriam Zarnikowsky, coordinadora del CONADA, explicó que la iniciativa surge a partir de una cooperación bilateral Sur y busca trasladar la experiencia desarrollada en Chile, donde los Ecomercados Solidarios comenzaron como un proyecto piloto y posteriormente fueron ampliándose a otros municipios.

“Queremos implementar un modelo que tiene Chile, que es el de los Ecomercados Solidarios”, señaló Zarnikowsky. Indicó que la propuesta requiere un fuerte involucramiento del gobierno municipal, actores locales, instituciones públicas, organizaciones civiles y potenciales donantes del sector privado.

Recuperación de alimentos

El modelo consiste en recuperar alimentos que se encuentran aptos para el consumo humano, pero que por diferentes razones pueden quedar fuera de los circuitos comerciales habituales, para posteriormente clasificarlos y redistribuirlos gratuitamente a familias en situación de vulnerabilidad.

Pilar vuelve a quedar bajo agua

Miriam Zarnikowsky explicó que el CONADA buscará articular con empresas y otros actores del sector privado para generar una red de donantes que permita sostener el sistema.

“Esta es una experiencia de rescate de alimentos que están aptos para el consumo humano y permite redistribuir gratuitamente a familias en situación de vulnerabilidad, apostando al mejoramiento de la seguridad alimentaria”, manifestó.

La representante del CONADA afirmó que Pilar reúne condiciones para desarrollar la experiencia piloto, entre ellas su incorporación como distrito priorizado dentro del sistema de protección social.

Adaptar la experiencia chilena

La viceministra del Ministerio de Desarrollo Social, María Esther Jiménez, explicó que el proyecto debe ser entendido dentro del proceso de fortalecimiento del CONADA, organismo creado para articular un sistema nacional de donación de alimentos.

Según explicó, el consejo está integrado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil y trabaja en mecanismos destinados a garantizar la trazabilidad de los alimentos donados y que estos lleguen efectivamente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Jiménez señaló que Paraguay solicitó la cooperación del FOSIS de Chile para conocer la metodología utilizada en ese país y analizar su aplicación a la realidad nacional.

“De hecho, no es un proyecto copiado de ningún lado, sino que simplemente queremos tener, desde la experiencia que ellos tienen, cómo lo aplicamos a nuestro contexto local, con nuestras autoridades, con nuestra población y con todo lo que se tiene conformado dentro de una comunidad o una ciudad como es Pilar”, explicó.

Añadió que previamente se realizó un estudio para identificar posibles lugares de implementación y que Pilar fue considerada por sus características y potencialidades.

Una experiencia que comenzó con 75 familias

Carolina Campos, integrante de la misión técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de Chile, explicó que el modelo implementado en Chile comenzó en agosto de 2022 en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana, atendiendo inicialmente a unas 75 familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

La experiencia fue posteriormente ampliándose y en 2023 llegó a 11 comunas, mediante la incorporación de municipios dispuestos a aportar recursos y participar activamente del sistema.

Campos destacó que el modelo chileno busca alejarse de una lógica exclusivamente asistencialista y plantea un trabajo conjunto entre municipios, sociedad civil y empresas donantes.

“Nosotros somos un banco público de alimentos que recuperamos alimentos para ser distribuidos a las familias más vulnerables de nuestro país”, explicó.

Aclaró que los productos entregados deben encontrarse en condiciones adecuadas para el consumo humano. Los alimentos son recibidos, clasificados y seleccionados por personal capacitado antes de conformar los kits que posteriormente son distribuidos.

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Entre los productos pueden encontrarse frutas, verduras, legumbres, arroz, pastas y otros alimentos secos, destinados a complementar la alimentación de las familias beneficiarias.

Definir el proyecto

La misión técnica que visita Paraguay deberá contribuir al diseño del modelo que podría aplicarse en Pilar. Una vez concluida esta etapa, el CONADA prevé avanzar en los próximos meses en la definición de acuerdos con las instituciones participantes, el municipio y potenciales empresas donantes.

De concretarse, Pilar se convertiría en el escenario de una experiencia piloto que buscará aprovechar alimentos aptos para el consumo que actualmente pueden terminar como desperdicio, destinándolos a familias que necesitan apoyo para mejorar su seguridad alimentaria.

La propuesta aún se encuentra en etapa de diseño y articulación institucional, por lo que su implementación dependerá de los acuerdos que se alcancen entre las instituciones públicas, el gobierno municipal, organizaciones sociales y el sector privado.

De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público, la causa se inició a partir de la denuncia formal presentada por su madre, Irma Estela Peralta Candia, ante la Comisaría 7ª de Yby Yaú, tras no lograr establecer ningún tipo de contacto con su hija.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público tomó intervención e inició las diligencias preliminares para esclarecer el hecho.

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Rasgos particulares y vías de contacto

Según los datos consignados en la ficha de búsqueda, Liz Peralta es de cutis moreno, estatura mediana, tiene ojos negros y cabello corto de color castaño.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que pueda aportar información fehaciente sobre su paradero debe comunicarse al Sistema 911. También pueden contactar a los números del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o bien, acudir a la sede policial más cercana.

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Distintos sectores que utilizan carburantes para sus actividades ya sienten el impacto de la quinta suba del año en sus márgenes.

Por ejemplo, la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fepacop) ,informó que el combustible “es la materia prima” del servicio y que esta nueva suba “es un combo navideño” para los conductores.

Sube los precios y la comisión para choferes

El presidente del gremio, Basilio Duarte, explicó que mientras Petropar y otros emblemas elevaron sus precios, la empresa Bold envió un comunicado anunciando que, a partir del 5 de octubre, aumentará el cobro de comisiones a choferes en un 3%.

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Para Duarte, ambas situaciones representan un “golpazo” para el sector que ya estaba afectado por el encarecimiento del carburante.

“Las comisiones ahora son de 23% por cada viaje para autos. Esto significa que, de cada G. 10.000, unos G. 2.300 son cobrados por la empresa, mientras que aproximadamente el 50% se destina al costo del combustible. Tenemos ahora un 73% de costo en un viaje; muy poco es el margen que le está quedando al conductor”, explicó.

Conductores se quedan con cerca del 30%

Sobre cuánto podría reducirse la ganancia de los choferes, detalló que depende del monto del viaje y de la distancia, pero señaló que, en promedio, actualmente al conductor le queda aproximadamente el 30% del valor del viaje. En algunos casos puede obtener un porcentaje mayor y, en otros, menor, pero que es el promedio.

Añadió que el porcentaje destinado al combustible ya es elevado y si se incluye el desgaste que sufre el vehículo estimó que la ganancia por viaje sería inferior al 30%.

En cuanto a las tarifas que pagan los pasajeros, contó que hace unos días se realizó un ajuste, aunque fue “casi imperceptible”, al ser inferior a G. 1.000.

“La suba del combustible fue de casi G. 2.000 en los últimos meses y el valor para los pasajeros fue mínimo”, contó.

Más horas de trabajo

Consultado sobre si este nuevo aumento del carburante está provocando que los conductores trabajen más horas o abandonen la actividad, detalló que existen varios factores. Indicó que quienes tienen la posibilidad de dedicarse a otra actividad lo están haciendo.

Entre tanto, quienes no tienen otra opción, o incluso retiraron un vehículo a cuotas, tienen que trabajar más horas. Esto, según subrayó, afecta principalmente la calidad de vida del conductor, además de incrementar el desgaste del vehículo.

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“Un conductor promedio antes hacía ocho horas, ahora hace 10. El que antes hacía 10 horas, ahora hace 12 y algunos llegan hasta 16 horas. La situación afecta más a aquellos que alquilan el auto para trabajar. La rentabilidad está por el piso; debemos trabajar más tiempo para llevar el sustento a nuestras casas”, lamentó

En 2025, el mercado cerró con un 10,5% de participación sobre 39.000 unidades y al respecto aseguró que en el segmento de los vehículos 100% eléctricos se va a un ritmo “más lento y pequeño” en comparación a los híbridos.

A su criterio, la preferencia por los modelos híbridos respondería a la necesidad de reducir el consumo de combustibles, ya que según explicó, estos vehículos combinan un motor eléctrico con uno de gasolina para reducir el riesgo “de que te quedes” sin movilidad por una falta de carga de batería.

“En el caso del híbrido entiendo que tiene que ver, digamos, por la confianza todavía en cuanto a que es un sistema mixto. Es como que todavía el eléctrico genera muchas dudas y a lo mejor hay hasta prejuicios”, citó.

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Ventajas y mantenimiento de los vehículos

Otro punto que mencionó el empresario es que el mantenimiento de los vehículos híbridos y eléctricos es prácticamente “casi cero” en comparación con los motores convencionales.

“¿Qué mantenés en un eléctrico? Y pastillas de freno y pastillas de freno y pastillas de freno", comentó, en un sentido de enfatizar pocos cambios durante los mantenimientos.

En lo que refiere a la vida vida útil de las baterías, citó que los nuevos equipos cuentan con mayor tecnología y la duración de su funcionamiento debería ser entre seis y ocho años.

Finalmente, la diferencia de precio entre un vehículo a combustión y uno híbrido se sitúa entre el 15% y el 20%, aunque para mitigar esta brecha, el Gobierno mantiene la exoneración de aranceles e IVA.

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Para los alumnos de sexto grado como Paloma, de 12 años de edad, la jornada fue una chance para repasar la historia de su propia institución y rendir homenaje a referentes sordos que transformaron la sociedad paraguaya.

La Semana Internacional de las Personas Sordas 2026 fue celebrada en la institución educativa ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, con unos días de sensibilización, participación y visibilización del sector.

“Hablamos sobre el respeto a los derechos humanos que todos tenemos como personas sordas, porque hay discriminación y rechazo todavía, nos tratan como un grupo minoritario, pero en todo el mundo existimos personas sordas”, expresó en ese sentido, Paloma, quien a su corta edad sueña con ser maestra algún día, para que otros niños como ella, tengan la oportunidad de aprender.

“Mis compañeros son los mejores”: el valor de crecer en un entorno seguro

Cuando Paloma es consultada sobre qué es lo que más le gusta de la escuela, no duda un segundo. “Mis compañeros son los mejores, con ellos lo que más me integro”, cuenta. Luego, indica que su mensaje para otros niños “oyentes”, es que visiten la escuela para aprender y conocer sobre la comunidad y sobre la lengua de señas.

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Ese sentido de pertenencia no es casual. La profesora y mediadora lingüística Noelia Benítez - también sorda-, explica que la institución trabaja desde un enfoque genuinamente visual e inclusivo, centrado en la Lengua de Señas Paraguaya (LSP), marcando distancia con los métodos “oralistas” que buscan forzar al estudiante sordo a hablar o copiar sin comprender.

En el aula, el aprendizaje se construye desde la identidad y el entendimiento mutuo, garantizando que cada alumno procese los contenidos en su propia lengua. Pero, la educadora advierte que si bien existen leyes y normativas, en la práctica siguen encajonadas.

“Cuando nuestros alumnos terminan el sexto grado se enfrentan a un vacío gigantesco: si van a un colegio de oyentes sin intérpretes ni docentes capacitados, la inclusión se vuelve una farsa y quedan aislados en el aula”, remarca.

Del sexto grado a la incertidumbre: el plan para garantizar la continuidad escolar

Lo que la profesora Noelia describió ocurre porque la oferta en la institución educativa solo va hasta el sexto grado; no hay tercer ciclo ni educación media.

Por el enfoque de algunos institutos, donde plantean priorizar que los estudiantes sordos hablen y por el enfoque de oralidad y la falta de docentes que interpreten lengua de señas, los alumnos piden continuar sus estudios en la Primera Escuela, antes que ir a un establecimiento “regular”.

Las profesoras Jacqueline Jaquet y Lilian Giménez, del cuarto y sexto grado respectivamente, expresan que por estos motivos realizan mucho énfasis en la tarea de sensibilizar a otras escuelas públicas en la importancia de la inclusión y de la lengua de señas. “En los proyectos vamos a otras instituciones educativas o incluso a locales comerciales. En espacios como bibliotecas y museos tampoco tenemos intérpretes, pese a que la ley prevé”, indicaron.

Finalmente, la directora Patricia Ortigoza hizo un llamado a las autoridades, desde el presidente de la República, Santiago Peña hasta el ministro de Educación, Luis Ramírez y otros, a que “todo el año” se recuerda a las personas sordas y a las personas con discapacidad y que no quede solo en la semana.

El plan para habilitar el séptimo grado en la emblemática escuela

La directora explicó que trabajan en un plan para que el MEC habilite el séptimo grado y que esperan que esto pueda darse en el 2027.

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La intención es que la Primera Escuela Paraguaya de Sordos pase a ser un centro de apoyo a la inclusión y que sea “abierta” para cualquier estudiante con discapacidad que desee inscribirse. Al respecto, las docentes explican que la población de la institución ya es diversa y esperan recibir a más alumnos a partir del año que viene.

Las serranías, museos, antiguas estaciones ferroviarias y sitios históricos constituyen algunas de las alternativas para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado de la capital.

En la capital departamental, la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar) prepara desde este sábado una serie de actividades destinadas a los visitantes y las familias que lleguen hasta la ciudad.

Una de las principales propuestas será el “City Tour”, un recorrido en bus que partirá desde la exestación del tren.

El circuito contempla la visita al Parque Ecológico del Cerro Hũ, uno de los espacios naturales que se viene potenciando como atractivo turístico. El lugar cuenta con una laguna artificial y un muelle desde donde se puede observar el Cerro Hũ y el Cristo Redentor, en medio de un paisaje de serranías.

El recorrido también incluirá el Museo Histórico de la Artillería “General Enrique Duarte Alder”, ubicado dentro del Comando de Artillería. El espacio conserva piezas vinculadas a la historia militar paraguaya, entre ellas armas, cañones, municiones, uniformes y otros objetos correspondientes a diferentes períodos históricos.

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Recorrido por el casco histórico

El City Tour incluye también una visita al casco urbano de Paraguarí, donde los visitantes podrán conocer parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la capital departamental, entre ellos la iglesia Santo Tomás Apóstol y otros sitios relacionados con la historia de la ciudad.

Otro de los puntos de interés será la estación ferroviaria de Paraguarí, donde se conservan fotografías, mobiliarios, herramientas y otros elementos que recuerdan la época de funcionamiento del ferrocarril. En las inmediaciones también se encuentra la emblemática locomotora Nº 521, instalada sobre las antiguas vías.

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Bicirriel y bicisenda

La propuesta turística incluye además la posibilidad de realizar un recorrido en bicirriel, una experiencia que permite pedalear sobre las antiguas vías ferroviarias y combinar actividad recreativa con el conocimiento del patrimonio ferroviario.

Asimismo, se prevé un recorrido por una bicisenda de aproximadamente 800 metros, como otra de las alternativas para quienes opten por actividades al aire libre durante el feriado.

El departamento cuenta además con otros destinos que permiten combinar naturaleza e historia. En Yaguarón, el Cerro Yaguarón y sus museos forman parte de un circuito cultural, mientras que el templo de San Buenaventura constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad.

Exestaciones y museos

Para los amantes de la historia ferroviaria, el departamento ofrece también las exestaciones de Pirayú y Sapucái, que conservan parte del patrimonio relacionado con el antiguo sistema ferroviario paraguayo.

La exestación de Pirayú funciona como museo y conserva objetos, fotografías y elementos vinculados al ferrocarril.

En Sapucái, el Complejo ferroviario y el Museo Vivo permiten conocer parte de la historia de los talleres y del funcionamiento del antiguo sistema ferroviario