“El que dice que no se puede echar planilleros miente; yo ya lo hice”, afirma Sole Núñez

En consecuencia, funcionarios municipales tomaron las instalaciones de la comuna y lanzaron una amenaza de paro general hasta que el documento sea admitido para su estudio, en medio de fuertes cruces políticos, a días de las elecciones municipales del 4 de octubre.

Fallida sesión, ausencias, maniobra opositora y toma de la comuna

La Junta Municipal de Asunción volvió a vivir este jueves otra jornada de tensión política al frustrarse por segunda vez consecutiva la realización de la sesión en la cual debería darse entrada oficial al polémico contrato colectivo de trabajo firmado por el intendente Luis Bello con tres gremios de funcionarios.

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La reunión quedó nuevamente sin efecto legal por falta de cuórum, evidenciando una profunda fractura política entre los colorados cartistas a pocos días de las elecciones municipales, fijadas para el próximo 4 de octubre.

El bloqueo legislativo estuvo marcado por una estrategia de la bancada opositora, cuyos concejales optaron por no ingresar a la sala de sesiones como medida de rechazo.

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Los ediles opositores calificaron de inoportuno y electoralista el estudio de un acuerdo con los sindicatos, de gran envergadura financiera, con el único fin de favorecer al candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista).

A esta maniobra se sumaron nuevamente las ausencias determinantes dentro del propio oficialismo colorado, lo que dinamitó cualquier posibilidad de reunir los números requeridos. Concejales cercanos a la gestión de Luis Bello, como Karina Acuña (ANR-cartista) y César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), que también son nuevamente candidatos a concejales, brillaron por su ausencia en la plenaria. A ellos se sumó la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente), quien sí había estado presente el miércoles, cuando tampoco hubo cuórum.

Ante el estancamiento y la negativa a tratar el documento, cientos de funcionarios municipales tomaron dependencias clave de la comuna. Posteriormente, los manifestantes salieron a las calles realizaron marchas y bloqueos temporales en los accesos de la institución, exigiendo una sesión extraordinaria urgente y lanzando una tajante advertencia de declarar un paro general si sus reclamos laborales siguen cajoneados.

Sindicatos cuestionan a concejales oficialistas y advierten de posible voto castigo el 4 de octubre

Alberto Gaona, secretario general del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama), uno de los gremios que defiende el nuevo contrato, argumentó que el documento busca subsanar los abusos de la Ley Nº 7445, del Servicio Civil. “La ley no le permite al jornalero cobrar título universitario. No le permite al jornalero tener hora extra, no le permite al jornalero tener ni un cargo. El contrato colectivo sí le da esa herramienta”, aseveró.

Gaona también cuestionó la precariedad laboral bajo la normativa vigente y enfatizó la urgencia de proteger a los jornaleros frente a los escenarios políticos actuales. “La candidata opositora, Soledad Núñez, planteó que iba a despedir 5.000 personas. Soledad Núñez se presenta frente a PMT diciendo que va a diezmar esa dirección”, remarcó.

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Por su parte, la secretaria general del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Gladys Galeano, disparó con dureza tanto contra los concejales opositores como contra los ausentes del sector oficialista. “Para nosotros Karina Acuña es la responsable de esta situación, porque ella tenía que haber venido, que es candidata ahora y también “Ceres” Escobar y Rosanna Rolón”, reclamó.

Julio Fernández, líder del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), advirtió que la ausencia de concejales colorados pone en riesgo el resultado de las elecciones del 4 de octubre y que, de ser necesario, recurrirán al candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-cartista) para que baje línea a los concejales oficialistas para que aprueben el convenio. La advertencia coincide con el grito de los funcionarios al término de la fallida sesión hablaban de “voto castigo”.

Cuestionamientos y duras advertencias de los concejales opositores sobre el contrato colectivo de Bello

El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó con dureza la falta de legitimidad y el profundo secretismo con el que se redactó el acuerdo a espaldas del legislativo comunal. El edil advirtió sobre la ilegalidad del proyecto y su claro trasfondo proselitista. “Esto no se puede aprobar a días de las elecciones, algo que tiene que estar en discusión en la siguiente administración”.

En la misma línea, el concejal Humberto Blasco (PLRA) alertó sobre la naturaleza demagógica del convenio y la flagrante infracción de normativas financieras superiores que rigen la administración pública, advirtiendo sobre el peligro penal de comprometer fondos inexistentes. “La mala administración de fondos públicos también implica lesión de confianza. Y aquí los colegas no estamos dispuestos a hacer eso bajo ningún sentido”, remarcó.

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La concejala Fiorella Forestieri (PLRA) denunció los métodos violentos de intimidación y amedrentamiento desplegados para forzar de manera irregular la voluntad de los legisladores municipales. La edil expuso el trasfondo político del apuro gremial y afirmó que “este contrato no tiene otro fin tampoco que ser un canje político por voluntades populares, aprovechándose así de la necesidad de la gente también”.

Los concejales insistieron en la imperiosa exigencia de un trámite institucional adecuado mediante comisiones técnicas. Forestieri remarcó que la postura de las bancadas opositoras es que el documento pase formalmente a comisión para ser analizado técnicamente con los respaldos documentales y financieros correspondientes, y no aprobado sobre tablas de manera irresponsable.

Oficialistas dicen que acuerdo solo busca plasmar derechos adquiridos y niegan maniobra electoral

El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) defendió la convocatoria al sostener que el objetivo principal no era aprobar el contrato sobre tablas, sino darle ingreso formal para su análisis en comisiones. El edil intentó responsabilizar de la falta de quórum a la oposición, pero al ser consultado por la ausencia de concejales de su partido, dijo que las responsabilidades son individuales.

Consultado sobre la presión electoral de los sindicatos dijo: “Siempre hay presión en todos lados, pero nosotros como legisladores vamos a evaluar con calma, con prudencia y ahí vamos a tomar las decisiones.” El edil admitió que aún debe estudiar en detalle el texto junto a sus asesores jurídicos para garantizar que las cláusulas no colisionen con la Ley Nº 7445 de Servicio Civil.

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Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, por su parte, intentó restar trascendencia política al tratamiento a días de los comicios y afirmó que el convenio busca cuidar las arcas del municipio. “Es un contrato, a mi parecer, justo. Ellos pedían mucho, se negoció, no se le dio para nada todo lo que pidieron”. Sabaté dijo además que todos los beneficios económicos estarán condicionados a la disponibilidad financiera de la institución comunal.

El asesor jurídico justificó que el contrato se limita estrictamente a formalizar conquistas laborales preexistentes, detallando que “lo que se hizo más que nada es plasmar esos derechos ya adquiridos en un nuevo contrato”. Sabaté aclaró que el proceso administrativo aún requiere de un largo tramo legislativo y ante el Ministerio de Trabajo.

¿Qué establece el nuevo contrato colectivo? Aumentos, bonificaciones y beneficios

El nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscripto entre la Intendencia Municipal y tres de las organizaciones sindicales de la comuna: Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama), Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema).

Entre sus puntos más destacados figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a un total de 20 salarios aplicables a funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último salario percibido por el beneficiario.

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Asimismo, el documento pactado incorpora un incremento del 5% en la escala de bonificación por antigüedad que se abona de forma anual cada mes de febrero, contemplando porcentajes diferenciados que van desde el 25% para quienes registren entre 5 y 10 años de servicio, hasta alcanzar el 100% del salario mínimo legal vigente para aquellos funcionarios que superen los 40 años de antigüedad en la institución.

El acuerdo también contempla aumentos en los incentivos económicos orientados a la profesionalización y al control de la asistencia, estableciendo un reconocimiento mensual equivalente al 65% (antes era de 50%) del salario mínimo legal para títulos universitarios de cuatro años o más de estudio, y del 35% (25%) para títulos técnicos. También mantiene vigente una cláusula “anti planilleros”, que establece un premio trimestral del 7% condicionado al cumplimiento estricto de la asistencia y puntualidad.

Nueva sesión extraordinaria para mañana

Finamente, en horas de la tarde, la Junta Municipal informó de una nueva convocatoria a sesión extraordinaria para este viernes, a las 10 de la mañana, en un último intento del oficialismo por dar entrada al contrato colectivo. De pretender su aprobación antes de las elecciones, los ediles deberán estudiarlo en comisión en tiempo récord la próxima semana.

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Miguel Doldán, señaló que el gremio fue convocado por la Comisión de Legislación de la Cámara Alta para exponer su postura sobre la modificación.

Crimen y no delito

Doldán sostuvo que la legislación actual no permite frenar el abigeato y planteó que el hecho sea considerado crimen y no delito, de manera a no limitar la posibilidad de excarcelación.

“En reuniones pasadas mostrábamos los números que disponíamos desde la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tránsito de Ganado (Colcat) y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart) y el abigeato no estaba disminuyendo, sino que inclusive estaba aumentando”, afirmó.

Agregó que el problema también afecta a pequeños productores, quienes muchas veces no denuncian el robo de animales debido a la burocracia que implica el proceso.

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) citados por el dirigente, el 71% de los 136.000 ganaderos registrados tiene menos de 50 cabezas. Los casos de robo de animales pertenecientes a pequeños productores no aparecen en el registro del gremio al no realizar la denuncia.

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Transportistas piden garantías

El proyecto también contempla a los transportistas dentro de las circunstancias agravantes cuando participen en el traslado de ganado robado, comentó.

De acuerdo con lo que explicó el dirigente, la medida genera preocupación entre quienes realizan el transporte de animales de “buena fe”, por lo que plantean mecanismos que permitan demostrar que desconocían el origen ilícito de la carga.

“Ellos lo que manifestaron, y con lo cual yo estoy de acuerdo, es ver la forma de cómo el transportista, ya sea el chofer o el dueño del camión, pueda demostrar que cuando transportan la carga lo hacen de buena fe”, precisó.

Indicó que existen casos en los que los trabajadores reciben una carga sin conocer su procedencia y terminan involucrados en una investigación. En ese aspecto, detalló que muchos ni miran las marcas de lo que están subiendo en sus camiones y luego se les para en el puesto de Colcat y allí tienen problemas.

Buscan fortalecer el trabajo con Fiscalía y Policía

El ruralista consideró que el cambio en el marco penal también permitirá fortalecer la actuación de la Policía, el Ministerio Público y de los jueces.

“Por eso es que en el Congreso se tiene que modificar esto (la ley), para que después la Fiscalía pueda actuar bien y los jueces implementen la condena necesaria”, manifestó.

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Impacto económico

Sobre el perjuicio económico, el dirigente subrayó que no existen datos que permitan dimensionar todo el impacto del delito, principalmente porque modalidades como el robo de pocas cabezas no siempre son denunciadas.

Advirtió además que el perjuicio trasciende al productor, ya que cuando se roba una tropa (lote de animales) y se adulteran documentos también puede existir evasión de impuestos y riesgos sanitarios.

“Muchas veces cuando no se sabe la veracidad de esos animales si están vacunados o no. Eso nos puede afectar al sector exportadores de carne”, concluyó.

El presidente de la asociación de asegurados, Julio López, invitó a los asegurados a participar de la medida de fuerza desde las 08:00, ya que la convocatoria busca visibilizar la situación que atraviesan los afectados.

Al respecto, López sostuvo que el problema no se limita a un sector específico porque la falta de medicamentos, insumos y profesionales médicos afecta a la totalidad de los asegurados que dependen de los servicios de la previsional.

“La lucha de los compañeros trasplantados es la misma lucha que tenemos todos los asegurados del IPS, porque faltan medicamentos, insumos; faltan profesionales médicos en todas las áreas”, apuntó.

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Problemas aún no están solucionados

Finalmente, el asegurado también aseguró que “es mentira que estos problemas están solucionados” dentro de la previsional, por lo que reiteró la importancia de la convocatoria ciudadana.

“Creemos que la única forma de que se vayan solucionando es con la participación activa de nosotros, los asegurados, los que realmente necesitamos que se cambie la situación y que se solucionen los problemas”, concluyó.

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“La disidencia hoy está concentrada en las elecciones del 4 de octubre, las elecciones municipales, y a partir del 5 estamos conversando. Vamos a hacer una gran unidad dentro de la disidencia (...) y estoy seguro de que en las próximas elecciones nacionales, vamos a llegar con una capacidad cierta de vencer al oficialismo”, respondió Centurión.

Incluso, dijo que es Honor Colorado el que debe pedir perdón a la dirigencia de base colorada a nivel país por distraer los esfuerzos, que deberían estar volcados en las municipales del 4 de octubre, pero ellos se están peleando por la chapa de Honor Colorado para el 2028.

“Existe una discordia interna que solamente le interesa a Honor Colorado, por eso yo lamento mucho que esto venga a ocurrir ahora. Antes que tirar algún tipo de ataque o descalificativo de parte de algunos miembros de Honor Colorado hacia la disidencia, lo que tienen que hacer es hacer un mea culpa y pedir disculpas a la dirigencia partidaria a nivel nacional por estar distrayéndose en estas cuestiones intestinas de HC”, remarcó Centurión.

Remarcó que la supuesta pelea en Honor Colorado no es tal, ya que es mentira que exista un “peñismo”, ya que “Santiago Peña no tiene las mínimas posibilidades de generar un liderazgo ni de tener una identidad”.

Esto, ya que lo que podría considerarse un “peñismo” es solamente un grupo que lo elogia por “tener el poder para manejar las prebendas, las canonjías y los negocios con el Estado, y por el otro lado, está el cartismo ortodoxo” que jamás dejaría a Cartes.

Centurión llama al diálogo y dejar de lado los “egos” en el disidencia

Y precisamente hablando de “mea culpa”, lo hizo al interior de la disidencia, remarcando que las chances de hacer frente al oficialismo dependerá de la capacidad de unirse y dejar de lado los “egos”.

“Si la disidencia no se une evidentemente nos debilitamos tremendamente” y los “líderes (disidentes) tienen que entender eso, y dejar de lado sus egos, porque ahí también tenés emperadores y emperatrices, desmarcarse de su soberbia también algunos y sentarse a hablar sobre un proyecto país alternativo a lo que va a proponer Honor Colorado en las próximas elecciones”, sostuvo Centurión.

El mismo hizo referencia tanto a su movimiento Colorado Añeteté, encabezado por Mario Abdo Benítez; como a Fuerza Republicana, liderada por Hugo “Toro” Velázquez y a Causa Republicana de la senadora Lilian Samaniego.

El proyecto contempla la instalación de huertas familiares y el mejoramiento del sistema de agua para un doble propósito: el riego de hortalizas y el consumo humano, de manera que no falte el líquido vital para las familias de la comunidad.

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La principal preocupación de los pobladores radica en que el uso de agua para el riego de hortalizas, como tomate, morrón y frutilla, podría poner en riesgo el suministro destinado al consumo humano con la llegada de las altas temperaturas del verano. El relieve de la zona, cercana a los cerros San Rafael e Itá Morotí, dificulta aún más el bombeo hacia las partes elevadas.

Ante esta situación, la comunidad coincidió en la necesidad de contar con una nueva instalación de pozo artesiano.

Pereira mencionó que se presentó una nota ante la Junta Municipal para solicitar las gestiones y el acompañamiento del cuerpo colegiado ante el intendente, Oreste Bower (ANR – HC), así como ante Senasa, Yacyretá e Itaipú, a fin de buscar la instalación de un nuevo pozo artesiano que permita dar continuidad al proyecto y evitar conflictos entre los usuarios, la comunidad y los productores.

“Realmente fue muy interesante la audiencia. Los concejales se comprometieron a gestionar para que se pueda buscar también ayuda y apoyo de algunas autoridades políticas, ya sean nacionales, departamentales y, por supuesto, municipales”, finalizó.

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Las declaraciones de Valiente surgieron como respuesta a los cuestionamientos de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien señaló al bloque cartista como el directo responsable de designar a Rivas en una de las instancias más sensibles del Poder Judicial, advirtiendo sobre la posible nulidad de sus actuaciones si se confirma su condena.

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Ante este escenario, Valiente afirmó sentirse estafada y aseguró que nunca dudó de la autenticidad del título del exlegislador, a pesar de los constantes cuestionamientos públicos.

“Yo puedo hablar por mí: no me pongo el saco ni me hago responsable. Considero que en este sentido todos fuimos víctimas de una estafa. Categóricamente, yo le creí a esta persona”, sostuvo, derivando la responsabilidad del control a los organismos encargados de verificar la validez de los títulos universitarios.

“Le preguntábamos directamente: ‘¿sos o no abogado?’”

Pese a que desde la oposición advertían constantemente sobre las irregularidades de su expediente académico, en el oficialismo mantuvieron la postura favorable hacia Rivas hasta el final. La propia senadora aseguró que a puertas cerradas en la bancada ya existían dudas sobre la formación del exlegislador.

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“En privado le preguntábamos directamente: ‘¿sos o no abogado?’. Y él nos juraba: ‘¡Sí, claro que soy!’. Y bueno, uno tiende a confiar en los demás. Tengo que reconocer que a mí también me estafó, porque le creí ciegamente que su título era legal”, afirmó.

Asimismo, negó haber participado de un blindaje político hacia su excolega, recordando que fue el propio Rivas quien terminó renunciando debido a la presión mediática y judicial.

“Yo no me hago cargo de ningún blindaje. De lo único que me hago cargo es de haberle creído que tenía título de verdad y que estaba capacitado para el cargo”, declaró.

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La postura de que no existió un “blindaje” contrasta con los antecedentes del caso, en los que Rivas esquivó reiteradamente los pedidos de pruebas exigidos por sus pares.

En este sentido, la parlamentaria reveló los reclamos internos para acallar la controversia: “Le pedíamos por favor que traiga al Congreso a sus excompañeros o profesores para demostrar que sí estudió. Él siempre salía con la misma respuesta: ‘Sí, la semana que viene los traigo’, pero esa semana nunca llegaba”, afirmó.

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A pesar de la falta de pruebas fehacientes, la bancada oficialista no le retiró el respaldo hasta que la causa penal avanzó. Hoy, los legisladores oficialistas enfrentan duras críticas por haber “puesto las manos en el fuego” por alguien que evitaba presentar la documentación más elemental.

“Insisto, yo no siento que me haya quemado, porque al final hoy el tipo está respondiendo en un juicio. Así que, en lo que a mí respecta, no blindé a nadie”, sentenció.

Gestiones por la situación de reclusión de Hugo Javier

Por otra parte, la senadora se refirió a las acciones emprendidas desde la Comisión de Derechos Humanos respecto a la salud y situación de reclusión del exgobernador de Central, Hugo Javier González. Explicó que se solicitaron informes al Ministerio de Justicia y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para esclarecer las circunstancias en que sufrió sus recientes lesiones.

“El Estado es el principal responsable y garante de hacer cumplir los derechos humanos. Más allá de que Hugo Javier esté cumpliendo una condena, con más razón se debe garantizar la integridad física y psíquica de un ciudadano privado de su libertad”, manifestó.

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Valiente indicó que se prevé convocar a una mesa de trabajo con familiares y abogados para disipar las dudas en torno a la atención médica prestada y la preservación de las evidencias dentro del penal.

Finalmente, sobre la sospecha de que las lesiones no respondan a una simple caída accidental en la celda, concluyó que existen versiones contradictorias que obligan a investigar a fondo: “Nadie puede negar que existen indicios físicos, según se observó en las imágenes, que ponen en duda de que se haya tratado de una simple caída... hay muchos dimes y diretes. Lo que pretendemos es que se llegue al fondo de la cuestión”, finalizó.

La víctima fue el comerciante Rodney Javier Bazán Borchardt, quien circulaba en su camioneta Toyota Hilux cuando fue detenido por una patrullera del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

En el móvil policial estaban el oficial ayudante Jhony Ariel Giménez Amarilla, suboficial inspector Nelson Solís Chamorro y suboficial segundo Alcides Villa Robles, quienes mientras revisaban los documentos del conductor supuestamente lo acusaron de ser narcotraficante.

Inmediatamente después, los policías “descubrieron” un pequeño corte en la carpa protectora de la carrocería de la camioneta del comerciante y justo debajo de ese agujero, ya en la carrocería, una porción de cocaína de 164 gramos.

El dueño del vehículo automáticamente acusó a los policías de haber plantado la droga y dijo que era absurdo que transportara un paquete tan pequeño en la carrocería, cuando que podría haberlo escondido en cualquier parte de la cabina.

Pese a todo, el comerciante quedó detenido, fue imputado y hasta encarcelado en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero.

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Posteriormente, el comerciante recuperó su libertad y fueron los policías los que pasaron a ser detenidos, imputados y encarcelados, por hechos punibles como extorsión y persecución de inocentes.

Tras un largo litigio, los policías del GEO fueron condenados por un Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, en el primer juicio que terminó el 28 de agosto de 2025.

Las penas impuestas por los jueces Marcelina Quintana, Mario Peralta y Clara Martínez fueron de ocho años de cárcel para el oficial Giménez y cinco años de encierro para los suboficiales Solís y Villa.

Las senetencias fueron conseguida por la fiscala Katia Uemura, quien dirigió el caso desde un principio.

Sin embargo, cuando estos tres ya se encontraban recluidos en la Agrupación Especializada de Asunción, el primer juicio fue anulado y se ordenó uno nuevo, que está en pleno desarrollo actualmente.

Por el Ministerio Público, sigue actuando la fiscala Katia Uemura, pero el nuevo Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Abel Molinas, Digna Raquel Cristaldo y Edison Escobar.

El juicio se halla en la etapa de producción de pruebas, pero una recusación planteada ayer por los policías contra el Tribunal de Sentencia motivó la suspensión momentánea del proceso.

El recurso debe ser resuelto por un Tribunal de Apelación. Cuando eso pase, el juzgamiento a los policías deberá seguir.

Uno de los tres policías enjuiciados por el caso de Pedro Juan Caballero, Jhony Ariel Giménez Amarilla, fue condenado en 2025 a cuatro años de cárcel también por extorsión, cometida contra un automovilista a quien detuvo en 2024 cuando trabajaba en la comisaría 14° de Asunción.

El puesto sanitario dista 6,1 km de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Nueva Alborada, sobre la ruta D054 que atraviesa el distrito. El local fue construido en un terreno donado por una familia a la Municipalidad y el enfermero sería un funcionario municipal comisionado al sitio.

Una vez al mes, un médico de la USF de referencia del territorio realiza atención extramural en ese puesto de salud, según detalló el director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Eleno Arévalos. También detalló que en el sitio se realizan atenciones básicas, derivaciones y entrega de medicamentos.

Según el reclamo de los lugareños, deben trasladarse hasta otros centros asistenciales en caso de necesitar atención los días en que no está abierto el Puesto de Salud.

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Red de Atención Primaria

Arévalos indicó que este centro de atención no forma parte de la red de servicios de atención primaria del sistema de salud, debido a que no cumple con la población mínima para convertirse en una USF satélite, pero en la práctica funcionaría como algo similar.

En ese sentido, al no estar categorizado bajo los estándares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), las prestaciones de servicios no están reguladas.

La normativa vigente en el Manual de Organización del Primer Nivel de Atención (2025) estima que, para considerar a un establecimiento como USF satélite, debe tener una población de cobertura de al menos 1.000 pacientes.

En contrapartida, esta categorización requiere condiciones mínimas edilicias, como también de atención. En ese sentido, debería operar de lunes a viernes, con un enfermero, y deberá coordinar con el equipo médico de la USF Estándar en el área de cobertura.

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Estandarización y política

En el departamento de Itapúa existen varios establecimientos de salud que no fueron estandarizados a los requerimientos estipulados por el Ministerio de Salud. En algunos casos, dependientes de las municipalidades y, en otros, dependientes incluso del propio MSPBS.

Este sistema ya está vigente desde el año 2016 en nuestro país y se estandarizó en 2019, pero existen todavía varios establecimientos con denominaciones como Puesto de Salud o Centro de Salud, correspondiente a criterios anteriores.

En muchos casos, como el Centro de Atención Municipal de Pacucuá de Encarnación o el Centro de Salud de Edelira, que por desacuerdos políticos no forman parte del sistema estandarizado del MSPBS. El caso de Edelira terminó siendo estandarizado posteriormente, pero, a pesar de la infraestructura, solo opera como una USF Ampliada, cuando fue proyectada para ser un Hospital Distrital. No solo se trata de la denominación, sino de los estándares sanitarios que tienen que cumplir y la capacidad de atención que deberían tener.

Los rubros que solicitan corresponden al 1.º y 2.º grado, que, según los afectados, desde el inicio de este año lectivo, unos 22 alumnos no cuentan con docentes asignados para el desarrollo de las clases. Debido a este grave inconveniente, exigen que el ministro de Educación, Luis Ramírez, y su equipo de trabajo vean la manera de solucionar el problema.

En lo que concierne a la medida de fuerza que llevan adelante, el presidente de la ACE, Avelino Velázquez, expresó que, mientras no logren el objetivo, cual es la provisión de los dos rubros que faltan por parte del MEC, la manifestación de la comunidad educativa seguirá firme, sin descartar el paro indefinido de las clases.

Muchas promesas

El dirigente y padre de familia lamentó que, a ocho meses del inicio de las actividades académicas, el Ministerio de Educación no pueda solucionar el problema, teniendo en cuenta que ya realizaron todos los trámites en las direcciones correspondientes, incluida la Supervisión de Área de Capiibary y la Dirección Departamental de Educación, sin conseguir el resultado esperado.

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“Entendemos que llegar a esta instancia no es lo más conveniente, pero es la única arma que nos queda en esta situación, teniendo en cuenta que no estamos siendo escuchados por las autoridades. También advertimos que, si no tenemos el resultado que estamos esperando, ninguno de los grados va a reiniciar las clases, por lo que esperamos subsanar el inconveniente con el correr de las horas”, subrayó Velázquez.

Por su parte, el director de la escuela profesor Teodoro Vega, instó a los superiores del MEC a buscar la forma de dar un corte definitivo al problema, asignando los dos rubros que están solicitando para que se puedan normalizar las clases con los alumnos.

La Escuela Básica 7906 José Gaspar Rodríguez de Francia funciona desde el jardín de infantes hasta el 9º grado, con 127 alumnos en los turnos mañana y tarde. Cuenta con cinco aulas en funcionamiento y una en construcción.

Intentamos conocer la versión de la directora departamental de Educación, Lic. Olga Servín, llamando a su número de teléfono, pero la misma no atendió nuestra llamada.

A través de un comunicado oficial, la Iglesia Católica expresó su absoluta cercanía y solidaridad con todas las personas afectadas, advirtiendo sobre las profundas consecuencias reales, de temor y sufrimiento que generan estas agresiones.

El documento episcopal denuncia específicamente la difusión no consentida de imágenes privadas, la exposición de datos personales y la creación de montajes sexuales mediante la manipulación tecnológica e inteligencia artificial.

En este sentido, la institución subraya que la responsabilidad recae exclusivamente sobre quienes crean, solicitan o difunden los materiales, y no sobre las víctimas.

Violencia digital en la UNA: centros de estudiantes instan a autoridades a tomar medidas

Citando las encíclicas Fratelli tutti (del papa Francisco) y Magnifica Humanitas (del papa León XIV, publicada en mayo de 2026), la Arquidiócesis enfatiza que ni el anonimato ni las plataformas digitales pueden constituirse en refugios de impunidad.

Asimismo, se hace un llamado directo a las autoridades de la UNA, al Ministerio Público, en especial a su Unidad Especializada en Delitos Informáticos, y al Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional para que actúen con celeridad y firmeza.

Finalmente, el mensaje exhorta a la ciudadanía a cortar la cadena de reenvíos, a no minimizar ni justificar estos hechos bajo ningún pretexto, y a promover una ciudadanía digital responsable basada en el respeto a la dignidad inalienable de toda persona.

En octubre del año pasado, el Gobierno argentino dio luz verde para que las embarcaciones remolcadoras realicen el cruce transversal fronterizo entre Domingo Martínez de Irala y Puerto Libertad, a través del río Paraná. Sin embargo, hasta ahora no comisionó a los funcionarios públicos que deben estar a cargo de los controles.

Alberto Almada, uno de los impulsores del proyecto, lamentó que, por una cuestión mínima y burocrática, la embarcación permanezca varada en el río, causando enormes perjuicios económicos a los inversores.

Dijo que se realizaron todas las obras necesarias para los controles y que estas fueron verificadas y aprobadas. Además, se obtuvieron todos los permisos y licencias requeridos por ambos países, pero la balsa aún no opera.

“El intendente argentino ya agotó todas las instancias y, pese a su insistencia, no se logró la operación de la balsa. Un equipo de la Gobernación de Misiones fue a Buenos Aires hace como un mes y recibió promesas de que en 20 días se tendría una noticia positiva, pero hasta ahora seguimos esperando”, expresó.

La empresa concesionaria del servicio es Macuco Ecoaventura y Navegación SA, que tiene vía libre tanto del Gobierno paraguayo como del argentino. La inversión es de más de 3 millones de dólares, además de los gastos que ya están vigentes, como pagos de seguros y mantenimiento.

Una importante conexión

La balsa tiene capacidad para 160 personas, 32 vehículos pequeños y 12 carretas.Esta nueva conexión podría contribuir a reducir la congestión en el Puente de la Amistad, ya que los viajeros argentinos podrán evitar el paso por Puerto Iguazú y llegar directamente a Ciudad del Este a través de Los Cedrales en menos de una hora.

También, del lado argentino, facilitaría el acceso a ciudades como Eldorado, Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú, que tienen un importante movimiento agrícola, comercial y turístico.

Cuestionaron la necesidad de mejores sistemas de evaluación, información pública confiable y un mayor control sobre el destino de los recursos. Fue anoche, en el programa Plaza Pública de Desarrollo en Democracia (Dende) emitido por ABC TV.

¿El PGN está alineado al Plan Nacional de Desarrollo?

Los panelistas coincidieron en que la Constitución Nacional establece que los planes nacionales de desarrollo son indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público.

En ese sentido, el exministro José Molinas explicó que entre 2014 y 2018 existió un proceso gradual para vincular los programas públicos con los objetivos estratégicos del PND 2030. Más adelante, la preparación presupuestaria incorporó productos que debían aportar a los resultados previstos en los 77 objetivos del plan.

A su criterio, esa vinculación general existe, aunque resulta insuficiente para determinar si el dinero público produce los resultados esperados. “Nosotros tenemos un sistema de evaluación extremadamente débil”, afirmó.

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¿El PGN debe definir qué financiar?

A su turno, el exministro Hugo Royg sostuvo que la relación entre planificación y presupuesto debe reflejarse en decisiones concretas sobre la distribución de recursos.

Según explicó, las áreas priorizadas deben recibir fondos y aquellas que pierden prioridad deben reducir sus asignaciones. También refirió se debe identificar qué programas alcanzan sus objetivos y cuáles no.

El economista cuestionó que, en la práctica, el presupuesto pueda convertirse en una suma de números cuyos nombres coinciden con los objetivos del plan, pero sin decisiones basadas en resultados.“El plan es un mapa, pero si no mueve la plata, no sirve de nada”, expresó.

Dijo que sin ese análisis, la asignación presupuestaria queda expuesta a demandas sectoriales, presiones políticas y necesidades de corto plazo.

Menos del 2% de los programas tendría evaluaciones

Uno de los principales cuestionamientos de los exministros fue el reducido alcance de las evaluaciones dentro del Estado.

En ese sentido, Molinas citó distintos mecanismos existentes, entre ellos evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), programas financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y proyectos respaldados por organismos internacionales. Sin embargo, estimó que ese conjunto no alcanza ni al 2% de los programas.

En el curso del debate, el especialista recordó programas impulsados por el Estado como Tekoporã, el cual tuvo evaluaciones y señaló que existe un estudio sobre Adultos Mayores que requiere mayor desarrollo. También mencionó una evaluación previa a Hambre Cero sobre el programa de Alimentación Escolar.

Sobre Hambre Cero, planteó la necesidad de contar con mecanismos de evaluación temprana y seguimiento que permitan conocer sus efectos. La discusión tomó especial relevancia ante el peso de los programas sociales.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el presupuesto para el año que viene, el programa Hambre Cero en las Escuelas tendría una asignación de G. 3,2 billones (US$ 495,5 millones) lo proyectado de manera global para la Pensión Universal para Adultos Mayores alcanzaría G. 3,6 billones (US$ 557,4 millones).

Las evaluaciones de estos programas sociales también fue cuestionado por la senadora Esperanza Martínez al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en el curso de la defensa de su presupuesto ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP).

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Educación: PND fijó una meta para reducir el analfabetismo funcional

Otro de los puntos tratado en el programa fue la calidad de la educación. En ese sentido, Molinas recordó que el PND 2030 estableció como objetivo que los adolescentes de 15 años alcanzaran al menos el nivel dos de competencia de PISA para 2030.

Según los datos citados durante el debate, en 2022 el 91% continuaba en situación de analfabetismo funcional y para 2025 la situación se mantenía.

El exministro explicó que el país realizó una evaluación censal de aprendizaje en 2015, aunque sus resultados se conocieron recién en 2018. “Posteriormente hubo otra medición, pero el proceso perdió continuidad”, refirió.

Dijo que la falta de información periódica limita la capacidad del Estado para identificar qué políticas educativas producen resultados y cuáles requieren cambios.

Según los datos oficiales del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA 2025, el puntaje promedio de Paraguay en lectura se desplomó de 373 a 352 puntos, lo que representa una pérdida neta de 21 puntos en apenas tres años.

Con este resultado, el porcentaje de estudiantes paraguayos situados en los niveles de rendimiento más bajos (por debajo del nivel básico) trepó del 65% registrado en 2022 a un alarmante 77%.

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Evaluaciones externas para reducir conflictos de interés

El economista Royg planteó que las evaluaciones no deberían quedar exclusivamente bajo responsabilidad de las propias instituciones que ejecutan los programas. “Universidades, consultores u organizaciones externas podrían participar en estos procesos para reducir conflictos de interés y aportar una mirada independiente”, acotó.

Dijo además que el análisis, no debería limitarse a los programas sociales. Royg citó como ejemplos posibles el puente Héroes del Chaco, los programas de formación del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), así como los incentivos vinculados al régimen de maquila.

“Se debe comparar el costo de una política con el resultado que produce antes de decidir un aumento, una reducción o una reasignación de recursos”, resaltó.

El Estado debe brindar información que sea trazable

Los panelistas también señalaron problemas en la calidad y disponibilidad de la información estatal. Royg citó como ejemplo las dificultades para determinar las obligaciones pendientes del Estado con proveedores de medicamentos y obras públicas. También cuestionó cambios en el acceso a datos de comercio exterior.

La trazabilidad fue otro punto del debate. Cada obra, compra o entrega estatal debería contar con datos que permitan identificar su destino y comprobar su ejecución. “Todo ladrillo puesto tiene que tener nombre, ubicación, factura”, sostuvo Royg.

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¿La tecnología puede ser un aliado del control ciudadano?

Molinas señaló que la tecnología actual permite nuevas formas de consulta y control, siempre que las bases públicas den datos confiables y accesibles. Recordó que durante el periodo 2014-2018 existió un tablero de control ciudadano y presidencial que permitía comparar compromisos de instituciones públicas con su nivel de ejecución.

También explicó que más de 230 de los 260 municipios que existían en ese momento prepararon planes municipales participativos, mientras que más de 220 crearon consejos de desarrollo municipal.

“La idea consistía en acercar información sobre obras, presupuestos y compromisos del Gobierno central en cada distrito. Se facilitaba el control desde el propio territorio. Parte de esa estructura perdió continuidad en administraciones posteriores”, concluyó Molinas.

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El encuentro se realizó en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, con una importante participación de estudiantes, profesionales, productores y otros integrantes del sector rural de la zona.

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Durante la jornada se brindaron conocimientos prácticos para identificar situaciones de riesgo, prevenir hechos punibles y saber cómo actuar ante la ocurrencia de un delito dentro de establecimientos y comunidades rurales.

Entre los principales temas abordados aparecieron el abigeato, la destrucción de alambradas, invasiones, tala de árboles, robo de maquinarias y otros hechos delictivos que pueden afectar a productores y trabajadores rurales.

Los organizadores destacaron la importancia de generar espacios de capacitación y coordinación entre productores, estudiantes, instituciones educativas y organismos de seguridad, especialmente para fortalecer las medidas preventivas y la comunicación ante situaciones que puedan representar un riesgo.

La charla fue desarrollada con acceso gratuito y forma parte de las iniciativas orientadas a acercar información y herramientas de prevención a la comunidad rural de San Pedro.

El proyecto contempla a 11 instituciones educativas en el Lote 02, con una inversión local de G. 374.382.484 para el Colegio Nacional Nueva Londres. El monto total del contrato para las instituciones comprendidas en este lote asciende a G. 13.815.535.827.

La fiscalización está a cargo del Consorcio de Proyectos Ejecutivos (CPE), mientras que la supervisión corresponde a la Coordinación de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura de la UEPP-MEC, según los datos consignados en el cartel informativo instalado en la institución.

Laboratorio beneficiará al Bachillerato Técnico Agropecuario

La directora Lucy Giménez López explicó que la obra corresponde a un laboratorio destinado al estudio de suelos, infraestructura que considera fundamental para los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario que funciona en la institución.

“Me alegré muchísimo porque tengo Bachiller Técnico Agropecuario que le va a ser útil a los técnicos”, manifestó la directora, quien expresó su preocupación debido al tiempo que lleva paralizado el proyecto.

Según explicó, el lugar donde debía avanzar la construcción actualmente se encuentra expuesto al crecimiento de maleza y a las condiciones climáticas, situación que también genera problemas con el cercado perimetral.

“El viento fuerte saca todo el cercado perimetral y estoy muy preocupada”, señaló Giménez López al referirse al estado del sitio donde debe ejecutarse la obra.

La obra debía comenzar el año pasado

La directora indicó que los trabajos comenzaron a ejecutarse el año pasado, aunque no pudo precisar el mes en que se iniciaron. Sin embargo, señaló que posteriormente la construcción quedó estancada y que hasta la fecha no se ha retomado con normalidad.

Giménez López relató que en marzo de este año llegaron representantes vinculados al proyecto, quienes le comunicaron que los trabajos comenzarían nuevamente. No obstante, afirmó que hasta ahora la institución continúa esperando la reanudación de las tareas.

“Vinieron algunos grupos diciéndome que se va a iniciar ya la obra, pero hasta ahora todavía”, manifestó.

La directora sostuvo que desde el MEC le informaron que la obra será iniciada debido a que existen otras 11 instituciones que forman parte del mismo proyecto. Sin embargo, reconoció que hasta el momento las respuestas recibidas se limitaron a anuncios de una futura reactivación.

Ante la consulta sobre si se trata de promesas que todavía no fueron cumplidas, respondió afirmativamente y señaló que continúan esperando que los trabajos efectivamente sean retomados.

Desde el MEC aseguran que existe presupuesto

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre para la comunidad educativa es el motivo por el cual la obra permanece paralizada, considerando que forma parte de una licitación del MEC y que la propia institución recibió información de que existen recursos para su ejecución.

La directora contó que recientemente una arquitecta del MEC visitó la institución para realizar un relevamiento y verificar la situación de la obra. Según Giménez López, durante esa visita la profesional le manifestó que los recursos estaban disponibles.

“Sí, hay dinero”, fue la respuesta que, según la directora, recibió de la representante del Ministerio al consultar sobre la disponibilidad presupuestaria.

No obstante, la directora dijo desconocer cuál es el motivo concreto que impide la continuidad de los trabajos, señalando que esa explicación corresponde a las autoridades responsables de la ejecución del proyecto.

Institución de referencia para estudiantes del distrito

El Colegio Nacional Nueva Londres cuenta actualmente con unos 160 alumnos, distribuidos desde el séptimo grado hasta el tercer curso, en los turnos mañana y tarde.

La directora destacó además que se trata de una institución focalizada y de referencia dentro del distrito de Nueva Londres, ya que recibe estudiantes provenientes de distintas compañías y comunidades ubicadas a varios kilómetros del centro educativo.

Por ese motivo, la culminación del laboratorio de estudio de suelos es considerada por la comunidad educativa como una obra importante para fortalecer la formación práctica de los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario.

Mientras tanto, la comunidad educativa continúa aguardando la reactivación de los trabajos, luego de varios meses de paralización y de los anuncios de que la obra finalmente será retomada. La institución espera que el proyecto pueda avanzar y que el laboratorio sea puesto a disposición de los estudiantes para fortalecer su formación técnica.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director departamento del MEC, Ariel López, pero no atendió las llamadas y mensajes de WhatsApp realizados en su número terminación 607. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Se trata de Ariel Lilo Monges (ANR-HC), de Sapucái, quien aguarda las elecciones para legitimar su continuidad al frente de la Municipalidad, ya que no tiene oponente para los comicios de octubre. También busca la reelección Luis Carlos Rojas (ANR-Añeteté), de Mbuyapey, quien se enfrentará a la exconcejal y exintendenta liberal Ana Delvalle Aponte.

En San Roque González, el exintendente Enmanuel Morán (Alianza Yo Creo), también busca el rekutu.

Su contienda será más disputada debido a la división de la oposición.

Sus adversarios serán César Darío Molinas Serna (Alianza para el Progreso) y Gustavo Ariel Brítez (ANR-HC).

La elección también pondrá en disputa el control de las administraciones municipales de 18 distritos del departamento, donde se presentan 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales.

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Disputa por las intendencias

Los distintos sectores políticos buscarán mantener o recuperar espacios en las municipalidades. Los sectores colorados apuntan a conservar las administraciones que actualmente están bajo su control e incluso ganar más espacios, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar intendencias.

Entre los municipios que figuran como objetivos del PLRA están Caapucú y Mbuyapey.

En Caapucú, la Lista 2 postula a Nicolás Antonio Amarilla Valdez, quien se enfrentará en las elecciones a Ramón Penayo Arce (Lista 1-ANR), hermano del polémico intendente local Gustavo Penayo.

Mientras que en Mbuyapey la candidata liberal es Ana Delvalle, quien busca recuperar la intendencia que en los últimos cinco años estuvo a cargo del intendente renunciante colorado Luis Carlos Rojas (Lista 1-ANR), quien busca el rekutú.

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196.300 electores habilitados

En el departamento de Paraguarí están habilitados 196.300 electores para las elecciones municipales. La jornada electoral contará con 73 locales de votación y 578 mesas receptoras de votos, distribuidas en los 18 distritos.

Los comicios definirán a los intendentes y concejales que ejercerán funciones durante el próximo periodo municipal. La competencia entra así en su etapa decisiva, con los candidatos concentrados en obtener el respaldo de los electores en cada distrito.

Disputas en Diputados: ¿Beto Ovelar es el “mero mero” o un “arquero campaña”?

“Lo quieren menospreciar, pero bueno, los pingos se van a ver en la cancha”, dijo Aguilera, en respuesta a “Beto” Ovelar, que había sacado pecho por su “veteranía” en la política.

“Cesarito está en su primer periodo como gobernador; yo llegué a ese cargo en 1998 y sigo jugando en primera división. Cuando tenga 30 años de carrera, pensaremos de otra manera. Con los años, uno evalúa las cosas con mayor racionalidad”, había dicho Ovelar.

Aguilera consideró que precisamente estos “antiguos” políticos atacan a los nuevos liderazgos porque están “preocupados” por su futuro político.

“No sé si tienen temor o no, o sea, Beto tiene -como siempre a él le gusta recalcar- 30 años ya de caminar en la política. El presidente del Congreso (Basilio ”Bachi” Núñez) también tiene su experiencia. Pero sí hay que decir que existe una nueva generación de líderes emergentes que hoy estamos viendo, estamos notando y bueno, seguramente a los más antiguos eso los tiene un poco preocupados", enfatizó Aguilera.

Para sumarle leña al fuego, el senador cartista Carlos Núñez Agüero acusó a los gobernadores de “robar asquerosamente” los millonarios fondos de “Hambre Cero”, que es el programa “estrella” del gobierno de Peña.

Un frente unido contra los senadores por la dupla presidencial

Aguilera también les recordó a los senadores que “Cesarito” Sosa no solo es gobernador de Guairá, sino presidente del Consejo de Gobernadores, y que de los 17, 15 son oficialistas y lo respaldan, “así que tiene un liderazgo demasiado importante, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional”.

Por ello, Aguilera que anteriormente había tildado a Ovelar de “Arquero campaña” por tener “salida vai (mala)” por siempre irse de boca, insistió en considerar que el trasfondo real de las críticas de Ovelar “es parte de la puja de liderazgo que hay ahora, donde los senadores le ven como competidores directos a los gobernadores”.

La pelea con “Beto” Ovelar y los diputados cartista ya tiene varios “rounds”, siendo el más intenso el no muy antiguo pleito por el préstamo de US$ 75 millones para la construcción de “caminos vecinales”, de los cuales la mitad era para el departamento de Ovelar, Caaguazú.

Ovelar, en su afán de “apurar” la sanción del proyecto, fue sin ser invitado a una sesión de Diputados, lo que se tomó como una intento de embanderarse con el proyecto, lo que frenó el tratamiento de dicha iniciativa por casi tres semanas y que le llovieran ataques a Ovelar y viceversa.

En este caso, la pelea se da en el contexto interno de Honor Colorado por la chapa presidencial, donde los senadores respaldan al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, candidato del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes; mientras que los gobernadores, se muestran más alineados con el presidente de la República, Santiago Peña.

Los gobernadores y diputados cartistas, por su parte, hicieron un “frente unido”, y si bien cada uno tiene a su candidato a dupla para Pedro Alliana, “Cesarito” Sosa por los jefes departamentales y el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, por los diputados, acordaron “consensuar” entre ambos.

En conversación con ABC TV, Julio Franco, director del Centro Educativo Integral Eligio Franco, del municipio de Lima, comentó que desde hace años se implementa en esa institución un “reglamento de convivencia”, según el cual los alumnos entregan sus teléfonos celulares todos los días al ingresar al colegio y los dispositivos les son devueltos recién cuando se retiran.

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Franco comentó también que el colegio funciona también como internado y que los alumnos que estudian allí bajo esa modalidad entregan sus celulares los lunes a la mañana y los recuperan recién los viernes a la tarde. “Tenemos teléfonos en la secretaría para que los padres se comuniquen con sus hijos”, añadió.

“Mejoró mucho la convivencia”

El director afirmó que la regla fue implementada “hablando y consensuando con los padres y estudiantes” y que su implementación “mejoró mucho la convivencia en la institución”.

“Hay más contacto personal entre los estudiantes, y desde el punto de vista académico ayuda mucho, tienen más posibilidad de concentrarse en sus estudios”, dijo. “Siempre les estamos inculcando que, en vez de estar con algún jueguito en su teléfono, que utilicen la tecnología para capacitarse”.

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Agregó que solo se autoriza el uso de celulares en el colegio –bajo supervisión– a estudiantes de bachillerato para trabajos que lo requieran.

Franco admitió que ocasionalmente hay resistencia a la medida por parte de algunos alumnos que intentan evitar entregar sus dispositivos.

“Pero eso se va corrigiendo, los propios alumnos les hablan para que entreguen, nos informan a nosotros”, dijo.

Operativo Aurelia: 10 allanamientos simultáneos en investigación de tráfico de oro

Sandoval confirmó que hasta el momento hay cuatro detenidos y siete órdenes de captura en el marco de este procedimiento. El principal objetivo de las búsquedas, un ciudadano iraquí identificado cómo Laith Alzayek, quien presuntamente provee la logística de la estructura, aún no fue localizado, por lo que los investigadores continúan con las actuaciones.

Investigación tras la incautación en el aeropuerto

Esta amplia operación se deriva directamente de la incautación de oro realizada meses atrás en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuyo cargamento permanece depositado en un lugar reservado. La fiscalía sostiene como hipótesis principal que Paraguay funciona como país de tránsito dentro de un esquema internacional. En ese sentido, Sandoval destacó el elevado nivel de pureza del material detectado.

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Pericias químicas y bienes incautados

En la vivienda intervenida se encontraron joyas y diversos metales que van a ser sometidos a una pericia química por parte de peritos especializados. La propietaria de la casa y expareja del sospechoso; Mirtha Cristaldo insistió en que no posee ninguna vinculación con la causa. Para el fiscal, es prematuro confirmar si la misma tiene o no una vinculación real con el caso “hasta que avancen las pesquisas”, insistió.

Los investigadores han incautado además de una serie de evidencias que servirán para determinar si existía una empresa de fachada o vinculación con una joyería instalada en el Silvio Pettirossi. “Todo eso es algo que vamos a confirmar o descartar con la investigación y con los documentos que estamos llevando”, expresó el representante del Ministerio Público.

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Siete órdenes de detención en marcha

Hasta el momento, el operativo Aurelia dejó un saldo de cuatro detenidos y se emitieron siete órdenes de detención contra los integrantes de la organización.

🔴 OPERATIVO POR ESQUEMA DE ORO: YA HAY 4 DETENIDOS Y 7 ÓRDENES DE DETENCIÓN

🚨 La Fiscalía avanza con un operativo contra un presunto esquema internacional relacionado con el tráfico de oro. El fiscal Juan Ramón Sandoval confirmó que hasta el momento hay cuatro detenidos y… pic.twitter.com/MiwBT3Eosu

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

Los análisis de todos los elementos requisados continúan mientras concluyen con el resto de las intervenciones simultáneas en distintos puntos.

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Según la legisladora, “Rivas no fue un llanero solitario” y detrás de su situación se esconde un esquema institucional que podría involucrar a miles de documentos irregulares.

Durante declaraciones previas a una reunión de la comisión investigadora, Martínez señaló que solo la Universidad Sudamericana emitió en su momento unos 2.550 títulos bajo sospecha, correspondientes a unas 20 carreras.

A esto se suman casos detectados en otras instituciones donde se presentaron títulos de abogado emitidos el mismo año de creación de la carrera o con certificados de institutos que ni siquiera impartían dicha disciplina.

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“Acá lo que se sospecha no es que alguien imprimió un título falso, sino que se imprimió un título auténtico con contenido falso, y ese contenido falso se hizo con la ayuda de mucha gente”, enfatizó la senadora.

Al mismo tiempo propuso cruzar información tributaria con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar si los supuestos profesores realmente cobraron honorarios y ejercieron la docencia.

Para la parlamentaria, el problema responde a una estructura mafiosa que operó tanto en las universidades como en el MEC y la propia Corte Suprema de Justicia, donde, según denunció, existen antecedentes de personas que admitieron la falsedad de sus documentos y la Corte se limitó a derivar el caso al Ministerio Público sin cancelar las matrículas.

Críticas al cartismo y impacto internacional

Consultada sobre la postura del sector político oficialista (cartismo) respecto a Rivas, Martínez fue lapidaria al afirmar que sus integrantes sabían de las irregularidades y actuaron con complicidad al respaldarlo sistemáticamente en su momento, colocándolo incluso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Ahora ellos se declaran como los principales estafados, no como cómplices... Y claro, es que no tienen otra opción para evitar la vergüenza pública que hoy significa el caso Hernán Rivas, un desprestigio internacional para el Senado y una catástrofe institucional para la democracia paraguaya”, sentenció.

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Finalmente, advirtió sobre la gravedad de que todas las actuaciones de Rivas en el JEM queden bajo manto de duda, comparando este esquema con el utilizado en su época por el fallecido exsenador Óscar González Daher para premiar a aliados o perseguir a magistrados honestos.

Por unanimidad, los camaristas Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi declararon inadmisible el recurso de apelación especial interpuesto por la defensora pública Mirtha Paola Florentín, contra la sentencia definitiva (SD) N° 280, dictada el 23 de junio pasado.

En la ocasión, el Tribunal de Sentenca Especializado en Crimen Organizado presidido por Inés Galarza e integrado por Juan Dávalos y Pablino Barreto declaró probada la acusación presentada por el fiscal Andrés Arriola.

Así fue el secuestro exprés de Silvino Villalba en Capitán Bado

La acusación revela que el 19 de enero de 2019 Ramón Ferreira, conjuntamente con su padre Crispín Ferreira y sus hermanos Marcelino y Estanislao Ferreira Chávez se trasladaron hasta Capitán Bado para secuestrar a Silvino Villalba Salinas, de 65 años, lo que se materializó el 22 del mismo mes.

En la fecha mencionada, la víctima salió de su residencia ubicada en la zona céntrica de Capitán Bado y se trasladó a su establecimiento ganadero ubicado en la colonia Mariscal López (Segunda Sección).

Denuncian secuestro exprés en Capitán Bado

Al llegar al local, el ganadero fue reducido por cuatro sujetos armados y llevado hasta una casa ubicada en el fondo del establecimiento, donde encontró a su personal Ubaldino Cuenca Barreto inmovilizado.

Posteriormente, ambas víctimas fueron llevadas esposadas hasta una camioneta en la que salieron del establecimiento y se dirigieron hasta la zona conocida como Yvype, donde uno de los captores dijo a Villalba que tenía que conseguir 70 mil reales en efectivo, de lo contrario los matarían.

Ante esta situación, Villalba contactó con su yerno, el concejal Ronald Lorenzo Riveros para que pague el rescate -que quedó finalmente acordado en 50 mil reales- que fue entregado en la zona de Ka’aguy Poty, a orillas de un arroyo.

Condenado retiró dinero del rescate, según testigo

“(...) el dinero ha sido llevado hasta el lugar por agentes policiales de la Oficina de Investigación de Delitos de la ciudad de Capitán Bado, Ofic. Insp. Hernán Daniel Fernández, y el Sub. Ofic. Insp. Jorge Espínola, quienes se dirigieron hasta el lugar pactado con los captores llevando el dinero acordado a bordo de una motocicleta provista por familiares de la supuesta víctima; habiendo llegado a un kilómetro aproximadamente del lugar pactado, el Oficial Inspector Hernán Daniel Fernández ha descendido de la motocicleta y se ha ocultado entre las malezas, mientras que el Oficial Insp. Jorge Espínola ha continuado el trayecto hasta el lugar indicado por los captores”, relata la acusación.

Liberan a secuestrados en Capitán Bado

Posteriormente, Fernández reconoció al acusado Ramón Ferreira Chávez como la persona que se trasladó en moto al lugar indicado por los secuestradores para retirar el dinero del rescate, depositado en un sobre. Momentos después, las víctimas fueron liberadas.

Subjefe de Antisecuestro falleció en enfrentamiento con secuestradores

Recordemos que en el marco de la investigación del secuestro de Silvino Villalba, el 24 de enero de 2019 agentes de Antisecuestro de la Policía rastreaban a los delincuentes en un camino vecinal de la zona conocida como Cerro 21, oportunidad en que se produjo un enfrentamiento con resultado fatal.

Los agentes, liderados por el subjefe del departamento Antisecuestro de la Policía, comisario Rufino Acosta Gill, de 43 años, interceptaron un camioneta, cuyos ocupantes dispararon contra el rodado en el que se desplazaban los policías.

El subjefe de Antisecuestro fallece en un tiroteo con secuestradores

Como consecuencia del tiroteo, perdió la vida el comisario Rufino Acosta Gill, quien acusó un disparo en la cabeza y pese a ser auxiliado y trasladado hasta un sanatorio, donde se produjo su deceso. También murió en el enfrentamiento Estanislao Ferreira Chávez.

En el lugar fueron arrestados Crispín Ferreira y Rafael Benítez Dos Santos, quien conducía el vehículo interceptado por los agentes. Posteriormente, los agentes capturaron a Marcelino Ferreira Chávez.

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“La conducta atribuida a Ramón Ferreira Chávez revela conocimiento de la privación de libertad y adhesión voluntaria al plan común de obtener el pago del rescate, pues su presencia en el punto de retiro del dinero debe entenderse como una manifestación concreta de su integración al propósito extorsivo que daba sentido al hecho. Concurre, por tanto, el dolo directo, acompañado del elemento subjetivo especial consistente en la finalidad de lucro ilícito mediante rescate”, concluyó el fallo de primera instancia, ahora ratificado por la Cámara.

“Para la admisión de un recurso el mismo debe contener agravios concretos y expresar la solución propuesta, el escrito de recurso debe informar de manera clara y concisa el agravio invocado, que puede estar basado en la mala aplicación del derecho penal material, por error de subsunción en los presupuestos de la punibilidad, al que debe referirse concretamente o por error de interpretación de un precepto procesal que a su vez vulnera un precepto jurídico establecido en el CPP, debiendo determinar el nexo de causalidad entre la errónea interpretación y la garantía cuya vulneración reclama”, explica el Trbunal de Apelación, al resaltar que nada de eso expuso la defensa en su presentación.

Dichos fallos otorgaban un procedimiento abreviado con condenas en suspenso y una suspensión condicional del procedimiento a favor de Khalil Ahmad Hijazi y otros siete procesados por un esquema de megaevasión y contrabando.

Por mayoría de votos, con las posturas de los magistrados Arnaldo Fleitas Ortiz y Camilo Torres (con disidencia parcial del juez Paublino Escobar), el Tribunal detectó que el Juzgado de Garantías celebró la audiencia preliminar sin convocar ni notificar previamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en su condición de víctima y ente autárquico afectado por la defraudación tributaria.

En primera instancia, el Juzgado había condenado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Hamze Ali Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos y Juan Carlos Sorazabal Rodríguez a penas de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, imponiéndoles además el pago de G. 400 millones en concepto de “reparación del daño social”.

Por su parte, la procesada Laila Khalil Hijazi Fernández había sido beneficiada con la suspensión condicional de la causa.

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Esquema de sustitución de facturas

De acuerdo con el archivo del caso iniciado por la Fiscalía, la firma España Informática S.A. realizaba cuantiosas importaciones de artículos electrónicos (principalmente provenientes de Estados Unidos) a través del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú.

El esquema operativo consistía en sustituir las facturas comerciales originales por comprobantes con montos y cantidades adulteradas ostensiblemente inferiores. Los despachantes aduaneros (Espinoza Ríos y Sorazabal Rodríguez) utilizaban estos documentos falsificados para liquidar e ingresar las mercaderías al país pagando tributos por debajo de lo legalmente exigido.

Según la acusación fiscal, el valor real de los productos ingresados ascendió a US$ 132.271.212, mientras que la suma declarada mediante los comprobantes apócrifos fue de solo US$ 79.948.648, lo que generó un perjuicio directo y una diferencia total no declarada de US$ 52.516.091.

Con la anulación de la audiencia preliminar y de las resoluciones dictadas por el juez Otazú, la causa deberá retomar el trámite procesal para la realización de una nueva audiencia con la intervención formal y obligatoria de la DNIT y de la Procuraduría General de la República (PGR).

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En la oportunidad, el religioso agradeció a los pobladores de estas lejanas comunidades chaqueñas por las enseñanzas que, según dijo, recibió de ellos durante todo este tiempo. Afirmó que pudo observar en cada familia una fe sencilla, recta y hospitalaria.

El obispo sostuvo, además, que conoció verdaderas lecciones de dignidad y resistencia de parte de los hermanos de las comunidades indígenas. Dijo estar conmovido por la manera en que sostienen la caridad y la oración comunitaria, teniendo en cuenta que en varias ocasiones pasan largas semanas sin la presencia física de algún sacerdote o religiosa.

“Ustedes, los más pobres y necesitados, han sido mis verdaderos maestros del Evangelio”, expresó. Dijo que puede marcharse contento y enriquecido por esa calidez y resiliencia, que consideró dignas de admirar e imitar.

Un Chaco que clama justicia

El obispo dijo que en varias ocasiones se tuvo que gritar con fuerza para denunciar las injusticias sociales: “Ya ovaléma” (ya basta). Señaló que esta situación puede observarse hacia los paraguayos que hacen patria en estas partes del país y sostuvo que el Padre Dios nos creó para que todos seamos felices y no solamente algunos privilegiados.

“Todos tenemos derecho a vivir con dignidad”, afirmó. Mencionó entre las necesidades básicas el acceso a tierras propias, una casa digna, caminos de todo tiempo, agua potable, electrificación estable, trabajo para todos y una atención de salud adecuada, con medicamentos y profesionales especialistas en los hospitales.

No vendan sus votos

Escobar pidió a las personas “no vender sus votos”, porque, además de considerarlo un pecado mortal, señaló que con esta práctica se está hipotecando el futuro de cada uno y, de manera especial, el de los hijos.

También recordó que quienes ingresan al servicio público deben hacerlo para servir al pueblo y no para obtener beneficios personales.

“Sigan cuidando la salud de Don Pueblo”, exhortó el religioso. Pidió además no dejar de custodiar y exigir transparencia sobre aquello que pertenece al pueblo, como el destino de los fondos públicos, que deben ser utilizados para obras sociales, entre ellas el equipamiento de los hospitales de la zona y la construcción de caminos de todo tiempo.

El pueblo en primer lugar

El obispo recordó que se debe poner al pueblo y al bien común por encima de cualquier disputa política, ideológica o interés particular, por lo que consideró necesario superar las divisiones sociales.

“Se debe evitar la politiquería”, sostuvo, al señalar que las divisiones partidarias solo fragmentan los hogares, mientras que permanece para siempre el mandato del amor al prójimo.

“Procuren mantener la unidad basada en los valores cristianos”, pidió el obispo.

Consagración de la Catedral

El obispo recordó el 28 aniversario de la consagración de esta Catedral, que fue consagrada por el entonces monseñor Zacarías Ortiz, hoy fallecido, quien durante varios años estuvo al frente del Vicariato Apostólico del Chaco.

La misa, señaló el obispo, reúne a la comunidad en la solemnidad de la consagración de esta imponente Catedral dedicada a María Auxiliadora. Explicó que esta celebración hace presente la respuesta del hombre al llamado de Dios para contar con un espacio donde las personas, llamadas a la comunión y al diálogo filial con el Creador, tengan un lugar de encuentro sagrado.

“La Catedral es el principal lugar donde el Señor nos llama, nos acoge, nos enseña y nos bendice. Es, además, la morada y el signo de la Iglesia encabezada por el obispo. No somos solamente católicos de una parroquia determinada; somos católicos de una Iglesia universal”, refirió.

Despedida

Tras una serie de visitas a las diversas comunidades de la zona, donde el obispo se fue despidiendo, la realizada en la mañana de este jueves fue la despedida oficial.

El próximo domingo 27, en la Catedral Metropolitana de Asunción, monseñor Gabriel Escobar asumirá el cargo de obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.

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Numerosas delegaciones de diferentes parroquias del Vicariato llegaron hasta Fuerte Olimpo para participar de esta despedida del obispo. También estuvieron presentes autoridades de la zona.

Monseñor Escobar recibió diversas menciones conmemorativas de instituciones de la zona por los años de servicio apostólico que desarrolló durante más de una década en el Vicariato Apostólico del Chaco, jurisdicción que abarca todo el departamento de Alto Paraguay y la comunidad de Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes.

La Fiscalía, representada por los agentes Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, solicitaron el lunes último la aplicación de una condena de 12 años de privación de libertad, al considerar probados los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas por su título falso de abogado

Por su parte, la defensa de Hernán Rivas, representada por la abogada Alba Zaracho, presenta sus alegatos finales. Previamente, al inicio del juicio, adelantó que corresponde la absolución porque no “corresponde ningún tipo de pena, y que las calificaciones, específicamente grave, no corresponde aplicarse en este caso”.

Ya en el marco del juicio y la presentación de sus alegatos finales, Zaracho indicó que “el artículo 17 de la Constitución Nacional y el “in dubio pro reo” se aplica en dos aspectos; uno, la falta de información favorece al acusado porque lo que se demostró es que la universidad carece de archivo y ese vacío no puede condenar”.

Reiteró que “no se puede destruir el estado de inocencia por lo que falta” y “se tuvo que haber visto si la documentación existía, si hubo alguna vez o fue destruida por paso del tiempo por la universidad. Pero, esa búsqueda no se agotó. Por lo tanto, tener por probado el hecho punible merece certeza”.

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Luego indicó que “tampoco hay una descripción y acción concreta que haya realizado Hernán Rivas, sobre los resultados que se le atribuyen, de cómo se aprovechó de una estructura débil, cómo hizo la gestión. ¿Mintió a la gente del MEC? ¿Alguien de ahí le ofreció algún documento? ¿Cómo se aprovechó? ¿lo pidió, ofreció, alguien propuso algo?, ¿fuiste y lo solicitaste?, tiene que haber una acción corporal que te lleve al aprovechamiento”.

Tras escuchar los alegatos finales de la defensa, el Tribunal de Sentencia consultó a la Fiscalía si haría uso de su derecho a réplica, a lo que la agente Patricia Sánchez sostuvo que se ratificaba “in totum” en sus argumentaciones. Posteriormente los jueces se retiraron a deliberar y estimaron un tiempo de 3 horas y media para ello.

Fiscalía no acreditó la conducta de Hernán Rivas, según defensa

La abogada Alba Zaracho, defensa de Hernán Rivas, refirió que en el Auto Interlocutorio (AI) N° 850 -resolución que elevó a juicio oral por el uso de documentos públicos de contenido falso- se definen las tres porciones fácticas del Ministerio Público y que se complementó con el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se enumeraron los documentos oficiales.

Aquellos son la Resolución N° 1438 del 3 de junio de 2020, de la Cámara de Diputados, el Acta N° 4773 por la que se otorgó su matrícula el 7 de julio de 2021, y la Resolución N° 21 del 6 de julio de 2023, de la Cámara de Senadores.

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En relación a ello, para Zaracho la acusación fiscal “no contempló la producción de estos documentos como relato fáctico porque se basó en el registro del título”. Atacó luego que en la acusación fiscal “no hay una separación de qué parte es producción mediata y qué parte es uso. No pueden convivir estos hechos”, apuntó la abogada.

Indicó en otro momento que “las resoluciones de las cámaras reflejan decisiones emitidas por funcionarios público y son oficiales, pero lo que no hacen es dar fe ante el marco legal, eso queda reflejado en la resolución. Además, la calidad de abogado que se sostiene y es inherente ante el JEM no es por sí sola susceptible de certificación”, argumentó la abogada de Hernán Rivas.

Así también, para la abogada Zaracho, “de los tres documentos que se atribuyen como documento falso, ninguno fue emitido por autoridad que puede certificar hechos pasados respecto a la calidad de abogado de Hernán Rivas, también en este sentido el uso del documetno no está comprendido en la acusación, porque para que haya uso, el documento se tuvo que presentar, exhibido. La invocación del documento no es un uso”.

“La definición de la conducta ya tiene que estar determinada en la acusación y no se construye durante el juicio”, cuestionó la defensa a la Fiscalía.

“La conducta se impone sobre algo que la persona hizo, una expresión física externa, hacer valer es un concepto, ¿qué gestión hizo para hacer valer su calidad de abogado? ¿qué acción? ¿qué gestión hizo para lograr ser parte?. No hay una descripción concreta”, refirió la abogada Zaracho.

Después expresó que “tiene que haber algo que él -Hernán Rivas- haya hecho con su cuerpo, se haya visto, una conducta, que él llevó o pidió a otro que lleve”, sobre los documentos para certificar el uso de los mismos. Para la defensa, “la conducta es atípica sobre los tres documentos públicos y oficiales, porque los funcionarios no pueden certificar su calidad de de abogado”, añadió.

Pidió prescripción de la causa y absolución de Hernán Rivas

En otro momento, Alba Zaracho solicitó al Tribunal de Sentencia declarar la prescripción del hecho punible de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. También, “descarto lo del uso porque no hay descripción del uso del documento”.

La abogada Zaracho basó su pedido en que el artículo 251 del Código Penal establece que el castigo será 3 años de privación de libertad o multa, y que el hecho ocurrió el 3 de junio de 2020, por lo que consideró que, prescribió el 3 de junio de 2023, antes de la denuncia presentada el 19 de octubre de 2023, antes de la imputación del 18 de enero de 2024 y antes del desafuero del 15 de febrero de 2024, y tampoco concurrieron causas de suspensión o interrupción, señaló la profesional.

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Para la defensa, cuando Rivas remitió la copia autenticada de su matrícula de abogado, ya había sido elegido por la Cámara de Senadores, por lo que “hay una cuestión típica que no se cumple, la intención de inducir al error, porque ya había sido electo ante el JEM, no tenía que convencerle a nadie, ya no tenía fin de inducir al error, porque ya estaba electo, por lo tanto era para volver a acreditar y si fuera así, igual no tiene la calidad de fuerza para inducir al error”.

En otro momento hizo mención a la calificación de especialmente grave que hizo el Ministerio Público sobre Hernán Rivas, y la abogada Zaracho dijo que “no corresponde, porque lo único que hizo el Ministerio Público con ella es que elevó la pena hasta 10 años”.

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Sobre la medición de la pena, Zaracho dijo que la Fiscalía no tuvo en cuenta el grado de reproche del acusado y “ante la falta de explicación -sobre el grado de reproche- que permita determinar un marco penal mínimo y máximo, se pasó a hacer un cálculo de pena máxima y se restó de ello, y no es la manera correcta de pedir pena”.

“La petición de pena está sustentada en afirmaciones que no tuvieron respaldo probatorio y no tuvieron determinación en el juicio” y a su consideración existe una “falta de tipicidad”, por lo que solicitó que, “eventualmente se declare la prescripción de la primera porción fáctica del art. 252 (sbore el uso), que no se haga lugar a la petición de calificar el hecho como especialmente grave y subsidiariamente absolver por el principio ‘in dubio pro reo’ (ante la duda, a favor del acusado) por no alcanzarse el grado de certeza que exige una condena”.

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En parte de sus alegatos, la abogada Alba Zaracho, hizo referencia a la razón geográfica citada por el Ministerio Público sobre que el traslado de Hernán Rivas desde Itapúa hasta Luque o Pedro Juan Caballero o incluso Ciudad del Este, era imposible teniendo en cuenta que el mismo era concejal municipal de María Auxiliadora.

Zaracho indicó que entre Itapúa y Ciudad del Este hay unos 150 kilómetros y el periodista Orlando Bareiro –testigo de la Fiscalía- dijo que serían unos 174 kilómetros, pero serían solo dos horas de viaje; no es un traslado imposible, puede ser una logística complicada, pero imposible no es”.

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Cuestionó también que el testigo Bareiro había dicho que Hernán Rivas cumplía horario, “pero hay constancia de que era concejal, pero no hay de qué horario había que cumplir, el único horario que tenía era el de las sesiones de la junta y no fue agregado ningún registro de marcación que establezca su horario”, en cuanto a su presencia en los sitios laboral y de estudio, al mismo tiempo.

Sobre que en certificados de estudios de la Universidad Sudamericana se consignaban en Luque, Zaracho expresó “el único certificado que tenemos es el de Hernán Rivas, por qué se no se buscó el de los demás para ver si tenían la misma ciudad, porque se presenta el caso de Rivas como excepción y solo su certificado tenía esa condición”.

Por otra parte, Zaracho también mencionó las fuentes primarias –documentos originales- y en tal sentido, refirió que “el Ministerio Público debe probar que esa documentación no existe. Se cuestionó mucho una cadena entre Acevedo, Rodríguez Kennedy y Barúa, pero la Fiscalía podía constituirse o allanar la universidad para contar con esas fuentes”.

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“Todo se construye sobre la base de que no hay o porque no hubo. Si vamos a construir en base a ello, hay que agotar la búsqueda y acá no se agotó la búsqueda”, subrayó la abogada defensora de Hernán Rivas.

A ello sumó la declaración del vicerrector Hermann Weisensee a quien se le cuestionó sobre la documentación relacionada a Rivas, y había dicho que la universidad solo guardaba documentos por 5 años y cuando se pidió la documentación ya habían transcurrido más de 5 años, según expresó Zaracho.

Además, “las leyes del MEC no le dice qué documentos y por qué plazo guardar, por lo que si no están obligados por norma, que les diga qué guardar, no se puede atribuir a Hernán Rivas la culpa de eso”.

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Sobre la tesis y la contradicción de temas en certificados de estudio, Zaracho manifestó que “ la universidad le pone nombre de tesis y obviamente no tiene los requerimientos de una tesis doctoral”, así también atacó el punto de las horas cátedra, “el alumno no tiene decisión sobre el contenido del certificado de estudios, afortunadamente en el anexo 1, hay certificados de otros alumnos de la universidad que terminaron en 2015 y coinciden esas horas”.

Displicencias y contradicciones en cuanto a la documentación en el MEC

En cuanto a lo acontecido en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “si sus funcionarios no controlaron, no se le puede atribuir la culpa a Hernán Rivas porque no se explicó cómo intervino” y “los exámenes el mismo día, todos los datos del certificado indican el mismo mes y año, pero no es un documento generado por Rivas y queda descartado que rindió cinco materias en un día”.

Sobre el dictamen, indicó que fue el funcionario de Transparencia, Rodrigo Ramírez, quien elaboró el dictamen en el cual se ve que “los cuestionamientos son cuestiones formales, relacionadas a los datos que tienen que tener el ceritficado, no dice que Hernán Rivas no cursó la carrera, pero hay evidencia de que la Universidad sí se catastró en el CONES, en forma posterior al informe de Transparencia”.

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En cuanto al registro del título ante el MEC, “no es objeto de juicio, entonces hablamos de títulos vigentes y que son válidos, cuyas firmas son auténticas”. En ese aspecto, “no hay acciones de Rivas descriptas en estas gestiones, no tenía injerencia sobre decisiones internas de la universidad”.

Con relación a la velocidad inusitada en el MEC para el registro del título, específicamente sobre la orden de arriba, Zaracho mencionó que “la orden vino de alguien que dijo que le dijeron que eso tiene que salir, pero eso fue negado por Ricardo Ortiz y Eduardo Petta, y a parte el certificado está hecho por una funcionaria que en juicio dijo que no hizo su trabajo”.

“Esto tiene una contracara, porque hay otros dos testigos que también hicieron rapidísimo sus trámites en el MEC, Guido Gauto dijo que tuvo su registro en una hora en el MEC, que la universidad tardó tres meses, y lo dijo el 14 de agosto de 2026; Ever Ortiz, le dio a un gestor y retiró en la misma mañana”, detalló Zaracho.

Y por último cuestionó a la Fiscalía, otra vez, sobre la remisión de testigos para que sean investigados por por testimonio falso. “Es innecesario porque el Ministerio Público tiene las facultades para iniciar de oficio la investigación, pero hay una situación de que no fueron testigos ofrecidos por la defensa, sino por el Ministerio Público y que declararon en el Ministerio Público”, amplió la abogada Alba Zaracho.

Amplían rango de edades para vacunación contra el dengue

Según la autoridad, esta decisión responde a la preocupante situación epidemiológica regional, caracterizada por la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue en países vecinos.

En el territorio paraguayo, la mayoría de los casos se deben al serotipo 1, lo que deja a un amplio sector de la sociedad susceptible a desarrollar cuadros graves ante la eventual entrada de otras cepas.

La medida es coordinada entre la Dirección General de Vigilancia de la Salud y el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones.

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En estos distritos se aplica la vacuna contra el dengue hasta los 60 años:

• Ciudad del Este,
• Presidente Franco,
• Hernandarias,
• Pedro Juan Caballero
• y Villarrica.

Esquema de inmunización y perfil de la vacuna

El plan contempla la administración del fármaco producido por el laboratorio japonés Takeda, el cual requiere un esquema de dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. “La evidencia científica disponible demuestra que la protección se extiende por al menos cinco años, ofreciendo cobertura contra los cuatro serotipos de la enfermedad”, subrayó Cousirat.

“Se trata de la única vacuna autorizada y disponible en el mercado que ha certificado su eficacia y seguridad tras la administración de millones de dosis a nivel global”, añadió.

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Desde el PAI señalan que los efectos adversos son leves y transitorios, limitándose a un ligero dolor en el lugar de la inyección que desaparece en un plazo de 24 a 48 horas.

Contraindicaciones y recomendaciones médicas

El titular del programa advirtió que al ser una inmunización formulada con virus vivo atenuado (la misma plataforma utilizada en las vacunas contra la fiebre amarilla, el sarampión y la varicela), existen ciertas restricciones de uso.

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“Su aplicación está contraindicada en mujeres embarazadas, personas en tratamiento con corticoides a altas dosis, pacientes bajo tratamiento contra el cáncer o con inmunosupresión, así como en aquellos que conviven con VIH, quienes deben realizar una consulta previa con su médico”, dijo Cousirat.

Por el contrario, los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cardiopatías no requieren autorización previa y son los principales beneficiados, según el especialista.

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“Las estadísticas de salud indican que los casos más severos se presentan en personas con estas patologías de base, por lo que la expansión del rango de edad representa un avance crucial para su protección”, señaló la autoridad.

Baja percepción del riesgo y prevención

A pesar de contar con más de 70.000 dosis disponibles, apenas se han aplicado poco más de 5.000 vacunas, un fenómeno atribuido a la baja percepción del riesgo entre la población. Las autoridades advierten de que la calma epidemiológica reciente no debe generar confianza desmedida. “El dengue hoy no es tapa de diario, entonces es el momento de prepararnos”, afirmó Cousirat.

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Las condiciones climáticas inminentes, con la llegada del fenómeno El Niño que trae consigo periodos de mucha lluvia y elevadas temperaturas, configuran el escenario idóneo para la proliferación del mosquito transmisor. Por ello, la cartera sanitaria insiste en la importancia de completar el esquema de vacunación de forma preventiva antes de un eventual repunte de contagios.

El órgano parlamentario —conformado tras el escándalo por la imputación de dos expresidentes y varios funcionarios por supuestos malos manejos de fondos y obras— acordó iniciar sus audiencias el próximo 8 de octubre con la citación al contralor general de la República, Camilo Benítez, para luego dar paso a las autoridades de la previsional y del sector financiero.

El titular de la comisión investigadora del Senado informó que se ajustó el cronograma inicial de actividades.

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Convocan a contralor general

Aunque en principio se contemplaba convocar en primer lugar al presidente del IPS, Derlis León, los integrantes del cuerpo legislativo determinaron que sea el contralor general de la República quien abra la serie de comparecencias el próximo 8 de octubre, presentando los reportes e informes de auditorías financieras y de gestión realizadas a la institución.

Posteriormente, en la semana siguiente, se prevé la presencia de las autoridades y directivos del IPS.

IPS: 36 formularios sobre activos, deudas y personal

Según explicó Amarilla, la comisión elaboró un conjunto de 36 formularios de recopilación de datos de carácter multidimensional, considerando la complejidad del IPS. Las solicitudes abarcan aspectos clave de la gestión institucional:

• Recursos humanos: informes sobre la totalidad del personal, detallando directivos, administrativos y personal de blanco.
• Contrataciones y tercerizaciones: rendición sobre contratos, adjudicaciones, pagos realizados, servicios tercerizados y los criterios aplicados para seleccionar a qué proveedores abonar.
• Pasivos y deudas: origen de la acumulación de deudas, nómina de proveedores acreedores, montos bancarizados, plazos y tasas de interés.
• Activos e inmuebles: inventario detallado de equipos, edificios y propiedades de la institución, especificando cuáles están arrendados o en proceso de venta.
• Insumos y fondos: volumen y stock de medicamentos, así como el historial de colocaciones financieras.

Aunque las herramientas de control se diseñaron enfocadas exclusivamente en el IPS para esta primera fase, se prevé que varios de estos formularios sean utilizados más adelante para requerir información al Ministerio de Salud, conforme indicó Amarilla.

Indagación sobre la colocación de fondos jubilatorios

Otro de los ejes principales de la investigación apunta a la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones y su colocación en el sistema financiero.

La comisión solicitó informes sobre el período comprendido entre 2021 y la fecha actual, ante la sospecha de una histórica concentración de recursos en determinadas entidades bancarias.

“Nosotros pedimos que el IPS nos remite los datos en el período 2021 a la fecha porque sospechamos que la concentración de fondos siempre hubo, solo que ahora se abrieron otros competidores en materia de captación de fondos. Pero esa sospecha queda solamente en ese ámbito hasta que tengamos esos datos fehacientemente informados por la previsional”, declaró el senador.

En el marco de este eje, se agendó para el mes de noviembre la citación de la superintendente de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, así como de representantes de los diversos gremios bancarios -como Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay (ABAFI)- para evaluar el cumplimiento de las normativas del Banco Central del Paraguay (BCP) y los límites de colocación.

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Derivación de hallazgos a la Fiscalía

Consultado sobre el actuar de la comisión en caso de detectar indicios flagrantes o sospechas fundadas de corrupción durante el proceso de relevamiento de datos, Amarilla señaló que el procedimiento reglamentario consistirá en elevar un informe detallado al pleno de la Cámara de Senadores.

Agregó que será dicho estamento el encargado de formalizar las denuncias correspondientes ante las instancias pertinentes, incluyendo al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo.

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“No es prioridad para nosotros -designación de su dupla para las elecciones del 2028-; la prioridad es el 4 de octubre, después de las elecciones municipales nos sentaremos a hablar”, sostuvo.

Agregó que la prioridad es la gestión de gobierno, “hoy estoy como presidente de la República. Lo que respecta a lo político, la prioridad son las elecciones del 4 de octubre.”, aseguró.

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“Salir a trabajar, los candidatos nos necesitan en las trincheras, no nos necesitan desde las pantallas de los celulares ni por los medios de comunicación”, afirmó.

En el comunicado, las organizaciones califican el reclamo como improcedente y denuncian un intento de presión para lograr privilegios tarifarios injustificables.

El conflicto se remonta al 3 de mayo de 2022, fecha en la que la ANDE y Atome suscribieron un contrato de suministro de energía eléctrica en 220 kV para una planta industrial en Villeta, sujeto a la Categoría 620 del Pliego 21.

El acuerdo inicial contemplaba una vigencia de 10 años prorrogables y establecía expresamente que el usuario debía adecuarse a cualquier modificación de estructura o reajuste tarifario.

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Si bien el contrato fue modificado posteriormente mediante tres adendas (en noviembre de 2022, julio de 2023 y septiembre de 2024) para ajustar la potencia reservada y el plan de puesta en servicio, ninguna de ellas alteró el régimen tarifario ni garantizó tarifas fijas a la empresa.

La cuarta solicitud y el rechazo de la ANDE

En noviembre de 2025, Atome presentó una cuarta solicitud de modificación contractual de gran envergadura, que incluía contratos a 20 años, una tarifa integrada fija de 30 USD/MWh por los primeros 10 años y cláusulas especiales de arbitraje internacional.

Sin embargo, mediante la Nota de Presidencia N° 2380/26 del 26 de junio de 2026, la ANDE respondió formalmente que no resultaba factible modificar las condiciones del contrato original.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo había dictado en enero de 2026 el Decreto N° 5307/26 que creaba el grupo de consumo “Energía a X” y, posteriormente en abril, el Decreto N° 5861/26 que fijaba un límite máximo de 250 MW.

No obstante, ambos decretos fueron dejados sin efecto el 9 de junio de 2026 por el Decreto N° 6214/26 al determinarse que resultaban perjudiciales para la institución e imponían un subsidio injustificado a un sector particular en detrimento de los demás consumidores nacionales.

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Riesgo asumido de forma voluntaria

Los gremios sostienen que Atome anunció su decisión final de inversión en abril de 2026 a pesar de que las modificaciones contractuales solicitadas nunca fueron aprobadas ni concretadas.

Por lo tanto, al avanzar bajo esas condiciones, la empresa asumió un riesgo propio y voluntario cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas ni responsabilizadas al Estado paraguayo, según exponen.

Finalmente, el comunicado advierte que la pretensión de Atome de vincular acuerdos de financiación previos, hechos antes de la existencia de los decretos derogados, con un arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversión (Reino Unido-Paraguay) carece de sustento jurídico.

Ante este escenario, los gremios exigen a las autoridades nacionales mantener una posición firme en la defensa de los intereses soberanos y la credibilidad del país.

Para promocionar este encuentro, la institución difundió a través de sus redes un material audiovisual encabezado por el exministro de Salud y reconocido médico reumatólogo Julio Mazzoleni.

Un espacio para la familia y los pacientes

De acuerdo con los detalles brindados por Mazzoleni, el evento se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en el puerto del muelle de la ciudad de Asunción. La jornada promete ser un espacio íntegramente dedicado a la recreación y el esparcimiento. En ese sentido, el médico adelantó que durante el encuentro “habrá entretenimiento, música y muchas sorpresas”.

El objetivo principal de la organización es brindar un momento de alegría y acompañamiento mutuo para quienes sobrellevan estas patologías crónicas. “Queremos celebrar juntos. Trae a tu familia, vení a disfrutar”, expresó el especialista.

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¿Quién es Julio Mazzoleni?

El doctor Julio Daniel Mazzoleni Insfrán es médico cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Posteriormente, continuó sus estudios superiores en Estados Unidos, donde completó la especialización en Reumatología en la Universidad Emory.

A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y ejerció la presidencia de la Sociedad Paraguaya de Reumatología en dos periodos. Además, cuenta con experiencia docente en el área médica y prestó servicios en la Sanidad Militar por 18 años.

En la función pública, ejerció el cargo de ministro de Salud Pública y Bienestar Social entre agosto de 2018 y marzo de 2021. Su paso por la cartera sanitaria estuvo marcado por la pandemia de covid-19 y su salida fue el desenlace del malestar social a causa del desabastecimiento de los hospitales y el retraso en la llegada de las vacunas.

Actualmente, trabaja en el sector privado y se desempeña como conferencista del área de reumatología, tanto a nivel local como internacional.

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Operativo Aurelia: 10 allanamientos simultáneos en investigación de tráfico de oro

“Según me informó el fiscal Sandoval, se libraron 10 órdenes de detención y se están realizando seis allanamientos simultáneos. Esta vivienda pertenece a mi representada, la señora Mirtha Cristaldo, quien es propietaria del inmueble desde hace más de 40 años y vive aquí con su hija. La persona que buscan no reside en este domicilio”, afirmó el abogado Víctor Melgarejo.

🔴OPERATIVO AURELIA: DETENIDOS POR TRÁFICO DE ORO Y LAVADO DE DINERO

👉Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron esta mañana en simultáneo diez sitios en Asunción y el departamento Central y detuvieron a varias personas en el marco de un operativo… pic.twitter.com/n9XO8KgOUD

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

En ese sentido, explicó que tanto su defendida como la hija de esta no son objeto de ninguna investigación por el momento. “El fiscal me indicó que, dado que mis clientas no están siendo investigadas, requeridas, imputadas ni acusadas por ningún hecho punible, no corresponde mi intervención para validar los actos. Los intervinientes solo están realizando una verificación del inmueble para ver si encuentran algún indicio vinculado a la causa”, insistió.

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Melgarejo admitió desconocer los términos exactos de la orden de allanamiento al no tener participación formal en el procedimiento. No obstante, según lo conversado con el fiscal, la intención del Ministerio Público es verificar si existe algún elemento dentro de la casa que pueda vincularse con la investigación del Operativo Aurelia.

Hubo un asalto a la vivienda

El abogado relató que hace más de un año sus clientas fueron víctimas de un asalto domiciliario con toma de rehenes en esa misma propiedad. “En esa oportunidad formulamos la denuncia en la Comisaría 10ª y entregamos las grabaciones de circuito cerrado, donde se observaba a personas de tez morena y acento brasileño. En esa ocasión, los delincuentes se llevaron las joyas personales de la hija de la Sra. Cristaldo”, señaló.

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Asimismo, Melgarejo manifestó ser cercano a la familia al punto de compartir ocasionalmente con ellos en eventos familiares, y aseguró que en ningún momento tuvo conocimiento de que la persona buscada por las autoridades haya estado o visitado la casa. “Ellas no tienen ninguna relación con el caso. De haber existido algún indicio o elemento en su contra, la Fiscalía ya la habría imputado de inmediato”, agregó.

Cuatro detenidos en allanamientos simultáneos por el Operativo Aurelia que investiga tráfico de oro y lavado de dinero.

La estructura ingresaba lingotes de oro desde Brasil a nuestro país para luego exportarlos a destinos como Panamá y Turquía. Las pesquisas surgen en… pic.twitter.com/zyJCiTCoOw

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 24, 2026

Se dedicaban al rubro de la joyería

Víctor Melgarejo confirmó que su defendida se dedicaba al rubro orfebre, aunque aclaró que no se trataba de un emprendimiento a gran escala. “Tenía un local físico para la compra y venta de joyas, pero ese negocio cesó sus operaciones hace más de cuatro o cinco años. Últimamente, ella estaba buscando emprender en otros sectores, como el rubro inmobiliario, e intentaba vender las joyas que le quedaban para subsistir”, concluyó.

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Durante la realización del procedimiento, tanto la propietaria como su hija permanecieron dentro del inmueble.

Cuatro personas fueron detenidas hoy en Paraguay y varias otras están aún siendo buscadas, entre ellas uno de los presuntos líderes del esquema, un ciudadano extranjero radicado en el país desde hace 20 años.

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que el operativo ejecutado hoy deriva de la investigación que siguió a la intercepción e incautación de dos cargamentos de lingotes de oro que iban a salir del país por medio del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, en noviembre de 2025 y en abril de este año.

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Un análisis del oro incautado en esas dos ocasiones permitió a los investigadores determinar que el metal no provenía de Paraguay, sino que presumiblemente habría sido extraído de minas ilegales en la Amazonía brasileña.

El comisario López señaló que los dos cargamentos incautados tenían como destino final Turquía, previa escala en Panamá.

Una estructura “importante” en el tráfico internacional de oro

Las diligencias investigativas posteriores a esas incautaciones permitieron trazar los envíos de oro a empresas ficticias y personas particulares en Paraguay, entre ellas el supuesto cabecilla extranjero – quien tiene antecedentes de robo de oro en Turquía y contrabando de oro en Sao Paulo, Brasil – y una mujer de nacionalidad paraguaya que “fungía de administradora” del esquema, dijo el jefe policial.

Ese esquema sería “una estructura de relevancia e importancia en el ámbito internacional del tráfico de oro” que utilizaba Paraguay como “medio de tránsito” del oro.

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En una entrevista previa con ABC hoy, el comisario López dijo que los allanamientos de hoy permitieron - además de la captura de cuatro sospechosos – la incautación de documentos que podrían permitir a los investigadores la cantidad de oro que el grupo habría movido a través de Paraguay.

“Creemos que son bastantes envíos”, comentó el comisario.

La propia Cámara de Senadores confirmó que la sesión extraordinaria se realizará el martes 29 de setiembre, a las 9:00. Hay dudas que la sesión reúna el quórum de 23 votos para ese día.

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“Solicito suspender la sesión ordinaria de la próxima semana y tener esa sesión el día martes, a los efectos de que cada senador que es representante político importante de la sociedad paraguaya pueda tener esa libertad para acercarse al día de la elección de intendentes el 4 de octubre”, planteó Chase.

La decisión se tomó apenas cinco días antes de los comicios municipales. La moción fue sometida a consideración del pleno a mano alzada y no recibió objeciones. La senadora liberal Celeste Amarilla no votó, aunque tampoco planteó oposición a la propuesta.

Senadores tendrán libre el resto de la semana electoral

Con el cambio, los legisladores tendrán actividad ordinaria hasta el martes y quedarán liberados de la sesión habitual del miércoles, en la etapa final de la campaña municipal.

El argumento expuesto públicamente por Chase fue permitir que los senadores puedan acercarse a la jornada electoral. La decisión también vuelve a poner bajo la lupa la participación de los parlamentarios en las campañas municipales, considerando que varios senadores respaldan candidaturas en distintos municipios del país.

Los senadores perciben una remuneración mensual cercana a G. 37 millones, por lo que el adelanto de la sesión plantea nuevamente el debate sobre el uso del tiempo destinado a la función legislativa durante los periodos electorales.

Contrataciones y cargos políticos en plena campaña

La actividad electoral también coincide con cuestionamientos sobre el uso de cargos y recursos dentro del Congreso para personas vinculadas a estructuras políticas.

Uno de los casos mencionados es el de Catherine Larisa Benítez Pascottini, candidata a concejal de Ñemby por Honor Colorado, quien ingresó a la Cámara de Senadores en octubre de 2025, durante la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez, con un salario de G. 5 millones.

Tres meses después, el 26 de enero de 2026, pasó a desempeñarse como asesora de la Dirección de Asistencia Social, con un salario de G. 8 millones, además de G. 2,4 millones en bonificación. De esta manera, su remuneración mensual llegó a G. 10,4 millones, un aumento del 108% respecto de su salario inicial.

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Otro caso es el de Juan Alberto Radice Schmidbauer, identificado como operador político cercano a Natalicio Chase. Bachi Núñez lo designó en octubre de 2025 como jefe de Sección de Cooperación Internacionales, con una remuneración de G. 7.150.000.

Posteriormente, mediante la Resolución N.º 1.962, del 31 de marzo de 2026, fue nombrado funcionario permanente y mantuvo el cargo, con una remuneración que subió a G. 10.850.000. ABC había informado que Radice es un operador político vinculado a Chase y que su hijo, Jorge Sebastián Radice Sanabria, es candidato a concejal de Asunción por la Lista 1.

El respaldo de los senadores a candidatos municipales tiene además una dimensión política de más largo plazo. Las elecciones municipales constituyen una instancia para mantener y ampliar estructuras territoriales y caudales electorales que pueden resultar relevantes en futuras disputas internas y nacionales.

Desde la Comuna mencionaron que el trabajo se realiza sin distinción de partidos o movimientos políticos, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y mantener despejadas las principales vías de circulación.

Las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento y ordenamiento del espacio urbano. La intención es que la ciudad llegue al periodo de veda electoral con la menor cantidad posible de estructuras propagandísticas instaladas irregularmente.

Según los datos proporcionados por la Comuna, algunos carteles y estructuras instalados en determinados sectores incluso pueden afectar la visibilidad en puntos de circulación.

Propaganda electoral culmina el 1 de octubre

De acuerdo con el cronograma oficial de la Justicia Electoral, la propaganda electoral para las Elecciones Municipales 2026 comenzó el 16 de julio y se extenderá hasta las 23:59 del jueves 1 de octubre, conforme al artículo 290 de la Ley N.º 7135/23. Las elecciones están previstas para el domingo 4 de octubre, cuando se elegirán intendentes y miembros de las Juntas Municipales en 263 distritos del país.

La Municipalidad comunicó el trabajo la semana pasada para dar tiempo a los propietarios de carteles y estructuras que tengan intención de reutilizar los materiales.

El legislador confirmó que ya mantuvo reuniones con la titular del JEM, Alicia Pucheta, y con asesores legales para delinear estrategias frente a lo que podría representar una inminente “catástrofe institucional”. Sin embargo, aclaró que el JEM no actuará basándose en una condena de primera instancia.

“Para que esto, en algún momento, si se presenta alguna acción de nulidad respecto a estas resoluciones, de destitución especialmente, eso tiene que quedar firme y ejecutoriada la sentencia”, explicó Varela en entrevista con ABC Cardinal. Esto significa que los magistrados o fiscales afectados por los votos de Rivas no podrán accionar ante el Jurado hasta que se agoten las instancias de apelación de la Justicia.

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Limitaciones evidentes y “daño irreparable”

Al recordar los meses en los que compartió sesiones con Rivas en el órgano extrapoder, Varela confesó que las carencias del exlegislador cartista eran imposibles de ocultar. “Era muy notorio que él tenía limitaciones muy visibles en el manejo del criterio jurídico y eso evidentemente generaba un daño institucional al existir una duda razonable”, aseveró.

Ante esta situación, Varela recordó que, junto a otros integrantes del JEM como Óscar Paciello, Alejandro Aguilera y Enrique Kronawetter, le exigieron que diera un paso al costado. A pesar de que le advirtieron que la situación traería “consecuencias graves”, Rivas se negaba a renunciar y “se empecinaba en justificar” que había cursado la carrera.

Varela afirmó que toda esta crisis “generó un daño irreparable” a la institución. No obstante, rescató como un aspecto alentador que la investigación de la Fiscalía haya logrado avanzar hasta la etapa actual. “Las instituciones funcionaron a pesar de que se buscó obstaculizar la investigación, terminará con una sentencia. Eso es lo positivo”, concluyó.

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Aunque evitó profundizar sobre el contenido de su exposición final, la abogada Alba Zaracho, representante del exlegislador, confirmó que pedirá al Tribunal de Sentencia la absolución de Rivas.

“Corresponde la absolución a mi criterio, que tiene sus argumentos en los alegatos que me toca presentar”, manifestó.

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Rechaza pena y calificación de “especialmente grave”

Asimismo, señaló que no corresponde la imposición de ninguna pena ni tampoco la calificación de “especialmente grave”, uno de los aspectos que serán cuestionados durante su presentación.

Según explicó, la estrategia de la defensa apuntará a discutir la construcción jurídica de la acusación, el sustento del marco penal invocado por la Fiscalía y la correspondencia entre los hechos atribuidos y los tipos penales acusados.

Hernán Rivas no declarará ante el Tribunal

La abogada también confirmó que Hernán Rivas no hará uso de la palabra ante el Tribunal de Sentencia por decisión de la defensa.

Zaracho argumentó que los planteamientos jurídicos que expondrá durante los alegatos finales resultan suficientes para sustentar la posición de su representado.

“Los hechos no se corresponden a la calificación”, enfatizó la defensora al referirse a la acusación fiscal.

Cuestionarán argumentos expuestos por la Fiscalía

Entre los puntos que serán abordados en la etapa final del juicio, la defensa adelantó que también responderá a los argumentos presentados por el Ministerio Público durante sus alegatos.

Según indicó Zaracho, existen aspectos de carácter teórico y jurídico que pueden ser discutidos independientemente de la valoración de las pruebas producidas durante el juicio.

Además, sostuvo que buscará aclarar algunas imprecisiones y complementar información que, según su criterio, fue utilizada por la Fiscalía para sostener la acusación contra el exparlamentario.

“Hay aspectos que ya se pueden discutir, inclusive, sin verificar qué se probó y no, que son de índole meramente teórico de la construcción del hecho punible”, dijo.

Fiscalía pidió 12 años de cárcel

La presentación de la defensa se produce luego de que el Ministerio Público ratificara íntegramente su acusación contra Hernán Rivas durante los alegatos finales.

La representación fiscal está integrada por Patricia Sánchez, titular de la causa, junto con los fiscales Luz Guerrero y Christian Benítez. Sánchez fue la encargada de iniciar la exposición final y solicitar una condena de 12 años de pena privativa de libertad.

La acusación atribuye a Rivas la presunta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Tribunal sigue con la etapa final del juicio

El juicio oral y público es llevado adelante por un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.

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Con la presentación de los alegatos finales de la defensa, el proceso judicial ingresa en una de sus etapas decisivas. El Tribunal de Sentencia define hoy si condena al exsenador.

Según datos, Gabriel Paredes Miranda (54), guardia de seguridad, se encontraba realizando su recorrido habitual dentro del predio cuando fue sorprendido por los desconocidos. Los asaltantes habrían ingresado por la parte posterior del establecimiento y, a punta de armas largas, lo redujeron y maniataron.

Posteriormente, los asaltantes ingresaron al recinto y se apoderaron de una caja fuerte que contenía dinero en efectivo. El monto aún no fue confirmado oficialmente, aunque las primeras informaciones apuntan a que la suma podría rondar los G. 100 millones.

Escaparon en el vehículo de la empresa

Los delincuentes utilizaron una camioneta perteneciente a la propia empresa para trasladar la caja fuerte, según captaron las cámaras de seguridad.

Horas después del asalto, aproximadamente a las 19:00 de ayer, agentes del Departamento de Investigaciones localizaron la camioneta que fue robada a la empresa. El vehículo Mitsubishi Montero de color plateado, con chapa BED 484, fue abandonada sobre una calle empedrada del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, a unos 100 metros de la Ruta PY07, en inmediaciones del puente Cavalcanti.

Bajo el lema “Conecta con nuevas habilidades para el trabajo”, la capacitación sobre Canva y Marketing Digital se desarrollará de forma 100% virtual a través de la plataforma Google Meet, en el horario de 18:00 a 20:00.

La participación es totalmente gratuita e incluye certificación oficial al término de la jornada.

La capacitación está orientada a emprendedores, jóvenes y profesionales que buscan potenciar su presencia en entornos digitales.

Talleres virtuales gratuitos por la Semana de la Juventud

El programa teórico-práctico con ejercicios guiados incluye:

• Fundamentos de diseño: Definición de objetivos, público, mensaje, jerarquía visual, tipografía, color e imágenes.
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• Identidad visual: Coherencia de marca y criterios de exportación antes de publicar.

La disertación estará a cargo de Aura Ortega, consultora de Marca Personal y Marketing Digital.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden sumarse escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del SNPP, accediendo al enlace web correspondiente, o bien comentando la palabra CONECTA en sus publicaciones para recibir el acceso directo.

Para consultas y más información, la institución habilitó las líneas de contacto: (0981) 200-015, (0961) 782-860 y (0971) 376-250.

En ese sentido, Alfonzo señaló que una vez culminadas las elecciones municipales se estaría conformando una coordinadora para exigir la construcción del nuevo centro asistencial. La obra que en su momento debía ser financiada con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue dejada de lado por administraciones anteriores para dar paso a la fusión de servicios entre ambas entidades.

Además, dijo que la integración de los servicios fue rechazada desde un principio por muchos pobladores porque consideraban que no era beneficiosa para los usuarios. “El tiempo nos dio la razón a quienes nos opusimos desde el principio. Este sistema no funciona”, afirmó.

Proyectan convertir centro de salud en Hospital Distrital

Saturación, falta de especialistas y desigualdad en la atención

Al mismo tiempo, el dirigente mencionó que la carencia de insumos, equipos y profesionales permanentes, en especial en oftalmología, traumatología, cardiología y otorrinolaringología, obliga a derivar pacientes a otras ciudades.

“El convenio genera desigualdades. Los asegurados del IPS, que aportan recursos millonarios, entre ellos funcionarios de la propia EBY, encuentran cupos agotados para turnos y estudios. Cuando faltan medicamentos en el IPS, los de Salud Pública se entregan; a la inversa, no ocurre lo mismo”, denunciaron.

A esto se suma el traslado forzoso de pacientes y la inoperatividad de equipos como el de radiología, afectando no solo a ayolenses, sino también a pobladores de zonas de Ñeembucú e Itapúa.

Proyectan un hospital modelo en Ayolas

Antecedentes

En abril de 2014, la EBY anunció que donaría un terreno en el Núcleo 2 y financiaría la construcción del nuevo hospital, ya que el edificio donde funcionaba el centro de salud en el barrio San José Mí estaba en zona inundable y no podía ampliarse.

En septiembre de 2016, en lugar de construirse el nuevo edificio, se firmó el convenio que dispuso el cierre del Centro de Salud del barrio San José Mí, ubicado a dos cuadras del río Paraná, para unificar la atención en el edificio del IPS. La medida afectó a más de 6.000 familias de escasos recursos, incluyendo pobladores de islas y zonas alejadas.

Entre 2017 y 2018, tras la fusión, pobladores de San José Mí realizaron manifestaciones reclamando la reapertura del servicio. Denunciaron que pasaron de tener atención las 24 horas, los 7 días de la semana, a contar solo con cobertura limitada de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes. Las emergencias ya no podían atenderse en el barrio y debían trasladarse al hospital unificado.

Los vecinos advirtieron que “IPS no es para los pobres” y que la población sin cobertura quedó desprotegida. Las protestas no lograron revertir el cierre.

En enero de 2020, asegurados de Ayolas plantearon al entonces presidente Mario Abdo Benítez que “si la fusión no funciona, debe ser anulada”. En esa ocasión también denunciaron escasez de medicamentos, camas y turnos. En abril de 2026, se registraron nuevas denuncias por desabastecimiento de fármacos básicos en la farmacia del IPS; pacientes deben comprar en farmacias privadas.

En junio de 2026, usuarios del Hospital Integrado señalaron que la integración “unificó las carencias”: hay UTI, pero sin cardiólogo ni equipo de ecocardiograma.

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En ese contexto, la jueza electoral de Misiones, Yolanda Valenzuela, mencionó que se ingresó a la última etapa de organización de las elecciones municipales, con la acreditación de apoderados y veedores de los partidos y alianzas, además de las capacitaciones dirigidas a los miembros de mesa.

Por otra parte, señaló que uno de los principales controles estará centrado en el voto asistido, mecanismo que sólo podrá aplicarse en casos específicos.

“El voto asistido está totalmente prohibido”, advierten desde el PLRA

La jueza explicó que “actualmente está regulado exclusivamente para los casos en que la persona tenga problemas de vista o de movilidad de miembros superiores. Hay una hoja en la cual se les va a anotar: quién entra acompañado, quién acompaña a quién y por qué motivo”.

La magistrada agregó que habrá un límite de 15 acompañamientos por mesa y que las máquinas de votación también cuentan con un sistema de audio para personas con discapacidad visual.

También agregó que el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará el despliegue de las máquinas de votación y los maletines electorales para Misiones, comenzando desde la entrada a esta zona, que es Villa Florida, para después llegar a los demás distritos.

Por otra parte, Valenzuela volvió a recordar que la compra de votos y la propaganda electoral extemporánea constituyen delitos electorales. “Un delito es la llamada comúnmente compra de votos. Inclusive, la propaganda electoral extemporánea entra dentro de la categoría de delitos; es decir, 48 horas antes debe cesar toda propaganda electoral, la cual será controlada”, advirtió.

Locales y electores habilitados en Misiones

En esta zona del país fueron habilitados 33 locales de votación. La distribución por distrito es la siguiente:

San Juan Bautista cuenta con 6 locales, 52 mesas y 17.232 electores.

Ayolas, con 3 locales, 42 mesas y 14.676 electores.

San Ignacio, con 6 locales, 73 mesas y 25.200 votantes.

San Miguel, habrá 4 locales, con 13 mesas para 4.514 votantes.

San Patricio cuenta con 2 locales, 15 mesas y 4.964 votantes.

Santa María de Fe tiene 2 locales, 21 mesas y 7.211 votantes.

Santa Rosa dispone de 5 locales, 52 mesas y 17.832 votantes.

Santiago cuenta con 2 locales, 19 mesas y 6.544 votantes.

Villa Florida, con 1 local, 10 mesas y 3.541 habilitados.

Yabebyry, con 2 locales, 9 mesas y 3.004 votantes.

“Me anoté para hablar mal de todos los gobernadores de la República del Paraguay”, comenzó diciendo el legislador, antes de lanzar una de sus acusaciones más fuertes: “Asquerosamente omonda hikuái”, en referencia al supuesto robo de los recursos públicos destinados al programa.

Núñez Agüero sostuvo que se entregan “miles y millones de dólares” para la alimentación de los niños, pero cuestionó la calidad de las comidas que reciben algunos estudiantes. “Le está haciendo pasar hambre a esa pobre criatura en la escuela, desnutrida, con un caldito, una vergüenza la comida que le sirven”, afirmó.

Plantea usar el poder del Senado y recortar recursos

En medio del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el senador planteó que sus colegas aprovechen la atribución del Senado durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027 para reducir los recursos destinados a las gobernaciones.

“Sería bueno recortar el gasto para aquellos sinvergüenzas, bandidos, y cargar más para medicamentos”, sostuvo.

Núñez Agüero argumentó que los recursos deberían ser redireccionados hacia el sistema sanitario, especialmente para la compra de medicamentos destinados a pacientes de hospitales y centros de salud. “Quienes acuden al centro de salud, a un hospital, los más humildes, los más pobres, los que no tienen para comprar geniol, y ahora no hay”, manifestó.

El planteamiento del senador se da en momentos en que las 15 gobernaciones coloradas que integran el denominado G15 recibieron G. 1,6 billones entre enero y agosto de 2026, principalmente mediante transferencias vinculadas al programa Hambre Cero.

La acusación también surge en medio de la disputa entre senadores y diputados con gobernadores para que el candidato de estos grupos cartistas sea el elegido para acompañar a Pedro Alliana como candidato presidencial para el 2028.

No es la primera vez que Núñez Agüero cuestiona a los gobernadores

Las críticas del senador no son nuevas. En abril de 2026 ya había denunciado públicamente supuestas irregularidades en el manejo de Hambre Cero y había afirmado que los gobernadores “están robando asquerosamente a los pobres niños” y “se están llenando los bolsillos”.

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En aquella oportunidad, Núñez Agüero pidió a la Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez, realizar auditorías sobre las gobernaciones y planteó comenzar por Guairá, administrada por el gobernador César Sosa, actual presidente del Consejo de Gobernadores.

El legislador había hablado entonces de supuestas sobrefacturaciones y uso indebido de los recursos destinados a la alimentación escolar. El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, había respondido al senador negando irregularidades y desafiando al senador a que haga la denuncia.

Tras la denuncia del hecho, agentes de la Comisaría 47ª de la zona llegaron al sitio a las 21:45 para verificar la situación. Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Riveros (52) y Dolores Riveros Acevedo (77).

Los atracadores se habrían llevado G. 70 millones, según la denuncia, además de cinco aparatos celulares. Tras apoderarse del valor, dejaron maniatadas a las víctimas.

Los intervinientes convocaron a los agentes de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones, para iniciar los trabajos. Además, informaron del hecho al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de la Zonal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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Atraco domiciliario

Las víctimas detallaron a los intervinientes que el dinero es del ahorro de la familia. La septuagenaria habría retornado recientemente desde la República Argentina, según manifestaron.

Explicaron que los asaltantes llegaron a la vivienda a pie y al huir del sitio lo hicieron de la misma manera. No lograron ver si se movilizaban en algún tipo de vehículo.

El sitio donde ocurrió el asalto es una zona rural, poco poblada, según explicó el agente fiscal Rolando Ortega. Tampoco se cuenta con cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones, manifestó.

El señor Riveros indicó que, tras retirarse los asaltantes, logró zafarse de las amarraduras para poder dirigirse hasta la comisaría y realizar la denuncia del hecho.

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Inseguridad

El titular de la causa manifestó que una de las líneas hipotéticas del caso puede relacionarse a otros hechos de inseguridad que afectan a la región. Con características similares, un día anterior fue asaltado el propietario de un motel en San Pedro del Paraná.

Además de otros hechos recientes, como el hurto de vehículos en la zona, puede inducir a que un grupo armado está operando en la región. Esto, potenciado también por el contexto electoral, situación en que habitualmente aumentan los casos de asaltos y hurtos.

Revocan condena a María Esther Roa por supuesta difamación

En comunicación con ABC Cardinal, Duarte Cacavelos explicó el impacto y la naturaleza de dicho material. “Es un video que tenía supuestamente mi voz, llamándole por teléfono a un ministro y diciéndole que saquen ya los camaristas que resuelvan el caso de mi suegro”, inició.

🔴 “LA CÁMARA REVOCÓ Y NO DIJO NADA MÁS”: DUARTE CUESTIONA FALLO EN CASO ESTHER ROA

🔶 El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó la decisión de dos camaristas que, según explicó, votaron por revocar la resolución dictada en el caso que había ganado contra Esther Roa por… pic.twitter.com/RlVFelayv2

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

El abogado remarcó que “cualquiera que haya escuchado ese audio” podía percatarse de que no era real. “No hacía falta hacer un perito para darse cuenta de que era una publicación creada. La pericia determinó que ni siquiera fue por IA, fue por un montaje simple y llano”, subrayó.

Duarte Cacavelos querella a la abogada activista anticorrupción

A pesar de que Roa incluyó en su texto frases de reserva como “no sabemos si es verdad o no”, Duarte Cacavelos entabló una querella por calumnia y difamación al considerar que existió una intencionalidad dolosa de dañar su imagen.

“Ella se defendía diciendo que subió sin querer, sin saber si era verdad o no. Pero todo el texto que ella escribió para darle un contexto al video tenía una sola intención, que es mancillar mi honor y mi reputación. Cuando ella misma dice en su posteo ‘no sé si es verdad o no’, ahí ya está advirtiendo que si tiene la probabilidad de que es mentira, igual sube. Y eso ya es un hecho punible de difamación”, afirmó el profesional del derecho.

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Hubo condena en abril

En abril pasado, la causa llegó a su primera definición formal cuando la jueza Mesalina Fernández halló culpable a la activista. En dicha oportunidad, se determinó que María Esther Roa debía abonar una sanción correspondiente a 100 días de multa (dos jornales por día, con suspensión de la ejecución) por difamación.

Tras la apelación presentada por la defensa, la Primera Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal resolvió revocar la Sentencia Definitiva N° 04. Sin embargo, la estructura y argumentación de la resolución desató duras críticas por parte del querellante.

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Duarte Cacavelos remarcó la desproporción en los argumentos vertidos dentro del expediente de 22 páginas. “La sentencia tiene 22 páginas, 17 páginas tiene el voto de Paublino Escobar por confirmar el fallo y la condena. Y en tres páginas y media, un camarista que es Jesús Riera habla de que hubo pericias contradictorias y que estas pericias contradictorias fueron valoradas incorrectamente por Mesalina Fernández”, resaltó.

Respecto al supuesto choque entre los dictámenes periciales al que hicieron referencia los camaristas Jesús Riera y Pedro Torres para votar en mayoría, el abogado desmintió que existiera discrepancia alguna. “Básicamente lo que hacen es comparar informes que en realidad no se referían a lo mismo”, afirmó.

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“Una era una pericia acústica y otra pericia era informática sobre cómo se pudo haber producido, entonces ni siquiera eran informes técnicos sobre la misma situación. No puede haber contradicción entre esas dos pruebas y eso es lo que dice Jesús Riera”, añadió.

Solo dos cosas sobre este auténtico “fallo” De las 22 fojas que tiene, 17 fojas son ocupadas por el voto del Camarista Paublino Escobar que votó por CONFIRMAR la Condena a Esther Roa. 2.- En solo 4 páginas (1 es el resuelve) los Camaristas Riera y Torres “fundaron” que se debe… pic.twitter.com/pR1IlJESEz

— Guillermo Duarte Cacavelos (@gduartcacavelos) September 23, 2026

¿Qué ocurre ahora con la causa?

Según Duarte Cacavelos, el aspecto más cuestionado del reciente fallo es la omisión en la parte dispositiva de la resolución, donde el tribunal no definió la situación procesal de la querellada ni el rumbo que tomará el proceso.

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“Votan por revocar la resolución de Mesalina Fernández, pero no dicen qué va a pasar después. No dicen si reenvían a un juicio oral, no dicen si la absuelven, no dicen si la sobreseen; absolutamente dejan en blanco qué va a pasar con este procedimiento y eso es un gran delirio procesal de la Cámara”, enfatizó Duarte Cacavelos.

Sobre la falta de claridad en las resoluciones, el jurista comparó este caso con otros antecedentes procesales. “La Cámara siempre tiene que decir qué es lo que tiene que pasar después. Como en el caso de (Rafael) Filizzola, donde la Cámara revocó el sobreseimiento y ordenó una nueva preliminar. Acá vamos a ver cómo solucionamos este problema jurídico porque la Cámara revocó y no dijo nada más”, enfatizó.

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Ante la imposibilidad de apelar directamente la decisión por las vías ordinarias, la representación legal del querellante ya prepara los siguientes pasos judiciales. “El problema que tenemos es que nos dejaron sin salida. Voy a plantear eventualmente una aclaratoria, que es lo que estamos avanzando en la oficina, porque tienen que terminar de resolver. ¿Qué significa esto que ellos dicen revocar? ¿Cuál es el alcance que tienen?”, cuestionó.

Duarte Cacavelos concluyó que:“Claramente ellos no tienen capacidad de absolver ni sobreseer, entonces van a tener que explicar que esto se tiene que hacer de vuelta en el juicio. Y bueno, vamos a tener de vuelta el juicio, nada más”, cerró.

El operativo derivó en la detención del conductor, identificado como Kiker Augusto Pereira Cabral (26), domiciliado en Hernandarias.

Durante la revisión, los agentes encontraron, específicamente debajo de la cabina del conductor y sobre la estructura del chasis, 30 paquetes de cocaína que totalizaron 31,9 kilogramos. El perjuicio para la estructura criminal es de unos 100.000 dólares.

El vehículo incautado es un tractocamión Scania 124 L, de color blanco, año 2002, con chapa WXBJ 401 PY, que llevaba un semirremolque marca Guerra, cargado con arroz.

Además de la presunta droga, los intervinientes incautaron un teléfono celular Redmi, modelo 15C, que será sometido a análisis para tratar de identificar a otros miembros del grupo criminal.

El camión tenía como destino Brasil

Según explicó Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, el vehículo tenía como destino Brasil y transportaba una carga de granos de arroz.

El jefe policial señaló que el conductor manifestó a los investigadores que había sido contratado pocos días antes para realizar el traslado de la carga hasta territorio brasileño. Según su versión, aseguró desconocer la existencia de la sustancia ilícita escondida en el camión.

“Tenemos varios elementos importantes que nos van a conducir hasta los dueños de la mercadería”, manifestó el jefe policial.

Por disposición del fiscal Manuel Rojas, el camión, el semirremolque y las evidencias fueron trasladados hasta la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Presidente Franco.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión dentro del cartismo, donde distintos sectores ya comienzan a posicionarse de cara a la definición de la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones generales de 2028.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, respondió a las acusaciones realizadas por Núñez Agüero y apuntó que estas responden a un objetivo político-electoral.

Declaraciones buscan debilitar a posibles rivales

Según el jefe departamental, las críticas apuntan principalmente a figuras que podrían disputar espacios de poder dentro del movimiento Honor Colorado en los próximos años.

“Núñez está haciendo una declaración 100% con interés electoral en contra de sus posibles rivales porque la senaduría se va a racionalizar en las próximas internas del 2027 y están complicadas las chances de varios senadores”, sostuvo.

Ratifican apoyo a Cartes, pero reclaman participación

Así también, Soto aseguró que los gobernadores mantienen respeto por el liderazgo del presidente de la ANR, Horacio Cartes, aunque advirtió que buscan tener un papel más activo dentro de las decisiones políticas del movimiento.

“Le respetamos a Cartes, pero no queremos ser compañeros testimoniales”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la intención de los gobernadores es fortalecer la estructura partidaria mediante el diálogo y la construcción de consensos, sin cuestionar la conducción política del exmandatario.

“No ponemos nunca en tela de juicio el liderazgo de Cartes”, remarcó.

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Niega una conspiración contra Honor Colorado

El gobernador de Caaguazú también rechazó las versiones que vinculan la resistencia a determinadas candidaturas con un intento de fragmentar el cartismo.

Según explicó, el debate interno no responde a cuestiones personales ni a una estrategia para debilitar a Honor Colorado, sino a la preocupación de varios dirigentes sobre las mejores condiciones para afrontar los próximos comicios generales.

Advierte sobre sectores que generan divisiones

Soto señaló, además, que existen actores políticos que estarían promoviendo enfrentamientos dentro del movimiento cartista.

Afirmó que algunos sectores están “dinamitando” la unidad interna e “instigando” al propio Cartes, en referencia a las disputas que se desarrollan alrededor de la definición de futuras candidaturas.

Cesarito Sosa mantiene su aspiración a vicepresidencia

Por otra parte, Soto confirmó que el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, continúa interesado en convertirse en el precandidato a vicepresidente dentro del oficialismo.

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El nombre de Sosa figura entre los dirigentes mencionados para acompañar una eventual candidatura presidencial de Pedro Alliana. Otro de los nombres que suena internamente en el cartismo es el del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

En paralelo, Cartes adelantó en un acto electoral que el precandidato a vicepresidente será el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, lo que desató una crisis interna en Honor Colorado.

El ministro de Salud, Isaías Fretes, quien estuvo el lunes en la CBP, evitó asumir como propias esas denuncias, pero prometió controles y sostuvo que su administración trabajará en impedir que los problemas se repitan.

Apuntan a “mafias” en compras y laboratorios

El diputado Hugo Meza centró su intervención en el gasto destinado por el actual Gobierno a medicamentos e insumos. Detalló que en 2023 se asignaron US$ 278 millones; en 2024, US$ 448 millones; en 2025, US$ 479 millones; y en 2026, US$ 508 millones. Para el Presupuesto 2027, señaló que el monto trepó 231%, hasta alcanzar US$ 1.583 millones.

Sin embargo, cuestionó que, pese al aumento de los recursos, una de las quejas constantes de la ciudadanía siga siendo la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. “Por eso es que acá hay un contubernio entre el sector público que administra esa chequera y los insaciables empresarios”, resaltó.

Habló de una supuesta “mafia de los laboratorios, de las compras, de la trazabilidad” y planteó dos posibilidades: una relación irregular entre funcionarios y empresas o precios elevados a causa de los atrasos del Estado. “O una de dos: o acá hay una mafia o una corrupción entre ambos sectores, o el Estado es tan mal pagador que nos infla el presupuesto”, acotó.

Agregó que es necesario resolver este problema y la ciudadanía ya no tenga que reclamar la falta de insumos en los hospitales del país.

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¿Mejorará el servicio de las plantas de oxígeno?

La senadora Celeste Amarilla puso el foco en las plantas de oxígeno. Señaló que existen 54 unidades y que apenas 30 funcionan. Según relató, consultó de forma directa a un ingeniero y recibió la confirmación de que 24 están fuera de servicio.

Amarilla afirmó que algunas plantas provinieron de donaciones de gobernaciones y cuestionó que parte de esos equipos presenten problemas de construcción o instalación. “O si no, cierren esas 24 y fortalezcan las otras 30”, reclamó la legisladora.

También cuestionó el estado de limpieza de hospitales públicos y pidió al ministro medidas concretas. “Me fui al hospital de Caacupé, no sabe la suciedad que tenía, me hicieron una tomografía porque me rompí 4 costillas, no sabe la suciedad que tenía esa máquina. Yo no conozco un hospital público limpio”, afirmó.

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Reclaman más tecnología y capacitación a médicos

En otro momento, la legisladora también reclamó más tecnología al servicio médico de los ciudadanos.

Sobre este punto, Fretes coincidió en que Paraguay necesita incorporar la cirugía robótica, aunque aclaró que el principal desafío no pasa por la compra de equipos, sino por la formación de los profesionales que deberán utilizarlos.

“El factor más importante es el tiempo que lleva capacitar al personal médico para manejar un robot. Estamos trabajando en unos proyectos para entrenar a ese personal. Los equipos se pueden conseguir de la noche a la mañana, pero no así la capacitación”, resaltó.

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Denuncian planta de G. 21.000 millones en Itauguá

El diputado Adrián “Billy” Vaesken llevó a la sesión un material audiovisual sobre una planta de oxígeno del Hospital Nacional de Itauguá. Según su denuncia, el equipo no funciona pese a que el Estado pagó G. 21.000 millones.

Vaesken sostuvo que una parte del monto se abonó durante una administración anterior y que el saldo se pagó en la gestión de la antecesora de Fretes, la exministra Teresa Barán. También afirmó que funcionarios del hospital presentaron más de 48 notas sobre el caso. “Es practicamente criminal lo que se está dando en el Hospital de Itauguá. Este es lo un caso que indigna no solo a los pacientes”, refirió.

El legislador calificó el caso como una presunta irregularidad grave. “Nosotros ya actuamos en consecuencia y desde aquí ya le pedimos al Ministerio Público para que intervenga y ver quienes se quedaron con esa plata pública que era para que los pacientes reciban oxígeno”, expresó.

Sobre estos cuestionamietos Fretes no entró en una evaluación de la administración anterior. Sobre la ejecución previa, marcó el límite de su responsabilidad: “Lo que yo sí debo de hacer es que esto no ocurra durante esta nueva administración”, acotó.

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Buscan identificar a empresarios que corrompen al Estado

El diputado Yamil Esgaib también dirigió sus cuestionamientos al sector empresarial. Afirmó que la corrupción pública no puede analizarse solo desde el lado de funcionarios y políticos, porque, según su postura, existen empresarios que ofrecen dinero para obtener ventajas. Pidió que, antes del final de la gestión de Fretes, se conozcan nombres de empresarios que participen en actos irregulares.

El ministro respondió con una posición más acotada. Dijo que ya detectó dificultades en la relación con sectores empresariales, pero defendió una relación institucional con la industria farmacéutica bajo reglas claras. “Se puede crecer junto en honestidad y transparencia. Es simplemente no permitir las cosas que no corresponden”, concluyó Fretes.

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El evento tendrá lugar del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en el Parque de las Naciones de la ciudad de Hohenau, conocida como la Capital de los Inmigrantes.

La apertura oficial del festival será el viernes 25 de septiembre a partir de las 18:00, con una entrada general de G. 20.000. La primera jornada incluirá el acto protocolar de apertura, la presentación del Ballet Municipal de Hohenau junto a las soberanas actuales y el saludo de la Reina Nacional de las Colectividades, Layla Kuschel.

La grilla de ese día ofrecerá cuadros artísticos de Paraguay, Italia, Argentina, Japón y Suiza, además de la presentación oficial de las candidatas al trono, un baile en homenaje al país anfitrión y los shows musicales en vivo del Grupo Musical Raíces junto a Alex Cyncar y Los de Siempre.

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Fiesta cultural

El sábado 26 de septiembre, la apertura del predio será a las 16:00, con un costo de entrada de G. 30.000. La tarde iniciará con el Gran Desfile de las Colectividades, seguido por espectáculos de danza de las delegaciones de Brasil, Alemania, Polonia, Bélgica y Ucrania.

Durante la velada, las candidatas a Reina Nacional compartirán sus mensajes con el público, complementando la agenda con las actuaciones musicales del arpista Marcelo Rojas y la agrupación La Comitiva.

El cierre de la festividad se desarrollará el domingo 27 de septiembre desde las 18:00, con una entrada de G. 30.000. El programa contempla la interpretación de la Orquesta Municipal de Hohenau, el baile de despedida de la reina saliente, Layla Kuschel, con la Academia de Danza Liz Jacquet, y la presentación de las aspirantes con la descripción de sus trajes típicos.

Posterior a la presentación de danza Alma del Chaco, se llevará a cabo la coronación de la nueva Reina Nacional de las Colectividades, culminando el evento con el concierto del Grupo M-Folk.

El cronograma, elaborado a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), establece fechas diferenciadas para los distintos grupos de funcionarios públicos y beneficiarios de prestaciones sociales. Los desembolsos se extenderán hasta el miércoles 30 de septiembre.

Jubilados de la Caja Fiscal cobran hoy

En la segunda jornada del calendario, este jueves 24 de septiembre, los pagos proseguirán para los jubilados de la Caja Fiscal.

De acuerdo con datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas totalizaron en agosto último G. 359.348 millones frente a los egresos que en el mismo mes sumaron G. 533.788 millones.

Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el octavo mes del año fue de G. 174.431 millones (US$ 29 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

En la primera jornada de pago, que se inició ayer miércoles, cobraron los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, el Programa Adultos Mayores, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, monto equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

Funcionarios administrativos y de Salud cobran el viernes

En tanto que mañana, viernes 25 de septiembre será el turno de los funcionarios administrativos y del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según el calendario del Tesoro Público.

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Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones

Luego de la pausa del fin de semana y el feriado, los pagos continuarán el martes 29 de septiembre. Ese día cobrarán los integrantes de las Fuerzas Públicas, los funcionarios del Poder Judicial y el personal de las Gobernaciones.

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Educación y universidades cierran el calendario

El calendario de pagos de septiembre concluirá el miércoles 30. La última jornada estará destinada a los servidores públicos del Ministerio de Educación y a los funcionarios de las Universidades Nacionales. El MEF registra 92.808 cargos docentes dentro del MEC para el PGN 2026.

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Pagos dependen de solicitudes de las instituciones

El MEF recuerda que la acreditación de los recursos depende del cumplimiento de un trámite previo por parte de cada institución pública. “Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala la cartera económica.

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Hizo estas declaraciones ante estudiantes de la Universidad Católica, durante un encuentro organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUCCA).

Durante la intervención a la comuna capitalina, ante las irregularidades en la gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) se reveló que el municipio tiene más de 9.000 funcionarios cuyas autoridades no pueden explicar dónde están o qué funciones realizan.

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Pide ir a votar para no tener una junta copada por la ANR

Abordada sobre cómo gobernará el municipio en caso de una eventual Junta Municipal con mayoría colorada, Núñez llamó a los jóvenes a salir a votar masivamente el domingo 4 de octubre.

Sostuvo que esta participación es clave para lograr el rescate de una capital que, dijo, “está devastada, mal administrada y a la que quieren que nos acostumbremos o que pensemos que así nomás debe ser”.

“Quiero que me den una oportunidad y también la oportunidad de tener una Junta que acompañe la transformación real, no de maquillaje, no de discurso, sino el cambio verdadero de la Municipalidad de Asunción”, enfatizó.

Indicó también que apunta a lograr 13 concejales en la Junta Municipal porque la disgregación de listas es mucho menor a la que hubo cinco años atrás, lo que contribuirá a evitar la dispersión de votos.

“Hace cinco años hubo 22 listas de candidatos a concejales y 40 mil votos quedaron finalmente sin representación en la Junta. Hoy se hizo un enorme esfuerzo por construir una lista que represente la unidad para que esos votos sean representados”, acotó.

Diferencia con Colorados: “los que fundieron la ciudad no la van a rescatar”

Consultada sobre cuál es la principal diferencia entre su propuesta y la que presenta el Partido Colorado, dijo que ella y su equipo vienen “a cambiar las cosas de verdad”.

“El mismo equipo que fundió el municipio no tiene la más mínima chance de poder rescatarlo”, afirmó Sole.

“Le di libertad por falta de mérito, no había un mérito aún para imputar”, afirmó el agente del Ministerio Público al referirse al caso que generó preocupación tras la agresión ocurrida a la salida de un colegio de Mariano Roque Alonso.

El hecho tuvo como víctima a un estudiante de 16 años, quien, según el reporte policial, fue atacado por la espalda por un exalumno identificado como Marcos González (18). El adolescente habría recibido una estocada en la región escapular con un arma blanca.

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Fiscalía busca la versión de la víctima

Rienzi señaló que uno de los principales obstáculos para avanzar en la investigación es la ausencia de la declaración de la víctima, a quien considera una pieza clave para esclarecer lo ocurrido.

“Estamos tratando de hablar con él. Dijeron sus parientes que está de reposo, pero están los medios telemáticos. O vamos a irle a tomar testifical en donde está”, manifestó.

El fiscal explicó que los familiares que acudieron a la Fiscalía no presenciaron el incidente, por lo que su testimonio no resulta suficiente para determinar la dinámica de los hechos.

“Viene la madre y la abuela, pero ellos no vieron lo que pasó. Yo necesito hablar con la persona que estuvo ahí y que me diga quiénes son testigos”, sostuvo.

El caso sigue siendo investigado como lesión leve

La familia del adolescente herido cuestionó la actuación fiscal y denunció que existió una presunta intención de matar por parte del atacante. Sin embargo, Rienzi indicó que, de momento, la causa fue calificada preliminarmente como lesión leve debido a la escasa evidencia reunida hasta ahora.

“No tenemos elementos. Lo único que teníamos era la denuncia del padre y un certificado médico ni siquiera es de puñalada, es de corte. Necesitamos saber cómo fue el hecho”, expresó.

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El representante del Ministerio Público remarcó que la investigación continúa abierta y que la tipificación jurídica podría modificarse una vez que se obtengan más elementos de prueba, especialmente el relato de la víctima y eventuales testimonios de personas que presenciaron el ataque.

Denuncia de familia del sospechoso

En paralelo a la investigación por la agresión, el padre del joven señalado como autor del ataque presentó una denuncia en la que sostiene que a su hijo le robaron el teléfono celular durante el incidente previo a la agresión.

Este elemento también forma parte de las diligencias que la Fiscalía busca esclarecer para reconstruir la secuencia de hechos que derivó en el ataque ocurrido tras la jornada escolar.

El operativo de hoy, denominado ‘Operación Aurelia’, consistió en allanamientos en distintos recintos privados en Asunción - uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Carmelitas de la capital y otro en el barrio Manorá - y ciudades del departamento Central, ejecutados en simultáneo alrededor de las 6:00 de hoy.

Las incursiones fueron encabezadas por personal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio Público y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, con despliegue de unidades tácticas en los objetivos.

Supuesto tráfico de oro a través de Paraguay

Según datos preliminares, los allanamientos fueron realizados en el marco de una investigación que comenzó con la incautación de lingotes de oro que iban a ser sacados de forma irregular de Paraguay por medio del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

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Una de las incautaciones, de una carga de 22 kilogramos del metal precioso, tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando dos ciudadanos paraguayos fueron interceptados en la terminal aérea antes de partir con destino a Panamá.

La segunda incautación se produjo en abril de este año, cuando un ciudadano brasileño fue detenido en el mismo aeropuerto con una carga de 25 kilos de oro que también pretendía llevar a Panamá. Los investigadores creen que el destino final de la carga era Turquía.

La presunción de los investigadores es que esos cargamentos fueron gestionados por un grupo que traía oro a Paraguay desde Brasil - presumiblemente extraído de la región amazónica del país vecino - para luego distribuirlo a Europa.

Un extranjero sería la cabeza del esquema

En conversación con medios de comunicación luego de uno de los allanamientos, el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, comentó que los allanamientos de hoy resultaron en la detención de cuatro personas y agregó que hay varios otros individuos en la mira de los investigadores.

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Uno de estos sería un ciudadano extranjero - cuya nacionalidad aún no fue revelada - a quien los investigadores consideran el posible “cabecilla” del esquema y quien aún no fue localizado.

Se trata de un hombre radicado en Paraguay desde hace 20 años, quien fue detenido previamente en Turquía por robo de lingotes de oro y en Sao Paulo, Brasil, por contrabando de ese metal precioso.

El comisario López dijo que los allanamientos permitieron a los intervinientes incautar documentos que podrían ayudar a trazar la cantidad de oro que el esquema movió a través de Paraguay.

“Creemos que son bastantes envíos”, comentó.

Moragas advierte que el sistema educativo superior arrastra un rezago histórico en la materia y que la ausencia de mecanismos de prevención convierte a los campus en terrenos fértiles para que este tipo de situaciones ocurran en el más absoluto silencio. “El sistema educativo está absolutamente atrasado en prevención”, sostiene.

Centenas de estudiantes de la UNA, se encuentran en alerta tras la salida a la luz de una red de acoso sexual y violencia digital. Las denuncias, lideradas inicialmente por universitarias de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) y extendidas a alrededor de 10 de las 11 unidades académicas del campus ubicado en San Lorenzo (90% de facultades), exponen la circulación no consentida de material íntimo y contenidos manipulados.

Tras el suceso, la UNA, el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía formaron una mesa de crisis, que tiene en principio dos objetivos claros: Acompañamiento psicológico para las víctimas e investigar el origen de los ataques para identificar a los responsables que, serían supuestamente estudiantes universitarios.

Suman 80 víctimas y denuncian que sitio web sigue abierto

Hasta la fecha, el número de universitarias afectadas asciende a unas 80 víctimas identificadas, según los registros que manejan los propios gremios estudiantiles, que son quienes iniciaron los reclamos ante las autoridades.

A pesar de las intervenciones institucionales y las denuncias penales presentadas ante la intervención del propio Ministerio Público, el alumnado denuncia con preocupación que la plataforma web y las carpetas virtuales donde se aloja el material no consentido, continúan operativas y de acceso público, perpetuando la vulneración de la intimidad de las jóvenes.

Ximena Ramos, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), indicó que, de manera oficial, hoy iniciaron a recopilar las denuncias. Solo en la FADA, se estima que hay 60 alumnas afectadas, mientras que en la Politécnica, contarían con otras 20.

Al respecto, Mirta Moragas insistió en que el desafío no concluye con la creación de un protocolo escrito, sino en contar con equipos técnicos y jurídicos capacitados dentro de las propias facultades para actuar de forma inmediata. “Una cosa es tener la norma y otra es la aplicación. Si las unidades académicas no cuentan con profesionales capaces de recibir y gestionar estas denuncias adecuadamente, la respuesta llega tarde”, puntualizó.

Las medidas prometidas por el rectorado de la UNA

Ante la conmoción generada en la comunidad universitaria y luego de una primera reunión con estudiantes, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, el rectorado de la UNA promete una serie de compromisos y canales de comunicación:

• Canal oficial de denuncias: Se designó a la Dirección de Bienestar Institucional (DBI) como la instancia central para recibir solicitudes y denuncias a través del correo electrónico dbi@rec.una.py.
• Atención psicológica y contención: Especialistas del Ministerio de la Mujer brindarán atención presencial en la Dirección General de Extensión Universitaria (DGEU). Asimismo, recordaron la vigencia de la línea gratuita 137 SOS Mujer.
• Garantía de confidencialidad: La UNA prometió resguardar la identidad de las denunciantes y la privacidad de las informaciones recabadas para evitar situaciones de exposición y revictimización.
• Investigación penal y medidas de protección: La Asesoría Jurídica de la universidad derivará las evidencias a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público. Además, se tramitarán medidas de protección ante el Juzgado de Paz correspondiente para el resguardo de las afectadas.
• Medidas académicas y prevención: Implementación de resguardos académicos para las víctimas que lo requieran y el fortalecimiento de campañas de capacitación y sensibilización sobre violencia de género.

A pesar de los canales y compromisos anunciados por la universidad, Mirta Moragas enfatiza que la respuesta institucional sigue llegando tarde, centrándose en la reacción posterior a los hechos en lugar de la prevención. Para la especialista, el abordaje de la violencia de género no debe limitarse a la contención tras la crisis, sino a una inversión real de tiempo y recursos para transformar el entorno educativo.

“Si no se trabaja la prevención de raíz y las facultades no cuentan con equipos capacitados para actuar de forma ágil, el campus seguirá siendo un espacio vulnerable para el estudiantado”, concluyó.

La raíz cultural: pacto de complicidad y el vacío de la EIS

Para Clemen Bareiro, especialista del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), esta problemática sobrepasa las paredes de las facultades y refleja patrones socioculturales profundamente arraigados, pues, asevera, la universidad es un espejo más de la sociedad.

“No es sorpresa, el daño es real. Se toman fotos sin consentimiento, se las sexualiza, se fabrican imágenes con inteligencia artificial y se hacen circular. Esto provoca miedo, vergüenza de ir a clases y el abandono de espacios públicos”, señala Bareiro, quien agrega que a medida que pasan los días la historia se va agravando. “Entre las afectadas habría adolescentes menores de edad de los cursillos de ingreso, eso es gravísimo y tiene otra dimensión penal”, remarca.

Según el análisis de Serpaj, el fenómeno se sostiene sobre tres ejes críticos:

1. Pacto de complicidad masculina: La universidad reproduce una sociedad donde el cuerpo femenino se asume como algo disponible. “Estas páginas funcionan como un pacto de complicidad masculina donde humillar a una compañera se vuelve un juego o una forma de ganar prestigio entre pares”, argumenta.
2. Anonimato e Inteligencia Artificial: La tecnología simplifica y acelera la fabricación de imágenes sexuales explícitas de forma anónima, creando una sensación de impunidad.
3. El veto a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS): Bareiro sostiene que las consecuencias actuales derivan del bloqueo deliberado y la desinformación que sufrió la EIS en las escuelas durante años. “Los jóvenes llegan a la universidad sin haber tenido nunca una conversación sobre consentimiento, respeto o ética digital. Negar la educación con perspectiva de género no borra la violencia; la profundiza”.
4. Desamparo institucional y falta de protocolo unificado: La ausencia de una normativa clara y transversal en la universidad pública más importante del país deja desprotegidas a las víctimas y diluye las responsabilidades. Sin un protocolo con presupuesto e instancias especializadas, las respuestas quedan sujetas a medidas improvisadas de emergencia una vez desatada la crisis.

Mirta Moragas coincide con esta visión. “El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por acción u omisión, por cómo encara los temas de género, la violencia y la enseñanza sobre género, es lo que genera un poco lo que empieza después en la universidad, es decir, tiene que ver con lo que la cartera hace y deja de hacer. Esto no empieza en la universidad, empieza en la primera infancia.

Delito, no “travesura”: el llamado a cortar la cadena

Bareiro recuerda que la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres reconoce expresamente la violencia digital como una forma de agresión. “Esto no es ningún chiste, ni una travesura, ni algo simpático para hacerle a una amiga: es un delito equivalente a un golpe en la cara que vulnera directamente la dignidad”, enfatiza.

La especialista recalca que la responsabilidad no recae únicamente en quien crea el contenido, sino en toda la cadena de difusión. “La violencia sigue en quien recibe, guarda y reenvía.

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Por último y es demasiado importante, dice Bareiro, le decimos a las chicas que “no es su culpa, sin importar qué foto subieron o dónde estaban; la responsabilidad siempre es de quien agrede y difunde esa imagen y a la ciudadanía le pedimos que si les llega ese material, no lo abran, lo denuncien y corten la cadena de difusión”.

• Díesel Porã (Aditivado): G. 8.785
• Díesel mbarete (Aditivado): G. 10.795
• Nafta Kape 88 (Aditivada - Mínimo 88 octanos): G. 6.990
• Nafta Oikoite 93 (Aditivada - Mínimo 93 octanos): G. 7.490
• Nafta Aratiri 97 (Aditivada - Mínimo 97 octanos): G. 8.990

Gremio del transporte escolar expresa preocupación por la inminente suba del combustible

Al tomar en cuenta el reajuste anterior —realizado en agosto pasado—, el Diésel Porã pasó de G. 8.290 a G. 8.785, lo que representa un aumento de G. 495 por litro. Por su parte, el Diésel Mbarete subió de G. 10.300 a G. 10.795, sufriendo un incremento idéntico.

Las naftas mantienen casi en su totalidad sus tarifas

En lo respectivo a las naftas, la mayoría conserva sus precios actuales: la Nafta Kape 88 se mantiene en G. 6.990 y la Oikoite 93 en G. 7.490. La única variante en este segmento es la Nafta Aratirí 97, que registra una suba de G. 150 por litro, pasando de G. 8.840 a G. 8.990.

Suba del combustible pone al agro ante un nuevo escenario

Petropar aclaró que los nuevos valores rigen a partir de este 24 de septiembre de 2026 y que las tarifas pueden sufrir variaciones en las estaciones de servicio ubicadas a más de 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa, debido al costo del flete.

🔴 URGENTE | PETROPAR SUBE PRECIO DE COMBUSTIBLES

🔸 La estatal actualizó los precios de sus dos tipos de diésel. Desde este jueves, ambos registran un aumento de G. 495 por litro.

👉🏼 También aumenta G. 150 la nafta de 97 octanos.

📌 Sin cambios: las naftas de 88 y 93 octanos… pic.twitter.com/N9Xe9dUDNQ

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

El gasoil acumula hasta un 43,8% de aumento en 2026

El precio del diésel común continúa acumulando importantes incrementos en lo que va del año, lo que vuelve a presionar los costos de la cadena de transporte, producción y distribución.

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Hasta antes de esta actualización, Petropar mantenía una ventaja competitiva de G. 700 por litro en comparación con el sector privado; sin embargo, con este ajuste de G. 500, dicha diferencia se reduce a tan solo G. 200.

El clima se mantendría estable durante los próximos días y no se esperan precipitaciones al menos durante todo el fin de semana.

La temperatura va en aumento y hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 17 grados a nivel nacional.

Los índices aumentarían aún más en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el sábado.

El hombre llegó con una grave perforación de proyectil de arma de fuego, por lo que, ante la complejidad del cuadro médico, los profesionales del hospital dispusieron su derivación inmediata al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Cambios en la Policía Nacional en medio de una acuciante ola de inseguridad

El llamado de alerta ingresó a través de la línea del Sistema 911 de la Policía Nacional. Al llegar a la escena del crimen, las patrullas no encontraron al afectado ni a los protagonistas de la riña, debido a que el herido ya había sido auxiliado por conocidos de la zona.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a un enfrentamiento entre bandos rivales que disputan el dominio territorial en la franja ribereña. Aunque versiones extraoficiales recabadas por los investigadores sugieren una posible pugna entre células vinculadas al Clan Rotela y al Primer Comando da Capital (PCC).

Bala quedó en el abdomen

En conversación con la prensa, el oficial inspector Néstor Vázquez, de la Comisaría 2ª capitalina, detalló la mecánica de la agresión y el diagnóstico preliminar remitido por los médicos de guardia.

“El hombre presenta un disparo con entrada en el brazo izquierdo; el plomo atravesó el miembro e ingresó al costado del tórax, quedando finalmente alojado en la zona del abdomen, lado derecho. Su estado es sumamente delicado”, precisó el uniformado.

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De acuerdo con el relato obtenido por los intervinientes en el lugar de los hechos y en el hospital, el trasfondo de la balacera se originó horas antes en un altercado previo ocurrido en otro sector del barrio.

Un grupo de personas, entre las que presuntamente se encontraba Benítez, quien registra varios antecedentes penales por hurto agravado y violencia familiar, llegó hasta una vivienda particular con la intención de agredir a una mujer que resultó con cortes en la cabeza.

Ante la irrupción, la pareja de la joven salió al paso para defenderla, y se desencadenó una pelea generalizada en el que se efectuaron los disparos con arma de fuego.

Prófugo con medidas alternativas y diligencias fiscales

El supuesto autor del disparo fue identificado de manera preliminar por la propia víctima como Elías Emanuel Díaz Chávez, paraguayo de 21 años, residente en el mismo barrio. El joven tiene antecedentes penales por robo agravado en este 2026, además de un régimen de reglas de conducta que le prohibía expresamente portar armas de fuego, salir del país y acercarse a antiguas víctimas.

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El procedimiento fue puesto a disposición del agente fiscal de turno de la capital, quien encomendó el trabajo de campo al personal del Departamento de Investigaciones y a los peritos de Criminalística de la Policía Nacional para levantar evidencias en la vía pública donde se desató la balacera.

Los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron el lunes los alegatos finales en el juicio. Sánchez fue la encargada de iniciar la presentación de los alegatos finales y el pedido de condena de 12 años de pena privativa de libertad por la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

La Fiscalía sostiene que los hechos “han quedado plenamente acreditados” y que “las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar su calidad de abogado”, sostuvo. Agregó que se “produjo una conclusión inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título de Hernán David Rivas carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”.

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Hoy, a las 09:30, prosigue el juicio con la presentación de alegatos finales de la defensa, a cargo de Alba Zaracho. Si la Fiscalía no solicita derecho a réplica, se procederá a un cuarto intermedio para que el Tribunal, a cargo de María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, delibere y anuncie la condena o el perdón.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) encabezó la lista de tenedores con G. 1,44 billones, equivalentes a US$ 243,3 millones y al 14,61% del total. Le siguió Banco Itaú Paraguay con G. 1,22 billones (US$ 206,8 millones), una participación del 12,42%.

En tercer lugar se ubicó Sudameris Bank, con G. 986.891 millones (US$ 167,1 millones y 10,04%), mientras que Zeta Banco registró G. 949.612 millones (US$ 160,8 millones y 9,66%). Estas cuatro posiciones concentraron aproximadamente el 46,7% de los bonos en circulación.

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La concentración aumenta al incorporar la categoría de Inversor Institucional, que mantiene G. 706.467 millones, equivalentes a US$ 119,7 millones y al 7,18% del total. De esta manera, las cinco primeras posiciones acumularon G. 5,30 billones (US$ 897,8 millones) con una participación conjunta del 53,9%. Si se consideran las diez primeras, el porcentaje asciende al 79,9%. Cabe señalar que el Inversor Institucional figura como una categoría agregada y no como una entidad individual identificada.

Entre las demás entidades bancarias, Banco Continental mantuvo G. 648.894 millones (6,60%), seguido de Ueno Bank con G. 622.346 millones (6,33%) y Banco Basa con G. 520.208 millones (5,29%). En tanto que Bancop registró G. 389.874 millones (3,96%) y Banco GNB Paraguay, G. 377.958 millones (3,84%). También figuran Interfisa con G. 224.909 millones; Banco Atlas con G. 196.655 millones; Citibank con G. 144.736 millones; Solar Banco con G. 144.202 millones y otras entidades.

Por otra parte, las compañías aseguradoras identificadas en los datos del Ministerio de Economía y Finanzas acumularon G. 427.685 millones, equivalentes al 4,35% del stock. Itaú Seguros Paraguay presentó la mayor participación dentro de este grupo con G. 162.713 millones (1,65%), seguida de Mapfre Paraguay con G. 114.525 millones (1,16%).

Familiar Seguros registró G. 48.939 millones y Tu Seguros, G. 30.336 millones. Estas inversiones muestran que la tenencia de deuda pública también se extiende a otras instituciones financieras, aunque con montos considerablemente inferiores a los del sector bancario.

Entre los demás participantes sobresale The Bank of New York DRs con G. 268.505 millones (2,73%). A su vez, la categoría de Personas Jurídicas registra G. 68.242 millones (0,69%), mientras que las Personas Físicas poseen G. 23.738 millones (0,24%).

El Banco Central del Paraguay figura con G. 25.000 millones, equivalentes al 0,25%. La reducida participación registrada directamente a nombre de Personas Físicas contrasta con la elevada tenencia de las instituciones financieras, aunque la planilla no identifica a los beneficiarios finales de las inversiones realizadas mediante intermediarios.

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La estructura de tenedores constituye un elemento relevante para el análisis del financiamiento público. La concentración bancaria vincula una proporción importante de la Deuda Interna con los balances de las entidades financieras. A su vez, la presencia del FGD añade una participación institucional significativa, composición que permite identificar quiénes mantienen los títulos del Tesoro al cierre de agosto, pero no determina por sí sola las condiciones de futuras emisiones ni el grado de exposición al riesgo de cada institución.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

Esta semana, la Administración Nacional de Electricidad publicó el llamado a licitación N° 483119, para contratar servicios de “Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras y Actividades Oficiales de la ANDE.”

El contrato es de carácter plurianual (2026-2028) y se menciona la cobertura de “actividades oficiales con la Presidencia de la República y para la inauguración de obras de la ANDE”. El monto total previsto es de G. 2.326.280.191. La apertura de ofertas será el 12 de octubre.

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En cuanto al lugar donde se prestarán los servicios, será “conforme al cronograma de actividades oficiales elaborada en coordinación con la Presidencia de la República y la Presidencia de la ANDE, en el lugar definido por ambas autoridades, pudiendo ser en la capital o en el interior del país“.

Se solicita la provisión de micrófonos, proyectores, pantallas, televisiones, ventiladores, ambientación y montaje y desmontaje de escenarios, además de otros elementos vinculados a la realización de eventos. También se planifica la compra de arreglos florales.

Llamativa diferencia con monto de 2024

Actualmente la Administración Nacional de Electricidad tiene vigente un contrato abierto para el “Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras y Actividades Oficiales de la ANDE”.

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Ese llamado se licitó en el año 2024 y también fue plurianual. Llamativamente, en aquella ocasión el monto total fue de solo G. 700 millones, por lo cual el llamado que se hizo esta semana triplica esa cifra.

Ese contrato llega a su fin en el mes de diciembre y ya implicó el desembolso de unos G. 547 millones hasta la fecha. La beneficiada fue Ana Elizabet Fernández Espínola.

Contrato fue ampliado

Este contrato fue modificado el pasado 16 de setiembre mediante una adenda que tuvo como objetivo ampliar el monto del contrato por G. 140 millones, con lo cual la cifra total se disparó a G. 840 millones. No obstante, todavía está lejos del presupuesto previsto para el siguiente llamado.

Al observar el detalle de los documentos difundidos en el llamado que se publicó el 21 de setiembre en el portal de Contrataciones Públicas, se observa que la ANDE pidió dos presupuestos a firmas privadas, pero tuvo como referencia principal los precios del contrato vigente, por ser el más bajo. Por ese motivo, se presume que con la nueva licitación se pretende realizar más eventos e inauguración de obras, pero ese dato no está publicado aún en la página abierta de la DNCP.

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Además de este contrato con la ANDE, Espínola fue adjudicada para ofrecer servicios de ceremonial y catering para instituciones como la Policía Nacional, SENACSA, la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Agricultura y muchos otros más.

El contrato más elevado fue con la Secretaria Nacional de Deportes (SND), por G. 3.700.000.000, el pasado 4 de setiembre de este año, para “servicios técnicos y profesionales de arbitraje para programas deportivos”, de forma plurianual entre el 2026 y 2027.

Otros llamados similares

Además de la ANDE, instituciones como la Facultades de la Universidad Nacional de Asunción, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Migraciones, Fiscalía General del Estado y varios municipios también tienen múltiples licitaciones abiertas para contratación de servicios ceremoniales y gastronómicos.

Cabe resaltar que el decreto N° 6120/202 establece solo el recorte de compra de catering, exceptuando a eventos internacionales y personal esencial.

Según la familia de la víctima, el agresor tuvo una clara “intención de matar”. Pese a que el atacante confesó la agresión, el Ministerio Público dispuso su inmediata liberación, y calificó el hecho de manera preliminar como una simple “lesión corporal leve”, según relató la madre del afectado.

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El suceso se registró a pocas cuadras del predio escolar. De acuerdo con el reporte de la Comisaría 10ª Central, la víctima salía de clases cuando fue abordada por el agresor. Tras una discusión generada aparentemente por celos a raíz de una relación sentimental, González atacó al menor.

La madre de la víctima relató con impotencia que el agresor le erró tres estocadas antes de darle el puntazo definitivo en la espalda y arrojarlo a una zanja.

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El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, donde recibió atención médica y afortunadamente se constató que la herida no llegó a perforar sus pulmones.

Familiares entregaron al agresor, pero fue liberado

Tras las primeras averiguaciones, la Policía localizó la vivienda del sospechoso y conversó con su padre, un suboficial inspector de la Policía Nacional. Posteriormente, el uniformado presentó a su hijo en la sede de la Comisaría 10ª para ponerlo a disposición de la Justicia.

Sin embargo, la reclusión de González duró menos de 24 horas. Tras comparecer ante la Unidad Penal N.º 2 del Ministerio Público, el fiscal Itálico Rienzi emitió una resolución disponiendo su libertad, argumentando que el diagnóstico médico remitido por el hospital catalogaba la lesión como no grave, lo que técnicamente encuadraba la causa dentro del tipo penal de lesión leve.

“Por cachafa no más” atacó, según la madre

La decisión de la Fiscalía cayó como un balde de agua fría sobre la familia del menor herido. La madre del estudiante relató que, durante la audiencia indagatoria, el propio agresor afirmó de manera despectiva ante la asistente fiscal que atacó al joven “por cachafa nomás”, sin demostrar el menor arrepentimiento.

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“Siento que la Fiscalía está cuidando al agresor antes que a mi hijo. Le jugaron a matar cuatro veces y dicen que es leve porque no está en terapia intensiva. Mi hijo está en casa con dolores, sin poder moverse, mientras esta persona camina libremente por la calle como si nada hubiera pasado”, lamentó la mujer.

Desde la Comisaría 10ª Central, el subjefe Juan Servían señaló que la institución policial se limitó a acatar la orden escrita remitida por la representación fiscal.

Entretanto, la familia de la víctima adelantó que se presentará con asistencia jurídica ante la sede del Ministerio Público para exigir la reconsideración de la carátula fiscal y la adopción de medidas de protección urgentes para el menor golpeado.

Un grupo de ciudadanos indignados encaró a la parlamentaria a los gritos, tildándola de “sinvergüenza”, “ladrona” y “mentirosa”. Los mismos le reclamaron que la clase política se acuerda de las necesidades del departamento de Canindeyú únicamente cuando se acercan los tiempos de campaña electoral.

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El incidente se registró frente a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Cruce 7 Montes, dependiente de la XIV Región Sanitaria. La legisladora llegó hasta el lugar para encabezar la entrega de un sillón y equipo odontológico de última generación. Sin embargo, la comitiva fue recibida por vecinos de la zona que mostraron su malestar por el abandono que sufren las comunidades del interior.

“Justo venís a aparecer ahora en periodo de campaña electoral. Estamos cansados porque sos muy mentirosa; acá solo venís a buscar votos”, recriminó con impotencia uno de los pobladores en guaraní.

La respuesta de la legisladora y el rechazo de los vecinos

La parlamentaria intentó minimizar el reclamo y dijo que ciertos sectores buscan “instalar ronchas” en la comunidad justo cuando llegan las obras y las mejoras gestionadas por el Gobierno Nacional.

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“Nosotros estamos felices con ustedes por los regalos y los beneficios que estamos trayendo a la región; muchas gracias”, respondió Villalba mientras seguian los reclamos y decidió retirarse.

Las palabras de la diputada encendieron aún más el ánimo de los vecinos y, los gritos de “fuera, sinvergüenza”, la ciudadanía despidió a la parlamentaria.

Para Benítez, la pelea interna está impulsada por un grupo de gobernadores fortalecidos con millonarios recursos, pero advirtió que, independientemente de quién resulte victorioso en la interna republicana, el resultado para la ciudadanía será exactamente el mismo. Sostuvo que habrá una continuidad de un modelo centrado en el reparto de cargos y en los negocios familiares a costa del Estado.

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El parlamentario explicó que el tablero político oficialista se encuentra condicionado por la disputa de recursos entre los caudillos regionales y la clase política tradicional.

Según su lectura, la administración del programa Hambre Cero se convirtió en la principal caja política que alimenta las ambiciones de los gobernadores, generándose un peligroso contrapeso frente al Congreso.

Benítez se mostró escéptico ante la capacidad de resistencia de la Cámara de Diputados frente a la aplanadora del cartismo. En ese sentido, cuestionó la falta de autonomía y dignidad de varios de sus colegas, a quienes ve demasiado frágiles como para sostener una postura firme y defender los intereses de la población antes que las instrucciones del poder de turno.

Benítez ve una fricción legislativa y debilidad de la disidencia

El legislador observó que las disputas entre la Cámara de Diputados y el Senado responden a tensiones históricas por espacios de poder que hoy se recrudecen ante la cercanía de las próximas pujas electorales.

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“Desde que comenzó este periodo parlamentario siempre existió una fricción constante entre ambas cámaras, pero ahora la pelea sube de tono porque se vienen los tiempos de definir candidaturas”, sentenció el diputado.

Benítez remarcó que las pujas entre la dirigencia del Partido Colorado no deben confundirse con un verdadero debate de propuestas. Criticó que los referentes disidentes busquen presentarse como una alternativa renovadora cuando han formado parte del mismo engranaje gubernamental.

“Elijan a quien elijan dentro de la interna de la ANR, el resultado final para la gente va a ser el mismo. No hay una discusión de fondo ni una disputa que busque transformar el país; lo único que están negociando son los espacios en las listas, los puestos directivos en los entes públicos y los grandes negocios del Estado”, argumentó.

El desafío del tercer espacio y de la oposición

El parlamentario abordó la realidad de las fuerzas opositoras en Paraguay y el papel que le toca desempeñar al tercer espacio. Reconoció que una gran franja del electorado acude a estas plataformas alternativas debido al profundo desencanto con el manejo tradicional y las decisiones de los sectores mayoritarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Si bien asumió que existen marcadas diferencias en las formas de hacer política, aclaró que no existe una agenda orientada a destruir a la principal fuerza opositora, sino la necesidad de construir un bloque amplio, transparente y creíble para el electorado no colorado.

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Sobre este punto, Benítez enfatizó que la prioridad de la oposición debe ser articular una oferta política seria para la ciudadanía, donde el tercer espacio y el liberalismo puedan cooperar sin caer en agresiones mutuas que solo benefician al oficialismo.

“Nosotros recibimos el voto de miles de paraguayos que no están conformes con el rumbo de la política tradicional. Lo que debemos lograr de cara al futuro es una articulación inteligente y respetuosa, donde podamos coexistir con nuestras diferencias sin estar pisoteándonos entre nosotros. El país necesita con urgencia una oposición unida, con la capacidad real de competir y ofrecer una alternativa de gobierno que reemplace a este modelo agotado”, concluyó.

La jornada reunió a propietarios de hoteles y posadas, emprendedores de dulces, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores, además de organizaciones provenientes de otras localidades y de Asunción. Compartieron sus experiencias y plantearon ideas que fueron consideradas alentadoras para el desarrollo turístico de Coronel Oviedo y el departamento de Caaguazú.

El encuentro tuvo como uno de sus principales ejes las “Iniciativas de desarrollo turístico en la ciudad de Coronel Oviedo”, con la participación de representantes de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), quienes abordaron las posibilidades existentes para fortalecer el turismo y generar nuevas alternativas para los visitantes.

Durante la actividad también se puso énfasis en la necesidad de dejar de pensar solamente en el alojamiento y comenzar a trabajar en una oferta turística más amplia, donde puedan integrarse los hoteles, posadas, gastronomía, emprendimientos, productores, espacios de recreación, organizaciones y otros sectores que pueden beneficiarse con la llegada de visitantes.

Compartieron experiencias y nuevas propuestas

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el intercambio de experiencias entre representantes de diferentes localidades, quienes acercaron propuestas y ejemplos de iniciativas que pueden ser adaptadas a la realidad de Coronel Oviedo y otros puntos del departamento.

La presencia de organizaciones de otras ciudades y de la capital del país permitió ampliar la discusión y conocer experiencias relacionadas con la promoción turística, el trabajo conjunto entre sectores y la generación de productos que puedan atraer visitantes.

Los participantes señalaron que estas experiencias pueden servir como base para crear nuevas opciones de turismo en la región, aprovechando los recursos y actividades que ya existen, pero buscando presentarlos de una manera diferente y atractiva para quienes llegan a la zona.

Mipymes, otro de los ejes

Otro de los temas desarrollados durante la jornada fue “Las Mipymes como motor del desarrollo local”, con el análisis del papel que cumplen los pequeños y medianos emprendimientos en la generación de oportunidades, empleo y movimiento económico.

En este punto, se planteó que el crecimiento del turismo puede beneficiar directamente a emprendedores y pequeños negocios, desde quienes ofrecen productos gastronómicos y dulces hasta prestadores de servicios y otros sectores vinculados a la actividad turística.

La propuesta es que el visitante pueda encontrar en Coronel Oviedo más opciones para conocer, consumir y permanecer, generando así un mayor movimiento económico y una distribución de los beneficios entre distintos sectores de la comunidad.

Aprovechar el potencial de la región

Durante el foro también se habló de la necesidad de trabajar de manera articulada entre el sector privado, instituciones públicas y organizaciones sociales, de modo a impulsar acciones que permitan posicionar a Coronel Oviedo y a otros puntos del departamento como alternativas para el turismo interno.

Los representantes del sector hotelero consideran que existe una oportunidad para aprovechar la ubicación y el movimiento de personas que tiene Coronel Oviedo, generando propuestas que permitan que quienes llegan a la ciudad no solamente estén de paso, sino que encuentren motivos para quedarse y conocer la zona.

La intención es avanzar hacia una oferta turística regional, donde puedan complementarse los diferentes atractivos, emprendimientos y servicios existentes en Caaguazú, en lugar de trabajar de manera aislada.

Un encuentro considerado exitoso

Los organizadores calificaron la jornada como un encuentro positivo y exitoso, principalmente por la participación de diferentes sectores y el intercambio de experiencias que permitió ampliar la visión sobre las posibilidades de desarrollo turístico.

La actividad dejó además ideas y propuestas alentadoras para la región, que ahora deberán ser analizadas y transformadas en acciones concretas para promover nuevos productos turísticos y generar mayor movimiento económico.

Desde la AHCO señalaron la importancia de mantener este tipo de espacios de diálogo, ya que consideran que el desarrollo turístico requiere continuidad, planificación y participación de todos los sectores involucrados.

El foro llevó como lema: “Juntos impulsamos el futuro de nuestra ciudad”, una consigna que reflejó el objetivo central de la jornada: unir al sector hotelero, emprendedores, instituciones y organizaciones para buscar nuevas oportunidades y fortalecer el turismo en Coronel Oviedo y su área de influencia.

El desarrollo de la campaña Octubre Rosa en la capital de Amambay es encabezado por la Asociación de Apoyo Contra el Cáncer Multidisciplinario del Amambay (AACCMA), integrada por mujeres que superaron la enfermedad.

Del acto de lanzamiento de la campaña en la capital departamental, realizado en el área oncológica del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, participaron autoridades sanitarias y políticas gubernativas, entre otros invitados.

En coincidencia con el acto realizado en la fecha, se dio inicio a la venta de remeras de color rosa con mensajes alusivos a la campaña, cuya recaudación se destinará a asistir a pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad; cada prenda cuesta G. 50.000.

¿Cuáles son los objetivos?

La licenciada Irma De los Ríos, miembro de la AACCMA, indicó que el objetivo fundamental es la construcción de conciencia acerca del cáncer de mama y la importancia de la detección precoz para un tratamiento efectivo.

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Refirió además que durante la campaña se recaudarán fondos que serán destinados a mantener la funcionalidad de la denominada “Casita Rosada”, un albergue para pacientes con cáncer y los otros servicios que ofrecen en el establecimiento, como el Centro de Atención Integral.

Los malvivientes habrían ingresado tras romper una ventana de vidrio ubicada en la parte posterior del establecimiento. Al llegar al lugar, los funcionarios se percataron de los daños y de la ausencia de varios objetos, relata el informe policial.

Entre los elementos denunciados como hurtados se encuentran dos monitores con CPU integrado, marca HP, de color negro, además de una placa eléctrica del mismo color, una hoppy de color blanco y una cortina de ventana.

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La licenciada Beatriz Eugenia Gómez de Larroza fue quien comunicó el hecho a los agentes policiales y explicó que al ingresar a su lugar de trabajo encontró la ventana rota y abierta. Posteriormente verificó las distintas dependencias y constató la desaparición de los equipos y demás objetos.

Tras la denuncia, se dio intervención al personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística, que se trasladó hasta la USF para realizar las tareas correspondientes y levantar posibles evidencias.

El procedimiento de investigación quedó a cargo del oficial Pablo González, del área de Investigación de Hechos Punibles, y del suboficial mayor Arnulfo Armoa, de Criminalística, ambos con sede en San Estanislao.

Hasta el momento, no se identificó a los presuntos autores del hecho, y la Policía continúa con las averiguaciones para determinar las circunstancias del ingreso y recuperar los objetos sustraídos.

El encuentro se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

Conforme a un informe oficial, Paraguay se incorporó formalmente al Compromiso Regional de Santiago en junio de este año, sumándose a un mecanismo que busca profundizar la cooperación entre los Estados en áreas estratégicas como seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio, así como control y fiscalización fronteriza.

La instancia presidencial apunta a reforzar ese trabajo político y operativo frente a amenazas comunes que requieren respuestas coordinadas entre los países.

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Durante su intervención, Santiago Peña advirtió que las organizaciones criminales han demostrado una rápida capacidad para adaptarse, operar más allá de las fronteras y aprovechar las debilidades existentes en los mecanismos de cooperación entre los Estados.

“Frente a esa realidad, sostuvo que los países también necesitan actualizar sus estrategias y fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad y defensa”, expresó.

“Vemos al crimen organizado, a los delitos transnacionales, que son los que más han evolucionado y justamente han aprendido de nuestras propias falencias”, expresó el presidente Peña. Indicó que es importante generar respuestas regionales capaces de acompañar la evolución de estas amenazas.

Señaló, además, que la seguridad constituye un asunto central para el desarrollo del hemisferio. Indicó, además, de la necesidad de profundizar la coordinación entre los países sudamericanos, a los que definió como parte de un “barrio común” que enfrenta desafíos compartidos.

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Peña valoró, también, la consolidación de un espacio que permita coordinar estrategias e instituciones con un mismo objetivo. “Este espacio donde podamos coordinar las estrategias en materia de seguridad, de defensa, las diferentes instituciones con nuestro objetivo es algo que va a beneficiar a nuestros países, al continente sudamericano y, por supuesto, a todo el hemisferio occidental”, sostuvo.

Paraguay se suma con fuerza a la iniciativa

En otro momento, Peña expresó la voluntad del Paraguay de participar activamente de este esfuerzo regional y planteó que la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales forme parte de manera permanente de la agenda de coordinación entre los países.

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“Paraguay se une con fuerza, con vigor, con un deseo de poder coordinar los esfuerzos”, manifestó el mandatario. Sostuvo que enfrentar las actividades ilícitas es también una condición necesaria para generar un entorno favorable al desarrollo económico y al progreso de los pueblos de la región.

El letrado había querellado a su colega por haber publicado un vídeo en redes sociales en el que se apuntaba que “negoció” la impunidad de su suegro, el extitular de la ANDE Carlos Heisele.

Por el caso, la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital resolvió por mayoría declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa de Roa, ejercida por el abogado Guillermo Ferreiro y así revocar de manera íntegra la sentencia definitiva.

La resolución fue suscripta por los magistrados Jesús María Riera Manzoni y Mario Camilo Torres, quienes coincidieron en dejar sin efecto la sanción dictada previamente contra la profesional. Por su parte, el magistrado Paublino Escobar Garay emitió un voto en disidencia.

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Argumento para revocar la condena

La alzada determinó que el juzgado de primera instancia valoró conjuntamente dos pruebas periciales de valor decisivo como si arrojaran una conclusión idéntica, sin embargo, existía una contradicción entre el dictamen informático, que descartó el uso de inteligencia artificial, aunque otro informe sí apuntaba que la voz fue generada con esa tecnología.

Como antecedente, la querellada también había compartido la publicación con un mensaje específico sobre el desconocimiento sobre la autenticidad del contenido. “No sabemos aún si el audio que circula es auténtico, pero lo cierto es que el proceso penal contra Carlos Heisele, expresidente de la ANDE, y otros funcionarios terminó en total impunidad”, había declarado Roa.

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Debido a estos trabajos, las zonas son afectadas con cortes en el suministro de energía eléctrica para que los mismos puedan realizarse, por lo que periodícamente realizan anuncios a través de varios de sus canales.

El ingeniero Christian Achon, jefe de la Unidad Administradora de Contratos de Obras de Mejora en Distribución, dependiente de la Dirección de Distribución de la ANDE, explicó que los anuncios buscan informar de manera anticipada las direcciones y los horarios en los que serán desarrollados los trabajos planificados de modernización de la red de distribución de energía, a fin de que los usuarios afectados tomen las medidas pertinentes.

“Realizando previamente el refuerzo de las postaciones existentes con otras de mayor envergadura y acorde a la tecnología aplicada, se realizan posteriormente los cortes programados de manera a sustituir, dentro de estrictos parámetros socioambientales y de seguridad, los cables de media tensión de 23.000 V (voltios) desnudos por los del tipo protegidos, así como los cables de baja tensión también desnudos por los del tipo de conductores preensamblados”, precisó.

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Trabajos más frecuentes

El ingeniero contó que los trabajos más frecuentes son:

• El desmontaje de la línea de 23.000 V existente y el tendido del cable protegido de mejores prestaciones y las conexiones de los circuitos correspondientes, conforme a una configuración óptima.
• El desmontaje de la línea de baja tensión existente y el tendido del cable preensamblado de mejores prestaciones y las conexiones de los circuitos y acometidas correspondientes
• La instalación y puesta en servicio de transformadores de distribución, brindando mayor potencia al sistema eléctrico de la zona, de manera a adecuarse a la creciente demanda.

Agregó que estos trabajos forman parte de un programa integral de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución.

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“Las modificaciones consisten en sustituir las redes de distribución convencionales por redes de distribución compactas y protegidas. Esto confiere más confiabilidad, robustez y disponibilidad del servicio de energía para toda la ciudadanía, dotándose de una infraestructura en sintonía con las zonas arboladas, lo cual permitirá menores interrupciones del servicio de energía por contacto de ramas de los árboles, principal motivo de fuera de servicios”, explicó.

¿Cuánto tiempo pueden durar los cortes de electricidad?

Achon dijo que el tiempo de los cortes de electricidad dependen principalmente de la longitud de la red a modernizar, de la cantidad de equipos a intervenir en dicho tramo y de la complejidad vial.

Contó que todo esto requiere de una logística minuciosa para organizar el tránsito de forma segura durante las maniobras.

“Por ejemplo, ejecutar trabajos sobre una avenida principal conlleva mucha más organización vial y de seguridad que desplegar las mismas tareas en una calle rural de menor flujo. Además, con el objetivo de minimizar los tiempos de cortes para los trabajos, se contempla el dimensionamiento correcto de los recursos (mano de obra, equipamientos, suministros, entre otros) necesarios para completar las tareas”, señaló.

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Como ejemplo citó el corte DO-ACO N°: 525/25; de longitud total 2.201 m para el cambio de conductor desnudo de 70mm a protegida de 185mm, con un horario de ejecución de corte de 08:00 a 18:00, el cual conlleva una duración de 10 horas. El mismo depende del alimentador GUA05 en la zona de la ruta Nueva Italia - Carapeguá.

Recomendaciones para los usuarios de la ANDE

Dijo también que todos los usuarios de la ANDE son informados sobre los trabajos a realizar y normalmente se les recomienda tomar las previsiones correspondientes en los horarios anunciados.

“La comunicación a los usuarios se realiza en dos etapas, una durante la definición del tramo a intervenir, con un promedio de 20 a 30 días de anticipación al corte, y otra de confirmación del corte 48 horas antes del mismo. En cada una de estas etapas, profesionales de comunicación social entregan, casa por casa, volantes y dípticos para informar sobre estos trabajos”, sostuvo.

Aseguró que no existe peligro para la ciudadanía, ya que se toman todos los recaudos técnicos y operativos para garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios.

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Entre las medidas implementadas destacó la puesta a tierra de camiones grúa y camiones canastas de línea viva, la señalización con carteles específicos de obra, el vallado perimetral y el uso de conos y cintas de seguridad.

Insistió en que no existe peligro, ya que las maniobras de interrupción y reposición del suministro se ejecutan bajo estrictas normas técnicas y una constante fiscalización. No obstante, recordó que como buena práctica de seguridad doméstica, siempre se sugiere desconectar los equipos de alta sensibilidad durante el periodo que dure el trabajo programado.

Cortes programados se realizan para fortalecer línea de transmisión

Agregó que los cortes programados se realizan para fortalecer y evitar averías mayores en el sistema eléctrico de distribución de energía.

Sin embargo, si ocurriera de manera excepcional algún daño accidental directamente atribuible al trabajo ejecutado, la ANDE dispone de una política clara de resarcimiento, según explicó.

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Para ello, el usuario afectado puede ingresar su reclamo formal por avería de electrodomésticos, a través de la App Mi ANDE o el sitio web institucional, adjuntando los requisitos correspondientes, para la evaluación técnica del caso, precisó.

“Si se comprueban averías en los aparatos a causa de un fallo de la ANDE, se asumen los gastos que demande la reparación o incluso la reposición del equipo”, añadió.

El impacto de los cortes de electricidad

Comentó además que el impacto de estos cortes se mide a través de indicadores de calidad como la “Frecuencia Equivalente de Interrupción por Potencia (FEP)” y la “Duración Equivalente de Interrupción por Potencia (DEP)”.

Además de que el impacto se resume en una notoria mejoría de dichos indicadores que desde el punto de vista del usuario, se traduce en contar con mayor calidad y disponibilidad de la energía eléctrica.

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“Desde la implementación de estos Programas de Modernización de la Red de Distribución, los indicadores de calidad han mejorado notablemente en las zonas intervenidas. Actualmente, la ciudadanía cuenta con un sistema eléctrico mucho más confiable y menos vulnerable a los eventos climáticos severos, los cuales reducen la frecuencia de las interrupciones accidentales con una mejor calidad de servicio técnico y favorecen un menor impacto ambiental”, concluyó.

Al respecto, sostuvo que la falta de especialistas, como cirujanos y anestesiólogos pediátricos, motiva esta cooperación entre ambas instituciones, principalmente para llegar a distintas zonas del país.

La funcionaria también descartó que esta alianza sea parte de una privatización o un “desmantelamiento” de la institución, sino, el espíritu del acuerdo se concentra en la optimización de los recursos existentes para brindar un mejor servicio.

De igual manera reconoció que el IPS enfrenta dificultades en cuanto al personal de blanco, ya que la institución no podría competir con los aumentos salariales implementados por Salud Pública.

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“Mejoras” dentro del IPS

Sobre la disponibilidad de fármacos, Arias señaló que el IPS registró “un avance importante” en la provisión, por lo que estimó que la cobertura de la lista de medicamentos alcanzaría actualmente un 70%, tras la regularización de las órdenes de entrega a las empresas proveedoras.

Además, sostuvo que el proceso de adjudicación resulta lento debido a las exigencias de la Ley de Contrataciones Públicas, aunque aseguró que el consejo también trabaja para paliar el desabastecimiento que afecta a las farmacias de la previsional.

Finalmente, consideró que la gestión del actual ministro de Salud, Isaías Fretes, marcó “un antes y un después” cuando estuvo al frente del IPS, por lo que también hay “mejoras”.

“Él nos dejó un legado de un trabajo; más trabajo, honestidad y transparencia. Vamos a tener que instalar el debate entre nuestros asegurados para ver cómo mejoramos la situación, ya sea a través de una reforma de la carta orgánica, ya sea a través de una ayuda especial, porque aunque todo el mundo habla de la deuda del Estado, eso no es suficiente”, concluyó.

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La relación entre ambas entidades se remonta al 5 de febrero de 2004, mediante un contrato entre Financiera Atlas SA (hoy Banco Atlas SA), IT Consultores Sociedad Civil y la firma Excelsis SAICG (hoy ITTI SAECA y actualmente parte del grupo de empresas del Grupo Vázquez SAE) de licencia de uso e implementación del software “IT Gestión Financiera” (ITGF). Este sistema opera como el Core bancario de la entidad, sosteniendo sus operaciones cotidianas, como banca web, aplicaciones móviles, transacciones de caja, tarjetas de crédito, transferencias interbancarias y reportes regulatorios.

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De la revisión a la amenaza de bloqueo

El propio relato de la Fiscalía revela que todo se remonta al 21 de octubre de 2024, cuando Astigarraga envió una nota formal solicitando revisar el cumplimiento de las condiciones de uso de ITGF, actualmente a cargo de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se celebraron al menos cinco reuniones destinadas a coordinar los controles de licencias.

La promesa inicial por parte de Itti indicaba un proceso no intrusivo, orientado a optimizar la seguridad y sin alteración de programas ni datos.

Sin embargo, las pericias técnicas realizadas por el mismo Ministerio Público revelaron un escenario distinto. El controlador de licencias entregado por Itti a través de Google Drive no solo registraba los usuarios conectados, sino que presuntamente contenía una instrucción programada para ejecutarse el 28 de febrero de 2025 a las 23:00. Dicha orden preveía el cierre masivo de los módulos del Core bancario (sistema informático central) e inhabilitaba tablas críticas de transacciones (GE_MOVIMIENTOS, AH_CTA_VISTAS, CC_CTA_CORRIENTE).

Además, los peritos detectaron que cuatro de los siete componentes del controlador presentaban código fuente ofuscado (de dificil entendimiento para terceros) para ocultar su alcance, sumado a instrucciones incompatibles con los formularios de pase a producción (documento mediante el cual un proveedor informa formalmente a su cliente qué componente será instalado en un sistema productivo). Una simulación de cierre mensual confirmó que la herramienta provocaba la suspensión de procesos e interrupciones graves en el sistema.

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Exigencias e intervención del BCP

Según detalló el abogado de Banco Atlas, Felino Amarilla, dos días antes de la fecha programada para el bloqueo —y luego de que la entidad notara irregularidades en el controlador—, el presidente de Itti remitió una propuesta comercial: US$ 70 por cada cliente a cambio de una licencia perpetua y exclusiva en Paraguay. Con el proceso de fusión entre los bancos Atlas y Familiar en marcha, la cartera proyectada ascendía a 1.400.000 clientes, lo que elevaba la exigencia económica a US$ 98 millones, comentó.

El 28 de febrero de 2025, mismo día estipulado (a través de los controladores con códigos parcialmente ocultos) para la paralización del sistema, Itti comunicó al Banco Central del Paraguay (BCP) el retiro de la licencia del software ITGF a Atlas. Esta entidad no fue comunicada ni sabía de ese pedido de la empresa Itti.

El 4 de marzo de 2025 se realizó una reunión entre Itti y Atlas para conocer exactamente el reclamo, pero la firma proveedora no supo explicar. Dos días después (6 de marzo de 2025), César Astigarraga envió una nueva nota con cuatro alternativas de acuerdo. La primera era la cesión total y definitiva de derechos de autor por US$ 70 + IVA por cliente; la segunda era licencia perpetua con acceso a código fuente y obras derivadas por US$ 50 + IVA por cliente; la tercera era licencia trienal con acceso a fuente por US$ 22 + IVA por cliente y la cuarta, licencia perpetua sin acceso a fuente por US$ 18 + IVA por cliente.

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En esa misma jornada, coincidentemente, el BCP notificó de manera oficial a Banco Atlas sobre la cancelación de la licencia formalizada por la firma proveedora. La banca matriz está presidida por Carlos Carvallo, extitular de la otrora Financiera Ueno (Ueno Bank), también parte del Grupo Vázquez SAE.

Amarilla señaló que el 11 de marzo de 2025, Banco Atlas tuvo que recurrir a la Justicia para conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar para mantener su operatividad con su core bancario.

Casualmente, tras detectarse el presunto sabotaje y no caer a las pretenciones de la empresa proveedora se impulsó una campaña de desprestigio contra el Banco Atlas, agregó el abogado Felino Amarilla.

Según explicó, el encuentro se daría en el marco de las conversaciones sobre el contrato vigente, que tiene “unas obligaciones que entran a regir a partir del 30 de septiembre”. Agregó que buscan “una conversación productiva y constructiva”.

Ese plazo fue detallado el lunes por el presidente de la ANDE, Miguel Báez, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Dijo que, si Atome no negocia una nueva adenda antes del 30 de septiembre, deberá depositar una póliza de garantía bancaria equivalente al 2% del costo anual de la energía reservada. Estimó esa garantía en unos US$ 40 millones. De no hacerlo, la ANDE podría anular el contrato.

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Silencio de ambas partes

ABC intentó obtener información sobre la reunión a través de fuentes de la ANDE. El gerente técnico, Víctor Alí, respondió que estaba recorriendo obras de transmisión y pidió consultar con la gente de prensa.

Desde la oficina de prensa de la estatal tampoco dieron datos. Alegaron que también estaban averiguando.

Báez, por su parte, tampoco respondió. Desde que asumió la presidencia de la ANDE, decidió no contestar las consultas de la periodista de Energía de ABC, ni por escrito ni por llamadas. Atome también se llamó a silencio sobre la reunión.

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Lo que plantea Atome

Gross Brown, en entrevista con radio Monumental, sostuvo que su cliente busca concretar “la inversión más grande privada, en los últimos tiempos del Paraguay”. Insistió en que es “absolutamente privada”: “No hay ninguna alianza público-privada, no hay ninguna subvención, no hay ningún subsidio”.

Explicó que Atome pide “una tarifa funcional para ambas partes”, en una situación de “ganar, ganar”. Dijo que la empresa no se cierra a una tarifa específica y que está abierta a factores de ajuste o recálculos a partir de los cinco años. Lo que necesita, subrayó, es “previsibilidad”.

Puso como ejemplo una frase del contrato que remite al Pliego de Tarifas N° 21 “o cualquiera que la pueda cambiar en el futuro”. Según el abogado, si dentro de un año hay un cambio de pliego y se duplica la tarifa, la empresa quedaría en una situación “bastante incómoda”.

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Decretos derogados y reglas de juego

Gross Brown recordó que los decretos Power to X fueron emitidos en enero, modificados en abril y derogados en junio. Según dijo, eso cambió las reglas de juego.

Afirmó que, aunque Atome no llegó a firmar un contrato bajo esa tarifa, había iniciado los trámites y obtenido una resolución del Ministerio de Industria y Comercio que la habilitaba a acceder al régimen.

“Nosotros en ningún momento pedimos una tarifa preferencial”, aseguró. Según él, las tarifas industriales en 220 y 66 kV oscilan hoy los 35 dólares. También negó que exista una “tarifa técnica” ni que la empresa haya pedido subsidios.

“Hoy lo que no hay es una garantía de que no les vayan a cambiar las reglas de juego (a Atome)”, afirmó. Para el abogado, la seguridad jurídica pasa por “reglas claras, contratos sólidos, comunicaciones claras y promesas cumplidas”.

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El plazo y el arbitraje

Gross Brown confirmó que Atome dio tres meses al Gobierno para reencauzar la inversión mediante el Aviso de Controversia. Dijo que la notificación se hizo “alrededor del 15 de septiembre” (el 17, realmente), por lo que el plazo vencería el 17 de diciembre.

Si no hay acuerdo, el caso iría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington D.C., bajo el tratado bilateral de inversión entre Reino Unido y Paraguay. “Estamos confiados también que tenemos el derecho de nuestro lado”, sostuvo.

Advirtió que el costo de la incertidumbre crece cada día: “No podemos patear este tema para el primer trimestre del año que viene”. Báez, en cambio, dijo el lunes que la disputa “no es un problema legal, sino comercial” y afirmó que en Villeta Atome “no tiene nada construido”.

Las proyecciones del Departamento de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) indican que el descenso continuará. Para este jueves se prevé una cota de entre 3,20 y 3,10 m, mientras que para el viernes y el sábado se estima un nivel de 3 y 2,90 metros, respectivamente.

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La altura normal en la zona es de 1,80 m, por lo que el cauce se mantiene por encima del promedio, aunque en clara retracción. Técnicos descartan un pico de crecida para fines de septiembre, pero advierten que el mayor impacto de El Niño se concentrará entre octubre y diciembre, con lluvias intensas capaces de elevar nuevamente el nivel del río.

Antecedentes de inundaciones

En 1983, la cota llegó a 8 m (registro máximo histórico). En 2014, la altura del Paraná se ubicó en 7,30 m y en 2018 llegó a 7 metros. Entre octubre y noviembre de 2023, la crecida alcanzó los 5,97 metros, superando en más de un metro la cota de inundabilidad (4,50 m).

El fenómeno afectó a 573 familias (2.744 personas) de los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José Mí y el asentamiento Atinguy. Se activó la alerta roja y se habilitaron refugios en gimnasios y escuelas locales.

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“Horacio Cartes el líder más importante que tiene el Partido Colorado y el movimiento con Honor Colorado. Es un líder realmente que se ocupa de las bases, un líder que hoy le da estabilidad al gobierno de Santiago Peña”, dijo Gamarra.

Al ser consultado sobre la posibilidad o intento al menos de dividir el cartismo para crear un movimiento “peñista” sostuvo: “Yo no conozco, yo conozco Honor Colorado donde estamos todos”.

El mismo dejó entrever su clara inclinación a favor de Cartes, recordando por segunda ocasión que es el principal líder y “parte importante del soporte del gobierno de Santiago Peña”, pero sobre todo, al enfatizar que su opinión en las más importante de todas.

“Yo creo que siempre lo que diga el líder es la decisión más importante que se puede escuchar y hay que tomarlo siempre con mucha importancia”, afirmó.

Al respecto, se le señaló que esto deja una dicotomía aparentemente insalvable respecto a la chapa; ya que solo hay dos caminos aparentes: 1) que se termine confirmando que la dupla de Pedro Alliana será el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, tal como dispuso Cartes y dejando al presidenciable como un pusilánime; o bien, 2) que Alliana desobedezca a Cartes y concrete un quiebre.

Ante esto, se limitó a decir que espera que no haya ninguna división y que cree que Cartes y Alliana están manteniendo conversaciones privadas y que está “seguro que va a llegar a buen puerto y que vamos a estar todos juntos”.

Finalmente, también evitó polemizar sobre los dichos como el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), que le sacó enrostró su “experiencia” al también cartista -pero más afín a Peña- el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

“Cesarito está en su primer periodo como gobernador; yo llegué a ese cargo en 1998 y sigo jugando en primera división. Cuando tenga 30 años de carrera, pensaremos de otra manera. Con los años, uno evalúa las cosas con mayor racionalidad”, había dicho Ovelar, que no hace mucho tuvo una disputa personal con los diputados cartistas.

Ante esto, Gamarra se limitó a decir: “Los senadores siempre tienen sus frases particulares, para referirse inclusive a veces a los miembros de la Cámara Baja, pero opiniones de ellos”, dijo chuleando el conflicto.

En Amambay, estos tres destinos se consolidan como atractivos turísticos para disfrutar en sintonía con la naturaleza, la historia y la adrenalina: el Parque Nacional Cerro Corá, el Complejo Chacurrú y Cabaña Lago Tupí.

Historia, naturaleza y aventura en Cerro Corá

El Parque Nacional Cerro Corá es uno de los atractivos turísticos más valiosos del Paraguay. Los monumentos conmemorativos, el museo y los senderos históricos, el mirador Cerro Muralla son algunos de los atractivos que ofrece el lugar, cuyo ingreso cuesta apenas G. 20.000 por persona.

Varias piezas de la imponente Cordillera del Amambay forman parte del paisaje que se puede apreciar en el histórico lugar. Está situado 40 kilómetros de Pedro Juan Caballero y a 500 kilómetros de Asunción, sobre la ruta PY05.

Chacurrú, una joya del turismo

Chacurrú se encuentra a 15 kilómetros del centro de Pedro Juan Caballero, camino a Fortuna Guazú; cuenta con dos caídas de agua, área de esparcimiento, amplia piscina, además del paseo de aventura que abarca 6 puentes colgantes, tirolesa de 150 metros y un rappel de 30 metros.

El lugar también cuenta con área de camping y alojamiento; el ingreso cuesta G. 50.000 por persona, con posibilidad de disfrutar de la piscina y los saltos de agua; el circuito de aventura tiene un costo de G. 150.000, al igual que el alojamiento, mientras que acampar tiene un precio de G. 80.000..

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Lago Tupí, un destacado destino en Zanja Pytã

Otro establecimiento que se consolida como atractivo es Cabaña Lago Tupí, ubicado en Zanja Pytã, a 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero; tiene como marca registrada un lago artificial alimentado por una hermosa cascada.

Como opciones de alojamiento ofrece cabañas bien equipadas con costos desde G. 150.000 por persona con desayuno incluido; pasar el día en el lugar cuesta apenas G. 30.000 por persona.

La circulación se dio en la fanpage de Facebook que es utilizada para la campaña del candidato, denominada Darío Sainger Intendente 2026.

Las precipitaciones y ráfagas de viento registradas en las últimas semanas causaron la perforación de techos y daños materiales en diversos barrios del municipio.

Ante la emergencia socioambiental, la SEN canalizó la distribución de insumos básicos como chapas de zinc y colchones para asistir a las familias censadas como damnificadas.

Sin embargo, afiches y avisos difundidos en la comunidad promocionan la llegada de dicha ayuda gubernamental junto con la imagen, el nombre y los distintivos de campaña de Darío Sainger (ANR-HC), candidato a intendente para las elecciones del 4 de octubre próximo.

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Proselitismo con asistencia

En el material gráfico se observa el logotipo oficial de la SEN integrado al diseño proselitista del aspirante municipal.

Los denunciantes señalan que la utilización del auxilio institucional en plataformas de propaganda vulnera los principios de imparcialidad en la administración de fondos públicos.

Asimismo, remarcan que los recursos destinados a mitigar desastres naturales provienen del erario estatal y deben entregarse bajo criterios estrictamente técnicos y no como parte de acciones proselitistas partidarias.

El director de Comunicación de la SEM, refirió que desde la institución no realizan asistencia politizada y que el ministro Arsenio Zárate se encuentra en el exterior. Explicó que a su retorno podría contestar consultas.

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Suspenden entrega

El candidato por la ANR manifestó que la entrega se suspendió. Indicó que asisten a los funcionarios de la SEN, pero que no reconocen la publicación.

Refirió que hay páginas falsas en Facebook con su nombre y que él no entiende mucho de eso. Dijo que no reconoce que esa publicación sea de su equipo.

No obstante, en un principio refirió: “Ese se suspendió, hay que borrar ese”, haciendo referencia a una publicación, aunque al ser consultado sobre el punto no reconoció que se trate de la misma divulgación en cuestión.

La presentación oficial del Censo General de Afiliados 2026 se llevó a cabo en la sede de Asunción ante los miembros del Consejo de Administración de la Caja.

Desde la conducción de la Cajubi señalaron la urgencia de contar con información precisa sobre el universo total de beneficiarios para sostener la proyección financiera de la entidad.

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Contratación privada y plazo de ejecución

Para el desarrollo del operativo, la institución adjudicó el servicio a la firma COIN S.A. tras un proceso de selección entre empresas del rubro. La consultora privada cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en el mercado.

El plan contempla un plazo de ejecución de aproximadamente 120 días, aunque la administración apunta a acortar la toma de datos a 90 días para consolidar los resultados antes del 31 de diciembre.

“La idea es que esta información pueda ser suministrada al Actuario para los cálculos de proyección en el tiempo, así como la elaboración del balance actuarial anual”, afirmó el titular del Consejo de la Cajubi, Robert Noguera.

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Modalidad digital y asistencia a domicilio

El relevamiento se realizará mediante un formulario digital al que se accederá desde cualquier dispositivo electrónico. El sistema identificará automáticamente la condición del usuario (activo, jubilado o pensionado) al ingresar el número de cédula de identidad.

“Esperamos la participación del 100% de los afiliados; en especial de los jubilados y pensionados a quienes en ocasiones se dificulta llegar y tener sus datos particulares actualizados”, explicó Noguera.

Para aquellos beneficiarios con impedimentos de movilidad o dificultades para completar el registro en línea, la Caja habilitará la asistencia remota y visitas presenciales de censistas a sus domicilios.

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Despliegue en sedes de Itaipú y gremios

En el caso de los trabajadores activos, el proceso se coordinará con el área de Recursos Humanos de la binacional. Representantes de la entidad y de la consultora COIN S.A. se instalarán en las distintas sedes de Itaipú Binacional.

El mismo esquema de atención se replicará en las sedes de las asociaciones de jubilados para facilitar la carga de datos.

En los próximos días, la administración remitirá un comunicado formal a los sindicatos de empleados y gremios de jubilados para detallar la fecha exacta de inicio del empadronamiento, indicaron.

Según explicó Ferreira, cuando la Reserva Federal (Fed) eleva sus tasas de interés, los activos en dólares ganan atractivo, ya que ofrecen mayores rendimientos y, en consecuencia, tienden a captar recursos que antes podían estar destinados a otros países.

Detalló que la suba de tasas estadounidenses debería impulsar una migración de capitales hacia Estados Unidos, en un contexto internacional donde el dólar se ha devaluado en torno al 10%, mientras que en Paraguay la baja fue de más del 20% frente al guaraní.

Añadió, que para que los dólares permanezcan en países emergentes, los inversores suelen exigir retornos más altos, un escenario que habitualmente encarece la divisa norteamericana frente a las monedas locales, lo que tendría que revertir la tendencia de la cotización de la divisa, a un alza o apreciación sobre las demás monedas.

Sin embargo, Amílcar Ferreira indicó que esa transmisión no es automática y que el impacto de las decisiones de la Fed puede demorarse y, en el caso paraguayo, se encuentra compensado por un flujo relevante de dólares procedente de inversiones, exportaciones y actividades vinculadas al comercio fronterizo.

Inversiones y llegada de extranjeros

Uno de los principales factores que explica la abundancia de dólares en Paraguay, según el experto, es la atracción de capital extranjero que se está notando últimamente. Por un lado, por las inversiones procedentes de Brasil y de otros mercados, destinadas a la industria y distintos sectores productivos, superan los US$ 1.000 millones anuales y se encuentran en niveles récord, de acuerdo con Ferreira.

A esa dinámica se agrega la llegada de nuevos residentes. El analista precisó que Paraguay recibe alrededor de 100.000 extranjeros por año, una cifra equivalente al doble del crecimiento anual de la población paraguaya, estimado en unas 50.000 personas.

El experto explicó que en un mercado cambiario, una mayor disponibilidad de dólares, si no está acompañada por una demanda equivalente, tiende a reducir su cotización en guaraníes. Es decir, fortalece la presión bajista sobre el dólar.

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La soja aporta un refuerzo excepcional

Por otra parte, Amílcar Ferreira detalló que el sector exportador también ocupa un lugar central en este comportamiento y este año en particular, Paraguay alcanzó una cosecha récord de soja de 11 millones de toneladas.

Añadió que una producción de esa magnitud supone un ingreso adicional de divisas respecto de años anteriores.

Las exportaciones agrícolas incorporan dólares al circuito económico cuando las empresas reciben pagos por sus ventas externas y luego necesitan convertir parte de esos recursos para afrontar costos locales, impuestos, salarios u otras obligaciones en guaraníes. Sin embargo, por la caída fuerte de la cotización (en más del 20%), este éxito de la producción no está pudiendo ser aprovechado por el sector.

Un análisis técnico elaborado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) estima que, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el efecto de la apreciación del guaraní sobre el valor de la producción ganadera representó aproximadamente G. 2,06 billones (US$ 349 millones) menos en términos de conversión a moneda local. Desde el sector agroexportador y otros se suman al reclamo por una intervención puntual del Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar caídas bruscas que finalmente terminen afectando a la economía local.

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Para Ferreira, la combinación de esos factores actúa como un contrapeso frente a la tendencia internacional. Aunque el endurecimiento monetario estadounidense genera una presión potencial al alza sobre el dólar, la oferta local de divisas ha sido suficientemente amplia como para neutralizarla e, incluso, mantener una trayectoria descendente de la cotización. “Vale decir, a esa tendencia internacional se ve contrarrestada, por el éxito que está teniendo Paraguay en la atracción de capitales, en el sector exportador, en el comercio de frontera. Y bueno, todo eso, actúa de contrapeso y finalmente incluso hace que la tendencia sigue siendo a la baja”, dijo finalmente.

La imputación fue presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez Díaz, de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía Zonal de Independencia, quien sostiene que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación del joven detenido en el crimen.

Tras la imputación, el juez Penal de Garantías Marcelo Ramírez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del sospechoso, quien permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que el hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de septiembre, luego de que Miranda Benítez y Martínez Sanabria compartieran bebidas alcohólicas durante varias horas.

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La noche del crimen

Según la hipótesis fiscal, ambos jóvenes comenzaron a compartir bebidas alrededor de las 20:00 del 16 de septiembre, en el asentamiento 8 de Diciembre de Paso Yobái. Posteriormente, aproximadamente a las 21:00, se trasladaron hasta una bodega ubicada en el centro de la ciudad, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas. Ya durante la madrugada del 17 de septiembre, alrededor de las 00:40, ambos habrían emprendido el regreso hacia sus respectivas viviendas a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía sostiene que, al llegar a la localidad de Primera Línea, se produjo una discusión entre ambos en las inmediaciones de una zanja. En ese momento habrían descendido del biciclo.

Siempre de acuerdo con la hipótesis planteada en la imputación, aproximadamente a la 01:00, Miranda Benítez habría comenzado a golpear a Martínez Sanabria en el rostro y otras partes del cuerpo, hasta derribarlo. Posteriormente, el sospechoso habría empujado al joven hacia el interior de una zanja de aproximadamente seis metros de profundidad, donde cayó sobre varios troncos de madera.

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La Fiscalía señala que el impacto le habría provocado una herida cortante de aproximadamente 5,5 centímetros en la región temporal izquierda. Sin embargo, el joven todavía se encontraba con vida.

Agresión con arma blanca

Según el relato fiscal, Miranda Benítez habría descendido posteriormente hasta el fondo de la zanja y utilizado un cuchillo para continuar la agresión.

La imputación menciona heridas cortantes de aproximadamente 2,5 centímetros en la zona de la ceja izquierda y de unos 2 centímetros en la región preclavicular izquierda, además de una lesión superficial en el cuello.

El documento también atribuye al sospechoso la amputación de la mano derecha de la víctima mediante el uso del arma blanca. Finalmente, según la Fiscalía, habría ejercido presión sobre el cuello de Martínez Sanabria, provocándole asfixia.

El Ministerio Público señala como causa de muerte un traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulación, conforme a los elementos incorporados hasta el momento a la carpeta fiscal.

Recuperaron la mano durante un allanamiento

Uno de los principales elementos incorporados a la investigación surgió durante el allanamiento realizado el lunes 21 de septiembre.

En aquella oportunidad, Miranda Benítez fue detenido en una vivienda ubicada en la zona de 3 de Noviembre, propiedad de su padre. Durante el procedimiento, la Policía también incautó una motocicleta de color rojo y prendas de vestir que serían analizadas en el marco de la investigación.

Según la imputación, durante el procedimiento el ahora imputado indicó el lugar donde había enterrado la mano derecha amputada de Martínez Sanabria. Los investigadores se trasladaron hasta el sitio señalado y encontraron la extremidad enterrada y envuelta en una bolsa de polietileno, a aproximadamente 100 metros de la vivienda allanada.

Circuito cerrado y otros elementos

La Fiscalía incluyó entre los elementos de sospecha diversos informes policiales, actas de procedimientos, declaraciones testimoniales, informes de investigación y documentos relacionados con los allanamientos.

También forman parte de la carpeta fiscal registros de circuito cerrado, cuyo análisis es considerado relevante para establecer los movimientos de la víctima y del sospechoso durante las horas previas al crimen.

El comisario Lorenzo Samudio, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá, había señalado que los investigadores lograron corroborar mediante imágenes que el detenido estuvo junto a la víctima en el día indicado.

El hallazgo del cuerpo

Juan Bernardo Martínez Sanabria fue encontrado muerto el viernes 18 de septiembre, alrededor de las 14:30, por un trabajador que realizaba tareas de fumigación al costado de un alambrado.

El cadáver se encontraba en el fondo de una zanja de aproximadamente cuatro a cinco metros de profundidad, ubicada al costado de la ruta principal de la compañía San Francisco 1.ª Línea.

En la inspección inicial se constató que el cuerpo presentaba lesiones y que le faltaba una mano. La extremidad no fue encontrada en el lugar y posteriormente fue recuperada durante las diligencias realizadas por los investigadores.

A su turno, los liberales sostenían que habían presentado la nómina y que la ANR estaba recurriendo a la Justicia para impedirles integrar la lista de mesarios.

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Esta situación incluso hizo que la exintendenta del periodo 2021-2026, Laura Gamarra (ANR, HC), quien busca la reelección, acusara al PLRA de “desidia” y “desinterés” en el distrito y prometiera no accionar ante la Justicia para permitirles la participación.

En cambio, la intendentable liberal Benita Jara Cañiza, la primera jefa municipal en la era democrática, acusó a la colorada de mentirosa.

Lo que dice la resolución

Finalmente, tomó cartas en el asunto el Tribunal Electoral de la Capital y Central, Primera Sala, presidido por la jueza electoral Myriam González Vallejos e integrado por Lilian Lorena Rojas y Modesto Núñez.

Dicho tribunal resolvió “declarar desierto” el recurso de nulidad, así como rechazar, con la expresa disidencia de González Vallejos, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Nery Rosalice González Duarte, Óscar Adolfo Bogado Rolón y Alfredo Colmán Amarilla, en representación de la ANR.

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Igualmente, los jueces resolvieron rechazar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Cristian González López y Efrén Silva Riquelme, en representación del PLRA, así como el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Ramos, en representación de la Alianza Acuerdo Guaraní.

En la exposición, los magistrados sostienen que si bien el recurso presentado por el PLRA debe ser rechazado porque el sorteo de miembros de mesa se realizó teniendo en cuenta “las listas presentadas hasta el momento de su realización”, por otra parte debe estar garantizada la participación de la organización política en las mesas electorales para cumplir la función de vocal.

Lo que significa en las mesas de votos: el PLRA presente

Consultado al respecto, el secretario general del PLRA, Cristian González, explicó que esto significa que los liberales contarán con un representante entre los tres miembros de cada mesa de votación.

La resolución de la Justicia Electoral:

Estas interrupciones temporales responden a trabajos de mantenimiento preventivo, adecuación de estructuras y el reemplazo de conductores tradicionales de media y baja tensión por líneas preensambladas, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar mayor seguridad en la red de distribución.

A continuación, el detalle de las zonas, horarios y los trabajos específicos previstos:

Región Central

• Ciudad de Yaguarón (Parte de la compañía Zayas)
• • Horario: 08:00 a 17:00.
  • Actividad: Cambio de Conductores en Media Tensión.

Región Metropolitana

• Villa Elisa (Barrio Tres Bocas - Humberto Zarza y Calle Sin Salida)
• • Horario: 09:00 a 17:00.
  • Actividad: Adecuación de estructura de Baja Tensión por cambio de sostén.
• Asunción (Barrio Republicano - San Pablo y San Pedro)
• • Horario: 13:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Asunción (Barrio Republicano - San Pablo e Ing. Gustavo Crovato)
• • Horario: 08:00 a 13:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Villa Elisa (Barrio Sol de América - Ñemby y Mbuyapey)
• • Horario: 06:00 a 17:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• San Lorenzo (Barrio Villa del Agrónomo - Prof. Rosa Masi y José Cataldi)
• • Horario: 08:00 a 16:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Ñemby (Barrio San Miguel - Primavera, Vicente I. Iturbe y Estero Bellaco)
• • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• Ypané (Barrio Thompson - Calle s/n)
• • Horario: 08:00 a 15:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Limpio (Barrio San José - Eusebio Ayala y Parapití)
• • Horario: 08:00 a 17:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• San Lorenzo (Barrio San Luis - Toribio Ocampos, Corán y Valencia)
• • Horario: 08:00 a 16:00 h.
  • Actividad: Cambio de conductor y adecuación de Baja Tensión.
• Itauguá (Barrio Mbocayaty - Fracción Mangal, Villa Alta, Argentina, El Trabajador y Villa Regina)
• • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• Itauguá (Barrio Mboi y - Aldana Cañada e/ Escuela Salvador Guanes y Fracción Mburucuyá)
• • Horario: 08:30 a 18:30.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• Julián Augusto Saldívar (Barrio Mbocayaty)
• • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Capiatá (Barrio Rojas Cañada - Calle S/N Esq. Rojas Cañada)
• • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.
• Fernando de la Mora (Barrio Zona Norte - Arcadio Roa Aguayo y Colón)
• • Horario: 09:00 a 18:00 h.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• Luque (Barrio Loma Merlo - Barrio Cerrado Las Piedras)
• • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Actividad: Cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado.
• Asunción (Barrio Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Justo Pastor Candia e/ Tte. Rodi y Dr. Facundo Insfrán)
• • Horario: 14:00 a 18:00.
  • Actividad: Mantenimiento general, preventivo y correctivo del Puesto de Distribución.

La ANDE recuerda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, principalmente en zonas sensibles como hospitales, centros de salud y sistemas de bombeo de agua, considerando que los circuitos permanecerán fuera de servicio durante los horarios indicados.

La misma se realiza en el marco del programa de mantenimiento mayor requerido para su aeronave actualmente en operación, según señalan.

Sostienen que el objetivo es continuar garantizando estándares de seguridad operacional.

Desde la aerolínea lamentan los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y aseguran que están trabajando en la atención de cada caso de manera individual.

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Piden a pasajeros verificar estado de reserva

Aseguran que los pasajeros que han comprado directamente con la compañía ya fueron notificados.

“Asimismo, las agencias de viaje han recibido la información correspondiente para comunicarla a sus clientes y gestionar los casos afectados. Recomendamos a cada pasajero verificar directamente el estado de su reserva a través de nuestros canales oficiales o con su agencia de viaje”, indican en el comunicado.

Indican que a partir del 13 de octubre retomarán las operaciones regulares en las rutas actualmente vigentes en su malla operativa.

“Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad de nuestras operaciones”, concluye el documento.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas por su título falso de abogado

Rivas es “una de las mayores estafas promocionadas individualmente primero por él y después, por supuesto, por aquellos promotores de su designación a un espacio extrapoder tan importante: ser juez de jueces. Imagínense dónde lo ubicaron”, dijo el diputado.

Esto exige a cada quien que tome su cuota de responsabilidad y que, cuanto menos, pidan disculpas, empezando por Honor Colorado, que fue el que en tres ocasiones postuló a Rivas para el JEM.

“Honor Colorado tiene que pedir disculpas públicamente por la designación de Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento” así como todos los que permitieron que, en el órgano extrapoder, fuera designado presidente, “sin las mínimas condiciones para ejercer tan alta responsabilidad” señaló Centurión.

Rivas debe ser expulsado del Partido afirman

El legislador valoró que algunos cartistas como el expresidente del Congreso y senador de HC, Silvio “Beto” Ovelar, hayan adelantado su intención de admitir su cuota de culpa y pedir perdón, pero remarcó que eso no basta, y que, si se da la condena contra Rivas por presunto título falso de abogado, este debe ser echado del partido.

“Por supuesto (que debe ser echado). Es algo que también vengo reclamando. No constituirnos nosotros en un tribunal inquisitivo, pero tenemos que ser justos”, dijo.

El mismo no solo remarcó que una condena contra Rivas será un “daño terrible a la imagen del partido”, pero que incluso quedará en segundo plano frente al daño institucional a la República del Paraguay".

“El daño que le ha hecho este señor y si se confirma que su título es falso, es gravísimo y las consecuencias todavía no las visibilizamos nosotros”, insistió el diputado, apuntando a que lo peor aún está por venir.

Centurión señaló que más allá de la responsabilidad individual de Rivas, todos los responsables de ponerlo en el JEM deben al menos pedir disculpas por la soberbia y el abuso de poder demostrados al designarlo hasta en tres ocasiones en el cargo, pese a las sobradas sospechas de que no era abogado.

“Esta es la muestra clara de los excesos y del abuso de poder de la clase política. ¿Por qué? Porque de ninguna manera se pudo haber designado a una persona como Hernán Rivas para ser juez de jueces. No tiene la aptitud ni las mínimas condiciones para ejercer tan alta responsabilidad", enfatizó.

Su familia, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que debe gastar alrededor de G. 100.000 por día para cubrir medicamentos básicos como furosemida y antibióticos.

“Una parte correspondía a 12 millones en farmacia y otros 12 en insumos varios, rozando ya los 60 millones. Sumando tres prótesis de 15 millones cada una , otros 45 millones, el total alcanzaba casi los 70 millones de guaraníes. Te lo dicen así, sin la menor consideración”, afirmó.

Actualmente, la familia debe reunir entre G. 60 millones y G. 70 millones de un listado de medicamentos para afrontar la cirugía y otros gastos relacionados con el tratamiento del paciente.

Denuncian venta informal de insumos dentro del hospital

La familia también denunció la existencia de un punto de venta informal conocido como “El Manguito”, ubicado bajo un árbol de mango dentro del predio hospitalario. Según el denunciante, allí se comercializan medicamentos e insumos médicos sin la correspondiente factura y se entregan presupuestos que pueden alcanzar varios millones de guaraníes.

“Ahí funciona esa farmacia informal, ‘El Manguito’, así le llaman al puesto bajo el mangal, donde están los vendedores. Me hicieron el cálculo ahí mismo: G. 12 millones necesitan y tenemos todos los insumos para su cirugía”, relató.

El familiar afirmó que, ante la urgencia de la intervención, también recibió respuestas relacionadas con los tiempos de espera para acceder a una prótesis mediante la Diben, (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social).

“Si pediste tu prótesis a la Diben, te va a salir recién en 30 días”, que a su criterio, este tipo de expresiones aumenta la presión sobre las familias que necesitan una solución inmediata.

Familiares buscan dinero para acceder a medicamentos

La desesperación por conseguir los recursos necesarios también habría llevado a los familiares a considerar préstamos o utilizar bienes personales como garantía.

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“Tengo un vehículo, le dije nomás así. Me salió nomás de la nada: ‘¿Podés hacer un préstamo?’. Y me dicen que ellos me pueden hacer una boleta como parte de pago, una garantía”, relató el familiar.

En este sentido, reveló que muchas familias van hasta esta especie de farmacia irregular donde toman como parte de pago vehículos e incluso tierra para otorgar los medicamentos.

Larga burocracia y respuestas insuficientes

Para intentar acceder a los insumos proporcionados por el Estado, los familiares recorrieron distintas dependencias, entre ellas la Dirección General de Insumos Estratégicos, la Diben y la farmacia del hospital.

Sin embargo, aseguran que las respuestas obtenidas no fueron suficientes para cubrir las necesidades del paciente. “Pedí por favor y me subrayó que había tres, y por otros tres números debo ir a luchar en la Diben”, relató el familiar, al explicar las dificultades que encontró durante el proceso.

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Esta situación pone en evidencia el desgaste que sufren numerosos usuarios del Hospital San Jorge, dejando abierta la pregunta sobre si el sistema enfoca sus esfuerzos en cuidar la vida o si las carencias terminan dando lugar a un mercado para la desesperación.

San Miguel se prepara así para vivir días en los que la fe, las tradiciones, la música, la danza, la gastronomía y la cultura se encuentran para rendir homenaje a su santo patrono, San Miguel Arcángel.

Este 29 de septiembre se conmemora a San Miguel Arcángel, uno de los tres arcángeles conocidos por la Iglesia Católica, junto con San Gabriel y San Rafael. Es considerado el jefe de los ejércitos celestiales y el protector del pueblo de Dios frente al mal.

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El programa de las celebraciones religiosas se inició el 20 de septiembre con el novenario. La fiesta central será el martes 29, con la tradicional procesión de la imagen del santo por las calles de la comunidad, que arrancará a las 08:00, acompañada por la feligresía, y culminará con la celebración de la Eucaristía, presidida por monseñor Osmar López, obispo de Misiones y Ñeembucú.

Museo, danza, música, gastronomía criolla y más

Los eventos culturales y de diversión comenzarán el sábado 26 de septiembre con la habilitación de una Expo Feria, a las 08:00, en la Plaza San Miguel Arcángel.

A las 09:00 se realizará la apertura del Museo del Antiguo Templo Parroquial y de la muestra “El Retablo Hilado”. A las 10:00 será la instalación de ejemplares ovinos para la exposición y venta de productos derivados de la producción ovina.

Ya a las 20:30 se desarrollará la Noche de Gala Folklórica, con la actuación de los semilleros de la Academia Municipal de Arte, músicos locales y departamentales, en la Plaza San Miguel Arcángel.

El domingo 27 de septiembre, desde las 08:00, se realizará el Concurso Nacional de Danza “San Miguel Ara Jeroky”, en el Salón Municipal.

Además, a las 09:00 abrirá nuevamente al público el Museo del Antiguo Templo, con horario extendido.

A las 10:00 se llevará a cabo la Peña Artística Campestre, con música y danza en la Plaza San Miguel Arcángel.

Al mediodía, a las 12:00, se ofrecerá el Almuerzo Criollo Comunitario, con comidas típicas y asado a la estaca. A las 14:00 continuará la Peña Artística Campestre, con la presentación de agrupaciones musicales.

En horas de la noche, a las 20:00, se realizará la Procesión de las “Luces de la Esperanza”, con la imagen de San Miguel Arcángel. A las 21:00 será el montaje y exposición de luminarias a cargo de los alumnos del Colegio Nacional “Don Laureano Romero Ortiz”, en la Plaza Principal. A las 21:30 se desarrollará el Festival Artístico Musical en honor al santo patrono.

Ya el lunes 28 de septiembre, a las 09:30, será presentada la obra literaria “Ovillo, la taza rota y otros poemas”, de la destacada escritora paraguaya Estela Asilvera.

A las 10:00 se realizará el Desfile de Caballería y Destrezas Ecuestres, con la presencia de la caballería “El Relincho”, con doma de potros y juegos ecuestres.

En horas de la noche, desde las 19:00, se desarrollará la Fiesta Popular de la Función Patronal, en la Plaza Central. A las 00:00 se realizará el Show de Luces y Serenata a San Miguel Arcángel.

El día central, martes 29 de septiembre, a las 10:00, se realizará la Feria de Comidas Típicas y la Exposición Ovina, además de la apertura del Museo del Antiguo Templo.

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Un cierre con “sabor misionero”

Para cerrar las actividades, a las 12:00 se ofrecerá el Almuerzo Típico Patronal, con el tradicional asado a la estaca misionero, batiburrillo, sopa paraguaya, guiso de cordero cocinado al disco de arado y una amplia variedad de postres tradicionales de nuestra tierra.

La parlamentaria enfatizó que el trasfondo del problema no radica únicamente en los delincuentes o en casos emblemáticos aislados, sino en la red de impunidad que protege a este tipo de esquemas.

“Acá en el Paraguay el problema no es el delito, el problema es la impunidad. Y lo que no puede esta comisión es ser cómplice y simplemente tener una lista de informes sin que realmente haya resultados concretos sobre la actuación de estas instituciones, que a todas luces han sido irregulares”, dijo Martínez en diálogo con ABC Cardinal.

Cruce de datos con instituciones

Para demostrar la inexistencia de facultades que otorgaron miles de cartones académicos, la senadora sugirió apelar a estrategias de rastreo financiero y fiscal. “Estamos haciendo un esquema, está interviniendo la Contraloría. Yo también hablé con la Dirección Nacional de Contrataciones y la Dirección de Tributaciones... Por ejemplo, ¿cómo demostramos que existieron profesores? (...) La institución tiene que demostrar que pagó honorarios y ese pago tiene que estar registrado en Tributaciones”, argumentó.

Martínez puso como ejemplo la Universidad Sudamericana, institución educativa de la cual egresó presuntamente el exsenador Hernán Rivas.

“Esa institución funcionó tres o cuatro años, con 20 facultades y 2.500 títulos. Yo tengo una duda razonable de que las 20 facultades o la mayoría de ellas tampoco cumplió con un rigor académico, ni siquiera algunas probablemente tuvieron clases o docentes”, advirtió la senadora.

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Casos dilatados en la Corte Suprema

Durante la entrevista, la legisladora denunció dos casos concretos que reflejan cómo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría dilatando la cancelación de matrículas a personas con títulos presuntamente ‘mau’.

Uno de los casos involucra a un abogado matriculado que presentó un certificado de estudios que abarcaba del 2006 al 2010, otorgado por una universidad fundada recién en el año 2010.

“La Corte tiene un dictamen que dice que esta persona tiene una situación irregular, pero en vez de casarle la matrícula, mandan otra vez al Ministerio Público para que investigue. Entonces eso sigue dilatando allí en las calendas griegas”, criticó.

El segundo caso expuesto es aún más insólito e involucra a una persona sumariada que admitió explícitamente haber utilizado un título falso y solicitó el retiro de su matrícula. Sin embargo, la máxima instancia judicial derivó nuevamente la causa a la Fiscalía sin retirarle la acreditación para ejercer.

“¿Qué te hace suponer? Que hay una protección. Si se van demostrando, evidentemente hay mucha gente. Algunos dicen que hay relatores de la Corte, que hay relatores en el propio Poder Judicial que tienen título ‘mau’. O sea, esto ha inficionado de manera peligrosa la institucionalidad del sistema judicial”, remarcó.

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Reformas de fondo para evitar más irregularidades

Para la senadora, la solución definitiva requiere modificar el marco normativo actual de la educación superior, reestructurando entes como el Cones, la Aneaes y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Asimismo, planteó la obligatoriedad de transparentar los Registros Únicos de Estudiantes y Docentes, así como la publicación abierta de las tesinas universitarias.

“No puede haber 100 instituciones de educación superior en un país con seis millones de personas donde solo el 21 por ciento de los estudiantes va a la universidad. Esto es escandaloso por donde se mire”, expresó.

Finalmente, Martínez anticipó que en las próximas semanas se presentarán avances basados en informes de la Contraloría sobre títulos en la función pública.

“Lo que hay son avances importantes a través de la Contraloría y los títulos de funcionarios públicos y la trazabilidad de esos con las propias universidades. Eso es lo que vamos a tener, un informe importante”, adelantó.

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Así refiere el posteo del vicepresidente y presidente en ejercicio Pedro Alliana, en redes sociales, al referirse a su reunión en Mburuvicha Róga con Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y también candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR). El encuentro se llevó a cabo a pocos días de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

Conforme a los datos, los World Skate Games ASU26 se llevarán a cabo en Paraguay del 2 al 18 de octubre de 2026, convirtiendo al país en el epicentro mundial de los deportes sobre ruedas. Se trata del evento deportivo más grande en la historia de la nación por volumen de participantes, reuniendo a más de 8.000 y 10.000 atletas procedentes de unos 100 países.

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Durante 17 días de intensa competencia, se coronarán 154 campeones mundiales de 12 deportes y 40 disciplinas, que incluyen skateboarding, patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey en línea, roller derby y scootering, entre otros.

Varios escenarios

Junior Pujol, coordinador de Servicios al Espectador de los Juegos, durante una entrevista con el programa Tribuna, de Paraguay TV, informó que la competencia tendrá como escenarios el Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la Costanera de Asunción y el Cerro Lambaré.

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Los distintos puntos de la capital y su área metropolitana se convertirán así en escenarios de una competencia internacional que, además de su dimensión deportiva, buscará proyectar al país a través de la cultura, el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.

El proceso penal, iniciado por el empresario Óscar Amarilla, concluyó tras agotar todas las instancias judiciales correspondientes.

El caso se originó por la venta de un vehículo Ford Mustang año 2015, que según los antecedentes, contaba con un embargo judicial oculto al momento de la transacción comercial. Además, la víctima había entregado un Mercedes-Benz y dinero en efectivo.

Tras conocerse el fallo, Viveros publicó en redes sociales un descargo en el que calificó el proceso como una “injusticia” y denunció una supuesta persecución en su contra.

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Viveros menciona a “HC”

En su video, Viveros apuntó que Óscar Amarilla es el “mejor amigo del hijo de HC (Horacio Cartes)” y según su versión de los hechos, el denunciante incumplió cláusulas contractuales, incluso entregando cheques del banco Basa que “rebotaron mayormente por falta de fondos y cuenta cancelada”.

“Dije que no iba a hablar, pero bueno, viendo casos como el de Hugo Javier, que la gente ante injusticias se calla y la circunstancia es peor; yo soy una persona que amo la vida. Les aseguro que por más de lo que hagan y hagan tratando de acabar con mi vida, tanto profesional, política, emocional, no me van a ver colgado”, precisó.

Asimismo, calificó su proceso judicial como “atípico”, ya que según él, “a quien me debe le hacen quedar como al que yo le debo”.

El condenado también afirmó que el vehículo entregado como parte de pago no estaba a nombre de Amarilla, sino al de su hermana e incluso hasta ahora supuestamente no pudo haber sido transferido por un embargo.

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“Acá hubo mano”

Viveros también arremetió contra la cobertura mediática de su caso, específicamente por parte de Nación Media, desde donde él “puede esperar todo”, incluso mencionando a dos figuras mediáticas en específico.

“Nos encontramos con una situación que se debía dirimir en el plano civil, como todo empresario y comerciante sabe, pero acá hubo mano de su mejor amigo, el hijo de HC, que de hecho me había llamado en septiembre, tengo las pruebas, me llamó por WhatsApp, una llamada de cuatro minutos, que me reclamaba porque yo le conté a su papá toda esta situación”, citó.

Sobre la reparación económica, Viveros calificó el monto de G. 330 millones como excesivo, ya que afirmó que la cifra representa el doble del valor del vehículo.

En un comunicado publicado previamente Viveros también había anunciado su renuncia a la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Los ataques que ya sufrí. Ya dijeron que me iba a ir preso ocho años, cuatro años y esa realidad nunca fue. Hoy tengo dos años con suspensión; pagar 330 millones, el doble del valor del auto que usó 5 años sin pagarme, imagínense”, declaró.

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