La sustitución de ambos agentes se dio como corolario de una serie de movilizaciones ciudadanas en reclamo de seguridad, que se intensificaron tras el asesinato del joven lugareño Dionisio Vázquez, de 20 años.

Anuncian movilización ciudadana ante inacción policial en el barrio San Miguel de Guarambaré

Un presunto narco emergente del mismo barrio San Miguel, identificado como Genaro Miranda Mora (35), fue sindicado como autor material del crimen, mientras que uno de sus colaboradores más cercanos identificado como Juan Antonio Báez González (30) aparece como cómplice en el ataque mortal.

Tanto Miranda como Báez se presentaron en la mañana del martes último en la comisaría 22° de la ciudad de Guarambaré para darse por detenido, ambos fueron llevados por precaución a la comisaría 12 ° de Itá, donde quedaron a cargo del Ministerio Público.

Asesinato de joven en Guarambaré enardeció a los vecinos

Desde un principio familiares y amigos y vecinos de la víctima denunciaron que el crimen estaba estrechamente ligado con el tráfico de drogas en el barrio. Supuestamente en la madrugada del sábado pasado el joven Vázquez junto a otros amigos estaban frente a una bodega por donde pasó Báez a bordo de una moto y posiblemente llevando mercancía para entregar.

Pero alguien del grupo le tiró algo al motociclista que le hizo perder el equilibrio y lo tumbó en medio de la calle. El presunto delivery al no poder hacer la entrega regresó junto a Miranda y le comunicó lo que había pasado.

Presunto narco buscado por el crimen de un joven se presentó en la comisaría de Guarambaré

Este último tomó un arma blanca y ambos regresaron sobre la misma moto hasta la bodega, donde encararon a los jóvenes y en medio de la pelea Miranda mató a puñaladas a Vázquez, hecho que quedó evidenciado en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad.

Inmediatamente los vecinos organizaron una multitudinaria manifestación, para denunciar que el barrio San Miguel está literalmente tomado por los traficantes de drogas. Supuestamente los deliverys operan con total impunidad debido a que sus jefes pagan millonarias sumas tanto a los agentes del Grupo Lince como a efectivos de la comisaría 22° Central.

Políticos también son responsables

Los vecinos también señalaron que las autoridades políticas de la ciudad tienen mucha responsabilidad en lo ocurrido ya que prefirieron hacer la vista gorda ante el avance de los narcos en el barrio San Miguel, a tratar de combatir a los criminales que paulatinamente se fueron apoderando de la populosa comunidad.

Ante estas denuncias la dirección de Policía del departamento Central ordenó el cambio de los jefes de la dependencia policial más importante de la ciudad de Guarambaré, la 22° Central.

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF informó a través de un comunicado que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Funcionarios públicos: comienza el pago de salarios

Pago a 10 instituciones del Estado

La cartera económica refirió que los pagos de este miércoles corresponden a funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio de la Defensa Pública, la Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

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Explicó que hace cuatro cuatro meses, que no cobra G.2.500.000 en concepto de dieta. Además, le adeudan en concepto de gasto de representación por 7 meses, G. 1.800.000 mensual.

El edil asegura que es una responsabilidad que la institución debe saldar porque está presupuestado y “no es un compromiso personal que el intendente tiene conmigo”.

La presidenta de la Junta Municipal, Lidia Telles, emitió una nota al ejecutivo municipal el pasado 5 de este mes en la que solicita al intendente “pagos de dieta y gastos de representación para los concejales que no están al día ”, este pedido realizó sin discriminar quiénes son los ediles que supuestamente no cobraron.

El denunciante refiere que por imperio de la ley les obliga a controlar y legislar en lo que respecta al municipio, por lo que solicita el cumplimiento de la ley N°3966/2010 y que sus derechos de cobrar la dieta, no sea cercenado sistemáticamente y retenida por la intendenta municipal”.

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Intendente niega deuda

Al respecto, el intendente Gustavo Penayo Arce aseguró que la Municipalidad ya abonó al concejal Rubén Pedrozo todo lo adeudado y sostuvo que no existe ninguna deuda pendiente.

Agregó diciendo “no quiero ni hablar de Rubén Pedrozo. Es un chantajista y mentiroso; solo busca prensa, le gusta el show y la polémica”, expresó el jefe comunal.

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Para respaldar su versión, Penayo Arce envió un video en el que se observa al concejal Pedrozo retirándose de la oficina de la Intendencia. Sin embargo, en las imágenes no se visualiza la fecha ni tampoco el momento en que supuestamente estaba percibiendo algún pago.

Comandante César Silguero completó su nueva cúpula policial

Silguero Lobos reemplazó en el cargo, desde el 6 de abril último, al excomandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González, tras ser designado como nuevo viceministro de Seguridad Interna por el presidente de la República, Santiago Peña, en reemplazo del comisario general (r) Óscar Rafael Pereira Aguilar.

Silguero Lobos se desempeñaba como subcomandante de la institución policial.

Tras ser nombrado en abril último, Silguero Lobos había manifestado que los pilares de su gestión serían la honestidad, la disciplina, el liderazgo que inspire y el profesionalismo.

Durante el debate en la Cámara Alta, numerosos senadores del oficialismo y de la oposición se expresaron a favor del uniformado.

Si bien el programa nació originalmente en 2015, el jefe militar aclaró que en aquel entonces se limitaba al control mediante radares, sin el despliegue de vectores de defensa. La gran diferencia hoy radica en la incorporación de los nuevos aviones Super Tucano, que permitirán realizar interceptaciones reales en pleno vuelo.

Sin embargo, Fullaondo fue realista respecto a las limitaciones normativas de nuestro país que no cuenta con una ley de derribo de aeronaves ilícitas, y señaló que la efectividad del plan dependerá de la velocidad en tierra.

“Una aeronave ilícita aterriza en cualquier lugar plano de mil metros o un camino descampado, y en minutos vuelve a remontar vuelo. Necesitamos una comunicación directa y una rápida reacción de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Senad para capturarlos en ese momento”, enfatizó.

El general comentó que la doctrina de este programa tiene su origen en la Oficina de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta, con sede en Key West (Florida, EE.UU.), dependiente del Comando Sur.

La importancia del trabajo conjunto entre países

Ante la consulta de qué pasa si un vuelo irregular logra eludir el control local, Fullaondo destacó que se está consolidando una estructura de seguridad fronteriza mediante acuerdos de cooperación con los países vecinos, denominados “andaduras nacionales de defensa aérea”.

Para coordinar estas acciones, el comandante mantuvo reuniones clave con sus pares de la región: Brasil, Bolivia y Argentina.

“Buscamos que haya una interacción y comunicación directa entre nuestros centros de control. Cuando un vuelo ilícito pase de nuestro espacio aéreo al del vecino, inmediatamente intervendrá la Fuerza Aérea de ese país. Si logramos este trabajo conjunto regional, no habrá forma de escapar para una aeronave ilícita”, sentenció de forma tajante.

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Aeronaves destinadas a la asistencia humanitaria

Más allá de la batalla contra el crimen organizado, el titular de la FAP destacó el rol social y de asistencia humanitaria que vienen desempeñando las aeronaves militares en los puntos más vulnerables del país, particularmente ante las severas inundaciones que azotan al Chaco paraguayo.

En lo que va del año, la Fuerza Aérea ya coordinó más de 50 evacuaciones aeromédicas, logrando trasladar a unos 60 pacientes en estado crítico, entre los que se destacan ancianos, niños y miembros de comunidades indígenas que habían quedado completamente aislados.

A esto se le suman dos operativos de traslado de órganos en coordinación con el Ministerio de Salud, realizados desde Ciudad del Este y Encarnación.

Fullaondo también se refirió a las misiones de asistencia integral. Descartó que actualmente estén transportando combustible al norte de la región Occidental, pero detalló que el foco está puesto en la provisión de kit de supervivencia en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

“La semana pasada estuvimos de lunes a viernes realizando asistencia médica a siete comunidades indígenas en la zona de Presidente Hayes, usando como base Pozo Colorado. Nuestros médicos atendieron a más de 800 personas, entregando medicamentos, leche, alimentos y agua”, concluyó el general.

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La sentencia, emitida por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, revoca una resolución ficta dictada previamente por la administración municipal, la cual establecía una liquidación de impuestos sobre bienes inmuebles pertenecientes al IPS que la institución consideraba improcedente.

Detalles del fallo que beneficia al IPS

El proceso judicial fue promovido por el área jurídica del IPS para cuestionar la validez de la liquidación impuesta por el municipio esteño. Tras el análisis de los documentos y fundamentos presentados, el tribunal, integrado por el magistrado Gonzalo Sosa Nicoli, resolvió hacer lugar a la demanda, dando curso favorable a la acción planteada por la previsional.

Con esta decisión, la justicia determina la improcedencia del cobro, lo que se traduce en un ahorro directo para las arcas de la institución.

Impacto en la gestión de la previsional

Desde la Dirección Jurídica del IPS, a cargo de Pablo Morínigo, destacaron la relevancia de este resultado para la protección del patrimonio institucional. Señalan que este tipo de procesos son fundamentales para resguardar los fondos que forman parte del financiamiento del sistema de seguridad social.

Desde el IPS sostienen que estos fondos, al no ser destinados al pago de tributos impugnados, quedan disponibles para el fortalecimiento de los servicios de salud y beneficios dirigidos a sus asegurados.

Según informes recientes, el área jurídica del IPS se encuentra gestionando actualmente 38 casos penales en diversas instancias, para resguardar los recursos que financian el sistema de seguridad social.

Los fiscalizadores procedieron a abrir el piso de la carrocería donde encontraron varias tabletas de marihuana en el doble fondo. En ese momento, el conductor, quien sería de nacionalidad paraguaya, abandonó el vehículo y corrió nuevamente hacia territorio paraguayo, sin que pudiera ser detenido.

Buscarán identificar al conductor

El camión y la carga de droga fueron entregados posteriormente a agentes de la Policía Federal del Brasil, que iniciaron las investigaciones.

Las autoridades adelantaron que solicitarán información a la Policía Nacional del Paraguay a través del Comando Tripartito, con el objetivo de identificar al conductor.

A esta devaluación se sumaron las políticas del Banco Central del Paraguay (BCP), que inyecta dólares en el mercado para su devaluación, como también el incremento del precio del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente, tras el cierre del Estrecho de Ormuz por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel al país persa.

El presidente de CapEx, Sebastián González, dijo que la depreciación de la moneda estadounidense en el país es del 25%, mientras que en la región de entre 10% y 12%, lo que generó una gran desventaja en la competitividad de los exportadores paraguayos, por lo que realizaron una reunión con autoridades del BCP a fin de buscar medidas que equilibren la moneda.

“Nosotros pedimos tratar de ecualizar y llegar a los niveles de la región para poder sostener un poco todo lo que sea la parte del tipo de cambio, en donde también nosotros creemos que podemos estar en el orden de los G. 6.300, G. 6.500, por lo menos coyunturalmente hasta que esta situación mejore”, precisó.

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Agregó que existen ciertos periodos en donde este porcentaje de devaluación de la moneda en función de tipo de cambio se dio entre 9% y 10%; sin embargo, la caída fue muy abrupta, lo que golpeó muchísimo al sector al no tener una previsibilidad o un amortiguamiento.

Sostuvo que hoy en día están un 10% de pérdida de competitividad económica, directamente multiplicado por todas las exportaciones a nivel país, el cual ya tiene una gran desventaja al ser de un país mediterráneo, por lo que todas las exportaciones deben hacerse por Montevideo, Buenos Aires u otros puertos para salir tanto al océano Atlántico, como al Pacífico.

Esto se suma también al descenso del nivel de los ríos que duró 40 días, que hoy día está resuelto, pero que les generó un mayor gasto de entre US$ 10 y US$ 15 por tonelada.

Tras la reunión que mantuvieron con el BCP, los representantes del ente rector les explicaron que como institución deben mantener un control en la inflación, lo que motiva a intervenir en el mercado cambiario interno al comprar o vender dólares, a fin de nivelar la inflación, pero que una intervención en este momento sería perjudicial.

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“Quedamos en seguir conversando, seguir viendo alternativas que puedan beneficiar a las exportaciones, porque finalmente, o sea, cuando nosotros hablamos de exportaciones, mucha gente interpreta que es solamente el sector de exportación, pero no es tan así, finalmente las divisas que entran a Paraguay terminan de alguna u otra manera en el consumidor final”, refirió.

Dólar bajo no se refleja en consumo

Agregó que este consumidor final, a través de su salario, paga lo que va a consumir y un dólar bajo, si bien en teoría es bueno, tampoco se ve que repercuta en los precios del mercado para el consumo diario.

Recordó que los exportadores hoy en día están trabajando con sus reservas para afrontar esta situación, como también algunos recurren al mercado financiero con préstamos, al menos hasta tanto la situación mejore o se estabilice el dólar y los precios se puedan ecualizar, lo cual se daría con el tiempo y tras una solución al conflicto en Medio Oriente.

Detalló que los funcionarios del BCP les indicaron que el objetivo de la inflación está al 3,9%, considerando que en el primer trimestre fue de 1,9%, ya consolidado.

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“Entendemos la función del Banco Central y creemos que hay una pequeña brecha en donde se puede llegar, si querés llamarle intervenir, se puede llegar a intervenir y comprar dólares, fondearse para comprar dólares baratos, fondearse para el futuro y tratar de afrontar quizás pasivos con dólar barato”, explicó.

"El Encargado de Negocios, Robert Alter, se reunió hoy con el Señor Arnoldo Wiens para conversar sobre los valores e intereses compartidos por nuestros pueblos, y oportunidades para seguir fortaleciendo la asociación estratégica entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay", señala breve comunicado de la embajada a través de su cuenta en X.

Wiens también comentó brevemente sobre el encuentro, calificando como “una importante reunión para seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos de América”

La embajada de EE.UU. de momento no ha reportado un encuentro similar con el precandidato a presidente por el cartismo, el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, otro que ya se encuentra en carrera por la presidencia.

Desde la oposición, aún no hay un nombre definido, aunque el que claramente ya expresó sus intenciones de postularse para el 2028, es el exintendente de Ciudad del Este y líder del Partido “Yo Creo”, Miguel Prieto.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición, si bien suenan nombres como el del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (Nuevo Liberalismo) tampoco hay definiciones, a la espera de los resultados de las internas municipales del 4 de junio próximo.

Si bien las internas son para candidatos municipales, tanto en la ANR como en el PLRA permitirán la medición entre fuerzas oficialistas y disidentes, y más aún entre liberales, que deberán renovar a sus autoridades partidarias.

Interna enturbiada por causas penales

La prematura interna presidencial en la ANR está marcada también en el ámbito penal para Arnoldo Wiens, que fue imputado este año por el caso “Metrobus”.

El presidenciable abdista afirmó que la imputación en su contra pretende bajarlo de la pelea por la chapa del Partido Colorado, más aún teniendo en cuenta que fue imputado por la Fiscalía de Emiliano Rolón, que a la par blanqueó al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona.

Para la Fiscalía, no tuvo culpa el ministro que inició la obra, pese a carecer de cuestiones básicas como la liberación de la franja de dominio, y apuntó a Wiens por cancelar, finalmente, la obra.

“En agosto se estima que el fenómeno del Niño va a empezar a hacerse sentir con mucha lluvia y para eso necesitamos que nuestros cauces hídricos estén despejados”, señaló.

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El titular de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, afirmó que la inversión actual en mantenimiento y limpieza preventiva es significativamente menor al costo que implicaría enfrentar inundaciones.

“La inversión que estamos haciendo hoy apenas representa un 10% de lo que podríamos gastar en caso de que esto se inunde”, aseveró.

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Zárate indicó que las proyecciones se basan en datos de la Organización Meteorológica Mundial y apuntan a una alta posibilidad de que el fenómeno impacte en Paraguay.

“Tenemos 90% de probabilidades de que vamos a tener fenómeno del Niño, que va a llegar a Paraguay probablemente a partir de agosto e inclusive va a traspasar la frontera del 2026”, manifestó.

Según explicó, el fenómeno podría extenderse incluso durante los primeros meses de 2027, por lo que insistió en la necesidad de actuar de forma anticipada para evitar daños materiales y pérdidas humanas.

“Si no trabajamos ahora, vamos a lamentar el gasto y probablemente también pérdida de vida humana”, sostuvo.

En paralelo, informó que se realizarán trabajos de mantenimiento en defensas costeras de comunidades vulnerables como Fuerte Olimpo, mientras el Ministerio de Obras Públicas ya ejecuta intervenciones similares en Concepción y Alberdi, afirmó.

“Van a salvar vidas”, afirma Defensa sobre limpieza de arroyos

Por su parte, González remarcó que la descolmatación de cauces tiene un impacto directo en la seguridad de las familias asentadas cerca de arroyos.

“Van a salvar vidas. Básicamente, esta descolmatación hace que el agua fluya y no inunde los barrios. La gente amanece con el agua en su pieza prácticamente porque el arroyo está colmatado y el agua busca su nivel”, expresó.

El ministro añadió que mantener despejados los cauces también evita que los arroyos se conviertan en “trampas mortales” durante lluvias intensas.

Asunción interviene arroyos

En el mismo lugar, el intendente de Asunción, Luis Bello, señaló que la Municipalidad ya trabaja de forma paralela en distintas zonas de la capital, incluyendo sectores de la Laguna Cateura y el barrio Santa María.

Explicó que las intervenciones surgieron luego de una mesa técnica que detectó una situación crítica en los cauces debido a la acumulación de residuos y sedimentos.

“La situación de los arroyos en Asunción necesitaba una intervención urgente en función a la cantidad de residuos que están dentro de él y también que están bastante colmatados”, afirmó.

Bello afirmó además que el municipio se prepara para posibles escenarios complejos y adelantó que incluso se realizarán simulacros para mejorar la capacidad de respuesta institucional.

“El fenómeno del Niño puede ser bastante complejo y bastante crítico. Nosotros ya nos estamos preparando para eso”, expresó.

Fuerzas Armadas intervienen siete arroyos en Asunción

El comandante Gustavo Arza informó que las Fuerzas Armadas trabajan actualmente sobre siete arroyos de Asunción, priorizando zonas donde sea posible ingresar con maquinaria pesada.

Según detalló, unos 80 militares participan de las labores, mientras otro grupo realiza trabajos de limpieza en el cerro Lambaré.

Además, recordó el caso del niño Tobías, ocurrido en San Lorenzo, como un antecedente que demostró una vez más las consecuencias de cauces obstruidos durante lluvias intensas.

El comisario retirado Gerardo Vidal Giménez, presidente del Círculo de Oficiales y Suboficiales Retirados del Paraguay, expresó un rotundo rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar la Comandancia de la Policía Nacional a los edificios del Puerto de Asunción.

“En la parte de lo operacional es estar en el centro de la ciudad, cuidando el Palacio del Gobierno, el Congreso de la Nación, los ministerios, las plazas que se encuentran y que en más de una oportunidad se tuvo que contener manifestaciones”, sostuvo el exjefe policial.

Seguido dejó en claro: “No estamos de acuerdo con que se traslade la Comandancia de la Policía Nacional”.

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Ante el comentario de que la Comandancia pasará a ser una especie de museo y preservación, expresó: “Puede ser un museo y todas esas cosas, pero el lugar donde le ofrece a la Policía Nacional vamos a estar atrapados, no vamos a tener forma de salida rápida y de dar una respuesta rápida a las necesidades”.

“No es precisamente que estamos en contra del edificio, pero no es un lugar adecuado para una institución policial que necesita una operación rápida y urgente”, finalizó.

Con el voto de ocho de los nueve ministros, solo quedaría uno para que la Corte anule o confirme la resolución de la Cámara de Senadores con la que se expulsó a González, ante lo cual, el presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, dijo que “haría lo mismo que Lugo”, a fin de evitar que Kattya sea repuesta en su curul.

Muy contrario a lo expuesto por Núñez, quien quiso comparar el caso de Kattya con el de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, a quienes no dejaron jurar como senadores en el 2017 por estar impedidos por la Constitución, el senador por el Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, aseguró que la reincorporación de la exsenadora sería automática.

“Si es que esa resolución por la cual se la ha apartado inconstitucionalmente a Kattya es anulada por la Corte, la declara nula o inconstitucional, lógico que tiene que volver, porque es automático, porque ¿cuál es el efecto jurídico que va a tener esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte?, que esa resolución del Senado no existe, porque un acto nulo es nulo siempre. Hay actos anulables y actos nulos, en el caso de Kattya es nulo", sostuvo.

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Destitución inconstitucional de Kattya

Nakayama criticó la postura cartista que colocó en contexto el caso de Kattya intentando hacer analogía con casos de senadores que no juraron, como es el caso de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, expresidentes de la República que estaban inhabilitados por la Constitución Nacional para ser senadores.

De acuerdo a juristas y legisladores, el artículo 189 de la Constitución Nacional es taxativo y mandatorio y establece que los expresidentes de la República elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios de la nación tras culminar sus mandatos, siempre que no hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

“Este no es el caso de Kattya. El caso de Kattya es que ella fue electa por el voto popular, con voto preferencial, por más de 100.000 paraguayos. Ella juró por el periodo 2023-2028 y ocupó su banca. Ella fue sacada de manera inconstitucional sin contarse con los votos necesarios, que era mayoría calificada de 30 votos”, criticó.

Contraloría y Fiscalía deben investigar fortuna de Peña

Sobre el reciente examen de correspondencia a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, a pedido de la Fiscalía, tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito del mandatario realizada por senadores opositores, Nakayama dijo que la Contraloría debería revisar la misma.

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Según la Contraloría, y tras varios parches realizados por el mandatario a sus DD.JJ. durante la realización del examen de correspondencia, existe una evolución sostenible de la fortuna del mandatario, aunque determinó que el mismo tuvo un incremento patrimonial de G. 21.000 millones durante el periodo que trabajó fuera de la función pública.

“Yo creo que tiene que hacer esa revisión la contraloría. Yo primero dije que no es imposible, pero tampoco es fácil hacer ese salto, pero uno tiene que ser sincero, o sea, que vos podés demostrar, pero hay que ver si existe justamente esa correspondencia para poder aclarar. Entiendo que la Contraloría ha hecho ese trabajo, pero esto también pasa a la fiscalía donde se tiene que investigar, de acuerdo a los datos de la Contraloría, pero no limitados a ellos”, sostuvo.

El senador consideró que la Contraloría se limita “a la parte que se ve” en el sistema financiero, pero hay otras cuestiones que el ente contralor puede no saber, como por ejemplo, lo que uno tiene en su caja fuerte.

Funcionarios del MEC en mitines políticos

Se dio a conocer que funcionarios del Ministerio de Educación (MEC) fueron arreados nuevamente para una actividad proselitista de Romina Medina (ANR-cartista), esposa de Aníbal Zapattini, jefe de gabinete del ministro Luis Ramírez, en pleno horario laboral.

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Nakayama consideró este hecho como “lamentable”, lo que se suma a otros casos que el mismo legislador citó donde los funcionarios con la misma práctica portaban remeras alusivas a la institución a la que pertenecen, pero con candidatos.

“Realmente es lamentable, una práctica que se tiene hace tiempo, pero más penoso es ver esto. Se debería de mantener una educación sin colores, sin ideologías. Ya había recibido una denuncia de parte de, o sea, de que esta gente estaba haciendo esto, y yo pienso que se tiene que hacer un seguimiento y por supuesto si se tiene que denunciar oficialmente, y se tiene que sacarle a esta persona”, refirió.

Agregó que el propio ministro debería dar explicaciones, al recordar que es una práctica de varios gremios de funcionarios públicos que se remontan a los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Daniel Vargas, poblador del barrio aunque actualmente residente en Asunción, señaló que está a cargo del pago del suministro eléctrico de la vivienda de su madre y describió la situación como “insostenible” y “desgastante”.

Comentó que el inconveniente se arrastra desde el mes de enero y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas, no han recibido verificación ni explicación por parte de la institución.

En ese sentido, Vargas manifestó que volvió a insistir ante la prensa para visibilizar el caso, alegando que no recibe respuestas de la ANDE ni avances en sus reclamos.

“El problema es serio. Ya casi no hay lecturas de medidores en la zona y eso estaría generando estas diferencias en las facturas”, sostuvo.

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Montos muy elevados

El denunciante explicó que anteriormente los montos mensuales se ubicaban entre G. 145.000 y G. 350.000, pero que en los últimos meses habrían registrado aumentos considerables, llegando incluso a cifras de entre G. 2.500.000 y G. 3.500.000.

Afirmó que esta situación afecta directamente a las familias, especialmente a aquellas de menores recursos, que no cuentan con la posibilidad de afrontar estos costos.

Ante la falta de respuestas, no descartan acudir hasta la sede central de la ANDE en Asunción para exigir una revisión detallada y el esclarecimiento de los casos.

Este medio intentó obtener la versión institucional del presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, sin obtener retorno.

La situación vuelve a reavivar cuestionamientos sobre el sistema de facturación y la atención al usuario de la ANDE, en medio de reclamos ciudadanos por presunta falta de control y respuestas oportunas.

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El pedido de informes presentado por el senador Ever Villalba (PLRA, Frente Radical) fue aprobado en la sesión del pasado 22 de abril y fue remitido a la Justicia Electoral el 4 de mayo pasado. Ahora, la Justicia Electoral requiere una prórroga, a falta de 11 días para las elecciones internas.

El extenso pedido de informe incluye 28 preguntas referentes a los siguientes puntos:

• Sobre la calificación y la naturaleza oflcial del proceso.
• Sobre la documentación formal del proceso denominado auditoría técnica.
• Sobre las condiciones de ejecución y la participación técnica durante las jornadas.
• Sobre la información técnica del sistema de votación.
• Sobre la trazabilidad y la integridad hacia los próximos comicios.
• Sobre la responsabilidad institucional y la auditoría independiente.
• Sobre los observadores y el acompañamiento internacional.

Desde sectores disidentes tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) han planteado sus dudas sobre las máquinas de votación alquiladas al Consorcio Comitia-MSA, que además de tener presuntos vínculos con exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, fue adjudicado con el contrato por US$ 34.986.500, pese a haber sido descalificado por incumplimientos en la licitación anterior.

Enturbiando más el proceso, el pasado 13 de mayo se supo que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) cajoneó una recomendación de su propia asesoría jurídica, para abrir sumario contra Comitia-MSA por graves faltas en el proceso licitatorio anterior, que era para la compra (no alquiler) de las máquinas de votación.

A estas dudas se suman una presunta falta de una audiencia técnica real, debido a que el TSJE alega que se cumplió con dicho proceso en febrero pasado (el 2 y el 27 respectivamente), pero que tanto colorados como liberales disidentes sostienen que se realizó sin su participación.

Dicha situación terminó siendo asumida incluso por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR y la autoridad electoral interna del PLRA. Ante esto, el TSJE se vio forzado a permitir una revisión técnica (no auditoría) de las máquinas.

Esto lo realizó el pasado lunes y ayer los de la ANR, y lo harán hoy y mañana los apoderados de los movimientos del PLRA.

La situación tomó estado público luego de que presuntamente Bárbara emitiera certificados de contenido psiquiátrico en una causa judicial en el Juzgado de la Niñez. Además, habría estado atendiendo y medicando a pacientes.

La contraparte, denunció el hecho ante el Ministerio Público y el pasado viernes se realizó un allanamiento en el consultorio. Durante el procedimiento fueron incautados documentos, una notebook y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Según datos preliminares, si bien la profesional obtuvo un título de médica cirujana hace cuatro años en la Universidad Nacional del Este (UNE), no habría realizado ninguna especialización en psiquiatría.

“El objetivo es verificar si efectivamente posee la especialización en Psiquiatría o si ejercía de manera irregular. Hasta ahora, lo confirmado es que cuenta con título de médica cirujana”, señaló el fiscal Luis Trinidad.

Asimismo, explicó que durante el allanamiento no fueron presentados documentos que acreditaran la habilitación de la especialidad ni del consultorio intervenido. También indicó que la médica mencionó que cursó una especialización en Brasil, aunque hasta ahora no existen registros oficiales que lo respalden.

La profesional fue citada para una declaración indagatoria para este viernes.

En paralelo, la Fiscalía solicitó informes al Ministerio de Salud para confirmar si la clínica Vitaliza posee habilitación y si la denunciada figura oficialmente como especialista en Psiquiatría.

“La medicina más cara es la que no hay. Ya no sabemos qué hacer y pedimos que repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar”, expresó la paciente, evidenciando el malestar y la preocupación de quienes dependen diariamente de estos tratamientos.

La falta de medicamentos vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de salud pública en el departamento de Cordillera. Aunque desde la Tercera Región Sanitaria aseguran que si existen medicamentos en stock y que la reposición se realiza mensualmente, los pacientes continúan denunciando que los fármacos no llegan o resultan insuficientes para cubrir la demanda.

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Respuesta Regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, Luis Gómez, explicó que la distribución de medicamentos se realiza entre el 1 y el 5 de cada mes a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Añadió que, en caso de faltantes en la USF de Cabañas, los responsables deben solicitar y retirar los medicamentos del parque sanitario.

Sin embargo, mientras las autoridades hablan de procesos administrativos y distribución, pacientes hipertensos continúan recorriendo hospitales sin encontrar medicamentos esenciales para controlar una enfermedad que, sin tratamiento, puede derivar en graves complicaciones de salud.

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La firma del documento se realizó en la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación de San Pedro, en Santaní, que incluye el diseño y la construcción del moderno nosocomio. La ejecución del proyecto será posible a través de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el MOPC, con una inversión de G. 288.417.750.575, que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionamiento de este hospital traerá beneficio no solamente a los habitantes de la parte sur de San Pedro, sino también a otros departamentos aledaños, como Caaguazú, Canindeyú y la parte del Chaco, según la ministra Centurión.

El proyecto en general fue adjudicado al Consorcio Concret Mix-CDS, que además tendrá a su cargo un período de 18 meses de mantenimiento luego de la terminación y habilitación del hospital, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del servicio.

Conforme al plano de la infraestructura, la misma tendrá una dimensión de 23.268 m² y funcionará como un centro de referencia de la Segunda Región Sanitaria, que desde el momento de su funcionamiento va a evitar que los pacientes realicen los costosos traslados a otros centros sanitarios para su atención médica, subrayó la funcionaria del MOPC.

Comodidades y servicios

El Hospital General de Santaní contará con 157 camas de internación, más 32 camas de terapia intensiva para adultos, niños y neonatos, además de 34 consultorios de atención ambulatoria y urgencias. Asimismo, contará con seis quirófanos, áreas de diagnóstico por imágenes, laboratorio, anatomía patológica, farmacia, diálisis, entre otros servicios para los usuarios del nosocomio.

Hospital de Santaní está abarrotado de pacientes y urge la construccion de un local mas amplio

Aparte de estos servicios, la institución contará con un helipuerto, estacionamientos diferenciados, planta de tratamiento de desechos subterráneos y un sistema de prevención y combate contra incendios.

Tras la firma del contrato con la empresa constructora, se espera que los trabajos puedan empezar en breve tiempo.

Mejoramiento de la ruta PY08

Al término del acto de firma de contrato para el hospital de Santaní, la ministra Centurión fue abordada con respecto a los trabajos de mejoramiento de la ruta PY08, correspondientes a 155 kilómetros de recapado adjudicados a la empresa Tocsa SA, desde la rotonda de la Calle 6.000, Guajayví, San Pedro, hasta Azote’y, Concepción, que hasta el momento han avanzado muy poco. La misma respondió que actualmente la empresa sigue con los bacheos en algunos sectores del trazado.

En ese sentido, refirió que en algunas semanas más ya estarán iniciando el recapado de las calzadas del tramo.

El legislador afirmó que Honor Colorado utiliza la presión institucional como una herramienta sistemática de movilización electoral.

La denuncia surge luego de que un grupo de trabajadores del MEC participara, en pleno horario laboral, de una actividad proselitista vinculada a Romina Medina. La precandidata a concejal por el cartismo es esposa de Aníbal Zapattini, actual jefe de Gabinete y mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez.

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Éver Villalba denuncia “arreo” de funcionarios del MEC

El legislador de la oposición aseguró que esta práctica clientelar es característica del movimiento Honor Colorado. Según indicó, el oficialismo continuará replicando este esquema en otras dependencias del Poder Ejecutivo en los próximos días.

“Al momento de incorporar a los funcionarios, lo incorporan con esa condición. Vamos a ver en cualquier momento coordinadoras de funcionarios del MAG, MEC y de todos. Es el modus operandi del cartismo, la presión: el que no se va, se le envía al freezer o se le somete al escarnio público”, declaró.

Villalba mencionó que muchos de los funcionarios, ante la presión constante y la falta de alternativas laborales, terminan convirtiéndose en “hurreros”. Asimismo, apuntó que el cartismo viene realizando esta práctica no solo para estos comicios, sino desde hace varios años.

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Exige que el ministro Luis Ramírez rinda cuentas

El parlamentario liberal señaló que el titular de la cartera educativa debe brindar una aclaración inmediata, considerando la implicancia directa de su jefe de Gabinete en el acontecimiento.

Advirtió además que desde la Cámara de Senadores se podría solicitar informe para esclarecer el caso.

Villalba señaló que el ministro Ramírez debe tomar medidas “para que esa confianza que le tenemos no se vaya diluyendo”.

La estrategia de la “caja china” de Santiago Peña

Para el senador, la aparición constante de irregularidades funciona como una táctica planificada por el oficialismo para diluir el impacto de las críticas hacia la gestión del Poder Ejecutivo y blindar la imagen del presidente Santiago Peña. “Es la estrategia de la caja china: un escándalo tapa otro”, declaró.

Asimismo, apuntó que desde el cartismo se “normalizan” las prácticas irregulares, como el cumplimiento de favores que vinculan al senador oficialista Javier Zacarías Irún.

“Eso responde a una estrategia psicológica que cuando aparece una noticia que es constante, la gente ya lo normaliza porque está todos los días en su problema cotidiano”, expresó.

El legislador agregó que, mientras este tipo de situaciones se imponen en el debate público, las problemáticas urgentes que sufre la ciudadanía —como el costo elevado de los productos de la canasta básica— quedan completamente desplazadas de la agenda prioritaria.

Cuestionamientos técnicos a las máquinas de votación del TSJE

Al ser consultado sobre las posturas oficialistas que acusan a la oposición de buscar el retorno de las papeletas tradicionales y las listas sábanas debido a sus dudas sobre el sistema electrónico, Villalba rechazó los argumentos de sus pares colorados. El senador subrayó que prefiere respaldar los criterios de especialistas antes que las declaraciones políticas del sector oficialista.

A la vez, calificó a Fausto Von Streber, titular de TIC del TSJE, como “el Hernán Rivas del TSJE” porque -según Villalba- no tiene un título académico que respalde su formación en el área informática.

Los líderes gremiales alertaron, entre otras cosas, de que actualmente el fondo de jubilaciones sostiene un déficit que podría llevarlo a la insolvencia en el año 2046.

En comunicación con ABC Cardinal, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), dio detalles sobre la situación sobre la cual alertaron ayer los líderes gremiales y sobre el plan que proponen estos para rectificar el rumbo en el IPS.

“Hay riesgo de insolvencia”

Duarte señaló que la decisión - sancionada por ley – de que el IPS pague un “aguinaldo” a sus jubilados causó un desfasaje entre los ingresos y egresos del fondo jubilatorio, teniendo en cuenta que los aportantes – empleadores y empleados – no contribuyen para ese decimotercer pago anual, lo que obliga al IPS a recurrir a los fondos generados por sus inversiones para cubrir la diferencia.

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Eso, afirmó, está “comiendo la cola” de los ingresos por inversiones del fondo jubilatorio y las proyecciones presentadas por los gremios industriales indican que se podría llegar a un “punto de quiebre” en 2046.

“Hay riesgo de insolvencia”, advirtió, argumentando que el fondo jubilatorio del IPS podría quedar en la misma situación de déficit grave que el sistema jubilatorio del sector público (caja fiscal), pero sin contar con el presupuesto público del Estado para sostenerlo.

Plan de “cinco pilares”

Para prevenir esa situación, los gremialistas presentaron un plan basado en “cinco pilares” que, según proyectan, podría dar sostenibilidad al fondo jubilatorio de la previsional “más allá del año 2100”, dijo Duarte.

Uno de esos pilares, explicó, es una “mejora y transparencia de la gestión” que permita “que el fondo de jubilaciones se consolide y quede dinero importante para el fondo de enfermedades y maternidad”.

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Sobre ese último punto, opinó que es innegociable mejorar los servicios de salud de la previsional y lograr que los asegurados dejen de tener que gastar hasta decenas de millones de guaraníes en la compra de medicamentos o insumos que deberían serles proveídos de forma gratuita, pero los cuales el IPS no tiene.

“Así como está nuestro sistema previsional, para nuestros colaboradores es un barril sin fondo”, lamentó.

Deuda histórica del Estado con el IPS

Duarte mencionó también como uno de los “pilares” del plan anunciado ayer la regularización de la deuda histórica del Estado paraguayo con el IPS por la falta de pago del 1,5% de aporte estatal sobre los salarios.

Según el plan, el monto adeudado se convertiría en un “fondo perpetuo” que debería rendir intereses al fondo jubilatorio de la previsional. Sin embargo, el plan también llama a que el aporte del 1,5 por ciento se haga efectivo a partir de 2027.

La medida procesal también afecta a Esteban Darío Benítez Armoa (26), quien fue detenido junto con Vázquez Acosta en el mismo procedimiento.

Los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional incautaron diversas sustancias durante el allanamiento realizado ayer en la zona norte del país.

Fiscalía sospecha que la casa era centro de distribución de drogas

De acuerdo con el fiscal interviniente, las investigaciones preliminares apuntan a que el inmueble intervenido por los agentes del orden no era un simple sitio de consumo. Apuntó que sospechan que la vivienda funcionaba como un local de distribución de estupefacientes para su posterior comercialización.

Actualmente, el hijo de la exparlamentaria Perla de Vázquez se encuentra bajo reclusión temporal en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray. Encina precisó que el detenido será trasladado a Santaní una vez que el Juzgado Penal de Garantías de dicha localidad lo convoque para la audiencia de declaración indagatoria.

El agente del Ministerio Público confirmó que uno de los paquetes hallados en poder del hijo de Vázquez reaccionó a cocaína y el otro será sometido a un análisis laboratorial más profundo para descartar plenamente que se trate del estupefaciente. Además, reveló que también se constató la presencia de marihuana en el sitio intervenido.

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¿A cuántos años de cárcel se expone el hijo de Perla de Vázquez?

En cuanto la expectativa de pena, el fiscal indicó que los detenidos se exponen de 5 a 22 años y 6 meses de cárcel.

Encina no descartó que en el caso de Vázquez Acosta su estado procesal sea agravado, considerando sus antecedentes, aunque aclaró que aún es prematuro referirse en tal sentido.

La víctima, identificada como Esteban Sánchez, de 18 años, se encontraba realizando sus labores habituales cuando ocurrió el suceso. Según los informes preliminares proporcionados por la Policía Nacional, el joven operaba un montacargas que era utilizado como ascensor externo del edificio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Sánchez habría perdido el equilibrio y, tras un fallo en la dinámica del equipo, quedó atrapado entre el elevador y el soporte estructural a la altura del séptimo piso, lo que derivó en su caída y posterior fallecimiento.

“Recibimos la llamada a través del sistema 911 referente a un supuesto accidente. Vinimos a verificar y ya encontramos a esta persona atrapada en el montacargas en el séptimo piso, ya sin signos de vida”, manifestó uno de los oficiales que llegaron al lugar.

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El agente del Ministerio Público Fernando Delfino se constituyó en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

El fiscal adelantó que durante el proceso investigativo se tomarán declaraciones a los compañeros de trabajo de la víctima que se encontraban presentes durante el siniestro.

Además, se realizará una verificación exhaustiva de la obra para determinar si la empresa constructora cumplía con los protocolos de seguridad industrial y si los trabajadores contaban con los equipos de protección individual necesarios para operar en altura.

Al ser consultado sobre las versiones que indicaban que los hijos del mandatario y sus respectivas parejas aprovecharon el feriado largo para un viaje de ocio de jueves a domingo, Fullaondo defendió la legalidad del traslado alegando que la institución recibió un pedido formal por escrito desde el Poder Ejecutivo.

“La aeronave Citation tuvo un vuelo oficial que ha sido solicitado por la Presidencia de la República para cumplir una actividad oficial de la primera dama. Le llevó, sí, a la señora esposa del señor presidente a Buenos Aires el día jueves y regresó el día domingo”, afirmó el jefe militar.

El general justificó la inclusión de los familiares del presidente Santiago Peña señalando que el reglamento del Grupo de Transporte Aéreo Presidencial faculta a la unidad a coordinar el traslado no solo del presidente y vicepresidente, sino también de sus familiares directos.

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Un viaje “dentro del presupuesto”

Respecto a la tripulación, Fullaondo detalló que el avión estuvo comandado por tres militares (un piloto, un copiloto y un navegante), quienes transportaron a ocho pasajeros, totalizando 11 personas a bordo.

Al ser cuestionado sobre el millonario costo de un viaje de estas características, el comandante evitó dar cifras exactas, pero reconoció el alto impacto presupuestario.

“La aviación es costosa, volar un avión siempre tiene su costo. Y nosotros tenemos el presupuesto para cumplir las misiones asignadas por el Estado dentro de lo que nos permite la misión. Y esta fue una misión oficial”, concluyó.

Actividad de la primera dama en Argentina

Durante la entrevista, el comandante de la FAP dijo no contar con los detalles de las actividades que justificaron el millonario despliegue operativo en el vecino país. Sin embargo, consultando con las redes oficiales de la Oficina de la Primera Dama, se pudo saber que Leticia Ocampos estuvo participando de la apertura de la muestra “Kuña Guapa: mujeres que tejen historia”, en el Centro Cultural de la República del Paraguay en Buenos Aires.

La actividad es promocionada como “una propuesta artística invita a reconectar con la identidad, la memoria y las raíces del Paraguay a través de una mirada sensible y contemporánea, fortaleciendo los vínculos culturales con la comunidad paraguaya residente en Argentina”.

Según @tobisspotter, el aficionado que publicó la fotografía de la aeronave oficial en el aeropuerto argentino, la imagen subida en su cuenta de Instagram fue captada el domingo 24 de mayo.

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El sospechoso fue capturado en un allanamiento que se hizo esta madrugada en la colonia Fortuna Guazú de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay, en conexión con dos atentados ocurridos el fin de semana en la misma ciudad.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Investigaciones, quienes siguen el caso del sicariato del viernes a la noche (22 de mayo), en el que resultó víctima el líder indígena Eulalio Aquino Fleitas, de 45 años, quien era secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay y candidato a concejal municipal de Cerro Corá.

Aquino, quien también se postulaba para ser concejal municipal de Cerro Corá, sufrió un ataque a tiros en su domicilio, ubicado en las afueras del barrio Jardín Aurora, camino a la colonia Mafussi de la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando se disponía a hacer un asado para esperar a un grupo de políticos que se iban a reunir con él, el pasado viernes 22.

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Los agentes también actuaron en conexión con el intento de sicariato del sábado a la mañana (23 de mayo), en el que salió herido el despensero Felipe Marco Insaurralde Yua, de 43 años, alias Felipão, quien según la Policía tiene antecedentes por narcotráfico en Brasil y que sería un usurero en Paraguay.

El jefe de Investigaciones, comisario principal José María Delgado Amarilla, dijo que llegaron al sospechoso gracias a un trabajo de inteligencia, pero detalló que los testigos del asesinato del indígena dijeron que el tirador es zurdo y que coincidentemente el sicario filmado en el ataque contra el despensero también disparó con la mano izquierda.

Otro elemento llamativo es que en los dos hechos se usó un revólver con municiones similares a los que se encontraron hoy en el allanamiento a la casa del sospechoso.

El subjefe de Investigaciones, comisario Fredy Luis Duarte Solís, por su parte, informó que en el procedimiento encontraron varias evidencias, como por ejemplo ropas y hasta un casco idénticos a los que aparecen en el video del intento de sicariato del sábado a la mañana.

El agente fiscal Emilio Daniel Álvarez Maldonado, dijo que Zurdo será imputado por homicidio doloso en grado de tentativa en el caso del despensero Felipão, ya que las evidencias incautadas en su casa coinciden con las del tirador.

También dijo que si las balas de revólver extraídas en ambos casos coinciden, será incluido en el otro proceso, del líder indígena.

Las obras inconclusas están ubicadas en colonia César Barrientos y compañía Caballero Punta, en Ybycuí; compañía Costa Irala, en Quiindy; compañía Héctor L. Vera, en Ybytymí; y compañía Potrero Arce, en Acahay.

El proyecto había sido heredado del gobierno de Mario Abdo Benítez y continuó bajo la administración de Santiago Peña. Pero, lejos de avanzar, las obras quedaron atrapadas entre suspensiones, rescisión de contratos, readjudicaciones y nuevas paralizaciones. Esto sucede ante la falta de pago a constructoras y la ausencia total de control sobre los plazos de ejecución.

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Cuatro años de promesas incumplidas

Las construcciones comenzaron en agosto de 2022 mediante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con financiamiento del Banco Mundial a través del préstamo BIRF Nº 8963-PY.

El contrato original N.º 13/2022 fue adjudicado por G. 7.339 millones a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana, durante la gestión del entonces ministro Julio Borba. La fecha de entrega estaba prevista para marzo de 2023. Sin embargo, las obras nunca concluyeron.

Con el cambio de gobierno, el contrato fue rescindido y el Ministerio volvió a licitar los trabajos. Esta vez, en el 2023 la adjudicación recayó en Díaz Martínez Construcciones, representada por Ricardo Díaz Martínez, por casi G. 8.000 millones.

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Las edificaciones permanecieron paralizadas por más de un año hasta octubre de 2024. Recién en noviembre de ese año se retomaron los trabajos, con la promesa de culminarlos en abril de 2025. Sin embargo, nuevamente las tareas se frenaron y, desde hace siete meses, los obreros desaparecieron completamente de los sitios.

Hoy, las estructuras vacías son el símbolo visible de una inversión millonaria sin resultados y representan el fracaso de un Estado que no ha podido administrar sus recursos ni cumplir con las obras anheladas por los ciudadanos.

Actualmente, en la mayoría de las obras faltan conexiones eléctricas, instalación de agua potable, sanitarios, pisos y equipamientos médicos básicos para habilitar la atención a pacientes.

Mientras tanto, cientos de familias continúan dependiendo de puestos sanitarios precarios o deben trasladarse kilómetros para acceder a servicios de salud.

La comunidad quiere asumir el compromiso de culminar la obra

Ante la constante suspensión de la obra de la USF, la indignación ciudadana crece especialmente en la compañía Costa Irala de Quiindy, donde los pobladores anuncian movilizaciones para exigir respuestas.

Roque Barrios, referente de la comunidad, aseguró que los vecinos incluso analizan culminar ellos mismos la USF debido al abandono estatal.

Señaló que “solo falta terminar parte del piso y el sanitario. Nosotros estamos en condiciones de completar y poner en funcionamiento para beneficio de la comunidad”.

Indicó además que la propuesta fue planteada a la directora de la Novena Región Sanitaria, la Dra. Auria Villalba, quien respondió que existe una empresa contratada por el Ministerio de Salud y que únicamente ella puede finalizar la obra.

Los pobladores no descartan viajar hasta Asunción para manifestarse frente al Ministerio de Salud si no existe una solución inmediata para reactivar la obra y dar uso a la infraestructura.

Obras paralizadas dependen de desembolso del MEF

La directora de la Novena Región Sanitaria, la Dra. Auria Villalba, manifestó que la solución del problema escapa de sus posibilidades administrativas y financieras.

Señaló que ya mantuvo conversaciones con los vecinos de la comunidad de Costa Irala Quiindy, quienes incluso plantearon culminar por cuenta propia las terminaciones faltantes de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de la compañía Costa Irala.

Sin embargo, explicó que la obra no puede ser intervenida por terceros debido a que perdería la garantía contractual vigente con la empresa adjudicada.

Finalmente, aclaró que la reactivación de las construcciones depende exclusivamente de la transferencia de recursos que debe realizar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las instituciones estatales, a fin de cubrir las deudas pendientes con las empresas constructoras encargadas de ejecutar las obras.

En ese sentido, autoridades nacionales y representantes del sector privado se encuentran expectantes sobre el valor que podría tener el peaje una vez que finalice completamente el proceso de adjudicación a una de estas empresas, cuya concesión será por 25 años.

Navieros expectantes por la nueva concesión de la hidrovía y los costos del peaje

Costo del peaje

El directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, explicó que la nueva adjudicación se realizará en el tramo argentino. La licitación definirá quién estará a cargo del dragado, la señalización y el mantenimiento de la vía navegable.

“Efectivamente, el tema de esta concesión en el caso de Argentina sigue pendiente de definición. Estamos siguiendo su trámite y nos encontramos pendientes de lo que pueda ocurrir con el peaje, que afecta principalmente a Paraguay y es un tema que estamos permanentemente acompañando y observando”, mencionó.

En lo que respecta al costo del peaje, indicó que se mantiene en US$ 1,30 por tonelada de registro neto. Desde el sector agroexportador siguen de cerca el proceso, dado que más del 80% del comercio paraguayo pasa por esa vía.

“Esa cifra es la estipulada (peaje), pero dependiendo de la oferta que reciban, dicho valor podría reducirse, que es la expectativa de nuestro sector”, señaló.

Empresas belgas pujan por la concesión

Además de los costos de la tarifa y del desenlace del proceso de licitación, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) también se mantiene en alerta, debido a un supuesto conflicto entre las dos empresas que compiten por la concesión del tramo argentino.

Según trascendió en el país, DEME acusa a Jan De Nul de tener vínculos con firmas chinas y ya presentó una denuncia ante Estados Unidos. Asimismo, la multinacional belga Jan De Nul negó dichas acusaciones en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, comentó el presidente de la ANNP, Julio Vera.

El proceso

De acuerdo con datos oficiales publicados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) de Argentina, ambas compañías propusieron en la oferta económica un valor de US$ 3,80 para la etapa 0 y de US$ 4,65 para la fase 1. Mientras que para la etapa 2 plantearon un costo de US$ 5,78. En total, el recorrido completo sumaría US$ 14,23.

Ambas empresas belgas presentaron ofertas económicas idénticas, aunque el Gobierno argentino otorgó una mejor calificación a la propuesta técnica de Jan De Nul.

Navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay

Por otro lado, Pastore se refirió a la navegabilidad de los ríos y comentó que el río Paraguay recuperó su nivel, mientras que el Paraná lo hizo de manera más ajustada. Sostuvo que se trata de la estacionalidad normal en el comportamiento de ambos cauces, ya que suelen tener una contraestación: cuando uno sube, el otro presenta niveles más bajos, y viceversa.

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Añadió que la navegación en el río Paraguay se encuentra un poco mejor, aunque los tripulantes deben extremar los cuidados porque, al haber más agua, aumenta también la velocidad de la corriente, lo que exige mayor prudencia en la navegación.

No obstante, mencionó que, en líneas generales, el río repuntó bastante.

Por su parte, Bernardo Rojas, representante de la Central Obrera, sostuvo que los trabajadores se mantienen firmes en su propuesta de aumento de G. 647.000, argumentando que el reajuste debe responder al costo de vida y no limitarse únicamente a lo establecido por ley.

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“Nosotros estamos negociando el reajuste salarial, nada más. Sostenemos que el reajuste debe ser del 20%, o sea, G. 647.000, y queremos escuchar respuestas concretas en ese sentido”, expresó.

Rojas cuestionó además la falta de una contrapropuesta por parte del sector empresarial. Dijo que mientras los trabajadores ponen cifras sobre la mesa, la patronal insiste en ceñirse al mecanismo legal vigente y no debate sobre números.

“Nosotros ponemos los números y ellos no ponen. Nosotros decimos 20% y ellos responden ‘lo que dice la ley’. Pero acá lo que dice la necesidad, la calle y el costo de vida también tiene que pesar”, afirmó.

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Obreros plantean suspender negociaciones con empresarios

El dirigente sindical aclaró que las centrales obreras no abandonaron la mesa de diálogo, pero sí plantearon suspender temporalmente las negociaciones con el sector empresarial hasta que exista una postura “seria y responsable” respecto a la propuesta de reajuste.

Según indicó, los trabajadores buscarán continuar las conversaciones con el Gobierno y solicitarán una reunión urgente con el presidente de la República para abordar la situación salarial.

“Tiene que partir la conversación para que haya acuerdo. Porque si no hay acuerdo, nosotros tenemos que tomar otras medidas legales que nos corresponde a nosotros. Y vamos a tomar esas medidas legales en su momento y en su tiempo", advirtió en otro momento.

Empleadores rechazan el 20%

Por su parte, Enrique Vidal, representante del sector empleador, señaló que en la reunión se abordaron principalmente temas internos del funcionamiento del Consejo Nacional de Salario Mínimo, incluyendo la elaboración de un reglamento para el organismo.

Respecto al reajuste salarial, Vidal sostuvo que todavía no existen números sobre la mesa porque el sector empresarial aguarda el informe de inflación de mayo elaborado por el Banco Central del Paraguay.

“No podemos hablar de números si todavía el BCP no lanzó la inflación del mes de mayo. Seguramente para el lunes vamos a tener y para el miércoles ya vamos a poder hablar de porcentajes”, indicó.

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El representante empresarial confirmó además que no acompañan el pedido del 20% planteado por los trabajadores y defendió el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCP como base para el reajuste salarial.

“Nosotros confiamos en el IPC del Banco Central y tenemos que ceñirnos a la ley, definitivamente. Si se tiene que cambiar la ley, se estudiará, pero la cuestión no es sencilla”, declaró.

La presentación del mediometraje contó con la participación del presidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos.

Luego de la proyección del filme, el presidente Peña habló de la necesidad de hacer frente de manera directa al problema de la trata de personas y manifestó que los testimonios recolectados sobre esa problemática que inspiraron el mediometraje son “durísimos, pero es esta crudeza la que nos tiene que llevar a la acción”.

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“La trata de personas se beneficia de la vulnerabilidad”, dijo y enmarcó programas de su Gobierno como el de alimentación escolar, ‘Hambre cero’, como un intento de “eliminar esas vulnerabilidades”.

“Fortalecer a la familia paraguaya”

Destacó también la necesidad de crear condiciones para que deje de haber “exiliados políticos”, personas que salen de Paraguay por falta de oportunidades económicas y pueden correr peligro de caer en las manos de redes de trata en otros países como España.

Recordó que uno de sus primeros viajes oficiales tras asumir la Presidencia fue precisamente a España, cuyas autoridades manifestaron especial preocupación por el problema de la trata de personas.

“Con Leti dijimos: ‘Empecemos a mirar esto con más atención (...) No podemos quedarnos solo como observadores’”, dijo.

El mandatario pidió que el mediometraje ayer presentado tenga amplia difusión en escuelas y colegios a fin de concienciar a niños y a sus padres.

“Queremos fortalecer a la familia paraguaya, esa es nuestra defensa”, subrayó

Llevarán el mediometraje a todo el país

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia anunció que llevará El precio del pasaje a los 17 departamentos del país en jornadas de “cine móvil” con las que busca llegar a unos 500.000 adolescentes, con acompañamiento del Ministerio de Educación.

Indicó que con el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, y el director del nosocomio, Pablo Aveiro, están llevando a cabo los trabajos necesarios para realizar las reparaciones correspondientes.

Edificio del Hospital Regional de Misiones sigue en pésimas condiciones a pesar de reclamos

“Trabajamos muy de cerca con el director regional y seguiremos haciéndolo, además de seguir invirtiendo en el área. Reconocemos y tenemos presente que el Hospital Regional de San Juan Bautista, en Misiones, es el centro de referencia para todo el departamento, por lo que requiere mantenimiento en varias zonas. Por eso, estamos ejecutando los trabajos para conservar esta infraestructura”, señaló.

Actualmente, en el Hospital Regional se observan paredes con humedad notable en sectores sensibles del nosocomio: entre ellos, la zona de terapia intensiva, el área de quirófanos y la parte correspondiente a los laboratorios.

Tras reclamos, inician obras en la USF en Santa Rita

Tras los reclamos presentados semanas atrás por parte de los pobladores de la comunidad de Santa Rita una de las localidades del distrito de San Ignacio, Misiones, dieron inicio los trabajos de reparación del edificio de la Unidad de Salud Familiar (USF), que presentaba riesgo de derrumbe.

La obra se ejecutará con recursos aportados por la Gobernación de Misiones, por un monto total de G. 430 millones. Su duración estimada es de seis meses, plazo que puede variar según las condiciones climáticas. La empresa encargada de los trabajos es Montecristo, según informó el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC).

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En ese contexto, la ministra Baran también señaló que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con recursos limitados para obras, mientras que las necesidades son infinitas.

“De alguna u otra manera, sabemos que en salud pública los recursos son limitados y las necesidades son infinitas; hoy, gracias al apoyo de la Gobernación, vamos a poder realizar el mantenimiento de esta infraestructura que corresponde a la Unidad de Salud de la Familia de la comunidad de Santa Rita”, indicó.

Las atenciones médicas para los pobladores, desde hace ya 10 meses, se vienen realizando en el salón de una iglesia evangélica, de manera precaria.

Esto se debe a que no se cuenta con la privacidad necesaria entre el paciente y el médico. El salón está dividido con biombos y muebles; en un sector se guardan los medicamentos, en otra zona se brinda atención médica y en otra se encuentra la camilla que se utiliza para las inspecciones que sean necesarias.

Lo más grave es que el ingreso y la atención de los pacientes se realizan debajo de un árbol.

Además, si una mujer solicita que se realice el estudio de Papanicolaou (PAP), la profesional de la salud que lo practicará pide a las personas presentes que abandonen el recinto por un momento, para así contar con la privacidad que se requiere.

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“De no surgir ningún tipo de inconveniente, estaremos uniendo ambos lados en la fecha mencionada”, resaltó el profesional. Solo restan menos de 20 metros para lograr la unión; sin embargo, los trabajos adicionales de la colosal obra recién culminarían a finales de septiembre, atendiendo que aún faltan varias tareas en ambos extremos.

Puente inteligente

Esta magnífica pasarela es el primer puente inteligente construido por profesionales paraguayos, lo que marcará un antes y un después en la ingeniería de nuestro país. A través del uso de la tecnología, se podrá monitorear en tiempo real la situación estructural del puente, a fin de evitar algún tipo de tragedia, dijo el ingeniero René Gómez.

El profesional mencionó que se están colocando numerosos sensores en los tableros y en los 168 tirantes, a fin de permitir informaciones rápidas sobre cualquier tipo de eventualidad que ponga en peligro la estructura del puente, además de controlar, por ejemplo, la inclinación de los pilonos, sostuvo.

“Se menciona como puente inteligente precisamente por el uso de este tipo de tecnología de primer mundo”, refirió el profesional, alegando que una empresa alemana especializada en dicha área es la responsable de instalar estos sensores y también los tirantes.

La semana pasada estuvieron por la zona del puente los técnicos con el 100% de los sensores y que actualmente se encuentran en pleno trabajo de colocación. “Esta tecnología nos ayudará a tener cada cinco minutos informaciones como tensión de tirantes y desplazamientos en la estructura del puente”, apuntó.

Comentó que igualmente se podrá obtener informaciones sobre el comportamiento del clima, una verdadera estación meteorológica para saber con precisión “datos sobre la velocidad del viento o cuando se producen sobrecargas sobre el puente”, dijo el encargado de la obra.

Mano de obra paraguaya

La construcción del puente de la Bioceánica ocupa desde el principio al 90% de mano de obra de obreros y profesionales paraguayos. El resto de los trabajadores son técnicos, proyectistas y personal especializado extranjero que trabajan a distancia, mencionó el ingeniero René Gómez.

Los trabajos del puente se iniciaron en el 2022, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez. La obra es financiada por la Itaipú Binacional (margen paraguaya), con un costo de G. 616.836.755.744, y está a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

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El puente de la Bioceánica significa un gran avance en este tipo de construcciones para los profesionales de nuestro país, al tiempo de demostrar la preparación de estos técnicos y posicionar en un nivel preponderante a la ingeniería paraguaya.

Características y finalidad

El puente de la Bioceánica tendrá una extensión aproximada de 1.300 metros sobre el río Paraguay, con dos carriles, uno por sentido, banquinas con proyección de ampliación futura y veredas destinadas a peatones y ciclistas. Además, contará con avenidas de acceso y una costanera para acompañar el desarrollo urbano.

El objetivo principal de la construcción del puente es hacer funcionar el corredor bioceánico, integrado por carreteras que atraviesan zonas del Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, para utilizar los puertos del Pacífico y así agilizar el comercio hacia los mercados asiáticos.

Esta nueva vía, denominada por muchos como un segundo Canal de Panamá, ahorrará más de 8.000 kilómetros de distancia en relación con el trayecto que actualmente se realiza por el océano Atlántico para llegar a los países de Asia.

“Bachi” expresó de forma textual que hará lo mismo que hizo Fernando Lugo, haciendo referencia a la decisión del entonces presidente del Congreso, que no convocó a jurar a Nicanor Duarte Frutos, Juan Afara y Horacio Cartes, cuyas candidaturas fueron habilitadas en este entonces por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Martínez señaló que la situación es totalmente distinta en el caso de la expulsada senadora González, quien -según dijo- fue perseguida por el oficialismo, que a su vez protegió a otros parlamentarios salpicados por graves denuncias.

“Ustedes saben que le echaron a Kattya González sin ninguna justificación. Ella fue echada; no es como el caso de los senadores vitalicios que quisieron ejercer la senaduría a través de una elección. Acá estamos hablando de una persona que fue perseguida políticamente, esto fue un lawfare político, le echaron del Senado, mientras le protegían a otros que tenían título falso y estaban ligados al narcotráfico”, expresó.

Cartismo censura a Kattya por miedo, asegura Esperanza

Esperanza fue más allá y manifestó que la resistencia del cartismo a la figura de Kattya González es una respuesta al miedo que les genera su figura y prefieren mantener una “línea de censura”.

“Le tienen miedo a su fuerza, a su coraje, a su valentía, a su honestidad, porque ellos son todo lo contrario. Son mentirosos, son estafadores, hacen todo lo que pueden con todos los poderes del Estado para que todos los que están ligados a ellos políticamente que se enriquecen de manera extraordinaria e ilícita sean protegidos”, dijo.

Reiteró que si “Bachi” Núñez considera que en el pasado Fernando Lugo obró mal al no hacer lugar a una decisión de la máxima instancia judicial, corresponde que el cartismo ahora haga las cosas bien.

“Que venga Kattya González, que se siente en un lugar de donde nunca tuvo que haber salido porque nunca hubo razones. Que no pongan excusas y finalmente, si Lugo hizo mal, que ellos hagan bien”, indicó la legisladora.

Acción de Kattya González contra su expulsión del Senado ya tiene 4 votos en la Corte

A falta de solo un voto dentro de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el de César Diesel, para resolver la acción promovida por Kattya González tras su expulsión del Senado, Esperanza Martínez instó al ministro a no convertirse en un “artífice de impunidad”.

“Esperemos que el ministro Diesel esté acorde con un acto de justicia o él va a ser el gran artífice de la impunidad. ¿Será que él quiere ser el artífice de la impunidad en este país? Espero que no”, concluyó.

Bachi Núñez descarta expulsión de ZI y felicita informe de Contraloría sobre Peña

Sobre este pedido, el senador Rafael Filizzola apuntó: “En primer lugar, este proceso no termina con un informe de Contraloría mal hecho. En segundo lugar, si vamos a hablar de disculpas, el que tiene que pedir disculpas, no a los denunciantes, sino a la ciudadanía, es Peña por su mal gobierno“.

“La gente está pasando muy mal en Paraguay mientras unos pocos están pasando muy bien”, remarcó el legislador.

En lo que respecta a la investigación, Filizzola mencionó que esto no termina con un informe dibujado por Contraloría que no toma la parte donde él pega el salto económico.

Peña exige disculpas por críticas a sus bienes pese a “parchear” su DD.JJ. en pleno examen

“La denuncia se centra en cómo una persona con una casa alquilada, dos autos y un perro, como él decía, pasa de un patrimonio de 1.000 millones de guaraníes a un patrimonio de 100.000 millones de guaraníes. Eso es inexplicable”, recordó el senador.

Uno de los puntos más importantes en la denuncia tiene que ver con la construcción de la mansión en San Bernardino: “Peña construye una casa por 900.000 dólares en un terreno que no es suyo. ¿Quién construye una casa de 900.000 dólares en un terreno que no es suyo?“.

“Pero lo peor es que la construcción empieza sin que él pague nada y posteriormente aparece Ueno con un préstamo de 900.000 dólares. ¿Qué banco hace un préstamo de 900.000 dólares a sola firma y para una casa que está en un terreno que no es de la persona que hace el préstamo", añadió a su alocución.

Recordó que en ese tiempo también se da el salto de Ueno, que de no tener nada de depósitos del Estado pasa a tener 800 millones de dólares de depósitos del Estado.

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Para el legislador, esto es un intento de blanqueamiento muy burdo. “Él dice que vendió las acciones y, bueno, ¿cómo compró las acciones? Él se enriqueció en 22 mil millones y supuestamente él ganaba 400 millones. Igual ahí faltan 12 mil millones”.

Ante la consulta de si todavía piensan que hay sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Filizzola afirmó que sí. “¿Quién pasa en cuatro o cinco años en el sector privado como empleado de un patrimonio de 1.000 millones a 23.000 millones? Ni que gane la lotería, esas cosas no ocurren. ¿Quién se enriquece en dos mil doscientos y algo por año? Es imposible", remarcó.

En las imágenes de circuito cerrado se observa cuando la estudiante cruza la vía y, a mitad del trayecto, es embestida por el colectivo. A raíz de la fuerza del impacto, cae al pavimento y es auxiliada por conductores y peatones que transitaban por la zona.

Un automóvil que circulaba por el carril donde cayó la adolescente logró detenerse a tiempo, evitando consecuencias mayores.

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Chofer del colectivo dio negativo al alcotest

El hecho se registró ayer, alrededor de las 10:30, sobre la calle Doctor Paiva casi Coronel Pedro Gracia, en el barrio Rodríguez de Francia de Asunción.

El colectivo involucrado pertenece a la Línea 41 y era conducido por Christian Ramón Benítez Latorre (43), quien arrojó resultado negativo al alcotest.

¿Cómo se encuentra la estudiante atropellada?

La adolescente fue asistida por bomberos voluntarios, que la trasladaron al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

El subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, subcomisario Diego Carrillo, informó que el reporte preliminar recibido sobre el estado de salud de la adolescente señala que sufrió lesiones leves en la clavícula.

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Tras el accidente, el bus y su conductor fueron trasladados hasta la comisaría local por disposición de la fiscal Andrea Vera. Posteriormente, la agente del Ministerio Público ordenó la liberación del vehículo y del chofer una vez que se pudo determinar el estado de salud de la estudiante.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el brasileño Braz Rodrigo de Sousa Santos, domiciliado en Foz de Iguazú, quien aseguró haber sido estafado por un hombre que le prometió la obtención de licencia de conducir.

El denunciante relató que el pasado 22 de mayo entregó 1.000 reales al supuesto gestor para tramitar una licencia de conducir en Presidente Franco. Posteriormente, el hombre le habría solicitado otros 500 reales, que ya no figuraba en el trato inicial.

El brasileño explicó que, al no recibir su documento, acudió ayer en la Municipalidad de Presidente Franco, donde funcionarios le informaron que no existía ningún trámite iniciado a su nombre, por lo que habría sido engañado.

Más tarde, la víctima se trasladó hasta la Municipalidad de Ciudad del Este, donde logró ubicar al presunto gestor. El sospechoso fue retenido por guardias de la Municipalidad y posteriormente entregado a agentes de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento fueron incautados de su poder un celular de la marca BLU, 500 reales en efectivo, G. 150.000, además de varias licencias de conducir y cédulas de identidad pertenecientes a otras personas.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Luis Trinidad, quien dispuso el inicio de la investigación correspondiente.

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“Ayer estábamos ordenando que se abra un sumario porque fue demasiado llamativo porque, en un lugar que estaba llaveado, en un día en que no llovió, se hayan encontrado las mangueras abiertas... y se inundó la zona”, manifestó.

El presidente lamentó la situación y resaltó que los profesionales y los usuarios deberían cuidar el hospital. “No le hacen esto al doctor Fretes ni a su equipo de trabajo, se están haciendo daño a sí mismos. Esto tenemos que cuidar, esto es nuestro”, enfatizó.

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Además, agregó que las cirugías de ese tipo son sumamente costosas en el sector privado, por lo cual el IPS sigue siendo la mejor opción para operaciones especializadas.

En caso de que la Corte falle a favor de la exlegisladora, la misma debería ser restituida en su cargo; sin embargo, al ser consultado hoy, el presidente de la Cámara, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, respondió que haría “lo mismo que hizo Lugo”.

“Que los poderes sean respetados. Yo soy representante del Poder Legislativo y probablemente voy a hacer lo mismo que hizo Lugo”, respondió tras la consulta de un posible fallo a favor de la legisladora.

Sin embargo, el caso al que se refirió trata de cuando el expresidente de la República fue elegido como presidente de la Cámara de Senadores en el 2018 y donde la mayoría no dejó jurar a Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, ambos expresidentes de la República con mandato concluido, que fueron habilitados por la Corte para candidatarse, no así para asumir las bancas, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional.

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“Bachi” buscaría evitar que Kattya vuelva al Senado

El argumento de varios juristas y legisladores en el caso de Cartes y Duarte Frutos se basa en el artículo 189 de la Constitución Nacional, que es taxativo y mandatorio y establece que los expresidentes de la República, elegidos democráticamente, se convierten en senadores vitalicios de la nación tras culminar sus mandatos, siempre que no hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

El caso de Kattya González dista mucho de este, considerando que fue elegida senadora y juró como legisladora para este periodo, pero fue destituida por una mayoría coyuntural y circunstancial.

Núñez insistió en que la pérdida de investidura es un juicio político, por lo que las instituciones del Poder Judicial no tienen incidencia en la misma, lo que dejaría que en el caso de que exista un fallo favorable a la opositora para su restitución quede en manos de una decisión política de una nueva mayoría en el Senado.

Bachi sobre examen de correspondencia de Peña

También fue consultado sobre el examen de correspondencia del presidente de la República, Santiago Peña, que, según la Contraloría General de la República, justificó su lujosa mansión de San Bernardino tras corregir sus declaraciones juradas en medio del examen de correspondencia, como así también el aumento patrimonial del mandatario en G. 21.000 millones durante el periodo que no fue funcionario público.

“Acá no vale lo que yo crea, lo que digan las instituciones. Estamos en un país democrático. Lo que diga la Contraloría, lo que diga la Fiscalía, y conste que estamos hablando del contralor (Camilo Benítez) y del fiscal general (Emiliano Rolón), puestos por el gobierno anterior por una mayoría que tenían en ambas Cámaras”, respondió ante la consulta.

En la primera fase, que incluye a personas de 3 a 49 años de edad, se aplicaron hasta ahora 111.000 dosis, mientras que en el grupo de personas de la tercera edad el registro señala 30.000 dosis hasta la fecha.

“Estamos muy seguros y convencidos de que nuestra población en ese rango está muy protegida; es la que está más circulante en nuestra capital”, manifestó Cazal, quien puntualizó que en números redondos, en Asunción ya se aplicaron 143.000 dosis de las 192.000 disponibles, lo que representa el 74,5 por ciento.

¿Qué ocurre con el grupo de 6 a 35 meses?

El licenciado Cazal reconoció que, a diferencia de los otros grupos etarios, el que incluye a bebés de 6 a 35 meses de edad registra un porcentaje muy bajo de inmunización contra la influenza, con apenas un 15 por ciento de aplicación.

De las 20.000 dosis disponibles, hasta ahora solo fueron aplicadas 3.000, informó el responsable regional.

Dijo que una de las razones que podrían influir en esta situación es el descenso de la temperatura que afectó a los más pequeños, que de manera muy temprana requirieron internación; aunque también señaló que se observa un cierto desinterés por parte de los padres.

“Estamos viendo el bajo interés de los padres, porque por más que tenemos vacunatorios estables en todo el país, también hay brigadas que van casa por casa. Recordemos que la campaña de vacunación contra sarampión, papera y rubéola continúa hasta el 29 de mayo. Entonces, nuestros compañeros que están en terreno llevan a la par la vacuna contra la influenza”, explicó.

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Vacuna contra el virus sincitial respiratorio

En cuanto a la aplicación del Nirsevimab contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes, el licenciado celebró que en Asunción el porcentaje de inmunización ya se ubica en un 94 por ciento, una cifra similar a nivel país, según dijo.

“Protege contra los virus respiratorios del niño, todo lo que sea cuadro de bronconeumonía, neumonía, bronquitis al recién nacido. Con eso estamos muy contentos que a nivel país se está superando el 90 por ciento; quiere decir que todo recién nacido en los hospitales de referencia del país están recibiendo esta vacuna que es muy importante”, manifestó.

Vacuna contra el dengue no despierta interés

Finalmente, César Cazal reiteró que la vacuna contra el dengue no logra la receptividad esperada en la población. En Asunción, de las 70.000 dosis disponibles para una primera y segunda aplicación, solo fueron administradas 1.180, pese a que se amplió el grupo etario.

“Nos preocupa que no se acerque la familia a vacunarse porque el grupo de edad es importante; tenemos de 5 a 39 años, es el grupo que está siempre circulando y sabemos que el dengue no para, pese a las bajas temperaturas”, indicó Cazal.

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Dónde vacunarse en Asunción

La XVIII Región Sanitaria dispone de 54 vacunatorios. Los horarios y lugares habilitados son:

- Centros y Puestos de Salud / Unidades de Salud Familiar: de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00

- Hospitales de cabecera (atención de lunes a lunes):

• Hospital Materno Infantil de San Pablo
• Hospital Materno Infantil de Trinidad
• Hospital Materno Infantil de Loma Pytã
• Hospital de Barrio Obrero

- Sede de la XVIII Región Sanitaria (Brasil casi Fulgencio R. Moreno)

Los angiógrafos son equipos de rayos X que permiten a los médicos observar el estado en que se encuentran los vasos sanguíneos del cuerpo y así tratar eventuales aneurismas, coágulos u otras anormalidades.

Según comunicó el presidente de la previsional, se proyecta una inversión de 30.000 millones de guaraníes para la compra e instalación de los nuevos equipos.

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Mientras tanto, el servicio de angiografía no está funcionando en el IPS y la previsional deriva a los pacientes que necesiten ese estudio al Hospital de Clínicas, por medio de un convenio con el Ministerio de Salud Pública.

En un informe reciente, luego de una auditoría tras la muerte por problemas cardiacos en el Hospital Central del IPS de un asegurado al que no se le realizaron procedimientos necesarios por falta de equipos en funcionamiento, la Superintendencia de Salud emplazó a la previsional a adquirir o tercerizar al menos cuatro equipos de angiografía nuevos.

Reparación de equipos de lavandería

Además de la compra de los angiógrafos nuevos, el presidente del IPS anunció hoy una inversión de unos 700 millones de guaraníes para la reparación de equipos de lavandería de su Hospital Central que llevan años sin funcionar.

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La búsqueda está orientada a personas interesadas en integrarse al sector de seguridad. Esta iniciativa, canalizada a través de la plataforma Emplea Py, busca agilizar la inserción laboral de trabajadores mediante entrevistas presenciales directas.

Para participar en el proceso de selección, los interesados deberán presentarse de manera presencial con su hoja de vida actualizada:

• Fecha: Viernes, 29 de mayo de 2026
• Hora: 08:00
• Lugar: Dirección General de Empleo (Perú esquina Río de Janeiro, Asunción)

Desde la cartera de Estado recomiendan a todos los interesados completar su currículum vitae (CV) previamente en el portal oficial del Ministerio.

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Para adelantar el proceso, conocer los detalles específicos de los requisitos y realizar una pre-postulación virtual, puedes ingresar directamente al sitio web: emplea.mtess.gov.py.

Esta convocatoria representa una importante oportunidad para quienes buscan empleo en la capital, facilitando un punto de encuentro entre las empresas que requieren personal y los trabajadores paraguayos.

Abigail Quintana, estudiante del segundo año de Diseño Gráfico, reveló este miércoles que junto con sus compañeros de dicha especialidad siguen desarrollando clases en el laboratorio de químicas debido a que no cuentan con un aula designada para su especialidad.

El director de la institución, Blas Dubrez, prometió ayer que para hoy la falta de aula para los alumnos de Diseño iba a subsanarse. Sin embargo, los estudiantes de esta especialidad siguen dando clases en el laboratorio.

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Diseño gráfico requiere de mesas adecuadas

Quintana también reclamó habilitación de un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. Explicó que el laboratorio dispone de mesadas con canillas, una estructura que dificulta la realización de los trabajos requeridos en la formación técnica.

Según detalló, necesitan mesas adaptadas a las exigencias de la especialidad. Además, señaló que esta situación está generando la pérdida de clases que consideran fundamentales para su proceso de aprendizaje.

“Necesitamos ese espacio. Se nos vendió que tenemos un aula destinada para diseño gráfico con mesas especiales para el técnico, cuando no es así. Las mesas están recorriendo por todo el colegio, incluso rompiéndose por alumnos y no hay ninguna respuesta clara. Tampoco el director da la cara”, lamentó Kevin Martínez, alumno.

Estudiantes cuestionan reducción de aulas en CNC

Los estudiantes también manifestaron que las obras ejecutadas en la institución derivaron en la eliminación de dos aulas, una de las cuales correspondía anteriormente al bachillerato técnico en Diseño Gráfico.

La situación genera preocupación entre los alumnos, quienes sostienen que la infraestructura aún no responde a las necesidades de la comunidad educativa pese a los anuncios realizados durante la reinauguración.

“El presidente Santiago Peña vendió en sus redes prácticamente que el colegio ya estaba en condiciones cuando no es así, muchas cosas le falta a este colegio. Él para sus redes vino y dijo que estaba todo, pero no es así”, cuestionó Micaela Monges, estudiante.

Por otra parte, los estudiantes de Diseño reclamaron la privisión de computadoras para el desarrollo de las clases pertinentes. Cuestionaron que, aunque les informaron que los equipos informáticos ya se encuentran en la institución, estos todavía no fueron instalados.

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Dudas sobre la culminación de las obras en CNC

Los alumnos señalaron que no cuentan con información precisa sobre la fecha de conclusión total de los trabajos iniciados el año pasado.

Esta situación se da a dos meses de que el presidente Santiago Peña haya inaugurado mejoras y afirmara que la institución, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “está más fuerte que nunca”.

Contará con la participación de artistas locales y reconocidos de la región. Entre ellos destacan el DJ Guillermo Atencio, el grupo Dinastía y Juan Cancio Barreto.

Las entradas tendrán un costo popular de G. 15.000, a partir de los 12 años.

El aniversario de la ciudad se recuerda cada 31 de mayo. La fecha para la celebración del aniversario del distrito fue adoptada en el año 1992, por una ordenanza.

El municipio se fundó en mayo de 1789 y no existen registros precisos de la fecha exacta. Por esa razón eligieron el 31 de mayo, puesto que en esa fecha del año 1985 se inauguró el servicio de abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público en la comunidad.

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General Artigas

La ciudad está situada a 360 kilómetros de Asunción y a 80 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, sobre la línea del Ferrocarril Central del Paraguay.

El distrito de General Artigas es el segundo más extenso de Itapúa, con una superficie de 1530 km² y una población de 8.623 habitantes.

Recientemente, su jefe comunal renunció, por lo que se encuentra administrado por un intendente interino, que es Cristian Ramón León Benítez (PLRA).

Las principales actividades económicas del distrito son la agricultura, la ganadería y el comercio.

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Ex Cangó-Bobí

Anteriormente, la localidad era conocida como Cangó-Bobí, debido a la leyenda popular que relata la historia de dos indios hermanos que se instalaron a orillas de los arroyos que bordeaban ese pueblo.

En principio, predominó la influencia del hermano mayor, por lo que la denominación inicial del pueblo fue Bobí, Partido de Bobí o Departamento de Bobí. Posteriormente, el hermano menor escaló posiciones y ganó el liderazgo en la zona centro, que terminó adoptando la denominación Cangó-Bobí.

Otra versión sobre la posible procedencia del nombre es la palabra en guaraní “Kangue” (hueso), debido al descubrimiento de sepulturas de pobladores anteriores en la zona por parte de los colonizadores españoles. La mala interpretación del vocablo se habría transmitido como “Cangó”.

En el año 1942, el reverendo padre uruguayo Armando Di Perna gestionó el cambio de denominación y el distrito pasaría a llamarse General Artigas. Como beneficio por la nueva denominación, el gobierno uruguayo mandó construir el local de la Municipalidad, la Iglesia y la Escuela Normal de Profesores Nº 8; donó libros a la biblioteca de la institución e instrumentos musicales para la banda municipal.

El senador cartista Derlis Maidana confirmó que el oficialismo impulsará en el Senado el proyecto de ley, pese a los cuestionamientos de especialistas por su redacción.

El legislador argumentó que este tipo de acciones suele utilizarse como herramienta de ataque político en períodos electorales, aunque adelantó que se analizarán posibles modificaciones antes de su tratamiento.

“Cuando hay una absolución por una denuncia temeraria, sin pruebas, o que la propia Justicia afirma que no reúne los requisitos para ser una denuncia seria, corresponde darle un impulso y evitar tantas denuncias falsas sin el cumplimiento de las formalidades que se presentan muchas veces, en el caso nuestro, cercanos a elecciones o como recursos políticos buscando que la Justicia sea un brazo largo de la política”, declaró.

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Maidana indicó que, “en líneas generales”, el oficialismo acompaña el proyecto aprobado por Diputados. Sin embargo, adelantó que convocarán a representantes de distintos sectores para evaluar posibles mejoras al texto.

Según explicó, buscarán escuchar a autoridades de la Corte Suprema de Justicia, representantes del gremio de abogados y otros especialistas antes de emitir un dictamen definitivo sobre la propuesta.

Plantean aplicar el principio de proporcionalidad

Respecto a la pena prevista en el proyecto, que contempla hasta seis años de prisión, el senador reconoció que una denuncia falsa puede generar perjuicios importantes, pero remarcó que las sanciones deben guardar proporcionalidad.

“Vamos a recibir y vamos a dar un análisis completo al caso. En los proyectos de aumento de penas, como el feminicidio y otros casos, la tendencia es alzarla al máximo, pero también debe regir el principio de proporcionalidad, no irnos tanto a un populismo punitivo sino a unas penas proporcionales”, declaró.

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El parlamentario agregó que la definición de las penas debe considerar el contexto social y permitir los ajustes necesarios para que la legislación responda a la realidad del país.

El proyecto de ley busca modificar y ampliar el artículo 289 de la Ley 1160/97 del Código Penal Paraguayo referente a la “denuncia falsa”, que pretende establecer penas de cárcel de hasta 6 años, además de una compensación económica para los casos en que el denunciado haya sido privado de su libertad. La iniciativa fue presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib.

El doctor Fretes, quien asumió la titularidad del IPS hace poco más de un mes, dijo haberse percatado del problema en el sector de lavandería de la previsional hace un par de semanas, gracias a una denuncia que le fue transmitida.

Según dijo, varios equipos de la lavandería están sin funcionar desde hace años, sin que las autoridades de la previsional hayan tomado pasos para solucionar el problema.

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“Encontramos una enorme irregularidad que nunca debió haber pasado”, dijo hoy el doctor Fretes a medios de comunicación. “¿Cómo la misma institución que se encarga de cuidar la salud de sus asegurados va a exponer a condiciones laborales inadecuadas a su propio personal? Es inadmisible”, cuestionó.

Unos 700 millones de guaraníes

Agregó que, luego de la denuncia, se hizo un “gerenciamiento” y “conseguimos la plata para hacer arreglar la lavandería”. Explicó que los trabajos de reparación, que fueron adjudicados a la empresa que instaló las máquinas, costarán unos 700 millones de guaraníes.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, dijo que se va a hacer mantenimiento a dos centrifugadoras y varias secadoras, y estimó que se devolverá la “operatividad total” a la lavandería en tres meses.

Las máquinas fueron adquiridas en 2017 y tienen una vida útil de unos 20 años, explicaron las autoridades de la previsional, que agregaron que se monitoreará de forma mensual el estado de los equipos.

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Al consultársele por qué pasó tanto tiempo sin que esas máquinas sean reparadas, el titular del IPS dijo que “no hubo probablemente preocupación” por el área de lavandería en las administraciones anteriores, lo que atribuyó a un posible “desconocimiento de la importancia de esta área” para el cuidado tanto de pacientes como del propio personal del hospital.

“Es importante cuidar a la gente que está limpiando gérmenes, que sale de acá y lleva a sus casas”, señaló.

Promete solucionar “irregularidades”

Fretes reiteró su promesa de que “cuando encuentre irregularidades”, su administración “no va a limitarse a comunicar, vamos a solucionar”.

Hace unas semanas, el doctor Fretes afirmó que el IPS afronta un déficit que ronda entre 20 y 26 millones de dólares cada mes y anunció medidas como la eliminación de casi mil medicamentos del listado de fármacos de la previsional que, según se pudo comprobar, estaban siendo comprados y no se utilizaban.

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Hoy, Fretes anunció que un grupo de economistas elaborará de forma gratuita un plan administrativo para intentar sacar al IPS de la crisis financiera que atraviesa.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la calle San Juan, paralela a Lombardo, donde una gran cantidad de agua permanece acumulada de manera constante sobre la calzada.

La pérdida, generada por caños rotos de la Essap, abarca sectores enteros y acelera el deterioro de la capa asfáltica.

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Caños rotos generan daños en barrio Virgen de Fátima

La presencia permanente de agua sobre el pavimento provoca el desprendimiento del asfalto y la aparición de profundos deterioros en la superficie vial. Como consecuencia, los vehículos deben reducir considerablemente la velocidad para evitar daños, mientras que los peatones enfrentan dificultades para desplazarse.

Además del perjuicio al tránsito, el agua acumulada genera un ambiente de insalubridad debido al estancamiento prolongado.

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Sectores empedrados quedan intransitables para peatones

La problemática se agrava en los tramos donde ya no existe pavimento y las calles son de empedrado. En estos sectores, el agua se acumula en grandes cantidades y forma charcos que impiden la circulación peatonal.

Los vecinos deben sortear zonas inundadas para movilizarse, por lo que reclaman una intervención urgente de la Essap y la Municipalidad de Asunción.

Esa revisión -que continuará hoy y mañana con técnicos de movimientos del opositor Partido Liberal Radical Auténtico- se realizan a pedido de los movimientos internos de los partidos, que han expresado preocupación por posibles vulnerabilidades en los dispositivos.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Daniel Duré, apoderado electoral del movimiento disidente colorado Causa Republicana –liderado por la senadora Lilian Samaniego– hizo un balance de las dos jornadas de revisión y afirmó que los técnicos de su movimiento encontraron “debilidades” en las máquinas.

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“No salimos del todo conformes”, subrayó Duré, quien se excusó de entrar en detalles y afirmó que los técnicos de su movimiento elaborarán un informe con explicaciones sobre esas supuestas vulnerabilidades que será hecho público.

Dudas sobre boletines de votación

El apoderado de Causa Republicana dijo que las máquinas tienen medidas de seguridad para prevenir adulteraciones de los resultados de las elecciones, pero insistió en que esas medidas “no nos satisfacen del todo”, en particular en lo que concierne a los boletines de votación y la lectura de la información almacenada en ellos por parte de las máquinas.

“Los técnicos van a dar las explicaciones correspondientes, son cosas supertécnicas”, agregó.

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La líder de Causa Republicana, la senadora Lilian Samaniego, realizó ayer declaraciones ante medios de comunicación en las que también apuntó a los boletines de votación como un punto de posible vulnerabilidad en el proceso de sufragio.

Duré enfatizó, sin embargo, que ni sus afirmaciones ni las de la senadora Samaniego buscan insinuar que las máquinas de votación no son fiables o que los resultados van a ser adulterados.

Poco tiempo para revisión

El representante de Causa Republicana también cuestionó que el tiempo otorgado a los movimientos partidarios para hacer sus verificaciones de las máquinas haya sido “corto” y opinó que la revisión debió durar más días. “Nos dieron un tiempo muy limitado”, declaró.

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Recordó que en febrero fue fijada una fecha para que los movimientos hagan su inspección de las máquinas, pero aquella convocatoria fue cancelada con el compromiso de fijar una nueva fecha, algo que no ocurrió hasta que los movimientos protestaron y el Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció las revisiones de esta semana.

Si bien se registran neblinas en las primeras horas del día, las probabilidades de lluvias hoy en Paraguay son bajas.

Sin embargo, mañana, jueves, se registrarían precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. El viernes se esperan no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura sigue subiendo

Las temperaturas van en aumento y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Los índices subirían aún más mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, pero el viernes volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.

La detención se realizó durante una patrulla preventiva sobre las calles Profesor Luis Migone Battilana y Miguel Ángel Mafiodo, luego de que los uniformados reconocieran al sospechoso a partir de imágenes de circuito cerrado incorporadas a la investigación.

Según el informe policial, el detenido no registra antecedentes penales.

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Víctima es un hombre sordomudo

La víctima fue identificada como Domiciano Duarte, de 60 años, una persona con discapacidad auditiva y del habla.

De acuerdo con la denuncia, el asalto ocurrió el pasado 16 de enero cerca de la medianoche, cuando el hombre regresaba de su lugar de trabajo ubicado en la zona del Puerto Itá Enramada.

El comisario Plácido Meza explicó que el sospechoso interceptó a la víctima y la amenazó con un arma blanca para despojarla de dinero en efectivo.

“Se forcejearon y se apoderó del dinero que tenía en el bolsillo”, relató el jefe policial.

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Circuito cerrado fue clave

El caso recién pudo avanzar días después, cuando un vecino que contaba con cámaras de seguridad avisó a los familiares de la víctima sobre lo ocurrido.

Las imágenes permitieron identificar al presunto autor, quien residía en las cercanías del lugar del asalto.

Sin embargo, cuando la Policía intentó localizarlo tras la denuncia formalizada el 18 de enero, el sospechoso ya había abandonado la zona.

“Se encontraba escondido desde el hecho”, afirmó el comisario Meza.

Sospechoso volvió al barrio y fue detenido

La captura finalmente se concretó este lunes, cuando el joven regresó al barrio y fue reconocido por agentes policiales durante una patrulla.

Tras su aprehensión, fue trasladado hasta la sede policial y puesto a disposición del fiscal Gustavo Adolfo Riveros, de la Unidad Nº 2 de la Fiscalía Sector 1.

Hasta el momento, la Policía no reportó otras denuncias similares contra el detenido en la zona.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:00 del lunes sobre las calles Coronel Franco casi Las Residentas, en la zona norte de la ciudad.

Según explicó el comisario Ismael Guerreros, directivos del colegio alertaron a la Policía sobre un grupo de jóvenes que se encontraba frente a la institución con aparentes intenciones de generar desmanes.

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Hallaron marihuana, clonazepam y un arma blanca

Durante la inspección de los sospechosos, los uniformados encontraron en poder de un adolescente de 17 años, tres bolsitas con supuesta marihuana, una tableta de clonazepam y un cortaplumas dentro de una mochila.

En poder del otro detenido, Alessandro Nicolás Delgado Acosta, de 18 años, se halló otra bolsita con hierbas presumiblemente marihuana y un celular iPhone 14 Pro.

Además, fueron incautados G. 195.000 en efectivo, una mochila y otros objetos personales.

Posteriormente, agentes del Departamento Antinarcóticos realizaron el narcotest, cuyo resultado dio positivo a marihuana. El pesaje total de la droga alcanzó 20 gramos, de los cuales 17 gramos correspondían al adolescente y 3 gramos al otro detenido.

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Sospechan de posible microtráfico

El comisario Guerreros indicó que los jóvenes guardaron silencio durante el procedimiento y no explicaron cuál era su presencia frente al colegio.

No obstante, la Policía no descarta que las sustancias estuvieran destinadas a la comercialización debido a la cantidad encontrada.

“Por la cantidad que tienen, no se descarta que estén queriendo comercializar”, manifestó el jefe policial.

Uno de los detenidos, el adolescente de 17 años, había sido expulsado del mismo colegio en el año 2025, según confirmó la Policía Nacional.

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Ambos quedaron detenidos

El caso fue comunicado al fiscal especializado en Antinarcóticos Ranulfo Veniálgo, quien ordenó la intervención del Departamento Antinarcóticos y dispuso la detención de ambos sospechosos.

Los dos jóvenes permanecen en la sede policial a disposición del Ministerio Público y deberán comparecer ante la unidad fiscal interviniente.

El ente de control detalla que Peña no solo compartió acciones en esa firma junto a su hijo, Gonzalo Peña Ocampos, y su hermano, Manuel Peña Palacios, sino que además se mantiene hasta hoy como garante de un millonario préstamo vigente con el Banco Atlas. Esta vinculación activa desbarata la distancia temporal del vínculo y traslada al Ministerio Público la obligación de realizar una verificación penal exhaustiva.

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Los primeros contratos de Wels SA con el Estado en 2021

Aunque la Contraloría ensayó una defensa técnica al dictaminar que la condición de codeudor de Santiago Peña no lo posiciona como beneficiario directo del crédito, para la Fiscalía el dato se convierte en el disparador clave para cruzar el exponencial crecimiento de la firma en las compras públicas. Antes de la llegada de Peña al Palacio de López, Wels SA operaba de manera secundaria. En 2021, apareció en el radar de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) oculta bajo el Consorcio Welsan, en sociedad con el Sanatorio San Roque SRL (Juan Carlos Fernández Barriocanal)

Los registros de la DNCP revelan que el primer acuerdo de dicho consorcio se firmó el 9 de abril de 2021 con la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), dependiente del Ministerio de Salud, para la recolección y transporte de residuos patológicos por G. 3.026 millones.

El esquema se repitió el 1 de septiembre de 2021, cuando el grupo logró –vía excepción– un contrato con el Instituto de Previsión Social (IPS) por G. 2.095 millones. Apenas dos meses después, el 18 de noviembre de ese año, sumaron otra adjudicación con Digesa por G. 2.860 millones. En 2022, el Consorcio Welsan cerró dos acuerdos más por el mismo servicio de basura hospitalaria: uno de G. 5.291 millones con el IPS y otro de G. 10.574 millones con la cartera de Salud.

Hasta ese momento, Wels SA carecía de estructura para ganar contratos propios e independientes; toda su facturación, unos G. 23.846 millones, dependía del consorcio.

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El millonario salto de la firma tras la asunción de Santiago Peña

El escenario cambió radicalmente tras las elecciones generales de abril de 2023. Con Peña consagrado como presidente electo, Wels SA cobró vuelo propio y obtuvo su primera adjudicación en solitario el 5 de julio de 2023. Se trata de un contrato con el IPS por G. 9.837 millones.

A partir de allí, el flujo de dinero público fue imparable. El 25 de agosto de 2023 –apenas diez días después de que Peña jurara el cargo– Wels SA se alzó con otros G. 500 millones en la previsional. Dos meses más tarde, el 25 de octubre, el Ministerio de Salud le otorgó una tajada de G. 14.793 millones.

La racha de adjudicaciones se consolidó durante 2024, 2025 y lo que va de 2026. En solo 27 meses de la gestión de Peña, la empresa acumuló contratos estatales por un total de G. 121.515 millones, una cifra que equivale a unos US$ 19,5 millones a la cotización actual.

El festín de dinero público incluyó además una llamativa diversificación de rubros. La empresa mutó de la recolección de residuos hospitalarios al negocio del paisajismo y la jardinería. Lo hizo a través de un nuevo consorcio integrado por las firmas Eco Norte SA –donde hasta 2023 también aparecía el hermano del mandatario, Manuel Peña– y Mafara SA. Como cliente nuevamente el IPS, que le entregó un contrato de G. 24.551 millones para el “cuidado” de sus jardines.

Fiscalía designa a Jorge Arce para investigar al Presidente

El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), resultó sorteado para llevar a cabo la investigación penal contra el presidente Santiago Peña, en base a una denuncia hecha por 8 legisladores por supuesto enriquecimiento ilícito y otros.

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Denuncian presunta colusión y cruce de deudas con proveedores

El abogado Felino Amarilla, uno de los patrocinantes de una de las denuncias contra Santiago Peña (ANR-HC), afirmó que el caso del mandatario reúne los elementos de un presunto hecho punible de colusión, el cual se configura cuando las partes se ponen de acuerdo para beneficiarse provocando un perjuicio directo al Estado. Según dice, los datos financieros del entorno del jefe de Estado exponen un cruce de deudas alarmante: el presidente es deudor de ueno bank –entidad fondeada con los recursos del IPS– y, al mismo tiempo, le debe dinero a la Constructora Gómez Abente, actual contratista del Estado.

Amarilla señaló que ante esto, el escenario pasa del aspecto ético y se convierte en una obligación penal para el Ministerio Público. Advirtió que resulta imperativo que la Fiscalía aclare los mecanismos comerciales por los cuales Peña logró obtener un crédito de US$ 600.000 por parte de ueno bank para edificar una residencia de lujo en un terreno que ni siquiera está a su nombre, monto al que se le suma otra obligación pendiente de US$ 300.000 con la citada constructora.

Para el abogado, la clave de la investigación radica en auditar el flujo de caja real del jefe de Estado. Explicó que se debe determinar de forma técnica si el salario oficial del presidente es compatible con semejante nivel de endeudamiento financiero, recordando que Peña tiene la obligación constitucional de transparentar y explicar el origen de sus medios. Amarilla sentenció de forma tajante que, si el presidente de la República no demuestra tener la capacidad económica legítima para saldar estos pasivos con proveedores de su propio gobierno, la investigación apunta a la existencia de un presunto soborno encubierto.

Sin embargo, chats proveídos a ABC por fuentes verificadas echan por tierra esta versión. Los mensajes confirman que Zacarías Irún ejecutó la orden de inmediato. Apenas 24 horas después de las conversaciones, la binacional emitió de forma exprés la documentación mencionada en el mensaje de texto.

Chats desmienten versión de Javier Zacarías Irún y confirman gestión exprés en Itaipú

La reunión grabada entre el senador Zacarías Irún y el operador esteño Sánchez Jara tuvo lugar en la mañana del 26 de marzo de 2026. Tras el encuentro, el dirigente de Ciudad del Este le remitió al parlamentario –a las 11:46– la contraseña de la mesa de entrada del pedido de su hermano de madre, Avilio Acuña Jara.

Solo 25 minutos después, el senador llamó a su operador, a quien minutos antes inclusive se le ofreció como su “secretario para hacer los trámites”.

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Puntualmente a las 17:00 de ese mismo día, llegó el mensaje demoledor: el senador le reenvió a su operador la respuesta que le dio un alto funcionario de Itaipú. En el texto, el subordinado se dirige al parlamentario como “Señor“, dejando al desnudo el poder fáctico que ejerce sobre la binacional. En ese chat se especificaba que la Autorización de Servicio (AS) ya se enviaría al interesado para su firma.

El “trámite” se cumplió a rajatabla. Al día siguiente, 27 de marzo de 2026 –casi 24 horas después del cruce de chats–, el hermano del seccionalero firmó la Autorización de Servicio junto al mismísimo director general de la Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún. La “gestión” del senador se había consumado.

Conforme con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los bonos internos equivalen al 6,65% de la Deuda Pública total y al 2,12% del Producto Interno Bruto (PIB), proporciones que aún se mantienen relativamente moderadas frente a otros países de la región, aunque reflejan una tendencia creciente en el uso del mercado doméstico como fuente de financiamiento.

Uno de los aspectos más relevantes de la composición actual de la Deuda Interna es la fuerte concentración de emisiones entre 2023 y 2026. Solo las colocaciones realizadas en 2025 representan más de G. 1,629 billones, con destaque para los bonos a 15 años emitidos a una tasa nominal de 9,50%, cuyo stock asciende a G. 1,084 billones.

A esto se suman los G. 698.000 millones colocados en 2026 también a 15 años y con la misma tasa nominal. El comportamiento evidencia que el Tesoro priorizó emisiones de largo plazo, buscando extender la duración promedio de la deuda y reducir riesgos de refinanciamiento en el corto plazo. De hecho, el plazo promedio de maduración se ubicó en 6,79 años, mientras que la tasa promedio ponderada alcanzó 8,73%.

La evolución de las tasas también permite identificar cambios en las condiciones financieras locales. Las emisiones realizadas entre 2018 y 2021 presentaban cupones que oscilaban entre 7,8% y 9,9%, dependiendo del plazo. Posteriormente, entre 2023 y 2025 se observó una mayor dispersión de tasas, con instrumentos desde 7,10% hasta 9,50%; dinámica que estuvo influenciada por el contexto monetario local e internacional, marcado por tasas de interés más elevadas para contener presiones inflacionarias. En ese escenario, el Gobierno debió ofrecer mayores rendimientos para captar recursos en moneda local, especialmente en los tramos más largos de la curva.

Otro elemento importante es la creciente participación de bonos con vencimientos de 15 y 20 años. Las emisiones más antiguas, particularmente las de 2019 y 2020, ya mostraban una estrategia orientada hacia plazos extensos, aunque en montos relativamente menores frente a las colocaciones más recientes. Sin embargo, desde 2024 se verifica un aumento significativo en el volumen de emisiones de mediano y largo plazo. Durante ese año se emitieron bonos a 5, 7, 8, 10 y 15 años, con un stock total superior a G. 1,459 billones. La diversificación de plazos contribuye al desarrollo de la curva soberana en guaraníes y genera referencias para el mercado financiero local.

La consolidación del mercado doméstico de deuda también posee implicancias para el sistema financiero paraguayo. La expansión de instrumentos soberanos en moneda local amplía las alternativas de inversión para bancos, aseguradoras, fondos previsionales y otros inversionistas institucionales. Además, fortalece el mercado de capitales y reduce parcialmente la dependencia de financiamiento externo en dólares, aspecto relevante en periodos de volatilidad cambiaria o endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

En términos generales, la estructura actual de los Bonos del Tesoro refleja un mercado local más desarrollado y con mayor capacidad de absorber emisiones en guaraníes. La combinación de mayores montos, ampliación de plazos y participación creciente de instrumentos de largo vencimiento muestra una estrategia orientada a fortalecer el financiamiento interno y mejorar el perfil de vencimientos de la Deuda Pública.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El detenido fue identificado como Richard Alfonso Ruiz Díaz Insfrán, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado, reducción y violencia familiar, según confirmó el comisario Sergio Meden.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó alrededor de las 07:00 de este martes, cuando agentes que patrullaban la zona fueron alertados por un trabajador del local.

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Ingresó presuntamente por el techo

El denunciante, identificado como Juan Camilo Jesús Canela Báez, manifestó a los uniformados que al llegar a su lugar de trabajo encontró a un desconocido dentro de una de las oficinas.

Según explicó el comisario Meden, el sospechoso habría ingresado violentando una chapa del techo en un pasillo del edificio.

“Fue sorprendido por uno de los trabajadores de esa oficina y rápidamente puso en conocimiento a la Policía. Se acudió al lugar y se logró aprehender a la persona”, relató el jefe policial.

El uniformado indicó además que, preliminarmente, todo apunta a que el hombre actuó solo.

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Preparaba varios objetos para llevar

La Policía señaló que el sospechoso ya tenía preparados varios objetos para sacar del lugar cuando fue descubierto.

Entre las evidencias recuperadas figuran un celular iPhone, un iPad, cargadores, prendas de vestir, productos comestibles, lentes de sol, un reloj y dos machetes de las marcas Tramontina y Druper.

El comisario Meden también mencionó que dentro de la oficina había computadoras de mesa, notebooks y otros equipos que presuntamente iban a ser sustraídos.

El aprehendido permanece en la sede de la Comisaría 19ª, a disposición de la Fiscalía Barrial Nº 9, que interviene en el caso.

La situación genera preocupación en la comunidad educativa debido a las condiciones precarias en que los alumnos desarrollaban clases.

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La obra, adjudicada por G. 156 millones a José María Enciso Vega, es financiada con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), ad referéndum del presupuesto municipal del ejercicio fiscal 2026.

La reparación de la institución educativa, fue autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección de Infraestructura a cargo del arquitecto Marcelo Javier León.

La construcción, ejecutada por la Municipalidad local, estuvo paralizada durante dos meses, pero fue reactivada hoy tras reclamos difundidos por los padres de familia en redes sociales.

En un mes concluirán las mejoras

El director de la escuela, José Domingo Almirón, señaló que, tras conversar con el intendente Carlos Ledezma Agüero, le prometió que los trabajos continuarán y hoy aparecieron los trabajadores.

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Ahora se espera su culminación en aproximadamente un mes, mientras se desarrollan tareas de refacción como lijado, pintura, techado parcial y cambio de pisos en algunas aulas, dijo el director.

Pese a la reactivación, los estudiantes del noveno grado continúan dando clases bajo los árboles debido a la presencia de obreros en la galería. La institución cuenta con 110 alumnos desde el preescolar hasta noveno grado.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 28ª de Villa Oliva, la víctima fue identificada como Josué Rolando Giménez, de 20 años, domiciliado en Ñemby, quien circulaba a bordo de un automóvil Kia Seltos negro, año 2023.

El joven manifestó a los intervinientes que regresaba de la ciudad de Alberdi, donde había realizado el cobro de aproximadamente 10 millones de pesos argentinos correspondientes a actividades comerciales del rubro frutihortícola.

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La víctima fue interceptada

Según el relato policial, al llegar al tramo mencionado de la Ruta PY19, fue interceptado por dos hombres encapuchados, con chalecos antibalas y armas de fuego, quienes se desplazaban en un automóvil Toyota de color gris, presumiblemente modelo Premio o Corolla.

Los asaltantes redujeron a la víctima bajo amenazas y se apoderaron del dinero en efectivo.

Antes de darse a la fuga, realizaron un disparo contra una de las ruedas traseras del vehículo del comerciante, dejándolo varado al costado de la ruta.

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Policía desplegó operativo en la zona

Tras la denuncia, agentes policiales desplegaron un operativo de patrullaje y rastrillaje en la zona.

Horas más tarde, personal de la Comisaría 29ª de Ybypohyi localizó abandonado un automóvil Toyota Premio color plata, chapa AASN 475, a unos mil metros del límite jurisdiccional con la Comisaría 51ª de Ypeka’e en la zona del kilómetro 38 de la Ruta PY19.

El vehículo hallado contaba con denuncia de robo desde el año 2019 en el departamento Central y se presume que habría sido utilizado por los autores del asalto para perpetrar el hecho y posteriormente escapar.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del violento atraco.

Santiago Peña parchó sus DD.JJ. en pleno examen de Contraloría

El descargo del jefe de Estado se dio tras conocerse el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que concluyó que existe correspondencia en su evolución patrimonial. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por un llamativo ajuste de cifras de última hora realizado por el propio mandatario.

“Hubieron preguntas, hubieron respuestas, eso fue un trabajo técnico que llevó muchísimos meses”, expresó Peña ante los medios de comunicación al defender la legalidad y la trazabilidad de sus movimientos dentro del sistema financiero.

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El presidente lamentó lo que calificó como intentos de “manchar y afectar” su figura pública. Al cierre del diálogo con la prensa, sentenció que “lastimosamente hubiese esperado un pedido de disculpa por parte de aquellos que tanto me atacaron, pero bueno, eso va a ser muy difícil”.

Los “retoques” en pleno examen técnico

Pese al tono triunfalista, los antecedentes del análisis patrimonial revelan que Peña tuvo que modificar sus declaraciones juradas sobre la marcha para subsanar omisiones.

El pasado 15 de abril de 2026, a solo semanas de que la Contraloría remitiera su informe final al Ministerio Público, el presidente introdujo una “nota aclaratoria”.

Mediante este recurso de última hora, Peña regularizó la omisión de inmuebles, acciones comerciales, bonos y severos errores de cálculo que no habían sido asentados de forma correcta en sus manifestaciones previas de bienes.

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La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Camilo Benítez, aceptó los cambios introducidos por el mandatario en pleno proceso de análisis técnico. De esta manera se evitó aplicar sanciones por las omisiones iniciales y se validó el balance final un mes antes de enviar el dictamen a la Fiscalía.

Peña argumentó ante el órgano de control que la presentación de la nota buscaba “coadyuvar” con la investigación tras realizar un cruce de datos con la asistencia de sus asesores financieros. Aseguró además que los activos omitidos contaban con “trazabilidad completa”.

Así expresó esta noche en la ciudad de Coronel Oviedo, el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, de acara a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

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Sus palabras fueron vertidas en un acto de apoyo a la precandidatura a intendente de Coronel Oviedo, Roly Gaona, por Colorado Añetete. En el mitin asistieron, entre otros, el senador colorado disidente Mario Varela. Arnoldo Wiens, presidenciable por Añetete para el 2028 no asistió porque desarrolla reuniones con dirigentes en Capital, según se informó.

El exmandatario (2018-2023), aludió al examen de correspondencia del patrimonio del presidente Santiago Peña, que según los informes, alteró cifras de sus declaraciones juradas sobre la marcha e introdujo bienes ocultos mediante una “nota aclaratoria” a la Contraloría General de la República (CGR).

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Pese a la gravedad de modificar una declaración en pleno análisis, el ente conducido por Camilo Benítez aceptó el “retoque” en silencio, evitó sancionar al mandatario y blanqueó el bache un mes antes de enviar el dictamen al Ministerio Público.

El 15 de abril de 2026 –a solo semanas de que se entregara ese informe final a la Fiscalía–, el ente de control realizó ajustes llamativos a partir de una “nota aclaratoria” donde el presidente pretendió normalizar la omisión de inmuebles, acciones, bonos y groseros errores de cálculo en sus manifestaciones de bienes. El blindaje se activó seis meses después de su última presentación oficial y en el momento de mayor presión sobre su patrimonio.

Bajo el argumento de “coadyuvar” con el órgano de control, Peña admitió que tuvo que hacer un cruce de datos con auxilio de sus asesores financieros. Aunque el mandatario intentó vender la presentación de su manifestación de bienes en octubre del año pasado como un acto espontáneo de “transparencia”, la cronología lo desmiente, ya que coincidió con el estallido del escándalo de los presuntos “sobres con dinero” en Mburuvicha Róga y la filtración de su ostentosa casa de verano en San Bernardino.

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“Abrazo republicano”

En otro momento, Abdo Benítez fue consultado si habría abrazo republicano con el movimiento Honor Colorado luego de las internas y con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. Respondió: “El abrazo republicano es con el pueblo colorado, que le vamos a unir a nuestro pueblo”.

La imputación también alcanza a Roberto Santiago Ayala Galeano y César García. Según el acta del Ministerio Público, existen suficientes elementos de sospecha sobre la presunta comisión de varios hechos punibles.

Los tipos penales atribuidos son lavado de dinero, asociación criminal, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Sospechan de estructura para ocultar bienes de narcos

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados formarían parte de una estructura criminal dedicada a la enajenación y ocultamiento de bienes pertenecientes a personas vinculadas al narcotráfico.

El objetivo, según la tesis del Ministerio Público, era frustrar el eventual comiso de los inmuebles y otros activos por parte del Estado paraguayo, debido a que dichos bienes serían producto de actividades ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la organización operaba mediante maniobras de legalización documental para transferir propiedades y encubrir a los verdaderos dueños.

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Fiscalía pide prisión para Cubilla y arresto domiciliario para otros imputados

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Roberto Cubilla Sanabria al considerar que existe peligro de fuga y riesgo de obstrucción a la investigación, atendiendo a la posición que habría ocupado dentro del presunto esquema de falsificación y ocultamiento de bienes.

En contrapartida, el Ministerio Público requirió arresto domiciliario para Roberto Santiago Ayala Galeano y César García, quienes, según la imputación, habrían actuado como colaboradores dentro de la estructura investigada.

Vinculan esquema con bienes de “Lalo” Gomes

El operativo “Copia Fiel 2.0”, ejecutado durante la madrugada, derivó en la captura de Roberto Cubilla, quien es precandidato cartista a concejal de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR) e integrante del equipo político del aspirante a intendente Hugo Farías.

Las autoridades identifican a Cubilla como una pieza clave dentro del esquema investigado. La pesquisa apunta específicamente al ocultamiento de inmuebles vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, investigado por supuestos nexos con el narcotráfico y lavado de activos.

El comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía, explicó que este procedimiento corresponde a una segunda fase de la investigación “Copia Fiel”.

Cinco allanamientos simultáneos

Durante el operativo fueron ejecutados cinco allanamientos simultáneos, incluyendo la vivienda del precandidato detenido. Los procedimientos estuvieron encabezados por fiscales especializados en Crimen Organizado.

Según la Policía, la estructura no solo habría trabajado para la familia Gomes, sino también para otras organizaciones criminales que actualmente están bajo investigación.

Los investigadores sospechan que Roberto Cubilla actuaba como articulador entre las personas interesadas en ocultar bienes y los funcionarios encargados de dar apariencia legal a las operaciones.

A través del Fuero Civil, el organismo del Estado busca resguardar de forma directa el respeto a los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas mayores en todo el territorio nacional.

Mafia de los pagarés: denuncian incumplimiento de ley y desinterés de defensores públicos

Para cumplir con este objetivo, las autoridades recordaron a la ciudadanía la vigencia de la línea telefónica corta 133, un canal directo y accesible pensado para que este sector vulnerable o sus familiares puedan comunicarse ante cualquier situación de desamparo o duda legal.

Un canal de ayuda disponible todos los días

Con el fin de derribar las barreras de acceso a la justicia, el servicio de orientación telefónica, línea 133, funciona de lunes a domingo desde las 07:00 hasta las 23:00.

Defensa Pública se suma a plan “antimafia de pagarés

Los agentes pueden asesorar sobre temas en inclusión, protección judicial, libertad e igualdad, pensión y jubilación, bienestar y cuidado, entre otros.

El trámite y la llamada telefónica permiten recibir una guía clara por parte de defensores públicos especializados, quienes analizan cada caso particular y definen las acciones judiciales o de protección que correspondan de manera totalmente gratuita.

El encargado de distribuir las mercaderías y de la elaboración de las raciones alimentarias es el Consorcio Alimentos del Norte, cuyo representante en esta parte de San Pedro es el señor Leopoldo Speranza, según informó el supervisor del programa Hambre Cero de la Gobernación, Ing. Carlos Benítez.

Al respecto, la señora Laura Oviedo, madre de familia de la institución, quien estuvo por mucho tiempo como limpiadora del programa Hambre Cero, mencionó que debido a las numerosas anomalías comprobadas durante su permanencia en el lugar decidió renunciar a su trabajo para evitar cualquier inconveniente que le pueda perjudicar en algún momento, refirió.

Controlar las mercaderías

Por otra parte, mencionó que en muchas ocasiones les había recomendado a sus compañeras cocineras cuidar adecuadamente las mercaderías que envía el proveedor, que en primer lugar no son verificadas al momento de recibirlas y, aparte de eso, dejan los alimentos en cualquier lugar, como frutas, verduras y otros productos, los cuales rápidamente se descomponen y pueden ser perjudiciales para quienes los consumen, agregó.

Mencionó además que varias veces comunicó esta situación a los encargados de la provisión de los alimentos, como también a la directora de la sede educativa, pero que aparentemente nunca tomaron en serio su denuncia, por lo que decidió sacar a la luz el problema que venía aconteciendo desde hace varios meses y que también fue motivo de su renuncia.

Falta fiscalización

Sobre el tema, la señora Oviedo expresó que hace falta una fiscalización más continua por parte de la empresa responsable del programa para que se pueda mejorar el servicio y especialmente evitar que los productos se pierdan o se contaminen por la falta de cuidado, enfatizó.

Politizar el programa

En otro momento se quejó que, lamentablemente, algunos políticos colorados, sin especificar nombres ni instituciones, constantemente están politizando el programa Hambre Cero a través de su influencia y que están metidos hasta en la contratación de las cocineras y, para completar, hasta les exigen apoyar a algunos candidatos que están en pugna en las internas municipales, enfatizó.

Docentes no tienen control del programa

En lo que concierne a la responsabilidad de los docentes del local educativo, la directora de la escuela, licenciada Nelly Zalazar, respondió que, conforme a la circular emitida por el Ministerio de Desarrollo Social, los profesores tienen prohibido inmiscuirse en el manejo del programa Hambre Cero, por lo que les impiden intervenir directamente cuando ocurren este tipo de situaciones.

Sin embargo, explicó que, a pesar de todo, se está buscando la manera de solucionar el problema con el acompañamiento de la comisión de padres de la escuela y las instituciones encargadas del programa. También se refirió a la calidad de los alimentos que se sirven a los niños de la escuela, descartando que los mismos puedan producir algún tipo de problemas de salud.

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Negó politización

Por su parte, el supervisor del programa Hambre Cero de la Gobernación de San Pedro, Ing. Carlos Benítez, al ser consultado sobre la supuesta politización del programa, dijo que no maneja esa información y desmintió categóricamente que, por lo menos de parte del gobierno departamental, exista algún tipo de presión política hacia las trabajadoras de Hambre Cero.

Dijo además que ya tomaron intervención en el caso con los representantes de la empresa encargada del servicio para solucionar el problema y que, si hay algo que mejorar, se estará haciendo lo que corresponde, aseveró.

También tratamos de contactar al referente del Consorcio Alimentos del Norte de la zona, señor Leopoldo Speranza, pero la comunicación no fue posible debido a que el teléfono móvil estaba apagado.

Sector pesquero denuncia perjuicios causados por operaciones de Yacyretá

En ese contexto, mencionó la paralización de la Ruta del Progreso y la situación similar que atraviesa el recapado de la Ruta PY 20, que une Ayolas con la Ruta PY 1. “no existe ningún interés del Gobierno Nacional, del MOPC y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en continuar con la ejecución de estos proyectos”, expresó.

Asimismo, cuestionó los anuncios de nuevas obras realizados por el Ejecutivo, señalando que hasta el momento no pasaron de simples promesas.

“Siempre digo que este Gobierno tuvo dos ministros que no produjeron resultados; uno era el exministro Carlos Fernández Valdovinos y la otra es la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien realizó numerosas visitas al Departamento de Misiones en momentos críticos y formuló promesas de obras que hasta ahora no se iniciaron. Entre ellas se encuentra la construcción de la defensa costera para Ayolas; todas esas promesas se las llevó el viento”, manifestó.

Uso indebido de maquinarias viales en campaña electoral

Valdez también cuestionó las condiciones de los caminos vecinales en Misiones y otros departamentos del país, señalando que históricamente fueron abandonados por el Gobierno Nacional.

No obstante, indicó que desde hace algunas semanas comenzaron a aparecer maquinarias del MOPC y de empresas contratadas por la cartera estatal realizando trabajos precarios de reparación en caminos vecinales, coincidentemente en zonas donde candidatos colorados desarrollan campañas políticas.

“Después de unas largas vacaciones aparecieron las máquinas de Obras Públicas para realizar reparaciones precarias de los caminos vecinales. Con algunas lluvias intensas, en poco tiempo estos caminos volverán a destruirse totalmente, incluso antes de las elecciones del 7 de junio”, afirmó.

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Calles en pésimo estado

Los pobladores cuestionan la falta de respuestas de las autoridades municipales de ambos distritos y señalan que mientras persisten las discusiones sobre quién debe encargarse de los trabajos, las condiciones de la vía continúan empeorando.

Banquina de la Avda. Pratt Gill se encuentra en deplorable estado

Clara Insaurralde, antigua pobladora de la zona y propietaria de un local comercial, lamentó que el estado del camino impacte negativamente en las ventas. Indicó que muchos conductores prefieren no detenerse por temor a dañar sus vehículos.

Obras inconclusas en avenida

“Los automovilistas ya no quieren quedarse a comprar porque el camino está intransitable. Cada vez hay menos movimiento y eso perjudica a quienes trabajamos en la zona”, expresó.

Video: Peligroso estado de las calles tras temporal

Por su parte, Alberto García manifestó que los accidentes de tránsito son frecuentes debido a los intentos de los conductores por esquivar los pozos. Añadió que numerosos vehículos sufren averías a causa del mal estado de la calle.

“Muchos autos terminan con daños en las ruedas o la suspensión. Ya hubo varios accidentes y la situación es cada vez más peligrosa”, sostuvo.

A los problemas de la calzada se suman las banquinas erosionadas por el raudal y la acumulación de residuos en algunos sectores de las veredas. Los vecinos afirman que estas condiciones también representan un riesgo para los peatones.

Banquina de la Avda. Pratt Gill se encuentra en deplorable estado

Los pobladores reiteraron su pedido a las autoridades de Ñemby y San Lorenzo para que coordinen una solución definitiva. Señalaron que la avenida es una de las principales vías de conexión entre ambos municipios y requiere una reparación urgente.

Disidencia exige a la ANR suspender las elecciones hasta que se auditen las máquinas de votación

La revisión había sido solicitada por la disidencia colorada, sector que urgió paralizar el cronograma electoral hasta que se realice una auditoría profunda a la programación de los aparatos.

Las dudas contra los aparatos se instalaron después de revelarse que la proveedora, Comitia MSA desde el año pasado tiene como representantes en Paraguay a gerentes del grupo Ueno, exsocios del presidente Santiago Peña.

El cartista Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, hoy agradeció la apertura del TSJE y sostuvo que esta verificación “no hace más que brindar garantía y tranquilidad a todos los segmentos participantes del Partido Colorado”.

“Todas las preguntas de los representantes técnicos de los movimientos internos han sido 100% satisfechas”, aseveró.

Brizuela dijo que el TSJE entendió que “además de la parte técnica existe un proceso político que hay que cubrir”, para dar credibilidad, garantías y transparencia a la ciudadanía.

Villalba denuncia que apoderado del PLRA es un “infiltrado” cartista vinculado a “Bachi” Núñez

Según la Justicia Electoral, en estas dos jornadas de revisiones participaron 16 apoderados técnicos y representantes de la ANR.

Supuestamente todos pudieron verificar el estado y funcionamiento de la tecnología electoral, así como realizar consultas sobre las máquinas de votación, que serán utilizadas en los comicios internos de las organizaciones políticas.

El ente insistió en que la auditoría real ya se realizó del 2 al 27 de febrero.

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Esta revisión técnica prosigue mañana miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, dirigida a los apoderados técnicos y representantes del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), órgano interno presidido por Gustavo Bernal.

Dentro del PLRA, el titular de la agrupación, Hugo Fleitas, días atrás encabezó una reunión del Comité Político para debatir las denuncias de un sector del partido que sostiene que las máquinas de votación están diseñadas para el fraude electoral. Este sector es liderado por el senador Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA.

En dicha reunión se concluyó que “debe mantenerse alerta en cuanto al funcionamiento de las máquinas electorales” y los presentes “insistieron en la necesidad de tomar las precauciones correspondientes y hacer respetar la voluntad popular”.

Esta postura no convenció al senador Villalba, quien acusó a Carlos Díaz Casabianca, designado como apoderado informático del PLRA para el control de las máquinas de votación, de se un “infiltrado” cartista que responde al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC). Además, sostuvo que su nombramiento fue definido en el entorno político del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Sin embargo Fleitas manifestó que el partido comprobó tanto su idoneidad técnica de Díaz Casabianca como sus “inclinaciones políticas” antes de designarlo como apoderado técnico.

Dentro de la oposición surgen más sectores en contra “de meter miedo” con “teorías de conspiración” a los electores. La diputada Johanna Ortega (PPS) dijo que confiaban en la auditoría técnica de febrero y advirtió que esta campaña solo desalentaría a los electores a acudir a las mesas de votación.

Ante el hallazgo, lacraron el bus y lo remitieron a la Receita Federal, cuyos agentes realizaron este martes una revisión exhaustiva y encontraron productos ilegales en los ductos del aire acondicionado, en los tapizados y hasta en las cabeceras y respaldos de los asientos.

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Prácticamente todos los rincones posibles del bus fueron reacondicionados para el transporte ilegal de mercaderías. En total, se incautaron 3.834 medicamentos, incluidas 3.102 unidades de medicamentos para adelgazar. La carga total fue valorada en 1.337.155 reales, que al cambio local equivalen a más de 1.600 millones de guaraníes.

Para los investigadores, existe una fuerte sospecha de que responsables de la empresa, o al menos algunos funcionarios, tengan participación en el contrabando, considerando que los escondites debieron demandar varias horas de cuidadoso trabajo.

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La investigación buscará determinar a cuáles de los pasajeros pertenecía cada carga. Estos podrían responder por delitos de contrabando e importación ilegal de medicamentos.

Según López, la falta de medicamentos es prácticamente total, ya que afecta desde analgésicos básicos o fármacos para la presión arterial e inclusive otros de “alta gama” para pacientes trasplantados o con enfermedades catastróficas.

Asimismo, confirmó que ahora se busca que el Poder Ejecutivo decrete una emergencia sanitaria con el objetivo de que la nueva administración -a cargo de Isaías Fretes- pueda realizar compras y contrataciones directas vía excepción.

Este pedido busca dar un “golpe de timón”, ya que para los asegurados esta sería la única salida para enfrentar el desabastecimiento que alcanzaría un 90%, según lo denunciado, al igual que el Estado honre su deuda con la previsional.

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Reunión con Isaías Fretes

En lo que refiere a la gestión del Dr. Isaías Fretes en el IPS, López reveló que hubo una “incomodidad”, ya que desde el 26 de abril pasado se solicitó una audiencia entre los asegurados y él, aunque la fecha para este encuentro fue pactada recién para el 17 de junio.

Sin embargo, tras las quejas de los asegurados, el IPS adelantó la reunión para este lunes 1 de junio a las 11:30 en el despacho de Fretes.

En esta audiencia, la asociación planea proponer formalmente la declaración de emergencia sanitaria y la creación de una mesa de trabajo permanente donde los representantes de los trabajadores puedan aportar su experiencia y canalizar las denuncias diarias sobre la falta de insumos.

“Este Gobierno es responsable de la debacle que vive el IPS; la desastrosa gestión de Brítez (Jorge, expresidente del IPS). El Ejecutivo lo mantuvo pese a todos los cuestionamientos; Fretes es consecuencia de una situación de hartazgo total”, sentenció.

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Comenzaron modificando totalmente el primer y segundo artículo, eliminando aspectos relevantes como por ejemplo el plazo máximo para la entrega del pagaré, que en la versión Senado es de 5 días hábiles.

La redacción aprobada del primer artículo señala: “La presente ley tiene por objeto establecer la obligación del portador del pagaré a la orden de entregar el título al deudor una vez verificado el pago total de la obligación cambiaria, con constancia del pago hecho en puesta en el mismo, todo ello conforme a la presente ley, en el Código Civil y leyes complementarias”.

Además de eliminar el plazo de 5 días, testaron la parte donde se remarca que para la presente ley, el “ámbito de aplicación comprende a todas las personas físicas y jurídicas que intervengan en la emisión, recepción y gestión de pagarés dentro del territorio nacional”.

Por otra parte, unificaron en un solo artículo lo referente a la “restitución del pagaré y la prueba del pago”.

En tal sentido “la restitución del pagaré deberá ser concomitante con el pago total y su inobservancia determinará la aplicación de lo previsto en la presente ley. La posesión del pagaré por parte del deudor, hará presumir el pago de la deuda, respecto de sus obligados cambiarios posteriores, salvo pacto en contrario”.

En caso de pérdida o extravío del pagaré, se establece que “carecerá de legitimación para el cobro de la obligación cambiaria, conforme a la disciplina general de los títulos de crédito establecida en el Código Civil”.

¿Habrá multa por retención?

Respecto a las sanciones por retener pagarés por parte del acreedor, se mantiene la aplicación de “una multa administrativa equivalente al 20 % (veinte por ciento), del monto de la obligación, la cual será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia de la persona afectada y sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente”.

Sin embargo, se eliminó lo establecido en el artículo 8º de la versión del Senado, que establece que “sin perjuicio de las sanciones administrativas, el deudor afectado podrá iniciar un juicio sumario de acreditación de pago y devolución de título, conforme al Código Procesal Civil”.

Dicho artículo testado también habilitaba al deudor afectado por la retención de su pagaré, poder iniciar un juicio por “reclamación de los daños y perjuicios”, pudiendo usar la denuncia en Sedeco a su favor.

Finalmente mantuvieron el arículo que hace irrenunciable la aplicación de esta ley, a fin de evitar evadirla mediante una cláusula contractual privada.

La propia Medina compartió imágenes y vídeos de los funcionarios posando a sus espaldas, al costado del Panteón de los Héroes. Según el reclamo, el evento comenzó entre las 13:30 y las 14:00 cuando todavía es horario laboral de los funcionarios que cumplen sus trabajos en oficinas de la administración central.

“Es lamentable el arreo de los funcionarios, en horario de trabajo para hacer campaña por la esposa del Jefe de Gabinete. Hace muchos años que esto no pasa en el MEC”, denunciaron empleados de la entidad, que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

En una de las imágenes compartidas con ABC, se observa posando a Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec). También aparece Mabel González, jefa en la Dirección de Bienestar Personal.

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Además de Irala y de González, en la imagen también se identifica a Cecilia Almirón, una docente catedrática de Luque, con varias horas cátedra en colegios de esta ciudad, que fue comisionada al Viceministerio de Culto, ahora a cargo del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, quien también es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior y rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

“No sabemos cómo hizo (Cecilia Almirón) o si se cubrió todas las horas cátedra que tenía en las instituciones educativas de esta ciudad”, indicaron desde Luque. El abogado Ronaldo Urunaga, también funcionario del Viceministerio de Culto es otro que aparece en la imagen. Daniel Rivas, es uno más de los trabajadores que fueron identificados junto con la “candidata del MEC”.

Casi todos los funcionarios vistieron remeras con logos alusivos a la candidatura de Romina Medina.

Otros actos de arreo en el MEC de Luis Ramírez

No es la primera vez que funcionarios son utilizados por el jefe de Gabinete para participar en la campaña de su esposa. La directora departamental de Educación de Capital, Erika Vargas, también apareció liderando actos en favor de Medina. Vargas había sido sumariada y separada del cargo en el MEC por un caso de nepotismo, registrado en el 2024.

Fue repuesta en el cargo tras el sumario, sin que se aclare la situación de su sobrino, quien había sido nombrado sin concurso público y de forma permanente en una escuela pública, presuntamente por la directora departamental.

En octubre del año pasado, directores de instituciones educativas asuncenas habían sido utilizados por Zapattini para el acto de lanzamiento de la candidatura de su esposa, en un evento partidario realizado en la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), ubicado en Lambaré.

El coordinador de ese evento de campaña era el conocido Américo Ramírez, supervisor de apoyo técnico pedagógico de Asunción, zona 6. Lidia Barrios, directora de Gestión Educativa de la capital, también estuvo entre los presentes y es recurrente en las actividades proselitistas de Medina.

Altos funcionarios del MEC también priorizan campaña electoral

El 27 de enero, altos directivos del MEC también fueron vistos tras una reunión con la candidata a concejala Romina Medina, en un local en Asunción, a solo un mes del inicio de clases.

Marcelo León Nogués, director de Infraestructura del MEC y Juan Manuel Arce Leiva, asesor jurídico de la entidad estatal estaban entre los participantes, ambos sonrientes y gesticulando la “V” de victoria, con amplias sonrisas, mientras las escuelas públicas pasaban por enormes dificultades de infraestructura.

Además, no se puede olvidar que el operativo de kits escolares fue otro fracaso de gestión, por tercer año consecutivo. Miles de estudiantes no recibieron los útiles tras meses de iniciadas las actividades académicas. Adalberto Gustavo Rodas, secretario general y exdirector jurídico del MEC, es otro de los participantes asiduos en la campaña electoral.

El IPC que se compone de 465 productos se encuentra en plena etapa de actualización, esto después de 10 años, ya que el vigente data del año 2017, informó ayer Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay (BCP) durante una charla informativa en ABC Color.

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Debido a que el IPC es un índice general no particular ni focalizado por nivel de ingresos, no debe ser tenido en cuenta como un indicador de la canasta básica de consumo, que tiene otra finalidad, por lo que muchas veces surge la confusión y mala interpretación sobre los resultados de la inflación, detalló el técnico.

Según informó el funcionario de la banca matriz, la actualización del IPC sigue un cronograma establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cual incluye en primer término la encuesta de Presupuesto Familiar que está en pleno proceso. Esta encuesta que está a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrancó en octubre del 2025 y se extenderá hasta octubre del presente año. En segunda etapa, se procesarán y agruparán los datos que surjan de dicha encuesta y todo este trabajo, se desarrollará durante el 2027, para que finalmente el nuevo IPC entre en vigencia en el año 2028.

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Son 3.000 hogares encuestados

Ortiz detalló igualmente que para el trabajo de campo, fueron seleccionadas unas 3.000 familias que van a ser entrevistadas sobre la evolución de su consumo en el hogar en el lapso de un año. Según precisó el funcionario, este insumo es muy valioso para la construcción del IPC por lo que instan a la ciudadanía a colaborar con los encuestadores ya que de esa forma se podrá construir un indicador efectivo no solo para la política monetaria, sino para el bienestar.

Según el funcionario, esta muestra de 3.000 hogares en Asunción y Central sería suficiente para la construcción del índice. Recordemos que solo en Central hay unos 505.000 hogares, según el último censo de Población y Viviendas 2022.

Sobre reajuste del salario mínimo

Si bien el objetivo central del IPC es medir la inflación, este indicador igualmente es utilizado como una referencia en varios ámbitos, y el más relevante es el reajuste anual del Salario Mínimo Legal (SML).

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“El Banco Central tiene instrumentos que son idóneos para poder orientar la política monetaria y tratar de trabajar con las variables monetarias del país, pero, no idóneos para cuestiones de tipo social”, explicó Ortiz, a lo que agregó que el Banco Central no tiene, ni instrumentos, elementos, ni tampoco el mandato constitucional de atender a ese tipo de, de cuestiones relacionadas al reajuste del SM.

Ortiz indicó que si debe utilizarse el IPC para el reajuste del SML debe ser dirigida al Ministerio de Trabajo, que es la institución encargada de estudiar ese tipo de, de variables teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes,

Según los datos oficiales, en el encuentro “analizaron el desarrollo de la campaña y el contacto permanente con la ciudadanía en los distintos barrios de la capital”.

Latorre es jefe de campaña de Camilo Pérez, de cara a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

“Hablamos de los trabajos que fueron realizados, las visitas y caminatas en los diferentes barrios, así como las reuniones y encuentros con las bases del Partido Colorado y distintos sectores de la sociedad (...) Compartimos con él (Cartes) el gran entusiasmo que vemos en la calle, con los vecinos, el entusiasmo que genera la candidatura de Camilo Pérez y la esperanza puesta en él respecto a la transformación de la ciudad de Asunción”, expresó Latorre.

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Cartes envió mensaje de “Concordia”

En otro momento, Raúl Latorre mencionó “el mensaje de concordia” transmitido por Cartes durante la reunión. Insistió “en la importancia de mantener la unidad partidaria de cara a las internas coloradas”.

“El presidente del partido (Cartes) nos transmitió su experiencia e insistió en la necesidad de caminar por un camino de concordia dentro del Partido Colorado, entendiendo que nuestros adversarios en esta interna partidaria son adversarios coyunturales”, sostuvo.

Latorre señaló que el principal desafío del movimiento y de sus dirigentes es trabajar al servicio de la ciudadanía y fortalecer el compromiso con el país.

“Nuestro verdadero desafío es servir a nuestra comunidad, servir a nuestro partido y servir a nuestro país”, manifestó el titular de Diputados.

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Beto dijo que Camilo es candidato de Latorre

En noviembre pasado, el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, cuando fue consultado sobre la confirmación de la precandidatura de Camilo Pérez, señaló que solo conoce su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). “Es el candidato del Presidente (Raúl) Latorre y vamos a ver si tiene tanto tino, le voy a atribuir el éxito... si Camilo llega quiere decir que Latorre es un brillante estratega político”, dijo con una sonrisa incrédula.

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Agregó, “Tengo muchos años de vida política y yo les conozco a los actores políticos, que son aves de nuestro plumaje, entonces no quiero opinar en abstracto, no lo conozco. Conozco su gestión muy buena en el Comité, pero su cuestión política no podría juzgar”, manifestó Pérez.

El plan estratégico busca mitigar la total dependencia que tiene la central de los regímenes de lluvias y del caudal del río Paraná, permitiendo un agresivo crecimiento eléctrico sin necesidad de inundar nuevas tierras ni alterar el acuerdo tripartito de 1979.

“El embalse de Itaipú es un embalse de 134.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de 134.000 canchas de fútbol, una superficie bastante grande. Si tan solo consideramos un escenario de 10% para hacer ese aprovechamiento hidroenergético pareado, hidrosolar, estamos hablando prácticamente de casi otra Itaipú solar en potencia también instalada, es decir, casi 14.000 megas más de potencia instalada”, reveló Domaniczky.

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Mitigar la evaporación y ganar eficiencia

Este modelo de generación hidrosolar plantea una sinergia perfecta con la represa tradicional, asegura el ingeniero. Durante las horas de mayor radiación solar —cuando el consumo se dispara en Paraguay debido al uso masivo de acondicionadores de aire—, los paneles operarían a su máxima capacidad, equilibrando la carga y permitiendo “ahorrar” agua en los embalses para los momentos de alta demanda nocturna.

Además, Domaniczky destaca que la colocación de estas estructuras flotantes reduce hasta en un 70% la evaporación puntual del agua cubierta. Al mismo tiempo, el propio vapor del lago y el viento generan un efecto de enfriamiento natural que optimiza la producción de los paneles entre un 10% y 12% más en comparación con las plantas construidas en tierra firme.

Los números reales de la planta piloto

Para demostrar que este proyecto no se queda solo en simulaciones teóricas de papel, el superintendente de Energías Renovables de la binacional destacó que Itaipú ya opera una planta piloto de 0,75 hectáreas en la que se despliegan 1.584 paneles solares de última generación (tecnología tipo N / Topcon). Dijo que el sistema genera 1.116 kilovatios (kW), energía suficiente para abastecer a unas 700 viviendas de escasos recursos, y actualmente cubre de forma directa el 40% de todo el consumo interno de la propia central hidroeléctrica.

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Esta instalación representa hoy la tercera mayor planta solar flotante de Sudamérica (superada por un complejo en San Pablo, Brasil) y utiliza los cuatro inversores de corriente eléctrica más grandes de la región paraguaya.

Licitación de banco de almacenamiento

Para contrarrestar la intermitencia propia de la energía solar (causada por el paso de nubes o días lluviosos), el expositor confirmó que ya se encuentra en pleno proceso licitatorio para la compra y acople de un banco de almacenamiento de baterías de 4,4 MW, asegurando la estabilidad total de la inyección energética.

El objetivo final de documentar esta experiencia a escala real es validar los costos y el rendimiento técnico para plantear no solo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sino también al sector privado, bajo el nuevo marco regulatorio nacional, para replicar este modelo en zonas críticas del territorio, como el Chaco paraguayo, donde la escasez de agua y el calor extremo urgen soluciones tecnológicas de vanguardia.

Este martes, el gremio llevó adelante otra edición de “Charlas que inspiran”. En la ocasión, el lema del encuentro fue “Del contrato al valor: estrategias de leasing que transforman resultados”.

En ese sentido, el presidente de la CCCPy, Andrés Kemper, mencionó que la jornada reunió a destacados referentes nacionales e internacionales del sector, quienes compartieron tendencias, herramientas y experiencias sobre consumo, inteligencia comercial, innovación, negociación estratégica y crecimiento de los centros comerciales en América Latina.

Experiencias de centros comerciales de otros países

Asimismo, se abordaron las etapas que atravesaron distintos mercados durante el crecimiento del sector, considerando que las inversiones en el rubro “son apuestas de largo plazo y que, generalmente, se desarrollan en etapas bien consolidadas”, Kemper apuntó como ocurrió en Colombia, México y Brasil.

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Añadió que cada una de estas etapas viene acompañada de circunstancias diferentes. “Aprender de lo que sucedió en otros países y entender cuál es el contexto de nuestra industria hoy son claves para tomar las mejores decisiones, con la mayor información posible”, resaltó.

Pagos digitales y el comportamiento del mercado

En esa línea, explicó que el evento inició con una charla a cargo de representantes de la procesadora Bancard, quienes brindaron insights (hallazgos) sobre el comportamiento del mercado paraguayo a los pagos digitales y su evolución.

Este espacio estuvo a cargo de Carlos Pérez, quien, en representación de Bancard, desarrolló el tema “Retail Intelligence: consumo, métricas, eventos y crecimiento de los centros comerciales del Paraguay”.

Luego, la charla profundizó acerca del panorama de las 27 empresas socias del gremio y en cómo aumentó la participación de los pagos digitales en los últimos años en el sector. Además de realizar comparaciones por rubros como tiendas, gastronomía, ocio, entretenimiento y supermercados.

“Vimos el ticket promedio, cómo creció el market share y una gran cantidad de datos que servirán para tomar las mejores decisiones”, alegó.

Espacio de análisis e innovación

Otro de los puntos profundizados fue el tema “Smart Leasing: estrategia, IA y rentabilidad en centros comerciales”. Marcelo Rennó, desde Brasil, brindó información sobre cómo implementan tecnologías en sus operaciones y en qué etapa se encuentra la industria brasileña de centros comerciales, considerada un mercado mucho más desarrollado.

Asimismo, desde Colombia participó Carlos Hernán Betancourt con la charla “Latinoamérica Retail: de mercados emergentes a jugadores estratégicos”, quien comentó que en ese país existen 667 centros comerciales y que, en los últimos quince años, se abrió uno por mes de manera sostenida.

Evolución sobre a las industrias más desarrolladas

Para hacer una referencia entre el mercado colombiano y el paraguayo, Kemper explicó que en Paraguay existen 27 shoppings y comparó esa realidad con la evolución de otras industrias más desarrolladas, que atravesaron ciclos similares, aunque en diferentes momentos.

“Pasó con Perú, con Colombia y con Brasil, e intentamos identificar las consecuencias que tienen los distintos ciclos. Creo que probablemente Paraguay está en una etapa de crecimiento y posteriormente vendrá un periodo de saturación para luego llegar a una fase de madurez. Hoy, por cómo lo identificamos, estamos en esa etapa de crecimiento”, remarcó.

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Panel e intercambio de conocimientos

Asimismo, se realizó el panel “Negociar para ganar: el verdadero poder del centro comercial para transformar sus resultados”, con la participación del presidente y vicepresidente del gremio Andrés Kemper y Jorge Mendelzon, además de los disertantes invitados.

La actividad generó un espacio de actualización estratégica para directivos, gerentes, operadores, marcas y profesionales vinculados al ecosistema retail, promoviendo la evolución de los centros comerciales paraguayos mediante el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales.

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El encuentro, que fue definido como un espacio espontáneo y despojado de intereses particulares, tuvo como eje la búsqueda de transparencia en la gestión de la previsional y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores paraguayos.

Empresarios alertan sobre la sostenibilidad futura del IPS

Los líderes gremiales destacaron que su presencia responde a la necesidad de trabajar conjuntamente con la administración del IPS. Los empresarios enfatizaron que la productividad del país depende directamente de un sistema de salud eficiente para los colaboradores.

“Nuestro interés es la patria, nuestro interés son los empleados. Venimos a ofrecer nuestro hombro para trabajar en las cosas bien hechas, sin buscar peleas, sino soluciones”, destacó Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

No obstante, los representantes del sector privado manifestaron su profunda preocupación por las proyecciones actuariales de la previsional. Según los datos expuestos por los empresarios, la institución enfrenta un panorama crítico a largo plazo. Advierten que en el año 2036 se producirá una descapitalización del fondo de pensiones, derivando en la quiebra técnica del IPS para el año 2046 de no mediar medidas correctivas inmediatas.

El grupo de empresarios subrayó que, si al país y a la seguridad social le va bien, el sector privado se fortalece, beneficiando así a toda la nación.

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Entre los empresarios y líderes gremiales presentes se encontraban por ejemplo, Miguel Carrizosa presidente de la CADAM (Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias); Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP); Gerardo García, presidente de Cifarma (Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay); Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativistas de la Producción; Gustavo Eguez, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP); entre otros.

Compromiso con la transparencia y rendición de cuentas

Isaías Fretes, presidente del IPS agradeció el respaldo gremial y reafirmó que el “rumbo” de su administración es la transparencia absoluta. Durante su intervención, el titular de la institución expuso un diagnóstico crudo sobre la situación actual, revelando un déficit operativo significativo.

Según los datos resaltados por el presidente del IPS, la institución requiere aproximadamente de G. 12 billones anuales para cumplir con sus obligaciones, pero actualmente solo cuenta con G. 6 billones. Además, informó sobre la actualización del vademécum de medicamentos, del que se eliminarán alrededor de 900 ítems que estaban desfasados o desactualizados, pero que se seguían adquiriendo de forma ineficiente.

Fretes señaló que el objetivo de esta nueva etapa es realizar una “reingeniería” institucional que permita superar la crisis, erradicar la corrupción y garantizar la sostenibilidad del servicio para los asegurados, jubilados y trabajadores.

Vecinos acusan al MOPC y al Mades de imponer una planta de tratamiento sin estudio ambiental

Durante su exposición, Maida Fernández sostuvo que el principal cuestionamiento gira en torno al cambio de ubicación del proyecto.

Recordó que inicialmente la planta debía construirse en un predio alejado del casco urbano, perteneciente al fallecido Raúl Ántola, sitio que contaba con estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Sin embargo, la obra fue trasladada a una zona urbana, contigua al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez y cercana a sectores residenciales del barrio Villa Aeropuerto.

La edil advirtió sobre posibles consecuencias ambientales, sanitarias y urbanísticas, además de cuestionar que la Municipalidad aún no cuenta con un Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) aprobado. También señaló que los trabajos técnicos relacionados al ordenamiento territorial se encuentran paralizados desde marzo.

El planteamiento fue respaldado por las concejales Manuela González (ANR), Irma Rivas (PLRA), Marita Campias (PLRA) y el concejal Mario Ferreira (PLRA).

Los concejales que acompañaron el pedido remarcaron que, aunque existan autorizaciones de instituciones como el MADES y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), eso no exime al municipio de su responsabilidad en materia de planificación urbana y resguardo ambiental.

El momento más tenso se produjo cuando la concejal Manuela González se encontraba en uso de la palabra.

En ese instante, los concejales Lucía Silva (ANR-HC), Lorenzo Bottino (ANR-HC) y Néstor Velázquez (ANR-HC) abandonaron la sesión.

Segundos después, el presidente de la Junta, Gerardo Valoriani (ANR-HC), también se retiró abruptamente del recinto, dejando sin quórum la reunión y evitando que el pedido llegue a votación.

De acuerdo a versiones surgidas en el propio recinto, el retiro de los oficialistas respondió a una cuestión numérica: los concejales Marcos Benítez (ANR-HC) y Nilsa Torres (ANR-HC) estaban ausentes, por lo que el bloque oficialista no contaba con mayoría suficiente para rechazar el pedido impulsado por la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado.

La polémica en torno a la PTAR no es nueva. A inicios de este año, el propio intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), había solicitado la suspensión de los trabajos tras las protestas de vecinos del barrio Villa Aeropuerto, quienes se movilizaron en rechazo a la construcción de la planta al costado del aeropuerto local.

Los pobladores sostienen que la obra fue “trasladada” del lugar originalmente previsto, que sí contaba con estudios ambientales aprobados.

Ahora hacia un sector urbano donde están preparando, según denuncian, no existen garantías suficientes sobre el impacto ambiental y sanitario que podría generar la planta.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) forma parte del proyecto de la defensa costera de Pilar fase B, una de las obras de infraestructura más costosas ejecutadas en la ciudad, con una inversión estimada en 50 millones de dólares.

Señaló que la mejora en el funcionamiento de esta institución permite aliviar considerablemente la presión sobre los servicios del sistema de salud pública.

“Considero que para nosotros es un alivio de gran importancia que el IPS pueda funcionar adecuadamente, ya que hoy en día prácticamente más del 30% de las consultas, más del 30% de los diagnósticos y más del 30% de las internaciones que se registran en los servicios de salud corresponden a personas aseguradas por la previsional”, indicó.

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Explicó que esta alta demanda puede hacer que quienes no cuentan con un seguro queden sin acceso oportuno a la atención médica.

“Por eso hoy es muy positivo para nosotros contar con un IPS que funcione y pueda dar respuestas a sus asegurados. Porque, en la medida en que esta institución atienda adecuadamente a sus afiliados, también se alivia la carga del sistema público y nosotros podremos brindar una mejor asistencia a quienes más lo necesitan”, agregó.

En relación con los insumos y medicamentos, la ministra señaló que se han registrado avances sustanciales en el abastecimiento en todos los servicios de salud.

Asimismo, reconoció que aún se presentan algunas interrupciones en la provisión, aunque aclaró que, en muchos casos, estas situaciones no se deben a la falta de productos a nivel central, sino a problemas de coordinación con las instituciones locales.

En ese sentido, destacó la implementación del sistema HIS en cerca de 1.300 centros de salud, una herramienta que permite monitorear en tiempo real el consumo y la disponibilidad de medicamentos e insumos.

Barán realizó una gira por el departamento de Misiones, donde visitó varias localidades donde se están realizando obras públicas que serán usadas en beneficio del Ministerio de Salud, como es el caso en San Ignacio: el Hospital Día Oncológico; en San Juan Bautista, el Centro de Rehabilitación de Equinoterapia; y la inauguración de las mejoras introducidas en el Centro de Salud de la ciudad de Villa Florida.

Esta mañana, estudiantes del Bachillerato de Diseño Gráfico protestaron hasta llegar a la avenida Eusebio Ayala - realizaron un cierre intermitente de la arteria-, reclamando que siguen sin aulas y sin equipamientos para esta especialidad.

“Hace dos meses que Diseño Gráfico está sin clases, nosotros creemos que debe hacerse una redistribución de las salas de clase, porque aulas que eran para Diseño Gráfico le entregaron a otras especialidades”, manifestó Belén Chaparro, presidenta del centro de estudiantes.

La joven explicó que hay aulas que están sin ocuparse, pero que desconocen si están terminadas o si necesitan todavía alguna refacción, porque no reciben respuestas por parte de las autoridades de la institución, incluido el director, Blas Dubrez.

Alerta en el CNC: Diseño Gráfico tenía clases en laboratorio de Química

Cansados de las promesas, los jóvenes decidieron salir a las calles ante la falta de los salones. Los del segundo año de Diseño Gráfico, daban clases en un laboratorio de Química, sin muebles ni equipos necesarios para desarrollar el área técnica de esta especialidad.

“Hace dos meses que estamos así, es muy incómodo para los compañeros dar clases en el laboratorio; no tienen espacio para las materias de Diseño, y tampoco tienen los muebles adecuados ni las herramientas para esta especialidad”, lamentó Belén Chaparro.

Hay tres movimientos estudiantiles fuertes en el Nacional de la Capital. Los tres apoyan la medida de los bachilleres de Diseño. Los jóvenes también denunciaron que luego de la ruidosa inauguración por parte del Gobierno, los equipos para este bachillerato específico siguen sin llegar.

Director admite falta de equipos en el CNC

El director del CNC, Blas Dubrez, admitió que siguen sin equipos para Diseño Gráfico. Lo grave del asunto es que afirmó que sí cuentan con las herramientas, sin embargo, las mismas permanecen guardadas en un depósito en la institución.

“No es que los estudiantes estén sin aulas, el tema es que están en un espacio que no es adecuado para el énfasis, pero para mañana ya se va a estar regularizando eso”, prometió.

Según el director, el aumento en el número de la matrícula -cuentan con 900 matriculados-, afectó a la organización del centro educativo, por lo que tuvieron el inconveniente con las salas para Diseño. Sobre los equipos, dijo que la empresa adjudicada debe todavía ensamblar y distribuir los accesorios pendientes en el colegio público.

En el CNC ya hubo problemas apenas se dio la reapertura, pues docentes afirmaron que no habían sido capacitados para el uso de las pizarras inteligentes que el ministro de Educación, Luis Ramírez, exhibió ese día. Decenas de estos pizarrones permanecieron también guardados en un depósito, sin usarse por varias semanas.

Estudiantes denuncian que director casi no asiste al colegio

Los estudiantes denunciaron también, que Blas Dubrez, director del CNC, nombrado poco antes de la pomposa reapertura, apenas aparece por la institución. Además, remarcaron que en dos meses, los alumnos de Diseño no recibieron respuesta alguna ante la falta de espacios.

En el 2016, Dubrez ya había sido denunciado por supuesto planillerismo cuando fue comisionado del MEC a la entonces Dirección de Migraciones. Finalmente, el caso terminó y el funcionario no llegó a sumario alguno.

“Es falso de toda falsedad. Hace 20 días justamente estamos con gente de la Dirección de Educación Departamental de capital. Ellos pueden corroborar esto, pero entiendo que es un colegio muy político y hay cosas que se manejan así”, afirmó.

Sobre las denuncias de planillerismo en Migraciones, indicó que también eran falsas, por lo que no se llegó al proceso sumarial.

El discurso de Santiago Peña para los estudiantes del CNC

El presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso en la reapertura del colegio, aseguró a los jóvenes que “ustedes son el Paraguay que nos genera el mayor orgullo. Sueñen en grande. Sueñen cuando nadie les dice que va a ser posible. Sueñen gigante”. Sobre la obra, prometió que el “CNC está de vuelta, más fuerte que nunca”. A dos meses de este discurso, siguen los problemas de infraestructura en el local educativo.

La apertura también tuvo un fuerte tufo a proselitismo. El director del CNC, Dubrez, había hurreado al vicepresidente Pedro Alliana, presente en el lugar.

“Antes de culminar, muchas veces la emoción nos traiciona, porque realmente la honra que tengo en dirigirme a ustedes es superior a cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso quisiera saludar a un gran hombre, gran compañero del presidente, al señor vicepresidente don Pedro Alliana y para darle un caluroso aplauso”, afirmó el director.

Obras siguen en el CNC

Los trabajos en el centro educativo comenzaron hace casi dos años, en el segundo semestre del 2024, financiadas por Itaipú, cuyo director es Justo Zacarías Irún, - parte del clan Zacarías Irún en Alto Paraná - por US$ 3,7 millones.

Fue adjudicada la constructora Implenia SA, cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller y Tatiana Mikelj. Los trabajos continúan principalmente en el sector de las canchas y el tinglado.

Durante el acto, los ediles se mostraron hostiles con la activista, incluso un secretario de la Junta Municipal intentó arrebatar el micrófono a la ciudadana e impedirle que siga hablando.

Mientras tanto, la concejal liberocartista Francisca Franco intentó impedir la entrega de documentos y comenzó a gritar “payasa, payasa” en plena sesión demostrando así su falta de empatía hacia el genuino pedido de transparencia.

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Los miembros de la Contraloría Ciudadana hace meses solicitan la realización de una audiencia pública de rendición de cuentas, pero el intendente Carlos Echeverría se niega a realizarlo, incluso presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar transparentar su gestión.

Paralelamente, la Junta Municipal, donde siete colorados se aliaron con los cuatro liberocartistas, para que año tras año se conviertan en cómplices de la pésima gestión y aprueban las rendiciones de cuentas sin informar a la ciudadanía.

Categoría al silencio

Los certificados contaban con categorías, por ejemplo, los liberocartistas; Rómulo Pérez, Francisca Franco y José Meza, quienes buscan su reelección en el cargo fueron galardonados por la “mejor categoría al silencio”.

Similar premiación se llevó el concejal liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien es candidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

También los colorados tuvieron cada uno sus “merecidos certificados” por poner trabas a los pedidos de transparencia. Los colorados, entre ellos Juan Ángel Marecos, Arnaldo Baeza, Enrique Quintana e Iván Velázquez, quienes buscan su reelección en el cargo, tuvieron sus certificados.

La Contraloría Ciudadana tampoco se olvidó de los ediles colorados; Ramón Servín, Eliseo Maldonado y Diego Romero, quienes recibieron también su cartón.

La única concejal que no recibió el certificado fue la concejal Belén Maldonado (PLRA), quien mantiene una postura crítica hacia la gestión municipal y viene acompañando los reclamos ciudadanos.

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Intendente también tuvo galardón

Mirian Franco, luego de asistir a la sesión de la Junta Municipal de Luque y entregar los certificados a los ediles fue hasta el despacho del intendente cartista para entregar también el reconocimiento. Sin embargo, una secretaria le indicó que Echeverría no se encontraba, pero igualmente le hizo llegar el “galardón”.

Carlos Echeverría fue galardonado por su “destacada labor para impedir la realización de la audiencia pública, demostrando así su firme compromiso con la falta de transparencia”.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para exigir la audiencia pública, un requerimiento al que están obligados por ley los municipios.

Un juzgado de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación ya ordenaron a Echeverría la realización de la audiencia, pero se recurrió a una acción de inconstitucionalidad que debe definir la Corte Suprema de Justicia.

La acción de inconstitucionalidad se presentó contra la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Cordillera que rechazó incluirlo como querellante adhesivo en el proceso judicial. El tribunal aceptó el argumento presentado por la defensa de Sanabria Vierci, de que el derecho a participar en un proceso se distribuye como una herencia, por lo que la única persona para intervenir como querellante adhesiva es una hija menor de edad de la víctima.

La diputada por el PPS, Johanna Ortega, se hizo eco de la denuncia planteada por la familia y recordó otros dos casos en los que los ministros de la Corte se expidieron en el mismo sentido: el caso del exfical Marcelo Pecci, en el que excluyeron al padre, al hermano y a la viuda del fiscal asesinado, Claudia Aguilera, y del caso de Rodrigo Quintana, que excluyó a los padres del dirigente asesinado la madrugada del 1 de abril de 2017 durante un asalto de la Policía Nacional en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Esto empezó con el caso de Rodrigo Quintana y ahí, para impedir la participación de sus padres en el proceso, se inventó una lógica ajena al derecho penal y es que solo puede intervenir en el proceso quien tenga el mejor derecho hereditario. Como si la búsqueda de la justicia fuera una sucesión patrimonial, como si el dolor pudiera clasificarse en un orden de herencias”, condenó la legisladora.

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Exclusión de familias es un mensaje, denuncia diputada

Ortega advirtió que en todos estos casos no fue un detalle técnico por el que se excluyó a los familiares de las víctimas fatales de los procesos como querellas adhesivas, sino que fue “un mensaje, ya que hay víctimas que incomodan más que otras”.

Insistió en que en el caso del fiscal Marcelo Pecci, un crimen de alto impacto regional, la familia sigue reclamando acceso pleno a la información del proceso; sin embargo, persisten las limitaciones, las barreras, la falta de transparencia y el derecho a la verdad, administrado, dosificado y condicionado por una justicia que retrasa el proceso de búsqueda de la verdad, la cual no es justicia.

“De esa verdad que imaginamos que alguien con mucho poder está detrás del crimen de Marcelo Pecci, una verdad que imaginamos, pero que no podemos concluir, porque no hay ni siquiera derecho para los familiares de la víctima”, criticó.

En el caso que investiga a Eugenio Sanabria Vierci, dijo es una tragedia que debería haber activado toda la maquinaria institucional del Estado para garantizar la verdad, la justicia y la reparación, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario.

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“Eugenio Sanabria Vierci, un borracho que llevó una familia entera a una tragedia, la muerte de tres, de cuatro de sus integrantes. Yo les pido, colegas, que miren esta imagen, les pido, por favor, esta imagen refleja la imagen de una niña que llegó a ese mismo aeropuerto tres meses antes de esta foto con su mamá, con su papá y con su hermano menor y tres meses después se va de Paraguay a Alemania, porque su mamá era alemana, sola, en una silla de ruedas después de que un borracho le haya arrebatado su familia”, fustigó al mostrar una foto de la hija de Osvaldo Jacquet, única sobreviviente del accidente y que quedó huérfana tras la muerte de sus padres en el accidente.

“Un irresponsable y un borracho” goza de complicidad

Cuestionó que lo que ocurre hoy con la familia Jaquet es algo que es todo lo contrario a lo que debería suceder, considerando que “un irresponsable y un borracho” goza de la complicidad de quienes están en el poder y dirigen el poder judicial a su antojo.

Cuestionó si es constitucional que se utilicen reglas del derecho civil pensadas para herencia y patrimonio en el derecho sucesorio, para decidir quién puede participar en un proceso penal en representación de una víctima fallecida.

Agregó que están usando el derecho de sucesiones para limitar el derecho a la justicia y eso no es una interpretación inocente de los ministros de la Corte, es una decisión con consecuencias reales que deja familias afuera del proceso.

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“El caso de Rodrigo Quintana, el caso de Marcelo Pecci y hoy el caso de la familia Jacquet, restringe el acceso al expediente, limita la posibilidad de investigar y sobre todo posterga el acceso a la verdad de lo que sucedió. Pero lo más grave es lo que esto revela, un sistema judicial que decide quién puede preguntar, quién puede saber y quién puede llorarle a sus familiares con legitimidad ante la justicia”, refirió.

Diputada critica selectividad judicial

Insistió en que esto no es un Estado de derecho, es selectividad judicial y cuando la justicia se vuelve totalmente selectiva, como es el caso de Paraguay, deja de ser justicia y este patrón se repite siempre en casos donde hay poder político o poder económico involucrado.

“Un país donde la impunidad se impone por vía judicial, no es un país plenamente democrático. Por eso lo que está en juego en el caso de la familia Jaquet no es solo un expediente, es un principio. El derecho de las víctimas a participar, a preguntar y al saber, el derecho de esa niña que salió de Paraguay sin sus padres y sin su hermano menor. Y si perdemos eso, no estamos ante una simple interpretación del derecho, estamos ante un retroceso democrático”, concluyó.

Eugenio Sanabria Vierci fue procesado por supuesto homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre luego del múltiple choque ocurrido el 10 de noviembre de 2024 cuando la camioneta Volkswagen que conducía a alta velocidad –quien se hallaba bajo los efectos del alcohol- impactó contra un automóvil Kia. Los tres ocupantes de ese automóvil -Osvaldo Jacquet (39), su esposa Kristin María Blumenröther (40) y una hija de ambos, Philipe Jacquet Valdez (2)- fallecieron.

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A causa del impacto, la camioneta de Sanabria Vierci volcó e impactó contra otro vehículo, un Hyundai, del cual, una de las ocupantes de ese rodado, Nancy Angeluz Chena, también perdió la vida.

• Rolando Benito “Roly” Gaona Osorio (ANR Colorado Añetete Lista 6), busca la intendencia de Coronel Oviedo por la disidencia colorada en la interna partidaria. Es concejal departamental aliado del senador Mario Varela. Tiene el apoyo del expresidente Mario Abdo Benítez y del presidenciable Arnoldo Wiens.

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• Elvio Ramón Castro López (ANR HC Lista 2M), actual secretario general de la Gobernación de Caaguazú, pugnar por la intendenciade la mano del gobernador local, Marcelo Soto, y del diputado nacional Édgar Olmedo.

• Marcos Antonio Benítez Velázquez (ANR HC Lista 2A), intendente saliente, busca el rekutú y es el candidato de Honor Colorado (HC), dentro del sector liderado por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).

Opositores

• Francisco René Avalos Aldama (PLRA Frente Radical Lista 9), pugna la intendencia dentro del a interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Actualmente es el segundo suplente en la diputación de Caaguazú y fue secretario departamental durante la gestión de Alejo Ríos Medina (PLRA). Tiene el respaldo del movimiento liderado por el senador Ever Villalba (PLRA).

• Eva Rosana Bogado Vera (PLRA Nuevo Liberalismo Lista 3), concejal municipal saliente, busca la intendencia dentro del movimiento liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) y además tiene el respaldo del Clan Buzarquis y de Miguel Prieto (Yo Creo), presidenciable del 2028.

• Darío Agustín Britos Cardozo (Tekojoja Lista 99), se presenta con lista única en la interna del Partido Popular Tekojoja, el cual lidera el exsenador Sixto Pereira.
• Antonio Aquino Pérez (PRF Lista 3) también se presenta por lista única dentro del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

Tras las elecciones internas del 7 de junio habrá cuatro candidatos a la intendencia local del 4 de octubre, uno de la ANR, otro del PLRA, de Tekojoja y del PRF.

El pronunciamiento se dio durante el panel “Energía y construcción en Paraguay, desafíos para la sostenibilidad”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Eléctricas (Cecoel) en el marco de Constructecnia, 26.ª edición, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Conmebol, Luque. Allí, el funcionario reconoció las limitaciones del mercado actual frente a los cambios tecnológicos.

A pesar de que el marco legal de energías renovables fue actualizado el año pasado y que ya cuenta con decreto reglamentario desde la semana pasada, la realidad financiera es otra. La normativa ampara a quienes deciden convertirse en autogeneradores para abastecer su propio consumo e inyectar su excedente a la red pública, pero el incentivo económico es casi nulo.

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“Si empezamos a ver el tema de la inversión a nivel de escala reducida, el payback (retorno) de esa inversión con los niveles tarifarios que tenemos hoy día, no justifica”, explicó Escudero de forma tajante.

El director de planificación de la estatal apuntó la falta de cultura de la eficiencia energética en el país, muy ligada al costo del servicio. “Nos quejamos, reclamamos que viene la cuenta cara en los meses de calor, pero igual seguimos usando aire acondicionado, dejamos aire prendido, luces prendidas. O sea, cuando la energía valga lo que tenga que valer, eso va a fomentar que exista la generación distribuida a nivel de rooftop o paneles solares", señaló.

Obligados por ley a comprar energía barata

Un punto crítico revelado por Escudero es que la legislación actual obliga a la ANDE a comprar de manera exclusiva hasta 1 megavatio de potencia a los autogeneradores. Sin embargo, la trampa para el inversor privado se encuentra en el precio que la estatal está autorizada a pagar.

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“La ANDE está obligada a comprar por ley ese megavatio, solo que va a remunerar el costo medio de generación. Hoy día el costo medio de generación es barato”, informo.

No obstante, el panorama podría cambiar a mediano plazo. Según el técnico, el día de mañana, a medida que el país agote su excedente de las binacionales e incorpore nuevas fuentes con precios mayores, ese costo medio de la ANDE va a subir. “Por lo tanto, se puede volver más atractiva la inversión en la autogeneración”, vaticinó.

El peligro del espejo Brasil

Escudero confesó que hace diez años ni se imaginaban las “cargas gigantescas” y los pedidos que aparecen hoy en día. Si bien los planes a 20 años contemplan la expansión de energía renovable no convencional (fotovoltaica) y almacenamiento a gran escala, no prevén una incorporación masiva de generación distribuida residencial o comercial.

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El funcionario miró de reojo la experiencia de los países vecinos para justificar la cautela local. Mencionó que la generación distribuida empieza siendo una solución, pero en mercados grandes ya se convirtió en un dolor de cabeza.

“Brasil, por ejemplo, tiene 45.000 gigavatios de generación distribuida, equivalentes a tres Itaipú. Y Brasil está enfrentando problemas con reversión de flujo con el fenómeno de curtailment, que es corte de energía; en vez de tomar la energía que se produce, se desperdicia porque no hay demanda o no hay capacidad de transmisión”, alertó.

Redes obsoletas para el flujo bidireccional

El desembarco de los paneles solares particulares exige un cambio radical en la infraestructura paraguaya. El flujo eléctrico tradicional cambiará de sentido: la energía ya no irá solo de la ANDE al usuario, sino que vendrá del consumidor hacia la red pública.

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Esta bidireccionalidad exige millonarias inversiones estatales en digitalización y automatización de redes, un proceso que, según Escudero, la institución ya viene encarando hace unos años pero que “va a demorar un tiempito”.

El director de planificación concluyó aclarando que este lento avance de los techos solares no impactará en gran medida en los planes de inversión de la estatal, los cuales siguen enfocados en proyectos de gran escala para resolver el crecimiento vegetativo de la demanda local.

Primo de Pedro Alliana ya “está mejor” en la EBY, tras ser rajado por “planillero”

Disponen así del dinero de los contribuyentes para amenazar a empleados públicos con perder sus puestos y a toda la ciudadanía con sufrir la falta de fondos. Todo con miras a las elecciones internas municipales del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de junio.

En este caso, Ricardo Torres Alliana, jefe de gabinete de Yacyretá y primo de Pedro “Mangui” Alliana, presidenciable de Honor Colorado, exige a enfermeros de Gral. Díaz que trabajen como “operadores políticos” y convenzan a referentes molestos e incluso a los pacientes que acuden a los nosocomios de la zona a votar por el intendentable cartista “Naito” Barrios (ANR, HC).

En el audio, Torres Alliana se jacta que Honor Colorado ganaría en todos los distritos de Ñeembucú y que recuperaría incluso las comunas liberales. Sin embargo, expresa frustrado que la única excepción sería General Díaz. “No puede ser que un equipo con menos trayectoria nos gane”, grita molesto.

Torres, posteriormente, pide a los enfermeros ignorar por ahora la mala gestión o las promesas incumplidas del intendente cartista saliente Carlos Romero (ANR, HC).

“Nosotros no somos los culpables de que un intendente haya hecho una mala administración o no le haya ido bien”, dijo emulando a lo ocurrido en Asunción con Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).

En otro punto, el primo del vicepresidente advierte a los presentes que todos ingresaron por contactos políticos a la función pública y que si el intendentable abdista Juan Ramón Ibarra (ANR, Añetete) gana la interna y la elección municipal, este mandará barrer los rubros de enfermería con sus propios operadores.

Amenaza con ruina a toda una ciudad

Torres Alliana señala durante su discurso que, aunque el abdista Ibarra gane las elecciones municipales, este eventualmente será forzado a unirse al movimiento Honor Colorado.

Sostiene que esto es “normal” en política y que no habrá intendentes que se mantengan fieles al presidenciable abdista Arnoldo Wiens en las elecciones generales del 2028.

No obstante, advirtió que si Ibarra no se pasa al cartismo, toda la ciudad y sus habitantes sufrirían las consecuencias porque el Gobierno central de Santiago Peña y, eventualmente, Pedro Alliana mandarían al “freezer” a la comunidad.

“Y yo les puedo asegurar, como les digo, que Mangui Alliana va a ser presidente de la República. Y lo que nosotros no queremos es que General Díaz se quede afuera porque tiene un intendente que no es de nuestra línea”, dijo.

“¿Y qué vamos a hacer? le vamos a dejar en un freezer al tipo si no viene. Porque no le vamos a dar nada a General Díaz. Esa es la verdad", sentenció.

La propuesta autoriza la implementación del proyecto a través de un acuerdo suscrito con la empresa estatal emiratí Etihad Rail PJSC, que conformará una Sociedad de Objeto Específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Con esta modificación legal, el oficialismo habilita la adjudicación directa del proyecto al grupo emiratí, dejando de lado el esquema de licitación pública prevista en la normativa anterior para este tipo de emprendimientos.

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Oficialismo defendió el acuerdo G2G

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), sostuvo que el proyecto representa “un avance trascendental” para modernizar el marco normativo del tren de cercanías.

Indicó que el sistema será “100% eléctrico”, con una ejecución prevista de entre tres y cinco años y una concesión de operación y mantenimiento por 30 años.

Según detalló, la primera etapa abarcará el tramo Asunción-Luque, con 18 kilómetros y nueve estaciones, con una inversión estimada en US$ 400 millones. La segunda fase prevé extender el servicio hasta Ypacaraí, sumando otros 26 kilómetros y cuatro estaciones adicionales. Empero, el costo total del proyecto sigue siendo un misterio.

Villalba explicó además que el financiamiento se estructurará mediante una sociedad mixta, con un capital de US$ 200 millones —75% aportado por Emiratos Árabes Unidos y 25% por el Estado paraguayo, a través de Fepasa— y otros US$ 200 millones provenientes de financiamiento internacional.

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Por su parte, el diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, Paraguarí), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, destacó que el esquema permitirá garantizar la “bancabilidad” del proyecto mediante mecanismos de cesión de flujos futuros y garantías para inversionistas.

Añadió que el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos permitirá acceder a financiamiento estatal y transferencia de tecnología ferroviaria. “Este proyecto abre el camino para acuerdos G2G y contempla ya a un socio estratégico específico, que son los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó.

Cuestionamientos por exclusión de leyes y falta de transparencia

En tanto, desde la oposición surgieron fuertes críticas al proyecto, principalmente por excluir la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Concesiones y la normativa de Alianza Público-Privada (APP).

El diputado Raúl Benítez (independiente) cuestionó que se pretenda aprobar “un cheque en blanco de US$ 400 millones” sin contar aún con estudios definitivos de ingeniería, costos de expropiación ni detalles sobre el financiamiento.

“El patriotismo no se demuestra aprobando proyectos a ciegas o bajo prisa, sino protegiendo las arcas del Estado”, expresó.

También advirtió sobre posibles similitudes con el fallido proyecto del metrobús y sostuvo que rechazar la iniciativa “no significa enterrar el tren de cercanías, sino salvarlo de futuras demandas e incertidumbres legales”. Cuestionó la falta de licitación para una adjudicación millonaria.

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Esgaib trató de “boludeces” las críticas

Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, cartista), quien calificó de “boludeces” y “disparates” los cuestionamientos opositores.

“Este es uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país y que por fin se va a hacer realidad”, afirmó.

Esgaib defendió además los viajes internacionales del presidente Santiago Peña, señalando que gracias a esas gestiones Paraguay consiguió inversiones estratégicas.

“Nadie te trae a tu casa la plata, tenés que salir a buscarla”, manifestó.

Rubín cuestionó costos y gestión del MOPC

El diputado Rubén Rubín (independiente) anunció su voto en contra y expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar la obra.

Recordó que el anterior proyecto impulsado con Corea del Sur quedó sin efecto y criticó la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien liderará el plan

“El proyecto en papel puede ser espectacular, pero otra cosa es quién lo ejecuta”, sostuvo.

Rubín advirtió además que el costo total podría superar ampliamente los US$ 450 millones anunciados inicialmente, debido a las transferencias anuales previstas para sostener la operación del sistema.

“Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares a largo plazo”, señaló, al advertir que el Estado paraguayo tendrá que asegurar un pago anual de US$ 50 millones al fideicomiso que se creará para costear el plan a largo plazo.

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Guillermo Rodríguez: “Los coreanos se fueron corriendo por la corrupción”

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) también lanzó fuertes críticas al Gobierno y al nuevo esquema planteado para el tren de cercanías, recordando que anteriormente había apoyado el proyecto impulsado con Corea del Sur.

“Hace 130 semanas yo levantaba mi voz y acompañaba el megaproyecto del tren de cercanías con Corea. Confiaba en este gobierno, creía que Santiago Peña iba a sorprender gratamente al país”, expresó.

Sin embargo, afirmó que el proyecto original fue abandonado y reemplazado por una propuesta “completamente desvirtuada” con Emiratos Árabes Unidos.

“Los coreanos volvieron asustados a Asia. Muy corrupto tu Gobierno, presidente, muy corrupto, muy coimero. Salieron corriendo porque no hay forma de trabajar con este Gobierno”, sostuvo.

Rodríguez señaló que inicialmente creyó en la propuesta oficialista, pero aseguró que ahora desconfía del nuevo acuerdo por la falta de transparencia y por el antecedente del proyecto frustrado con Corea.

El legislador indicó además que teme que el tren de cercanías termine siendo utilizado como una “herramienta electoral” de cara a los próximos comicios generales.

“Deseo de corazón que Santiago Peña sorprenda gratamente, pero para mí esta es una gran estafa que se avecina nuevamente”, manifestó.

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Johana Ortega: “Por tercera vez el Gobierno viene a decirnos que fracasó”

La diputada Johana Ortega también anunció su voto en contra del proyecto y cuestionó duramente la credibilidad del gobierno de Santiago Peña en torno al tren de cercanías.

La legisladora señaló que inicialmente no pensaba intervenir en el debate porque se sentía representada por las posturas de los diputados Rubén Rubín y Raúl Benítez, pero decidió tomar la palabra tras las declaraciones del cartista Yamil Esgaib.

Sobre el proyecto ferroviario, sostuvo que el Ejecutivo ya fracasó en dos ocasiones anteriores con la iniciativa y cuestionó que vuelva al Congreso con una nueva propuesta.

“Desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024 el Gobierno lo único que nos pudo venir a decir es: ‘Fracasamos’. Y ahora, enviando por tercera vez un proyecto sobre el mismo tema, otra vez nos dice que fracasa”, afirmó.

La diputada indicó que no encuentra motivos para confiar en que esta vez el plan será concretado. “¿Por qué tengo que creerle al Gobierno de que esta vez va a funcionar y no va a ser otro fracaso?”, cuestionó.

Diputados del interior reclamaron centralismo

El diputado Carlos Pereira (PLRA, Nuevo Liberalismo) cuestionó que nuevamente una millonaria inversión pública se concentre en Asunción y Central.

“Esto no es un regalo de Emiratos Árabes. Ellos vienen a hacer negocios y a recuperar la inversión con intereses”, afirmó.

También pidió que el debate contemple las necesidades de transporte del interior del país.

En la misma línea, la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) expresó desconfianza sobre el nuevo esquema tras la caída del proyecto con Corea del Sur.

“Con tan poco nos enseñaron a soñar que creemos que esto es lo mejor que nos merecemos”, cuestionó.

Persisten dudas sobre costo final

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que la primera etapa del proyecto, correspondiente al tramo Asunción-Luque, tendrá un costo estimado de entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

El monto no incluye aún la eventual extensión hasta Ypacaraí, cuyos costos continúan en evaluación.

La precisión del MOPC contrasta con estimaciones anteriores de Fepasa, que habían señalado que el monto de hasta US$ 450 millones contemplaba originalmente el proyecto completo hasta Ypacaraí.

Según informaron, esta dependencia técnica se encuentra subordinada a la Gerencia Administrativa y Financiera de la institución.

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Villasanti Capurro asume la Dirección de Aporte Obrero Patronal en reemplazo de Marcelo Rubén Bordón Leiva, quien dejó la titularidad de dicha oficina tras la promulgación del documento institucional.

Conforme a lo expresado en la resolución del IPS, Bordón Leiva pasará a cumplir otras funciones dentro del instituto.

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Asimismo, el Consejo de Administración dejó constancia en el acta para dar las gracias formalmente al director saliente por el desempeño mostrado durante el tiempo en que ejerció sus funciones.

Una muestra de obras de arte estará disponible hasta el próximo 26 de junio, con acceso libre y gratuito al público de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.

Los organizadores destacaron que presentarán una agenda de actividades que realizarán para promocionar la nueva galería e invitaron al público a apoyar la iniciativa de fomentar el arte en el distrito.

Además, las autoridades comunales indicaron que el objetivo es utilizar un espacio en desuso y, de a poco, convertirlo en un sitio turístico, así como el anfiteatro, ambos construidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la costanera, que actualmente son poco utilizados.

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Fomentar el arte

El presidente de Aspecart, Rubén Sykora, expresó que es de crucial importancia habilitar este tipo de espacios, donde el público puede conectar con los artistas y la creatividad.

Los organizadores manifestaron que el proyecto estipula que se desarrollen diversas muestras en el lugar. En paralelo, desarrollarán talleres, cursos y demás actividades con relación al tipo de obras que estarán en exposición.

Por su parte, desde la Municipalidad de Cambyretá expresaron que la intención es rehabilitar el Mirador como un espacio turístico de expectación, con las maravillosas vistas a orillas del arroyo Poti’y.

La infraestructura es actualmente sede de la Junta Municipal de Cambyretá y cuenta con varios niveles sin uso, que tienen balcones 360°, diseñados para ser un atractivo público.

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El Mirador

La obra forma parte del tratamiento costero del subembalse de los arroyos Poti’y y Santa María, que conforma la zona noreste del área metropolitana de Encarnación, unida a Cambyretá con sus barrios residenciales.

La binacional realizó una inversión de G. 8.182.939.908 para la construcción de las obras de infraestructura, que contemplan el mirador, el anfiteatro, los baños públicos y los vestidores.

El primer piso cuenta con un área de 280 metros cuadrados aproximadamente, que está compuesta por un espacio equipado para cocina y una cafetería con capacidad para 120 comensales, con vista panorámica. En los pisos 3° y 8° se encuentran los balcones de 75 metros cuadrados cada uno, en donde se hallan los miradores principales. En los pisos 4° y 6° están los balcones cubiertos de 5 metros cuadrados cada uno, que albergan los miradores secundarios.

El edificio cuenta con escaleras revestidas con granito para el acceso a los niveles superiores, un ascensor panorámico con cuatro paradas, con vista al subembalse del arroyo Poti’y, con capacidad para 13 personas o 1.000 kilogramos.

Complementan estos atractivos los sistemas de iluminación interior y exterior con tecnología LED, climatización con aire acondicionado tipo casete, sistema de detección de incendios y combate con polvo químico, así como el sistema de señales débiles, entre otros.

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El proyecto fue presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien indicó que la iniciativa ya fue ampliamente debatida y que tiene múltiples dictámenes a favor, pero nada dijo sobre los cuestionamientos de los profesionales del derecho.

Por ejemplo, la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy), sostiene que el proyecto no solo carece de sustento estadístico, sino que ignora totalmente la realidad del sistema penitenciario y presenta errores en su estructura jurídica.

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Por otro lado, representantes del Ministerio Público sugirieron una redacción más precisa en cuanto a otras medidas que afecten al denunciado falsamente, como ser una medida cautelar de carácter personal, real o condena firme, entre otras recomendaciones.

Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta durante la sesión de este martes, y los diputados aprobaron la iniciativa sin mucho debate.

El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores para su segundo trámite parlamentario.

El anuncio se da a pocos días de la promulgación de la ley que aprueba el memorando de entendimiento con Estados Unidos para la compra de equipos y servicios de defensa. La normativa habilita procedimientos especiales y excluidos para las contrataciones vinculadas a programas militares estadounidenses.

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El documento es complementario al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), entendimiento de cooperación con EE.UU.

En su artículo 1, el decreto establece que el “objetivo general es coordinar las tareas de los distintos organismos y entidades del Estado en el fortalecimiento de las capacidades preventivas, operativas e investigativas para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, para asegurar el combate eficaz de vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos, garantizando así la seguridad y la soberanía nacional”.

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El artículo 3 indica que la Comisión “deberá elaborar un Programa Nacional que contendrá la asignación de responsabilidades de cada una de las instituciones que la componen, conforme con sus respectivas competencias, así como los procedimientos de coordinación dispuestos en el presente Decreto, para asegurar así el logro de los objetivos propuestos de combatir los vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y garantizar la soberanía aérea nacional plena”.

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Integran la comisión:

-Ministerio de Defensa Nacional

-Ministerio del Interior

- Comando de las Fuerzas Militares Ejército Paraguayo

-Armada Paraguaya

- Fuerza Aérea Paraguaya

- Comando de Operaciones de Defensa Interna

-Policía Nacional

-Secretaría Nacional Antidrogas

-Secretaría Nacional de Inteligencia

-Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

-Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

-Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

- Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados

FF.AA. e inversión: El crimen organizado y el terrorismo amenazan la soberanía de Paraguay

Programa se creó en el 2015

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, informó que el decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2020. Señaló que el programa utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. Dijo que la reactivación contará con nuevos radares que se adquirirán de EE.UU. y que estarán operativos a inicios de 2027, además de la participación de los aviones Super Tucano adquiridos del Brasil para la interceptación de los vuelos irregulares a un costo total de US$ 101 millones, mediante un préstamo descontado de Itaipú.

En otro momento, Fullaondo recordó que el programa “Cielo Guaraní Soberano” tiene su origen en la oficina de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de EE.UU, que tiene su sede en Key West, Florida. “Es una doctrina que ha sido implementada a través de esa oficina de los Estados Unidos. Nosotros acá ya se inició este programa en el 2015, por algún motivo paró, y se desactivó el programa. Y hoy día nosotros estamos volviendo a activar. Creemos que, la mejor forma de combatir el narcotráfico es el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del Estado. El trabajo consiste en que cada institución haga su trabajo conforme a su jurisdicción y atribuciones en su área”, expresó el jefe militar.

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El general Fullaondo señaló que para la interceptación de aeronaves irregulares, se necesita la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a despegar.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González, indicó que es “una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente, al narcotráfico”.

Las autoridades recordaron, además, que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permiten la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

Canciller advierte que Paraguay aún no está en condiciones para derribo de aviones

“Hombro a Hombro”, dice diplomático de EE.UU.

En tanto, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, señaló que en el marco de la cooperación internacional, Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

“Cuando el aliado tiene una visión así integrada y clara, eso nos permite sentarnos a la mesa e identificar el granito de arena que nosotros podemos aportar para hacer avanzar los objetivos y esa visión paraguaya. Y es lo que se hizo en este caso. Entonces estamos trabajando hombro a hombro, como bien mencionó anteriormente, con la venta de ese sistema de radar, con asesoramiento técnico y con el compartir de información y mejores prácticas sobre estos asuntos para que la visión y los objetivos paraguayos se logren”, manifestó el diplomático norteamericano.

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Paraguay: Sin ley de derribo

La actual legislación paraguaya no permite el derribo, pero los Super Tucano de la FAP pueden responder si existen amenazas latentes.

En su momento, la Embajada de EE.UU. en Paraguay opinó que está en contra de una ley de derribo de aviones ilegales. Argumentó que está en contra de estándares internacionales.

La postura contra el derribo de aeronaves del crimen organizado no es nueva. El 13 de junio de 2022, la Embajada norteamericana advirtió al Senado paraguayo que, de aprobarse la ley de derribo de aviones, cesaría la cooperación norteamericana en materia aeronáutica.

En julio de 2025, la Embajada de EE.UU. volvió a pronunciarse respecto a la intención de algunos sectores políticos en el Parlamento sobre una ley de derribo. En ese entonces, la sede diplomática expresó. “Acompañamos al Paraguay en su compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, refiere el posteo en X.

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El punto de mayor debate fue la adquisición de medicamentos monoclonales con stock crítico, proceso que actualmente enfrenta una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido a exigencias técnicas en el pliego de bases.

Isaías Fretes, presidente del IPS enfatizó que, dado que el monto del llamado ronda los G. 400 mil millones, la institución ha buscado el respaldo de sociedades científicas externas para asegurar criterios técnicos objetivos. “Estamos recurriendo, en aras de la transparencia, al dictamen técnico de las sociedades científicas de modo tal a que nosotros estemos respaldados en criterios científicos y no en intereses económicos”, manifestó.

La Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, advirtió sobre la urgencia de estos fármacos. “Son fármacos que nosotros denominamos vitales para la vida de los pacientes. Tanto para mejorar su calidad de vida como para evitar desenlaces no deseados“, explicó.

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Con el fin de establecer reglas claras que no perjudiquen al asegurado, la propuesta de realizar una audiencia pública previa al proceso de licitación surgió durante el debate del Consejo, como una medida correctiva y preventiva ante las recurrentes protestas en las licitaciones de medicamentos. “Es para entrar a la cancha con reglas de juego claras y que no haya más protestas”, afirmó Fretes.

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El Consejo enfatizó que las disputas entre empresas o las observaciones a los pliegos no deben terminar perjudicando al beneficiario final, es decir, al aportante del IPS.

El desafío de los amparos judiciales

Además, se abordó nuevamente la viabilidad de un convenio con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) para financiar medicamentos ordenados mediante amparos judiciales que no sean parte del listado básico de fármacos o vademécum del seguro social.

Sobre el punto, se decidió avanzar en la creación de mesas técnicas interinstitucionales que incluyan al IPS, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y eventualmente al Poder Judicial.

El último posteo de Vázquez Acosta data de febrero de este año, cuando estuvo por el balneario Camboriú, en Brasil. “Sol, arena y buena vibra!”, escribió en el epígrafe de una serie de fotografías en las que se lo ve solo.

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Reiteradas fotos con Peña y Cartes

Si bien en el perfil público se pueden encontrar fotos del ámbito familiar, aún más que estas abundan las que se tomó con políticos, personas con las cuales mantenía un contacto frecuente debido a la actividad de sus padres. Juan José Vázquez y Perla Acosta de Vázquez. Ambos, además de haber sido parlamentarios, son referentes de peso de su partido en el departamento de San Pedro.

Curiosamente, ni JJ Vázquez, ni Perla Acosta, y tampoco su hermana “Perlita” Vázquez, una médica acusada por cobro indebido de honorarios y abandono, aparecen en el Instagram del detenido tantas veces como Cartes, Peña y Alliana.

De ahí que para José Emilio haya sido fácil acceder a figuras de la política, como el mismo presidente Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes, a quien incluso se refiere como “amigo” en una antigua publicación subida a su red en el año 2014, pero asegura que data del 2009.

Candidato a concejal

La mayor actividad en la red social del joven, hoy detenido por presuntamente distribuir cocaína en su feudo familiar, San Estanislao, data del 2021, año en que anunció su candidatura al cargo de concejal, presentándose como el “candidato más joven del Partido Colorado”.

Ese año, la retahíla de fotos con Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes se desgrana a lo largo de su feed.

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Además de sus fotos con los mencionados políticos, Vázquez Acosta compartió en sus redes instantáneas con otros personajes como el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonzo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Marco Trovato, expresidente del Club Olimpia.

También se lo ve junto a Jonathan Fabbro, el exfutbolista argentino que jugó en Paraguay, destacándose en su paso por Cerro Porteño y Guaraní, y quien actualmente se encuentra preso en su país cumpliendo una condena por abuso sexual.

En otras publicaciones compartidas aparece junto al expresidente Federico Franco y el exdiputado César Ariel Oviedo, en fotografías que muestran a un joven José Emilio que por esos años gustaba de mostrarse con personajes famosos.

Una foto con “la madrina” Dalia López

Otra foto especialmente llamativa es una en la que se lo ve posando con la recientemente detenida empresaria Dalia López, a quien se refiere como “la madrina”. La fotografía data del 27 febrero de 2020, día en que se inauguraba el “Circuito Dalia López Troche” en el Centro Santaniano de Volantes.

Esta publicación se encuentra fijada en primer puesto en el perfil de José Emilio Vázquez Acosta, quien por lo que muestran sus publicaciones a lo largo de los años, encontró cierto disfrute en parecer cercano a personas con peso en la política, pensando quizá que este roce le otorgaría impunidad.

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En atención a dicha denuncia, a mediados de abril el fiscal general del Estado Emiliano Rolón remitió el caso sobre presunto enriquecimiento ilícito a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que en ese entonces estaba a cargo de la cuestionada fiscal adjunta María Soledad Machuca, a fin de iniciar las pesquisas, entre ellas el estudio de correspondencia al político colorado.

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El pasado 18 de mayo el fiscal general Emiliano Rolón sacó de UDEA a la fiscal adjunta Soledad Machuca y en su reemplazo designó a la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, quien asumió en el cargo este martes 26 de mayo.

La investigación contra Hugo Farías, que no presenta avances desde su apertura, saltó nuevamente tras la detención de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal por el sector del movimiento Honor Colorado que postula a Hugo Farías. El detenido es sindicado como el principal articulador y “coordinador” del ocultamiento de bienes del extinto exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Investigación contra Hugo Farías no avanza

El 27 de marzo pasado la fiscal de Luque Sophia Galeano solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que se investigue el aparente enriquecimiento ilícito del intendentable cartista Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl.

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La agente realizó dicho pedido en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del precandidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Los parlamentarios indicaron que estarán “atentos” a su actuación desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A mediados de abril el fiscal general Emiliano Rolón confirmó que la solicitud de la fiscala Sophia Galeano ya había sido remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis; y adelantó que se realizaría un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano. Sin embargo, hasta ahora el caso no avanza.

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Denuncia de fiscala contra Farías

De acuerdo con el escrito remitido por la agente Sophia Galeano a la Fiscalía General del Estado, existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados por el precandidato a intendente de Luque. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la agente del Ministerio Público al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

En su nota al titular del Ministerio Público, Dr. Emiliano Rolón Fernández, la agente Sophia Galeano resaltó dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

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Asimismo la fiscala incluyó un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el intendentable promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.

El relevamiento de datos realizado por los propios afectados identificó un total de 42 establecimientos gastronómicos en funcionamiento dentro de la zona residencial. La denuncia indica que la mayoría de estos comercios opera bajo la modalidad de “hechos consumados”, habilitando sus instalaciones y colocando mesas en las veredas sin contar con la Licencia Municipal de apertura.

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Esta denuncia formal se da frente a la falta de respuestas de la comuna a las manifestaciones públicas de los pobladores del barrio a finales de marzo. En ese periodo, los vecinos ya denunciaron los niveles de ruido y la ausencia de fiscalizaciones efectivas.

El barrio Las Mercedes atraviesa un proceso de transformación urbana calificado por especialistas, como la arquitecta Melin Pekholtz, como de gentrificación. Para la urbanista, este fenómeno se caracteriza por la “reconversión urbana en áreas vitales que incrementan el valor del suelo a través del desplazamiento de los habitantes originales”, lo que altera la fisonomía y la densidad de ocupación del barrio original.

Proliferación va en contra del Plan Regulador de Asunción, reclaman

Los vecinos de Las Mercedes reclaman que, de acuerdo con el Plan Regulador de Asunción, este territorio se encuentra catalogado bajo la categoría de Área Residencial AR3b. Esta zonificación establece de forma taxativa que el uso del suelo debe ser prioritariamente habitacional, limitando las actividades comerciales de alto impacto.

Los vecinos afirman que, mientras ellos cumplen con el pago de altos impuestos inmobiliarios correspondientes a esa clasificación, en el barrio se registra la proliferación de estos establecimientos que generan niveles elevados de polución sonora, que persisten de manera habitual hasta la madrugada. A esto se suman problemas de salubridad pública derivados de la acumulación de basura en las calles colindantes a los negocios.

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Asimismo, advierten de dificultades en la movilidad urbana debido al estacionamiento incorrecto de vehículos sobre las aceras peatonales, lo que interrumpe el libre tránsito y bloquea los accesos de los garajes particulares. Mencionan como agravante la presencia de cuidacoches y la emisión constante de humo u olores a través de chimeneas que no cumplen con los requisitos técnicos de filtrado.

Los pobladores de Las Mercedes sustentan su reclamo en los artículos constitucionales que garantizan el derecho a la calidad de vida y a un ambiente saludable. Los residentes exigen la aplicación inmediata del artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal que, aseguran, faculta a la Intendencia a ordenar la clausura preventiva o inhabilitación de los locales infractores.

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El perímetro afectado por la proliferación comercial abarca el cuadrante comprendido entre las avenidas España y Perú y las calles Defensa Nacional y General Santos. El petitorio exige suspender el otorgamiento de nuevas patentes comerciales en dicho sector urbano. De igual modo, los vecinos requieren controles nocturnos rigurosos mediante la utilización de decibelímetros debidamente calibrados y certificados.

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Como medida de presión política, la organización barrial convoca a una movilización pacífica para mañana miércoles, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción. El objetivo de la convocatoria es exponer la problemática ante los concejales y conseguir un dictamen legislativo que ordene el cese de las actividades irregulares.

Debate técnico: gentrificación o “subida de estándares”

En conversación con ABC, la arquitecta Melina Pekholtz sostuvo que Las Mercedes sufre un incipiente proceso de gentrificación, que incrementa el valor del suelo mediante el desplazamiento de los habitantes originales. Advirtió que la sustitución de comercios históricos por locales orientados al consumo “global” destruye la identidad de los barrios.

Frente a estas críticas, el jefe de Uso de Suelos de la Municipalidad, Carlos Schroeder, rechazó el diagnóstico de gentrificación y afirmó que se trata de una subida de estándares. Aseguró que el proceso es positivo debido al desarrollo comercial impulsado por la demanda universitaria y gastronómica.

Respecto a las molestias reportadas, el representante municipal deslindó la responsabilidad de su departamento y argumentó que existe un abuso por parte de ciertos locales nocturnos. El funcionario señaló que las tareas de control corresponden a la Policía Municipal Fiscalizadora.

Schroeder había defendido la sustitución de casas antiguas, por torres de departamentos, afirmando que la arquitectura moderna ejerce un filtro de seguridad. Declaró textualmente que el edificio trae vivienda al barrio y no “gente vai”.

Se repite así la larga práctica del Partido Colorado de afiliar en forma fraudulenta a las personas inscriptas en el Padrón Electoral. Esta práctica queda en evidencia cada vez que la ANR pone su padrón partidario a disposición de la ciudadanía en su sitio web con miras a las elecciones municipales o generales.

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Ayala Amarilla dijo que, por esta razón, presentó una nota a la ANR exigiendo su desafiliación y reservándose el derecho de accionar judicialmente si su solicitud no prospera.

“El fraude y las diversas formas de manipulación electoral propias del partido de gobierno tienen muchas manifestaciones”, advirtió.

“Les recomiendo que verifiquen sus nombres; si figuran de forma irregular, háganlo público y soliciten su exclusión. Este tipo de hechos, además de ser una ofensa para quienes siempre hemos militado en la oposición, debería ser investigado a profundidad por el Ministerio Público”, exigió.

En su nota dirigida a Horacio Cartes, presidente de la ANR, Amarilla advierte que, de procederse a lo solicitado con la mayor brevedad, se verá en la obligación de iniciar las acciones legales que en derecho le corresponden ante la Justicia para obtener la exclusión judicial

Así también, advierte a Cartes que formulará la denuncia penal ante el Ministerio Público para la investigación y castigo de los responsables de este hecho, “el cual configura a primera vista un hecho punible contra los órganos electorales y la fe pública”.

Para el doctor Felino Amarilla, la forma en que se manejó el proceso es, cuando menos, cuestionable. No ocultó su extrañeza al observar cómo se procesaron los datos.

“Eso es muy llamativo, porque la Contraloría debería haber analizado directamente los documentos presentados por el presidente de la República. Él tiene una declaración jurada en el 2017, otra en el 2023 y otra en el 2025. Es decir, él tiene una serie de documentos presentados, todos ellos bajo la fe de juramento”, apuntó, sugiriendo que el ente contralor pudo haber actuado en complicidad con el Ejecutivo.

Uno de los puntos que mayor incertidumbre genera es la construcción de una lujosa residencia en San Bernardino, valorada en más de un millón de dólares. Amarilla plantea dudas sobre la titularidad del bien y la capacidad de pago del mandatario.

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“¿Cómo el Presidente Santiago Peña obtiene un crédito de 600 mil dólares del Banco Ueno para construir una residencia lujosa en San Bernardino, en un terreno que no es suyo?“, se preguntó.

Seguido añadió: “Hay escritura pública que dice que el Presidente de la República es propietario de esa finca, pero esa finca aparece en el informe a nombre de un señor Ruiz Díaz y de una señora esposa de Ruiz Díaz”.

Deudas con proveedores del Estado

Más allá de la propiedad, la estructura financiera del Presidente pone en evidencia una serie de relaciones con empresas que proveen servicios al Estado paraguayo.

Sobre esto, Amarilla es tajante al señalar lo que él denomina un riesgo sistémico. “A mi criterio, el Presidente de la República está en una colusión con proveedores del Estado que se benefician de las decisiones políticas tomadas por él”.

“Él es deudor de Ueno Bank y Ueno Bank es deudor del Estado paraguayo con los fondos del IPS. El Presidente le debe a la constructora Gómez Abente y Gómez Abente es contratista del Estado. Entonces no es un problema ético, es un problema de qué está pasando acá”, recordó.

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¿Crecimiento legítimo o enigma financiero?

El informe presentado por los opositores compara los inicios de Peña en la función pública con su llegada a la presidencia. Mientras que en 2017 su patrimonio neto era de 1.007 millones de guaraníes, en agosto de 2023 la cifra ascendió a 23.000 millones.

Para Amarilla, el Presidente tiene la obligación de demostrar que este crecimiento, que incluye la revalorización de acciones de la Serie K de Credicentro S.A., es sostenible en el tiempo.

“El Presidente Santi Peña tiene que pagarle a Ueno Bank 300 mil dólares. Hay que hacer el flujo de caja del Presidente Santi Peña porque es una obligación de él explicar cómo va a pagar. Porque si él no tiene forma de pagar, estamos ante la posibilidad de un soborno encubierto”, concluyó el doctor Amarilla.

MEF paga hoy a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF refiere que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La cartera económica señala que los desembolsos se realizarán por medio de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF), están habilitados para los funcionarios del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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La lista prosigue con los funcionarios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Igualmente, percibirán sus salarios los funcionarios del Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

El listado sigue con la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Cooperativismo, el Instituto Paraguayo de Artesanía, el Instituto Forestal Nacional, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

También están habilitados para cobrar los funcionarios de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Educación Superior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.

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Finalmente, el comunicado detalla que están habilitados para cobrar los servidores públicos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Dirección Nacional de Migraciones, la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios y el Instituto Superior Nacional de Música.

León detalló que la junta está compuesta por siete ediles colorados y cinco liberales. La sesión contó con once de los doce concejales presentes. La elección de Cristian León se confirmó por siete votos, una abstención y tres votos en contra.

La nota de renuncia fue presentada el viernes, detalló y refirió que los motivos que expuso el exjefe comunal fueron que se encuentra en periodo de campaña de cara a los comicios internos, con la intención de ser el candidato por el PLRA para las elecciones municipales.

El intendente interino manifestó que la renuncia responde a una “estrategia política”, debido a que el exintendente estaba en un proceso electoral y requerían que la intendencia permanezca en manos “aliadas”.

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Aprovecharon “descuido”

Arriola explicó que tomaron la decisión tras conversaciones en las que aseguraron dos votos de colorados disidentes en el contexto de las internas. El objetivo era no “darles oportunidad de reacción” al bloque colorado, que tiene mayoría en la junta municipal.

La renuncia fue presentada en un momento que no esperaban, sin que tuvieran un candidato definido para contrarrestar la propuesta de los liberales.

Para las internas coloradas, el candidato por el movimiento Colorado Añeteté es el concejal actual Celso Egidio Troche Casco. Además, compiten por Honor Colorado Aldo José Aguilera Rodríguez y, por Actitud Republicana, Ariel Velázquez.

Entretanto, por las internas del Partido Liberal, Arriola es candidato por Nuevo Liberalismo, contra Julio César Trinidad Bareiro, del movimiento Diálogo Azul.

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General Artigas

El distrito de General Artigas es el segundo más extenso de Itapúa, con una superficie de 1.530 km² y una población de 8.623 habitantes.

La ciudad está situada a 360 kilómetros de Asunción y a 80 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, sobre la línea del Ferrocarril Central del Paraguay.

La fecha para la celebración del aniversario del distrito fue adoptada en el año 1992, por una ordenanza. El municipio se fundó en el mes de mayo de 1789 y no existen registros precisos de la fecha exacta.

Por esa razón eligieron el 31 de mayo, puesto que en esa fecha del año 1985 se inauguró el servicio de abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público en la comunidad.

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Manifestó que el daño a las instituciones y a la imagen del país es tremendo debido a que toda una generación cree normalizado la impunidad y el hurrerismo.

“El daño es tremendo, ¿quién va a seguir estudiando, formándose?. Los jóvenes van a decir ¿por qué no nos dedicamos a la política no más, en hurrear y nos conformamos con un zoquete.? El mal ejemplo de los gobernantes es tremendo por que nos están sometiendo a una corrupción galopante”, dijo el diputado.

Emiliano Rolón también blanquearía

El diputado indicó que no le sorprendió el dictamen del examen de correspondencia que emitió la Contraloría General de la República por que el contralor Camilo Benítez ya había pre opinado a favor del presidente Santiago Peña.

“No nos sorprende por que él ya había preopinado que Santiago Peña era inocente. Ya sabíamos cuál iba a ser la respuesta”, sostuvo el diputado liberal.

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Agregó que el Ministerio Público también blanquearía al presidente por que el fiscal general Emiliano Rolón ya adelantó que no tenía peritos y que aguardaría el examen de correspondencia de la CGR para seguir con su investigación.

“La fiscalía va a decir el mismo camino, si Emiliano Rolón nos dijo que no tenía peritos y que esperaban a la Contraloría. Va a seguir el proceso de blanqueo a Santiago Peña“, dijo el diputado.

En la madrugada del sábado, Dionicio Vázquez, consumía bebidas frente a una bodega del barrio, en compañía de unos vecinos, cuando pasó por el sitio Báez a bordo de una moto.

Alguien del grupo lanzó un objeto a Báez, quien perdió el equilibrio y cayó en medio de la calle con su motocicleta. Este al verse superado en número montó nuevamente el biciclo y regresó junto a su jefe para informarle aparentemente que no pudo efectuar la entrega a causa de una agresión.

Miranda tomó un machetillo y junto a Báez abordaron nuevamente la moto y regresaron hasta la bodega para ajustar cuentas con los jóvenes. Al llegar al sitio repartieron golpes y estocadas, hasta que finalmente el presunto capo encaró a Vázquez, le tiró un par de golpes con su arma hasta que la víctima cayó boca arriba en la vereda, donde sufrió el golpe mortal.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cuando el joven sufrió una puñalada en medio del pecho, lo que acabó con su vida en cuestión de minutos, mientras que los atacantes aprovecharon la desesperación de los otros para escapar del sitio.

Manifestación de vecinos, tras crimen en Guarambaré

En la noche del lunes centenares de vecinos se reunieron frente mismo a la base del Grupo Lince de la Policía, que está ubicada en medio del barrio San Miguel, los pobladores exigieron justicia y denunciaron que los agentes del orden reciben dinero a cambio de brindar protección a los narcos.

Los vecinos aseguraron que pese a la presencia de los Lince, el barrio está completamente bajo el control de los distribuidores de drogas. En medio de la protesta, los familiares del jóven asesinado exigieron justicia en medio de llantos lo que exaltó el ánimo de algunos jóvenes que reaccionaron atacando a pedradas el cuartel policial.

Igualmente los jóvenes intentaron prender fuego a las motocicletas y otros vehículos que estaban estacionados en la base del Grupo Lince, pero la oportuna intervención de las madres calmaron los ánimos y las cosas no pasaron a mayores.

Anuncian movilización ciudadana ante inacción policial en el barrio San Miguel de Guarambaré

Finalmente esta mañana se presentaron los presuntos asesinos en la comisaría 22° Central de la ciudad de Guarambaré, donde fueron detenidos y luego por disposición del Ministerio Público ambos fueron llevados por precaución a la comisaría 12° de la ciudad de Itá.

Algunos vecinos aseguran que tanto Miranda como su presunto cómplice Báez se presentaron ante las autoridades por orden de sus jefes, que serían traficantes de mayor poder que operan en la región, pues la situación generada tras el crimen, incluyendo la movilización de vecinos llenó de policías la ciudad, situación que no es propicia para que los narcos puedan seguir con sus negocios.

“IPS no es beneficencia”: en Villa Santo Domingo, viviendas se ocupan gratis desde 2012

Tras años de negligencia y procesos judiciales estancados, las autoridades del seguro social han decidido intervenir para recuperar el patrimonio de los jubilados, marcado por ocupaciones irregulares, cánones irrisorios y una gestión judicial calificada por Isaías Fretes, presidente del IPS, como ineficiente.

Villa Santo Domingo, un patrimonio subutilizado y en litigio

El inventario presentado ante el Consejo revela un panorama crítico. De las 40 viviendas del complejo, 26 casas se encuentran en procesos judiciales iniciados hace más de una década; 11 están arrendadas con contratos actualizados recientemente y el resto se destina a dependencias institucionales como el Centro de Regulación Médica y Gestión de Ambulancias (CAMIPS) y Medicasa.

Durante la sesión, los consejeros expresaron su frustración al analizar la falta de avances en los desalojos y la recuperación de deudas, señalando que el principal obstáculo reside en la ineficiencia del Poder Judicial, donde los juicios ejecutivos se prolongan durante años sin una resolución definitiva.

“Justicia” en los cánones y el futuro del predio

Gladys Vera, gerente Financiera del IPS informó que, desde abril de 2026, se notificó a los arrendatarios un cálculo actualizado de los alquileres —promediando G. 1.4 millones—, ajustado al valor de mercado, ya que anteriormente se pagaban montos “irrisorios” que no habían sido actualizados en una década.

Vera explicó que en algunos casos, los montos apenas son de entre G. 600 mil a G. 800 mil, aclarando que son de vieja data. “Se hizo el cálculo de cuánto deberían de pagar hoy y se les notificó para regularizar la situación. La última notificación es del 25 de abril del 2026, conforme al precio del mercado”, indicó.

Hugo Díaz, director de Inversiones detalló que tras la notificación, se brindó un plazo de cinco días y que en ese tiempo una sola persona respondió aceptando el canon actual remitido por el IPS. “Tenemos que ir pensando en la venta de toda esa zona que es muy costosa. Nuestra renta es muy baja; creo que una venta del terreno o una construcción de otro tipo va a rendir mucho más”, señaló el consejero Jimmy Jiménez.

¿Bastarán los cambios para frenar la crisis en IPS? Los nombres detrás de la reestructuración de Isaías Fretes

El consejero José Jara Rojas sugirió ir más allá de la vía civil tradicional e iniciar sumarios administrativos a aquellos funcionarios activos del IPS que ocupan inmuebles de la institución y mantienen deudas en sus obligaciones como locatarios.

Exigencia de responsabilidades

El presidente del IPS, Isaías Fretes exigió un informe detallado sobre el estado de cada uno de los 26 juicios en proceso y cuestionó duramente la actuación de los abogados encargados de las causas judiciales. “Quiero saber quiénes son los abogados encargados de esto para individualizar a ese profesional; si el inconveniente ha sido por una falta de diligencia, tomaremos las medidas”, sentenció.

La Villa Santo Domingo se encuentra dentro del distrito de Santísima Trinidad. Su territorio está delimitado por las calles y avenidas Doctor Manuel Peña y avenida Santísimo Sacramento.

Durante la sesión, el director de Inversiones, Hugo Díaz, recordó que el predio de la zona de Santo Domingo proviene de un terreno de 49 hectáreas adquirido por el IPS en 1945 por un valor irrisorio de G. 138 mil.

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Diaz explicó que, de esa superficie original, 10 hectáreas fueron vendidas al Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que el resto fue distribuido entre diversos proyectos e instituciones, tales como el FIPSA (actualmente alquilado al Club Olimpia), el Parque de la Salud, el Parque Urbano y el laboratorio de producción.

El Consejo concluyó que, antes de desarrollar cualquier proyecto estratégico en el lugar —que se perfila como una zona clave para futuras expansiones del Hospital Central—, es imperativo sanear la situación legal del predio.

En sus alegatos conclusivos los defensores públicos María Fernanda Laíno y Carlos Arce Letelier afirmaron que toda la hipótesis fáctica del Ministerio Público cayó, debido a que se violó la cadena de custodia de los celulares incautados a las acusadas, en el Laboratorio Forense de la Fiscalía, ya que según la propia declaración del perito Rubén Fleitas, los aparatos quedaron conectados en el lugar, sin ninguna supervisión.

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Arce Letelier afirmó que el profesional, a quien calificó como el “perito estrella del Ministerio Público”, mintió durante su declaración en el juicio oral y que su informe técnico no puede ser valorado, no solo porque se violó la cadena de custodia, sino debido a su clara falta de idoneidad para el trabajo pericial, según expresó el defensor.

“Nos pasamos cinco o seis meses escuchándole a Fleitas, en todo lo que decía se contradecía. Tan bochornoso fue su exposición que la Fiscalía ni siquiera lo mencionó (en sus alegatos finales)”, resaltó Arce Letelier en parte de sus alegatos finales.

Comparó con Hernán Rivas a perito del caso Ana Girala

El defensor público que representa a dos de las acusadas en la presente causa incluso comparó al perito Rubén Fleitas con el exsenador colorado Hernán David Rivas Román, señalando que el hecho de que cuente con varios certificados no lo convierte en técnico perito ni mucho menos en alguien idóneo para extraer los datos de un teléfono celular y realizar el análisis de los mismos.

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“Durante el desarrollo de su exposición quedó más que claro que el señor Fleitas no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por nuestra legislación que lo equipare para que él sea idóneo. La idoneidad no se mide por el cartón sino por la capacidad de resolver problemas y exponer el trabajo que realizó, y eso no lo pudo hacer”, remarcó el letrado.

Finalmente, junto a su colega defensora pública María Fernanda Laíno solicitaron la absolución de culpa y reproche de las acusadas Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, con el argumento que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez no han logrado probar ninguno de los hechos por los que piden que ambas encausadas sean condenadas.

El juicio oral y público continuará el próximo martes 2 de junio, desde las 8:00, con la presentación de los alegatos finales de las defensas de los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles; según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside Yolanda Morel e integran Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón.

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Fiscalía pide 12 años de cárcel para Ana Girala

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez piden que Ana Girala sea condenada a 12 años de cárcel por asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, todos en calidad de autor.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en 22 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles, para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

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Para la Fiscalía estos tres letrados cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

Al respecto, el legislador fue abordado hoy por la prensa y primeramente contestó que “es una manera coloquial de hablar con alguien que es dirigente del partido”.

“Yo acostumbro siempre a hablar con los dirigentes en una manera bastante amigable. No me arrepiento en el sentido de haber hablado con él de esa manera, como hablo también con muchos otros dirigentes. Soy un dirigente, así como me ven acá, senador, a lo mejor con saco y corbata, soy un dirigente del Partido Colorado de calle", mencionó.

En lo que refiere a la contratación del hermano del operador político aseguró que no hubo orden de servicio para iniciar los trabajos, por lo que el contrato no se llevó a cabo “por A, B o C motivo” que debería ser consultado a la Itaipú Binacional.

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ZI consulta “en cualquier institución”

Como parte de su defensa reiteró que el contrato no contaba con orden de servicio y precisó que tampoco “recomienda” a personas.

“No hay autorización de servicio, no existe, tienen que preguntar bien, saber bien. No existe orden de servicio, sencillo. A veces consulto en cualquier institución del Estado situaciones en la que se encuentra alguna persona, a veces no es correligionario e igual consulto", agregó.

Incluso sostuvo que “no abogué, no solicité su contratación” en referencia a Sánchez o su hermano, mientras que también dijo que el operador “no tiene ni tuvo vínculo laboral con Itaipú Binacional”.

“Casi, casi es casi porque no se concretó. ¿Por qué mi hermano? (Justo Zacarías) habla poco con relación a temas políticos, yo no consulto mucho con él“, subrayó.

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Aliado contratado en Itaipú

Por otra parte, en referencia a un aliado suyo que sí está contratado en Itaipú, Silvio Darío Morel López, manifestó que su orden de servicio se dio antes de que asuma el Gobierno de Santiago Peña.

“Silvio Morel está contratado desde la época de Mario Abdo Benítez, desde el 2022; pregúntele a Mario Abdo. Son medias verdades que confunden a la ciudadanía. Hay dos verdades, el hermano de Osvaldo Sánchez no tuvo ni fue funcionario de Itaipú Binacional y Silvio Morel desde el 2022 está en Itaipú. ¿Dónde está el delito, qué hay de malo?“, cuestionó, dando a entender que poco o nada le preocupan los cuestionamientos hacia su actuar y figura.

Finalmente, se defendió diciendo que “no cometí ningún hecho irregular, no solicité nada fuera de lugar a nadie y no cometí ningún hecho que atente contra la ley o la Constitución Nacional”, tanto así al punto de que supuestamente la filtración del audio le “beneficia” porque supuestamente demuestra que “Javier Zacarías, yo, o mi hermano, no nos prestamos a la extorsión, al chantaje o manipulación política de nadie”.

“Por eso ocurrió lo que ocurrió, o si no Osvaldo Sánchez no hubiera mostrado la grabación si él estaba feliz, contento, y si su hermano estaba contratado, él hubiera estado en nuestro movimiento y hoy ya no está en nuestro movimiento; Osvaldo Sánchez se fue ofuscado, enojado, porque no consiguió lo que quería”, sentenció mientras se despedía de la prensa aunque en eso también contestó sobre la “deuda de 7.000″ que se escucha en el audio y la calificó como “disparate”.

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Corte insta a jueces a estar “atentos y vigilantes” ante pedidos de la Fiscalía

En la sesión plenaria ordinaria de la máxima instancia judicial de hoy, presidida por Alberto Martínez Simón, lo que empezó como el anuncio de una jornada de capacitación, siguió como un cuestionamiento general hacia el Ministerio Público y terminó con una crítica directa al fiscal que investiga el fraude denunciado por el propio CM.

Capacitación de la Corte Suprema de Justicia

El primero en abordar el tema fue el ministro Víctor Ríos Ojeda, quien recordó que presentará el módulo de especialización en razonamiento probatorio, el jueves en el Palacio de Justicia de Paraguarí y el viernes, en San Juan Bautista, Misiones.

“Vamos a estar hablando específicamente de la importancia de los estándares probatorios en la práctica judicial y cuando digo judicial, incluyo también al Ministerio Público. Necesitamos que tengan estándares, en el sentido de pautas de actuación para imputar, para pedir sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo o de lo contrario caemos siempre en el ámbito de la arbitrariedad”, explicó.

A continuación, Ríos Ojeda expuso la necesidad de que la ciudadanía conozca las pautas mínimas para la imputación y la necesidad de dar a conocer reglas básicas que aporten mínima seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas.

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A modo de ejemplo, comentó el caso de un abogado que le comentó que cuando consultó a un fiscal la razón porque no imputó a otras personas involucradas en un caso, este le contestó: “porque yo no quiero”.

“Entonces es complicado”, dijo el ministro de la sala constitucional, para luego pasar a referirse al caso denunciado por el Consejo de la Magistratura.

Jueza imputada dice que no pudo acceder a carpeta fiscal

“Hoy no más le recibimos a una magistrada que recibió la información de su imputación a través de los medios de comunicación, de la tapa de un diario, y hasta hoy el fiscal no se digna en presentale la imputación”, dijo Ríos, tras resaltar que hasta la fecha, a una semana de su imputación, la jueza no pudo acceder aún a la carpeta fiscal, pero ya recibió el “escarnio público”.

“Entonces la pregunta es: ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales? ¿Primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después cuando se le antoja, comunica la imputación a la persona afectada? Es más, la magistrada nos estaba comentando que vino a pretender conversar con el agente fiscal y este le hizo esperar hasta las 15:00, desde las 08:00 y no la recibió nunca. Por lo tanto, la pregunta es, si este es el trato que le dan a una magistrada, obviamente no generalizo, algunos agentes fiscales tratan de esta manera a una magistrada, uno se imagina cómo ha de ser el trato a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes", agregó Ríos.

Ríos Ojeda “disparó” contra fiscal

A partir de ahí, siempre tomando por cierta la versión de la magistrada imputada, el ministro Víctor Ríos ya le puso nombre al reclamo y disparó: “Por lo tanto, le quiero decir al doctor Guerrero, creo que es el apellido del fiscal, Leonardi Guerrero, que ni Federico el Grande de Prusia se la creyó tanto”.

“Porque Federico el Grande, según esta historia, le comunicó al dueño de un molino que quería comprarle su molino:“Me molesta su molino, me va a tener que vender usted” y ¿Por qué? Porque me molesta su molino. Y le dio la posibilidad al dueño del molino de decidir y cuando le dijo el dueño que no, le dijo: “Mire que soy Federico el Grande”, y le contestó: “Sí, pero hay jueces en Berlín que me van a proteger”. No hay jueces en Berlín que te protejan si están siendo de esta manera manoseados por agentes fiscales", expresó Ríos.

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Finalmente, reiteró la versión de la jueza de que supuestamente no ha accedido aún a la carpeta fiscal y recordó al fiscal general del Estado Emliano Rolón, que así como cuando él u otro agente fiscal es recibido con deferencia por los ministros, también es necesario un “mínimo gesto de reciprocidad” hacia los integrantes del Poder Judicial.

Ramírez Candia insta a no confirmar a responsables de situaciones irregulares

Posteriormente, el ministro Manuel Ramírez Candia se sumó al reclamo de Ríos y recordó que estas situaciones irregulares deben ser consideradas al momento de estudiar la confirmación o no de los fiscales.

“(...) esta Corte es responsable por la designación de estos agentes fiscales y creo que estas actuaciones irregulares hay que tener en cuenta, registrar y tener en cuenta al momento de la confirmación; porque de nada sirve que hagamos un reclamo de estas actuaciones irregulares y después, posteriormente llegado el caso, confirmemos a estos funcionarios”, resaltó Ramírez.

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A su turno, el ministro Gustavo Santander Dans repitió la versión de la jueza de que supuestamente hasta hoy la Fiscalía no le permitió el acceso a la carpeta fiscal del caso.

“(...) ella manifestó que todavía no pudo acceder pese a la insistencia, hoy tuvimos otra reunión y dijo que aún no pudo acceder y realmente, ¿cómo ella puede defenderse de algo que no conoce?“, agregó Santander.

Imputados por supuesto fraude, tras denuncia del Consejo de la Magistratura

La magistrada a la que se refieren los ministros es Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada el pasado por supuesta producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en calidad de autora, al igual que la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Paola Irala Leite, el asistente fiscal de Coronel Oviedo Adán Fredy Rolón Villareal y el exmagistrado judicial Mario Brítez Ruiz Díaz.

También son investigados por la presunta comisión del mismo delito, pero en calidad de cómplice, el funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto Quintana y como instigador, el funcionario de la Escuela Judicial. Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria.

Imputan a jueza y funcionarios por supuesta adulteración de documentos para aumentar puntajes en ternas

Estas personas fueron imputadas por Guerrero por presuntamente manipular certificados y constancias utilizados en concursos públicos del Consejo de la Magistratura (CM), con el objetivo de inflar puntajes a postulantes, según denuncia presentada por el CM.

Para los cartistas como el diputado Yamil Esgaib, “no está mal eso, completamente al contrario, pero yo le felicito por recibirle en su casa a un correligionario y escucharle".

Se le aclaró que los audios y la documentación posterior confirman que Zacarías Irún no solo lo “escuchó”, sino que efectivamente operó tal como se había ofrecido, como “secretario” para conseguir un contrato de Itaipú para el hermano del candidato, Avilio Gumercindo Acuña Jara.

La Autorización de servicio (A.S.) de Itaipú se firmó al día siguiente de la reunión, pero posteriormente se frenó debido a que Sánchez cortó con el clan Zacarías.

Esgaib mencionó que “es normal que uno trate de ayudar a los correligionarios” y que incluso él lo hace. De hecho, en el caso de Esgaib no solo - según confesó - “ayuda” a sus correligionarios, sino a su hija, Magida Esgaib, bachiller que fue contratada sin concurso, sin escalafón diplomático y con un millonario salario en la embajada paraguaya en el Reino Unido.

Ni siquiera al ser increpado por su descarada defensa a la práctica prebendaria, demostró un mínimo atisbo de moralidad, diciendo que es su rol hacer los pedidos, y que “es responsabilidad del administrador” ceder o no a los pedidos.

“A mí no me afecta y no voy a cambiar. Yo siempre voy a tratar de ayudar al correligionario, a la gente que se mata por mí en la campaña y viene a tocar mi puerta, ¿cómo no le voy a recibir?“, dijo Esgaib.

Pese a audios claros, Rodrigo Gamarra habla de “fake news”

El diputado cartista Rodrigo Gamarra alegó que los audios cuya veracidad no negó ni el propio Javier Zacarías Irún son un “fake news” (noticia falsa) y que, supuestamente, el que no hace lo mismo que él, es decir, operar a favor de sus dirigentes, no es político.

“El dirigente que no recibe pedidos de trabajo, ayuda, gestiones u oportunidades, probablemente no representa a nadie”, afirmó Gamarra intentando justificar el pecheo de cargo.

De hecho, la postura de Gamarra no extraña, ya que ubicó a su hermano Félix Arturo Gamarra Krayacich como funcionario en la Embajada en Emiratos Árabes Unidos y a su primo y precandidato a intendente de Villeta, Juan Luis “Trini” Alberto Gamarra como miembro de Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).

“¿Qué hace Javier? Lo que hace cualquier dirigente político todos los días, escuchar reclamos, recibir pedidos y ofrecerse como gestor para tratar de ayudar. Para ser tráfico de influencias, debería nacer de él (Javier) algún pedido y coacción hacia un funcionario o ente público para obtener un beneficio indebido propio", alegó Gamarra.

En este caso, el beneficio era claro y lo admiten en el propio audio, hacer que el operador político trabaje por la campaña proselitista del clan Zacarías, pero financiado con fondos de la binacional.

Según Aguilera, Zacarías Irún es la “víctima”

Para el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera invirtió la culpa, y pretendió pintar al senador cartista Javier Zacarías Irún como la “víctima”.

“Aquí lo que hay es un personaje que se fue a querer extorsionar a un senador y encima lo cuenta alegremente. Y al final, el malo de la película es un senador (Javier Zacarías) o un director de una entidad binacional (Lucho” Zacarías) que no concretó absolutamente ningún hecho”, afirmó Aguilera.

Esto es una falacia, ya que al día siguiente de la reunión, Lucho Zacarías firmó la Autorización de Servicio (A.S.), pero luego se frenó debido a que finalmente el candidato se cambió de carpa.

“Ninguno se salvaría”, alega Del Puerto

El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto por su parte apeló a la generalización, diciendo que posiblemente ni uno de los 80 diputados se salvaría de incurrir en la práctica del clan Zacarías Irún.

“Es un tema netamente electoral. Si es que nosotros nos guiamos por qué dirigentes nos llevan o nos ayudan en un proceso electoral. Bueno, creo que ninguno de los 80 nos salvamos acá. O sea, es normal este tipo de trato”, dijo Del Puerto.

Al ser insistido si es normal que se ofrezcan cargos a cambio de apoyo proselitista, Del Puerto trató de suavizar, diciendo: “Nosotros tenemos que reconocer que recibimos todo tipo de pedidos, de espacios laborales y que nosotros de repente vemos la posibilidad de gestionar alguna posibilidad de informarle sobre algún llamado a concurso en alguna institución, pero principalmente lo que recibimos son pedidos comunitarios".

Se trataba de una cría de “Yapok” o “Y’apo”, cuyo nombre científico es Chironectes minimus. En Argentina y Brasil lo conocen como “cuica de agua” y en Venezuela como “faro de agua”, por sus ojos que brillan de noche.

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“Es la única especie de marsupial acuático, los encuentros son extremadamente raros y se desconoce su estado de conservación, fíjense en las patas palmeadas”, destacó Recalde al mostrar el video.

El especialista agregó que su nombre en guaraní, “Y’apo”, viene de “y” agua y la raiz “apo” de “hacer”, por lo que una traducción sería “el que trabaja en el agua”.

Se desconoce si el animal fue rescatado y trasladado hasta un sitio seguro, pero al tratarse de una cría, muchas personas señalaron la importancia de protegerlo.

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Una especie “potencialmente vulnerable” en la región

Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Argentina, este animal habita en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú y norte Bolivia. Además, en el este Paraguay, sudeste de Brasil y noreste de Argentina y Uruguay.

Tiene costumbres nocturnas, solitarias y hábitos semiacuáticos. De día generalmente se oculta en cuevas, de unos 0,5 metros de profundidad, que construye en las márgenes de los cursos de agua justo por encima del nivel de la corriente. También suele descansar en nidos que construye con hojas y pasto sobre el suelo al lado del agua.

En países vecinos esta especie está declarada como “potencialmente vulnerable” o de “preocupación menor”. En Uruguay incluso es “muy vulnerable e insuficientemente conocida”.

El comisario principal Pedro Giménez, jefe de la Comisaría 4ª, explicó que los empleados de la distribuidora Renacer, Édgar Cantero y una compañera de trabajo, fueron interceptados por ocupantes de un automóvil Kia Río, color blanco, cuando se dirigían a un banco para realizar depósito de G. 185 millones.

Según el relato de las víctimas, del vehículo descendieron tres hombres armados con armas largas, quienes se apoderaron del dinero que transportaban para luego huir del lugar. El monto robado aún se desconoce.

El jefe policial explicó que, debido a que en la zona ya se realizaba un rastrillaje tras el millonario asalto ocurrido poco antes contra un funcionario de la importadora Vía Brasil, agentes policiales lograron ubicar a los sospechosos sobre la avenida Perú.

A partir de allí se inició una persecución que se extendió hasta el kilómetro 12 Acaray, donde los delincuentes abandonaron el automóvil utilizado inicialmente y continuaron la fuga a bordo de un Toyota Vitz.

Durante la huida se produjo un intercambio de disparos con los intervinientes hasta que capturaron Juan Carlos Gaona García, uno de los delincuentes más buscado de la zona Este del país. También es requerido por la Justicia brasileña por un hecho de homicidio.

Del poder del detenido fue incautado un fusil calibre M4, además de un fajo de billetes que totalizó G. 10 millones.

Tras la captura de Gaona, los investigadores localizaron a otros miembros de la banda en una vivienda. Allí detuvieron a César Leonardo Ramírez, Diego Ocampos González y César Adrián Britos Estigarribia, quien habría actuado como rescatista luego del asalto. Durante este segundo procedimiento, recuperaron G. 47.900.000.

Dos buscados por asalto mortal

Juan Carlos Gaona García, quien sería el líder de la banda, y César Leonardo Ramírez, registran orden de captura por el asalto registrado el pasado 23 de marzo en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde fue asesinado el guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro (51).

En aquel atraco, ocurrido entre las 08:43 y 08:45, tres delincuentes armados ingresaron al establecimiento y uno de ellos disparó contra el guardia de seguridad, quien recibió dos impactos de bala y falleció en el lugar.