La denuncia refiere una amenaza “explícita y grave” en la que el presunto autor habría señalado que realizaría un “allanamiento armado” con el riesgo de que personas resultaran heridas o incluso muertas.

Los mensajes atribuidos al ahora imputado incluían una intimación a las autoridades del colegio para que entregaran las llaves de una propiedad ubicada sobre la calle Azara, así como la transferencia de fondos “bajo inventario” y movimientos vinculados a cuentas bancarias a favor del remitente.

Pocas horas después de conocida la denuncia, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el centro de la capital, donde residía el sindicado, según la información del procedimiento.

Ordenan detención del hombre que amenazó con “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

Durante el operativo, las autoridades concretaron la aprehensión del hombre e incautaron varios chips de telefonías, elemento que será relevante para la trazabilidad de la comunicación.

Además de imputarlo, la fiscal Velázquez solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva del imputado.

Presunto trasfondo de las amenazas

Según el informe proporcionado por la Comisaría 2ª de Asunción, Ferreiro Román realizó las amenazas luego de ser desalojado el miércoles 15 de abril de un edificio ubicado sobre la calle Azara Nº 2250 y cuyos propietarios son los mismos del Colegio Cristo Rey.

Colegio Cristo Rey recuerda 50 años de la intervención stronista

Para las internas, el elector simplemente debe A) conocer su local de votación, B) hacer fila en su mesa correspondiente, C) entregar su cédula y D) recibir la papeleta única de votación para dirigirse al cuarto “oscuro”.

Dónde votar y en qué web practicar

Para conocer el local de votación para las internas de la ANR el 7 de junio está este enlace.

En tanto que para conocer el local de votación de la interna del PLRA el 7 de junio está este enlace.

Para practicar con el simulador de votación, con datos de listas reales y las fotografías de los candidatos de las internas del 7 de junio, la Justicia Electoral habilitó este enlace.

Para saber el local de votación en el Registro Cívico Permanente (RCP) en las elecciones municipales del 4 de octubre está este enlace.

Desde el cuarto oscuro

En el cuarto oscuro encontrarás la máquina de votación.

La Justicia Electoral en sus videos instructivos en español y en guaraní, divulgados en sus redes sociales, señala que la manera de habilitar la máquina de votación es introduciendo el boletín en la ranura (Paso N°1).

Seguidamente, se desplegarán los candidatos a intendente y ahí también está la opción de voto en blanco, esto salvo que el Partido no tenga candidato, como el PLRA en Asunción. Tras elegir una opción (Paso N° 2), luego se te desplegarán los candidatos a la Junta Municipal.

En este punto el elector debe elegir la lista de candidatos a la Junta Municipal o votar en blanco (Paso N° 3).

Dentro de la lista están los candidatos propuestos por el partido o la organización política, en que el votante tiene que dar su voto de preferencia a uno de los candidatos. (Paso N° 4).

Una vez terminado, el elector puede modificar su voto apretando la opción “modificar” (Paso N° 5, opcional).

Si el votante finalmente está seguro de su voto, aprieta imprimir su selección (Paso N° 6). Ahí se le desplegará primeramente cómo le va a aparecer en la boleta ya impresa. La manera de verificar su voto es acercando el chip al lector (Paso N° 7).

Una vez verificado el voto, se dobla el boletín (Paso N° 8), se acerca a la mesa y se le entrega la papeleta al presidente de mesa para que la firme. El elector accede a la solicitud de entintarse el dedo (Paso N°9) y -tras secarse el dedo con un papel- se introduce la papeleta dentro de la urna plástica (Paso N° 10).

Internas del PLRA

En el caso de las internas del PLRA las cosas se complican porque el afiliado tiene que elegir a 11 candidatos en caso de ser menor de 30 años, esto incluye intendente, concejal y 10 autoridades partidarias y las juventudes liberales.

Las opciones son:

1. Intendente
2. Lista de concejales (voto preferente)
3. Presidente, vice 1° y vice 2° del PLRA
4. Directorio Nacional (voto preferente)
5. Directorio Departamental (voto preferente)
6. Comité Local (voto preferente)
7. Convencional (voto preferente)

Para afiliados con menos de 30 años se suma:

1. Presidente, vice 1° y vice 2° de la JLRA
2. Conducción Nacional de la JLRA (voto preferente)
3. Representante Departamental de la JLRA (voto preferente)
4. Miembro filial de la JLRA (voto preferente)

San Lorenzo: obra parada hace más de seis meses

Los afectados mencionan que no encontraron apoyo de las autoridades municipales, así como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Avenida De la Victoria sigue en lamentables condiciones

Mencionan que ya no saben a quién recurrir, ya que el abandono y la notoria falta de mantenimiento se evidencian en el pésimo estado de los tramos.

En Reducto, emplazan a reparar Avda. de la Victoria

De acuerdo con las denuncias, la vía se encuentra prácticamente intransitable, con sectores que dificultan tanto el paso vehicular como peatonal. A esta situación se suma el malestar de los transeúntes, quienes expresan su descontento por la falta de respuestas a los reiterados reclamos.

“¿Para qué reclamar más si nadie escucha?”, lamentó un frentista.

Reducteños exigen al MOPC respuesta por la avenida La Victoria

Los vecinos señalan además que la Municipalidad de San Lorenzo, lejos de ofrecer una solución definitiva, se limita a arrojar escombros, basura y materiales inservibles sobre la avenida, lo que, afirman, no solo enlentece el tránsito, sino que también ocasiona daños a los vehículos.

A cuatro meses del plazo para el fin de las obras, la avda. La Victoria sigue totalmente destruida

Al respecto, Milton Velázquez, vecino de la zona, agregó que el problema vial se ha ido incrementando. “Es cada vez más crítico este camino. Lo más grave es que, al estar en pésimo estado, afecta el paso de las ambulancias porque esta arteria es camino del Hospital Pediátrico. Además del paso lento en horarios pico”, cuestionó.

Avenida La Victoria de San Lorenzo, en deplorable estado

Otro de los problemas señalados es la precariedad del sistema de desagüe pluvial. Según los denunciantes, no tiene un buen mantenimiento a lo largo de todo el tramo.

A esto se suma la situación del desagüe cloacal, que no fue habilitado oficialmente, pero al cual varios vecinos se habrían conectado de manera irregular, generando filtraciones, malos olores y un ambiente insalubre en la zona.

Las obras realizadas hace seis años

La obra había sido adjudicada en dos tramos a distintas empresas. El tramo 2, de 3,364 kilómetros de longitud, estuvo a cargo del Consorcio CPV, integrado por las firmas Caldetec, Puntal y Vialsur, y representado por Luis Chamorro Arce, con un costo total de G. 58.038.878.748. Este sector abarca desde la intersección de la avenida La Victoria con la calle Arnaldo Bacigalupo.

En Reducto, emplazan a reparar Avda. de la Victoria

En tanto, el tramo 3, de 2,6 kilómetros, fue adjudicado a la empresa Tecnología del Sur S.A.E., representada por Solange Matilde Müller González, por un monto de G. 26.610.696.971. El trayecto intervenido se inicia en la intersección con la avenida Manuel Ortiz Guerrero y se extiende hasta el inicio del tramo 2.

Ambos tramos suman una extensión total de aproximadamente 5,9 kilómetros.

Ahora, el Ministerio Público dio a conocer que la fiscala Cleider Marlene Velázquez imputó al hombre por los hechos punibles contra la seguridad y la convivencia de las personas, y amenaza de hecho punible.

También se solicitó su prisión preventiva y según la denuncia presentada en fecha 16 de abril de 2026 por representantes de la institución educativa, hubo conocimiento de que la institución recibió mensajes de carácter extorsivo y amenazante vía WhatsApp.

Asimismo, los textos atribuidos al imputado hacen referencia a una intimación a las autoridades del colegio a hacer entrega de las llaves de una propiedad ubicada sobre la calle Azara, como también la transferencia de fondos bajo inventario y de cuentas bancarias a favor suyo.

Cae hombre que presuntamente amenazó con un “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

“Allanamiento armado”

Al respecto, la Fiscalía detalla que la amenaza explícita y grave en sí señalaba que presuntamente el hombre “realizaría un allanamiento armado donde pueden salir personas heridas o incluso muertas”.

Tras el conocimiento público del caso se realizó un allanamiento en la zona céntrica de Asunción y el sospechoso fue detenido, al igual que también se incautaron de varias tarjetas SIM.

Según unos datos provistos, el trasfondo del incidente no sería un ataque aleatorio, sino el resultado de un conflicto personal y legal que el ahora detenido supuestamente mantiene con los propietarios del colegio.

Ordenan detención del hombre que amenazó con “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

El planteamiento surge tras detectar que cerca de 1.600 profesionales matriculados habrían sido omitidos del listado oficial.

Berni fundamentó su postura señalando que, debido a su cargo, tiene la responsabilidad ética y legal de velar por la integridad del cuerpo electoral.

Según el escrito, el padrón actual registra 37.284 electores, una cifra menor a los 37.831 habilitados en el año 2023. Esta inconsistencia técnica representaría una exclusión injustificada de una parte importante de los nuevos abogados, afectando directamente la representatividad del estamento.

Convocan a elecciones de representantes de abogados ante Consejo de Magistratura

“Resulta jurídicamente inexplicable y fácticamente imposible que, habiendo prestado juramento más de 8.000 nuevos abogados en el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2023 y el 31 de marzo de 2026, el padrón sufra una contracción en lugar de reflejar un crecimiento natural”, sostiene el documento presentado.

De esos 8.000 nuevos abogados, gran parte ingresa al sector público y por ese motivo no pueden votar. Los restantes, que serían aproximadamente unos 1.600, son los que no figuran en el padrón electoral y se exige su inclusión.

En el escrito se solicita formalmente a la Corte que realice un cruce de datos entre el listado provisional y la base oficial de abogados matriculados. El objetivo es subsanar el registro de forma inmediata para asegurar un proceso justo y transparente.

Finalmente, Berni advirtió que la ausencia de estos profesionales en el padrón, y de no corregirse, debilita la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios y vulnera el derecho al voto de los abogados en un proceso clave para el sistema judicial.

El pedido fue en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del candidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

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Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Le indicaron que estarán “atentos” desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la solicitud de la fiscala Galeano ya fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis. Adelantó que se realizará un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano.

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Datos que la fiscala maneja

Sophia Galeano sostiene que existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados del intendentable. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la fiscala al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

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En su nota a Emiliano Rolón, la fiscala cita dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

También la fiscal pone al tapete un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el candidato promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.

En tanto que el candidato, desde sus redes sociales, emitió un escueto comunicado referente al tema.

“En estos días se dicen muchas cosas… y claro, se van a seguir diciendo. Pero yo elijo seguir donde siempre estuve con la gente", escribió Hugo Farías.

El hombre falleció de manera súbita, según indican desde la institución.

Su cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, a la espera de ser entregado a sus familiares.

Insólito caso: dan por muerto a un hombre y vuelve a respirar antes de ser trasladado a la funeraria

Se solicita a toda persona que pueda aportar información sobre familiares o allegados del fallecido que se acerque a la sede de la Fiscalía, ubicada sobre Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo, o que se comunique con la Morgue Judicial.

La estatal iniciará la rescisión del contrato antes del 30 de abril, fecha en que vence la décima prórroga, y ejecutará la garantía por más de US$ 3.050.000 del Banco Continental, según ratificó esta semana el presidente de la petrolera, William Wilka.

La empresa catarí presentó esta caución recién el 29 de diciembre del año pasado, pues su garantía original era una simple declaración jurada. En ese documento, la entidad bancaria se constituyó como garante a favor de Petropar y en nombre de la firma extranjera por el monto mencionado.

“Nos obligamos a pagar a la contratante, contra su solicitud escrita en la que se afirme que el proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma dentro de los límites de US$ 3.050.000, sin necesidad de que la contratante pruebe o acredite las razones que sustentan la reclamación”, señala la caución del Banco Continental.

Petropar ratifica que ya no dará prórroga a firma catarí: rescisión comenzará antes del 30 de abril

Petropar sigue sin recuperar garantías de otras compras fallidas de la era Jara

Sin embargo, pese a que la garantía presentada por Doha es a simple requerimiento, existen dudas de que la estatal logre efectivizar el cobro. Es que hasta ahora tampoco pudo recuperar las garantías de otras compras fallidas durante la gestión de Eddie Jara, como en los casos de la empresa AP SA, vinculada a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, y la firma emiratí Evolution Group FZ LLC, ambos judicializados.

En el caso de Lafarja, Petropar demandó ante un juzgado civil y comercial de la capital a AP SA para cobrar los US$ 1,5 millones correspondientes a la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de 70.500 metros cúbicos de gasoíl, por un valor máximo de US$ 51,5 millones.

El contrato fue rescindido porque AP SA no presentó la garantía de fiel cumplimiento ni entregó el carburante. En consecuencia, correspondía ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, presentada en forma de declaración jurada, mediante la cual la empresa se comprometía a pagar sin objeciones en caso de incumplimiento.

Petropar ya prepara rescisión con firma catarí, afirma titular de la estatal

El expediente se encuentra desde diciembre de 2023 en el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, que el 13 de febrero de 2024 admitió la demanda. Desde entonces, el proceso sigue sin resolución.

A medida que avanzó el caso, Lafarja presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado, en la que ofrecía pagar solo US$ 150.000 en diez cuotas, lo que fue rechazado por Petropar. Este planteamiento se dio luego de que la empresa intentara llevar el caso a arbitraje, alegando la incompetencia del juez.

En ese contexto, el juzgado resolvió mantener la jurisdicción de la justicia ordinaria y rechazó el pedido de AP SA de someter la controversia a arbitraje. Posteriormente, la firma recurrió ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, pero el mes pasado desistió del recurso.

“El 20 de marzo se desistieron de los recursos de apelación y nulidad ante el Tribunal, que debe expedirse sobre ese pedido y devolver el expediente a primera instancia”, explicó el juez interino de la causa, Diego Alejandro Torres Sandoval.

Petropar rechazó la propuesta de pago que realizó firma de Lafarja ante un Tribunal

Tampoco recuperó garantía de firma emiratí

Petropar tampoco logró recuperar la garantía de fiel cumplimiento de la empresa Evolution Group FZ LLC, de Emiratos Árabes Unidos, que debía proveer hasta 40.000 metros cúbicos de gasoíl por US$ 24 millones, pero incumplió el contrato.

A pesar de la rescisión, la estatal no pudo cobrar la garantía, respaldada por una póliza de la Aseguradora Tajy por US$ 1.204.652, según documentos oficiales. El caso también está judicializado, debido a que la aseguradora ofreció pagar un monto inferior al establecido.

En concreto, la compañía ofreció US$ 20.000, cuando la caución debía cubrir la totalidad de US$ 1.204.652, equivalente al 5% del monto máximo del contrato. “Se realizó el reclamo de pago de la garantía correspondiente y la respuesta de la Aseguradora Tajy S.A. fue un ofrecimiento inferior al previsto como garantía de fiel cumplimiento. Este ofrecimiento se formalizó mediante una acción judicial de dación en pago, sobre la cual Petropar está en proceso de contestación y reconvención”, informó en su momento la estatal.

Fracasada compra de gasoil: Petropar sigue sin cobrar póliza de desconocida firma emiratí

Petropar alega que firma catarí muestra compromiso para pagar garantía

No obstante, el presidente de Petropar, William Wilka, sostuvo que en caso de la firma catarí no prevén inconvenientes para efectivizar el cobro de la garantía. Explicó que si bien el proceso originalmente no requería garantía, sino solo una declaración jurada, la firma catarí presentó posteriormente una garantía bancaria “como muestra de compromiso”.

“Este proceso no requería garantía, solo declaración jurada. Presentaron la garantía bancaria como compromiso de honrar el contrato y de buena fe. Ahora bien, sobre el pago del banco, no vemos objeción alguna porque es bancaria y a primer requerimiento”, afirmó.

Wilka también diferenció este caso de los anteriores incumplimientos, señalando que en las operaciones fallidas de AP SA y Evolution Group las garantías no eran bancarias. “Los otros casos fueron declaración jurada y póliza de seguros (no bancaria)”, indicó.

Las autoridades advierten sobre un “moderado crecimiento” de infectados, que podría alterar la estabilidad actual si se descuidan las medidas de prevención.

En la última semana, la Dirección General de Vigilancia de la Salud ha confirmado 25 casos positivos en cuatro regiones. Central lidera la lista, con 11 afectados, seguido de cerca por Asunción con 8, Concepción con 4 y Presidente Hayes con 2 casos. En lo que va del año, Paraguay acumula un total de 144 diagnósticos confirmados, donde los serotipos circulantes son el DENV-1 y DENV-2.

En cuanto a la gravedad de los cuadros, solo se registran dos internaciones, una en Villa Hayes y otra en San Lorenzo. Como dato positivo, el Ministerio de Salud destacó que en los últimos siete días no se registraron fallecidos.

Dengue: diez regiones con incremento de notificaciones

A pesar de la estabilidad general, el informe indica que en la última semana, diez regiones del país presentaron un incremento en sus notificaciones de cuadros sospechosos.

Este aumento abarca desde el área metropolitana (Asunción y Central) hasta zonas fronterizas como Alto Paraná, Itapúa, Amambay y el Chaco (Boquerón). “Esta dispersión geográfica del aumento de sospechas sugiere que el mosquito Aedes aegypti sigue activo y con potencial de expansión”, dice el informe.

La amenaza latente de la chikunguña

Vigilancia de la Salud también reportó dos casos nuevos de chikunguña; uno en Pedro Juan Caballero y otro en Fernando de la Mora. Con estos, ya suman 9 casos confirmados en el territorio nacional este año; tres de ellos importados desde Bolivia.

Desde el Ministerio de Salud recuerdan que la prevención sigue siendo fundamental, por lo que instan a la eliminación de criaderos de mosquito. Así también, recuerdan que las vacunas contra el dengue están disponibles para las personas de 6 a 39 años en los puestos sanitarios de las 16 regiones sanitarias priorizadas.

En ese contexto político, ahora los concejales colorados disidentes, quienes durante los cuatro años anteriores se mantuvieron callados, incluso leales al intendente comenzaron a denunciar varias desprolijidades administrativas a meses de las internas del 7 de junio.

Si bien, la gestión de Amado Díaz Verón no se caracteriza por la transparencia para muchos ciudadanos, las denuncia de los ediles es meramente electoralista.

En marzo pasado los concejales; Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en Asunción contra el intendente por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

Lea más: Fiscalía: Ediles denuncian al intendente Díaz Verón de Caazapá por presunto desfalco

En tanto que, durante la sesión ordinaria del la Cámara Baja, el diputado Juan Maciel (ANR-Añeteté) replicó la denuncia en contra del intendente cartista y cuestionó el lento avance de la investigación.

Según los datos, el presunto daño patrimonial que ocasionó Amado Díaz Verón a la Municipalidad de Caazapá sería de G. 4.000 millones “en obras fantasmas”, obras inconclusas o abandonadas, presuntamente certificadas y pagadas irregularmente.

¿Cuánto se gastará en proselitismo?

Amado Díaz Verón declaró que dispone de G. 60 millones de sus recursos propios para hacer proselitismo durante las internas del próximo 7 de junio. No declaró préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.

Roque Sarubbi Brizuela por su lado, declaró ante la Justicia Electoral, que para hacer frente al clan Díaz Verón, dispondrá solo de G. 1.00.000 en proselitismo.

Mientras que en el sector opositor Juan Ortellado (YoCreo) declaró que no dispone de un solo guaraní para proselitismo.

En marzo último, la inflación medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,8%, superior a la expectativa que tenían los agentes económicos para ese mes del 0,3%, mientras que la inflación acumulada al primer trimestre del año se ubicó en 1,9%.

Alza en combustibles presionó inflación que fue del 0,8% en marzo

Por otra parte, los agentes económicos coinciden que para el cierre del año 2026 la variación interanual será del 3,7%, también superior al 3,5% que estimaron el mes anterior y levemente por encima del centro de la meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

La percepción de una mayor presión inflacionaria guarda relación con los conflictos en Medio Oriente que derivan en el alza de los combustibles, que a su vez, repercuten en otros rubros y bienes de la canasta básica.

Estiman estabilidad en el tipo de cambio en G. 6.500

Por otra parte, los Agentes Económicos consultados en la Encuesta EVE, coincidieron en que habría una mayor estabilidad en el tipo de cambio dólar en el mercado local en este mes de abril, en alrededor de G. 6.500.

Sin embargo, la divisa estadounidense ha tocado un mínimo de G. 6.380 en el cambio efectivo, aunque este viernes repuntó y cerró las operaciones en G. 6.400.

El dólar sigue bajando y se cotiza por debajo de G. 6.400

En la percepción de los agentes económicos, la cotización del dólar se irá estabilizando y cerraría en alrededor de G. 6.700 para fines del 2026, por debajo de G. 6.725 que estimaron el mes anterior.

Para el 2027, los encuestados prevén que la divisa repuntará a G. 6.900

Los agentes acudieron al lugar, que fue rodeado por los mismos, e ingresaron a pie para verificar la denuncia.

Durante el ingreso se toparon con personas vestidas con ropa camuflada, que realizaron disparos al aire y se identificaron como agentes del GEO de la Policía Nacional. En respuesta, los agentes de la Senad también realizaron disparos disuasivos, identificándose como agentes de la Senad.

Si bien hubo un momento tenso, no pasó a mayores tras la identificación de los agentes de ambas instituciones, según aclararon desde la Senad a nuestro medio.

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Guardia herido

Algo que todavía queda por dilucidar es que un guardia de seguridad del mismo establecimiento, pero que estaba en otro lugar al momento del encuentro entre los agentes, quedó con una herida de escopeta en la pierna.

Según explicaron desde la institución, el guardia herido estaba en una habitación alejada del lugar del encuentro entre los agentes.

Además, indicaron que tanto los agentes de la Senad, como del GEO de la Policía Nacional no usan escopetas, ya que cuentan con fusiles tácticos y pistolas reglamentarias.

Sin embargo, el caso del guardia herido fue informado a la Fiscalía, la cual deberá dilucidar qué fue lo que ocurrió.

El detenido fue identificado como Néstor Javier Duarte Vera (30). Según el informe policial, cuenta con múltiples antecedentes penales y se encontraba bajo una medida alternativa a la prisión al momento del hecho.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el procedimiento se realizó alrededor de las 09:30 sobre las calles Capitán Bado y General Roa, tras una llamada de auxilio que alertó a los agentes de la Comisaría 4ª del barrio San Miguel.

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Según el relato de la víctima, Verónica Alfonzo viuda de Duarte, de 84 años, el hombre habría forzado la puerta principal de la vivienda e ingresado hasta su dormitorio con aparentes intenciones de robo. Una vez dentro, se produjo un forcejeo entre el intruso y la mujer, quien logró zafarse y salir de la casa para pedir ayuda a sus vecinos, situación que evitó que el hecho pasara a mayores.

Vecinos del lugar acudieron al pedido de auxilio y lograron retener al sospechoso en la vía pública hasta la llegada de los intervinientes policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

El informe señala que, al momento de ser reducido, Duarte Vera presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, lo que será determinado mediante las diligencias correspondientes.

Asimismo, se constató que el aprehendido posee antecedentes por hurto, hurto agravado, reducción y tenencia de estupefacientes, en hechos registrados entre los años 2015 y 2023. De acuerdo con la denuncia, no sería la primera vez que el sospechoso intenta ingresar a la propiedad de la misma víctima con fines delictivos.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado a la sede policial para el procedimiento de rigor y posteriormente derivado para una inspección médica en el Hospital Regional de Villarrica. El caso fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4, Noelia Soto, quien dispuso que el detenido permanezca a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

Finalmente, el hombre fue remitido a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, donde quedó en libre comunicación, mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo hecho.

La medida forma parte de una protesta simultánea en distintos puntos del país, impulsada por gremios de docentes, trabajadores activos y jubilados, quienes denuncian una profunda crisis en el sistema de salud del IPS.

En el caso de Guairá, la convocatoria apunta a reunir a asegurados provenientes de ciudades como Villarrica, Mauricio José Troche, Iturbe, Fassardi, Independencia, Tebicuary y Paso Yobái, con el objetivo de visibilizar las carencias que afectan a los aportantes del interior.

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Los manifestantes cuestionan que, pese a los aportes mensuales obligatorios, la previsional no garantiza condiciones dignas de atención médica. Entre los principales reclamos se encuentra la constante falta de medicamentos, incluyendo fármacos esenciales para tratamientos crónicos y enfermedades de alta complejidad.

Asimismo, denuncian las prolongadas esperas para acceder a consultas especializadas, estudios médicos y cirugías programadas, lo que en muchos casos agrava el estado de salud de los pacientes. Otro punto señalado por los asegurados es el trato que reciben en los centros asistenciales, el cual califican como indigno, especialmente hacia adultos mayores y personas en situación vulnerable.

La movilización en Villarrica está prevista para las 08:00 frente al hospital regional, en coincidencia con la principal concentración nacional que se realizará en la capital del país. Los organizadores sostienen que la protesta busca exigir respuestas concretas a las autoridades del IPS, así como cambios estructurales en la gestión de la institución.

Consejero del IPS reconoce “errores” y promete normalización de stock de medicamentos

Entre los pedidos puntuales figuran el abastecimiento inmediato de medicamentos, la reducción de los tiempos de espera y una mayor transparencia en el manejo de los recursos. También reclaman el cese del maltrato administrativo y una atención más humana en consultorios y ventanillas.

La convocatoria se enmarca en una campaña nacional impulsada por diversos sectores bajo la consigna de “Salvar el IPS”, ante lo que consideran un deterioro progresivo del sistema previsional.

La Cámara de Diputados sancionó el 17 de marzo pasado la norma que introduce cambios sustanciales al régimen de promoción del biodiésel vigente desde 2019.

La iniciativa, que tuvo origen en la Cámara de Senadores, modifica tres artículos de la legislación vigente y abroga uno, alterando la política de mezcla de biocombustibles, el fomento a la innovación tecnológica y el régimen de beneficios tributarios aplicables al sector.

Del 5% al 20%

El cambio más relevante es la reformulación del artículo 5°, que regula la proporción mínima de biodiésel que debe mezclarse con el gasoil. La ley vigente establece un incremento gradual del 1% anual hasta alcanzar un máximo del 5%, esquema que el proyecto reemplaza por un rango fijo de entre el 5% y el 20%.

Según la exposición de motivos, esta modificación amplía considerablemente el margen de acción de la autoridad de aplicación para definir el porcentaje efectivo de mezcla, sin fijar un calendario de incremento gradual. La prohibición de importar biodiésel apto para motores diésel se mantiene intacta.

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Beneficios tributarios extendidos a la exportación

La modificación del artículo 15 extiende el alcance de los beneficios impositivos más allá del mercado interno. Mientras la norma actual limita las exoneraciones a productores que elaboren biodiésel con destino a la mezcla obligatoria local, el nuevo texto incorpora también a quienes produzcan para exportación.

En materia de IVA, la exención se amplía para cubrir, además de los rubros ya contemplados, los intereses derivados del financiamiento con entidades reguladas por el Banco Central del Paraguay, así como los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores. Se mantienen las exenciones al impuesto a la importación de bienes de capital y al impuesto al capital sobre inmuebles vinculados a la actividad.

Desarrollo sostenible

El artículo 10, referido al fomento y la innovación, incorpora un párrafo que no figura en la legislación original: la promoción del desarrollo sostenible de la cadena de valor de los biocombustibles, con énfasis en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del aire y la conservación de los recursos naturales. El título del artículo también varía, sustituyendo la referencia al “desarrollo productivo” por “desarrollo sostenible”.

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Argumento del veto parcial

En el considerando del decreto, el Poder Ejecutivo refiere que el proyecto de Ley contiene ciertas disposiciones normativas de talante fiscal y tributario que presentan carencias insalvables desde el punto de vista técnico-jurídico y de la política fiscal de la Republica del Paraguay.

“Que en este sentido, el articulo 1° del Proyecto de Ley modifica el articulo 15 de la Ley N° 6389/2019 e incorpora como ultima oración de su inciso a) la siguiente frase: “También a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el BCP a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores”.

Refiere que “las instancias técnicas con competencia especifica en materia fiscal, tributaria y de promoción industrial han analizado la disposición normativa que se pretende introducir y han formulado objeciones de orden técnico y jurídico, debido a los efectos que su aplicación produciría sobre las finanzas publicas, la coherencia del sistema tributario y los objetivos de la política de fomento sectorial”.

Señala además que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Informe Técnico DGEES N° 14/2026 del Viceministerio de Economía y Planificación, del Informe Técnico de la Dirección General de Política Macro Fiscal y del Dictamen de la Abogacía del Tesoro, ha señalado que la extensión de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras y a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores amplia los beneficios fiscales existentes más allá del proceso productivo en sentido estricto, sin que el Proyecto de Ley incorpore estimaciones de costo fiscal ni análisis de retorno económico o social asociado.

Asimismo añade que para el MEF dicha extensión podría contrariar el principio de neutralidad tributaria y el criterio de generalización de la imposición instaurado con la Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, en tanto introduce tratamientos preferenciales adicionales que no se extienden a los demás sectores de la economía en condiciones equivalentes.

El Decreto indica que el MEF advirtió que la ampliación de beneficios fiscales sin una justificación adecuada, y sin haber llevado a cabo estudios y estimaciones de impacto y viabilidad, podría impactar negativamente en la base recaudatoria y comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

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La DNIT, en contra

Por su parte, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), expidió su parecer técnico señalando que los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el BCP y los honorarios por servicios técnicos no constituyen elementos del proceso productivo en sentido estricto, sino costos de gestión transversales comunes a toda actividad empresarial; por lo que su incorporación como beneficio tributario implica una extensión del alcance de la norma que excede los limites impuestos por el articulo 179 de la Constitución, que consagra el mandate de interpretación restrictiva de las exoneraciones tributarias.

Agrega que el MEF advirtió que la ampliación de beneficios fiscales sin una justificación adecuada, y sin haber llevado a cabo estudios y estimaciones de impacto y viabilidad, podría impactar negativamente en la base recaudatoria y comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

La DNIT también señala que la categoría “honorarios por servicios técnicos”, a la cual la norma objetada hace extensiva la exoneración impositiva, carece de definición normativa precisa, lo que abre un espacio para el uso abusivo mediante la facturación de consultorías de gestión, asesorías genéricas o servicios entre partes vinculadas sin relación directa con la actividad productiva, con efectos de elusión fiscal de difícil cuantificación".

Además la DNIT señala que dicha extensión “genera una asimetría” en el tratamiento tributario respecto de los demás sectores productivos, incompatible con el principio de igualdad tributaria consagrado en la Constitución, por lo que también ha recomendado la objeción parcial del Proyecto de Ley”.

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MIC acompaña veto parcial

En tanto, el Ministerio de Industria y Comercio refiere que la incorporación de la exoneración del IVA sobre los intereses de financiamiento y los honorarios por servicios técnicos genera una redundancia jurídica con el régimen de incentivos fiscales ya previsto en la Ley N° 7548/2025; ley esta ultima que establece el régimen general de incentivos a la inversión. Recomienda, en aras a preservar la coherencia y el carácter sistémico de la regulación en la materia, la objeción parcial en los mismos términos que el MEF y la DNIT.

Finalmente, el Ejecutivo refiere que la objeción parcial -no altera- la unidad ni la congruencia sistémica del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso, siendo este plenamente aplicable en todos sus demás enunciados normativos; en este sentido, las disposiciones objetadas tienen plena autonomía normativa respecto de las demás disposiciones del Proyecto de Ley, que merecen su aprobación y ulterior vigencia plena.

El proyecto de ley retorna al Senado, la cámara de origen, para su estudio de rigor.

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El presidente de la comisión vecinal “Por un Camino Mejor Tajy Loma”, Rubén Colmán, tras una reunión con vecinos, expuso la situación del tramo afectado y dirigió el clamor de la comunidad Peña.

“Necesitamos de tu ayuda, presidente Peña, y tenemos la esperanza de que el mensaje sobre la necesidad que tiene la comunidad te llegue. Estamos luchando día a día para lograr el empedrado”, expresó el dirigente.

El objetivo es concretar la pavimentación pétrea de los tres kilómetros, precisó. Agregó que, como parte de las gestiones realizadas, la Gobernación de Paraguarí está realizando la construcción de 350 metros de empedrado, pero —insistió— faltan tres kilómetros.

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También fue presentado el pedido ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú Binacional, esperando una respuesta favorable que permita concretar una vía de acceso en condiciones adecuadas.

Afirmó que el crecimiento económico favorece principalmente a grupos cercanos al poder. En ese sentido, cuestionó la falta de impacto de estas políticas en la población en general. “Ese discurso de crecimiento económico no se ve reflejado en la realidad del pueblo”, concluyó.

Dioff manifestó que, durante sus recorridos por distintos barrios del distrito, pudo constatar de primera mano las múltiples necesidades de la gente. Señaló que las dificultades para el acceso a atención sanitaria es una de las más sensibles.

Explicó que muchas personas deben recurrir a diversos mecanismos para conseguir dinero. Esto se debe a la falta de medicamentos básicos en las farmacias del Hospital Integrado de Ayolas. Remarcó que esta situación obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para poder tratar sus enfermedades.

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En los últimos meses, el juego de “la tapadita” se convirtió en uno de los medios más utilizados para obtener recursos económicos, dijo. Según explicó, el dinero recaudado se destina principalmente a la compra de medicamentos y productos de la canasta básica familiar.

No obstante, resaltó que existe una normativa que establece la transferencia del 5 % del presupuesto municipal al Concejo Local de Salud. Indicó que el presupuesto distrital supera los G. 10.000 millones, pero, estos recursos no estarían siendo transferidos como corresponde, indicó.

Asimismo, Dioff mencionó que en Ayolas se percibe una marcada falta de circulante de dinero. Atribuyó esta situación a la escasez de oportunidades laborales en la zona.

Señaló que muchos jóvenes se ven obligados a migrar hacia otras ciudades o incluso al exterior en busca de empleo. También indicó que la pesca comercial dejó de ser un rubro rentable para numerosas familias, aunque muchas de ellas dependen exclusivamente de esta actividad para subsistir.

En relación con la actividad económica, afirmó que el proyecto Aña Cua opera a media marcha. Sin embargo, dijo, no se percibe un impacto significativo en la dinamización de la economía local.

En ese sentido, insistió en la necesidad urgente de generar cambios en la conducción del distrito. Consideró fundamental impulsar políticas que fomenten la creación de empleo.

“Necesitamos con urgencia que se cambie el timón de Ayolas para poder encauzar eso y generar oportunidad laboral”, expresó el político.

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Estigarribia fue categórico al definir el trasfondo de la decisión: “Esto es un cháke, una advertencia a la justicia”.

Explicó que no es lo mismo un senador destituido que uno con permiso, ya que este último mantiene su investidura y la posibilidad de regresar en cualquier momento.

“Un senador con permiso sigue siendo parte del cuerpo. Eso es una señal para los fiscales y jueces: ‘Cuidado, sigue siendo de los nuestros’”, sostuvo.

A su criterio, esto configura una forma de influencia indirecta “solapada” sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Denuncia de “blindaje” e influencia sobre fiscales y jueces

El constitucionalista advirtió que el permiso funciona como un mecanismo de protección política. Afirmó que el mensaje hacia operadores de justicia es claro: Rivas continúa teniendo respaldo dentro del Senado, lo que podría impactar en decisiones judiciales.

“Es un blindaje ante la Fiscalía y el Poder Judicial”, dijo, al tiempo de mencionar el rol de instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, donde el poder político tiene incidencia.

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Estigarribia insistió en que la figura del permiso no está contemplada para este tipo de situaciones. Recordó que la Constitución solo prevé licencias para ejercer cargos como ministro o embajador, y excepcionalmente por razones de salud.

También criticó que se repita un esquema similar al aplicado en el caso del senador Erico Galeano, condenado por asociación criminal y lavado de dinero, lo que -según dijo- agrava aún más el precedente.

“El peor antecedente ya se había sentado y ahora se consolida”, afirmó.

Sobre la posible responsabilidad de senadores

El exlegislador fue más allá al señalar que incluso la mayoría que aprobó el permiso de Galeano y ahora pretende aprobar el de Rivas podría quedar bajo cuestionamiento.

A su entender, al sostener a Rivas en su cargo mediante una figura irregular, se podría interpretar que existe un uso indebido de influencias. “Ellos mismos se ponen en la línea de poder ser juzgados por pérdida de investidura”, advirtió.

Estigarribia también calificó como “muy grave” la denuncia de amedrentamiento contra la fiscala Patricia Sánchez, que investiga el caso.

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Señaló que este hecho podría constituir una causal directa de pérdida de investidura contra Rivas, además de implicancias penales.

En ese contexto, cuestionó la falta de reacción de gremios del Ministerio Público y defendió la necesidad de esclarecer públicamente las denuncias.

“Un desmadre institucional” que afecta la imagen del país

El constitucionalista señaló que este tipo de decisiones profundizan la inseguridad jurídica. “Esto ratifica que Paraguay es un país inestable institucionalmente, poco previsible y con una grave violación de la Constitución”, afirmó.

Incluso advirtió que el caso podría tener consecuencias futuras, tanto políticas como judiciales, para los involucrados. “Es una vergüenza lo que está pasando, un verdadero desmadre institucional”, sentenció.

Acerca del argumento del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, de que llamar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, podría constituir una “coacción”, Estigarribia dijo que “el puritanismo” del que habla el cartismo no tiene razón de ser.

“Es más bien evitar que haya un escándalo que vaya al fiscal que cuente quién fue y quién fue uno de los suyos. Es un blindaje completo que están haciendo", dijo el exsenador.

Reforzó su posición al señalar que convocar al fiscal general del Estado “no afecta la independencia porque el Ministerio Público se limitaría a decir quién fue, cómo fue, en qué contexto fue la amenaza (a la fiscala)”.

El personal de enfermería contó a ABC que a pesar de contar con el apoyo de la Dirección de Salud Indígena (Dinasapi) para presentarse a los concursos de oposición, su historia es de frustración constante. Según sus declaraciones, ha presentado toda la documentación requerida en tiempo y forma, alcanzando incluso los puntajes necesarios en las evaluaciones, pero los resultados siempre son los mismos: la exclusión.

“Presenté todos los documentos, mucho ya anduve detrás de este tema. Tengo como prueba todas las solicitudes y pedidos de audiencia para hablar con la ministra María Teresa Barán, pero ella nunca me atendió”, lamentó el enfermero.

Mendez señala que la Ley de Enfermería estipula que con sus años de servicio él ya puede acceder a la permanencia, considerando que suma siete años como personal contratado. Sin embargo, la respuesta recurrente que recibe es la supuesta falta de presupuesto

Vocación bajo riesgo y penurias económicas

La labor de Fredi en la comunidad de Río Verde no ha estado exenta de sacrificios. El enfermero relató haber pasado por diversas penurias para cumplir con su deber, incluyendo peligros en el trayecto hacia su puesto de trabajo, como el robo de su motocicleta, su único medio de transporte, la cual aún se encontraba pagando.

A esto se suma una crisis económica personal insostenible. Contó que el sueldo mínimo que percibe actualmente, no cubre sus necesidades básicas. “Debo en el almacén, tengo varias cuentas, ya no alcanza el dinero”, confesó con preocupación.

Fredi precisó que cumple horarios que no le corresponden y atiende urgencias fuera de su jornada por compromiso con su comunidad.

Enfermero se siente discriminado

Mendez asegura que ha intentado en reiteradas ocasiones solicitar una audiencia con la ministra de Salud para explicar su situación, pero siempre es derivado a intermediarios que prometen soluciones que nunca llegan. En su testimonio, el enfermero habla de un sentimiento de exclusión por su origen étnico, como Avá Guaraní.

“Me siento discriminado. Yo también merezco hablar con ella como personal de salud; soy una persona que sabe dialogar, solo pido que se respete mi trabajo”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que, a pesar de la fuerte injerencia política en el sector salud, él se ha mantenido neutral, razón por la cual goza del aprecio de su comunidad. Sin embargo, dijo que al parecer, su falta de interés en la política es un obstáculo para su ascenso profesional.

Como trabajador de la salud y miembro de una comunidad indígena, reclama que se valore su trayectoria y se cumpla con la ley. “Pido respeto a mi trabajo, como trabajador indígena también tengo derechos”, finalizó, a la espera de que su voz finalmente llegue a los despachos donde se toman las decisiones.

El 10 de julio de ese año fue electo presidente, pero el 1 de agosto renunció a la presidencia.

En el primer periodo Hernán Rivas formó parte de un órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos sin ser abogado, pues recién obtuvo su matrícula de profesional al jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de julio de 2021.

Hernán Rivas ubicó a cuñada y primos en el JEM cuando era “un miembro más”

También durante ese mismo periodo, que representó a la Cámara Baja ante el órgano extrapoder, logró el nombramiento de su cuñada Andrea Jazmín Escobar Franco, quien es licenciada en administración de empresas. Esta mujer estuvo como contratada en la Justicia Electoral entre enero de 2019 y enero de 2022.

Andrea Escobar Franco, hermana de Elena Escobar Franco, esposa de Hernán Rivas, pasó a integrar la nómina de funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde el mes de marzo del año 2022, con un salario de G. 14.400.000.

Esa remuneración, con bonificaciones incluidas, llegó a trepar a G. 18.597.339 y actualmente percibe una remuneración de G. 13.200.000 en el área de Gestión Administrativa, de acuerdo con los datos publicados en el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Primos de Rivas también entraron al JEM

Otro que pasó a formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mediante Hernán Rivas, es su primo Óscar Javier Lezcano Román, quien entre los años 2013 y hasta febrero de 2015 fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como auxiliar judicial, cargo por el que percibió como contratado la suma de G. 2.200.000.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del MEF, Óscar Lezcano Román ingresó al JEM en el año 2021, como contratado en el cargo de asistente técnico administrativo y un salario de G. 4.000.000. En esta condición estuvo hasta el mes de junio de 2022 y, a partir de julio del 2023 ya figuró como permanente con un sueldo de G. 4.800.000, que con bonificaciones ascendía a más de G. 6.200.000.

En marzo de 2023, pasó a la categoría de Técnico con un sueldo de G. 7.000.000 y en septiembre del mismo año ya como jefe de Departamento pasó a percibir un salario de G. 10.500.000 que junto con las bonificaciones alcanzaba un monto de G. 13.650.000. Hasta hoy día continúa en la institución con el mismo cargo.

Burla: el primo de Hernán Rivas pasa del JEM a Itaipú

Otro primo de Hernán Rivas es José Enrique Lezcano Román, un bachiller y hermano de Óscar Javier. El mismo fue funcionario de la Justicia Electoral desde el mes de abril del año 2019, en calidad de contratado, donde percibió un salario de G. 2.192.839. Cumplió funciones en esta institución hasta diciembre de 2021, según el portal del MEF.

Sin embargo, a partir del mes de julio de 2022 pasó a integrar la nómina del JEM, como auxiliar administrativo y en carácter de jornalero percibiendo la suma de G. 4.000.000. Estuvo como contratado hasta febrero de 2023 y a partir de marzo ya fue funcionario permanente de la institución pasando a percibir un sueldo de G. 4.800.000 y con bonificaciones ascendía a G. 6.200.000.

Desde abril de 2024, José Enrique Lezcano Román fue comisionado a la Entidad Binacional Itaipú para cumplir servicios.

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Otro cuñado de Hernán Rivas en órgano juzgador de magistrados

Se trata de Juan Arnaldo Escobar Franco, cuñado de Hernán Rivas y hermano de Elena Escobar, esposa del legislador. El mismo es abogado egresado en el año 2020 de la Universidad Privada del Guairá, según la página de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Juan Escobar Franco, según consta en el portal del MEF, fue nombrado como funcionario del JEM en julio de 2023 con un salario de G. 12.000.000 y, desde septiembre de ese año, pasó a ocupar un cargo de director dentro de la institución con un salario de G. 15.000.000 neto y una suma en bruto de poco más de G. 24.000.000.

Desde mayo de 2025, Escobar dejó de percibir bonificaciones y gastos de representación, por lo que solamente cobra la suma de G. 15.000.000 correspondientes a su sueldo.

Imágenes de circuito cerrado muestran a al menos cuatro hombres ingresando al sitio con armas largas y chalecos con la inscripción de “Policía”, mientras otros integrantes de la banda permanecían en el exterior, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.

Lidia Mendoza, víctima del hecho y hermana del dueño del local, relató que los asaltantes actuaron con un objetivo claro: encontrar al propietario del negocio.

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Delincuentes buscaban directamente al propietario

Según explicó, el comerciante no se encontraba en el lugar en ese momento, ya que había salido a buscar mercaderías. Sin embargo, los delincuentes lo mencionaban constantemente durante el asalto.

Incluso, al no hallar el dinero que esperaban, habrían señalado que lo buscarían fuera del local, lo que refuerza la hipótesis de que manejaban información previa sobre sus movimientos.

Sospechas de inteligencia previa

La mujer aseguró que los autores del atraco conocían en detalle la estructura del local y la dinámica familiar, lo que genera sospechas sobre una posible filtración de datos.

“Conocían los movimientos de mi hermano y cada parte del local: hasta la pieza de mi hermano y mi sobrina, así como el exbaño donde encerraron a mi cuñada y las criaturas”, dijo.

Asimismo, comentó que el día anterior al asalto ya se habían registrado movimientos sospechosos, cuando el vehículo de los delincuentes pasó en dos ocasiones frente al local a gran velocidad.

Antecedente de robo millonario

De acuerdo con el relato familiar, los delincuentes se alzaron con aproximadamente G. 10 millones en efectivo.

No obstante, no se trata del primer hecho que afecta al mismo comercio. El local ya había sido asaltado y en dicha ocasión se llevaron alrededor de G. 60 millones.

Tras este nuevo golpe, la familia lamentó la inseguridad constante de la que son víctimas. “Mi hermano a raíz del primer asalto ya cambió todo, puso cámaras y contrató más seguridad, pero igual...”, dijo.

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Momentos de tensión durante el asalto

El atraco se produjo en presencia de niños, lo que agravó la situación y generó temor entre los ocupantes del lugar, según reveló Mendoza. Acotó que los delincuentes mantuvieron bajo amenaza a los presentes, aunque no efectuaron disparos.

Parte de la familia fue encerrada en una de las dependencias mientras se concretaba el robo, tras lo cual los autores huyeron con dirección al centro de Ypané.

Durante el ejercicio fiscal 2025, la terminal registró una recaudación millonaria, que alcanzó los G. 20.368 millones (US$ 3,2 millones). Pero ambas gestiones destinaron al pago de salarios en la EBA, G. 23.497 millones, según el balance general 2025.

Este gasto en personal representa el 115% de todo lo recaudado en la EBA durante 2025. El periodo abarca los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció en agosto, incluyendo los dos meses de intervención -de junio a agosto-, a cargo de Carlos Pereira, y los primeros de Luis Bello, quien asumió tras la renuncia de Nenecho, el 28 de agosto de 2025.

Lo pagado en salarios, representa además el 92,5% de todo el gasto de la EBA durante ese mismo periodo. La mayor parte de lo gastado en salarios, casi G. 14.000 millones, fue para personal contratado. A su vez, de los contratados, el 99% fue para jornaleros. Hasta abril de 2025, la EBA registraba solamente 75 funcionarios nombrados en planilla. ABC solicitó formalmente a la institución los datos actualizados y recibió la promesa de recibir la información a la brevedad posible.

Terminal de Asunción o Estación de Buses: ¿y las obras?

Mientras los sueldos devoran el presupuesto, las obras de infraestructura siguen esperando. La inversión física en la Estación de Buses en 2025 fue de menos de G. 97 millones. Esta cifra no representa ni el 1% de los más de G. 10.100 millones que estaban presupuestados. La inversión real en construcciones durante el año pasado fue de G. 0, de un presupuesto de G. 6.570 millones.

Mientras tanto, el edificio se cae a pedazos. El más notorio deterioro está en el cielorraso del bloque “antiguo” de la terminal, en el que las chapas y los cables cuelgan criminalmente sobre las cabezas de los usuarios y trabajadores. Con cada precipitación que cae sobre la capital, “llueve más adentro que afuera”, según el reclamo constante de los usuarios y comerciantes.

Pero el sector “nuevo” de la terminal, construido tras el siniestro de 2017 e inaugurado por Nenecho en diciembre de 2022, tampoco está exento de problemas. Los usuarios se quejan habitualmente de la falta de suficientes asientos y de que los acondicionadores de aire no dan abasto. La seguridad es otro problema, debido a la falta de acceso a los sistemas de prevención contra incendios y la ausencia de estos elementos en varios puntos de la EBA.

Aquella obra, financiada por el seguro cobrado tras el siniestro, también había recibido varios cuestionamientos, sobre todo por la demora de los trabajos. El proyecto había sido adjudicado a la Constructora Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera, por G. 7.513 millones, monto ampliado posteriormente a G. 9.014 millones. La firma era conocida por ser la “superproveedora” del Gobierno Nacional por ganar innumerables adjudicaciones.

Millones de bonos

La situación empeora al considerar que Rodríguez contó con recursos extraordinarios para reparar la EBA, sumando más de G. 22.630 millones en bonos, que jamás llegó a ejecutar.

Los bonos G6 (2022) ya incluían G. 4.630 millones para la reforma y reconstrucción de la entonces Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA). Esta emisión fue autorizada en 2019 bajo la presidencia de Nenecho en la Junta Municipal y emitida en 2020 cuando ya ejercía como intendente de Asunción, tras la renuncia de Mario Ferreiro.

Al año siguiente, en la emisión de bonos G7 (2021), Nenecho volvió a incluir otros G. 18.000 millones para la “modernización y revitalización de la terminal”. Dichos fondos formaban parte de una emisión total de G. 200.000 millones que, al igual que los anteriores, no se tradujeron en mejoras físicas para el edificio.

En noviembre de 2024, hace casi un año y medio, Rodríguez logró que la mayoría colorada en la Junta Municipal aprobara la modificación del plan de inversión de esta última emisión, para destinarlo finalmente al “mejoramiento vial de calles y avenidas”, de la licitación con ID 421.591.

Esta licitación fue adjudicada a las firmas Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), representada por Óscar Antonio Rubbiani, y a Constructora Feldmann SA, representada por Alejandro Feldmann, por G. 9.000 millones cada una. En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ambas adjudicaciones muestran nula ejecución.

Insalubridad y desvío de bonos

Rodríguez renunció el 22 de agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución y la presentación de un contundente informe en contra de su gestión. Carlos Pereira, el interventor, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para obras.

Según Pereira, además de desviar millonarios fondos que podrían haber mejorado notablemente el estado de la terminal, Rodríguez utilizó parte del dinero de los bonos G8 para pagar por “insalubridad” a funcionarios municipales, entre ellos de la estación de buses.

Solo en julio de 2023, Nenecho pagó G. 14.565 millones en concepto de remuneraciones y otros haberes a jornaleros. De ese monto, G. 2.433 millones salieron de la cuenta de G8, bonos que eran para obras. Al concepto de “insalubridad” se destinaron G. 1.988 millones.

Pereira reportó además que la administración de Rodríguez mantuvo 39 dependencias declaradas como “insalubres”, de las cuales 26 llevaban en esas condiciones más de 29 años. La Estación de Buses está considerada insalubre en todos sus espacios y áreas desde 2007, incluidos departamentos como administración, informática o asesoría legal.

Rodríguez enfrenta ahora al menos ocho causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”. Con todo, se está candidatando nuevamente a concejal.

En la mencionada localidad, su última variación fue un descenso de 3 centímetros y su nivel se situó en 1,36 metros.

Por otra parte, ya este viernes, en Asunción hubo un aumento de 14 centímetros entre ayer y hoy, por lo que su nivel se sitúa en 1,66 metros.

Aumentos del río Paraguay

Según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el nivel del río Paraguay registró estos aumentos:

• Isla Margarita: 2,92 metros (+7cm)
• Fuerte Olimpo: 3,77 metros (+5cm)
• Bahía Negra: 3,78 metros (+2cm)
• Vallemí: 2,83 metros (+3cm)
• Concepción: 2,20 metros (+10cm)
• Rosario: 1,77 metros (+7cm)
• Villeta: 2,07 metros (+15cm)
• Itá Enramada: 2,15 metros (+15cm)
• Humaitá: 2,64 metros (+24cm)
• Alberdi: 3,60 metros (+23cm)
• Pilar: 3,80 metros (+15cm).

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana en Paraguay?

¿Quiénes son los desaparecidos?

Tania Belén Román Galeano, de 17 años, es una de las adolescentes desaparecidas. El reporte de desaparición fue hecho este viernes y fue vista por última vez en la Colonia Cororo’i de Santa Rosa del Aguaray.

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Es delgada, morena y tiene una pierna amputada, por lo cual utiliza dos muletas de aluminio para poder movilizarse.

Por su parte, Micaela Noemí Cuevas Jiménez, de 15 años, fue vista por última vez ayer e iba vestida con el uniforme del colegio Saltos del Monday, en el kilómetro 5 del barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco.

Así también, fue reportado como desparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe, de 38 años. Él fue visto por última vez el pasado 13 de abril, en barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

Finalmente, también la familia de Damián Agustín Pérez, de 84 años, está muy preocupada por su desaparición. Fue visto por última vez ayer por la tarde, sobre la calle Rodríguez de Francia de Asunción.

En todos los casos, la Policía pide apoyo con cualquier información que pueda resultar útil para encontrarlos.

Wiens: El cartismo usa jueces y fiscales para perseguir críticos y proteger a sus bandidos

Abdo empezó reprochando que el oficialismo (Honor Colorado) se apartó que los valores históricos del colorados, entre ellos el pelaar por los más débiles, el respetar el valor de la palabra, pero sobre todo, el respeto a los que piensan diferente.

“El que no es colorado nomás no entiende que la mayoría se tiene que utilizar para garantizar libertad y no para cercenarla”, reprochó Abdo en crítica al cartismo.

En tal sentido, felicitó a Centurión por descabalgar en favor de Samaniego y de la unidad, la cual consideró es el camino que deben tomar.

“Esa unidad es un testimonio más de quienes realmente queremos a la Nación, de quienes realmente no anteponemos nuestras ambiciones personales legítimas, y que entendemos que no solamente hay que unir al coloradismo, sino la Nación paraguaya para despojar del poder a aquellos que han traicionado a nuestro pueblo", afirmó.

Finalmente, dijo que optó por retornar a la actividad política pese a ya no apuntar a cargos, al no ver que la gente esté feliz, y adelantó que seguirá “molestando” al cartismo.

“No voy a abandonar la lucha hasta que no vea a mi gente feliz, a mi pueblo contento y a las autoridades que se dediquen a defender los intereses de ustedes y le voy a seguir molestando a las autoridades que traicionan la esperanza de nuestro pueblo”, sostuvo.

Prevén que pidan la cabeza de Mauri Espinola

En su discurso, también le prometió a Arnaldo Samaniego trabajar duro con toda su “tropa” para lograr la victoria en la interna, e incluso, en favor del “abrazo republicano”, están dispuesto a “dar la cabeza” de su jefe de campaña y diputado disidente Mauricio Espínola, fuerte crítico al gobierno.

“Muchos problemas vas a tener mi amigo con este jefe de campaña. Seguramente cuando seamos Lista 1 lo primero que te van a pedir es su cabeza, lo primero que van a pedir es la cabeza de Mauri Espínola para la unidad del partido, pero nosotros si ya le dimos a Dani (Centurión), vamos cortarle nomás la cabeza con tal de que Arnaldo Samaniego sea intendente de Asunción, y después vamos a salir otra vez con la tropa”, dijo en tono de broma.

Previamente, elogió al legislador, diciendo: “Si algunos dudan de dónde está la disidencia del Paraguay, acá le tenemos a Mauricio Espínola que todos los días choca contra los poderosos, levanta su voz contra los poderosos en defensa de la justicia, la verdad y molesta en el parlamento, pero honra al movimiento Colorado Añeteté“.

“No puedo opinar sobre la causa judicial, porque creo que inclusive hay una inconstitucionalidad planteada. Pero sí, me preocupa y creo que tenemos que acelerar la resolución definitiva del caso. En uno u otro sentido necesitamos cerrar este debate porque finalmente genera un desgaste en la imagen del Poder Judicial”, indicó Ríos.

Señaló que la percepción que se tiene del Poder Judicial en este caso es equivocada, ya que la investigación no está a su cargo y tampoco el ritmo del proceso depende de dicha institución, por lo que no le corresponde la conducción de las diligencias.

Víctor Ríos pidió disculpas y calificó de “infierno” trabajar en el Palacio de Justicia de Paraguarí

“Sin embargo, actualmente existen algunas acciones y planteamientos que ya están ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que vamos a trabajar en acelerar la resolución del caso. En ese sentido, no puedo adelantar nada aún, ya que debemos analizar la cuestión con detenimiento. Sobre esa base, apuntamos a encauzar nuevamente este debate en torno a lo que ha sido el sistema judicial”, agregó el ministro.

Participó del juramento de 13 nuevos abogados, realizado por primera vez en la Circunscripción Judicial de Misiones, junto al ministro de la Corte y superintendente Gustavo Santander Dans.

En la ocasión, Víctor Ríos también presentó el equipo móvil de consulta de expedientes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que señaló que Misiones es el tercer departamento en ser parte de este plan piloto donde se da accesibilidad para el seguimiento de los expedientes por parte de los profesionales del derecho.

“La iniciativa busca acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando que los abogados puedan consultar sus expedientes a nivel local, además de promover un diálogo directo para recibir sugerencias y mejorar el servicio. Se enmarca en un proceso de descentralización y actualmente funciona como un programa piloto que ya se implementó en Paraguarí y Alto Paraná, siendo Misiones la tercera etapa. Posteriormente, se evaluarán los resultados para determinar si se convierte en un sistema permanente”, concluyó Ríos.

Las principales denuncias provienen de centros escolares de Asunción y Central (más del 50%).

Por un lado, está el hecho que se registró este jueves en el colegio privado Cristo Rey, considerado “atípico”, en el sentido de que provino de una persona externa a la institución y se dio, además, por un aparente conflicto entre el agresor y autoridades del establecimiento.

Luego están los casos como el registrado ayer por la tarde, en un colegio privado de Villa Elisa, donde detectaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios, con la frase “Mañana tiroteo”, que habría sido escrito por estudiantes del instituto. Te contamos los detalles y la postura del MEC sobre estos casos.

MEC y las amenazas de tiroteo en los colegios

La directora de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, explicó que en todos los casos ocurridos hasta la fecha, intervinieron en conjunto con las instituciones educativas, en una primera medida, para verificar si el protocolo de seguridad fue aplicado.

Con respecto al protocolo, Escauriza advirtió que no en todos los casos es necesario suspender las clases o cerrar los locales escolares.

“A veces los padres insisten en que deben cerrar las instituciones y no es así. En Asunción se dio un caso de supuesta amenaza, se activó el protocolo, se llamó a seguridad pública (fuerzas policiales), se conversó con la comunidad y están con las actividades académicas sin sobresaltos”, remarcó.

Agregó que, eso sí, depende de la decisión institucional o de lo que sea lo recomendado por la Policía Nacional. “Se puede tener clases con el debido proceso y el debido cuidado que correspondan”, insistió.

Amenazas de tiroteo serían por “reto viral” en la región

Escauriza indicó que las seis amenazas registradas este jueves y viernes, tienen las mismas características de advertencias de tiroteo registradas en otros países de la región, como Argentina y Chile.

“Actualmente están ocurriendo casos en estos países. Además, algo que se suele dar en Paraguay es que salen en épocas de exámenes, pero ahora no estamos en etapa de pruebas, por eso creemos que podría ser consecuencia de retos virales. Se habla de Tiktok, por ejemplo, claro que no podemos asegurar todavía eso en un 100%”, aclaró Escauriza.

Expresó que, además de los protocolos, es muy importante el acompañamiento de las familias, de manera permanente. “Las redes sociales, generalmente, usan en la casa o fuera de la escuela, si llevan objetos peligrosos también provienen del hogar, entonces es muy importante que esto se puede tratar en la casa”, dijo.

Uso de redes sociales

Sobre el acceso a redes sociales, atendiendo a que estas amenazas supuestamente provienen de estos sitios, la alta funcionaria del MEC recomendó tener en cuenta consideraciones como el mínimo de edad establecido para su uso.

La mayoría de estas redes aplican una edad mínima de acceso desde los 13 años, aunque en la realidad difícilmente estas empresas tienen forma de verificar si se cumple este requerimiento.

Escauriza plantea igualmente a las familias que escuchen a profesionales sobre el uso de las redes también en los casos donde los estudiantes ya pasaron esta edad mínima de 13 años.

Precisamente, las amenazas de tiroteos que surgieron esta semana, involucran presuntamente a estudiantes de 13 y 14 años de edad.

¿Qué plantea el MEC ante amenazas de tiroteo?

En cuanto a las acciones luego de estas amenazas, desde el MEC plantean un enfoque más pedagógico que punitivo en los centros educativos.

“Creo que la primera medida no puede ser una expulsión del colegio, por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos que en otras ocasiones tenían apenas 9 años, el enfoque debe ser de acercamiento y acompañamiento como solución inmediata”, aseguró Sonia Escauriza.

Aseguró que ya están en conversación con las supervisiones de todo el país, como para trasladar recomendaciones luego a las escuelas y colegios.

En cada caso particular, también están supervisando que los directivos y docentes conversen con sus estudiantes, de manera a prevenir más casos de este tipo. También, para concienciar sobre el uso de las redes.

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El monto necesario escapa a las posibilidades de la familia para poder reunir, ya que todos sobreviven de lo que logran juntar de forma diaria. Es por ello por lo que piden la colaboración de la ciudadanía de todo el país para poder reunir los G. 90.000.000 y así poder comprar el equipamiento para Benjamín. Actualmente, en el Ministerio de Salud Pública no se cuenta con el mismo, por lo que es prácticamente imposible adquirir. “Queremos llegar al corazón de la gente, cualquier G. 1.000 suma”.

Asimismo, mencionó que esta tarde, con acompañamiento de personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA), realizarán una colecta solidaria en la entrada del barrio San Antonio de este distrito.

Por su parte, Alcides Aquino, abuelo del niño, dijo que en este momento necesitan de la comunidad ayolense, y también de todo el país, de las autoridades y de todas aquellas personas de buen corazón.

“Para que Benjamín pueda sobrevivir, es necesario contar con ese aparato”. Las personas interesadas en ayudar al niño pueden realizar sus aportes a través del alias: 6811658, nombre de Tamara Aquino, madre de Benjamín. Otro número habilitado es el alias +595985889311, a nombre de Alcides Aquino.

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Marcos Giménez, presidente de la comisión vecinal, fue tajante al señalar que la solución definitiva es una obra de ingeniería mayor. “Acá lo que necesitamos es una canalización abierta para que el agua vaya directo al arroyo San Francisco. Eso es lo que hace falta”, explicó.

Según el referente, la Municipalidad de Limpio se ha declarado incompetente por falta de maquinaria, por lo que solicitan la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Para las 96 familias del lugar, el pronóstico del tiempo es motivo de angustia constante. Aida González, vecina del barrio, relató que el drama no termina cuando para de llover: “Durante la lluvia todo se inunda y después las calles son impasables. Barro y charcos es lo que tenemos”.

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El agua, en muchos casos, ingresa a las viviendas, dañando muebles y afectando la salud de los residentes.

A la crisis de infraestructura se suma el reclamo del transporte público. Actualmente, los vecinos deben pagar un “interno” de 2.500 guaraníes para llegar al centro de Limpio y recién allí abordar un bus hacia Asunción.

Este trasbordo obligatorio implica un gasto de cuatro pasajes diarios por persona, un costo insostenible para la economía familiar.

La comunidad espera que este llamado de atención movilice a las autoridades nacionales, ante lo que consideran un olvido sistemático que afecta su calidad de vida básica.

Consultado sobre la posibilidad de convocar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, Núñez rechazó esa alternativa y argumentó que hacerlo sería una forma de presión indebida.

“Eso es coaccionar al fiscal general. Yo no puedo llamarle”, afirmó, insistiendo en que el Ministerio Público debe actuar con independencia.

El titular del Congreso sostuvo que la Fiscalía debe encargarse de verificar las denuncias y avanzar en la investigación sin interferencias del Poder Legislativo.

Minimiza cuestionamientos sobre la legalidad del permiso

Frente a las críticas de inconstitucionalidad planteadas por varios parlamentarios y parlamentarias, Núñez adoptó una postura flexible. Si bien reconoció que el permiso no está expresamente previsto en la Constitución, indicó que existen antecedentes en periodos anteriores.

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“Se ha hecho en más de quince oportunidades”, aseguró, al tiempo de señalar que será el pleno el que determine si corresponde o no aceptar el pedido.

“Respeto las opiniones, pero no son la Corte Suprema”, respondió ante los cuestionamientos de legisladores opositores.

Niega “protección” a Rivas

Ante reiteradas consultas sobre un supuesto blindaje político, el presidente del Senado negó que exista una estrategia para proteger a Rivas. “¿Qué protección estamos hablando? Está dando un paso al costado con dos sentencias a favor”, sostuvo.

Además, remarcó que el legislador enfrenta un proceso judicial con fallos favorables en dos instancias, lo que -según dijo- también debe ser considerado en el análisis político.

Núñez explicó que el procedimiento será claro: el pedido será tratado en sesión plenaria y, en caso de aprobarse, se habilitará la convocatoria al suplente.

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En ese escenario, mencionó al exministro de Salud Julio Borba como posible reemplazante, aunque advirtió que si este no asume, se correrá la lista para convocar al exdiputado Carlos Liseras.

También indicó que evaluarán con asesoría jurídica cuántas convocatorias pueden realizarse antes de pasar al siguiente en la lista.

Definición de candidato a vicepresidente

El titular del Senado también confirmó que la bancada oficialista mantuvo una reunión con el presidente de la República y referentes del movimiento Honor Colorado, donde se abordaron varios temas políticos.

Adelantó que entre el lunes o martes se realizará un encuentro clave para definir una propuesta de candidato a vicepresidente que acompañe a Pedro Alliana.

Sobre el perfil del eventual candidato, Núñez fue claro: “Yo iría con un perfil político”, descartando la idea de apostar por un perfil exclusivamente técnico como había solicitado Alliana.

Durante su discurso Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente por la disidencia colorada, indicó que en su equipo tienen experiencia en la gestión pública, tienen militancia partidaria y no son unos improvisados. No citó a Camilo Pérez, pero si hizo referencia a “candidato del oficialismo”.

“Nosotros ya estuvimos en la gestión, estamos más maduro con más experiencia. Aquí está la autenticidad colorada, los auténticos colorados de la capital. Nos unimos por Asunción, no para tomarlos como trofeo”, dijo Arnaldo Samaniego.

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Manifestó que la unidad no fue para ganarle al oficialismo, teniendo en cuenta que el cartismo presenta un candidato improvisado y sin experiencia partidaria.

“No nos unimos para ganarle al oficialismo, la unión fue por Asunción. Si dicen que nos unimos contra el cartismo es como decir, que Cerro Porteño y Olimpia se unan para ganarle al colero de la tabla”, ironizó Arnaldo Samaniego.

El candidato manifestó que el principal objetivo es “lavar la cara al Partido Colorado”, pues en manos del cartismo Asunción se volvió en un vertedero y perjudicó a la ANR.

“Nadie está de acuerdo con esta administración por que el asunceno sufre, sufre el barrio. Asunción es un vertedero. Nosotros somo la esperanza del pueblo asunceno. Vinimos a hacer bien la gestión, necesita la cuidad y necesita el partido. Debemos lavarle la cara al partido”, puntualizó.

Insiste con echar a planilleros

Por su lado, el exintendentable, Daniel Centurión indicó que no fue fácil descabalgar, pero que entendió que Asunción necesita la unidad.

“No fue fácil, pero algo había que hacer. Esto no se tiene que tomar como un paso atrás, sino como un paso adelante, pensando en Asunción. En la unidad a la disidencia. Vengo a reivindicar la unidad”, sostuvo el diputado Daniel Centurión.

Agregó que dejó de lado la ambición política personal y puso en primer lugar a Asunción. Le insistió a Arnaldo Samaniego a que barra con los planilleros de la Municipalidad de Asunción y sanee la gestión.

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“El compromiso no es una cuestión electoralista tiene una carga de responsabilidad tremenda. Insistimos Arnaldo con la lucha frontal contra la corrupción, que le eches a patadas a los planilleros y que privilegies la operatividad de la Municipalidad de Asunción”, sentenció Centurión.

Reforzó el discurso de la experiencia y la militancia partidaria, que le hacen diferente a Camilo Pérez, quien nunca militó en la ANR.

“Mucho hicimos juntos desde la Municipalidad de Asunción. La unidad no quiere decir que pensamos de la misma manera, pero nos unimos por algo que tenemos en común, el amor por Asunción. Ambos somo militantes del partido, ambos tenemos experiencia”, manifestó el diputado.

Deterioro de la ruta PY 19 genera malestar y criticas de conductores en Ñeembucú

La situación se agrava debido a que sectores que habían sido recientemente intervenidos por el Consorcio Central Vial ya presentan nuevamente serios daños, lo que pone en duda la calidad de los trabajos realizados, así como la fiscalización de las obras.

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) manifestó que hace tiempo vienen denunciando el problema sin obtener respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Nosotros siempre denunciamos; hemos realizado varios pedidos de informes al MOPC, pero nunca tuvimos respuestas”, expresó.

El edil también alertó sobre el aumento de accidentes de tránsito en la zona afectada, señalando que el mal estado del camino representa un peligro constante para quienes transitan diariamente, incluyendo transportistas, productores y pobladores.

Asimismo, Ghiringhelli indicó que residentes de localidades como Villa Oliva y la zona de Zanjita denunciaron que la empresa encargada de las obras habría abandonado los trabajos sin brindar explicación alguna.

“Recibimos denuncias de los pobladores de que la empresa dejó de trabajar y no sabemos por qué”, sostuvo.

La falta de avances y el progresivo deterioro de la ruta generan malestar en la ciudadanía, que exige una pronta intervención de las autoridades nacionales.

La PY19 es considerada estratégica para la economía, ya que facilita el traslado de la producción agropecuaria y la conexión entre los demás departamentos.

Ante este escenario, autoridades locales insisten en la necesidad de una respuesta urgente del MOPC, tanto para reactivar las obras como para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial, evitando que continúen los accidentes y el aislamiento de comunidades enteras.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio Central Vial, integrado por las empresas DC Ingeniería S.A., Vialtec S.A., TR Construcciones e Iniciativas Construcciones S.A.

El contrato asciende a G. 101.998.023.817, con un plazo de ejecución de 18 meses, dividido en 12 meses de rehabilitación y 6 meses de mantenimiento.

Según el MOPC, los trabajos son financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial (CAF 8729). Las obras se iniciaron en marzo de 2025.

La doctora de guardia, Sara Ramírez, realizó múltiples gestiones para conseguir ambulancia en hospitales aledaños, considerando que el único chofer del centro asistencial se encontraba fuera de servicio tras cumplir su jornada laboral, señaló Ronald Rodríguez, familiar de la paciente.

Según denunció, los bomberos realizaron el trabajo que corresponde al Estado. “Se perdió tiempo valioso en una emergencia médica”, expresó.

El hospital local cuenta con dos ambulancias, pero solo dispone de un chofer, quien debe cubrir turnos de 12 o hasta 24 horas. Esta situación ya era conocida por las autoridades sanitarias. Se necesita contar con más personal para manejo de ambulancia.

El exconcejal municipal Guillermo Lovera criticó la situación y recordó que desde la Novena Región Sanitaria se había minimizado previamente la problemática, asegurando que existe una red de salud que coordinada para responder a estos casos. Sin embargo, en esta ocasión, el sistema no respondió a tiempo.

La paciente fue trasladada cerca de las 23:00 al Hospital Regional de Paraguarí, donde se confirmó el diagnóstico de ACV. En la mañana de hoy, se dispuso su derivación al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención quirúrgica.

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Lo que dijo la directora de la IX Región Sanitaria

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, manifestó que no fue informada oportunamente de la falta de chofer ni de ambulancia. Asimismo, indicó que, para la contratación de un nuevo chofer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) debe realizar un llamado a concurso.

Señaló que tras conversar con la médica de turno, esta le informó que los familiares optaron por no esperar la ambulancia que debía llegar desde Caapucú y que, al decidir buscar otro medio de transporte, la profesional dispuso igualmente el acompañamiento de una licenciada en enfermería durante el traslado de la paciente.

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Finalmente, señaló que existe un protocolo establecido para el traslado de pacientes, pero que, cuando la decisión se toma bajo responsabilidad de los familiares, también se respeta. Atribuyó la difusión de la falta de chofer al precandidato a concejal Lovera, a quien acusó de buscar rédito político.

Feprinco fustiga al Gobierno por “prebendario” y “populista” ante crisis de finanzas públicas

Wiens comenzó reprochando que ellos también fueron “deshonrados” por Peña, ya que lo apoyaron para que llegue al poder y sin embargo, ahora hasta gremios como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que reprochan el “prebendarismo”, “populismo” y el “enseñoramiento de la degradación institucional”.

Tenemos un gobierno que “nosotros le ayudamos a llegar ahí y que deshonraron el compromiso con la ciudadanía. Hoy nada más y nada menos que la Feprinco está hablando de la situación deshonrosa de la crisis económica, de la falta de una buena gobernanza pública y de que se aprieta al sector privado para beneficiar la politiquería de turno", dijo Wiens.

El presidenciable destacó como más grave que “hoy tenemos un gobierno que no respeta la institucionalidad ni la democracia” y sobre todo, que utiliza a las instituciones y la justicia a su antojo.

“Se han bajado las exigencias de un Banco Central (del Paraguay) para privilegiar a ciertos bancos. Se ha instrumentado la justicia y el Ministerio Público para proteger a los bandidos y para denunciar a los que piensan diferentes. Aquí habemos algunas víctimas de la persecución hoy imputados", sostuvo.

Hizo referencia al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez y al diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) imputados por supuesta divulgación de secretos en servicio, causa abierta en base a una denuncia del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Esta causa se vio viciada cuando se supo mediante filtración de conversaciones, que el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar instruía y ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.

Situación calcada a la que ahora ocurre con la denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a cargo de Alejandro Domínguez (cuyo hijo tiene negocios con este gobierno) contra el banco que forma parte del Grupo ABC, en el caso Nicolás Leoz.

Se constató mediante los metadatos de documentos del caso que el abogado de Conmebol, Claudio Lovera remitía instrucciones a los entonces fiscales del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y el aun fiscal Francisco Cabrera.

“A lo que no piensan como ellos se les persigue, para eso hay fiscales, para eso hay jueces que defienden los contubernios de la gente que hoy está en el poder para buscar su ambición personal”, afirmó Wiens.

De hecho, él también denunció ser blanco de ataques del cartismo mediante la justicia, ya que hace unos meses fue procesado por el caso Metrobús, donde además de blanquear al exminsitro del gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, se le imputa a Wiens la responsabilidad por haber frenado la obra que desde un inicio se alertó era inviable.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico), Santiago Arza, explicó que ese cargamento se encuentra resguardado en una bodega de seguridad de un banco de plaza, aún pendiente de los resultados de un estudio que pueda determinar la pureza, el peso, el tipo y el valor de estos bienes.

Esta semana fue incautada otra carga de 27 kilos de oro en el aeropuerto bajo posesión de un pasajero que pretendía llevar el metal a Panamá.

“Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre la disposición fiscal al respecto; no obstante, se espera que siga el mismo procedimiento para determinar el valor, el peso, la pureza y el tipo de ese bien incautado”, señaló el secretario de la Senabico.

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Ante la consulta de si este tipo de incautaciones tiene una diferencia en su tratamiento por ser oro, Arza señaló: “Cada bien incautado tiene una forma distinta de tratarse de acuerdo a su naturaleza. Pero, desde el punto de vista genérico o jurídicos, todos siguen la misma suerte”.

Se espera un marco de público multitudinario en el segundo encuentro de fútbol del año entre los dos clubes más populares del país y la Policía anunció que desplegará unos 3.500 agentes para cubrir el evento.

La Policía estará en “despliegue de alerta” desde la tarde del sábado y comenzará a realizar controles en los alrededores del Defensores del Chaco –y verificaciones a buses y otros vehículos que se dirijan a la zona del estadio– desde las 12:00 del domingo.

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Está previsto que los accesos al estadio abran al público a las 14:00 del domingo. El partido comenzará a las 17:30.

Traslado de hinchadas

El comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción, explicó que el traslado al estadio de las hinchadas organizadas de ambos equipos se realizará con acompañamiento policial: los hinchas de Olimpia –que tiene la localía en el partido- se trasladarán desde la sede social de ese club desde las 15:00, mientras que el traslado de la hinchada de Cerro comenzará a las 16:15.

Por acuerdo mutuo entre ambos clubes, no se permitirá que los hinchas ingresen bombos o banderas al estadio.

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El jefe policial recordó que los menores de edad que acudan al estadio deberán ir acompañados de una persona mayor.

“Cateos superficiales”

El dispositivo de seguridad en los alrededores del Defensores del Chaco incluirá la carpa para cateos que la Policía ha implementado –con cierta polémica- en las últimas fechas del Torneo Apertura.

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El comisario Agüero explicó que habrá carpas en los accesos para las hinchadas de ambos clubes, con el objetivo de verificar a los hinchas por medio de un “cateo superficial” y evitar que ingresen objetos prohibidos al estadio. Esas verificaciones se hacen con personal Antinarcóticos, de Eventos Deportivos y de Prevención y Seguridad de la Policía, con acompañamiento de representantes de los clubes, afirmó.

“Una exigencia ahora, después de tantos años, les obliga a hacer la nacionalidad, y eso es un trámite bastante largo”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que el plazo de un mes sería insuficiente, lo que podría derivar en la desvinculación de estos trabajadores.

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La parlamentaria señaló que inicialmente el número de afectados rondaba los 200, pero posteriormente el reporte del gremio se elevó a cerca de 400 médicos, provenientes de países como Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Corea, Pakistán, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela, entre otros.

La legisladora alertó que una salida masiva de este personal tendría un fuerte impacto en un sistema de salud que ya enfrenta escasez de recursos humanos. “Imaginate que de repente salgan 400 médicos del sistema de salud, en un país donde ya faltan profesionales”, cuestionó.

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Plantean modificar la ley y evitar aplicación retroactiva

Martínez consideró necesario revisar la normativa y aplicar medidas de transición para no perjudicar a quienes ya forman parte del sistema. Enfatizó que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva a médicos que ingresaron mediante concursos previos y que actualmente cumplen funciones.

Además, señaló que el tema debe analizarse también en el marco de acuerdos regionales como el Mercosur, que contemplan la movilidad y cooperación entre profesionales.

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En ese contexto, la senadora advirtió que, de mantenerse la medida sin cambios, Paraguay podría enfrentar consecuencias en términos de reciprocidad con otros países, que podrían restringir el acceso de médicos paraguayos en el exterior.

Finalmente, insistió en la necesidad de una solución urgente para evitar una crisis mayor en el sistema sanitario y garantizar la continuidad de los servicios médicos. “Hay que buscar una solución de contingencia ahora, para que estas personas no sufran daño y se pueda sostener el sistema”, concluyó.

El responsable de la Dirección Regional en Itapúa del MINNA, Cristian Wlosek, detalló que tres niños fueron sometidos a procedimientos de protección, entre los que se encuentran la separación para llevarlos a centros de protección o familias acogedoras.

Explicó que la medida responde a que los adultos responsables han sido reincidentes a pesar de varias intervenciones previas, donde fueron notificados de que cometían una transgresión a los derechos de la niñez. Los menores están expuestos a condiciones precarias, al peligro de una avenida transitada y a la explotación laboral, refirió.

Además, gestionaron con otras instituciones para el traslado de estos niños y sus adultos responsables hasta sus comunidades. El 80% pertenecería a la comunidad Guavirami de Trinidad, mientras que el resto pertenecería a otras comunidades de la zona.

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Visita del presidente

Coincidentemente, la intervención se realizó al costado del sitio donde se construye un Centro de Atención Integral de Primera Infancia (CAIPI) del MINNA, que será inaugurado el lunes. La obra es desarrollada en el marco del proyecto “Semillas del Futuro”, que pretende construir 100 centros integrales en 17 departamentos.

La inauguración está prevista para el lunes 20, a las 11:00. El ministro del MINNA, Walter Gutiérrez, confirmó su presencia, como también la del presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos.

Este centro es construido en el lugar donde funcionaba históricamente como “refugio” para estas comunidades indígenas que vienen a la ciudad para la venta callejera. El sitio era conocido como “el mangal”, debido a que había un frondoso árbol de mango que les daba sombra mientras se quedaban a vender sus productos en los semáforos.

El objetivo era desalentar esta práctica, pero los mismos se mudaron al paseo central de la avenida Japón, donde incluso pernoctan en condiciones precarias.

Secuelas de un abandono

Conflicto con comunidad indígena

Wlosek manifestó que en el marco de este operativo fue detenido un hombre indígena, quien tenía orden de captura en un proceso por falta al deber del cuidado de niños. También refirió que esperan la respuesta de la justicia, con relación a la denuncia desarrollada por el ministro Gutiérrez, contra líderes indígenas.

Manifestó que a pesar de que hubo un cambio en el liderazgo de la comunidad indígena Guaviramí, la familia del anterior líder. Continuaría con este presunto esquema, en el que buscan lucrar con el trabajo y la exposición infantil.

Concluyó que estos adultos deberían asumir las consecuencias de su deliberada intención de ser reincidentes, a pesar de las advertencias de la comisión de este hecho punible. “Las instituciones agotamos instancias”, afirmó.

Cerca de 20 agrupaciones musicales confirmaron su participación en el evento, que se desarrollará desde las 16: 00 horas, en la plaza La Paz, en el centro de la ciudad. Se montará un escenario con equipos de sonido para la ocasión.

La jornada arrancará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche y madrugada, con la participación de músicos, DJs, animadores y elencos de danza. El espectáculo promete una amplia variedad artística.

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El evento será transmitido por redes sociales y emisoras de la zona. Se espera una importante concurrencia.

El acceso será gratuito y el público podrá colaborar de forma voluntaria, ya sea en efectivo o mediante transferencias, además de una cantina habilitada para recaudar fondos. La actividad apunta a la solidaridad de la ciudadanía.

Vallejo afirmó que esta medida es inconstitucional y señaló que los permisos en el Congreso se están “pervirtiendo”. Citó como precedente el caso del senador cartista Erico Galeano, procesado por narcotráfico.

“Con la difusión de este pedido de permiso, ya está cantado lo que va a ocurrir. Le van a dar, inconstitucionalmente, de vuelta, permiso a un senador. Me siento tan desilusionada porque creo que es el momento en donde todos nos manifestemos en contra de esta decisión. No puede ser que alegremente se nos rían en la cara. Mintió por todos lados”, declaró.

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Causales para pérdida de investidura

Para la representante de Patria Querida, la situación de Rivas no amerita un permiso, sino la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional de pérdida de investidura.

Sostuvo que las pruebas sobre la supuesta falsedad de su título de abogado son suficientes para removerlo del cargo, aunque dudó de la voluntad política de sus pares en la Cámara Alta.

“Esto es contundente, totalmente claro, en lo que existe causal para una pérdida de investidura. La ciudadanía debe exigir porque es una falta de respeto a la ciudadanía. La decisión que va a tomar el Senado al aceptar la barbaridad del permiso, es una bofetada”, enfatizó.

Blindaje y defensa corporativa

Vallejo enfatizó su preocupación por la falta de movilización social ante las constantes contradicciones del senador colorado.

Según la legisladora, Rivas “se está burlando y está mintiendo en todos lados”, pero no recibe sanciones institucionales ni una condena social por parte de la ciudadanía.

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La diputada cuestionó los motivos detrás de la férrea protección del movimiento Honor Colorado hacia el legislador. Refirió que se pregunta qué información posee Rivas, por lo que desde el cartismo se sostiene una defensa corporativa antes que permitir su salida del Congreso.

En la zona, este tipo de tratamiento, se realiza en muy pocos hospitales públicos, como el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, Santaní, Choré, Itacurubí del Rosario, entre otros, pero que en la mayoría de los casos solamente beneficia a los pacientes más graves, debido a que los nosocomios no están equipados y no cuentan con suficientes cirujanos para los procedimientos, haciendo que muchas personas sean incluidas en la lista de espera.

Facilitar el acceso para el tratamiento

Al respecto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, explicó que en esta ocasión la jornada quirúrgica se decidió llevar al Hospital Básico de Choré para beneficiar a 26 pacientes con cirugías programadas de baja complejidad, teniendo en cuenta que solamente de esta manera se va a priorizar a la gente que se encuentra en la lista de espera, trabajando en equipo y recorriendo las distintas ciudades de San Pedro, mencionó.

El equipo de trabajo está integrado por 50 profesionales de blanco, entre ellos 20 médicos cirujanos y anestesiólogos, además de licenciados en enfermería, todos bajo la coordinación del director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria.

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Conforme a la manifestación de los encargados de realizar la atención médica, varias de estas personas provienen de las colonias rurales de Choré y otras de las comunidades adyacentes.

Próxima atención en Capiibary

Otra de las actividades quirúrgicas programadas en esta modalidad se estará llevando a cabo en el Hospital Básico del distrito de Capiibary, la próxima semana, con los mismos médicos cirujanos y acompañados por el personal de blanco del nosocomio de esta ciudad, según informaron.

Equipar los hospitales

En lo que refiere al reclamo más frecuente de la ciudadanía, tiene que ver con el pedido de equipamiento, contratación de personal de blanco y suficientes medicamentos para los hospitales públicos del departamento de San Pedro, con una cantidad poblacional de más de 400 mil habitantes.

Los uniformados fueron imputados por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, por los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado (coima) y estafa.

Ayer, el juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez admitió la imputación y concedió arresto domiciliario a los efectivos policiales, aunque también ordenó el uso de tobillera electrónica.

En teoría, el magistrado debe decidir hoy sobre la situación del otro imputado, Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien trabaja como chofer de Bolt y que también fue arrestado hace dos días.

El origen de todo

Primero el chofer de Bolt y luego los dos policías habrían perseguido y sacado dinero el 15 de marzo pasado a un automovilista identificado como Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, quien en aparente estado etílico chocó y dejó abandonada a una mujer, sobre la avenida España de Asunción.

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El chofer de Bolt se hizo pasar por primo de la accidentada y luego uno de los policías dijo ser el medio hermano de la víctima del choque, todo para sacarle plata y supuestamente solucionar el problema.

Sin embargo, cuando la víctima finalmente también identificó y localizó al conductor que le chocó, este último le contó que ya había pagado a sus supuestos parientes por los daños ocasionados en el accidente.

A partir de entonces, el chofer que ocasionó el accidente hizo una denuncia formal por el dinero que le sacaron bajo engaños, se investigó el caso y procesaron a los supuestos extorsionadores.

Para sectores de la oposición, este movimiento es una estafa al pueblo paraguayo. El senador Eduardo Nakayama fue contundente al señalar que el camino legal y ético debería ser la pérdida de investidura y no una salida decorosa a través de un permiso.

“Rivas debe tener algo y por eso no le sueltan la mano, definitivamente”, afirmó Nakayama, sugiriendo que el oficialismo mantiene un pacto de silencio para proteger al legislador.

El caso de Rivas, señalado por poseer un título universitario presuntamente falso, ha escalado a un escándalo de proporciones institucionales. Según Nakayama, la gravedad de sus actos supera incluso otros casos polémicos recientes, como los de Norma Aquino (“Yamy Nal”) o Javier Vera (“Chaqueñito”).

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“En un plano ideal, Rivas debería estar preso por la cantidad de hechos punibles que ha cometido. El más grave de ellos, coacción grave contra una agente fiscal, además de tráfico de influencias, porque está amenazando por su propio caso”, sostuvo el legislador.

A pesar de la evidencia presentada, la aritmética parlamentaria dominada por el movimiento Honor Colorado garantiza la permanencia de Rivas en el Congreso. Consultado sobre las chances de una expulsión definitiva, Nakayama fue tajante: “La probabilidad es cero”.

“Es triste, pero él se tiene que ir; no puede seguir ni un minuto más en el Senado”, sentenció el legislador opositor, subrayando la erosión de la credibilidad de la Cámara Alta ante la protección sistemática de figuras procesadas por la Justicia.

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El impacto económico es inmediato, numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta básica aumentan considerablemente debido a las dificultades para el abastecimiento.

Presidente mentiroso

Lógicamente, tras este nuevo episodio de abandono estatal, las personas comenzaron a manifestar rabia e impotencia contra las autoridades nacionales y departamentales. Al respecto, Derlis Silva, poblador de Bahía Negra, tildó de mentiroso al presidente Santiago Peña, quien en reiteradas ocasiones había manifestado que construirá caminos de todo tiempo para sacar del aislamiento al Alto Paraguay.

El morador, en un grupo de WhatsApp, exhibió un video de octubre de 2025, cuando el presidente de la República visitó la comunidad de Carmelo Peralta para verificar el avance de la construcción del puente de la bioceánica. En dicha oportunidad, el mandatario prometió una vez más, y ante la presencia del propio gobernador Arturo Méndez, que sacará del aislamiento a esta región chaqueña.

Peña decía específicamente en dicha oportunidad, al referirse al jefe departamental: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay, del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, decía por entonces el presidente.

“¿Cómo se puede creer en la palabra del presidente, que ni siquiera pudo mandar reparar los caminos de tierra para evitar este nuevo aislamiento y, con ello, el sufrimiento de las familias que vivimos por estos lugares? Si esto no pudo hacer, mucho menos hará caminos asfaltados”, dijo ofuscado el poblador.

Por su parte, Genaro Ramírez, poblador de la comunidad de María Auxiliadora, una de las zonas más castigadas por el aislamiento del año pasado, al coincidir con lo manifestado por Silva sobre las mentiras del primer mandatario, dijo que también las autoridades de la zona son responsables de esta desidia, como el gobernador, los intendentes y los propios concejales.

“Se juega con las necesidades de los pobladores de una de las regiones más alejadas del país. No puede ser que con cada lluvia estemos aislados por varios meses, atendiendo los innumerables problemas que esto ocasiona, como la cuestión económica; numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta familiar suben por las nubes, debido a lo difícil que se torna hacerlos llegar a las comunidades”, dijo.

Tránsito paralizado

Existe actualmente un promedio de 20 kilómetros de tramo intransitable debido al desborde de las aguas, en el camino que parte desde la ruta bioceánica y permite una salida hacia otras regiones a los pobladores de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo. Esto hace que, desde inicio de semana, el tránsito esté totalmente interrumpido.

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En la capital departamental, una unidad del transporte público de pasajeros que debía partir este lunes hacia la capital del país se encuentra parada, a la espera de que se pueda normalizar el tránsito. La interrupción de este servicio afecta de forma considerable a los pobladores, atendiendo la escasez de medios de transporte en el departamento.

Por supuesto que tampoco pueden transitar los camiones transportadores de mercaderías ni los que llevan animales vacunos, hecho que afecta de forma negativa al rubro de la ganadería, principal y única actividad económica en el Alto Paraguay. Por de pronto, aún se encuentra transitable el camino que parte desde el casco central de Fuerte Olimpo hacia las poblaciones rurales del distrito.

Esto hace que las personas de estas comunidades puedan ser abastecidas desde la capital departamental a través del río Paraguay, gracias al servicio de embarcaciones menores que transportan carga de forma semanal.

Ernesto Ojeda, representante del sector, explicó que el cálculo de más de G. 7 millones surge de un análisis colectivo basado en la experiencia diaria de trabajadores de distintos rubros. Hoy, el sueldo básico es de solo G. 2.899.048.

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Según sostuvo, el salario mínimo vigente no cubre las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, como establece el Código Laboral. Detalló que el salario básico debe cubrir alimentación, transporte, vestimenta, recreación y seguridad social.

“El salario mínimo tiene que generar condiciones de vida digna, pero hoy eso no se está cumpliendo”, afirmó.

Rechazo al ajuste anunciado por el Gobierno

Los manifestantes repudiaron el incremento que sería de alrededor de G. 61.000 e hicieron énfasis en que es insuficiente. Ojeda señaló que este ajuste “es una bofetada para los trabajadores”. Insistió en que el salario mínimo debe reflejar el costo real de vida y no solo indicadores macroeconómicos.

Además, advirtió que el salario mínimo funciona como referencia para el resto de los sueldos, por lo que su aumento debería impactar en toda la estructura salarial del país.

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Movilización y los pedidos

La protesta se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Trabajo, donde incluso se registró el cierre parcial de la calzada debido a la concentración de manifestantes.

El grupo de trabajadores anunció que ingresaría a la institución para presentar formalmente su estudio y reiterar el pedido de participación en la discusión salarial.

Como parte de las medidas de presión, la Corriente Clasista Combativa llamó a los trabajadores a movilizarse el próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador.

El objetivo, según indicaron, es exigir un salario digno y visibilizar la situación económica de las familias trabajadoras en Paraguay.

Asimismo, señaló que el reglamento interno del Senado en su artículo 30 únicamente prevé situaciones accidentales que impidan la presencia del parlamentario, lo cual -afirmó- no aplica en este caso. “Yo no puedo acompañar un pedido de permiso en esta situación”, enfatizó.

Uno de los puntos más delicados de su denuncia es la acusación de que Rivas habría incurrido en coacción grave contra la fiscala Patricia Sánchez.

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Según explicó, existiría una denuncia formal que documenta amenazas para impedir que la representante del Ministerio Público ejerza su derecho a revisar una sentencia ante la Corte Suprema.

Paredes afirmó que este hecho podría encuadrarse en el delito de coacción grave, tipificado en el Código Penal, lo que agrava aún más la situación del legislador.

“Uso indebido de influencias” y golpe al sistema judicial

La senadora también acusó a Rivas de haber utilizado documentos públicos de contenido falso para acceder a una representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A su criterio, esto configura un claro caso de uso indebido de influencias, causal directa de pérdida de investidura según la Constitución.

Pero fue más allá: calificó el caso como uno de los mayores escándalos institucionales del país. “Es el caso más escandaloso en cuanto a socavar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y burlar los derechos de muchísimos magistrados judiciales de la República”, sostuvo.

Desafío directo al Partido Colorado

Paredes no limitó sus críticas al movimiento Honor Colorado, presidido por Horacio Cartes, sino que apuntó directamente al Partido Colorado como responsable político.

Recordó que Rivas llegó al Senado en listas de ese partido y exigió que sean sus propios colegas quienes impulsen la pérdida de investidura.

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Para reforzar su postura, evocó su propia actuación en el caso de Javier “Chaqueñito” Vera, cuando promovió su expulsión. “Así como yo asumí la responsabilidad política y moral en su momento, el Partido Colorado debe hacer lo mismo”, afirmó.

Asegura que existen votos para avanzar

En contraste con otras posturas dentro de la oposición, Paredes aseguró que sí existen condiciones para avanzar con la pérdida de investidura.

Indicó que la suma de votos opositores y de la disidencia colorada podría superar los 23 votos, lo que -según dijo- permitiría encaminar una salida política. A su entender, esta sería “la salida más decorosa” para el Senado ante la ciudadanía.

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La senadora opositora también afirmó que el caso Rivas representa un quiebre histórico en términos institucionales. “Yo no conozco un escándalo de mayores proporciones en cuanto a socavar la institucionalidad del Poder Judicial y el Estado de derecho en Paraguay”, expresó, al tiempo de advertir sobre el impacto en la democracia.

Finalmente, reiteró su llamado a que el Partido Colorado asuma las consecuencias políticas de haber incluido a Rivas en sus listas, subrayando que el caso no solo afecta al Senado, sino a toda la estructura institucional del país.

Indígenas apostados al costado del antiguo tramo de la PY02, en Coronel Oviedo, exigen víveres y tierras

En cuanto al departamento de Caaguazú, aseguró que hay 70 comunidades indígenas que comprenden unos 12.000 nativos esparcidos en diferentes puntos de esta parte del país.

Catalino Sosa indicó que actualmente los nativos viven olvidados en condiciones inhumanas, atendiendo a que no existe voluntad política ni un presupuesto suficiente para cada institución indígena.

Señaló que las necesidades urgentes radican en la educación, para que los nativos se puedan desarrollar y estar a la par de cualquier ciudadano paraguayo. Indicó que anteriormente las comunidades indígenas vivían de lo que proveían los bosques, pero actualmente ya no existen bosques con animales silvestres.

Ante esta situación, señaló que los nativos necesitan desarrollarse y adquirir conocimientos, para poder contar con cultivos rentables en sus tierras e incluso plantar soja como los grandes productores del país.

Indicó que necesitan capacitación constante, equipamientos para preparación de suelo similares a los que se proveen a organizaciones de agricultores y una adecuada dotación de hospitales para garantizar la salud de los mismos.

Pidió una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para presentar un plan de trabajo orientado a este año y el próximo, con el fin de mejorar la condición de vida de las comunidades indígenas del país.

Nativos de Caaguazú viven en total abandono y sin asistencia del Gobierno

Añadió que cada año reciben promesas de autoridades, pero que con una propuesta clara de trabajo se podría mejorar al menos un 10% la condición de vida de los nativos.

Reunión con el presidente del Indi para acercar inquietudes

En una reunión entre líderes nativos, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y representantes de diferentes entidades del Gobierno, realizada ayer en la Gobernación de Caaguazú, los nativos presentaron una lista de pedidos que incluyen agua potable, electrificación, construcción de escuelas y tierras para comunidades.

Al respecto, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, indicó que recepcionaron todas las solicitudes y que se están gestionando con cada entidad responsable para poder paliar los problemas de las comunidades indígenas.

Indicó que el Indi está llevando adelante planes de trabajo que buscan garantizar la comercialización de productos generados en las comunidades indígenas. Agregó que el año pasado se logró comercializar productos por valores de G. 300 millones, que fueron destinados a diferentes comunidades indígenas del país.

Añadió que se están evaluando todas las necesidades para buscar mejorar la condición de vida de los nativos del país.

Ante este escenario, el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la institución solicitó un informe al oficial de cumplimiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Enrique Dávalos, a fin de verificar si se aplicó la debida diligencia en este caso.

El funcionario del TSJE explicó que el requerimiento busca determinar si el partido aplicó los controles de debida diligencia sobre el origen de los fondos del candidato, proceso que, en caso de detectar sospechas, debe derivar en un reporte ante Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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TSJE y sus limitaciones sobre financiamiento político

Consultado sobre cómo el jefe comunal logró superar los filtros de financiamiento político, Ruiz Díaz explicó que el organismo electoral tiene limitaciones jurídicas.

Señaló que no cuentan con mecanismos para detectar irregularidades basándose únicamente en las declaraciones juradas de los candidatos durante la campaña. Refirió que recién en la etapa de rendición de cuentas posterior se puede tener un panorama más claro.

Además, recordó que el TSJE no está facultado para emitir reportes de operaciones sospechosas, lo que restringe su capacidad de acción preventiva.

Rol del oficial de cumplimiento y confidencialidad

Ruiz Díaz indicó que Enrique Dávalos debe informar si realizó la debida diligencia, que implica investigar el caso y determinar si existen elementos que justifiquen la situación.

“Si él dice que esto está justificado, nos dirá cómo se justifica y, caso contrario, nos dirá que tendrá que presentar ante Seprelad”, dijo.

No obstante, advirtió que el marco legal vigente protege la confidencialidad de estas actuaciones, por lo que el oficial de cumplimiento no está obligado a informar sobre sus procedimientos.

En ese contexto, cuestionó que dicha confidencialidad no debería prevalecer sobre el interés público en casos que podrían involucrar hechos punibles.

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Conflictos de interés dentro de los partidos

El funcionario también puso en duda la independencia de los oficiales de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.

“En muchos casos podemos hablar de conflicto de interés entre el desempeño del oficial de cumplimiento y la organización política. Hay que recordar que el oficial de cumplimiento es un empleado de la organización política. Entonces, muchas veces es difícil que cumpla de manera cabal lo que le indica la ley, que es reportar”, cuestionó.

Ley de financiamiento, bajo cuestionamiento

Ruiz Díaz fue contundente al señalar que con la legislación actual es “imposible” evitar que candidatos utilicen dinero ilícito en sus campañas.

Indicó que, ante estas limitaciones, el TSJE depende en gran medida de publicaciones periodísticas para detectar posibles irregularidades.

“Necesitamos mejorar nuestra ley. El oficial de cumplimiento, como trabaja en un marco de confidencialidad absoluta, muchas veces, si quiere nos responde o no nos responde. Porque su obligación directa es entre su institución, que es a quien controla, y a Seprelad”, apuntó.

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Propuesta de reforma normativa

El director de Financiamiento Político adelantó que desde el TSJE se impulsa la unificación de las normativas vigentes sobre financiamiento político, que -reveló- actualmente suman cinco.

Apuntó que con ello buscan introducir ajustes de fondo y evitar lo que calificó como “soluciones parche” que generan confusión y debilitan los controles.

Los representantes del Ministerio Público consideraron probados en el contradictorio y, por ende, concluyeron que Girala era quien encabezaba un esquema de persecución de inocentes, extorsión y pedidos de coima a quienes investigaba en su unidad fiscal.

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En tal sentido, la Fiscalía atribuye la comisión de los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, en calidad de autor por parte de la exfiscala Ana Girala.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en al menos 15 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa penal.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles,para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

En cuanto a los abogados Liz Martínez, Nélida Alcaráz y Marcos Velazco, para la Fiscalía, cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencia y cohecho pasivo agravado.

Imputación por “carachenta” sin contar con pruebas

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con mérito para ser procesada, en un caso de supuesto aborto y comercialización de medicamentos no autorizados.

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“Por carachenta, demasiado co le quiero imputar a esta señora de carachenta pero me pongo nomás a pensar con nuestro informe de medicina legal, cómo vamos a demostrar de que tuvo, que hizo el aborto, tenemos el bebé, tenemos todo pero dice que no fue un aborto provocado y ese informe no nos ayuda y no nos va a ayudar”, expresó Girala en un mensaje enviado a la secretaria Griselda Acha.

Como la investigada no cumplió con la suma de dinero solicitada, Girala presentó imputación en su contra, según resaltaron en sus alegatos conclusivos los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

En otro caso, también de diciembre de 2022, la entonces agente Ana Girala, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó canastas navideñas a Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo en una causa y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”. Dicha persona cumplió con el pedido y entregó como “obsequio” las canastas de Navidad, que fueron repartidas a todos en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo.

Merienda y otros pedidos de Girala, según fiscales

Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez afirmaron que el esquema de coima y extorsión, supuestamente liderado por la propia Ana Girala, quedó demostrado también en una causa por supuesta violencia familiar, de octubre de 2022, en la que la entonces agente fiscal, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó la suma de G. 4.000.000, que luego disminuyo a G. 3.000.000 y posteriormente a G. 2 millones, para no imputar al denunciado, quien finalmente no abonó las sumas requeridas y fue imputado.

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Lo escandaloso en esa causa es que, según los alegatos finales del Ministerio Público, además de solicitar sumas de dinero al denunciado, a fin de no presentar imputación, la entonces fiscal Ana Girala y su secretaria Griselda Acha pidieron “para la merienda” a la víctima del hecho, a fin de recibir su testimonio.

El 30 de octubre de 2022 la secretaria Griselda Acha le envió un mensaje a la fiscal Ana Girala diciéndole: “Al final vino la chica”, la entonces agente del Ministerio Público le preguntó “Quien chica?”, y recibió como respuesta: “Esta de violencia, de ayer”.

Sobre dicha situación, la acusada Ana Girala le dijo a la secretaria: “Por lo menos para la merienda”, por lo que posteriormente Griselda Acha Alcaraz contestó: “Por lo menos para la merienda le dije, Y sin problema me dijo” y Girala respondió con un sticker.

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Parrilla o mesa de lapacho para quincho

Las conversaciones mantenidas entre octubre y diciembre de 2022, entre la entonces fiscal Ana Girala y la secretaria Griselda Acha, demuestran cómo avanzaban en las negociaciones para formular una imputación en el marco de una causa por supuesta producción de documentos no auténticos, que tenía como denunciante a un conocido de la secretaria fiscal ahora acusada.

En ese sentido, según los alegatos finales del Ministerio Público, mediante las conversaciones entre Girala y Acha en el juicio quedó probado que las acusadas solicitaron la suma de G. 30.000.000 para imputar al ciudadano Sergio Giménez Paredes, pero del monto que solicitaron, recibieron la suma de G. 15.000.000.

En noviembre de 2022, cuando Grisela Acha le comentó a Girala, a través de mensajes de texto, que el denunciante solo estaba dispuesto a pagar la suma de G. 15.000.000 la agente fiscal respondió: “Acepto parrilla”.

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Ante esta respuesta, Griselda Acha expresó a la agente fiscal: “JajjA, Le voy a decir”; y Ana Girala contestó a la secretaria fiscal: “Y si, O una mesa de lapacho de Quincho”.

Según el anuncio del Gobierno, el plan de pagos contempla el desembolso de 100 millones de dólares a los proveedores del sector de la salud en el corriente mes de abril y unos 80 millones adicionales en mayo.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Rocío Figueroa, portavoz de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), celebró el anuncio y dijo que el desembolso dará “un respiro” a las empresas proveedoras, algunas de las cuales llevaban hasta 30 meses sin cobrar por servicios proveídos al Estado.

Propuesta para cancelar toda la deuda

En caso de cumplirse el pago anunciado por el Gobierno, el saldo de la deuda con las proveedoras de salud quedaría en más de 800 millones de dólares, un monto que las proveedoras plantean sea cancelado por medio de una cesión de deuda.

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“Vamos a seguir trabajando en el documento que va a regir la cesión de pagos”, dijo Figueroa, quien comentó que está prevista una reunión con representantes del Gobierno en dos semanas para definir detalles sobre ese plan.

“Necesitamos un documento viable para los bancos, para que se presenten a ser pagadores de la cesión de deuda”, explicó.

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Figueroa destacó que el pago parcial de 180 millones de dólares se aplicará a todos los objetos de gasto que componen la deuda: no solo la compra de medicamento, sino también gastos por amparos judiciales o servicios de estudios médicos.

El hecho ocurrió a las 08:05, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de un vehículo frente al establecimiento comercial.

Según se observa en las imágenes de seguridad, los malvivientes descendieron rápidamente portando armas de fuego cortas y escopetas.

Para intentar pasar desapercibidos o confundir a las víctimas, algunos de los asaltantes vestían chalecos tácticos con la inscripción “Policía” en la espalda, además de cubrir sus rostros con pasamontañas, tapabocas y quepis.

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La secuencia de video muestra cómo los criminales interceptaron primero a un trabajador que se encontraba en la vereda, a quien obligaron a ingresar al local a punta de pistola. Una vez adentro, tres mujeres que se encontraban en el comercio se lanzaron al suelo ante la agresividad de los atacantes.

“Entreguen la plata”, se escucha decir a uno de los delincuentes en el audio ambiente del video, mientras exigían con insistencia la ubicación del efectivo. Ante las amenazas, una de las empleadas indicó que el dinero no estaba en la caja principal.

Bajo custodia de uno de los delincuentes, la trabajadora fue llevada hasta otro sector del local para entregar el dinero, mientras otro de los cómplices se encargaba de vaciar la caja de recaudación del día y buscar otros objetos de valor.

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El vídeo culmina cerca de las 08:08, por lo que se desconoce con mayores detalles cómo prosiguió el hecho. Hasta el momento, no se reportaron datos oficiales sobre el monto robado ni sobre personas detenidas.

Según explicó, la situación no solo afecta al Poder Legislativo, sino que también deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial. A su criterio, existe una “vulnerabilidad total del poder judicial” y una “complicidad del poder legislativo”, lo que refleja -según dijo- una subordinación de ambos poderes al poder político.

Pese a la presión ciudadana y el rechazo de diversos sectores, incluyendo gremios de abogados y dirigentes de distintos partidos, admitió que la oposición no cuenta con los votos necesarios para impulsar la pérdida de investidura de Rivas por uso indebido de influencias.

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Martínez señaló que, aunque existen elementos que podrían configurar tráfico de influencias -como las supuestas amenazas a la fiscala Patricia Sánchez-, el principal obstáculo es político: no se alcanzan los 30 votos requeridos en el Senado.

“El cartismo le blindó durante siete años y hoy le sigue blindando”, sostuvo, en referencia al sector oficialista. Añadió que la estrategia de otorgarle un permiso sin goce de sueldo replica el esquema utilizado anteriormente con el senador Erico Galeano, lo que, según dijo, mantiene a Rivas bajo protección política.

Un dilema político para la oposición

La senadora también describió la compleja situación que enfrenta la oposición en el Senado. Por un lado, impulsar la pérdida de investidura sin contar con los votos necesarios podría terminar legitimando decisiones previas cuestionadas, como la destitución de Kattya González, que -según Martínez- se realizó fuera del reglamento.

González había sido expulsada por 23 votos (mayoría simple) cuando el reglamento del Senado establecía una mayoría absoluta (30 de 45)

Por otro lado, rechazar el pedido de permiso implicaría que Rivas continúe en funciones, lo que tampoco consideran una opción viable. “Estamos en una posición difícil”, reconoció.

La abstención como “símbolo político”

Ante este escenario, Martínez adelantó que cuando se trate el pedido de permiso de Rivas su postura personal será la abstención, como una forma de manifestar su rechazo tanto al pedido de permiso como a la falta de condiciones para una sanción efectiva.

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“La única opción que me queda es abstenerme como un símbolo político de que no estamos de acuerdo”, afirmó.

La senadora insistió en que Rivas debería dejar su cargo y enfrentar a la justicia por lo que calificó como un fraude a la ciudadanía y a las instituciones del Estado. Sin embargo, concluyó que el respaldo del cartismo sigue siendo determinante para evitar consecuencias políticas inmediatas.

“Dadas las perspectivas que tenemos del mes de marzo, como cerramos con una mejor recaudación y lo que está ocurriendo ahora en le mes de abril, estamos en condiciones de comprometer entre los meses de abril y mayo desembolsos por un valor total de 150 millones de dólares para este sector proveedor exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas”, señaló Lovera.

El titular del MEF dijo en esa misma línea que se está trabajando para llegar a acuerdos sobre la deuda reclamada en materia de intereses que se generaron en la administración anterior y que corresponden a cancelaciones que se realizaron a finales del 2023. Señaló que el acuerdo en este sentido se sustanciará a través de una ley, algo que se estará “movilizando a nivel legislativo desde la próxima semana”.

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Con respecto a la cesión de derechos de cobro (factoring), mencionó que está abierta la mesa de discusión y en 15 días más habría un resultado favorable para avanzar en el instrumento.

“Esto creo que, más allá de una cuestión de predisposición de los actores del Estado, también es mucha predisposición de parte de los proveedores para avanzar en forma conjunta en soluciones creíbles y en soluciones sostenibles para poder cumplir con las obligaciones", manifestó.

El primero en hablar en representación de los proveedores fue el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien elogió la gestión gubernamental y señaló que “si la deuda existe es porque se trabajó”. Afirmó que están satisfechos y esperanzados con el anuncio, ya que les permite tener previsibilidad para seguir trabajando.

“Vamos a poder seguir haciendo lo que sabemos, que es construir, que es mejorar la calidad de vida de la gente a través de la obra de infraestructura, dotarle al país de esta infraestructura que tanto necesita para poder desarrollarse (…) y de nuestra parte darle un mensaje a nuestros proveedores que también están sufriendo así como nosotros, porque la cadena del sector de la construcción es muy amplia”, expresó.

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Por su lado, José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), remarcó que la infraestructura tiene que acompañar al crecimiento económico del país. Dijo que, si bien hay un voto de confianza hacia el nuevo ministro de Economía, resaltó que la confianza se construye y por ello serán “custodios” de la propuesta que recibieron.

“Hoy venimos a anunciar esto como para que realmente podamos despegar en infraestructura ante una disminución del ritmo de trabajo y tenemos aún un poco más de dos años. Este tiempo que se perdió, yo creo que podemos recuperar trabajando 24/7”, dijo.

“Las obras no paran”

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se encargó de destacar que la instrucción recibida de parte del presidente Santiago Peña es que las deudas del Estado se deben honrar y aseguró que las obras no paran y “continúan con su ritmo acelerado”.

“Estos 150 millones de dólares, que prácticamente duplican o triplican lo que venimos pagando en un periodo de dos meses, van a generar un alivio importantísimo, van a permitir respirar a las empresas constructoras y retomar este cronograma para llevar en tiempo y forma estas soluciones”, dijo.

Añadió que la estimación que manejan en el MOPC es que, con este monto, a finales de mayo ya estará saldado el 85 por ciento de la deuda del 2025.

Deuda total con el sector de la construcción

De acuerdo con lo informado por representantes de los gremios, a la fecha la deuda asciende a 210 millones de dólares en materia de capitales y más de 100 millones de dólares en intereses acumulados desde hace dos años.

“Lo que se va a pagar va a ser bastante más de lo que ingresan de certificados mensuales, porque acá el problema que tuvimos el año pasado fue que cada mes se metía cierta cantidad de montos de certificados y se pagaba menos de lo que se metía. Entonces la deuda fue aumentando desde enero hasta diciembre (…) Este mes se está pagando por lo menos lo que se ejecuta, por eso la deuda ya no subió e inclusive bajó respecto a lo que era diciembre y con estos 150 millones de dólares va a bajar inclusive más”, destacó Paul Sarubbi.

El titular de Cavialpa destacó la importancia de saber exactamente cuánto recibirán en materia de pago hasta fin de año, lo cual les dará previsibilidad para planificar con los bancos y proveedores. De ese modo se podrá empezar a retomar el cien por ciento del ritmo de las obras.

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El aprehendido fue identificado como Marino Jara Sanabria, de 40 años, suboficial del Ejército con destino en la capital, domiciliado en Aguaraymí, Nueva Germania. Se encontraba acompañado por dos jóvenes de 21 años.

De su poder fueron incautados un automóvil Volkswagen, equipos de audio tipo competencia, una pistola calibre 9 mm con cartuchos y cargadores un rifle de aire comprimido, un cuchillo tipo carnicero, además de un celular y bebidas alcohólicas. Los elementos estaban dentro del vehículo.

Según el informe policial, el detenido hizo caso omiso a reiteradas indicaciones de cesar la ingesta de alcohol en la vía pública y reducir el volumen del equipo de sonido, por lo que fue trasladado a la comisaría junto con sus acompañantes. El procedimiento se realizó conforme a protocolo.

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Por disposición de la agente fiscal Laura Soledad Romero, se practicó la prueba de alcotest en la Patrulla Caminera de Río Verde, arrojando resultado positivo de 0.473 mg/L. Tras ello, se ordenó su detención y la incautación de los objetos.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público y el detenido deberá comparecer ante la Unidad Fiscal en el transcurso de la jornada. Las autoridades continúan con el proceso investigativo.

“Fue un transporte público de la Línea 30 con una camioneta; las personas implicadas fueron derivadas para atención médica”, detalló el director Rodrigo Delvalle.

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Señaló que, luego del hecho, la PMT llevó temporalmente la camioneta al corralón, para despejar el tránsito.

Por el momento, se desconoce el número de heridos y las circunstancias exactas del choque.

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Según los datos, al cierre del tercer mes del año, los ingresos alcanzaron un total de G. 11,82 billones (US$ 1.818 millones al cambio vigente), que representa una caída del 1,5% frente al mismo periodo del año pasado; mientras que los gastos sumaron G. 13,9 billones (US$ 2.138 millones), que equivalen a 7% más.

En lo que respecta al gasto, dentro del paquete total las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y marzo del presente año, G. 5,78 billones (US$ 889 millones), el incremento por ende fue del 7%, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal.

En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,96 billones, que en conjunto totalizaron, G. 5,78 billones, esta cifra representa el 63% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe. Es decir, de cada G 100 recaudados, G. 63 son para pagar salarios.

Gasto salarial en el gobierno central crece 8,9% y pago de intereses, 19,7%

Prestaciones sociales aumentaron 16%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al primer trimestre del año G. 2,89 billones (US$ 445 millones), que representan un aumento del 16%. Este gasto, absorbe alrededor del 31% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).

Las prestaciones sociales aumentaron 14%

El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 1,54 billones (US$ 238 millones) al primer trimestre del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al mes de marzo último acumulaba un déficit de G. 669.560 millones (US$ 103 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.

Paralelamente, en Areguá una directora reportó que recibió la captura de pantalla de una amenaza publicada en una página de Instagram, donde se amenazaba también con un tiroteo sin determinar la fecha.

Tras amenaza de tiroteo, suspenden clases en colegio privado de Asunción

Así también, en otra institución educativa, la directora avisó a la comisaría local que no tendrían clases al activar el protocolo de emergencia por otra amenaza.

Todas las directoras de esas instituciones pidieron cobertura policial para garantizar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Algunas suspendieron las clases y otras no, tras confirmar al presunto autor.

Por otra parte, también en un colegio público de Pedro Juan Caballero se suspendieron las clases por el mismo motivo ayer.

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Un reto viral

Según indican, estas amenazas saltan como réplica de un suceso registrado en Argentina. En dicho país, semanas atrás se reportaron decenas de amenazas de tiroteos luego de que se registrara un grave caso y ante un aparente reto viral de la red social TikTok.

Se dejan sobre todo mensajes en los baños, anunciando atentados en fechas próximas.

Pese a que solo se trata de “bromas”, las escuelas se ven obligadas a activar distintos protocolos de seguridad y alertar a las comisarías más cercanas para fortalecer la cobertura policial.

A esto se suma el cierre total del carril de la avenida De la Victoria que conecta con esta arteria principal, lo que impide la circulación directa en ese punto.

Los trabajos, iniciados el miércoles pasado, implican la clausura de media calzada en la intersección de ambas avenidas, lo que genera cambios obligatorios en la circulación vehicular.

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Rutas alternativas para salir a Eusebio Ayala

Los conductores que circulan por la avenida De la Victoria y necesitan incorporarse a Eusebio Ayala deben realizar un desvío previo por las calles Carios, luego tomar Veteranos del Chaco y continuar por José Félix López o Jow Von Sastrow, vías que permiten retomar la avenida principal.

Cómo cruzar hacia Pitiantuta

Para quienes buscan cruzar desde De La Victoria hacia la zona de Pitiantuta, el recorrido también se modifica. Deben desviarse por Carios, seguir por Veteranos del Chaco hasta Jow Von Sastrow, desde donde se accede al carril de Eusebio Ayala en dirección a Asunción y posteriormente se conecta con Pitiantuta.

Calles angostas y mayor tiempo de viaje

Un equipo de ABC Color verificó que las calles utilizadas como alternativa son angostas y no están preparadas para un alto flujo vehicular. Esto provoca que un trayecto que normalmente demanda unos dos minutos pueda extenderse hasta cerca de diez minutos.

Durante las primeras horas del día, el tránsito se mantiene intenso pero fluido, en parte porque el bloqueo afecta principalmente el carril de salida de la capital. Sin embargo, la situación cambia drásticamente en horas de la tarde, cuando la salida laboral genera congestión y demoras importantes.

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En la zona se observa presencia intermitente de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, quienes realizan controles y ordenamiento vehicular de manera aleatoria.

En una entrevista con ABC, el doctor Darío Zárate, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA), desglosó la compleja realidad de una especialidad que, aunque vital para la medicina moderna, coloca a sus practicantes en un terreno de altísima vulnerabilidad emocional y farmacológica.

Anestesiólogos: vulnerabilidad 2,7 veces mayor que en otras especialidades

La anestesiología es, por definición, una carrera de alta presión, explicó Zárate. “Es una especialidad que tiene 2,7 veces más frecuencia de adicciones que otras especialidades médicas”, aseguró a ABC.

El médico resaltó que esta cifra responde al nivel de estrés extremo que conlleva la especialidad y el acceso inmediato a fármacos de altísima potencia.

Aunque el caso de Salto del Guairá sigue bajo investigación fiscal, el doctor Zárate reveló que la SPA ya está trabajando con el Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud para establecer pautas de contención. “Nosotros identificamos alertas, pero aún no existe una legislación que establezca un control estandarizado”, señaló el vicepresidente.

Test toxicológicos: un control necesario

Consultado sobre la propuesta del Ministerio de Salud, de aplicar test toxicológicos al personal de salud en cercanía con fármacos controlados, Zárate indicó que la postura de la Sociedad es la apertura hacia medidas de control más estrictos, por lo que estarían a favor de estos exámenes, siempre y cuando estén condicionados a un marco legal claro.

El médico enfatizó que, si bien hay casos de éxito y recuperación, la tasa de reincidencia en el gremio es alta, rondando el 20% en un lapso de año y medio.

Déficit de especialistas

La falta de personal es otro factor que alimenta el agotamiento. Actualmente, Paraguay cuenta con 350 anestesiólogos para una población cercana a los 7 millones de habitantes. Esto arroja una cifra de 5 anestesiólogos por cada 100.000 habitantes, que es exactamente el mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En comparación con la región, la cifra en Paraguay es preocupante. En Argentina, se dispone de 14 anestesiólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Chile, se cuenta con aproximadamente 11 por cada 100.000.

Zárate detalló que en Paraguay se cuenta con centros formadores como el Hospital de Clínicas, Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital Militar y el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde se forman cerca de 27 nuevos profesionales al año.

Sin embargo, el vicepresidente de la Sociedad indicó que en muchos establecimientos, como en el IPS, donde un anestesiólogo atiende entre 6 y 7 cirugías por día, la demanda sigue siendo asfixiante.

En un principio, Bello había prometido sacar a la calle a los 9.000 funcionarios, para lo cual había emitido una resolución que declaraba obligatoria la participación de los trabajadores. Finalmente, ante la presión de los sindicatos, su jefe de Gabinete, Máximo Medina, firmó un acuerdo en el que reconocía la calidad “voluntaria” de la participación.

Los afectados por lo que afirman que es una represalia, que pidieron la reserva de sus identidades por temor a más represalias, señalaron que la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de Marcos Giménez, se negó a recibir solicitudes de vacaciones y permisos. Como represalia por no asistir a la jornada de limpieza, ya les confirmaron que recibirán un descuento salarial equivalente a un día de trabajo.

Para los funcionarios, estas sanciones serían medidas ejemplares contra quienes no se plegaron a una actividad cuyo objetivo real era favorecer la imagen del oficialismo colorado, golpeada por la catastrófica gestión del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y por la crisis de la basura que vive Asunción con Luis Bello a la cabeza. Insistieron en que, quienes participaron, lo hicieron por presión política.

Represalias: se amparan en circular

Los denunciantes argumentan que la dirección de Recursos Humanos se ampara en la Circular 11/26, del 26 de marzo, firmada por el presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, en la que se dispuso que durante el 27 de marzo (día de la jornada de limpieza), “no serán recepcionados los permisos y/o vacaciones”.

Sin embargo, reclaman que una circular institucional no puede estar por encima de la ley y la Constitución Nacional. El funcionariado rechaza que normas internas vulneren garantías legales establecidas en su contrato colectivo de trabajo vigente.

Al no aceptarse justificativos, la ausencia se registra administrativamente como una ausencia injustificada. Los trabajadores advierten que acumular dos faltas de este tipo permite iniciar un sumario administrativo.

Los funcionarios apuntan directamente contra Marcos Giménez, director de Recursos Humanos, con un sueldo de casi G. 22 millones (febrero 2026), y quien según dicen, responde directamente a Jorge “Turi” Capello (ANR-cartista), concejal con permiso y secretario privado del presidente Santiago Peña (ANR-cartista).

Compromiso electoral

En redes sociales, Giménez muestra su compromiso electoral firme con el oficialismo. El 12 de abril, por ejemplo, fue etiquetado en una fotografía con varios adherentes del precandidato cartista a concejal Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-cartista).

En el posteo, se nombra también a Camilo Pérez (ANR-cartista), precandidato a intendente, y a Jorge “Turi” Capello, como coordinador general de la campaña electoral en capital.

ABC intentó obtener la versión de Giménez, pero no respondió a los mensajes y llamadas a su teléfono con terminación 869. Este medio está abierto a recibir y publicar su versión.

El SISE es una plataforma impulsada por gremios como la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

En esa línea, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, detalló que son los exportadores quienes cumplen el rol de enlace con los compradores para colocar la mercadería en el mercado europeo.

Subrayó que el sector privado decidió desarrollar su propia plataforma porque “la tarea de exportar recae en los privados y no en el Estado”.

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“Es una negociación del sector privado del Mercosur con el sector privado europeo, donde se analiza qué herramienta se ajusta mejor a cada parte. El Gobierno puede ofrecer una herramienta adicional para facilitar el proceso, y está bien; quien quiera usarla, que la use”, destacó.

Prueba piloto de la plataforma

Entre tanto, el titular de la Cappro, Raúl Valdez, mencionó que estos actores representan a gran parte de la cadena del agronegocio, incluyendo productores, comercializadores y agroexportadores.

Valdez manifestó que el SISE podría estar en funcionamiento a partir de julio. Además, algunas empresas ya se encuentran realizando pruebas piloto para "ajustar la integración de los diferentes eslabones” de la cadena con el circuito comercial.

“Existen desafíos importantes, como la interfaz del sistema SISE con el Visec (sistema de trazabilidad y certificación de soja y carne de Argentina), considerando que gran parte de la soja paraguaya es exportada a ese país, donde luego es procesada y reexportada al mercado europeo”, acotó.

Señaló que gran parte de los obstáculos que impedían un avance más rápido en el desarrollo de la plataforma ya fueron abordados y solucionados, considerando la alta complejidad de adaptar el sistema a los requerimientos de la normativa.

A esto se suma la participación de los distintos eslabones de la cadena, precisó desde el productor hasta los agroexportadores y comercializadores, así como de las contrapartes compradoras, que cuentan con diferentes sistemas y mecanismos.

“Las multinacionales tienen sus propios sistemas”

En cuanto a las razones por las cuales los gremios privados (Capeco, UGP, Fecoprod y Cappro) decidieron crear su propia tecnología, en paralelo al Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa) impulsado por el Gobierno -del que participan otros gremios del complejo cárnico y agrícola-, Valdez explicó que cada empresa, especialmente las multinacionales, ya cuenta con sus propios sistemas internos.

No obstante, aclaró que no existe una obligación para que productores o comercializadores utilicen un sistema específico. “En definitiva, lo que observamos en su momento fue la necesidad de abordar de manera integral, entre todos los eslabones principales de la cadena productiva, el diseño de una plataforma que sea adecuada y que atienda los requerimientos de todo el modelo de negocio”, indicó.

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El titular de la Cappro añadió que se trata de una alternativa adicional, que considera integral, ya que involucra a los principales actores de la cadena. En ese sentido, afirmó que la cooperación entre los gremios permite desarrollar un sistema que atiende las distintas variables y necesidades de los sectores.

En lo que respecta a la financiación para la puesta en marcha del SISE, comentó que, al tratarse de un emprendimiento del sector privado, es costeado a “riesgo empresario”. Explicó que existe un esquema de tarifas y una adhesión voluntaria por parte de cada empresa.

El pasado 31 de marzo, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena a nueve meses de prisión -con suspensión de pena– que le fue impuesta a Coronel en agosto de 2025.

El argumento que la defensa de Coronel plantea es que el Tribunal que lo condenó basó su sentencia en normas derogadas como la ordenanza 183/04 de la Municipalidad de Asunción, que reglamentaba las mediciones de niveles de sonido en base a la Ley de Polución Sonora 1100/97 y que –desde la perspectiva de la defensa- quedó sin efecto al entrar en vigencia la Ley de Ruidos Dañinos que el Congreso Nacional aprobó en 2020.

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La defensa argumenta que la Municipalidad de Asunción incumplió lo que establece la nueva ley, que daba un plazo de seis meses desde su promulgación para que se establezcan los niveles de ruido permitidos en cada ciudad, que deben ser controlados por la Policía Nacional.

Ordenanza estaba vigente en el momento del hecho, según Fiscalía

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, la fiscal Elvia Chávez, quien representa al Ministerio Público en el proceso contra Coronel, defendió la condena afirmando que la ordenanza en que se basó la sentencia “estaba vigente en el momento del hecho” y que la Fiscalía “pudo demostrar la participación de este señor con relación al hecho que se investigó”.

Indicó que la Corte Suprema aún no corrió traslado a la Fiscalía de ninguna decisión sobre el caso, por lo que queda pendiente ver qué decide la máxima instancia judicial del país.

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La condena a Coronel hizo que se produjeran varios pronunciamientos de solidaridad hacia La Chispa, incluyendo uno de la Secretaría Nacional de Cultura, que expresó su “rechazo a toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales”.

Las condiciones del tiempo se mantendrían iguales mañana, sábado. Sin embargo, el domingo se espera que las lluvias vuelvan a expandirse a gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

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Los índices subirían muy levemente en los próximos días, con máximas de 30 grados el sábado en la capital y 31 grados el domingo.

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, calificó el inicio de los diálogos sobre tecnología nuclear en Asunción como un punto de inflexión para la política energética paraguaya. Fue en conversación con la prensa, en el marco de la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) y Financiamiento de Proyectos Nucleares, que se realiza en nuestro país desde el lunes último hasta hoy, viernes.

Según Sosa, el crecimiento vegetativo del consumo se mantiene entre un 6% y 6,5% anual, la tasa más alta de la región, lo que exige mirar más allá de la abundancia hidroeléctrica actual.

La apuesta inicial de la institución no es la construcción inmediata, sino la formación de capital humano. Sosa anunció que la ANDE ya tomó la decisión de preparar ingenieros y especialistas en el área de generación nuclear, independientemente de cuándo se decida formalmente su inclusión en la matriz energética.

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Para este proceso, la alianza con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el intercambio con expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) serán pilares fundamentales para acortar la brecha de conocimiento en una tecnología que aún es inédita para el país.

Sobre la posibilidad de que el sector privado lidere estas inversiones, el ingeniero no descartó la opción, aunque subrayó que cualquier proyecto de esta envergadura requerirá un riguroso análisis financiero, un consenso ciudadano y, sobre todo, una decisión política.

Además, resaltó la importancia de establecer acuerdos internacionales con los países vecinos para garantizar la armonía regional en el uso de esta fuente de energía. Los reactores modulares pequeños, que todavía se encuentran en fase de maduración comercial a nivel mundial, aparecen como la opción más viable para el mercado local debido a su escala y seguridad.

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El horizonte temporal para ver una central operativa en Paraguay es de aproximadamente 15 años. Sosa fue enfático al señalar que este proyecto trascenderá varios períodos gubernamentales, convirtiéndose en un verdadero desafío de Estado.

En cuanto a los costos, si bien reconoció que la infraestructura nuclear implica una inversión elevada en comparación con las fuentes tradicionales, recordó una premisa básica del sector: “la energía más cara es la que no existe”.

Finalmente, el titular de la estatal destacó el respaldo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y del OIEA en la conformación de grupos de trabajo regionales. Esta cooperación internacional busca que Paraguay, a pesar de su actual riqueza energética, no quede rezagado en la carrera por la innovación tecnológica.

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Al respecto, el teniente Miguel Sosa, de la Séptima Compañía de Bomberos, confirmó que un transformador estaba ardiendo en el lugar, ya que su aceite habría estado en fuga.

Tras un combate de alta presión con agua para un “ataque directo”, se pudo apagar el fuego, ya que ante la altura del equipo era imposible utilizar extintores.

Subestación entró en protección

Otro punto que detalló el bombero es que los técnicos de la ANDE precisaron que ante el incendio, la subestación entró en un modo de protección que corta el suministro de energía eléctrica, algo que también permitió a los combatientes actuar y controlar la situación, pero a oscuras.

Funcionarios y ciudadanos protestan contra fallo que amenaza a Clyfsa

Se trata de César Daniel Amarilla De Rosas (31), quien hasta el momento no registraba antecedentes, aunque ahora es el sospechoso de comercializar marihuana tipo “génesis”, una variación de la droga con un porcentaje de THC en torno a 30 y 50%.

Según el comisario Víctor Acosta, la marihuana “tradicional” tiene un porcentaje de 2 a 3% de THC, que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

Droga incautada

Durante el procedimiento en una vivienda del barrio San Vicente de la capital, los intervinientes incautaron casi 9 kilos de la droga, un monto que equivaldría a 10.000 dosis y su valor en el mercado rondaría los G. 200.000 por cada 10 gramos. Entre otros elementos incautados se encuentran celulares, tarjetas de crédito y una camioneta de la marca Toyota, modelo Prado, que según la Policía, el detenido habría utilizado para comercializar las sustancias.

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La movilización reunió a trabajadores de la firma, familiares y usuarios del servicio eléctrico, quienes expresaron su preocupación por el futuro de la compañía y el impacto que tendría su eventual desaparición en la economía local.

Durante la protesta, los participantes reclamaron además que cesen los intentos de que la empresa privada sea absorbida por el Estado, en medio del conflicto que mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Uno de los principales puntos de conflicto es la sentencia que obliga a Clyfsa a pagar una millonaria deuda por diferencias tarifarias acumuladas desde el año 2017. A este escenario se suma la implementación del pliego tarifario N° 21, que recategorizó a la empresa como usuaria industrial en lugar de distribuidora, lo que incrementó significativamente sus costos operativos.

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Según los representantes de la firma, esta combinación de factores haría financieramente inviable la continuidad de la empresa, llevándola a una quiebra técnica.

En paralelo, los manifestantes expresaron su sospecha de que el conflicto jurídico podría formar parte de un intento de estatización del servicio eléctrico en Villarrica, situación que fue advertida por directivos de la firma tiempo atrás.

Esta preocupación surge tras la aparición de un anteproyecto de ley de transición y modernización del servicio eléctrico, que plantea cambios estructurales en el modelo actual. El documento propone la caducidad de la ley que otorga la concesión a Clyfsa en un plazo improrrogable de 10 años, a cambio de la extinción total de las deudas y multas acumuladas (hasta G. 160.000 millones sumando capital e intereses devengados).

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No obstante, establece como condición que, una vez cumplido ese periodo, toda la infraestructura eléctrica de la empresa pase a manos del Estado o de la Municipalidad de Villarrica.

En ese contexto, el presidente de Clyfsa, el ingeniero Luis María Ocampos, valoró el respaldo ciudadano durante la manifestación. “El apoyo de la ciudadanía nos emociona y nos fortalece en este reclamo, porque creemos que estamos defendiendo un derecho legítimo”, expresó.

Ocampos sostuvo que la empresa cuenta con respaldo jurídico suficiente para sostener su posición en el conflicto. Asimismo, rechazó la recategorización impuesta por la ANDE, señalando que históricamente Clyfsa ha operado como distribuidora de energía eléctrica.

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Indicó que la firma cuenta con más de 18.000 usuarios en Villarrica y advirtió que la aplicación del pliego tarifario N° 21 fue “mal elaborada” y diseñada de tal manera que haría inviable la operación de la empresa. Según afirmó, la empresa ya había alertado a autoridades nacionales sobre los efectos de dicha medida, sin obtener respuestas favorables.

El titular de Clyfsa insistió en que no permitirán un esquema que derive en la desaparición de la empresa y la pérdida de su rol como distribuidora.

Actualmente, el caso se encuentra en estudio ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la firma apelara el fallo en segunda instancia.

La funcionaria extranjera, junto a su comitiva, mantuvo una reunión con el ministro Rolando de Barros Barreto para abordar una “agenda estratégica” en lo que refiere a acción climática y mercados de carbono.

Como parte del encuentro también se abordaron iniciativas entre ambos países bajo el marco del Acuerdo de París referente al cambio climático jurídicamente vinculante.

Movilidad eléctrica y residuos

Asimismo, la cartera estatal detalla que agenda bilateral también proyecta oportunidades en movilidad eléctrica, gestión de residuos y desarrollo tecnológico con participación activa del sector privado asiático, cuyos representantes acompañan la comitiva asiática encabezada por Fu.

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En Ñeembucú, los afectados se concentran en las localidades de Humaitá y Villa Oliva. En el primer distrito, la evaluación de daños culminó en la noche del miércoles, aunque el intendente solicitó aguardar para confirmar si existen más afectados antes de remitir la asistencia estatal. En tanto, para Villa Oliva se prevé el envío de equipos técnicos durante la jornada para el relevamiento correspondiente.

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El titular de la SEN detalló que en el departamento de Paraguarí se registraron damnificados en zonas de San Roque González de Santa Cruz y Quiindy, donde ya fueron individualizadas algunas familias afectadas.

Asimismo, informó sobre el impacto en una comunidad indígena en el departamento de Presidente Hayes, en cercanías de Pozo Colorado, donde al menos 18 familias resultaron perjudicadas por el fenómeno climático.

Evaluación en curso y envío de ayuda

Zárate señaló que la institución se encuentra desplegando funcionarios para la evaluación de daños y la entrega de asistencia. Entre los insumos previstos se incluyen kits de alimentos no perecederos, así como materiales de construcción como chapas, terciadas y puntales, dependiendo de la magnitud de los daños en cada zona.

Aclaró además que hasta el momento no recibió reportes desde el departamento de Concepción, donde —según indicó— la gobernación suele responder inicialmente a las emergencias y recurre a la SEN solo en situaciones que superan su capacidad.

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Prevén aumento de damnificados

El ministro advirtió que la cifra actual de familias afectadas podría incrementarse, debido a que en muchas ocasiones los reportes desde compañías alejadas llegan con retraso a las autoridades locales.

No obstante, sostuvo que por ahora el número de damnificados no es elevado y recordó que tanto gobernaciones como municipios cuentan con recursos para asistencia inmediata, conforme a la normativa que establece la asignación del 5% del presupuesto para este tipo de contingencias.

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A la espera del Operativo Invierno 2026

En otro momento, Zárate indicó que la SEN aguarda la autorización de la Municipalidad de Asunción para poner en marcha el Operativo Invierno 2026.

Explicó que los refugios temporales suelen habilitarse a partir de la segunda quincena de mayo, con el objetivo de asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante las bajas temperaturas.

“El llamado fue suspendido a raíz de una protesta. Esto es algo normal hasta tanto la DNCP resuelva”, explicó el director de Aseo Urbano, Máximo Medina.

El funcionario insistió en que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos de control y que incluso ya se contemplaba la posibilidad de consultas o reclamos por parte de las empresas interesadas.

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Niegan que se trate de una compra directa

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al mecanismo utilizado para la adquisición, considerado por algunos sectores como una compra directa.

Sin embargo, Medina rechazó esa interpretación y aseguró que el proceso cuenta con supervisión institucional.

“Este llamado no es una compra directa, justamente por eso pasa por el control de la DNCP”, sostuvo, al defender la vía elegida por la administración del intendente Luis Bello.

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Protesta por presunto direccionamiento

En cuanto a la objeción presentada por una de las firmas interesadas, el director indicó que el reclamo apunta a las especificaciones técnicas de la caja compactadora incluida en el llamado.

Según explicó, la empresa cuestiona un posible direccionamiento del pliego, al considerar que podría favorecer a determinados oferentes.

No obstante, Medina relativizó el planteamiento y lo atribuyó a disputas habituales dentro de los procesos licitatorios. “Es normal que una empresa reclame cuando entiende que un pliego beneficia más a otra”, afirmó.

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Urgencia como argumento central

La Municipalidad también justificó la vía adoptada en la necesidad de reforzar con rapidez el servicio de recolección de residuos.

Medina señaló que actualmente la flota municipal opera con limitaciones: de 27 camiones disponibles, solo entre 15 y 20 están en funcionamiento.

En ese contexto, sostuvo que se optó por un procedimiento más ágil para atender la demanda, aunque sin dejar de lado —según afirmó— los controles de Contrataciones Públicas.

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Cuestionamientos persisten

Pese a la explicación oficial, la suspensión —que podría extenderse entre uno y dos meses— mantiene en pausa la adquisición de los camiones y alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso.

Mientras la Municipalidad insiste en que se trata de un trámite rutinario, las críticas por un eventual direccionamiento del pliego y por el uso de mecanismos abreviados continúan marcando el debate en torno a una licitación millonaria.

El funcionario adelantó que se presentaría el “50% de la solución a este problema”, aunque en el caso de las deudas con las farmacéuticas, recién se tendrían novedades la semana que viene.

“No me preocupa tanto la deuda ni el plan de pago con las vialeras o construcción. Se van a resolver las cosas; salud es una deuda un poco más preocupante”, sostuvo. Asimismo, mencionó que la deuda con las constructoras rondaría los 220 millones de dólares, con una discusión de otros 100 millones por intereses que vendrían del Gobierno anterior, pero esto sería solucionado con una “fuerte inyección”.

En referencia a la deuda con el sector de salud, citó que son 1030 millones de dólares “en algo que tiene mucha demanda” y por esto señaló que “estamos viendo la mejor forma de encontrar un modelo que sea sostenible en el tiempo”.

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Comunicado de Feprinco

Hoy, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dio a conocer un pronunciamiento público en el que fustigó al gobierno cartista por priorizar el prebendarismo y el populismo antes que el saneamiento de las finanzas públicas.

“Yo no veo tan así, yo veo que el comunicado de Feprinco arranca reconociendo los logros del Poder Ejecutivo”, mencionó al respecto Giménez.

También alegó que supuestamente el Estado hizo “reformas como ningún otro gobierno anteriormente” hasta el punto de que “hace 20 años el Paraguay no crece así”, según el alto funcionario, ya que también mencionó que la pobreza se redujo con la ocupación, que serían 242.000 empleos.

“Yo estoy feliz de que exista esta intensidad por parte de los gremios de siempre pedir más; nos obliga a nosotros a hondar mayores esfuerzos, ¿Qué vamos a hacer? Falta mucho y hay cosas todavía que no se hicieron", declaró.

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El uniformado herido fue identificado como Esteban Ramón Peralta Martínez (21), quien conducía el vehículo y resultó con lesiones de consideración. Tras una inspección, fue trasladado al Hospital de Policía Rigoberto Caballero donde permanecería internado.

El suboficial fallecido fue Marcelo Iván Benítez Balbuena (24) y se reportó como causa de su muerte un traumatismo craneoencefálico.

Accidente al adelantarse

Ambos se encontraban en servicio en una motocicleta policial KTM Adventure y según testigos, al momento de intentar adelantarse a un bus que circulaba en la calle Mariscal López, el conductor perdió el control a una alta velocidad y ambos cayeron al asfalto.

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Las labores están encabezadas por los especialistas Kong Hee Woon y Kim Sung Won, de KGM Commercial (KGMC) y Tw Enersys respectivamente, empresas fabricantes de los autobuses. Los profesionales cuentan con el acompañamiento y asistencia de especialistas de la Binacional y del Parque Tecnológico Itaipu- Paraguay (PTI-PY), indicaron desde la entidad.

Los trabajos no se limitan únicamente a la revisión mecánica, sino que incluyen un fuerte componente de capacitación del personal de Itaipú y del Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay (PTI-PY). Durante los próximos días, los profesionales locales recibirán instrucción directa en el cuidado y la reparación de estas unidades de tecnología avanzada, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa de transporte ecológico en territorio nacional.

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Intervención técnica en sistemas de baterías de 800V

Uno de los puntos más críticos de la jornada técnica es el desmontaje y verificación de los packs de baterías. Según el reporte técnico, cada unidad cuenta con cuatro packs: dos instalados en el techo del bus y otros dos en la sección inferior. Este sistema suministra una tensión de 800 V al motor eléctrico y posee una capacidad energética de 87 kWh, lo que requiere una manipulación de alta precisión.

El proceso detallado consiste en la revisión de los 15 módulos que integran cada pack, compuestos a su vez por un conjunto de celdas. Una vez finalizada la verificación, los técnicos procederán a la reinstalación de los sistemas y a la actualización del software operativo de cada vehículo. Finalmente, se implementará un sistema de monitoreo y control remoto que permitirá supervisar el rendimiento de los cinco buses en tiempo real.

Para el ingeniero Jens Krauch, de la Asesoría de Movilidad Eléctrica de la Binacional, los resultados obtenidos hasta ahora con estas unidades en Hernandarias y alrededores son alentadores. El profesional destacó que la experiencia acumulada demuestra que es técnicamente posible proyectar una implementación a gran escala de este tipo de transporte en el futuro, aprovechando la excedente energía hidroeléctrica del país.

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Actualmente, el despliegue de estas unidades de movilidad sostenible se distribuye para maximizar su uso de la siguiente manera: tres buses prestan servicio en la Municipalidad de Hernandarias, uno está asignado exclusivamente al traslado de visitantes dentro del complejo de Itaipú, y la quinta unidad opera en el predio del PTI-PY. Este esquema, operativo desde el año 2025, busca consolidar al Paraguay como un referente regional en el uso de energías limpias aplicadas al transporte público.

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En la oficina del TSJE en Ayolas no manejan el padrón partidario, ya que solamente serán observadores y apoyo logístico en el día de las elecciones, según funcionarios asignados al distrito. Pero sí tienen la información de que el Partido Colorado tiene 9.999 habilitados para votar.

Es por ello por lo que se prevé habilitar 30 mesas de votación en la Escuela Básica 1.915 Agustín Pío Barrios de las Mil Viviendas. En comparación con el PLRA, la ANR solamente elige candidatos a intendentes y concejales municipales.

En el local de la Justicia Electoral se habilitarán cuatro mesas para que los afiliados a los partidos Yo Creo, Participación Ciudadana, Patria Querida y Unace puedan legalizar a sus candidatos.

Alexio González Torres, del PLRA, señaló que se acercan las internas y los partidos están en movimiento electoral. El PLRA tendrá como local de votación el Colegio Nacional Bernardino Caballero, donde estarán habilitadas 10 mesas para aproximadamente 3.500 electores afiliados a esta nucleación política.

En esta ocasión, el elector liberal tiene que elegir a los candidatos a cargos municipales y también a los aspirantes a cargos directivos del PLRA.

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“Ellos no podían acceder a su título de propiedad porque la ley exigía que previamente debían pagar montos muy elevados y el campesino obviamente no disponía de esos montos”, explicó Ruiz Díaz.

Con este proyecto de ley están tomando acciones para entregar el título al campesino antes de hacer un pago previo. “Se le da un tiempo de 12 meses para poder acceder a algún tipo de préstamo para invertir en su finca y con las ganancias que vaya obteniendo, pagar las cuotas de su título”.

En segunda instancia está la de alargar los plazos. “Con esta nueva ley se va a extender el plazo de 10 a 20 años para los hombres y de 15 a 30 años para las mujeres”.

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Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, apuntó: “Este componente es fundamental para el apoyo técnico del sector campesino, para eliminar ese problema que enfretaban los campesinos a la hora de acceder al título de propiedad”.

En la comunidad son recordadas víctimas como Silvano Ortellado Flores, Martín Rolón Centurión, Ramón Pintos Amarilla y Alejandro Falcón. También, Francisco López, Policarpio López, Adolfo López, Elixto López, Dionisio y Diego Rodas, y Luis Gonzaga Pereira.

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En el acto de recordación y homenaje se prevé la presencia de representantes de organizaciones nacionales. Será una forma de reivindicación de las luchas de personas paraguayas que pensaron diferente, indicó Águeda Pereira.

La actividad incluirá una visita al panteón de Silvano Ortellado Flores. Seguidamente, se compartirá un almuerzo con los presentes en el monolito ubicado en el predio del Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado.

Se anuncia la presencia de víctimas de la dictadura de diferentes puntos del país que sobrevivieron al régimen, familiares de las personas desaparecidas, entre otras.

“Con esto se busca tener viva la memoria, hablar un poco de los legados de esta importante organización agrarista nacional que es las Ligas Agrarias Cristianas, cuyas semillas siguen vivas", dijo Pereira.

También, mencionó que Ligas Agrarias fue la primera organización campesina que tuvo el departamento de Misiones. Posteriormente, se extendió hacia Paraguarí, Concepción y otros puntos del país.

Pereira manifestó que, tras 50 años de la Pascua Dolorosa, una organización de reparación histórica continúa con la búsqueda de las personas desaparecidas para que, por lo menos, puedan tener una sepultura; algunos de ellos todavía no fueron encontrados.

Es por ello que es de suma importancia que los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer lo que pasó con relación a las violaciones graves contra los derechos humanos dentro del territorio nacional durante la dictadura puedan informarse y mantener viva la memoria histórica de estos hechos.

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Fue luego de que el tribunal de apelación compuesta por la jueza Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro resolvió por voto en mayoría el sobreseimiento definitivo del senador Rivas argumentando que el hecho que le imputa el Ministerio Público (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió. El juez Agustín Fernández fue el único que votó en contra.

A esta nueva denuncia se suma otra presentada por el abogado Federico Campos López Moreira, por supuesta estafa, ya que se cumplen los requisitos para este tipo penal, según argumentó.

“La denuncia es por delitos y crímenes comunes. ¿Qué quiere decir eso? Yo le denuncio por estafa. La estafa es un tipo penal en el cual se exigen dos cosas, una mentira y un beneficio patrimonial. Rivas nos mintió a todos los paraguayos, les mintió a sus pares del Congreso diciendo ‘sí, soy abogado, mándeme al JEM’. Ayer (Óscar) Cachito Salomón de hecho dijo: ‘A mí me estafó; yo le creí’, y a Cachito Salomón ahora lo llamamos para que certifique que fue estafado. Él como senador y nosotros todos los paraguayos y toda la gente”, explicó.

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Nueva denuncia contra Rivas

Agregó que Rivas se benefició económicamente, ya que cobraba una dieta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) además de contar con personal, chofer, etc.

Otro tipo penal que según el abogado se configura es la declaración falsa, ya que Rivas varias veces dijo ante sus pares, tanto cuando fue diputado, como ahora, siendo senador, e incluso ante la misma Corte Suprema de Justicia, que es abogado, lo cual incluso quedó constancia en actas.

El tercer delito o crimen por el que lo denuncian es asociación criminal, ya que con el antecedente de Óscar González Daher, quien presidió el JEM para apretar a jueces y fiscales, Rivas pudo haber ingresado con el mismo objetivo.

“Él no se fue de onda al frente sin saber nada, él se fue para servirle a una estructura. Mi misión es hacer que la fiscalía compruebe o desapruebe ese indicio. Le hacemos otra denuncia por hechos nuevos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. ¿Por qué? Porque él, eso es lo que nadie dijo y yo ya dije desde 2020, al firmar el título, cuando te vas a la facultad, uno de los momentos más emocionantes es cuando te dicen, ‘Diego, Federico, vení y firmá tu título’, entonces, vos, Rivas qué tenía que haber hecho ahí, ‘esperamos yo no me fui a la facultad. ¿Cómo yo voy a firmar?’” indicó.

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Nulidad de las causas del JEM

Sobre la prescripción de la causa decretada por el tribunal de apelación, explicó que la misma no puede darse, ya que el delito incluso podría traer un problema en cuanto se compruebe.

“Si vos tenés un tribunal en donde uno de los jueces era un impostor, tu juzgamiento no vale, hermano. Eso puede traer un caos jurídico muy importante, es una vergüenza para el Paraguay”, refirió.

López Moreira dijo que Rivas se dedicó más al blanqueo de jueces y fiscales y puso como ejemplo el caso del fiscal Jorge López Loman, que murió de un cáncer.

“El cáncer todos sabemos es una de las enfermedades que tiene un gran componente psicosomático. Este Jorge López Loman fue perseguido injustamente por Bogarín Alfonso, que era amigo de Rivas, hasta que lo quitan porque en San Pedro él se negó a a salir a favor de una resolución fiscal y le llevaron al Jurado y le echaron. Ahí estuvo metido Rivas”, recordó.

También criticó a la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, a quien acusó de manejar el centro de canje de poderes fácticos y contra quien espera que sea procesada el 7 de mayo ante el JEM.

El doctor Hugo Espinoza, director general del INAT, junto al doctor Lino Marcelo Pederzani, director médico, y la doctora Fabiola Estigarribia, encargada de habilitaciones, hicieron entrega oficial del certificado de acreditación al doctor Jorge Giubi, director Asistencial del Hospital de Clínicas.

El doctor Espinoza señaló que la entrega es resultado de diversas reuniones técnicas orientadas a reactivar el programa de trasplante hepático en el Hospital de Clínicas. “Tras una rigurosa verificación documental y presencial de las instalaciones, confirmamos que las condiciones están dadas. Por ello, otorgamos una habilitación provisoria para adultos y adolescentes, permitiendo el reinicio del programa a la brevedad posible”.

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La doctora Estigarribia subrayó que se trabajará de forma articulada con el INAT para ofrecer solución terapéutica a nivel local, para evitar que los pacientes deban “migrar al extranjero en busca de tratamientos complejos”.

El doctor Giubi, explicó por su parte que la certificación otorgada por el INAT es un acto administrativo que avala el cumplimiento de todos los requisitos técnicos para operar como Centro de Trasplante Hepático en adultos y adolescentes.

El médico detalló que por el momento, la habilitación es provisoria mientras concluye el trámite documental. Sin embargo, aseguró que la verificación in situ ya fue realizada con éxito, confirmando que la institución cumple rigurosamente con todos los protocolos de seguridad.

“Este tipo de cirugías no se realizan en otros centros asistenciales del país, lo que obliga a muchos compatriotas a buscar soluciones en el extranjero, donde el acceso es cada vez más limitado y complejo. Con esta reactivación, asumimos el compromiso de brindar una respuesta local, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y ofreciéndoles la terapia definitiva que sus patologías requieren”, expresó Giubi.

El caso de Diego Mendoza

Diego Mendoza, es un joven paraguayo de 30 años, que requiere de un urgente trasplante hepático. Diagnosticado con cirrosis de etiología autoinmune e hipertensión portal en etapa crítica, el joven padre de dos niños, se encuentra en un estado crítico.

El una entrevista que Diego realizó para ABC el pasado 9 de abril, contó que desde que fue diagnosticado en 2021, el sistema de salud paraguayo le niega un trasplante, instándolo a buscar costosas soluciones en el extranjero que su precaria economía le impide alcanzar.

“Lo único que me gustaría es tener una segunda oportunidad para poder estar con mis hijos, para salir adelante. Me considero joven todavía, tengo 30 años y quisiera tener un futuro, pero lastimosamente acá, en Paraguay, me están matando”, había dicho con mucha pena.

En la jornada cambiaria de este jueves, el dólar efectivo bajó en promedio 30 puntos y cerró en G. 6.380, y en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario, la cotización también bajó y cerró las operaciones en G. 6.374, una cifra que no se registraba desde hace más de cinco años, según los registros históricos oficiales.

No obstante, las proyecciones de agentes privados como Itaú Macro, la divisa se irá estabilizando hacia final del año, por lo que estiman que el dólar llegaría a cerca de G. 6.650.

Caída del dólar se acentúa y su valor ya registra baja del 20% en un año

En lo que va del año, la divisa estadounidense ya se depreció 5% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 300 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 21%, alrededor de G. 1.600 menos por cada dólar.

Pese a la fuerte reducción que se viene registrando en el tipo de cambio a nivel local, no se traduce en los bienes esenciales de la canasta básica. Aunque, si se ha reducido los precios de algunos bienes durables como electrónicos, electrodomésticos,

Impacto en ingresos

Entre los impactos más importantes de la baja del dólar se destaca el efecto en las recaudaciones impositivas de la Dirección de Aduanas, (por la liquidación de las importaciones).Desde las agroexportadoras y los frigoríficos también resienten el golpe por la caída de la cotización, que ha deteriorado sus ingresos debido al cambio actual. En el caso de los frigoríficos exportaron menos carne por la baja del incentivo.

Además, llevaron a cabo la limpieza de viviendas que sufrieron importantes daños materiales, principalmente por el desprendimiento de techos a causa de los intensos vientos.

Temporal causa destrozos en Humaitá y deja decenas de viviendas afectadas

Según los datos recabados y verificados, al menos 63 viviendas resultaron afectadas por el fenómeno climático. Sin embargo, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que la asistencia inmediata está siendo focalizada en unas 24 familias que registran mayores pérdidas.

Durante la jornada, funcionarios de la SEN y de la Gobernación de Ñeembucú se hicieron presentes en la zona para coordinar las acciones de ayuda y evaluación de daños. El trabajo conjunto busca agilizar la respuesta ante la emergencia y brindar contención a los damnificados.

Por su parte, Rolando Espinoza, de la Secretaría de Obras de la Gobernación, anunció que la institución apoyará con la provisión de materiales de construcción, como cemento y chapas, con el objetivo de colaborar en la reparación de las viviendas dañadas.

En tanto, el intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), aclaró que el camión con la asistencia de la SEN aún no ha arribado a la localidad, pero aseguró que la distribución de los insumos está prevista para la mañana de este jueves.

Pese a la magnitud de los daños materiales, no se reportaron víctimas, lo que representa un alivio para la comunidad.

No obstante, las autoridades insisten en la necesidad de mantener la asistencia y el acompañamiento a las familias afectadas, mientras prosiguen las tareas de recuperación en esta emblemática ciudad del departamento de Ñeembucú.

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Desde sus redes sociales agregó que su salida por lo menos permitirá “lavar parcialmente la vergüenza de un peso muerto que ni sus amigos estaban dispuestos a seguir cargando”, en alusión a sus colegas cartistas.

Igualmente, el senador compartió la opinión del internauta Francesco Fiorio, quien dijo que Hernán Rivas “le ve la cara de pelotudos a sus colegas, incluido a los de Honor Colorado, a quienes prometió que la semana que viene iba a presentar a sus compañeros, y ahora termina pidiendo permiso. No puede presentar compañeros porque es FALSO”.

Permiso vip del cartismo

Por su parte, el senador Éver Villalba (PLRA) dijo que con este último caso se confirma que “del preso sãmbuku del stronismo se pasó al ”permiso vip del cartismo“.

Dijo esto en alusión al preso sãmbuku quien, según la tradición, estando privado de su libertad tenía privilegios como salir de la cárcel para eventos sociales y otros asaltos o crímenes.

Hizo esta declaración en su cuenta de X (Twitter) con la captura de portales digitales sobre el “permiso” concedido por el cartismo al senador Erico Galeano (ANR, HC), condenado por el caso A Ultranza Py y cuya sentencia fue apelada así como el pedido de permiso de Hernán Rivas (ANR, HC), investigado por supuestamente amenazar a una fiscala para que no apele su sobreseimiento en su proceso por presunto título falso para acceder a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Según el relato, la mujer de 32 años habría sido sometida durante años a un ciclo de violencia, consistente en agresiones físicas y amenazas constantes tanto en contra de ella como de su entorno familiar.

Agregó, además, que en 2023 ya lo había denunciado por violencia familiar y por asistencia alimentaria.

Mató a la mascota de la víctima

La denunciante indicó que uno de los episodios más graves ocurrió en diciembre de 2025, luego de una discusión iniciada en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú. El conflicto continuó en la vivienda que ambos compartían en el barrio San Antonio de Presidente Franco.

Según un video que la denunciante presentó como prueba, el hombre mató a su mascota, tras ahorcarla y arrojarla contra el suelo.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Viviana Sánchez, quien solicitó la captura del hombre.

La actividad, prevista para este domingo 19 de abril, convocará a participantes provenientes de distintos puntos del país, incluyendo delegaciones organizadas, grupos juveniles, familias y personas interesadas en sumarse a una experiencia que combina reflexión, actividad física y contacto directo con la naturaleza.

El evento es impulsado por organizaciones como Custodios de la Naturaleza, Grupo Yvyty Marangatu y Amigos Ecologistas del Ybytyruzú, colectivos que, desde hace años, vienen promoviendo iniciativas orientadas a la conservación ambiental y la educación ecológica en la región, con énfasis en la protección de los recursos naturales del macizo del Ybytyruzú.

Los organizadores subrayaron que la peregrinación no solo tiene un componente recreativo o espiritual, sino que busca generar conciencia sobre la crítica situación ambiental que atraviesa el país, marcada por la deforestación, la contaminación de cauces hídricos y la progresiva pérdida de biodiversidad en distintas zonas del territorio nacional.

Desde la organización indicaron que la jornada también representa una forma de manifestación pacífica, mediante la cual los participantes expresan su preocupación por el avance de actividades que consideran perjudiciales para el ecosistema, así como su compromiso con la protección de los bosques y fuentes de agua.

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El programa oficial prevé el inicio de las actividades a las 08:45, con la recepción de delegaciones en el santuario, donde se dará la bienvenida a los participantes y se brindarán orientaciones generales sobre el desarrollo de la jornada y las medidas de seguridad a tener en cuenta durante las caminatas.

Posteriormente, se llevará a cabo una charla ecológica a cargo de la ingeniera Soledad Martínez, quien abordará temas vinculados a la conservación ambiental, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida cotidiana.

Uno de los momentos principales del evento será el ascenso al Cerro Tres Kandu, que, con sus 842 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del Paraguay.

Durante la jornada también se desarrollarán actividades de carácter espiritual, como la celebración de la Santa Misa y el rezo del Vía Lucis (Camino de la Luz) a lo largo de los senderos del santuario, en un ambiente que invita a la contemplación y al recogimiento en medio de la naturaleza.

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Además, los asistentes podrán participar de experiencias de conexión con el entorno natural, como el denominado “Baño de bosque”, así como de recorridos guiados para el reconocimiento de especies nativas de flora y fauna presentes en la zona, promoviendo así la educación ambiental.

El evento incluirá igualmente un espacio cultural con la peña artística Ka’aguypu, prevista para las 14:00, donde se presentarán expresiones musicales y artísticas.

En cuanto a la logística, se dispondrá de transporte para los participantes provenientes del departamento de Caazapá. El transporte partirá a las 07:30 desde la Catedral San Pablo, con un costo de G. 50.000 que incluye el viaje de ida y vuelta, según informaron los organizadores de la actividad.

Las reservas podrán realizarse hasta el viernes previo al evento, teniendo en cuenta la disponibilidad de lugares, por lo que recomiendan a los interesados asegurar su participación con anticipación. Asimismo, los organizadores sugirieron a los asistentes acudir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminatas en terreno irregular, así como con provisiones básicas como agua y alimentos livianos para la jornada.

Puja por un lugar en la chapa de Alliana: ¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Como bancada de Honor Colorado en el Senado “nos vamos a dar nuestro tiempo hasta lunes o martes para decidir quién va a ser, dentro de los colegas senadores, al que vamos a proponer a ser integrante de la dupla con (...) nuestro candidato por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana”, informó el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez.

Fue antes de anunciar el pedido de permiso presentado por el cuestionado senador cartistas y posible “abogado mau”, Hernán David Rivas, que en el caso de abandonar temporalmente la banca también dejaría de ser “elegible” como potencial dupla de Alliana.

Los senadores elegibles

Entre los que están en la puja para ser “candidatos” son:

1. Derlis Maidana
2. Silvio “Beto” Ovelar
3. Natalicio Chase
4. Basilio “Bachi” Núñez
5. Antonio “Tony” Barrios
6. Carlos “Nano” Galaverna
7. Pedro “Pipo” Diaz Verón
8. Lizarella Valiente
9. Javier Zacarías Irún
10. Guadalupe Aveiro
11. Patrick Kemper
12. Zenaida Delgado (que no estuvo en el encuentro)

Entre esa lista de nombres, lo que al menos sonaron como potenciales duplas de Alliana fueron Derlis Maidana y “Beto” Ovelar.

Hay que ver si fuera del caso de Rivas hacen excepciones con otros senadores “con permiso”, ya que en el caso de ser así habría que incluir en el bolillero al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; al embajador Paraguayo ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite, al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y al ministro del Interior, Enrique Riera.

No obstante, los ministros también tienen su propia “lista” extraoficial, a la que habría que sumar al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Del encuentro, además participó el ministro y asesor político de la Presidencia de la República y uno de los vicepresidente de la ANR, José Alberto Alderete.

De esta manera, los senadores pretenden competir con los 15 gobernadores cartistas, que en la semana también reivindicaron que el complemento en la chapa de HC sea para uno de ellos, entre los cuales ya se anotó el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

También esta semana, no descartó tener intenciones el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Esta situación se acentuó después de la Semana Santa, pero de a poco ya se notaba un declive en las ventas en la región. También, la suba de la cotización de combustibles causa que los costos de fletes y transporte de mercaderías aumenten, lo que con el tiempo puede repercutir en suba de precios.

El presidente del gremio de comerciantes, Daniel Ferreira, explicó que la consecuencia inmediata es la suba de precios productos de la canasta básica. La situación se complica más debido a que los comerciantes tienen pocos ingresos y todo para el consumo está más costoso.

Ferreira detalló que la propia competitividad del sector, que cuenta con más de 2.000 comercios, hace que sea poco probable un aumento abrupto de precios, pero sí un margen de utilidades menor para los emprendedores.

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Turismo de compras

El análisis que realizó el comerciante indica que a esto se suma la difícil situación del vecino país, Argentina, de la que depende gran parte del movimiento en el rubro, ya que en gran medida el turismo de compras es el que genera mayor flujo de movimiento.

“Los turistas argentinos siguen viniendo, pero al tener poco poder adquisitivo, eso se traduce en menor intención de compra”, acotó. No obstante, explicó que sí es evidente una reducción importante en la cantidad de movimiento migratorio por la zona.

El comerciante manifestó que la diferencia de precios con Argentina es importante, debido a que en nuestro país la caída del dólar permitió que los precios se equilibraran.

En el caso del vecino país, constantemente sus productos tienen remarcaciones de precios, lo que hace atractivo para los posadeños el sector comercial de Encarnación.

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Combustible más económico

Según estudios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación, el combustible se encuentra entre un 20% y 40% más económico en Encarnación en relación con los precios en Posadas.

Ferreira manifestó que esperan que la diferencia marcada entre los precios de los combustibles, que posicionan al carburante paraguayo como más económico para los argentinos, pueda generar un interés para venir a Encarnación y aprovechar para hacer compras.

También insistió en la necesidad de un apoyo al sector comercial, que es uno de los pilares de la economía en la ciudad de Encarnación.

Así expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en la reunión que mantuvo hoy con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en la sede de la Junta de Gobierno. Las autoridades electorales firmaron con el titular partidario un convenio con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

En la reunión asistieron el titular del TSJE, Jorge Bogarín González y los miembros, Jaime Bestard y César Rossel.

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El encuentro coincidió con el retorno del presidente de la ANR tras un periodo de reposo médico, tras la intervención quirúrgica en el corazón a la que se sometió a fines de febrero pasado.

Logística y TREP

Sobre la firma del convenio, el presidente de la Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Santiago Brizuela, informó que tiene relación con toda la logística que brindará el TSJE en las internas municipales coloradas y la transmisión de resultados preliminares TREP, previstas el 7 de junio.

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“Esto tiene que ver con el proceso electoral, el uso de las máquinas de votación, capacitación de los agentes electorales, la administración, manejo y disposición de la transmisión de los resultados del TREP y los funcionarios de la Justicia Electoral asignados a estos trabajos”, expresó Brizuela.

A través de su cuenta en la red social X, el senador sostuvo que la comparación carece de sustento y acusó al mandatario de no manejar información precisa.

“Mi situación es muy distinta, Santiago Peña. En mi caso fui sobreseído a pedido de la propia Fiscalía y nunca amenacé a nadie”, afirmó, en respuesta directa al jefe de Estado.

El exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) fue sobreseído definitivamente de la causa abierta por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional en marzo del 2025. El propio Ministerio Público solicitó en ese entonces la salida procesal para el parlamentario, en atención a un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.

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Críticas a la defensa de Rivas

El pronunciamiento se da en un contexto en el que el senador cartista Hernán Rivas enfrenta cuestionamientos por su presunto “título mau”, lo que derivó en un pedido de permiso para apartarse temporalmente de su banca.

Peña había señalado que existe un “escándalo selectivo” impulsado por algunos medios de comunicación, en un intento de relativizar la polémica que rodea a su correligionario.

Sin embargo, Filizzola cuestionó esa postura y pidió mayor seriedad en el tratamiento del tema. “Le sugiero informarse antes de repetir consignas”, lanzó.

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Denuncias de irregularidades judiciales

El legislador también aprovechó para exponer lo que considera inconsistencias en procesos judiciales que enfrentó en el pasado. Señaló directamente a la jueza Bibiana Fernández, a quien acusó de prevaricato.

Según relató, en una causa se dictó el sobreseimiento por prescripción para todos los imputados, excepto para él, en lo que calificó como una decisión “insólita”.

“El tiempo transcurrió para todos, menos para mí”, cuestionó, al tiempo de poner en duda la independencia de la magistrada al insinuar posibles presiones externas.

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Señalamientos al sistema judicial

Filizzola afirmó que posteriormente otro juez le dio la razón y que finalmente el proceso prescribió por responsabilidad del Ministerio Público, al que acusó de dilatar el caso mediante recusaciones sin sustento.

En ese sentido, sostuvo que los comentarios de Peña refuerzan lo que considera una persecución sostenida en su contra.

“Queda claro quiénes pretenden perpetuar esta farsa fiscal y judicial”, concluyó.

En algunos casos, como en los insumos para laboratorios, las empresas proveedoras debieron entregar lotes como anticipos para que los servicios sigan funcionando.

Luego de varios meses, la Décima Región Sanitaria volvió a recibir algunos medicamentos del parque sanitario del Ministerio de Salud. Además, recurrieron a préstamos de otras regiones sanitarias para paliar el desabastecimiento. Sobre esta situación, señalaron que se debió, mayormente, a las licitaciones, pero también a la gran demanda.

El director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Federico Schrodel, explicó que la situación mejoró en comparación con meses anteriores, cuando fue muy crítica.

“Estamos mejorando con relación a meses anteriores porque estamos recibiendo tres veces por semana medicamentos del parque sanitario”, explicó.

Una de las medidas adoptadas es el préstamo de medicamentos de otras regiones sanitarias. Estos lotes luego deben ser repuestos desde esta región.

“Si otros departamentos tienen medicamentos de alta demanda, como antibióticos y sedantes para terapia intensiva, nos proveen. Hacemos un trabajo en equipo y, cuando tengamos, devolvemos”, expresó.

Medicamentos para salud mental

Uno de los servicios más afectados por la falta de medicamentos es salud mental. Este jueves llegó un lote importante de medicinas y desde esta noche se debe disponibilizar en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Según los pacientes, hace varios meses que no hay quetiapina, ácido valproico, alprazolam, amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, entre otros.

Sistema de control de medicamentos

El Sistema de Información en Salud (HIS) aún no se implementó en todos los servicios de los centros asistenciales de Alto Paraná. Es decir, si bien se utiliza en los 144 establecimientos de salud en consultorios y urgencias, en la mayoría no está implementado en internaciones.

La próxima semana habrá capacitaciones y visitas a otros departamentos donde ya se utiliza en estos servicios, para luego implementarse en los hospitales del décimo departamento.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, el esquema de pagos en esta primera etapa serían alrededor de US$ 100 millones en abril y de US$ 80 millones en mayo.

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En paralelo, indicó que se continúa trabajando en el diseño y ajuste de herramientas financieras que permitan avanzar en la cancelación total de las obligaciones con los proveedores.

La propuesta establece que el 80% de los US$ 180 millones se destine al pago por provisión de medicamentos y el 20% a otros servicios sanitarios.

“Con esta medida buscamos generar flujo mientras seguimos perfeccionando otras herramientas financieras”, afirmó el ministro Lovera, quien destacó la importancia de fortalecer la relación entre el Estado y el sector privado.

“Queremos brindar previsibilidad, trabajar sobre compromisos cumplibles y fortalecer el vínculo con el Ministerio de Salud para identificar y resolver situaciones pendientes”, agregó.

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Desde el Ministerio de Salud, la ministra María Teresa Barán agradeció la disposición del sector para sostener el trabajo conjunto “pese al contexto actual” y remarcó el objetivo sanitario que subyace a la negociación: asegurar que la población acceda a servicios de calidad, con insumos y medicamentos adecuados.

Reacción de farmacéuticas

Desde el sector farmacéutico calificaron esta primera reunión como positiva ya que estuvieron los dos ministros y todo el equipo técnico de ambas carteras en un diálogo abierto con las proveedoras de medicamentos y servicios, a quienes el Estado adeuda casi US$ 1.000 millones.

Al respecto, Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) manifestó que el compromiso de pago inicial de US$ 100 millones en abril y US$ 80 millones para mayo, si bien es un pago parcial, es un monto mayor al que venían recibiendo al mes de unos US$ 20 millones en promedio.

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No obstante, aclaró que este pago parcial acordado es mientras se sigue trabajando en el documento de la sesión de pagos (factoring). “Los proveedores sobre todo están interesados en saber cómo se va a pagar el resto de la deuda, ya que con este pago de US$ 180 millones, todavía queda un saldo importante de casi US$ 800 millones”, precisó.

Interrogada al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que la Feprinco en realidad critica a políticos de su propio partido, la ANR.

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Dijo que si bien el gremio tiene “razón” en sus críticas, también debe recordar que votaron y apoyaron económicamente y públicamente a todos los colorados. “Ahora que haga un mea culpa de a quién le vota también Enrique Duarte, no nos olvidemos quién es él”, señaló la legisladora.

Amarilla sostuvo que Feprinco también cuestiona la corrupción pese a que la misma empezó durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en que el padre de Enrique Duarte Luraghi, el Gral. Enrique Duarte Alder (1929-1997), fue personero del dictador.

“Él sabe muy bien de qué habla (el titular de Feprinco). Él es producto de la corrupción. Él es un hijo de la corrupción. Entonces que hable claro y que ahora hable como colorado, que no hable como un ciudadano honesto; un ciudadano hijo de Duarte beneficiado por el poder como siempre fue desde que nació. Hoy está descubriendo la corrupción. Eso ya descubrimos nosotros desde el Gobierno de su padre”, aseveró.

Subrayó que la oposición siempre ha pedido recortes al gasto superfluo público pero que el partido de Duarte Luraghi, la ANR, es el que no hace los cortes.

Trabajadores sobreviven con su salario

También criticó a la Feprinco por oponerse a estudiar un nuevo método para calcular el salario mínimo. Señaló que si bien hay empresas que operan “con lo justo”, otras hacen que sus empleados sobrevivan con menos de dos millones de guaraníes que no alcanza ni para llevarle al “Botánico” a sus hijos. “Con eso no se puede vivir. Es que no se puede vivir dignamente”, lamentó.

Es un referente regional del movimiento oficialista Honor Colorado (HC) y forma parte del equipo político del vicepresidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez.

La casa del intendente de Mayor Martínez, que paradójicamente queda en la ciudad de Pilar, fue allanada esta mañana por la fiscala María Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El procedimiento fue acompañado por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

El jefe comunal fue justamente quien recibió a la comitiva que viajó desde Asunción. En la casa se encontraron los cuatro tomos de una investigación denominada operación Scare, que venía siendo desarrollada por policías de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) y el fiscal César Alberto Sosa Ayala, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

Incautan documentos a asistente fiscal en caso de narcotráfico que involucraría a intendente

Esa causa se inició hace más de dos años y apuntaba contra una estructura que traficaba cocaína y marihuana desde el departamento de Ñeembucú, principalmente hacia Argentina.

Uno de los investigados era justamente el intendente de Mayor Martínez, porque aparentemente permitía el paso de drogas desde su distrito.

Sin embargo, ahora que se comprobó que el intendente ya tenía todo el expediente y que pudo haber compartido la información con los otros investigados, el caso prácticamente quedó sepultado.

¿Cómo accedió al expediente?

Según la información que maneja la fiscala Verónica Valdez, la investigación completa en su contra le habría sido vendida al intendente de Mayor Martínez por el también político colorado Carlos Damián Cardozo Ortega, de 38 años, actual candidato a concejal de la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Cardozo, por su parte, habría accedido al expediente a través de su mujer, la asistente fiscal Alba Cristina Duarte Cano, de 39 años, quien hasta hace una semana trabajaba justamente en la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado y, precisamente, en la oficina del fiscal César Sosa.

Aunque ella no llevaba la causa, la asistente fiscal Alba Duarte tuvo acceso a la carpeta fiscal, hizo una copia completa y se la dio a su marido para que este vendiera la información al intendente investigado, según la teoría del Ministerio Público.

La información que manejan los investigadores es que los cuatro tomos se vendieron por 120.000 dólares.

Sin embargo, pese a todos los indicios, la fiscala Verónica Valdez no ordenó aún la detención ni del intendente, ni del candidato a concejal ni de la asistente fiscal.

Supuestamente, está esperando reunir más elementos contra los sospechosos.

Fueron cinco allanamientos

Los allanamientos de hoy fueron en la casa del intendente de Mayor Martínez, en Pilar; en la sede de la Municipalidad de Mayor Martínez, en la casa del candidato a concejal de Villa Elisa, en Villa Elisa, y en la casa de la asistente fiscal, en Luque.

También se allanó la sede del Sector 1 de la Fiscalía, en Asunción, adonde fue trasladada recientemente la asistente fiscal ahora investigada.

La fiscala titular de la causa es Verónica Valdez, quien entró a la casa del intendente, pero actuaron como coadyuvantes sus colegas Christian Benítez, en la Municipalidad de Mayor Martínez; Jorge Arce, en la casa del candidato a concejal de Villa Elisa; Luz Guerrero, en la casa de la asistente fiscal en Luque, y Francisco Cabrera, en el Sector 1 de la Fiscalía en Asunción.

Ese día, a las 12:50, la aeronave salió de Fuerte Olimpo (Alto Paraguay) con destino a Luque con ocho pasajeros, seis militares y dos civiles. A las 14:34 el piloto de la nave se comunicó por última vez con la torre de control para solicitar permiso de aterrizaje, sin notificar dificultad o desperfecto.

Sin embargo, un minuto después, a las 14:35, y a tan solo 30 segundos de alcanzar la pista, la avioneta cayó de punta sobre una explanada que funciona como estacionamiento en el área militar, ubicada a 538 metros de la autopista. Impactó contra tres vehículos que, afortunadamente, no tenían ocupante alguno.

Accidente aéreo dejó siete muertos

Fallecieron en el siniestro el coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, el teniente primero William Martín Orué Román (tripulantes), el teniente primero Marcos Samuel Romero, el teniente Manuel Guzmán Sotelo, el suboficial Pedro López, el mayor Alfredo Darío Céspedes y el funcionario de la Fuerza Aérea, Críspulo Almada.

José Zaván, quien abordó la avioneta con la intención de inscribirse en la Facultad de Agronomía de manera a acceder al arancel cero, fue el único sobreviviente de la tragedia aérea.

Bomberos que acudieron al local rescataron de entre las llamas a Zaván y lo trasladaron primero al Hospital de Trauma, donde quedó internado hasta el 16 de abril del mismo año.

Madre de José Zaván dice que el Gobierno los olvidó tras la tragedia aérea

El joven estuvo 65 días en coma inducido, lapso durante el cual fue sometido en a una “craniectomia descompresiva”, a una “traqueotomía y gastrectomia” y a un tratamiento “conservador”, a consecuencia de la fractura del húmero y luxación de hombro derecho.

Desde entonces, Zaván fue sometido a más de veinte intervenciones quirúrgicas, entre operaciones esqueléticas y cirugías reconstructivas, tanto en el Hospital de Trauma como en el Hospital de Clínicas.

José Zaván pidió G. 16 mil millones de indemnización por daños y perjuicios

La demanda presentada por el abogado Carlos Abadíe Pankow detalla una infinidad de tratamientos de rehabilitación afrontados por Zaván y precisa que su representado aún tiene pendiente una serie de operacion es para lograr la independencia y funcionalidad en su capacidad motriz.

El accionante exigió una indemnización de G. 16.239.145.514, de los cuales G. 5 mil millones correspondían a daño moral, G. 1.000.000.000 en concepto de daño emergente y lo demás a los gastos incurridos en las distintas etapas de su tratamiento, algunos de los cuales se detallan a continuación:

• Gastos Farmacéuticos: G. 45.000.000.
• Especialidades Médicas: G. 3.000.000.
• Estudios de Imágenes y Laboratoriales: G. 19.400.000.
• Nutrición Trofoterapeutica: G. 12.000.000.
• Transporte: G. 3.000.000.
• Fisioterapia y Kinesiología: G. 10.000.000.
• Otros Insumos de Confort y Tratamiento: G. 5.000.000.
• Cuidados de Enfermería: G. 10.000.000.
• Productos Ortopédicos: G. 4.000.000.
• Tratamientos en Gimnasio: G. 5.000.000.
• Honorarios Profesionales: G. 110.400.000.

PGR planteó excepción de falta de acción

En ocasión de contestar la demanda, el entonces procurador general de la República Rodolfo Barrios y el procurador delegado Darío Espínola presentaron una excepción de prescripción.

Básicamente, la PGR sostiene que a partir del día del accidente, Zaván tenía 1 año para accionar pero el Estado fue notificado de la acción recién el 21 de febrero del 2023. Es decir, luego de 2 años y 12 días del accidente aéreo.

La recuperación milagrosa de José Zaván, sostenida por la solidaridad

“Conforme a la normativa especial y vigente que rige la materia, y teniendo presente que el accidente aéreo ocurrió el 9 de febrero del 2021, la parte actora debió notificar la demanda a más tardar el 9 de febrero del 2022, cuestión que en estos autos no sucedió“, argumentaron los representantes del Estado paraguayo.

Las sentencias que rechazaron la acción

En coincidencia con este argumento, el 20 de diciembre de 2024 el entonces juez en lo civil y comercial del 2° turno, Arnaldo Martínez Rozzano (actual camarista) dictó la sentencia definitiva (S.D.) N° 717, a través de la cual resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la defensa y rechazar la demanda resarcitoria.

Hoy, esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial quinta sala, integrado por los camaristas Rocío González Morel, Linneo Ynsfrán Saldívar y Alejandrino Cuevas.

“En resumidas cuentas, la parte actora no probó con medios fehacientes que, en el lapso de 1 (un) año siguiente al accidente aéreo —plazo dentro del cual debía haber iniciado la acción indemnizatoria por responsabilidad civil derivado de la aeronavegación—, el damnificado se encontrara efectivamente incapacitado para promover el presente juicio, ya sea por causas de fuerza mayor, incapacidad física o mental debidamente acreditada, o cualquier otra circunstancia que pudiera haber suspendido o interrumpido el curso de la prescripción. La mera alegación de tales impedimentos, sin respaldo en prueba idónea y concluyente, resulta insuficiente para desvirtuar la operancia de la prescripción extintiva invocada por la demandada”, argumentó González Morel.

Campesinos sin tierra acribillan a tractorista en una hacienda en el distrito de Maracaná

Ambos están siendo investigados en el marco de causas relacionadas a invasión de inmuebles y el atentado contra un tractorista llamado Agustín Martínez Fernández, el 31 de marzo, en la zona de Maracaná.

Según otros antecedentes, en junio de 2025 Armin fue capturado por la Policía por invasión de inmueble ajeno, pero en otros testimonios afirman que fue incriminado por “dar refugio” a personas durante un desalojo policial a campesinos.

“Hemos tomado conocimiento de una situación jurídica; dos de los precandidatos que pugnan para las internas municipales a realizarse este 7 de junio del corriente, hoy se encuentran dentro de un proceso judicial, ambos con órdenes de captura vigentes”, señaló Lilian Samaniego en un comunicado.

“Con firmeza el movimiento Causa Republicana expresa su total desaprobación y retira su apoyo a candidatos que se encuentran con procesos judiciales”, agregó la legisladora.

En el documento, también solicita que los mismos presenten sus renuncias a sus respectivas candidaturas.

“El movimiento Causa Republicana tiene como principio fundamental preservar las buenas costumbres por lo que insta a que ambos candidatos puedan aclarar y dilucidar su responsabilidad dentro del proceso en los que se encuentran siendo investigados actualmente”, finalizaron.

En estos días en los que sigue en tela de juicio el título de supuesto contenido falso del senador colorado cartista Hernán Rivas, la Aneaes emitió un informe sobre la situación de estas carreras de Abogacía, tanto en universidades públicas como las que son de gestión privada.

Actualmente, existen 191 carreras habilitadas, de las cuales apenas 33 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de acreditación del 17,3 %. En contrapartida, el 82,7% de los programas de grado son los que no cuentan con este sello de calidad, es decir, funcionan sin acreditación.

Asunción concentra el 30,3% de los programas acreditados en esta especialidad, seguida por los departamentos de Alto Paraná e Itapúa.

Más carreras de Derecho acreditadas en universidades privadas

Los datos de la Aneaes apuntan a que el 60,6% de las carreras acreditadas corresponde al sector privado y solo el 39,4 % al sector público. Pero, en relación a la oferta total, las universidades e institutos de educación superior privados son mayores en cuanto a cantidad.

Las universidades privadas con carreras de Derecho son 20, mientras que las universidades públicas cuentan con 13 ofertas de grado en esta asignatura.

“Actualmente 17 carreras de Derecho se encuentran en proceso de evaluación durante el presente año”, indicaron desde la entidad.

Daniela Céspedes, usuaria, lamentó que no se tenga un lugar acorde para las atenciones. Dijo que, cuando se aglomeran pacientes y familiares, no hay un lugar donde puedan aguardar su turno, por ejemplo.

Agregó que cuando se registran lluvias los usuarios no tienen dónde guarecerse; eso no sucedía en el local que quedó destechado y donde existían más comodidades, recordó. “Ya queremos que se tenga un lugar que reúna las condiciones para una buena atención médica”, sostuvo la mujer.

Por su parte, la licenciada Nilsa Villalba, que trabaja en el lugar, dijo que, a pesar de las limitaciones que tienen en el espacio físico que actualmente ocupan, siguen ofreciendo los mismos servicios que daban en el establecimiento dañado por el temporal que se registró el 9 de enero pasado.

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Mencionó que son entre 350 y 400 personas atendidas en forma mensual en esta USF.

En proceso de licitación

El jefe regional de la Atención Primaria de Salud (APS), Dr. Mario Urbieta, señaló que la USF de Callejón San Antonio, ubicada a 12 kilómetros de la capital del primer departamento, tendrá una construcción nueva. Actualmente se está trabajando para iniciar el proceso de licitación, dijo.

Tras sus “sobresueldos” y “aumentazos”, Bachi dice que Valdovinos sale por la “puerta grande”

Plantea eliminar privilegios indebidos, racionalizar el gasto y garantizar la transparencia. Propone que ningún funcionario podrá percibir una remuneración total superior a la asignada al Presidente de la República (G. 38 millones), desde la administración central hasta las binacionales.

Para ello prohíbe que el sueldo total supere los G. 38 millones sumando cualquier bonificaciones, viáticos, combustible y cualquier otro beneficio. También se prohíbe simular los pagos para eludir esta ley.

Ningún otro presidente del Congreso cobró sobresueldo como “Bachi” Núñez

Entre otros puntos dispone reducir al 50% gastos como viáticos, pasajes, combustible, catering, alquileres y papelería.

Igualmente elimina cualquier seguro médico, chóferes no esenciales y gastos personales.

Lovera no tiene las pelotas ni los pantalones, dice

En conferencia de prensa en el Senado, Buzarquis salió al paso del rechazo expresado por el ministro de Economía Lovera.

“Señor ministro de Economía, usted está empezando mal con su nuevo cargo. Si no tiene las pelotas, si no tiene los pantalones bien puestos, renuncie”, señaló.

“(Lovera) decía que es inviable. Miente, señor ministro”, aseveró.

Buzarquis señaló que miles de funcionarios entes como el BNF, el BCP y las binacionales con todos los beneficios que reciben “terminan siendo mucho más que el suelo. Muchísimo más”.

Congreso disparó bonificaciones con un “aumentazo” de US$ 3 millones en un año

Sostuvo que su proyecto no afecta a las “categorías” de funcionarios como enfermeros y docentes, sino a las vacas sagradas. “Muchos funcionarios. Que ganan mucho más que cualquier ministro y que cualquier parlamentario”, acotó.

“Pero no se anima a tocar privilegios escondidos con nombres rebuscados y falaces. Esa es la verdad”, arremetió.

El concejal Enrique González Quintana (PJ) criticó en sesión el uso de recursos municipales para reparar obras adjudicadas a una empresa privada con alto presupuesto, señalando además las múltiples necesidades en barrios y compañías.

Temporal causa daños a cultivos e inundaciones por obras de alcantarillado en Carapeguá

Según pobladores del barrio San José, los responsables de la obra de alcantarillado sanitario habrían depositado escombros en el canal fluvial, lo que ocasionó la inundación de viviendas y dejó la calle intransitable.

El concejal Román manifestó que no se trató de un desconocimiento de lo dispuesto por la Junta Municipal, sino que solicitó al intendente Luciano Cañete (ANR) la asistencia a las familias cuyas viviendas quedaron bajo agua. Indicó que, en parte, la situación fue solucionada, pero que la constructora debe continuar con los trabajos de canalización.

A esto se suman otros casos de anegamientos en distintos puntos de la ciudad, que vecinos atribuyen a la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del MOPC.

Junta Municipal de Carapeguá convoca a la constructora ante reiteradas quejas por el alcantarillado

Responsables del Consorcio Carapeguá fueron notificados para presentarse el próximo lunes en la sesión de la Junta Municipal, donde deberán buscar una solución a las obras que estarían generando perjuicios, con inundaciones de viviendas y caminos intransitables.

El centro está ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”. La infraestructura permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado. "Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables", refiere el informe oficial.

El acto fue presidido por el jefe de Estado, Santiago Peña, y asistieron el ministro de Defensa Nacional Gral. (SR) Óscar González; comandantes de las Fuerzas Singulares y el Comando Logístico de la Fuerzas Armadas; y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) en Paraguay, Robert Alter.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos informó en redes sociales que las ocho lanchas SAFE 25 y su equipamiento, a la Armada Paraguaya.

Lobby en Cancillería: EE.UU. busca apurar cooperación en seguridad

La Embajada refiere que la inversión la asociación estratégica, está valorada en aproximadamente US$ 4 millones. Indica que reafirma el compromiso de Estados Unidos y Paraguay con la seguridad en el hemisferio y complementa el reciente Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

Acuerdo SOFA: “EE.UU. necesitaba esta rúbrica para la cesión de elementos y recursos”

“Las lanchas y el entrenamiento asociado fortalecerán las capacidades de patrullaje, búsqueda y rescate, y seguridad portuaria de Paraguay. Juntos estamos construyendo países y una región más seguros y fuertes”, refiere el posteo de la Embajada de Estados Unidos.

Características de las lanchas

Según un informe oficial del Ministerio de Defensa, refiere:

Especificaciones Principales

* Longitud total (LOA): 25 pies (7.6 metros).

* Capacidad de combustible: 150 galones (568 litros).

* Velocidad máxima: Supera los 45 nudos (aprox. 52 mph) con la configuración de motor adecuada.

* Autonomía: 270 Millas náuticas con 02 tripulantes, con remanencia en el tanque de 10%

* Capacidad de carga: Hasta 2,600 lbs entre personal y equipo.

* Sistema de collar SAFE XDR: Un sistema de flotación de espuma de celda cerrada que proporciona estabilidad lateral y actúa como defensa (fender) contra otras embarcaciones o muelles.

* Diseño Center Console: Maximiza el espacio de cubierta para movimiento de la tripulación y almacenamiento de equipo, ideal para buceo, rescate o patrullaje.

¿En qué consiste el acuerdo de cooperación militar entre EE.UU. y Paraguay? Esto dice la Embajada

* Maniobrabilidad: Incluye “performance wings” (aletas de rendimiento) debajo de los collares que aumentan la sustentación y estabilización durante giros cerrados a alta velocidad.

* T-Top de Aluminio: Incluye protección contra la lluvia con sistema de drenaje directo hacia la cubierta autovaciante.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en el predio donde se construye el futuro Centro de la Primera Infancia, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en el barrio Cnel. Vicente Mongelós de San Estanislao. Fue cuando la primera dama de la Nación se encontraba recorriendo el lugar, acompañada de las autoridades locales y departamentales.

En 9 años inauguran oficina administrativa de la gobernación de San Pedro en Santaní

Iván Oviedo se encontraba realizando sus funciones como jefe de prensa del gobierno departamental, administrado por Freddy D’Ecclesis (ANR-HC). En un momento dado, un joven con chaleco negro se le acercó desde atrás y le propinó un manotazo en la oreja del lado derecho, para luego retirarse raudamente del recinto, según relató.

El afectado manifestó que sospecha que la agresión tendría relación con la disputa interna dentro de la ANR en San Pedro, en la que están confrontados dos equipos oficialistas del movimiento Honor Colorado (HC): uno liderado por el gobernador D’Ecclesis y otro por el intendente municipal de Santaní, Agustín Ovando.

Conforme a los testigos presenciales de lo sucedido, el agresor sería un conocido de la zona, aunque nadie reveló la identidad de la persona. Tras protagonizar el episodio, se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido, según los datos.

El caso fue denunciado en la Comisaría 8ª de Santaní y en la Fiscalía jurisdiccional, para tomar las acciones correspondientes.

Presencia de la primera dama

La primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, participó de la inauguración de casas construidas por el MUVH en el distrito de Santaní y 25 de Diciembre. Luego visitó el predio donde se encuentra en construcción el futuro Centro de la Primera Infancia en San Estanislao.

El referido caso debió ser analizado en la sesión del 9 de abril, sin embargo, las ausencias del consejero Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera, imposibilitó el tratamiento y postergó el mismo para este jueves.

Yaguarón: Fiscal imputa y solicita prisión preventiva para la “Reina del Abigeato” y su presunta banda criminal

El ministro de la Corte y vicepresidente 2° del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, propuso iniciar la investigación a la magistrada de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. Esta fue apoyada por la presidenta Alicia Pucheta, el consejero Enrique Berni, el diputado Diego Cándia y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana.

El órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos conoció el caso a través de una publicación de nuestro diario, que exponía la actuación de la jueza Digna Ocampos, quien el 14 de enero de 2026 decretó el arresto domiciliario a la imputada Sonia Elizabeth Bogado Araújo, alias reina del abigeato, que solo estuvo una semana con prisión preventiva.

Ausencias de tres miembros generaron “pirevai” en el JEM

Argumentos del JEM para investigar a jueza

En un momento de la sesión, el ministro César Garay resaltó que “en la crónica periodística a la nombrada jueza se le endilga ‘supuestas anomalías al conceder medidas sustitutorias a la prisión preventiva a favor de Sonia Elizabeth Bogado Araújo, procesada por los hechos punibles de reducción y asociación criminal’”.

Agregó Garay que “respecto a otros magistrados no individualizados en la publicación, se les sindica ‘supuestas anomalías en causas tramitadas en ciudades Itauguá, Itá, Yaguarón, Paraguarí, Caacupé y Eusebio Ayala, en las que se investigan las participaciones de Sonia Elisabeth Bogado Araújo, Francisco Eduardo Martínez, Fidel Abilio Cáceres Romero y Jorge Samuel García Sosa, en hechos punibles abigeato, reducción y asociación criminal”.

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A entender del ministro de la Corte, el caso cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 6814/2021, de notoriedad, que “se cumple con la publicación en periódicos de gran circulación”, así como la de gravedad y afectaciones a intereses públicos y social, en vita a que los hechos punibles investigados “abigeato, asociación criminal y reducción”, perjudicaron a localidades de Central, Cordillera y Paraguarí.

En consecuencia, el Jurado dispuso además de librar oficios a fin de contar con un informe pormenorizado y los antecedentes del caso penal, así como la remisión de los antecedentes a la Secretaría Jurídica para la conformación de la causa.

Causa contra la supuesta “reina del abigeato”

De acuerdo con los antecedentes del caso, Sonia Bogado es dueña del autoservice “Gonzalito”, ubicado en el barrio Santa Catalina de Capiatá. Este local fue allanado por policías ante las sospechas de que era usado “como punto de acopio y/o comercialización de productos cárnicos de origen ilícito, vinculados a la misma estructura criminal dedicada al abigeato”.

Según los investigadores, el grupo presuntamente liderado por Sonia Bogado, identificaba a sus víctimas, principalmente pequeños productores o granjeros, y luego mataban a sus animales con rifle en el campo, los faenaban en el lugar y llevaban la carne al negocio.

Los uniformados creen que esta banda mató al menos 30 vacas de 20 víctimas distintas.