La legisladora realizó estas declaraciones luego de que en las últimas horas se confirmara que el juez Rodrigo Estigarribia firmó el 5 de noviembre la orden de allanamiento contra Ueno Bank, pero el titular del Ministerio Público no priorizó el trámite hasta la noche del 9 de noviembre. En su defensa, Rolón alegó que no quiso “mezclar lo político con lo jurídico”, una justificación tras la cual cobró fuerza el plan para destituirlo mediante un juicio político en el Congreso.

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La diputada opositora señaló que “con esto se cierra o se confirma” lo que venía denunciando respecto a que Rolón paralizó los procedimientos para resguardar los intereses de Peña y de la entidad bancaria. “Con este documento se comprueba que él también estuvo regulando la realización de diligencias”, aseveró.

¿Cómo interviene el fiscal general en las investigaciones del Ministerio Público?

Vallejo, otrora agente fiscal del Ministerio Público, explicó que parte del problema radica en que el fiscal general actualmente interviene para ordenar la agilización o el freno de cualquier causa. “Hoy el fiscal general ordena qué se hace y qué no se hace. Ese es el principal problema, no tienen autonomía los fiscales”, cuestionó.

“Yo tuve información de que este señor estaba parando todo y esta es la confirmación, este es el documento que faltaba para confirmar que este señor es el que paraba todo”, insistió. Asimismo, aseguró que la orden de frenar el operativo respondió a que las diligencias ya apuntaban directamente al mandatario: “Paró todo porque todo ya estaba preparado para el procedimiento contra el presidente Peña, él paró todo”.

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En ese sentido, repudió que Rolón justificara su inacción argumentando que no quería mezclar las “cosas jurídicas con las políticas” y que ahora pidiera “paciencia” a la ciudadanía.

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Respecto a las acciones en la Cámara Baja, Vallejo indicó que el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón ya está disponible para que todos los diputados puedan firmarlo y expresó su expectativa de que los legisladores oficialistas también acompañen la iniciativa, “porque esto ya es una traición a la patria”.

Finalmente, añadió que no puede responsabilizar a los agentes fiscales asignados a la causa “porque ellos funcionan así”, es decir, pidiendo constantes instrucciones a la máxima autoridad del Ministerio Público. “Eso también debería cambiar. En la época en que yo fui fiscal ni le contábamos a los fiscales generales qué es lo que estábamos haciendo”, dijo.

“Tomábamos nosotros nuestras decisiones de cómo debe ser. Finalmente, la responsabilidad es personal; el que va a terminar procesado y con la objeción pública no va a ser el fiscal general, va a ser el fiscal”, concluyó.

La actividad central se llevará a cabo el sábado 19 de diciembre, fecha en la que también se cerrará la Maratón Diocesana de este año. No obstante, las alcancías ya están distribuidas en las diferentes parroquias de Misiones y Ñeembucú, donde los feligreses pueden acercarse para realizar sus aportes.

El obispo diocesano, monseñor Osmar López, explicó que, a diferencia de la edición anterior, cuando se priorizó el pago de compromisos económicos pendientes, en esta oportunidad se busca disponer de recursos para acompañar las distintas actividades de la Iglesia.

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“Estamos con todo ese espíritu de solidaridad, de sentido de pertenencia en toda la diócesis y las parroquias que se están organizando, las comunidades, los grupos, las capillas”, expresó el religioso al referirse a los preparativos de la actividad.

Mons. López recordó que el año pasado una parte importante de lo recaudado fue destinada a saldar compromisos económicos de la diócesis con el seminario, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Santa Sede. Sin embargo, indicó que esa situación ya fue regularizada y que ahora la prioridad es fortalecer la labor pastoral.

“Este año ya no tenemos esa deuda, ese compromiso que era de años anteriores. Entonces, más bien quisiéramos fortalecer la parte pastoral”, manifestó.

En ese sentido, explicó que los recursos permitirán acompañar económicamente la formación de catequistas, los encuentros juveniles, la pastoral vocacional y otras actividades que actualmente no cuentan con un presupuesto específico a nivel diocesano.

También mencionó las dificultades que enfrentan las comunidades más alejadas para participar de las actividades de formación, especialmente en el departamento de Ñeembucú, donde los traslados representan un gasto importante.

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Otro de los objetivos es respaldar a los jóvenes que participan de encuentros y retiros, además de acompañar a quienes manifiestan inquietudes vocacionales. Asimismo, López destacó la necesidad de atender a los sacerdotes ancianos que dedicaron su vida al servicio de la diócesis.

“Tenemos a los sacerdotes ancianos, que no podemos nosotros decir: bueno, ya son ancianos y que vean dónde ir a vivir si sirvieron toda la vida en la diócesis”, expresó.

Agregó que la atención a estos religiosos también forma parte de la labor pastoral, incluyendo sus necesidades de salud, alimentación y cuidado.

El obispo aclaró que la maratón no tiene como finalidad financiar construcciones o adquirir bienes para la institución, sino disponer de recursos que vuelvan a las comunidades mediante los servicios de la Iglesia.

“Esta maratón tiene un objetivo pastoral. Esto no es para construir una casa, esto no es para comprar un vehículo”, enfatizó.

Añadió que la iniciativa busca que los aportes de los fieles se traduzcan en asistencia y acompañamiento a las propias comunidades. “Una maratón de la gente y para la gente”, resumió.

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La meta es recaudar G. 300 millones

En cuanto al objetivo económico, monseñor López recordó que durante la edición anterior se logró recaudar G. 280 millones, quedando G. 20 millones por debajo de la meta establecida de G. 300 millones.

Para esta edición, la expectativa es alcanzar nuevamente los G. 300 millones y, si las condiciones lo permiten, superar esa cifra. El obispo reconoció la situación económica que atraviesa la población, pero apeló al compromiso y la solidaridad de las parroquias, comunidades, grupos y capillas de toda la diócesis.

La propuesta apunta a más de 5.000 trabajadores que, según el senador colorado Derlis Maidana, siguen sin cobrar sus beneficios laborales y, en muchos casos, tampoco cuentan con una ocupación efectiva.

Recalde explicó que el Ministerio aplicará los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen el carácter privilegiado de los créditos laborales ante situaciones como esta. La cartera también realizará los cálculos de las liquidaciones y establecerá los montos mediante una resolución.

“A través del proyecto de ley, lo que queremos es efectivizar que estos fondos estén disponibles de las diferentes empresas, que también se necesita saber si tienen liquidez, si tienen la forma de pagar”, declaró la ministra.

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Congreso busca tratar el proyecto el lunes

El senador Maidana adelantó que la Comisión de Legislación prevé dictaminar sobre la iniciativa el lunes a las 10:00. Además, solicitarán a la mesa directiva del Congreso convocar a una sesión extraordinaria esa misma tarde para avanzar con el tratamiento.

El legislador señaló que el objetivo es conseguir la media sanción en el Senado y que el proyecto pueda ser tratado por la Cámara de Diputados el martes, durante su sesión ordinaria.

“Así como trabajamos bien la ley del fondo de garantía en un plazo de 48 horas, los trabajadores, más de 5.000 que están presentes, de más de 41 empresas, merecen una respuesta rápida”, manifestó Maidana.

El senador consideró indispensable contar con una normativa específica y señaló que trabajarán de manera coordinada los técnicos del Ministerio de Trabajo, la Comisión de Legislación y referentes de la Procuraduría General de la República.

Ueno Bank ya inició el pago de liquidaciones

Por otra parte, Recalde dijo que los trabajadores del propio Ueno Bank ya están cobrando sus liquidaciones. Explicó que estos empleados cuentan con un procedimiento especial establecido en la Ley N.º 2334/03, de Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera.

La ministra indicó que el proceso de pago de los funcionarios del banco está llegando a su etapa final. En cambio, para los trabajadores de las demás empresas afectadas, los plazos se establecerán una vez que se avance con el proyecto de ley y se determinen los créditos correspondientes.

Buscan mantener la cobertura médica

Además del reclamo por las liquidaciones, Recalde informó que se reunió con el presidente de la República y recibió instrucciones para coordinar acciones con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS).

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El objetivo es evitar la interrupción de la cobertura médica de los trabajadores afectados, ampliar los periodos de carencia y dar prioridad a las mujeres próximas a dar a luz y a las personas que siguen tratamientos médicos.

La ministra sostuvo que estas medidas buscan proteger a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank y las consecuencias laborales para las empresas vinculadas.

Nuestra compatriota, quien usaba una cédula de nuestro país a nombre de Liz Carolina Vega, supuestamente de 29 años, viajaba como pasajera en un taxi en el que también estaba un hombre chino.

Como ninguno registraba ingreso legal a Argentina, el chino fue expulsado hacia el Brasil, pero la paraguaya en ese momento denunció ser víctima de trata de personas y que desconocía el lugar hacia donde la estaban llevando.

Ante ese nuevo escenario, los gendarmes trasladaron a su base a la paraguaya e hicieron las comunicaciones correspondientes a otras fuerzas de seguridad.

Esa información fue captada en Paraguay por policías del Departamento de Antisecuestro y Antiextorsión (Das), quienes ayer miércoles 11 de noviembre descubrieron su verdadera identidad, con la cual registraba una orden de captura internacional por homicidio.

Efectivamente, la paraguaya Elcira Giménez González era buscada por el brutal crimen de la argentina Magaly Yael Levy, de 28 años, ocurrida el 7 de marzo de 2025 en su departamento del barrio Recoleta de Buenos Aires.

La víctima fue torturada hasta a muerte y hallada por su esposo, quien tuvo que regresar a la casa porque ella no había ido a recoger a los hijos de ambos del colegio.

“La habían atado, golpeado y asfixiado con una bolsa de nylon en la cabeza. A su alrededor todo estaba revuelto y faltaba una pequeña caja de seguridad. Desde el principio, el móvil del robo estuvo claro, como también la principal hipótesis: las cámaras del edificio de la víctima mostraron a una mujer con uniforme de servicio doméstico y tras ella un hombre que la seguía”, dice una publicación del diario Clarín sobre ese asesinato.

Según los datos, la ahora capturada Elcira Giménez González se había presentado en el departamento de Magaly Yael Levy y le pidió trabajo como empleada doméstica.

Tras ser contratada, la paraguaya planeó el robo, que debía hacerse cuando la familia no se encontraba. Sin embargo, la dueña de casa regresó inesperadamente luego de dejar a su hijos en la escuela y sorprendió a su empleada y a un hombre cuando juntaban las cosas para llevarlas.

Al ser descubierta, la pareja de delincuentes asesinó salvajemente a la dueña de casa.

Otros involucrados en el hecho habrían sido el todavía prófugo Sixto Fabián Araújo Amarilla, de 31 años, quien era en ese momento la pareja de la ahora detenida Elcira Giménez González; el ya capturado Iván Giménez González, de 21 años, hermano de Elcira, quien cayó el 1 de abril de 2025 en la ciudad paraguaya de San Pedro del Paraná y luego extraditado a Argentina, y la aún fugitiva Reina Diana González Fernández, de 21 años, quien era novia del extraditado Iván.

El religioso señaló que, desde la Iglesia Católica, consideran fundamental que se devuelva todo lo robado, se repare el daño causado a las víctimas y se investiguen a fondo los hechos, independientemente de quiénes estén involucrados.

“Lo primero que dijimos los obispos del Paraguay es que primero hay que reparar el daño causado. No se puede robar y reparar de otro lado y creer que con eso se arregla. El que robó tiene que devolver lo robado y se tiene que reparar a las víctimas”, expresó.

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Monseñor Osmar López también sostuvo que la investigación debe avanzar hasta las últimas consecuencias y que esta crisis debería representar un antes y un después para el país y sus instituciones.

“Que se investigue a fondo esta situación que estamos viviendo y, como se dice, se investigue todo y caiga quien caiga, porque necesitamos el resurgir de un Paraguay mejor”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la Iglesia Católica en Paraguay propuso este año como el año del bien común y cuestionó el pensamiento individualista que, según indicó, busca únicamente el beneficio personal, sin considerar los perjuicios que ocasiona a la sociedad.

Consultado sobre si los hechos conocidos demuestran que algunas personas utilizaron la política para llegar al Gobierno con el fin de beneficiarse económicamente, el obispo respondió que lamentablemente es así.

“Lamentablemente, toda esta oportunidad de las informaciones privilegiadas y de todo el sistema se maniobró para este fin, y contradice totalmente cuál es el fin de la política”, afirmó.

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El religioso recordó que la política debe entenderse como una forma de servicio a la ciudadanía y al bien común, pero consideró que lo ocurrido demuestra una realidad contraria a ese principio.

Los más vulnerables son los más afectados

Monseñor López lamentó que las consecuencias de la crisis recaigan principalmente sobre las personas trabajadoras, los pequeños emprendedores y las familias que dependen de sus ingresos diarios para cubrir sus necesidades.

Indicó que el perjuicio ocasionado es difícil de dimensionar y que quienes cuentan con mayores recursos económicos pueden tener reservas para afrontar las dificultades, mientras que las personas que viven de sus ingresos cotidianos quedan mucho más expuestas.

“Yo creo que es incalculable todo el daño que se causó y, sobre todo, la población más vulnerable fue la más golpeada. Aquellas personas que vivían del ingreso diario y tenían pequeños emprendimientos no podían esperar 15 días para recuperar su dinero. Muchas de ellas todavía no han logrado recuperarse de las consecuencias”, señaló.

Finalmente, insistió en que la situación debe servir para generar cambios profundos en el país, con responsabilidad institucional, reparación del daño y una política orientada verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

“La Comandancia de la Policía Nacional vuelve a su histórica sede. Ordené que la Comandancia de la Policía Nacional regrese a su edificio histórico, ubicado frente a la Plaza de Armas, en el corazón de Asunción. Este lugar es parte de nuestra historia y de la identidad de la Policía Nacional. Allí ocurrieron hechos que marcaron al Paraguay y queremos preservar ese patrimonio para las futuras generaciones. La Comandancia vuelve al lugar que le pertenece”, dice la publicación del presidente en sus redes sociales.

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La mudanza había sido dispuesta por el anterior presidente, Santiago Peña Palacios, ahora preso por corrupción, aunque fue impulsada por su esposa, la ahora ex primera dama Leticia Ocampos Villate, quien está siendo investigada como cómplice de su marido en el histórico caso Ueno Bank.

Supuestamente, la intención de Leticia Ocampos era convertir el Cuartel Central de la Policía en un museo.

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Esa iniciativa fue rechazada desde un principio por las distintas asociaciones de policías, principalmente retirados, ya que los que aún están en servicio activo no pueden protestar.

Incluso, hubo marchas de policías retirados para tratar de revertir el cambio de sede, pero el anterior ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, ignoró la petición de la comunidad policial.

En el edificio histórico de la Policía funcionan la Comandancia, Subcomandancia, Dirección General de Prevención y Seguridad, Dirección General de Administración y Finanzas, Agrupación de Seguridad y varias oficinas administrativas.

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La construcción de dicho edificio data de la época de José Gaspar Rodríguez de Francia, cuando era usada como cárcel pública.

Ministro y viceministros

Por otro lado, desde hoy comenzaron a trabajar oficialmente las nuevas autoridades del Ministerio del Interior (MI).

El ministro Ariel Martínez Fernández, por ejemplo, ya se reunió en su despacho, que sí quedó en los edificios corporativos del Puerto de Asunción, con los nuevos viceministros Alejo Vera Ojeda, de Asuntos Políticos, y Santiago Javier Brizuela Etcheverry, de Asuntos Políticos.

Tanto el ministro como los viceministros son abogado. " Compromiso y trabajo 24/7″, dice la publicación del Ministerio sobre la citada reunión.

Cabe señalar que el Imaep es un indicador de corto plazo que mide la actividad productiva pero no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB). Para el presente año, la proyección oficial de crecimiento es del 5%. Si bien se espera algún impacto de la crisis generada tras la caída de Ueno Bank en la actividad económica, este desviaría mucho de la cifra estimada.

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Según el reporte oficial, el sector primario registró una variación interanual de -7,7%, acumulando con este resultado un aumento de 6,7% al cierre del mes de septiembre del 2026.

Del informe del BCP se desprende que la agricultura registró una caída debido principalmente a los menores niveles de producción de maíz, trigo, algodón y yerba mate. Pero que para el cierre del año, se espera un desempeño acumulado favorable de la agricultura consecuencia, principalmente, de la mayor producción de soja en la zafra 2025/2026.

Por su parte, la ganadería presentó un desempeño interanual negativo en septiembre, por la disminución en el faenamiento de ganado bovino debido a la recomposición del hato ganadero. Sin embargo, se observaron incrementos en el faenamiento de cerdos y aves, así como en la producción de leche cruda y huevos.

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Desempeño del sector secundario

En lo que respecta al sector secundario se registró un aumento interanual de 8,8%, acumulando con este resultado un crecimiento de 6,2% al cierre del mes de septiembre del 2026.

La actividad de generación de energía eléctrica presentó un importante incremento interanual. Asimismo, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental continuaron contribuyendo positivamente.

Por su parte, el sector de la construcción registró un leve crecimiento interanual en el mes de septiembre, debido al mayor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas.

Manufacturas siguen creciendo

Por su parte, las manufacturas registraron una variación interanual de 4,1%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,2% al cierre de septiembre del 2026.

Dentro de este rubro se destacaron la producción de aceites, lácteos, molinerías y panaderías, azúcar, productos químico-farmacéuticos, madera, papel, fabricación de minerales no metálicos, productos metálicos, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (incluye fabricación de muebles). No obstante, estos resultados fueron atenuados por las caídas en la producción de carnes, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados y metales comunes.

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Repunte en servicios

El reporte oficial de la banca matriz detalla que el sector servicios registró un incremento interanual de 3,5%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,7% al cierre del mes de septiembre del 2026.

En los servicios se destacaron la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, servicios gubernamentales, los servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, los servicios de información y los servicios de validación. Sin embargo, mostraron desempeños desfavorables los servicios de transportes, servicios a las empresas y telecomunicaciones.

Finalmente, el IMAEP sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 4,0% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 4,9% al cierre del mes de septiembre del 2026.

Sin embargo, tras el juicio oral, fue absuelto el 13 de setiembre del 2023, al no probarse la existencia del hecho punible. No obstante, la fiscalía interpuso recurso de casación el 3 de agosto del mismo año contra la absolución.

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En el último informe del Poder Judicial del 15 de abril del 2026 se tiene que, el recurso sigue pendiente en la Sala Penal debido a que la integración continúa sin resolverse. El expediente lleva más de 2 años y 8 meses sin resolución de la casación fiscal.

El segundo beneficiado con la mora judicial es el exintendente de Independencia Francisco Arnaldo Chávez González condenado por contrabando.

La Fiscalía lo imputó el 6 de octubre del 2020 por presuntamente usar la sede municipal para guardar azúcar del contrabando y presentó acusación el 4 de abril del 2021. Tras una primera absolución, anulada por la Cámara el 20 de setiembre del 2023, se realizó un nuevo juicio oral.

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Chávez González fue condenado el 5 de marzo del 2025 a 5 años de prisión y la Cámara confirmó la condena el 17 de diciembre del 2025. La defensa del exintendente presentó un recurso extraordinario de casación el 30 de diciembre del 2025, el cual continúa sin resolución.

El tercer beneficiado con la excesiva mora judicial es Hilario Adorno Mazacote, exintendente de Puerto Casado y hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio.

La condena fue dictada el 13 de junio del 2025 y fue confirmada por la Cámara el 8 de octubre del 2025. Sin embargo, la defensa promovió una acción de inconstitucionalidad el 20 de octubre del 2025 y sigue pendiente ante la Sala Constitucional.

Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos de similar magnitud y la ocasional caída de granizos.

Zona de cobertura

La zona de cobertura abarca específicamente el sur de la Región Occidental, siendo el centro y sur del departamento de Presidente Hayes el área directamente afectada por el desarrollo de estos núcleos de tormenta.

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Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones que se emiten desde las plataformas de la DMH y mantener los recaudo correspondientes ante este escenario.

El docente señaló que, de aprobarse el PGN se garantizaría el pago de la gratuidad para los directores de escuelas y colegios, destinado a sostener el mantenimiento y los gastos administrativos de las instituciones educativas. Asimismo, mencionó los gastos de representación para directores, considerados necesarios para cubrir traslados y gestiones institucionales.

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El sector exige elevar al 8 % el reajuste salarial propuesto por el Gobierno (que inicialmente planteaba un 4,4 % a partir de enero y un 6,6 % a partir de junio). Los docentes argumentan que este incremento es necesario para recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del 16 % registrado en los aportes jubilatorios, que subieron al 19 %.

Continuidad de las medidas

La continuidad de las movilizaciones dependerá de los resultados del estudio del presupuesto en el Parlamento y del tratamiento de las reivindicaciones del sector docente. Desde el gremio indicaron que se mantendrán en asamblea permanente, a la espera de respuestas favorables, y no descartan endurecer las protestas en caso de no lograr la aprobación de sus reclamos.

Finalmente, el dirigente pidió disculpas a la comunidad educativa por las interrupciones y ratificó que las movilizaciones buscan garantizar una educación de calidad y defender los derechos legítimos del magisterio.

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Los educadores se concentraron en la plaza de la Ermita y posteriormente realizaron el cierre de la ruta PY01, como medida de protesta ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027, cuya aprobación está prevista para esta jornada.

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Entre los principales reclamos del sector figuran el aseguramiento de los fondos previsionales y jubilatorios, además de una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.

Los educadores también exigen que la gratuidad escolar sea efectiva y no dependa de los aportes económicos de las familias ni de los propios docentes, quienes, según denuncian, terminan cubriendo necesidades que corresponden al Estado.

Otro de los reclamos apunta a la falta de condiciones adecuadas para garantizar una educación inclusiva. Los manifestantes señalan que las instituciones educativas carecen de profesionales especializados, como psicólogos y psicopedagogos, además de infraestructura y recursos necesarios para atender a estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje.

Los gremios denuncian burocracia en los trámites para las jubilaciones

El delegado sindical de la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN), Valentín Benítez, manifestó que “hoy día los docentes, los trabajadores de la educación estábamos nuevamente en movilización, un derecho constitucional en justo reclamo a nuestros reivindicaciones, con cierre total de la ruta acá en la cabecera departamental, la capital departamental de Misiones, que es San Juan Bautista”.

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Asimismo, señaló que se están uniendo a la movilización docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) y la UNE-SN.

Los sindicalistas también reclamaron la agilización de los trámites jubilatorios y la desvinculación de los educadores que ya cuentan con la resolución correspondiente.

Según Benítez, los procedimientos administrativos pueden prolongarse hasta dos años, situación que obliga a los docentes a continuar trabajando pese a haber cumplido los requisitos para acceder al beneficio.

“Existe demasiada burocracia para la desvinculación. El trámite puede prolongarse hasta dos años. Uno ya cuenta con la resolución de jubilación, pero no puede retirarse. Por eso, exigimos que la jubilación sea automática”, sostuvo.

El pasado martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución y el cese de las operaciones de Ueno Bank debido a que los índices de solvencia del banco se deterioraron más allá del mínimo establecido. La banca matriz atribuyó esa situación en parte a que el banco otorgó de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un enorme crecimiento durante los tres años de gobierno de Peña, con enormes depósitos de fondos estatales e importantes contratos con el Estado.

Luego de su destitución la semana pasada, el expresidente Peña fue detenido e imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

“Allanamientos tardíos”

El senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) criticó hoy la forma “tardía” en que la Fiscalía allanó Mburuvicha Róga y acusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de haber “cajoneado” una denuncia que él y otros legisladores opositores realizaron contra Peña por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio hace 13 meses.

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En un mensaje publicado en redes sociales, el senador Filizzola opinó que una reacción con mayor celeridad de la Fiscalía ante las denuncias presentadas el año pasado “pudo haber evitado el sufrimiento de millones de paraguayos” afectados por la crisis generada por el cierre de Ueno Bank, que dejó congelados los fondos de cientos de miles de ahorristas.

“Sus allanamientos tardíos no sustituyen la investigación seria y profunda que merece la gente”, reza el mensaje del legislador al fiscal general. “Paraguay no necesita su complicidad, necesita la justicia y los resultados que usted es incapaz de darle”.

Denunciaron “sobres del poder” y otros supuestos delitos

La denuncia de los senadores y diputados opositores fue entregada al Ministerio Público el 2 de octubre de 2025, poco después de que ABC Color publicara artículos que hacían eco a una denuncia hecha por Luz Maribel Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga quien reportó la existencia de sospechosos sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial.

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Los supuestos hechos denunciados por Candado y otros presuntos hechos irregulares que figuraban en la denuncia de los parlamentarios nunca fueron investigados por la Fiscalía.

El libelo establece 4 causales que configurarían mal desempeño en sus funciones e incluso eventualmente hechos punibles.

1. Conducción deficiente de la investigación del caso UENO: Mal desempeño por incompetencia comprobada en la dirección funcional de la investigación más importante del período, con pérdida de oportunidades probatorias irrepetibles, reconocida públicamente por el propio fiscal general.
2. Retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el presidente Peña: Incluido ceder sus funciones a la Contraloría.
3. Inacción ante los “sobres del poder” denunciados por Luz Candado.
4. Inacción ante el reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense.

Para la presentación se requieren 15 firmas, las cuales posiblemente consigan de sobra durante la sesión extraordinaria en la que se estudia el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027. Pero para la darle ingreso oficial y trámite legislativo serían un tanto más cautelosos, ya que primeramente quieren trabajar sobre los votos.

Apenas hoy se conocía la noticia de que el pasado 5 de noviembre el juez Rodrigo Estigarribia ya firmó la orden de allanamiento a la sede de la Ueno Casa de Bolsa, la cual la Fiscalía ejecutó 4 días después, y aun así, con todo ese tiempo agarraron infraganti a la “rompepapeles”, María José Benítez García, exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa tratando de eliminar evidencias contra Santiago Peña.

A esto se le suma la lenta reacción para incautar el celular de Peña así como para allanar la Mansión en San Bernardino, lo que habría permitido vaciar la presunta “bóveda oculta” que se halló en el sitio.

“No hay apuro, queremos que firmen la mayor cantidad de colegas y los invitamos también a los colorados a que puedan sumarse a esto, porque esto no se trata de ir contra una persona, sino que está relacionado con la investigación de la mayor crisis financiera y económica de la República del Paraguay en la historia”, señaló una de las impulsoras, la diputada Rocío Vallejo.

Otro que optó por la cautela fue el líder de la bancada de Colorado Añeteté, Daniel Centurión, que dijo que ellos son los primeros que hace tiempo quieren que se vaya el fiscal, pero temen que esto pueda ser rechazado y sirva para blindarlo en el cargo por un año, tal como ocurrió en el periodo pasado con la exfiscal General, Sandra Quiñónez.

“Vamos a reunirnos esta tarde, vamos a analizar y después vamos a hacer saber nuestra posición política”, dijo haciendo referencia a los 5 miembros de la bancada de Añeteté.

Explicó esta postura dubitativa alegando que lo que temen es que, eventualmente, sus correligionarios oficialistas entierren el pedido y salven a Rolón.

“Si existe un grupo político que ha cuestionado la gestión del Ministerio Público es nuestro grupo político. Nos hemos manifestado públicamente en ese sentido, pero el juicio político se trata de eso, un consenso político. Lo que no quiero es que ocurra lo que ocurrió en el periodo anterior, cuando se presentó a las apuradas un libelo acusatorio, y finalmente se rechazó y eso ya no se puede tratar por un año”, dijo Centurión.

Otro que actúa ahora como “lobo solitario” al decirse “estafado” por Peña es el colorado oficialista Jatar “Oso” Fernández (ANR, B), que, no obstante, habló a título personal y no por su bancada que tiene 8 miembros.

“Que se vaya a la p... que lo parió, el fiscal”, dijo Fernández, que exigió que “se vayan todos los que robaron y, si me tengo que ir yo también por un puto mil, me voy a ir también preso carajo, pero que se vayan todos”.

Los colorados oficialistas, en la persona del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, le sacaron la nalga a la jeringa diciendo que están aún analizando.

¿Cuántos votos son los requeridos para su destitución?

Una vez presentado el libelo acusatorio, se requiere de una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que prospere, es decir, en el caso de que estén los 80 diputados presentes, se necesitarán 53 votos.

Dicho número varía conforme a la cantidad de presentes, pero lo normal es que, ante casos controversiales como estos, estén los 80.

Como aún no se dio entrada oficial al libelo, tampoco hay aún fecha de sesión extraordinaria para su tratamiento.

Durante el procedimiento fueron incautados 2 kilos y 435 gramos de cocaína, además de más de 21 kilos de precursores químicos. Asimismo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Wish, varios documentos y otros elementos.

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También se decomisaron diversos equipos utilizados para el procesamiento de la droga, entre ellos una prensa hidráulica, gatos hidráulicos, balanzas, molinos eléctricos, ollas y otros implementos propios de este tipo de instalaciones.

El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Oficina Regional Nº 2 de Ciudad del Este, con el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar.

Los intervinientes consideran que el desmantelamiento del laboratorio representa un importante golpe a una estructura vinculada al tráfico de cocaína. El operativo fue concretado tras un trabajo de inteligencia.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) continúa con la fase investigativa para identificar posibles conexiones y determinar los demás componentes de este esquema ilícito.

“Acá volvemos después de un año, para comentar que después de todo lo que pasó, se nos está haciendo caso, se está saliendo a la luz muchas cosas”, contó la mujer en medio del escándalo de Ueno Bank, el allanamiento a Mburuvicha Róga, un juicio político y por sobre todo, con su expatrón recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

Allanamiento en Mburuvicha Róga: buscan evidencias vinculadas a la causa de Santiago Peña

“La verdad que es una cosa increíble que hasta este punto había sido se estaba armando”, comentó sorprendida por todo el entramado organizado por Peña y su entorno que terminaron con todos ellos privados de su libertad en la actualidad.

Luz le dedicó años de servicio a la exfamilia presidencial. Pero un día, la acusaron de ladrona. La desaparición de un sobre con 100.000 dólares dentro Mburuvicha Róga la puso en el ojo de un huracán. “La impotencia en ese momento nos afectó mucho. A mí principalmente y a toda la familia, a todo mi entorno, porque somos una familia numerosa”, recordó.

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Pero nunca perdió la fe. “Hay un Dios que es justo, que todo lo ve, el tiempo de Dios es perfecto, llega a tiempo, nunca a destiempo. Y este era el momento en que se tenía que saber muchas cosas”, reflexionó la mujer luego de todos los acontecimientos que derivaron en la caída y detención de Peña.

Una enfermedad que volvió

Luz es paciente de lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. Esa batalla silenciosa que le había dado tregua, se volvió a reactivar a consecuencia de la presión ejercida sobre ella por sus ex empleadores.

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“Se me volvió a activar después de 11 años, y a consecuencia de eso estoy así. Los médicos dicen que es por el estrés, por todo eso que pasamos, el estrés generalizado, crónico. Pero ya gracias a Dios ya estoy recuperándome otra vez. Pasamos muchas cosas injustas en ese momento por el tema del polígrafo, la acusación de robo y todas esas cosas”, recordó la mujer en medio de la entrevista.

Los dejaron en la calle

En otro momento, Hugo Romero, el esposo de Luz, relató que pasaron por momentos muy duros por la forma en la que fueron despedidos y la humillación social que les hicieron vivir los Peña. “Cuando reventó todo, me manda llamar el señor Lalo (su patrón, cercano a Peña). Hablamos mucho tiempo en su oficina. Yo le agradezco que me haya dicho de frente las cosas”, recordó.

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Romero se desempeñaba como custodio privado de una familia cercana al matrimonio presidencial. “Prácticamente me dijo que como el señor Santiago era su amigo, lastimosamente no iba a poder seguir trabajando con él. De la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo los dos, pero gracias a Dios nunca faltó nada”, atesoró.

Un poco antes de volver a reactivarse el lupus, Luz comenzó a hacer cosas dulces que salían a vender por el barrio. “Gracias a Dios no salíamos muy lejos de casa para vender todo, pues él (Dios) nos puso los clientes y enseguida vendíamos todo; nunca nos faltó nada”, recordó el hombre.

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Les devolvieron la plata

En los audios y la denuncia realizada por el matrimonio Romero Candado, se deja constancia que ella hacía compras con su tarjeta personal para reabastecer tanto a Mburuvicha Róga como a la mansión de San Bernardino y luego se lo reponían. Al momento de su despido, el presidente de la República y la Primera Dama de la Nación le debían a Luz Candado más de G. 11.000.000.

“Después de un tiempo, vino el general Lovera, a quien le agradezco mucho. Se acercó y trajo el dinero que le debían a Luz. En esa ocasión trajo 11 millones y quedó una parte porque la cuenta era 11.300.000 más o menos”, relató.

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Luego de esa reunión, volvieron a tener otras en donde también participó Ricardo Preda, abogado de Santiago Peña, en donde intentaban comprar su silencio a cambio de que ella entregue su teléfono.

“Hay que decir la verdad, porque es una locura lo que esta gente hace y cómo le tocó a una familia muy humilde. Hubo conversaciones, para que se pueda arreglar la situación. Ellos querían el celular de Luz. Por suerte hubo una persona de afuera que siempre nos ayudó. Le contábamos a él las cosas y nos decía que no se puede hacer esto, que uno no tiene que desprenderse de su evidencia”, relató Hugo Romero.

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Finalmente, Luz Candado finalizó agradeciendo a todas las personas que se acercaron a darle la mano durante todo este tiempo. “Tarde o temprano la verdad sale a la luz, y este era el momento en que tenía que salir todo. Yo le apreciaba mucho a la familia, como ellos también a mí seguramente en algún momento, pero cuando hay plata de por medio, opa el amor”, finalizó la mujer.

Asimismo, detalló que mantuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Alliana, y tras el encuentro reiteró que las autoridades migratorias se encuentran activas mediante un canal de comunicación en tiempo real para remitir algún reporte o alerta, incluso de manera preventiva.

“Todas las personas que están de alguna u otra forma involucradas en esta investigación, están cargadas su alertas correspondientes en nuestro sistema. Tenemos un canal de comunicación directo con el Ministerio Público para poder actuar”, precisó.

De igual manera, reiteró que la comercialización de pasajes aéreos corresponde al ámbito privado, el sistema migratorio estatal detecta de forma inmediata cualquier intento de cruce fronterizo o trámite de salida de personas con alerta previa.

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Caso Ueno no afectó movimiento

Según Kronawetter, la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank no tuvo un impacto negativo en el movimiento migratorio, sino, por el contrario, habría números positivos.

Al respecto mencionó que en el periodo comparativo del 1 al 11 de noviembre -coincidente con el caso-, se registraron 2.141 solicitudes de radicación temporaria, lo que representa un incremento del 105% en comparación con las 1.041 tramitadas en el mismo lapso del mes anterior.

“Esto no es algo definitivo, pero es una cuestión que nos lleva a hacer una evaluación. Obviamente, esto hay que ir evaluando mes a mes”, precisó.

Incluso, reveló una “cifra récord” de 54.000 solicitudes de radicación que se alcanzaron a lo largo de este año. “Realmente la cifra de récord es histórica; nosotros estamos subiendo cada año y esta cifra ya supera con creces el año pasado”, confirmó.

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La medida generó el rechazo del sector taurino, que anunció acciones legales y medidas de fuerza, porque, según sostienen, la determinación de la Junta Municipal incumple el contrato asumido por el anterior intendente, Marcelo Simbrón (ANR).

La derogación deja sin efecto la Resolución JM Nº 1132/2026, el convenio del 28 de octubre de 2026, por el cual la Intendencia concedía el usufructo a los toreros y humoristas del Bloque 9º Departamento, y el acta de entrega y recepción oficial del inmueble.

El presidente de la Asociación de Toreros, Venancio Rolón, expresó su indignación y afirmó que el usufructo fue recibido de manera legítima, mediante una resolución municipal.

Cuestionó que, con el cambio de mandato, se pretenda desconocer una decisión previa y el esfuerzo de los toreros, que aportaron recursos propios para gastos y mejoras del corral.

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Anuncian acciones legales y medidas de fuerza

Integrantes del sector anunciaron que recurrirán a instancias legales para reclamar por las inversiones realizadas en el ruedo.

También confirmaron que no realizarán actividades taurinas en el marco de los festejos de Santo Tomás y que organizarán una corrida paralela en las mismas fechas.

La Asociación de Toreros del Noveno Departamento prevé, además, una manifestación en los próximos días en repudio a la postura de la nueva administración municipal.

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Argumentos de la Municipalidad

El intendente Osmar Galeano Zacarías (ANR) explicó, mediante un comunicado de la administración municipal, que la decisión responde al incumplimiento de normas del marco jurídico vigente, entre ellas la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal, la Ordenanza Tributaria y la Ley Nº 6101/2018.

El jefe comunal refirió en el comunicado que el artículo 1º de la Ley Nº 6101/2018 establece que los bienes del dominio público municipal están destinados al uso y goce de todos sus habitantes y que, en los casos excepcionales en que se autorice su utilización por determinadas personas o entidades, corresponde el pago del canon establecido.

En ese sentido, el coliseo taurino Santo Tomás constituye un bien de dominio público municipal y, por tanto, su utilización debe ajustarse estrictamente a las disposiciones legales vigentes, garantizando el interés general y evitando concesiones gratuitas que no se encuentren debidamente respaldadas por la normativa.

Asimismo, dijo que quedan sin efecto la Resolución JM Nº 1132/2026 y el convenio de fecha 28/10/2026, mediante el cual la Intendencia Municipal saliente, a cargo de Simbrón, concedió la concesión de usufructo gratuito, por el plazo de diez años, del coliseo taurino municipal a favor de los toreros y humoristas.

Finalmente, el intendente Galeano Zacarías anunció que convocará a una comisión organizadora de los festejos patronales, abierta a todos los sectores, para las fiestas patronales de este distrito, que se celebran el 21 de diciembre.

De acuerdo con lo detallado por el equipo interventor, esta medida busca facilitar la regularización de las deudas y brindar mayores facilidades a los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

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Balance de exclusión cierra el lunes

El equipo interventor está abocado en el balance de exclusión (de conciliación de los activos y pasivos del banco) cuyo plazo de cierre vence este lunes, a fin de redistribuir las carteras de créditos/ ahorros entre oferentes del sistema financiero.

En este marco también se procederá a la cancelación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para los ahorristas que hayan superado el monto del anticipo. La ley establece un tope de 75 salarios mínimos por depositante, es decir de G. 228.300.000.

El director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, informó que entre los afectados se encuentran 22 adultos y dos menores de edad. Aclaró que ninguno de los pacientes presenta complicaciones ni requirió internación, y que todos se encuentran aislados.

El profesional explicó que se estableció un cerco epidemiológico y se identificó a las personas que tuvieron contacto cercano con los afectados, a fin de evitar nuevos contagios. Según mencionó, hasta el momento, los contactos identificados durante las últimas 72 horas no presentaron síntomas.

Entretanto, equipos de Epidemiología realizan entrevistas individuales a los trabajadores afectados para determinar el nexo epidemiológico e identificar el posible origen del brote. Entre los datos que buscan precisar figuran eventuales viajes realizados por los empleados y otros antecedentes de exposición.

El doctor Schrodel también aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con suficientes dosis de vacunas contra la varicela. Recordó que la inmunización está contemplada en el esquema regular.

Finalmente, instó a la población a tomar precauciones, evitar el contacto directo con personas que presenten la enfermedad y respetar las medidas de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión.

¿Qué es la varicela y cuáles son sus síntomas?

La varicela es una enfermedad muy contagiosa, causada por el virus de la varicela zóster (VVZ). El contagio se da de una persona a otra al entrar en contacto con el líquido de las ampollas de la varicela.

También se transmite cuando la persona con varicela tose o estornuda. Se presenta mayormente en la población infantil. Aparece con sarpullidos en el estómago, la espalda y la cara, y puede extenderse a todo el cuerpo, produciendo ampollas que causan picazón.

Otros síntomas de este virus son cansancio, dolor de cabeza y fiebre. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, se recomienda recurrir a la consulta médica para recibir el tratamiento oportuno y evitar la automedicación.

La mejor forma de prevenir la varicela es mediante la vacunación de niños de 15 meses de vida hasta los 5 años que aún no recibieron su dosis de protección.

El sistema tiene como objetivo permitir que los ahorristas carguen su información para que sus instrumentos financieros sean debidamente validados ante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Según el comunicado oficial de la banca matriz, el procedimiento exige que todos los titulares de CDA realicen su registro de manera individual.

Una vez completado el formulario y adjuntada la documentación requerida, los datos serán sometidos a un proceso de verificación previa por parte del BCP para confirmar la titularidad y dar curso a la tramitación correspondiente.

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Requisitos y advertencias legales

La institución reguladora enfatizó que los solicitantes tienen la obligación de suministrar información exacta, completa y veraz.

Asimismo, se prohíbe expresamente el registro de datos o documentos pertenecientes a terceras personas, a excepción de aquellos casos en los que el gestor cuente con una representación legal o habilitación suficiente para actuar en nombre del titular.

Finalmente, el BCP advirtió que aplicará estrictos controles de seguridad sobre las solicitudes ingresadas.

En caso de detectarse indicios de falsedad, adulteración, fraude, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales o cualquier otra anomalía, el trámite será suspendido o rechazado de inmediato.

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Además, los antecedentes del caso serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.

Para llenar el formulario, hacer clic aquí.

La representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, indicó que exigen garantías para que las conquistas logradas y acordadas, como el aumento del 5% para el gremio, no sean recortadas.

“Existe una preocupación porque no confiamos. Hoy vamos a estar escuchando lo que dicen los diputados”, refirió. Además, adelantó que harán otro paro cuando el PGN sea tratado en la Cámara de Senadores.

Por su parte, la gremialista de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Estela Ayala, refirió que “nosotros no estamos en la calle porque queremos”, detalló. Además, criticó: “Hoy se suma el gran robo que tiene el Paraguay; el gran robo de la República del Paraguay; han metido la mano en el bolsillo de cada paraguayo”, lamentó.

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Disconformes con la confirmación del ministro

El dirigente de la UNE, David Bordón, indicó que los docentes esperaban un cambio radical para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sostuvo que no están conformes con la gestión de Luis Ramírez.

Detalló que la situación deplorable de la educación es un indicio claro de la “inoperancia del ministro”, quien es el administrador del MEC, refirió.

Destacó que este año hubo recortes muy fuertes en los gastos destinados a la gratuidad. Grandes colegios con más de 3.000 estudiantes recibieron solamente entre 2 y G. 3 millones de guaraníes para mantenimiento.

“Cínicamente, este ministro sale a inicio de año a pedir a los padres que denuncien si se piden pagos, pero es la única manera, con los aportes de las ACES, de mantener las instituciones educativas, porque el Estado las deja en abandono”, explicó.

La decisión se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas. Según los considerandos del decreto, el 22 de septiembre de 2026, Paraguay y otros países participantes adoptaron en Nueva York la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, que contempla acciones coordinadas contra 24 organizaciones delictivas transnacionales.

La disposición incorpora a grupos criminales de América Latina y otras regiones, según establece el artículo 1 del documento.

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Qué organizaciones fueron designadas

El documento enumera las siguientes 21 organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales:

• Mara Salvatrucha (MS-13): pandilla surgida en Los Ángeles, Estados Unidos, entre comunidades de migrantes centroamericanos. Se expandió principalmente por El Salvador, Honduras y Guatemala y está vinculada con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.
• Tren de Aragua: organización criminal originada en Venezuela, con expansión hacia otros países sudamericanos. Sus actividades incluyen extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y secuestros.
• Cárteles Unidos: coalición de grupos criminales mexicanos que opera principalmente en Michoacán y disputa territorios y rutas del narcotráfico.
• Cártel del Golfo: organización mexicana originaria de Tamaulipas, vinculada al tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas.
• La Nueva Familia Michoacana: grupo criminal mexicano con presencia en Michoacán y Guerrero, relacionado con el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.
• Cártel del Noreste: estructura criminal mexicana con base en Tamaulipas, vinculada al tráfico de drogas, armas, secuestros y extorsiones.
• Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): organización surgida en Jalisco, México, con redes internacionales de narcotráfico y tráfico de drogas sintéticas.
• Cártel de Sinaloa: una de las principales organizaciones criminales mexicanas, con redes internacionales de narcotráfico y distribución de drogas.
• Gran Grif: banda armada de Haití, con presencia en el departamento de Artibonite, relacionada con secuestros, asesinatos y extorsiones.
• Viv Ansanm: coalición de pandillas haitianas que opera principalmente en Puerto Príncipe y otras zonas del país. Está vinculada con secuestros, violencia armada y control territorial.
• Los Lobos: organización criminal ecuatoriana relacionada con el narcotráfico, las extorsiones y la violencia carcelaria.
• Los Choneros: banda surgida en Ecuador, vinculada al tráfico de drogas, asesinatos y disputas por el control de rutas criminales.
• Barrio 18: pandilla originada en Los Ángeles y extendida por Centroamérica, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Sus actividades incluyen extorsiones y homicidios.
• Clan del Golfo: organización criminal colombiana con presencia en rutas del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones.
• Chone Killers: grupo criminal ecuatoriano relacionado con el narcotráfico, el sicariato y las disputas territoriales.
• Los Viagras: organización criminal mexicana que opera principalmente en Michoacán, vinculada al narcotráfico y la extorsión.
• Cártel de Juárez (La Línea): estructura criminal mexicana con base histórica en Ciudad Juárez, relacionada con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
• Disidencias de las FARC: grupos armados colombianos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 o retomaron las armas. El decreto menciona expresamente al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, además de sus denominaciones alternativas, organizaciones afiliadas y grupos sucesores.
• Ejército de Liberación Nacional (ELN): guerrilla colombiana de origen marxista, activa en Colombia y zonas fronterizas, vinculada al narcotráfico, secuestros y extorsiones.
• Sendero Luminoso: organización insurgente de origen peruano, responsable de una campaña de violencia durante las décadas de 1980 y 1990. Sus remanentes operan en zonas vinculadas al narcotráfico.
• Los Tiguerones: banda criminal ecuatoriana vinculada al narcotráfico, las extorsiones, los asesinatos y la violencia en centros penitenciarios.

Escudo de las Américas

Respecto a la iniciativa Escudo de las Américas, el decreto señala que los países participantes manifestaron su intención de impulsar medidas financieras, migratorias y judiciales contra las 24 organizaciones identificadas, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales.

El documento agrega que la Declaración Conjunta fue sometida a consideración del Consejo de Defensa Nacional (Codena), que manifestó su aprobación. Según el Poder Ejecutivo, la designación permitirá fortalecer los mecanismos nacionales de prevención y combate al terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

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¿Qué grupos ya había declarado terroristas Paraguay?

En los considerandos del Decreto N.º 7228 se recuerda que Paraguay ya había designado a tres organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales mediante dos disposiciones anteriores:

• Cártel de los Soles: designado mediante el Decreto N.º 4435, del 21 de agosto de 2025. Es una estructura con sede en Venezuela, vinculada al narcotráfico.
• Comando Vermelho (CV): designado mediante el Decreto N.º 4857, del 30 de octubre de 2025. Es una organización criminal brasileña surgida en Río de Janeiro.
• Primeiro Comando da Capital (PCC): también incluido en el Decreto N.º 4857. Surgió en las cárceles de São Paulo y extendió sus operaciones dentro y fuera de Brasil, inclyendo nuestro país.

Con estas tres designaciones anteriores y las 21 incorporadas por el nuevo decreto, Paraguay completa, según los considerandos de la disposición, la lista de 24 organizaciones contempladas en la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica.

El senador Líder Amarilla (PLRA) informó que González ya confirmó su participación para el próximo jueves y que llevará documentación sobre las irregularidades detectadas en unas 64.000 hectáreas, uno de los casos que motivó la conformación de la comisión.

Según explicó el legislador, la directora del RUN ya confirmó verbalmente la existencia de problemas relacionados con superposición de títulos y documentos presuntamente inventados o fraguados. La comisión pretende conocer los antecedentes documentales y determinar quiénes estarían involucrados.

Denuncian títulos adulterados y ocupaciones irregulares en el Chaco

Durante la reunión, la comisión recibió a representantes de la Asociación del Espíritu Santo del Chaco Paraguayo, entre ellos los abogados Francisco de Vargas y el exdiputado liberal Olimpio Rojas, quienes expusieron denuncias sobre presuntas irregularidades en propiedades de la región occidental.

Amarilla señaló que las denuncias abarcan aproximadamente 64.000 hectáreas y comprenden supuesta adulteración de títulos, documentos falsos, ocupaciones irregulares y posibles complicidades dentro de los registros públicos.

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El legislador explicó que la investigación no se limitará a las tierras administradas por el Indert, sino que también abarcará propiedades privadas y terrenos vinculados a otras instituciones públicas.

La comisión tiene un plazo de seis meses para reunir información, solicitar informes a las instituciones involucradas y determinar qué hechos podrían derivar en denuncias ante el Ministerio Público u otras instancias competentes.

Organización Moon denuncia despojo de 312.000 hectáreas

Otro de los casos expuestos ante los senadores fue el de la organización conocida como Moon, cuyos representantes denunciaron un conflicto judicial relacionado con 312.000 hectáreas en el Chaco.

Michelle Byun, presidenta de la organización, manifestó que consideran haber sido despojados de esas propiedades mediante un proceso judicial que, según su versión, habría vulnerado desde la primera instancia la Ley de Seguridad Fronteriza.

La representante afirmó que realizaron reclamos ante distintas instituciones estatales, pero que no obtuvieron respuestas satisfactorias. También expresó preocupación porque, según sus informaciones, actualmente se estarían realizando transferencias de las tierras.

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El abogado Francisco de Vargas sostuvo que detrás de esas operaciones estarían cuatro empresas que calificó como sociedades de maletín.

Según la denuncia presentada ante la comisión, estas empresas habrían sido constituidas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, no estarían inscriptas ni tributarían en Paraguay y tendrían un mismo propietario, de nacionalidad coreana.

De Vargas señaló que la organización presentó reclamos ante el Ministerio de Defensa, la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entre otras instituciones. También advirtió sobre una posible evasión tributaria y cuestionó las transferencias que, según afirmó, se estarían realizando sobre las propiedades.

Estas afirmaciones corresponden a las denuncias de los representantes de la organización y deberán ser contrastadas con los antecedentes judiciales, registrales y administrativos correspondientes.

Comisión también investigará tierras del IPS y del Indi

Líder Amarilla adelantó que la investigación parlamentaria abarcará otros conflictos relacionados con tierras públicas y privadas.

Entre los casos mencionó propiedades vinculadas al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las cuales ya solicitaron informes, así como terrenos relacionados con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

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La comisión también prevé requerir información a la Corte Suprema de Justicia y al RUN para conocer el estado de los procesos judiciales y registrales relacionados con las denuncias.

El objetivo, según el senador, es reunir documentación sobre los distintos casos, esclarecer las presuntas irregularidades y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El titular de la estatal leyó un comunicado en el que describió el paquete como “medidas excepcionales de apoyo” para el 100% de los usuarios. Según explicó, responde a los lineamientos del Gobierno para mitigar el impacto de la intervención de Ueno Bank. Las disposiciones rigen desde este 12 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

La primera es la suspensión del corte de suministro por falta de pago a todos los clientes. Quedan fuera los de consumo intensivo especial, que según Sosa son “solamente 35” y que identificó con Bitcoin.

La segunda es el fraccionamiento de deudas acumuladas en 24 cuotas, sin intereses ni recargo por mora. La primera cuota se podrá pagar con la siguiente factura, sin necesidad de abonarla al momento de acordar el plan. El beneficio está abierto a los clientes de baja tensión, que según Sosa son el 97% del total.

La tercera es la exoneración total de los recargos por mora. Sosa puso un ejemplo: quien acumule seis meses de atraso y pague en este período no abonará el recargo de esos seis meses.

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Pagos hechos por Ueno Bank y Wepa

La cuarta medida apunta a quienes pagaron su factura por Wepa o Ueno Bank entre el 2 y el 3 de noviembre y no ven el pago registrado en el sistema comercial de la ANDE. Podrán pedir la verificación en la página web o en la aplicación Mi ANDE, en la sección “Reclamos comerciales”, opción “pago no registrado”, y deberán adjuntar el comprobante.

Consultado sobre los adultos mayores sin acceso a herramientas digitales, Sosa respondió que el trámite también puede hacerse de forma presencial, en los locales de la ANDE.

Mientras dure la verificación, las facturas quedarán en estado “reclamado”. La ANDE contrastará los comprobantes con la información que gestiona ante el Banco Central del Paraguay.

Sobre quién asumirá los pagos no registrados, Sosa admitió: “Eso todavía no sabemos”. Dijo que lo analizan con el asesor jurídico de la institución, pero afirmó que “definitivamente no va a asumir el cliente”. Aseguró que, si el pago se comprueba, no se volverá a exigir.

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Sin reajuste y con alcance masivo

La quinta medida es que la ANDE no aplicará aumentos de tarifa durante, al menos, un año. Sosa dijo que esto busca dar “previsibilidad” a los usuarios y a la economía de las familias.

El presidente de la ANDE explicó por qué el paquete no se limita a los afectados por Ueno Bank. Según dijo, es “muy difícil” identificar y relacionar a los clientes perjudicados con los suministros de la estatal, por lo que se decidió extender los beneficios a todos. También señaló que no todos recurrirán a estas herramientas, pero que están disponibles.

Sosa citó dos datos sobre los canales de cobro. El 70% de la recaudación de la ANDE se realiza por vías digitales y aproximadamente el 19% de los clientes pagaba a través de Ueno Bank.

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Presupuesto y continuidad del servicio

En la conferencia también se le consultó por la adenda al Presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas remitió ayer al Congreso, que incluye una reasignación de unos G. 30.000 millones vinculada a la ANDE. Sosa dijo que aún no la conocía en detalle, aunque vio el documento y conversó esta mañana con el ministro.

Indicó que evaluarán en qué medida puede perjudicar a la institución y de qué rubro sería más factible, “a los efectos de no resentir” el suministro. Reconoció que “todos tenemos que hacer un esfuerzo como paraguayos en este momento”.

Sosa cerró con un mensaje sobre el servicio: “Sin energía eléctrica, no hay salud, no hay educación, no hay desarrollo económico”.

El BCP indicó en un comunicado que la medida busca “facilitar la regularización de las deudas y brindar mayores facilidades a los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones”.

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La semana pasada, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, que supuso el cierre inmediato de todas las operaciones de esa entidad bancaria, tras haber detectado que su índice de solvencia se deterioró.

La medida congeló los ahorros de cientos de miles de clientes de Ueno Bank, además de una gran cantidad de fondos depositados en ese banco por instituciones del Estado paraguayo.

Continúa proceso de resolución de Ueno Bank

La semana pasada el BCP comenzó a realizar transferencias a ahorristas por medio de su Fondo de Garantía de Depósitos, pero esos desembolsos estuvieron limitados a un tope de 228.3000.000 guaraníes.

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El equipo interventor del BCP continúa analizando los activos y pasivos de Ueno Bank para avanzar con el proceso de reposición de los ahorros congelados.

“Estamos como en la pandemia”, resumió Cristhian Lozano, vicepresidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), al describir el escenario que atraviesan las empresas del rubro. Según relató, durante la semana pasada y la actual se multiplicaron las cancelaciones, principalmente de encuentros empresariales, corporativos y actividades vinculadas al Gobierno.

El dirigente señaló que una parte importante de los eventos previstos tenía como protagonistas a autoridades nacionales, ya sea como disertantes o participantes. Varias de esas actividades fueron suspendidas y, según advirtió, algunas fechas perdidas difícilmente podrán recuperarse.

Lozano mencionó, por ejemplo, el caso de una sola empresa del sector que recibió cancelaciones por un valor aproximado de G. 300 millones. A la incertidumbre por los compromisos ya suspendidos se suma la falta de nuevas consultas y solicitudes de presupuesto.

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Caída de Ueno: “No sonó el teléfono”

“Literalmente no sonó el teléfono. No hay contactos para pedir presupuestos ni para generar nuevos eventos”, manifestó. Agregó que también se frenaron las consultas para las fiestas de fin de año de las empresas, un segmento clave para el sector durante esta época.

El vicepresidente de Aseppe consideró que el panorama es incluso más complicado que durante la pandemia, porque en aquella ocasión el Gobierno había ofrecido líneas de crédito y existía una situación sanitaria mundial que explicaba la paralización. Ahora, sostuvo, las empresas no comprenden cómo llegaron a esta situación por la falta de control sobre una entidad financiera.

El dirigente reclamó señales del Gobierno y pidió revisar el gasto público, reducir beneficios y privilegios dentro de la función pública y reorientar los recursos para atender las consecuencias económicas de la caída del banco. También cuestionó que las mipymes terminen soportando el impacto de una crisis que, a su criterio, pudo haberse evitado con controles oportunos.

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Eventos cancelados y deudas pendientes

La situación también preocupa a la Asociación de Proveedores, Trabajadores y Organizadores de Eventos ATE Vy’a Guasu. Su presidenta, Patricia Samaniego, confirmó que numerosos trabajadores y empresas del rubro están afectados, al igual que clientes que todavía no pudieron recuperar sus ahorros o depósitos.

Samaniego indicó que se cancelaron eventos empresariales previstos para fin de año y graduaciones. A esto se suma la dificultad de devolver las señas que los clientes habían entregado para reservar fechas y contratar servicios.

La dirigente recordó que el sector todavía no había conseguido recuperarse completamente de las consecuencias de la pandemia y ahora enfrenta un nuevo golpe.

Además, expuso otro problema que afecta a los trabajadores y proveedores: los préstamos fiduciarios otorgados durante la emergencia sanitaria. Según explicó, esas obligaciones ya se venían pagando con atrasos y algunos beneficiarios ahora enfrentan demandas y embargos del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Samaniego cuestionó también las dificultades que tuvieron para habilitar las cuentas destinadas al pago de esos créditos. Afirmó que la demora y la falta de información sobre los mecanismos de pago contribuyeron a los atrasos.

Bodegueros sienten caída del consumo

El impacto de la crisis también alcanza a los bodegueros. Damián Fernández, representante del sector de bodegueros, confirmó que la actividad registra una reducción del consumo y que uno de los efectos más notorios se observa en el uso de tarjetas como medio de pago.

El dirigente señaló que esperan que la situación pueda solucionarse antes de diciembre, uno de los meses de mayor movimiento comercial para el sector, debido al incremento habitual de las compras de fin de año.

No obstante, identificó un cambio en los hábitos de pago que permitió sostener parte de las operaciones. Según explicó, el efectivo volvió a ganar terreno e incluso superó a las tarjetas en las transacciones.

La preocupación de los bodegueros se centra en que la incertidumbre se prolongue hasta diciembre y afecte uno de los períodos más importantes para sus ingresos.

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Mercado 4: sin clientes y con cuentas que pagar

El impacto también se siente en el emblemático Mercado 4 de la capital. Leonardo Ojeda, comerciante de la zona, describió una fuerte reducción de la circulación de compradores desde la caída de Ueno Bank.

El comerciante aseguró que el movimiento de personas disminuyó considerablemente y ofreció comparar las imágenes de las cámaras de seguridad de su local, correspondientes a las semanas anteriores y posteriores a la intervención del banco, para mostrar la diferencia.

Mientras tanto, las obligaciones financieras de los comerciantes continúan vigentes. “Las cuentas siguen, los bancos llaman, las cuentas están ahí para pagarse, pero si no hay gente, ¿qué hacemos?”, cuestionó.

Ojeda pidió al Gobierno evaluar medidas de alivio, como postergaciones o refinanciaciones con tasas de interés más bajas, para evitar que los negocios terminen cerrando por la caída de sus ingresos.

Multitiendas reportan una mejora, pero aún no se normalizó

En contraste con los testimonios de los organizadores de eventos y comerciantes del Mercado 4, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) informó que las multitiendas asociadas registraron una mejora significativa en sus ventas durante los últimos dos días.

El gremio, a través de Eugenio Caje, señaló que todavía es prematuro hablar de una normalización de la actividad, pero consideró que la rápida devolución de los fondos a los ahorristas contribuyó a recuperar la tranquilidad y reactivar las compras.

Las multitiendas continúan operando con los demás medios de pago habilitados en cada establecimiento. Asimcopar adelantó que al cierre de esta semana podrá precisar en qué porcentaje se recuperaron las ventas.

Edictos revelan que autoridades del BCP tramitaron disolución conyugal a inicios de noviembre

“(...) la señora Liana Emilce Caballero Krause se encuentra formalmente denunciada ante el Ministerio Público ante los acontecimientos sucedidos en la intervención de Ueno Bank SAECA de alta exposición social,y si bien la misma no se encuentra imputada a la fecha, este juzgado entiende que el eventual cumplimiento de eventuales resoluciones penales podría verse afectada por las decisiones tomadas en el presente juicio”, explica el magistrado.

En la parte final, el magistrado Torres dispone " la suspensión del presente juicio, hasta tanto sea resuelta en sede penal las denuncias realizadas en contra de la Sra. Liana Emilce Caballero Krause”.

Extitular interina del BCP inició juicio día antes de intervención a Ueno Bank

En declaraciones a ABC, el magistrado Torres explicó que el juicio fue iniciado el 30 de octubre pasado, por la abogada Natalia Andrea Brun Salgueiro y se encontraba en una etapa inicial. En consecuencia, no se dispuso la partición y adjudicación de bienes y el juzgado ni siquiera cuenta aún con el listado de bienes del matrimonio.

Recordemos que la intervención a Ueno Bank fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay en la madrugada del 3 de noviembre, es decir, evidentemente la entonces directora Caballero pretendió resguardar sus bienes ante lo que se venía venir.

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Bienes continúan registralmente inalterables, afirma magistrado

En estas condiciones, gracias a la resolución del juez Torres, los bienes de Liana Caballero y Pedro Sindulfo Giménez Castillo continúan registralmente inalterables.

Torres indicó que la única medida dispuesta por el juzgado fue la publicación de los edictos, a partir del cual las personas que tienen alguna oposicion o reclamo, tienen un plazo de 30 días para hacerlo.

El magistrado fundamentó su decisión en las atribuciones que le confiere el Código Procesal Civil (artículo 18, inciso f) y la Constitución Nacional, en su artículo 128. La Constitución Nacional, en el artículo mencionado (128), establece lo siguiente:

• “De la primacía del interés general y del deber de colaborar: En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta Constitución y la ley”.

Juicio del exsuperintendente de Bancos también se suspendió

También hoy, ya cercano al mediodía, el juez en lo civil y comercial del quinto turno, Alfredo Barrios tomó idéntica decisión, con relación al juicio de disolución de la comunidad conyugal del exsuperintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola y María Gabriela Simancas León.

Al igual que Liana Caballero, Insfrán dio inicio al juicio el 30 de octubre pasado y este se encontraba en su etapa inicial, de publicación de edictos.

Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

Holger Insfrán fue detenido este jueves durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada sobre las calles C.1 casi Enfermera Clarita, en el barrio Santa Librada de Asunción.

Entre los principales involucrados figuran los directivos de Itti SAECA, entre ellos César Astigarraga, considerado como “segundo” de Miguel Vázquez y CEO de la empresa Itti, integrante del conglomerado de Ueno Bank y que fue utilizada dentro del esquema para el vaciamiento de Ueno Bank.

Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

Con el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el Banco Atlas S.A. la fiscal Ruth Benítez benefició directamente a la empresa Itti SAECA y las personas investigadas; sin embargo ahora tiene a su cargo la investigación a directivos de dicha empresa vinculada a Ueno Bank, junto a sus colegas de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Luz Guerrero y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.

Dicha situación provoca una sospecha razonable sobre la labor que pueda ejecutar la agente, teniendo en cuenta que para solicitar la desestimación de la denuncia presentada por el Abg. Felino Amarilla, en contra de Itti SAECA; la fiscal Ruth Benítez desatendió el resultado de una pericia realizada por profesionales del Laboratorio Forense del Ministerio Público.

Fiscala acomodó argumentos para beneficiar a Itti

La denuncia presentada en diciembre de 2025 por el Banco Atlas S.A es por presunto intento de sabotaje informático y tentativa de extorsión, en la cual estaba siendo investigada la empresa Itti SAECA.

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El Abg. Felino Amarilla, representante de la entidad bancaria, cuestionó al Ministerio Público por dejar de lado un peritaje fiscal que confirmaba los hechos denunciados para priorizar una opinión de la Policía Nacional. “Se trata de un pedido absolutamente parcial y carente de objetividad”, había manifestado el letrado.

Para fundamentar el pedido de desestimación de la denuncia presentada por Banco Atlas S.A en contra de Itti, la fiscal Ruth Karina Benítez recurrió a interpretaciones que, según el Abg. Felino Amarilla, fueron “acomodadas y se alejan de la denuncia original”.

En primer lugar, la agente del Ministerio Público fundamentó que no existió un acceso remoto no autorizado por parte de Itti SAECA, señalando que el controlador fue instalado por el propio personal de la entidad.

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Al respecto, Amarilla aclaró que en ningún momento se alegó un acceso remoto, sino la provisión –mediante un enlace enviado por correo electrónico– de un archivo intrusivo diseñado para paralizar el Core bancario en coincidencia exacta con el horario del cierre mensual.

Ninguneó pericia del Ministerio Público

El Abg. Felino Amarilla cuestionó que la fiscal Rut Benítez dejó de lado la pericia ordenada por el propio Ministerio Público para dar prioridad, de forma llamativa, a una opinión policial que sostiene la falta de trazabilidad. “Esto ocurre a pesar de que el Banco Atlas presentó todas las pruebas, incluso una resguardada en instrumento público mediante escribanía. Esa es una trazabilidad documentada”, expresó el letrado.

Amarilla había dejado en claro que la desestimación de una denuncia sólo procedía ante la inexistencia del hecho o la presencia de un obstáculo o impedimento legal contra la acción penal, lo que no concurría en el caso cuya desestimación requirió la Fiscal Ruth Benítez.

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Ahora la agente fiscal que demostró su predisposición a favorecer a la empresa Itti SAECA, integra el equipo de investigación de uno de los casos judiciales más emblemáticos, que es el caso Ueno; lo que pone en un grado de crítica y sospecha sobre esta representante del Ministerio Público que debió por objetividad y decoro separarse de esta investigación.

La ciudadanía deberá esta atenta y vigilante a la actuación de la agente Ruth Benítez, también de la postura del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández; en esta causa que involucra a Ueno Bank y las empresas vinculadas, entre ellas Itti SAECA, firma que aparece como una pieza fundamental en los hechos cada vez más perjudiciales que afectan al orden socio económico, a los ahorristas y al Estado paraguayo.

Sobre el banco Ueno, el funcionario remarcó que la situación generada la semana pasada es “realmente muy compleja” y reconoció que impactó considerablemente al sistema financiero.

“No nos merecíamos como país. Los afectados, los que confiaron, las familias, las personas, los emprendedores y las empresas que confiaron, no se merecían pasar por lo que pasaron”, apuntó.

De igual manera, sostuvo que este caso “no estaba en la planificación y en la programación de nadie”, pero al mismo tiempo alegó que el Ejecutivo está ”trabajando en conjunto" con el sector privado para que esta situación no vuelva a repetirse en el futuro. “Ese es el compromiso que hemos asumido; tomemos como una lección aprendida, dolorosa lección”, precisó.

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Reasignación presupuestaria y recortes institucionales

Sobre la propuesta de Alliana de priorizar otros ámbitos con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, Lovera anunció que habrá una reprogramación presupuestaria de más de G. 600.000 millones en recursos del tesoro. La cifra total rondaría los G. 620.000 millones.

Al respecto, precisó que las reducciones se dan tras revisiones en gastos por pasajes, viáticos, servicios de catering, mantenimientos y adicionales, mientras que también se da una reducción del 50% referentes al avión presidencial.

Además, los fondos reprogramados fueron reorientados hacia tres ejes definidos como prioritarios: el Ministerio de Salud Pública para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios; el Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Educación.

Asimismo, confirmó que este proyecto de modificación presupuestaria ya fue presentado a la Cámara de Diputados.

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Calificación de riesgo

En lo relativo a la evaluación de la agencia Fitch Ratings, el ministro confirmó que la calificación crediticia de Paraguay se mantiene en la categoría BB, aunque su perspectiva fue ajustada de estable a “observado negativo”.

Lovera dijo que este cambio es “una reacción natural ante el evento que tuvimos en la semana anterior” con la resolución de Ueno Bank.

En cuanto a la institucionalidad y pérdida de confianza hacia el del Banco Central del Paraguay (BCP), el alto funcionario afirmó que el Ejecutivo y el Ministerio de Economía brindan su respaldo al nuevo titular, Jorge Luis Schreiner Marengo, y al directorio de la entidad para avanzar en el proceso de restitución de la credibilidad.

Finalmente, con relación a la protección a los depositantes, el ministro sostuvo que el pago del anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos permitió asistir a más de 1.800.000 ahorristas, cubriendo aproximadamente el 93% de los depósitos.

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Las empresas adjudicadas fueron: Mawes S.R.L., de Wesly Wiebe, por una cifra cercana a los G. 8.000 millones, y la firma del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por casi G. 9.000 millones. Esto se logró tras destrabarse varios inconvenientes burocráticos y, sobre todo, luego de conseguirse los recursos para financiar los trabajos.

Inconvenientes desde el inicio

La empresa menonita Mawes, conocedora de este tipo de trabajos por operar en la zona chaqueña, comenzó las reparaciones sin mayores inconvenientes y con varias maquinarias en el camino que parte desde la ruta Bioceánica en dirección a la localidad de Toro Pampa.

La otra empresa, la de Chávez Hausman, desde el inicio demostró no contar con las máquinas necesarias ni en cantidad suficiente para realizar estos trabajos. Por esa razón, comenzó las tareas recién un mes después de la orden de inicio, es decir, a mediados de febrero, y de manera bastante tímida, con apenas tres maquinarias obsoletas, realizando simples perfiladas en el camino que conduce a Puerto Casado.

Posteriormente, se encontró con inconvenientes administrativos, debido a que el MOPC no desembolsaba a tiempo los recursos estipulados en el contrato, lo que retrasaba considerablemente las tareas de reparación. Así llegaron las lluvias y nuevamente se inundaron algunos tramos de los caminos.

De esta manera, las reparaciones se paralizaron por más de 50 días, hasta que las aguas que inundaron los caminos comenzaron a descender, gracias también a las tareas realizadas por voluntarios de la localidad de Toro Pampa, lo que permitió reanudar los trabajos de ambas empresas.

La realidad de las reparaciones

Desde el inicio de los trabajos, los pobladores de la zona, especialmente los conductores de vehículos que a diario transitan por estos lugares, reclamaban que se realizaran levantes de terraplén, por lo menos en los sectores considerados críticos, y que, sobre todo, se colocaran sistemas de desagüe que permitieran la circulación de las aguas durante los días de lluvia.

La empresa menonita, que trabajó durante todo este tiempo en el camino que une la ruta Bioceánica con Toro Pampa y desde esta última localidad en dirección a Fuerte Olimpo, realizó importantes trabajos. En varios tramos se observan levantes de terraplén, además de la colocación de numerosas alcantarillas como sistemas de desagüe.

A pesar de estas intervenciones, todavía se necesita trabajar en otros sectores del camino, con nuevos levantes de terraplén y la colocación de más tubos de desagüe. Sin embargo, las tareas realizadas por esta empresa ayudarán en gran medida a evitar eventuales inundaciones.

Lastimosamente, los trabajos ejecutados por la otra empresa adjudicada, en este caso la de Chávez Hausman, difieren totalmente de los realizados por los menonitas, pues las reparaciones consistieron, en gran parte, en simples perfiladas del camino, sin realizar levantes de terraplén.

Temor a quedar nuevamente aislados

Precisamente, la precariedad de los trabajos de esta empresa castiga a los pobladores del distrito de Bahía Negra, quienes podrían quedar nuevamente aislados en caso de que se registren lluvias superiores a los 100 milímetros, según advierten los conductores que transitan por dicho camino.

Derlis Silva, comerciante del lugar que circula permanentemente por esta vía, manifestó que los trabajos consistieron en simples perfiladas, sin levantes de terraplén y mucho menos la colocación de sistemas de desagüe, refirió.

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“Ahora que, por suerte, todavía no se registran lluvias importantes, podemos seguir transitando por este camino. Las perfiladas permiten conducir de manera segura y, a simple vista, se observa que el camino está en perfectas condiciones. Pero si llegan las grandes lluvias, estos tramos necesariamente quedarán inundados y, con ello, nosotros volveremos a quedar aislados”, expresó.

Con las primeras precipitaciones registradas en la zona, que por suerte no fueron de grandes proporciones, ya se puede observar una importante acumulación de agua a los costados del camino recientemente reparado, que no tiene posibilidades de escurrirse debido a la falta de sistemas de alcantarillado.

Con nuevas lluvias, que ni siquiera necesitan ser de grandes volúmenes, estos tramos podrían quedar inundados, dificultando la circulación de vehículos y provocando nuevamente los inconvenientes del aislamiento para toda la población, señaló finalmente el poblador.

Por su parte, el ingeniero Humberto Argüello, jefe de distrito del MOPC, manifestó que actualmente se encuentran en etapa de verificación y culminación de las obras realizadas por ambas empresas. Entre los trabajos mencionó la limpieza de laterales, el perfilado, el cuneteado, la carga de terraplén y la colocación de tubos en los tramos intervenidos.

Se espera que estas verificaciones sean efectivas y, sobre todo, que permitan comprobar la calidad de los trabajos realizados y asegurar el correcto uso de los G. 17.000 millones. De lo contrario, ante la precariedad de las obras que podrían ser certificadas, en pocos días más los pobladores del Alto Paraguay podrían volver a experimentar largos meses de aislamiento.

La funcionaria explicó que, según los datos proporcionados por el Ministerio Público, los hombres fueron víctimas de explotación en una fábrica ubicada en São Paulo. Su traslado está siendo acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vez que lleguen al país, se les consultará sobre sus necesidades y preferencias, especialmente si desean permanecer en un albergue o trasladarse directamente a sus respectivos domicilios.

En cuanto al proceso investigativo, Noguera recordó que los compatriotas son considerados víctimas de trata de personas, por lo que el Ministerio Público deberá realizar las diligencias correspondientes, con el acompañamiento de equipos técnicos e interdisciplinarios.

Los paraguayos fueron rescatados durante un operativo de la Policía Federal brasileña en una fábrica clandestina de cigarrillos situada en Américo Brasiliense, estado de São Paulo. El procedimiento se realizó en el marco de la operación Hesychia, que también incluyó allanamientos en otras ciudades de São Paulo y Mato Grosso do Sul.

De acuerdo con las investigaciones, los trabajadores eran reclutados en Paraguay y trasladados a establecimientos clandestinos, donde eran sometidos a condiciones degradantes de explotación laboral.

Las víctimas trabajaban los siete días a la semana, durante aproximadamente 12 horas diarias, sin posibilidad de salir de los establecimientos. Además, permanecían en alojamientos precarios, con alimentación insuficiente y condiciones insalubres.

El procedimiento de resolución de Ueno Bank iniciado el pasado martes dejó congelados e inaccesibles esos fondos. La semana pasada el BCP comenzó a realizar transferencias a ahorristas por medio de su Fondo de Garantía de Depósitos, pero esos desembolsos estuvieron limitados a un tope de 228.3000.000 guaraníes.

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La etapa de evaluación de los activos y pasivos de Ueno Bank continúa y un resultado definitivo podría estar listo dentro de unos 10 días, comentó hoy en una entrevista radial Jorge Schreiner, nuevo presidente del BCP.

“Los números dan para cubrir” fondos previsionales

Sin embargo, el titular de la banca matriz dijo haber recibido del equipo auditor un informe preliminar tranquilizador: han sido hallados aproximadamente 600 millones de dólares en activos “sanos” de Ueno Bank, una cifra que permitiría garantizar la devolución de los fondos depositados en ese banco por entidades previsionales como el Instituto de Previsión Social.

Por ley, los fondos previsionales tienen prioridad total en el proceso de devolución, agregó Schreiner.

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“El mandato que recibí es que ningún jubilado o potencial jubilado sea perjudicado, los números dan para cubrir eso”, dijo Schreiner en su entrevista con Radio Monumental.

En caso de que la sumatoria de pasivos supere el total de activos sanos, esa diferencia podría ser “calzada” con el Fondo de Garantías, añadió.

Fondos previsionales serán transferidos a varios bancos

El titular del BCP explicó que los activos destinados a reponer los fondos previsionales depositados en Ueno Bank serían transferidos a otras entidades bancarias. Esas transferencias se harían por licitación en distintos “lotes” para evitar que un solo banco reciba todos los activos y esa entidad bancaria se convierta en un “megabanco”.

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Schreiner agregó que, en caso de que los activos sanos superen el monto correspondiente a fondos previsionales –como dijo creer que será el caso–, la diferencia pasará a ser destinada a la reposición de fondos a ahorristas cuyos depósitos superen los 228.300.000 guaraníes cubiertos por el Fondo de Garantía.

“Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas”, reza el aviso.

El anuncio habla de lluvias y tormentas “moderadas y fuertes”, además de la posibilidad de " ocasional caída de granizos" en cinco departamentos: sur de Concepción, norte de San Pedro, este de Amambay, oeste y este de Presidente Hayes.

Días lluviosos en Paraguay

El pronóstico para hoy prevé también lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.

La víctima fue identificada como Jorge Antonio Ramoa Maidana (49), quien fue sorprendido mientras descansaba con su familia. Según la denuncia, los desconocidos ingresaron a la casa por la parte trasera, portando una pistola y con el rostro cubierto.

Una vez dentro, los asaltantes actuaron con mucha violencia para reducir al dueño de casa. Incluso, habrían amenazada que llevarían a la hija menor del hombre a una habitación para someterla sexualmente si no entregaban los objetos de valor.

Ante esa situación, el comerciante terminó entregando aproximadamente 4.000 reales, una suma de dinero en guaraníes que todavía no fue precisada y joyas. Posteriormente, los delincuentes se apoderaron de su automóvil Toyota Premio y escaparon del lugar.

Ramoa Maidana manifestó que tenía previsto viajar este jueves al Brasil para adquirir mercaderías para su local comercial, por lo que contaba con dinero en moneda brasileña. El afectado se dedica a la venta de ropas y también cuenta con una casa de empeños.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría jurisdiccional realizaron un rastrillaje y lograron localizar el automóvil alrededor de las 05:00, abandonado en la vía pública del barrio San Agustín, en la zona alta de Ciudad del Este.

Posteriormente, el comerciante recibió asistencia médica debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

La propuesta apunta particularmente al caso de Ueno Bank y sus empresas vinculadas, y plantea que el dinero y los bienes que sean recuperados y comisados por resolución judicial firme se destinen prioritariamente a resarcir a los afectados, en lugar de distribuirse entre las instituciones públicas beneficiarias previstas en la legislación vigente.

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El proyecto fue firmado por los senadores José Oviedo (Yo Creo), Ignacio Iramain (Independiente), Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (CN) y Lucía Mendoza (CN), entre otros.

La iniciativa incorpora un nuevo régimen especial al artículo 46 de la ley de Senabico y crea el artículo 46 bis, que establece la reserva de los recursos incautados mientras no exista una resolución judicial definitiva.

¿Cómo se repartirían los bienes recuperados de Ueno Bank?

El proyecto establece un orden de prelación para distribuir los recursos provenientes del comiso de bienes de administradores, accionistas, directivos de entidades financieras y empresas vinculadas bajo un mismo control societario, económico o accionario.

El mecanismo establece que cada categoría deberá ser atendida íntegramente antes de pasar a la siguiente. En el caso de los depositantes, el pago se realizaría a prorrata.

Además, los recursos destinados a este régimen especial serían inembargables frente a los acreedores del Estado y depositados en una cuenta especial de la Tesorería General, con afectación exclusiva a estos fines.

BCP elaborará la lista de beneficiarios

En la propuesta se establece que el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos, tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de beneficiarios y la determinación de los montos correspondientes.

Esta lista deberá basarse en la información del procedimiento de resolución o liquidación de la entidad y posteriormente ser homologada por el juez penal competente. Los afectados podrán formular observaciones ante el juzgado.

El proyecto también establece mecanismos para evitar que una misma persona cobre dos veces por el mismo concepto. Los montos percibidos mediante este régimen deberán descontarse de lo que corresponda recibir en el procedimiento de resolución o liquidación, y viceversa.

Asimismo, quedan excluidos como beneficiarios los accionistas, directores, administradores, síndicos y gerentes de la entidad o de sus empresas vinculadas, así como las personas relacionadas con ellos conforme a la normativa del BCP.

¿Qué empresas vinculadas quedarían alcanzadas?

La propuesta no limita el eventual recupero de activos al patrimonio de Ueno Bank. El texto contempla también los bienes de empresas vinculadas bajo un mismo control societario, económico o accionario, conforme a los criterios de vinculación establecidos por la normativa del Banco Central.

El senador Rafael Filizzola explicó que el objetivo es alcanzar activos que podrían encontrarse fuera del balance y del patrimonio del banco. “Todo lo que sea comisado, todo el valor de los bienes que se recuperen, sean para resarcir a las víctimas de esta estafa”, manifestó.

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El legislador señaló que existen empresas vinculadas cuyo patrimonio podría tener un valor importante y que, por lo tanto, también deberían formar parte del mecanismo de recuperación.

Filizzola mencionó que inicialmente se hablaba de unas 60 empresas vinculadas y posteriormente de 120, aunque sostuvo que todavía no existe claridad sobre la cantidad exacta.

Trabajadores también tendrán prioridad en el cobro

La iniciativa contempla expresamente a los trabajadores que prestaron servicios para el banco o para las empresas vinculadas, incluso cuando sus contratos hayan sido firmados con sociedades subsidiarias o tercerizadas.

La propuesta busca evitar que la fragmentación empresarial deje a los empleados sin posibilidades de cobrar salarios e indemnizaciones pendientes.

Para acceder a los recursos, los créditos laborales deberán estar reconocidos mediante sentencia firme o verificados en el procedimiento de resolución o liquidación, siempre que no hayan sido satisfechos.

Consultado sobre una eventual colisión entre el resarcimiento a los ahorristas y las obligaciones laborales, Filizzola sostuvo que los trabajadores también están comprendidos entre las víctimas y cuentan con un lugar privilegiado en el orden de distribución.

“Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de los que son los empleados de estas empresas y de los bancos mismos”, afirmó.

¿Qué pasará con los bienes mientras dure la investigación?

Otro aspecto relevante es la incorporación del artículo 46, que establece un mecanismo de reserva de los activos incautados.

En los procesos que puedan quedar comprendidos en el régimen especial, el dinero, los productos financieros y los recursos obtenidos por la realización de bienes incautados deberán permanecer en una cuenta judicial a disposición del juez de la causa hasta que exista una resolución firme.

Durante ese periodo no podrán destinarse a ningún otro fin. Si finalmente la resolución judicial no declara el comiso o la privación de beneficios, los bienes deberán ser restituidos a quien corresponda.

La disposición busca resguardar la presunción de inocencia y evitar que los activos sean distribuidos antes de que exista una decisión judicial definitiva.

A través de sus canales oficiales, la banca matriz aseguró que la totalidad de los mensajes recibidos serán atendidos a la brevedad posible, respetando estrictamente el orden de recepción.

Debido al gran volumen de correos electrónicos que ingresaron en las últimas horas, la institución solicitó a los usuarios evitar la duplicación de mensajes.

“Si ya realizó una consulta, no es necesario volver a enviarla. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para brindar respuesta a cada solicitud”, señala el aviso oficial divulgado por la entidad.

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Para agilizar la gestión y brindar una mejor atención, el BCP recordó que se encuentran habilitadas tres direcciones de correo electrónico diferenciadas según el inconveniente que presente cada usuario:

Proceso de pago y errores técnicos: Para consultas sobre el proceso de pago, fallas en la plataforma, datos incorrectos o casos particulares que requieran verificación, se debe escribir a fgdpagos@bcp.gov.py.

Problemas con acreditaciones: Para reclamos vinculados a pagos acreditados, diferencias en los montos, entregas incompletas, acreditaciones pendientes u otros inconvenientes con los desembolsos, el canal habilitado es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

Inversiones: Para trámites y dudas referentes a fondos mutuos y el mercado de valores, los interesados deben dirigirse a proteccionsiv@bcp.gov.py.

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Finalmente, el Banco Central instó a los ciudadanos a proteger su información personal utilizando exclusivamente estas vías oficiales de comunicación y advirtió que bajo ninguna circunstancia deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios confidenciales.

La queja es la baja de las ganancias de la prestación de sus servicios, y que como consecuencia repercute en la canasta familiar, despidos de empleados, e incluso en la difícultad de acceder a las arreglos mecánicos por la el bajo ingreso que les deja el trabajo que realizan.

Los manifestantes se encuentran apostados en distintos puntos del Central: desvío San Antonio (Acceso Sur); en la zona de Cuatro Mojones; en el Ex Aratirí; en la totonda de Itá; en camino Luque-Samber.

En el interior del país también se generan movilizaciones, específicamente en la zona de Coronel Oviedo, Hernandarias, Itapúa-Encarnación, y otros puntos.

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Como primera medida de fuerza los afectados realizan cierres de manera intermitente de media calzada en la zona del ex Aratirí dejando solo una calzada para el tránsito de los vehículos, y medios de transporte.

Según el informe de la Fiscalía, las agentes fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezan el operativo.

La comitiva está acompañada por funcionarios del Ministerio Público y especialistas del equipo de informática forense, quienes realizan trabajos técnicos orientados a la extracción de datos y al levantamiento de información que pueda resultar relevante para la investigación.

Inspeccionan documentos y aparatos digitales

Durante el recorrido por las instalaciones, los intervinientes verificaron la sala de monitoreo de cámaras de circuito cerrado, inspeccionaron los racks de servidores y equipos técnicos, y revisaron documentos, agendas y cajas de teléfonos celulares en las dependencias internas.

De acuerdo con los datos proporcionados inicialmente, el procedimiento apunta a la búsqueda de documentos y elementos de interés para la causa y no tiene como objetivo la detención de personas.

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¿Qué busca la Fiscalía en Mburuvicha Róga?

El Ministerio Público informó que el allanamiento forma parte de las diligencias investigativas impulsadas en el marco de la causa que involucra al expresidente de la República.

Según el informe fiscal, a Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La intervención en Mburuvicha Róga busca obtener información que pueda contribuir al desarrollo de la investigación. Para ello, los especialistas en informática forense realizan procedimientos técnicos de extracción de datos y recopilación de evidencias, además de tomar declaraciones o solicitar explicaciones al personal encargado del área de seguridad y monitoreo.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los documentos o archivos que buscan los investigadores ni sobre los resultados de los trabajos técnicos.

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Presidencia garantiza colaboración con la Justicia y afirma que no habrá privilegios

En medio del allanamiento a Mburuvicha Róga, la Presidencia de la República, a cargo de Pedro Alliana, manifestó su respaldo al procedimiento fiscal y aseguró que el Gobierno colaborará con las instituciones encargadas de la investigación.

“Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, informó Guillermo Grance, vocero de la Presidencia.

Policía y Fiscalía participan del procedimiento en Mburuvicha Róga

Por su parte, el comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6ta. de Asunción, explicó que el procedimiento se realiza “probablemente, para recabar más documentación que puedan hacer a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público”.

El jefe policial detalló que del operativo participan agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y personal de la Comisaría Sexta, ambos dependientes de la Policía Nacional, además de funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Franco resaltó que, en sus 28 años de servicio, no recuerda que se haya realizado anteriormente otro allanamiento en Mburuvicha Róga.

Los sobres del poder: Fiscalía no investigó

En septiembre del 2025, Luz Candado, exempleada de Peña había denunciado que en la residencia presidencial se encontraron fajos de dólares cuya procedencia, según su versión, no habría sido justificada públicamente por el exmandatario.

El caso, conocido como “Los sobres del poder”, no fue investigado en su momento por la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón Fernández.

De acuerdo a lo manifestado por la jefa de la regional, agente especial Lilian Solís, la información que obtuvieron indicaba las características de la persona que transportaba la sustancia.

También manejaban que la persona viajaba en un empresa de transporte público.

Finalmente en la noche de ayer divisaron a un joven que tenía las características físicas similares a la proporcionada por informes de inteligencia.

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Los antidrogas se acercaron a la persona y tras la verificación de la identidad se pudo saber que se trataba de Bautista Diego Martínez Morel, de 20 años.

El joven posee antecedente por hurto agravado 2026 y además cuenta con orden de captura por coacción año 2026.

Al verificar su equipaje que tenía consigo al bajar del bus de larga distancia, encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva.

El contenido de los paquetes

Los agentes de la Senad abrieron los paquetes, el primero de ellos totalizó 2,290 kilos de clorhidrato de cocaína.

En tanto que el otro paquete de 2,565 kilos estaba envuelto en papel film y otros 26 gramos distribuidos en 5 porciones dentro de polietileno celeste, dio un total de 2,591 kilos de marihuana.

También se incautó un teléfono celular marca Samsung, modelo A04S de color negro, y G. 220.000.

El detenido dijo transportaba la droga desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.

El abogado civilista Edward Arca explicó que cualquier acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor cuando este se encuentra en estado de insolvencia. Es decir, cuando no tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones al momento de su vencimiento.

Este mecanismo permite que el acreedor recurra a la Justicia para pedir que la empresa sea declarada en quiebra. Si el pedido avanza, interviene un síndico, un profesional encargado de participar en el proceso judicial y supervisar la situación patrimonial de la empresa.

De acuerdo al abogado, si se declara la quiebra, la empresa pierde el control de sus bienes, que quedan sujetos al procedimiento judicial. Luego, comienza la liquidación de ese patrimonio; es decir, la venta de los activos disponibles para obtener dinero y pagar a los acreedores, de acuerdo con las prioridades que establece la ley.

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¿Quién puede pedir la quiebra y qué es un crédito quirografario?

Sobre si el acreedor que solicita la quiebra tiene prioridad frente a los demás para cobrar, Arca respondió que “depende”. Explicó que este tipo de pedido puede basarse en un crédito quirografario; es decir, una deuda que no cuenta con una garantía específica, como una hipoteca o una prenda.

El abogado mencionó que, según lo que estuvo analizando sobre el caso de Ueno, los inversores que impulsan el reclamo aparentemente cuentan con un documento de inversión y un documento quirografario. Este último puede consistir en un pagaré, una factura o una factura crédito, entre otros instrumentos a sola firma.

Una vez presentado el pedido, el Juzgado convoca a los representantes o propietarios de la empresa para que expliquen su situación económica y financiera. También deben presentar documentos que permitan conocer sus bienes, deudas y capacidad de pago.

Con esa información, el juez y el síndico analizan si la empresa realmente puede cumplir con sus obligaciones. Si se comprueba que se encuentra en estado de insolvencia, el magistrado puede declarar la quiebra. “Lógicamente, a partir de las explicaciones que den los representantes (del Grupo Vázquez) ante el juez y de los documentos que presenten o no, se determina si la empresa está en estado de insolvencia; entonces, se declara la quiebra”, dijo.

¿Qué significa una quiebra directa?

La quiebra directa se solicita cuando no hubo un proceso previo de convocatoria de acreedores. En cambio, si primero se inicia una convocatoria y posteriormente se declara la quiebra, se habla de quiebra indirecta.

En términos sencillos, un acreedor que considera que una empresa no podrá devolver el dinero que le debe puede solicitar directamente su quiebra ante el Poder Judicial, sin necesidad de esperar a que se intente previamente un acuerdo entre la firma y sus acreedores. Según explicó Arca, esa es la vía que se está utilizando en el caso relacionado con Ueno y Grupo Vázquez.

Si la Justicia declara la quiebra directa, interviene el síndico y se dispone el desapoderamiento de los bienes de la empresa. Esto significa que sus representantes dejan de tener el control de esos activos, que pasan a estar sujetos al proceso judicial de liquidación.

El objetivo es convertir los bienes disponibles en dinero para pagar las deudas, respetando el orden de prioridades establecido por las normas legales.

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¿Qué diferencia hay entre el procedimiento del BCP y la quiebra judicial?

Al analizar la situación de Ueno Bank, que se encuentra bajo un procedimiento de resolución del BCP, Arca pidió diferenciar los ámbitos administrativo y judicial.

Explicó que la intervención del BCP se realiza bajo la Ley de Bancos, que establece un procedimiento especial para las entidades financieras que reciben depósitos y realizan operaciones de intermediación financiera.

Este mecanismo no se aplica automáticamente a las demás empresas del Grupo Vázquez, que desarrollan actividades comerciales y civiles distintas de las bancarias.

No se debe esperar al BCP

Por eso, un acreedor de cualquiera de las sociedades anónimas del grupo empresarial, que cuenta con más de 37 S.A., puede solicitar directamente la quiebra ante la Justicia, sin tener que esperar a que termine el procedimiento de resolución del BCP.

“Cuando se termine el procedimiento de resolución, liquidación y lo que sería el balance de exclusión y residual, posteriormente, el BCP va a solicitar la quiebra judicial. Eso sería para Ueno Bank. Las entidades que no son de intermediación financiera y que están realizando otro tipo de actividades no están afectadas por este procedimiento previo que se hace con el BCP y pueden ser declaradas, en forma directa, en quiebra”, sostuvo.

¿Quiénes tienen prioridad para cobrar en una liquidación?

Cuando una empresa tiene varias deudas y sus bienes no alcanzan para pagar a todos, la ley establece un orden de prioridades. Esto significa que algunos acreedores tienen preferencia para recuperar su dinero antes que otros.

En el caso de Ueno, Arca señaló que el BCP, al ejecutar la ley de garantía que establece el pago de hasta 75 salarios mínimos a los ahorristas, cuenta con un crédito preferente de primer rango dentro del proceso de liquidación.

Después se ubican otros acreedores, entre ellos los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo con la escala de privilegios prevista legalmente. El pago debe realizarse respetando el rango de preferencia que corresponde a cada obligación.

El abogado también incluyó a los trabajadores de Ueno dentro de este escenario y recordó que sus créditos tienen carácter singularmente privilegiado, conforme a la Ley de Quiebras y al Código Laboral. Por ese motivo, los liquidadores deberán cubrir las obligaciones laborales correspondientes.

“En pocas palabras: si es que hay plata, van a seguir cobrando los acreedores o ahorristas que tienen más dinero y sobrepasan la garantía de depósito (de 75 salarios mínimos)”, dijo.

¿Cuándo podrán reclamar los ahorristas que superan la garantía?

Sobre los plazos para recuperar los fondos, Arca calificó el caso como “muy excepcional”, debido a que constantemente aparecen nuevos elementos. También mencionó que Ueno tiene numerosos activos que deben ser liquidados y otros que incluso necesitan ser repatriados.

Por esa razón, consideró que todo el procedimiento debe desarrollarse en el menor tiempo posible para cubrir las deudas de la entidad.

Sin embargo, explicó que los ahorristas cuyos depósitos superan el monto cubierto por el fondo de garantía todavía no pueden reclamar judicialmente la diferencia entre lo que recibieron y el total de sus depósitos.

Esto se debe a que el procedimiento de resolución y la posterior liquidación continúan en el ámbito administrativo. Una vez concluida esa etapa, deberán iniciarse las actuaciones judiciales correspondientes para determinar cómo se atenderán los créditos pendientes.

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La Justicia deberá calificar la quiebra de Ueno

Arca agregó que, una vez finalizado el procedimiento de resolución, el marco jurídico establece que el Poder Judicial debe analizar la quiebra de la entidad bancaria y determinar si fue fortuita, dolosa o culposa.

“Esta calificación, aparte de tener consecuencias civiles, también tiene consecuencias penales porque, lógicamente, hay varios hechos punibles que están siendo investigados y que van a ser considerados dentro de ese procedimiento sobre la conducta patrimonial”, sostuvo.

Resaltó que esta calificación será importante para determinar si existen responsabilidades por la situación patrimonial de la entidad. Además, permitirá analizar las posibles consecuencias civiles y penales, en un escenario en el que también se investigan eventuales hechos punibles.

En cuanto al pedido de quiebra de Grupo Vázquez SAE, Arca señaló que, en el caso particular planteado por Bordas Álvarez, la principal posibilidad de la firma para evitar la declaración de quiebra es demostrar ante el Juzgado que no se encuentra en estado de insolvencia.

Según los voceros, actualmente faltan tres calibres específicos de sondas, dejando sin provisión a aproximadamente 90 niños que dependen de estos elementos para evitar complicaciones graves en los riñones.

Los pacientes con esta condición no pueden evacuar la vejiga de manera natural, por lo que requieren un cateterismo limpio cada tres o cuatro horas. “Realmente para nosotros es un calvario el retiro de sondas. Estos insumos son necesarios para la calidad de vida de nuestros niños”, expresó Rosa María Beiro durante la movilización.

La representante explicó que el déficit es recurrente y advirtió que la falta de estos tres calibres repercute directamente en el deterioro renal de los menores.

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A la escasez de sondas se suma la falta de provisión de pañales y medicamentos específicos por parte de la cartera sanitaria, lo que obliga a los padres a cubrir los costos de su propio bolsillo.

Beiro señaló que las familias enfrentan un gasto mensual estimado en 2.500.000 guaraníes, una situación que calificó de insostenible. “Ya estamos agotadas económicamente y también estresadas como cuidadoras de tantos años”, afirmó, destacando que deben recurrir constantemente a actividades benéficas, como hamburgueseadas, polladas o rifas, para costear los tratamientos.

Las madres también denunciaron severas trabas burocráticas y demoras en el sistema de salud para acceder a consultas con especialistas. “Nos pasamos deambulando para poder ser atendidos y cuando te dan turno es para dos o tres meses recién”, lamentó Beiro, exigiendo al Ministerio la garantía de contar con stock permanente de los insumos necesarios.

“Ellos se merecen tener una buena calidad de vida, poder crecer sanos, y todo eso depende de su salud renal”, puntualizó.

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Por su parte, Natalia La Rosa, madre de una adolescente con mielomeningocele, advirtió que incluso cuando logran retirar los insumos, las cantidades resultan insuficientes para casos complejos.

Explicó que las 120 sondas mensuales que recibe no cubren los requerimientos de su hija, quien necesita el sondaje cada dos horas.

“Si los chicos no evacuan bien y a tiempo, luego empiezan con fallos renales”, concluyó, subrayando la urgencia de una respuesta institucional.

Astigarraga Lambaré contaba con orden de detención desde el 5 de noviembre, en el marco de la causa N° 89 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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Con relación a él, la Fiscalía llevó a cabo dos allanamientos, uno de ellos el mismo día en que se dictó la orden de detención y otro el martes último, pero ambos fueron infructuosos ya que no pudieron dar con él.

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César Astigarraga es considerado como el “segundo” del procesado Miguel Vázquez, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Astigarraga se desempeñaba como presidente de Itti, la misma firma a la cual se desembolsaban los créditos emitidos a favor de otras empresas que conforman el grupo societario ligado a Vázquez y que fue la herramienta común para el vaciamiento del ente bancario en el cual se centraban los fondos públicos y previsionales.

Hay un total de 27 exdirectivos de Ueno que están imputados

El pasado 4 de noviembre, los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta, imputaron a un total de 27 personas por los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

En ese sentido, son 8 los principales imputados en la causa Ueno Bank:

• Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), vicepresidente 1° y CEO, en prisión
• Juan Manuel Gustale Cardoni (41), presidente, en prisión
• Julio Daniel Rey Fernández (47), ex vicepresidente 2°, en prisión
• Diana Leticia Mongelos González (40), directora titular, con arresto domiciliario
• Mariana Isabel Torres Rubiani (41), ex directora titular, con arresto domiciliario
• Alejandro Gómez Abente (44), director titular, en prisión
• Diego Fernando Duarte Schussmuller (50), director titular, en prisión
• Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico, en prisión.

Así también están investigados

• José Augusto Sala Cardozo,
• Sergio Amado Pizurno Zsarán, presidente y vicepresidente de MOWI SA, respectivamente;
• Vanessa Esther Godoy Ayala y Oscar Urdapilleta, presidente y vicepresidente de Grupo Hendy SA, respectivamente;
• César Javier Mengual Mazacotte (presidente de Grupo Hendy).
• Miguel Ángel Garay

También por el Grupo M SA, la lista de imputados sigue con:

• César Manuel Astigarraga Lambaré, CEO y presidente de ITTI SAECA, detenido.
• Luis Ernesto Angulo Rivera
• Guillermo Vázquez Muniagurria
• Diego Sebastían Gómez Arce.

En tanto que por TUIU SA están imputadas las siguientes personas:

• Luis Fernando Ríos Espinola
• André Gayol Pires
• Nicolás S. Di Iorio Olivares
• Rodrigo Ramón Franco Ortiz

Asimismo, también fue incluido en la imputación Mauro Vargas Wildberger, como accionista y presidente FRANDEDE SA y accionista de AIME SA.

La nómina sigue con:

• Cecilia Domínguez Elizeche, vicepresidenta de FRANDEDE SA,
• Martín Vargas Wildberger, accionista de AIME SA;
• Gloria Villasanti Farinha, titular de AIME SA, \y Raúl Fernando Sánchez Gómez, director de AIME SA.

En conversación con medios de comunicación luego del allanamiento a la vivienda de Insfrán en el barrio Santa Librada de la capital, el fiscal Cristian Benítez, quien encabezó el procedimiento, explicó que el Ministerio Público tiene “elementos de sospecha con respecto a la conducta” del superintendente.

Si bien no entró en detalles sobre las sospechas de la Fiscalía sobre Insfrán, comentó que el allanamiento permitió a los investigadores secuestrar “elementos que pueden servir en la causa” por la que fueron imputados el expresidente Peña y el extitular del BCP.

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Agregó que entre los elementos incautados hoy se incluyen el teléfono celular de Insfrán, su computadora personal del BCP y “documentos que hacen a su labor en la Superintendencia de Bancos”.

Si bien insistió en que no podía revelar aún de forma concreta lo que el Ministerio Público atribuye a Insfrán, el fiscal Benítez dijo que la hipótesis contra el detenido “se va consolidando” con el paso de los días.

Hallaron maletas en un vehículo

Cuando la comitiva fiscal y policial ingresó en la residencia de Insfrán, los intervinientes hallaron maletas en uno de los vehículos dentro del recinto. Varios documentos y una computadora también fueron hallados en uno de los rodados.

El fiscal Benítez dijo que, por el momento, no se puede valorar si Insfrán tenía planeado viajar antes de su detención.

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También en conversación con medios de comunicación en el lugar del allanamiento, el comisario José Delgado, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que Insfrán fue trasladado al Hospital General de Barrio Obrero luego de su detención para una inspección médica.

Luego sería convocado por el Ministerio Público para una audiencia indagatoria.

Siguen las detenciones en el caso Ueno Bank

Holger Insfrán se convierte así en la más reciente de las autoridades bancarias en ser detenidas con relación a la cáida de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, que resultó en una crisis bancaria y política que se saldó el viernes con la destitución vía juicio político del presidente Santiago Peña.

El pasado martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución y el cese de las operaciones de Ueno Bank debido a que los índices de solvencia del banco se deterioraron más allá del mínimo establecido. La banca matriz atribuyó esa situación en parte a que el banco otorgó de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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El cierre de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas, además de los fondos de entidades del Estado que habían hecho grandes depósitos en ese banco privado.

El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un enorme crecimiento durante los tres años de gobierno de Peña, con enormes depósitos de fondos estatales e importantes contratos con el Estado.

Luego de su destitución la semana pasada, el expresidente Peña fue detenido e imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

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El cambio que pretenden implementar es que todo vaya a un fondo en lugar de dividir los bienes entre la Policía, la Senad. “Nosotros planteamos que en este caso, vaya a un fondo para resarcir a las víctimas. No hablamos solo de lo que surgirá del proceso de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP). Acá tenemos empresas vinculadas que al principio eran 60 y ahora nos dicen que son 120. Deben tener un valor”, dijo Filizzola.

El legislador destacó que hay bienes fuera del balance y patrimonio del banco propiamente. “Hay bienes en las empresas vinculadas que en caso de que sean recuperados, nosotros consideramos que tienen que ir para un fondo que sirva para resarcir a todas las víctimas de este banco. No sabemos exactamente cuántas son las empresas vinculadas, pero esas empresas tienen un valor, por ejemplo, ITTI tiene un valor importante”, refirió el opositor.

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También se incluirá a los extrabajadores

Consultado acerca de si ese fondo también incluirá a extrabajadores de las empresas del Grupo Vázquez quienes quedaron con suspensión de contratos y sin indeminizaciones, Filizzola dijo que estos tendrán prioridad en el momento del resarcimiento. “El resarcimiento a los empleados está en la ley, así que acá no va a haber ninguna colisión”, refirió.

Aseguró que lo que quieren realizar es una reforma a la ley, agregando un artículo que establece la salvedad para este fondo. “Por eso decimos víctimas en general, tanto los ahorristas cómo los pasivos laborales, que por supuesto, tienen un privilegio. Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de quienes fueron empleados de estas empresas y del banco mismo”, refirió.

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Cómo la ley de Senabico está enfocada en el Crimen Organizado, por eso se prioriza a estamentos que lo combaten. “En este caso estamos hablando de una situación muy particular, estamos hablando de un entramado empresarial que estafó a todo el país, y sobre todo de una situación donde muy probablemente en el banco ya hay muy poco que recuperar”, lamentó el senador.

Aseguró que si se encuentra dinero, estará en las cuentas de las empresas vinculadas o en el exterior. “Se va a tener que trabajar con cooperación internacional y vamos a tener que seguir la pista de las transferencias”, finalizó.

Este cargo forma parte oficial de la estructura del Gobierno y no tiene una asignación salarial, por lo que no existe un impedimento legal formal que le impida ostentar ambas funciones, con la salvedad de que Souto precisamente no destaca por su contribución muy activa en la Cámara Baja, por lo que algunos colegas suyos ya plantean apodarla “Ña Muda”.

Salvo un par -sin exagerar- de cortas y monosilábicas entrevistas periodísticas, la voz de Souto no es conocida en la Cámara Baja, registrando nula participación en la etapa de oradores o debates de proyectos en el pleno.

En cuanto a proyectos de ley, también registra solo 27, casi la totalidad de ellos presentados en conjunto con otros colegas (o sea, se sumó a otras iniciativas) y no tiene ni un pedido de informes.

Es por eso que difícilmente ambas funciones se contrapongan, ya que su desempeño en Diputados no es precisamente exigente.

Souto sustituyó a la esposa del ahora detenido expresidente Santiago Peña Palacios, Leticia Ocampos, que –si bien no oficialmente– obtuvo el mote popular de “Ña Sobre” al quedar registrada en audios del caso llamado “Los sobres del poder”.

De hecho, existe un antecedente, el de la ex primera dama y entonces senadora Emilia Alfaro (PLRA), también apodada “Ña Tormenta”, que siguió en su banca a la par que su marido, Federico Franco, asumió como presidente en 2012, en reemplazo del destituido Fernando Lugo (Alianza).

Lugo fue el primero que no tuvo una esposa, ya que venía de ejercer el sacerdocio pese a sus poteriores y conocidos escándalos de paternidad, por lo que designó a su hermana, Mercedes Lugo, también conocida como “Ña Meche”.

El que incluso llegó a suprimir esta oficina estatal fue el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), durante el cual, si bien la madre de sus hijos María Angélica Montaña intentó reclamar el cargo, quedó relegada, sin siquiera llegar a tener apodo.

En el gobierno posterior de Mario Abdo Benítez (2018-2023) se restituyó la Oficina de la Primera Dama, la cual ejerció hasta el final del mandato Silvana López Moreira de Abdo, quien no tuvo un apodo recordado.

La tradición de los apodos la inauguró “Ña Vincha”, dado a María Teresa Carrasco, esposa del expresidente Juan Carlos Wasmosy; luego “Ña Brushing”, con relación a la exsenadora y entonces esposa de Raúl Cubas, Mirta Gusinky.

Le siguieron “Ña Miss”, como se conocía a Susana Galli, esposa de Luis González Macchi, y “Ña Biblia”, la esposa de Nicanor Duarte Frutos, Gloria Penayo.

Las dos asociaciones de empresarios, que han criticado en repetidas ocasiones la gestión de Fernández en el Viceministerio de Transporte, declaran en su comunicado que el viceministro “no cuenta con la confianza institucional de nuestros gremios para continuar liderando el proceso de conducción y transformación del sistema” de transporte.

Señalan una “falta de respuestas oportunas y satisfactorias a planteamientos relevantes del sector” y “la ausencia de resultados concretos que permitan reestablecer un marco adecuado de previsibilidad, diálogo y confianza entre la autoridad reguladora y los prestadores del servicio”.

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Como ejemplo concreto mencionan la “incapacidad” del Viceministerio de Transporte en implementar el carril exclusivo para buses sobre la Ruta Transchaco.

Piden “conducción renovada”

Los gremios argumentan que, ante la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Asunción - donde los usuarios se quejan frecuentemente de un número insuficiente de buses en circulación y malas condiciones de servicio en general – requiere “una conducción renovada, objetivos verificables, mecanismos institucionales de seguimiento y una relación de cooperación efectiva entre el Estado y los prestadores”.

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Igualmente, los transportistas solicitan al ministro Baruja una audiencia para “exponer directamente los principales aspectos de la problemática sectorial y acercar propuestas orientadas a la recuperación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano”.

Según una publicación de la institución, en el encuentro se abordó la solicitud de presentación de planes de acción para ejecutar el programa. También se trató cómo avanzar con los procedimientos necesarios para concretar los desembolsos del préstamo, que suma US$ 260 millones. El texto no dice qué contendrán esos planes ni en qué plazo se presentarán.

Sosa explicó en una entrevista radial que la reunión busca alternativas para seguir desembolsando y evitar que se detengan las obras. “Estamos en proceso de análisis técnico y legales para evitar que se interrumpan las obras”, afirmó.

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Qué obras están en juego

La principal es la segunda línea de transmisión de 500 kV entre la Margen Derecha de Itaipú y Villa Hayes, con ampliaciones en las subestaciones de ambos puntos. Para la ANDE es una obra estratégica, porque dará más robustez y seguridad al sistema eléctrico nacional.

El programa incluye además una línea de 220 kV entre Guarambaré y Valenzuela, con ampliaciones en ambas subestaciones. La estatal sostiene que reforzará la confiabilidad del sistema metropolitano.

El tercer frente está bajo tierra: líneas subterráneas de 220 kV entre San Lorenzo y Villa Aurelia, y entre Barrio Molino y Villa Aurelia, con ampliaciones en las subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino. Es infraestructura pensada para reforzar la capacidad del área metropolitana.

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Un préstamo que se paga por avance

El financiamiento no llega de golpe. Sosa explicó que los desembolsos se hacen en base al avance de la obra. Según dijo, el BID ya giró US$ 35 millones de los US$ 260 millones a la cuenta de la ANDE, y Taiwán, que aporta US$ 30 millones, desembolsó US$ 21,1 millones.

Eso significa que alrededor del 13% del aporte del BID ya fue desembolsado. El resto debe llegar a medida que las obras avancen, y de ahí la urgencia de la ANDE por dejar claro con el banco cómo seguirá el flujo.

Parte de lo desembolsado quedó retenido en Ueno Bank. Sosa dijo que, de esos montos, US$ 21 millones están a la vista en el banco intervenido. A eso se suman US$ 46,9 millones de una carta de crédito irrevocable, abierta en diciembre del año pasado para pagar a proveedores del exterior.

Sosa explicó cómo funciona: el banco custodia ese dinero para garantizarle al fabricante extranjero que cobrará. Cuando el producto llega a la ANDE, la carta se ejecuta a favor del proveedor.

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Preguntas que siguen abiertas

Todavía no se sabe qué planes de acción presentará la ANDE, cuánto tardará en hacerlo ni si el BID retomará los desembolsos mientras tanto. Tampoco se conoce cómo se repondrán los US$ 46,9 millones de la carta de crédito, dinero que ya tenía como destino el pago a proveedores extranjeros.

El lunes, Sosa había adelantado que priorizará algunas obras y podría postergar otras. Ahora la ANDE tiene que explicarle al BID, y al país, cuáles serán.

Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central del Paraguay por problemas de solvencia, y Sosa reasumió la presidencia de la ANDE en medio de esa crisis.

El presidente del ente, Julio Vera Cáceres, confirmó que la institución ya tomó el control de toda el área concedida a la empresa y que la ANNP continuará por su cuenta la explotación de los espacios y la terminación de las obras.

La decisión fue comunicada a la firma “con justa causa y sin responsabilidad para la ANNP”, según explicó Vera Cáceres. El principal argumento fue la falta de renovación de la póliza de fiel cumplimiento del contrato, emitida por la aseguradora La Consolidada. Esta garantía debía cubrir el 10% del monto de la inversión inicial comprometida por Nuevo Mundo, que superaba los US$ 5 millones.

El titular del ente explicó que la caución presentada inicialmente venció y no fueron renovadas pese a los requerimientos de la institución. La empresa sí volvió a presentar el seguro contra incendios y contra terceros, pero no las póliza de fiel cumplimiento, que fue la causa de la rescisión.

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ANNP rescindió el contrato recién tras la caída de Ueno

Ante esa situación, la ANNP intimó a Nuevo Mundo mediante una minuta y le concedió un plazo de 30 días para regularizar la documentación. Sin embargo, vencido ese periodo, la firma tampoco cumplió con la exigencia y el ente comunicó la rescisión.

La explicación del presidente deja, no obstante, las dudas sobre los controles ejercidos durante la vigencia del contrato. Las garantías ya estaban vencidas, pero la rescisión se concretó recién después de la caída de Ueno Bank y luego de que la constructora Codas Vuyk, subcontratista de la obra, abandonara los trabajos por falta de pago.

Vera señaló que inicialmente la institución había solicitado póliza de compañías aseguradoras con categoría Triple A, pero, ante las dificultades para encontrar empresas que ofrecieran esa cobertura, flexibilizó la condición y aceptó bajar el requisito a Doble A.

Pese a esa modificación, Nuevo Mundo no presentó los documentos y constituyó en una causal directa de rescisión, conforme al pliego de bases y condiciones, que recién se hizo cumplir tras la caída de Ueno.

A este incumplimiento se sumó la salida de la constructora Codas Vuyk, que estaba a cargo de una parte importante de los trabajos y se retiró por falta de pago. Vera explicó que inicialmente no quería interrumpir las obras porque la intención era inaugurar los espacios en diciembre, pero que, una vez que la constructora dejó de trabajar, ya no existían motivos para mantener vigente el contrato.

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ANNP explotará los galpones y terminará las obras

Desde la comunicación de la rescisión, la ANNP asumió el control de los espacios que habían sido concedidos a Nuevo Mundo. Incluso, el ente ya recibió una solicitud para realizar un evento en el galpón G, el más grande del complejo y destinado a convenciones y actividades similares.

Según Vera, ese depósito tiene un avance cercano al 98%, por lo que la institución decidió alquilarlo directamente y cobrar por la actividad, sin intervención de Nuevo Mundo.

La situación de los otros tres galpones es diferente. El presidente de la ANNP estimó que el conjunto de las obras presenta una ejecución de alrededor del 70%, aunque aclaró que la institución verificará los ítems del contrato para determinar cuáles fueron efectivamente ejecutados y cuáles quedaron pendientes.

El funcionario sostuvo que se realizaron inversiones importantes en la recuperación de la estructura del muelle y los depósitos. Entre ellas, mencionó más de G. 9.000 millones destinados al relevamiento, diagnóstico y solución de problemas estructurales debajo del muelle, incluidas losas, vigas y pilares.

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También mencionó trabajos de revisión y sustitución de pernos de la estructura metálica, además de servicios de consultoría para la dirección de las obras y la contratación de Codas Vuyk para los trabajos civiles.

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Sobre esta última constructora, Vera indicó que había firmado un contrato con Nuevo Mundo por unos G. 82.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 14 millones. De ese monto, habría cobrado entre G. 41.000 millones y G. 42.000 millones antes de retirarse por las deudas pendientes.

El presidente de la ANNP estimó que, aun en el escenario más desfavorable, Codas Vuyk habría ejecutado trabajos por unos US$ 8 millones.

Pero ante las consultas si realmente se invirtió dicho monto, ya que hay dudas sobre si efectivamente se habían invertido los millones de dólares mencionados para el proyecto.

Ante ese cuestionamiento, Vera sostuvo que se había destinado una importante suma a los trabajos estructurales, pero reconoció que la institución todavía debe verificar los ítems del contrato para determinar cuáles fueron ejecutados y cuáles quedaron pendientes. No obstante, aclaró que la institución deberá realizar una verificación para establecer el avance real de cada componente de la obra.

La ANNP prevé completar los trabajos pendientes con recursos del presupuesto de 2027, ya que, según Vera, las partidas del presente ejercicio están agotadas y la inversión necesaria no estaba contemplada originalmente. Para ello, deberán evaluar el monto requerido y gestionar una ampliación presupuestaria.

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Los vínculos de Ueno Bank con Nuevo Mundo y el préstamo de US$ 33 millones

La rescisión del contrato también vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre Nuevo Mundo Entertainment SA y Ueno Bank, entidad financiera que pasó a tener participación mayoritaria y control sobre la empresa vinculada al proyecto del Puerto.

Uno de los puntos más sensibles es el préstamo de aproximadamente US$ 33 millones que Ueno Bank habría otorgado a Nuevo Mundo para el proyecto hoy fallido.

Consultado sobre ese financiamiento, Vera Cáceres se desmarcó de las operaciones. “Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ellos son contratistas/socios nuestros en un paquete; lo que hayan hecho paralelamente y adónde llevaron ese dinero es un tema que les concierne única y exclusivamente a ellos”, respondió.

El funcionario insistió en que la institución se concentró en la rescisión contractual, la recuperación de los espacios y la terminación de las obras.

Sin embargo, el destino de ese millonario financiamiento sigue siendo uno de los principales interrogantes del caso. En una entrevista anterior, Vera había reconocido que no todo el dinero del supuesto préstamo se ha destinado a las obras de los galpones.

Por su parte, el empresario Rodrigo Nogués, quien estuvo vinculado a Nuevo Mundo, afirmó que ya no forma parte de la firma y que el proyecto tenía una inversión estimada de US$ 10 millones, de los cuales, según sus últimos datos, se habían invertido unos US$ 7 millones. También sostuvo que no solicitó ni firmó los préstamos por los montos mencionados.

El procedimiento comenzó alrededor de las 06:00 y está vinculado a una causa que involucra al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Según el informe de la Policía Nacional, el operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. La intervención fue encabezada por los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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Allanamiento e incautación de evidencias

Según informó el Ministerio Público, durante el allanamiento, la comitiva fiscal incautó documentos relacionados con los hechos investigados y dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora y un teléfono celular.

Asimismo, los intervinientes inspeccionaron dos vehículos que se encontraban en el inmueble. En uno de ellos hallaron maletas vacías que serían nuevas, mientras que en el segundo encontraron documentación perteneciente al investigado y una computadora utilizada para sus actividades laborales.

La Fiscalía informó que todas las evidencias recolectadas serán sometidas a los análisis y pericias correspondientes, a fin de determinar su contenido y eventual relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Segundo vinculado al BCP que es detenido

Insfrán Ibarrola asumió como superintendente de Bancos en mayo de 2024. En aquel momento, el economista había prometido trabajar “arduamente” para que el sistema financiero de Paraguay se mantenga sólido.

Se trata del segundo funcionario vinculado al BCP que queda detenido en el marco de estas investigaciones, luego de la captura de Carvallo, quien renunció a la presidencia de la banca matriz en medio de la crisis financiera.

Carvallo se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

La investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno se desarrolla en distintas líneas. Una de ellas involucra a autoridades y exautoridades públicas, mientras que otra apunta a directivos de la entidad financiera, entre ellos Miguel Vázquez, propietario del holding al que pertenece el banco, actualmente sometido a un procedimiento de resolución.

Edictos judiciales y disolución de la sociedad conyugal

Por otra parte, este miércoles trascendieron edictos judiciales relacionados con trámites de disolución de sociedades conyugales ante juzgados en lo Civil y Comercial de la Capital.

Uno de los edictos corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Insfrán Ibarrola y María Gabriela Simancas León. La resolución tiene fecha de expedición del 3 de noviembre de 2026.

La causa se encuentra radicada en la Secretaría N.º 10, a cargo de la actuaria Sabrina Paola Caro, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, actualmente interinado por el juez Alfredo Barrios J.

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El otro edicto corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Pedro Sindulfo Giménez Castillo y Liana Caballero Krause, exintegrante del Directorio del BCP y expresidenta interina de la institución tras la renuncia de Carvallo.

Según los registros oficiales alojados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la maratónica acreditación a favor de Comepar SA se concentró de forma íntegra entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. La cartera a cargo del ministro Tadeo Rojas procesó en ese brevísimo lapso un total de 21 solicitudes de transferencia de recursos, liberando montos individuales que iban desde los G. 1,5 millones hasta más de G. 6.998 millones.

La celeridad del trámite administrativo dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fue casi inmediata. La administración pública operaba bajo los condicionamientos del caos financiero generalizado; sin embargo pese a esta alarmante situación, las órdenes de pago para la firma adjudicada en el programa de alimentación escolar salieron en cuestión de horas.

Mientras la firma de Cardona recibía los cuantiosos pagos el 3 de noviembre —fecha en que el Banco Central del Paraguay anunció el corte de la entidad bancaria—, el panorama en las calles era desolador. Miles de ahorristas afectados formaban largas filas frente a sucursales en busca de respuestas, encontrándose únicamente con las puertas cerradas y escenas de llanto ante la desesperación. Se estima que más de 3 millones de clientes fueron directamente perjudicados por el colapso financiero.

Miguel Cardona y Mburuvicha Róga: El “proveedor amigo” del negocio de Hambre Cero

Una relación privilegiada y construida en las sombras del poder es la que mantenían el empresario Miguel Cardona y el expresidente Santiago Peña. El extitular del Club Olimpia visitaba frecuentemente al mandatario en Mburuvicha Róga, coincidentemente poco antes de que se promoviera la ley N.º 7264/2024 “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”. Estas idas a la residencia presidencial continuaron durante el tratamiento de la normativa y mucho después.

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Tal como lo reveló la investigación de ABC Color sobre los “Sobres del poder” —a partir de datos obtenidos mediante el Portal de Acceso a la Información Pública y registros fotográficos—, Cardona mantuvo frecuentes ingresos a Mburuvicha Róga.

Estas visitas, que no figuraban en las agendas oficiales ni contaban con una justificación institucional pública, se intensificaron justo en los periodos en los que el MDS moldeaba los pliegos y definía los multimillonarios acuerdos de alimentación escolar para Asunción, el departamento Central y Presidente Hayes. La empresa Comepar SA se quedó con contratos superiores a los G. 2 billones del programa estrella de Santi Peña, hoy preso por la estafa de Ueno.

La liberación de más de G. 26.300 millones en apenas 48 horas, en el momento más álgido de la crisis política y bancaria más importante del país en las últimas dos décadas, es prueba fehaciente de que los compromisos con los contratistas del entorno presidencial mantuvieron la máxima prioridad en la agenda de desembolsos, muy por encima de la angustia ciudadana y la parálisis financiera del país.

MDS y Comepar: La ruta y el desglose de los 21 pagos exprés por Hambre Cero

La revisión de las órdenes de transferencia procesados por Desarrollo Social revela una velocidad alucinante en la ejecución de los fondos públicos, principalmente teniendo en cuenta que el país se incendiaba con miles de ciudadanos que salieron a las calles a protestar por el desfalco de Ueno.

En apenas un bloque temporal de dos días (el 3 y el 4 de noviembre), las arcas estatales canalizaron un total de 21 pagos consecutivos a favor de Comepar SA bajo el identificador de la licitación 450421. La distribución se dio de la siguiente manera:

• 3 de noviembre de 2026: Concentró la gran masa de los pagos, con 15 facturas liquidadas en esa jornada, destacándose los montos más altos de la serie (como el pago por G. 6.528.829.333 mediante la factura 001-001-0001409 y el de G. 6.389.201.190 con la factura 001-001-0001393).
• 4 de noviembre de 2026: Se ejecutaron las 6 facturas restantes del lote, correspondientes a los pagos operativos y complementarios de la adjudicación.

No es la primera vez que el proveedor favorito de Santi recibe una sugestiva preferencia con relación a los pagos que mensualmente realiza el Gobierno bajo el plan de alimentación escolar. Ya el 13 de noviembre del año pasado, se dio a conocer que el amigo del expresidente figuraba entre las empresas que reclamaban al Estado el pago de una millonaria deuda en Hambre Cero.

Sin embargo, los registros oficiales del Ministerio de Economía desnudaban otra realidad: mientras la firma privada embolsaba pagos mensuales de manera casi ininterrumpida, el pasivo estatal con el resto de las proveedoras competidoras crecía de forma asfixiante cada 30 días.

El ascenso del hijo de Tadeo Rojas y su guiño al entorno de Ueno Bank

La asunción de Samuel Tadeo Rojas —hijo del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas— al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) marca un nuevo hito en el reacomodo de piezas del actual gobierno de Pedro Alliana. Eso sí, llamó la atención que cuando el flamante procurador asumió el cargo, envió un explícito saludo y planteó el acompañamiento cercano de Roberto “Ilo” Moreno, exasesor jurídico de la Presidencia.

“Les hago llegar el saludo afectuoso de Roberto Moreno Rodríguez, que hoy no pudo estar presente, pero que les aseguro les lleva en el corazón y me dijo que me va a acompañar desde donde esté”, expresó Tadeo Rojas Junior.

La mención explícita a Moreno no es un dato menor en el organigrama del escándalo de Ueno Bank, pues integra el círculo familiar directo de uno de los principales imputados en el caso. Su hermana, María Esmeralda Moreno Rodríguez, está casada con Juan Gustale, exdirectivo de la entidad bancaria que actualmente se encuentra con prisión preventiva procesado por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Moreno renunció a la Asesoría Jurídica de la Presidencia en la misma jornada en que el Congreso tramitaba la expulsión de Peña, acorralado por el quiebre bancario.

La respuesta de Tadeo Rojas: El MDS desliga responsabilidades y apunta al Ministerio de Economía

Consultado sobre la maratónica transferencia de los más de G. 26.300 millones a Comepar S.A. en pleno colapso financiero, Rojas sostuvo que el proceso responde a una rutina administrativa mensual que escapa al control directo de su institución. Según explicó, la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) se remite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a finales de mes —en este caso, el 29 de octubre— y es dicha cartera la que administra los pagos conforme a su disponibilidad financiera y plan de caja.

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“Nosotros hacemos la solicitud entre el 24 y el 28 cada mes. Y en este caso justamente se hizo en ese lapso de tiempo la liquidación y la STR. A partir de ahí ya quedan a cargo del Ministerio de Economía los pagos”, argumentó el ministro. Detalló que los desembolsos se fraccionan por tipo de servicio (merienda, desayuno y almuerzo), motivo por el cual aparecen varios pagos.

Se distribuye en distintas fuentes de financiamiento —como la fuente 30 (royalties) y la fuente 10 (recursos del tesoro)— según la asignación que determine Economía. De acuerdo con su versión, los pagos ejecutados entre el 3 y el 4 de noviembre correspondieron específicamente a fondos de fuente 30, abarcando no solo a la firma de Miguel Cardona, sino también a otras proveedoras como Distribuidora del Paraguay y el Consorcio de Abastecimiento, quedando saldos pendientes en fuente 10, agregó el titular del MDS.

Ante los cuestionamientos sobre el trato preferencial y la delicada coyuntura política del momento, el titular del MDS restó importancia a los vínculos personales del empresario con Santiago Peña. “El relacionamiento de Cardona para nosotros es irrelevante. Hacemos el proceso de liquidación administrativo y enviamos a Economía. El Ministerio de Economía determina los pagos y hace las transferencias”, alegó.

Tras la caída de Ueno Bank, la firma dejó de responder por lo que Copaco decidió desconectar los equipos y suspender las nuevas instalaciones previstas de la compañía en la torres de la estatal. Asimismo, le canceló los servicios de telefonía a todas las empresas ligadas al Grupo Vázquez.

Así lo confirmó Gilles Demars, gerente general de Copaco, quien detalló que la deuda de Nubicom asciende a unos G. 29 millones, correspondientes al alquiler de una torre y a un servicio de troncal IP. La empresa estatal emitió facturas por los servicios prestados y, ante la falta de pago y el escenario generado tras la caída de Ueno, resolvió cortar la prestación.

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La situación se suma a las denuncias realizadas por funcionarios de Copaco, quienes alertaron sobre un supuesto plan para entregar a Nubicom la infraestructura de Vox y, posteriormente, facilitarle el control de ambas empresas públicas. Según estas denuncias, las estructuras tecnológicas de las dos compañías están conectadas y entrelazadas, por lo que el ingreso a una de ellas podría abrir el camino para avanzar sobre la otra.

Los trabajadores de la estatal también señalaron que se habría eliminado la Gerencia de Tecnología e Información de Copaco, dependencia en la que funciona la central de facturación, lo que, según su interpretación, habría facilitado el supuesto esquema. Apuntaron además a decisiones que, según denunciaron, eran manejadas por la entonces presidenta de Copaco, Natalia Borgognon, y el exministro del Mitic Gustavo Villate, sin autorización del Directorio.

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Sin embargo, Demars sostuvo que el vínculo contractual con Nubicom solo se limitó al alquiler de espacio en una torre y a la provisión de troncal IP. Negó que la empresa haya contratado la utilización de toda la infraestructura de Copaco o la interconexión de frecuencias.

El gerente explicó que Nubicom alquiló espacio en una torre de Copaco, ubicada en Central 2, donde instaló sus propios equipos de radiobase. La estatal emitió una primera factura en octubre y otra en noviembre. Ante la situación financiera de la empresa, tras la caída de Ueno, y la falta de respuesta, resolvió dar de baja los servicios.

Demars precisó que los equipos siguen físicamente instalados, pero fueron desconectados para evitar que continúen consumiendo energía eléctrica, cuyo costo terminaba siendo absorbido por Copaco.

La administración también analiza, a través de su departamento jurídico, si tiene atribuciones legales para retener los equipos hasta que Nubicom cancele la deuda. Según el gerente, se trata de aparatos cuyo valor oscila entre US$ 30.000 y US$ 100.000.

El monto pendiente ronda los G. 29 millones, según Demars. El gerente aclaró que la deuda incluye la facturación de octubre y noviembre. No obstante, afirmó que la empresa decidió anticiparse ante la falta de respuestas de Nubicom y el escenario que dejó la caída de Ueno Bank.

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Nubicom buscaba ingresar a otros seis sitios de Copaco

La presencia de Nubicom en Copaco podía extenderse a otros puntos. Demars indicó que la empresa había identificado seis sitios de la estatal en Asunción para instalar sus equipos. Sin embargo, solo llegó a ingresar a Central 2.

En los otros lugares se realizaron relevamientos para determinar las adecuaciones necesarias antes de montar las radiobases. Incluso, la empresa había solicitado nuevas visitas técnicas para avanzar con las instalaciones durante esta semana, pero Copaco decidió suspenderlas.

El gerente explicó que la estatal optó por proteger sus activos y evitar nuevas obligaciones con una firma cuya capacidad de pago estaba en duda. Señaló que el alquiler de torres constituye una fuente de ingresos importante para Copaco, especialmente al cierre del año, cuando esos recursos ayudan a financiar inversiones y compromisos como el pago de aguinaldos.

Como referencia, mencionó que el alquiler mensual de una torre en el mercado oscila entre US$ 1.000 y US$ 1.500, dependiendo de las condiciones y los equipos que se instalen.

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Niega que hayan contratado toda la infraestructura

Consultado sobre las denuncias de funcionarios respecto a un supuesto plan para que Nubicom utilizara la infraestructura de Vox y Copaco de manera conjunta y conectara sus frecuencias, Demars fue categórico: “No, eso no se puede”, respondió.

Explicó que cada operadora tiene sus propias radiobases, que funcionan en las frecuencias asignadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Copaco, según detalló, alquila espacio físico en sus torres, pero no transfiere el control de sus equipos ni de las frecuencias de operación.

“Cada radiobase funciona en la frecuencia que tiene cada uno. Cada uno es dueño de su radiobase y nosotros lo que alquilamos es solamente la torre y, si la operadora necesita, la fibra que llega hasta la torre”, explicó.

Añadió que Nubicom también había solicitado un presupuesto para utilizar fibra óptica como conexión de sus equipos, pero ese servicio no llegó a contratarse con Copaco. Según indicó, tenía entendido que la firma consiguió esa prestación a través de Teisa, otro proveedor de internet.

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Conatel abrió sumario tras las denuncias

Conatel abrió recientemente un sumario administrativo a la empresa Nubicom Paraguay SA por la transferencia de acciones sin autorización del regulador. Fue recién tras la caída de Ueno Bank.

La firma había obtenido una licencia para operar tecnología 5G, pero el organismo todavía no canceló esa habilitación. El procedimiento administrativo se suma a los cuestionamientos sobre los vínculos empresariales de Nubicom con el Grupo Vázquez, cuyo despliegue estaba siendo financiado por Ueno Bank.

Mientras tanto, Copaco busca evitar que la relación comercial con la empresa privada termine generándole nuevas pérdidas. Además de desconectar los equipos y frenar las visitas a otros sitios, la estatal analiza cómo recuperar el dinero pendiente.

Demars señaló que Copaco también había prestado servicios de telefonía fija a otras empresas del Grupo Vázquez, entre ellas Ueno Bank, ITTI, Vinanzas, Hepar y Nubicom. Afirmó que esos servicios estaban pagados hasta entonces, pero que la estatal ya inició el bloqueo de las prestaciones ante el riesgo de nuevos incumplimientos.

Desde poco antes de las 5:00 de hoy está vigente una alerta meteorológica que avisa de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, y la “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos: Concepción, San Pedro y el sur y este de Presidente Hayes.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.

La temperatura va en aumento

La temperatura sigue aumentando y hoy se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 26 grados.

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados en la capital el viernes y el sábado.

Tras la caída de Ueno Bank estos recursos de la Caja Fiscal unos G. 250.000 millones, más intereses quedaron atrapados, lo que acentúa aún más la crisis que atraviesa el fondo de jubilaciones del sector público, que pese a los ajustes realizadas con la reforma, todavía arrastra un millonario déficit.

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Denuncia del MEF contra directivos y funcionarios de Ueno Bank

Al respecto, el pasado viernes 6 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) accionó penalmente contra directivos y funcionarios de Ueno Bank por el hecho punibles contra el patrimonio de la cartera estatal. El capital colocado por el MEF en dicho banco asciende a G. 250.000 millones de los excedentes de los fondos jubilatorios, sumado a G. 123.838 millones en intereses comprometidos, que completan unos G. 373.838 millones (US$ 62 millones aproximadamente).

La denuncia fue presentada por el ministro Óscar Lovera, bajo el patrocinio del abogado del Tesoro Fernando Benavente, los mismos que integraron el comité de evaluación de dicha inversión el 22 de junio del 2025.

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Lovera y Benavente integraron comité evaluador de las inversiones

De acuerdo con el acta 2 /2025 del 22 días del mes de julio de 2025, el Comité de Inversiones estaba integrado en ese entonces por las siguientes autoridades: el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, el viceministro de Administración Financiera, Oscar Lovera (actual ministro de Economía) y el director general de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.

Según los argumentos expresados por los integrantes del CI en esa oportunidad, es que “todas las entidades financieras que presentaron ofertas para la colocación de CDA cumplieron con el puntaje mínimo requerido para la asignación de recursos”.

Además mencionaron que para el monto ofertado de G. 1.000.000.000.000 (Guaraníes un billón), se tomaron en consideración los topes máximos globales ofertados por cada entidad para cada combinación de plazo y tasa de interés ofrecida, con el objetivo de diversificar la cartera de inversiones, se procedió a asignar los montos considerando la garantía y la rentabilidad ofrecida por cada propuesta.

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¿Cómo se invirtieron los excedentes de la Caja Fiscal?

El documento detalla que el CI consideró oportuno, seguro y rentable invertir los recursos, por lo que recomendó realizar la colocación de los recursos excedentes de los Programas Contributivos Civiles de la DGJP de la siguiente manera:

a) Monto de G. 400.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco Nacional de Fomento BNF, a una tasa anual 12,30% con capitalización mensual.

b) Monto de G. 250.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco Ueno Bank, a una tasa anual 12,35% con capitalización trimestral.

c) Monto de G. 250.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco BASA S.A., a una tasa anual 12,25% con capitalización trimestral.

d) Monto de G. 100.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA de Bancop S.A., a una tasa anual 12,06% con capitalización mensual.

Situación patrimonial difiere de lo presentado en julio del 2025, dice MEF

De acuerdo con el argumento presentado por la cartera estatal de la mano de Óscar Lovera “la situación patrimonial que hoy constata el BCP difiere sustancialmente de la que la entidad presentaba públicamente en julio de 2025, cuando el MEF colocó en ella G. 250.000.000.000 de recursos de naturaleza jubilatoria sobre la base de esa información” y esto, bajo la administración de Carlos Fernández Valdovinos al frente del MEF en ese tiempo.

El MEF solicitó a la representación fiscal que investigue estos hechos, en forma autónoma o en el marco de la causa penal ya abierta, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para resguardar los fondos previsionales comprometidos, conforme a las circunstancias de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

El procedimiento se realizó en el asentamiento Cable Guy, donde agentes de la Subcomisaría 3ª, con apoyo del Grupo Lince, lograron localizar a los sospechosos y recuperar parte de los objetos denunciados como hurtados.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Benítez González, de 21 años, y Ricardo Espínola Franco, de 30 años. Ambos son domiciliados en el mismo asentamiento y cuentan con antecedentes por hechos de hurto.

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Destruyeron los televisores para sacar el cobre

El oficial Luis Garcete, de la Subcomisaría 3ª de Luque, explicó que recibieron una alerta del sistema 911 sobre un supuesto hurto domiciliario en la zona de Cañada San Rafael.

Los agentes se trasladaron inmediatamente hasta el lugar y, con apoyo de efectivos del Grupo Lince, realizaron un procedimiento que permitió la aprehensión de los sospechosos y la recuperación de varios objetos.

Según Garcete, los presuntos autores no intentaron vender los televisores completos, sino que los destruyeron para extraer el cobre de su interior y comercializarlo. La Policía recuperó parte de uno de los aparatos, cuya pantalla se encontraba entre los objetos hallados.

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También recuperaron una desmalezadora y calzados

Entre los bienes denunciados como hurtados figuraban dos televisores de 43 pulgadas, un cortacésped, una bordeadora y un par de calzados deportivos de la marca Nike.

El informe policial detalla que uno de los televisores recuperados es de la marca Tokio, tipo plasma, y que también se encontró un calzado deportivo Nike de color azul. Además, los intervinientes localizaron una desmalezadora marca Línea HD, de color anaranjado, que había sido vendida en una chatarrería.

De acuerdo con el relato policial, los agentes llegaron hasta el asentamiento Cable Guy siguiendo las características proporcionadas por la víctima. Allí encontraron a los dos sospechosos con parte de los objetos denunciados.

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Ingresaron tras violentar la vivienda

El oficial Garcete señaló que, según la denuncia de la víctima, los presuntos autores habrían ingresado a la vivienda tras violentar uno de los accesos con un objeto que sería una pata de cabra. Sin embargo, esa herramienta no fue encontrada en poder de los aprehendidos.

Los antecedentes policiales indican que Benítez González registra una causa por hurto agravado correspondiente a 2026 y otra por lesión grave de 2023. Por su parte, Espínola Franco cuenta con antecedentes por hurto agravado y hurto, ambos del año 2025.

El caso fue comunicado al agente fiscal Augusto Ledesma, de la Unidad Penal N.º 9, quien dispuso que los objetos recuperados sean entregados a la víctima y que ambos aprehendidos permanezcan en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público. Las averiguaciones continúan para recuperar los demás bienes denunciados.

La serie de documentos y correos internos entregados a nuestro diario por funcionarios de Ueno Bank delata que los desembolsos ocurrieron luego de que Ueno Bank anunciara el ingreso del OTP Bank, entidad bancaria de Hungría, como accionista. La participación de OTP se dividió en dos aportes: primero de US$ 30 millones, a finales del año pasado, y luego de US$ 17 millones, en junio de este año, es decir, 47 millones de dólares, según las publicaciones oficiales de Ueno.

La comisión por este negocio se habría establecido en 7,5% sobre ese monto, en resumen: US$ 3,5 millones.

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Pagos aprobados por “MV”

Todos los pagos entre Alejandro Domínguez y el Grupo Vázquez se tramitaron en Ueno Bank. El primero se realizó en víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025, por US$ 725.000, según el comprobante.

El siguiente pago tuvo lugar el 12 de marzo de este año, por US$ 1.525.000, a la cuenta personal N° (...)1992 de Domínguez en Ueno Bank, de acuerdo con el comprobante N° 1595559039. Un correo remitido en esa misma fecha señala textualmente: “Favor proceder con el pago de comisiones según el acuerdo aprobado por MV (Miguel Vázquez)” (sic).

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Dos meses después, llegaron otros dos pagos con un día de diferencia: el 20 y el 21 de mayo. Fueron por US$ 286.000 y US$ 181.000, respectivamente, transferidos a la misma cuenta personal N° (...)1992 de Alejandro Domínguez, según los comprobantes números 8369908 y 8805981.

Alarma y recibos comunes

Los tres desembolsos de este año habrían levantado alertas de reportes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo cual obligó al analista de cumplimiento de Ueno Bank a solicitar documentos. “Por este medio, solicito su apoyo para obtener los documentos de respaldo (...) en relación con las siguientes transferencias enviadas por el Grupo Vázquez SAE” (sic), escribió el empleado bancario en un correo interno al cual accedió nuestro diario y que ya está en manos de la Fiscalía.

Como respuesta a ese pedido aparecieron tres recibos sin numeración alguna firmados por Alejandro Domínguez, en los cuales declaró que recibió las transferencias “en concepto de anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas (en) el contrato de fecha 28 de octubre de 2025” (sic).

Agregó: “El presente recibo cumple y libera al GRUPO VAZQUEZ SAE, y por el monto del anticipo, de tales obligaciones futuras” (sic).

Pagos ocurrieron en medio de informes del BCP

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) ya conocía los préstamos entre empresas vinculadas y otras irregularidades relacionadas con Ueno Bank y el Grupo Vázquez, el presidente de la Conmebol sumó otra transferencia a su cuenta personal N° (...)1992 por US$ 118.000, efectuado el 21 de julio, según el comprobante.

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El 4 y el 20 de agosto de 2026, el Grupo Vázquez SAE volvió a realizar transferencias a través de Ueno Bank al titular del fútbol sudamericano a su cuenta personal N° (...)1992 por US$ 538.000 y 151.000 dólares, respectivamente. La cuenta de origen, como en las demás ocasiones, era la corporativa del Grupo Vázquez número (...)1005.

La banca matriz decretó la resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre pasado. Más de 14 millones de la Conmebol quedaron atrapados, según informe de la agencia EFE, mientras sugestivamente Domínguez recibía transferencias del Grupo Vázquez en su cuenta personal.

Sin respuesta

Nuestro diario buscó insistentemente ayer al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Sin embargo, pese a las llamadas y los mensajes enviados tanto a Domínguez como al encargado de prensa de la Conmebol, Ariel Ramírez, no hubo respuesta. Por la importancia, relevancia pública y consecuencia socioeconómica de los hechos relacionados a Ueno Bank y el Grupo Vázquez estamos predispuestos a escuchar su versión sobre esos cobros de “anticipo de comisiones futuras” y su gestión para la llegada del banco europeo a Ueno Bank, actualmente en proceso de resolución.

Socios en firma con lujoso avión

A un año de la asunción de Santiago Peña, el 30 de octubre de 2024, el Grupo Vázquez realizó un pagó de US$ 750.000 al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, por la mitad de la empresa aérea JET PAR LLC.

La firma, que hasta ese entonces figuraba exclusivamente a nombre de Domínguez, a su vez, aparecía como única dueña de un lujoso avión tipo jet Cessna Citation III, con matrícula N901RH, fabricado en el año 1987.

La compra fue aprobada un día antes, por unanimidad, por el directorio de Grupo Vázquez SAE, presidido por Miguel Vázquez, según el acta N° 302.

El pago, según el comprobante N° 303733039, se hizo desde cuentas registradas dentro del mismo Ueno Bank, actualmente intervenido por la Justicia y el Banco Central del Paraguay.

El asiento contable interno generado en diciembre de 2025 registra que el débito para el pago comprometido se hizo desde una caja de ahorro en dólares y “a favor de Alejandro Domínguez”.

Desde entonces, el Grupo Vázquez incluyó la participación en sus balances como “Inversiones en JET PAR LLC”.

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A diciembre de 2024, el informe reportado consignó en G. 5.859 millones y a setiembre de 2025 en G. 5.214 millones, el equivalente a los US$ 750.000 pagados. Tres meses después, el balance anual redujo a G. 3.237 millones.

Detalles de la operativa

En los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión no figura a nombre de JET PAR LLC ni de sus socios.

Desde diciembre de 2010 está inscripto a nombre de Bank of Utah como fiduciario, una figura que permite mantener en reserva la identidad del verdadero propietario. A pesar de tal intento, publicaciones en medios ya daban cuenta del vínculo directo del avión con Domínguez.

El 9 de febrero de 2022, varias cuentas en redes sociales indicaban que el avión fue utilizado para traer al país a Marcelo Moreno Martins, futbolista que se incorporaba al Club Cerro Porteño.

En enero pasado, el periodista uruguayo Eduardo Prevé decía en X “Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, envió el avión de la Organización Sudamericana de Fútbol a Montevideo”, para los festejos por los 10 años de su gestión en la institución.

La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) registra 108 movimientos de JET PAR LLC entre 2019 y agosto de 2026, en su mayoría vuelos entre Asunción y Buenos Aires.

Flota incautada

Según registros, el N901RH salió de Asunción el 31 de octubre con destino a Aruba y regresó en la madrugada del 4 de noviembre, el mismo día en que la Fiscalía imputó a Federico Miguel Vázquez y a otras 26 personas en el caso Ueno Bank.

Curiosamente, en los allanamientos del 5 y el 6 de noviembre pasado, encabezados por la fiscala Ruth Karina Benítez, fueron incautados otros dos lujosos aviones atribuidos a Miguel Vázquez y su esquema empresarial.

El más valioso era el King Air 300, identificado con la matrícula ZP-DSA. Además, el Ministerio Público también incautó un avión Beechcraft B55 de 1979, con matrícula ZP-TLG e inscripto a nombre de Grupo Vázquez SAE.

Según lo comunicado, ambos quedarán bajo custodia de la Senabico, sin embargo y hasta la fecha, no se informó que el N901RH haya sido incautado.

Como medio de cambio, su predominio se extiende al comercio y las finanzas internacionales. La facturación en dólares representa al menos el 75% de las exportaciones en todas las regiones, excepto en Europa, y más del 96% en América. Asimismo, concentra alrededor del 60% de los préstamos y depósitos bancarios internacionales y el 70% de las emisiones de bonos fuera del país de origen.

Finalmente, como unidad de cuenta o moneda ancla, constituye una referencia para la valoración de bienes, servicios y operaciones financieras. En 2015, las economías vinculadas al dólar representaban cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, excluido Estados Unidos, frente al 5% correspondiente al euro.

Dólar en periodos de crisis

La incertidumbre económica y financiera suele impulsar una mayor demanda de activos considerados seguros, entre los cuales destaca el dólar estadounidense. Ante un escenario de mayor riesgo, los inversionistas tienden a reducir su exposición a instrumentos más volátiles y trasladar parte de sus recursos hacia alternativas que ofrecen mayor liquidez y estabilidad.

En este contexto, el dólar mantiene un papel fundamental en el sistema financiero mundial, debido a su condición de moneda de reserva internacional y a su amplia participación en las operaciones comerciales, financieras y de inversión.

Sin embargo, cuando la crisis tiene un origen interno, el aumento de la cotización del dólar no necesariamente responde a su fortalecimiento en los mercados internacionales, sino a una posible pérdida de confianza en la moneda nacional. Las expectativas de mayores dificultades económicas, tensiones financieras o una eventual depreciación cambiaria pueden incentivar a hogares, empresas e inversionistas a convertir parte de sus recursos en moneda local a dólares, lo que incrementa la demanda de divisas.

La situación financiera de Paraguay, en noviembre de 2026, constituye un ejemplo de cómo un acontecimiento interno puede alterar las expectativas de los agentes económicos y generar presiones sobre el mercado cambiario en un periodo relativamente corto.

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido. Si bien la autoridad monetaria señaló que se trataba de un caso puntual, sin comprometer el sistema financiero, el acontecimiento introdujo un nuevo factor de incertidumbre en el escenario económico nacional.

Entre el 26 y el 30 de octubre, el tipo de cambio referencial promedió G. 5.898 por dólar, mientras que, entre el 2 y el 6 de noviembre, aumentó a G. 6.208 por dólar. Esta variación representó una depreciación de 5,3% de la moneda estadounidense frente al guaraní, en un escenario caracterizado por una mayor incertidumbre financiera y política. La suba de la tasa de cambio llevó al Banco Central de Paraguay a intervenir, los días 5 y 6 de noviembre, vendiendo dólares al sector financiero por US$ 27,4 millones

Finalmente, la evolución reciente del tipo de cambio en Paraguay evidencia cómo la incertidumbre financiera y política puede modificar las expectativas de los agentes económicos y elevar la demanda de dólares como mecanismo de protección patrimonial. Si bien la moneda estadounidense mantiene su posición como principal activo de refugio a nivel mundial, su fortalecimiento frente al guaraní también responde a factores internos vinculados con la confianza y la percepción de riesgo. Por tanto, la estabilidad cambiaria no depende únicamente de los fundamentos macroeconómicos, sino también de la solidez institucional, la transparencia y la capacidad de las autoridades para restablecer la confianza en el sistema financiero.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El detenido fue identificado como Héctor Omar Quiñones, quien fue aprehendido alrededor de las 17:00 en la plaza Martín de Barúa, ubicada en la intersección de las calles Virgen del Rosario y Curupayty.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas (DOTM) Lince, tras una investigación iniciada a partir de publicaciones en las que el joven se presentaba como personal policial.

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Lo contactaron mediante un perfil falso

El oficial Sergio Zelaya, de la Base Lince de Itauguá, explicó que los agentes detectaron una cuenta de TikTok desde la cual se difundían fotografías que daban a entender que el usuario pertenecía al Grupo Lince.

Ante esta situación, los intervinientes contactaron al perfil, identificado como Martínez Omar, y coordinaron un encuentro en la plaza Martín de Barúa. Para concretar la cita, uno de los agentes se hizo pasar por una mujer.

Al llegar al sitio, los policías identificaron a Quiñones, quien vestía una remera negra y un short con insignias de la Policía Nacional y del Grupo Lince. Tras solicitarle su documento de identidad y verificar sus datos en el sistema informático institucional, constataron que no era funcionario policial ni pertenecía a dicha unidad.

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Utilizaba la imagen de Lince para conquistar mujeres

Según el oficial Zelaya, durante el procedimiento el joven manifestó que desde adolescente tenía el deseo de ser policía y que, específicamente, soñaba con integrar el Grupo Lince.

Sin embargo, también reconoció que utilizaba esa apariencia porque conseguía mayor aceptación entre las mujeres. En palabras del uniformado, el joven recurría a la imagen de la unidad policial para «tener más levantes».

El agente aclaró que Quiñones no contaba con un uniforme operativo auténtico, sino que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías y aparentar que vestía la indumentaria oficial.

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Dijo que la ropa policial era prestada

Respecto a las prendas que llevaba puestas al momento de su aprehensión, Zelaya señaló que el joven manifestó que se las habían prestado, aunque no identificó a la persona que supuestamente se las facilitó.

El informe policial indica que Quiñones no registra antecedentes y tampoco figura como funcionario público en los registros institucionales.

Tras su aprehensión, fue trasladado hasta la Comisaría 6ª de Itauguá. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso que permanezca detenido y comparezca ante la Fiscalía durante la jornada siguiente.

La Policía informó que el procedimiento se realizó por la presunta comisión de un hecho relacionado con la usurpación de funciones públicas.

El documento contempla una serie de requerimientos relacionados con la situación ambiental y sanitaria del establecimiento, además de las condiciones administrativas y contractuales bajo las cuales opera.

Entre los principales puntos, el edil solicita copias de la licencia ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), los estudios de impacto ambiental y los documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Asimismo, pide información detallada sobre el tratamiento de efluentes y la disposición final de residuos orgánicos, como sangre, grasas, estiércol y vísceras, generados durante las actividades de faena.

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También solicita los resultados de análisis de efluentes y agua, así como antecedentes de eventuales denuncias vecinales por olores, contaminación o afectaciones ambientales.

La minuta incluye requerimientos sobre las inspecciones realizadas por las dependencias municipales y las autoridades competentes, las habilitaciones sanitarias y veterinarias expedidas por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), además de posibles sanciones, intimaciones o procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el establecimiento.

Fiscalización y posible clausura

En otro apartado, el concejal solicita que la Intendencia disponga una inspección urgente de las instalaciones, con elaboración de un acta, registro fotográfico y documentación de las condiciones de funcionamiento.

También plantea requerir la intervención del MADES y de SENACSA para verificar, dentro de sus respectivas competencias, las autorizaciones ambientales y sanitarias.

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La propuesta contempla que, en caso de comprobarse la ausencia o pérdida de vigencia de la licencia ambiental, el incumplimiento de sus condiciones o la existencia de riesgos ambientales o sanitarios, la Municipalidad adopte o promueva las medidas preventivas y correctivas correspondientes, incluida la suspensión de actividades o clausura del local, conforme a la legislación vigente.

“Hoy solamente están privados de su libertad dos actores del sector público”, cuestionó. Y preguntó dónde están los “actores de primer nivel”, los que dispusieron los depósitos.

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Más de US$ 850 millones en juego

Ueno Bank concentraba G. 4,9 billones de fondos públicos, más de US$ 850 millones, según datos preliminares. González citó a las binacionales Itaipú y Yacyretá, al Instituto de Previsión Social (IPS), a Cajubi, a la ANDE y al Ministerio de Economía y Finanzas entre las instituciones que depositaron en el banco.

El legislador sostuvo que las alertas eran visibles desde inicios de 2026. “Todas las luces del árbol de Navidad estaban prendidas”, ironizó, y señaló que los administradores siguieron depositando. “Si era plata de ellos, no iban a seguir”, afirmó.

Planteó dos posibilidades: que hubo una “sugerencia” desde la Presidencia para ayudar al grupo bancario, o que los directivos recibieron una orden. “En cualquiera de los casos, es muy grave”, remarcó.

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“La responsabilidad es personalísima”

González rechazó que denunciar al banco sea suficiente para desligarse. Invocó el artículo 106 de la Constitución, que establece que los funcionarios responden personalmente por sus actos. “Tiene que responder con sus bienes, aparte de ir a la cárcel”, dijo.

Advirtió que el esquema no pudo armarse entre pocas personas, y que hay responsables tanto en el sector privado como en el público. “Va a faltar cama” en las cárceles si se investiga a fondo, vaticinó.

Diferenció además a los afectados. Los ahorristas particulares tienen vías de reclamo, como el Fondo de Garantía. En cambio, dijo, el dinero público perdido pertenece a todos los ciudadanos.

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Críticas a Rolón y a Alliana

El diputado calificó el trabajo del fiscal general, Emiliano Rolón, de “muy lento, casi condescendiente”. Adelantó que acompañará el juicio político en su contra, aunque propuso su nombre cuando integraba el Consejo de la Magistratura. Según fuentes legislativas, ya se prepara un libelo acusatorio contra el fiscal general por su omisión ante las denuncias.

También cuestionó al presidente Pedro Alliana por no destituir a las autoridades de los entes. Mencionó al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, hoy consejero de Itaipú. “Es muy fácil irse solamente contra quien perdió el poder y no avanzar contra quienes tienen hoy la bendición del poder”, sentenció.

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El despliegue aéreo resultó crucial para frenar la furia del fuego en una zona de difícil acceso a pie. Un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya, equipado con el sistema de descarga de agua Bambi Bucket, realizó un total de 50 vertidos sucesivos sobre las llamas.

Este esfuerzo combinado desde el aire permitió frenar la propagación de las lenguas de fuego, facilitando que las cuadrillas terrestres de los bomberos y los efectivos militares ingresaran a la zona crítica para liquidar de forma definitiva los rescoldos del siniestro.

Coordinación en el terreno

En el lugar de los hechos estuvo presente el ministro de Defensa Nacional, el general de Ejército (R) Óscar González, quien mantuvo una reunión de trabajo directamente sobre la línea de fuego con técnicos y autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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Durante el encuentro se trazó un plan de contingencia para mantener una guardia permanente de vigilancia y patrullaje a cargo de personal militar, con la intención de evitar que se vuelva a producir un incendio en la zona.

Existe la sospecha de que el foco habría sido provocado de manera intencional por personas extrañas.

Peña, destituido por juicio político el 6 de noviembre, está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank. El tribunal lo expulsó el martes, sin esperar sentencia firme de la Justicia.

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La clave: actuar de oficio

Morínigo explicó que, según el artículo 128 del estatuto partidario, el tribunal juzga la conducta política de los afiliados. Y los actos de un presidente, sostuvo, son también actos políticos.

El tribunal puede intervenir de dos maneras. A instancia de parte, cuando alguien denuncia y debe probar lo que afirma, se abre un sumario. De oficio, en cambio, puede juzgar cuando existen hechos notorios o públicos, que no requieren actividad probatoria.

“Los hechos notorios no necesitan de prueba porque son hartamente conocidos”, afirmó. En el caso de Peña, dijo, “no se puede negar” que existen.

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Decisión unánime, pero con reparos

Según Morínigo, los miembros coincidieron en que la potestad de juzgar de oficio no obliga a sustanciar un sumario. Esa fue la lectura que primó.

Aun así, se reservó su criterio personal y reconoció que la objeción sobre el derecho a la defensa es “absolutamente entendible y atendible”. También admitió que el debido proceso es hoy un derecho humano, reconocido en reiterados fallos de la Corte Interamericana, aunque la Constitución no use esa expresión.

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Lo que puede hacer Peña

El abogado recordó que Peña puede acudir a la justicia electoral si considera vulnerados sus derechos. Pero advirtió que, si ganara por cuestiones procesales, solo se anularía la resolución. El tribunal podría juzgarlo otra vez de oficio, ahora con un sumario, porque el fondo del caso aún no fue analizado.

La resolución, firmada por siete miembros bajo la presidencia de Gustavo Cazal Riego, califica la conducta de Peña como “reprochable” y sostiene que afectó los principios ideológicos y morales del Partido Colorado.

El comunicado, fechado en Asunción el 11 de noviembre de 2026, no explica qué motivó el pronunciamiento ni si hubo consultas o versiones puntuales que lo originaron.

Cabe recordar que Atome está enfrentada con la ANDE por su contrato de compra de energía. En septiembre notificó un aviso formal de disputa y habló de un posible arbitraje internacional. El plazo de tres meses que fijó para negociar vencería alrededor del 15 de diciembre.

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Los únicos bancos que reconoce

La compañía precisó que sus relaciones bancarias comerciales en Paraguay son exclusivamente con Banco Continental, Banco GNB Paraguay y Banco Sudameris. Fuera de esas tres entidades, según su versión, no tiene vínculos bancarios en el país.

El comunicado agrega un dato sobre uno de ellos. Banco Sudameris no es solo proveedor de servicios financieros de Atome: también integra el consorcio de inversionistas de capital del proyecto de Villeta.

Junto con Sudameris participan DEG, institución alemana de financiamiento para el desarrollo del grupo KfW, e Impact Fund Denmark (IFDK), fondo danés de inversión. Completan el consorcio IFC, del Grupo Banco Mundial, y Hy24, gestora francesa especializada en hidrógeno limpio y sus derivados.

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Quiénes financian el proyecto

Por el lado del endeudamiento, Atome indicó que el consorcio de entidades financiadoras del proyecto de Atome Paraguay suma US$ 425 millones. Lo integran IFC, BID Invest, la neerlandesa FMO, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Global para el Clima.

Según la empresa, todas estas instituciones “respaldan plenamente” tanto el Proyecto Villeta como “la gestión y la posición” de Atome. La compañía cerró el comunicado con un compromiso de transparencia y de comunicación oportuna de información relevante para accionistas, inversionistas y el mercado.

El miembro del directorio de la banca matriz Pedro Acosta Bernal detalló esta anoche, en conferencia de prensa, que en la fecha se acreditó el quinto grupo de beneficiarios con derecho al anticipo correspondiente a las cuentas de CDA y personas que no tenían cuentas en otras entidades.

En total fueron activadas 29.988 cuentas, por un monto total de G. 1,78 billones correspondiente a este último grupo. Esto corresponde al anticipo del Fondo de Garantía de hasta 40 salarios mínimos, unos G. 121.760.000.

Luego de este trámite se sigue el plazo normal del FGD que establece un desembolso de hasta 75 salarios mínimos, G. 228.300.000 por depositante, una vez culmine los procedimientos del balance de exclusión que se estaría cumpliendo el próximo lunes 16 de noviembre.

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Unos US$ 644 millones

Ya con este quinto lote de grupo, se completó el total de las 1.812.348 personas citadas que ya recibieron la garantía de depósitos, por un total de G. 3,9 billones. Son aproximadamente unos US$ 644 millones, apuntó.

“Esto es importante señalar, que todos estarán recibiendo sus pagos en los siguientes días”, apuntó.

“El día de hoy principalmente se están procesando las acreditaciones para titulares de los certificados de depósito de ahorro”, expresó Acosta.

Un sector con particularidad

Explicó a renglón seguido que este grupo se dejó para el final porque tiene una particularidad, como son los títulos endosables. Hay clientes que manifestaron que vendieron sus títulos y esas ventas, esas transacciones, no se encuentran registradas en la entidad.

“Es un requisito que deben cumplir juntamente para que puedan también ser beneficiados con esta garantía”, detalló.

Para que los titulares puedan acceder a estos recursos, que ya se encuentran acreditados en los bancos respectivos, deberán seguir un procedimiento previo de registro en la plataforma del Banco Central del Paraguay.

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Bloqueados hasta hacer el trámite

Según indicaron, los fondos están acreditados a todos estos titulares en los bancos respectivos, pero se encuentran bloqueados hasta que estos titulares puedan registrar los datos en la plataforma.

“Vamos a habilitar un link, una plataforma, para que los titulares de estos títulos puedan alzarlos a esos comprobantes, vamos a poder verificar eso, cotejar con los registros de la entidad”, explicó.

El proceso de verificación consiste justamente en que el cliente debe subir una foto del CDA en forma física o una captura de la pantalla de la app de Ueno de su CDA y alzar la foto en el portal del BCP en el lugar que se indica dentro de la plataforma.

En el caso de que no se disponga de ese comprobante, ni la captura de la pantalla, en la plataforma deberá indicar que no posee el documento, para que el equipo técnico pueda seguir con el proceso, indicó finalmente el miembro del directorio del BCP.

No obstante, quienes no hayan recibido aún sus pagos o que quieran realizar para consultas sobre los desembolsos pueden comunicarse al correo fgdpagos@bcp.gov.py.

La calificadora internacional sostuvo que el desencadenante principal de esta decisión es el impacto directo y los efectos en cadena provocados por el colapso de Ueno Bank, la destitución vía juicio político del expresidente Santiago Peña y la posterior asunción de Pedro Alliana en el Poder Ejecutivo.

Fitch ratifica calificación de Paraguay en “BB+” y posterga el grado de inversión

La decisión de la agencia rompe el relato oficial de que el quiebre de la entidad digital no afectaría a la economía en general. Fitch enfatizó que la crisis del banco salpicó fuertemente la confianza en el sistema financiero y amenaza seriamente las arcas del Estado, debido a la millonaria cantidad de depósitos públicos y previsionales que quedaron atrapados.

A esto se le suma el agravamiento del escenario fiscal previo, salpicado por el impago a proveedores, el aflojamiento de las metas de déficit y el estancamiento de grandes proyectos de inversión privada.

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El riesgo de USD 900 millones para el Fisco

El informe técnico de la calificadora expone números fríos y preocupantes sobre el verdadero agujero que dejó la resolución de Ueno Bank. Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central del Paraguay (BCP) cuenta con los recursos para cubrir a casi el 97% de los ahorristas minoristas, unos USD 900 millones, existe una bolsa de USD 2.100 millones en depósitos no asegurados que están en absoluta cuerda floja.

De ese monto sin garantía, casi USD 900 millones pertenecen al sector público, incluyendo a las entidades binacionales y, lo que es peor, la mitad de esa masa de dinero corresponde a los fondos de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Fitch advierte que el Gobierno de Alliana sufrirá una presión política para rescatar con dinero del Tesoro estos fondos no asegurados. Esto implicaría asumir una deuda fiscal inmediata equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), aumentando el déficit y poniendo en riesgo el pago de compromisos futuros.

Más deuda y desconfianza institucional

La agencia internacional proyecta que las necesidades de financiamiento del Estado paraguayo se dispararán entre 2026 y 2027. Las previsiones de déficit fiscal pasaron al 3,2% del PIB para este año y al 3,9% para el 2027. “Es improbable que las autoridades alcancen el objetivo de déficit del 1,5 % en 2028, dado el debilitamiento del déficit subyacente”, sostiene el Fitch.

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Según los analistas, a principios de 2027 Paraguay se verá obligado a recurrir a los mercados internacionales, pero ahora deberá pagar tasas de interés mucho más caras por el aumento del riesgo país.

Fitch recordó que Paraguay se encuentra rezagado en el percentil 39 del Índice Mundial de Gobernanza por el bajo control de la corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y las dudas que genera la capacidad de supervisión del Banco Central.

El reporte concluye advirtiendo que, si las autoridades no logran contener el golpe político ni frenar el aumento desmedido de la deuda pública, la nota crediticia del Paraguay sufrirá una inminente rebaja, alejando aún más el anhelado grado de inversión.

En septiembre de este año, Fitch ratificó la calificación de Paraguay en “BB+” con Perspectiva Positiva y la firma estadounidense optó por no dar el paso definitivo hacia el codiciado “Grado de Inversión” (que requiere alcanzar el peldaño “BBB-”)

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A diferencia de las otras dos grandes agencias internacionales, Fitch es la única que no otorga el Grado de Inversión a Paraguay. El panorama general de las calificaciones del país se compone de la siguiente manera:

Moody’s Ratings: Otorgó el grado de inversión en 2024 con una nota de Baa3.

S&P Global Ratings: Concedió el segundo grado de inversión a finales de 2025 al elevar la nota a BBB-.

En el encuentro estuvieron ausentes representantes de Yo Creo y Cruzada Nacional; este último sector habría informado que no acompañará las movilizaciones tras el violento encuentro de Paraguayo Cubas con los manifestantes.

¿Por qué la oposición pide el juicio político contra Emiliano Rolón?

Alcides Riveros, titular del PLRA, señaló que la prioridad es que las instituciones vuelvan a funcionar y que exista un verdadero Estado de derecho.

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Por su parte, la exsenadora Kattya González indicó que toda la mesa de la oposición respalda el juicio político a Emiliano Rolón. “Creemos que existe una necesidad urgente en el Paraguay de justicia y de reparación para el pueblo paraguayo”, sentenció.

A su vez, la exsenadora Desirée Masi (PDP) manifestó que una eventual destitución de Emiliano Rolón servirá como advertencia para los demás agentes fiscales. Repudió que el titular del Ministerio Público asigne únicamente a siete agentes para investigar lo que calificó como la estafa o el robo más grande del Paraguay en su historia, y sostuvo que, como mínimo, deberían trabajar entre 20 y 30 fiscales siguiendo la ruta del dinero.

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González explicó que, si bien articulan acciones para concretar la presentación del libelo acusatorio, la presión ciudadana será determinante. “Pero por sobre todas las cosas, en este momento hacemos un llamado a la ciudadanía. A todo el pueblo paraguayo que nos está viendo. Nosotros necesitamos de la ayuda y del acompañamiento de ustedes. Nosotros necesitamos a la gente en las calles, acompañando a nuestros legisladores”, afirmó.

La exlegisladora sostuvo que la cúpula del Partido Colorado, presidida por Horacio Cartes, buscará blindar al titular del Ministerio Público. “En este momento no existen los números”, admitió.

“Solamente un pueblo que acompañe esta presentación hará posible la materialización de la salida de una persona que participó de manera activa en la construcción de un camino a la impunidad”, agregó.

¿Qué pasará con el contralor Camilo Benítez y el rol de Pedro Alliana?

Consultado sobre un eventual juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, el senador Éver Villalba (PLRA) aclaró que ahora la prioridad y los esfuerzos de la oposición se concentran en el fiscal general, y pidió que también acompañe a Miguel Vázquez en la cárcel de Tacumbú.

A su turno, la senadora Esperanza Martínez (PCC) afirmó que el presidente Pedro Alliana forma parte del mismo equipo político y acompañará cualquier proceso de impunidad. “También está su cabeza en juego”, señaló. Subrayó que Alliana no puede seguir trabajando con los mismos colaboradores de Peña: “No le puede dejar a los dos presidentes de las binacionales cuando uno de ellos incluso era accionista y encima pone la plata de la gente allí”, aseveró.

¿Cuándo serán las movilizaciones convocadas por la oposición?

Respecto a la fecha y organización de una convocatoria ciudadana para marchar en las calles, el concejal Alvaro Grau (PPQ) informó que los distintos sectores de la oposición ya trabajan en una propuesta concreta que será anunciada próximamente.

Al respecto aseguró que existe la intención de “recopilar la mayor cantidad de información” para presentar una “carpeta de damnificados” que sería sumada al expediente fiscal sobre la causa.

Esto sería tanto por servicios ya incumplidos o por faltas de confirmaciones de servicios ya abonados de alguna firma que podía tener una relación con Ueno.

“Acá no se trata de una estafa turística como quieren usar el término, ¿verdad? También están siendo afectados por el bloqueo de las cuentas; están en la avalancha, así como gente que tenía bonos en la casa de valores de Ueno", precisó.

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La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dispuso una medida cautelar contra siete agencias de viajes que estarían vinculadas al extinto Ueno Bank ante la recepción de casi 100 denuncias de personas que pagaron por paquetes turísticos, pasajes y excursiones que no se estarían cumpliendo.

La decisión busca evitar que más clientes resulten afectados mientras se aclara la situación de estas empresas.

El director general jurídico de la institución, el abogado Juan U. Heinichen detalló que la medida se tomó luego de recibir una cantidad importante de reclamos. En este sentido, detalló que las empresas mencionadas en la resolución son:

• Uela
• Uela Tour Operator.
• Intertours.
• Inter Express.
• Kostas Travel.
• Comdetur.
• Match.

Para centralizar los reclamos, Senatur habilitó el correo sugerencias@senatur.gov.py, donde los afectados pueden enviar una descripción de lo ocurrido, acompañada de los documentos que respalden su denuncia y, de ser posible, un breve relato de los hechos.

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La medida se sustenta en el impago de un crédito millonario que supera los G. 5.500 millones, el cual cuenta con mandamientos de intimación de pago y embargo insatisfechos. En la presentación judicial se señala que la firma deudora cayó en un estado evidente de insolvencia y falta de liquidez, perdiendo la capacidad para atender regularmente sus compromisos financieros.

El impacto directo de la resolución de Ueno Bank

El pedido de quiebra vincula de forma directa el deterioro económico de la entidad con la decisión adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP). El pasado 3 de noviembre de 2026, la máxima autoridad bancaria comunicó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank SA.

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De acuerdo con informes de calificación de riesgo citados en el escrito, Ueno Bank representaba una parte crucial del EBITDA y de la generación de ingresos consolidados de las unidades de negocio del Grupo Vázquez. Tras las medidas impuestas sobre la entidad financiera y la inmovilización de cuentas, la deudora quedó en una situación de iliquidez crítica ante el vencimiento inminente de sus deudas.

Rastreo de activos y acciones en el fuero penal

El abogado patrocinante Federico Campos López Moreira confirmó en sus redes sociales el inicio del trámite judicial y aseguró que la representación legal mantendrá una postura activa ante las autoridades administrativas, fiscales y judiciales.

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El objetivo central de las acciones planteadas es seguir cada movimiento institucional hasta ubicar los fondos adeudados y lograr que los responsables respondan con sus bienes y penas privativas de libertad.

Asimismo, la demanda solicita formalmente la apertura del denominado periodo de sospecha. Con este mecanismo legal, la querella busca examinar exhaustivamente las operaciones comerciales, transferencias de bienes u ocultamientos de patrimonio realizados previamente por la sociedad deudora, solicitando la nulidad de cualquier acto en perjuicio de los acreedores y de la ciudadanía.

Con estas variaciones, de acuerdo con los legisladores opositores, el cuerpo legal perdió su razón de ser. La Ley 7089 original había sido promulgada en abril de 2023 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, en coincidencia con el Día del Periodista y a pocos meses de entregar el mandato a Santiago Peña.

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La finalidad de esta normativa era evitar que los funcionarios públicos que ocuparon altos cargos en el Estado aprovechen la información y los contactos obtenidos en sus puestos para trasladarlos como un activo a su currículum, facilitando su contratación en empresas del sector privado que anteriormente regulaban desde la función pública. Sin embargo, desde que el cartismo asumió el control político, la herramienta legal sufrió sucesivos recortes.

¿Qué busca el nuevo proyecto presentado en el Senado?

Ante este escenario, los senadores opositores Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramaín (Independiente) y José Oviedo (Yo Creo) presentaron un proyecto de ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

¿Qué impacto tuvo el caso Ueno/Peña en la presentación de la ley?

“Las puertas giratorias facilitaron el crecimiento de Ueno, su acceso privilegiado a fondos públicos y privados que provocaron la crisis económica, política y social que hoy pagan las familias trabajadoras”, sentenció a través de sus redes sociales la proyectista Esperanza Martínez.

La parlamentaria indicó que por esta razón presentaron una iniciativa que deroga las modificaciones introducidas a la ley original, las cuales debilitaron los mecanismos de prevención y control.

“Vamos a incorporar mejoras durante el actual proceso legislativo de manera a elevar la capacidad de control, la exigencia de transparencia y publicidad, así como las sanciones”, concluyó.

Ya Camilo Benítez, contralor, denunció públicamente que durante la gestión de Carlos Carvallo Spalding, de un pedido con 55 puntos solicitados tras las denuncias sobre Ueno Bank, el BCP solo respondió 8 intrascendentes, alegando el secreto bancario, lo que el titular de la CGR calificó de inconstitucional. Tanto Peña como Carvallo fueron imputados y mandados a prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

En el caso de Carvallo, la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Fernando Rivarola, actual miembro del directorio del BCP, quien antes del colapso del banco de los exsocios de Peña era funcionario de la Superintendencia de Bancos, emitió un informe dirigido al directorio sobre faltas y excesos de las operaciones entre empresas vinculadas de Ueno Bank, tras lo cual fue comisionado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por el propio Peña.

En ese sentido, Leandro Villalba, Director de Auditoría Forense de la CGR y quien lidera el equipo de contralores que ingresará a la banca matriz, destacó la apertura del nuevo directorio del BCP.

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“Es fundamentalmente buscar conocer todos los pronunciamientos, todos los pareceres, todos los dictámenes y todo lo que tiene que ver con las recomendaciones que ha hecho la unidad jurídica al BCP, al presidente y al directorio, muy en particular y muy en especial en lo que tiene que ver con Ueno Bank, la fusión entre Ueno Bank y Visión Banco, y el pase a calidad de banco de Ueno que antes era una financiera”, precisó.

Anterior directorio del BCP hizo “interpretación falaz” de su ley

Agregó que la auditoría abarca cualquier información que pueda ser relevante para esclarecer los hechos relacionados a la falta del control de la casa matriz y cómo influyó en el colapso de Ueno Bank.

Detalló que los dictámenes y pronunciamientos emitidos son importantes para entender las determinaciones y recomendaciones que se tomaron por parte del anterior directorio del BCP y si son o no coincidentes con las recomendaciones jurídicas emitidas.

Dijo que también se va a prestar mucha atención a las alertas emitidas por parte de diferentes dependencias del BCP en todo lo que guarda relación a Ueno Bank.

Contraloría intimó al BCP ante falta de respuestas por Ueno Bank

“El precedente inmediato que tenemos en el que el propio BCP negó información a la CGR amparándose en una interpretación incorrecta y falaz de la propia ley del BCP, pretendiendo ampararse supuestamente en el secreto bancario para negarle información a la CGR, que es el órgano constitucional de control”, criticó.

“Es una vergüenza que el BCP haya negado información a la Contraloría”

Recordó que la CGR se pronunció muy concretamente mediante una nota al BCP señalando su discrepancia en dos oportunidades, la última de ellas a principios de noviembre, en el marco de la auditoría que no pudo concluir de forma satisfactoria por culpa de esta negativa.

“Es una vergüenza que el BCP haya negado información a la Contraloría, pero felizmente las nuevas autoridades del BCP sí se muestran abiertas, abren el BCP al control de la Contraloría y ellos mismos hacen el pedido de esta auditoría que va a llegar a fondo de todo lo que pasó dentro de la unidad jurídica”, resaltó.

Explicó que la propia ley del BCP indica que el secreto bancario y la reserva de las actuaciones no está afectada a los pedidos del CGR, a la vez de precisar que quienes formen parte del equipo auditor sí van a tener el deber de secreto en relación a aquellas informaciones que podrían afectar el secreto bancario.

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Aclaró además que la Contraloría no está interesada puntualmente en quiénes son los ahorristas, sino determinar qué se decidió, por qué se decidió, cuáles fueron los fundamentos, en qué momento, bajo qué criterios, cuáles fueron los posibles conflictos de interés que se presentaron, entre otros puntos.

“Sabemos perfectamente que la gente de todos modos va a estar enfadada, pero nuestra función ahora es llegar a fondo de qué fue lo que aconteció para contribuir a esclarecer cada uno de los hechos. La Contraloría no es el órgano de control de los bancos y las financieras, el BCP lo es y ese control que el BCP debió hacer fue el que falló. Entonces ahora tenemos que encontrar las causas fundamentales y las fallas concretas dentro de la gestión del BCP para que esto nunca más vuelva a suceder”, sostuvo.

Resultado de auditoría estaría a principios del 2027

Dijo que tratarán de obtener resultados de la auditoría para principio del año que viene, pero que eso va a depender del volumen de la documentación que el BCP pueda proveer a la CGR, ya que se concentrarán en los documentos críticos, más relevantes relativos a la fusión entre Ueno y Visión, el pase de financiera a banco de Ueno Bank y todo lo que se hizo en el periodo de tiempo que comprende del 2021 hasta el 2026.

Una vez concluido, el informe final será derivado a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento y el deslinde de la responsabilidad, para individualizar las responsabilidades, “porque lo que ha acontecido no puede quedar impune”, sentenció.

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Recordó que la Contraloría fue la primera entidad que hizo una advertencia al respecto de la concentración de los fondos del IPS en muy pocos bancos, uno de ellos Ueno Bank, así como también advirtió de la falta de suficientes garantías en caso de que se presente algún tipo de problema de solvencia en la entidad bancaria que concentre esos fondos, mucho antes del colapso.

“En ese momento el Contralor General dispuso una auditoría a la Superintendencia de Bancos, que intentó avanzar, pero se encontró con la negativa antes referida de las exautoridades del BCP que no querían que se les controle”, refirió.

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“Cualquier persona que haya tenido un crédito de la AFD gestionado a través de este banco, nosotros vamos a estar comunicando en la brevedad posible a través de qué bancos van a estar pagando sus cuotas normalmente”, indicó la titular de la entidad financiera.

Identificación de carpetas y alternativas de pago

Manifestó que la administración central trabaja de manera conjunta con el interventor designado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para identificar la totalidad de las carpetas afectadas por la medida. En total, el universo comprende 3.637 carpetas que corresponden tanto a personas físicas como a empresas, por un valor aproximado de 184 millones de dólares.

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El plan operativo contempla dos opciones principales para dar continuidad a la vida financiera de los créditos vigentes. Una alternativa consiste en la transferencia de la cartera a otra institución bancaria que asuma la administración, mientras que la segunda prevé la creación de un fideicomiso con bocas de cobranza propias para recibir los pagos.

“Este proceso administrativo que está generando un retraso. De ninguna manera va a generar ningún costo, ninguna penalidad, ningún empeoramiento en lo que es el perfil crediticio de la persona, la familia, la empresa”, puntualizó la presidenta de la AFD.

Existe solvencia del sistema financiero, sostiene

La autoridad de la AFD remarcó que la caída de Ueno Bank representa un caso puntual dentro del mercado local y aseguró que el resto del sistema financiero mantiene niveles sólidos de operación y liquidez.

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Asimismo, aclaró que la AFD opera mediante una estructura de intermediación financiera en la que los deudores mantienen una obligación directa con el organismo estatal.

“La AFD no tiene recursos en Ueno como tal. Sí, como nosotros nos dedicamos a realizar la intermediación financiera, como con otros bancos, las personas tienen deuda con la AFD”, explicó la funcionaria para diferenciar el modelo operativo de la institución pública.

Ante la circulación de mensajes fraudulentos en plataformas digitales, exhortó a la ciudadanía a ignorar pedidos de información personal o supuestas gestiones de intermediación ofrecidas por terceros ajenos a los canales oficiales. “Hay que evitar caer en cualquier tipo de estafa de de estos ciberdelincuentes”, advirtió.

Varias autoridades de la AFD ponen sus cargos a disposición

En el ámbito institucional, los miembros del directorio de la AFD decidieron poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo tras los sucesos vinculados a la intervención bancaria.

La medida incluye a la directora Dominica Zavala Zubizarreta, cuyo vínculo familiar con un directivo de la entidad intervenida generó consultas públicas sobre posibles conflictos de interés.

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“Miren, esa no es una decisión que está en mi ámbito, pero hemos puesto todos nuestros cargos a disposición”, respondió la titular de la agencia al ser consultada sobre la continuidad de los funcionarios en sus puestos.

Por último, el organismo reiteró que la ciudadanía recibirá notificaciones directas a través de los medios de comunicación y de las plataformas institucionales ni bien concluya el catastro definitivo de los expedientes bajo revisión técnica.

El pedido solicita informes detallados al Poder Ejecutivo sobre los depósitos, colocaciones, inversiones, fideicomisos, operaciones financieras y demás instrumentos realizados con recursos públicos o fondos de entidades estatales en UENO Bank S.A., UENO Holding S.A.E.C.A. y otras sociedades o entidades vinculadas, directa o indirectamente. Esto incluye a aquellas que hayan intervenido como fiduciarias, administradoras, intermediarias, cesionarias o beneficiarias de operaciones relacionadas.

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Los proyectistas señalan que el informe deberá abarcar el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y la fecha de contestación del documento, sin perjuicio de incluir antecedentes anteriores cuando se trate de operaciones cuyos efectos, saldos, obligaciones o consecuencias financieras se mantengan vigentes.

¿Quiénes son los senadores detrás del pedido de informe al Ejecutivo?

La iniciativa fue presentada por los legisladores opositores Rafael Filizzola (PDP); Esperanza Martínez (PPC) e Ignacio Iramaín (Ind). A través de sus redes sociales, Filizzola señaló que el documento remitido a la Presidencia reclama datos oficiales sobre los depósitos, inversiones y demás operaciones financieras ejecutadas con fondos públicos en Ueno y entidades vinculadas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hizo con la plata pública y quiénes son los responsables”, expresó el parlamentario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

¿Por qué se postergó el proyecto para modificar la ley de Senabico y proteger a ahorristas?

Tras el levantamiento de la sesión ordinaria por falta de quórum, en rueda de prensa el senador Filizzola lamentó que no se haya podido tratar su proyecto orientado a modificar la ley de Senabico para priorizar la devolución de fondos a los ahorristas afectados.

“Básicamente, la ley de Senabico establece una serie de destinatarios para los bienes comisados. Nosotros planteamos que en este caso todo lo comisado sea para resarcir a las víctimas de esta estafa. Que no tenga el curso normal que la Ley de Senabico establece, donde una parte va a la policía, otra a la Senad, etcétera”, aseveró.

Asimismo, recalcó que dentro de este esquema de protección “todas las víctimas, tanto los ahorristas como los pasivos laborales, por supuesto, tienen también un privilegio. Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de quienes fueron empleados de estas empresas y del banco mismo”.

Datos preliminares: esto perdió el Estado en Ueno, según Ever Villalba

Según un informe preliminar del senador Ever Villalba (PLRA) el Estado habría perdido US$ 1.000 millones con:

• El Instituto de Previsión Social (IPS) USD 516 millones.
• Itaipú Binacional USD 163,8 millones y G. 115.200 millones.
• MEF - Caja Fiscal G. 250.000 millones.
• ANDE USD 31,64 millones.
• Caja Bancaria G. 186.250 millones.
• CAJUBI (Caja de Itaipú) G. 180.402 millones.
• Conatel G. 70.000 millones.
• Caja de Jubilaciones de la ANDE G. 41.251 millones.
• SENAVE G. 41.500 millones.
• Petropar G. 40.000 millones.
• Municipalidad de Asunción G. 7.742 millones.
• Cuerpo de Bomberos Voluntarios G. 2.000 millones.
• Corte Suprema de Justicia con G. 539,4 millones.

En comunicación con el director general jurídico de la institución, el abogado Juan U. Heinichen explicó que la medida se tomó luego de recibir una cantidad importante de reclamos. En este sentido, detalló que las empresas mencionadas en la resolución son:

• Uela
• Uela Tour Operator.
• Intertours.
• Inter Express.
• Kostas Travel.
• Comdetur.
• Match.

Además, sostuvo que existen otras firmas incluidas en las operaciones comerciales señaladas y que la vinculación de estas empresas con el grupo fue identificada a partir de la información disponible de la institución.

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Aclaró que desde el momento de la notificación, las firmas afectadas quedan imposibilitadas de seguir vendiendo sus productos turísticos, ya que para operar deben estar registradas y habilitadas por Senatur.

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En ese contexto, el director jurídico señaló que los reclamos no se refieren solamente a posibles operaciones futuras, sino también a servicios que ya fueron pagados por los clientes. Entre los casos recibidos hay personas que compraron pasajes aéreos, excursiones y paquetes turísticos, pero no obtuvieron todos los servicios comprometidos.

“Para nosotros es muy alarmante la situación porque van subiendo los números y los montos”, manifestó.

Entre las principales irregularidades denunciadas figuran pasajeros que cuentan con sus boletos de avión, pero no tienen confirmadas las reservas de hoteles ni los traslados incluidos en sus paquetes. También se recibieron consultas sobre excursiones de fin de año organizadas por instituciones educativas.

Ante este panorama, Heinichen adelantó que mantendrán reuniones con representantes de las empresas para conocer qué respuestas pueden ofrecer a los afectados.

Senatur buscará acompañar los reclamos

Respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, el funcionario reconoció que cada situación deberá analizarse de manera particular. Senatur buscará acompañar los reclamos dentro de sus atribuciones legales y orientar a los usuarios para que puedan acudir a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) o a la Fiscalía, en caso de que existan hechos que puedan tener consecuencias penales.

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Además, señaló que la institución tiene conocimiento extraoficial de que algunas agencias estarían contactando a sus clientes, pero debe verificar si realmente están cumpliendo con sus compromisos.

No obstante, realiza consultas para verificar si las empresas están involucradas en investigaciones judiciales, lo que podría limitar su actuación administrativa.

Cómo pueden reclamar los afectados

Para centralizar los reclamos, Senatur habilitó el correo sugerencias@senatur.gov.py, donde los afectados pueden enviar una descripción de lo ocurrido, acompañada de los documentos que respalden su denuncia y, de ser posible, un breve relato de los hechos.

El director jurídico precisó que actualmente, el equipo destinado a atender estos casos estaría integrado por 17 personas, entre abogados y funcionarios de otras dependencias.

Finalmente, el director jurídico adelantó que Senatur informará sobre las conversaciones y posibles soluciones que se alcancen con las empresas involucradas.

“La ciudadanía también tiene que estar atenta a que Senatur se va a pronunciar” sobre los avances y las respuestas que puedan darse a las distintas denuncias, concluyó.

La Asociación Paraguaya de Espina Bífida (APAEBI) denunció hoy una problemática recurrente que gira en torno a un elemento tan básico como vital: las sondas para el cateterismo.

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Rosa María Aveiro, presidenta de la Asociación, explicó que para un paciente con esta condición, este procedimiento no representa una alternativa médica opcional, sino una rutina diaria e ineludible prescrita por profesionales para preservar el funcionamiento de sus riñones y garantizar su supervivencia.

Sin embargo, Aveiro aseguró que los hospitales públicos atraviesan un desabastecimiento crónico, dejando a los pacientes a la deriva y obligando a las familias a asumir una insostenible carga económica para costear insumos que el Ministerio de Salud debería proveer de forma oportuna y gratuita.

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Aveiro resaltó que detrás de cada faltante en las farmacias de los hospitales públicos hay rostros, historias de desgaste emocional y familias que hacen malabares financieros. “La interrupción abrupta de estos procedimientos o la utilización forzada de calibres inadecuados debido a la escasez estatal no solo desencadena infecciones urinarias recurrentes, sino que acelera daños irreversibles en el sistema renal de niños, jóvenes y adultos”, manifestó.

Ante la nula respuesta y el silencio de las autoridades del Ministerio de Salud, las familias nucleadas en la Asociación se preparan para una manifestación pacífica para mañana, jueves 12 de noviembre, a partir de las 08:00, frente a la sede ministerial (Pettirossi esq. Brasil).

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La presidenta de la Asociación afirmó que el reclamo es categórico y no admite más demoras. “Exigimos la regularización inmediata de la entrega de sondas, una provisión continua sin interrupciones, la disponibilidad absoluta de todos los calibres requeridos según prescripción médica y, sobre todo, una respuesta institucional seria que garantice la continuidad de los tratamiento”, expresó.

Con consignas firmes como “¡La salud de nuestros hijos no se negocia!” y “¡No queremos más muertes evitables!”, las familias advierten que si el Estado insiste en mirar hacia otro lado, los reclamos y la presión social continuará escalando.

Pese a la tendencia favorable, el descenso todavía no sería suficiente para que el Paraná abandone el nivel de primeras inundaciones contemplado en el Boletín Hidrológico.

Para volver a su cauce normal, deberá ubicarse por debajo de los 108 metros, escenario que podría alcanzarse el lunes, siempre que no se registren cambios desfavorables en las condiciones meteorológicas.

Uno de los factores que mantiene en alerta a los técnicos es el pronóstico de lluvias intensas entre el domingo y el lunes.

Entre las perspectivas positivas figura la posibilidad de que las precipitaciones más importantes se registren fuera de la cuenca del río Yguazú, que también aporta agua al río Paraná.

La estabilización del caudal del río Yguazú favorecería el drenaje del agua acumulada en el Paraná. De esta manera, contribuiría a disminuir el riesgo de que la crecida actual vuelva a intensificarse durante los próximos días.

En este contexto, la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú recomienda a los pobladores de los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este mantenerse atentos a los comunicados de la institución.

Referencias de las cotas de inundación

Los niveles que marcan el inicio de las inundaciones en los diferentes sectores del río Paraná se determinan a partir de las mediciones registradas en la estación de referencia del Puente de la Amistad.

Sector San Rafael, en Ciudad del Este:

• 108,40 metros: puente peatonal.
• 112,30 metros: calle de concreto.
• 116,00 metros: Club Lenteros Unidos.
• 121,60 metros: acceso a la escuela San Rafael.

En el distrito de Presidente Franco:

- 122,20 metros: Puerto Tres Fronteras.

Al respecto, el concejal municipal Rodrigo Benítez (ANR) señaló que el principal pedido consiste en realizar un recapado total de la vía, además de habilitar y reparar las banquinas, consideradas fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios.

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El turismo en riesgo

El concejal Rodrigo Benítez mencionó que el deterioro de la ruta también afecta al sector turístico, considerado uno de los principales motores económicos o “pulmón” de la comunidad ayolense.

En ese sentido, enfatizó que, para continuar impulsando y promoviendo la llegada de visitantes, es necesario garantizar condiciones óptimas de transitabilidad que respondan a las expectativas de quienes eligen la zona como destino para vacacionar o pasear.

El plan de acción contempla gestiones ante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Gobernación de Misiones, con el objetivo de conseguir una respuesta a la problemática.

El edil destacó que el intendente municipal cuenta con buena predisposición para acompañar el reclamo de los pobladores de Corateí. Asimismo, mencionaron el acompañamiento del concejal Víctor Espínola (ANR), quien impulsa la causa desde la Junta Municipal en representación de los habitantes de la comunidad veraniega.

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Al respecto, la doctora Mirtha Rodríguez, directora del Departamento de Salud Mental del ministerio, confirmó que los profesionales del área de psicología atienden de forma permanente las 24 horas durante los 7 días de la semana, mientras que la ciudadanía puede acceder a la línea desde cualquier punto del país.

Asimismo, detalló que el equipo está integrado por licenciados en psicología que reciben entrenamiento específico para la resolución de crisis emocionales y situaciones de emergencia vinculadas con la desesperación económica.

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Gestores sociales y enlaces

Según la doctora, el programa también incorpora trabajadoras sociales que cumplen funciones como gestoras de casos. Estas profesionales establecen la coordinación necesaria con los núcleos familiares y las comunidades de los afectados.

“Sí, hubo un aumento de llamadas; cualquier persona puede llamar y va a recibir esa contención. Si necesita una atención, se coordina. Una persona puede estar desesperada si perdió todos sus ahorros, tiene hijos, cuentas, estamos 24/7 al servicio”, aseguró.

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Además, la exintendenta, María Cristina Servín (ANR), dejó la comuna con saldo cero, manifestó el nuevo jefe comunal, Tomás Fidelino Rivas (ANR).

Rivas explicó que la situación afecta directamente a los caminos de las compañías, por lo que buscarán recuperar las máquinas lo más rápido posible. Mientras duren las reparaciones, la Municipalidad recurrirá a la Gobernación de Paraguarí y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para atender los reclamos más urgentes.

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Agregó que, tras la revisión general de las máquinas viales, constató que el camión tumba, una retroexcavadora, dos camionetas, la motoniveladora y un tractor presentan problemas mecánicos por falta de mantenimiento. Además, no cuentan con batería ni cubiertas.

Reparaciones por más de G. 559 millones

Lo preocupante es que, con el corte administrativo, se detectó que entre 2023 y 2025 la Municipalidad pagó G. 559.500.000 en reparaciones de máquinas viales que hoy están varadas y en desuso, con diversos desperfectos mecánicos, sin cubiertas y sin baterías.

• Octubre de 2023: mediante la Resolución I.M. Nº 32/2023, del 19 de octubre, la exintendenta Servín adjudicó por G. 455.000.000, por la vía de la excepción, las “reparaciones mayores de maquinarias de la institución municipal” a la firma unipersonal Taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez Fabio. La resolución no detalla qué equipos abarcaba.

• Febrero de 2024: se pagó al taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez, G. 75.000.000 por la reparación de equipos viales.
• Diciembre de 2025: se abonaron G. 29.500.000 por el mantenimiento de la motoniveladora a una firma unipersonal cuya representante legal es Cynthia Paniagua Arrua, del Taller Mecánico “Alan”.

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Comuna pagó G. 420 millones por un camión que está varado

Según documentos, la Municipalidad adquirió en 2024 un camión tumba marca Scania, de procedencia sueca, por G. 420.000.000. El contrato lleva la firma de Francisco Díaz de Vivar. En menos de dos años de uso, el camión ya presenta desperfectos mecánicos que quedaron sin reparar.

Preocupan deudas pendientes de pago

La nueva administración heredó de la gestión de Servín una deuda pendiente de pago de más de G. 1.484.512.750. De ese total, G. 806.202.067 corresponden a salarios de funcionarios y concejales e inversión física.

A esto se suman G. 678.310.683 adeudados a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Ordenan embargo y bloqueo de ocho propiedades ligadas a Peña en San Bernardino

La confusión surgió luego de que el juez penal de garantías Humberto Otazú dictara la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre ocho terrenos en San Bernardino, departamento de Cordillera.

La medida fue solicitada por el equipo de fiscales anticorrupción integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez, con el objetivo de blindar las fincas e impedir que se realicen maniobras de venta u ocultamiento mientras avanza la causa por presunta lesión de confianza y otros delitos contra el expresidente Santiago Peña.

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Títulos sobre la mesa y una distancia de cinco kilómetros

Módica Alsina manifestó que presentó la documentación legal de sus tierras. Con título de propiedad en mano y los planos cartográficos de ubicación, el afectado demostró ante los investigadores que su inmueble no guarda ningún tipo de relación con las obras ni con las propiedades señaladas como pertenecientes a Santiago Peña o a su entorno directo.

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“He aclarado la confusión surgida respecto a mi propiedad. Acompañé el título de propiedad y el mapa correspondientes a fin de acreditar que la propiedad en cuestión no tiene nada que ver con los hechos investigados ni con los imputados en la causa penal N° 92/26. Con dicha aclaración ha quedado establecido que se trata de propiedades completamente diferentes, ubicadas a aproximadamente cinco kilómetros de distancia”, explicó.

Fiscalía solicita la corrección, según el comunicado

El comunicado sostiene que los propios funcionarios del Ministerio Público admitieron el error en la delimitación de los inmuebles. Al percatarse, se solicitó al juzgado del doctor Otazú que proceda a subsanar la orden judicial.

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“Considero importante dar a conocer esta situación para evitar interpretaciones equivocadas sobre la titularidad de mis inmuebles y cualquier vinculación con los hechos investigados”, concluyó.

La víctima fatal fue identificada como Walter Adolfo Cuevas Mendoza, de 48 años de edad quién, se encontraba a bordo de su vehículo Marca Hyundai, modelo Accent, color Plata Año 2016, al momento del incidente ya que el presunto agresor le había bloqueado el paso previamente.

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Cabe señalar, que todo el altercado quedó registrado en imágenes de un video captado por una testigo del hecho, donde se observa que el presunto agresor llega hasta Cuevas con reclamos e inmediatamente con agresiones hacia el ahora fallecido, la víctima padecía de problemas cardíacos.

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En comunicación con medios locales, la testigo que grabó el momento de la disputa aseguró que tras varios minutos de agresiones físicas y verbales el agresor se dio a la fuga, momento en que se acercan para auxiliar a la víctima que aparentemente sufría un paro cardíaco.

La testigo asegura que intentó reanimarlo al percatarse de lo que ocurría, pero lamentablemente falleció en sus brazos.

Desde la Policía Nacional aseguran que fueron comunicados mediante el sistema 911 por lo que se constituyeron hasta el lugar donde constataron el deceso de Cuevas Mendoza.

En este sentido, solicitan la ayuda de la ciudadanía para identificar al otro conductor implicado en la disputa que se dio a la fuga.

Forense señala como causa de muerte un infarto de miocardio

Por su parte, el forense encargado confirmó que el hombre habría fallecido de un infarto agudo de miocardio como causa probable de muerte, posterior a la agresión.

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Su esposa, en comunicación con medios locales, manifestó que su esposo se dirigía a su lugar de trabajo y que efectivamente padecía de problemas cardíacos.

La mujer asegura que la derivación no hubiera sido fatal si no se hubiera registrado un incidente previo, sin embargo, la investigación continúa para esclarecer los hechos.

Los funcionarios presentaron notas ante el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, a quien solicitaron mejores condiciones de trabajo en julio, tras un año de implementación de este sistema. Se trata de 48 funcionarios que realizan turnos rotativos de 12 horas.

Entre los reclamos, exponen el peligro que representa el cruce internacional cuando hay filas extensas y la Gendarmería Argentina habilita los adelantamientos. Esto provoca que los usuarios agredan los vehículos particulares de los trabajadores.

También refieren que la oficina tiene precarias instalaciones eléctricas e incluso goteras. No tienen espacios para alimentarse ni otros espacios adecuados, por lo que deben llevar sus propios alimentos preparados para comer. Tampoco cuentan con sanitarios destinados para ellos.

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Se desempeñan en medio de mucha precariedad, según describieron

Los funcionarios indican que las autoridades de Gendarmería Argentina les prohíben estar fuera de la caseta que funciona como oficina durante toda la jornada laboral.

Sobre las funciones que cumplen, indican que solamente derivan casos en los que el sistema arroja una alerta por algún tipo de irregularidad o requerimiento de la Justicia.

Incluso, manifiestan que los controles de acceso al país se hacen solamente con el sistema argentino. Es decir, Paraguay no tiene un control paralelo de quienes ingresan al país y, para acceder a la información, los funcionarios deben solicitarla a sus pares del vecino país.

Sobre los pedidos realizados a las autoridades paraguayas, no recibieron respuestas. Los funcionarios que pidieron resguardar su identidad manifestaron que solicitan retornar a los controles en la frontera paraguaya, donde se garantizan mejores condiciones de trabajo y autonomía en el control migratorio.

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Gestionarán un lugar adecuado

El director de Movimiento Migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones, Favio Espinoza, detalló que están al tanto de la situación, luego de unas inspecciones que realizaron en el Área de Control Integrado.

Indicó que gestionarán con sus pares de Argentina un lugar más adecuado. Tienen planificado llevar un contenedor oficina para que sea montado del otro lado de la frontera, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, estimó. También solicitaron sanitarios para los trabajadores paraguayos.

Calificó el mecanismo de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC) como una buena experiencia que redujo las esperas en el trámite fronterizo. Sobre el control, explicó que se unificaron los sistemas de alerta de ambos países, lo que genera mejores resultados en materia de prevención.

Estos se activan ante alertas por impedimento de salida o entrada al país y los funcionarios paraguayos cumplen la función de fiscalizar las situaciones irregulares.

La acción judicial se centra en cerca de G. 1.800 millones depositados en cuentas de la Municipalidad de Asunción que quedaron congelados en cuentas bancarias habilitadas durante el año pasado en la entidad bancaria, tras el proceso de resolución, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

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La jefa comunal explicó los pasos que dará el equipo jurídico institucional durante las próximas horas para formalizar el expediente judicial ante las instancias competentes del sistema penal paraguayo.

“Se va a presentar una denuncia seguramente entre hoy y mañana. Estamos tipificando el caso con los abogados. Básicamente hay cerca de G. 1.800 millones que quedaron ahí congelados”, expresó la intendenta.

Auditoría en la Municipalidad de Asunción revela presunta estafa a contribuyentes en Ueno Bank

Como parte de las diligencias internas llevadas adelante por la nueva gestión de la Municipalidad de Asunción, los equipos técnicos se encuentran realizando una auditoría minuciosa sobre un total de cuatro cuentas de la comuna en el banco.

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Al precisar los datos preliminares obtenidos tras las revisiones administrativas, la jefa comunal detalló la situación operativa y los saldos detectados en cada uno de los registros financieros de la entidad intervenida.

“Son cuatro cuentas, como les habíamos ya comentado, una de ellas con saldo cero, tres de ellas que sí tienen ciertos recursos, una que es la más importante es de depósitos de los contribuyentes”, especificó.

“El mismo contribuyente que depositó su pago de impuestos se ve estafado, digamos, porque el dinero no llega a la Municipalidad. Entonces, no son solo transferencias de una cuenta a otra dentro de la comuna, sino que el propio contribuyente que se fue a cumplir, pero finalmente la plata no llegó”, agregó.

En el documento, el edil pide que el intendente Osmar Galeano Zacarías (ANR) exija a la empresa contratista medidas preventivas y control de acceso al área de montaje de la noria o rueda gigante que se instala en el cerro Perõ.

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Según Giménez, varios turistas suben al cerro para observar la noria, que aún no cuenta con cercado de seguridad, señalización ni control suficientes.

Inspección inmediata de la obra por profesionales entendidos en la materia

El pedido fue tratado en la sesión de la Junta Municipal, que, entre otras medidas de urgencia, decidió solicitar al Ejecutivo comunal una inspección inmediata de la obra por parte de profesionales competentes.

Además, se solicita un requerimiento formal a la contratista para que cerque, delimite y señalice el área, e impida el ingreso de personas no autorizadas en todo horario.

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Horario de ingreso y salida al cerro

La Junta Municipal aprobó solicitar al intendente que defina horarios de ingreso y salida del público al cerro, con la posibilidad de restringir el acceso nocturno y habilitar solo recorridos separados del área de montaje. También pidió la custodia de la estructura, cabinas, piezas y herramientas, y el acompañamiento preventivo de la Policía Nacional.

Asimismo, los concejales piden contar con el contrato de adjudicación, el plan de seguridad, los planos, los estudios del terreno y los manuales del fabricante. Solicitan también una evaluación integral de la instalación terminada, a cargo de profesionales independientes de su ejecución, y que no se habilite el uso con público hasta contar con respaldo técnico favorable.

Adjudicación por G. 1.437 millones

La obra fue adjudicada por G. 1.437 millones, por la vía de la excepción, a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González. El contrato, firmado con el exintendente Marcelo Simbrón (ANR), está financiado con un préstamo que compromete los royalties municipales hasta noviembre de 2026.

La atracción, conocida como rueda de Chicago, es nueva de fábrica y tiene 18 cabinas climatizadas, que contarán con conexión wifi y sistema de sonido. En total, puede transportar a 72 pasajeros. Su estructura fue traída de China y se proyectó con 30 metros de altura.

El proyecto turístico cuenta con obras complementarias, como la construcción de la escalinata de 208 metros de altura y un muelle con mirador sobre la laguna artificial ubicada en la cima del cerro.

Mutti explicó que la donación fue concretada tras las gestiones iniciadas luego de la visita oficial que realizó semanas atrás el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee, a la comunidad. En aquella ocasión, el diplomático estuvo acompañado por el entonces vicepresidente de la República y actual mandatario, Pedro Alliana.

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Durante su recorrido por la zona, el embajador visitó los campamentos habilitados para albergar a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y se comprometió a brindar asistencia a los pobladores damnificados, recordó el jefe comunal ayolense.

Destino de los fondos

El intendente José Mutti señaló que inicialmente se había considerado destinar la ayuda a la compra de víveres e insumos básicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual y la bajante gradual del río Paraná, se resolvió priorizar la recuperación de las viviendas afectadas por la inundación.

“De esta manera, el dinero servirá para la compra de materiales destinados a reparar la infraestructura dañada de los hogares, incluyendo trabajos en instalaciones eléctricas, techos, chapas y mampostería, según la disponibilidad presupuestaria”, manifestó el intendente.

Incorporación al presupuesto

Las autoridades municipales confirmaron que los US$ 30.000 serán incorporados oficialmente al presupuesto municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Esto permitirá disponer de los recursos para su ejecución y administración en el marco de las obras de asistencia social.

Finalmente, Mutti agradeció al Gobierno y al pueblo taiwanés por la solidaridad demostrada con las familias ayolenses. Asimismo, adelantó que ya mantienen conversaciones sobre futuras cooperaciones, principalmente en el ámbito tecnológico, con el objetivo de impulsar iniciativas para la región.

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La expectativa de pena del tipo penal de lesión de confianza va hasta 10 años de cárcel, en su modalidad agravada; y para el hecho punible de administración en provecho propio la pena máxima posible es también de 10 años de prisión. En concurso la pena máxima que podría dictarse contra Santiago Peña es de 15 años de cárcel.

La doctora en Derecho Alejandra Peralta llamó la atención hoy sobre los posibles motivos por los cuales Peña no fue imputado también por asociación criminal y enriquecimiento ilícito y dio una explicación al respecto.

Presentó el tema lanzando esta pregunta: “¿Te preguntaste por qué no imputan a Santiago Peña por asociación criminal y enriquecimiento ilícito? ¿O por qué no se investiga todo bajo la misma carpeta fiscal con sus secuaces Vázquez y compañía?”.

Peralta llamó la atención sobre que con esos dos cargos, la expectativa máxima de pena es de hasta 15 años de cárcel.y la mínima de 6 meses.

“Si la Fiscalía amplía la imputación y suma asociación criminal y enriquecimiento ilícito, la pena máxima individual de esos delitos no es mucho más alta (asociación criminal llega hasta 5 años y enriquecimiento ilícito hasta 10). Por eso el techo de años de prisión no se dispara dramáticamente”, reconoce Peralta.

Imputación a Peña: lavado de dinero, el quid de la cuestión, según Peralta

“El quid no está en los años de cárcel, que no te engañen con eso. Lo que sí cambia de verdad es la naturaleza de la investigación. Acá está el quid de la cuestión. ¡El punto clave es el lavado de activos! ¡Oh la lá! La asociación criminal abre la puerta a investigar lavado de dinero. Y el lavado no sirve tanto para sumar más años de cárcel, sino para poder seguir el dinero. La famosa RUTA DEL DINERO”, escribe la abogada.

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Y a continuación, expone que con el lavado de activos la Fiscalía puede rastrear a dónde fue a parar el dinero o los beneficios; investigar empresas, transferencias, cuentas y patrimonio personal o de familiares; pedir el comiso de bienes (es decir, quitárselos) con más fundamento y ampliar la causa a más personas del entorno que hayan recibido, ocultado o movido ese dinero.

“Con los cargos actuales se investiga principalmente lo que se hizo desde el cargo público. Con asociación criminal y lavado de activos se puede investigar qué hicieron con el dinero y recuperar bienes. ¡Esa es la diferencia más importante!“, expresa.

Imputación a Peña: a quién protegen

Según Peralta, al omitir estos cargos, no están protegiendo a Santiago Peña, sino a alguien más a través de él.

“Mientras Emiliano Rolón siga al frente del @MinPublicoPy no tengas esperanza de que se llegue a encontrar el dinero. ¡Que no te engañen con los años de prisión o con las miles de conferencias para decirte que no tienen elementos!”, expresa.

Los avisos oficiales fueron publicados en el diario ABC Color desde el 5 de noviembre. El primer edicto corresponde al juicio caratulado “Liana Emilce Caballero Krause c/ Pedro Sindulfo Giménez Castillo s/ Disolución de la Comunidad Conyugal” (Expediente n.º 385, año 2026).

La causa radica en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría n.º 22, bajo el juez Diego Alejandro Torres Sandoval y el actuario judicial Sergio Tadeo Machuca López, con fecha de firma del 2 de noviembre de 2026. El mencionado juez fue quien concedió el amparo constitucional para proteger los datos familiares del expresidente Santiago Peña y la exprimera Dama Leticia Ocampos.

El segundo edicto judicial tramita la disolución de la sociedad conyugal formada por Holger Aníbal Insfrán Ibarrola -superintendente de Bancos- y María Gabriela Simancas León. La causa se encuentra radicada en la Secretaría n.º 10 a cargo de la actuaria Sabrina Paola Caro, bajo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, interinado por el juez Alfredo Barrios J., con fecha de expedición del 3 de noviembre de 2026.

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Reacciones ante disoluciones

Tras el conocimiento de estos casos, los abogados Ezequiel Santagada y Francisco Segura Riveiro emitieron comentarios al respecto.

Según Santagada, la Procuraduría General de la República, a cargo ahora de Samuel Tadeo Rojas, debería tomar intervención en los juicios y también solicitar “como mínimo” la prohibición de innovar y contratar.

Por su parte, Segura Riveiro apuntó que “les están dando tiempo para borrar sus bienes”, esto ante una “demora de la Fiscalía” en imputar a todos los involucrados. “Qué triste”, enfatizó.

Además, la abogada Cecilia Pérez Rivas explicó que una disolución de sociedad conyugal no es un divorcio, ya que son juicios diferentes.

BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores

Liana Caballero y Holger Insfrán

La economista Liana Caballero, quien ejerció la presidencia de Banco Central del Paraguay de forma interina la semana pasada tras la renuncia del extitular Carlos Carvallo –detenido por el escándalo de Ueno Bank–, presentó ayer su dimisión como miembro del Directorio del ente regulador bancario.

Por su parte, en abril del 2024, Holger Insfrán había sido designado por el expresidente Santiago Peña como superintendente de Bancos. En aquel momento, el economista había prometido trabajar “arduamente” para que el sistema financiero de Paraguay se mantenga sólido.

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El viaje será el primero de Pedro Alliana como presidente de la República al exterior. En el cónclave, el presidente paraguayo se encontrará por primera vez con sus pares de la región. Se verá si asiste el jefe de Estado de Argentina, Javier Milei, quien a propósito, no saludó aún a Alliana, desde el viernes pasado, cuando el entonces vicepresidente asumió en reemplazo de Santiago Peña, destituido en un juicio político del Congreso.

El canciller uruguayo, además, destacó que Uruguay fue “uno de los primeros” en reconocer al nuevo presidente, Pedro Alliana, informó el diario Subrayado de Montevideo.

“Fuimos uno de los primeros países que el día sábado enviamos un mensaje al gobierno de Paraguay deseándole éxitos al nuevo presidente que era el anterior vicepresidente”, dijo Lubetkin. Agregó: “Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado”.

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Así el jefe de la diplomacia del gobierno de Yamandú Orsi se refirió a la destitución del entonces presidente Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por mal desempeño de sus funciones, por su vinculación con la caída de Ueno Bank.

“Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y no hay duda acerca de que se respetaron todos los procesos”, dijo en rueda de prensa Mario Lubetkin sobre la designación de Pedro Alliana. “Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado”, concluyó el diplomático.

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Yamandú Orsi le llamó a Pedro Alliana

La cancillería uruguaya le expresó en su momento “sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades en el marco de los procesos democráticos en ese país hermano”.

Según medios de prensa uruguayos, el presidente Yamandú Orsi intercambió mensajes con Alliana este mismo sábado. Además, el gobierno uruguayo reafirmó “su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilateral, profundizando la integración en el Mercosur e impulsando el desarrollo del proceso de integración regional”.

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Desde la cuenta institucional de X de Presidencia de Paraguay se agradecieron los deseos de éxito por parte de Uruguay. “Los lazos históricos que nos unen reafirman nuestro compromiso de trabajar juntos para el bienestar de nuestros países”, expresó el gobierno paraguayo.

Si bien el BCP informó que ya fueron procesadas un total de 1.738.804 cuentas depositantes afectados por la caída de Ueno Bank, que representa al 93,1% de los clientes, el fondo de garantía cubre solo hasta 75 jornales mínimos por persona, es decir, G. 121.760.000.

Es debido a esto que el CBVP realizó una movilización hoy en imediaciones del Congreso Nacional, considerando que el congelamiento de su cuenta, en la que además depositaron G. 1.400 millones de la colecta nacional hecha recientemente, tienen bloqueados en total G. 2.355 millones, que sería el 30% de su presupuesto general y que afectaría a su operatividad, según indicó la presidenta Lorena Canan.

“Hoy hay una sesión ordinaria del Senado, donde estamos incluidos dentro del orden del día para ver la posibilidad de declarar el impulso de una ley de salvataje financiero para el CBVP, que al menos pueda blindar esos fondos que hoy tenemos ahí paralizados y ver la posibilidad, por supuesto, de recuperar íntegramente esos fondos. Hablamos de G. 2.355 millones, producto de la colecta nacional por una parte y por otra parte, que son fondos genuinos de nuestros respectivos cuarteles a nivel nacional”, precisó.

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¿Cómo afecta el congelamiento de los fondos del CBVP?

Explicó que la paralización de estos fondos afecta directamente en la inversión del financiamiento operativo, como la compra de combustible, que no solamente se realiza para los móviles, sino también para distintos tipos de equipos, bombas, generadores, que se usan en intervenciones.

Otro de los elementos en los que más gastan es en insumos hospitalarios, los que tienen salida diaria por el servicio a nivel nacional las 24 horas del día.

La reparación de varios móviles que hoy están en los talleres también se paralizó ante el congelamiento de los fondos, considerando que cada cuartel tiene que honrar deudas con los talleres.

“Nosotros contamos con una flota de aproximadamente 600 vehículos a nivel nacional y muchos de ellos hoy están en talleres cuyos propietarios esperan cobrar esas reparaciones hechas; ponerles un motor a aproximadamente nos cuesta de 30 a 60 millones de guaraníes y que ya es un costo considerable hoy para cada cuartel”, señaló.

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Servicios del CBVP serán reducidos

Detalló que estos recursos son planificados por los cuarteles que realizan su colecta ya proyectado a un financiamiento específico dentro de sus respectivas compañías.

Sobre el proyecto de ley que se trata hoy dijo que es como lo que está solicitando el Instituto de Previsión Social (IPS), de que se vean recursos provenientes del Estado con los que puedan recuperar íntegramente esos fondos.

“Hoy los fondos que van a otorgar como urgencias solamente representan el 10% de lo que nosotros hoy tenemos ya llamado como perdidos, porque hablamos de G. 2.355 millones y hoy se establece que solamente podemos recuperar G. 238 millones, que prácticamente y lastimosamente eso no es suficiente para todo lo que representa el gasto operativo del CBVP”, insistió.

Agregó que el golpe es muy fuerte, sobre todo porque los aportes provienen de la propia ciudadanía, de la confianza que depositó cada ciudadano y miles de paraguayos durante su colecta nacional y que hoy se ven terriblemente afectados.

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Sobre los servicios, aclaró que si bien tienen recursos para cubrirlos, los cuarteles tendrán que disminuir la flota de vehículos para despachar, como también deberán clasificar a qué tipo de servicios acudir y adelantó que en una medida extrema recurrirán a un paro total si no solucionan la situación, aunque dijo que no está dentro del espíritu de la institución llegar a esa medida.

“Estuvimos nosotros haciendo un estudio, un análisis. Una salida a un accidente de tránsito, un motociclista, eso sin contar las horas/hombre que invierte la institución es de G. 500.000 por accidente. Si ese cuartel tuvo cuatro accidentes de motociclistas, implica G. 2.000.000 de gasto en solo un día. Ni hablemos de las emergencias de gran envergadura que, donde comprometen a varios cuarteles a la vez y más de 12, de 15 móviles”, sostuvo.

Así lo explicó Basilio Duarte, representante de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas, quien analizó el impacto del cierre y la relación que mantenían con la empresa tecnológica.

Consultado sobre la situación del dinero de los conductores retenido tras los inconvenientes financieros y el cierre, Basilio indicó que un sector importante ya logró destrabar sus fondos: “En lo que respecta al dinero que teníamos en Ueno, yo creo que el 95% ya pudo recuperar esa esa platita”.

No obstante, reconoció que quedaron remuneraciones pendientes correspondientes a los viajes de la última semana o del día previo al cierre definitivo. Sin embargo, aclaró que los montos adeudados individualmente son bajos debido a la dinámica diaria de cobros que manejaban.

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Funcionamiento y exclusividad con Ueno

Durante la charla, el referente explicó que el 99% de los viajes en MUV se abonaban de forma digital mediante tarjetas o servicios corporativos, por lo que el manejo de efectivo era mínimo.

Para percibir las ganancias, la plataforma exigía un requisito indispensable: “Al principio aceptaban cualquier tipo de cuenta, pero después ya fue una una exigencia, un requisito tener cuenta de Ueno para para trabajar con MUV”.

Ante la consulta sobre si planifican acciones legales colectivas para recuperar los montos menores que quedaron en el sistema, el representante gremial descartó una ofensiva judicial argumentando los costos de oportunidad del trabajador diario.

Finalmente, concluyó que si bien existe la necesidad de alzar la voz y reclamar ante este tipo de abusos, la urgencia del día a día obliga al sector a superar los traspiés económicos rápidamente: “Viene a ser más o menos te sacudís el polvo y a seguir”.

El evento, a realizarse en el Centro Cultural de Pedro Juan Caballero, consiste en la presentación de libros pertenecientes a tres autores nacionales diferentes. Según el programa, la escritora Marcela Bacigalupo presentará su poemario titulado “Alicia”.

Asimismo, se prevé la presentación del libro “Mujeres extraordinarias del Paraguay”, de autoría de Ana Barreto Valinotti, y la cuarta parte de “ZY, el genio que murió de hambre”, novela escrita por Cristian González Safstrand.

Acercar al lector a los autores, la consigna

El licenciado Sacha Cardona, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, afirmó que uno de los objetivos principales del evento es promover un acercamiento entre el lector y los autores de las obras.

“Con esta actividad, buscamos un espacio cultural, de acercamiento, y es un paso inicial para leer las obras de nuestros autores en instituciones educativas y entre los amantes de la lectura”, indicó Cardona.

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Destacó que iniciativas como esta tienen gran relevancia, teniendo en cuenta que animan a leer “en tiempos en que todo es muy agitado y la gente no tiene paciencia ni para ver videos largos en internet”.

Crisis financiera en Asunción: Soledad Núñez halló una deuda flotante de G. 43.000 millones y 10 meses de atraso

La intendenta de Asunción reveló este miércoles el crítico estado financiero en que encontró la Municipalidad, calificando la situación como un cuadro de severo desorden y desfondo institucional. El diagnóstico preliminar confirmó un atraso de cerca de diez meses en los pagos a la mayoría de los proveedores comunales. Esta morosidad provocó que múltiples empresas suspendieran la provisión de insumos esenciales y la prestación de servicios operativos clave para la capital.

El equipo técnico de la intendenta identificó una deuda flotante por G. 43.000 millones (US$ 7,2 millones). La intendenta aclaró que eso “es lo que terminó el circuito que está listo para pagarse, pero dentro del circuito todavía estamos identificando porque incluso estimamos que esa deuda es mayor”, debido a que existen numerosos compromisos financieros en proceso de verificación interna.

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El asesor financiero de la intendenta, Stephan Rasmussen, precisó a ABC el fuerte impacto que representa el rubro de los combustibles. “De los G. 43.000 millones de deuda, G. 30.000 millones corresponde a la deuda de combustible, a un promedio de G. 3.000 millones por mes, lo que significa que el exintendente no pagó la deuda en todo el año”, dijo.

El asesor de la nueva intendenta criticó severamente que, mientras que el exintendente Luis Bello (ANR-cartista) se jactaba de dejar G. 30.000 millones “en caja”, esta cifra resulta absolutamente insuficiente para cubrir el pasivo flotante ni los costos fijos inmediatos. “Dejaron G. 30.000 millones en caja, pero 43.000 millones para pagar, además de los gastos salariales, que son alrededor de G. 50.000 millones por mes”, dijo Rasmussen.

Desabastecimiento de combustible en la Municipalidad de Asunción y 21 licitaciones omitidas para 2027

La intendenta de Asunción denunció que la parálisis en los servicios de recolección de basura se manifestó de forma inmediata al inicio del nuevo periodo de gobierno municipal. “Realmente nos dejaron sin combustible, esa es la realidad. Asumimos una administración donde al día siguiente ya no teníamos combustible para que los camiones recolectores hagan a juntar la basura, que son cuestiones bastante críticas”, expuso Núñez.

Ante la falta de insumos, la Intendencia remitió un pedido de reprogramación presupuestaria a la Junta Municipal para trasladar fondos entre programas sin incrementar el gasto global. “Eso es simplemente una cuestión de técnica presupuestaria porque necesitamos que eso esté adecuado para poder hacer el llamado y contar con el combustible, sobre todo los primeros meses del año que viene”, argumentó.

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A la falta de recursos se suma la omisión deliberada de trámites administrativos para el abastecimiento futuro de la capital. La revisión detectó que la administración anterior no ejecutó llamados a licitación indispensables para la provisión de materias primas. Stephan Rasmussen advirtió que “hay cerca de 21 llamados que no se hicieron para el año que viene, o sea, no se dejó prácticamente programado que la municipalidad siga existiendo en el 2027”.

Rasmussen remarcó que el déficit de llamados licitatorios compromete los plazos legales y operativos. La falta de previsión en carburantes y materias primas impacta directamente sobre dependencias críticas como Vialidad y Servicios Urbanos, responsables de servicios críticos como el bacheo, la limpieza y la recolección de basuras. Frente a este escenario, las autoridades municipales manifestaron concentrar sus esfuerzos en la contención de la crisis operativa sin interrumpir las prestaciones básicas para la ciudadanía.

Trabas en la Junta Municipal de Asunción: la bancada colorada frena la reprogramación para combustible

La solicitud de reprogramación presupuestaria de G. 7.057 millones enviada por la Intendencia enfrentó el freno de la bancada opositora colorada, que hizo valer su mayoría de 15 concejales en la Junta Municipal para poner el “palo en la rueda”. El concejal Pablo Callizo (PPQ) aclaró durante la sesión que el proyecto busca “garantizar la provisión de combustibles para Servicios Urbanos y Vialidad” y remarcó que “es reprogramación, no ampliación de contrato, no implica nuevos compromisos”.

Los concejales colorados rechazaron el tratamiento sobre tablas y exigieron la remisión del expediente a comisiones. El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) cuestionó la urgencia del oficialismo señalando la necesidad de “evaluar” y “no aprobar nomás a tambor batiente, sin leer el expediente”. La misma postura fue acompañada por otros ediles colorados, como César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) y Sebastián Radice (ANR-cartista).

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Desde la oposición denunciaron que la situación es herencia directa de la gestión cartista anterior. “Si tan solo no se hubiera robado tanto combustible, si tan solo el intendente saliente Luis Bello hubiera hecho su trabajo, no habría riesgo de que en esta primera semana de nuestra gestión no se junte la basura”, cuestionó Sebastián Garay (PPQ). “Yo mismo redacté la denuncia que hicimos por el combustible fantasma, 1.900 litros de combustible mensuales. No podemos dejarle a la gente sin servicios tan básicos como esos, porque se nos va a venir encima, no a Soledad, a toda la administración”, agregó Maximiliano Seiferheld (PDP), uno de los denunciantes de las irregularidades durante la gestión anterior.

Tras el debate en el pleno, la mayoría cartista impuso enviar el mensaje a la Comisión de Hacienda, con la condición de que ésta sesione mañana, jueves, para analizar el pedido de reprogramación presupuestaria. En caso de dictamen favorable, la mesa directiva podría convocar a una sesión extraordinaria del pleno para este viernes a fin de resolver la emergencia.

Veto al Presupuesto 2027 de Asunción y el escenario de copamiento cartista en la Junta Municipal

En la misma sesión, ingresó de forma oficial el mensaje de la Intendencia que comunica el veto parcial al Presupuesto Municipal 2027, que fue remitido a la Comisión de Hacienda. La intendenta aseguró que mantiene conversaciones con diversos sectores de la Junta Municipal con el objetivo de lograr el respaldo al veto antes de que venza el plazo legal este lunes, tras el cual tendría sanción ficta. “Entendemos que hay una comprensión de que el veto es el camino necesario”, dijo Núñez.

El escenario político de la capital refleja un marcado predominio de la bancada colorada opositora, con 15 miembros en la Junta Municipal. El bloque consolidó el control de 16 de las 24 Comisiones Asesoras Permanentes del legislativo comunal. En este esquema, instancias estratégicas como las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto permanecen bajo la conducción directa de concejales pertenecientes a la bancada cartista.

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La hegemonía opositora se extiende al ámbito de los organismos especiales y representaciones institucionales del municipio. De las 9 Comisiones Especiales constituidas en el cuerpo legislativo, 7 se encuentran bajo la presidencia de ediles colorados cartistas. El bloque también encabeza 11 de los 13 Consejos Municipales activos y ejerce la titularidad de la única comisión interinstitucional.

Crecida del río Paraguay arrasa cultivos y amenaza al ganado en Humaitá

El nuevo intendente municipal, Héctor Cáceres (ANR), manifestó su preocupación por la falta de asistencia y cuestionó que, pese a los pedidos realizados, hasta ahora no recibieron ningún tipo de respaldo para las familias afectadas.

El jefe comunal señaló que las consecuencias de la inundación golpearon especialmente a los pequeños productores, quienes perdieron tanto sus cultivos de autoconsumo como aquellos destinados a la comercialización.

“Si bien el casco urbano de Humaitá no registró viviendas inundadas, la situación de las familias rurales es preocupante debido a que quedaron sin producción y, por consiguiente, sin una fuente de ingresos”, precisó.

La crecida del río Paraguay destruye caminos y golpea a productores en Humaitá

Héctor Cáceres indicó que ya habían solicitado asistencia para los afectados, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. Dijo que, ante esta situación, planteó al ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (R) Óscar González, durante su reciente visita a Itá Corá, las necesidades de su comunidad.

Municipalidad con deudas y sin recursos

Por otra parte, Héctor Cáceres describió un complicado escenario financiero en la Municipalidad de Humaitá tras asumir el cargo.

Explicó que, luego del corte administrativo, detectaron obligaciones pendientes correspondientes a las dos administraciones anteriores, encabezadas por Julio Caballero (PLRA) y Telesfora Villalba (ANR).

Afirmó que comenzaron la gestión con una deuda de 700 millones de guaraníes. “Prácticamente estamos sin recursos disponibles, con apenas 6.008.000 guaraníes de saldo en cuenta corriente, situación que limita la capacidad de respuesta del municipio ante las múltiples necesidades de la población y una deuda de 700 millones de guaraníes”, explicó.

El intendente también anunció una profunda reestructuración financiera, que contempla una reducción del presupuesto municipal para el ejercicio 2027.

Explicó que durante los últimos diez años se manejó un presupuesto que consideró ficticio, porque no se ajustaba a los ingresos reales de la institución.

En ese sentido, detalló que el presupuesto anterior ascendía a G. 11.300 millones, mientras que la nueva propuesta presentada ante la Junta Municipal contempla aproximadamente G. 5.400 millones. El documento fue remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio.

La reingeniería también alcanzará a la estructura administrativa y al funcionamiento institucional. Cáceres señaló que buscará optimizar los recursos humanos disponibles, asignando múltiples funciones al personal contratado, además de concentrar en Humaitá las tareas contables y administrativas que anteriormente eran derivadas a la ciudad de Pilar.

Recurrirán a una auditoría para aclarar el destino de G. 22.000 millones

Otro de los puntos mencionados por el nuevo jefe comunal es la auditoría de las administraciones anteriores, un reclamo que, según afirmó, proviene de los propios pobladores, quienes exigen conocer cómo fueron utilizados los recursos municipales.

Cáceres manifestó que en los archivos de la institución no quedaron documentos administrativos, por lo que la auditora Marta González Ayala deberá recurrir a informes remitidos a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los extractos bancarios de las cuatro cuentas que posee la comuna.

“El objetivo es esclarecer el destino de aproximadamente G. 22.000 millones que, según el intendente, fueron transferidos a la Municipalidad de Humaitá durante los últimos cinco años”, explicó.

Dijo que la auditoría contempla tres informes parciales, previstos a los 30, 60 y 90 días, para finalmente contar con un diagnóstico sobre la situación administrativa y financiera heredada.

El nuevo intendente enfrenta así dos frentes urgentes: por un lado, la falta de asistencia para los productores que perdieron toda su producción por la inundación y, por otro, una municipalidad con serias limitaciones financieras, deudas heredadas y una estructura administrativa que pretende reorganizar para recuperar su capacidad de gestión.

Itaipú presenta denuncia penal contra Ueno Bank y sus directivos para recuperar fondos

En el Alto Paraná, corre el rumor de que esta “confesión” por parte de la entidad dirigida por Zacarías Irún, no le habría caído nada bien a Pedro Alliana y supuestamente, estaría analizando su remoción del cargo.

En ese contexto, el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, llegó hoy a Hernandarias para participar de la apertura del Paraguay Business Week (PBW) 2026. El mismo fue recibido por el propio director general paraguayo de la Itaipú y otras autoridades en el aeropuerto de la entidad.

Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

Las imágenes muestran un efusivo encuentro, contrastando con la turbulencia política que vive el Clan Zacarías luego de la destitución por Juicio Político a Santiago Peña y la promesa de Alliana de recuperar los fondos públicos y castigar a las cabezas que hayan sido parte del esquema al depositar el dinero en Ueno Bank.

Cuatro consejeros afuera

El día de ayer, el El Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Moreno y Javier Giménez al Consejo de Administración de Itaipú y dio por terminadas las funciones de Claudia Centurión y Carlos Fernández Valdovinos, según dos decretos.

Itaipú: Ejecutivo echa a dos consejeros y acepta la renuncia de otros dos, en plena crisis de Ueno

En 2023, el entonces presidente Santiago Peña los había incluido en el Consejo por sus cargos de gobierno y con el compromiso de no cobrar un guaraní extra. Pero eso cambió ya que Giménez fue renominado por el Decreto 5556 en febrero de 2026 y Fernández Valdovinos (cuyo domicilio fue allanado ayer) por el 5851.

Según aclaró Itaipú el 11 de mayo, ambos pasaron a cobrar sus honorarios de consejeros, que rondan los G. 119 millones mensuales. Mientras que Moreno y Centurión seguían percibiendo solo el sueldo de sus ministerios.

Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Roberto Moreno además es señalado como implicado ya que su hermana está casada con Juan Manuel Gustale, quien hasta el 2 de noviembre se desempeñó como presidente de Ueno Bank y hoy es parte de los detenidos e imputados por el caso.

Paraguay Business Week

El Paraguay Business Week arranca hoy miércoles, 11 de noviembre, en el Centro TASK del Parque Tecnológico ITAIPU - Paraguay (PTI-PY), situado en Hernandarias. Este evento es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de REDIEX, y cuenta con el apoyo de la Binacional.

“Nuestras vidas no se negocian”: el grito desesperado de los pacientes con enfermedades raras

Desde el Ministerio de Salud aseguran que estas medidas se originan a partir del mandato de austeridad impulsado desde la Presidencia de la República, actualmente al mando de Pedro Alliana. Justamente esta mañana, el mandatorio realizó anuncios que tienen que ver con recortes presupuestarios en el Poder Ejecutivo orientados a fortalecer y priorizar la sanidad pública y la atención ciudadana ante la coyuntura actual del país.

Directrices estrictas para la gestión y la atención ciudadana en el Ministerio de Salud

El documento firmado por el director general de Gabinete, Néstor Carrillo Rotela, fija cuatro puntos fundamentales que buscan reorganizar los recursos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario estatal:

• Disponibilidad permanente del personal: Todos los directores generales y jefes de áreas médicas y administrativas tienen la obligación de organizar a sus equipos de trabajo. El propósito es responder de manera inmediata a cualquier requerimiento oficial de urgencia que se reciba en la institución, incluso fuera del horario habitual de oficina.
• Atención especial de contingencia: Los directores de los diferentes establecimientos de salud deberán instruir a sus equipos para prever atenciones especiales enfocadas en apoyar a toda la ciudadanía que se encuentre afectada por la situación financiera y social que atraviesa el Paraguay.

Isaías Fretes asegura que “hay nuevos vientos” en Salud Pública

• Suspensión total de viajes al exterior con fondos públicos: Quedan prohibidos todos los viajes al extranjero con el fin de priorizar la presencia institucional de los funcionarios y profesionales en el territorio nacional.
• Freno a contrataciones no esenciales: Se ordena la suspensión inmediata de todas las contrataciones públicas que no sean consideradas indispensables. Quedan exceptuadas de esta regla aquellas que se vinculen de forma directa con la prestación y continuidad de los servicios sanitarios, las cuales serán evaluadas de manera individual caso por caso.

Salud Pública aclara alcances de “austeridad” y descarta freno en compras de medicamentos

El viceministro de Salud, Saúl Recalde, aclaró a ABC Color los puntos centrales de la disposición y confirmó que las contrataciones esenciales, especialmente aquellas destinadas a la adquisición de insumos y medicamentos bajo el objeto de gasto 350, continúan desarrollándose con total normalidad en la cartera sanitaria.

La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales.

Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos,… pic.twitter.com/SNlkL8sNMr

— Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 11, 2026

Consultado sobre la suspensión de viajes al extranjero que estipula el documento oficial, el viceministro precisó que la restricción aplica exclusivamente para aquellos desplazamientos, permisos y viáticos que sean financiados con fondos del Ministerio de Salud.

“Nada pagado por el ministerio. Si un médico o funcionario desea viajar al exterior en su periodo de vacaciones y costeando sus propios gastos, puede hacerlo sin inconveniente alguno, al igual que aquellos cursos o capacitaciones cubiertos íntegramente por recursos propios o de organismos externos”, expresó Recalde.

En Salud no hay contrataciones no esenciales, dice viceministro

Respecto al apartado que frena de manera inmediata las contrataciones públicas no esenciales, el viceministro explicó que dicha redacción responde a un texto replicado desde la Presidencia, pero aseguró que el Ministerio de Salud no cuenta con adjudicaciones de esa naturaleza.

“Nuestras contrataciones, las contrataciones que se hacen en el Ministerio de Salud, están en relación con el objeto de gasto 350, todo es esencial. Seguirán su curso″, aseguró Recalde, detallando que estas compras abarcan medicamentos e insumos médicos, además de servicios vinculados a áreas como Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Llamadas a líneas de salud mental se triplicaron

En cuanto a las disposiciones sobre la organización de equipos médicos para responder a urgencias y brindar atenciones especiales de contingencia, el viceministro aclaró que estas medidas sí responden a posibles incrementos en la demanda de atención medica a raíz del caso Ueno Bank. Sin embargo, resaltó que responden principalmente a situaciones operativas de emergencia ante eventos climáticos e inundaciones registrados en zonas del sur del país, como Misiones y Ñeembucú.

Salud Pública echa a gerenta tras lapidario informe del BID por USFs abandonadas

Recalde confirmó que la Dirección de Salud Mental le informó sobre un repunte repentino en la demanda de asistencia ambulatoria y en las líneas de atención telefónica, derivado de la tensión y la preocupación de ciudadanos afectados por deudas y compromisos financieros. “Nuestros números se triplicaron”, afirmó.

Castillo afirmó que la situación financiera exige una revisión profunda y claridad sobre las deudas y obligaciones de la Municipalidad, por lo que anunció que recurrirá a los organismos de control.

“Solicitaremos una auditoría a la Contraloría General de la República para que audite la documentación y determine los resultados del corte administrativo. La verdad debe conocerse, las responsabilidades deben aclararse y debemos cumplir con la ciudadanía que ha confiado en nosotros”, expresó tras recibir la administración.

Por su parte, la concejala Gaby Russo (independiente) también presentó ante la Junta Municipal un pedido de auditoría interna y externa, además de solicitar la intervención de la Contraloría, a fin de determinar la situación financiera de la comuna. También pidió un informe completo sobre la nómina y el plantel de funcionarios.

Tres compañías de bomberos exigen a la Municipalidad de Hernandarias el desembolso de recursos

Asimismo, la edil reveló que muchos servicios municipales estaban paralizados por falta de combustible para los vehículos, por lo que realizó una donación de bidones de combustible para paliar la situación.

“Queremos que Hernandarias sea una ciudad limpia, ordenada y organizada, pero nos va a llevar un poquitito de tiempo y les pedimos esa paciencia”, afirmó.

El debate inicial se centró en la destitución de Peña y en duras críticas contra Horacio Cartes, contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y contra Pedro Alliana por conservar gran parte del gabinete de Peña.

¿Por qué el oficialismo y sus aliados levantaron la sesión sin aprobar nada?

A pedido de Ever Villalba (PLRA) y con el apoyo de Gustavo Leite (ANR, HC), el pleno autorizó superar el límite de presentaciones sobre tablas e incluir todos los pedidos de informes de la bancada democrática. La intención inicial del cartismo fue mostrar transparencia y apertura a todos los pedidos; sin embargo, poco después, los oficialistas y sus aliados liberocartistas dejaron la sesión sin quórum para impedir la aprobación de dichos expedientes. En ese momento, estaba en el ejercicio de la presidencia el liberocartista Dionisio Amarilla.

De esta manera, también se postergó el tratamiento de los proyectos de creación de Comisiones Bicamerales de Investigación sobre el caso Ueno.

Otro proyecto que incomodó a los cartistas fue el presentado por Ever Villalba (PLRA), quien planteaba al Poder Ejecutivo destituir a todos los ministros y secretarios de Estado que hayan hecho depósitos en el banco Ueno 120 días antes del cierre ordenado por el BCP y remitir sus nombres a la Fiscalía. Este expediente tampoco fue tratado.

Ueno Bank: senador habla de movimientos sospechosos de aviones en el aeropuerto

«Sin quórum jeyma. El “expeñismo” denunció que fue “engañado” y se retiró. Quedan sin aprobar pedidos de informe y nuestra resolución que insta al IPS a derogar todas las resoluciones que permitieron depositar fondos jubilatorios en Ueno. No pasa pues nada grave en el Paraguay», lamentó en redes sociales la senadora Esperanza Martínez.

¿Qué denunciaron los senadores Eduardo Nakayama y Juan Carlos Nano Galaverna?

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) denunció la presunta fuga de documentos relacionados al caso Ueno hacia la Argentina, en un caso de «hot transfer» o «conexión crítica» entre dos vuelos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Cuando su proyecto tampoco fue aprobado, pidió por redes sociales ayuda al presidente argentino, Javier Milei.

Juicio político a Emiliano Rolón: diputados preparan el libelo acusatorio y lo acusan de proteger a Peña

A lo largo del debate, numerosos parlamentarios oficialistas se declararon engañados por Santiago Peña, entre ellos el senador Juan Carlos Nano Galaverna. Otros opositores les espetaron a los cartistas que no pueden darse un lavado de cara ni marcar distancia de la responsabilidad de lo ocurrido.

El senador Alfonso Noria incluso dijo que Peña robó asquerosamente como «híbrido», ya que «hasta los 40 años fue liberal» y luego, por ocho años, fue colorado para usar el partido «para poder robar». «Nos utilizó, él era liberal de raíz», dijo el colorado disidente.

Posteriormente, los cartistas abandonaron la sala de sesiones cuando Luis Pettengill denunciaba intentos de fraude usando su identidad.

Estas son:

• Continental
• Atlas
• Familiar
• Banco Nacional de Fomento (BNF)
• Sudameris
• Itaú
• GNB
• y Solar.

Cuándo será acreditado el aguinaldo a los jubilados del IPS

La reingeniería administrativa busca garantizar que la transición no afecte los plazos de percepción de los haberes correspondientes a noviembre y del esperado aguinaldo que será acreditado también el 17 de este mes.

Qué información deben esperar los jubilados de IPS

En todos los casos, los jubilados y pensionados recibirán un mensaje de texto y/o correo con la confirmación del banco asignado.

Aclaran además que en ningún caso se les solicitarán:

• contraseñas
• pin
• código de seguridad.

Para el retiro del kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.

En caso que la cédula esté vencida debe presentar la contraseña de renovación.

IPS dice que pago a jubilados comenzará el 16 de noviembre

Estas son las indicaciones de los bancos:

Banco Continental

Informó que la entrega de los kits se realizará entre el jueves 12 y ell domingo 15 de noviembre en el horario de 08:00 a 17:00

El lugar habilitado para la entrega en:

• Asunción y Gran Asunción en SND Arena – Secretaría Nacional de Deportes.
• Para el interior del país: en la sucursal de Banco Continental que ha asignado al beneficiario. Para el efecto, el beneficiario recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico a los datos de contacto registrados en el IPS, indicándole la sucursal donde deberá retirar.

Banco Sudameris

Informó que los puntos habilitados para el retiro del kit de cobro son:

• En Asunción y Gran Asunción: Club Alemán, Sucursal Mariano Roque Alonso - Estacionamiento Estación Los Jardines - Luque - Patio de comidas Shopping Pinedo - Estacionamiento zona Este - Frente al Food House
• Sucursales en el Interior: Villarrica, Coronel Bogado, Colonia Independencia, atención al Cliente Pirapó, CDE Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal CDE Km 4 - Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal Bella Vista, Campo 9, Concepción, Curuguaty, sucursal Encarnación - Carlos Antonio López Nº 1348 entre Arq. Tomás Romero Pereira y 14 de Mayo, sucursal Fram, Hernandarias, Katueté, Loma Plata, Sucursal María Auxiliadora, Naranjal, Obligado, Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Monday, San Alberto, Santa Rita y Santa Rosa del Aguaray.

Banco Itaú

Para los beneficiarios que deben retirar su tarjeta de débito y kit de cobro del Banco Itaú se realizará del 12 al 14 de noviembre, de 08:00 a 17:00 en los siguientes puntos:

• Zona Asunción y Gran Asunción: Caja de Jubilados Bancarios, en Avda. Santa Teresa, Asunción.
• Interior del país: En la sucursal de tu localidad indicada en el SMS y correo electrónico.

Ante cualquier duda o consulta, llamar (021) 6171000 las 24hs.

Banco GNB

En cuanto a los que fueron asignados al Banco GNB esta entidad bancaria designó los siguientes lugares para el retiro de la tarjeta de débito.

Comité Olímpico Paraguayo Portón 2 - Galpón C - Autopista Ñu Guazú, Luque

Documento requerido: C.I. vigente o contraseña de renovación.

Horarios de Atención según Terminación de C.I.

Banco Atlas

En el caso de que se haya asignado el Banco Atlas para el cobro de la jubilación del IPS, también se habilita desde el jueves 12 de noviembre para retirar el kit de cobro. Para el efecto, el beneficiario recibirá un WhatsApp con los datos del lugar y horario para el retiro, que se puede verificar con el número oficial: 0972 175 100.

• Sucursales del interior: Encarnación, Caaguazú, Concepción, Campo 9, Santa Rita, San Alberto, Yby Yaú, Santa Rosa
• Sedes Externas: CCM Asunción Centro de Convenciones Mariscal, Ypacaraí Sucursal Koala Ypacaraí Km 38 y CDE 3,5 Km Sucursal KM 3,5 - Paseo Noblesse

Banco Solar

Indicaron que aquellos jubilados y pensionados que hayan recibido notificación del IPS para el cobro en dicha entidad, recibirán un mensaje de Solar Banco para indicarle dónde retirará la tarjeta de débito.

Para consultas llamar o escribir al 021 2188000

IPS: ¿En qué banco cobrarán los jubilados afectados por Ueno Bank?

Jubilados de IPS: ¿Dónde consultar el banco asignado y qué líneas de atención están disponibles?

Ante las dudas generadas de la entidad pagadora, las autoridades del IPS remarcaron que existen canales institucionales habilitados para que cada beneficiario verifique con precisión su nuevo punto de cobro:

• Mi IPS Web: Ingresando de manera digital a la sección Jubilados, dentro de la pestaña Banco para el desembolso.
• Call Center Institucional: A través de las líneas gratuitas 0800 11 5000 y el 180 opción 5, operativas de 08:00 a 21:00.
• WhatsApp Oficial del IPS: Habilitado de forma permanente las 24 horas en el número 0962-152-152.

En ese momento Abreu también era director titular de Ueno Casa de Bolsa. Su sermón se tituló “El corazón detrás del dar”. A los servicios dominicales del CFA solían asistir figuras del poder político y económico, entre ellas el entonces presidente Santiago Peña; Miguel Vázquez, cabeza operativa del grupo financiero, y Carlos Astigarraga.

Pocas semanas después, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank. La medida alcanzó también a la casa de bolsa y abrió una crisis financiera y política.

“Donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón”

La prédica de aquel domingo -que ahora es viral en redes- duró casi una hora. Para sustentar que se hablara de dinero desde el altar, Abreu dijo que “Jesús habló más de finanzas que del cielo y el infierno”. Su idea central fue que el afecto va hacia donde uno pone su dinero, y que el orden no es el inverso.

“Donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón... A veces nosotros creemos que el orden es: ‘Yo amo algo y por ende invierto’. Pero Jesús no dijo que ese es el orden. Acá lo que está diciendo es: donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón”, afirmó.

Como ejemplo, contó su propia historia con las inversiones. Dijo que su abuela materna, en vez de regalarle golosinas para sus cumpleaños, le compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos. También relató que a los 18 años empezó a invertir en acciones de Apple en Wall Street y que pasaba las noches estudiando los balances de la empresa y de dónde venían sus chips.

Cerró con un mensaje directo para la congregación: “El que espera sentir para dar, espera para siempre”.

La Fiscalía amplía la causa y apunta a la casa de bolsa

Este miércoles, el Ministerio Público confirmó que la investigación penal por el caso Ueno se ampliará e incluirá al pastor. Los fiscales van a analizar su participación en las operaciones cruzadas entre Ueno Casa de Bolsa y el banco.

En una conferencia de prensa, los periodistas preguntaron al equipo fiscal si se va a investigar a exdirectivos y a personas cercanas al poder. Mencionaron a la ex primera dama Leticia Ocampos, a su nuera Serenella Argaña, a su hijo Gonzalo Peña, al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y al propio Joshua Abreu.

Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera explicó que las actuaciones contra los directivos del banco no agotan los hechos bajo sospecha. “La investigación con relación a las personas que trabajaban en el banco no está cerrada. En el acta de imputación, esa porción fáctica se centra en las actuaciones del banco, relacionadas con otorgamiento de créditos y sobregiros de manera irregular, y también existe una línea que va a ser abordada en los próximos días con relación a lo que es la Bolsa de Valores y Ueno Casa de Bolsa, que es otra parte del banco, y del grupo que todavía no está siendo descripto en lo que es la relación fáctica de los hechos atribuidos”, sostuvo.

Sobre el rol específico de Abreu, Cabrera confirmó: “Por supuesto que Joshua Abreu va a ser objeto de investigación, ya que él era director de esa casa de bolsa de valores”.

Vínculos de poder, antecedentes regulatorios y permiso en el CFA

Abreu tiene una larga trayectoria en el sistema financiero y lazos con el poder político. Es yerno de José Alberto Alderete, dirigente histórico de la ANR y exasesor político clave de Santiago Peña.

Como funcionario, fue regulador del mercado. Presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2018 y 2023, cargo que también ocupó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Después, fue el primer superintendente de Valores del BCP, entre 2023 y 2024. Al dejar el Banco Central pasó al sector privado como director titular de Ueno Casa de Bolsa, que luego fue suspendida por el BCP. La situación de la firma empeoró cuando se supo que, minutos antes del allanamiento fiscal y policial del lunes pasado, empleados intentaron destruir documentos vinculados a Santiago Peña.

El caso Ueno se tramita en dos causas penales principales en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción:

• Causa 89: caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza”. Investiga a directivos del banco y a empresas asociadas por la dispersión de fondos públicos.
• Causa 92: investiga al expresidente Santiago Peña y al extitular del BCP Carlos Carvallo Spalding. En este expediente también se analiza la actuación de Fernández Valdovinos tras los últimos allanamientos.

Con el caso en el centro de la atención pública, Abreu pidió un permiso temporal en el CFA. Después de la destitución de Peña por juicio político y de que se conocieran los antecedentes de Abreu, la iglesia publicó un comunicado en sus redes con los comentarios restringidos. En él invitó a los fieles “a unirnos en oración por las personas y familias afectadas, por nuestra nación y por las autoridades”.

Entre los cambios, fue removido Jorge “Turi” Cappello, nombrado el 15 de agosto de 2023, como secretario privado del entonces presidente Santiago Peña, quien fue destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones por su vinculación con la caída de Ueno Bank.

Turi fue uno de los coordinadores de campaña en la fallida candidatura a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR), quien fue derrotado por Soledad Núñez (opositora).

Turi Capello también fue sindicado de operar en la última conformación de la mesa directiva de la Junta Municipal, hecho denunciado por los mismos ediles que no estaban alineados al entonces peñismo, que ahora desapareció.

Otros destituidos son Rodrigo Maluff Díaz de Espada, funcionario del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, y Francisco Javier Carballo Guerrero, funcionario del Gabinete de la República, en el cargo de asesor.

María Laura Fioravanti Torres, funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, en el cargo de asesora. Carlos Renato Máas Franco, funcionario del Gabinete Civil.

Por otra parte, fue nombrado Martín Damián Rodríguez Porta como secretario ejecutivo del Presidente de la República, en reemplazo de Zunilda González Colmán, quien retorna a su institución de origen. Rodríguez Porta dejó su cargo de director de Gabinete de la Vicepresidencia de la República.

Leite: Peña es un “impostor, narcisista, psicópata, cleptómano profesional y traidor”

Remueve a director de Administración y Finanzas

En otro decreto, Alliana nombró a Juan Manuel Enrique López como director general de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, en reemplazo de César Daniel Ibarrola Cano, quien pasará a cumplir otra función y a quien se le dan las gracias por los servicios prestados.

Ibarrola estaba en el cargo desde el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Galeano y Saldívar siguen

Por otra parte sigue de la pasada gestión de Peña en la Presidencia, Juan José Galeano, asesor en temas Sociales y Económicos de la Presidencia. Fue denunciado como el operador de Peña en el Instituto de Previsión Social (IPS).

También sigue Marianna Saldívar Gadea, como secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia.

De acuerdo con el relato de los investigadores, en la madrugada del lunes último, alrededor de las 01:40, tres maleantes a bordo de un automóvil Toyota IST plateado llegaron hasta la recientemente inaugurada tienda de ropas deportivas para hombre OSIEL STORE, ubicada sobre el ramal de la ruta PY D027 que conduce a la ciudad de Guarambaré, en el barrio Kuruzú Legua de esta localidad, perteneciente a Jessica María Tintel Acosta (24).

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo uno de los sospechoso baja del vehículo y luego procede a forzar los seguros de la puerta de vidrio templado, para seguidamente proceder a sacar una gran cantidad de mercaderías, consistentes en remeras, shorts, calzados deportivos y otras prendas de valor, con los que escaparon del sitio.

Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones llegaron al lugar y comenzaron a indagar lo ocurrido. En la mañana del martes último un grupo de agentes estaban verificando imágenes de circuitos cerrados de la zona, cuando apareció el auto Toyota IST, cuyo ocupante aparentemente estaba siguiendo los pasos de los uniformados.

Video: Robaron tienda de deportes en Guarambaré

Cuando los policías se percataron de la presencia del vehículo, también se dieron cuenta que era idéntico al que fue utilizado por los ladrones, por lo que comenzaron a perseguirlo. El chofer del vehículo al darse cuenta que lo estaban siguiendo intentó escapar, pero en cuestión de minutos fue acorralado y capturado.

Confesó identidad de cómplices

El detenido se trataba de Aldo Ariel Rojas Quintana, quien al ser sometido a un improvisado interrogatorio confesó el robo y la identidad de sus presuntos cómplices Brian Nahuel Escobar Mendieta (22) y Alex Manuel Samaniego Insfrán (25), este último con antecedentes por hurto agravado y actualmente libre con algunas medidas como no salir de país, no portar armas y de no acercarse a su víctima. Ambos serían de Julián Augusto Saldívar y están prófugos.

Es más, durante la tarde y noche de ayer martes, agentes de Investigaciones de Central efectuaron varios allanamientos en busca de Escobar y Samaniego, pero sin resultado positivo. Durante los procedimientos se encontraron varias mercaderías que se sospecha fueron robadas por la misma banda en golpes anteriores.