La empresa adjudicada es el Grupo Belmac SA, representada legalmente por Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson. El monto estimado de la inversión por el contrato plurianual es de G. 9.902.880.000, con vigencia desde el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.

La provisión del servicio consta de un promedio de 1.000 platos diarios, distribuidos en cinco comidas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena.

Los representantes de la empresa lamentaron la situación, pero refirieron que asegurarán la provisión de los alimentos para los pacientes, a pesar de varios meses de falta de pago por parte del Estado.

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Del orgullo a la mora

El sistema es similar al utilizado en el programa Hambre Cero, en el que se computa y se paga por cantidad de platos servidos. La empresa montó una cocina en el hospital para hacerse cargo de este servicio.

En promedio, son 50 trabajadores quienes se encargan de la preparación y distribución de los alimentos por parte de la empresa encargada.

Estiman que, desde que se puso en funcionamiento el HGI el 25 de julio del 2025, habrían cobrado dos facturas, quedando más de nueve meses sin cobro por el servicio.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana posteaban con orgullo en redes el modelo de provisión tercerizado de alimentación en este nuevo centro hospitalario en octubre de 2025. Destacaban la variedad y calidad de los menús entregados a pacientes.

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Evalúan medidas

Habrían analizado la posibilidad de disminuir las raciones y asegurar solamente la provisión a pacientes, dejando fuera a funcionarios y médicos, para reducir la carga económica que debe sostener la empresa mientras la institución incumple con el pago.

Lamentaron la situación porque, en contrapartida, existen otras empresas que ante impagos cortan el servicio. En este caso reconocen la sensibilidad del área a la que proveen, según indicaron.

De viaje

Por su parte, el director del Hospital General de Itapúa (HGI), doctor Juan María Martínez, manifestó que se encuentra de

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El Hospital General de Itapúa

La obra de construcción del HGI, también llamada oficialmente Gran Hospital del Sur, fue aprobada, adjudicada e iniciada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en 2021. Representa una inversión de G. 275.493.027.119 y la ejecución fue encargada al Consorcio Hospitalario del Sur.

El consorcio está representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último extitular de la Essap (2002-2008).

Estuvo compuesto por la Sociedad Constructora del Chaco SA, representada por Marcial Manuel López Cano y Luis María Gulino Canese; la Constructora Díaz Martínez, representada por el ingeniero Ricardo Díaz Martínez; ASCENT SA, anteriormente conocida como Barrail y Hermanos SA, representada por Juan Esteban Carrón, Sebastián Cabello y Juan Carlos Ruggeri; y Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo.

El HGI cuenta con 160 camas de internación, 70 camas en urgencias, 72 camas de terapia intensiva, 58 consultorios, 9 quirófanos, 18 sillones de quimioterapia y 20 unidades de diálisis.

No obstante, el Gobierno ratificó el pago de los US$ 80 millones previstos para mayo y se comprometió además a desembolsar otros US$ 50 millones en junio y cerca de US$ 70 millones en julio.

Tras el encuentro con el ministro del MEF, Óscar Lovera, el presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, y el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Édgar Villalba, informaron a la prensa que se acordó conformar una mesa de trabajo y que las negociaciones continuarán la próxima semana.

Analizan varias herramientas financieras

Ávila explicó que, debido al elevado monto de la deuda, no será posible resolver la situación con un único mecanismo financiero. “Deben ser varias herramientas para poder llegar a un acuerdo mutuo”, sostuvo.

Indicó además que ya quedó conformado un equipo técnico y jurídico encargado de avanzar en modificaciones pendientes relacionadas con el decreto reglamentario y una resolución vinculada al proceso de cesión de créditos (una figura similar al “factoraje”, que es un concepto aplicado entre privados). “Ahora quedó el equipo técnico y jurídico trabajando con ellos, a ver si el próximo miércoles podemos tener un avance en el documento”, señaló.

En paralelo, agregó que el equipo financiero volverá a reunirse el martes para analizar nuevas alternativas. Según explicó, hasta ahora solo se había planteado la cesión de crédito, pero el sector busca otros mecanismos que permitan reducir la deuda sin trasladar mayores costos financieros a los proveedores.

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Eventual emisión de bonos y preocpuación por costo de intereses

Entre las opciones analizadas figuran una eventual emisión de bonos para cubrir compromisos pendientes desde 2023, reprogramaciones presupuestarias y ampliaciones de recursos.

Ávila señaló que el Gobierno también expresó apertura para negociar el impacto de los intereses financieros generados por la deuda. “Nosotros como cámaras no estamos de acuerdo en pagar una tasa muy alta de interés”, afirmó.

Agregó que el ministro Lovera manifestó igualmente la preocupación del Ejecutivo sobre el costo financiero de la operación. “Tenemos que tener más alternativas y más opciones para que el financiamiento pueda llegar a buen puerto para todos, para que ellos puedan pagar y nosotros podamos cobrar”, expresó.

Es que mientras se prometen pagos parciales, la deuda sigue creciendo porque cada mes se siguen proveyendo productos y servicios de salud.

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Garantizan provisión de medicamentos

En ese sentido, pese a la situación financiera, el vocero de la Cripfa, Édgar Villalba aseguró que continúan abasteciendo de medicamentos e insumos tanto al Ministerio de Salud Pública (Mspybs) como al Instituto de Previsión Social (IPS).

Aclaró que las entregas dependen de las órdenes de compra emitidas por las instituciones públicas y negaron que exista una suspensión general de provisión. “Nunca se dejó de proveer. Los proveedores seguimos acompañando al sistema de salud porque entendemos que la población no puede quedar sin medicamentos ni sin servicios esenciales”, remarcó.

Indicó además que las necesidades mensuales del Ministerio de Salud representan entre US$ 25 millones y US$ 30 millones, que son los montos que cada mes se van sumando a la deuda que se arrastra desde hace años.

Sin embargo, el proyecto fue postergado de nuevo por dos semanas, en medio de críticas por ser atentatorio contra los derechos de los menores, sobre todo en un país con un alto nivel de padres deudores alimentarios (2.276 en total hasta inicios de mayo, sin contemplar el subregistro).

La iniciativa de Jatar Fernández, que ayer alegó supuestamente ser un 3% más inteligente que sus colegas, genera críticas contra una Cámara Baja que en su mayoría dice ser “provida y profamilia” y que se embandera con el eslogan de “con los niños no”.

El proyecto de ley en cuestión establece que “dicha obligación (del pago de la pensión alimentaria) decaerá de pleno derecho el día que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante, con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".

Lejos de ocuparse del reclamo por la demora en el pago de la manutención de los hijos, pretenden dar facilidades para desprenderse de la responsabilidad.

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La iniciativa cuenta con dictámenes divididos. Por el rechazo se pronunciaron las comisiones de Equidad Social e igualdad entre el Hombre y la Mujer y la de Niñez y Adolescencia. A favor la de Legislación y la de Justicia.

El “más inteligente”, pero con poca capacidad comprensiva

Ayer en la sesión ordinaria de Diputados, el diputado Jatar “Oso” Fernández intentó confrontar con sus colegas Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) queriendo darles cátedra de cómo hacer política y declarando ser más inteligente que ellos, sin embargo, terminó ridiculizado.

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“Querida diputada (Ortega) hay muchos jóvenes que están viendo y van a tomar tu camino. También, apreciado Raúl (Benítez) hay muchos jóvenes que miran tu trayectoria política y van a aprender la forma de hacer política que tienes. Ya tuvimos una mala experiencia con Paraguayo Cubas y mucha gente que trajo él”, le reprochó Jatar a sus colegas por hacer oposición y no ser oficialistas como él.

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Lo que parece que olvidó al hablar de la “mala experiencia” con los que trajo Payo Cubas, metiendo a “gente sin educación, sin escrúpulos, sin códigos, sin palabra, desleales”, es que él es uno de esos.

Jatar fue electo por Cruzada Nacional; a los días de jurar, se hizo aliado de los cartistas, algo que le recordó en la sesión la diputada Ortega.

“No voy a dejar que hable de estafa electoral un estafador electoral que tardó 3 días para cambiarse de bando”, le dijo Ortega, remarcando que Fernández ni siquiera tiene capacidad comprensiva, ya que la acusó de hablar del diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) sin siquiera haber insinuado su nombre.

En otra parte, ya hasta jocosa por lo absurdo, Jatar pidió “cordura, racionalismo -razonen un poquito-, ustedes, la generación que bajó 3% su IQ, será porque la tecnología seguramente le sacó el razonamiento, mi generación tiene 3% más de IQ y probablemente vamos a tener 10% más de los que vienen”.

El diputado Benítez directamente se rindió en intentar entender el “javorai” de ideas que supuestamente quiso transmitir Jatar, a la par de insistirle que es el menos indicado para querer dar cátedra de política.

Le remarcó que nada puede enseñarle alguien que “llega a una banca y se entrega en el primer dia a la mayoría porque le conviene a él para invadir alguna propiedad y una aguatera".

Ahora, activistas sociales buscan el mismo procedimiento en Capiatá donde fue declarado “ciudadano ilustre” en junio de 2016, a iniciativa del exconcejal Oscar Barreto, por su labor como presidente del club homónimo al distrito.

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“Mantener este reconocimiento a alguien que hoy se encuentra en prisión por delitos graves como lavado de activos y narcotráfico es un insulto a la dignidad de cada capiateño”, expresó el activista Alejo Ventura en sus redes sociales tras hacer entrega del pedido en compañía del abogado Miguel Fernández.

Ventura sostuvo que el título de “Ciudadano Ilustre” no es un papel cualquiera, sino un reflejo de los valores que queremos dejarles a nuestros hijos.

“Capiatá es una ciudad de gente trabajadora, honesta y de bien”, agregó Ventura, ex candidato a diputado por el Partido Patria Querida (PPQ) en 2023.

Ventura sostuvo que “la pelota está en la cancha de los concejales” y que la nota debe ser tratada mañana, jueves, en la sesión ordinaria.

“La falta de acción previa de nuestras autoridades nos preocupa, pero mañana tienen la oportunidad histórica de demostrar de qué lado están: si del lado de la impunidad o de la coherencia y el saneamiento ético de nuestra comunidad”, aseveró.

Lamentó que mucha gente defienda a narcos

La publicación de Ventura; sin embargo fue copada por personas a favor de Galeano. En dicho contexto, el activista señaló que es fácil caer en la trampa de ver el “dinero rápido” como una solución a la pobreza, pero la realidad es que ese bienestar es un espejismo que sale carísimo a largo plazo.

“La asociación criminal, el narcotráfico y el lavado de dinero son, en realidad, un motor de destrucción social”, sostuvo.

Sostuvo que todo lo hecho por Galeano fue “Pan para hoy, hambre para mañana”. “El dinero del narcotráfico es como una inyección de adrenalina en un cuerpo enfermo: da una sensación de energía momentánea, pero termina agotando los órganos y matando al paciente. Una sociedad que acepta el dinero del crimen está canjeando su seguridad, su justicia y el futuro de sus hijos por una estabilidad económica falsa y violenta”, arremetió.

La pobreza monetaria se redujo de manera significativa en las últimas dos décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la incidencia de la pobreza total pasó de 46% en 2002 a aproximadamente 16% en 2025. Esta caída es real y consistente con mejoras en ingresos laborales y transferencias sociales.

Sin embargo, esa mejora, por sí sola, no describe completamente la estructura económica sobre la que se sostiene.

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Medición de pobreza se basa en ingresos

La medición oficial de la pobreza se basa en ingresos y establece un umbral: quien no lo alcanza es considerado pobre. En 2025, la línea de pobreza extrema se ubicó en Gs. 933.108 mensuales per cápita para zonas urbanas y en Gs. 681.839 para zonas rurales. El problema no es el umbral en sí, sino lo que ocurre alrededor de él.

La distribución del ingreso muestra que una proporción importante de la población se concentra en niveles cercanos a esos límites apenas por encima de la línea de pobreza, según datos recientes del INE y estimaciones utilizadas en análisis nacionales sobre vulnerabilidad económica. Esto implica que pequeños shocks —como enfermedad, pérdida de empleo, endeudamiento o aumento del costo de vida— pueden empujar nuevamente a muchos hogares hacia situaciones de privación.

No se trata solamente de pobreza en sentido estricto. Se trata de fragilidad económica.

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El mercado laboral refuerza esta estructura. De acuerdo con el INE, alrededor de seis de cada diez ocupados en Paraguay se encuentran en situación de informalidad. A su vez, una proporción importante de los asalariados informales percibe ingresos por debajo del salario mínimo. Esto implica que una parte relevante de los trabajadores genera ingresos que, aun permitiendo superar la línea de pobreza, no garantizan estabilidad ni protección.

Las mipymes y su impacto en el PIB

La estructura productiva profundiza este patrón. Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), las micro, pequeñas y medianas empresas-mipymes representan aproximadamente el 98% de las unidades económicas del país y concentran cerca del 70–75% del empleo. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto continúa siendo relativamente reducida.

Más que representar un problema en sí mismas, estas características reflejan las limitaciones estructurales de una economía compuesta mayoritariamente por unidades productivas de pequeña escala, con baja capacidad de acumulación, productividad e incorporación tecnológica, que la mayoría de las veces surgen como opción para aquellos que no tienen otras oportunidades.

Adicionalmente, estimaciones de organismos internacionales como el PNUD indican que el número de unidades productivas informales supera ampliamente al de las formales.

El resultado es una economía con alta capacidad de absorción de empleo, pero limitada capacidad de generación de valor.

Mejores ingresos pero sin mejoras estructurales

En este contexto, la mejora de ingresos observada en los últimos años debe ser interpretada con cautela. Los ingresos de los sectores de menores recursos crecieron a tasas superiores al promedio, en parte impulsados por programas sociales y transferencias públicas.

Esta dinámica contribuye a la reducción de la pobreza monetaria, pero no necesariamente implica una transformación de las condiciones estructurales de generación de ingresos para una mejor calidad de vida.

Al mismo tiempo, el consumo muestra señales de expansión apoyadas en financiamiento. El ritmo de crecimiento del crédito al consumo y del uso de tarjetas, sugiere que una parte del bienestar observado se sostiene en endeudamiento y no exclusivamente en ingresos permanentes.

A esto se suma un entorno macroeconómico caracterizado por crecimiento heterogéneo, presiones sobre el sector formal y riesgos asociados a volatilidad externa y fiscal.

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Datos incompletos

En conjunto, estos elementos configuran una paradoja aparente: la pobreza disminuye mientras persiste una alta proporción de población en situación de vulnerabilidad económica.

No es que los datos estén equivocados. Es que son incompletos.

Es posible no ser considerado pobre en términos monetarios y, al mismo tiempo, enfrentar carencias en aspectos clave que afectan la calidad de vida y la capacidad de sostener el bienestar en el tiempo.

En este sentido, la reducción de la pobreza por ingresos puede coexistir con persistencias estructurales que no son capturadas por el indicador tradicional.

La pobreza, medida como insuficiencia de ingresos, se reduce, pero la vulnerabilidad, entendida como la incapacidad de sostener esos ingresos en el tiempo y de absorber shocks, permanece y, en algunos casos, se amplía bajo nuevas formas menos visibles.

Parte importante del debate económico ha tendido a ubicar la informalidad como el problema central. Sin embargo, esta mirada corre el riesgo de confundir causa con consecuencia.

¿Y si la informalidad no es únicamente el problema, sino también la forma en que el sistema económico se adapta a sus propias limitaciones?

Baja productividad y limitada capacidad de generar valor

En una estructura productiva caracterizada por baja productividad, alta fragmentación y limitada capacidad de generación de valor, la informalidad no aparece solamente como una anomalía, sino también como un mecanismo de ajuste: permite absorber mano de obra, generar ingresos mínimos y sostener niveles básicos de actividad en contextos donde el sistema formal no logra expandirse al mismo ritmo.

En ese sentido, la informalidad no desaparece porque cumple una función. El problema no es únicamente su existencia, sino las condiciones estructurales que la hacen necesaria.

Si bien existen grandes esfuerzos tanto desde el sector público como desde las organizaciones, orientados a la formalización, profesionalización y fortalecimiento empresarial, gran parte de las unidades económicas aún enfrenta restricciones de escala, financiamiento, incorporación tecnológica, capacitación y acceso a mercados. En una economía compuesta mayoritariamente por emprendimientos de pequeña dimensión, muchas veces surgidos como mecanismo de subsistencia o autoempleo, estas limitaciones condicionan la capacidad de generar valor y sostener procesos de crecimiento.

Mientras estas condiciones estructurales persistan, la mejora en los indicadores convivirá con una base económica todavía vulnerable.

La pobreza persiste, cambiando de forma

En ese escenario, la pobreza no desaparece completamente: cambia de forma. El indicador puede mejorar, aunque la vulnerabilidad permanezca dentro del sistema.

Si la pobreza puede reducirse en el indicador, pero la vulnerabilidad económica permanece, entonces la pregunta deja de ser cuántos son pobres, y pasa a ser cuán estable es la vida económica de quienes logran salir de esa condición".

“La medicina más cara es la que no hay. Pedimos encarecidamente que sean empáticos y repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar de nuestro bolsillo”, expresó la paciente.

Martínez dijo que en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas, si bien reponen los medicamentos, no alcanzan para cubrir la demanda de personas hipertensas que dependen diariamente de estos tratamientos.

“Somos muchas personas las que necesitamos ese remedio y la situación ya es preocupante, porque parece que se reparte de forma privilegiada. Ya no sabemos qué pensar ni a quién recurrir”, expresó.

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Respuesta regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, aseguró que actualmente cuentan con medicamentos como amlodipina y enalapril.

Explicó que la reposición de fármacos se realiza del 1 al 5 de cada mes y posteriormente se distribuyen a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Agregó que, si en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas existen faltantes, los responsables del servicio deben realizar el pedido correspondiente y retirar los medicamentos del parque sanitario.

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Mafia de los pagarés: abogada y asociados van a juicio por cobrar una misma deuda dos veces

Esto mediante la ejecución vía judicial y descuentos automáticos de su salario principalmente a funcionarios públicos, utilizando un mismo pagaré de manera casi infinita, con la connivencia de la justicia.

Es decir, el origen del esquema delictivo se sustenta en no devolver los pagarés tras la cancelación de la deuda, y ejecutarlos una y otra vez con la complicidad judicial, que incluso permitía iniciar juicios de cobro con simples copias “autenticadas” y en paralelo en diferentes juzgados.

Es por ello que ayer, Diputados aprobó en general y comprometió su estudio en particular como primer punto de la sesión del próximo martes 26 del proyecto de ley "que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que ya tiene la media sanción del Senado.

Así como ya está sancionada y se espera la promulgación por parte de Santiago Peña del proyecto que obliga a que los pagarés y otros documentos de cobro originales queden depositados en los Juzgados, y una vez cancelada la deuda se devuelvan al deudor, falta esta otra pata para obligar a las empresas a la devolución bajo amenaza de sanciones.

“Se establece un plazo de 5 días hábiles como tiempo máximo para que el acreedor devuelva al deudor este instrumento tan famoso (pagarés) por este esquema rotulado por la ciudadanía como ‘Magia de los pagarés’”, comentó el diputado Néstor Castellano (ANR, HC) sobre una de las disposiciones principales del proyecto.

Esto con el fin de eliminar las excusas para la devolución, incluso a veces el extravío del documento, lo cual al final termina en sorpresa para la víctima, ya que tiempo después se entera de que utilizaron ese pagaré para ejecutarle el cobro por una deuda que ya canceló.

Castellanos acotó que como forma de obligar a los acreedores a la devolución, “se establece una sanción del pago del 20% del total de la deuda imputable al acreedor cuando no proceda a la entrega del pagaré”.

No obstante, el líder de la bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto pidió postergar hasta este martes 26 el estudio en particular, alegando querer hacer pequeños cambios que aún no fueron especificados.

“Se van nuestros compatriotas a la playa de autos (u otra empresa de otro rubro) y les dicen: Señor, su pagaré aún no está disponible, está en el departamento de créditos. Vuelve nuevamente y le dicen: No está disponible, está en tesorería, vuelva la próxima semana, o que está en la escribanía... un sinfín de excusas que hacen que el pobre paraguayo (...) se canse y termine dejando de reclamar este documento que luego, evidente, es utilizados por grupos delictivos, mafiosos” para luego “estafar, engañar y arruinar la vida de muchos paraguayos/as”, insistió Castellanos.

En el caso de sufrir modificaciones, el proyecto deberá retornar al Senado para su tercer trámite legislativo.

La magistrada indicó que tomó dicha determinación teniendo en cuenta la gravedad del caso, la posible influencia del imputado en los hijos que fueron víctimas en la declaración y la falta de arraigo del sospechoso. Fuentes judiciales indicaron que el imputado será evaluado por un psiquiatra para determinar si tiene un trastorno mental; desde su entorno reportaron que padece un cuadro de depresión y que está en tratamiento.

Antecedentes del caso

El ahora procesado penalmente, el lunes último, recogió a sus dos hijos de la escuela y, en lugar de llevarlos a su casa, los dirigió a un área rural donde aparentemente les intoxicó con cocaína y un fármaco controlado, según la investigación penal. Posteriormente, los infantes fueron rescatados por un tío y llevados a un hospital cercano para los primeros auxilios, desde donde fueron derivados al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para una mejor atención.

A los mellizos se les practicó un test toxicológico, arrojando resultado positivo a las sustancias mencionadas, y permanecen internados.

Horas después, el padre de los niños fue detenido e imputado por la fiscala Sarita Bonzi, quien solicitó que sea remitido a prisión, lo que finalmente se dispuso este miércoles por orden de la jueza Vivian Quiñónez.

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Los nombres del procesado y las víctimas se omiten en virtud de la ley de protección de menores de edad vigente en nuestro país.

La Presidencia de la República informó que actualmente Paracel registra más de US$ 1.500 millones invertidos, alrededor de 203.000 hectáreas incorporadas al proyecto, y más de 100.000 hectáreas plantadas.

En su discurso, Santiago Peña dijo que Paracel “es un proyecto para los paraguayos”. Destacó que la iniciativa permitirá que el país deje de limitarse únicamente a la exportación de materia prima y avance hacia una economía con mayor capacidad industrial.

En su alocución, Peña recordó su viaje en mayo del año pasado a Singapur, país del sudoeste asiático. Ahí anunció la firma de un acuerdo histórico para impulsar la cooperación en proyectos de créditos de carbono.

“Uno de los tantos viajes, ustedes ya saben que eso es remanido. Los famosos viajes del presidente, mucho ya viajé y voy a seguir viajando, les aliento, no les cuento”, subrayó

“Y nos vamos a Singapur, ojo, porque Singapur ofrece mucho del camino que yo veo para el paraguayo. Porque mucho de esto, de una política pública, se sostiene sobre una política de Estado y una política de Estado se construye sobre la actividad política. Yo sé que hay mucha gente que le genera escozor o incomodidad hablar de política, pero es importante, es fundamental, hay que hablar de la política, hay que hablar de la buena política, de esa política que defiende un modelo, el modelo modelo de la libre empresa”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

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Peña, ahondó su discurso, con la mención del “modelo de Singapur”: “De los impuestos bajos que generan inversión y la inversión que genera empleo y el empleo que genera ingresos tributarios que después se invierte en salud, en educación, en seguridad. Crea ese círculo virtuoso. Y en Singapur se da un fenómeno muy parecido al de Paraguay”.

Recordó al “dictador Lee Kuan Yew ”

Seguidamente, Santiago Peña señaló que Singapur sembró las bases de un modelo político “bajo un régimen dictatorial de Lee Kuan Yew”.

“Si no lo conocen, lean. Y Lee Kuan-Yew en un momento dejó de ser presidente de Singapur, pero su partido político sigue ahí. 70 años de gobierno. Con elecciones cada 5 años”, expresó Peña, al aludir al primer ministro Lee Kuan Yew (1923-2015), quien fue el padre fundador y primer primer ministro de Singapur, cargo que ocupó desde 1959 hasta 1990.

Se le atribuye a Lee Kuan Yew la transformación de una pequeña isla sin recursos naturales en una de las economías más ricas, modernas y prósperas del mundo en una sola generación.

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Viaje a Finlandia “no solo para mirar Rally”

Seguidamente, el presidente Santiago Peña recordó su viaje a Finlandia, en diciembre del 2025, cuando le acompañó un grupo de empresarios, entre ellos su exsocio Miguel Vázquez, accionista de Ueno bank.

“Yo decía, yo más allá del PowerPoint tengo que ir a conocer un poco más y ahí nos fuimos en mayo del año pasado con una delegación del gobierno y con empresarios hasta Finlandia. Muchos creyeron que nos íbamos a ver el rally de Finlandia. Que de hecho nos fuimos a ver porque nos estábamos preparando para organizar el mejor rally del mundo, que en diciembre del año pasado fue reconocido el rally del Paraguay como el mejor rally del mundo", manifestó el mandatario.

Agregó: “Nos fuimos hasta Finlandia a ver una de las naciones más desarrolladas del mundo donde, cierto, Nokia es una empresa muy importante. Hoy ya no hace más celulares, pero sigue trabajando en tecnología, pero el 20% de la economía de Finlandia es el sector forestal. El 20% de una de las naciones más desarrolladas del mundo. El negocio forestal es uno de los principales motores del desarrollo. Y ahí nos fuimos”.

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“Incrédulos” y homenaje a Wasmosy

En otro momento, el presidente Santiago Peña también aludió que incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar, y decir que no se puede. Dijo que “de la mano de empresarios soñadores, cuando muchos incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar y decir que no se puede”.

“Quiero, y él se va a cansar de mí, pero voy a seguir haciendo esto, rendir, en mi opinión, un justo homenaje a un paraguayo que luchó y que ha hecho mucho por el Paraguay. Me refiero al ingeniero Juan Carlos Wasmosy, presidente de la República del Paraguay del periodo 1993 a 1998″, manifestó Peña

Los sospechosos serían presuntos integrantes de “la banda del Rolex”, que según la Policía, tenía un modus operandi de seguir a personas que tenían un reloj lujoso desde el aeropuerto o centros comerciales para luego interceptarlos en la vía pública.

“Son seguidas las potenciales víctimas y trabajan en forma coordinada. Uno de ellos está monitoreando, visualiza que se utiliza este tipo de relojes, saca una foto del brazo y avisa a las que están afuera. Ahí comienzan a realizar el seguimiento, en algunos casos simulan un accidente de tránsito, le chocan la parte trasera y cuando el conductor desciende, ellos con mucha violencia le despojan del Rolex”, detalló.

Asimismo, confirmó que hubo tres denuncias de forma consecutiva y una de ellas fue la del exsenador Armando Vicente Espínola Wiezell, quien fue asaltado a metros de su residencia en Asunción y efectivamente, su Rolex fue robado.

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Integrantes extranjeros de “la banda del Rolex”

De momento, tres sospechosos cayeron, dos paraguayos y un venezolano, aunque la Policía no descarta que el grupo también tenga integrantes colombianos, ya que operaría con “células”.

“Llegamos a la conclusión de que esos hechos eran cometidos por las mismas personas; estas personas son para nosotros los que cometieron los hechos”, detalló Maldonado.

Finalmente, el jefe policial confirmó que la investigación sigue en curso, mientras también se analizan evidencias incautadas, entre ellas, dos vehículos y un arma de fuego.

“No soy culpable de nada, no robé a nadie; no busco reloj de alta gama. No he robado a nadie, no salgo en ninguna imagen”, declaró brevemente a los medios el extranjero que estaba entre los detenidos y cuya identidad no trascendió.

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El análisis se basa en la utilización de los recursos que actualmente se denominan Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide. Los recursos provienen de lo que recibe Paraguay como excedente de energía de Itaipú; un porcentaje se destina a las municipalidades para la reparación de instituciones educativas públicas.

“Se evalúa si los fondos públicos entre 2020 y 2025 llegaron a las escuelas más necesitadas, priorizadas por el Ministerio de Educación Ciencias (MEC) y los municipios. En una escala del 1 al 100, se mide la inversión más urgente en aulas, sanitarios, equipamientos y otros espacios", explicaron desde la organización.

Entre los resultados principales, encontraron una pobre inversión en educación. El mejor resultado no llegó ni a los 50 puntos sobre 100 y el promedio general fue de apenas 14,2 puntos, según la tabla.

Asunción, entre las peores ciudades de la mano de Luis Bello y “Nenecho”

En el último lugar del ránking, en el puesto 17 está la Municipalidad de Fuerte Olimpo, con 1,4 puntos sobre 100, con el intendente Moisés Recalde Rolón (ANR-HC), como responsable entre el 2020 y la actualidad.

De G. 1.859.376.663 disponibles del ex Fonacide en cinco años, apenas invirtió G. 98.940.000 con una sola adjudicación. De 37 centros educativos con mayor necesidad, apenas 3 escuelas públicas recibieron obras de infraestructura.

A continuación, en el puesto 16 de la tabla, en el penúltimo sitio, figura la Municipalidad de Asunción, durante las administraciones de los colorados cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello. El agravante para el actual intendente Luis Bello es que justamente fue el director de Fonacide durante la gestión de Rodríguez.

Asunción tiene 3,5 puntos de 100. De G. 6.331 millones para obras y equipamiento, el monto ejecutado entre 2020 y 2025 es de tan solo G. 2.900 millones.

¿Por qué Asunción figura entre las peores ciudades en inversión escolar?

La organización reAcción, sostiene que Asunción está penúltima entre las peores ciudades del Paraguay en inversión de infraestructura escolar, debido a que solamente 13 de 157 instituciones educativas con mayor necesidad recibieron obras o equipamiento, en los últimos cinco años.

“El puntaje de 3,5 sobre 100 en la capital, refleja cuánta inversión llegó a las escuelas con mayor necesidad”, afirman.

En contrapartida, según el ránking educativo, la Municipalidad de Ciudad del Este está en el puesto número 1, es decir, es la que más invirtió en el país, bajo las gestiones de Miguel Prieto y Daniel Mujica, ambos de Conciencia Democrática Esteña (CDE).

Sin embargo, pese a que CDE es la que mejor invirtió, no llega ni a 50 puntos de 100, es decir, los recursos destinados a infraestructura escolar siguen siendo bajos en este caso.

Ránking del olvido: miles de millones de guaraníes “desperdiciados”

ReAcción emite tres conclusiones principales, dentro del análisis. La primera es la pobre inversión en educación, que implica que incluso la ciudad mejor posicionada, aprovechó “menos de la mitad” de su capacidad para invertir en las escuelas más necesitadas, dado el presupuesto que tuvo disponible.

Además, “miles de millones” de guaraníes desperdiciados en priorización. “Anualmente el MEC destina días de trabajo de sus supervisores y directores para que co-elaboren el listado de priorización con participación de la comunidad educativa y los municipios. Sin embargo, al final los municipios no respetan ese listado”, apuntan.

Por último, los recursos siguen siendo insuficientes. A nivel nacional los recursos para infraestructura educativa dependen casi totalmente de la venta del excedente energético de Itaipú a Brasil, remarcan.

Sin embargo, “con los planes del gobierno de Santiago Peña de instalar el primer gran polo de Inteligencia Artificial de América Latina, los recursos para educación se reducirán considerablemente. Lo que hoy ya no alcanza será peor”, concluyen.

El conductor, un brasileño de 25 años, declaró que se dirigía a Araucária para cargar piedra caliza. Sin embargo, la policía detectó contradicciones en su declaración.

Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Los intervinientes sospechaban del verdadero destino del viaje y de la empresa responsable de la carga, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la verificación, el equipo encontró compartimentos ocultos en los laterales de la carrocería del vehículo. Allí estaban escondidas 1.288 ampollas de medicamentos para adelgazar, 2.670 unidades de esteroides anabólicos y otros productos ilegales, presumiblemente provenientes de Paraguay.

Según los agentes de la PRF, el conductor admitió estar al tanto de la carga ilegal. Fue arrestado y trasladado a la Policía Federal en Curitiba.

Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

Todos los días se detectan grandes cantidades de medicamentos para adelgazar a base de tirzepatida que ingresan de forma irregular desde Paraguay hacia Brasil. La gran diferencia de precio motiva tanto a grupos criminales como a particulares a contrabandear este producto, cuya utilización está en auge en ambos países.

Señalaron que las personas de la tercera edad necesitan una atención digna y adecuada. En muchas ocasiones, no reciben el cuidado necesario por parte de los profesionales del hospital debido a la falta de equipamiento y especialistas, indicaron.

Potrerito aguarda con expectativa la construcción de su Unidad de Salud Familiar

También piden la apertura de una sección de geriatría en el nosocomio, considerando que dentro del municipio hay más de 2.000 adultos mayores que, en su mayoría, viven en extrema pobreza y con problemas de salud.

Asimismo, pidieron la habilitación inmediata de dos Unidades de Salud de la Familia (USF) en las comunidades de Potrerito y Yvy Marane’y, además de la ampliación del horario de atención en la Unidad de Salud de la Familia de la compañía 3 de Noviembre, incluyendo los servicios durante los fines de semana, debido a que muchos pobladores tienen dificultad para trasladarse a lugares alejados para su atención médica en caso de urgencia, explicaron.

Se quejó de la atención

Pedro Martínez, principal protagonista de la medida de protesta, se quejó de la atención que reciben. Es lamentable que las personas mayores no tengan un trato especial en los hospitales públicos por el desinterés de las autoridades nacionales, enfatizó.

Criticó manejo de la pensión de la tercera edad

Martínez también hizo un fuerte cuestionamiento sobre el manejo de la pensión de los adultos mayores. Hasta el momento hay miles de personas que todavía no han cobrado nada, supuestamente porque no hay suficientes fondos, mientras que los parlamentarios y funcionarios de los entes binacionales están percibiendo millones de guaraníes mensualmente, pero para los adultos mayores no hay recursos para acceder al beneficio, subrayó.

Trabajando para mejorar la atención

El director del hospital, doctor Nery Cáceres, manifestó que desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año se encuentra trabajando con la Dirección de la Segunda Región Sanitaria para poder mejorar la atención.

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El Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Primera Sala, en lo Civil, Comercial y Laboral, el pasado 13 de mayo, resolvió declarar desierto el recurso de nulidad planteado por el intendente cartista.

Además, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Luque contra la Resolución 150/26 del juez de Primera Instancia, Ignacio Pane, que ordenó la realización de la audiencia pública.

Trabas a la transparencia

Los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron al intendente cartista los datos sobre los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.

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Además de qué se hizo del dinero recibido de los contribuyentes para la ejecución de obras o proyectos que mejoren la calidad de vida de los luqueños.

Carlos Echeverría hace once años está al frente de la administración municipal y, en estos últimos cinco años, debido a un “pacto de impunidad” entre cartistas y cuatro liberocartistas, anualmente se aprueba en la Junta Municipal su rendición de cuentas, pasando por encima de la exigencia de la audiencia pública.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para acceder a datos que por ley el intendente debe darlos de manera anual.

Carlos Echeverría apadrina la precandidatura a intendente, del actual diputado Diego Candia (ANR-HC), incluso en todos los actos oficiales de la municipalidad el parlamentario cartista aprovecha para “colarse” en las obras ejecutadas con dinero público para posicionar su figura.

Por su parte, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, destacó que el documento final es fruto de un trabajo de alta coordinación técnica e institucional. En la elaboración participaron los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones—a través del Viceministerio de Minas y Energía—, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la propia DNCP, debido a que la legislación exceptúa ciertos criterios de la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas. El proceso contó además con el respaldo y asesoramiento técnico de especialistas del Banco Mundial.

La empresa estatal planea realizar la próxima semana una audiencia pública virtual para transparentar las condiciones y recibir sugerencias del mercado local e internacional sobre el primer pliego de bases y condiciones de generación a gran escala, según adelantó el Ing. Sosa en una entrevista concedida a su colega, el expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, en radio Ñandutí.

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Cuatro figuras comerciales para dinamizar el mercado eléctrico

La nueva reglamentación establece cuatro figuras jurídicas y comerciales para la participación en el sistema. Las dos primeras corresponden al autogenerador y al cogenerador, orientadas principalmente al consumo propio. Los clientes residenciales o comerciales podrán instalar paneles solares en sus techos y los excedentes que no utilicen serán inyectados a la red de la ANDE. La empresa estatal remunerará esta energía tomando como base una tarifa de referencia equivalente al costo medio de generación, la cual será fijada y actualizada anualmente por la autoridad de aplicación.

En el caso de las industrias, la figura del cogenerador les permitirá aprovechar los residuos de sus procesos productivos para el autoabastecimiento. Si estas plantas industriales garantizan una entrega de energía firme, la estructura de compensación incluirá variables adicionales como potencia y servicios auxiliares de regulación de tensión.

El Ing. Sosa aclaró que para ninguna de estas dos modalidades se requerirá un proceso de licitación pública ni contratos de exclusividad, facilitando el trámite administrativo para los usuarios.

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La tercera modalidad, denominada puramente generador, constituye el verdadero núcleo de atracción de inversiones a gran escala. Bajo este esquema, empresas privadas construirán y operarán centrales de generación con el único fin de vender su producción total a la ANDE. Estas plantas se adjudicarán mediante concursos públicos de precios, donde la firma del contrato respectivo se extenderá por un plazo de hasta 30 años, de acuerdo con las proyecciones de demanda contempladas en el Plan Maestro de la ANDE hasta el año 2043.

Planta solar en el Chaco inyectará energía desde 2029

El plan piloto de esta apertura se asentará en la Región Occidental. La ANDE confirmó que la primera licitación del sector buscará instalar una capacidad de 140 MW - equivalentes al 64% de la capacidad de la central Acaray - de fuente solar en la zona de Loma Plata. Para blindar el proyecto de riesgos e imprevistos inmobiliarios, la empresa estatal suscribió un contrato de arrendamiento por tres décadas con la cooperativa menonita local, asegurando una superficie estratégica de 200 hectáreas, ubicada a solo 5 kilómetros de la subestación eléctrica regional.

El pliego de bases no evaluará las propuestas en función a la tarifa de costo medio de la ANDE, sino mediante un precio de referencia máximo calculado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este precio tope ponderará los costos actuales de la tecnología fotovoltaica y la tasa de retorno mínimo requerida por los inversionistas. “En la construcción de esta metodología está ayudando el BID a través de una cooperación técnica, y nuevamente la autoridad de aplicación va a documentar a través de una resolución, por ejemplo, la metodología que se va a implementar, y en cada licitación va a tener un precio de referencia diferente”, explicó el Ing. Sosa.

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Los cronogramas técnicos de la institución prevén que las tareas de adjudicación concluyan este año, luego vendrá el periodo de construcción y montaje electromecánico en aproximadamente 24 meses entre los años 2027 y 2028. De esta manera proyectan que la planta solar de 140 MW empiece a inyectar energía comercial a partir del año 2029.

El titular de la estatal pública adelantó que este evento servirá como una prueba operativa para el comportamiento del sistema interconectado nacional, habilitando el lanzamiento posterior de licitaciones en serie para otras zonas. “A partir del 2029 ya estaría en en servicio esta primera planta solar, pero nosotros no vamos a esperar que entre en operación esta planta solar, vamos a comenzar a licitar en serie”, comentó.

Los desembolsos se iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

Seguidamente, el lunes 25 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el martes 26 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Continuará el miércoles 27 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

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Pagos de salarios y beneficios del mes de mayo

El jueves 28 proseguirá con servidores públicos del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales.

Para el viernes 29 de mayo se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se recuerda que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

El procedimiento fue realizado alrededor de las 09:40 sobre las calles 14 de Mayo y Padre Molas, por agentes de la Comisaría 31ª del barrio Azucena de Coronel Oviedo, tras varias quejas formuladas por trabajadores del mercado.

De acuerdo con el reporte policial, los ciudadanos brasileños fueron denunciados por supuestos hechos de coacción, amenaza de hechos punibles y resistencia. Durante el operativo también fue incautado un vaso que contenía caramelos tipo “Freegels”, producto que ofrecían a los clientes.

Según los comerciantes, los extranjeros acudían frecuentemente en horarios de desayuno y almuerzo al sector del patio de comidas del mercado, donde insistían constantemente a los comensales para que compraran las golosinas.

Las trabajadoras del mercado señalaron, además, que, cuando se les cuestionaba por la forma en que actuaban, reaccionaban de manera prepotente tanto con clientes como con trabajadores del lugar.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Migraciones para el procedimiento correspondiente.

Gobierno detalla esquema del tren de cercanías: inversión, empresas y cronograma

“La intención es darle la mayor celeridad posible. Es un proyecto y una necesidad que tenemos en el tema de transporte público que arrastramos desde décadas. Y bueno, el pedido de la ministra (Claudia Centurión), del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que podamos aprobar ya en esta próxima sesión” señaló del Puerto.

Atendiendo a que necesitan como mucho 41 votos (puede ser menos, ya que necesitan solo mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes) y confiando en los 44 votos que posee la aplanadora cartista con sus satélites, dan como un hecho la sanción y remisión al Ejecutivo la próxima semana.

Esto sin tener en cuenta las grandes dudas en torno al proyecto, empezando por algo básico como el costo, que podría ascender a sumas siderales como US$ 450 millones solo en el tramo I Asunción hasta Luque (18 km).

“Se estima en USD 480 millones (el modelo financiero no tiene en cuenta impuestos aplicables). Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para optimizar el CAPEX a USD 400 millones o considerar otras medidas (relacionadas con exenciones fiscales, aumento de deuda, cambio en la distribución de capital, renuncia a dividendos, una combinación de dichas opciones o la exploración de cualquier otra alternativa)”, indica el numeral 4 de los términos del acuerdo.

Para colmo, aún no se tiene fuente de financiamiento definida, ni el costo fijo del tramo II, Luque-Ypacaraí que tendrá una extensión de 26 kilómetros.

El proyecto tampoco pasó por un concurso de ofertas, ya que será implementado bajo modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes.

“Tren en marcha” incluso antes de promulgarse la Ley

La propia titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, ayer al terminar la reunión con la Comisión de Presupuesto de Diputados, informó que, incluso sin la ley, ya están en marcha varias etapas de supervisión.

“Este tren ya está en marcha, no para y con el apoyo de los congresistas va a poder materializarse en mucho menos tiempo. Así es que, de parte del Ejecutivo y ya la parte más técnica, el equipo de Emiratos Árabes ya está instalado en Paraguay, ya está contratada la ingeniería de proyecto que es parte fundamental para que podamos avanzar hacia las obras", indicó ayer Centurión.

También reiteró que está contratada la supervisión total por empresas internacionales: una francesa (Grupo Systra), otra española (no especificó) “de altísima experiencia en el campo ferroviario”.

Respecto al cronograma que están implementando, Centurión señaló que “está en su fase de ingeniería, que esperamos que en el primer semestre del 2027 arranquen las obras” y que la estimación de pasajeros es de 40.000 personas al día.

En comunicación con ABC Cardinal, el maestro Lito Barrios, director de orquesta y autor del libro “Secretos del Himno Nacional”, desarmó la historia oficial para entender cómo y por qué cantamos lo que cantamos.

Una mentira que se volvió oficial

Durante décadas se repitió la romántica historia de que Don Carlos Antonio López buscaba un himno para el país y, al no poder costear el alto presupuesto exigido por el autor del himno argentino, recibió la obra como un obsequio desinteresado de Acuña de Figueroa. “Todo eso es una mentira que inventó Luis Cavedagni en 1903”, afirma tajante Barrios.

Según el investigador, Cavedagni publicó esa versión para encubrir que él mismo había modificado la música original en 1874 sin el debido conocimiento. De hecho, crónicas de la época de su publicación ya refutaban a Cavedagni acusándolo de intentar negar la verdadera paternidad de la música. A pesar de las advertencias, el mito sobrevive hasta nuestros días.

Pero la realidad histórica es muy distinta según Barrios. Don Carlos Antonio López nunca buscó un himno porque el Paraguay ya tenía uno, escrito por él mismo para el 25 de diciembre de 1842, fecha en que se juró la Independencia paraguaya.

“Para Don Carlos, esa fecha era el verdadero nacimiento de la independencia, por eso se festejaba más que el 14 y 15 de mayo”, explica el maestro. Aquella obra primigenia, conocida simplemente como Himno Patriótico, se cantó oficialmente hasta 1863.

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El “Regalo de Troya” uruguayo y la ocupación extranjera

¿Cómo llegó entonces la partitura de Acuña de Figueroa a convertirse en el Himno Nacional? La respuesta se encuentra en el tablero geopolítico de 1846. En medio del bloqueo del Río de la Plata por parte de Juan Manuel de Rosas, Inglaterra y Francia enviaron barcos a Montevideo e intentaron convencer a Don Carlos de que el ejército paraguayo atacara Buenos Aires.

Paraguay envió a los diplomáticos Atanasio González y Bernardo Jovellanos a Uruguay para negociar. Durante una recepción diplomática en Montevideo, a la que asistió el poeta Francisco Acuña de Figueroa, se entonó el sencillo himno paraguayo de la época. Inspirado, Acuña de Figueroa se esmeró en redactar una letra compleja de siete estrofas y la obsequió a la delegación paraguaya junto con una propuesta musical.

Sin embargo, Don Carlos Antonio López rechazó la música de inmediato y le devolvió la partitura a Jovellanos. Aquella melodía no era otra que la del himno uruguayo de ese entonces.

Barrios sugiere que el obsequio pudo haber sido un “Caballo de Troya” cultural ideado en el contexto de los planes secretos de Fructuoso Rivera (presidente uruguayo exiliado en Brasil), quien anhelaba crear la “Uruguay Mayor”, uniendo las provincias orientales.

El obsequio rechazado por Don Carlos regresó de forma fatídica tras la Guerra contra la Triple Alianza. Bajo la ocupación aliada en 1874, Salvador Jovellanos (hijo de Bernardo) impuso la música rechazada por Don Carlos. Paralelamente, en 1873, el poeta argentino Francisco Felipe Fernández y el músico militar brasileño Francisco Antonio do Nascimento intentaron imponer otra versión que finalmente no prosperó.

Remberto Giménez y la justicia histórica para Francesco Casale

No fue sino hasta 1933, en plena Guerra del Chaco, cuando el músico Remberto Giménez utilizó su influencia institucional para unificar los criterios y oficializar la versión que cantamos hoy, terminando con décadas de debates y partituras que se disputaban la identidad nacional por la prensa.

Sin embargo, la mayor revelación de la investigación de Lito Barrios descansa en la autoría de las notas musicales. Tras más de un siglo y medio de misterio, sus estudios confirman que el compositor de la melodía actual fue el italiano Francesco Casale, quien originalmente la creó para el Uruguay, y que luego fue introducida a Paraguay por el también italiano Luis Cavedagni.

“Mi objetivo final con respecto a esta investigación es que el decreto de oficialización se modifique. Durante 160 años se buscó quién compuso nuestro himno; ahora se sabe que fue el italiano Francesco Casale y es hora de que su nombre figure oficialmente”, manifestó Barrios en el cierre de la entrevista.

El documento original del Himno Nacional Paraguayo, como se puede observar en esta nota, se encuentra disponible en el Archivo Nacional, según compartió el director de dicha institución, Vicente Arrúa.

Revelan incógnitas del himno nacional

Según informaron los organizadores, el principal objetivo del evento es agradecer a Dios por el don de la movilidad y pedir protección para conductores y pasajeros, por la intercesión de San Francisco de Asís y San Pío de Pietrelcina.

La ceremonia contará con la participación de los Hermanos Capuchinos y miembros de la comunidad local. Cada vehículo participante recibirá una calcomanía conmemorativa y una estampilla con los “10 Mandamientos del Manejo Responsable”.

Cada año, numerosos conductores participan de esta actividad religiosa para recibir la bendición de sus vehículos y encomendar sus viajes diarios.

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Igualmente, el proyecto faculta al MEF a realizar las adecuaciones de códigos, conceptos y programación de montos, de acuerdo con el clasificador presupuestario vigente y las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, con el objetivo de garantizar la correcta registración, imputación y ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal correspondiente.

Durante el estudio en particular del proyecto, se introdujeron modificaciones, entre ellas la incorporación de un nuevo artículo que establece que la normativa entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.

Entre las argumentaciones, los proyectistas (mayormente cartistas) indicaron que la falta de pago oportuno por parte del Gobierno a estas empresas ha generado tensiones económicas y sociales, afectando la cadena de pagos en el sector de la construcción y perjudicando a proveedores de insumos, servicios y mano de obra vinculados a estas obras, especialmente de las más pequeñas y que este pago representará una inyección de liquidez importante para estas empresas.

Recordaron igualmente que actualmente hay varias obras paralizadas por la falta de pagos, e incluso muchas han quebrado, por lo que urgen esta medida de auxilio.

El proyecto de ley que consta de cuatro artículos fue discutido primero en sesión extra de comisión de Hacienda para dictaminar y luego en sesión ordinaria para su aprobación, y tras este primer trámite, pasa ahora a la Cámara de Diputados.

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Críticas al proyecto

En un extenso debate sobre el punto, varios legisladores como Líder Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDPP) entre otros, se manifestaron en contra del proyecto y advirtieron que lo aprobado por los legisladores raya lo inconstitucional. Argumentaron que ninguna ley debe ser retroactiva y consideran un despropósito aprobar una ley para modificar condiciones contractuales que fueron aprobadas en periodos anteriores.

Entre los más incisivos el senador Líder Amarilla lamentó la falta de datos e informes sobre estas obras el estado de las mismas. Dijo que tampoco se cuenta con un informe sobre el nivel de cumplimiento de las contratistas y cuestionó que se esté pagando por obras que ni siquiera se saben si están concluidas o si existen.

A su vez el senador Rafael Filizzola aseveró que la ley que aprobó el Senado es inconstitucional desde el principio hasta el final del texto. “No se puede alterar condiciones que ya establecieron en su momento y el que quiera demandar lo puede hacer tanquilamente. El Congreso no debe prestarse a estas cosas, no es el patio trasero para resolver la incapacidad de los burócratas”, afirmó.

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Cesión de deuda sigue esperando

Otro de los puntos que figuraba en agenda del senado es el modifica y amplia la cesión de derecho de deuda o factoraje, pero el mismo que ya no pudo ser tratado, debido a que se declaró cuarto intermedio para el almuerzo, pero luego ya no se retomó la sesión.

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Este proyecto pretende entre otros puntos, que el Gobierno asuma los gastos financieros de la operación de cesión de deuda y amplía el alcance en el rubro de salud, a los servicios que no están incluidos en plan vigente.

Los demás integrantes de la terna integrada el 3 de noviembre de 2025 para el referido cargo son Yanina Gricel Mosqueira Samaniego, con 517,6 puntos y Hugo Damián Leguizamón Arrúa, con 338,9 puntos. Si bien Francisco Goiburú tenía el puntaje más alto, de 540,72, al momento de la integración de la terna referida el mismo se encontraba en pleno juicio oral y público por supuesto prevaricato.

La acusación presentada por la fiscala de delitos económicos Natalia Cacavelos (actual jueza penal de sentencia) sostiene que el magistrado habría incurrido en prevaricato al dar trámite a una acción civil pese a que no estaban dadas las condiciones para ello.

Juicio a juez de Paz de Ybycuí por prevaricato sigue con testificales

En esta causa también están acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez, como autores de supuesta apropiación y como cómplices de prevaricato, atribuido al juez de Paz acusado.

El proceso abierto a estar personas se tramitó por separado y posteriormente, se dispuso la acumulación de ambas causas para el juicio.

Víctima relató “pecheo” y pago en el juzgado

Este juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que inició el mismo en octubre del año pasado.

En sus alegatos iniciales, el fiscal Guerrero destacó que los documentos bases de la demanda, recibo de dinero y contrato, no contienen la fuerza de ley necesaria para la admisión de una acción preparatoria de juicio ejecutivo y además, la firma obrante en el contrato privado de compra venta del camión Mercedes Benz, de fecha 13 de agosto del 2021, no corresponde al vendedor Reinaldo Benítez.

“El Sr. Rodolfo Vega presentó en la demanda un incidente de Tercería de Dominio acreditando con documentos que es el dueño del camión afectado de donde surge que adquirió del Sr. Inocencio Torres por contrato privado en fecha 17 de julio del 2017, quien, a su vez, había comprado del Sr. Miguel José Giménez Duchin en fecha 08 de abril del 2016″ explicó Guerrero.

En su declaración testifical, la víctima Rodolfo Vega explicó en juicio que compró un camión al contado de Irineo Torres, pero que fue despojado del rodado tras una falsa demanda promovida por Julio Martínez Isasi, en noviembre de 2021.

En ese sentido, explicó que compró su camión al contado de Irineo Torres, que nunca lo vendió y que ni siquiera conoce al demandante Julio Martínez Isasi.

El oficial de justicia le incauta el camión en noviembre del 2021 y en vez de entregarles a Martínez Isasi, le entrega a Reinaldo Benítez.

Entonces Vega pide asistencia al abogado Ernesto Garcete y con él acude al juzgado de Paz de Ybycuí, donde primeramente el letrado ingresa solo junto al juez.

Fiscala acusa a exjuez de Ybycuí por prevaricato y pide que afronte juicio

Minutos después el abogado sale y le comunica que “el juez necesita G. 1.500.000 para combustible y si estás de acuerdo, vamos a entrar junto a él". Vega dijo que no tenía problemas, le entregó el dinero y Garcete volvió a ingresar al despacho.

“Al salir del despacho, yo le di el millón y medio que pidió a mi abogado y él volvió a entrar al despacho. Al salir, me dijo ”ya está solucionado" declaró en juicio.

Advertencia complica situación de juez acusado por prevaricato y otros procesados

Ante la gravedad de los hechos expuestos en juicio, el Tribunal advirtió al juez Goiburú Martínez y a los otros dos acusados de que deben prepararse para responder por otro delito.

Esta posibilidad está prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal (CPP), que faculta a los jueces a dar otra calificación jurídica distinta a la de la acusación.

Advertencia complica situación de juez de Paz acusado por supuesto prevaricato

Así las cosas, Goiburú, acusado por supuesto prevaricato, también deberá defenderse del presunto delito de extorsión, en grado de autoría, mientras que los coacusados Martínez Isasi y Reinaldo Benítez deberán hacer lo propio por extorsión y prevaricato, en grado de instigación.

Ante esta circunstancia, la defensa de Goiburú recusó al Tribunal de Sentencia y también al Tribunal de Apelación que debe resolver la recusación, con lo que logró la paralización del juicio por más de 10 días. El fiscal Leonardi Guerrero, quien representa al Ministerio Público en el juicio, confirmó que no hay fecha para reiniciar el juicio, que por la situación mencionada anteriormente, vuelve a foja cero.

“Vivimos un momento de redefinición profunda del orden económico internacional. La economía global se desacelera, con elevada incertidumbre, tensiones comerciales y financieras, inflación persistente y tasas de interés que siguen condicionando la inversión productiva”, expresó.

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Añadió que la fragmentación y los conflictos geopolíticos están reconfigurando las cadenas de suministro y presionando los precios de la energía, los alimentos y otras materias primas estratégicas. “Lo que antes era volatilidad coyuntural, hoy es una condición estructural”, afirmó.

Indicó además que América Latina y el Caribe enfrentan este contexto con crecimiento insuficiente, baja inversión, brechas de productividad y desigualdades persistentes, por lo que consideró clave fortalecer el papel estratégico de la banca de desarrollo.

“La transformación productiva, la modernización económica y la inclusión social requieren visión, institucionalidad y financiamiento. La banca de desarrollo cumple esa función como complemento estratégico allí donde el mercado no llega”, apuntó.

Cuattromo mencionó que uno de los ejes de la Asamblea es innovar, no solo desde la adopción tecnológica, sino también mediante nuevos instrumentos financieros, para medir el impacto económico, social y ambiental.

Sostuvo igualmente que invertir implica orientar recursos hacia sectores que generen productividad, empleo de calidad y resiliencia económica.

Por su parte, el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y titular de la 56 Asamblea de Alide, Manuel Ochipintti, destacó que el encuentro constituye uno de los espacios más relevantes de América Latina para debatir sobre innovación, inversión e inclusión como motores del crecimiento transformador.

Ochipintti sostuvo que la banca pública de desarrollo debe asumir un rol activo ante los cambios geopolíticos y la creciente desigualdad. “No somos actores de última instancia; somos los primeros llamados a movilizar recursos hacia donde el mercado llegaría tarde o no llegaría”, expresó.

En ese sentido, afirmó que el BNF tiene el desafío de estructurar instrumentos financieros que permitan vincular inversiones con proveedores locales y generar empleos de calidad. “La nueva frontera de la banca pública de fomento no es solo prestar, sino construir cadenas de valor que duren generaciones”, manifestó.

Por último, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, destacó el valor del intercambio de experiencias dentro de Alide para acelerar los procesos de adaptación y modernización de las instituciones financieras de desarrollo.

Mencionó que, en un contexto regional marcado por desafíos estructurales y distintas realidades macroeconómicas, el crecimiento económico debe traducirse en empleo, productividad, inclusión y movilidad social.

“La banca de desarrollo tiene un papel estratégico e insustituible, porque no solo moviliza recursos, sino que articula soluciones, impulsa proyectos de alto impacto y acompaña procesos de transformación productiva”, concluyó.

El horario será confirmado en los próximos días.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para proteger y mantener viva la técnica tradicional de confección de esta emblemática prenda paraguaya, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023.

El Poncho Para’i de 60 listas viaja a Ecuador: una historia tejida con orgullo y esperanza

Fortalecer conocimientos

El concurso apunta a fortalecer la transmisión de conocimientos entre generaciones y evitar que desaparezca esta técnica artesanal característica de Piribebuy.

El Poncho Para’i de 60 Listas se distingue de otros ponchos de la región porque su elaboración no depende de telares mecánicos.

El tejido se realiza manualmente con telar de cintura, una práctica en la que el artesano utiliza su propio cuerpo para sostener y tensar los hilos durante el proceso de fabricación.

Es una prenda de etiqueta, ya que por el tipo de hilo utilizado no es caliente como los tradicionales ponchos utilizados normalmente en invierno. Numerosos artistas lo lucen en escenarios festivales del país y en el extranjero.

La convocatoria está dirigida a artesanos mayores de edad residentes en Piribebuy que cuenten con registro actualizado como trabajadores del sector artesanal.

¿Cómo será la competencia?

Durante la competencia, cada participante trabajará de manera individual en su telar, con un tiempo límite de 15 minutos para avanzar la mayor cantidad posible del tejido.

El jurado calificará aspectos como la precisión técnica, la uniformidad de la trama y el correcto manejo de las herramientas tradicionales.

Además del reconocimiento cultural, los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo. El ganador obtendrá USD 644, mientras que el segundo y el tercer puesto recibirán USD 460 y USD 276, respectivamente.

Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con Adriana Cho al (0971) 978 484 o con Gustavo Agüero al (0971) 308 044.

Abren en Piribebuy el Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas

La prenda forma parte de la tradición cultural popular del Paraguay, aunque en los últimos años recobró notoriedad y se le otorgó importancia histórica y cultural.

Por ejemplo, en los detallados listados de envíos de materiales a las guarniciones del interior, de la época del dictador perpetuo de la República del Paraguay, Dr. Gaspar Rodríguez del Francia, aparecen grandes cantidades de ponchos para uso de la soldadesca. Así lo mencionó en una entrevista la profesora Beatriz González de Bosio, en el marco de la declaración del tejido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, en diciembre de 2023.

La organización informó que en esta edición participarán unas 900 marcas y más de 200 empresas distribuidas en alrededor de 300 stands. El cambio de sede constituye una de las principales novedades de este año, ya que por primera vez la exposición se realizará en el predio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tras más de dos décadas en otros espacios de Asunción.

Constructecnia es una feria orientada a la construcción, el desarrollo inmobiliario, la arquitectura, la ingeniería y la infraestructura. Además de la exposición comercial, el evento incluye conferencias, ruedas de negocios y paneles de debate con representantes del sector público, gremios empresariales, especialistas y referentes académicos.

Constructecnia 2026 anuncia networking y paneles debate

De acuerdo con los organizadores, la feria acumuló cerca de 700.000 visitantes a lo largo de sus distintas ediciones. Para este año, la expectativa está puesta en aumentar la asistencia respecto al año pasado y fortalecer los espacios de vinculación entre empresas, proveedores, desarrolladores y profesionales del sector.

En ese contexto, uno de los ejes de la edición 2026 será el networking empresarial. La organización señaló que el nuevo predio permitirá una mayor integración entre los distintos segmentos de la muestra, incluyendo áreas de maquinarias pesadas, materiales de construcción, acabados arquitectónicos y servicios especializados. La feria también prevé actividades orientadas a generar contactos comerciales y oportunidades de negocios entre actores del rubro.

La programación de este año incorpora discusiones sobre financiamiento de obras públicas, sostenibilidad energética, vivienda social, minería y recuperación de centros históricos urbanos.

AFD destaca el rol protagónico de la mujer en la economía

Mujeres que construyen

Uno de los paneles previstos es “Mujeres que Construyen: Rompiendo moldes, edificando realidades”, programado para el jueves 21 de mayo a las 16:00. Participarán la exministra de Turismo Angie Duarte; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Marys Guillén; la Arq. María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Arquitectos(FPAA), además de las arquitectas Paola Moure y Violeta Pérez.

Ese mismo jueves, a las 18:00, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) organizará la conferencia “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, con participación del economista peruano Milton Von Hesse La Serna. El encuentro abordará el financiamiento de obras públicas y la situación presupuestaria del sector.

En relación con ese debate, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi Corina, señaló que el presupuesto destinado actualmente a obras públicas representa alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que, según indicó, se encuentra por debajo de los niveles requeridos para sostener el crecimiento de infraestructura.

Energía eléctrica, minería y desarrollo urbano

La agenda también incluye un panel sobre energía y construcción organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel). La actividad analizará el impacto del crecimiento del sector privado sobre el sistema energético y los desafíos vinculados a sostenibilidad y expansión urbana.

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Participarán el presidente de Cecoel, Gianmarco Felippo; representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de Itaipú Binacional, además de consultores del sector energético. Será el jueves a las 16:30.

Otro de los ejes será el desarrollo inmobiliario y la vivienda social. El viernes 22 de mayo a las 18:30 se realizará un panel impulsado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), donde se debatirá sobre déficit habitacional, proyectos inmobiliarios y políticas públicas vinculadas a la vivienda.

El encuentro contará con la presencia del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, además de directivos del gremio inmobiliario y del economista Milton Von Hesse.

La minería también formará parte de la programación de este año. El panel “Minería: Construyendo un sector productivo en Paraguay”, previsto para el viernes a las 20:00, analizará el potencial del rubro como actividad económica y su impacto en la generación de empleo y demanda de infraestructura. Participará el exministro de Energía y Minas del Perú, Rómulo Mucho Mamani.

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Rueda de negocios, talleres de la UNA y conferencias magistrales

La feria incluirá además una rueda de negocios prevista para el viernes 22 de mayo, orientada a vincular constructoras, desarrolladores, estudios de arquitectura e ingeniería con empresas expositoras y generar acuerdos comerciales dentro del sector.

En paralelo, se desarrollarán conferencias sobre recuperación urbana y patrimonio histórico. Entre ellas figura la exposición del arquitecto colombiano Gustavo Restrepo sobre la transformación urbana de Medellín y otra a cargo del arquitecto peruano Luis Martín Bogdanovich, vinculada a la recuperación del centro histórico de Lima.

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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción también desarrollará talleres de planificación de proyectos dirigidos a estudiantes y participantes de la feria.

Según los organizadores, Constructecnia apunta a reunir a empresas, profesionales, gremios y representantes académicos vinculados al sector de la construcción y la infraestructura, en un contexto marcado por el debate sobre inversión pública, crecimiento urbano y desarrollo habitacional.

En el acto disidente, Abdo Benítez y el precandidato presidencial por Añetete para el 2028, Arnoldo Wiens, acompañaron la precandidatura de Rubén González a la Intendencia de Piribebuy.

El postulante es hermano del diputado disidente Roberto González (ANR). Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Abdo Benítez dijo que el 7 de junio “es la primera etapa para salir a votar”. Dirigiéndose a los adherentes presentes, señaló a quienes están “aquí a cara descubierta”, muchos de los cuales son funcionarios públicos.

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“Muchos amigos nuestros, no importa que estén allá, que estén siendo amenazados, callados en el cuarto oscuro, vamos nosotros a hacer justicia y a marcar un nuevo derrotero y un nuevo camino para la nación”, manifestó el presidente de la República y líder de Colorado Añetete.

Seguidamente, Abdo Benítez, agregó: “Vamos a ir en su vehículo, vamos a ir a su PC, vamos agarrar sus G. 100 000 pero en el cuarto oscuro jakastigata chupekuéra (vamos a castigarles a ellos), ya votata lista 6 pe en toda la República del Paraguay, para que aprendan de una vez por toda que con el pan los paraguayos no se juega”.

Lilian también pidió voto castigo

Esta mañana, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego se refirió a la interna colorada en Capital y anunció un “voto castigo” a Honor Colorado y su precandidato Camilo Pérez, de quien dijo que “no representa a los asuncenos”.

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“No sé de qué candidato nuevo habla, si él (Camilo Pérez) está impuesto por el mismo sistema; le eligió Santiago Peña para ser el candidato y es el candidato de él, de Latorre, de Bello, para seguir en lo mismo. Nadie explicó dónde están los G. 500.000 millones de la época de Nenecho, también candidato de ellos. ¿De qué nuevo me hablás, Camilo?”, expresó la legisladora colorada.

Jorge Emmanuel Cuevas Maciel (ANR Honor Colorado Lista 2), alto funcionario de la EBY, es el candidato del cartismo. Fue concejal departamental y asumió la gobernación en forma interina cuando su pariente Luis Benítez (ANR, HC), actual titular de Yacyretá, renunció para buscar la diputación en 2023. En su declaración de gasto de campaña dice tener G. 85 millones.

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Manuela González Vázquez (ANR Colorado Añetete Lista 6), docente del MEC y concejala municipal saliente, es la candidata del abdismo. Reporta G. 1 millón como gasto de campaña.

Alianza PLRA-PEN-Cruzada

Luis Alberto Riveros Sánchez, concejal departamental del PLRA 2023-2028 y docente de la Universidad Nacional del Pilar, es el candidato de una alianza entre el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores.

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En la interna, formalizará su candidatura en el PEN con lista única. Declara tener G. 150 millones para la campaña. Es propietario de Industria y Hogar SRL.

Yo Creo

Abel Isabelino Espinoza Díaz (Partido Yo Creo), veterinario y también docente de la Universidad Nacional del Pilar desde el 2018, es el candidato del presidenciable 2028 Miguel Prieto. Declara G. 0 como gasto de campaña.

El jefe de Gabinete, quien no dio detalles sobre la reunión, indicó que su país “se está posicionando como un ‘hub’ de negocios e inversiones en la región” y señaló que la conectividad aérea “juega un rol clave” para potenciar el turismo, el comercio y la llegada de nuevas inversiones.

Estas reuniones de trabajo tuvieron lugar después de que la aerolínea brasileña GOL postergó en abril pasado el inicio de los vuelos directos entre Asunción y Miami (EE.UU.), que estaba prevista para el 8 de junio próximo.

El director de la Dinac, Nelson Mendoza, justificó entonces que el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener “impacto” en las operaciones de esa ruta.

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En declaraciones a la radio local Monumental, Mendoza aseguró este martes que la semana pasada recibieron una llamada de directivos de GOL “para volver a hablar”.

“Ojalá (la reunión) sea la continuación de un camino ya iniciado”, expresó el funcionario, en referencia a una eventual reanudación de las negociaciones con GOL sobre la ruta Asunción-Miami.

La apertura de esta ruta generó expectativa en Paraguay pues, actualmente, ninguna aerolínea opera vuelos sin escalas desde la capital paraguaya hacia Estados Unidos.

Además, coincide con el retorno de Paraguay, tras 16 años de ausencia, a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El predio donde se desarrolla la obra es un local cedido en comodato, por un período de 30 años, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El propietario original es la Asociación Nacional Republicana (ANR), que tiene una subseccional en ese lugar.

Durante el evento de palada inicial, el diputado y precandidato a intendente Sebastián Remezowski (ANR-HC) dijo: “Quiero resaltar para que se entienda que esta inversión que va a hacer Yacyretá no es en el predio de la subseccional colorada, sino que ya es en el predio del Ministerio de Salud”, apuntó.

El predio está cedido en el marco de un “convenio de usufructo gratuito”, firmado entre la ministra María Teresa Barán y el presidente de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara, el 23 de diciembre de 2024. Mediante este documento se proyectó en el lugar una Unidad de Salud Familiar (USF), pero, tras publicaciones periodísticas que cuestionaban el proyecto, retrocedieron en la intención.

Agregaron una adenda en la que cambian el proyecto a un “Centro Comunitario”, el pasado 5 de junio de 2025. Sobre esto, el propio Remezowski describió en su discurso: “Con María trabajamos muy bien, y llevó mucho tiempo, mucho trabajo; y ella dice: ‘si no salió este proyecto, porque en realidad era con la ilusión de también generar otro impacto social, hagamos esto de la mano de este plan Sumar’”, indicó.

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Proyecto “político”

La intención de construir una USF fue cuestionada debido a que, en paralelo, la Municipalidad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa, con titulares no colorados, impulsaron la construcción de un Centro de Atención Médica en el mismo barrio, en un predio recuperado en la Costanera de la ciudad. Según los proyectistas, el Ministerio de Salud se negó a apoyar el proyecto, por lo que tuvieron que redireccionarlo para que sea una dependencia de la Dirección de Salud de la Municipalidad.

Tras los cuestionamientos, descartaron la intención de crear una USF paralela en la subseccional para convertir el proyecto en un Centro Comunitario. Un mes después de modificar el convenio con la ANR, la ministra Barán solicitó con “carácter de urgencia a la EBY que financiara el proyecto. En febrero de 2026 ya se abrieron los sobres de ofertas y este 19 de mayo se dio la palada inicial de la obra.

En el acto, la ministra destacó la figura del precandidato a la Intendencia. Dijo: “Querido diputado Sebastián Remezowski, cariñosamente ‘Cheva’, muchísimas gracias por soñar; soñar con este espacio”, sostuvo.

El proyecto impulsado por Remezowski se enmarca en su campaña como precandidato a la Intendencia por el oficialismo y, aparentemente, todo el aparato estatal estaría interesado en que la ANR recupere la administración municipal, que por segunda periodo consecutivo está a cargo de Luis Yd (Alianza). En ese sentido, las “gestiones” de ciertos grupos políticos progresan, mientras que otras iniciativas no son tenidas en cuenta debido a provenir del sector opositor.

Según datos de la municipalidad, el barrio Pacucuá cuenta con más de 6.100 habitantes. Estiman que actualmente este número estaría cercano a los 10.000 habitantes, debido a que la segmentación por barrios data de registros de 2001.

El populoso barrio es un sitio estratégico para pensar en la cantidad de población que puede definir una elección, por lo que se torna un terreno de interés para los actores políticos, previo a los comicios municipales.

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El proyecto

Se trata de una construcción de un nivel, de 542 m², en un predio de 1.200 m². Fue adjudicada, según el concurso de precios 21.643 de la EBY, a Ecoservice Group SA, empresa de Ciudad del Este. Está representada legalmente por el exsenador Nelson Darío Aguinagalde Gallinar y Luis Miguel Martínez Villar.

El plazo de la obra es de 270 días y, si bien en el cartel de la obra iniciada no figura el monto de la inversión, se estima que será de G. 3.000 millones.

El centro, según el proyecto, contará con recepción, sala de espera, consultorios psicológicos y psiquiátricos, sala de sesiones grupales y contención de crisis, oficinas administrativas, auditorio, farmacia, área recreativa y espacios de bienestar.

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En general, se plantearon la nulidad de la acusación, del auto apertura del juicio oral. Además la inclusión probatoria y exclusión de algunas pruebas.

Gustavo Rodríguez y las otras nueve personas desde, que fueron imputadas en el 2023 presentaron una serie de chicanas para dilatar el proceso judicial y hoy, en juicio se volvieron a plantear varios incidentes.

El Tribunal, conformado por los magistrados; Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás retomará mañana a las 8:00 el juicio y contestará los incidentes planteados.

Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres, quienes llevan adelante la investigación, cuentan con una lista de 18 testigos dentro de la causa penal. Se incluyen además cuatro tomos con más de 200 pruebas documentales para respaldar el proceso por un presunto perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú durante la gestión del cartista.

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Expectativa de cárcel

Gustavo Rodríguez y los otros acusados se exponen a una pena privativa de libertad de cinco años de cárcel, que podría ir hasta los diez años dependiendo de la gravedad de la responsabilidad en los hechos.

Están acusados también Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo José Luis Baruja Legal (contador),Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo),Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

Los residentes del barrio La Encarnación accedieron a imágenes de cámaras de seguridad en las que se puede observar claramente cómo un hombre arrastra el contenedor callejero para llevárselo con total impunidad a plena luz del día.

Ante este hecho, los vecinos afectados confirmaron que ya han formalizado la denuncia correspondiente tanto en la Policía Nacional como ante la Fiscalía a fin de que se identifique al responsable.

“Lastimosamente, hemos sido víctimas de un robo. Nos robaron contenedores callejeros de la Muni, a cuadras del Ministerio del Interior”, expresaron los denunciantes.

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La respuesta de la Municipalidad de Asunción

Tras el reporte del hecho a las autoridades municipales, los vecinos señalaron que la respuesta recibida por parte de la Comuna asuncena fue insuficiente.

Según detallaron, desde la Municipalidad les indicaron que, en caso de que se realice una nueva instalación del contenedor, este deberá ser "candadeado a un árbol o columna" de la cuadra para evitar futuros hurtos.

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La respuesta ha generado molestia entre los pobladores, quienes consideran que la solución al problema de inseguridad no debería recaer sobre la ciudadanía, sino en un mayor control y vigilancia en las calles céntricas de la capital.

Se trata de una humilde institución pública de la comunidad indígena La Paciencia, en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde la distribución está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que tiene como ministro a Tadeo Rojas, también tesorero del Partido Colorado.

El Gobierno se jacta de priorizar a los estudiantes con mayores necesidades con este programa, sin embargo, desde sus inicios en el 2023, comunidades indígenas del Chaco son las que más sufren por fallas en la distribución de alimentos. Incluso un informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido en abril del año pasado, había detectado desprolijidades y la entrega incompleta de los insumos para el almuerzo escolar en comunidades indígenas chaqueñas.

Hambre Cero: comunidad indígena, sin almuerzo escolar en tres meses

Los niños de la comunidad indígena La Paciencia, en Puerto Pinasco, aguardan la llegada del programa Hambre Cero, desde el inicio del año escolar, el lunes 23 de febrero.

Recién tras la denuncia de las madres y los estudiantes, el MDS emitió un comunicado en el cual promete que regularizarán la situación en esta localidad, luego de 90 días sin proveer alimentación.

“Ante la denuncia sobre la falta de provisión alimentaria en la escuela “Riacho González”, el Ministerio de Desarrollo Social informa que la situación administrativa ya fue regularizada“, indican en un comunicado.

Raúl Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas confirmó que, desde este jueves 21, los estudiantes de la institución comenzarán a recibir la provisión correspondiente del Programa Hambre Cero, consistente en desayuno, almuerzo y merienda escolar.

Falta de entrega de alimentos, por falta del “RUE”

Desarrollo Social alegó que el centro educativo no contaba con datos del Registro Único del Estudiante (RUE) actualizado y tampoco con Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), motivo por el cual la escuela “no aparecía” para el MDS. Lo llamativo del caso es que el año pasado sí distribuyeron las comidas en esta institución pese a “no figurar en el sistema”.

Ante la gravedad del asunto, desde el MDS indicaron que reafirman su “compromiso” con la alimentación escolar y la atención “prioritaria” a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, en lugar de dar acceso a la información pública, la cartera decidió dejar afuera a los medios de prensa.

Según reportaron colegas de ABC y de otros medios de comunicación, los periodistas y reporteros fueron detenidos en la vereda del MEF, desde donde no le dejaron pasar ni siquiera a la oficina administrativa para aguardar el fin de la reunión que se desarrolla a puertas cerradas.

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Reunión con farmacéuticas, desde las 15:00

A las 15:00 puntualmente se inició la reunión de referencia y ante la solicitud de la prensa de ingresar a la sede, el jefe de seguridad, Ramón Benítez, les informó a los comunicadores que la instrucción que él tiene es la de no dejarles pasar.

Se intentó tener alguna información a través de la Dirección de Comunicación del MEF, pero no hubo respuestas. Además, se le solicitó el ingreso al menos a la antesala de la reunión, de tal modo a tomar las declaraciones de las farmacéuticas al término del encuentro, pero el pedido también fue negado.

Actualmente, equipos periodísticos de ABC Color y de otros medios permanecen en la vía pública.

Con esta determinación, el cuerpo comunal frenó de manera tácita el intento del Ejecutivo de blanquear la actual crisis financiera desatada en torno al pago de intereses vencidos de los bonos. La mayoría de estas emisiones fueron hechas bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista)

El concejal Álvaro Grau (PPQ) expuso las argumentaciones técnicas del caso y aclaró formalmente que no existe ningún “acuerdo” de partes suscrito por la institución. El legislador comunal enfatizó que el documento remitido constituye únicamente una propuesta unilateral de la representante de los bonistas, la cual jamás fue aceptada ni consentida por las autoridades de la Municipalidad de Asunción.

Grau calificó de “descabellado” y una “locura” desde el punto de vista financiero que la firma pretenda cobrar un 10% de interés moratorio sobre el 17% que la comuna ya abona por los títulos vigentes. El edil puntualizó que dicha adición elevaría la tasa total al 27%, situación que tildó textualmente como una “cachetada a la ciudadanía” asuncena que financia las arcas del municipio.

Asunción: critican “oscurantismo” de acuerdo de Luis Bello con bonistas

El concejal opositor cuestionó bajo qué normativa legal específica, la mencionada firma pretende exigir ese cobro adicional a la comuna. Además, acusó directamente a la empresa de abusar de su posición de acreedor ante la crítica situación de iliquidez y asfixia financiera que experimenta actualmente la municipalidad.

Denuncian que casa de bolsa pretende cobrar interés del 27%

Como salida jurídica concreta ante el conflicto, Grau sugirió que, si la firma privada se niega a recibir el pago correspondiente bajo los términos legales, el dinero sea depositado de inmediato en una escribanía pública. El edil argumentó que la Comuna debe dirimir esta controversia directamente en el ámbito de la justicia ordinaria para frenar reclamos futuros y, proteger el patrimonio de los contribuyentes.

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda solicitó formalmente a la Intendencia que se remita a los términos del contrato original de emisión de bonos y proceda a su cumplimiento estricto. Grau sostuvo que la postura del bloque opositor representa un mensaje político claro de que la Junta Municipal no permitirá la convalidación de abusos financieros que comprometan los recursos públicos de la ciudad.

Asunción: Bello quiere acatar condiciones “inaceptables y abusivas” de los bonistas, reclaman

El legislador ratificó que la decisión aprobada hoy por el pleno parlamentario no autoriza al intendente Luis Bello a “patear” o postergar los intereses de los bonos de 2026 a marzo de 2027. La postura legislativa ratifica la exigencia de abonar los montos fenecidos bajo las cláusulas del contrato primigenio, bloqueando cualquier modificación.

Humberto Blasco (PLRA) calificó la nota de la casa de bolsa de “abusiva e irrespetuosa” en sus condiciones. Álvaro Grau (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA) y Ramón Ortíz (PLRA) dejaron constancia de su rechazo en los mismos términos expresados por Blasco. También se opusieron al dictamen los colorados Rosanna Rolón (ANR-independiente y Juan José Arnold (ANR-disidente).

El dictamen de la Junta que sepulta el “autobombo” de Bello

El desenlace en la Junta Municipal contrasta de forma directa con las acciones previas del intendente Luis Bello (ANR-cartista), quien había presentado este planteamiento mediante una conferencia de prensa.

En dicha ocasión, el jefe comunal utilizó una estrategia de autobombo para intentar vender el mecanismo financiero como una supuesta victoria de gestión, ocultando las condiciones gravosas que contenía el texto de la firma.

Asunción: la dura advertencia a concejales que avalen el diferimiento de bonos de Nenecho

Los antecedentes analizados por la Comisión de Hacienda demuestran que las condiciones reales que Bello pretendía que la Junta homologase implicaban una postergación de los intereses que vencen en el presente año 2026.

La prórroga de dichos compromisos financieros significaba heredar de forma directa al próximo intendente de Asunción una deuda acumulada de US$ 32 millones, monto calificado por la oposición como un “clavo” económico.

El desvío de G. 512.000 millones y los 11 incumplimientos financieros

La mayoría de estos títulos de deuda fueron emitidos bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El interventor, Carlos Pereira, documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una cuenta única, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), emitidos para obras, a gastos corrientes.

Pese a estos antecedentes, Rodríguez busca postularse nuevamente para el cargo de concejal en las próximas internas municipales.

Asunción: Junta rechaza balance 2025 de Nenecho y Bello y evita “blanqueo” automático

Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). El total es de G. 130.369 millones.

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez. Durante la intervención a la administración de su gestión, que duró de junio a agosto del año pasado y estuvo a cargo de Carlos Pereira, vencieron otros G. 20.694 millones. Desde que asumió Bello, en agosto, vencieron otras seis cuotas que suman G. 79.428 millones.

El lote previsto para la vacunación de este año para todo el territorio nacional, consta de 100.000 dosis del laboratorio Moderna, las cuales cuentan con la composición química actualizada para la temporada 2026.

Distribución de vacunas será inmediata, aseguran

El director del PAI aseguró que, una vez que el cargamento toque suelo paraguayo, la distribución e inicio de la vacunación se realizarán de manera inmediata.

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Si bien los biológicos estarán disponibles para cualquier ciudadano que los demande, la campaña estará fuertemente enfocada en la población de riesgo que cumple con las recomendaciones actuales de los organismos de salud:

• Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante.
• Pacientes con factores de riesgo: Personas con diabetes, cardiopatías o que se encuentren bajo tratamientos inmunosupresores, dado que son quienes presentan mayor tendencia a desarrollar formas graves de la enfermedad.

Cousirat aclaró que, bajo los lineamientos vigentes, una persona sana no tiene indicaciones médicas de recibir dosis anuales de esta vacuna, a diferencia de lo establecido en los primeros años de la pandemia.

Requisito para viajeros

Un punto destacado por las autoridades del PAI es la necesidad que manifiestan ciertos ciudadanos de regularizar su esquema para poder viajar al exterior. Países como Estados Unidos continúan exigiendo la inmunización contra el Covid-19 para la aprobación de visas o el ingreso a universidades.

“Nos están llegando pedidos de personas que van a ir de intercambio a ciertas universidades donde les piden una serie de vacunas, y entre ellas sigue figurando la del Covid-19. Esas personas van a tener la posibilidad de recibir la dosis en nuestro país”, explicó Cousirat, añadiendo que la misma recomendación corre para quienes prevean viajar a México, Canadá o Estados Unidos con motivo de los próximos eventos deportivos en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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Respecto a los tiempos de aplicación previos a un viaje, el director del PAI desmitificó la idea de que se deba guardar un periodo de cuarentena médica tras recibir la dosis. Indicó que la dosis contra el Covid-19 al no ser una vacuna a virus vivo —como ocurre con la de la fiebre amarilla—, no requiere de dos semanas de anticipación para poder abordar un avión.

“Uno puede vacunarse hoy contra el Covid-19 y a la noche viajar en su vuelo sin ningún inconveniente”, afirmó Cousirat, instando a la población objetivo a acudir a los vacunatorios apenas se distribuyan los nuevos biológicos actualizados.

Aumentan las consultas y hospitalizaciones por cuadros respiratorios

Las bajas temperaturas ya comienzan a pasar factura a la salud pública. El último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud encendió las alarmas al confirmar un incremento del 10% en las consultas por Enfermedades Tipo Influenza (ETI) y un repunte del 11% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) durante la última semana.

Según los datos oficiales, la curva de tendencia se mantiene firmemente por encima del umbral estacional. A nivel país, el acumulado de consultas por cuadros respiratorios ya asciende a 42.227 casos, reflejando una alta circulación comunitaria de diversos virus.

El informe detalla que se registraron 324 nuevos hospitalizados en la última semana, de los cuales un preocupante 17% requirió ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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En cuanto a los agentes causales, se identificó la co-circulación de varios virus en pacientes ingresados: Rhinovirus, Influenza A no Subtipificada, Parainfluenza, Influenza A (H3N2), Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus.

Trágico balance

En lo que va del año, ya se han confirmado 72 fallecidos por virus respiratorios a nivel nacional. Dos de estas muertes ocurrieron en la última semana, ambas asociadas a complicaciones por la cepa Influenza A H3N2.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud insiste en que la principal herramienta para frenar las complicaciones graves y la mortalidad es la inmunización. Bajo el marco de la Campaña de Invierno, se recuerda que están disponibles dos biológicos clave: la vacuna anual contra la Influenza y, la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La reunión se realizó ayer en el domicilio del productor Aurelio Ruiz, de la compañía Barrero Azul, donde, según la denuncia, se distribuyeron a un “seleccionado grupo de supuestos productores” semillas de locote y tomate, media sombra, cintas de goteo y abonos.

De la actividad participó el gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Ybycuí, dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ingeniero Ariel Silva. También acompañaron esta “campaña política de entrega de semillas agrícolas e insumos agropecuarios” el actual concejal municipal, Alfredo Yunhichi Uesugui, y los precandidatos a la concejalía Olga Cardozo, Lorenzo González, Juan Quiñónez y Claudio Sosa.

Luego de la reunión, se compartieron rápidamente en grupos y estados de WhatsApp mensajes atribuyendo la entrega al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, equipo del ministro Juan Carlos Baruja. La situación fue criticada y denunciada ante la prensa por ciudadanos indignados, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias.

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Entrega es del MAG y no al movimiento partidario

El gerente del CDA de Ybycuí, ingeniero Ariel Silva, aseguró que los implementos entregados forman parte de un proyecto denominado Pronaf, financiado por el MAG y gestionado a través del comité de productores “Ñemitỹrã” de este distrito, por lo que no corresponde a ningún movimiento partidario.

Consultado sobre las denuncias surgidas luego de que circularan fotografías y afiches en grupos de WhatsApp, atribuyendo la entrega de semillas e insumos al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, y al equipo político de Baruja, dijo desconocer qué hacían en el lugar y señaló que quizás fueron invitados por algún productor de la zona para participar.

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El ingeniero Silvio dijo, además, que el CDA de Ybycuí no participa en la selección de beneficiarios ni en decisiones relacionadas con la distribución de proyectos, limitándose únicamente al acompañamiento técnico y al seguimiento de los comités asistidos.

Finalmente, insistió en que la entrega fue realizada por el Ministerio de Agricultura y no por el movimiento Honor Colorado. Aclaró, además, que fueron los propios productores quienes solicitaron la asistencia y que este tipo de apoyo no se limita únicamente a La Colmena, ya que proyectos similares también fueron entregados en distintas localidades del departamento bajo programas dependientes del MAG.

Al respecto, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, resolvió aplicar la prohibición de innovar (bloqueo o congelamiento) sobre las cuentas, billeteras, activos digitales y productos financieros registrados en la plataforma Binance a nombre de los imputados en esta causa: Alex Junior Silva Báez (18) y Sergio Javier Sosa Melgarejo (35), quienes están con arresto domiciliario, y otra persona más cuya identidad se reserva a pedido de la Fiscalía, por razones de investigación.

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Sin embargo, el magistrado no hizo a lugar a la prohibición de innovar respecto a las cuentas de uno de los involucrados en las múltiples transferencias, otro de los imputados. Esta decisión de no aplicar la medida cautelar alcanza a otras 379 cuentas, registradas en Binance.

Por otra parte, el juez Rodrigo Estigarribia sí dispuso la preservación inmediata, resguardo y no alteración de los registros, logs, metadatos e información digital vinculada a las cuentas de Alex Silva, Sergio Sosa, y otros dos más, así como a las otras 379 cuentas financieras.

¿Qué efecto tienen las medidas judiciales sobre las cuentas?

De acuerdo con lo que refiere el escrito judicial, las medidas que pesan sobre las cuentas de los cuatro imputados, citados previamente, en esta causa abarcan los “datos de registro y suscripción” a la plataforma Binance, como fecha y hora de creación de la cuenta, correos electrónicos asociados, números telefónicos vinculados, cambios históricos de correo o teléfono, y otras informaciones más.

También aquellos “datos de conexión y acceso”, como direcciones IP históricas, logs completos de acceso, fechas y horas de conexión, geolocalización, user agents; los “datos transaccionales”, tales como el historial completo de depósitos y retiros, transacciones internas, transferencias entre usuarios Binance, operaciones P2P; así como los “datos complementarios”, como tickets de soporte, comunicaciones con soporte técnico y otros más.

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Más de 400 personas indagadas por megaestafa de G. 9.000 millones

La fiscala Irma Llano es quien tiene a su cargo una de las más importantes causas, en cuanto a volumen de involucrados, por estafa mediante sistemas informáticos, cometida contra una compañía telefónica, teniendo en cuenta que hay poco más de 400 personas en la mira de los investigadores, involucradas en el perjuicio de G. 9.015.046.663 contra la empresa.

En el marco de esta causa, inicialmente fueron detenidas 10 personas, pero hoy en día se tienen en total 13 sujetos ya imputados por los supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, asociación criminal y lavado de activos, en la modalidad de frustración del hallazgo, según el Código Penal.

En esta misma causa, hasta el momento hay unos 478.851 USDT (funciona como un dólar digital en el campo de las criptomonedas) incautados.

Entre las diligencias que lleva a cabo la fiscala Irma Llano, está la toma de declaración de indagatoria a cada una de estas personas que fueron identificadas en el marco de la pesquisa, además de la remisión de oficios a las entidades financieras de plaza, cuyos clientes recibieron en sus respectivas “cuentas mulas” las sumas de dinero producto de los desvíos.

Como líder de esta estructura fue identificado como Alex Silva, de 18 años, quien habría involucrado a sus compañeros y familiares dentro del esquema fraudulento. Según datos obtenidos, el indagado realizó transferencia de capitales en forma masiva a través de medios de pagos electrónicos, usando 8 líneas matrices de billeteras que disparó a más de 1.927 transferencias con montos máximos de hasta G. 499.000, para no levantar alertas, hacia 395 cuentas mulas.

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Estructura empleó criptomonedas para materializar megaestafa en cinco días

De acuerdo con la denuncia hecha por la compañía telefónica, entre el 20 y el 25 de marzo de 2026, Alex Silva habría vulnerado la seguridad de una compañía proveedora de servicios de pagos móviles.

Al respecto, la Fiscalía identificó que el joven explotó una vulnerabilidad en el sistema de pagos electrónicos de la firma, mediante la manipulación del segundo comando del proceso transaccional de cobro por código QR.

De esta forma se valían de los comercios o individuos que operaban con códigos QR para captar los pagos de usuarios a través de la billetera asociada a la firma víctima de esta estructura.

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Así, los investigados pusieron en marcha un mecanismo consistente en la manipulación del segundo comando del proceso transaccional, es decir, cuando un cliente escaneaba un código QR, el sistema reservaba el monto real en el banco clearing y lo debitaba íntegramente, pero al momento que impactaba en la billetera electrónica del comercio receptor, el valor registrado, era alterado a G. 1.

Es así que, la diferencia entre el monto real cobrado y el ínfimo valor registrado se desviada hacia las billeteras de los hoy imputados y sus asociados. Con esto, los fondos obtenidos se distribuyeron por 1.927 transacciones hacia 395 cuentas bancarias, insertándose en el sistema formal de pagos para aparentar licitud.

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Según se pudo constatar mediante las diligencias iniciales, los sospechados habrían recurrido a “granjas de pitufos” o “granjas de mulas”, que son individuos que prestan sus cuentas para las operaciones.

Dentro del esquema, desde las granjas vendían criptoactivos, que entonces estaban a un valor de G. 6.500, pero que los investigados ofrecían comprar por G. 13.000, y transferían esos valores a las cuentas de los estafadores.

Así, los investigados ofrecían hacer transferencias por código QR por la suma máxima de G. 499.000 a modo de que el criptoactivo les sea transferido a sus respectivas billeteras, registradas en la plataforma Binance.

En la fundamentación del proyecto, se recordó que la vivienda ubicada sobre la calle Luis Alberto de Herrera N.º 892 entre Tacuarí y Estados Unidos, en Asunción, posee un “indudable valor histórico, cultural y simbólico” para el país.

El documento presentado ante el Senado sostiene que, pese a anuncios oficiales realizados meses atrás, la propiedad continúa expuesta a riesgos de degradación irreversible, sin que exista claridad pública sobre las medidas implementadas por los organismos responsables.

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Según se expuso, distintos medios de prensa reportaron que el inmueble permanece en evidente estado de abandono, con daños estructurales cada vez más notorios e incluso con presencia de ocupaciones irregulares dentro de la propiedad.

Senado pide detalles sobre convenio firmado en 2025

Los legisladores también solicitaron informes precisos sobre el convenio interinstitucional firmado en junio de 2025 entre la Secretaría Nacional de Cultura, el Instituto de Previsión Social y la Procuraduría General de la República, que tenía como objetivo impulsar acciones de restauración y puesta en valor de la casa de Serafina Dávalos.

En ese contexto, el Senado busca conocer cuáles fueron las obligaciones asumidas por cada institución, el estado actual del proceso de recuperación patrimonial, los recursos destinados y las medidas efectivamente ejecutadas desde la suscripción del acuerdo.

Patrimonio cultural y memoria histórica

El proyecto remarca que la preservación del patrimonio histórico y cultural “no puede quedar reducida únicamente a declaraciones formales o anuncios institucionales”, sino que requiere acciones efectivas y coordinadas por parte del Estado.

Asimismo, se recordó la relevancia histórica de Serafina Dávalos, quien adquirió inicialmente el inmueble en 1914 y posteriormente unificó terrenos linderos en 1928, consolidando la propiedad que hoy forma parte de la memoria histórica nacional.

Los senadores advirtieron que la situación genera creciente preocupación ciudadana debido al deterioro visible del inmueble y a la falta de resultados concretos respecto a su conservación, pese a tratarse de un bien patrimonial ligado a una de las figuras más emblemáticas de la historia jurídica y social paraguaya.

Incluso ensayaron la posibilidad de solicitar una reprogramación presupuestaria para restaurar la vivienda de Dávalos.

En ese sentido, la institución refirie que la detección de los documentos supuestamente adulterados fue posible mediante la intervención ciudadana y las observaciones públicas, durante el proceso de concurso de los postulantes para las vacancias en el sistema de justicia.

Imputan a jueza y funcionarios por supuesta adulteración de documentos para aumentar puntajes en ternas

Desde el órgano se expuso que, ante la detección de irregularidades se impulsó una investigación interna con la intervención de una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas de la institución. Es así que, tras corroborar los indicios, se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

En forma paralela, el Consejo de la Magistratura adoptó medidas administrativas inmediatas, incluyendo sumarios, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica, según el escrito.

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Por último, señalaron desde el CM que “estos hechos corresponden a responsabilidades individuales”, empero el funcionamiento de los mecanismos de control de la institución permitieron detectar estas irregularidades.

Jueza, exjuez, funcionarios fiscales y del CM, imputados por escándalo

El fiscal Leonardi Guerrero imputó por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, a una exactuaria judicial de Curuguaty, un asistente fiscal de Coronel Oviedo, un exmagistrado judicial y a una actual jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero.

También son investigados, pero en calidad de cómplice, un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, y como instigador, un funcionario de la Escuela Judicial del CM.

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Se trata así de:

• Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de PJC;
• Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado;
• Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty.
• Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo;
• Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo con 15 años de antigüedad en el Consejo de la Magistratura y
• Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, con más de 20 años de servicio, pero que renunció hace pocos meses.

La causa se tramita en el juzgado penal de garantías N° 7, a cargo de Miguel Palacios.

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Modus operandi con los documentos e hipótesis

El fiscal Leonardi Guerrero sostiene como hipótesis inicial que con el fin de sumar puntos de cara a las evaluaciones y eventualmente integración de ternas para cargos judiciales, fiscales o defensores públicos, se utilizaron documentos académicos presuntamente adulterados.

Entre estos se citan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.

“Las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web”, cita la Fiscalía.

Finalmente, la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el Rafael Prieto y Tomás Ávalos, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.

Keun fue despojado de dos mochilas: una que contenía la suma de G. 24.000.000 en efectivo, además de cheques, y otra que contenía varias prendas de vestir. Los supuestos autores fueron dos sujetos, ambos armados con pistolas.

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La víctima relató a la Policía que se desplazaba sobre la mencionada avenida cuando fue interceptada por los desconocidos, quienes se encontraban a pie. Uno de ellos, con arma de fuego en mano, le exigió que entregara su mochila.

Inicialmente, el hombre se negó y uno de los supuestos autores le propinó un golpe en la cabeza para despojarlo de sus pertenencias.

La investigación del hecho fue comunicada a la fiscal de turno, Estela Ramírez, quien quedó a cargo del caso.

En algún momento de descuido de los docentes el adolescente sacó el arma y disparó. La bala impactó en el cuello de una de sus compañeras, que de milagro logró sobrevivir.

Estudiante de 16 años supuestamente disparó a su compañera de curso en Nueva Italia

En tanto que el sospechoso escapó inicialmente del centro educativo, pero luego fue detenido en la casa de su familia, en la misma ciudad de Nueva Italia.

Los representantes legales de la víctima presentaron una querella adhesiva por supuesto homicidio doloso en grado de tentativa, debido a que los peritos lograron demostrar que para disparar el arma utilizada en el hecho se debía imprimir una presión de casi cuatro kilos sobre el gatillo.

Sin embargo, el Ministerio Público imputó al adolescente por lesión grave, ya que el sospechoso afirmó en aquel momento que el disparo fue accidental en el momento que intentó tomar el arma que tenía en su mochila.

El juzgado en base a la imputación de la Fiscalía le otorgó la prisión domiciliaria a Facundo Mauricio después de cuatro meses de estar recluido en el Correccional de Menores. Pero el joven incumple todas sus medidas y hasta dejó de firmar el libro de comparecencia mensual, sin consecuencia alguna.

Tras arresto, feminicidio en Nueva Italia

Desde ese momento, el ahora presunto feminicida estuvo prófugo de la justicia, hasta que finalmente el viernes 8 de mayo último se presentó ante el Juzgado de Sentencia de Fernando de la Mora. El colegiado, integrado por los magistrados Ana Carolina Silveira, Leticia Frachi Vargas y Javier Sapena Bibolini, dejó sin efecto la rebeldía y nuevamente lo benefició conel arresto domiciliario, que debía cumplir en la una propiedad de la compañía Itaybateí de la ciudad de Nueva Italia.

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Once días después, el mismo joven Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, quien ya estaba procesado por haber baleado a una compañera de colegio, ahora aparentemente asesinó con un cuchillo a María Celeste Segovia Colmán (31), con quien supuestamente estaba manteniendo relaciones sentimentales.

“Si el Juzgado de Sentencia no hubiera actuado con tanta ligereza y concedido nuevamente medidas al joven que estuvo en rebeldía por varios años, esta mujer María Celeste Segovia Colmán seguiría viva”, aseguró el abogado Héctor Torres, quien representa a los familiares de la estudiante que fue baleada por Balbuena Villasboa.

Irónicamente, en la mañana de hoy miércoles 20 de mayo el mencionado Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora integrado por los mismos magistrados levantó las medidas alternativas a la prisión aplicadas al procesado Balbuena Villasboa y decretó su prisión preventiva.

El magistrado admitió la acusación ratificada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero; y rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y exclusión de los testimonios del Abg. Jorge Rolón Luna y los ex ujieres del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo Benítez y Nicolás Antúnez; y admitió la exclusión de la declaración del ex ujier Líder Rodrigo Benegas.

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Por otra parte, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos no admitió el testimonio del ex ujier Líder Benegas, quien también está procesado en la presente causa, aunque pendiente de que se le conceda la suspensión condicional del procedimiento a pedido del Ministerio Público.

Además, a pedido de la defensa Otazú aceptó incluir como prueba para el juicio oral, el informe sobre los movimientos bancarias de la exmagistrada, pero rechazó la inclusión del informe bancario sobre el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, quien en su declaración ante el Ministerio Público había afirmado que llegó a llevarle, hasta en una caja de zapatos, la suma de G. 25 millones a González de Bristot, cuando la misma ocupaba el cargo de jueza de Paz de San Roque.

Otras decisiones sobre mafia de los pagarés

En atención al pedido del Ministerio Público el juez de Garantías también elevó a juicio oral a los actuarios Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz. En estos casos Otazú rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo que plantearon las defensas durante la audiencia preliminar.

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Otros acusados que afrontarán juicio oral son los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña, de la firma Litoral Trading SRL; Aníbal Cino Isnardi y Gerardo Stockel Duarte, representantes de la firma Nexo SA; Mario Gabriel Rojas Ayala, por la Cooperativa San Cristóbal Ltda.; Fátima Viola Ojeda González, en representación de Mi Paraguay SA; Eliana Rodríguez, de la firma Carsa; y la Abg. Marta Martinessi Culzoni, representante de la firma Chacomer SAE.

Por otro lado, Otazú imprimió trámite de oposición a la suspensión condicional del procedimiento para el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, la oficial de Justicia Paola Vargas, el Abg. Carlos Agüero León, de LAB SA; Abg. Félix Óscar Gill, representante de la firma Cobranzas Eficientes y Oportunas SA.; y el Abg. Pedro Olmedo Cano, representante de la empresa Serfin SA.

En relación al oficial de Justicia Óscar Frutos, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la aplicación del procedimiento abreviado y condenó al encausado a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, por el plazo de 3 años. En concepto de reparación social del daño, el mismo debe donar la suma de G. 1.000.000 mensual, por 36 meses, a una entidad de beneficencia.

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Acusada en el caso “mafia de los pagarés”

La ex jueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot, está acusada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en el caso “mafia de los pagarés”. Junto a la ex magistrada están procesados actuarios judiciales, ujieres notificadores y oficiales de Justicia de dicho Juzgado de Paz, además de profesionales abogados.

Según la acusación fiscal cuando era jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot dictó resoluciones judiciales supuestamente “violando el derecho y para favorecer a las partes actoras (empresas de cobranzas)”, y que pese a que habría sabido que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se realizaban, igual avanzó en el proceso, llegando en muchos casos al dictamiento de sentencias definitivas de remate y luego, los descuentos compulsivos de salarios como parte de los embargos dispuestos.

La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.

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A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.

Esquema de la “mafia de los pagarés”

La acusación fiscal detalla que entre los años 2022 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes legales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.

El Ministerio Público agrega que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.

Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado. Sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no eran diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos.

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Según el esquema que revela la acusación fiscal, dentro del proceso ejecutivo las intimaciones de pago y embargos ejecutivos eran también informados falsamente como realizados por los oficiales de justicia, consignando en muchos casos la misma fecha (e incluso hora) en lugares distantes unos de otros en los diversos expedientes pertenecientes a la misma empresa de cobranzas demandante por quienes habían sido contratados.

Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR, afirmó de forma categórica que un sistema de control deficiente es el terreno propicio para la comisión de irregularidades administrativas.

Auditor del IPS confirma vulnerabilidad en manejo de fondos durante gestión de Jorge Brítez

“Un sistema de control interno débil, puede propiciar eventualmente actos impropios, porque fallan los controles, fallan los sistemas”, alertó Fernández al ser consultada sobre las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo en relación a la contabilidad y el manejo de fondos del seguro social.

IPS: “El sistema hace agua y no se toman medidas”

Fernández fue enfática al señalar que las falencias del IPS no son una novedad para sus directivos, ya que el órgano superior de control emite dictámenes desfavorables de manera recurrente tras cada evaluación anual. Apuntó directamente a la responsabilidad de la cúpula del ente previsional para ejecutar las correcciones necesarias. Desde agosto del 2023, la administración del IPS estuvo a cargo de Jorge Brítez, quien presentó renuncia y fue reemplazo por Isaías Fretes el pasado 22 de abril.

“Año tras año nosotros venimos alertando a las autoridades del IPS que deben fortalecer sus sistemas de control interno, que su sistema de control interno es débil, y ese fortalecimiento tiene que partir de la máxima autoridad y su equipo gerencial”, sentenció.

Para la directora de Control Gubernamental, la inacción ante los reportes oficiales agrava la situación institucional de la previsional. “Si la entidad madre, la entidad fiscalizadora superior del Paraguay te está alertando que tu sistema hace agua, que tu sistema necesita ajustes, que no hay control adecuado, y no se toman las medidas, entonces ellos no pueden decir que no se les alertó”, cuestionó de forma directa.

Caos de sistemas y el debate de la “doble contabilidad”

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones sobre la existencia de una “contabilidad paralela” o el uso simultáneo de dos sistemas contables contrapuestos, Fernández aclaró que la CGR no cuenta actualmente con reportes de sus equipos que certifiquen una duplicidad intencional o fraudulenta, aunque reconoció que el IPS opera bajo una preocupante fragmentación tecnológica.

Según detalló, la institución maneja una multiplicidad de sistemas independientes por área (Aporte Obrero Patronal, caja, jubilaciones, fondos de inversión a través de la plataforma Data Tech, y stock de alimentos), cuyos informes sectoriales deben ser unificados posteriormente por el Departamento de Contabilidad en un balance consolidado.

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Si bien Fernández explicó que esta dispersión de plataformas es común en instituciones complejas, advirtió que la falta de un control interno robusto sobre el flujo de estos datos es lo que genera sospechas y desajustes.

Definición en julio

La veracidad y la transparencia del balance consolidado del IPS están siendo evaluadas a contrarreloj. Fernández explicó que actualmente, un equipo multidisciplinario de la Contraloría ejecuta un paquete de seis auditorías simultáneas dentro de la previsional, las cuales abarcan las áreas financiera, de fondos de jubilaciones, de activos fijos y bienes patrimoniales, de contrataciones públicas, tecnológica y de gestión ambiental (residuos hospitalarios).

Los resultados de esta fiscalización integral realizada anualmente por la Controlaría, que determinarán si el IPS registra íntegramente sus operaciones o si existen sesgos y errores materiales, están previstos para finales del mes de julio. “En este momento la auditoría está en proceso. El auditor tiene que cotejar la información de manera tal a que no haya sesgo. Al culminar, vamos a estar en condiciones de emitir una opinión basada en evidencia suficiente y competente”, concluyó Fernández.

El boletín remitido desde la cartera laboral detalla que, la iniciativa surgió en respuesta al crecimiento sostenido de la actividad naviera, que demanda la incorporación de mano de obra calificada para cubrir nuevos puestos de trabajo.

En ese marco, refiere el comunicado que, el sector articula acciones con el Servicio Público de Empleo para acercar oportunidades laborales a personas interesadas en insertarse en el mercado laboral, conforme a los perfiles requeridos por las empresas.

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Empresas cuentan con 87 vacancias laborales

Las oportunidades laborales corresponden a diez empresas del sector: Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA, UABL PY .

Se encuentran disponibles vacancias para los cargos de marinero (33), engrasador (18) y cocinero (11). También se buscan perfiles para patrón baquero (4), jefe de máquinas (3), marinero aprendiz (3), práctico sur (3) y práctico (2).

Además, hay oportunidades para analista de tecnología embarcada TL (1), jefe de máquina relevante (1), calderero/soldador (1), analista de planificación (1), capitán (1), representante comercial (1), asistente de operaciones Forwarding (1), chofer (1), engrasador aprendiz (1) y analista de HSEQ (1).

Entrevistas laborales

Durante la jornada se desarrollarán entrevistas laborales con representantes de las firmas participantes. Asimismo, se prevé la participación de alumnos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuyos perfiles serán evaluados para una eventual derivación a las empresas solicitantes.

Gran Feria de Empleo cierra con masiva concurrencia y un panel de líderes empresariales

Las vacancias ya se encuentran publicadas en el portal EmpleaPy, donde las personas interesadas pueden acceder a los requisitos y condiciones salariales de cada puesto. Los salarios oscilan entre el mínimo legal vigente y unos 6 millones de guaraníes.

La convocatoria está prevista para este jueves 21 de mayo, desde las 08:00, en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada en avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción.

Bajo el lema #TodosSomosResponsables, la institución apela a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de prendas que se encuentren en buen estado. Entre los artículos solicitados se encuentran:

• Abrigos.
• Camperas.
• Pantalones.
• Remeras.
• Medias.
• Gorras.
• Calzados.

El punto de recepción es la sede central del Minna para la entrega de donaciones, ubicada en Ayolas 482 casi Oliva, en la ciudad de Asunción.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

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¿Dónde llevar abrigos para niños y adolescentes?

Además, el operativo cuenta con un alcance nacional a través de las oficinas regionales del Minna distribuidas en los siguientes departamentos:

• Sede en Central, en la Gobernación en Areguá, ruta D070, tramo Capiatá-Areguá, km. 24, Compañía Costa Fleytas.
• Sede en Alto Paraná, predio del Ministerio Público en Ciudad del Este, Avda. Los Sauces km 3 1/2.
• Sede en Itapúa, oficina Regional en Encarnación, Jóvenes por la Democracia Nº 1741 edificio Libra 4to piso.
• Sede en Concepción, en la Gobernación de Concepción, Carlos A. López, casi Brasil.
• Sede en Caaguazú, en la Gobernación de Caaguazú, Mcal. Estigarribia e/ Ytororo, Coronel Oviedo.
• Sede en Cordillera, en la Gobernación, Pozo de la Virgen c/ Dr. Pino, Caacupé.
• Sede en Guairá, en la Gobernación, Gral. Díaz c/ San Roque Gónzalez de la Santacruz, Villarrica.
• Sede en Caazapá, en la Gobernación, Mcal. Estigarribia, e/ Pedro N. Ciancio, Caazapá.
• Sede en Presidente Hayes, en la Gobernación, Avda. Dr. Pablo Contessi Pérez e/ Avda Laudo Hayes y España, Villa Hayes.
• Sede en Ñeembucú, Alberdi e/ 14 de Mayo y Gral. Díaz, Pilar.
• Sede en Misiones, en Santa Rosa, 14 de Mayo, c/ Alberdi.
• Sede en Canindeyú, subsede Curuguaty, Mca´. Estigarribia c/ Francisco Tarragó.
• Sede en Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Cerro León y Alejo García.

Desde el Ministerio destacan que cada aporte es de gran valor para proteger a los sectores más desfavorecidos durante el invierno.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante casos de niños o adolescentes en situación de riesgo por el frío, se puede contactar a la línea gratuita 147 (Fono Ayuda).

De Brum, de 32 años de edad, fue secuestrado el 22 de febrero pasado mientras trabajaba en una cosecha de soja en la localidad de Yerutí.

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En el lugar se hallaron algunos panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no han confirmado ni descartado la participación de ese grupo en el secuestro.

La familia del productor ha pedido a los captores que “actúen con humanidad”, al insistir en su solicitud de una prueba de vida.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Según el Gobierno paraguayo, esta guerrilla tiene 13 miembros activos.

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Sin embargo, Abed no asistió supuestamente por motivos de salud y envió de emisaria a Bettina Aguilera.

En tanto que, Yamil Esgaib tras un discurso rimbombante se retiró del recinto indicando que tenía otros compromisos.

“Es importante poner en el centro del debate un pilar fundamental de la República; el derecho a saber. Desde la comisión que me toca presidir entendemos que la justicia no solo se imparte en lo tribunales, sino que se construye cada vez que un ciudadano accede a información real de como se administran sus recursos”, dijo Yamil Esgaib durante su discurso de apertura.

Resulta irónico que Yamil Esgaib, uno de los parlamentarios más violentos con los trabajadores de la prensa y quien constantemente pide cierre de debate o bloquea los pedidos de informes de los opositores en la Cámara Baja esté como disertante con un discurso que podría catalogarse de falso.

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Habló sobre la justicia social, y de que con el acceso a la información el ciudadano puede saber que pasa con el dinero de su jubilación, el uso de los recursos públicos. Pero, en las últimas sesiones no acompañó los pedidos de informes IPS y otros pedidos de transparencia.

“No puede haber justicia social si el pueblo desconoce el actuar de sus representantes. La transparencia deben ser lo más eficaz contra la arbitrariedad y el camino más corto hacia la eficiencia de la gestión pública”, dijo en otra parte de su discurso el cartista.

“Otros compromisos”

Luego de su presentación, se retiró de la jornada al igual que la diputada Bettina Aguilera y el ministro de Justicia Rodrigo Nicora, todos alegaron compromisos previos.

Por otro lado, Clara Aquino, la directora de Transparencia de la Contraloría General de la Republica, envió una emisaria también por que tenía otro compromiso previo. No asistió tampoco Elida Acosta, asesora de la Dirección de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Dio una disertación casi tirando al hurrerismo la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidente, María Teresa Peralta, quien luego de saludar a todos sus “correligionarios y amigos” se dispuso a leer un resumen de lo que hizo la vicepresidencia, datos que cualquier ciudadano pueda acceder desde la web, sin necesidad de ir a una disertación. Es decir, no aportó nada nuevo en la jornada institucional.

A última hora fue agregada en la lista de disertante Laura Salinas, del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic).

De acuerdo con la institución, esta prohibición estricta busca mitigar riesgos tanto operativos como ambientales en el campo paraguayo.

Objetivos principales de la disposición

• Preservar la trazabilidad: asegurar el seguimiento del producto desde su origen hasta el consumidor final
• Garantizar la integridad: evitar adulteraciones o contaminaciones cruzadas que afecten la calidad de los insumos
• Seguridad en el etiquetado: asegurar que la información de uso, dosificación y advertencias permanezca visible y sea la correcta
• Mitigación de riesgos ambientales: reducir los peligros vinculados al manejo indebido y la disposición inadecuada de los envases vacíos

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Alineación con estándares internacionales

La DAG enfatiza que esta medida no es aislada, sino que responde directamente a las reglamentaciones institucionales internas y está plenamente alineada con el Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Las autoridades instan a los actores de la cadena de suministro a adecuarse estrictamente a la normativa para evitar sanciones y cooperar con la sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

Aumento de precios de fertilizantes redefiniría la rentabilidad del agro

Las cuentas y los canales oficiales de comunicación de la comuna capitalina no emitieron ningún tipo de aviso previo respecto al corte de la calzada en la zona de las obras de pavimentación. Tras la publicación, la circulación volvió a habilitarse.

Nicolás Duarte, director de Vialidad informó que los trabajos en la zona continuarán hasta el lunes o martes, con cortes intermitentes del tránsito. Agregó que algunos trabajos, como la colocación del hormigón, se realizarían necesariamente en horario diurno, mientras que la regularización asfáltica se haría por la noche.

Hartazgo en microcentro de Asunción: Ola de denuncias ciudadanas por calles destrozadas

La calle Azara constituye la principal vía de acceso para el transporte público que ingresa diariamente al centro histórico de la capital desde distintos puntos del área metropolitana. Debido al bloqueo de la calzada, decenas de automóviles y líneas de colectivos quedan completamente retenidas en una larga fila y deben desviar de forma improvisada girando hacia la calle Caballero.

El colapso de la circulación vehicular en el microcentro asunceno se agravó significativamente debido a la total ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el sector. Ningún inspector de la comuna fue desplegado para dirigir el flujo automotor ni para coordinar los giros forzosos en los puntos críticos establecidos para el desvío.

Tránsito en Asunción: Obras de Luis Bello repiten el desastre vial de Eusebio Ayala

Este escenario en el centro histórico repite el patrón de falta de planificación vial que la Municipalidad de Asunción ya registra desde hace varias semanas sobre la transitada avenida Eusebio Ayala. Allí, las máquinas del mismo plan de obras redujeron el tránsito automotor a paso de hombre, afectando severamente uno de los principales accesos a la ciudad.

La desorganización en la apertura de los frentes de trabajo del plan comunal también afectó de manera reciente a los usuarios de la avenida De la Victoria. Vecinos y automovilistas que circulan por dicha arteria y por la calle R.I. 18 Pitiantuta presentaron quejas similares debido a los cierres viales mal coordinados que afectan enormemente al flujo vial de la transitada Eusebio Ayala.

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Los conductores y usuarios del transporte público que utilizan la calle Azara en el microcentro de Asunción manifestaron su disconformidad ante la colocación de carteles de desvío sobre la calzada sin una correcta planificación de contingencia previa.

La carencia de cronogramas claros de trabajo y de vías alternativas debidamente señalizadas por parte de la administración del intendente Bello continúa afectando el desplazamiento diario de los ciudadanos. Los problemas de movilidad urbana se extienden y se agudizan por la simultaneidad de obras viales ejecutadas sin el acompañamiento operativo de las direcciones municipales.

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Según explicó el jefe comunal, el traslado tradicional desde el puerto de Humaitá hasta la ciudad argentina de Las Palmas provincia del Chaco (Argentina)demanda más de una hora de viaje, mientras que desde Curupayty el recorrido fluvial se realiza en apenas entre 10 y 15 minutos, convirtiéndose en una alternativa mucho más práctica para pasajeros y transportistas.

Caballero indicó que del lado argentino ya operan organismos de control, como la Prefectura Naval y oficinas migratorias, pero que en territorio paraguayo aún falta la instalación de una dependencia de Migraciones que permita formalizar legalmente el tránsito internacional.

En ese contexto, sostuvo que la Municipalidad de Humaitá está dispuesta a invertir en infraestructura básica y firmar acuerdos institucionales para facilitar el funcionamiento del futuro puesto fronterizo.

Entre las mejoras previstas figuran la construcción de rampas, adecuación de accesos y acondicionamiento del embarcadero.

Las negociaciones cobraron fuerza tras una reunión realizada recientemente en Humaitá, donde participaron representantes de Las Palmas, autoridades chaqueñas y el diputado nacional Diosnel Aguilera.

Para los próximos días se prevé un nuevo encuentro con la intención de incorporar al Gobierno departamental del Ñeembucú y acelerar los trámites administrativos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es habilitar inicialmente una balsa destinada al transporte de camiones de carga, con la finalidad de descongestionar el intenso movimiento que actualmente soporta el paso fronterizo de Clorinda, por donde circulan diariamente cientos de vehículos pesados.

Las estimaciones preliminares indican que entre el 10% y el 20% del flujo de cargas podría ser redireccionado hacia este nuevo corredor internacional, lo que representaría un importante impulso económico para la región.

A largo plazo, autoridades y pobladores sueñan con la construcción de un puente internacional que consolide definitivamente la conexión entre ambos países.

El futuro paso fronterizo también se ve fortalecido por el avance de las obras de la denominada Ruta Histórica, que une Pilar, Humaitá y Paso de Patria.

Los trabajos ejecutados en los lotes correspondientes permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad luego de las intensas lluvias registradas en la zona.

El intendente remarcó que, mediante gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las empresas constructoras encargadas de la obra vial, se realizaron intervenciones para garantizar la circulación vehicular en un tramo considerado estratégico para el desarrollo turístico, comercial y logístico del sur del país.

Al respecto, informaron que la Gobernación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) han prometido la entrega de los kits de víveres y la transferencia de los recursos destinados al programa productivo.

El acuerdo entre el sector campesinado de Misiones y el Gobierno Nacional, a través de la EBY, establece la entrega de kits de alimentos para unas 14.000 familias afiliadas a la OCM, en tres etapas durante el año; estas entregas debieron haberse iniciado en abril.

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La asistencia está orientada a paliar la baja producción agropecuaria que sufrieron los productores, provocada por factores climáticos, especialmente por la sequía registrada entre los meses de diciembre del año pasado y enero de este año.

Además, se contempla la transferencia de recursos para el programa productivo, que cubre la preparación de suelos, la compra de insumos como semillas y fertilizantes.

Para las familias que no cuenten con actividad agrícola, se prevé la adquisición de pollitos y otros insumos necesarios para su crianza.

“Las autoridades de la Gobernación y de la EBY nos han prometido que para el día 26 de mayo ya se habrán distribuido los kits de víveres y la transferencia de recursos para los proyectos productivos. Por esta razón mantenemos nuestro cuarto intermedio en la movilización: si el día 26 no se cumplen los compromisos, el día 27 iniciaremos una manifestación de carácter indefinido”, explicó Ramón Benítez, dirigente campesino.

Miembros del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), se reunieron el pasado 28 de abril con el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien prometió, entre otras cosas, una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de liberar los fondos.

No obstante, hasta la fecha, los directores siguen sin estos recursos. La semana pasada, el MEC habilitó la firma de las solicitudes a través del sistema de gestión interna (Sigmec).

“Si consideramos que normalmente el fondo viene después de dos semanas de la firma, recién en junio estaríamos recibiendo”, lamentó Elvio Daniel Argüello, director de la Escuela Básica N° 1334 Don Isaac Ortíz, ubicada en la ciudad de Zanja Pytã, en el departamento de Amambay.

Lo que debe repartir el MEC en concepto de gratuidad

Los recursos de gratuidad se dividen en dos tipos, los gastos corrientes, que sirven para la adquisición de insumos básicos de limpieza y compras menores como focos, picaportes, vidrios para ventanales, tizas o marcadores.

Los gastos corrientes son los que se entregan en el primer semestre del año lectivo, usualmente en marzo o abril, si hay retrasos. Considerando esto, la demora del Gobierno ya lleva dos meses de atrasos en lo que va del 2026.

Según datos del Sinadi, extraídos tras la reunión con el ministro Ramírez, el Gobierno tiene previsto entregar G. 3.233 millones para el nivel inicial y G. 9.631 millones para el primer y segundo ciclo de la escolar básica (primero al segundo grado).

Para el tercer ciclo, la deuda alcanza G. 4.618 millones y para los bachilleratos científicos, el monto es de G. 5.454 millones. Para los bachilleratos técnicos, la cifra alcanza G. 3.749 millones. En total, lo adeudado por el Gobierno es de G. 26.685 millones, o sea, casi G. 27.000 millones, aclarando que en algunos casos, este reparto se realiza en dos etapas.

Directores plantean protestas si no reciben recursos básicos

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, afirmó que preparan una protesta frente al edificio central del Ministerio de Economía, si es que para la próxima semana, siguen sin recibir una respuesta sobre los desembolsos de la gratuidad.

“Nosotros queremos la respuesta del MEF que es la entidad encargada de brindar los recursos al MEC, que luego transfiere a las instituciones educativas. Hasta ahora lastimosamente no tenemos retorno”, denunció.

Según datos, la víctima y otros familiares se encontraban compartiendo una ronda de tragos alrededor de una fogata cuando el joven solicitó dinero para continuar consumiendo alcohol. Ante la negativa de su madre, reaccionó violentamente, agarró una leña y golpeó en el rostro a su progenitora.

Posteriormente, el agresor se retiró del lugar hacia la comunidad indígena Jukyry, donde fue localizado y capturado por vecinos, quienes posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional.

No sería la primera vez

De acuerdo con los familiares, el joven presenta conductas agresivas recurrentes y no sería la primera vez que agrede a su madre.

El procedimiento se inició tras la denuncia radicada por la propia víctima, quien llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado.

Según el comunicado oficial de las autoridades, se ha detectado la venta clandestina de estos compuestos a través de internet, plataformas digitales y redes sociales.

Al no contar con el respaldo científico ni los controles de calidad correspondientes, su consumo implica un riesgo sanitario crítico.

Dinavisa instó a la población a no adquirir ni utilizar ninguna de las siguientes marcas identificadas en el mercado informal:

• VELTRANE - TIRZEPATIDE
• THERA - TIRZEPATIDE
• TIRZEPATIDE INJECTION
• TIRZEGEN

Estos productos se comercializan por canales no autorizados y su ingreso al país no ha sido supervisado por ningún organismo de control.

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Riesgos severos para la salud

El principal peligro de estos medicamentos falsificados o de contrabando radica en la total incertidumbre sobre su origen. Al carecer de registro sanitario, las autoridades advierten que estos viales podrían:

1. Contener ingredientes no declarados o sustancias directamente peligrosas y tóxicas.
2. Haber sido elaborados en condiciones de fabricación insalubres o desconocidas.
3. Provocar graves efectos adversos e irreversibles en el organismo.

La institución recuerda que la automedicación y la compra de fármacos en el mercado negro ponen en juego la vida de las personas.

Antes de adquirir cualquier tratamiento, se solicita a los pacientes verificar siempre que el producto cuente con el registro sanitario de Dinavisa de forma visible en su envase.

Alerta sanitaria por contaminación microbiológica de productos de limpieza

Para reportar la venta ilegal o falsificación de estos u otros fármacos, la institución ha habilitado los siguientes canales de denuncia:

• Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py
• Vía web: A través del botón de denuncias en la página oficial de Dinavisa.
• Presencial: Mediante una nota en físico presentada en las oficinas de la institución.
• Teléfono: (021) 45 36 66

Para obtener más detalles y acceder al documento oficial, puede visitar el portal institucional.

El organismo está presidido por Camilo Pérez, actual titular del COP y también precandidato a la intendencia de Asunción.

La resolución solicita a la Contraloría un informe detallado sobre todos los fondos transferidos desde instituciones del Estado al Comité Olímpico Paraguayo entre 2020 y 2022, incluyendo:

• Montos, fechas y entidades que realizaron las transferencias
• Conceptos específicos de cada desembolso
• Auditorías, controles y verificaciones realizadas por la CGR
• Copia de las rendiciones de cuentas presentadas por el COP
• Detalle de obras ejecutadas en el Parque Olímpico de Ñu Guasu
• Montos invertidos, empresas adjudicadas y modalidades de contratación
• Si las adjudicaciones fueron por licitación o contratación directa
• Eventuales denuncias o reclamos sobre la ejecución de los fondos

Además, el Senado pidió que la información sea remitida en formato digital y editable, junto con la documentación de respaldo.

El proyecto aprobado sostiene la necesidad de revisar el manejo de recursos públicos destinados a la organización de los Juegos Suramericanos 2022, considerando el alto volumen de inversión estatal.

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El documento señala que, pese al importante presupuesto asignado, se habrían registrado deficiencias durante la realización del evento, además de denuncias de atletas por problemas logísticos y operativos.

También se solicita revisar los procesos de licitación vinculados a las obras del Parque Olímpico, uno de los principales escenarios construidos para el evento en Asunción.

Transparencia y control del gasto público

Los legisladores Juan Afara y Luis Pettengill, colorados disidentes que impulsaron el pedido, argumentan que es necesario verificar si la Contraloría realizó auditorías completas sobre el uso de los fondos públicos transferidos al COP, en cumplimiento de las normas de control del gasto estatal.

El artículo aprobado establece un plazo de 15 días para que la Contraloría remita el informe requerido al Senado, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley 5.453/15.

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El pedido de informes también adquiere relevancia política debido a que el titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, se encuentra actualmente en la carrera política como precandidato a la intendencia de Asunción.

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En una entrevista a ABC, el funcionario analizó las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo, centradas en la coexistencia de dos sistemas de control interno durante la gestión de Jorge Brítez como titular del ente, una situación que, según su criterio técnico, constituye una vulnerabilidad crítica para la transparencia de la institución.

Brítez inició su gestión en agosto del 2023 y presentó su renuncia al seguro social en abril. En su reemplazo fue nombrado el docente, militar y médico Isaías Fretes, el pasado 22 de abril. ​

​¿Por qué es una problemática la existencia de dos sistemas contables en IPS?

​Ante la confusión pública generada por las declaraciones previas del caso, Laguardia fue enfático en precisar la naturaleza de la irregularidad señalada: “No estamos hablando de dos cuentas, estamos hablando de dos sistemas de control interno donde se registran las operaciones”.

​El auditor detalló que el IPS utiliza, por un lado, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), exigido por la Ley 1.535/99 y su decreto reglamentario para todas las entidades estatales. Por otro lado, la institución emplea un software paralelo denominado SAP para el registro de sus operaciones.

​“Estamos hablando de dos sistemas de control interno. A prima facie, para mi conocimiento y experiencia en el área de auditoría, yo querría que sea un solo sistema. Eso tendría que ser el sistema integrado de información financiera del Ministerio de Economía“, sostuvo Laguardia.

​Riesgos operativos y legales

​Laguardia expresó que desde la institución se le argumentó que el SAP sirve como apoyo para la gestión administrativa y hospitalaria, dada la complejidad de los fondos de jubilación, salud y administración. No obstante, el auditor fue tajante respecto a los riesgos que esto conlleva:

• ​Diferencias en los saldos: Laguardia explicó que al registrar las operaciones en el SAP y luego migrarlas al sistema oficial del Estado, pueden generarse discrepancias inevitables en los registros de ingresos y egresos.

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• ​Debilidad en el control: “En una institución tiene que haber una sola cabeza y un solo sistema de control interno. Cuando hay dos, probablemente nos vamos a encontrar siempre con problemas en la registración de las operaciones y las cuentas”, enfatizó.
• ​Inobservancia de la Ley 1.535: El auditor recordó que la normativa vigente obliga a todas las entidades del Estado a registrar sus operaciones económicas exclusivamente en el sistema financiero oficial, garantizando así el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

​El funcionario calificó el escenario como una “debilidad del sistema de control interno” y confirmó que recomendó la unificación total de los registros para asegurar la transparencia de los fondos públicos.

​Compromiso de gestión

​Laguardia, quien cuenta con una trayectoria de 24 años en auditoría y el ámbito académico, aclaró que se encuentra en una etapa de análisis preliminar, interiorizándose sobre los informes previos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría del Poder Ejecutivo.

​“En base a las informaciones que estoy manejando y las auditorías que ya han culminado, puedo decir que hay una debilidad del sistema de control interno del IPS y eso arroja cuestiones que, evidentemente, hay que mejorar”, reconoció.

Continúan saliendo los trapos sucios del IPS

​El nuevo auditor expresó su compromiso con la actual administración de Isaías Fretes, señalando que su labor principal será colaborar para que el IPS sea una institución más transparente, con el fin de demostrar a los asegurados que sus fondos públicos son manejados correctamente.

El líder de la comunidad, Silvio Duarte González, explicó que hace aproximadamente tres meses tuvieron que abandonar el predio que ocupaban en la zona de Guayakikua, debido a un conflicto registrado entre comunidades indígenas.

Comentó que desde entonces solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y también a representantes de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, buscando un lugar donde instalarse provisoriamente, además de carpas, frazadas y sábanas.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes.

Indicó que las mayores necesidades actualmente son carpas, víveres y abrigos para los niños, atendiendo las bajas temperaturas que se registran en estos días. Señaló que sobreviven gracias a la solidaridad de personas que diariamente llegan hasta el lugar para acercarles alimentos, ropas y leña.

El dirigente indígena manifestó que atraviesan una situación sumamente precaria e inhumana y pidió una rápida intervención de las instituciones responsables para garantizar condiciones dignas de vida a las familias afectadas.

Al respecto, el encargado de asuntos indígenas del Indi, Juan Garcete, señaló que los grupos nativos exigen la provisión de víveres para sus comunidades, pero actualmente el Indi no cuenta con recursos para proveer alimentos.

Indicó además que también solicitan tierras, pero sostuvo que los grupos se encuentran muy desorganizados, no tienen un líder fijo y constantemente se trasladan de una comunidad a otra, situación que —según afirmó— dificulta una gestión eficiente con los mismos.

Agregó que la Gobernación de Caaguazú suele asistirlos periódicamente con alimentos, aunque reconoció que para los nativos la ayuda nunca resulta suficiente.

En esa línea y de manera a actuar con cautela respecto a las predicciones, el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Édgar Mayeregger, comentó que El Niño “se está gestando” y que podría “comenzar a interactuar sobre nuestro país” a partir de la próxima primavera y verano.

En conversación con ABC, señaló que existen informes de evolución del fenómeno emitidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que alertan sobre un probable evento Niño de fuertees intensidad y duración.

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A partir de esa información, Mayeregger contó que técnicos del MAG elaboran recomendaciones y las comunican a la población para que se tomen las debidas precauciones.

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“El Niño siempre se caracterizó por generar mayores lluvias en épocas de precipitaciones y temperaturas normalmente más altas en ese mismo periodo. Veremos cómo evoluciona la intensidad del evento. Estaremos monitoreando porque aparentemente será un fenómeno fuerte”, reiteró.

Las diferentes características de El Niño

En cuanto a las particularidades de El Niño en Paraguay, el ingeniero explicó que dicho fenómeno no siempre presenta las mismas características, ya que no todos tienen igual intensidad ni comportamiento.

En ese sentido, recordó que el año antepasado se registró un fenómeno Niño que no tuvo un impacto significativo en Paraguay. Si bien generó lluvias en el norte argentino y el sur de Brasil, en el territorio paraguayo casi no tuvo incidencia, amplió.

No obstante, el especialista señaló que la región Oriental y el Bajo Chaco (región Occidental) suelen ser las zonas más afectadas por este tipo de eventos de lluvias, y que en términos generales, El Niño suele tener menos impacto negativo para el sector productivo en comparación con La Niña.

“Cuando hay mayor disponibilidad de agua (El Niño), las condiciones de producción suelen ser mejores mientras no sea en exceso; mientras que durante un evento La Niña, se caracteriza por la escasez de lluvias en época de cultivo”, amplió.

Incidencia de enfermedades en cultivos

De acuerdo con lo explicado, en contrapartida, más agua también significa riesgos específicos. “Podemos tener esa ventaja por un lado, pero también El Niño, al generar alta humedad y altas temperaturas, puede provocar mayor presión fitosanitaria (incidencia de enfermedades en cultivos)”, añadió.

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Además, alegó que durante la cosecha, el exceso de lluvias puede generar mucha humedad, lo que impide el ingreso de maquinaria y ocasiona pérdidas en los campos.

“Es crucial continuar con el monitoreo del fenómeno para determinar si finalmente será fuerte, débil o moderado”, concluyó el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG.

El vecino Héctor Cápdevila señaló que ya había realizado una queja a la prensa hace apenas 12 días, pero nada mejoró y aseguró que el panorama volvió a empeorar tras las precipitaciones registradas recientemente.

“Después de la lluvia la ruta quedó peor, ya es imposible circular con normalidad”, manifestó.

De acuerdo con los reclamos, los trabajos ejecutados por la cartera estatal se habrían limitado a un bacheo mínimo en el barrio Gral. Díaz, ubicado en zona alta de Arroyos y Esteros, intervención que los usuarios consideran insuficiente frente a la magnitud del deterioro que presenta la ruta.

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Peligro constante

El sector más afectado se encuentra entre los kilómetros 55 y 60 de la ruta PY02, donde se observan baches de gran profundidad, cráteres abiertos sobre la calzada y sectores donde el asfalto prácticamente desapareció, obligando a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar accidentes.

Los pobladores coinciden en que la situación representa un peligro constante tanto para automovilistas como motociclistas y transportistas que utilizan a diario esta vía estratégica de conexión entre las localidades de Tobatí y Arroyos y Esteros.

Aseguran además que la falta de una intervención integral genera una sensación de abandono, ya que los reclamos se repiten sin respuestas concretas, mientras el estado de la ruta continúa deteriorándose con cada lluvia.

Para consultar sobre el problema, esta corresponsalía intentó comunicarse con la Dirección del MOPC, pero no se obtuvo respuesta.

El medio está abierto a brindar espacio si desean referirse al respecto.

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La dimisión de la directora Gisela Vargas y del director médico René Sotomayor dejó sin un funcionario encargado de dirigir la unidad sanitaria de la previsional en esta localidad.

La coordinadora zonal del IPS, doctora Luci Zarza, señaló que la situación no afecta el funcionamiento de la institución, ya que la misma asume la dirección, hasta que se emita la resolución por la cual se nombren los reemplazos de estos profesionales.

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“La renuncia de la doctora Gisela Vargas se produjo hace dos semanas, y en estos últimos días, se sumó el director médico René Sotomayor. Las autoridades centrales ya conocen la situación; incluso el presidente Isaías Fretes ya está al tanto de lo ocurrido”, indicó Zarza.

Asimismo, explicó que probablemente por la demora en los trámites burocráticos y por la gran carga de trabajo del presidente, aún no se ha firmado la resolución que define el nuevo nombramiento.

“Sin embargo, la propuesta ya se encuentra en la sede central; solo falta que el presidente firme el documento para formalizar la designación”, agregó.

También aclaró que la salida de estos dos profesionales no afecta el desarrollo de las actividades de la unidad sanitaria, ya que la misma está interinando el cargo de directora la cual se encarga tanto de la parte administrativa como de la atención a los pacientes.

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La causa de la renuncia de la doctora Gisela Vargas se debe a motivos de salud, ya que sus condiciones no le permitían cumplir el cargo de la manera adecuada, por lo que decidió presentar su dimisión.

Por su parte, la salida del director médico obedece a que el profesional ya contaba con otras actividades laborales, la cual le dificultaba cumplir con sus funciones, además de que el cargo no contaba con beneficios remunerativos adicionales ni con condiciones horarias favorables.

Por ello, mientras desempeñaba sus tareas en la unidad de salud, debía asumir también las responsabilidades propias de la dirección médica.

En esos comicios, los partidos y movimientos políticos de Paraguay elegirán a los candidatos que pugnarán por intendencias y concejalías en las elecciones municipales de octubre de este año. Además, varios partidos, entre ellos el PLRA, elegirán a sus nuevas autoridades partidarias en la misma jornada.

Faltando menos de tres semanas para la votación, varios sectores de la oposición e incluso de la disidencia del gobernante Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) han elevado cuestionamientos al considerar que existe una falta de garantías de que no se incurrirá en fraude electoral por medio de las máquinas.

“Estas máquinas son vulnerables”

El senador Villalba, quien pugnará por la presidencia del PLRA el 7 de junio, volvió a cuestionar hoy el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) diciendo que “no se pone del lado de la gente, se pone del lado de la empresa” e insistió en que expertos técnicos afirman que “estas máquinas son vulnerables” y propensas a errores.

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Dijo como ejemplo que, durante una prueba en la que él estuvo presente, una máquina imprimió solo parcialmente un boletín de voto, que podría no ser considerada válido al momento del escrutinio público de los votos.

Según comentó, un representante de la empresa proveedora de las máquinas admitió que errores como ese pueden pasar “porque son máquinas que ya fueron utilizadas varias veces”.

Críticas al cartismo y a adversarios liberales

El senador Villalba acusó a representantes del oficialismo colorado cartista, que ha defendido el uso de las máquinas arrendadas por el TSJE, de intentar “desviar la atención” de los cuestionamientos técnicos acusando a la oposición de querer volver a listas ‘sábana’ cerradas.

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También cuestionó que “algunos exponentes de mi partido” defiendan “a ciegas” el uso de las máquinas, en una aparente referencia al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, uno de los rivales de Villalba en la pugna por la presidencia del PLRA, quien dijo hoy a ABC Cardinal confiar en las máquinas de votación y opinó que “adversarios internos” suyos buscan “abrir el paraguas” por adelantado para justificar una eventual derrota el 7 de junio.

“Hay muchos que se creen ya candidatos presidenciables (...), pero no tienen un equipo que los asesore y les diga que en la máquina les pueden joder”, dijo.

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El senador Villalba llamó a la ciudadanía a cuidar y controlar sus votos al momento de ir a las urnas.

“Que el elector controle cuando aprieta la pantalla que sea su candidato, que controle cuando imprime (la boleta) y pase por el lector, que se tome su tiempo hasta tanto las máquinas tengan la seguridad necesaria”, pidió.

El senador comenzó refiriéndose al debate sobre las máquinas de votación y aclaró que las críticas de sectores opositores no buscan eliminar el sistema electrónico, sino garantizar la transparencia mediante el acceso al código fuente para auditorías.

Sin embargo, posteriormente trasladó el foco hacia el sistema de justicia y cuestionó la conformación de la terna para juez penal de Capital. “¿Cómo puede ser que un fiscal como Deny Yoon Pak haya quedado fuera de la terna con los méritos que tiene?”, reclamó.

Para Filizzola, resulta todavía más grave que Cantero haya ingresado “con el mejor puntaje”.

“Recibía instrucciones del abogado de la querella”

El legislador recordó los chats filtrados que involucraron a Cantero y lo acusó de haber actuado de manera parcial en investigaciones sensibles. “Es el fiscal que aparece en unos chats recibiendo instrucciones del abogado de la querella”, afirmó en alusión al abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar.

Filizzola sostuvo que un fiscal “debe ser objetivo” y advirtió sobre el impacto que tendría su eventual llegada a la magistratura. “Imagínense cómo va a ser como juez”, expresó.

También lo acusó de utilizar su posición dentro del Ministerio Público para beneficiar a personas cercanas. “Es el fiscal que estaba investigando a la Justicia Electoral y le consiguió trabajo a su pareja en la Justicia Electoral”, señaló.

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El parlamentario elevó el tono de sus críticas y cuestionó incluso la capacidad jurídica de Cantero. “Aparte de ignorante supino, porque no entiende nada de derecho”, lanzó.

Luego ironizó sobre el exsenador Hernán Rivas y el escándalo de su título universitario. “Ese habrá sido el compañero que estaba buscando nuestro excolega y que nunca encontró”, dijo.

Filizzola aseguró además que la eventual designación de Cantero afecta la imagen internacional del país y genera inseguridad jurídica. “¿Quién va a venir a invertir con un juez como este?”, cuestionó.

Filizzola también apunta contra Gustavo Leite y Santiago Peña

El senador del PDP también criticó al gobierno de Santiago Peña y al embajador paraguayo ante Estados Unidos, Gustavo Leite, por las gestiones para conseguir vuelos directos entre Paraguay y Miami mediante subsidios estatales.

Según denunció, el Ejecutivo pretendía destinar unos US$ 5 millones anuales para subsidiar a una aerolínea extranjera.

“Todos los trabajadores paraguayos, todos los campesinos paraguayos, todas las madres paraguayas, pues se van a Miami”, ironizó.

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Filizzola cuestionó que el Gobierno analice destinar recursos a ese proyecto mientras persisten graves deficiencias en salud y transporte público. “No podemos ni subsidiar el transporte público”, afirmó.

El legislador aseguró que con US$ 5 millones podrían adquirirse camas UTI, respiradores y monitores para hospitales públicos.

“Hay otros Erico Galeano”, advierte

Finalmente, Filizzola sostuvo que el ingreso en prisión del exsenador Erico Galeano (ANR, HC) no significa que hayan desaparecido los vínculos entre política y crimen organizado. “La gente celebra, se hizo justicia, pero hay otros Erico Galeano”, expresó.

El senador mencionó además al fiscal Lorenzo Lezcano y cuestionó a funcionarios vinculados al caso del fallecido diputado Eulalio Gomes, alias Lalo. “Tenemos mucho de qué preocuparnos por lo que pasa en el país”, concluyó.

Según los afectados, la problemática se origina por propietarios que están rellenando sus predios particulares, pero utilizando de manera ilegal la mitad de la calzada vial y destruyendo los espacios públicos a su paso.

“El reclamo consiste en que hay gente que está rellenando su predio, pero utilizan la mitad de la calzada con escombro, tierra y también tiran basura en el lugar”, explicó Carlos Acuña, uno de los vecinos afectados de la zona.

La comunidad resalta que no existe una oposición al progreso o al arreglo de los terrenos privados, sino al avasallamiento del espacio común.

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“Nosotros luchamos mucho para tener estas calles y veredas en buenas condiciones”, lamentó Acuña, señalando que la situación arrastra una alarmante vigencia de tres años, coincidiendo con el inicio de las grandes obras civiles en la zona.

La acumulación de estos montículos obliga a los peatones a bajarse de las aceras y caminar directamente sobre el asfalto, exponiéndose a posibles accidentes de tránsito.

A pesar de la gravedad, la respuesta de las autoridades locales ha sido nula. “Ya hicimos varias denuncias a la Municipalidad, pero no hace nada. Estas personas tiran montículos de escombros en la vereda y esto es peligrosísimo. Esta gente opera impunemente y nosotros estamos cansados”, fustigó el denunciante.

Alerta por delito ambiental

El problema no se limita al peligro vial. Los vecinos alertaron sobre un daño ecológico de gran envergadura que amenaza directamente a sus hogares: el taponamiento del arroyo Ybyray.

Acuña denunció que los responsables de estas descargas están cometiendo un “delito ambiental muy grave” al rellenar el cauce hídrico natural.

Esta acción está obstruyendo la entrada y salida del agua de varios sectores de la zona baja. Como consecuencia directa de esta alteración ambiental, los pobladores sufren inundaciones severas cada vez que se registran precipitaciones en la capital, por lo que reiteran el llamado urgente de intervención a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio del Ambiente.

Este fuerte atractivo captó recientemente la atención de medios, como el diario brasileño Poder360, que dedicó un análisis al desembarco de empresas de ese país. Riquelme dijo que el interés externo se consolidó tras la reciente reglamentación firmada por el Ejecutivo, la cual optimizó el esquema ofreciendo reducciones sustanciales en costos operativos, facilidades logísticas y un marco tributario altamente competitivo para los inversionistas.

El ministro enfatizó que la prioridad del Gobierno actual está puesta en el factor humano y la necesidad de crear puestos de trabajo.

“Nosotros valoramos mucho más lo que es la generación de empleo en el Paraguay de lo que es la recaudación fiscal, porque finalmente estamos en una etapa de consolidación industrial todavía. Son 100.000 jóvenes que entran a la población económicamente activa todos los años y tenemos que ser una máquina de generación de empleo”, manifestó.

Baja del dólar: MIC reconoce fuerte impacto en la competitividad de industrias locales

Instalación de industrias en Paraguay desde enero

Marco Riquelme reveló que en los últimos meses se han radicado proyectos por un valor aproximado a los 100 millones de dólares, generando de forma directa unos 4.000 empleos adicionales.

Dijo que el impacto se refleja de forma directa en las planillas de comercio exterior, ya que, según dijo, este año las exportaciones de productos manufacturados registraron un salto del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para el ministro, este fenómeno quiebra una vulnerabilidad histórica de la economía local. “Terminaron ya aquellas épocas donde si llovía bien, Paraguay crecía, y donde si no llovía, Paraguay no crecía”, dijo al tiempo de señalar que la diversificación actual aporta resiliencia frente a los factores climáticos.

Descentralización y efecto en el empleo

Consultado sobre cuándo comenzará la ciudadanía a percibir los beneficios de esta oleada industrial, el secretario de Estado aseguró que los efectos ya se sienten y están respaldados por los últimos informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la desocupación en niveles bajos respecto a la región.

El plan estratégico del MIC apunta ahora a un ordenamiento territorial para crear polos industriales fuera de las zonas tradicionales. “El enfoque del Ministerio es tratar de descentralizar los esfuerzos industriales (...), llevar la industria donde está la gente, llevarlo al interior del país”, explicó.

Finalmente, Riquelme recordó que el desembarco de estas marcas produce un “efecto derrame” en la economía local a través de las cadenas de valor: las fábricas de mano de obra intensiva actúan como imanes que demandan insumos locales, dinamizando de forma colateral a los sectores nacionales de packaging, plásticos, cartón y logística.

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Exportaciones más allá del Mercosur

Aunque el 60% de los envíos bajo el régimen de maquila todavía tiene como destino Brasil, el MIC observa una tendencia clara hacia la apertura de nuevos mercados. Como ejemplo, el ministro citó el caso de una fábrica de jeans ubicada en San Lorenzo, cuyo principal comprador es Estados Unidos.

La oferta exportable también sumará rubros tal vez impensados para un país mediterráneo. Riquelme anunció que en un mes se inaugurará la primera planta procesadora de camarones y langostinos en Paraguay.

La industria importará la materia prima desde las costas de Chile y Argentina, realizará el proceso de agregado de valor (pelado, desvenado y congelado) en territorio nacional y exportará el producto final hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.

Análisis sobre retos del Paraguay democrático

“El evento tiene el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales avances, nudos críticos y desafíos del Paraguay en estas tres décadas y media de vida democrática, abordando especialmente las dimensiones económica, social e institucional”, explicó Belén Servín, investigadora y miembro del Cadep.

Dijo que para ello, el encuentro contará con la participación de destacados panelistas y comentaristas, nacionales e internacionales.

Cadep conmemorará sus 35 años de trayectoria

Servín informo que el encuentro también servirá para conmemorar los 35 años de trayectoria institucional del Cadep. “La mejor manera de celebrar este aniversario institucional es promoviendo un espacio de análisis y discusión coherente con los valores que han guiado al centro de investigación a lo largo de su trayectoria”, afirmó.

En la organización afirman que, desde su fundación en 1990, trabajan de manera independiente en la generación de conocimiento económico y social, con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia y al fortalecimiento de la democracia en Paraguay.

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Primera jornada

En cuanto al programa previsto, la vocera del detalló refirió que la apertura del congreso estará a cargo de Fernando Masi, director de la institución, a cuyo cargo estarán las palabras de bienvenida, hoy miércoles 20 de mayo.

Posteriormente se desarrollará el panel “Las Políticas Públicas de bienestar en el Paraguay”, con las ponencias de Verónica Serafini, Luis Ortiz y Patricia Lima, así como los comentarios de Andrew Nickson.

Hoy también se abordará “La situación de la pobreza y el empleo en Paraguay”, con la participación de Diana García, Ignacio González y Ana Rojas Viñales, mientras que Ramón Fogel será el comentarista invitado.

Segunda jornada

La segunda jornada, prevista para el próximo miércoles 27 de mayo, incluirá el panel “El Estado de la Economía y Desarrollo Económico en Paraguay”, con exposiciones de Michael Pisani, María Belén Servín y Wildo González, y los comentarios de Melissa Birch.

Más tarde,el debate continuará con el panel “La democracia y la Institucionalidad Política en Paraguay”, en el que participarán Gustavo Setrini, José Tomás Sánchez y Rocío Duarte, con comentarios de Diego Abente.

Inscripciones siguen abiertas

El congreso está dirigido a académicos, estudiantes universitarios, profesionales, hacedores de políticas públicas, legisladores, representantes de organismos internacionales, periodistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas interesadas en participar pueden confirmar su asistencia escribiendo al correo cadep@cadep.org.py o comunicándose a los teléfonos (595 21) 494 140, 496 813 o 452 520. También podrán registrarse a través de las redes sociales de Cadep en YouTube y Facebook.

El evento es organizado por el Cadep y cuenta con el apoyo del Gobierno del Paraguay, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el programa Prociencia y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

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En este contexto, el lunes se reunieron las autoridades técnicas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En tanto que ayer martes se convocaron a los representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del Interior.

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Para que, hoy miércoles, se reunián los representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; prosiguiendo después con el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer; Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación; y otras instituciones del Nivel 12.

El MEF sostiene en su comunicado que estas reuniones tienen por objetivo recabar información actualizada y relevante sobre la situación institucional, financiera y presupuestaria de cada entidad, a fin de fortalecer el análisis estratégico, la planificación y la toma de decisiones en el marco del proceso de la programación presupuestaria y la gestión fiscal.

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El boletín informativo, señala además, que las reuniones se centran en el análisis de programas y proyectos estratégicos previstos para el PGN 2027, con el objetivo de identificar prioridades, iniciativas de alto impacto, necesidades de financiamiento y principales desafíos institucionales.

Finalmente, la cartera fiscal refiere que, en la oportunidad se abordan temas relacionados a la situación financiera de las entidades, mediante el relevamiento y análisis de obligaciones y compromisos, incluyendo endeudamiento, pasivos acumulados, origen de las deudas y previsiones institucionales, a fin de identificar alternativas de regularización y fortalecimiento de la gestión financiera.

“La clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”

ABC Color conversó con el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, sobre la elaboración del PGN 2027, quien afirmó que “la clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”.

Reconoció que gran parte del gasto rígido corresponde al pago de salarios en sectores sensibles como salud, educación, seguridad y transferencias sociales, aunque remarcó que el desafío pasa por mejorar la eficiencia.

“Debemos mejorar en la eficiencia de ese gasto, garantizarnos de que cada guaraní invertido en estos sectores llegue a la ciudadanía”, afirmó.

Al ser consultado sobre cómo lograrán trasladar esos recursos a mejores servicios, respondió que existen “varios mecanismos”, entre ellos la transparencia y la mejora de protocolos.

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“Debemos trabajar en los protocolos, y que los puestos se asignen con formación en los lugares correctos, entonces, todo eso lo estamos llevando adelante. No es una tarea sencilla, sin embargo creo que hay sectores en los que se ha mejorado”, reconoció.

Entre las instituciones donde, según dijo, se registran avances, mencionó al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social (IPS), especialmente en áreas vinculadas a salud, jubilaciones y pagos.

“Se está trabajando tanto en las áreas de Salud, el área de Jubilaciones y en los pagos, además de las áreas de seguridad y transferencias sociales que son nuestros componentes principales de los gastos rígidos”, expresó finalmente.

El exsenador Galeano, quien se encontraba desde la tarde de ayer, martes, bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional, fue trasladado hoy al Centro de Prevenidos, donde ingresó alrededor de las 11:30.

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La resolución de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios autorizó al director de la ex Penitenciaría Nacional a “recibir a la PPL (persona privada de su libertad) Erico Galeano Segovia” y ordena que el médico de ese establecimiento penitenciario evalúe el “estado general de salud” del exlegislador.

¿Cómo será la reclusión de Galeano en el Centro de Prevenidos?

En declaraciones a ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que, tras su llegada al Centro de Prevenidos, Galeano sería sujeto a un periodo de “adaptación” en el área de admisión de la penitenciaría.

Posteriormente, el exparlamentario cartista sería recluido en el pabellón ‘Adventistas’ del centro, que alberga en su mayoría a personas de la tercera edad que no representan riesgo de violencia.

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Ese pabellón sería el más adecuado para garantizar la seguridad de Galeano, teniendo en cuenta su “perfil político público” y la naturaleza de los hechos por los que fue condenado, relacionados al crimen organizado, dijo el ministro Nicora.

El titular del Ministerio de Justicia enfatizó que Galeano no tendrá privilegios en el Centro de Prevenidos y que compartirá espacios con otras personas privadas de su libertad.

Galeano recurrió a la Corte Suprema

Recientemente, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue rebautizada como ‘Centro Nacional de Prevenidos’ y desde ese cambio de nomenclatura alberga solo a personas privadas de su libertad con procesos judiciales abiertos.

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Si bien el exsenador Galeano ya fue condenado en primera y segunda instancia por sus presuntos vínculos con un esquema de lavado de dinero de una estructura internacional de narcotráfico -desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’-, el ex legislador cartista recurrió a la Corte Suprema de Justicia para revertir la sentencia en su contra, por lo que, técnicamente, su condena aún no está completamente firme.

La denuncia penal fue presentada por el propio Consejo de la Magistratura, luego de recibir un correo electrónico anónimo en el que un postulante alertó sobre presuntas irregularidades en certificados y constancias utilizados dentro de los procesos de selección.

El fiscal Leonardi Guerrero confirmó que los documentos habrían sido manipulados para favorecer a determinados concursantes. “Es un hecho grave la adulteración de documentos. La denuncia fue realizada por el Consejo de la Magistratura hace un tiempo atrás. Llegamos a la imputación de seis personas”, señaló.

“Aparentemente es lo que ocurrió”, expresó el agente fiscal al ser consultado sobre si los funcionarios del CM fueron delatados.

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¿Quiénes fueron imputados en el caso?

Guerrero informó que fueron imputadas seis personas. Entre ellas figuran dos funcionarios vinculados al CM: uno de la Escuela Judicial —quien ya renunció— y otro del área de Archivo, encargado de digitalizar documentos.

También fueron imputados un asistente fiscal, una actuaria judicial que presentó renuncia, un exmagistrado y una jueza en funciones de Pedro Juan Caballero, quienes habrían sido beneficiados en calidad de postulantes.

Según la investigación, el funcionario de la Escuela Judicial habría accedido a certificados académicos pertenecientes a su esposa y posteriormente entregó esos documentos al funcionario de Archivo del CM, quien se encargaba de cargarlos en el sistema de postulaciones.

Cómo operaba el supuesto esquema de adulteración

La Fiscalía sostiene que los involucrados utilizaron una constancia de curso y un certificado de especialización pertenecientes a una sola persona, identificada como Liliana Galeano Peralta, quien realizó estudios en la Universidad Privada del Este.

Posteriormente, los nombres y datos de los postulantes habrían sido incorporados en esos documentos para presentarlos en concursos públicos organizados por el CM y así obtener mayor puntaje en las evaluaciones.

Liliana Galeano Peralta es funcionaria de la Fiscalía de Coronel Oviedo y esposa de Rodrigo Ávalos, funcionario de la Escuela Judicial que fue imputado en la causa.

El fiscal Guerrero indicó que no se descarta la eventual implicancia de Galeano Peralta en el esquema investigado.

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Consejo de la Magistratura inició sumarios

El Consejo de la Magistratura informó que los funcionarios involucrados fueron sometidos a sumario administrativo, además de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público.

“Estamos avanzando en solución en relación a los problemas”, refirió.

En ese sentido, anunció que la próxima semana firmarán convenios con ambos cuerpos de bomberos a fin de un posterior desembolso de parte de lo adeudado.

“Vamos a encontrar las vías y, de aquí a una semana, vamos a firmar un conjunto de convenio-marco y específicos con ambos cuerpos de bomberos. Posterior a eso, vamos a hacer la entrega de parte de los recursos que la Municipalidad les debe de años a los bomberos”, mencionó.

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Monto aún no definido y condicionado a liquidez

Con relación al monto a desembolsar, Bello indicó que aún no lo maneja y que ello será definido a través de una mesa técnica con la Dirección de Finanzas de la Comuna.

Añadió que el desembolso depende de la liquidez de recursos que tenga la Municipalidad, aunque resaltó que “vamos a tratar de que sea algo (monto) importante”.

Camión de bomberos donado, bajo revisión

Por otra parte, informó que pidió informes sobre un camión de bomberos que fue donado a la Comuna desde Miami, Estados Unidos, y que se encuentra “varado” en un puerto privado.

Según explicó, la intención es verificar si se puede recuperar para posteriormente donarlo a bomberos de Asunción, considerando que la Municipalidad no cuenta con una unidad de este tipo a la que le pueda servir el vehículo.

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Reclamo de bomberos: deuda supera G. 10.000 millones

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CVBA) emitieron ayer un comunicado en el que la Municipalidad de Asunción suspendió desde 2022 el desembolso del 3,5% del impuesto a la construcción establecido por la Ordenanza Municipal N.º 186/12. Según afirmaron, la medida fue tomada de manera unilateral y sin ninguna comunicación formal por parte de la administración municipal.

Las instituciones sostienen que el monto adeudado supera los G. 10.000 millones en el primer semestre de 2025 y advirtieron que estos recursos son fundamentales para mantener la operatividad de los cuarteles.

El intendente Bello, por su parte, reconoció ayer que las transferencias del 3,5% del impuesto a la construcción a los cuerpos de bomberos no se realizan desde 2020.

Atribuyó la situación a problemas documentales que, según afirmó, debían ser regularizados previamente por las instituciones beneficiarias. Señaló que dispuso el inicio de un trabajo coordinado con los diferentes cuerpos de bomberos para poner al día esos requisitos administrativos.

“En el corazón de la Justicia Electoral, el director informático no tiene el título. Nuestro colega por lo menos tenía un cartón. Este todavía no terminó la carrera y a su cargo está todo el sistema informático”, afirmó en alusión al director del órgano electoral Fausto Von Strever.

Villalba también cuestionó a la empresa proveedora de las máquinas y recordó que ya existieron observaciones en elecciones anteriores. “La cuestión está allí, presidente: las máquinas de votación”, insistió.

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El legislador sostuvo que varios partidos de oposición ya expresaron formalmente sus dudas tras las verificaciones técnicas realizadas en febrero y criticó duramente la defensa cerrada que realiza el cartismo del actual sistema electoral.

“Lo más llamativo es que el cartismo a puño y dientes defiende esta máquina de votación. La gente puede sacar sus conclusiones”, disparó.

“Es una trampa mortal”, advierte el senador liberal

Villalba aseguró que existen informes técnicos elaborados por especialistas y docentes universitarios que alertan sobre vulnerabilidades en el sistema. “Técnicos especializados, PhD, investigadores categorizados en Conacyt han observado la debilidad de esta máquina de votación”, manifestó.

Luego, lanzó una de las frases más duras de su discurso: “Esta es una trampa mortal”. El senador liberal acusó además al oficialismo de intentar desviar la discusión hacia el debate sobre el doble desbloqueo de listas para evitar hablar de las fallas del sistema.

“Quieren desviar la atención diciendo que vamos a hablar de desbloqueo. Hablemos de la vulnerabilidad de las máquinas, no de distraer la atención”, reclamó.

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Villalba también relató supuestas fallas detectadas durante verificaciones técnicas. “La máquina que estaba verificando no imprimió todo el boletín, imprimió de manera parcial”, denunció y según dijo, la explicación de la empresa fue que se trataba de equipos ya utilizados varias veces y que “pueden fallar”.

“O sea, lo que nos están diciendo es que el día de las elecciones puede que no impriman nuestros votos”, alertó.

Bachi acusa a Villalba de generar desconfianza electoral

La respuesta de Núñez llegó inmediatamente después dentro del Senado. “Acabamos de escuchar al Efraín del Congreso”, lanzó en referencia al excandidato presidencial Efraín Alegre.

El titular del Senado acusó a Villalba de instalar dudas peligrosas sobre el proceso electoral a pocas semanas de las internas partidarias. “Lo que estás haciendo es atentar contra la democracia a menos de 30 días de las elecciones”, sostuvo.

Núñez remarcó que todos los sectores políticos fueron electos mediante el mismo sistema de votación que hoy es cuestionado. “Todos los que estamos acá fuimos electos por este sistema”, afirmó.

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El presidente del Senado aseguró que detrás de las críticas al sistema electrónico existe una intención política de regresar al antiguo modelo de listas cerradas y papeletas. “El trasfondo es que quieren volver a las listas cerradas y a las papeletas”, expresó.

Núñez también defendió nuevamente su propuesta de implementar un doble voto preferencial y sostuvo que las críticas a las máquinas comenzaron luego de ese planteamiento de eliminar el desbloqueo de listas sábanas. “Por eso empiezan a cuestionar las máquinas de votación”, afirmó.

El legislador cartista recordó además que el sistema de desbloqueo fue impulsado originalmente por sectores opositores para debilitar al Partido Colorado. “Este sistema fue puesto por ustedes, los de la oposición, para eliminar al Partido Colorado”, lanzó.

La propuesta había sido presentada por varios concejales ante la necesidad de tomar alguna medida preventiva frente a los casos de personas que se quitan la vida en el sitio.

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El pedido se reavivó en estos días y ayer se sumaron estudiantes y docentes de una universidad privada de Hernandarias, quienes realizaron una marcha amarilla por la vida sobre la pasarela. Además de portar mensajes motivadores, se sumaron al pedido de construcción de la valla.

Promesa de la larga data

En octubre del año pasado, Itaipú había anunciado la ejecución de mejoras que incluían barreras de protección, pero hasta la fecha no se concretaron. “Entre los proyectos previstos se incluyen la optimización del drenaje para días de lluvia y la instalación de nuevas barandas, similares a las empleadas en otros puentes del país”, fue el anuncio oficial.

El concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo) responsabilizó a las autoridades de Itaipú por el estado del puente, ya que es el punto de acceso a la entidad. “El director (Justo Zacarías), que todos los días pasa por este puente, no se digna a invertir en esta valla perimetral, así como tampoco el Ministerio de Obras Públicas (MOPC)”, expresó.

Afirmó que, si bien no es una solución definitiva contra el flagelo de la salud mental con derivación fatal, la valla puede contribuir a salvar varias vidas.

“Creo que la justicia hizo su trabajo”, sostuvo Núñez al ser consultado sobre el ingreso de Erico Galeano (ANR, HC) a la cárcel.

Las expresiones del titular del Congreso se producen apenas días después de que el oficialismo decidiera finalmente retirarle el respaldo político al exsenador, cuya permanencia ya se había vuelto insostenible tras la condena dictada en marzo pasado.

Bachi usa el caso Galeano para negar una justicia “cartista”

Durante la entrevista, Núñez intentó presentar el encarcelamiento de Galeano como prueba de que no existe control cartista sobre el Poder Judicial. “Para los sectores que dicen que el Poder Judicial está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo”, afirmó.

El senador oficialista también señaló que “mientras otros tienen 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente, otros están presos”, insistiendo en que “debemos medir a todos con la misma vara”.

Incluso defendió la independencia judicial alegando que varios ministros de la Corte Suprema fueron designados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El blindaje político que sostuvo a Galeano hasta el final

Pese a reivindicar la actuación de la justicia, Núñez evitó profundizar sobre el papel que jugó el cartismo para sostener políticamente a Galeano desde su imputación en mayo de 2023.

El entonces diputado y senador electo fue imputado por los fiscales del caso A Ultranza Py por lavado de dinero y asociación criminal, luego de investigaciones relacionadas con la venta de un inmueble por US$ 1 millón a una persona vinculada a la estructura criminal investigada.

A partir de allí comenzó una extensa secuencia de maniobras legislativas que permitieron mantenerlo en el Congreso pese al avance de la causa penal.

Primero, el Senado aprobó su desafuero. Sin embargo, meses después, el cartismo impulsó una polémica restitución de fueros que también benefició al exsenador Hernán Rivas (ANR, HC) y a Rafael Filizzola (PDP).

La medida generó una fuerte reacción de constitucionalistas y opositores, quienes denunciaron que el Congreso estaba blindando a legisladores procesados. Finalmente, el propio oficialismo terminó derogando aquella resolución tras admitir que el procedimiento era inconstitucional.

Consultado sobre ese episodio, Núñez minimizó la situación y la definió como una “estrategia legislativa”. “Eso es una técnica legislativa (...) y ya fue superado”, expresó.

El permiso “sine die” que prolongó la permanencia de Galeano

El blindaje político no terminó allí. El 11 de marzo de este año, pocos días después de la condena de 13 años de prisión, la mayoría cartista y sectores aliados aprobaron un permiso “sine die” para Galeano, evitando así que se tratara inmediatamente su expulsión del Senado.

Entre quienes votaron a favor figuró el propio Basilio Núñez, además de varios referentes cartistas y aliados. La medida fue ampliamente cuestionada por la oposición, especialmente porque semanas antes el Senado había expulsado a Kattya González en un trámite exprés.

El senador Eduardo Nakayama llegó a denunciar una “doble vara” dentro de la Cámara Alta.

“No chicaneó”, dice Bachi sobre Galeano

Núñez también destacó que Galeano “no dilató” el proceso judicial y aseguró que el exsenador “no chicaneó”. “Hay que reconocer, él no chicaneó. Como hay ciertos encauzados que se la viven chicaneando”, manifestó.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si considera creíble la versión sostenida por Galeano respecto a que desconocía el origen narco del dinero involucrado en las operaciones investigadas. “Yo lo que digo es que la justicia actuó”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, Núñez respondió a las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla, quien había afirmado que “siguen existiendo varios Erico Galeano dentro del Congreso”.

“Y así como hay varios Erico Galeano, también hay varias o varios Celestes Amarillas”, retrucó el presidente del Senado.

La acción presentada por los abogados defensores de Erico Galeano -Luis Almada y Ricardo Estigarribia- ataca el Acuerdo y Sentencia N° 10 del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres. Este fallo confirmó a su vez, la sentencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, que condenó al exlegislador.

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Los abogados de Erico Galeano alegan que “las resoluciones atacadas mediante la presente acción de inconstitucionalidad no solamente incurren en las violaciones constitucionales”, sino que “resultan también arbitrarias en el sentido técnico-constitucional del término”.

Para la defensa del exlegislador colorado, el proceso penal en su contra contiene numerosos vicios, los cuales se traducen en violaciones del principio de inocencia, la defensa en juicio, entre otras disposiciones constitucionales. Asimismo, sostienen que el Tribunal de Sentencia realizó una errónea medición de la pena que se convirtió en un “doble error” cuando el Tribunal de Alzada omitió hacer el control correspondiente.

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En la parte conclusiva de su presentación, Erico Galeano solicitó suspender los efectos, tanto de la SD N° 68 como del AyS N° 10, dictados el 4 de marzo y el 4 de mayo respectivamente en contra del encausado.

La acción del exlegislador constituye una prueba de fuego para la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), naturalmente integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, que deberá decidir si da trámite a la acción planteada por Erico Galeano, si otorga la suspensión de los efectos del fallo de la Cámara como pide la defensa y principalmente, cómo resuelve la cuestión.

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Erico Galeano facilitó su avión a grupo criminal, sostuvo camarista

En el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 68, el magistrado Arnulfo Arias hizo un tratamiento del “elemento subjetivo y el ‘a sabiendas’”, que cuestionó la defensa de Erico Galeano en su apelación de la SD N° 10. “La defensa confunde causalidad con dolo”.

“La causalidad, como nexo objetivo entre la conducta y el resultado, quedó establecida al probarse que Erico Galeano facilitó su aeronave en más de cinco oportunidades a la organización de Marset/Insfrán, precisamente cuando ésta se encontraba desprovista de medios aéreos tras el procedimiento “Arrayán”“, explicó el camarista.

“El dolo, aspecto subjetivo del tipo, fue analizado por el Tribunal desde el plano intelectual y volitivo: se valoró la condición de comerciante y contador del acusado, su capacidad de comprender operaciones inusuales, la utilización de contrato privado con pago en efectivo para eludir reportes notariales, y los testimonios de Diego Quiroz, Freddys Garcete y Alfredo Gómez Paiva que describieron la mecánica de coordinación previa e información posterior al propietario”, agregó Arias.

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En cuanto a las inconsistencias horarias que refirió como agravio la defensa de Erico Galeano, el camarista Arias dijo que “el propio A quo reconoció divergencias horarias en algunos registros, pero explicó fundadamente que tales inconsistencias no destruyen el hecho central: la aeronave ZP-BHQ, de propiedad de Alpina SA, realizó vuelos con Marset y Chávez el 30/12/2020 y en otras fechas entre noviembre-diciembre 2020. Coinciden aeronave, piloto, ruta y pasajeros”.

Y también, sobre la “reproducción de la tesis fiscal” y las “fórmulas genéricas” que manifestó la defensa, Arias indicó “que el Tribunal haya acogido la hipótesis del Ministerio Público no implica ausencia de motivación. Acoger una teoría del caso significa que, tras el contradictorio, esa versión fue la que alcanzó el estándar de certeza más allá de toda duda razonable. La sentencia no utiliza ‘sabía con seguridad’ como muletilla vacía, sino como conclusión precedida del análisis de todas las pruebas ya sean directa e indiciaria”.

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A todo ello le sumó que las “reglas de la sana crítica” y “máximas de experiencia” no son decorativas, por lo que se aplican al valorar la conducta de un comerciante que recibe US$ 1.000.000 en efectivo, no reporta la operación por escritura pública, y deposita el dinero un día antes y el mismo día del contrato, generando un ROS, en alusión a la conducta desplegada por Erico Galeano.

Según la imputación, el exintendente de Quyquyhó y actual legislador cartista, junto con su esposa Patricia Corvalán, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 338.595.000 entre los años 2011 y 2017, mediante supuestos retiros irregulares de fondos de la Municipalidad de Quyquyhó.

Sobre el mismo hecho de presunta administración en provecho propio en calidad de cómplices, también fueron imputados Damián de Jesús Galarza y el suboficial de Policía Cristhian Daniel Domínguez Aponte, excustodio y jefe de seguridad del diputado.

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Más personas investigadas

Dentro de la causa igualmente aparecen imputados Andrés Alfredo Arrúa Brítez, representante legal de “BH Service SRL”; Carlos Aurelio Bareiro Bogarín; Manuel Olazar Duarte; Líder Catalino Ramírez Ramírez y Cristhian Daniel Domínguez Aponte.

Asimismo, figuran como coautores Oscar Samuel Fanego Otazú; Guido Ramón Vargas Gaete, concejal municipal de Quyquyhó; Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, funcionario del Ministerio de Hacienda; Ruth Mercedes Medina Yegros, exintendenta interina de Quyquyhó y funcionaria del TSJE; Benigno Villasboa Cáceres, secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Paraguarí; y Enrique Javier Lovera Lezcano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna.

Pedido de desafuero

El fiscal Corbeta había solicitado en marzo de 2024 que el juzgado comunique a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado imputado Samaniego, además de requerir medidas cautelares para todos los imputados.

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Entre las medidas solicitadas figuran la fianza personal o caución real, la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes vinculadas a personas físicas y empresas investigadas, entre ellas “BH Services SRL”, “Soluciones Empresariales”, “Legión de Servicios”, “JA Construcciones SA” y “JOB Construcciones”.

La supuesta “tragada” millonaria

De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, el diputado Samaniego cuando se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre 2011 y 2017, habría efectivizado cinco cheques por un total de G. 67.595.000, provenientes de fondos de Royalties y Juegos de Azar.

Por su parte, Patricia Corvalán habría retirado G. 117.500.000 que debían destinarse a proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de instituciones educativas. Los retiros se realizaron entre 2014 y 2016.

La Fiscalía sostiene además que Blanca María Álvarez Vda. de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez también habrían efectivizado cheques de la cuenta corriente municipal para supuestos pagos a empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas vinculadas al entonces intendente.

Según la investigación, Damián Galarza retiró G. 40.000.000; Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, G. 20.000.000; Cristian Domínguez, G. 93.500.000; Patricia Corvalán, G. 117.500.000; y Esteban Samaniego, G. 67.595.000. La suma total del presunto perjuicio asciende a G. 338.595.000.

El evento es organizado por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con autorización de la Diócesis de Ciudad del Este, y forma parte de la misión internacional “Cielo Abierto”, una propuesta evangelizadora nacida en México hace 16 años que recorre distintos países de América con conciertos centrados en la adoración eucarística.

Según los organizadores, el encuentro busca reunir a miles de fieles en una jornada de oración, música y adoración al Santísimo Sacramento. Paraguay contará este año con una única presentación, tras una gira por Argentina.

El programa incluirá presentaciones musicales de artistas internacionales como la colombiana Ana Bolívar, el dominicano Joel Antigua, y los mexicanos Pedro González y Cristal Domínguez, además del dúo paraguayo Ítala y Juanjo.

El presidente del Consejo Pastoral de la parroquia local, Edgar Florentín, explicó que la actividad no será solo musical, sino que tendrá como eje central la adoración eucarística, que será presidida por el obispo de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar.

Aunque el acceso es gratuito, los organizadores informaron que se solicitarán tickets por cuestiones de organización y seguridad, los cuales podrán retirarse en parroquias de la diócesis o el mismo día del evento en el estadio.

Con esta decisión, el Tribunal queda habilitado para analizar la apelación presentada contra la resolución que dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público. El “Número 2″ había sido imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y apropiación.

El proceso involucra al exgobernador y a otros 16 acusados, en una causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 en la Gobernación de Central, entre 2019 y 2020.

Según la acusación de la Fiscalía, los desembolsos se realizaron en el marco de aportes a organizaciones sin fines de lucro para 51 proyectos.

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Hipótesis fiscal sobre esquema de pagos

La investigación sostiene que los fondos fueron transferidos a través de varias organizaciones, entre ellas fundaciones y asociaciones civiles, que habrían participado en el esquema de ejecución de recursos.

El requerimiento fiscal señala que los desembolsos se realizaron pese a inconsistencias en la documentación y la falta de justificación técnica de varios proyectos.

La acusación indica que los proyectos no contaban con planes de acción detallados, presupuestos desagregados ni especificaciones técnicas claras.

Además, se menciona que las organizaciones beneficiadas no habrían presentado rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR), ni cumplido con requisitos bancarios formales para la recepción de fondos.

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Antecedentes del proceso y situación judicial

En una causa paralela, conocida como “obras fantasma”, Hugo Javier González fue condenado en enero de 2025 a 10 años de prisión por lesión de confianza y uso de facturas falsas.

En este caso, el exgobernador se encuentra en libertad ambulatoria mientras avanza el proceso judicial.

La víctima fue identificada como María Celeste Segovia Colmán, de 31 años, quien vivía en la compañía Isla Guavirá del mismo municipio, quien era una madre soltera con dos hijos pequeños y que trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica.

La mujer fue ultimada de una puñalada en el cuello y su cuerpo fue cubierto con hojas de cocotero. El arma homicida ya fue encontrada.

El detenido como responsable es Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, de 19 años, domiciliado a unos 300 metros de donde fue encontrado el cadáver.

Este joven estaba bajo arresto domiciliario y próximo a afrontar juicio oral por homicidio doloso en grado de tentativa, ya que supuestamente hace cuatro años llevó un arma al colegio y le disparó a una compañera.

Además, tenía en su casa una motocicleta Kenton Shark denunciada como robada en el departamento de Alto Paraná.

Detenido habría confesado autoría de feminicidio a un amigo

El ahora detenido, Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, dijo supuestamente a los policías que lo arrestaron que él y María Celeste Segovia Colmán eran amantes.

Sin embargo, contó supuestamente que hace unos cuatro meses ya no estaban juntos.

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Siempre según la versión del joven, la chica le dijo ayer que estaba embarazada. Entonces el muchacho supuestamente le pidió a la chica que abortara, pero ella se negó. Esto habría desatado una discusión que precedió al crimen.

Asustado por lo que hizo, Facundo trasladó el cuerpo de María hasta el yuyal e intentó ocultarlo, pero después fue a contar a un amigo lo que acababa de hacer.

Ese amigo, antes que apoyarlo, fue a delatarlo con su familia y ahí se encontró el cadáver.

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En medio de esta situación, unos cuatro conductores de camiones transportadores de ganado permanecen varados desde hace 40 días en la localidad de Toro Pampa, sin poder desplazarse hasta la ruta bioceánica para retornar a sus hogares. Los vehículos se encuentran vacíos, ya que antes de las intensas lluvias lograron entregar sus cargas en las estancias de destino.

Sin embargo, al intentar emprender el regreso, fueron sorprendidos por las precipitaciones que terminaron dejando aislada a gran parte de esta región chaqueña. Desde entonces permanecen en la comunidad, aguardando una mejora de los caminos.

Cuando los pobladores finalmente lograban rehabilitar el paso, tras 31 días de aislamiento, la ansiedad y necesidad de volver a circular eran enormes. Numerosas familias necesitaban trasladarse por motivos de salud, abastecimiento y actividades comerciales, por lo que los habitantes decidieron restringir momentáneamente el tránsito pesado, temiendo que los camiones destruyan nuevamente los sectores recién reparados.

Esta postura generó malestar entre algunos camioneros, quienes alegan también atravesar una difícil situación económica y personal, al permanecer lejos de sus hogares durante más de un mes. Entretanto, los pobladores sostienen que permitir ahora el paso de vehículos de gran porte podría echar por tierra el enorme sacrificio realizado para recuperar mínimamente la conectividad en la región.

Estos trabajos no se realizaron y con las nuevas lluvias registradas en la madrugada del domingo, aunque no fueron intensas, el tránsito volvió a complicarse, incluso para camionetas todo terreno.

Conflicto por utilizar el camino

Permitir el paso de vehículos pesados representaba el riesgo de que los mismos quedaran atascados en los tramos desagotados, obstaculizando completamente la circulación, atendiendo lo angosto del camino y la gran cantidad de agua acumulada en los alrededores.

Aun así, el viernes un conductor irresponsable de un camioncito de carga logró sortear la barrera instalada en la población de Toro Pampa. El resultado fue que el vehículo quedó atascado en uno de los sectores intervenidos y tuvo que ser auxiliado por un tractor, provocando mayores destrozos en el camino.

Ante esta situación, los propios pobladores que realizaron los trabajos de desagote decidieron vigilar la barrera para impedir que los cuatro camiones transganados, aunque sin carga, intenten también circular en estas condiciones. Esta medida generó el enojo de los conductores, quienes denunciaron sentirse retenidos injustamente y sin autorización para abandonar el lugar.

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Inmediatamente después de lo ocurrido, numerosos pobladores de la zona, conscientes del enorme esfuerzo realizado por los voluntarios que trabajaron en los desagotes, cuestionaron la falta de empatía de los conductores hacia la realidad del camino. Señalaron que en las actuales condiciones no se puede permitir el tránsito de vehículos pesados y sostuvieron que, antes de atacar a quienes ayudaron a rehabilitar el paso, deberían reclamar a las autoridades responsables de no ejecutar las reparaciones como corresponde.

Tránsito difícil

Actualmente, y tras las pequeñas lluvias registradas en la zona, nuevamente se complica el tránsito en los sectores intervenidos, incluso para vehículos considerados todo terreno. Desde el martes, el conductor de una camioneta 4x4 permanece atrapado en el barro en la zona denominada 30 Syry.

Si para este tipo de rodados el trayecto ya representa enormes dificultades, pobladores consideran que sería mucho más riesgoso para camiones de gran porte intentar cruzar estos lugares, atendiendo que podrían quedar atascados y bloquear completamente el camino, además del peligro que representa atravesar sectores convertidos prácticamente en trampas mortales.

Mientras tanto, y como ya ocurrió en otras ocasiones, la Cámara de Diputados declaró este martes al Alto Paraguay en estado de emergencia debido a supuestas inundaciones de comunidades y caminos destruidos. Sin embargo, si bien el mayor problema de la región continúa siendo el deplorable estado de la red vial por falta de reparaciones, actualmente no existen poblaciones inundadas en esta zona del departamento.

La obra contempla la duplicación de la calzada, el fortalecimiento del sistema de drenaje y la optimización de la conectividad urbana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

“Estamos acompañando los trabajos de armado de la estructura base del futuro viaducto que vamos a tener en esta zona. Este es un intercambiador vial que contribuye a mejorar el problema de capacidad que hoy tenemos en el cruce de las Residentas, el cual está totalmente colapsado”, expresó el Ing. Alejandro Bordón, director de Vialidad del MOPC.

Mencionó que con este intercambiador se va a solucionar esta situación en el tráfico y se va a poder brindar un mejor servicio para el usuario. “Esta obra nos va a ayudar a solucionar un cuello de botella que tenemos en el nudo de las Residentas”.

Desvíos temporales por obras de drenaje en el corredor vial Las Residentas

El profesional sostuvo que esta obra también brindará una mejora de drenaje, un problema histórico en la zona, con la instalación de más de 500 metros de canales a cielo abierto.

Sobre el tiempo que tomará finalizar esta obra, apuntó: “Esta obra específica llevará hasta el 26 de mayo. Luego de eso se va a rellenar y reconstruir la calzada. Después de eso viene el montaje de las pilas, que son elementos prefabricados”.

Señaló que durante la colocación de estas pilas, el tránsito en la zona se tendrá que cerrar, porque se estarán utilizando grúas de gran tamaño. “Esto se va a tratar de realizar un día domingo, cuando el tráfico es mucho menor”.

Cristian González, apoderado del PLRA y miembro del movimiento Nuevo Liberalismo, reveló que Carlos Díaz Casabianca fue designado como operador informático de la nucleación política. Señaló además que, junto con Armando Espínola, ambos fueron nombrados por el presidente del partido, Hugo Fleitas, para ejercer tareas de control.

En ese sentido, sostuvo que, como apoderado del PLRA, debe respaldar el informe técnico presentado por Casabianca, quien aseguró que las máquinas de votación no son vulnerables.

“Son personas que no militan en ningún movimiento. Queremos ser demasiado serios en este tema. Queremos transparencia, pero tampoco queremos fantasmas, queremos ver la realidad en todas estas circunstancias”, dijo.

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“El problema de Villalba es que no alcanza el 20%”, afirma

Con relación a la postura crítica de Villalba, González afirmó que no teme enfrentarse políticamente al senador y aseguró que este busca instalar dudas ante un eventual escenario adverso en las internas.

“Yo no le tengo miedo a Éver Villalba. Al contrario, el que está teniendo miedo es él. No sé si con esto quiere acusarnos o abrir el paraguas, porque, ¿qué lo que quiere decir con esto, que vamos a hacer fraude? El problema de Villalba es que no alcanza el 20% en las internas”, afirmó.

Proponen conteo manual para dar tranquilidad

El dirigente liberal indicó que una de las alternativas para despejar cuestionamientos es realizar un conteo tradicional de los votos durante la jornada electoral y comparar posteriormente los resultados con los emitidos por las máquinas de votación.

“Nosotros queremos transparencia y que se respete el voto emitido, pero tampoco vamos a estar con fantasmas porque eso no construye. A estas alturas, a 20 días de las internas, plantear algo así (desconfianza a las máquinas) es más de perdedores”, declaró.

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Agregó que desde el movimiento Nuevo Liberalismo la postura es evitar una escalada del conflicto político en torno a las dudas sobre las máquinas de votación.

La audiencia está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, que fijó inicialmente el juicio para el 8 de abril, fecha en que tuvo que postergarse a pedido de la defensa del ex alto funcionario del gobierno de Horacio Cartes.

Los abogados defensores de Boidanich son Claudio Lovera, Mario Elizeche y César Alfonso (quien se sumó en la fecha al equipo que representa al acusado), mientras que la acusación está a cargo de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Jorge Arce y Fernando Meyer. Estos últimos presentaron sus alegatos iniciales, asegurando que probarán los hechos atribuidos a Boidanich.

Luego de la presentación de los alegatos de la defensa declararon los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público. El juicio oral continuará el viernes 29 de mayo, a las 8:30, con más testificales, según lo resuelto por el tribunal juzgador.

Juicio a Boidanich por caso Messer será en abril

La acusación presentada el 11 de junio del año 2025 señala que tanto Boidanich como las funcionarias a su cargo retardaron un informe de inteligencia referente a hechos vinculados al lavado de activos.

Con esta maniobra, según la Fiscalía, se postergó así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal en contra del doleiro brasileño Darío Messer que habría causado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Hechos atribuidos por la Fiscalía al extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público el papel de Boidanich fue clave, ya que siempre estaba al tanto de los acontecimientos, e incluso se encargó de responder el 31 de octubre del año 2016 al mismo doleiro Darío Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.

Tras terminar el análisis, Boidanich habría cajoneado por cuatro meses el casoy recién luego de la publicación de ABC, el 17 de abril de 2018 entregó el informe a la Fiscalía.

Óscar Boidanich va a juicio por presunto encubrimiento a Messer

La Fiscalía también acusó por este caso a la exdirectora general de Análisis Financiero de Seprelad, Raquel Cuevas Arzamendia, y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González, quienes fueron beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento, previa admisión de los hechos.

La víctima relató que los asaltantes exigían una importante suma de dinero, aunque solo tenía en su poder 4 millones de guaraníes. Posteriormente, los delincuentes robaron su camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en el establecimiento.

Horas más tarde, mediante un operativo de rastrillaje policial, la camioneta fue encontrada abandonada en medio de una plantación de soja, a unos 8 kilómetros de la Ruta PY02, en Minga Guazú.

Otro procedimiento fue realizado en Ciudad del Este, donde agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná detuvieron a César Gabriel Ayala Espíndola, de 44 años, y Rodrigo Sebastián López López, de 23 años. Del poder de los sospechados recuperaron otra Toyota Hilux denunciada como hurtada en Santa Rita, por Adilson Aloisio Finkler.

Durante el operativo, realizado en los barrios San Miguel y San Rafael, también fue incautado un automóvil Kia Soluto presuntamente utilizado para cometer el hecho, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, celulares, prendas tácticas y otras evidencias vinculadas a la investigación.

También en el lado brasileño

La preocupación también se extiende hacia lado brasileño de la frontera. La Policía Rodoviaria Federal (PRF) recuperó tres camionetas Toyota Hilux robadas durante distintos operativos realizados el domingo en el estado de Paraná.

Uno de los vehículos fue hallado abandonado en Vera Cruz do Oeste tras haber sido hurtado en Cascavel. Otro fue interceptado en Foz de Iguazú, donde un hombre de 33 años fue detenido cuando intentaba trasladar la camioneta hacia Paraguay. Asimismo, un joven de 18 años fue capturado en Céu Azul transportando otra Hilux robada en Toledo.

Estos hechos incluso obligaron a varios establecimientos públicos de Foz de Yguazú a instalar cepos en camionetas Toyota Hilux y Fortuner, ante la ola de hurtos.

Robacoches innovan sus métodos

Si bien aún hay bandas que continúan con el hurto de vehículos “vía Chile”, otras perfeccionaron sus métodos y ahora apuntan a vehículos de alta gama. Estos rodados, que cuentan con sistemas de arranque mediante llave presencial, son vulnerados por los denominados robacoches, quienes utilizan dispositivos descodificadores para lograr arrancar.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que está previsto que se ordene el traslado de Galeano a la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, recientemente rebautizada como el Centro Nacional de Prevenidos, que desde su cambio de nomenclatura alberga solo a personas privadas de su libertad con procesos judiciales abiertos.

Si bien el exsenador Galeano ya fue condenado en primera y segunda instancia por sus presuntos vínculos con un esquema de lavado de dinero de una estructura internacional de narcotráfico -desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’-, el ex legislador cartista pretende recurrir a la Corte Suprema de Justicia para revertir la sentencia en su contra, por lo que su condena aún no está completamente firme.

Al pabellón ‘Adventista’

El ministro Nicora explicó que, una vez que se cumplan todos los pasos formales, el exsenador Galeano sería trasladado al Centro Nacional de Prevenidos y, según el protocolo establecido, pasaría un tiempo de “adaptación” en el área de admisión del centro de reclusión.

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Una vez cumplido ese tiempo de adaptación, el ex legislador cartista guardaría reclusión en el pabellón ‘Adventista’ del centro, que alberga en su mayoría a personas de la tercera edad y cuyo régimen el ministro señaló como el más adecuado para una persona con el perfil político público de Galeano.

Si bien enfatizó que el exsenador no tendrá privilegios ni un lugar exclusivo de reclusión, sino que compartirá espacios con otras personas privadas de su libertad, el ministro señaló que el perfil político y la naturaleza del proceso por el cual fue condenado –relacionado a actividades de crimen organizado– hacen que sea necesaria una “atención especial” para garantizar la seguridad del exparlamentario.

¿Cuándo irá Galeano a la ex-Tacumbú?

El ministro Nicora agregó que aún está pendiente de que las autoridades penitenciarias reciban la ficha médica de Galeano para evaluar su condición de salud y las necesidades de tratamientos o medicamentos que pudiera tener.

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Si bien no supo dar una hora exacta en la que Galeano sería trasladado al Centro de Prevenidos, el ministro dijo creer que la remisión del exparlamentario condenado “se estaría sustanciando” en el transcurso de la mañana de hoy, antes del mediodía.

Alcides Hosffmeister, director del CTN, informó este miércoles que los alumnos del segundo año también están volviendo para retomar materias puntuales y de a poco se irán sumando los del primer año. En ese sentido, descartó enviar a sus estudiantes a otras instituciones que pusieron sus instalaciones a disposición.

“Estamos muy agradecidos con la Facultad de Ingeniería de la UNA, nos abrieron sus puertas, pero como ya estamos regresando, yo creo que ya prácticamente no será necesario a partir de ahora porque ya estamos volviendo a la presencialidad en nuestra institución”, explicó.

Hosffmeister añadió que de momento estarán priorizando el retorno a clases específicas que requieren de la presencialidad para su desarrollo hasta que la obra sea concluida y entregada en su totalidad.

Caótico inicio de clases presenciales en el CTN, de la mano de Itaipú y del MEC

Normalización de las clases en el CTN, después de las vacaciones

El director de la emblemática casa de estudios señaló que la vuelta total de los alumnos se podría materializar recién en la segunda etapa del año lectivo, es decir, después del receso de invierno previsto para julio, tiempo en el que estarían concluidas las obras, según habrían estimado los encargados.

Mientras tanto, docentes y alumnos se van adaptando a su renovado colegio, que, según indicó Hosffmeister, continúa equipándose de forma gradual.

“Las aulas son todas reestructuradas, renovadas, todo totalmente equipado, parte eléctrica nueva, pintura, piso, absolutamente todo nuevo. Están llegando los equipamientos para electrónica, electricidad, electromecánica y se está avanzando con eso esta semana y la siguiente. Parte de los mobiliarios de todas las especialidades se estaría cerrando esta semana porque la empresa que ganó la licitación está instalando la mayor parte”, contó.

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Obras en el CTN: cuánto cuestan y quién está a cargo

Según datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la intervención cubre en total una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados e incluye mejoras en infraestructura civil, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, sistemas de protección contra incendios y redes de desagüe pluvial y cloacal.

La obra está a cargo de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., con una inversión de US$ 3.766.349 (más de G. 29.600 millones) adjudicada y financiada por la binacional Itaipú.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro Javier Giménez, jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, explicó que la ley cuya reglamentación fue suscrita ayer “es un marco legal para incentivar que el sector privado entre a generar electricidad con energías no hidráulicas” como, por ejemplo, energía solar, eólica o de biomasa.

Según dijo, la ley reglamentada provee “el incentivo adecuado y las reglas claras” para que capitales privados inviertan en granjas solares u otras formas de generación de energía limpia y renovables con “seguridad y previsibilidad”.

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Comentó que, en paralelo, el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley similar para energías hidráulicas, que eventualmente permitiría al sector privado invertir en “pequeñas centrales hidroeléctricas” en los ríos internos del país.

Aumento de demanda por “grandes industrias electro intensivas”

El objetivo de estas leyes, según explicó el ministro Giménez, es evitar que la capacidad de generación de energía eléctrica del país eventualmente se quede “corta” ante el incremento de la demanda, en particular con el eventual ingreso al país de inversiones de “grandes industrias electro intensivas” que el Gobierno busca incentivar, como instalaciones de procesamiento de inteligencia artificial.

Estas industrias generan inversión, pero también mayor demanda, señaló y subrayó que por detrás de la estrategia económica de atracción de esas inversiones debe haber una de creación de nuevas fuentes energéticas.

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“Si vamos a depender solo de la ANDE (la estatal Administración Nacional de Electricidad) vamos a quedarnos cortos porque hay mucha demanda, se están creando las condiciones para que el sector privado pueda aportar”, enfatizó.

“Hay tantos informes que hablan de eso y es de conocimiento público de que existen dos contabilidades, pero estoy investigando en qué informe está ese punto”, mencionó.

La irregularidad no se limita solo a la duplicidad de registros, sino a una violación directa de la normativa vigente, según explicó Cabrera. El auditor reveló que el IPS estaría incurriendo en una falta grave a la Ley de Administración Financiera 1535/99, al no implementar en plenitud el sistema contable obligatorio.

“Lo que sé y estoy seguro es que en la Ley de Administración Financiera 1535/99, en su capítulo de contabilidad pública, les exige a todos los órganos públicos que deben usar ese sistema contable e IPS no la está usando en su implementación plena. Eso le obliga a IPS a usar su sistema anterior”, declaró.

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“Debilidades tremendas” de control interno

El auditor refirió que, al mantener estos “dos sistemas”, el ente previsional incumple la ley, lo que constituye, a su criterio, “señales de debilidades tremenda de control interno”.

Cabrera precisó que la Contraloría General de la República (CGR) contaría con el informe detallado sobre esta situación.

Auditoría detectó diferencias millonarias y falta de control

Según fuentes de ABC, una auditoría del Poder Ejecutivo reveló que el IPS operaba con dos sistemas contables paralelos durante la gestión de Jorge Brítez, ocultando dudosas y enormes diferencias entre sus saldos y egresos.

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El informe indica que este descontrol financiero -aprobado por el Consejo de Administración mediante simples constancias- impidió fiscalizar compras multimillonarias y verificar si el stock de medicamentos realmente llegaba a los asegurados.

El meteorólogo Juan Gamarra explicó que valores similares a los que se registran hoy y desde hace varios días se mantendrían al menos durante lo que resta de la semana, con amaneceres fríos y tardes frescas.

Estimó que las temperaturas mínimas a nivel nacional se mantendrían entre los 3 y 10 grados centígrados, con máximas entre 16 y 20 grados.

Indicó que los valores más “extremos” de frío podrían registrarse en el sur de la Región Oriental y en el oeste del Chaco.

Lluvias en el norte y este

En la mayor parte del país no se esperan lluvias hoy o durante los próximos días, aunque el pronóstico para este miércoles señala la posibilidad de precipitaciones leves sobre el norte de ambas regiones.

Sin embargo, Gamarra señaló que el viernes podría aumentar la cobertura nubosa “a nivel país” y podrían darse precipitaciones también en otras zonas, aunque las lluvias de nuevo se concentrarían principalmente en el norte y este.

Esas precipitaciones serían dispersas y leves, “nada muy importante”, añadió.

¿Qué pasará la próxima semana?

La próxima semana, sin embargo, podría traer a Paraguay “tormentas puntuales”, de nuevo sobre todo en el norte y este, posiblemente desde el lunes, comentó el meteorólogo.

Sin embargo, más allá de un muy leve aumento de las temperaturas máximas -que llegarían a 21 o 22 grados–, no se esperan cambios importantes en los índices térmicos al comenzar la próxima semana.

Entre los sectores que han expresado preocupación por lo que consideran una falta de garantías de que no se incurrirá en fraude electoral por medio de las máquinas se encuentra el oficialismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo apoderado técnico, Carlos Díaz Casabianca, ratificó ayer a ABC Color que la directiva del partido desconfía de las máquinas.

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El domingo 7 de junio, el PLRA elegirá no solo a sus candidatos para intendencias y concejalías para las elecciones municipales del 4 de octubre, sino también a su nuevo presidente y a otras autoridades partidarias.

“Un poco de confianza”

La desconfianza sobre las máquinas de votación que expresa el oficialismo liberal no es compartida por el líder del movimiento Nuevo Liberalismo, cuyo líder, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, dijo hoy a ABC Cardinal que su opinión es que “no hay que polemizar mucho el tema de las máquinas”.

El gobernador Estigarribia, cuyo movimiento postula a Alcides Riveros para la presidencia del PLRA, argumentó que cada partido y movimiento tiene la posibilidad de designar apoderados para controlar y auditar las máquinas antes y después de las elecciones.

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Admitió que incluso dentro de su movimiento hay “diversidad de formas de pensar” sobre las máquinas de votación, pero pidió dar “un poco de confianza” al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y señaló que dos de los tres ministros del TSJE representan a la oposición.

Subrayó que su postura personal es de confianza hacia las máquinas y recordó que él fue elegido gobernador de Central en las últimas elecciones generales –en 2023– con los mismos dispositivos.

Argumentó que, si se pudieran manipular los resultados con las máquinas, es improbable que no se haya hecho esto con los resultados en la Gobernación de Central, una de las más importantes del país.

“Abriendo el paraguas”

El gobernador Estigarribia dijo creer que la desconfianza en las máquinas que expresan sus rivales internos del PLRA podría ser un indicio de que “hay gente que puede estar buscando culpables para decir que el 7 de junio hubo fraude”.

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“Con urnas, con papeletas, con el sistema que elijan vamos a ganar”, dijo. “Lastimosamente, los adversarios internos están abriendo el paraguas para decir que hubo fraude”, finalizó.

Según el informe policial, el joven contaba con orden de captura por feminicidio y, además, se encontraba con arresto domiciliario en una causa por homicidio doloso en grado de tentativa.

El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 17:30 del ayer en una zona boscosa del barrio Ita Yvate de Nueva Italia.

La víctima presentaba una herida desgarrante en el costado derecho del cuello. En el sitio también fue hallada una navaja con manchas rojizas, que quedó a cargo de Criminalística de la Policía.

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Allanamiento e incautaciones

En la madrugada de este miércoles, agentes policiales y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido.

Durante el procedimiento fueron incautados varios aparatos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a análisis forenses.

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Entre las evidencias figura una remera que, según los investigadores, habría sido utilizada por el sospechoso el día del crimen y que aparentemente ya había sido lavada.

Además, los intervinientes recuperaron una motocicleta denunciada como robada en Alto Paraná.

Confesión a un amigo y hallazgo del cuerpo

Según fuentes de la Policía, el detenido mantenía una relación de “pareja casual” con la víctima.

Los investigadores también informaron que, presuntamente, el joven habría confesado el crimen a un amigo, quien posteriormente comunicó lo ocurrido a la madre del sospechoso.

Tras conocer esa información, la mujer habría ido hasta la zona boscosa indicada por su hijo y encontró el cuerpo de la víctima parcialmente cubierto con ramas y hojas. Luego, dio aviso a la Comisaría 30ª de Nueva Italia.

Sin embargo, algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental –departamentos como Amambay y Concepción- podrían registrar precipitaciones dispersas durante la jornada de hoy.

No se esperan lluvias mañana, pero el viernes se anticipan precipitaciones en el norte y este.

Hasta 5 grados de mínima

Persisten las bajas temperaturas en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco, con mínimas de hasta 5 grados en algunas zonas del sur del país.

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No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.

La víctima aseguró que acudió nuevamente a la comisaría tras enterarse de que la fiscala Laura Cubilla habría ordenado inicialmente la “no retención” del sospechoso por supuesta falta de pruebas.

“Más que otra prueba, no sé qué quieren. Me dispararon”, reclamó la joven, mostrando las heridas que sufrió en el pie a raíz del ataque armado.

Según relató, el detenido fue reconocido plenamente por ella como el hombre que efectuó los disparos durante el asalto.

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“Pensamos que nos iban a matar”

Fiorella recordó que el hecho ocurrió cerca del colegio Manuel González, cuando circulaba en motocicleta junto a su pareja.

Contó que ambos comenzaron a sospechar de dos hombres que los seguían en moto y que finalmente fueron interceptados en una calle del barrio.

“Giraron y ya dispararon a traición”, afirmó.

La joven relató que los atacantes realizaron al menos tres disparos antes de acercarse para exigirles la entrega de la motocicleta y los celulares.

Según su versión, incluso después de recibir las pertenencias, uno de los delincuentes volvió a apuntarles con el arma.

“Mi novio le dijo que ya le dio la moto y el celular y que nos deje. Y él no nos quiso dejar prácticamente”, expresó.

La víctima señaló además que, tras el asalto, llegaron otras motocicletas al lugar y temieron un nuevo ataque.

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Sospechoso tiene antecedentes, según Policía

El comisario principal Miguel Domínguez, de la Comisaría 16ª de Lambaré, informó que el sospechoso Ariel Armando Huerta Leguizamón, de 30 años, fue detenido este martes en la vía pública, en la zona de Puerto Pabla.

De acuerdo con el jefe policial, el hombre cuenta con antecedentes por violencia y tentativa de feminicidio.

“Como toda persona, niega el hecho”, indicó el uniformado.

La Policía sostuvo que desde un primer momento la víctima sindicó al ahora detenido como uno de los participantes del asalto y del ataque armado.

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Denuncian contradicciones en actuación fiscal

La joven aseguró que agentes policiales le advirtieron que el sospechoso podría ser liberado debido a una supuesta falta de pruebas y que incluso la fiscala se encontraba de reposo.

Ante esa situación, decidió acudir a medios de comunicación y denunciar públicamente el caso.

“Después de que llamé a la prensa, recién dijeron que ordenaron la detención”, afirmó.

El comisario Domínguez evitó profundizar sobre la actuación fiscal, aunque confirmó que existieron dificultades para ubicar a la agente del Ministerio Público al momento de concretarse la aprehensión.

El detenido permanecerá en sede policial y deberá comparecer ante el Ministerio Público para prestar declaración sobre el caso.

El operativo incluyó controles de presión, estado de válvulas y accesibilidad de las bocas hidrantes ubicadas en distintos sectores del populoso centro comercial.

El director del Mercado 4, Alejandro Buzo, señaló que el procedimiento forma parte de un plan de prevención impulsado desde el año pasado con apoyo de distintas compañías de bomberos.

“No podemos dejar pasar lo que vino ocurriendo en otros mercados, que también es un llamado de atención”, afirmó.

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Bomberos confirman operatividad de hidrantes

El capitán Carlos Céspedes, de la Vigésima Compañía del CBVP, explicó que durante la inspección verificaron el funcionamiento integral de los hidrantes.

“Se verifican los vástagos, las llaves de apertura, las salidas y la presión residual”, detalló.

Según indicó, todos los hidrantes inspeccionados en la zona del Mercado 4 se encuentran operativos y en condiciones de responder ante incendios de gran magnitud.

En el operativo participaron compañías de bomberos de distintos puntos de Asunción.

Las verificaciones se realizan dos veces al año, principalmente antes de temporadas consideradas críticas por el aumento de actividad comercial y riesgo de siniestros.

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Municipalidad admite falencias estructurales

Pese al resultado positivo de los controles, desde la Municipalidad reconocieron que el Mercado 4 arrastra graves problemas de infraestructura y prevención.

Buzo admitió que el sistema contra incendios del nuevo edificio financiado años atrás con recursos de Itaipú quedó inconcluso y actualmente no funciona.

“No hay sistema hidráulico ni sistema de detección”, reconoció.

También alertó sobre problemas estructurales en la zona donde se encuentra el tanque de agua del edificio, situación que ya fue comunicada a la binacional.

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Preocupación por instalaciones eléctricas y techos viejos

Las autoridades municipales señalaron además que otros mercados municipales presentan importantes deficiencias, especialmente en instalaciones eléctricas y estructuras deterioradas.

Según Buzo, uno de los principales problemas aparece durante jornadas de lluvia, debido a filtraciones y techos antiguos.

La comuna inició relevamientos eléctricos y trabajos de regularización de medidores junto con la ANDE, aunque reconoció limitaciones presupuestarias para encarar reparaciones de fondo.

“Hay una debilidad en infraestructura que corresponde a muchísimos años de falta de mantenimiento”, sostuvo.

El director insistió en que la mejora real de las condiciones de seguridad requiere inversiones importantes y no solamente medidas preventivas o controles periódicos.

El nivel salarial de Cajubi prácticamente duplica al promedio registrado en la caja de la ANDE, que alcanzó G. 13.934.709, y supera ampliamente al IPS, donde el salario promedio de los cotizantes activos se ubicó en G. 4.264.630.

La Caja Bancaria también lideró en el monto promedio de beneficios pagados a jubilados y pensionados. En 2024, el promedio ascendió a G. 11.227.880, aunque todavía por debajo del promedio registrado en Cajubi, que alcanzó G. 23.066.119. Este comportamiento evidencia que los sectores con mayores niveles salariales durante la vida activa mantienen igualmente prestaciones previsionales significativamente superiores al promedio del sistema.

Los datos permiten observar que el crecimiento de los beneficios previsionales acompañó parcialmente la evolución de los salarios activos. En Cajubi, por ejemplo, el beneficio promedio pasó de G. 17.814.675 en 2020 a G. 23.066.119 en 2024, mientras que en la Caja Bancaria el promedio subió de G. 8.127.303 a G. 11.227.880 en el mismo periodo.

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En la ANDE, los beneficios promedio alcanzaron G. 8.788.684 en 2024, por encima de los G. 6.532.497 registrados en 2020.

Sin embargo, el análisis más relevante surge al comparar la relación entre el beneficio promedio recibido por jubilados y el salario promedio de los cotizantes activos. Este indicador permite aproximar el nivel de reemplazo previsional, es decir, qué proporción del ingreso laboral logra sostenerse una vez producida la jubilación.

En este punto, el IPS presenta la relación más elevada del sistema. En 2024, el beneficio promedio representó el 104,4% del salario promedio de los activos. Esto implica que, en promedio, los jubilados y pensionados del IPS percibieron ingresos superiores al salario promedio de los trabajadores activos cotizantes.

La relación ya se encontraba cerca de ese nivel en años anteriores: 101,0% en 2020, 100,3% en 2021, 100,0% en 2022 y 102,4% en 2023.

El caso del IPS contrasta fuertemente con otras cajas previsionales. En la Bancaria, la relación beneficio/salario alcanzó 97,8% en 2024, luego de haber caído a 66,6% en 2022. En la Caja Fiscal, el indicador se ubicó en 80,6%, mientras que en Cajubi llegó a 79,5%.

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La Caja Municipal registró una relación de 73,9%, y la ANDE alcanzó 63,1%.

La situación más rezagada corresponde a la Caja Ferroviaria. En 2024, el beneficio promedio representó apenas el 21,7% del salario promedio de los cotizantes activos. Incluso, en 2023 el indicador había descendido a 16,3%; comportamiento que refleja las dificultades estructurales y la reducida escala de algunos regímenes previsionales específicos.

Los datos también muestran que el promedio general del sistema previsional continúa relativamente bajo en comparación con algunas cajas sectoriales.

El salario promedio total de los cotizantes activos alcanzó G. 4.971.777 en 2024, mientras que el beneficio promedio total de jubilados y pensionados llegó a G. 5.322.788. A nivel agregado, el beneficio promedio se ubicó por encima del salario promedio de los aportantes activos.

El comportamiento plantea desafíos relevantes para la sostenibilidad financiera del sistema previsional paraguayo, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional, informalidad laboral y presión creciente sobre las cajas públicas.

El hecho de que algunas cajas mantengan relaciones de reemplazo cercanas o superiores al 100% evidencia estructuras de beneficios elevadas respecto a los ingresos laborales actuales, situación que puede incrementar las necesidades de financiamiento en el mediano y largo plazo.

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Al mismo tiempo, las diferencias entre cajas reflejan la segmentación histórica del sistema previsional paraguayo. Mientras algunos sectores presentan salarios y jubilaciones significativamente elevados, otros operan con niveles considerablemente más bajos. Esto genera importantes disparidades entre trabajadores y jubilados dependiendo del régimen al que pertenecen.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

La representante del Ministerio Público explicó que la complejidad del caso radica en que los recursos bajo sospecha fueron a parar a bancos del exterior y, desde allí, reingresaron al país.

“Todos los informes se están solicitando en el extranjero para ver si la misma plata que salió de acá es la misma que vuelve a entrar (...) Desde el momento en que transciende nuestras fronteras, dependemos demasiado de los informes que nos tengan que dar los bancos extranjeros. Ha llegado hace un año aproximadamente muchísima documentación que remitió Bahamas (...) esta causa es bastante complicada”, detalló.

Según The New York Times, Alejandro Domínguez “habría recibido dinero recuperado de un escándalo de corrupción”

González comentó además que, recientemente, se realizó un último pedido para responder a precisiones solicitadas por los bancos de Nueva York y Bahamas. “Dependemos mucho de ellos. Hay un abanico de situaciones que se están investigando acá, por eso es muy importante para nosotros hacer esa trazabilidad para comprobar si era la misma plata”, expresó.

Finalmente, la fiscala admitió que los reportes recibidos inicialmente desde el exterior fueron muy ambiguos. Explicó que, si bien hay un enorme cúmulo de documentos, el foco de la investigación se centra ahora en verificar minuciosamente los movimientos del Banco do Brasil.

El objetivo es comprobar que el dinero saliente de dicha entidad no regresó a sus cuentas, sino que fue desviado al Banco Continental para la constitución de fideicomisos, tal como describen los informes de la auditoría forense y de la Seprelad.

Se habría quedado con parte

La ambigüedad de la Conmebol y su falta de interés en esta causa –pese a que ambos bancos aparecen desde el principio en informes de Seprelad y de su propia auditoría forense– encienden las alarmas tras las recientes revelaciones del periódico estadounidense The New York Times.

Medios internacionales se hacen eco de publicación del NYT sobre Alejandro Domínguez

Una publicación de dicho medio sacó a la luz una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA contra Alejandro Domínguez y otro alto dirigente de la Confederación. Ambos son acusados de quedarse con parte de los fondos recuperados del escándalo del FIFAGate, recibiendo supuestamente más de 5 millones de dólares en concepto de una “bonificación” o comisión secreta, tras gestionar la devolución del dinero desviado en las tramas de corrupción.

Dicho documento, tras analizar otra denuncia protegida de noviembre pasado, confirmó el hallazgo de elementos suficientes para remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios.

Según el último análisis de la DNCP, el reemplazo de la pantalla de las terminales de votación “habría tenido aptitud para incidir en la apreciación técnica del comité y, eventualmente, en el sentido de su recomendación”. Esto colocaría al consorcio ante una presunta infracción del Art. 145 de la Ley Nº 7021/2022 de Suministros y Contrataciones Públicas.

Lo paradójico es que Bypar SA, la primera firma en alertar a las autoridades sobre las irregularidades basándose en los propios documentos del TSJE, jamás fue notificada del archivo de su causa. La empresa descubrió la existencia del documento a través de la prensa, ya que el fallo no aparece en el expediente oficial del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Sin notificación

En un duro escrito presentado el 18 de mayo de 2026, Bypar SA, representada por Pablo Fernández, señaló que no recibió ninguna notificación por los canales procesales válidos ni consta evento alguno en el portal del SICP que indique la conclusión o el archivo del Caso Nº 149.

La firma denunció que el director de Administración y Finanzas del TSJE, Daniel Echagüe, exhibió en televisión el dictamen DNCP/DGAJ Nº 2315/26, con fecha 5 de marzo de 2026, alegando que con ese instrumento la denuncia de Bypar SA quedaba desestimada bajo el argumento de “cosa juzgada”.

Sin embargo, el cronograma procesal desnuda una contradicción temporal insostenible como que el levantamiento de la suspensión del procedimiento recién se dispuso el 19 de marzo de 2026. Es decir, resulta jurídicamente imposible que la jueza instructora haya emitido una resolución de archivo semanas antes, mientras el proceso se encontraba formalmente suspendido.

“Esta parte se enteró de la supuesta existencia de dicho documento exclusivamente a través de esas publicaciones periodísticas y de la imagen exhibida en televisión por funcionarios del TSJE”, expresó la firma.

Al verificar nuevamente el portal del SICP, la denunciante constató que el dictamen no figura en los registros públicos como un evento del Caso Nº 149. La última actuación oficial registrada es, precisamente, la providencia del 19 de marzo pasado que levantaba la suspensión, sin ningún movimiento posterior.

Dos escenarios graves

Para la empresa afectada, esta grave anomalía procesal coloca tanto a la DNCP como al TSJE ante dos escenarios posibles. En un primer escenario se podría presumir que el documento exhibido por los funcionarios de la Justicia Electoral no sea auténtico o carezca de validez institucional, habiendo sido utilizado en televisión con el único propósito de instalar falsamente en la opinión pública que la causa fue cerrada.

En el segundo escenario es que el documento sea auténtico, lo que significaría que la DNCP dictó una resolución en pleno periodo de suspensión y a espaldas del denunciante legítimo. Esto implicaría que el TSJE (la entidad investigada) tuvo acceso privilegiado y anticipado a un acto administrativo confidencial antes que la propia víctima, violando los principios de publicidad, igualdad procesal, transparencia y el derecho a la defensa consagrados en la Ley Nº 7021/22, afirmaron.

Un peligroso precedente

Finalmente, Bypar SA advirtió que la situación trasciende el caso particular y golpea la credibilidad de todo el sistema de control. Si los funcionarios públicos pueden presentarse en los medios de comunicación a exhibir documentos atribuidos a la DNCP que no constan en los registros oficiales, se destruye la fe pública en el órgano rector de las compras del Estado.

La firma denunció que el uso mediático de estos supuestos dictámenes ocultos opera como una interferencia directa y una presión indebida sobre el órgano instructor. Asimismo, señalaron un daño reputacional concreto, al haber sido expuestos ante la opinión pública como autores de denuncias infundadas sin haber tenido la más mínima oportunidad de conocer o impugnar el fallo que supuestamente los contradice.

Un punto importante es que la jueza instructora Jazmín Torres, quien firmó el dictamen de desestimación, es la misma que, para casualidad, recientemente “exoneró” la participación de Alejandro Domínguez Pérez (hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez) en el fallido contrato de combustible catarí con Petropar.

La víctima fue identificada como María Celeste Segovia Colmán, de 31 años, madre de dos menores de edad.

El cuerpo fue encontrado en la compañía Itá Ybate’i, tras el aviso de una pobladora que ingresó al lugar buscando animales y observó a sus perros ladrando insistentemente entre la maleza.

Según el comisario principal José Santa Cruz, el cadáver estaba oculto parcialmente entre plantas de cocotero y cubierto con hojas secas.

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Presentaba aparentes heridas en el cuello

De acuerdo con los primeros datos manejados por los investigadores, la mujer presentaría heridas cortantes, presumiblemente a la altura del cuello.

No obstante, las autoridades aclararon que todavía se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte y el tipo de lesión sufrida.

“El cuerpo fue abandonado en este yuyal. Desconocemos todavía la circunstancia del caso”, indicó el jefe policial.

El médico forense Luis Prats explicó que las condiciones del lugar dificultaban un análisis preliminar más detallado.

“Es muy difícil examinar así el cuerpo. El lugar es muy inhóspito”, sostuvo.

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Fiscalía no descarta feminicidio

La causa quedó a cargo de la fiscala Viviana Llano, quien confirmó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible feminicidio.

“Nosotros no podemos descartar nada”, afirmó la representante del Ministerio Público.

Llano detalló que la mujer había dejado a sus hijos, de aproximadamente 8 y 10 años, al cuidado de la persona para quien ella trabajaba.

Con el paso de las horas y al no regresar, comenzó la preocupación de familiares y allegados.

La fiscala indicó además que las investigaciones recién se iniciaban y que todavía debían realizarse varias diligencias técnicas y periciales.

Buscan reconstruir últimas horas de la víctima

Agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística trabajaban durante la noche en la búsqueda de evidencias y en el levantamiento de datos en la zona.

La Policía también intentaba verificar imágenes de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir los movimientos de la víctima antes de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existen denuncias formales previas por violencia familiar, aunque continúan las averiguaciones sobre el entorno de la mujer y su expareja.

Los usuarios se quejan de la falta de agua en los barrios Itacurubí, San José Olero, Inmaculada y el sector Calaverita.

La otra queja se refería al colapso del sistema cloacal en diferentes puntos de la capital departamental. Tras las constantes quejas, se iniciaron los trabajos para mejorar la situación.

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Mejoras en la distribución del agua potable

Durante su intervención en la sede departamental la Junta Municipal, Luís Fernando Bernal, dijo que se va a cambiar y mejorar la distribución del agua potable para que llegue a los usuarios de manera óptima.

Agregó que se harán de forma urgente, en los puntos críticos, el cambio de colectores cloacales. Aseguró que serán 1.200 metros los que tendrán la intervención de la Essap.

Los usuarios aguardan que lo dicho por el presidente de la Essap se cumpla.

Según expresó el mandatario, la normativa representa un paso clave para modernizar el sistema energético paraguayo y generar condiciones para nuevas inversiones privadas.

“La modernización del sector energético da un paso decisivo. Con la reglamentación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, Paraguay transforma una visión estratégica en un marco operativo concreto para atraer inversiones, diversificar su matriz energética y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional”, escribió Peña.

La reglamentación llega varios meses después de la promulgación de la Ley N.º 7599, aprobada en diciembre del año pasado.

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Apertura al sector privado

Uno de los principales cambios introducidos por la normativa es la habilitación de la participación activa del sector privado en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas.

Hasta ahora, la matriz energética paraguaya estuvo históricamente dominada por la generación hidroeléctrica estatal, principalmente mediante las binacionales y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Con la nueva reglamentación, empresas privadas podrán generar energía utilizando fuentes como la solar, eólica o biomasa.

Además, estarán habilitadas para comprar, vender e incluso exportar energía producida mediante estos sistemas.

Según relató, la misión encomendada por la conducción liberal fue clara: revisar el sistema como si existiera un esquema de manipulación electoral.

“Nosotros desconfiamos de la Justicia Electoral. Andá y encontrá algo que nosotros podamos mostrar”, dijo que fue la instrucción recibida desde el partido.

Casabianca aseguró que durante dos meses inspeccionaron componentes físicos y parte del código fuente de las máquinas. También realizaron pruebas para detectar posibles transmisiones de datos o conexiones externas.

“Destripamos la máquina, abrimos, revisamos cada transistor, cada pedazo del software hasta donde se pudo”, sostuvo.

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“No encontramos forma de alterar el voto”

El técnico indicó que las verificaciones incluyeron controles con lectores de frecuencia, inhibidores de señal y pruebas sobre el funcionamiento del chip utilizado en el sistema de votación.

Según explicó, las máquinas cuentan con mecanismos que impedirían la transmisión externa de información, entre ellos una “jaula de Faraday” y bloqueadores de frecuencia.

“No encontramos una sola forma de que se pueda modificar el voto”, afirmó.

No obstante, admitió que el análisis tuvo límites, ya que los técnicos no pudieron retirar el código fuente ni ingresar dispositivos electrónicos durante las auditorías realizadas en dependencias del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Casabianca defendió además la prohibición del uso de celulares y tablets durante las verificaciones, argumentando que el código fuente constituye propiedad intelectual de la empresa proveedora.

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Fallas de impresión encendieron nuevas dudas

Pese a descartar manipulación informática, el técnico reconoció que existen problemas operativos vinculados a las impresoras de las máquinas.

Citó el caso de una boleta que salió parcialmente impresa durante pruebas recientes. Según dijo, la explicación dada por funcionarios electorales apuntó a una falla de impresión o del papel térmico utilizado.

En ese contexto, insistió en que si el chip conserva correctamente la información del voto, el error sería solamente mecánico y no alteraría el resultado final.

“Si la máquina cambió su voto, estamos ante fraude informático. Pero si el chip grabó correctamente y solo falló la impresión, es otro problema”, explicó.

También detalló que la Justicia Electoral dispone de máquinas de contingencia para reemplazar equipos defectuosos durante la jornada electoral.

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Sector liberal cuestiona garantías del TSJE

Las declaraciones de Casabianca contrastan con la postura del apoderado del movimiento Frente Radical del PLRA, Diego Garcete, quien insistió en que persisten graves dudas sobre el sistema.

Garcete sostuvo que las auditorías realizadas son insuficientes y denunció restricciones para verificar plenamente las máquinas.

“Ellos me tienen que demostrar que el sistema es inhackeable”, reclamó.

El dirigente también cuestionó el proceso de adjudicación del servicio al Consorcio Comitia MSA y advirtió que cualquier error podría deslegitimar las elecciones.

Según afirmó, durante simulacros realizados recientemente detectaron casos en los que las boletas no imprimieron completamente la información que posteriormente era leída por el chip.

“Si esto pasa en una elección reñida, se va a armar un despelote”, alertó.

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Oposición dividida sobre confiabilidad del sistema

El debate evidencia las diferencias internas dentro de la oposición sobre las máquinas de votación impulsadas por el TSJE.

Mientras un sector técnico del PLRA sostiene que no halló pruebas concretas de fraude electrónico, otros dirigentes insisten en que las limitaciones impuestas durante las auditorías y las fallas detectadas generan desconfianza sobre la legitimidad del proceso.

El procedimiento fue efectuado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Pedro Juan Caballero y la Fuerza de Tarea Conjunta.

Destrucción de campamentos y otras evidencias

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informaron que además de la droga, se procedió al desmantelamiento de siete campamentos precarios y la incautación y posterior destrucción cinco gatos hidráulicos, nueve zarandas rústicas y tres prensas de hierro. Agregaron que no hubo detenidos durante la operación.

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La intervención fue encabezada por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.