La situación genera inquietud debido a que se trata de medicamentos de uso permanente, cuyo suministro regular resulta fundamental para evitar complicaciones de salud y mantener controladas estas patologías.

Inés Gómez, paciente, afirmó que en varias ocasiones tuvo que comprar los medicamentos para no interrumpir su tratamiento.

Consultada sobre el faltante, la directora del IPS, Doricel Ferreira, explicó que la reposición de medicamentos se realiza habitualmente entre el 10, 15 y 20 de cada mes, por lo que esperan normalizar el abastecimiento con la provisión de nuevos lotes.

Asimismo, adelantó que la institución aguarda la concreción del proyecto de construcción de un hospital para la previsional en la capital cordillerana, iniciativa que permitiría ampliar y fortalecer los servicios para los asegurados.

IPS disparó hasta G. 2 millones el pago por limpiador en apenas once meses

No le preocuparía recibir visita sorpresa de autoridades

Ferreira dijo que no le preocupa la posibilidad de recibir una visita sorpresa del presidente del Consejo de Administración del IPS, doctor Isaías Fretes. Dijo que considera que el funcionamiento general del centro asistencial es adecuado, pese a que ocasionalmente se registren faltantes de medicamentos.

Reconoció, sin embargo, que resulta difícil controlar todos los aspectos del servicio debido a la alta concurrencia de pacientes provenientes de distintas ciudades del departamento de Cordillera.

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El legislador, quien buscaba la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sostuvo que si bien reconoció la victoria de su adversario -Alcides Riveros-, también había prometido un seguimiento a las denuncias referentes a las elecciones.

“Venimos a hablar del falso porcentaje de participación que se dio en algunos locales de votación; principalmente en los lugares donde hubo lista de consenso”, detalló.

Asimismo, aseguró que hay “datos alejados de la realidad” en lo que refiere a la participación, ya que por ejemplo se registró un 57% en Bahía Negra, 61% en Fuerte Olimpo, mientras que en Puerto Casado solamente 8%.

Líder Amarilla trata de “mitã’i rebelde” y “caprichoso” a Santi Peña tras rendir cuentas a Cartes

“Cosa totalmente irreal”, según Villalba

A criterio del liberal, es “una cosa totalmente irreal” ese tipo de porcentajes y como otro ejemplo mencionó un 55% de participación en Isla Pucú.

Otro caso fue el de Itacurubí de la Cordillera, donde de 600 personas saltaron a 1.700 en un lapso de unas horas, mientras que en San Antonio hubo inconvenientes con los miembros de mesa supuestamente “con apoyo de funcionarios” de la Justicia Electoral. “Cosas raras, llamativas”, sostuvo.

Asimismo, detalló que la carga de votos favoreció a la Lista 3 -liderada por Alcides Riveros- sin embargo, su denuncia no es “por quién ganó o perdió”, sino, el objetivo es que las denuncias sean tratadas para evitar que se vuelvan a cometer irregularidades en futuras elecciones.

“La carga de votos, el voto asistido, la prepotencia, todo con el apoyo de la Justicia Electoral que tendría que haber sido resguardo de la voluntad popular. Las máquinas de votación también presentaron cosas llamativas. Vamos a continuar con la línea de la transparencia porque el sistema electoral afecta a todos; todos los antecedentes, más los pedidos de informes sobre las máquinas vamos a hacer llegar a la comisión electoral”, sentenció.

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Peña asistió a la sesión acompañado de sus ministros del Poder Ejecutivo y durante su discurso, se mostró abiertamente molesto por las críticas a su Gobierno.

Como ya es costumbre, pintó un “país de maravillas”, basado en el crecimiento económico del PIB, cuya proyección para este 2026, según dijo, será superior al 4%.

“Correligionarios, les repito, el Paraguay crece como nunca antes en su historia democrática. Y a los visionarios del derrotismo les tengo una mala noticia: lo seguirá haciendo”, afirmó en parte de su informe ante Horacio Cartes.

El relato oficial: la “educación maravillosa” de Peña

Peña narró igualmente una “educación de maravillas”, a la hora de mencionar los “logros” en el tercer año de su gestión. “Con Hambre Cero damos de comer a más de 1.050.000 estudiantes, en más de 7.000 escuelas de los 263 distritos del país. El 2025 fue el primer año con desayuno, almuerzo y merienda durante todo el año lectivo, algo que parecía imposible solamente dos años atrás”, afirmó.

Indicó que “cuando un paraguayo quiere estudiar, cuando quiere seguir una carrera, el Estado está a su lado”. Según el presidente, con el programa Becas del Gobierno del Paraguay, cuentan con casi 20.000 becas universitarias entregadas en estos casi tres años de gobierno.

“Renovamos las escuelas como nunca antes. Intervenimos casi 700 instituciones educativas, con otras 100 en ejecución, por cerca de US$ 26 millones”, agregó.

También programa declaró que con el programa de lectura Ñe’ery entregaron 19 millones de libros a nuestros estudiantes. “Hace apenas unas semanas, anunciamos la provisión de kits de Starlink para 1600 centros educativos, llegando a casi 3000 escuelas conectadas a internet”, dijo.

El escándalo omitido: la sospecha de 1.500 títulos falsos de docentes

El presidente de la República omitió en su discurso un “pequeño” escándalo que, deja al descubierto la grave crisis que afecta a la educación superior en Paraguay: el Ministerio Público, a través de una investigación a cargo de la fiscala Teresa Sosa, sospecha que hay por lo menos 1.500 títulos falsos de docentes.

Mientras, la Fiscalía y el Ministerio de Educación confirmaron la existencia de 250 títulos falsos de docentes, de unos 550 casos indagados por la Fiscalía, centrados principalmente en cuatro zonas del interior: los departamentos de San Pedro, Guairá, Caaguazú y Alto Paraná.

El Gobierno había manifestado este martes, a través de una conferencia del ministro de Educación, Luis Ramírez, una política de “tolerancia cero” ante esta práctica.

Sin embargo, evade denuncias de títulos falsos vinculadas a políticos aliados del oficialismo, como el caso del ex senador Hernán Rivas y las sospechas hacia los títulos del senador Yamil Essgaib y su hijo, Nasser Esgaib, concejal de Asunción. Los tres son supuestamente egresados de la Universidad Sudamericana.

Títulos falsos contrastan con la “educación de maravillas”

La senadora colorada independiente Blanca Ovelar, ex ministra de Educación, advirtió que este escándalo de los títulos falsos en universidades e institutos, ya tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales y afecta la reputación del Paraguay. “Está tirando por el suelo nuestra imagen como país”, alegó.

La senadora opositora Esperanza Martínez, cuestionó al ministro de Educación, Luis Ramírez por estos casos de diplomas universitarios sin autenticidad.

“Le digo al ministro que no se lave las manos de nuevo enviándole solamente al fiscal general (Emiliano Rolón) las denuncias. Haga su investigación interna. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes otorgaron? ¿Quiénes no hicieron la tarea o se hicieron del ñembotavy para que esto sucediera?”, reclamó.

Becas del Gobierno: estudiantes denuncian trato desigual y falta de cobertura

Peña se ufana como logro la adjudicación de becas universitarias a casi 20.000 jóvenes, no obstante, los universitarios denunciaron el fin de semana que existe un trato desigual y discriminatorio por parte del Gobierno, principalmente quienes dependen de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, para los desembolsos.

“Hace aproximadamente dos meses hicimos entrega de todos los documentos que nos exigen para poder contar con la beca, pero somos el único grupo que recibió los recursos recién el viernes (12 de junio)”, lamentó uno de los universitarios sobre los excesivos retrasos.

Además informaron que son el único grupo de estudiantes que recibe las becas en dos pagos, con transferencias de entre el 50% o menos en el primer desembolso.

Becarios inscriptos en la Universidad Católica de Asunción (UC), reclamaron que a pesar de estar confirmados por el Gobierno como beneficiaros de este plan, fueron informados por esta casa de estudios de que la beca no cubre las dos primeras cuotas ni el costo de matrícula. Para carreras como Ingeniería, el costo que deberán pagar los alumnos, muchos de escasos recursos, supera los G. 7 millones, según manifestaron.

Hambre Cero: mala calidad y exclusión

A finales de mayo, padres de familia de una escuela de Santaní, denunciaron la presunta politización y la mala calidad de los productos del programa Hambre Cero. La crítica por la politización del programa, a través de la contratación de cocineras únicamente afines al candidato oficialista de cada localidad, se repitió durante todas las internas.

Los reclamos de Hambre Cero también se dieron por problemas en la distribución de los alimentos. En la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, el almuerzo escolar llegó recién después de tres meses del inicio de clases.

Supuestamente, por un problema con la carga de datos en los sistemas del MEC y del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas, tesorero del Parido Colorado.

La siempre abandonada infraestructura escolar

En infraestructura escolar, el informe de gestión de Santiago Peña indica 700 instituciones educativas reparadas, que fueron “renovadas como nunca antes”, de un total que ronda las 7.500 escuelas y colegios públicos, la cifra es más que ínfima e insuficiente.

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La organización Levanta Escuelas, denunció que la situación edilicia es de abandono en miles de centros. En estos días, asisten con pintura y refacciones en el Colegio Nacional Alvarín Romero (Asunción).

“Nuestro trabajo siempre busca sumar, nunca reemplazar las obligaciones del Estado, el MEC tiene una deuda con las escuelas públicas paraguayas”, manifestaron desde la organización.

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En ese sentido, señaló que se mantienen conversaciones con representantes de instituciones educativas, entre otros sectores, para coordinar las tareas de limpieza. Asimismo, se espera contar con el acompañamiento de autoridades locales.

Oribe resaltó que Corateí es un destino frecuentado por turistas, por lo que considera fundamental preservar la buena imagen de la comunidad para incentivar el retorno de los visitantes.

“Parece que la gente no es consciente de eso, por eso tira su basura por cualquier lado; son detalles que se deben cuidar”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos sanitarios que genera la acumulación de residuos y afirmó que la limpieza debe convertirse en una prioridad para todos los habitantes.

“Se debe tener en cuenta que la basura trae consigo enfermedades; si no se realiza la limpieza, tampoco quiero que nuestra comunidad se parezca a Asunción, donde hay muchos vertederos clandestinos de basura por todos lados y eso queda mal, sobre todo donde se depende mucho del turismo”, manifestó.

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Con ello, el salario mínimo mensual superará los G. 3 millones desde julio, según adelantó el Poder Ejecutivo.

Reajuste con impacto real en la inflación

El economista Sergio Sapena conversó con ABC con respecto al reajuste del salario mínimo y afirmó que el mismo tendrá un impacto real en la inflación, en los sectores de consumo, en lo que refiere al gasto familiar y sus deudas para mantener el nivel de vida.

“Para poder mejorar el ingreso de las personas, lo que el Estado debería priorizar es su política de inversión pública en las áreas de educación, salud, transporte e infraestructura”, resaltó.

En esa línea, dijo que el Estado además trabajar en la inversión pública, lo que debe priorizar es lograr bajar la tasa de interés para así bajar el costo del endeudamiento nacional y a la vez aumentar el déficit fiscal para que haya un mayor circulante de dinero y así lograr que se frene la caída del dólar.

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Sube el salario y aumenta la informalidad

Otro de los puntos que cuestionó el economista es que al incrementar el salario mínimo, también aumenta la informalidad en el país.

“Siempre que el gobierno no mejore los servicios públicos de salud, entonces el empleado y el empresario preferirán evadir el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) y la inscripciones en el Ministerio de Trabajo”, acotó.

Por otra parte, dijo que todos los sectores empresariales se verán afectados por la suba del salario mínimo anunciada por el gobierno de Santiago Peña.

“Las más afectadas serán las empresas intensivas en mano de obra, las empresas exportadoras, las empresas maquiladoras, y va de contramano con la política de atracción de inversiones del Gobierno”, afirmó.

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Sin inversión no hay margen para mayores costos laborales

Reiteró que mientras el Estado no aumente la inversión pública con el fin de mejorar “la bajísima calidad de los servicios públicos, no se puede obligar a las empresas a aumentar sus costos laborales”.

Dijo que en el contexto económico actual donde el gobierno aumentó las restricciones debido al tope del 1,5% del déficit fiscal que impide aumentar la inversión pública, subir el salario mínimo no aumentará el poder adquisitivo de la gente.

“Esto tendrá un efecto contrario. El poder adquisitivo empeorará, habrá mayor inflación y mayor informalidad con menor cobertura social”, puntualizó.

Indicó que desde la asunción del actual gobierno no percibió mejoras en su situación económica y que, por el contrario, cada vez resulta más difícil cubrir las necesidades básicas de su familia.

El trabajador señaló que en numerosas ocasiones ni siquiera cuentan con recursos suficientes para comprar alimentos y que deben recurrir a la ayuda de vecinos o solicitar fiado en almacenes de su barrio para poder subsistir.

Afirmó que las expresiones del jefe de Estado sobre el crecimiento económico y sus supuestos efectos positivos en la población no reflejan la realidad de los sectores más vulnerables. Enfatizó que existe una percepción equivocada sobre la situación que atraviesan las familias humildes y que las dificultades económicas siguen profundizándose.

Giménez consideró que la crisis afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y pidió a las autoridades nacionales, especialmente al presidente Peña, prestar mayor atención a las condiciones en que viven miles de paraguayos que diariamente luchan por llevar el sustento a sus hogares.

Según expresó, resulta necesario que las autoridades se interioricen de la realidad que enfrentan las familias más carenciadas para impulsar medidas que permitan mejorar efectivamente su calidad de vida.

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Acompañado de sus ministros del Poder Ejecutivo, Peña dio un largo discurso, en el que resaltó que se están construyendo nuevos hospitales generales en Concepción y Curuguaty, en el Norte, y en Mariscal Estigarribia, en el Chaco; avanzando además con los hospitales de Asunción, Santaní y del Este. Desde que inició su gobierno en agosto de 2023, al frente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encuentra María Teresa Barán, quien es cuestionada frecuentemente por su deficiente gestión.

“Estamos construyendo el nuevo Hospital de Itauguá como el mayor complejo público del país —más de 1.000 camas, 160 de terapia intensiva, y 30 quirófanos—, con un nuevo modelo de gestión que elaboramos junto al prestigioso Hospital Albert Einstein", aseguró Peña.

Sin embargo, el contraste con las denuncias diarias que inundan los medios de comunicación y las redes sociales revela un escenario mucho más complejo, marcado por una brecha persistente entre los anuncios oficiales y las carencias del día a día. A nivel nacional, los pacientes siguen denunciando constantes carencias de insumos básicos y medicamentos, obligando al enfermo a recurrir a rifas, colectas o las famosas polladas para costear tratamientos que, en teoría, deberían estar garantizados por el Estado.

Incan: entre la remodelación y el desabastecimiento

El informe gubernamental enfatizó la transformación “de raíz” del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), destacando un aumento del 150% en el presupuesto para medicamentos y la descentralización del tratamiento oncológico mediante la red de “Hospitales Día”.

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“Queremos dar más y mejores servicios. En el periodo del gobierno pasado se realizaron 15 millones de consultas. En solo tres años de nuestro gobierno estamos superando las 40 millones de consultas médicas, un 167% de aumento”, aseguró Peña.

No obstante, la realidad de los pacientes oncológicos sigue siendo uno de los puntos más críticos y sensibles. A lo largo de estos tres años de gobierno de Santiago Peña, se han documentado reiteradas crisis por falta de fármacos oncológicos y radioterapias interrumpidas por fallas técnicas en los equipos.

Aunque el Gobierno destaca la mejora en la infraestructura, las asociaciones de pacientes de todo el país señalan que, a menudo, la burocracia estatal y la falta de stock persistente convierten al tratamiento oncológico en una carrera contrarreloj, donde la capacidad de respuesta oficial no siempre llega a tiempo para salvar vidas.

El Sistema HIS y la brecha digital

Peña también presentó como gran avance la expansión del Sistema de Información en Salud (HIS) —que ahora alcanza a más de 1.302 centros— como un éxito de gestión que permite un control más eficiente de los recursos y una atención más rápida, con un incremento reportado del 167% en consultas. “Para 2028 llegaremos al 100% de los establecimientos de salud”, prometió Santiago Peña.

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Si bien la digitalización de expedientes representa un avance técnico innegable, las quejas de los usuarios sobre la falta de médicos en los horarios extendidos y la persistente saturación en los servicios de urgencias, es crónica. La crítica recurrente es que un sistema informático eficiente no logra ocultar la carencia de capital humano (médicos y enfermeros) y la falta de especialistas en el interior del país, factores que terminan colapsando el servicio independientemente de la tecnología aplicada.

La pregunta que queda en el aire para la ciudadanía, que enfrenta diariamente las dificultades del acceso a la salud, es si la millonaria inversión que menciona Peña, se traducirán finalmente en una atención digna y sin faltantes en las farmacias, o si el “Paraguay gigante” que describe en su discurso, continuará siendo una realidad paralela a la que se vive en las salas de espera de los hospitales públicos.

Esta diferencia a favor de Paraguay se da pese a que la tarifa por potencia contratada se mantuvo congelada en 19,28 US$ por kW al mes para el trienio 2024-2026.

Según el documento divulgado por la margen izquierda, la brecha en el pago final obedece al impacto de la Remuneración por Cesión de Energía y a la cantidad total del suministro que efectivamente fue retirado por cada socio comercial.

El texto oficial recuerda: “El valor nominal del Coste Unitario del Servicio de Electricidad de ITAIPU (...) fue aprobado mediante una Resolución del Consejo de Administración”.

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Añade que la tarifa para este ejercicio equivale a un costo de 37,37 US$/MWh considerando la energía vinculada. La facturación total de la binacional fue de 2.884,8 millones de dólares, excluyendo el dinero de la compensación por cesión.

En el balance global de la hidroeléctrica, la energía suministrada totalizó 72.446,7 GWh al sistema interconectado, lo que arrojó un costo medio general de 39,82 US$/MWh durante el año.

Fuerte salto en el consumo paraguayo

Un dato expuesto por el documento es el drástico incremento del consumo eléctrico nacional. De toda la producción, 25.768 GWh fueron inyectados a las redes de la ANDE, volumen equivalente a 2.942 MW promedio.

Esta cifra alcanzó para cubrir el 87,6% de la demanda de todo el mercado paraguayo y representó un crecimiento interanual del 26,4%, considerando que el año anterior el país retiró apenas 20.383 GWh.

Por su parte, el socio mayoritario recibió 46.679 GWh a través de la empresa estatal ENBPar. A pesar del enorme volumen, esta energía apenas logró cubrir el 6,7% de la colosal demanda del sistema brasileño.

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Récord histórico de eficiencia

Las cifras operativas revelan un escenario hidrológico crítico en el río Paraná. Las lluvias estuvieron bajas, dejando una afluencia de apenas 7.569 m³/s, lo que representa un 68% del promedio histórico (1983-2024).

A pesar del escaso caudal, la binacional generó 72.879 GWh —un aumento del 8,9% frente a 2024— y operó con un Factor de Capacidad Operativa (FCO) del 99,92%, exprimiendo al máximo cada gota de agua que pasó por las turbinas.

Finalmente, la productividad media de la usina se disparó a 1,1000 MW promedio/m³/s, el valor más alto de toda su historia. Este pico de eficiencia técnica se tradujo en una ganancia de 2.711.480 MWh adicionales.

El fiscal Fermín Segovia señaló que varios de los testigos comparecieron en calidad de docentes de la institución educativa donde estudiaban tanto la víctima como el adolescente acusado de su muerte.

“Estas personas han ratificado en su totalidad lo sostenido por el Ministerio Público en las acusaciones respectivas”, manifestó el representante fiscal.

Uno de los aspectos abordados durante las declaraciones fue la visita realizada por la madre del principal acusado al colegio poco después de la desaparición de la adolescente. Sobre ese punto, Segovia sostuvo que la teoría fiscal apunta a que ya existía conocimiento de lo ocurrido y que posteriormente se habría intentado instalar una versión diferente de los hechos.

El agente del Ministerio Público recordó que cuentan con documentación que demuestra que al día siguiente de la desaparición fue presentada una denuncia que, según la investigación, no se ajustaba a la realidad.

“Tenemos constancia documental de que al día siguiente se formuló una denuncia y que eso era totalmente errado conforme a la realidad”, expresó.

Segovia agregó que la Fiscalía sostiene que existen contradicciones entre esa denuncia y otros elementos obtenidos durante la investigación, por lo que considera que la conducta atribuida a los padres del adolescente podría adecuarse al hecho punible de simulación de un hecho punible.

Padre del principal acusado habría sido visto quemando elementos

Una vecina de la familia del principal acusado compareció durante el juicio oral y público y afirmó que tres días después de la desaparición de María Fernanda observó tanto al padre como al hijo quemando basura y ramas en la fosa donde al día siguiente fue hallado el cuerpo de la adolescente.

Según la Fiscalía, este testimonio podría constituirse en un elemento relevante para sostener la hipótesis de que los padres del entonces adolescente ya tenían conocimiento del crimen y habrían intentado ocultar evidencias relacionadas con el hecho.

El fiscal también indicó que los testimonios permitieron ubicar en tiempo y lugar a María Fernanda, al adolescente acusado y a otros procesados en momentos considerados relevantes para la causa.

Añadió que las declaraciones igualmente hacen referencia a la participación y presencia de otros acusados, entre ellos la madre del adolescente, elementos que coinciden con las alegaciones iniciales expuestas por el Ministerio Público y que servirán para determinar el grado de participación que pudieron haber tenido en el hecho.

Fiscalía cuestiona estrategia de las defensas

Por su parte, la fiscal coadyuvante Noelia Montanía se refirió a las numerosas objeciones planteadas por las defensas durante los interrogatorios y sostuvo que varias de ellas carecen de fundamento jurídico.

Explicó que la Fiscalía formula objeciones únicamente cuando considera que las preguntas son capciosas, sugestivas o impertinentes, mientras que algunas de las presentadas por las defensas serían utilizadas como parte de una estrategia procesal.

“Las objeciones de las defensas no son debidamente fundamentadas; son objeciones por objeciones sin fundamento”, afirmó.

La agente fiscal agregó que este tipo de actuaciones puede generar nerviosismo en los testigos y afectar el normal desarrollo de las declaraciones ante el tribunal.

Acusación se fortalece, sostienen fiscales

Montanía sostuvo que toda la información incorporada hasta el momento resulta útil, pertinente y congruente con la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público desde el inicio del caso.

“Las informaciones que están ingresando dentro de este contradictorio están robusteciendo lo sostenido por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación”, aseguró.

Consultada sobre una eventual solicitud de condenas, la fiscal indicó que la postura definitiva será adoptada una vez concluida la producción de todas las pruebas ofrecidas en el juicio oral.

El juicio oral y público continúa con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales y otras pruebas, en una de las causas judiciales más relevantes registradas en el departamento de Caaguazú.

Esto generó la reacción de varios legisladores y referentes de la oposición, quienes criticaron que Santiago Peña rinde cuentas primero a su patrón o jefe (Horacio Cartes), antes de lo que por mandato constitucional debe realizar, que es rendir cuentas al Congreso Nacional cada 1 de julio.

El senador del PLRA, Líder Amarilla, calificó de “mitã’i rebelde” (niño rebelde) y de “caprichoso” a Peña por las quejas en contra de las críticas a su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

“Mitã’i rebelde. Oñembocaprichoso’i. ‘Peje plaguea, peje plagueasehápe’, péa pórtepe he’i gua’u a los paraguayos (niño rebelde, caprichoso. ‘Que se quejen donde quieran’, les dijo a los paraguayos) y eso es una verdadera vergüenza, porque hay un mandato constitucional. Esto es un Estado de derecho. La Constitución rige cómo se maneja la institución del Estado y eso significa que en el Congreso de la República cada 1 de julio se tiene que hacer los informes de gestión del Presidente de la República”, fustigó contra el mandatario.

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“Peña tiene que entender que es Presidente de todos los paraguayos”

Amarilla insistió en que Santiago Peña tiene que entender que fue electo Presidente de todos los paraguayos, por lo que primero debe rendir informe a las instituciones del Estado paraguayo que están establecidas en la Constitución Nacional, en este caso el Congreso de la República y después a su partido.

Si bien Peña aseguró que es el mejor momento económico del país, para Líder Amarilla esto no es así, e incluso aseguró que el país tiene una recesión económica, lo que se siente en las calles.

“El efecto derrame que tanto se reclama, no llega. La gente en la calle tiene problemas financieros. Por ejemplo, el caso de los asalariados, no les alcanza la plata para alcanzar fin de mes. Eso es una realidad. De los pocos que tienen salarios y están formalizados, porque hay mucha informalidad en nuestra economía. No le alcanza el salario mínimo y eso es una realidad. Es por eso que la gente hoy en día ya no come su asadito el fin de semana, su milanesita porque la carne subió a los techos”, criticó.

Agregó que los números que presentó Peña se dibujan en PowerPoint y se le explica que todo está bien acá en el Paraguay, lo que difiere de la realidad.

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“Pobreza extrema es el que vive con G. 12.500 por día y pobreza es el que vive con G. 31.000 por día. Entonces, si uno gana, por ejemplo, G. 400.000 mensual, se supone que ya salió de la pobreza. Eso es darte Tekoporã o darte tercera de edad y con ese asistencialismo gua’u uno ya sale de la pobreza y no es así, porque esa plata no alcanza. Entonces, los números son maquillados”, citó como ejemplo.

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Señaló que la carne, por ejemplo, subió de G. 30.000 que costaba a G. 70.000, G. 80.000, casi el 100%; la carne es la base de la alimentación paraguaya, por lo que un aumento del 5% del salario mínimo no se puede decir que va a alcanzar.

Calificó al gobierno de Santiago Peña en 3 puntos de 10, con déficit importante en lo social y económico, lo que ocasiona que la gente no viva mejor, solo un sector que está con el Gobierno, que trabaja con el Gobierno, es decir, empresarios amigos del Gobierno.

“Ni siquiera los empresarios que no son amigos trabajan bien. Están despidiendo personal, no están cobrando, muchas empresas se fueron a la quiebra. Entonces, solamente un sectorcito que trabaja con el Gobierno vive bien, el resto no vive bien. Esa es la realidad en el país, así es que yo creo que todos esos informes financieros deberían hacerse una revisión, pero el problema qué auditoría se va a hacer, si los órganos competentes dependen del Gobierno, pero la realidad, la gente, la calle, la temperatura te dice que no estamos bien económicamente”, concluyó.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 Colonias Unidas, Reinaldo Castillo. La incursión se desarrolló a las 6:00 de ayer, en el barrio Obrero de Hohenau.

El detenido fue identificado como Willian Germán Benítez Segovia (28), sobre quien pesaba una orden de captura en el marco de la causa 427/2026 por robo agravado, según la Resolución N° 62/26, emitida el 17 de junio. La orden de allanamiento fue firmada por la jueza Melisa Carlson.

En poder del hombre incautaron dos celulares, una campera de color negro, una mochila y un quepis; además, una cámara de seguridad y facturas por compras millonarias de fechas posteriores al atraco.

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El asalto investigado

Cerca del mediodía del lunes 1 de junio, tres malvivientes encapuchados, portando armas de fuego, interceptaron a un empleado de una estación de servicios de la ciudad de Bella Vista, identificado como Cristian Gabriel Florentín López (23), sobre la ruta PY06.

Los sujetos lo despojaron de una mochila que contenía dinero que debía ser depositado en un banco. El atraco se produjo en la vía pública a pocos metros de la entidad bancaria en la que el trabajador debía depositar la recaudación de la empresa.

Los malvivientes se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, color gris, que posteriormente fue encontrado abandonado en un barrio conocido como María Auxiliadora, en el mismo distrito de Bella Vista.

Los investigadores detallaron que los maleantes se alzaron con G. 60 millones en efectivo, además de cheques que estaban junto al dinero.

Esta medida entrará en vigencia desde el 1 de julio de 2026.

Salario Mínimo: Conasam no acuerda porcentaje y eleva informe al Ejecutivo

¿Por qué se estableció esta cifra?

Desde la Presidencia señalaron que el ajuste fue definido tras el análisis y las recomendaciones del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que consideró la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la evolución económica nacional y los planteamientos presentados por los sectores de trabajadores y empleadores.

Sin embargo, el Conasam cerró sus sesiones sin llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de reajuste del salario mínimo.

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Pese a ello, Santiago Peña ayer anunció el aumento del 5% durante la su rendición de cuentas en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Aseguró que decidió duplicar el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que este año fue del 2,4%.

Al respecto, mencionó que la inflación en el último año fue de 2,4%, un porcentaje que refleja “60.000 guaraníes”, según Peña.

“Un número que claramente es muy, pero muy bajo, para la clase trabajadora, he tomado la decisión de duplicar ese monto; que el incremento sea del 5%”, alegó.

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“No es como usted dice, señor presidente. Acá, su gente desde hace mucho tiempo sufre una crisis total, sin electrificación, sin trabajo, viviendo en la miseria, mientras que usted se pasa viajando por otros países. Usted no sabe cómo se vive en esta zona”, expresó Bogado.

El representante de los pescadores manifestó además que la actividad pesquera atraviesa una situación crítica debido a la presencia de algas que cubren amplios sectores del río Paraná, impidiendo el normal desarrollo del trabajo. A pesar de los reiterados pedidos de limpieza del cauce y de asistencia para el sector, afirmó que las respuestas de las instituciones estatales siguen sin llegar.

Bogado señaló que la falta de voluntad política obliga a numerosas familias a depender de la entrega de kits de víveres por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una situación que, según afirmó, refleja el abandono que sufren los trabajadores vinculados a la pesca.

Falencia en salud

A las dificultades económicas se suman las falencias en el sistema de salud. El dirigente denunció que tanto el Hospital Integrado de Ayolas como la Unidad de Salud Familiar (USF) de Atinguy enfrentan constantes carencias de médicos y medicamentos, situación que obliga a los pacientes a trasladarse hasta San Juan Bautista, Encarnación o Asunción para recibir atención especializada.

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Según sostuvo, la realidad cotidiana de los pobladores contrasta con el escenario de crecimiento y bienestar expuesto por el Ejecutivo, ya que muchas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a empleo, salud y educación.

“No es justo, señor presidente, que tengamos que vivir así; nosotros también queremos vivir como la gente, como usted también vive. Denos salud, educación, trabajo. Ahora llegan las vacaciones de invierno y no contamos con el sustento para nuestros hijos, mientras que no acceden al Programa Hambre Cero”, concluyó.

Durante el operativo fueron incautados cinco chalecos antibalas, clavos miguelito, una escopeta calibre 12, dos pasamontañas, gran cantidad de indumentarias presumiblemente utilizadas por los integrantes de la banda, cuatro celulares y un automóvil Toyota Axio.

Asimismo, fueron detenidos Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30), quien registra orden de captura al ser sindicado como uno de los autores del asesinato del cambista Estanislao Casco Acosta (74), durante un intento de asalto ocurrido el pasado 9 de octubre de 2025 en el distrito de Cambyretá (Itapúa); Emanuel Cidade Campos (26), quien en Brasil registra antecedentes por asaltos bancarios y tráfico de drogas, y Adriana Barboza Balmori (34).

Según la investigación, la banda criminal se habría instalado en la propiedad aproximadamente seis meses antes para planear y preparar la logística del golpe.

La fiscala explicó que los dos detenidos habrían participado de manera directa en el ataque el martes pasado a las entidades bancarias de Santa Rita, incluso, el brasileño habría sido el explosivista. En tanto que la mujer sería pareja de uno de ellos.

Miembros del PCC

Por su parte, el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general Feliciano Martínez, aseguró que el brasileño detenido es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, tanto de Paraguay como de Brasil.

Recordó que el sospechoso había escapado en el año 2024 durante un allanamiento realizado en Juan E. O’Leary, cuando fueron abatidos dos brasileños.

“Tenemos evidencias documentadas que demuestran que ambos participaron en el asalto a Santa Rita. Los dos son miembros del Primer Comando de la Capital (PCC)”, afirmó.

Martínez sostuvo que las pesquisas permitieron identificar, hasta ahora, a aproximadamente el 70% del grupo criminal, que estaría integrado por 12 a 14 delincuentes.

Asimismo, reveló que el paraguayo detenido ya habría sido bautizado por la facción criminal brasileña PCC.

Propiedad estratégica

La propiedad allanada pertenecía originalmente a un sacerdote que falleció durante la pandemia de covid-19 y posteriormente fue vendida por sus familiares.

Las autoridades consideran que el establecimiento es estratégico debido a su ubicación, lo que permitía a los integrantes de la organización permanecer ocultos mientras planificaban el golpe que conmocionó el país.

Comportamiento electoral

En los diez distritos donde tanto Baruja como Zárate de Monges presentaron candidaturas por separado, cada sector terminó imponiéndose en cinco municipios. Sin embargo en la suma de votos, los candidatos de la gobernadora conquistaron Carapeguá, Quiindy, Sapucái, Escobar y Quyquyhó, donde acumularon 21.922 votos. Por su parte, los apoyados por el ministro Baruja se quedaron con las candidaturas a las intendencias de Paraguarí, Acahay, La Colmena, Pirayú y San Roque González, y alzaron 21.792 votos.

En otros cuatro distritos, el cartismo llegó con candidaturas de consenso: Caapucú, Yaguarón, Ybytymí y Tebicuarymí. Mientras tanto, en otros cuatro distritos —Ybycuí, Mbuyapey, General Bernardino Caballero y María Antonia— se impuso el movimiento Fuerza Republicana.

En Sapucuái

Tras el juzgamiento de las actas el TREP de la Junta de Gobierno de la ANR, confirmó la victoria del actual intendente Ariel “Lilo” Monges, de la Lista 2N, quien buscará su reelección en las municipales del 4 de octubre. El jefe comunal, hijo del exsenador Darío Monges, consolidó su candidatura y permitió a la gobernadora Zárate de Monges preservar uno de sus principales bastiones políticos en el departamento.

En este distrito, Enzo Cuevas, hermano del candidato de la Lista 2A, Danilo Cuevas, advirtió a través de sus redes sociales que el caso no quedará impune y que se encuentran analizando las acciones que asumirán tras los resultados emitidos por el Tribunal Electoral Partidario (TEP).

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Exdiputado Rivas retoma protagonismo político en Ybycuí

Otro de los resultados que quedaron firmes en el municipio de Ybycuí, fue la victoria del exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (ANR-Fuerza Republicana), quien obtuvo la chapa colorada para competir por la Intendencia. Rivas se alzó con 2.704 votos, superando por estrecho margen a la actual intendenta María Cristina Servín, de la Lista 2N,quien estuvo respaldada por la gobernadora, que alcanzó 2.649 votos. En tercer lugar quedó el candidato apoyado por el ministro Baruja, Julio “Polaco” Ortiz, con 2.404 votos.

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En el distrito de Quyquyhó se confirmó la victoria de la candidatura a la intendencia de Ruth Mercedes Medina Yegros, quien contó con el respaldo de la ejecutiva departamental.

En ese distrito, el inicio de la votación se había suspendido debido a incidentes registrados en la víspera de la votación, en los que se vieron involucrados miembros de la custodia del diputado Esteban Samaniego.

Posteriormente, tras la intervención del fiscal Leonardo Cáceres, las elecciones se reanudaron; sin embargo, el candidato Gabriel Derene, de la lista 2A y respaldado por Baruja, se retiró del local electoral junto a sus apoderados, anunciando que impulsaría una acción de nulidad, la cual finalmente no prosperó.

“Estuve en comunicación con uno de sus familiares, quien mencionó que, por recomendación de su médico de cabecera, el obispo emérito Mario Melanio Medina fue internado en el Hospital Geriátrico de la previsional”, indicó el monseñor Osmar López, actual obispo ordinario de Misiones y Ñeembucú.

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El mismo indicó que, de acuerdo con el informe que recibieron, Melanio Medina fue internado para recibir un mejor tratamiento y que se encuentra consciente y lúcido. “Pedimos a toda la feligresía una cadena de oración para que pueda recuperarse muy rápido”, indicó.

Monseñor Medina: comprometido patriotismo

Monseñor Mario Menanio Medina fue un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura. Al igual que el arzobispo emérito Ismael Rolón, fue calumniado. Lo catalogaron el “obispo rojo, comunista, el de las tres MMM”. Siempre acompañó las reivindicaciones sociales y a los campesinos. Era común verlo acompañar manifestaciones e intervenir directamente cuando había represión.

Medina fue el primer obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, luego promovido obispo de San Juan Bautista y Ñeembucú. Integró el Comité de Iglesias. Su labor pastoral y cívica también ayudó al advenimiento de la democracia en el Paraguay.

El anuncio del plan llega dos días después de que un grupo de unos 20 asaltantes se hiciera con el control de la zona céntrica de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, durante un periodo de alrededor de media hora en la madrugada del pasado martes, durante el cual asaltaron con explosivos tres locales bancarios y una casa de cambios.

Durante la conferencia de prensa de hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el plan, denominado ‘Responsum’ (‘Respuesta’ en latín) busca poner “todo el poder y la fuerza” de las instituciones de seguridad en el combate a las actividades de grupos criminales organizados y desplegar “fuerzas combinadas de élite” con “poder de fuego suficiente para responder a los desafíos que hoy vivimos”.

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La fuerza integrará a unos 4.500 efectivos que serán distribuidos en equipos desplegados en los 17 departamentos del país, según explicaron.

“Disuadir y prevenir” ataques de bandas armadas

El comisario Francisco Ávalos, jefe de Operaciones Tácticas de la Policía, quien asumirá el comando de las fuerzas integradas, explicó que los efectivos serán desplegados en las zonas de alerta “de manera dinámica y versátil” para dar respuesta rápida ante eventos puntuales según las necesidades operacionales, coordinadas por un “centro de mando unificado”.

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Su misión principal, según describió, será “disuadir y prevenir intenciones de estructuras criminales organizadas mediante la reorganización de nuestras fuerzas”, que serán dotadas con “el suficiente poder de fuego para disuadir el accionar de estas bandas”.

Evitar “acciones rutinarias”

Las fuerzas de reacción rápida “centrarán sus tareas en acciones de patrullaje en un radio no mayor a 10 kilómetros” alrededor de “entidades bancarias o de movimiento constante de divisas y mercaderías de alto valor”, explicaron las autoridades policiales.

En la medida de lo posible, se evitarán las “acciones rutinarias” y no se mantendrá a esta fuerza fija en un solo sitio, a fin de prevenir que los grupos criminales puedan estudiar sus movimientos y neutralizarla.

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La fuerza tendrá integrados a elementos de inteligencia de la Policía -como los Departamentos de Investigaciones y de Control de Automotores- y de las Fuerzas Armadas, añadió.

El botín global robado fue supuestamente de unos 3.000 millones de guaraníes y 100.000 dólares.

Los delincuentes detonaron explosivos en los bancos GNB y Familiar, pero ya no tuvieron tiempo de explosionar las bombas que colocaron en el banco Ueno y en la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Esa misma noche, fueron capturados dos supuestos implicados en la venta de los explosivos a los asaltantes, quienes ayer ya fueron imputados.

Se trata de José Cuevas Yegros, de 57 años, y Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años, responsables de la cantera Itá Bella de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Ayer también fueron encontrados quemados dos automóviles usados por la gavilla, que quedaron abandonados a orillas del Lago Itaipú, en la zona de la colonia Pira Pytã, distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, específicamente en las coordenadas 25° 17′ 04″ S, 54° 38′ 33″ W.

Hoy jueves, la Policía allanó una especie de casa quinta situada en la zona de la Calle 26 Monday, a 4.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

El lugar exacto intervenido esta mañana queda en las coordenadas 25° 31′ 22″ S, 54° 51′ 39″ W.

Los detenidos fueron identificados como Emanuel Cidade Campos, brasileño, de 23 años, alias Guaraní; Leandro Alfredo Portillo Achucarro, paraguayo, de 30 años, alias Ka’i, y la que sería mujer de este, Adriana Barboza Balmori, paraguaya, de 34 años, alias Adri.

En el lugar se encontraron una escopeta, municiones, clavos miguelito, chalecos antibala, pasamontañas, pelucas, guantes tácticos y otros elementos considerados evidencias.

El director general de Investigación Criminal, comisario general director Marcelino Espinoza Medina, fue categórico al asegurar “mil por mil” que se trata de miembros de la banda que cometió el megaataque del martes a la madrugada en Santa Rita.

Incluso, añadió que el brasileño apodado Guaraní es el experto en explosivos que preparó las bombas que se usaron para volar las bóvedas de los bancos GNB y Familiar y también las que no llegaron a explotar en el banco Ueno y la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Es más, el comisario general dijo que el brasileño fue el que tomó de rehén a un policía de la comisaría 18° de Santa Rita durante el atraco y al que obligó a decir por la frecuencia de radio que nadie se acercara a la zona.

¿Quiénes son los nuevos detenidos por el megaataque?

El brasileño Emanuel Cidade Campos, alias Guaraní, quien sería miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC), ya había sido detectado en Paraguay en el año 2024 como miembro de la banda que robó de un cajero automático del banco Itaú, el 25 de febrero en Ciudad del Este; intentó robar otra máquina del mismo banco, el 23 de marzo en la misma ciudad; robó un cajero automático del Banco Nacional de Fomento, el 2 de abril en Yatytay, y asaltó una sucursal del mismo banco, el 27 de abril en Natalio.

De hecho, el aguantadero de la gavilla fue detectado y allanado el 8 de mayo del mismo año colonia San Isidro, a 800 metros del cauce del río Monday y a 16 kilómetros de la Ruta PY02, en el distrito de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, a 46 kilómetros en línea recta de donde ahora pillaron la nueva guarida en Minga Guazú.

En aquel procedimiento, la Policía eliminó a dos de los delincuentes y capturó a otros dos, aunque también escaparon tres más.

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Los intervinientes informaron cuando eso que uno de los abatidos en Mallorquín era Emanuel Cidade Campos, quien al final hoy fue arrestado en Minga Guazú. Por ende, ahora se debe revisar quién fue el que en realidad murió hace dos años.

Otro de los detenidos de hoy, el paraguayo Leandro Alfredo Portillo Achucarro, quien también sería integrante del PCC, ya había sido capturado el 11 de enero del 2020 en Ciudad del Este y luego condenado a cinco años de cárcel en carácter de sicario.

Condenan a sicarios en Ciudad del Este

Luego de salir de prisión, volvió a caer preso el 10 de octubre de 2025 en Cambyretá como miembro de la banda que dos días antes mató al cambista Estanislao Casco Acosta, de 74 años, en un asalto tipo comando en la referida ciudad del departamento de Itapúa.

Por esta causa, increíblemente fue beneficiado con arresto domiciliario por el Juzgado Penal de Garantías 1 de Encarnación, aparentemente ejercido por la jueza Carina Ruiz Díaz Noviski, pero la misma magistrada revocó ese fallo el 31 de marzo pasado y ordenó la prisión preventiva del procesado, luego de que apareciera envuelto de nuevo en otros hechos punibles.

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Sin embargo, obviamente, el delincuente ya no se presentó y estaba prófugo hasta hoy que fue recapturado en Minga Guazú por el megaataque en Santa Rita.

Según los vendedores de la zona, este año existe un favorito indiscutible entre los compradores: el senador colorado Basilio “Bachi” Núñez. El rostro del legislador encabeza la lista de pedidos, consolidándose como la opción más solicitada para ser objeto de la tradicional quema.

Junto a Núñez, otras figuras que integran el “selecto grupo” de personajes elegidos para el ritual son: el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el senador Dionisio Amarilla.

Para esta edición, los clientes cuentan con la ventaja de personalizar su compra, pudiendo elegir el rostro específico de la autoridad que deseen incluir en el muñeco.

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Curiosamente, el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez ha dejado de figurar en el inventario de los comerciantes. Ante la consulta, un vendedor del Mercado 4 fue tajante: “Ni para Judas Kái ya no vale Nenecho”.

Para quienes buscan llevar la tradición a sus barrios o instituciones, el costo del Judas Kái se mantiene accesible.

El precio ronda los 100.000 guaraníes, paquete que incluye el muñeco y cuatro bombas de estruendo. “Con eso ya vas a tener un lindo espectáculo”, aseguró uno de los feriantes, invitando a la ciudadanía a acercarse al populoso mercado para preparar los festejos de San Juan.

La quema del Judas Kái, más allá de la sátira política, se mantiene como una de las costumbres más arraigadas de la cultura paraguaya, mezclando la diversión con una crítica social que se renueva cada junio.

En aquella ocasión, el entonces director de la institución, Ángel Pintos, reconoció públicamente la situación y prometió impulsar mejoras. Sin embargo, casi diez años después, las condiciones del edificio no solo no mejoraron, sino que se agravaron

El inmueble, situado a pocos metros de la Municipalidad y a escasas cuadras del río Paraguay, posee un atractivo diseño arquitectónico que forma parte del patrimonio histórico de la comunidad.

Pese a su valor histórico y cultural, el edificio muestra un avanzado deterioro estructural que amenaza su conservación.

La construcción fue levantada durante la gestión del general de división Marcial Samaniego, oriundo de Puerto Antequera, cuando ocupaba el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones entre 1962 y 1974.

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Instalaciones deterioradas

Las paredes presentan profundas grietas, partes de las murallas se desprenden, el techo muestra daños visibles y los sanitarios dejaron de funcionar hace años.

La oficina pública opera sin energía eléctrica, sin agua potable y sin equipamientos adecuados para la atención de los usuarios.

Además, el edificio no recibe mantenimiento significativo desde hace más de dos décadas, situación que acelera su deterioro.

Un solo funcionario mantiene vivo el servicio

A pesar de las precarias condiciones, la dependencia sigue funcionando gracias al esfuerzo de un único funcionario.

El trabajador cumple funciones dos días por semana en Puerto Antequera y el resto de la semana presta servicios en San Pedro de Ycuamandyyú, ubicada a unos 15 kilómetros.

Según explicó, mediante convenios con instituciones públicas continúan recibiendo y distribuyendo encomiendas nacionales e internacionales, utilizando incluso su propia motocicleta para realizar parte de las entregas.

La comunidad pierde la esperanza

Intentamos obtener la versión de las autoridades responsables de la institución, pero no fue posible lograr una respuesta.

Mientras tanto, en Puerto Antequera crece la sensación de abandono y la preocupación por el futuro de uno de los edificios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Para muchos pobladores, la recuperación del histórico local parece cada vez más lejana, mientras el deterioro avanza y aumenta el riesgo de que la estructura termine colapsando definitivamente.

Esta mañana, el legislador fue consultado sobre los Judas Kái con su rostro, que ya están siendo vendidos en el populoso mercado asunceno, junto al de otras figuras públicas cuestionadas. Lejos de molestarse, aseguró que incluso colaboraría con la iniciativa.

“Yo mando a hacer y le envío al Mercado 4 y tiene que estar exhibido ahí”, respondió.

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“Me gusta ser malo”, dice sobre su imagen pública

Además, afirmó que las críticas forman parte de la actividad política y aseguró que no le generan incomodidad. “Nada de molestia, eso es parte de la política”, manifestó.

Cuando le señalaron que eso forma parte de su mala imagen a nivel social, Núñez respondió en tono sarcástico y burlón: “Yo tengo una malísima imagen. Malísima imagen, porque me gusta ser malo. Soy senador mbarete por eso. Y voy a entrar otra vez en el Senado, vas a ver, de taquito voy a entrar”.

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Aumento del salario mínimo decidido por Peña

Durante la misma rueda de prensa, Núñez respaldó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Santiago Peña, redoblando la sugerencia del Consejo Nacional basado en datos del Banco Central del Paraguay. “Hay criterios políticos y fue en beneficio del trabajador”, afirmó.

También defendió la capacidad técnica de Peña para tomar este tipo de determinaciones, recordando que anteriormente se desempeñó como ministro de Hacienda.

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Deficiencia en salud y transporte público

En otro momento, consultado sobre las “maravillas” destacadas por el presidente Santiago Peña durante su informe de gestión, aseguró que el Gobierno actual encaró muchas obras y volvió a despotricar en contra de la administración de su correligionario Mario Abdo Benítez.

Aunque muy levemente, reconoció que existen áreas que requieren de mucho trabajo aún. “Tenemos que mejorar en salud. Hay que mejorar el transporte público también”, señaló.

Según explicó el director, los propietarios fueron notificados en reiteradas ocasiones que no están al día con los impuestos y gestiones de permisos para operar en la zona.

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Aseguraron que hace al menos tres meses fueron avisados y “en algunos casos más tiempo”, pero no acudieron ante la Policía Municipal de Vigilancia para ponerse al día y abonar el canon correspondiente.

Una de las afectadas se acercó cuando empezó el operativo y señaló que ella misma se encargaría de llevar su carrito lomitero para evitar que sus pertenencias resulten dañadas durante el traslado.

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Según detallaron desde la cartera estatal, en esta ocasión, se realizará la reapertura de una serie de emisiones con vencimiento en el 2035.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha de liquidación está prevista para el 24 de junio de 2026, mientras que el vencimiento del instrumento financiero será el 12 de agosto de 2035.

El MEF detalló también que los bonos contemplan un esquema de pago de cupones de manera semestral.

Cabe señalar que dichas colocaciones forman parte del esquema del Gobierno para cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, para la renovación de deudas que van venciendo.

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Futuras colocaciones

A estas futuras colocaciones ya se suma la colocación de títulos de deuda equivalente a US$ 1.000 millones que se concretó en febrero pasado, a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre del año pasado.

El PGN 2026 contempla emisión de bonos por alrededor de US$ 1.300 millones ascendería la emisión total de bonos. La emisión internacional de US$ 1.000 millones se concretó en marzo último, por lo que aún queda margen para emisión en el mercado interno.

El saldo de la deuda pública total en el tercer mes del año alcanzó US$ US$ 21.384 millones.

El operativo se realizó desde las 6:30 en una vivienda del barrio Silvio Pettirossi, del distrito de Cambyretá. Los detenidos fueron identificados como Wilson Raúl Arzamendia Godoy (33), paraguayo oriundo de Coronel Oviedo, y Cristhian Mauricio Andrade Perilla (42), de nacionalidad colombiana.

Los intervinientes manifestaron que el extranjero fue expulsado de la Argentina en 2021 por una causa de tenencia y comercialización de drogas, confirmada por sentencia en segunda instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, según el expediente CAF 068958/2019/CA001.

En el lugar incautaron 4,3 g de droga sintética conocida como “tusi”; tres celulares; dinero: G. 387.000, 100 dólares estadounidenses y 92.830 pesos argentinos; 15 cajas vacías con la inscripción “Ketavet 50 ml de 30 FCOS”; un picador de hierbas; una pipa; una balanza de precisión y el DVR del circuito cerrado.

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¿Qué es “tusi”?

El tusi —frecuentemente denominado cocaína rosa— no es una sustancia pura, sino un compuesto sintético altamente impredecible elaborado en entornos no regulados mediante la mezcla de diversas sustancias.

Aunque el término se asocia históricamente a la familia de las fenetilaminas, los análisis toxicológicos actuales revelan que su composición es inconsistente; generalmente consiste en una mezcla de anestésicos disociativos, estimulantes, cafeína y colorantes sintéticos.

El peligro principal de esta mezcla radica en la incertidumbre sobre la pureza y las proporciones de los componentes, lo que genera interacciones químicas que pueden saturar el sistema nervioso central.

Desde una perspectiva clínica, su consumo está vinculado a riesgos graves para la salud mental, incluyendo episodios psicóticos y estados de ansiedad aguda, así como a complicaciones físicas severas como arritmias, crisis hipertensivas y daños vasculares permanentes.

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Posible fabricación

Los intervinientes presumen que la residencia allanada puede ser un laboratorio de fabricación de la droga tusi.

Los frascos de ketamina inyectable para uso veterinario son habitualmente desviados al mercado ilegal para ser el ingrediente principal del tusi.

La ketamina es un potente anestésico y fármaco disociativo de acción rápida. Originalmente desarrollado en los años 60, se utiliza tanto en medicina humana como veterinaria.

Los fabricantes clandestinos adquieren este medicamento líquido y lo someten a un proceso de evaporación para obtener la ketamina en polvo, la cual luego tiñen y mezclan con otras drogas.

Para contrarrestar el efecto sedante de la ketamina, muelen e incorporan cafeína en polvo o MDMA (éxtasis).

Además, presumen que la droga era comercializada en Argentina o que los clientes vienen desde el vecino país, debido a que el detenido de nacionalidad paraguaya tiene documentos argentinos y se encontró una gran cantidad de dinero en moneda del vecino país.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, señaló a ABC que entre los rubros más elegidos se encuentran la moda, el calzado, la perfumería, la marroquinería -como billeteras y cinturones-, la relojería y la tecnología, que continúan siendo las opciones más buscadas para regalar en esta fecha.

No obstante, destacó que este año el Mundial “reordena las prioridades”. “La camiseta de la selección se convirtió en uno de los regalos estrella para papá, junto con la indumentaria deportiva en general. Y un fenómeno que se nota muy claro es la demanda de televisores, sobre todo los de mayor tamaño”, afirmó.

Por su parte, Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), indicó que las prendas de invierno figuran entre los productos más demandados. “Las familias están apostando a que papá renueve su guardarropa. Por eso, la ropa de abrigo y el calzado se destacan este año, impulsados por las bajas temperaturas”, expresó.

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Más allá de los regalos tradicionales, si estás buscando un regalo ideal para homenajear a papá, te presentamos una oferta amplia que abarca desde prendas de vestir, dispositivos tecnológicos y artículos personalizados.

Regalos personalizados

En las redes sociales se ofrecen vinos personalizados, cuyas etiquetas incluyen fotografías, nombres o mensajes dedicados al homenajeado.

Asimismo, figuran los álbumes fotográficos que permiten reunir recuerdos familiares en una presentación especial y original. Los llaveros también aparecen entre las opciones más populares, ya que se convierten en una alternativa económica y sentimental que puede incorporar nombres, fechas especiales o imágenes.

Moda y accesorios

Las camisetas de clubes y de la selección paraguaya figuran entre los productos más buscados este año. Algunos comercios ofrecen cajas temáticas que incluyen llaveros y otros accesorios.

Asimismo, los buzos, joggers, remeras y zapatos se mantienen entre los regalos más tradicionales.

Dentro de esta categoría también se suman los relojes clásicos, así como cintos cuero, billeteras, camisas de vestir y corbatas, que se mantienen entre los accesorios más elegidos para obsequiar a papá

Experiencias para regalar

Para quienes desean obsequiar a sus padres una experiencia de bienestar, los gift cards para spa o barbería pueden incluir cortes de cabello, arreglo de barba, tratamientos faciales, masajes o sesiones de relajación.

A su vez, el service del automóvil se presenta como una alternativa para quienes utilizan su vehículo a diario.

Cuidado personal

Los perfumes siguen entre los regalos preferidos para la fecha, con opciones para distintos gustos y presupuestos. También destacan los kits de afeitado y las cortadoras de cabello, alternativas funcionales para el cuidado personal.

Tecnología

En materia de innovación, los smartwatch se posicionan como una opción atractiva, ya que permiten monitorear la actividad física, recibir notificaciones y acceder a diversas funciones. También destacan los auriculares y otros dispositivos tecnológicos, como los parlantes.

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Asimismo, los televisores registran una mayor demanda este año, especialmente los de gran tamaño, impulsados por la fiebre del Mundial.

Para los amantes del hogar y el asado

En los encuentros de amigos y familiares, el asado suele ocupar un lugar central. Por ello, los sets que incluyen cuchillos, tenedores, tablas, pinzas y otros utensilios resultan una alternativa interesante para los aficionados a la parrilla.

Por otra parte, las hidrolavadoras son una opción práctica para la limpieza de patios, jardines, vehículos y otros espacios del hogar. A esto se suman las choperas, los termos para mate o tereré

Gastronomía para compartir

Al tratarse de una fecha especial, los emprendedores despliegan su creatividad con diversas propuestas. Entre ellas aparecen las canastas de picadas, que combinan quesos, embutidos, snacks, chocolates, cervezas o vinos en presentaciones listas para regalar y compartir durante la celebración.

El whisky y otras bebidas que también representan una alternativa, con opciones que incluyen estuches y presentaciones de regalo.

El Día del Padre vuelve a poner en movimiento al comercio local, con distintas opciones de consumo, combinando propuestas tradicionales con nuevas tendencias.

Además de los juegos tradicionales, las celebraciones suelen incluir ferias gastronómicas con platos típicos como mbejú, pajagua mascada, pastel mandi’o, chicharõ trenzado y butifarra. También se prevén presentaciones artísticas, festivales de música y espacios recreativos para niños y adultos, consolidando a San Juan como una de las festividades más esperadas del calendario nacional.

En Asunción, centros culturales, instituciones educativas, clubes y organizaciones sociales preparan eventos abiertos al público durante las próximas semanas. Mientras tanto, ciudades de Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y otros departamentos también ultiman detalles para recibir a miles de visitantes en celebraciones que combinan tradición, identidad y encuentro comunitario.

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La deuda estimada por la locación de propiedad amueblada asciende a aproximadamente G. 200 millones, situación que ha llevado a los afectados a exigir el pago total y el desalojo inmediato de la institución.

Las facturas acumuladas por servicios básicos impagos desde hace más de un año por los servicios de energía eléctrica y agua corriente suman un total de G. 21.934.300. Este monto se distribuye específicamente en dos cuentas de la ANDE, por valores de G. 2.814.000 y G. 8.810.000, y una cuenta de la ESSAP que alcanza los G. 10.310.300.

Millonaria deuda por servicios básicos e intervención de la ANDE

A pedido de la familia propietaria de la vivienda, este jueves por la mañana, funcionarios tercerizados procedieron al retiro de los dos medidores de la ANDE con los que contaba la propiedad.

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Los propietarios señalaron que ya habían solicitado la desconexión en reiteradas oportunidades pero que, sospechosamente, el lugar volvía a tener energía de manera aparentemente irregular.

Ante la persistencia del suministro normal de agua y electricidad a pesar de los meses de impago, Silvana Cabrera, una de las propietarias, solicitó públicamente que la ANDE y la ESSAP investiguen el caso.

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La afectada sugirió la existencia de reconexiones ilegales dentro del predio municipal, catalogando el hecho como un perjuicio directo que sigue acumulando deudas a nombre de su familia.

Destrucción y severo deterioro de una residencia lujosa

Los propietarios denunciaron además que la infraestructura del inmueble presenta un severo deterioro tras 10 años de ocupación municipal para la realización de talleres y cursos masivos. Los daños reportados por la denunciante incluyen paredes completamente destruidas, rotas y manchadas, así como el estado deplorable de elementos de lujo como un jacuzzi y armarios costosos.

Uno de los puntos más graves detallados por la propietaria es la destrucción sin autorización de costosos muebles de cocina hechos de madera, cuyo valor se estima entre 20 y 30 millones de guaraníes.

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El personal municipal perforó estas estructuras para colocar candados, ignorando la obligación contractual de solicitar un permiso por escrito para cualquier modificación en la vivienda.

La familia comenzó que al menos desde diciembre de 2025 vienen recorriendo diversas oficinas de la comuna sin recibir respuestas definitivas y sufriendo un “peloteo” constante de responsabilidades. La afectada explicó cómo la burocracia les ha exigido una excesiva cantidad de trámites y certificaciones, obligándolos a pagar incluso impuestos sobre una deuda que aún no perciben.

La justificación oficial: burocracia y trabas documentales

Por su parte, el encargado del Centro Municipal N.º 2 y Jefe de Departamento, Ariel Álvarez, reconoció que el reclamo de la familia es entendible y atribuyó los retrasos a complicaciones administrativas. Según el funcionario, el proceso se alargó debido a los trámites documentales requeridos cuando uno de los propietarios pasó de la menor a la mayoría de edad.

En su descargo, Álvarez deslindó la responsabilidad de la sede local afirmando que ellos cumplen con remitir todos los papeles a la “central” de la Municipalidad de Asunción, encargada final de procesar el sistema de pagos. Asimismo, admitió desconocer las cláusulas del contrato respecto al mantenimiento, alegando que asumió el cargo hace dos años y recibió el inmueble arrastrando estas condiciones.

Hay voluntad de pagar, dice Municipalidad

En conversación con ABC, Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, señaló que la Municipalidad no elude su obligación de pago y que tienen la intención de regularizar la situación y pagar lo que corresponda. Explicó que el retraso se debe a que la propiedad estaba en un proceso de sucesión y que, aunque ya salió el certificado de adjudicación para los herederos, este no estaba inscrito debidamente.

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Sabaté señaló que los propietarios solicitaron que el pago se realice a una EAS (Empresa por Acciones Simplificadas), lo cual requiere un respaldo documental específico con el que aún no cuentan. Aseguró que ya se les dio las indicaciones de qué documentos deben presentar y que, una vez que estos sean verificados y validados, se procederá al pago.

Respecto al retraso en el pago de las cuentas de ANDE y Essap, Sabaté indicó que ese tema escapa a su ámbito directo y que es responsabilidad de la Dirección de Participación Ciudadana, dependencia que administra estos contratos, asegurar que el centro cuente con los servicios básicos.

El director jurídico agregó quese ha formado una mesa de trabajo para dar una solución rápida al problema. Además, indica que a raíz de este caso se ha solicitado informe y documentación de todos los demás centros municipales para evitar que se repitan estas situaciones, las cuales califica como problemas que vienen “arrastrándose de administraciones anteriores”.

Propietarios plantan postura y ratifican pedido de desalojo

Cansados de las promesas y del perjuicio económico y estructural, los propietarios ratificaron que no tienen intenciones de renovar el vínculo comercial con la comuna.

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Con el respaldo de facturas, fotografías y notas presentadas, la familia exige la cancelación inmediata de todo lo adeudado y el desalojo definitivo del centro municipal de su propiedad.

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Este caso se suma al reciente escándalo estallado el 28 de mayo de 2026 en el Centro Municipal N° 6 Yerutí, ubicado en el barrio Carlos Antonio López, donde el propietario Ignacio González Arias, de 80 años, denunció que la administración del intendente Luis Bello (ANR) arrastra una deuda de siete meses de alquiler.

La disputa subió de tono cuando los encargados comunales intentaron frenar, mediante el uso de la fuerza policial, las refacciones particulares que los dueños iniciaron ante el grave peligro de derrumbe por humedad y grietas.

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Mientras el allegado de la familia, Nelson Molinas, lamentó el destrato y el impedimento de reparar la estructura cediere, el asesor jurídico municipal, Armando Sosa, minimizó el hecho alegando que la policía intervino porque se movieron activos estatales sin permiso.

Pese a que el abogado comunal negó la mora argumentando trabas burocráticas normales, el afectado —quien depende de dicha renta para subsistir— ya inició las acciones jurídicas correspondientes para exigir el desalojo definitivo de la dependencia pública.

En total fueron cinco causas que se tramitaron ante el órgano extrapoder, dos de ellas iniciadas por profesionales abogados en el 2024, mientras que otra inició en el 2025 como consecuencia de un informe de Auditoría de Gestión Jurisdiccional al juzgado que estaba a su cargo y otras dos más, en 2026, tras el inicio de causas penales por la mafia de los pagarés.

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La presidenta del JEM, Dra. Alicia Pucheta señaló al momento de expresar su fundamentación con relación al archivo de dichas causas, que las mismas “guardan relación con la conducta de la abogada Analía Cibils y sobre la misma, se advierte que por nota N° 995 del 4 de junio, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comunicó la decisión adoptada por la máxima instancia judicial a través del Decreto N° 3.175/2026, la que en lo que pertinente dispuso designar a la abogada Sonia Elizabeth Torres como jueza de Paz de La Encarnación”.

De esta manera se corroboró que la abogada Analía Cibils “ya no fue confirmada en el cargo de jueza de paz, por lo que ya no reviste la calidad para ser juzgada por este órgano constitucional, motivo por el cual corresponde ordenar las cancelaciones y archivos de las causas”.

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Esta decisión tuvo el voto adhesivo de los demás miembros participantes: el vicepresidente 2° del JEM y ministro de la Corte, César Garay, el senador Mario Varela, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, y el consejero Enrique Berni.

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En otro momento de su fundamentación y voto, Alicia Pucheta recordó los antecedentes del caso mafia de los pagarés, vinculados a Analía Cibils.

En tal sentido refirió, “considero necesario resaltar que se archivan las causas ante este Jurado exclusivamente porque la referida abogada dejó de ser sujeto pasivo de enjuiciamiento, sin perjuicio en cuanto a la responsabilidad que podría corresponderle”.

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“Las actuaciones vinculadas a supuestos hechos punibles deberán continuar en el ámbito penal donde habrá de determinarse la responsabilidad, en el marco de los hechos conocidos como “mafia de los pagarés”, en el que miles de personas de personas fueron víctimas de procesos irregulares; víctimas que deben obtener respuesta y justicia”, sentenció la presidenta del Jurado.

Proceso penal contra exjueza de paz Analía Cibils

En el fuero penal, Carmen Analía Cibils Miñarro afronta tres investigaciones penales, una de ellas iniciada formalmente en marzo de 2025. Todas relacionadas al caso conocido como la mafia de los pagarés. Las mismas están a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Luis Arce y Leonardi Guerrero.

El 21 de marzo de 2025, la entonces jueza de paz de La Encarnación Analía Cibils fue imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en ambos casos en calidad de autora. Por esta causa fue acusada y el pasado 6 de abril de 2026, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió que vaya a juicio.

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Luego, el 18 de mayo, los agentes fiscales Bobadilla, Arce y Guerrero presentaron nuevas imputaciones contra Analía Cibils, en el marco de las causas abiertas en su contra, señaladas como N° 133 y N° 135. En las mismas se le atribuyen también la comisión de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

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En una de esas causas, se señala que la jueza Analía Cibils habría dictado un total de 38 resoluciones judiciales, en el marco del trámite de 19 expedientes de la firma Global Enterprises, violando el principio de igualdad entre las partes, “dado que habría sabido, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fuesen elaborados por la abogada demandante”, señala el escrito.

Mientras que en la otra causa, se presume que la jueza Carmen Analía Cibils, a petición de la abogada demandante Thalia Benítez, dio trámite a la preparación de la acción disponiendo la notificación ordinaria, siendo que el domicilio denunciado era en Tucumán, Argentina, que luego la ujier Audrey Galeano, habría informado falsamente sobre su realización para proseguir el proceso judicial.

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública, por ello exhortó respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento en el sistema nacional de salud“, dijo Horacio Cartes.

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El expresidente de la República indicó que entiende las limitaciones presupuestarias, pero remarcó que es una obligación del Estado garantizar la salud a su pueblo.

“La salud es un derecho fundamental y es una responsabilidad del Estado. Ningún paraguayo debe verse privado de atención médica por falta de recursos, medicamentos o capacidad operativa de los servicios públicos”, les recordó Horacio Cartes.

Pidió analizar presupuesto

Llamó también a los diputados y senadores cartistas a analizar junto con la ministra de Salud María Teresa Barán y el presidente Santiago Peña para “concentrar la mayor cantidad de recursos” en los presupuestos en lo que queda de este gobierno.

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“Comprendemos las limitaciones presupuestarias, pero eso no puede ser utilizado para que un paraguayo mendigue por atención, que una madre sufra por atención médica o que un adulto mayor pierda su dignidad en busca de salud”, dijo Horacio Cartes.

Agregó: “por eso hago un llamado a nuestros legisladores, a reunirse con los sectores de Salud y el Presidente para una revisión responsable del presupuesto para lo que queda del mandato, hacer profundas reformas sanitarias, enfocarse en la infraestructura, en garantizar medicamentos durante todo el año”.

Insistió que se debe destinar cada recurso disponible en garantizar medicamentos en los hospitales públicos y, sobre todo, una atención oportuna.

“Debemos comprometernos a concentrar los recursos en el sistema de salud. Nadie debe peregrinar para solicitar salud en un hospital público”, dijo Horacio Cartes.

Se trata de dos celulares de la marca Iphone incautados, uno de la celda del condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y otro de la celda de Fernando González Karjallo, sentenciado a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes de la usura, en la requisa realizada ante informes de Inteligencia que inició a las 6:45 del pasado jueves, 11 de junio, en la UPIE.

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En el caso de Ramón González Daher los funcionarios penitenciarios encontraron en la celda denominada puesto 14, en la cama debajo de la almohada, un celular Iphone color beige, sin poder precisar modelo, serie ni IMEI debido a que se encuentra bloqueado, según resalta el informe remitido al juzgado de Ejecución.

Respecto a Fernando González Karjallo, durante la requisa en el Pabellón Semilibertad celda 12, en poder del condenado se incautó un aparato celular de la marca Iphone, color azul marino, del cual no se pudo obtener la sim card y tampoco se pudo precisar número de teléfono, de acuerdo con el informe oficial.

¿RGD y su hijo podrían ser trasladados?

En otra parte del informe, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia señala que los aparatos incautados a ambos condenados están a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Luego de la requisa del jueves el Ministerio de Justicia informó a la prensa que los celulares fueron inmediatamente puestos a resguardo y documentados conforme a los procedimientos vigentes.

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Así mismo se dispuso a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, la apertura de la investigación administrativa a fin de determinar las circunstancias que permitieron el ingreso y la tenencia de los dispositivos incautados, así como la eventual existencia de complicidad o participación de funcionarios penitenciarios, aplicándose las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

Sobre la permanencia de RGD y su hijo, quienes se encuentran con sumario abierto por el hecho, el Ministerio de Justicia solicitó instrucciones de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, a fin de tomarse la determinación de traslado de los mismos si la magistrada considera pertinente.

Otros 10 celulares incautados a RGD y su hijo

El martes 29 de enero de 2025, durante un operativo de requisa en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, funcionarios del Ministerio de Justicia ya habían incautado 10 celulares, cargadores y botellas de bebidas alcohólicas de las celdas de los condenados Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2025 el juez de Garantías de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, rechazó la solicitud de extracción de datos de los diez celulares incautados al clan González Daher, con el argumento que los aparatos fueron encontrados en poder de RGD y su hijo en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas; no en prosecución de una investigación de un hecho punible.

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En consecuencia, la fiscala Noelia Montanía resolvió enviar al Laboratorio Forense del Ministerio Público los 10 aparatos celulares, cinco de ellos incautados de la celda del usurero luqueño y los demás de la celda de su hijo; y posteriormente dio apertura a la causa N° 1140/2025 “Ramón González Daher s/ extorsión y otro”.

En el marco de dicha investigación, entre abril y mayo, el Arq. Julio Adolfo Mendoza Yampey, el empresario Armindo Vera Ferrer y el Abg. Federico Campos López Moreira, víctimas del esquema de usura del clan luqueño, declararon ante la agente fiscal y solicitaron que los celulares incautados a RGD y su hijo sean sometidos a pericia.

Víctimas de usura piden peritar celulares

Teniendo en cuenta los hechos probados en el juicio oral que finalizó con la condena de RGD a 15 años de prisión y su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de cárcel, las víctimas del clan luqueño solicitaron a la fiscal de Coronel Oviedo Noelia Montanía que impulse la extracción de los datos de los 10 celulares incautados en poder de los encausados.

En el caso de los dos aparatos incautados a RGD y su hijo, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, las víctimas de usura también solicitan a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer y al Ministerio Público, que impulsen la extracción de datos de ambos aparatos incautados, pues consideran de suma relevancia la información contenida en los celulares.

En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño y exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

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Luego de la requisa del pasado jueves las víctimas recordaron incluso que en la causa que finalizó con la condena de padre e hijo por el esquema de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en el juicio oral quedó probado que durante el allanamiento en su vivienda Fernando González Karjallo restauró su celular Iphone antes que le sea incautado, por lo que los investigadores no lograron recuperar los datos del aparato.

Esto, para el sector de los trabajadores, es insuficiente, ya que hasta la última reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam) sostuvieron que el reajuste debe ser del 20%, es decir G. 647.021, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no refleja la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde la Coordinadora de la Articulación de Ollas Populares Pykui también criticaron el reajuste al calificarlo de “lamentable”, ya que sostienen que no alcanza para una vida digna del trabajador, dado que G. 144.000 prácticamente apenas cubren alimentación y transporte, afirmó Cira Novara.

“Es lamentable el aumento de G. 144.000, porque el salario mínimo realmente no alcanza. Son G. 3.044.000 que entre pasaje y comida ya se va todo, ahí no puede incluirse alquiler, no puede incluirse vestimenta, medicamentos y otros gastos que tiene la familia pagando luz y agua, y menos aún si hablamos de las compañeras de la articulación de las ollas y comedores populares de los barrios en general”, criticó.

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Reajuste no alcanza para una vida digna

Recordó que la mayoría de las encargadas de los comedores populares son cuentapropistas, trabajan por cuenta propia vendiendo alimentos, siendo vendedoras ambulantes, hacen diversas actividades como reciclado, albañilería, y ahí ni siquiera alcanzan a ganar G. 3.000.000 al mes, por lo que considera “una burla” el reajuste con el que las autoridades del Gobierno pretenden dignificar al trabajador.

Insistió en que la política de Estado debe centrarse en que la clase trabajadora viva con dignidad, que pueda pagar todas sus necesidades y que incluso pueda sobrarle para todo lo que sea recreación y otros gastos.

“En las ollas populares esto ni siquiera se siente, porque sabemos que los empresarios van a empezar a aumentar sus productos y entonces una familia que ni siquiera gana salario mínimo, porque trabaja por cuenta propia, que está al frente de un comedor, que tiene que juntar al mes para que un día se pueda comer G. 200.000 para cocinar para 100 personas, claro que ese G. 200.000 va a dispararse a G. 300.000 para poder cocinar”, explicó.

Cuestionó al Gobierno porque cada vez condena más a la clase trabajadora a vivir en la miseria, en la desesperanza, y consideró muy triste lo que está pasando, porque se jactan de que es un gran aumento.

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Gobierno pide a ollas populares excluir a niños

Recordó que las administradoras de los comedores populares deben comprar carnes, verduras, huevo, queso y también productos secos, porque para el MDS no les entrega calidad y cantidad suficiente de productos.

Citó como ejemplo que a un comedor le llega solamente seis lotes de insumos, que sirven para cocinar seis días, lo que les obliga a realizar actividades para conseguir al menos G. 200.000 por día de cocina para comprar carne, verdura, carbón, entre otros.

“Nosotros no podemos cubrir 30 días de cocina, entre almuerzo y merienda, porque es imposible, nos dan poca cantidad de insumos y nosotros otra vez tenemos que poner G. 200.000 por día que se cocina, y eso es imposible cinco días nomás luego cubrir”, cuestionó.

Actualmente, son 21 los comedores populares asistidos por el MDS a los que se les entregan 100 lotes de insumos que se calcula por cantidad de comensales, los cuales cada uno alcanza para un día de comida. Además, contó que desde el MDS les prohibieron de manera verbal incluir a los niños y adolescentes como comensales de los comedores, ya que los mismos reciben la alimentación escolar.

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“Nosotros lo que hacemos es nos distribuimos seis un comedor, cinco otros, dependiendo del número de comensales, y ahí lo que hacen las compañeras es magia, y por suerte la ciudadanía todavía sigue apoyando. Ahora el ministerio nos prohíbe dar de comer a los niños y niñas porque supuestamente ellos ya comen en las escuelas”, destacó.

Agregó que mañana presentarán la lista de nuevos comensales a solicitud del MDS en la que incluyeron a las niñas y niños, porque no pueden decirle no cuando acuden a los comedores a pedir un plato de comida, siendo que supuestamente almuerzan en la escuela, pero también tienen que cenar, merendar y desayunar.

“Sabemos que ellos vienen a llevar los platos de comida o a comer otra vez en nuestros comedores, porque tienen hambre. Ningún niño te va a pedir comida, ninguna persona va a pedir comida si no tiene hambre. Es un riesgo y vamos a denunciar, vamos a hacer público eso, porque ellos ya nos advirtieron que supuestamente no se puede incluir niños y niñas porque ya comen en las escuelas, es un riesgo, pero lo vamos a correr, porque nosotras no podemos dejarles afuera de los comedores”, insistió.

También solicitaron que desde el MDS les comuniquen la prohibición por escrito, ya que nunca consiguieron tener una reunión con las autoridades, incluso pese a solicitar al menos cuatro reuniones, como así también el acceso al nuevo manual operativo del programa de comedores.

Sobre esta situación, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, señaló que ellos creen que la cantidad es mucho mayor: “Me animaría a hablar a 15 mil personas que ostentan el título de docente que no cursaron el Instituto de Formación Docente o la Universidad”.

Mencionó que el rubro del sector docente es bastante apetecible gracias a los incrementos que se lograron en la última década. “Hoy, un docente que se inicia por primera vez, si tiene dos turnos, ya tiene un salario de 8.550.000 guaraníes, cosa que no se gana en el sector público”.

Eso hace que muchas personas que poseen otras carreras habilitan lo que se llama habilitación pedagógica para ejercer la docencia. “Este es un fenómeno que se da a partir del tercer ciclo y nivel medio”, mencionó.

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Luego, el titular de la FEP apuntó a la existencia de universidades garaje: “Están esas que dan clases solo los viernes o los sábados y en dos años ya dan los títulos. Tenemos informaciones de la zona de Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Guairá y Canindeyú, que son los lugares donde más proliferan los títulos falsos”.

Señalando estos casos, sostuvo que debe haber una complicidad del MEC con los dueños de los institutos, para que puedan tener todas las planillas en orden y los títulos firmados sin haber cursado la carrera.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, explicó que 23 medicamentos fueron eliminados del listado, reduciendo el número de fármacos en el vademécum de 512 a 489.

La selección de los medicamentos e insumos a ser eliminados fue realizada por un grupo técnico compuesto por médicos de todo el país, afirmó.

Concentrar el gasto en medicamentos de “alta rotación”

El análisis realizado, según dijo, es que los medicamentos excluidos tienen sustitutos que pueden ser adquiridos a precios más bajos o son fármacos que “no tenían tanta salida”.

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“Queremos comprar de manera eficiente y concentrar el dinero en los medicamentos de alta rotación”, explicó.

Rodríguez afirmó que el ahorro proyectado para el IPS tras la depuración del vademécum es de unos 13.000 millones de guaraníes.

Agregó que el presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, dio la instrucción de que el ejercicio de depuración del vademécum se realice al menos cada seis meses de ahora en adelante.

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El proyecto “Ley Canela”, que fue presentado en la Cámara Baja el pasado 20 de marzo, establece un régimen integral para la fabricación, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos en todo el territorio nacional.

El argumento principal de la iniciativa parlamentaria es que la ausencia de una regulación adecuada genera todos los años varias víctimas, en su mayoría menores de edad, además de impactos negativos sobre animales y el medio ambiente.

Como el caso de Canela, quien fue víctima de la imprudencia de un adolescente de 17 años, que estaba manipulando un cebollón.

El hecho se convirtió en símbolo de la necesidad de avanzar hacia una regulación más estricta y sobre todo, un control más adecuado sobre la venta de los productos.

La estadística

Según datos oficiales, durante las fiestas de fin de año se atiende un promedio de 60 pacientes con lesiones vinculadas a la pirotecnia, de los cuales aproximadamente el 87% son menores de edad.

Esto significa gastos médicos en cirugías, hospitalización y rehabilitación, que pueden oscilar entre G. 400 millones.

Pese a la advertencia e incluso a campañas de concientización año tras año, lamentablemente los padres siguen entregando a sus hijos los petardos que podrían ocasionarles incluso la pérdida de miembros.

Lo que implica el proyecto de ley

No se plantea una prohibición total de los artefactos pirotécnicos, sino un esquema de regulación que distingue entre pirotecnia visual (fuegos artificiales) y pirotecnia sonora (artefactos de estruendo), siendo esta última la que concentra las restricciones más severas.

El diputado Rodríguez planteó prohibir expresamente la venta callejera, ambulante o informal de estos productos en todo el país.

Además, sugiere establecer que solo podrán comercializarse en establecimientos habilitados y autorizados por las autoridades competentes.

Asimismo, queda terminantemente prohibida la venta, entrega o facilitación de artefactos pirotécnicos a menores de 18 años. Es decir, también serán sancionados no solo quienes que vendan, sino el que compre pirotecnia para los menores.

En cuanto a la pirotecnia sonora, su uso quedaría restringido exclusivamente a espectáculos autorizados por las autoridades competentes y ejecutados por operadores habilitados.

Asimismo, no pueden ser explosionados a menos de 500 metros de hospitales, centros de salud, escuelas, hogares de niños, residencias de adultos mayores ni refugios de animales.

Se pone hincapié en el impacto que las detonaciones tienen sobre las personas con trastorno del espectro autista, y los adultos mayores.

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Además, sobre las personas con hipersensibilidad auditiva y quienes padecen afecciones neurológicas o cardíacas, se señala que las explosiones pueden provocar crisis sensoriales, episodios de ansiedad y un agravamiento de condiciones médicas preexistentes.

El efecto Canela y las sanciones

En materia de bienestar animal, la iniciativa parlamentaria destaca que las detonaciones y el uso irresponsable de pirotecnia generan episodios de terror y desorientación en animales domésticos y silvestres, pudiendo provocar accidentes, autolesiones, extravíos e incluso paros cardíacos.

En cuanto a las sanciones que se establecen en la ley, la aplicación estará a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección de Material Bélico, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, y las autoridades municipales y departamentales.

Las infracciones conllevan sanciones administrativas que van desde multas de entre 50 y 500 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad de cada caso.

Además, se podría incluso decomisar todo el producto y la clausura de establecimientos si se comprueba alguna infracción.

Asimismo, cuando el uso de pirotecnia causara lesiones o la muerte de personas o animales, como el caso de Canela, serían aplicables además las disposiciones del Código Penal y de la legislación de bienestar animal.

De ser aprobado este proyecto, quedaría derogada la Ley Nº 6754/2021, “Que prohíbe la venta de pirotecnia a menores”, incorporando y ampliando sus disposiciones dentro del nuevo régimen jurídico.

La ley también contempla el impacto económico que podría ocasionar la prohibición total de la venta callejera teniendo en cuenta que muchas personas se dedican a ese rubro en proximidades de las fiestas de fin de año.

Se prevén programas de reconversión que incluirían capacitación laboral, asistencia técnica, acceso a líneas de crédito y promoción de alternativas tecnológicas, como espectáculos de iluminación u otras formas de celebración que no generen riesgos para la salud, los animales ni el medio ambiente.

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Recientemente, la jueza de Luque Carmen Rosana Román, ordenó que el animal, que estaba en resguardo de una organización y donde recibe atención médica y reconstructiva, sea devuelto a sus “verdaderos propietarios” en la ciudad de Areguá.

Es decir, la magistrada ordenó que Canela sea enviada al mismo sitio en donde en diciembre del año pasado, casi murió y donde perdió una mandíbula. Esta decisión generó una indignación generalizada, incluso la Dirección de Defensa Animal se posicionó en contra de la resolución judicial.

No me parece correcto que la perrita vuelva a un entorno donde sufrió esta barbaridad.

Héctor Rubín, director de Defensa Animal.

Canela fue asistida por Diana Camarasa, de la organización Olfateando Huellas, quien cuidó y gestionó las múltiples operaciones a las que fue sometido el animal hasta la implantación de una prótesis mandibular, su alimentación y su bienestar.

Debido a la decisión judicial, el abogado Diego Tuma tomó el caso de Canela y adelantó que agotará todos los recursos jurídicos para evitar que Canela vuelva al entorno en donde casi pierde la vida.

El concejal departamental Óscar Flecha habría constatado la situación, luego de que pobladores de la zona le hicieran llegar los reclamos.

Además, tomó registro de que en algunos consultorios existen filtraciones y, en consecuencia, las paredes se ven afectadas por la humedad.

Este pabellón pediátrico es relativamente una estructura más nueva que el HDCB, ya que fue inaugurado en el año 2020, con una inversión de G. 384.268.712, financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Clausura de espacios

El director del HDCB, doctor Manuel Codas, indicó que las zonas clausuradas están delimitadas para evitar accidentes, entendiendo que en el sitio se atiende a niños.

Sobre el baño, indicó que está clausurado intermitentemente, con reparaciones constantes, pero que necesitaría una intervención integral.

El director explicó que esta semana se realizaron inspecciones en la zona para determinar el presupuesto necesario para el trabajo integral. El médico sostuvo que el trabajo afectaría a varias zonas de este pabellón, según la observación que le realizaron.

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Sin plazo definido

Codas explicó que existe un compromiso por parte del Consejo de Salud del distrito, presidido por el intendente Héctor Céspedes (PLRA). Sostuvo que reiteran el pedido, pero que la respuesta depende de la disponibilidad presupuestaria y de la prioridad que le den a esta necesidad.

Explicó que aparentemente la construcción se realizó en una zona muy baja, lo que generó problemas con las conexiones de caños de agua. Esto provoca filtraciones y, en consecuencia, que haya pérdidas de agua y grietas en los suelos.

Este sector del HDCB brinda servicios de Urgencias y Ambulatorios en pediatría. Cuenta con 14 rubros médicos y 20 de enfermería, según detalló el director. El centro asistencial brinda más de 100 mil atenciones anuales y es el centro asistencial de referencia para distritos como Coronel Bogado, San Cosme y Damián y General Delgado.

Señalaron que para llegar a la hora establecida, sus hijos deben salir de casa alrededor de las 6:30 o más temprano, según la distancia entre su hogar y el centro educativo.

Al respecto, la directora departamental de Educación de Misiones, Feliza López, indicó que la norma es que en jornadas de mucho frío no se tome en cuenta el horario de ingreso, con el fin de proteger la salud de los estudiantes de todos los niveles.

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“Desde la Dirección recomendamos que, cuando las temperaturas sean muy bajas, se flexibilice el horario de entrada a todos los establecimientos, especialmente en el turno mañana. En lugar de ingresar puntualmente a las 07:00, sugerimos que el horario sea entre las 07:30”, explicó López.

Agregó que también dio indicaciones a los directores para evitar que los niños permanezcan al aire libre en días de bajas temperaturas. Por ello, recomendó suspender actividades como la formación de alumnos y la entonación del Himno Nacional en los patios.

Estas actividades pueden realizarse dentro de las aulas, con la presencia de los docentes, para resguardar la integridad de los estudiantes, sobre todo en aquellas escuelas que no cuentan con patio de honor techado.

“Otro punto importante es la flexibilidad con el uniforme. No es obligatorio exigirlo en estas condiciones; lo prioritario es que los jóvenes asistan bien abrigados”, añadió.

Finalmente, la directora indicó que ante casos de afecciones respiratorias, las autoridades escolares deben actuar con comprensión. Asimismo, pidió a los padres comunicar el estado de salud de sus hijos y, si es necesario, mantenerlos en reposo en casa para evitar contagios y proteger a toda la comunidad educativa.

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En ese sentido, explicó que también está próxima la concreción de un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el Gobierno Nacional pueda compensar a la EBY por el desprendimiento de sus propiedades.

“Finalmente, la gente de las Mil Viviendas recibirá sus títulos. En otros gobiernos, que ya no viene al caso mencionar, fueron prácticamente engañados en su fe cuando se les entregó un certificado de condición de dominio y no el título. Se está trabajando para la entrega de los títulos y para que la gente pueda contar con ese bien”, señaló.

Entrega de constancias

En diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, con presencia del expresidente Mario Abdo Benítez y la intervención de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), procedió a la entrega de constancias notariales de tramitación de escrituras públicas de transferencias definitivas de 1.070 viviendas, a título gratuito, del complejo habitacional “Mil Viviendas”, de la ciudad de Ayolas.

Del acto participaron los entonces directores de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos (MD) y Fernando de Vido (MI), el entonces gobernador de Misiones y actual diputado nacional Carlos Arrechea (ANR – HC), además del intendente municipal de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC).

En junio de 2024, un grupo de pobladores del complejo habitacional Mil Viviendas manifestó su preocupación por el lento avance en el proceso de titulación y también por rumores acerca de posibles desalojos. Ante esta situación, se creó una comisión vecinal con el objetivo de realizar las gestiones necesarias para que los ocupantes puedan acceder finalmente al título de propiedad.

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Mendoza comenzó lamentando la situación actual de la educación paraguaya y comparándola con la formación que recibió décadas atrás. Recordó que en su época existían materias como dicción y lógica, orientadas al desarrollo de la expresión oral, la lectura y el pensamiento crítico.

Sin embargo, el momento más llamativo de su discurso llegó cuando coincidió con las afirmaciones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) sobre la existencia histórica de la compra de títulos universitarios.

“Hoy voy a estar de acuerdo con la senadora Celeste cuando menciona que en la época de las universidades ya existía la compra de títulos”, expresó.

El recuerdo de un supuesto caso en Arquitectura de la UNA

La senadora relató que cuando cursaba el sexto año de Arquitectura en la UNA, todos los estudiantes se conocían después de años compartiendo aulas. En ese contexto, recordó la aparición repentina de un alumno al que identificó como Carlos el “Gordo” Brítez, hijo del temible jefe policial Alcibiades Brítez Borges, durante la era estronista.

Según Mendoza, el hombre asistió apenas durante una semana a clases de una materia vinculada a la construcción arquitectónica y posteriormente se enteraron de que ya era arquitecto.

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“Todos nos conocíamos en el aula. Esa persona entró, se sentó en primera fila, fue una semana a dar curso, lo que a nosotros nos costó siete años quemando pestañas, y después nos enteramos de que ya era arquitecto”, manifestó.

La legisladora afirmó que este episodio ocurrió durante el régimen estronista y señaló que, según recuerda, Brítez era hijo del general Alcibiades Brítez Borges, quien se desempeñó como jefe de Policía de la Capital durante la dictadura.

“Los títulos falsos son un peligro”

Mendoza advirtió que el problema de los títulos obtenidos irregularmente no debe ser minimizado, especialmente cuando involucra profesiones que pueden afectar directamente la seguridad y la vida de las personas.

La parlamentaria destacó que los arquitectos no solo diseñan edificios, sino que también participan en la dirección de obras y en decisiones técnicas relacionadas con estructuras, materiales y seguridad.

“Es un peligro. Los arquitectos dirigimos obras, vemos cuánto cemento, cuántas varillas se utilizan. Hay familias que van a habitar esos edificios”, sostuvo.

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Asimismo, señaló que el riesgo es aún mayor cuando las irregularidades involucran carreras como medicina, ingeniería y otras profesiones de alta responsabilidad.

La senadora consideró que las investigaciones no deben limitarse a casos recientes y planteó que el fenómeno podría tener raíces mucho más antiguas de lo que se cree, incluso remontándose a los años de la dictadura. “Existió y ya existía”, insistió, al recordar el episodio que presenció durante sus años universitarios.

La madrugada del martes, los asaltantes detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita. También irrumpieron en un local de Ueno Bank y en una casa de cambios, pero no llegaron a realizar detonaciones y abandonaron explosivos sin utilizar.

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El martes se produjeron las dos primeras detenciones relacionadas al caso: las de dos personas señaladas como responsables de haber adquirido los explosivos utilizados en el asalto, que fueron comprados a través de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) por una empresa unipersonal para su uso en una cantera minera.

¿Cómo actuó la Digemabel?

En conversación con ABC Color este jueves, el general Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó cómo se realizó la trazabilidad de los explosivos hallados en Santa Rita que condujo a los allanamientos y detenciones realizados el martes.

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La Digemabel regula la importación y comercialización de material explosivo para uso civil y comercial, y registra los materiales y sus respectivos códigos al momento de su ingreso al país.

Tras el asalto en Santa Rita, verificadores de la Digemabel acudieron al lugar del asalto y verificaron los explosivos hallados, lo que permitió trazar su compra a una empresa unipersonal con base en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Verificadores de la Digemabel se presentaron en la cantera para la cual fueron comprados los explosivos –denominada Ita Bella y ubicada también en Emboscada– y determinaron que allí se declaró falsamente que el material hallado en Emboscada ya había sido utilizado.

El proceso de compra de explosivos

El general Servín reiteró que cada elemento explosivo que ingresa a Paraguay es registrado en la base de datos de la Digemabel, con su respectivo código de serie.

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Las empresas interesadas en adquirir los explosivos deben presentar un “plan de fuego” en el cual deben explicar cuántas detonaciones planean realizar y la cantidad en kilogramos de explosivos que necesitan. Si la Digemabel considera que hay “coherencia” en el pedido, da el visto bueno a la compra y el material es entregado.

Una vez utilizado el explosivo, los usuarios deben informar por medio del sistema informático de la Digemabel sobre su uso, incluyendo los códigos del material utilizado.

Asaltos con explosivos

En los últimos años se han registrado varios asaltos en los que fueron utilizados explosivos adquiridos para la explotación minera. Según los registros de la Digemabel, se han registrado siete casos de ese tipo desde 2017.

Según explicó Ramírez, el hecho ocurrió en la noche del miércoles, luego de que agentes policiales permanecieran apostados en una propiedad donde horas antes se había ejecutado un desalojo de ocupantes irregulares.

“Aparentemente estas personas invasoras se habían retirado, pero alrededor de las 21:30 volvieron al lugar. Allí tengo entendido que se produjo un intercambio de disparos entre los invasores y el personal policial que permanecía en la zona”, relató.

El comisario Cáceres fue alcanzado por un disparo de rifle. La bala ingresó por el brazo derecho y quedó alojada en la pleura, sin llegar a afectar los pulmones, según informaron los médicos.

“Por lo menos ahora se encuentra estable, fuera de peligro, y ya al instante va a ser trasladado en avión hasta el Hospital de Policía de Asunción”, señaló Ramírez.

Periplo para acceder a atención médica

El jefe policial fue auxiliado inicialmente y trasladado hasta Katueté. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura médica en la zona, fue derivado al Hospital Regional de Salto del Guairá. Desde allí trasladado a la Fundación Tesãi de Ciudad del Este, de donde esta mañana será llevado a la capital del país en un avión de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la lesión, Ramírez indicó que los médicos decidieron no extraer el proyectil, ya que quedó alojado en una zona que no representa riesgo para la vida del paciente.

“Me indicaron que la bala va a quedar ahí. Está en la pleura, pero eso no implica ningún tipo de peligro. Probablemente el impacto inicial en el brazo amortiguó la trayectoria y no llegó a afectar los pulmones”, explicó.

Asimismo, confirmó que Cáceres tiene familiares en la ciudad de San Lorenzo, motivo por el cual también se dispuso su traslado a Asunción, donde recibirá atención especializada en el Hospital de Policía.

De acuerdo con los datos preliminares, el comisario principal Vicente Cáceres encabezaba un grupo de agentes del GEO que permanecía custodiando una agroganadera en el departamento de Canindeyú, luego de haberse ejecutado durante la mañana un procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales.

Resaltó que uno de los detenidos es un brasilero que ya fue investigado previamente por otro atraco en la zona. Comentó que el mismo se había fugado durante un operativo en abril del 2024.

“El brasileño creemos que es el que está haciendo de explosivista”, resaltó.

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Además, destacó que uno de los detenidos sería el responsable del homicidio de un cambista en Cambyretá.

Evidencias incautadas e implicancia en varios hechos anteriores

En el “aguantadero” se hallaron armas de fuego, clavos “miguelito”, chalecos antibala, guantes, mascaras y varias evidencias más que involucran a los detenidos con el megaasalto en Santa Rita.

El comisario resaltó que el operativo sigue en curso, por lo cual no puede aún dar muchos detalles de las evidencias.

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La vivienda se encuentra en medio de una zona boscosa, rodeada de un arroyo.

“Puedo asegurar que son los responsables de todos los hechos: Algisa, Katuete, ataques a las transportadoras de encomiendas en Caaguazú donde se enfrentaron ante la FOPE”, aseguró sobre los hechos en los cuales habrían estado implicados los cuatro detenidos hoy.

Una trabajadora señaló que el incremento anunciado del salario mínimo está lejos de responder a las necesidades reales de las familias. “Es muy poco. Vos llegás a fin de mes y no alcanza. El gasto que tenemos, los hijos en la escuela. Tres millones no es nada”, expresó.

Otra ciudadana manifestó su preocupación sobre los efectos del reajuste salarial y aseguró que cualquier aumento termina siendo absorbido por la inflación y el incremento directo de los precios de la canasta básica.

“¿Qué pasa si sube el salario? La canasta familiar va a subir todo. No hay solución. No importa cuánto suba, igual se va a reajustar todo. Ayer pagué un pasaje de bus interno, que todavía no tenía que alzar y ya alzaron. Es perjudicial”, lamentó para ABC TV esta mañana, mientras esperaba un colectivo sobre la avenida República Argentina.

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Trabajadores ganan menos que el mínimo legal

Por otra parte, varios ciudadanos consultados señalaron que la medida no tendrá impacto en su situación personal porque ni siquiera perciben el salario mínimo.

“No gano el mínimo y ni una posibilidad de que me alcen. Cada año que sube pido aumento y no me alzan. Y no se consigue así nomás trabajo”, comentó un trabajador.

Desde otra perspectiva, una joven consideró que el reajuste podría representar una ayuda para algunos sectores, aunque sigue siendo insuficiente para quienes deben afrontar múltiples gastos.

“Para algunos va a estar bien, pero para otros es poco. Para esas familias que tienen que luchar para enviar a una escuela privada, porque la educación pública es mala, deben pagar la mensualidad, el desayuno, almuerzo y merienda de sus hijos, esos gastos son muchísimo. Es poco a veces, es difícil. Que Dios nos bendiga, para que sea justo para cada familia”, expresó.

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Suba directa de precios

El temor a un efecto inmediato sobre los precios también estuvo presente entre otros trabajadores consultados. “Van a subir todos los precios, es complicado”, resumió brevemente uno de los ciudadanos consultados.

Otra trabajadora coincidió en que el reajuste podría terminar afectando incluso a quienes no perciben el salario mínimo. “Yo no gano luego ni mínimo. En muchas cosas me afecta porque después de esto va a subir todo otra vez: la canasta familiar, el pasaje. Y va a afectar directamente en el bolsillo”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que el problema es especialmente grave cuando involucra a educadores, debido al impacto que tiene sobre la formación de las futuras generaciones. “Maestros analfabetos van a formar alumnos analfabetos”, expresó.

Según explicó, la docencia requiere cada vez una preparación más especializada debido a los avances en neurociencias, psicología del desarrollo y metodologías de aprendizaje, por lo que consideró alarmante que personas sin la formación adecuada lleguen a las aulas.

Cuestiona construcción de trayectorias inexistentes

Ovelar señaló que el esquema detectado va mucho más allá de los casos tradicionales de falsificación documental. Indicó que lo ocurrido implica la construcción de trayectorias académicas inexistentes para obtener títulos legalmente expedidos, pero sin que los beneficiarios hayan cursado realmente las carreras.

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“Se inventó una historia académica de gente que no cursó”, afirmó la legisladora, al advertir que se vulneraron mecanismos de control universitario consolidados durante siglos y que ello habría requerido la participación o complicidad de distintos actores dentro de las instituciones.

La senadora reveló además que, tras la creación de la comisión, recibió mensajes de numerosos funcionarios dispuestos a aportar información sobre prácticas que observan cotidianamente dentro del sistema.

Cuestiona la formación docente y médica

La parlamentaria manifestó su preocupación por la calidad de la formación en algunas instituciones de educación superior y vinculó el problema de los títulos irregulares con deficiencias más profundas en el sistema educativo.

En ese contexto, también puso el foco en las carreras de Medicina, advirtiendo que existen universidades que priorizan la cantidad de alumnos por encima de la calidad de la enseñanza y de las prácticas clínicas necesarias para formar profesionales competentes.

Ovelar comparó los estándares internacionales de formación médica con la realidad paraguaya y cuestionó que algunas instituciones promocionen cifras y cargas horarias que, según dijo, no guardan relación con la realidad académica.

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La legisladora alertó que las consecuencias ya se estarían reflejando en la atención sanitaria y afirmó que la preocupación expresada por profesionales con experiencia evidencia la gravedad de la situación.

Denuncia una “cultura del engaño”

Uno de los puntos centrales de su intervención -durante la sesión de ayer del Senado- fue la denuncia de lo que definió como una “cultura del engaño”.

Según sostuvo, las irregularidades no se limitan a los títulos universitarios, sino que abarcan la alteración de puntajes, certificados con horas ficticias y otros mecanismos destinados a beneficiar indebidamente a determinadas personas. “Esta es una cultura del engaño que se va extendiendo”, afirmó.

Ante este escenario, pidió una respuesta firme y sincera de las instituciones públicas para identificar cómo se vulneraron los controles y establecer mecanismos que impidan la repetición de estos hechos.

Asimismo, instó a no normalizar el fraude ni la corrupción académica. “No perdamos la capacidad de indignarnos ante el fraude, ante la mentira, ante la estafa, ante lo que no es real”, expresó.

“Está tirando por el suelo nuestra imagen”

La senadora advirtió que el escándalo ya tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales y afecta la reputación del Paraguay. “Está tirando por el suelo nuestra imagen como país”, sostuvo.

A su criterio, el caso pone en duda la calidad de la educación superior, la formación profesional y la capacidad institucional para garantizar estándares académicos confiables.

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En la parte final de su intervención, Ovelar realizó una autocrítica al Poder Legislativo y reconoció que el Congreso también tiene responsabilidad en la situación actual. “Este Congreso precisamente no, pero el Congreso históricamente ha contribuido a esta debacle en la que hoy estamos”, afirmó.

La legisladora pidió que el tema sea encarado con seriedad, patriotismo y compromiso institucional, y sostuvo que la investigación no debe limitarse a los títulos cuestionados, sino abarcar los mecanismos que permitieron la degradación de los controles académicos.

Ante la situación, agentes penitenciarios intervinieron para recuperar el control dentro del establecimiento penitenciario. Tuvieron que realizar disparos con munición de goma y utilizar gases lacrimógenos.

El Ministerio de Justicia informó que cuatro internos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica dentro del penal.

El comisario Elvio Almada explicó que la Policía Nacional tomó conocimiento del hecho una vez que el incidente ya había sido totalmente controlado.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene el refuerzo de seguridad en el perímetro del centro penitenciario las 24 horas, según confirmó el comisario Almada.

“Si el objetivo era colocar a cualquier costo los excedentes de las binacionales, sin importar el deterioro de las finanzas del monopolio estatal eléctrico, no estamos ante una política industrial inteligente, sino ante un subsidio encubierto”, disparó el especialista.

El análisis técnico detallado por Villate demuestra que la tarifa fija de 30 US$/MWh propuesta públicamente durante las negociaciones para la planta de Atome en Villeta se encontraba llamativamente por debajo de los costos reales de adquisición y transporte de la empresa estatal paraguaya.

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La energía de Itaipú adquirida por la ANDE tiene hoy un costo cercano a los 29 US$/MWh, una cifra que permanecerá congelada hasta el año 2027. A este monto se le debe sumar por ley la rentabilidad mínima del 8% que estipula la Ley 966, elevando el valor base a 31,32 US$/MWh.

A este cálculo técnico obligatorio se le debe añadir el costo de peaje por el transporte de la electricidad hasta la zona industrial de Villeta, estipulado en el artículo 15 de la Ley 3.009 de Producción y Transporte Independiente, que equivale a otros 3 US$/MWh. Con estos datos oficiales, el costo económico real para la empresa pública alcanza los 34,32 US$/MWh.

Un millonario desfalco disfrazado de inversión

“Frente a ese valor, una tarifa fija de 30 US$/MWh por 15 años implicaba vender energía por debajo de su costo económico. La diferencia parece reducida, pero aplicada a un bloque de 145 MW representa varios millones de dólares anuales”, alertó Villate.

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El ingeniero calificó esta operación fallida como una “transferencia de valor directo” desde las arcas de la ANDE y los bolsillos de sus usuarios tradicionales hacia el beneficio exclusivo de un consumidor privado particular.

Asimismo, el especialista desarmó los argumentos de James Spalding, director ejecutivo de Atome y exdirector de Itaipú, quien justificaba el contrato alegando que la estatal mejoraría sus ganancias una vez que Itaipú reduzca sus costos operativos a partir de 2027.

El error de cálculo con los precios de Yacyretá

Villate explicó de forma sencilla que en los mercados eléctricos competitivos el precio de referencia no lo dicta la energía más barata, sino el costo del último generador que se necesita para cubrir la demanda general, que en el caso de nuestro país es la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Bajo la Nota Reversal N.º 2/2017, el precio de Yacyretá se fijó en 30 US$/MWh, mientras que el reciente acuerdo operativo temporal firmado en 2025 entre Santiago Peña y el mandatario argentino Javier Milei lo estableció en 28 US$/MWh.

“Aunque Itaipú reduzca su precio, mientras Yacyretá siga siendo necesaria para cubrir la demanda, su precio continuará siendo la referencia económica relevante”, aclaró el técnico, echando por tierra la defensa de la multinacional.

Cuatro años consecutivos en el fondo del pozo rojo

El informe del especialista recuerda que la ANDE arrastra resultados operacionales negativos y alarmantes de manera continua desde el año 2021.

“Cuatro años consecutivos perdiendo dinero deberían haber impulsado un debate serio sobre la organización del sector, la estructura tarifaria y la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, el Gobierno ha preferido evitarlo”, cuestionó el ingeniero.

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A criterio del analista, la abrupta reculada del Gobierno con este contrato evidencia el temor del Ejecutivo a impulsar reformas profundas que afecten intereses políticos instalados, entre ellos, los beneficios del propio aparato sindical de la ANDE.

Villate concluyó que la cancelación de la firma fue una medida correcta pero totalmente insuficiente, ya que el Gobierno sigue manejando los recursos energéticos estratégicos mediante decretos dispersos y parches políticos de corto plazo, violando el artículo 107 de la Constitución Nacional sobre la fijación artificial de precios.

“Paraguay posee una de las mayores disponibilidades de energía hidroeléctrica del mundo. Que en pocos años deba importar electricidad sería la demostración más contundente del fracaso de una política que se niega a reformarse”, sentenció.

Irán respondió a los ataques de EE.UU. e Israel cerrando el estrecho de Ormuz, una ruta comercial marítima clave por la que transitaba alrededor del 20 por ciento de todo el petróleo del mundo, lo que causó que los precios del petróleo a nivel internacional –y, por consecuencia, los precios de combustibles en casi todo el mundo– se eleven considerablemente.

En Paraguay, tanto emblemas privados de importación y comercialización de combustible como la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) han aumentado en repetidas ocasiones los precios de sus productos desde el inicio de la guerra.

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Sin embargo, el anuncio del posible acuerdo y el fin de las hostilidades en Oriente Medio tuvo un efecto inmediato en la cotización del petróleo a nivel internacional, que ha visto importantes reducciones en los últimos días.

Mercado “expectante”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, William Wilka, presidente de Petropar, dijo que “el mercado (internacional de petróleo) muestra señales de una baja interesante” y que esto podría trasladarse a una eventual baja de los precios en Paraguay, aunque no dio una fecha tentativa.

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Señaló que el mercado internacional aún está “expectante” de si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán “va a ser sostenible y cumplido”.

Baja será “inmediata” si hay margen, según Petropar

Wilka comentó que Petropar aún está recibiendo combustible adquirido en la primera quincena de junio, con la cotización alta que estaba vigente entonces. Sin embargo, agregó que también “estamos empezando a cargar” producto con los precios recientes más bajos.

“La idea es que esto se vaya manteniendo para ver el efecto inventario y el costo que vamos teniendo para que cuando estas cargas lleguen, si tenemos margen suficiente para trasladar, lo hagamos de manera inmediata”, manifestó.

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Wilka señaló que, aun con los precios altos actuales, Petropar sigue “manteniendo una diferencia importante” de precios en comparación con la competencia en sus estaciones de servicio.

Los intervinientes dieron cumplimiento al oficio judicial N° 1837/2026, emitido el 5 de junio de 2026, mediante el cual la jueza penal de Garantías de la Oficina de Atención Permanente, Alicia Pedrozo Berni, solicitó la detención de Hermosa Núñez con fines de extradición.

La orden de detención en el vecino país fue emitida el 20 de marzo de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, provincia de Misiones, firmada por el Dr. Luis Villanueva.

El detenido quedó a disposición de la justicia, que tramitará el proceso de extradición. La causa por la que es investigado en el vecino país no prescribe y tendría una pena estimada de hasta dos años de privación de libertad.

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El caso investigado

Las autoridades del vecino país exponen que, en fecha 7 de diciembre de 2025, el señalado Javier Hermosa fue inspeccionado en un control rutinario sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando intentó ingresar a la ciudad de Posadas en su vehículo particular.

Hermosa Núñez viajaba con una acompañante a bordo de un rodado de la marca Toyota, con matrícula NAO 903. La otra persona fue identificada como Luciene Fernández de Medeiros Sousa, quien, según el informe, llevaba una mochila entre las piernas.

Los funcionarios de Aduana hallaron en el interior de esta mochila un paquete con 1,062 kg de cocaína.

Según detallan en el informe, el sindicado se fugó del sitio de la intervención, que sería el Área de Control Integrado de la Aduana, en la cabecera del puente internacional del lado argentino.

El dirigente deportivo es investigado por contrabando de importación de estupefacientes agravado por su inequívoco destino de comercialización, atento a su calidad de tentativa. Hermosa fue presidente de la Federación Encarnacena de Vóley en la ciudad.

“Paraguay, aparte de estar muy atrasado en el área tecnológica, volver a prohibir el uso de celulares me parece que no va a contribuir con el desarrollo o con la compenetración de los paraguayos al mundo exterior”, expresó.

Según Franco, los dispositivos móviles representan hoy una herramienta fundamental para el acceso al conocimiento y al relacionamiento con el mundo. “Es la única ventana que tenemos para poder tener relacionamiento con el mundo, es a través de los medios tecnológicos y en especial, lo más primario es el celular”, afirmó.

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Celulares y libros pueden coexistir, sostiene

El diputado hizo énfasis en la importancia de fortalecer la lectura y la comprensión a través de libros físicos, pero consideró que ambas herramientas pueden coexistir. “Creo que se puede mascar el chicle y cruzar la calle al mismo tiempo”, señaló.

Franco recordó que durante la pandemia miles de estudiantes dependieron de los teléfonos celulares para continuar sus actividades académicas y destacó que muchas familias realizaron grandes esfuerzos para acceder a estos dispositivos.

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“Llegamos a estar en actividades escolares a través de medio virtual gracias al celular”, indicó.

Asimismo, remarcó que los docentes también tuvieron que capacitarse para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas.

Niños de altas capacidades

Durante la entrevista con ABC Cardinal, el legislador relacionó la discusión sobre los celulares con la reciente aprobación de una ley destinada a niños con altas capacidades intelectuales, iniciativa de la cual fue proyectista.

Franco sostuvo que Paraguay debe apostar al desarrollo del talento y del conocimiento para generar innovación y crecimiento económico.

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“Tal vez tenemos un creador de otro Facebook entre algún niño de Ypehu. Tal vez tenemos un creador de una red social como Instagram en Yaguarón, o también tenemos un futuro creador de alguna aplicación que se pueda utilizar en un celular”, manifestó.

En ese sentido, señaló que muchas de las empresas más exitosas del mundo surgieron a partir de ideas desarrolladas mediante la tecnología y lamentó que el país no esté identificando ni potenciando adecuadamente a los niños con altas capacidades.

“Creo que desapegarnos a la tecnología podría ser un error”, advirtió.

“Mucho menos tienen una biblioteca”

Otro de los cuestionamientos del diputado fue la falta de infraestructura educativa en gran parte del sistema público.

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“Me gustaría que en todas las instituciones públicas del país se tenga una sala de informática”, afirmó. Además, hizo énfasis en que muchos colegios públicos ni siquiera cuentan con espacios adecuados para el aprendizaje tecnológico.

“¿Cuáles son los colegios públicos de Paraguarí o de Caazapá que tienen una sala de informática? Ni siquiera tienen, mucho menos tienen una biblioteca”, sostuvo.

Contradicción en el debate

Franco también criticó lo que considera una contradicción entre los discursos sobre innovación tecnológica y la intención de restringir el uso de celulares en las escuelas.

“Primero debemos nosotros acercarnos más a la tecnología”, señaló.

“Estamos hablando de instalar una binacional de inteligencia artificial en la República del Paraguay, pero acá en la República del Paraguay queremos prohibir el uso celular a los niños en las instituciones. Me parece una contradicción”, agregó.

Finalmente, insistió en que el desarrollo del país pasa necesariamente por una mayor inversión en educación. “Es el único camino por donde podemos llegar a desarrollar nuestro país, a través de mucha educación”, concluyó.

Además, las líneas E1, E2 y E3 permiten combinaciones entre sí, ampliando las opciones de viaje en el marco de la integración tarifaria impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT).

Este esquema de integración incluye a 26 empresas permisionarias del transporte público, cuyos servicios se encuentran habilitados para realizar transbordos con los buses eléctricos.

Tras fijarse tarifa, empresa incorporará 40 buses eléctricos: este será el itinerario

Entre las líneas incorporadas se encuentran:

• 1° de Diciembre S.R.L: línea 41
• 16 de Noviembre S.R.L: línea 233
• 3 de Febrero S.A: línea 454
• Aldana S.A: líneas 21 y 96
• Asociación de Usuarios S.A: línea 40
• Automotores Guaraní S.R.L: líneas 15 y 47
• Capiatá S.R.L: líneas 53, 58 y 128
• Cerro Koi S.A: línea 110
• Ciudad de Limpio S.R.L: línea 34
• Ciudad de Luque S.R.L: línea 5
• Ciudad de Villeta S.A: línea 232
• De la Conquista S.A: líneas 31 y 8
• El Bus S.A: línea 35
• General Aquino S.R.L: línea 28
• Grupo Bene S.A: líneas 11 y 203
• La Chaqueña S.A.T.C: línea 5
• La Limpeña S.R.L: líneas 20, 49 y 220
• La Lomita S.A: línea 88
• La Sanlorenzana S.A: líneas 45, 50 y 56
• Mariscal López S.R.L: línea 38
• Ñandutí S.R.L: líneas 165 y 27
• Puerto Falcón S.A: línea 101
• San José Obrero SA: línea 187
• TTL S.A: líneas 23, 24 y 33
• Vanguardia S.A.C.I: línea 30
• GMT y T S.R.L: línea 54

Así se accede al transbordo

Los usuarios que utilicen cualquiera de las líneas habilitadas podrán acceder al transbordo al subir posteriormente a los buses eléctricos, operados por el Consorcio Arapoti en las líneas E1, E2 o E3, de forma completamente gratuita, dentro de una ventana de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje.

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En ese lapso se permiten hasta dos transbordos, lo que significa que se puede combinar un viaje inicial con hasta dos transbordos en un máximo de 120 minutos.

Asimismo, dentro de la red de electromovilidad, también se podrán realizar combinaciones entre las líneas E1, E2 y E3 entre sí, ampliando las opciones de conexión y cobertura.

El sistema opera con validaciones automáticas que reconocen cada viaje y aplican los beneficios tarifarios correspondientes, permitiendo al pasajero completar su recorrido de manera más ágil, ordenada y sin pagos duplicados.

El Gobierno del Paraguay impulsa la modernización del transporte público con medidas que mejoran la movilidad de los ciudadanos. La incorporación de buses eléctricos y la integración tarifaria amplían las opciones de viaje, promoviendo un servicio más accesible, eficiente y sostenible para el área metropolitana.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, la fiscal Rolón comentó que presentó la denuncia luego de una audiencia pública por una causa en la que Campuzano tiene parte como abogado litigante, llevada a cabo el pasado 4 de junio, durante la cual supuestamente el letrado lanzó repetidos insultos y mostró una actitud amenazante contra la representante del Ministerio Público.

“Fui atacada directamente en mi condición de mujer como representante del Ministerio Público, el abogado no quería que yo tome la indagatoria, siendo que ese es mi trabajo”, relató. “Me insultaba, me gritaba, me decía que no tenía por qué hacer preguntas. En un momento se paró gritando y los asistentes fiscales se pararon para atajarle, se me abalanzaba”.

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La fiscal manifestó que Campuzano “constantemente recurre a este tipo de prácticas” y que magistrados y fiscales de Paraguarí frecuentemente se apartan de causas en las que el abogado es parte.

Afirmó que, en una ocasión, el año pasado, “llevó a personas para intimidar a fiscales y asistentes” en la sede regional del Ministerio Público en Paraguarí.

“Se pasó de los límites”

La fiscal Rolón ratificó su postura de que Campuzano ejerció violencia de género en su contra y señaló que no manifestó la misma actitud violenta contra ningún hombre en la audiencia.

Agregó que las “puteadas” en el ámbito judicial son frecuentes, particularmente entre las defensas y el Ministerio Público. “No soy de esas feminazis que se sienten ofendidas por cualquier cosa que les dicen los hombres”, añadió. “Siempre he trabajado con hombres y nunca tuve problemas”.

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Pero insistió en que Campuzano “se pasó de los límites”.

Comentó también que el abogado es conocido por denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados especialmente a mujeres magistradas y afirmó que ella misma tiene una denuncia en esa instancia judicial, la cual desconocía hasta hace poco.

Abogado niega acusación

El abogado Jorge Campuzano, por su parte, negó las acusaciones de agresión verbal y afirmó que la denuncia en su contra es una “represalia” de la agente fiscal debido a que sus clientes en la causa que involucra a ambos, relacionada a un supuesto hecho de invasión de un inmueble privado, la denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de sus funciones.

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Sin embargo, la jueza Rosana Leticia Vouga resolvió admitir la denuncia de la fiscal Rolón y dar inicio a un procedimiento especial de protección previsto en la Ley 5.777 de Protección Integral a las Mujeres, prohibiendo a Campuzano proferir insultos, amenazas, descalificaciones o cualquier otra conducta que pueda constituir violencia verbal, psicológica, física o emocional contra la fiscal.

También prohibió al abogado acercarse físicamente a la agente fiscal o a su domicilio particular.

Las lluvias se extenderían al menos durante el viernes, acompañadas por tormentas eléctricas en la mayor parte del país. El sábado, las precipitaciones persistirían solo en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14 en Asunción.

Sin embargo, se espera que los índices vuelvan a bajar en los próximos días. El viernes, la máxima en la capital sería de 19 grados, con una mínima de 15, mientras que las mínimas serían de 11 y 10 grados el sábado y el domingo, respectivamente.

El procedimiento culminó con la aprehensión de Diego Rafael Ullón, de 27 años, quien fue denunciado por supuestamente exhibir sus genitales frente a niños que se encontraban jugando dentro de una vivienda.

Según el informe policial, la intervención se produjo luego de una llamada al sistema 911 que alertó sobre la presencia de una persona realizando actos obscenos en la vía pública.

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Video captó los movimientos del sospechoso

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, imágenes de circuito cerrado muestran al sospechoso llegar al lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, descendió del biciclo y se acercó al tejido de una vivienda donde se encontraban varios menores.

Las grabaciones revelan que el hombre habría intentado llamar la atención de los niños y luego se trasladó hasta el frente de la casa, donde presuntamente realizó actos de exhibicionismo.

El episodio terminó cuando una de las menores lanzó un grito que alertó a su padre, quien salió de la vivienda para verificar lo que ocurría.

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El padre intervino y evitó la fuga

El denunciante logró interceptar al sospechoso cuando este intentó retirarse del lugar.

Tras reducirlo, dio aviso al sistema 911 y agentes del cuadrante acudieron en cuestión de minutos para concretar la aprehensión.

El subcomisario Livio Brizuela confirmó que al llegar al sitio encontraron al hombre ya retenido por el padre de los menores.

“Gracias al pedido de auxilio de las criaturas, el papá se percató de la situación y pudo reducir a este sujeto”, señaló.

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Sospechoso negó los hechos

Durante las primeras averiguaciones, el aprehendido manifestó a los policías que únicamente se encontraba orinando en la vía pública.

Sin embargo, el jefe policial afirmó que esa versión no coincide con las imágenes obtenidas durante la investigación.

“En el video se observa que en ningún momento estaba realizando una necesidad fisiológica. Al contrario, estaba exhibiéndose frente a los menores”, sostuvo Brizuela.

Los intervinientes también indicaron que el hombre se encontraba lúcido y que no presentaba aparentes signos de estar bajo efectos de alcohol o sustancias estupefacientes.

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Madre afirma que ya lo había visto antes

Otro dato que llamó la atención de los investigadores surgió durante la declaración de la madre de los menores.

Según relató el subcomisario, la mujer aseguró haber observado al mismo individuo en otras ocasiones merodeando frente a la vivienda.

Esa información, sumada a las imágenes de circuito cerrado y al testimonio del denunciante, fue incorporada a los antecedentes remitidos al Ministerio Público.

El sospechoso manifestó que trabaja en una panadería y que pasaba por la zona en el momento del hecho. Los agentes verificaron que llevaba consigo una bolsa de pan, aunque aclararon que ese elemento no guarda relación con la conducta denunciada.

Fiscalía dispuso que permanezca detenido

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Juan Marcelo García de Zúñiga, quien ordenó la permanencia del aprehendido en la sede policial.

Además, dispuso la incautación de la motocicleta en la que se desplazaba y la remisión de todos los antecedentes a la unidad fiscal correspondiente.

Los detenidos son un adolescente de 17 años, y Mauricio Samuel Bogarín Bogarín, de 18 años. Ambos fueron interceptados durante una patrulla preventiva realizada en el barrio San Francisco de Asís.

Según el informe policial, los uniformados lograron identificarlos tras una investigación apoyada en imágenes de circuito cerrado y en la descripción proporcionada por las víctimas.

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Los vinculan a varios hechos delictivos

El oficial Blas Quintana explicó que la intervención se realizó en seguimiento a una denuncia por supuesto robo agravado.

Indicó que los sospechosos ya eran conocidos por la Policía debido a su presunta participación en otros hechos ocurridos en el sector.

Entre los casos atribuidos a ambos figuran hurtos domiciliarios, robo de bicicletas y sustracción de teléfonos celulares.

“Ya en reiteradas ocasiones realizamos procedimientos referentes a casos donde esta persona está involucrada”, señaló el uniformado al referirse al adolescente.

Menor con antecedentes y cuestionamientos al sistema

De acuerdo con los registros policiales, el menor aprehendido posee antecedentes por hurto correspondientes al año 2025.

El oficial Quintana afirmó que, pese a intervenciones anteriores, el adolescente recuperó su libertad en distintas ocasiones debido a su condición de menor de edad.

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Hallaron un celular robado y un cuchillo

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder de los sospechosos un teléfono celular y un arma blanca.

Según la denuncia, el aparato sería producto del último hecho investigado.

La Policía presume además que el cuchillo habría sido utilizado para cometer el robo agravado denunciado por la víctima.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos admitieron ante los intervinientes haber participado en el hecho que estaba siendo investigado.

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Cámaras ayudaron a identificarlos

La investigación avanzó gracias a imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona.

Las grabaciones permitieron identificar al adolescente como el presunto autor del ingreso a una vivienda durante la madrugada para sustraer un teléfono celular.

Asimismo, Mauricio Samuel Bogarín fue observado en registros de video relacionados con el robo de una bicicleta denunciado anteriormente.

La Policía sostiene que ambos actuaban juntos y que frecuentemente eran vistos en compañía mutua cuando se registraban hechos delictivos en el barrio.

Fiscalía ordenó que permanezcan en la comisaría

El caso fue comunicado a la fiscal Sussy Riquelme, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la sede policial en libre comunicación mientras se remiten los informes correspondientes al Ministerio Público.

Las autoridades continúan investigando la posible participación de ambos en otros hechos denunciados en Zeballos Cue, una zona cuyos vecinos vienen reclamando mayores respuestas ante la reiteración de hurtos y robos domiciliarios.

En diciembre de 2025 llegó a US$ 3.459 millones y, ya en 2026, avanzó a US$ 3.622 millones en enero, US$ 3.828 millones en febrero, US$ 3.849 millones en marzo, US$ 4.172 millones en abril y US$ 4.359 millones en mayo. Solo entre marzo y mayo de 2026, el incremento fue de US$ 510 millones.

Por tipo de instrumento, los Depósitos a la Vista fueron el componente con mayor dinamismo. Pasaron de US$ 819 millones en marzo de 2025 a US$ 2.011 millones en mayo de 2026, implicando un aumento de US$ 1.192 millones, equivalente a una expansión de 145,5%.

El salto también es relevante en términos interanuales: frente a mayo de 2025, cuando se ubicaban en US$ 937 millones, el saldo creció en US$ 1.074 millones. Esta categoría adquirió mayor peso dentro de la estructura total de recursos públicos.

Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) conservaron una posición central dentro del total. En marzo de 2025 sumaban US$ 1.470 millones y en mayo de 2026 llegaron a US$ 2.053 millones, con un aumento de US$ 583 millones, equivalente a 39,7%.

En mayo de 2026, los CDA representaron el mayor componente individual, apenas por encima de los depósitos a la vista. Entre ambos instrumentos alcanzaron US$ 4.064 millones, lo que muestra que la mayor parte de los recursos públicos depositados se concentra en estas dos modalidades.

Las Cuentas Corrientes tuvieron una incidencia menor y una evolución más estable. El saldo pasó de US$ 244 millones en marzo de 2025 a US$ 296 millones en mayo de 2026, con una suba de US$ 52 millones.

Durante el período, este componente osciló entre US$ 233 millones en diciembre de 2025 y US$ 296 millones en enero, abril y mayo de este año. Su participación dentro del total se mantuvo reducida frente al volumen de los CDA y los Depósitos a la Vista.

La comparación interanual confirma la magnitud del crecimiento. En mayo de 2025, los recursos públicos depositados en el sistema financiero sumaban US$ 2.690 millones.

Un año después, alcanzaron US$ 4.359 millones con un incremento de US$ 1.669 millones, equivalente a 62,0%. En ese mismo período, los Depósitos a la Vista aumentaron de US$ 937 millones a US$ 2.011 millones, los CDA de US$ 1.508 millones a US$ 2.053 millones y las Cuentas Corrientes de US$ 245 millones a US$ 296 millones.

Finalmente, el aumento de los fondos públicos en el sistema financiero revela una posición de liquidez relevante, pero también plantea interrogantes sobre la eficiencia en el uso de esos recursos.

Que el saldo haya crecido 72,1% entre marzo de 2025 y mayo de 2026, con US$ 4.359 millones inmovilizados, en gran parte en Depósitos a la Vista y CDA, sugiere una gestión prudente, aunque posiblemente conservadora.

En un contexto de demandas sociales, inversión pública pendiente y presión fiscal, la acumulación de recursos exige mayor transparencia sobre su destino, rendimiento y oportunidad, para evitar que la disponibilidad financiera conviva, ciertamente, con necesidades públicas insatisfechas.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

Mismos rostros, pero...

El cotejo de los contratos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deja al descubierto que los grandes beneficiados con este incremento son las empresas representadas por Mariela Carolina Molas y José Manuel González. Ambos empresarios acumulan graves denuncias ante los entes de control por supuestamente abonar a sus trabajadores asignados al Hospital Central remuneraciones significativamente inferiores al salario mínimo legal vigente (G. 2.899.048).

El 29 de diciembre de 2023, el grupo empresarial liderado por Molas y González aseguró un contrato de G. 19.704 millones por un periodo de seis meses bajo el nombre de Consorcio Central. El desglose de precios de aquella adjudicación estipulaba un costo mensual por cada limpiador de entre G. 6,9 millones y G. 8,9 millones.

El salto de precios

El 7 de noviembre de 2024, tras completarse la licitación con ID 446.505, González y Molas volvieron a firmar un millonario acuerdo con el IPS. Sin embargo, para este nuevo llamado recurrieron a un cambio de denominación. Dejaron de operar como Consorcio Central y pasaron a ser Consorcio Hospiclean.

A la par del cambio de nombre, los empresarios aplicaron un ajuste en sus pretensiones económicas. Los costos que 11 meses atrás promediaban un techo de G. 8 millones treparon a un rango de entre G. 8,9 millones y G. 9,5 millones por personal cada mes. En concreto, el incremento neto tolerado por el IPS en ese breve lapso osciló entre G. 1.358.400 y G. 2.129.811 por cada puesto.

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La sospecha del manejo de los servicios tercerizados en la previsional cobró fuerza con las últimas denuncias arrimadas a la DNCP. Los reclamos formales sostienen que Hospiclean abona sueldos de “miseria” a sus trabajadores en los pasillos del hospital, pero declara montos muy superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del propio IPS para simular una falsa legalidad y sortear los filtros licitatorios. “El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente, no presenta las documentaciones exigidas para acreditar el cumplimiento del pago”, dice el documento.

La UOC justifica costos

La directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del IPS, Priscila Flor, justificó los elevados montos alegando que lo contratado responde a un “servicio integral de limpieza”. Según la funcionaria, los G. 9,5 millones por empleado no corresponden estrictamente al salario del limpiador, sino que el costo total absorbe cargas sociales, vacaciones, aguinaldos, provisión de desinfectantes, insumos químicos de alta complejidad y hasta la logística de dos vehículos.

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Sin embargo, las explicaciones técnicas de la previsional colisionan con la evidencia documental.

En el Dictamen UOC N° 86/24, emitido el 1 de julio de 2024 para establecer el precio referencial para el último llamado a licitación, la estructura de costos no detalla ninguno de los ítems citados por Flor.

El documento oficial simplemente estipula de forma genérica los precios referenciales tasados directamente “por personal de forma mensual”. A partir de ese monto por personal se establecieron los montos de los contratos.

Bomberos Voluntarios de la Décimo Segunda Compañía del CBVP acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre el siniestro. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron a la víctima con lesiones severas provocadas por el fuego.

Según informó la capitana Karina Acosta, cuando la ambulancia de la compañía llegó al sitio, una unidad del Hospital Nacional que circulaba por la zona ya estaba prestando asistencia al afectado.

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Intentaron reanimarlo durante el traslado

De acuerdo con el relato de la bombera, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional mientras los rescatistas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Acosta explicó que la víctima presentaba signos críticos desde el momento del rescate y que el personal de emergencia mantuvo los esfuerzos de reanimación durante todo el trayecto.

Sin embargo, una vez en el centro asistencial, los médicos confirmaron su fallecimiento.

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Presentaba quemaduras de cuarto grado

La capitana detalló que Ramón Agüero sufrió quemaduras de extrema gravedad en gran parte del cuerpo.

Indicó que las lesiones alcanzaban el cuarto grado en las extremidades, con signos de calcinación en algunas zonas.

“Prácticamente todo el cuerpo estaba con quemaduras”, señaló la integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

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El fuego se habría concentrado en la cama

Los primeros bomberos que ingresaron a la vivienda encontraron al hombre sobre un colchón, en el sector donde se desarrollaba el incendio.

Según los datos preliminares recabados por los intervinientes, la parte más afectada por las llamas habría sido la cama y el área inmediata donde se encontraba la víctima.

Los rescatistas procedieron a retirarlo del inmueble para facilitar la asistencia médica mientras continuaban las tareas de extinción del fuego.

Causa del incendio sigue sin determinarse

Hasta el momento, las circunstancias que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

Bomberos señalaron que aún no se pudo establecer qué provocó el fuego ni cómo se inició dentro de la vivienda.

La senadora disidente Lilian Samaniego utilizó su intervención para marcar distancia de algunos de los principales ejes del discurso presidencial y advertir sobre problemas que, según afirmó, siguen sin resolverse pese a los anuncios del Gobierno.

Aunque destacó algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y recordó que el sector que representa acompañó proyectos presupuestarios y préstamos solicitados por el Gobierno, la legisladora planteó una serie de reclamos relacionados con salud pública, seguridad y producción.

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“Los hospitales no funcionan sin médicos ni medicamentos”

Uno de los cuestionamientos más directos estuvo dirigido al sistema sanitario.

Samaniego reconoció el impulso dado por el Gobierno a la construcción de hospitales de referencia, pero sostuvo que la infraestructura por sí sola no resuelve las necesidades de la población.

“Reconocemos que usted impulsó la urgencia y la prioridad de construir hospitales de referencia, pero siguen faltando médicos y medicamentos”, expresó ante dirigentes colorados y autoridades nacionales.

Como ejemplo, mencionó la situación de Fuerte Olimpo, donde, según relató, el hospital local no cuenta con anestesista, lo que impide la realización de cirugías.

La senadora sostuvo que este tipo de carencias reflejan una realidad persistente en el interior del país, donde los pacientes continúan enfrentando largas distancias y esperas para acceder a atención especializada.

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Reclamo por familias que no llegan a fin de mes

Durante su intervención, la legisladora también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares paraguayos.

Aludiendo al anuncio presidencial sobre el aumento del salario mínimo del 5%, manifestó su deseo de que los beneficios lleguen efectivamente a las familias que enfrentan problemas para cubrir el costo de vida.

“Ojalá que ese 5% permita que cada familia paraguaya tenga una canasta familiar acorde a sus ingresos mensuales”, señaló.

La observación surge en un contexto en el que diversos sectores cuestionan que los indicadores macroeconómicos exhibidos por el Gobierno no siempre se traducen en mejoras concretas para los trabajadores y sectores más vulnerables.

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Productores reclaman mayor respaldo estatal

Otro de los puntos abordados por Samaniego fue la situación de los productores.

La legisladora afirmó que, durante sus recorridos por distintos departamentos, percibe un creciente malestar de trabajadores del campo que consideran insuficiente el acompañamiento estatal.

“Los productores no sienten que el Estado acompañe su sacrificio”, sostuvo.

Según indicó, existe una demanda permanente para que el Gobierno facilite condiciones que permitan aumentar las exportaciones, mejorar la competitividad y generar mayores ingresos para las familias vinculadas a la producción.

Seguridad y falta de diálogo dentro del Partido Colorado

La senadora también alertó sobre la preocupación ciudadana en materia de seguridad.

Afirmó que los paraguayos reclaman condiciones que les permitan trabajar, emprender y producir sin temor a la delincuencia.

“La seguridad es otra demanda de la ciudadanía. Seguridad para trabajar, para producir y para emprender sin miedo”, enfatizó.

Además, aprovechó el acto partidario para reclamar un mayor debate interno dentro de la ANR. En línea con otros dirigentes colorados que han cuestionado la concentración de decisiones en el oficialismo partidario, defendió la necesidad de fortalecer los espacios de discusión y diálogo entre los distintos movimientos.

La principal crítica provino de Diana Camarasa, representante de la Asociación Olfateando Huellas, quien calificó la decisión como un retroceso para los derechos de los animales y aseguró que no se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales de la legislación vigente.

“Se están pisoteando los derechos que tiene Canela”, afirmó la activista al referirse al fallo judicial.

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Cuestionan que no hubo responsables sancionados

Camarasa sostuvo que la resolución ignoró disposiciones legales relacionadas con el uso de pirotecnia por parte de menores de edad. Recordó que la perrita resultó gravemente herida tras la explosión de un cebollón que le provocó la pérdida de la mandíbula.

Según señaló, ninguna persona fue sancionada por lo ocurrido, pese a que la normativa prohíbe que menores manipulen este tipo de artefactos.

La activista también apuntó contra los propietarios originales del animal. Argumentó que no se valoró adecuadamente el deber de cuidado contemplado en la legislación de protección animal y que la lesión sufrida por Canela fue consecuencia de una falta de resguardo.

“Los responsables del cuidado no garantizaron su protección y por eso llegó a esta situación”, sostuvo.

Canela fue sometida a cirugía y recupera su mandíbula con una prótesis

Una recuperación inédita en Paraguay

El caso de Canela conmocionó al país por la gravedad de las heridas que sufrió y por el complejo proceso de recuperación que enfrentó posteriormente.

Tras varios meses de tratamiento veterinario, la perrita fue sometida a una cirugía inédita en Paraguay, mediante la cual recibió una prótesis mandibular para reemplazar el hueso perdido a causa de la explosión.

De acuerdo con Camarasa, Canela necesitará atención especializada durante toda su vida. Explicó que deberá alimentarse con comida procesada, recibir suplementos y someterse a controles veterinarios periódicos para monitorear el estado de la prótesis.

“Ella nunca más va a tener una vida normal. Requerirá cuidados especiales de por vida”, enfatizó.

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“Canela se convirtió en un símbolo”

Desde Olfateando Huellas consideran que el caso trascendió la historia individual de una mascota y se convirtió en un emblema de la lucha contra el maltrato animal y el uso irresponsable de la pirotecnia.

Camarasa recordó que otros animales víctimas de situaciones similares no lograron sobrevivir, por lo que considera que Canela representa un caso excepcional tanto por haber sobrevivido como por haber recibido una prótesis mandibular.

A criterio de la activista, precisamente por tratarse de un caso emblemático, las autoridades debieron enviar una señal más firme respecto a la aplicación de las leyes de protección animal y las responsabilidades derivadas de estos hechos.

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Críticas a la actuación de la Fiscalía

Las objeciones no se limitaron a la decisión judicial. La representante de la organización también expresó sorpresa por la postura asumida por el Ministerio Público durante el proceso.

Según indicó, fue la propia Fiscalía la que recomendó que Canela regresara con su propietaria original, una posición que considera incompatible con los antecedentes del caso.

“No porque la dueña no haya sido quien colocó la pirotecnia significa que no existió responsabilidad en el deber de cuidado”, argumentó.

La activista insistió en que el debate de fondo no debe centrarse únicamente en quién provocó directamente la explosión, sino también en las obligaciones que tenían los responsables del animal para evitar que estuviera expuesto a una situación de riesgo.

Reclaman mayor sensibilidad de jueces y fiscales

Finalmente, Camarasa pidió una mayor aplicación de las normas de protección animal y reclamó más empatía por parte de jueces y fiscales en casos de maltrato.

Sostuvo que con frecuencia los animales terminan soportando las consecuencias de hechos que quedan sin castigo para los responsables humanos.

“Los animales son seres sintientes y sus derechos deben ser garantizados. No puede ser que el único que termine pagando las consecuencias sea el animal”, concluyó.

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, Duarte señaló que el planteamiento del Poder Ejecutivo le provoca “tristeza” y “enojo”, al considerar que se aparta de las reglas consensuadas que rigieron durante casi una década y que, según sostuvo, contribuyeron a fortalecer la credibilidad del país ante inversionistas y organismos internacionales.

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Reclaman respeto a las reglas vigentes

El dirigente recordó que en 2016 fue modificado el artículo 255 del Código Laboral para establecer que el salario mínimo se reajuste anualmente en función de la variación interanual del IPC al cierre de mayo.

Según explicó, ese cambio fue producto de un acuerdo entre diversos sectores y permitió dotar de previsibilidad al sistema salarial. Añadió que la única excepción se produjo en 2020, durante la pandemia del covid-19, cuando se resolvió de forma consensuada suspender el ajuste debido a la crisis económica.

“Lo que dice la ley es claro. Si queremos hacer algo diferente, sentémonos y hablemos”, sostuvo Duarte al referirse a la posibilidad de aplicar un incremento superior al índice de inflación.

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Temor por el impacto económico

El presidente de la UIP insistió en que la discusión no pasa por determinar si el aumento es justo o insuficiente, sino por el respeto a las normas vigentes y a las variables económicas que sirven de base para la toma de decisiones empresariales.

Indicó que los gremios presentaron estudios técnicos ante el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), sustentados con datos oficiales del Banco Central del Paraguay y otros indicadores macroeconómicos. Según afirmó, esos análisis advierten sobre los efectos que podría generar una indexación superior a la prevista en la legislación.

Duarte sostuvo que un reajuste duplicado no solo afectaría al salario mínimo, sino también a múltiples costos vinculados a ese parámetro, generando presiones adicionales sobre las empresas y potenciales efectos inflacionarios.

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Piden diálogo con el Gobierno

A pesar de las críticas, el titular de la UIP afirmó que el sector privado mantendrá abiertos los canales de negociación con el Ejecutivo.

En ese sentido, destacó que el presidente Peña ya demostró capacidad para revisar decisiones gubernamentales, al aludir a los recientes cambios relacionados con decretos vinculados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“Voy a seguir dialogando y buscando consensos. No es un capricho. Tanto luchamos por la credibilidad del país, por la economía y por el empleo”, manifestó.

El empresario insistió en que cualquier medida destinada a mejorar los ingresos de los trabajadores debe ser analizada de manera integral, considerando sus efectos sobre la competitividad, la inversión y la generación de puestos laborales.

“El gran ganador debe ser el empleo”

Duarte afirmó que el debate no debe plantearse como una confrontación entre trabajadores y empleadores. A su criterio, la prioridad debe ser encontrar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida sin deteriorar el clima de negocios.

Sostuvo que Paraguay logró importantes avances en estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza y atracción de inversiones, logros que, según indicó, no deberían ponerse en riesgo mediante decisiones que alteren las reglas previamente acordadas.

Finalmente, remarcó que la mejor herramienta para reducir la brecha social sigue siendo la generación de empleo formal y de calidad. “No tiene que haber vencedores ni vencidos. El gran vencedor tiene que ser la economía y el trabajo”, concluyó.

La jueza Carmen Silva Bóveda fue acusada por los delitos de cohecho pasivo agravado (coima), prevaricato y frustración a la ejecución penal en grado de tentativa. Por su parte, la magistrada Ana Aguirre Núñez afronta cargos por cohecho pasivo agravado y prevaricato. Ambas formaron parte del tribunal penal que, de forma unánime, absolvió de culpa y reproche a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, sindicado como el autor intelectual del asesinato del periodista Leo Veras.

Magistrada, a disposición de “Lalo” a cambio de favores

La investigación fiscal, que se inició tras una imputación en diciembre de 2025, logró extraer conversaciones explícitas de la aplicación WhatsApp que exponen cómo las magistradas canjeaban fallos judiciales a cambio de favores políticos y ascensos de la mano de “Lalo” Gomes.

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El 9 de septiembre de 2021, la jueza Carmen Silva le escribió directamente al exdiputado Gomes para advertirle que las autoridades penitenciarias se oponían a trasladar a “Cachorrão” y que ella pretendía retener el expediente en la frontera para evitar el control de Asunción.

“No quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años”, redactó la magistrada Silva.

Finalmente, por Sentencia Definitiva Nº 136, de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, presidido por Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto, por unanimidad, absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

Dos votos seguros a cambio de impunidad en el JEM

El modus operandi criminal se extendía a otras causas, como el proceso por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba. El 12 de octubre de 2021, Silva Bóveda le avisó a “Lalo” Gomes que el juicio iniciaba ese día y le garantizó impunidad total ofreciendo el voto de su colega de tribunal.

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Solo tres días después, el 15 de octubre, la jueza Silva le envió fotografías de la sentencia al celular del exdiputado firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.

Filtración de la operación “Pavo Real Py I”

La jueza Carmen Silva habría frustrado operativos. Según la Fiscalía, la magistrada habría alertado con anticipación al diputado “Lalo” Gomes sobre la ejecución de la megaoperativo con “Pavo Real Py I”, llevada a cabo en julio de 2023.

Silva avisó a Gomes que las comitivas fiscales y policiales se preparaban para realizar 26 allanamientos simultáneos destinados a desmantelar el millonario esquema de lavado de dinero del capo narco Jarvis Chimenes Pavão.

Los asaltantes utilizaron explosivos para abrir las bóvedas del banco GNB y del banco Familiar, también para las del banco Ueno y de una casa de cambios, pero estos dos dispositivos no detonaron.

Hoy, los intervinientes detuvieron a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos, de los que uno fue encargado de dar de baja o ingreso a los explosivos y el otro es el explosivista.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que informó que ante las publicaciones y versiones que vinculan a Ramón Bogado, quien es agente penitenciario, con el hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Santa Rita, dispusieron la apertura de una investigación administrativa inmediata a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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“La institución actuará con la máxima rigurosidad, coordinando acciones directas y un trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público para el total esclarecimiento del caso. Asimismo, este Ministerio pondrá a disposición de los investigadores todos los antecedentes, informes pertinentes y legajos del personal que sean solicitados, garantizando una colaboración plena con la justicia”, aseguran.

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Agregan que en caso de confirmarse la participación o vinculación del funcionario en actividades ilícitas, se procederá a su inmediata desvinculación de la institución, sin perjuicio de las acciones penales y legales que correspondan.

“El Ministerio de Justicia reitera su firme compromiso con la transparencia, la legalidad y la depuración permanente del sistema penitenciario, no tolerando conductas que contravengan los principios y valores que rigen la función pública”, concluye el comunicado.

Luego de su detención, Ramón Bogado hizo declaraciones a medios de comunicación en las que negó estar involucrado en el aparente desvío de los explosivos.

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Bogado afirmó que él y el otro detenido forman parte de una “asociación” que se dedica a gestionar con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) la compra de explosivos para empresas que explotan canteras. Dijo que no se dedica a la manipulación directa de los explosivos.

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Según manifestó, su rol era recibir informes de los usuarios sobre cada uso de un explosivo y registrarlo en el sistema de la Digemabel, que exige que se mantenga un registro de cada artefacto explosivo utilizado en la explotación minera.

Bogado comentó que fue abordado ayer por personal de la Digemabel que le informó que los explosivos utilizados en Santa Rita son “de un lote que compramos”, pero afirmó estar en “total desconocimiento” sobre cómo los explosivos llegaron a manos de los asaltantes.

Ante la falta de respuestas, el pequeño tuvo que ser llevado al hospital de IPS Yrendague por un vecino en un vehículo particular, donde lamentablemente habría ingresado sin signos de vida. El caso ya provocó la apertura de una auditoría médica externa, el relevo de la Policia de la zona y la convocatoria a una manifestación.

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Jennifer Paredes, madre del pequeño, relató que su hijo, el domingo pasado, padecía de un cuadro febril. Tras una primera atención y leve mejoría, el lunes a la tarde la salud del niño empeoró y manifestó fuertes dolores en la pierna y en la ingle, debilidad extrema y sudoración.

Cerca de las 21:00 de ese lunes, la mujer regresó de urgencia al Centro Distrital de José Falcón. “Mi hijo estaba débil, no se podía ni sentar. En el hospital la licenciada intentó ponerle una vía y no pudo. El doctor solo preparó agua con sal, me dijo que estaba súper deshidratado y me dio una orden de estudios. No pudieron determinar que mi hijo estaba grave, no me ofrecieron la ambulancia ni el oxígeno”, lamentó la madre durante una entrevista por la SNT.

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Al ver que la situación era crítica y que el hospital local no le brindaba soluciones por falta de equipos de radiografía y laboratorio, la mujer corrió hasta la Comisaría 6.ª de Puerto Falcón. Según su denuncia, el personal de guardia le negó el auxilio con la patrullera y mencionaron a la madre que era “imposible” realizar el traslado.

Finalmente, tras valerse de la solidaridad de una amiga y un vecino, lograron llevar al niño al IPS, pero ya fue tarde.

Salud dice que había ambulancia y ordena una auditoría externa

El director del Centro Distrital de José Falcón, Dr. Luis Aquino, confirmó el inicio de una auditoría médica externa para deslindar responsabilidades y determinar si el médico tratante cometió un error de diagnóstico.

El directivo refirió que, según el reporte del profesional de guardia, el niño presentaba “signos vitales estables y saturaba bien”, por lo que no se consideró un criterio de traslado de urgencia médica.

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Aquino explicó que el médico ordenó estudios ambulatorios, como una radiografía, un laboratorio y un hisopado para detectar virus respiratorios o arbovirosis, y que, como la familia contaba con seguro social, se coordinó que fueran al IPS.

Sin embargo, admitió que la ambulancia con oxígeno y el chofer estaban disponibles en el predio del hospital en el momento en que la madre retiraba al paciente por sus propios medios.

Agentes policiales están bajo investigación

El director de Prevención de Presidente Hayes, comisario Mariano Sosa, extendió un pedido de disculpas público a la familia en nombre de la institución y reconoció que existieron fallas graves en el protocolo de asistencia.

“Lo primero que se determinó es que el jefe de la Comisaría de Falcón fue relevado de su cargo de forma inmediata. El personal que estuvo de guardia ya fue apartado y quedó a disposición de Asuntos Internos y de la justicia ordinaria”, confirmó el comisario Sosa.

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Por su parte, el comisario Gilberto Palacios, uno de los jefes de la Comisaría Sexta de Puerto Falcón, expresó a ABC que estaban predispuestos a ayudar, pero que debido a la desesperación, la madre ya se había retirado rápidamente del lugar en busca de otra alternativa de transporte.

La ciudadanía falconense anunció una movilización pacífica frente a la sede de la Comisaría 6.ª para este jueves a las 08:00.

La incautación de los fusiles es considerada la mayor de la historia realizada por la PRF. Los reportes oficiales indican que, cerca del mediodía, los agentes abordaron a un conductor de 28 años que manejaba un camión cargado con insumos para ración animal. El vehículo había salido de Argentina con destino al estado de Minas Gerais.

Caso Dakovo: capturan en Ciudad del Este a presunto integrante de red de tráfico de armas

El conductor mostró un evidente nerviosismo durante el control y, ante una inspección más minuciosa, confesó a los policías que estaba transportando armas. Durante la búsqueda, los agentes encontraron una gran cantidad de armas y piezas ocultas dentro de la cabina del vehículo.

Tras la extracción y el ensamblaje de las armas, se contabilizaron 26 fusiles (22 calibre 5,56 mm y cuatro calibre 7,62 mm), 898 municiones calibre 7,62 mm, 16 pistolas (14 calibre 9 mm y dos calibre .40), 4.150 municiones calibre 9 mm y 127 cargadores.

Entre las armas se destaca la presencia de dos fusiles AK-47, un armamento de infantería ampliamente utilizado por grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares y organizaciones criminales.

Debido a su bajo costo y confiabilidad en condiciones extremas, se convirtió en uno de los fusiles más difundidos en el mundo y también en uno de los más utilizados por organizaciones del crimen organizado.

Operación Andina: tres van a juicio por supuesto tráfico de armas

Ante los hechos, el conductor fue detenido y trasladado a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú para el registro del caso por tráfico internacional de armas de fuego, delito que puede ser castigado con una pena de hasta 16 años de prisión.

El operativo se realizó en el marco del Programa Brasil Contra el Crimen Organizado, una estrategia del Ministerio de Justicia destinada a debilitar la estructura financiera y operativa de las facciones criminales mediante un control más riguroso y acciones integradas para desarticular la logística de las organizaciones delictivas.

¿Fragmentos de meteoros cayeron en Paraguay anoche?

A pesar de la presencia de algunas nubes bajas, el fenómeno pudo ser apreciado a simple vista. En comunicación con ABC, Rodrigo Servín, conocido difusor de la astronomía en Paraguay, explicó que, aunque desde nuestra perspectiva terrestre los astros parecen estar pegados, la realidad espacial es muy distinta.

Servín señaló que la noche de este miércoles representa el momento de máximo acercamiento visual de la conjunción. Con el correr de las horas y a partir de mañana, los cuerpos celestes comenzarán a distanciarse ante los ojos de los observadores.

“Están a millones de kilómetros de distancia entre sí. Desde la Tierra lo vemos como si estuvieran pegados por un efecto óptico de nuestro punto de observación, nada más que eso. Mañana cada uno sigue su camino en el mes y la posición va a cambiar”, aclaró el especialista para desmitificar que exista una cercanía real en el espacio.

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Servín comentó que estos fenómenos son cíclicos y comunes. De hecho, reveló que la noche anterior (martes) se produjo una conjunción con Mercurio, la cual pasó desapercibida debido a que dicho planeta se oculta muy rápido en el horizonte una vez que oscurece.

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Un dato curioso que dejó el análisis del experto es cómo cambia la visualización de la conjunción según la ubicación geográfica del observador. Aunque el fenómeno ocurre el mismo día para todos los habitantes de la Tierra, el paisaje cambia de acuerdo al hemisferio.

• En Paraguay, Hemisferio Sur: La disposición de la Luna creciente junto a los planetas forma una silueta similar a una sonrisa o “carita feliz”.
• En el Hemisferio Norte: El fenómeno se observa de forma invertida, aseimilándose más bien a una “ceja” o estructura hacia abajo.

“Antes la gente no le daba tanta atención a estos eventos. Hoy tengo el teléfono lleno de mensajes de personas sorprendidas por lo hermoso que se ve el cielo. Es fantástico que volvamos a mirar hacia arriba”, reflexionó Servín.

En la sala de sesiones de la Junta de Gobierno, el presidente Santiago Peña, acompañado de sus ministros del Poder Ejecutivo, dio un largo discurso, con varios pasajes, visiblemente molesto por las críticas a su Gobierno.

Inició su alocución, diciendo que aborrece las divisiones y citó al fundador del Partido Colorado, Gral. Bernardino Caballero. Dijo que “llama a la concordia y a la construcción de la paz”.

Aseveró que “aquellos profetas de la división le quieren ver pelear” con Horacio Cartes

“Por eso no permitimos que grupos económicos y mediáticos, con intereses mezquinos, que buscan la división. Aborrecemos las peleas. A ellos no les gusta este abrazo, no les gusta la democracia”, aseveró.

Dijo que ciertos conglomerados económicos y mediáticos tienen el “sueño del fin de los partidos políticos”. Ellos sueñan con el fin de los partidos, porque son mezquinos. Sueñan con la ausencia de los partidos políticos porque con partidos políticos débiles, pueden imponer sus agendas empresariales y mediáticas. La democracia no les viene bien", manifestó Peña.

Seguidamente, el presidente de la República dijo que desde el Partido Colorado justifica su presencia en el poder y afirmó que luchará para que la democracia sea modelo de elección

“Les digo a estos medios de comunicación que se retiran de la sala para no escuchar mi discurso, que somos el partido político más democrático del país. No como esos partidos que hacen encuestas por urnas delivery y resuelven candidatos entre cuatro paredes", aseveró.

Agregó: “Donde haya odio, traeremos construcción, amor y devoción. El coloradismo está en su mejor momento”.

También dijo que los medios de comunicación y ciertos intelectuales están fuera de la “realidad”.

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Ejes de su informe ante la ANR

• Crecimiento Económico Histórico: Se destaca el crecimiento del PIB del 6,6% alcanzado en 2025 y proyectará un escenario donde Paraguay continuará liderando el desarrollo en la región.
• Generación de Empleo: La creación de más de 242.000 nuevos puestos de trabajo, lo que impulsará una mayor formalización laboral y apuntará a mantener el desempleo en el mínimo histórico del 3,6%.
• Reducción de la Pobreza: Las cifras de los programas sociales que ubican la pobreza total en un 16% y la pobreza extrema en un 2,4%.
• Seguridad y Defensa: Incorporación de 15.000 nuevos agentes policiales junto con una mayor dotación de equipamiento para la institución. Además, la modernización militar con la incorporación de aviones Super Tucano y radares de vigilancia aérea para proteger la soberanía.
• Inversión sin Precedentes en Salud: Ejecución de más de 500 millones de dólares destinados a la mayor renovación de la infraestructura hospitalaria en décadas. Se destacan las construcciones del nuevo Hospital de Itauguá, así como los nuevos hospitales generales en Concepción, Curuguaty, Mariscal Estigarribia, Asunción, Santaní y del Este.
• Innovación y Tecnología: Proyecto “Yguazú Digital” en alianza con Taiwán, el cual construirá uno de los centros soberanos de inteligencia artificial más grandes del mundo y posicionará al país como el principal hub tecnológico del Cono Sur.

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Enumeró logros

En su discurso, Peña hizo un largo recuento de su gestión en el Poder Ejecutivo. Dijo que Paraguay, desde hace tres años, vive el “mejor momento económico de la historia”.

“Nunca antes, tuvimos inversiones extranjeras. Nunca antes una clase media en expansión. Nunca antes estuvimos en la vidriera internacional. No es casualidad, es fruto de la estabilidad del Partido Colorado”, expresó.

Dijo que la ANR trajo la democracia e instaló los derechos fundamentales. Indicó que, luego de sentar las bases republicanas, en los últimos años ahora la economía crece.

Según Peña, en el país hay un crecimiento económico por encima del 4 por ciento. “Es algo inédito en la era democrática, solo alcanzado en el periodo de la construcción de Itaipú. Pero a los visionarios del derrotismo les tengo una mala noticia, el Paraguay seguirá creciendo de la mano del Partido Colorado”, subrayó.

Siguiendo con sus logros, dijo que “la microeconomía sí le llega a la gente”.

Ataque en Santa Rita

En otro momento de su alocución, Peña se refirió al ataque con bombas a entidades financieras en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Dijo que el “Estado no se repliega” ante bandas criminales. “No, nos replegaremos. Perseguiremos de manera implacable”, sostuvo.

En otro momento, según el titular del Poder Ejecutivo, Paraguay ya no es corredor de la cocaína con destino a Europa. Mencionó que se golpeó al crimen organizado.

Sigue tiroteando al gobierno anterior

Como es recurrente desde hace tres años, Santiago Peña volvió a recordar en varios pasajes de su discurso al gobierno colorado de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

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Dice que “le duele” el sistema de salud y el reclamo de Cartes

Peña también se refirió al sistema de salud pública. Dijo que hay muchas necesidades y que es “consciente”.

“Siento el dolor por el sistema de salud, mientras haya un paraguayo que no sea atendido en su salud.”, manifestó el mandatario.

Sobre el punto, Horacio Cartes le exhortó al fortalecimiento del sistema de salud, personal de blanco, insumos y medicamentos todo el año. “La salud constituye un derecho fundamental. Nunca más un paraguayo debe privarse de una atención médica, la mejora de la infraestructura, recursos humanos. Más acciones concretas para mejorar la calidad de vida. La salud debe ser una causa nacional que llegue a todo país", expresó Cartes.

Finalmente, la Junta de Gobierno aprobó de manera unánime el informe de gestión de Peña.

Lea a continuación el discurso completo de Santiago Peña en la ANR:

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Basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay, que registró un 2,4% de inflación acumulada, el ajuste legal estricto hubiese sido de unos G. 69.577; sin embargo, mediante una decisión política, el mandatario optó por fijar la suba en un 5%, equivalentes a G. 144.952 más al mes.

En caso de confirmarse lo anunciado por el mandatario, el salario mínimo quedaría en G. 3.044.000.

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Costo de vida es de más de G. 7 millones, sostienen

La CCC repudia esta cifra y sostiene que “ni siquiera alcanza para comprar tres kilos de carne”. El gremio presentó estudios propios que demuestran que el costo de vida real para el sustento mensual de un hogar paraguayo asciende actualmente a G. 7.614.000, una brecha abismal en comparación con el piso legal modificado.

Acusaron al Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo, a los empresarios y a las que denominaron “dirigencias entreguistas de las centrales obreras” de haberse negado rotundamente a entablar un debate abierto, democrático y transparente sobre el verdadero encarecimiento de la canasta básica familiar.

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La organización criticó además el carácter “autoritario y antidemocrático” de la medida. Desde su perspectiva, mantener la actual fórmula de cálculo para el sueldo básico perpetúa de manera deliberada la pobreza y la falta de oportunidades para los sectores obreros del sector privado. “Nos mantenemos en lucha contra esta estafa a la clase obrera y a los trabajadores”, sostienen.

Se prevé que el Poder Ejecutivo formalice el reajuste mediante la firma del decreto presidencial entre los días 19 y 20 de junio, estableciendo de manera oficial el nuevo salario mínimo que regirá en todo el territorio nacional a partir del próximo mes de julio.

Para finalizar, la organización lanzó una convocatoria abierta a todos los sectores laborales y movimientos sociales para movilizarse en las calles de manera inmediata, con el objetivo de repudiar este posible decreto y exigir una recomposición salarial digna.

Al respecto, Santa María ratificó que “por supuesto” continuará con su denuncia judicial tras ser atacado físicamente.

También desmintió que el incidente se debió a demoras en la atención, ya que según su testimonio, en ese momento no había una de saturación de pacientes, ya que solo tres personas aguardaban atención con una espera que no superaba los 20 minutos.

Durante el incidente, personal de seguridad y de admisión intervino para retirar al hombre del lugar, aunque, pese a ser desalojado, intentó reingresar violentamente al consultorio hasta la intervención de la Policía Nacional.

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Médicos no son responsables de faltas

Entre sus declaraciones también remarcó que el personal médico no es responsable de las deficiencias del sistema, como la falta de medicamentos o la escasez de profesionales de guardia.

“En las redes sociales vimos que se está llamando como una apología al golpe al médico de guardia. Lamentablemente la gente usa mal la urgencia, se va y se ficha para presentar un laboratorio de hace un mes, para pedir receta, medicamentos de uso crónico; eso no es para urgencia. La gente se acumula por consultas innecesarias y la gente que realmente amerita una urgencia se ve mezclada entre ellos“, manifestó a la 1020 AM.

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En el mes de mayo último la inflación mensual fue del 0,1% a pesar del fuerte impacto de la suba de combustibles y alimentos.

Los agentes esperan que la inflación cierre en 3,5% en el año 2026, este porcentaje también se encuentra por debajo del 3,9% que estimaron el mes anterior. Para el año 2027, así como para los próximos 12 meses, los agentes económicos estiman una inflación de 3,5%, alineada en el objetivo del Banco Central.

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Dólar seguirá con tendencia a la baja

De acuerdo con la percepción de los agentes económicos, sobre la evolución del tipo de cambio nominal dólar guaraní, es que para el mes de junio de 2026 la cotización del billete verde rondaría en torno a G. 6.137, un valor inferior a lo estimado en el mes anterior de G. 6.246, y más aproximado a la cotización real en las casas de cambio.

Los agentes económicos esperan un tipo de cambio de G. 6.393 para el cierre del 2026 y, para finales del año 2027 de G. 6.650

En lo que va del año, el dólar acumula una baja del 9% frente al guaraní y cerca del 25% en los últimos doce meses.

El mandato de los actuales miembros en representación de Diputados, los cartistas Alejandro Aguilera y Diego Candia (que asumió tras la renuncia de Arévalo) fenece el próximo 10 de julio, y llamativamente postergaron el tratamiento hasta mediados de julio pasado el 16 de junio (la siguiente sesión es recién el 21).

En el caso de Arévalo, el escándalo es mayor, ya que, de la mano del cartismo también llegó a presidir el JEM con presunto título falso de abogado de la Universidad Leonardo Da Vinci.

Y para colmo, está acusado penalmente por presunta coima y tráfico de influencias por supuestamente utilizar el JEM para favorecer o castigar a jueces y fiscales a cambio de dádivas, según conversaciones obtenidas judicialmente del celular del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Realmente es muy llamativo (el ensañamiento contra la ley)” y “no sé si hay problema con establecer la no reelección o no sé si hay problema en presentar los títulos y la experiencia previa. Realmente no sé (cuál es el problema), porque estos mismos requisitos que planteamos en esta ley son los que se aprobaron en su momento para el Consejo de la Magistratura”, remarcó Vallejo, proyectista de la iniciativa.

La misma enfatizó que incluso, a diferencia del Consejo de la Magistratura, el ser miembro del JEM es aún más delicado -y por ende la exigencia debería ser igual o mayor- porque en el JEM “vos le echas a la gente directamente o le sancionas”.

A raíz de escandalosos casos de presuntos abogados con título falso como el de Rivas y Arévalo, la propuesta legislativa plantea algo tan básico como que, además del diploma, puedan demostrar al menos 10 años previos de ejercicio efectivo de la profesión.

Incluso se pueden computar como años válidos de experiencia el ejercicio de la profesión como juez o fiscal, como abogado particular y/o como docente de derecho.

“Realmente es dramática esta resistencia a la aprobación de los requisitos para integrar el JEM. No sé si es alguno para (beneficiar) a los que están ahora o a los que piensan entrar en este nuevo período, si tienen algún problema con su título, porque acá se exige el título y se exige también algún tipo de trayectoria. Yo no puedo acabar de recibirme e ir a jugar a jueces y fiscales", insistió.

¿Se viene el rekutú?

El vicepresidente primero de la Cámara Baja, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) negó que el fin de la dilación sea seguir con el mismo sistema permeable, e incluso dejó entrever que podrían reelegir a Aguilera y Candia, “salvo que haya abrazo republicano”.

Sobre la elección de nuevos miembros dijo que las negociaciones están “bastante avanzadas” entre los bloques oficialistas que tienen mayoría propia, donde la tendencia sería mantener el status quo.

Es decir, ahí estaría el problema con el proyecto de ley, ya que además de reducir a 2 años y medio el mandato, el planteamiento de Vallejo es que no se admita la reelección.

“Hoy los representantes que están actualmente gozan de la credibilidad de todas las bancadas y la idea es que continúen”, dijo.

Al ser consultado si no sería conveniente para la institucionalidad de la República demostrar pluralidad, dijo en tono de broma: “Puede ser, por ahí se da dentro de ‘Concordia Colorada’ y la lista 1″.

Esto haciendo referencia a que la única chance de cambio sería si hay acuerdo con colorados disidentes, lo cual igualmente se percibe difícil.

El demandante, ex asesor del clan Gómez de Limpio y cuyo nombre está vinculado al clan Estigarribia de Villa Elisa, señala que la cifra corresponde a bonos impagos, monto que al inicio era de G. 150 millones pero que fue creciendo por “intereses” y honorarios.

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Por de pronto, la jueza civil Vivian Carolina López Núñez decretó a la agrupación la inhibición general de vender y gravar bienes hasta cubrir G. 65 millones más G. 6 millones por impuestos y G. 6 millones por costas.

Schapt, bajo el patrocinio del abogado Wilfrido Vera, en su reclamo judicial señala que había solicitado la liquidación del capital, gastos judiciales e intereses desde el 30 de octubre de 2023, hasta el 30 de Junio de 2025, que ascendía a G. 437.500.000.

Indicó que se corrió traslado y “la misma no contestó” según la fecha del actuario del 4 de agosto de 2025.

Dijo que por ello pidió la actualización hasta el 31 de enero del año 2026 y que dicho monto asciende a G. 153 millones a los que debe adicionarse G. 437 millones con lo cual, los intereses reclamados, ascienden a G. 590 “más los gastos liquidados”.

Según los registros, el demandante fue asesor jurídico de la Municipalidad de Limpio en 2016, tiempo en el que también ejerció la defensa del exintendente con permiso Ángel “Toto” Gómez Verlangieri (PLRA) fallecido en 2022. Otros informes señalan que Schapt forma parte de un esquema de sociedades anónimas que maneja el Gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

En marcado contraste, esa misma producción eléctrica apenas representó el 6,7% del consumo brasileño. A nivel general, la central registró un aumento del 8,9% en su generación respecto al 2024.

Desde la administración de la hidroeléctrica celebran las cifras logradas pese a las condiciones climáticas. “El Informe Anual 2025 de Itaipu destaca la eficiencia técnica, el equilibrio financiero y el progreso social”, señala la publicación difundida por la binacional, lado brasileño.

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Los millones transferidos al Tesoro

En el apartado financiero, el reporte rinde cuentas sobre los desembolsos realizados a los Estados dueños de la represa. Las arcas públicas paraguayas percibieron US$ 246,5 millones en concepto de royalties, monto idéntico al transferido a Brasil.

Adicionalmente, Paraguay recibió otros US$ 165,1 millones bajo la figura de compensación por cesión de energía. Estos recursos son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y resultan claves para el financiamiento de gobernaciones y municipios.

El balance económico general de Itaipú cerró con ingresos por US$ 3.023 millones facturados a la ANDE y a la brasileña ENBPar. Con estos números, la entidad binacional reportó un superávit de US$ 134 millones para el ejercicio fiscal.

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Tarifa congelada y modernización

El documento también recuerda que la tarifa se mantuvo en US$ 19,28/kW, garantizando ingresos estables para la represa tras las intensas negociaciones diplomáticas y el acuerdo alcanzado en abril de 2024.

En el plano tecnológico, el informe rinde cuentas sobre la continuidad del proyecto de modernización de las unidades generadoras. Además, resaltan el uso de inteligencia artificial y avances exploratorios en hidrógeno verde y energía solar flotante.

Asimismo, la binacional destina millonarios recursos a programas en el territorio. Aseguran haber financiado iniciativas en salud pública, conservación de la biodiversidad, saneamiento y apoyo a comunidades indígenas en ambas márgenes.

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Sin embargo, gran parte del despliegue de recursos del lado brasileño se concentró en la Cumbre del Clima (COP30) celebrada en Belém. La Itaipú desembolsó fondos para el dragado de puertos, obras urbanas y la construcción de 405 departamentos para delegaciones.

El reporte concluye reafirmando que las decisiones tomadas garantizaron el equilibrio institucional. Según la empresa, estos resultados reafirman su papel como un factor de estabilidad y previsibilidad para el sistema eléctrico paraguayo y brasileño.

No es la primera vez que la mayoría cartista aplaza el estudio. La última vez fue el 2 de junio cuando Derlis Maidana (ANR, HC), titular de la Comisión de Legislación, pidió la postergación por 15 días.

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Se trata del proyecto de ley “que modifica varios artículos de la ley 213/93 ‘Código del Trabajo sobre el salario mínimo y reestructura la comisión nacional de salario mínimo”, presentado por varios senadores opositores.

El punto fue postergado automáticamente debido a que las comisiones que debían analizar la iniciativa no emitieron sus dictámenes.

Estos órganos asesores son la Comisión de Legislación presidida por Derlis Maidana (ANR; HC); la comisión de DD.HH. presidida por Mario Varela (ANR); la comisión de Desarrollo Social cuya titular es Zenaida Delgado (ANR, HC, exCruzada Nacional) y la comisión de Industria y Comercio cuyo titular es Luis Pettengill (ANR).

Del IPC a la Canasta Básica

El proyecto de Ley presentado por legisladores de la oposición modifica artículos del Código del Trabajo relacionados con el salario mínimo y la reestructuración del Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam).

Los proyectistas argumentan que el mecanismo actual por el cual se determina el monto a ser ajustado cada año el salario mínimo, un ajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos. En ese sentido el proyecto plantea introducir otras variables de cálculo como el índice de productividad o por la variación de la canasta básica, entre otros.

El gerente técnico de la institución, Ing. Tito Ocariz, confirmó que el objetivo central es que la empresa pública deje de ser una simple espectadora en el avance de las energías renovables y adquiera conocimiento de campo.

“Este emprendimiento tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la ANDE en el diseño, construcción, operación y mantenimiento”, explicó el alto funcionario.

Con este paso, la administración busca salir de la teoría y ganar “experiencia práctica en este tipo de tecnologías emergentes dentro del sistema eléctrico nacional”.

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Todavía buscan el terreno

Un detalle que llama la atención en la gestión de este proyecto es que, a pesar de que el proceso de licitación por más de US$ 6,4 millones ya está en marcha, la institución aún no tiene asegurada la ubicación exacta donde se montarán los paneles solares.

Al ser consultado sobre si la planta fotovoltaica se instalará dentro del predio actual de la empresa estatal, Ocariz admitió la indefinición: “Estamos viendo el terreno. Será en otro lado, cerca de la Subestación Villa Hayes”.

Pese a que aún buscan la propiedad adecuada, el gerente aseguró que el plan técnico estipula que la energía generada será transportada hasta dicha subestación, para conectarla directamente en las barras de 23 kV.

El fin práctico de esta inyección de energía solar a la red eléctrica nacional será “mejorar los niveles de tensión en la zona”, según detalló el gerente técnico de la institución.

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Plazos de la licitación

Las empresas proveedoras interesadas en proveer los equipos para esta planta fotovoltaica tienen tiempo de presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 1 de julio de 2026, a las 09:00. La recepción de los documentos se realizará en el segundo piso del Departamento de Licitaciones de la sede central, ubicada sobre la avenida España y Padre Cardozo.

Ese mismo día, a las 09:15, se procederá a la apertura pública de los sobres en el Salón Auditorio de la ANDE, donde se conocerá qué firmas buscan quedarse con este millonario contrato de provisión.

De acuerdo con la investigación fiscal, el daño patrimonial ocasionado a la Municipalidad del distrito de Valenzuela, departamento de Cordillera, rondaría los G. 300 millones, debido a desembolsos efectuados con recursos del Fonacide para obras que presuntamente no fueron realizadas. Para respaldar dichos pagos se habrían presentado documentos con datos falsos.

Uno de los hechos investigados guarda relación con un contrato suscrito entre la Municipalidad de Valenzuela y la firma La Constructora O.R., representada por el Ing. Óscar Rodas. A la firma se le encargó la construcción de un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, específicamente en el acceso a la Escuela Básica N° 2246 Santa Catalina, según documentos.

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Verificaciones

Sin embargo, según verificaciones realizadas por el Ministerio Público en registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013. Ante esta situación, la Fiscalía sospecha que se habría simulado la ejecución del proyecto, ocasionando un perjuicio de G. 174.931.000, y se habría remitido información presuntamente falsa a los organismos de control.

Otro punto bajo investigación corresponde a la compra de cargas de ripio para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada. El contrato fue adjudicado por G. 124.300.000 a la empresa Proyectos y Construcciones, representada por María Liz Fleitas.

Los investigadores manejan indicios de que los trabajos no habrían sido ejecutados y que, para justificar el desembolso, se habría utilizado documentación relacionada con una obra distinta a la efectivamente adjudicada.

Las pericias realizadas servirán para determinar el estado real de las obras y fortalecer los elementos de prueba dentro de la causa, indicó la fiscal.

Antecedentes de Mirtha Fernández

Mirtha Fernández está en pleno juicio por una presunta “tragada” de G. 1.199 millones durante su gestión en 2019 y también está imputada en otra causa por presunta lesión de confianza por G. 300 millones de su gestión 2022.

Fernández está al frente de la administración municipal desde diciembre de 2010; además, fue la precandidata a concejal más votada en las internas liberales del pasado 7 de junio.

Mirtha Fernández (PLRA)

La campaña nace de una premisa clara: la desigualdad habitacional en Paraguay sigue afectando a miles de familias, impactando directamente en su salud y calidad de vida. Con esta rifa, la organización busca involucrar a la ciudadanía en una solución concreta y colectiva.

Claudia Neumann, directora ejecutiva de TECHO Paraguay, enfatizó la urgencia de la causa: “Miles de familias paraguayas siguen viviendo sobre pisos de tierra, una realidad que no podemos naturalizar. Este año ya logramos construir cerca de 200 viviendas de emergencia, pero vamos por más”.

La meta es recaudar Gs. 300 millones para concretar 500 nuevas viviendas y más de 20 proyectos comunitarios que impactarán positivamente en la vida de más de 10.000 personas”.

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Lo recaudado durante esta campaña potenciará los resultados de la Colecta Nacional de TECHO, prevista para inicios de septiembre de 2026, consolidando el trabajo en conjunto entre voluntarios, aliados estratégicos y las propias comunidades.

Cómo participar y colaborar

La ciudadanía puede sumarse a esta transformación adquiriendo boletas con un costo de Gs. 20.000. Para facilitar la participación desde cualquier punto del país, se habilitó la compra de boletas digitales a través del número (0986) 518-600.

Los puntos de venta físicos incluyen:

• Oficina Nacional de TECHO Paraguay (Asunción).
• Oficina Regional de TECHO (Alto Paraná).
• Empresas aliadas: El Ahorrazo Mayorista (San Lorenzo), Verus Bistró (Asunción), Air Europa (Asunción) y DTP Travel Group (Textilia, Asunción).

Premios y Sorteo

La rifa cuenta con el respaldo de empresas aliadas y ofrece más de 100 premios, entre los que destacan:

• Un paquete para dos personas a Río de Janeiro.
• Pasajes aéreos ida y vuelta a Europa.
• Tecnología (PlayStation 5 Slim Digital, TV Smart de 50″).
• Entradas para conciertos internacionales, incluyendo a Gorillaz y Ed Sheeran.

Sudameris es la sede oficial de la Colecta TECHO por segundo año consecutivo

El sorteo se llevará a cabo en septiembre de 2026, tras finalizar la Colecta Nacional.

Los resultados serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales oficiales de TECHO Paraguay, y los ganadores serán contactados directamente mediante los datos registrados al momento de la compra.

Mencionó que la construcción de una vivienda precaria en un área declarada reserva natural por la Municipalidad de Ayolas, mediante la Resolución N° 19/2021, alertó a la comunidad ribereña. El espacio se encuentra ubicado a un costado del acceso principal a la compañía Corateí, explicó.

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“Podríamos estar ante una invasión, ya que se edificó dentro de un área declarada por el municipio como reserva natural en beneficio de la compañía Corateí, lo que podría representar una situación bastante grave. El lugar está protegido por una resolución municipal creada en el año 2021. Incluso existe un cartel que señala que el área es una reserva natural. Sin embargo, se construyó una vivienda precaria que cuenta con medidor de energía eléctrica proveído por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad)”, manifestó.

Amarilla indicó que la situación representa un “pisoteo de la voluntad popular” y calificó el hecho como grave. Añadió que la denuncia busca la apertura de una investigación que permita identificar a los responsables.

“Hemos visto una muy buena predisposición del fiscal Hugo Dávalos, quien dijo que mañana se constituirá en el lugar del hecho y va a intervenir en lo que se esté realizando en el sitio”, agregó.

Intervención del Mades

A inicios de junio, pobladores de Corateí ya habían solicitado la urgente intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ante la construcción de una vivienda en una zona de humedales declarada como reserva natural por el municipio local.

Asimismo, los denunciantes señalaron que la reserva tiene una importancia fundamental para la comunidad de Corateí, debido a que se trata de un humedal cuya conservación y mantenimiento son ampliamente valorados por los pobladores de la zona.

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“Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de incrementar el salario mínimo por encima del cálculo de la inflación”, declaró a los colorados.

Al respecto, mencionó que la inflación en el último año fue de 2,4%, un porcentaje que refleja “60.000 guaraníes”, según Peña.

“Un número que claramente es muy, pero muy bajo, para la clase trabajadora, he tomado la decisión de duplicar ese monto; que el incremento sea del 5%”, alegó.

El salario mínimo actual llega a G. 2.899.048, y con el reajuste por IPC (2,4%), aumentaría apenas G. 69.577. Con el anuncio de Peña, de incrementarlo en un 5%, el reajuste finalmente sería de G. 144.952.

En caso de confirmarse lo anunciado por el mandatario, el salario mínimo quedaría en G. 3.044.000.

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“Es un número equilibrado”, sostiene Peña

Sobre su decisión, Peña dice creer “que es un número equilibrado y que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica”, que, a su criterio, Paraguay “a lo largo de gobiernos colorados ha sabido consolidar”.

“Soy consciente de que esta decisión no es ajena a la controversia. Y sabremos, presidente (en referencia a Horacio Cartes), sabremos desde el Gobierno sentarnos a trabajar y colaborar con el sector privado, con la clase empresarial que no va a estar de acuerdo con esta decisión”, agregó durante su discurso.

De igual manera, sostuvo que el aumento se da al tener en consideración “aspectos más amplios del desarrollo económico y del desarrollo social”.

“Creemos que nuestra política pública tiene que enfocarse en el trabajador, en el paraguayo de clase media, que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes y no podemos ser insensibles a las demandas y al clamor de nuestra clase trabajadora", alegó, mientras al mismo tiempo confirmaba que “seguiremos apoyando a los empresarios”.

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Autoridades del IPA y la intendenta Duarte expresaron pesar por la partida de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular paraguaya.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la centenaria artesana habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), cuadro que derivó en su fallecimiento.

La desaparición física de Ña Digna representa una pérdida significativa para Yataity, distrito del departamento de Guairá reconocido a nivel nacional como la Cuna del auténtico ao po’i, una de las expresiones artesanales más representativas del Paraguay.

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Durante décadas, desde su adolescencia, la artesana dedicó su vida a preservar y difundir los conocimientos tradicionales relacionados con el hilado, tejido y bordado del ao po’i, técnicas heredadas de generación en generación y que forman parte del patrimonio cultural del país.

Su trayectoria fue ampliamente reconocida tanto a nivel local como nacional por su aporte a la conservación de esta manifestación cultural y por su permanente compromiso con la formación de nuevas artesanas.

A pesar de su avanzada edad, Ña Digna continuó participando activamente en exposiciones, ferias y eventos culturales organizados en Yataity y otros puntos del país, donde compartía con orgullo los métodos tradicionales de elaboración del ao po’i.

Quienes la conocieron destacan que incluso en sus últimos años mantenía intacta su vocación de enseñar, orientando a jóvenes artesanas y transmitiendo conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida de trabajo.

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Galardonada en vida por su aporte

Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera llegó en 2021, cuando fue declarada “Tesoro Nacional Vivo” por la Secretaría Nacional de Cultura, en reconocimiento a sus conocimientos de las técnicas tradicionales y a su extensa trayectoria en la confección artesanal del ao po’i.

La distinción fue entregada por el entonces ministro de Cultura, Rubén Capdevila, y por autoridades del IPA durante un acto realizado en la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Ao Po’i de Yataity.

En aquella misma ocasión también se reconoció oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional a los conocimientos, técnicas y métodos tradicionales de elaboración del ao po’i, una práctica que Ña Digna ayudó a mantener vigente durante gran parte de su existencia.

Previamente, en 2019, había sido distinguida con la Medalla al Mérito “Maestro Artesano”, otro importante galardón que valoró su aporte al fortalecimiento y preservación de la artesanía nacional.

Desde la Municipalidad de Yataity adelantaron que se encuentran preparando un acto simbólico de despedida para rendir homenaje a quien consideran una de las más grandes exponentes culturales de la historia de la ciudad.

Familiares de la maestra artesana informaron que sus restos mortales serán velados en su vivienda, donde alumnos, vecinos, artesanas, autoridades y todas las personas que deseen rendirle un último homenaje podrán acercarse para despedirla.

IPS inicia capacitación de médicos para activar Hospital Virtual

La presentación se realizó en el marco de una conferencia de prensa en la que estuvo presente el renombrado cirujano kosovar-estadounidense y exministro de Salud de Kosovo, el Dr. Rifat Latifi, quien se encuentra en Paraguay asesorando esta iniciativa. En su fase inicial, que entra en vigencia a partir del próximo mes de julio de 2026, se proyecta alcanzar hasta 13.000 teleconsultas mensuales, enfocadas principalmente en adultos mayores.

La infraestructura detrás de la pantalla

El centro operativo del Hospital Virtual ya cuenta con 12 cubículos completamente equipados con computadoras de última generación, escritorios y mobiliario ergonómico. Actualmente, un primer grupo de 20 médicos inició un periodo de capacitación intensiva para adaptarse al sistema informático de telemedicina.

Durante la conferencia de prensa, el Dr. Isaías Fretes enfatizó que el sistema está blindado para proteger los derechos fundamentales de los asegurados.

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“Los médicos virtuales van a otorgar la misma intimidad que una consulta presencial. Vale decir que si ese paciente tiene algún tumor o alguna afección física que deba mostrar a la cámara, podrá hacerlo con total tranquilidad. Se va a mantener rigurosamente la confidencialidad, que es una función esencial de la medicina”, garantizó el titular del IPS.

¿Cómo funcionará el protocolo para los asegurados?

El gerente de Salud del IPS, Dr. Derlis León, explicó que se implementará un protocolo estricto en esta primera etapa de plan piloto. El objetivo principal es descongestionar los hospitales liberando de trámites burocráticos a los pacientes que solo acuden para gestiones de rutina.

El sistema funcionará bajo algunos criterios. Primeramente, se priorizará a los primeros 103.000 pacientes empadronados, específicamente asegurados de 55 años de edad en adelante que padecen enfermedades crónicas.

Un ejemplo claro son los pacientes cardíacos que deben acudir obligatoriamente durante un periodo de tiempo para renovar su protocolo de retiro de medicamentos de farmacia.

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Unas 48 horas antes de la cita agendada, el asegurado recibirá un mensaje de texto en su teléfono celular donde se le preguntará si prefiere que su consulta sea virtual o presencial. El usuario tendrá el poder de elegir la modalidad que más le convenga.

Adiós a la “medicina arcaica”

El Dr. Rifat Latifi, quien lideró con éxito la implementación de la medicina virtual en regiones complejas como Kosovo y Albania, celebró la iniciativa paraguaya. Expresó en inglés que la tecnología demostró un impacto altamente positivo en la sociedad al romper las barreras geográficas.

“Estoy muy contento de ver esta iniciativa para terminar con la medicina arcaica en Paraguay. Hablé con varios médicos locales y están entusiasmados. La medicina virtual permite atender casos complejos, incluso de Neurología, sin que el paciente tenga la necesidad de viajar o trasladarse hasta el hospital de cabecera”, señaló el experto internacional.

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Finalmente, el presidente de IPS dijo que esta iniciativa forma parte de una reestructuración profunda de la previsional. “La docencia trae consigo disciplina; la disciplina trae organización, y el resultado final en medicina siempre es el buen servicio. Vamos a continuar haciendo cambios significativos para humanizar la atención”, concluyó.

El edil indicó que la habilitación de una oficina en la zona permitiría el acceso directo e inmediato a diversos beneficios sociales, como los certificados médicos, la entrega de ayudas técnicas y tecnológicas, servicios especializados de salud y rehabilitación, además de la inclusión laboral y social de las personas en esa condición.

Añadió que la falta de dicha dependencia a nivel local vulnera el derecho al acceso a los servicios consagrado en la Constitución Nacional. Varios de los legisladores departamentales apoyaron el plan y expresaron su deseo de que cuanto antes sea habilitada una oficina regional de la institución que asiste a personas con discapacidad en esta parte del país.

Casi 400 personas con discapacidad en Amambay

Carlos Machuca, coordinador departamental del programa de gobierno Tekoporã en Amambay, indicó que, de los más de 5.000 beneficiarios de dicha asistencia en la zona, 386 sufren alguna discapacidad. Señaló que sus familias reciben mensualmente entre 150.000 y 500.000 guaraníes como ayuda, según la complejidad de cada caso.

Machuca aclaró que, a los datos del sistema a su cargo, se pueden agregar los que no están registrados, por lo que el número de personas con alguna limitación física sería mayor en la zona. El funcionario se expresó a favor de la habilitación de una oficina permanente de la Senadis en Pedro Juan Caballero.

“Actualmente las personas con discapacidad realizan viajes costosos, ya sea hasta Concepción o Asunción, para tramitar documentos de carácter obligatorio para recibir alguna asistencia del Estado”, explicó.

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Actualmente, las personas con discapacidad únicamente tienen acceso inmediato a documentos de Senadis cuando esta institución realiza jornadas de Gobierno en la capital de Amambay.

Ante la preocupación, el director del hospital que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Héctor Castro, aclaró que dicho documento no representa un inventario de desabastecimiento real, sino que es el resultado de la “Sala de Situación”, una reunión de gestión semanal donde los jefes de servicios analizan indicadores asistenciales y de insumos para anticiparse a posibles faltantes.

Una herramienta de gestión, no de carencia

El doctor Castro enfatizó que la lista es “dinámica” y se actualiza diariamente. “No representa un inventario agotado, sino que es una herramienta de alerta temprana que nos ayuda a identificar aquellos reactivos que requieren un seguimiento estrecho”, explicó.

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Sobre los ítems que figuraban como agotados en el documento —como el magnesio y crasis—, el médico aclaró que la situación ya fue subsanada. “Ese informe se cerró ayer a la tarde, pero hoy a la mañana ya contamos con el reactivo. Es una gestión que se trabaja día a día, redistribuyendo insumos, tanto internamente como desde el nivel central”, aseguró el médico a ABC.

En relación a los reactivos en stock crítico y las fechas que se indican en el documento, Castro justificó la mención (algunas cercanas al 18 o 26 de junio) como una medida de planificación estratégica ante la proximidad de un fin de semana largo. “Les pido a los jefes de servicio que proyecten las necesidades para que no nos sorprenda la falta de reactivos en días feriados”, detalló el médico.

Alta demanda respiratoria en Hospital Acosta Ñu

La complejidad del manejo de insumos en el Hospital Acosta Ñu se ve agravada por una mayor afluencia de pacientes, detalló Castro. Según el médico, en las últimas tres semanas se ha registrado un aumento del 60% en las consultas por cuadros respiratorios.

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“Hoy superamos las 350 a 400 consultas diarias en urgencias, donde el 50% son cuadros respiratorios. Esto se suma a nuestra demanda habitual de pacientes oncológicos y neurológicos, que son nuestra prioridad como hospital de referencia”, precisó.

El doctor Castro garantizó que actualmente, ningún insumo esencial se encuentra en situación de stock cero. Aseguró que la institución mantiene un monitoreo constante para asegurar que la alta demanda estacional no interrumpa los servicios críticos para los niños.

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Los reclamos realizados ante el encargado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no tuvieron resultado positivo, indicó una usuaria, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Explicó que, en un primer momento, el encargado de la Planta de Agua, Miguel Rodríguez, argumentó la necesidad de contar con una retroexcavadora para remover el suelo y efectuar las reparaciones correspondientes. Posteriormente, se realizaron conexiones en las cañerías dañadas, pero el problema persiste.

Los lugareños mencionaron que desconocen las causas exactas de la falta de agua, aunque consideran que los trabajos ejecutados no solucionaron completamente la avería.

“También nos dicen que no tienen móvil, pero cuando los vecinos se comprometen a buscar a los operarios, de golpe aparece el móvil. No sabemos qué pasa o si solo no quieren trabajar”, expresó la afectada.

Lo cierto es que la situación se vuelve cada vez más complicada para las familias del barrio, dijo.

Señaló que existen personas enfermas que requieren del servicio de agua potable para sus necesidades básicas y que numerosas familias deben buscar alternativas para asearse, lavar sus ropas y preparar alimentos.

“Urge una solución, no podemos seguir así”, manifestó.

Numerosos caños rotos

Miguel Rodríguez explicó que en la zona se están ejecutando varios trabajos relacionados con el sistema de distribución de agua. Detalló que, además de una extensión de aproximadamente 300 metros de cañerías, se registraron múltiples roturas ocasionadas por el paso de maquinaria pesada durante los trabajos de raspado del suelo.

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El responsable indicó que las reparaciones se realizaron de manera inmediata, pero que después fueron detectados nuevos caños dañados, situación que impide que el agua llegue con normalidad a las viviendas afectadas.

Rodríguez agregó que las tareas para restablecer el servicio se desarrollan desde el primer momento con el personal disponible. Explicó que, paralelamente, otra cuadrilla trabaja en el acondicionamiento de desagües pluviales ante la previsión de lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño.

“No, no se tocaron ninguno de los pedidos de desafuero de varios colegas diputados que están hace bastante tiempo. Quedamos para la próxima semana seguramente poder tocar eso, porque faltaban algunos líderes de bancada para poder efectivamente tocar esos temas pendientes", alegó Meza tras la reunión de líderes de bancada.

Con ese cuento, el cartista Esteban Samaniego viene siendo blindado por sus colegas desde 2019 y en cuatro causas distintas, tres de ellas vinculadas a violencia física o atropello de residencia y una por presunto daño patrimonial cuando era intendente de Quyquyhó, causa por la cual hoy el juez Osmar Legal reiteró el pedido de desafuero.

Meza se limitó a valorar positivamente el desafuero aprobado ayer del diputado Mauricio Espìnola (ANR, Añeteté), solicitado por él mismo, que actuó “de forma muy responsable y coherente”, virtudes de las que aparentemente carece y no le exigen a Samaniego.

Además de Samaniego, tienen pedidos de desafuero pendiente los diputados liberales Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez; el de Yo Creo, Walter García y otro pedido -si controvertido y con dictamen por el rechazo- contra Mauricio Espínola.

Este último caso es el único que se recomendó su rechazo, luego de detectarse vicios de ingerencia política, ya que la causa por supuesta divulgación de secretos en acto de servicio y otros fue abierta en base a una denuncia del titular de la ANR, Horacio Cartes y se filtraron chats donde el abogado de HC, Pedro Ovelar ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.

Tras un prolongado debate, el pleno del Senado aprobó la versión con modificaciones introducidas por la Comisión de Tecnología, entre ellas cambiar del acápite el término “que regula” por “que prohíbe”.

Con otros cambios de forma, se mantuvo el texto original de la Cámara de Diputados y el expediente fue devuelto a esta instancia.

En un principio, se planteó en Diputados aprobar una ley de prohibición total siguiendo la tendencia de otros países de la región; sin embargo, por presión de las asociaciones de padres, finalmente se aprobó una regulación suave.

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Al inicio del debate en la Cámara Alta, numerosos senadores repudiaban o celebraban la “prohibición” de los celulares. Sin embargo, la titular de la Comisión de Educación, la senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga, tuvo que explicar a sus colegas que la propuesta aprobada y consensuada en la Cámara Baja no habla de una prohibición total.

Señaló que la propuesta ya no contempla una prohibición irrestricta de smartphones a alumnos, profesores, padres y funcionarios escolares, sino una regulación abierta a la educación con tecnología y numerosas excepciones.

Sin embargo, varios senadores pidieron cambiar la regulación por prohibición, aunque la misma es sumamente flexible y la reglamentación finalmente quedará a cargo de cada escuela.

Celulares en la escuela: las opiniones de los legisladores

Patrick Kemper (ANR, exHagamos), de la comisión de Tecnología, explicó todo lo que contemplaba la ley.

Líder Amarilla (PLRA) dijo que prohibiendo no se atajará la tecnología, sino por educación.

Celeste Amarilla (PLRA) sostuvo que este debate no corresponde a una ley del Congreso, sino a una reglamentación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Colym Soroka (ANR) señaló que más de 114 países en el mundo regulan y prohíben los celulares en las escuelas.

Blanca Ovelar (ANR), ex ministra de Educación quien siempre cita casos de escuelas rurales, hoy señaló que en Francia ni siquiera se puede llevar el celular y que en Paraguay en el Colegio Americano (ASA), los chicos deben dejar sus celulares en una bolsa y se los devuelven al final de la jornada educativa. También señaló el peligro de las redes sociales y la ansiedad que genera en los alumnos.

El caso saltó en la cartera educativa en el 2024, cuando recibieron denuncias anónimas sobre profesores que se habían inscripto a un Concurso Público de Oposición (CPO), pero que en realidad habrían obtenido diplomas no auténticos en Ciencias de la Educación.

La sospecha sobre 550 diplomas presumiblemente falsificados fueron remitidos a la Fiscalía, que hasta ahora determinó que 250 de estos documentos son apócrifos.

Durante la investigación, el Ministerio Público recibió un aluvión de reclamos en las instituciones educativas. Tal es el caso, que ahora sospechan de la existencia de al menos 1.500 títulos falsos de profesores, muchos de los cuales siguen en aulas en escuelas públicas y privadas.

Los posibles hechos punibles por títulos falsos en el MEC

La fiscala Teresa Sosa Laconich fue designada para investigar un primer grupo denuncias en el sector educativo. La agente fiscal es quien afirma que habrían 1.500 casos más de documentos apócrifos.

Explica que hay dos tipos penales en esta causa. La presunta producción de documentos no auténticos, que conlleva una pena desde 6 meses hasta 5 años de prisión. El otro hecho es estafa, considerando que muchos docentes ingresaron al MEC o a colegios privados luego de adquirir sus documentos falsificados.

La pena por estafa también prevé una condena de 6 meses hasta 5 años de cárcel. “Si una persona es condenada por dos tipos penales, se hace un promedio en la sentencia, entonces, combinados ambos, la pena podría ser de hasta 7 años y 6 meses de cárcel”, indicó la agente fiscal.

Sosa remarcó que la investigación está muy avanzada y puede probar la la producción de documentos no auténticos. “Ya tenemos con absoluta claridad que se trata de documentación, certificados de estudios y títulos falsos. No hay ninguna duda”, apuntó.

Los Institutos de Formación Docente investigados

En este proceso fiscal, donde ya hay docentes del MEC que están imputados, se investigó la relación con estas personas y tres Institutos de Formación Docente (IFD), de los cuales uno es del departamento de Alto Paraná y otros dos son del departamento de San Pedro.

Dos de los imputados, el profesor Sergio Pera, de 57 años, y la docente Herminia Fretes Vázquez, de 61 años de edad, se hacían pasar por maestros y directores del Instituto de Formación Docente San José y del Instituto de Formación Docente María Auxiliadora, ambos en San Pedro.

“Son institutos abiertos, con local, con cartel, conocidos en su comunidad, pero que utilizan nombres de fantasía porque en realidad no están registrados, no están habilitados, solo que existen físicamente”, expresó la fiscala Teresa Sosa.

Hay dos grupos de personas que accedieron a títulos en estos institutos. Por un lado, hay quienes compraron directamente sus documentos y cartones. “Pero luego están los que en su buena fe, asistieron a clases, pagaron matrícula, cuotas, pero sus títulos no valen al ser instituciones no habilitadas”, dijo la agente.

Títulos falsos: tercer instituto está vinculado a Orlando Arévalo

El tercer IFD que está dentro de la carpeta fiscal es “Virgen de Schoenstatt”, ubicado en la ciudad de Minga Guazú y que está vinculado a la familia del ex diputado Orlando Arévalo, implicado en el uso indebido de influencias y supuestos hechos de corrupción, en el famoso caso de filtración de los chats de Lalo Gómes.

Según documentos del MEC, Gloria Natividad Arévalo González, es la directora propietaria de este local. La directora es hija de Arévalo y de la polémica concejala de Lambaré, Carolina González.

“Virgen de Schoenstatt”, figura en una lista de institutos que habían sido investigados por el MEC por fraude en exámenes de ingreso de Concursos Públicos de Oposición. En un chat grupal, supuestamente la misma edil de Lambaré era quien compartía una matriz con las respuestas correctas, todo durante la realización de las pruebas. Hasta la fecha no se dio a conocer ningún resultado producto de estas investigaciones.

La fiscala Teresa Sosa aclaró que tanto Sergio Pera como Herminia Fretes habrían utilizado el membrete del instituto Virgen de Schoenstatt, pero sin involucrar y sin conocimiento de los directivos del centro educativo. “Solamente habrían utilizado el membrete de la institución en certificados de estudio y en el título”, aseguró.

El mapa de los títulos falsos en el MEC

La denuncia de los títulos falsos también afecta a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), pues los presuntos estafadores utilizaban también el membrete de esta casa de estudios para colocarlo en documentos apócrifos.

Según la Fiscalía, las zonas donde detectaron títulos de contenido falso, hasta la fecha, pertenecen a cuatro departamentos:

• San Pedro
• Alto Paraná
• Caaguazú
• Guairá

Para este jueves, se tiene prevista una reunión entre la fiscala Teresa Sosa Laconich y el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien manifestó que desean conocer en qué “etapa penal se encuentran las investigaciones y los imputados en esta causa”.

La acción fue rechazada por la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por 7 ministros del máximo tribunal y dos camaristas.

“Hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia me notificó su infame sentencia. Tanta eficiencia asusta. Los profesores doctores (6) han certificado oficialmente la muerte del estado de derecho y ratificaron con sus sellos que la justicia paraguaya es un lupanar que abre de día”, indicó en su cuenta oficial de la red social X la exlegisladora.

Con 6 votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de7 abstencio­nes y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.

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La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Los ministros disidentes son justamente los que no participaron en la reunión secreta con el presidente Santiago Peña y supuestamente el titular de la ANR, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga el 3 de diciembre de 2025.

Si bien esta decisión del máximo tribunal, de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora de la oposición, ya se manejaba desde la semana anterior; fue oficializada recién el lunes 8 de junio a través del Acuerdo y Sentencia N° 234.

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Peña influyó en publicidad de expediente

La propia Kattya González informó el viernes 5 de junio que ya manejaba que se daría esta resolución, y que solo los ministros Gustavo Santander Dans, Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia votaron por hacer lugar a la acción promovida en contra de su expulsión del Senado.

Fuentes del Poder Judicial señalaron a ABC que la resolución de la Sala Constitucional Ampliada no se dio a conocer ese mismo viernes 5, a pedido del propio presidente de la República, Santiago Peña, quien habría indicado a los ministros de la Corte que “era mejor que salga el lunes (por hoy) para que se pierda entre las informaciones de los resultados de las internas simultáneas”.

Desde que el expediente llegó a su despacho para que emita su voto, el ministro Alberto Martínez Simón, presidente del máximo tribunal, se encargó de manejar el expediente hasta la emisión del último voto y, posteriormente, para realizar el circuito de firmas de los integrantes de la Sala Constitucional Ampliada.

Dictamen declaró inconstitucionalidad de la decisión del Senado

El 12 de junio de 2024 la Fiscalía General del Estado, a través del Dictamen 697 firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, había contestado a la Corte Suprema de Justicia que la Resolución N° 431 de la Honorable Cámara de Senadores “Por la cual se resuelve la Pérdida de Investidura de la senadora Kattya Mabel González Villanueva”, es inconstitucional.

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“Esta representación fiscal recomienda a la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Kattya Mabel González Villanueva contra la Resolución N.° 431 dictada por la Honorable Cámara de Senadores en fecha 14 de febrero de 2024, por así corresponder en derecho”, resalta el dictamen fiscal.

El dictamen firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, que no es vinculante pero sí un requisito para que la Sala Constitucional defina la acción, había señalado que el Senado violó su propia resolución Nº 429/2023 que reglamentaba la pérdida de investidura, “razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad, receptado (sic) en los artículos 1 y 9 de la Constitución de la República del Paraguay”.

La Fiscalía consideró que la remoción del cargo de Kattya por el resto del periodo parlamentario no es correcta porque se tomó un camino diferente al trazado en la Resolución Nº 429/2023 en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida.

Por su parte, tanto la exlegisladora González como senadores de la oposición anunciaron que denunciarán al Estado paraguayo ante instancias internacionales, lo que podría costarle nuevamente una millonaria indemnización al Estado en los próximos años.

A más del crecimiento propio de los depósitos en dólares, los datos también reflejan un salto importante en términos estadísticos por la devaluación del dólar estadounidense. Cabe señalar que en mayo del 2025, el tipo de cambio rondaba los G. 7.950 frente a G. 6.100 que cerró en mayo del presente año, lo que implicó una caída del 24% en un año.

Fondos públicos en bancos sumaron US$ 4.164 millones hasta abril con fuerte impulso por efecto cambiario

Igualmente los depósitos en dólares tuvieron un salto importante y totalizan US$ 1.217,6 millones, lideradas por el segmento calificado como “Otros OEE” (ministerios y otros entes públicos) con el 63,8% y seguidas por las Empresas Públicas (Ande, Essap, y otras) con un 25,5%. Por el contrario, los recursos denominados en moneda local ascienden a G.18,93 billones (aproximadamente US$ 3.142 millones según el tipo de cambio de la fecha) , donde los Fondos de Seguridad Social ejercen un predominio absoluto concentrando el 58,3% de la cartera total en guaraníes.

Cuatro bancos captan casi el 70% de la cartera pública

Por el lado del riesgo y la estructura competitiva, los recursos del Estado se encuentran fuertemente centralizados en el mercado bancario paraguayo.

Apenas cuatro entidades financieras captan el 69,0% del total de la cartera pública, listadas en orden de participación de mayor a menor: el Banco Nacional de Fomento (BNF) (G. 2,35 billones), Ueno Bank (G. 2,12 billones), Sudameris Bank (G. 1,61 billones) y Banco Continental (G. 1,65 billones), en esta última entidad, es donde el presidente de la República Santiago Peña declaró que tiene acciones.

Estos datos confirman además que la entidad bancaria Ueno Bank, ligada al Holding Ueno, de la cual el presidente Santiago Peña también tuvo participación reciente, sigue gozando de preferencias, concentrando actualmente cuantiosos recursos públicos y principalmente proveniente de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).

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IPS lidera en inversión de CDA’S 70,5%

Al analizar la composición global por tipo de instrumento financiero, el portafolio estatal demuestra una clara preferencia por la rentabilidad a mediano plazo y la disponibilidad inmediata.

Por tipo de instrumento, se registra que del total de depósitos en el sistema bancario, el 47,1% corresponden a CDA’S (equivalente a unos US$ 2.053 millones, donde el Instituto de Previsión Social (IPS) es el tenedor del 70,5% de dichos papeles); el 46,1% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 6,8%.

Areguá se llena de sabor y color en la temporada de frutillas

Los agricultores invitan a la ciudadanía a visitar los puestos de venta instalados sobre la citada arteria para degustar las distintas variedades de frutillas y los productos elaborados a base de la fruta, que cada año atraen a cientos de visitantes.

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Actualmente, el precio del kilogramo de frutilla oscila entre G. 70.000 y G. 120.000, dependiendo de la calidad y del volumen disponible. Los productores explicaron que el precio es más elevado durante las primeras semanas de cosecha debido a la inversión realizada durante el proceso de cultivo.

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Raquel Gómez, productora de la zona, señaló que el trabajo para obtener una buena cosecha comienza varios meses antes de la comercialización.

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“Esto se planta tres meses atrás, se cuida y se procura que sea de la mejor calidad. Nosotros vivimos prácticamente todo el año de esta producción. El precio está elevado ahora porque recién inicia la cosecha, pero irá mejorando con el correr de las semanas”, manifestó.

Los productores también indicaron que trabajan organizados en comités, donde acuerdan los precios de venta con el objetivo de que todas las familias dedicadas al rubro puedan beneficiarse de manera equitativa durante la temporada.

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Además de las frutillas frescas, los visitantes ya pueden encontrar una amplia variedad de derivados, entre ellos licores, dulces, mermeladas, pastafrolas, piononos, empanadas de frutilla y el tradicional chantilly con frutillas.

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La oferta gastronómica también incluye combinaciones con chocolate, durazno y kiwi, productos que forman parte de los atractivos de la temporada en la capital de la frutilla.

Los legisladores no reunieron los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo, y quedó firme la aprobación inicial de la Cámara de Diputados.

El Senado sostiene que la norma viene a sobrelegislar, teniendo en cuenta que está vigente la Ley de Educación Inclusiva.

Tras un prolongado debate sobre senadores que insinuaron haber sido superdotados, así como la necesidad de contar con una mayor inclusión para alumnos con TEA y profesores “sombra”, el punto fue llevado a votación.

Solo 15 senadores votaron por la ratificación del rechazo del Senado, por lo que el expediente fue aprobado y remitido al Poder Ejecutivo.

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Registro de superdotados: quiénes van a figurar y para qué

La iniciativa legislativa contempla la creación de un registro nacional de estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.

Se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.

Establece además, la aplicación obligatoria y general para las instituciones educativas públicas, privadas, y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.

En el artículo 5°, se menciona la capacitación docente de todos los niveles educativos. Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencias, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.

Los proyectistas de la iniciativa fueron la cartista Cristina Villalba y los liberales Luis Federico Franco y Carlos Pereira.

La acusación se presentó el pasado 10 de junio, en el marco de la causa que se inició el 19 de agosto de 2024, tras el enfrentamiento a tiros que mantuvo Rodrigues Gomes con agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), durante un allanamiento a su domicilio de Pedro Juan Caballero en el marco de la operación denominada Pavo Real Py II.

Nueva imputación contra Alexandre Rodrigues, ahora por tentativa de homicidio

Cabe señalar que esta es la segunda causa penal en la que está acusado Alexandre Rodrigues, teniendo en cuenta que la principal es por el caso “Pavo Real Py II”, en la que se espera el inicio del juicio por supuesto narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Así también, afronta otra causa en el marco del caso denominado “Copia Fiel”, donde Alexandre Rodrigues, su exdefensor el abogado Óscar Tuma, tres escribanas, el precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla y otras personas más están procesadas por presunto lavado de dinero y otros ilícitos más.

El equipo fiscal solicitó al juez penal de garantías N° 3 de Pedro Juan Caballero, Edgar Gustavo Ramírez Rodas, que la causa se discuta en la instancia de juicio oral y público.

Peritajes y filmaciones extraídas sostiene acusación a Alexandre Rodrigues

La fiscalía sostiene su acusación en varias pruebas científicamente obtenidas, a través de distintas diligencias llevadas a cabo. Entre las mismas se cita el peritaje balístico, el cual determinó que las 14 vainillas servidas recolectadas en el techo corresponden de forma exacta al rifle Colt AR-10 con el que Rodrigues Gomes atacó al grupo de policías.

Por otra parte, los estudios químicos llevados a cabo por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción (CEMIT-UNA), detectaron restos de plomo, bario y antimonio mediante la técnica de hisopado a las manos del acusado, confirmando que disparó armas de fuego.

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Igualmente, la Fiscalía cuenta con grabaciones de video del sistema de circuito cerrado, las cuales fueron extraídas del DVR de la casa de Alexandre Rodrigues y también de las casas de los vecinos, cuyas filmaciones documentaron cronológicamente el ingreso de la comitiva y la huida del acusado.

Alexandre Rodrigues efectuó disparo con fusil a policías

De acuerdo con los datos, el 19 de agosto de 2024, se realizaron dos allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero, uno en el domicilio del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien murió durante el procedimiento; y el otro, en la casa de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, quien también se enfrentó a tiros contra policías de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

La imputación señala que, a las 3:30, los policías de la FOPE forzaron una puerta de blindex para acceder al inmueble; una vez ubicados en la sala, se identificaron en voz alta como agentes de la FOPE de la Policía Nacional y que se trataba de un allanamiento.

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Mientras los policías iban subiendo las escaleras del domicilio, se encontraron con Diana Ayala Acevedo, esposa de Alexandre Rodrigues, quien estaba acompañada de sus hijos pequeños, y también de la empleada doméstica. Los policías interrogaron a la mujer sobre la ubicación de su marido, a lo que ella contestó que él no estaba en la casa.

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Sin embargo, los policías siguieron avanzando y llegaron hasta una de las dependencias de la casa donde había un gimnasio. En ese lugar, había una puerta metálica que conducía a una terraza, llamativamente no estaba llaveada y presumieron que Rodrigues huyó por ese lugar, pues la terraza permitía tener una vista clara a lo que ocurría.

Los intervinientes se posicionaron en el gimnasio de la casa y en un momento dado, escucharon un disparo proveniente desde afuera. Inmediatamente después de eso, entró al sitio Diana Ayala y pidió, gritándole a su marido, que dejara de disparar pues se trataba de un procedimiento de la Policía.

Alexandre Rodrigues disparó en 14 ocasiones con el fusil

Pese al aviso de su esposa, Alexandre Rodrigues continuó realizando disparos, poniéndola incluso en peligro a ella. En total se contabilizaron 14 disparos, efectuados con un rifle Colt AR10, calibre 7.62x51 mm, contra el grupo de la FOPE de la Policía, que se hallaba dentro del gimnasio.

Varios de los tiros realizados por Alexandre Rodrigues, según la imputación fiscal, dieron contra la puerta metálica que servía de acceso al gimnasio. Ante el ataque, uno de los policías intervinientes procedió a proteger a Diana Ayala, mientras que los demás, procedieron a contestar la acción, también con disparos intimidatorios.

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Poco tiempo después, Alexandre dejó abandonado el arma de grueso calibre que estaba utilizando y salió de la propiedad y pasó a un predio vecino, donde abordó una camioneta Toyota Fortuner blanca, propiedad de Edgar Silvano Acosta Esquivel. En ese ínterin, un fusil fue encontrado en el techo del gimnasio.

Los agentes de FOPE continuaron la inspección de la casa y dentro de una camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula AHJK 800, que estaba estacionada en el domicilio, hallaron una pistola Glock 19, calibre 9mm, generación 4, con un proveedor de 14 cartuchos, dentro de una camioneta.

En la imputación fiscal se hace mención al informe de la DIGEMABEL N° 768, mediante el cual se pone a conocimiento de que la pistola Glock 19 y el fusil Colt Ar10 estaban registrados a nombre de Alexandre Rodrigues, quien tenía tenía permiso para la tenencia, pero con con los disparos hechos con el fusil, excedió los alcances de la habilitación que se le otorgó.

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En cumplimiento de la Ley Nº 6501 sobre financiamiento político, todos los partidos políticos y movimientos deben designar un administrador de campaña electoral, quien deberá rendir cuentas ante la Justicia Electoral sobre los gastos realizados en el marco de las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre.

El administrador de campaña es el encargado de toda la parte financiera, es decir, es quien se va a endeudar a nombre del partido y el que debe presentar las documentaciones sobre los gastos.

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La ley de financiamiento político, además de imponer la designación del administrador de campaña, obliga a cada partido a la apertura de una cuenta en bancos locales, los cuales están permitidos rechazar de manera argumentada el pedido.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado subrayó la complejidad de esta decisión, la cual se encuentra bajo una evaluación exhaustiva por parte del Poder Ejecutivo.

“Estamos evaluando detalladamente las posturas de todos los sectores para tomar una decisión responsable y equilibrada sobre el salario mínimo, priorizando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de nuestra economía”, afirmó el mandatario tras su reunión con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde.

El debate sobre el nuevo salario mínimo ocurre en un escenario marcado por la falta de consenso dentro de la propia Conasam.

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Mientras los representantes de los trabajadores han argumentado que el costo de vida ha superado los ajustes realizados en años anteriores, el sector empleador ha insistido en que el reajuste debe limitarse estrictamente a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a los mecanismos establecidos en la normativa laboral vigente.

Históricamente, el sistema de ajuste salarial en Paraguay se ha regido por lo dispuesto en el Código del Trabajo (Ley N.º 5764/16), que establece la revisión anual en función de la inflación oficial reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En los últimos años, el Ejecutivo ha aplicado ajustes anuales que buscaron compensar la pérdida del poder adquisitivo sin desequilibrar la macroeconomía.

Por ejemplo, en julio de 2025, el salario mínimo legal se ajustó un 3,6% (equivalente a G. 100.739), alcanzando los G. 2.899.048 vigentes hasta la fecha.

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Ante la ausencia de un acuerdo unánime en el seno de la Conasam este año, la responsabilidad de fijar el nuevo porcentaje mediante decreto presidencial recae exclusivamente sobre la figura del presidente de la República, quien deberá dirimir entre las distintas posturas para anunciar el monto que entrará en vigor próximamente.

“No es que los 9,5 millones es el salario de una limpiadora. El costeo del servicio incluye el costo de la mano de obra en donde el empresario tendría que tener en cuenta todos los costos, vacaciones, aguinaldos, cargas sociales, ausencias, reemplazos. Además de eso, el IPS en sus contratos prevé proveer ciertos equipamientos, insumos, dos vehículos", mencionó.

Asimismo, citó que entre los insumos se encuentran desinfectantes, alcohol, hipoclorito de sodio, detergentes y todo otro tipo de elementos de limpieza como repasadores, escobas, aspiradoras.

En referencia al contrato en sí, la funcionaria recordó que son del año 2024 -durante la presidencia de Jorge Brítez- y estos fueron adjudicados en octubre de ese año, mientras que la administración del actual presidente, Isaías Fretes, inició en abril de este año.

“Nos encontramos en la fase de ejecución de los contratos, difícilmente podemos decirte si los precios nos resultan costosos o no ya que no estuvimos en la etapa de evaluación de las ofertas”, alegó.

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Nueva licitación para limpieza

De igual manera, Flor, confirmó que ya se prevé una nueva licitación para el servicio nuevo llamado para el servicio en el área Central.

También dijo que el presupuesto estimado tuvo un importante ajuste tras una revisión financiera, ya que originalmente se presupuestaba un gasto de G. 139.000 millones, pero el monto se redujo a aproximadamente G. 90.000 millones, aunque reiteró que el monto es “estimado”.

Al respecto, estimó que el nuevo llamado podría tener una resolución de adjudicación para julio, probablemente para la quincena.

“El llamado ya ingresó al Consejo en la última sesión; quedó pendiente para un mejor análisis para adecuar los costos, presupuestados o estimados”, mencionó.

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Denuncias sobre incumplimiento de pago de salarios

Por su parte, María Luisa Espínola, directora de Servicios Administrativos, sostuvo que se realizan fiscalizaciones para confirmar el cumplimiento del contrato aún vigente.

Además, mencionó que en lo que refiere a los aportes a la previsional por parte de las empresas “no encontramos ninguna irregularidad”, pero sobre las denuncias sobre la falta de pagos de salario, alegó que “eso es competencia del Ministerio de Trabajo”.

“El Ministerio de Trabajo es el órgano rector de las relaciones laborales entre empleador y trabajador en el sector privado. No es competencia del IPS; lo que el IPS certifica es el aporte del seguro social”, agregó.

“Nosotros realmente no tenemos quejas del servicio propiamente dicho, las quejas que recibimos son en cuanto al salario de las limpiadoras”, reconfirmó.

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Alrededor de las 10:00 un bus de la línea 96 paró la marcha en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Rápidamente el chofer descendió del bus y se dirigió a los patrulleros de la comisaría 7a de Asunción apostados en el lugar para comunicar que ambos sospechosos estaban metiendo las manos en los bolsos de los pasajeros.

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Enciso y Cohener fueron rápidamente detenidos en el lugar y, una vez que los uniformados cotejaron sus antecedentes, los trasladaron a la mencionada sede policial, ubicada en Eusebio Ayala y Morquio.

El conductor del transporte público se comprometió que luego de completar su itinerario iba a llegar a la comisaría para efectuar la denuncia sobre el hecho punible y que también entregaría las imágenes captadas por las cámaras internas de la unidad, que captaron el accionar de los sospechosos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, sin embargo, aparentemente el conductor del ómnibus en cuestión aparentemente cambió de opinión y no se acercó a la comisaría para presentar una denuncia contra los presuntos “carteristas”.

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En comunicación telefónica el trabajador del volante habría explicado a los policías que los responsables de la empresa donde trabaja, la línea 96, aparentemente se negaron a que entregue las imágenes del circuito cerrado.

Sin denuncia y la filmación quedarán libres

Por su parte, los uniformados confirmaron que sin la denuncia del chofer y las imágenes de de las cámaras internas del ómnibus, se verán obligados a liberar a los sospechosos, pese a que testigos, principalmente vendedores ambulantes que trabajan sobre la avenida Eusebio Ayala, confirmaron que Enciso y Cohener son conocidos maleantes que delinquen principalmente a bordo de los buses que operan sobre dicha avenida capitalina.

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El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó la nota remitida por los representantes de los acreedores como una “patoteada”. El legislador opositor criticó el tono amenazante del planteamiento y señaló que el texto muestra una abierta intención de amedrentar a las autoridades de la Municipalidad, para forzar condiciones desproporcionadas aprovechando la crítica situación financiera de la capital.

El representante del bloque opositor ratificó su rechazo a las pretensiones de los tenedores de bonos y cuestionó la finalidad de la propuesta. “Esta gente quiere tomar de tonta o de estúpida a la ciudadanía”, dijo y agregó que lo que se busca es asfixiar el presupuesto mediante exigencias unilaterales.

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El principal cuestionamiento del sector opositor radica en los mecanismos establecidos para el recargo de la deuda. Grau alertó sobre la maniobra del sector financiero y denunció públicamente que los bonistas insisten en “querer cobrar interés sobre interés”. Este esquema de acumulación sobre saldos ya devengados genera el rechazo unánime del bloque, por carecer de justificación legal aceptable.

Según Grau, la propuesta plantea una modificación drástica de las tasas de interés originales mediante un cálculo que busca “promediar el porcentaje de interés de consumo que hay en el mercado financiero”. La aplicación de esta fórmula elevaría los compromisos municipales del 17% original a niveles cercanos al 30%, según el edil.

Grau calificó el planteamiento como una “avivada” que golpeará las finanzas municipales. Además, advirtió que el proyecto constituye “una locura gigantesca” que atenta de forma directa contra el patrimonio de los asuncenos.

La táctica de la Junta: “Tomar nota” para no aprobar la propuesta

El plenario de la Junta Municipal resolvió repetir la postura adoptada a finales de mayo ante la anterior intimación de pago de los acreedores. En aquella oportunidad, el intendente Luis Bello (ANR-HC) había presentado el expediente bajo la figura de un acuerdo de pago.

Al igual que en aquella oportunidad, la Comisión de Hacienda dictaminó solamente “tomar nota” del mensaje y devolver los antecedentes a la Intendencia. El dictamen encomienda a Bello que se remita estrictamente a los términos del contrato original de emisión de los bonos. Los legisladores recordaron que el jefe comunal tiene la obligación legal de pagar las cuotas vencidas sin firmar pactos paralelos.

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La decisión de la Junta Municipal se da una semana después de que el intendente Bello haya hecho alarde de haber pagado más de G. 50.000 millones de la deuda de bonos, tras llegar a un “nuevo acuerdo” con los acreedores, para evitar eventuales demandas judiciales.

El actual saldo rojo de la capital proviene de los compromisos financieros asumidos, en su mayoría, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La comuna acumuló caídas consecutivas en mora por el impago de cupones de intereses desde mayo de 2025 a febrero de 2026. El pasivo total acumulado por la Municipalidad con los inversionistas trepó hasta los G.145.493 millones.

El esquema de pagos: Cuotas millonarias y saldos diferidos

El plan de reestructuración propuesto por los bonistas establece un cronograma de desembolsos dividido en dos etapas principales. La primera fase requería el pago de G. 50.941 millones para cubrir cinco cupones de intereses compensatorios vencidos durante el año pasado. Según lo expuesto por el intendente Luis Bello, ese desembolso ya fue ejecutado.

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La segunda etapa de la propuesta establece el pago obligatorio de una cuota de G. 41.101 millones para el 15 de septiembre de 2026. El documento añade que el cumplimiento de este desembolso permitirá congelar las demandas en los tribunales. Los acreedores ofrecen diferir un saldo de G. 181.048 millones en concepto de capital e intereses hasta marzo de 2027.

Deudas acumuladas, desvíos y obras paradas

Mientras busca resolver la situación financiera, Bello prosigue el lento avance de las obras de infraestructura que su antecesor había prometido con la emisión de bonos G8 (2022). La semana pasada, negó que haya paralización de los trabajos, aunque admitió el desfinanciamiento en el desagüe pluvial de General Santos, cuya palada inicial se dio hace más de 14 meses, sin avances en el terreno.

Ese proyecto, así como los desagües de San Pablo, Abasto y Santo Domingo, fueron prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8, de G. 360.000 millones. Su gestión, sin embargo, desvió el dinero y provocó serios retrasos en los proyectos por falta de pago a las contratistas. De las 8 cuencas que prometió, apenas empezó 4.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos a salarios y otros gastos corrientes. Ante la contundencia del informe, Rodríguez renunció a la Intendencia en agosto, porque era inminente su destitución.

Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”. Pese a estas irregularidades, Nenecho intentó volver a la Junta como concejal, pero el electorado lo aplazó rotundamente.

El Consorcio Agrotech, cuyos representantes son José Pablo Penayo y Jorge Francesco Gattini, resultó adjudicado en la licitación para la gestión de recursos humanos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), por una oferta de G. 5.954 millones.

Según los términos del contrato, el monto global se divide en G. 2.477 millones catalogados como gastos no reembolsables y G. 3.476 millones en concepto de gastos reembolsables.

Demoras en pagos

En ese contexto, dos trabajadores denunciaron ante ABC supuestas demoras en el pago de las labores realizadas. Los afectados, debido a la sensibilidad del caso y a su relación laboral con la empresa, prefirieron no ser identificados.

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Si bien el tiempo estimado para la ejecución de la encuesta era de un mes, de acuerdo con los propios trabajadores contratados, las tareas se extendieron debido a las condiciones climáticas de la zona, por lo que recién concluyeron en mayo pasado. “Terminamos el 10 de mayo y desde esa fecha no recibimos ninguna bonificación ni comunicación hasta esta semana por parte de la empresa que nos contrató”, denunciaron.

Según detallaron, a un encuestador de lista le corresponde percibir aproximadamente G. 9 millones, aunque el monto varía según cada colaborador. Dijeron que alrededor de 210 trabajadores continúan aguardando el pago por los trabajos ejecutados.

Cuestionan posibles reducciones en los pagos

Además, ambos trabajadores señalaron que desde Agrotech se les alertó sobre posibles reducciones en los montos a cobrar.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde la compañía informaba que estaba revisando el trabajo realizado y que podría haber algunos descuentos”, relató uno de los denunciantes.

Indicó que recién una vez concluido el operativo fueron informados sobre las posibles deducciones. “El único mensaje que nos dieron es que estaban revisando porque había inconsistencias. La pregunta que nos hacemos los trabajadores es si Agrotech no tiene la capacidad de revisar más de 210 documentos de una cantidad similar de encuestadores en un mes. Queremos saber cuál es realmente el problema”, cuestionó.

Agrotech justifica que cumple los plazos

Por su parte, Francesco Gattini, representante legal del Consorcio Agrotech, manifestó a nuestro medio que el primer pago a los censistas de la ENA Chaco fue realizado en su totalidad y dentro del plazo establecido contractualmente.

Aseguró que actualmente se encuentra en proceso el pago final, cuya liquidación, según contrato, depende de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), autoridad competente del operativo.

“Si bien el trabajo de campo concluyó el 10 de mayo, el pago final no se activa con el cierre del relevamiento, sino una vez concluido el proceso de validación técnica oficial. Dicha validación fue recibida el 2 de junio y posteriormente socializada con la estructura censal, habilitándose un periodo de reclamos hasta el 10 de junio”, argumentó.

Gattini agregó que, tras el cierre de esa etapa, se inició el proceso administrativo para el pago final, incluyendo la emisión de facturas y la recepción de la documentación correspondiente por parte de los participantes.

Pago hasta 10 días hábiles

A su vez, conforme a las condiciones contractuales, explicó que el plazo de pago es de hasta diez días hábiles desde la recepción completa de la documentación requerida.

Por tanto, sostuvo que "no existe un pago retenido ni incumplimiento de plazos", sino un procedimiento administrativo y técnico que sigue el mecanismo previsto para este tipo de operativos.

“El pago final se realiza sobre la base de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), así como de la presentación de la documentación administrativa correspondiente por parte de cada censista, incluida la facturación”, amplió.

Agrotech niega descuentos

Sobre la deducción de pagos mencionada por los denunciantes, Gattini sostuvo que no se trata de descuentos, sino que los montos establecidos en la convocatoria fueron siempre topes máximos (hasta determinada cifra) y no montos fijos.

“El pago final se determina sobre la base de la producción efectivamente validada como la correcta cobertura del área asignada, la verificación de productores relevados, productores ausentes o unidades sin producción agropecuaria durante el período, cuyos valores de liquidación son diferenciados”, reiteró.

Pago tras validación oficial

En ese sentido, justificó que el Consorcio no modifica ni determina esos resultados técnicos y que la empresa procesa y abona los pagos conforme a la validación oficial remitida por la autoridad competente.

Estas condiciones, según indicó, fueron comunicadas desde la convocatoria, formalizadas contractualmente y aceptadas por cada participante al momento de su incorporación al operativo.

Asimismo, aclaró que los montos liquidados no corresponden a descuentos por errores de campo, sino a la aplicación de criterios técnicos de validación definidos por la DCEA. Subrayó además que todos los operadores recibieron capacitación previa al inicio del trabajo de campo, adecuada a su rol, cargo y responsabilidades dentro del operativo.

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Finalmente, los censistas resaltaron que en la última comunicación la empresa se comprometió a abonar los pagos entre el 15 y el 19 de junio. Al menos hasta este 17 del corriente mes aún no cobraron por el servicio realizado. Ante ello, el Consorcio Agrotech respondió que se encuentra dando cumplimiento a ese compromiso dentro de los plazos contractuales.

Este medio también intentó conversar con el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, pero desde el departamento de comunicación de la institución informaron que se encontraba cumpliendo una agenda de trabajo en la ciudad de La Colmena.

Como prosecución de esos procedimientos se incautaron los celulares del diputado Lalo Gomes y los de su hijo, los cuales fueron sometidos a pericia forense para extraer la información contenida en ellos. Los datos resultantes de la diligencia fueron puestos a disposición del juez de la causa, Osmar Legal, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado.

#LaMafiaManda: Fiscalía acusa y pide juicio para Orlando Arévalo

El magistrado verificó el contenido a modo de garantizar que se haya sido extraído lo que es netamente relevante y conducente para la pesquisa. En ese proceso detectó la posible comisión de hechos punibles a través de los chats que mantuvo Eulalio “Lalo” Gomes con legisladores, jueces, fiscales y otras personas más.

Entre esos chats de WhatsApp estaba el del entonces diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlado Gabriel Arévalo Zielanko. Esas conversaciones se filtraron y nuestro diario los expuso a través de la investigación denominada #LaMafiaManda, desde el 3 de febrero de 2025.

Orlando Arévalo fue procesado por sus chats con Lalo Gomes

Luego de que se hayan difundido las conversaciones del legislador Eulalio “Lalo” Gomes, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de causas penales y la conformación de un equipo fiscal con los agentes Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez.

Los agentes del Ministerio Público imputaron a Orlando Arévalo y a Guido Javier Díaz Domínguez el 12 de diciembre de 2025, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor y cómplice, respectivamente. Tras las diligencias y cumplido el plazo ordinario, presentaron acusación el 16 de junio de 2026 en contra de ambos.

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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, ahora debe resolver la admisión de la acusación y convocar para una fecha determinada a los acusados Orlando Arévalo y Guido Díaz.

Lalo Gomes actuó como acreedor de Arévalo a cambio de un favor

De acuerdo con lo que señala la acusación fiscal, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por valor total de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por Gomes, consistente en ayudar a una persona que estaba enjuiciada en el órgano.

Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió que le envíe fotos de los cheques, a lo que Arévalo le remitió imágenes de las hojas de cheque a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando G. 202.000.000.

El 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le consultó a Eulalio Gomes si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que este le respondió que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya endosados.

Lalo Gomes intercedió en favor de fiscala enjuiciada

Ese 11 de septiembre, Lalo Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le pidió que reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00 en su casa, ubicada en Lambaré. La fiscala Cano estaba enjuiciada y el 12 de ese mes se trataba su caso en el JEM.

Al tiempo en que Lalo Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz también le avisaba que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

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Posteriormente, 3 de noviembre de 2023, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Lalo Gomes para pedirle que interceda en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano felicitándole e informándole que se reunió con Orlando Arévalo. El 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano, pero al dictar sentencia resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento.

Orlando Arévalo lesionó su deber como juez, sostiene Fiscalía

Con base a la información reunida durante la investigación, los fiscales fundamentaron su acusación contra Orlando Arévalo por cohecho pasivo agravado (coima), señalando que el mismo reunía el requisito especial del autor para que su conducta se subsuma dentro del hecho punible.

Se debe señalar que Arévalo fue acusado por lo que penaliza el artículo 301 del Código Penal, cohecho pasivo agravado, inc. 1° -que refiere al funcionario- y inc. 2º -que refiere al juez o árbitro- en cuanto a la solicitud y aceptación de un “beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el futuro”.

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Así se tiene que, Orlando Arévalo era por entonces un diputado nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos del cual incluso fue presidente. En este sentido, se constituía como juez, en atención a que el art. 301, inc. 2° no distingue qué tipo de juez se refiere la norma, pudiendo comprenderse incluso en su acepción más amplia, según la Fiscalía.

En cuanto a las alternativas del tipo penal, de solicitar o aceptar, “se tiene corroborado que Orlando Arévalo, el 8 de septiembre de 2023 solicitó y posteriormente aceptó de parte de Eulalio Gomes, el endoso de tres cheques por valor de Gs. 202.000.000”, lo que está documentado en los chats de WhatsApp.

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Los fiscales señalan que “la doctrina considera beneficio a cada ventaja, cada mejora objetiva, material o inmaterial, de la situación del funcionario”, y en este caso en específico, “la ventaja proporcionada por Eulalio Gomes no se limitó a dicho endoso”, ya que también se contactó con Guido Diaz para que facilite el crédito a Arévalo.

A ello se suma que, tras pedir el endoso de los cheques por G. 202.000.000, accedió y se comprometió a intervenir en el enjuiciamiento de la fiscala Stella Mary Cano, con quien incluso se reunió a pedido de Eulalio “Lalo” Gomes. Todo ello se corrobora y se confirma –para la Fiscalía- con el mensaje de felicitaciones dirigido por Lalo Gomes a Stella Mary Cano por solamente ser apercibida por el JEM.

En tanto que, para el tipo penal del cohecho pasivo agravado, inciso 2°, se requiere que el acto de servicio a ser prestado lesione los deberes del juez o árbitro, es decir, que no actúe conforme lo exige las funciones del cargo cuyos deberes se establecen por norma y otros ordenamientos.

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Teniendo en cuenta todo ello, la Fiscalía sostiene que un juez toma su decisión, según le exige la ley exige, “el estudio del mérito de la prueba y la fundamentación fáctica y jurídica, es decir, exige una motivación basada en las circunstancias acontecidas en el proceso, por lo que, si la decisión de uno de sus miembros lo realiza como condición de un compromiso o acuerdo previo, sin el estudio de mérito, sin la valoración de todas las pruebas y la fundamentación correspondiente, es un acto que lesiona sus deberes”.

Con ello la Fiscalía concluyó que Arévalo lesionó sus deberes al asumir el rol de juzgador como miembro del JEM y, además, actuó con dolo porque “ha seleccionado los medios idóneos para alcanzar ese fin y han dado a sus acciones el impulso necesario para ello”.

Crisis en Neonatología del IPS: renuncias masivas ponen en riesgo el servicio

La medida, que ha sido formalizada tras varias semanas de conversaciones médicas y sociedades científicas, representa una reestructuración significativa en el suministro de insumos del ente previsional. El presidente del IPS, Isaías Fretes, aseguró en diversas ocasiones que con la exclusión de estos ítems que fueron catalogados como inútiles ante el avance médico, se logrará un ahorro significativo para la institución.

Insumos médicos quirúrgicos: estos son los ítems eliminados

La lista de artículos excluidos abarca una amplia gama de dispositivos médicos y suministros de laboratorio. Según el análisis de la lista consolidada, se han identificado afectaciones directas en servicios de complejidad como:

• Cardiocirugía: 38 ítems excluidos.
• Traumatología: 37 ítems excluidos.
• Cirugía Vascular: 30 ítems excluidos.
• Laboratorio: 44 ítems excluidos.

El análisis técnico revela que 272 ítems del total fueron catalogados sin una dependencia específica en el listado oficial, incluyendo diversos materiales de uso corriente como sondas, catéteres, hojas de bisturí y equipos de infusión, que supuestamente ya no se ajustan a la realidad médica moderna.

¿Qué medicamentos fueron excluidos del vademécum?

El Consejo de Administración del IPS aprobó también la exclusión de 23 ítems del vademécum de medicamentos. La lista incluye desde analgésicos y tratamientos respiratorios hasta componentes críticos del esquema nacional de vacunación.

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Entre los medicamentos y biológicos que ya no formarán parte de la cobertura se encuentran fármacos de uso común en diversas especialidades médicas:

• Tratamientos y alivio sintomático: La lista incluye la Betametasona, Ciclobenzaprina (relajante muscular), Ivermectina y el Mebendazol + Tiabendazol para el control de parásitos. También se eliminan fórmulas combinadas como Polimixina B + Neomicina + Dexametasona (usada habitualmente en afecciones oftálmicas/ópticas) y Serenoa Repens (utilizada para tratar síntomas urinarios relacionados con la próstata).
• Salud respiratoria y neurológica: Se han retirado los expectorantes y mucolíticos para niños (Ambroxol/Bromhexina), el Glicerofosfato y el Haloperidol Decanoato, un antipsicótico fundamental para pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos.
• Cuidados críticos: El vademécum también prescinde del Pancuronio Bromuro, un bloqueador neuromuscular de vital importancia en las unidades de terapia intensiva.
• Suplementación: La previsional dejará de suministrar Polivitamínicos con o sin minerales.

Quizás el punto más sensible de esta medida es la exclusión de una extensa lista de biológicos esenciales para la prevención de enfermedades infecciosas. La lista de vacunas que salen del vademécum del IPS incluye:

• Esquema infantil y general: La vacuna BCG, DPT, Sabin, Antisarampionosa, Antitetánica, Antivaricela y Antihaemophilus B.
• Vacunas específicas: La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la vacuna contra el Dengue (virus vivos atenuados), la vacuna Antigripal y la PVC 13 (Neumocócica conjugada).

Sobre la lista de vacunas que se consideran vitales y son parte del esquema básico de inmunización nacional, desde el IPS explicaron que desde hace tiempo estos biológicos son proveídos por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y, que su exclusión del vademécum tan solo representa una limpieza, no así una eliminación total de estos biológicos en los servicios del IPS. Aseguran que mediante Salud Pública, estas vacunas seguirán disponibles en el IPS.

¿Por qué el IPS eliminó 939 ítems de su vademécum?

La decisión, respaldada por el Consejo de Administración liderada por Isaías Fretes, fue tomada -según las autoridades- para la optimización del vademécum del instituto.

Al anunciar esta medida, el presidente había dicho que existe una gran lista de insumos y medicamentos que “se compran al santo botón”, debido a que el avance médico es constante y la utilización de al menos mil ítems de la lista era nula o casi nula en los servicios del IPS.

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Esta medida genera expectativas sobre cómo la institución suplirá la falta de estos insumos en los quirófanos y unidades de cuidados intensivos, donde especialidades como la neurocirugía y la cardiocirugía dependen de materiales especializados para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La resolución, que entra en vigor de manera inmediata, obliga a las dependencias hospitalarias a ajustar sus requerimientos y protocolos de atención ante la nueva configuración del vademécum.

IPS avanza en compras unificadas con Salud Pública

Además de oficializar la exclusión de 939 ítems del vademécum de insumos y medicamentos del seguro social, las autoridades del IPS ratificaron ayer, en sesión, la intención de avanzar con la unificación de criterios con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para optimizar las compras y la transparencia en la adquisición de fármacos de alto costo.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, enfatizó que la compra de medicamentos de alto costo, particularmente monoclonales y fármacos oncológicos, requiere un volumen mayor para obtener precios competitivos y condiciones más ventajosas para el Estado.

“No es lo mismo comprar mil galletas que cien mil galletas”, ilustró el titular del IPS al proponer una alianza estratégica para estandarizar las especificaciones técnicas entre instituciones.

Medicinas costarán menos y proceso será más transparente, dicen

Fretes aseguró que al unificar criterios médicos, el IPS y el Ministerio de Salud pretenden reducir los procesos burocráticos y las protestas de empresas oferentes que, ante especificaciones técnicas divergentes, suelen impugnar procesos, retrasando la llegada de insumos esenciales.

El Consejo de Administración hizo hincapié en que la transparencia es el mecanismo más efectivo para asegurar el abastecimiento. Fretes mencionó que ya se están validando las especificaciones técnicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros centros especializados, como el Hospital de Clínicas, para garantizar que el llamado a licitación sea claro, competitivo y difícilmente cuestionable.

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Durante la sesión se enfatizó que al estandarizar las documentaciones y requerimientos, se busca que el proceso de licitación sea fluido. Se destacó que, ante las recientes protestas técnicas, el IPS ha logrado resolver conflictos en tiempos récord —como la resolución de una protesta en apenas 21 días— mediante una gestión directa y transparente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

De la improvisación a la planificación en IPS

Como resultado de esta mejora en la gestión administrativa y la planificación constante, la institución reportó un avance significativo en la disponibilidad de fármacos.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística aseveró que gracias a la emisión de órdenes de compra para productos críticos y la concreción de licitaciones en etapa de adjudicación, se proyecta que el faltante de medicamentos de alta rotación se reducirá a un 18%.

Fretes destacó que el instituto ha pasado de una etapa de improvisación a una fase de planificación. Resaltó que el objetivo final de estas compras conjuntas y la depuración de los procesos es que el asegurado encuentre sus medicamentos en las farmacias del seguro social sin sufrir la interrupción de sus tratamientos por deficiencias administrativas.

La defensa del funcionario municipal acusado, Marcos Isaías Meza Ortiz, alegó la existencia de una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver sobre la decisión judicial de reapertura de la causa.

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Sin embargo, para el juez Rodrigo Estigarribia, la providencia recurrida dispuso únicamente la convocatoria a audiencia preliminar.

Es decir, una de mero trámite cuyo único objeto es posibilitar la sustanciación de la audiencia preliminar, por lo que la misma no modifica la situación jurídica de los procesados, no restringe derechos, ni genera por sí misma un agravio jurídicamente relevante.

El juzgado argumentó, además, que no se acreditó la existencia de resolución alguna emanada de la Sala Constitucional que disponga la suspensión de los efectos del fallo de la Cámara de Apelación que confirmó la reapertura de la causa.

Al rechazar la reposición, el juez Rodrigo Estigarribia remitió el expediente al Tribunal de Alzada por la apelación subsidiaria.

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En la causa por supuesta sobrefacturación y pago por obras fantasmas que ocasionaron un millonario daño patrimonial están acusados el intendente Tomás Olmedo y los funcionarios municipales Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza, Flavio Javier Duarte Vallovera y Arnaldo Gauna Martínez.

El documento señala que la medida se debió a un pedido del intendente renunciante de este municipio, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), quien comunicó que este miércoles se programaron trabajos de fumigación en el edificio municipal.

Sin embargo, concejales que participaron de la sesión realizada ayer aseguraron que la fumigación finalmente no se llevó a cabo y que el inmueble terminó siendo ocupado por simpatizantes del intendente renunciante Penayo Arce. Esa situación que impidió el normal desarrollo de las actividades legislativas.

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Legitiman el juramento del intendente interino

Ante este escenario, los ediles decidieron sesionar frente a la Comisaría local para dar continuidad a las gestiones del deliberativo comunal y otorgar validez institucional al acto de juramento del concejal colorado Rubén Pedrozo, quien en sesión anterior fue electo intendente interino por mayoría de los ediles.

La sesión fue presidida por el vicepresidente de la Junta Municipal, Carlos Agüero (PLRA). Participaron además los ediles Rubén Pedrozo (ANR), Cayo Barboza (ANR), Mabel Schupp (PLRA), José Domingo Villalba (PLRA), Lucas Giménez (PLRA) y David Rojas (PLRA).

No admite renuncia

En un audiovisual difundido por las redes sociales, Penayo se refirió a lo acontecido ayer en la Junta Municipal. Señaló que, al realizar un análisis de la situación política de este municipio, existe una conspiración en su contra.

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Recordó que él se había constituido en la sesión de la Junta Municipal, del 3 de junio, y manifestó su intención de renunciar al cargo para abocarse a la campaña electoral por su reelección en el cargo, pero que lo hizo de manera informal. Su nota de renuncia la había devuelto la presidenta del órgano deliberativo.

Agregó que tiene tiempo para presentar su renuncia de manera formal, “que es lo que tanto está esperando el grupo de siete concejales, para irse con todo contra mí y poder destruirme desde adentro, porque tanto ya han intentado desde afuera pidiendo por mi cabeza y no han logrado, y ahora se han aliado por conveniencia”.