En conversación con ABC esta tarde, aseguró que algunos de los cargamentos que ingresan de manera irregular terminan en las góndolas de los supermercados. Esto debido a que las personas que operan bajo la informalidad siempre encuentran la manera de respaldarse documentalmente, acotó.

“Es ahí donde la situación escapa de las manos de los supermercadistas, el poder saber si existe o no trazabilidad. Algunas personas presentan una factura legal de manera a excusarse y no se sabe de dónde salieron o trajeron los productos”, precisó.

Lucha contra la informalidad

Sobre la lucha contra la informalidad, precisó que se constata que la DNIT dispone de pocos funcionarios a nivel país para combatir el ingreso ilegal de productos que no solo afecta al rubro tomates, sino también de artículos electrónicos, productos de limpieza, carne de pollo, huevo, entre otros.

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En ese aspecto, reconoció que se hacen operativos “regularmente” en un trabajo conjunto con otras instituciones, pero que estas no “hacen el mismo esfuerzo que la DNIT, por lo que obtener buenos resultados cuesta más”, afirmó.

La falta de productos evidencia el contrabando

Asimismo mencionó que en el país los consumidores tienen la necesidad de adquirir productos extranjeros-especialmente tomate-,debido a que la producción nacional no está abasteciendo. De acuerdo con Leguizamón, dicha situación se evidencia más cuando ingresan mercaderías de origen ilegal.

“En este punto surgen los problemas de los comerciantes con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de no autorizarse la importación cuando realmente es necesario, razón por la que seguimos enfrentando los problemas de contrabando especialmente el tomate”, indicó.

Ante ese escenario, contó que este lunes en la lista de precios facilitados por la Dirección de Comercialización del MAG el costo de la caja de 20 kilos ronda los G. 200.000, y aseguró que hace ocho días el precio rondaba los G. 130.000.

“Existe aún un capricho del ministro del MAG (Carlos Giménez) para no liberar la importación; (él) espera que alcance G. 220.000 la caja”, opinó.

Piden intervención del Abasto por desalojos y supuestos pedidos siderales de dinero

Manifestación en el Abasto

Por último, desde la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) piden la intervención inmediata de la administración del Mercado Central de Abasto, dependiente de la Municipalidad de Asunción.

Supuestamente, la medida obedece a las reiteradas irregularidades, denunciadas por permisionarios, comerciantes y actores del mercado, sobre cobros irregulares y otras cuestiones.

En ese sentido, adelantó que se manifestarán en busca de soluciones este miércoles.

Desde la administración del Senado se ordenó a todas las dependencias dar cumplimiento inmediato a la nueva normativa.

La medida llega tras la publicación de que Núñez habría percibido cerca de G. 300 millones en concepto de “bonificaciones por responsabilidad” entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

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Estos montos habrían superado los límites establecidos por la normativa vigente, lo que generó una fuerte reacción política y mediática.

Tras la exposición pública del caso, el titular del Congreso se vio obligado a renunciar a dichas bonificaciones.

Giro político en medio del debate por el gasto público

La decisión de eliminar incentivos se da en un contexto de creciente presión sobre el gasto estatal, especialmente en lo relacionado a bonificaciones y beneficios dentro del sector público y en el marco de la “economía de guerra”.

Aunque la resolución implica un recorte directo de beneficios, surgen interrogantes sobre su impacto real. Por un lado, se interpreta como una señal política tras el escándalo que involucró al propio Núñez. Por otro, sectores de la oposición consideran que el foco debería estar en las bonificaciones de alto monto y no en incentivos menores.

La eliminación de incentivos se suma a un clima de creciente escrutinio sobre el uso de recursos en el Poder Legislativo.

El acto se realizó en un establecimiento privado, con la presencia del intendente Ignacio Brizuela, del consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, así como de concejales departamentales y municipales.

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Están confiados en que lograrán una amplia victoria en las internas partidarias previstas para el 7 de junio. Asimismo, apuntan a consolidar este respaldo con miras a las elecciones municipales que se desarrollarán en octubre próximo en todo el territorio nacional.

El postulante a la Intendencia, Servín, señaló que el encuentro político contó con la participación de dirigentes barriales y representantes de las diferentes compañías de Yabebyry, superando todas las expectativas iniciales por la masiva concurrencia de simpatizantes.

Según estimaciones, entre 700 y 800 personas asistieron a la actividad proselitista, lo que genera confianza en el equipo político de Honor Colorado de cara a las internas de junio.

Indicó que se viene trabajando de manera coordinada con los candidatos a concejales, con el objetivo de lograr una victoria contundente mediante el respaldo ciudadano.

En otro momento, Servín destacó que en el distrito de Yabebyry la ANR cuenta con 2.453 afiliados habilitados para votar en las elecciones internas partidarias. Señaló que el porcentaje de participación electoral suele rondar el 70 %, lo que representa un nivel significativo de concurrencia de votantes en este tipo de procesos.

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Además, indicó que se estima generar unos 1.100 puestos de trabajo para los paraguayos, que podrían situarse en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay, en rubros como confecciones, plásticos, alimentos, madera y componentes industriales.

Así, Paraguay diversifica su producción y se consolida como un destino competitivo para inversiones industriales, según afirmó el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme.

Impacto económico y social

Al destacar los nuevos proyectos, el ministro mencionó que la maquila es uno de los sectores con mayor impacto económico y social en el país, al generar 36.000 empleos actualmente. Además, contó que el año pasado se logró un récord en las exportaciones, con más de US$ 1.300 millones.

Maquila paraguaya depende cada vez más del mercado brasileño

De acuerdo con lo destacado, el rubro aporta a Paraguay una mayor diversificación de la matriz productiva y exportadora, lo que permite que el país deje de depender “en un 100% del clima como base de su economía”, acotó Riquelme, haciendo referencia a la agricultura y ganadería.

En ese sentido, señaló que la Ley Maquila sigue siendo de preferencia para los inversionistas extranjeros, especialmente brasileños.

Ubicar estratégicamente a las nuevas empresas

“La idea es que, a través del pilar del ordenamiento geográfico de la ‘Revolución Industrial’, se logre que más empresas maquiladoras se instalen en el interior del país. Sobre todo, que puedan ubicarse donde existe mayor necesidad de empleo y no necesariamente donde ellas desean instalarse”, indicó.

A inicios de abril, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 7547/2025 de Maquila, aprobada en septiembre del año pasado. De acuerdo con las autoridades, se busca promover la generación de empleo formal y de calidad, además de incentivar el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado nacional.

Potenciar la maquila de servicios

Entre los cambios incorporados por el Ejecutivo en esta nueva normativa, se incluye la incorporación expresa de la maquila de servicios en la ley, así como el incentivo impositivo de la devolución del 0,5% del IVA crédito para empresas maquiladoras de servicios, lo que generará condiciones más atractivas para la inversión, según se espera.

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Envíos del rubro

Por otro lado, al cierre del segundo mes del año, las industrias maquiladoras realizaron envíos al mercado internacional por valor de US$ 248 millones. Esta cifra representa un incremento de US$ 51 millones respecto a los US$ 197 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Entre tanto, desglosando el informe del ente estatal, solo en febrero los envíos del sector alcanzaron US$ 134 millones, mientras que en enero de 2026 el monto exportado fue de US$ 114 millones.

La Municipalidad de Asunción cerró el ejercicio fiscal 2025 con un gasto multimillonario en servicios personales. De una ejecución total de G. 1,18 billones, más de G. 728.323 millones se destinaron exclusivamente al pago de salarios municipales.

El periodo en cuestión comprende los últimos meses del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), entre enero y agosto, incluyendo los dos meses de intervención a su gestión, que fue entre junio y agosto y estuvo a cargo de Carlos Pereira. Además, abarca los primeros meses del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), quien asumió en agosto, tras la renuncia de Rodríguez.

Los contribuyentes asuncenos financiaron una estructura burocrática que consumió aproximadamente US$ 116 millones durante todo el año pasado. Esta cifra representa el 60% del presupuesto anual, dejando un margen mínimo para inversiones en infraestructura pública necesaria.

Cinco dependencias destinaron G. 281.908 millones, casi US$ 45 millones, solo a remuneraciones, representando casi el 40% de todo el dinero destinado a ese rubro. Aunque vitales para el funcionamiento de la comuna, estas unidades priorizaron el sostenimiento de su fuerza laboral por sobre sus metas operativas. Este es el top 5 de las dependencias municipales más costosas en salarios para los contribuyentes asuncenos.

Top 5 de gastos en salarios en Asunción: Servicios Urbanos

La Dirección de Servicios Urbanos lidera este ranking, con una erogación salarial que alcanzó los G. 115.736 millones (US$ 18,3 millones) en 2025. Casi el 80% de este gasto, unos G. 90.609 millones, se utilizaron para pagar jornales a trabajadores de limpieza y recolección.

A pesar de esta millonaria inversión, la capital terminó el periodo sumida en una crisis de basura y suciedad, precisamente por fallas en el servicio de recolección de desechos. Mientras tanto, gran parte de su flota de camiones recolectores se encuentra obsoleta, funcionando como un “cementerio de chatarras”.

La situación empeora cuando se compara, por ejemplo, lo destinado a salarios con lo utilizado para pagar el alquiler de camiones recolectores privados, para suplir las chatarras. A este rubro se destinaron apenas G. 22.657 millones, 5 veces menos que en salarios.

Pero la proporción es aún más crítica cuando comparamos lo destinado a salarios, versus el gasto en combustibles y lubricantes, vitales para el funcionamiento de la flota municipal. A este rubro se destinaron poco más de G. 13.790 millones, una octava parte de lo destinado a salarios.

Esta dependencia es una de las que más concentra el cupo político en la comuna, lo que explica el alto porcentaje de funcionarios precarizados mediante contratos, utilizados electoralmente. En los últimos meses, los propios funcionarios vienen denunciando el incremento del “arreo” para actos del candidato oficialista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista).

Top 5 de gastos en salarios en Asunción: Junta Municipal

La Junta Municipal de Asunción ocupa el segundo lugar, con G. 84.650 millones destinados al rubro de salarios.

Esto incluye unos G. 28.736 millones para dietas de los concejales, otros G. 24.837 millones para el pago a jornaleros y más de G. 5.205 millones en remuneraciones básicas.

Este monto representa la mayor parte de su ejecución total, con escasa inversión en proyectos de beneficio ciudadano directo. Los legisladores asuncenos mantuvieron una estructura de costos elevada mientras la ciudad reclamaba mejoras en servicios básicos.

Dirección de Vialidad

Por su parte, la Dirección de Vialidad, encargada del mantenimiento de la calidad de calles y avenidas, destinó G. 32.505 millones solo para cubrir su planilla de funcionarios. La mayoría de estos recursos, G. 25.119 millones (77%), financiaron los jornales de las cuadrillas encargadas del bacheo asfáltico.

Mientras se gastan millones en salarios, los contribuyentes asuncenos siguieron denunciando que las calles de la capital se encuentran en un estado de ruina total.

Esta dependencia gastó 4 veces más en salarios que lo que se utilizó para pagar insumos viales críticos y combustibles, por los que se pagó G. 7.942 millones. En la adquisición de maquinarias viales, fue todavía peor, reduciendo la inversión a poco más de G. 5.209 millones, es decir, seis veces menos que lo destinado a salarios.

Como la dirección de Servicios Urbanos, Vialidad también concentra un alto porcentaje de operadores políticos. En los últimos meses, funcionarios también denunciaron “arreos” a actos de Camilo Pérez (ANR-cartista).

Policía Municipal de Tránsito

La Dirección de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, también figura en la lista con un gasto salarial de G. 25.518 millones. En esta dependencia, el personal permanente domina la estructura con sueldos que suman más de G. 17.758 millones anuales, lo que equivale al 70% del gasto en servicios personales.

A este rubro se añadieron asignaciones complementarias por G. 5.025 millones, de las cuales las bonificaciones sumaron más de G. 3.140 millones.

Mientras el foco se mantuvo en la remuneración del cuerpo de agentes, estuvo ausente en la modernización tecnológica que permita la erradicación de prácticas de corrupción, habitualmente atribuidas a los agentes de tránsito.

Estación de Buses

La Estación de Buses de Asunción, dependencia que destinó el 115% de su recaudación al pago de sus trabajadores, ocupa el quinto lugar de este ranking.

En total, la terminal destinó G. 23.497 millones en servicios personales, dejando apenas migajas para el mantenimiento edilicio. Los jornales operativos absorbieron casi G. 14.000 millones, mientras las obras de mejora de infraestructura fueron prácticamente inexistentes, con apenas G. 97 millones.

Esta cifra no representa ni el 1% de los más de G. 10.100 millones que estaban presupuestados. La inversión real en construcciones durante el año pasado fue de G. 0, de un presupuesto de G. 6.570 millones.

“Modelo” Nenecho

El modelo financiero aplicado en 2025 priorizó los gastos corrientes sobre la inversión física para beneficio de la ciudad. Mientras los salarios consumieron G. 728.323 millones, las obras públicas apenas recibieron una inyección de G. 50.548 millones. Esto significa que el municipio gastó quince veces más en pagar sueldos que en construir nuevos desagües o puentes.

El interventor, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, hacia gastos operativos. El dinero que debía transformar Asunción, terminó cubriendo baches financieros y pagando la inflada nómina de funcionarios municipales. Con todo, Nenecho se candidata ahora, nuevamente, a concejal.

Como agravante, actualmente, la comuna enfrenta intimaciones de pago por intereses vencidos por los bonos emitidos, que superan los G. 90.000 millones. El intendente Bello, que siguió con el mismo modelo financiero de Nenecho, pretende que la Junta Municipal apruebe lo que presentó como un “acuerdo” con los acreedores, que además dejará un millonario “clavo” al próximo intendente, que surja de las elecciones municipales de octubre de este año.

Mientras la ANDE, bajo la gestión del Ing. Félix Sosa, detallaba la instalación de tres transformadores de 100 kVA y el tendido de 3.550 metros de conductores preensamblados en Pirapey Km 35, el senador Rivas -oriundo del departamento de Itapúa- en un sitio privilegiado para invitados, luciendo un caso blanco de la empresa eléctrica, se mostraba sonriente, ignorando las graves denuncias que pesan sobre su formación académica, así como las recientes denuncias de amedrentamiento a la Fiscalía.

La presencia de Rivas en Itapúa genera profundos interrogantes sobre la naturaleza del “permiso” anunciado el pasado jueves por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Según el anuncio oficial realizado desde Mburuvicha Róga, Rivas solicitó dejar su banca —un beneficio no contemplado en la Constitución Nacional fuera de los casos de designación como ministro o diplomático— para “preparar su defensa”.

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No obstante, lejos de estar recluido con sus abogados para analizar la nueva denuncia por uso de documento público de contenido falso, el legislador optó por participar activamente en la comitiva presidencial.

Cabe recordar que el “salvataje” que se planteará en el Senado guarda similitudes con el caso del condenado Erico Galeano, en el que utilzaron la estructura estatal para blindar a sus aliados políticos con cuentas pendientes con la justicia.

Entre la inversión de la ANDE y las amenazas a la Fiscalía

Mientras el Gobierno resalta la inversión de G. 56.000.000 en el barrio San Miguel de Tomás Romero Pereira, que incluyó 20 postes de hormigón armado y nuevos artefactos de alumbrado público, el trasfondo judicial de Rivas se vuelve cada vez más oscuro.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó recientemente la existencia de una nota en la que reportan presuntas amenazas por parte del senador contra la fiscala Patricia Sánchez, quien investiga la legitimidad de su título universitario.

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Pese a la gravedad de que un legislador bajo sospecha de poseer un “título mau” sea señalado por coacción contra una agente del Ministerio Público, el presidente Santiago Peña optó por un discurso de defensa. La última semana, Peña evitó evitó en sus declaraciones cuestionar la idoneidad de Rivas y atacó a la prensa, calificando el reclamo ciudadano y periodístico como una “indignación selectiva”.

¿Qué hacía Hernán Rivas en la inauguración?

Debido a las dudas instaladísimas sobre la veracidad de la calificación de Rivas en la Universidad Sudamericana, el senador colorado había prometido llevar al Congreso a “diez compañeros y profesores” para demostrar que asistió a clases, una promesa que hasta ahora no cumplió, prefiriendo en su lugar el refugio de los actos oficiales y el protocolo presidencial en el interior del país.

La respuesta a la pregunta qué hacía Hernán Rivas en Itapúa parece ser una demostración de fuerza política, apareciendo públicamente con el mandatario Peña, en la zona de donde proviene.

Mientras las familias de Edelira celebran la llegada de energía eléctrica, la ciudadanía observa cómo el oficialismo utiliza los días de gobierno para normalizar la presencia de figuras que, en un sistema de justicia funcional, deberían estar rindiendo cuentas en lugar de asistir a actos inaugurales.

Desde la oposición, el senador Walter Kobilansky, de Cruzada Nacional, planteó la necesidad de revisar y reducir estos beneficios, señalando que forman parte de un esquema de gasto que debe ser corregido en medio de reclamos por deudas, falta de insumos y deficiencias en servicios públicos.

El ministro de Economía respondió a los cuestionamientos y advirtió que cortar abruptamente las bonificaciones podría generar un fuerte impacto en los funcionarios públicos.

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“El día que decimos que se corta esto, generamos una incertidumbre demasiado grande”, afirmó, al explicar que estos ingresos forman parte de la estabilidad financiera de miles de trabajadores del Estado.

Lovera sostuvo que no se trata solo de defender beneficios, sino de entender que afectan a toda la estructura estatal, desde altos cargos hasta funcionarios de atención al público.

“Nosotros permanentemente estamos exigiendo, yo me incluyo, porque le exijo a mi equipo trabajar, generar resultados, eficiencia, pero le estamos generando también incertidumbre, una incertidumbre en cuanto a sus ingresos y eso para mí es mucho riesgo, más cuando todos tenemos una función en el Estado”, dijo Lovera.

En marzo de 2025, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), percibió un ingreso récord de G. 105 millones mediante el cobro retroactivo de bonificaciones por “responsabilidad”. En un solo año, el legislador cartista acumuló más de G. 295 millones en extras, una cifra que a un trabajador con salario mínimo le tomaría ocho años de esfuerzo igualar.

Reclamos por control, transparencia y gestión

Más allá de las bonificaciones, el debate expuso críticas más amplias sobre el manejo del gasto público y la deuda con las farmacéuticas y vialeras.

El senador Juan Afara (ANR, disidente) reclamó mayor comunicación y transparencia en el uso de los recursos, cuestionando la falta de información sobre deudas, pagos e inversiones.

“Si no interactuamos en la información, vamos a estar en la desconfianza plena”, advirtió, al tiempo de exigir claridad sobre pagos pendientes e intereses acumulados.

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Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) centró sus críticas en la falta de supervisión y gestión, especialmente en áreas sensibles como salud y obras públicas.

Cuestionó posibles sobrecostos en contratos, deficiencias en programas como alimentación escolar y la falta de control sobre obras ejecutadas.

Deudas millonarias y presión sobre el gasto

Durante la reunión, el Ministerio de Economía detalló la situación financiera del Estado:

• Deuda con el sector de obras públicas: cerca de 200 millones de dólares (hasta 300 millones con intereses)
• Reclamos de intereses superiores a 100 millones de dólares
• Pagos previstos: 150 millones de dólares entre abril y mayo
• Deuda en salud: cercana a 1.000 millones de dólares
• Pagos proyectados para salud: 180 millones de dólares en el corto plazo

El ministro explicó que se trabaja en mecanismos como la cesión de derechos de cobro para dar liquidez a proveedores.

Una vez en el interior del local, López desenfundó un revólver y apuntó el arma contra los cajeros Luz Marina Isasi Fernández, Dahiana Magali Rodríguez Toledo y Jonathan Andrés López, a quienes exigió la entrega de todo el dinero que tenían.

Personal de la comisaría 14ª se encontraba patrullando la zona cuando se percató de la presencia sospechosa de un hombre en una motocicleta estacionado frente al comercio mientras que otro estaba dentro apuntando con su arma a los empleados.

Tras apoderarse de un total de G. 5.595.301, López salió del supermercado con las dos bolsas de dinero en su poder y se dirigió al estacionamiento que se encuentra en la vereda, donde le esperaba González.

Persecución policial y balacera en San Vicente

Para ese entonces, el suboficial Rolando Arias ya había alteado al joven de la motocicleta y al ver esta escena, López apuntó al agente y gatilló el arma inclusive, pero esta no funcionó. Por su parte, el agente realizó disparos intimidatorios y pidió refuerzos por radio a los demás móviles patrulleros.

Ante esta situación, los asaltantes optaron por abandonar la moto e huir a pie, en lo que fueron perseguidos por Arias, quien dio alcance a González en la calle Agustín Yegros, en su intersección con Ingeniero Julio Ramón de César.

López siguió corriendo y fue aprehendido por los agentes Juan Benítez y Pedro Garcete, sobre la calle Moleón Andreu esquina Del Rosario, barrio Santa Librada de Asunción. Este detenido tenía en su poder un revolver de la marca Doberman calibre 32, de color negro y dos bolsas de polietileno con el dinero robado.

Dos detenidos tras asalto a local comercial de San Vicente

En un juicio oral y público que tuvo lugar el 22 de octubre de 2025, Jesús López fue sentenciado a 8 años de cárcel y Gonzalo González a 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Ambos fueron declarados culpables de robo agravado, delito que tiene una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.

Defensa de condenados por asalto a Biggie abogó por pena reducida

El fallo condenatorio, dictado por el Tribunal de Sentencia presidido por Juan Vicente Fretes e integrado por Héctor Fabián Escobar y Carlos Manuel Hermosilla, fue apelado por las defensora pública María Gabriela Vera Urquhart y Cynthia Raquel Noguera Chaparro, en representación de López y González, en ese orden.

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Básicamente, la defensa sostiene que el colegiado la no ha desarrollado un correcto análisis de las bases de la medición de la pena que, a su criteiro, es desproporcional. En oportunidad de contestar los agravios de la defensa, el fiscal Gerardo Manuel Mosqueira Silva solicitó la confirmación de la sentencia.

Voto en mayoría por la confirmación de la condena por asalto

El Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, integrado por Camilo Torres, Jesús Riera y Paublino Escobar, concluyó que la sentencia definitiva (SD) N° 541 está debidamente fundada y carece de vicios o errores que ameriten su modificación.

“(...) podemos observar que la resolución recurrida se ajusta a derecho y se encuentra debidamente justificada y la misma expone claramente los elementos que hacen a su decisión, así mismo se debe indicar que el razonamiento del Tribunal Colegiado de Sentencias de la Capital es válido y se halla bien expresado”, explica el camarista Torres.

Con pistola de plástico y destornillador asalta sucursal de Biggie

“Las defensas técnicas se limitan a formular afirmaciones genéricas acerca de una supuesta incorrecta valoración probatoria, sin individualizar qué prueba específica fue indebidamente apreciada, ni explicar de qué manera concreta se habría vulnerado el sistema de sana crítica previsto en el Art. 175 del Código Procesal Penal”, expresó a su vez el magistrado Escobar.

El tercer integrante de la sala, Jesús Riera, votó por la confirmación de la condena a González pero disintió con sus colegas respecto a la pena aplicada a López. En ese sentido, votó por la realización de un nuevo juicio únicamente para una nueva medición de la pena, por considerar que el colegiado no consideró algunas circunstancias a favor del condenado.

Los incidentes derivaron en enfrentamientos directos con agentes de la Policía Nacional, tanto en los accesos como en sectores internos del estadio Defensores del Chaco.

El oficial José Jiménez, conocido en redes sociales como el “policía youtuber”, captó en video varios de los momentos más críticos de la jornada mediante una cámara corporal (bodycam).

Las imágenes muestran el desarrollo de los hechos desde la perspectiva policial y evidencia la escalada de tensión, así como la intervención de los agentes antidisturbios.

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Enfrentamientos dentro y fuera del estadio

Uno de los episodios registrados corresponde a los minutos previos al encuentro, cuando grupos de hinchas intentaron ingresar sin entradas al estadio. Según la Policía, esta situación derivó en los primeros enfrentamientos, que fueron contenidos por personal antidisturbios apostado en los accesos.

El video también evidencia los momentos de mayor tensión, pues muestra los disturbios generados en la Gradería Norte, donde se produjeron choques entre hinchas y uniformados.

En ese contexto, se observa el uso de balines de goma y gases lacrimógenos como parte del operativo para dispersar a los grupos violentos.

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Un agente herido en medio de la violencia

Uno de los momentos más impactantes de las imágenes muestra a un agente antidisturbios gravemente herido, con el rostro ensangrentado y dificultades para mantenerse en pie, tras haber sido atacado durante los incidentes. El uniformado fue auxiliado por compañeros y algunos presentes en el lugar.

En otro tramo del video, el oficial Jiménez acompaña a un pelotón antidistubrios que interviene en el sector de plateas, donde hinchas de Olimpia se acercaron al perímetro que separa la Gradería Norte y generaron un nuevo foco de tensión con barrabravas de Cerro Porteño.

Calma relativa y retiro de los aficionados

Hacia el final del video, con la situación parcialmente controlada, se observa a varios hinchas acercarse al oficial para tomarse fotografías, mientras este les solicita que abandonen el sector sin generar nuevos disturbios.

La jornada se cerró con un fuerte operativo de seguridad y un Superclásico inconcluso, marcado por la violencia.

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El video dura 40 minutos y fue publicado en el perfil del oficial Jiménez en Youtube. Se puede encontrar bajo el título de “Cap. 17°/2026 Procedimientos Policiales”.

El conflicto fue analizado previamente en una reunión realizada en la sede de la Federación de Taxistas, con la participación del senador Rubén Velázquez y el intendente municipal Daniel Pereira Mujica. En el encuentro, los trabajadores solicitaron gestiones a nivel bilateral para encontrar una salida al problema con las autoridades brasileñas.

El presidente del gremio, Florencio Soto, señaló que el sector trabaja en medio de la incertidumbre y el temor, debido a los constantes controles y decomisos. Indicó que más de 15 a 20 vehículos ya fueron incautados, afectando directamente a familias que dependen de esta actividad.

“Nosotros no somos policías para revisar lo que llevan los pasajeros. Hay compañeros que perdieron sus vehículos por mercaderías que ni siquiera sabían que estaban siendo transportadas”, expresó el dirigente.

Soto también afirmó que, pese a gestiones realizadas por autoridades locales y legisladores, aún no tuvieron una respuesta concreta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. En ese sentido, insistió en que agotarán todas las instancias antes de bloquear el paso internacional.

Nuevo sistema de control en la frontera

La tensión se da tras la implementación de un nuevo sistema de fiscalización por parte de la Receita Federal de Brasil en el puente fronterizo. El mecanismo busca combatir el denominado “contrabando hormiga”, identificando a personas que cruzan repetidamente la frontera transportando mercaderías.

El control no se limita exclusivamente en el cumplimiento de la cota de compra de 500 dólares, sino también la frecuencia de los cruces y la repetición de productos para considerar contrabando.

El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la dirección de Policía del departamento Central relató que alrededor de las 11:30 el sospechoso ingresó a la sucursal con el arma de fuego cargado en una pistolera sujetada a la cintura con un cinturón de cáñamo.

El sospechoso no fingió, fue directo hacia la trabajadora a quien redujo con la réplica del arma de fuego y la obligó a abrir su caja registradora, de donde tomó los G. 950.000, producto de las últimas ventas efectuadas.

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Detenido a pocas cuadras

Una vez con el botín en manos salió nuevamente de la sucursal y se alejó del sitio, presumiblemente con destino a su casa. Pero gracias a la rápida reacción de la víctima, quien alertó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, estos salieron en busca del sospechoso.

Elías fue ubicado a pocas cuadras de la sucursal asaltada, iba caminando tranquilamente por la calle, con su pistola, un destornillador tipo buscapolo en la cintura, los billetes bien arrugados y mezclados en uno de los bolsillos del pantalón.

El presunto maleante al ser acorralado por los uniformados no opuso resistencia, se entregó tranquilamente a los patrulleros, quienes recuperaron íntegramente de su poder el monto denunciado como robado.

Si limitamos nuestra observación al aprovechamiento de la energía paraguaya en ambas hidroeléctricas en el período de referencia, las fuentes consultadas confirman que alcanzó 9.329 GWh y que de ese total la ANDE inyectó en sus redes 81% y “cedió” a sus socios (Brasil y Argentina), el 19%.

Si comparamos los 9.329 GWh que la ANDE utilizó de la energía eléctrica paraguaya entre enero y marzo últimos con los 8.022 GWh que inyectó a su sistema en similar período de 2025, concluiremos que el aprovechamiento de la energía paraguaya paraguaya en las binacionales aumentó 16,29% o 23,91% más en el primer trimestre de 2024.

Se reduce la controvertida cesión

En lo concerniente a la controvertida “cesión paraguaya” de energía a sus socios por partes iguales en Itaipú y Yacyretá, del cotejo de las cifras que apuntaron las fuentes oficiales se infiere que entre 2026 y 2025 (primer trimestre), pudo notarse una merma del 19%.

Las fuentes oficiales consignan que en el primer trimestre de este año, la ANDE cedió al Brasil y a la Argentina, de su energía (Tratado de Itaipú, Art. XIII) 2.115 GWh GWh, mientras en el mismo laso de 2025 les entregó 4.059 GWh.

Sobre las razones de esta merma, nuestros informantes, que pidieron el anonimato, dijeron que: “el margen de disponbilidad de potencia se redujo drásticamente, principalmente en el horario de punta de carga del SIN, debido al aumento del consumo nacional y a la menor generación, consecuencia a su vez del déficit hidrológico”.

La tragedia comenzó con un error de diagnóstico administrativo. Al ingresar al Hospital Ingavi, el 26 de enero, a las 11:39, Vázquez fue clasificado en el RAC (Recepción, Acogida y Clasificación) como prioridad verde. Pese a manifestar un dolor opresivo en el pecho que se irradiaba al brazo izquierdo —síntomas clásicos de un infarto—, el personal consideró que su caso podía esperar.

Esta decisión obligó al paciente a esperar 1 hora y 17 minutos antes de ser evaluado por un médico. Para cuando se ordenó un electrocardiograma, el hospital se enfrentó a su primera carencia técnica: los tres equipos estaban descompuestos. El diagnóstico de infarto masivo se confirmó dos horas tarde, solo después de trasladar al paciente al servicio tercerizado de Meprotec para un estudio que el IPS debió garantizar en 10 minutos.

IPS y el caso Braulio Vázquez: La odisea del traslado y los médicos ausentes

A pesar de la gravedad, Vázquez permaneció en el IPS Ingavi durante 6 horas adicionales porque en el Hospital Central no había camas disponibles en la Unidad Coronaria. El traslado se gestionó de manera informal, a través de WhatsApp, un método que la auditoría critica duramente por su falta de trazabilidad y formalidad.

Una vez en el Hospital Central, la situación no mejoró. El informe señala que, durante la noche del ingreso, los médicos de guardia de Hemodinamia, Nancy Silvera y Juan Castellano, no respondieron los avisos urgentes enviados por los residentes de la UEMA. Esta omisión de respuesta ante un caso de Código Rojo es calificada por los auditores como una falta grave a la Ley de la Función Pública.

El “gasto de bolsillo”: la familia como proveedora

Uno de los hallazgos más indignantes confirmados por este documento interno es el desabastecimiento de insumos básicos. El IPS tenía stock cero de materiales esenciales para un cateterismo (balones, guías, introductores). El hospital obligó a la familia de Vázquez a contactar a proveedores externos y comprar de su propio bolsillo los insumos. En el documento se menciona también un posible “negociado” debido a que en el pedido de insumos ya estaba anotado de qué proveedor adquirir los elementos quirúrgicos.

El documento confirma que la familia perdió 15 horas vitales gestionando la compra. Irónicamente, tras la muerte del paciente, estos materiales fueron devueltos a los familiares porque el daño era tan severo que los insumos comprados ya no eran útiles; el paciente necesitaba una cirugía de bypass que nunca llegó a programarse por las demoras previas.

Tecnología en ruinas: angiógrafos sin contrato

La auditoría revela que el Servicio de Hemodinamia estaba “en ruinas” mucho antes de que Vázquez ingresara:

• Sin Mantenimiento: El contrato para el mantenimiento de los angiógrafos (equipos para ver las arterias) venció en diciembre de 2025. La Dirección de Recursos Tecnológicos no planificó su renovación.
• Fallas de climatización: Las computadoras del sistema se recalentaban porque el aire acondicionado de la sala de comandos no funcionaba. Esto provocó que el equipo fallara repetidamente los días 27 y 28 de enero, suspendiendo el procedimiento de Vázquez en dos ocasiones.
• UPS inoperativo: Ante parpadeos de tensión eléctrica, el sistema de energía ininterrumpida no protegió al equipo, generando imágenes distorsionadas que impedían a los médicos operar con seguridad.

Manipulación de datos y vacío legal

El informe de auditoría cierra con dos advertencias legales que podrían derivar en causas penales:

1. Alteración de registros: Se detectó que, tras la declaración de fallecimiento (20:02 del 28 de enero), el sistema informático del IPS registró inserciones y eliminaciones de datos en la ficha clínica del paciente. Los auditores advierten que la integridad del expediente está comprometida.
2. El convenio fantasma: Aunque los jefes médicos justificaron la no derivación de Vázquez alegando que “el plan de contingencia era el Hospital San Jorge”, la auditoría confirmó que no existe un convenio específico firmado para derivar asegurados a dicho centro. El IPS funcionaba bajo una “ilusión de contingencia” que no tenía respaldo jurídico.

Conclusión: un colapso de gestión

Braulio Vázquez no solo murió por un infarto; murió por un cateterismo que se realizó 59 horas tarde cuando el protocolo exige un máximo de 24 horas. El informe, que según fuentes de ABC, fue “cajoneado” subraya que la institución incurrió en un incumplimiento de servicios esenciales y una escasa planificación que expone al IPS a millonarias demandas por responsabilidad patrimonial.

A finales de marzo, la familia de Braulio Vázquez presentó una denuncia penal por presunto homicidio culposo contra personal de salud del IPS. Alegan negligencia médica, falta de insumos y demoras críticas, además de inacción inicial de la Fiscalía, pese a un informe de la Superintendencia de Salud que detectó irregularidades.

El informe presentado por la Superintendencia de Salud en marzo pasado, revela que la muerte del paciente, fue el resultado de una cadena de negligencias médicas y administrativas. En ese documento, ya se revelaba que un infarto fue clasificado erróneamente como “no urgente” y que fueron detectados equipos obsoletos sin mantenimiento, falta de insumos básicos y el abandono de sus puestos por parte de médicos de guardia.

Entre los productos más demandados por los compradores destacan celulares, artículos informáticos, perfumes y, en los últimos tiempos, fármacos adelgazantes, cuyos precios resultan más competitivos en comparación con el mercado brasileño. Asimismo, comerciantes reportan un importante volumen de ventas en calzados, prendas de vestir y otros rubros.

El nuevo auge comercial se viene consolidando desde el año pasado, impulsado tanto por la llegada masiva de brasileños como el incremento de compradores argentinos.

El empresario Charif Hammoud, propietario del Grupo Monalisa y de un conocido hotel céntrico, destacó que la combinación del feriado y la baja del dólar contribuyó a una ocupación hotelera plena. “Hoteles llenos, turistas por todos lados, buscando hacer compras; se vende de todo. Si el movimiento continúa así, podrían faltar algunos productos”, expresó.

Pidió habilitación del segundo puente

No obstante, el empresario lamentó que el Puente de la Integración aún no esté habilitado en su plenitud, lo que obliga a los visitantes a soportar largas esperas para cruzar la frontera. En ese sentido, instó a las autoridades a agilizar la apertura para turistas del puente a fin de mejorar la experiencia de los turistas.

El Día de Tiradentes es celebrado en Brasil el 21 de abril, en honor a Joaquim José da Silva Xavier y es una de las fechas más significativas del calendario del vecino país. Desde este lunes, víspera del feriado nacional, se declaró asueto en varios estados para propiciar el feriado largo.

Asimismo, esta nueva escala de precios entra en vigencia a partir de hoy, lunes 20 de abril del 2026.

“Los valores de tarifa establecidos por este decreto no incluyen las tasas de embarque de las terminales de los municipios de origen de los viajes”, detalla la institución.

Por otra parte, aseguran que este reajuste no rige para las empresas permisionarias del área metropolitana de Asunción.

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Nueva tarifa de pasajes

La nueva tarifa de pasajes se encuentra disponible en el decreto del presidente Santiago Peña sobre este nuevo cambio.

“Se insta a los pasajeros a exigir el cobro del monto exacto según el listado oficial”, pide la Dinatran.

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Conforme a la denuncia, en las licitaciones realizadas se puede notar el direccionamiento en la ejecución de las obras. Por una parte, aparece como beneficiaria la empresa unipersonal de Benelfrido Ríos, actual precandidato a concejal municipal de esta ciudad, ANR oficialista.

En los datos del oferente también se consigna el nombre de Carlos Vázquez, encargado de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Municipalidad. Esta persona es cuñado de la precandidata a concejal municipal Alicia Escobar, por lo que se presume que la mayoría de las licitaciones estarían direccionadas a favor del entorno político.

Otra empresa

En otra licitación aparece la empresa denominada GRUPO JM S.A., de Arnaldo José Baeza, esposo de Laura Karina Ibáñez Caballero, sobrina de José María Ibáñez. En este caso, se menciona a la esposa porque son las dos empresas que se inscribieron para la licitación, asegurando de esta manera que el negocio se quede en la familia.

Datos de la DNCP y CGR

Datos recabados de la DNCP y CGR señalan que la empresa GRUPO JM S.A. ha sido adjudicada en diferentes entidades públicas por más de 27.000 millones. Por otra parte, los denunciantes señalaron que es importante mencionar que la Municipalidad no ha hecho licitaciones de papelería y útiles de oficina, sino que compra directamente, sin licitar, de la librería de la suegra de Carlos Vázquez, madre de Alicia Escobar, precandidata a concejal.

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Cuestionan a funcionarios

Aparte de estas denuncias, también se menciona a dos personas que figuran como funcionarios de la Cámara de Diputados y comisionados en una oficina habilitada por el diputado rosarino Jorge Barressi: Mercedes Galeano, precandidata a la concejalía, y Fernando Cano, quienes son cuestionados porque supuestamente nunca acudieron para marcar su entrada en su lugar de trabajo.

Respuesta sobre la denuncia

Con relación al presunto direccionamiento en las adjudicaciones por parte de la administración municipal a cargo de Julián Barressi, el jefe de la comuna manifestó que en ningún sentido puede haber direccionamiento en la adjudicación de las obras, atendiendo que la institución responsable de adjudicar los trabajos es la DNCP y no la Municipalidad.

Aclaró además que actualmente ninguna de estas empresas ya tiene vínculos con la comuna de Villa del Rosario. En lo que concierne a la compra de artículos de papelería, respondió que son gastos pequeños que no necesitan ser llamados a licitación.

En lo que refiere a los dos funcionarios de la Cámara de Diputados, mencionó que ambas personas se manejan directamente con su hermano.

El siniestro se produjo alrededor de las 05:50 sobre la calle Mariscal Estigarribia, en las cercanías del ex-Cimefor.

Según los datos policiales, Gómez Caballero circulaba en su motocicleta cuando, en una maniobra de adelantamiento, fue embestido por una camioneta Mitsubishi L300, color blanco.

El impacto lanzó al motociclista directamente contra la capa asfáltica. Según testigos el conductor de la camioneta detuvo la marcha, descendió del vehículo y, tras observar fríamente los daños y al hombre tendido en el suelo, decidió reingresar a su rodado y escapar a toda velocidad, abandonando a la víctima a su suerte.

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La embestida mortal

Sin tiempo para reaccionar ante la presencia del cuerpo en la calzada, un ómnibus de la empresa Asociación de Usuarios SA (ADUSA - Línea 37 C) terminó arrollando al trabajador, provocándole la muerte de forma instantánea.

El bus era conducido por Carlos Alberto Palmas, de 55 años, quien, si bien permaneció en el sitio para ponerse a disposición de las autoridades, carecía de registro de conducir al momento del fatal percance.

Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público centran ahora sus esfuerzos en el análisis de cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es identificar la chapa de la Mitsubishi blanca para capturar al responsable de la colisión inicial, cuya situación procesal se ve severamente agravada por la fuga y la falta de auxilio.

Indicó que si bien el periodo de cambio fue poco, en la actualidad a pesar de que la ANR está en función de gobierno, los colorados tienen “miedo crónico” a las figuras emergentes desde la oposición y buscan frenarlas.

Sin nombrarlos se refirió a los casos de la destitución de Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este y la expulsión de la opositora Kattya González del Senado.

“El triunfo de Lugo y a pesar de los intentos de conspiración, la toma de gobierno tiene una significación muy grande institucionalmente. Que el Partido Colorado haya permitido ese tránsito tiene una significación de que hubo un respeto democrático, y hoy en contrapartida, vemos un temor crónico que emerjan líderes u opciones que puedan desafiar su hegemonía electoral, y digo electoral porque el Partido Colorado hoy no tiene política”, manifestó Miguel Ángel López Perito.

Dijo que la caída del Partido Colorado quedará marcada en la historia nacional, pues el triunfo de Fernando Lugo y Federico Franco (PLRA) fue legítimo y contundente y sigue resonando a 18 años de aquella hazaña ciudadana.

“El triunfo de Lugo fue legítimo, democrático, limpio y contundente por más de 200.000 votos; derrotarle al Partido Colorado después de 60 años fue un evento significativo. Con todo el sistema de trampa, los recursos de las binacionales y toda la rosca mafiosa que tiene, el Partido Colorado cayó ante una figura emergente”, puntualizó López Perito.

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ANR funciona a base de prebendas

Sobre la situación real del Partido Colorado y la oposición a 18 años de las elecciones que tumbó a la hegemonía colorada, dijo que la ANR funciona a base a las prebendas, cargos en el Estado y el fanatismo.

“La ANR funciona a base de prebendas, de repartija de cargos del Estado y del fanatismo, pero hay un retroceso institucional. Hoy las instituciones públicas son verdaderos feudos o baluartes de mafiosos que se dedican a robar y de ninguna manera a poner la institucionalidad del Estado al servicio de la ciudadanía”, sostuvo el ex jefe de gabinete.

Indicó que igual que 18 años atrás la ciudadanía siente la corrupción imperante en el gobierno colorado, hay un abuso de poder, pero todavía la gente no reacciona del todo.

“La corrupción no es un problema de persona, o de individuos sino un problema del sistema oligarca heredado y su vínculo con el capitalismo emergente. La oligarquía es la dueña del Estado, de sectores financieros, del agronegocio, la dueña del contrabando, del narcotráfico”, sentenció López Perito.

Empresariado mafioso

Manifestó que el Partido Colorado y en especial desde el gobierno de Horacio Cartes se instaló una política para acaparar la economía y el sistema financiero paraguayo desangrando al Estado y que está perfeccionándose con Santiago Peña.

Citó por ejemplo a Ueno Bank y sus dudosos negocios con el Instituto de Previsión Social (IPS), y las alianzas con algunos sectores de la oposición, principalmente en el Congreso Nacional donde compran lealtades a cambio de prebendas.

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“Hay un gran sector mafioso del empresariado en donde también entraron los grupos llamados de la oposición y los llamados progresistas o de la izquierda. El Partido Colorado es un maestro en la corrupción y ha sabido desmembrar la oposición. Logró instalar que la oposición es tan mafiosa como ellos. Cuando dicen todos somos bandidos, y en algún sentido hay una razón, francamente muchos sectores de la oposición se prestaron a eso”, lamentó López Perito.

Manifestó que el Partido Colorado tiene décadas de experiencia en el manejo del control hegemónico corrupto y en muchos sectores logró debilitar a la oposición.

“Es un juego que lleva décadas de manejo de control, de hegemonía y lamentablemente la oposición ha entrado en ese juego, se ha ido debilitando y no trae nuevas propuestas ideológicas. Perdió mucho terreno”, dijo López Perito.

Peña, un niño rico

Sobre el actual gobierno de Santiago Peña manifestó que ha perdido la brújula y que el presidente quiere convencer a la ciudadanía a base de mentiras como un niño rico.

“Peña es un niño rico a quien le dieron un juguete que no sabe manejar y él cree que le convence a todo el mundo con sus dichos de que estamos un poco menos en la punta del desarrollo mundial. Se compara con Catar”, fustigó López Perito.

Manifestó que el gobierno de Santiago Peña se basa en la mentira y la propaganda para buscar desvirtuar la penosa realidad de la ciudadanía con la creciente pobreza.

“Usando la propaganda y la mentira busca instalar que estamos muy bien, mientras que la gente está muy mal. Se siente y se convive con las diferentes mafias, la de tránsito, la del combustible de las instituciones. Un abuso de poder tremendo y la ciudadanía no reacciona”, dijo el ex jefe de gabinete.

Sostuvo que los grupos empresariales ligados al presidente Santiago Peña y sus allegados están acaparando todos los negocios y eso genera conflictos con los demás empresarios.

“Ellos están acaparando. Es una política de acaparar la economía, de desangrar los bienes del Estado a costa de los impuestos de la ciudadanía. Tienen un costo interno que no puede durar indefinidamente. Peña tiene una conducción política inoperante, posiciones miserables en el contexto internacional, es una cuestión que refleja la pérdida de brújula”, puntualizó López Perito.

La fiscala de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, María Irene Álvarez, había imputado a Teodoro Villar y, la fiscala Ingrid Cubilla solicitó el sobreseimiento definitivo que ratificó al momento de sustanciarse la audiencia preliminar ante la jueza Rosarito Montanía.

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Inicialmente Villar fue considerado como integrante de una de las bandas que operaba en zona de la Chacarita, dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes a través de grupos de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook y otras. En su casa, donde alquilaba una pieza a otra persona, se hallaron 290 gramos de marihuana.

De hecho que las pesquisas realizadas por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado identificó tres grupos criminales, liderados supuestamente por Jorge Giovanny Rodríguez, denominada La banda del yogurt; Omar Escobar, alias Cara de guerra y el otro grupo liderado por Candula, quienes realizaban las referidas actividades ilícitas en la Chacarita, Asunción.

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Adicción lo desvinculó del caso Dominatus

La Fiscalía llevó a cabo varios actos investigativos en relación con Teodoro Villar, como la evaluación psicológica y psiquiátrica, así como pedidos de informes al Centro Nacional de Adicciones y, la extracción de datos del celular del investigado. En base a los resultados obtenidos, la Fiscalía descartó su responsabilidad penal.

Con la extracción de datos y del análisis de cada uno de los celulares verificados, se pudo obtener información y de los mismos no surge comunicación, coordinación, ni se hace mención alguna a Teodoro Villar, por lo que se concluyó que no hay vínculo de este con las citadas bandas criminales.

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También con la extracción de datos se confirmaron los testimonios obtenidos en el marco de la causa, los cuales guardan relación con la sustancia encontrada en la casa de Villar, y de que la misma pertenecía a una tercera persona, identificada como Patricio Alejandro Meza Delgado, alias Chin Chin, que sería integrante del grupo de Osmar Escobar, alias Cara de guerra.

Es así que, según el expediente clínico del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, quedó certificada la adicción de Villar, específicamente a la cocaína; que a su vez, mediante el dictamen pericial sobre muestras de cabello, confirmó su adicción a la cocaína; las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forenses también habrían arrojado que Villar es consumidor de dicha sustancia.

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Fiscalía pidió juicio para siete investigados en Dominatus

El Ministerio Público presentó, en marzo último, acusación y solicitó juicio oral y público para varios investigados en el marco del caso denominado Dominatus.

Se trata de Ulises Eliezer Giménez Gamarra, Santiago Germán Petofi López, Alan Ezequiel Villalba Rolón, Andrea Elizabeth González Insaurralde (36), Junior Orlando Segovia Figueredo (20) y Milka Rebecca Cane Ortiz (21), acusados por la fiscala Ingrid Cubilla en la causa Dominatus, que anuló la banda de Jorge Giovanny Rodríguez Giménez (25), alias Biscocho.

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En el requerimiento fiscal se atribuyen la tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 30) a Santiago Petofi, Milka Cane y Junior Segovia; en tanto que a Andrea González, además de la tenencia de drogas también se le sindica su comercialización (art. 44), según lo establecido en la Ley N° 1304/88 y su modificatoria Ley N° 1881.

Por otra parte a Ulises Giménez se le atribuye la comisión del tráfico ilícito (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) de armas de fuego según la Ley N° 4036/2010, asociación criminal (art. 239 del Código Penal) y tenencia sin autorización de drogas (art. 27) de la Ley N° 1340/88.

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Al otro acusado, Alan Villalba, la Fiscalía lo señala por presunto tráfico ilícito de armas de fuego (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) por la Ley N° 4036/2010 y detentación ilegal (art. 260) por la Ley N° 7411/2024 que abrogó la Ley N° 4.036/2010 de Armas, y asociación criminal (art. 239 del Código Penal).

Todas estas personas fueron detenidas en la Chacarita. Las mismas serían parte de la autodenominada Banda de Yogurt, presuntamente liderada por Jorge Giovanny Rodríguez Giménez (25), alias Bizcocho, acusado el 8 de enero de 2026 por la fiscala María Irene Álvarez, por tráfico ilícito de armas de fuego, hechos punibles conexos y asociación criminal.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan e intensifican sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de hoy.

Meteorología: dos departamentos en zona de tormentas

¿Dónde lloverá?

Según la nueva alerta por tormentas, la zona de cobertura es el suroeste y centro oeste de la Región Oriental y el sur del Chaco.

Además de Asunción, los departamentos afectados son suroeste de San Pedro, Cordillera, oeste de Guairá, oeste de Caaguazú, oeste de Caazapá, oeste y centro de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, oeste y sur de Presidente Hayes y sur de Boquerón.

En esta ocasión, los defensores de Marcillo alegaron una superposición con otra audiencia notificada anteriormente. Ante esta situación, el tribunal declaró desierta la defensa técnica. Inmediatamente después, asumió un nuevo abogado defensor, quien solicitó la postergación del juicio bajo el argumento de que necesitaba tiempo para analizar el expediente.

Aunque el Tribunal de Sentencia rechazó otorgar un plazo prolongado, la audiencia fue reprogramada para este jueves a las 07:30. Esta maniobra es idéntica a la utilizada semanas atrás, cuando el cambio de abogados a última hora también forzó la suspensión del proceso.

La agente fiscal de Medio Ambiente, Jadiyi Ortiz, sostiene la acusación contra Marcillo por la comisión del hecho punible de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos, según el artículo 198 del Código Penal. La Fiscalía solicita una condena de hasta 10 años de privación de libertad debido al impacto masivo de la actividad industrial en una zona residencial.

Según la investigación fiscal, la planta de Bitfarms operó de manera irregular entre junio y noviembre de 2024. Durante esos seis meses, el funcionamiento de más de 14.000 máquinas minadoras de datos generó ruidos constantes que afectaron la salud de los habitantes del barrio Santa Lucía.

La fiscal Ortiz confirmó que existen dos actas de mediciones técnicas que demuestran que los niveles de ruido superaron los límites permitidos para la salud humana. Estas pruebas, junto con testimonios de los vecinos afectados, son los pilares de la acusación.

Histórico juicio por polución sonora contra exgerente de criptominera en Villarrica se dilata

Los denunciantes, pobladores de la zona, reportaron casos de insomnio, cuadros de estrés y ansiedad debido al zumbido ininterrumpido de los potentes ventiladores de la planta. Además, la acusación incluye reclamos por daños en las estructuras de las viviendas cercanas, presuntamente causados por las vibraciones de los equipos.

El caso es el primero en Paraguay donde se procesa penalmente a un directivo del sector de las criptomonedas por delitos ambientales. La empresa Bitfarms se instaló en una zona de categoría industrial de Villarrica, pero rodeada de viviendas. Posteriormente, una ordenanza municipal la recategoriza como mixta (entre urbana e industrial).

La postergación genera malestar entre los vecinos, quienes consideran que el sistema judicial está siendo permisivo con las tácticas de la defensa. El proceso ya sufrió una demora inicial en diciembre de 2024 y otra el pasado 7 de abril, la primera por una superposición de juicios, tanto de la unidad fiscal como del Tribunal de Sentencia, luego por motivos relacionados con la agenda de los abogados o cambios en la representación del acusado.

Vecinos de Villarrica esperan sentar precedente con juicio contra criptominera

La expectativa ciudadana es que el tribunal no admita nuevos incidentes este jueves. De confirmarse una nueva suspensión, el caso sentaría un precedente negativo sobre la capacidad del Estado para regular y sancionar a empresas tecnológicas que operan fuera de las normas ambientales.

El juicio será observado por organizaciones civiles que analizan el impacto de la criptominería en Paraguay. Esperan que el resultado del proceso defina reglas de convivencia entre esta industria electrointensiva y los centros urbanos del país.

Estos hechos investigados son perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de lesión grave, ya que por lo menos una docena de personas resultaron con heridas, entre ellas, varios agentes de la Policía Nacional.

Según el abogado Gustavo Cabaña, que defiende a un hombre de 41 años que estaba con su hijo de 21 años cuando fue detenido, su cliente estuvo en la gradería con la hinchada del Club Cerro Porteño durante el partido y cuando empezaron los disturbios, bajó hacia la cancha, donde varios hinchas se lanzaron para escapar de las escaramuzas.

“La gente de la policía colocaron una escalera para que los hinchas puedan ingresar a la cancha para evitar que haya un aplastamiento por la cantidad de personas que había. Ellos comenzaron a ingresar a la cancha y ahí es donde él fue aprehendido dentro del campo de juego y luego remitido a la comisaría primera”, precisó.

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Detenidos tras disturbios en Olimpia-Cerro

Por su parte, el abogado Andrés Vera contó que representa a varios otros detenidos, quienes estaban escapando de un enfrentamiento entre hinchas y la Policía Nacional que se produjo en inmediaciones de la sede del canal 9.

“Ya cuando ellos se estaban retirando del evento deportivo, ni siquiera fueron gente que entraban a la cancha, ya que no pudieron entrar. Al retirarse ya en inmediaciones del canal 9, ellos entraban en la calle Carlos Gómez a los efectos de salir de esa batalla campal que había. En ese momento se les aprehendió a cinco personas. Están por perturbación de la paz pública”, detalló.

Agregó que algunos de sus clientes son jóvenes de entre 20 y 29 años, la mayoría con trabajo, que se dedican a ser repartidores y son de varios barrios, como Sajonia, San Pablo y Lambaré, quienes ni siquiera se conocen entre ellos. Además, la fiscala del caso trata de encuadrar la causa en resistencia, ya que se resistieron al cateo de la Policía Nacional cuando fueron detenidos.

Tanto Vera, como Cabañas aseguraron que sus representados no pertenecen a la barra organizada, ya que eran simples espectadores que fueron detenidos por estar en la zona de los disturbios.

Según una publicación del organismo en su página oficial de Facebook, la institución busca incorporar a un especialista en seguridad de la información, rol clave para la protección de sistemas, datos e infraestructuras digitales.

El perfil debe incluir capacidad para prevenir incidentes, reducir vulnerabilidades y mejorar prácticas de seguridad, a través de la gestión de riesgos, resguardo de información y apoyo a políticas de seguridad en entornos tecnológicos.

¿Quiénes pueden postularse?

El llamado apunta a profesionales graduados o con formación en áreas vinculadas a tecnologías de la información y la comunicación, tales como:

• Licenciatura o Ingeniería en Informática
• Telecomunicaciones
• Análisis de Sistemas
• Electrónica
• Carreras afines a las TIC

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Dónde postularse y hasta cuándo

Los interesados en aplicar a esta convocatoria pueden registrarse en este enlace https://postulaciones.mitic.gov.py/. Una vez registrados, podrán acceder a otras convocatorias realizadas por el ente estatal para distintas áreas. En este caso, el plazo de postulación se extiende hasta el lunes 4 de mayo.

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Médicos estarían ejerciendo como especialistas sin serlos en el Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones

Pese a reiterados pedidos realizados por el director de la citada casa de estudios, Lic. Julián Cabrera, y los padres, hasta la fecha, no se obtuvo respuesta favorable, aun cuando se cuenta con 60 alumnos. La preocupación está en que, si no se consigue antes de que finalice el mes, se volvería a perder la habilitación del 9º. En esta comunidad existen numerosos jóvenes que, al terminar el 8º grado, ya no pueden continuar con sus estudios.

Para trasladarse a otras escuelas fuera de la comunidad deben recorrer aproximadamente 36 kilómetros por un camino en mal estado, que en temporada de lluvias se vuelve prácticamente intransitable. Aquellos padres que tienen los medios económicos envían a sus hijos a instituciones educativas de zonas urbanas o de otros distritos, mientras que los jóvenes que no tienen esa oportunidad se resignan a trabajar en las chacras con sus padres.

La Lic. Felisa López, directora de Educación Departamental de Misiones, señaló que el inconveniente se debe a la baja matriculación de alumnos con que cuenta la institución para la asignación del rubro para el 9º grado. Al asumir la dirección departamental, junto con un equipo de la Supervisión, se instalaron en la institución para observar de cerca la realidad y las condiciones en que se encuentra la escuela.

También se asesoró al supervisor zonal, licenciado Fernando Méreles, para que trabaje con la comunidad educativa, teniendo en cuenta que la institución se encuentra alejada de la ciudad. “Nosotros también nos ajustamos a las normativas del Ministerio de Educación y Ciencias cuando nos hablan sobre una cantidad mínima de 10 matrículas para que se puedan asignar los rubros”, señaló la directora.

Además, mencionó que existen otros planes de estudios que se pueden implementar en la comunidad de Ka’atygue; se trata de la Educación Básica a Distancia (EBA), una modalidad semipresencial. Los alumnos acuden una semana para recibir orientaciones y luego continúan de manera gradual. La directiva busca garantizar que los estudiantes que terminan el 8º grado puedan acceder al 9º y completar su educación básica.

Santa Rosa: apuntan a cubrir el 80 % de la población con la vacunación contra la influenza

Cuando se había jugado casi media hora del partido de ayer se produjo un enfrentamiento masivo entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía en la Gradería Norte del estadio, que llevó a la suspensión del encuentro deportivo. También se registraron incidentes en los alrededores del estadio.

La Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno dentro del estadio. Numerosos aficionados sufrieron heridas de balines y fueron afectados por el gas, mientras que 11 policías sufrieron lesiones.

“Esto no se va a repetir nunca más si Dios quiere”

En la conferencia de prensa de hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció “medidas de corto plazo que van a tener aplicación inmediata, con respaldo de la Fiscalía General del Estado”, para prevenir incidentes similares en eventos deportivos futuros.

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Sin embargo, el ministro Riera mencionó medidas que en teoría ya estaban en vigencia como la implementación de entradas individuales validadas por la Policía o a “implementación de tecnología punta” de reconocimiento facial y controles biométricos “en los partidos importantes”, además de la confección de una “lista definitiva” de personas con antecedentes judiciales que no podrán entrar a eventos deportivos.

Añadió que en el futuro se harán controles de la Policía y la APF para evitar que en los recintos en los que habrá eventos deportivos haya objetos que puedan utilizarse como armas.

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“Esto no se va a repetir nunca más si Dios quiere”, dijo.

Búsqueda de “responsables”

El ministro Riera comentó que “un equipo técnico de primer nivel” de la Policía está trabajando en “identificar a todos y cada uno de los responsables” de provocar el incidente de ayer en el Defensores del Chaco. Agregó que sanciones también “van a alcanzar a los buses que transportaron a estos vándalos y a los choferes que saben perfectamente a quién transportan”.

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Agregó que se realizarán reuniones “probablemente con todos los clubes”, cuyas autoridades a menudo tienen relacionamiento directo con las ‘barras bravas’ organizadas que suelen protagonizar incidentes.

Por su parte, el presidente de la APF, Robert Harrison, se limitó a decir que las medidas que anunció el ministro Riera “nos van a ayudar a seguir creando nuevos eventos libres de peligros”.

“No fallamos”, dice director de Policía

También intervino en la conferencia de prensa el director de la Policía Nacional en Asunción, comisario Juan Agüero, quien negó que haya habido un fracaso en la contención del incidente en la Gradería Norte del Defensores del Chaco porque “no tuvimos que lamentar la pérdida de un ser humano”.

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El comisario Agüero afirmó que los incidentes tuvieron su origen en la llegada de un grupo de entre 500 y 700 hinchas de Cerro Porteño -muchos de los cuales supuestamente no tenían entradas- luego del horario que había sido acordado con las autoridades encargadas de la seguridad en el estadio.

El ministro Riera señaló que esos hinchas “forzaron” su entrada, lo que habría posibilitado el ingreso de objetos prohibidos como ‘cebollones’ explosivos.

Pese a esa evidencia, y al compromiso público asumido en medio de la crisis, las respuestas del Estado no pasaron del discurso.

En aquella ocasión, el titular del Ejecutivo aseguró intervenciones en áreas clave como urgencias, maternidad, cirugía, pediatría y terapia intensiva. Se habló de modernización, fortalecimiento del sistema y atención digna. Hoy, un año después, esas promesas siguen sin materializarse, mientras la realidad del hospital continúa marcada por carencias, limitaciones operativas y una demanda creciente que supera la capacidad instalada.

El propio director del Hospital Regional de Caacupé, Hugo Cañete, confirmó que el proyecto aún no fue ejecutado. Esta situación contrasta con los reiterados reclamos, quejas y denuncias públicas de usuarios que exigen condiciones mínimas de atención.

La falta de respuestas concretas no solo expone ineficiencia administrativa, sino también una preocupante desconexión entre las prioridades del Gobierno y las necesidades urgentes de la población.

15 días para remisión de respuestas

Ante este escenario, el diputado Carlos María López (PLRA) impulsó un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, solicitando explicaciones al Ministerio de Salud sobre el destino de unos 10 millones de dólares anunciados para mejorar la infraestructura sanitaria en Cordillera.

El hecho de que se requiera un pedido formal para conocer el uso de estos recursos refuerza las dudas sobre la transparencia y ejecución de los fondos.

El requerimiento apunta a obtener detalles sobre obras, adquisición de equipamientos, contratación de personal y procesos de licitación en hospitales de Caacupé, Tobatí, Eusebio Ayala, Piribebuy y Altos. Además, exige información sobre empresas adjudicadas, estado de avance de las construcciones y eventuales trabajos concluidos.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de respuestas, en un intento por esclarecer una situación que, hasta ahora, se caracteriza por la falta de información pública clara.

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Antecedentes

El incendio en el Hospital Regional de Caacupé fue en enero de 2025, originado presuntamente por un cortocircuito en un aire acondicionado, que puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura hospitalaria.

Aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales, el hecho marcó un punto de quiebre y generó un compromiso político que hoy aparece incumplido.

Lejos de representar un punto de partida para mejoras reales, aquel episodio terminó convirtiéndose en otro ejemplo de promesas que no se traducen en acciones. La ausencia de avances, sumada al silencio institucional sobre el destino de los recursos anunciados, profundiza la desconfianza ciudadana y alimenta las críticas hacia la gestión sanitaria.

Mientras tanto, los usuarios del sistema de salud en Cordillera siguen enfrentando largas esperas, limitaciones en la atención y condiciones que distan de ser dignas.

La situación del Hospital Regional de Caacupé no solo refleja un problema local, sino también una deuda estructural del Estado con uno de los servicios más sensibles: la salud pública.

Presumen que un cortocircuito causó el principio de incendio en Hospital de Caacupé

El tramo de 17 kilómetros que conecta con la ruta PY11, en Naranjaty, continúa intransitable pese a reiterados pedidos de reparación. La situación afecta gravemente la circulación.

Como parte de la protesta, padres y alumnos comenzaron a trabajar en puntos críticos del camino, mientras avanzan en la paralización de actividades educativas. No descartan bloqueos de ruta como medida de presión.

El poblador Bonifacio Romero afirmó que la movilización se inició por la falta de respuestas y advirtió que los caminos están cada vez más intransitables. Señaló que las familias decidieron involucrarse directamente.

San Pedro en vía crucis

Los manifestantes advierten que la paciencia se agotó y no descartan radicalizar las medidas si no obtienen soluciones concretas. La protesta se plantea como último recurso.

Otros puntos críticos incluyen tramos entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, así como la ruta PY08, donde persisten peligros pese a reparaciones parciales. La crisis vial afecta a todo el departamento

Para dar respuesta a este sector, el MEF ya ejecuta reprogramaciones presupuestarias para cubrir obras con avance desde el 2025, según indicó.

“Estamos previendo un flujo de recursos para el sector de infraestructura en obras públicas de aproximadamente US$ 150 millones en los próximos dos meses, entre abril y mayo”, reveló.

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El motor de los pagos: IRE y recaudación interna

Sobre el origen de los fondos inmediatos, el secretario de Estado explicó que el pago será financiado principalmente con la recaudación tributaria de la época.

“Esto responde a una cobertura que nos va a dar la mayor recaudación que se está dando en abril y que esperamos que se mantenga en mayo por el comportamiento natural del vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), cuyo vencimiento es en abril y en mayo se paga el anticipo correspondiente sobre la liquidación de abril”.

El titular del MEF resaltó que existe expectativa positiva ante el crecimiento de los ingresos tributarios, sostenido por retenciones internas como el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP).

No obstante, Lovera reconoció que existen “debilidades” en la recaudación aduanera, la cual -afirmó- se ha visto golpeada por la volatilidad del tipo de cambio. Pese a este escenario en fronteras, remarcó que la dinámica de los impuestos internos permitiría mantener el flujo de caja necesario para los pagos previstos en este bimestre.

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Sector farmacéutico: un pasivo que se desborda

En cuanto a la situación con los proveedores de medicamentos, el ministro Lovera confirmó la existencia de “acuerdos parciales” que permitirán pagar US$ 180 millones entre abril y mayo.

Sin embargo, reconoció que este monto es apenas una fracción de la deuda total, la cual calificó como mucho mayor a la de las constructoras, al situarse por encima de los US$ 1.000 millones.

Cesión de derechos de cobro, en 15 días

Como alternativa para responder al reclamo del gremio, refirió que el MEF trabaja en la implementación de la cesión de derechos de cobro.

El ministro anunció que este instrumento estará “perfeccionado” en dos semanas, tras ajustarse a las observaciones de los bancos y los gremios afectados.

“Seguimos avanzando con este proceso para principalmente llegar a acuerdos a fin de que las herramientas que terminamos definiendo sean útiles tanto al sector privado, como proveedor del Estado en términos de expectativa de liquidez que tienen, así como también de utilidad al Estado en términos de generar un flujo que le permita tener una cobertura no solo inmediata de estos requerimientos, sino también llevarlo al mediano plazo que es la cesión de derechos de cobro”, expresó.

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Explicó que esta herramienta financiera permitirá a las farmacéuticas con facturas impagas negociar dichos documentos con el sistema bancario para obtener liquidez inmediata.

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Por otra parte, en la compañía Peña, vecinos alertan que el boquete podría agravarse si vuelven las lluvias. El poblador Celestino Aguayo pidió una intervención urgente, que se repare el puente y que se realice la carga de ripio para garantizar el tránsito seguro. En una pasarela del lugar, el raudal arrastró parte del alcantarillado pluvial, formando un boquete en medio del camino vecinal.

El intendente Aldo Lezcano (Alianza) explicó que el puente de Barrerito ya estaba deteriorado, con vigas caídas, termitas y nidos de abejas. Señaló que retiraron la estructura dañada y habilitaron un paso provisorio en Semana Santa, pero las lluvias lo destruyeron.

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Explicó que el municipio tiene más de 300 kilómetros de caminos de tierra que se descomponen con las lluvias. Añadió que en marzo realizaron perfiladas y cuneteadas desde Tuyu Hû hasta Potrero Arce, pasando por Potrerito y Peña, pero el temporal volvió a dañar varios tramos.

Finalmente, indicó que aguardarán que el terreno se seque para retomar los trabajos en los caminos terraplenados, incluyendo reposición de alcantarillas, carga de ripio y mantenimiento de caminos rurales.

El avión que se estrelló es un bimotor Cessna 402B, con matrícula ZP-BEE, perteneciente a la empresa de taxi aéreo Aerotax SA, pero fletado por la compañía Prosegur SA.

El piloto de la nave era el general retirado Fernando Noldin Romero, de 65 años, quien falleció. La copiloto era Dora Yerutí Núñez Insfrán, de 25 años, quien está aún grave. Los pasajeros eran los guardias de Prosegur Hiram Bogado Salanueva, de 48 años, quien está delicado, y Fredy Recalde Benítez, de 27 años, quien sufrió solo un corte en la cabeza.

Así fue el accidente aéreo en Minga Guazú

El director de Aeronáutica de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, confirmó que la aeronave ahora siniestrada despegó del aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú y que voló por unos 25 minutos, hasta la zona de Juan León Mallorquín, donde el piloto detectó una falla en el motor izquierdo.

Ante esta situación, el general Noldin decidió regresar al aeropuerto, pero desgraciadamente la nave cayó cuando le faltaban solo 750 metros para alcanzar la pista.

Avión de Prosegur que cayó en Minga Guazú llevaba 30 bolsas de dinero

El director Sandoval también reveló que ese avión que cayó era uno de los dos que alquiló Prosegur para hacer la operación de traslado de valores desde la frontera hacia la capital.

La millonaria suma que traían los aviones alquilados por Prosegur

Según averiguaciones, la otra máquina utilizada por Prosegur fue una Beechcraft 95-B55 Baron, con matrícula ZP-BJL, perteneciente también a la empresa de taxi aéreo Aerotax.

Esta nave Beechcraf despegó del aeropuerto Guaraní solo momentos antes de la salida del Cessna que al final se estrellaría.

El avión Beechcraf llegó sin inconvenientes ese sábado al aeropuerto Silvio Pettirossi, trasladando la mitad del caudal que retiraron de Ciudad del Este. La otra mitad estaba en el Cessna que se estrelló.

De acuerdo con datos tributarios, el caudal total que Prosegur debía traer a Asunción ese día era de unos 5 millones de dólares y al menos 15 millones de reales.

La plata fue recogida de un banco de Ciudad del Este y tenía que ser repartida en sucursales de la misma entidad en Asunción.

Según datos policiales, en el lugar del accidente aéreo en Minga Guazú se recuperaron 5 bolsas negras grandes (que contenían varias bolsas pequeñas) y 10 bolsas amarillas pequeñas.

El dinero salvado no se pudo cuantificar, debido a que Prosegur aceptó recibir los valores en las condiciones en las que se hallaron.

El fin de semana, una amenaza de este tipo se dio a través de un mensaje anónimo en el Whatsapp, afectando a la Escuela Básica y Colegio Nacional San Marcos, ubicados en la ciudad de Limpio, en el departamento Central.

“Mañana tiroteo escolar en la escuela San Marcos”, dice el mensaje de “estado” de un número anónimo y todavía sin identificar.

A raíz de esta situación, la dirección de la escuela y el colegio decidió suspender las clases este lunes 20 de abril, como “medida preventiva y de seguridad”, asegurando que se actuó de acuerdo al protocolo establecido por la cartera educativa, a través de la resolución N° 183/23.

Otra amenaza de tiroteo en escuela de Lambaré

Otra presunta advertencia ocurrió el fin de semana en una institución educativa oficial de Lambaré, cuyo nombre no se dio a conocer públicamente.

Lo cierto es que también suspendieron las clases, en principio, solo para este lunes.

Con esto suman 13 las advertencias de tiroteo, masacre o portación de armas en centros educativos del país, en lo que va del año. De las 13 denuncias, son siete las relacionadas con ataques armados, o sea, más del 50% de las denuncias.

Sonia Escauriza, directora de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños del MEC, explicó que ante el aumento de las denuncias en establecimientos educacionales, buscarán una medida en conjunto entre las autoridades de la cartera.

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Escauriza indicó que mantendrán una reunión esta tarde, encabezada por la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, para analizar propuestas y buscar medidas en instituciones educativas.

Agregó que plantearán también buscar más apoyo de las familias, teniendo en consideración que en muchas ocasiones, como ocurrió este fin de semana, las amenazas se dan fuera del ámbito escolar.

Se sospecha que este tipo de acciones salieron de un reto viral, comunicadas a través de aplicaciones como Tiktok, considerando que la misma situación se da en países de la región, como Argentina y Chile.

Entre las principales falencias denunciadas figuran el desabastecimiento crítico de medicamentos esenciales e insumos hospitalarios, situación que impacta de manera directa a pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos continuos bajo protocolo.

Asimismo, alertaron sobre la falta de especialistas en áreas sensibles como hematología, endocrinología y gastroenterología, sumado a la ausencia de un banco de sangre local, lo que obliga a traslados riesgosos y genera exceso de burocracia.

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Otros puntos cuestionados son el incumplimiento de la carga horaria por parte de algunos funcionarios, la falta o mal funcionamiento de equipos de diagnóstico por imágenes (ecografías, tomografías, electrocardiogramas) y deficiencias en los servicios de ginecología, terapia pediátrica y oftalmología.

También remarcaron la ausencia de asistencia social para casos de vulnerabilidad.

Una de las denuncias más fuertes apunta a una supuesta injerencia política en los nombramientos y separaciones de personal, indicando que se priorizarían “cuotas políticas” por encima de la capacidad profesional.

Los educadores rechazaron las llamadas “medidas paliativas” y demandan soluciones estructurales, además de la conformación de una mesa de diálogo para monitorear los avances.

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Por su parte, el director de la unidad, Rolando Cardozo, confirmó la recepción de la nota y señaló que se analizó cada punto planteado en una reunión con los gremios.

El funcionario explicó la realidad institucional y adelantó que varios servicios ya fueron rehabilitados, mientras que otros se encuentran en proceso de reparación.

Informó que está en marcha la reapertura del servicio de terapia neonatal, que pasará a contar con 10 camas. Además, mencionó que desde la Gobernación de Misiones se gestionan arreglos estructurales, como la reparación del techado; también se está solicitando la reparación de la iluminación de los quirófanos.

Finalmente, Cardozo señalo que se está gestionando el cambio de denominación del establecimiento: de “Unidad Sanitaria” a “Centro de Salud” u “Hospital”.

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Explicó que esta medida es fundamental para acceder a mayor presupuesto, más medicamentos y especialistas, ya que la categoría actual limita muchos beneficios para los asegurados.

Indicó además que en la reunión se acordó un próximo encuentro para avanzar en un proyecto conjunto que permita mejorar la atención, coincidiendo en la necesidad de trabajar de manera mancomunada entre ambas partes.

El caso del legislador se centra en la presunta falsificación de su título de abogado, el cual habría utilizado para acceder a cargos de relevancia pública, como cuando asumió como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y posteriormente volvió a asumir el cargo estando ya en la Cámara de Senadores. La denuncia la presentaron el 15 de abril los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain Chilavert.

Para el senador Rafael Filizzola, si bien esta nueva causa se abrió, todavía queda pendiente la acusación en contra del legislador por la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado, ya que, pese a ser sobreseído de la causa, aún queda recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“La sentencia de la Cámara de Apelaciones es muy controvertida. La sentencia debe ser revisada en casación y creo que también fueron por la vía de inconstitucionalidad. Así que hay dos vías abiertas en la Justicia. Esta nueva denuncia se centra básicamente en el uso del título en el año 2023, así que no se puede alegar prescripción ni nada que se le parezca”, señaló.

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Denuncias contra Rivas por supuesto título falso de abogado

Agregó que, además de la nueva causa penal contra Rivas, también se realizaron varias denuncias más en el ámbito civil por la supuesta nulidad del título de abogado, lo que podría ser cabeza de otros procesos. Destacó además que, con tantas denuncias, lo importante es que la causa no quede impune, ya que no solamente es una mentira al Congreso Nacional, a ambas Cámaras, sino también un precedente sumamente grave.

“Acá estamos hablando de una persona que sin tener título ocupó uno de los cargos más altos en el sistema de justicia. Imagínense, él estaba juzgando a jueces sin tener título de abogado (...) Abre acá un debate importante, sobre todo en casos donde su voto fue determinante”, respondió sobre la nulidad de los casos de juicios a magistrados en los que Rivas participó.

Sobre el pedido de permiso que pidió Rivas y la postura del cartismo, que lo aprobaría, dijo que lo que corresponde es la renuncia de Rivas y explicó que el permiso se da para cuestiones puntuales, como para asumir un cargo de ministro o de embajador, además de los antecedentes por casos de salud, lo cual correspondería, no así cuando un legislador es sometido a un proceso penal, que, si bien hay antecedentes, los mismos no hacen al derecho; sin embargo, esto quedaría reducido a una cuestión de votos.

“Para que haya pérdida de investidura, nosotros pedimos el informe al fiscal general del Estado. Tenemos que tener evidencias muy claras de que él abusó de su investidura para beneficiarse, tanto en el caso el caso de la amenaza a la fiscala y el caso de todas estas medidas que se tomaron para que él acceda a un título”, indicó al recordar la amenaza que recibió la fiscala Patricia Sánchez, quien investigó la causa por la que fue sobreseído y quien es la encargada de investigar las nuevas causas abiertas contra Rivas.

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Peña es un “recurso’i”

El presidente de la República, Santiago Peña, al ser consultado sobre el caso de Hernán Rivas, además de excusarse en responder, ya que “no le corresponde”, también se refirió a causas en la que Rafael Filizzola fue procesado, como el de los helicópteros de la Policía Nacional, cuando fue ministro del Interior, intentando hacer una comparación entre ambos casos.

El senador opositor contestó a estas insinuaciones de Peña y lo tildó de “recurso’i”, y criticó a la jueza que llevó su caso por no saber de derecho y por no saber contar.

“Es un recurso’i que aparte él no conoce, porque en realidad esa jueza no sabe contar, aparte de no saber de derecho. Esa jueza hizo algo insólito. Éramos varios coprocesados y les sobreseyó a todos, menos a mí. Yo pregunto: ¿quién le dio la orden? Porque el tiempo no puede transcurrir para algunos y no para otros. Y además el mismo computo que ella hacía en mi caso particular, daba más tiempo que el necesario para la prescripción. Pero el caso que realmente es relevante, el caso en el cual ellos montaron toda una campaña de difamación en mi contra, yo fui sobreseído por pedido de la Fiscalía”, recordó.

Sobre la amenaza a la fiscal Patricia Sánchez, en la que menciona al senador cartista Hernán Rivas, dijo que Emiliano Rolón tiene 15 días como plazo máximo para remitir el documento e insistió en que solo piden el documento de la denuncia, no así 40 carpetas foliadas, algo que el propio fiscal general del Estado ya pudo haber hecho la semana pasada.

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Fueros de Rivas

Sobre los fueros de Rivas, explicó que los mismos están previstos contra la detención, no así contra los procesos, por lo que la inmunidad no corresponde ante la apertura de una causa penal; sin embargo, consideró que por una cuestión de seguridad jurídica, el juez o la jueza que entienda el caso pediría el desafuero.

Lamentó que al conceder el permiso a Rivas se deja un mensaje de impunidad, porque finalmente esta persona estuvo años juzgando, destituyendo y amparando a jueces y fiscales, sin contar con título de abogado, que es un requisito constitucional.

“El daño que ha causado y el precedente que sienta para casos futuros es tan grave que se tienen que tomar medidas que sean aleccionadoras, por eso no puede quedar simplemente así como está”, concluyó.

La resolución de la magistrada resalta que, vencido dicho plazo, el encausado pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la orden judicial; por lo que el Ministerio de Justicia deberá definir qué penitenciaría es la más adecuada para el cumplimiento de la medida cautelar.

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La defensa argumentó que el médico forense interviniente Dr. David Samudio certificó que el encausado padece hipertensión arterial, crisis hipertensiva e infección respiratoria aguda. En consecuencia solicitó una prórroga de 20 días para que la prisión preventiva sea cumplida en la Comisaria 23 de Asunción, a fin de insistir ante el Ministerio Público en la realización de diligencias tendientes a dar certeza sobre el estado procesal de Cáceres.

Agregó que esto podría cambiar la calificación que pesa sobre el procesado, que a criterio de la defensa es errónea, señalando que Gregorio Cáceres actuó en legítima defensa contra una agresión de la hoy víctima.

Crimen de militar en Zeballos Cue

El episodio era confuso sobre la base de los primeros reportes, ya que si bien se habló de una riña tras un percance vehicular, una testigo había comentado que el fallecido ya llegó con heridas de arma blanca y posteriormente se desvaneció.

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Sin embargo, los intervinientes accedieron a imágenes de cámaras de la zona y pudieron constatar que el uniformado fue herido durante la pelea que se desató en la Avenida San Ramón casi Silvio Báez de Zeballos Cue, frente al domicilio del que terminó siendo señalado como el supuesto asesino.

El comisario Edgar Vera, jefe de la Comisaría 23, indicó a ABC que con los elementos recabados y con autorización fiscal, allanaron la casa del sospechoso, donde encontraron prendas que coinciden con las que vestía el agresor de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado.

“Pudimos ver a través del circuito cerrado que tuvo una pelea con este señor que ya se encuentra aprehendido en esta comisaría (…) se presume que usó algo punzante para infligir las heridas al capitán”, explicó el uniformado.

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La primera versión de lo ocurrido

De acuerdo con el informe brindado por la Policía, el ahora imputado cuenta con antecedentes por violencia doméstica y tenía prohibición de salir del país.

En cuanto al hecho, la hijastra del detenido dijo a los intervinientes que el ahora fallecido conducía en zigzag y casi embistió a su padrastro, lo que derivó en una discusión en la calle. Supuestamente, el militar bajó de su camioneta y luego cayó al suelo.

La testigo agregó que pidió ayuda de inmediato e incluso intentó trasladarlo por sus propios medios a un centro asistencial, pero finalmente aguardaron la llegada de los equipos de emergencia.

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Este es el reporte de la situación de cada uno de los heridos con arma de fuego:

• Mujer de 19 años: internada en observación, con traumatismo de párpado izquierdo.
• Un hombre de 32 años: con traumatismo ocular, ya de alta.
• Un hombre de 19 años: herida en el muslo izquierdo, internado en observación.
• Un adolescente de 17 años: fractura expuesta tibia derecha, internado en observación.
• Un hombre de 26 años: herida en el muslo derecho, internado en observación.

Superclásico: dos policías siguen en observación y uno requerirá cirugía

Tres de esos heridos recibieron los impactos fuera del estadio, pero dos adentro. El director del hospital, doctor Juan Fernández, confirmó a ABC Color que no se trata de lesionados por balines de goma. “Todos son por arma de fuego”, insistió ante la consulta.

De la misma manera, cinco personas fueron atendidas por agresiones con “arma contundente” en varias partes del cuerpo y la mayoría en la zona de la cabeza.

Por otra parte, fueron atendidas seis personas por inhalación de gases lacrimógenos.

En total, el Hospital de Trauma recibió a 16 heridos, dentro y fuera de la cancha.

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Suman más de setenta heridos

En total, 72 personas fueron atendidas en tres hospitales de Asunción tras la batalla campal registrada en el Defensores del Chaco.

En el Rigoberto Caballero reportan que dos policías siguen internados y uno tendrá que someterse a una cirugía, pero sus vidas no corren peligro.

En el Hospital de Barrio Obrero, 45 hinchas recibieron atención y la mayoría ya fue dada de alta.

A través de sus canales oficiales, la administración municipal aseguraba que el anteproyecto estaba listo y la licitación era inminente. Sin embargo, a dos años de aquel anuncio, en la intersección de Guillermo Molinas y Raúl Casal no se ha movido una sola piedra.

“Cuando llueve acá es terrible. Prácticamente no se puede salir a la calle y, además, el agua termina ingresando en la mayoría de las casas, pues están en una zona baja”, apuntó Nidia González, presidenta comisión Campamento Cerro León.

Seguido, afirmó: “Nos presentaron el proyecto (desagüe pluvial), pero después de eso no vinieron más. A los políticos ya no les creemos más, porque siempre prometen, pero nunca cumplen”.

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Para financiar esta y otras obras de infraestructura, la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez emitió los denominados “Bonos G8”. Aunque el dinero estaba destinado específicamente a la modernización de la capital, el proyecto nunca arrancó.

Según revela el reciente informe de intervención a la Municipalidad, los fondos recaudados para el desagüe pluvial tuvieron un destino muy distinto a las tuberías. Se utilizaron para el pago de salarios y otros gastos corrientes considerados irregulares.

Mientras el presupuesto se diluía en la estructura administrativa, los vecinos de Santa Librada permanecen expuestos a los mismos problemas de infraestructura que la Comuna prometió solucionar hace ya dos años.

“Solicito, bajo el amparo del art. 18 del Código Procesal Penal, la apertura de una investigación penal de oficio para determinar la existencia del hecho punible de lesión de confianza (Art. 192 CP) y otros tipos legales vinculados a la ejecución del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma Doha Holding Group LLC”, señala el documento presentado ante Fiscalía.

Esto ya que recordó “el 30 de septiembre de 2024, Petropar adjudicó a Doha Holding Group LLC la provisión de 100.000 toneladas de gasoil por USD 61 millones. A pesar de que la entrega inicial debía ocurrir en octubre de 2024, la firma no ha entregado un solo litro de combustible a la fecha".

El legislador afirmó que el Ministerio Público debe indagar de oficio el caso, ya que hay involucrados unos 1,8 billones de guaraníes en posible “daño colateral” por compras “vía excepción” al no llegar jamás el combustible catarí.

“Estos es noticia criminis, es una obligación que tiene el Fiscal General del Estado (abrir una investigación penal de oficio)”, remarcó Espínola, mencionando que “lo principal de esto es el daño colateral, porque usan como excusa que no se pagó nada”.

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En tal sentido enfatizó que el daño colateral al que refiere es porque ante el argumento de que “no se pagó nada”, “se tuvieron que hacer otras compras por el camino, porque el combustible no llegaba y eso su pudo haber generado un perjuicio patrimonial al Estado”, ya que se tuvieron que hacer otras compras por “vía de la excepción”

En tan sentido, señaló que al no llegar el combustible catarí de Doha y “desabastecimiento inminente” de Petropar, la petrolera estatal tuvo que “hacer seis compras urgentes por aproximadamente G. 1,8 billones”, sospechando que probablemente ese era el objetivo real, hacer llamados evadiendo controles de contrataciones públicas.

Los puntos centrales alertados a la Fiscalía son:

• Un incumplimiento absoluto tolerado por la estatal
• Favorecimiento excepcional e ilegal mediante prórrogas.
• Posible indefensión patrimonial por garantías inejecutables.
• Posible falsedad documental.
• El daño colateral: Compras de emergencia por vía de la excepción.

Quieren saber si no dieron prórrogas “remotas” y posible daño

A la par de señalar posibles hechos punibles y aristas de investigación, Espínola también sugiere una serie de diligencias posibles al Ministerio Público, entre ellas por ejemplo, solicitar informes a Migraciones para saber si los representantes de Doha estaban en el país al momento en que se firmaron las más de una decena de prórrogas.

“Hago una sugerencia para la investigación, como por ejemplo la evaluación del perjuicio patrimonial, una pericia documentológica, una verificación migratoria para cotejar con la Dirección Nacional de Migraciones si se encontraban en el país al momento de suscribir los documentos contractuales, una auditoría de compras por vía de la excepción y una investigación financiera de la contratista”, entre otros, dijo.

El contrato con Doha Holding y las sucesivas prórrogas fueron otorgadas en su mayoría en la presidencia de Petropar de Eddie Jara, que se vio forzado a renunciar tras sospechas de presunto enriquecimiento ilícito.

Mediante las sucesivas prórrogas, Petropar dilató el cobro de la garantía prevista en el contrato por unos US$ 3 millones, la cual el actual presidente de la petrolera estatal William Wilka prometió ejecutar cuando venza el último plazo otorgado.

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Mientras que, el 23 de abril hasta las 18:00 los Tribunales Electorales tienen tiempo de comunicar las sustituciones realizadas para que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se puedan cambiar los datos en la memoria de las máquinas de votación con el objetivo a que los electores tengan las opciones políticas correctas el próximo 7 de junio.

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En ese contexto, la senadora Lilian Samaniego (ANR), líder del movimiento Causa Republicana había solicitado la renuncia a dos precandidatos por contar con órdenes de captura.

Otro caso similar también se dió en AltoParaná, en éste sentido el precandidato a la Presidencia de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, exigió la renuncia de Alberto Giménez, candidato a concejal municipal de Ñacunday (Alto Paraná), tras la detención de Giménez en Brasil, donde fue procesado por vínculos con el narcotráfico.

En tanto, en el Partido Liberal debe definir bajo que lista va el precandidato a Intendente de Valenzuela Manuel Fernández, hermano de la intendenta acusada por corrupción Mirtha Fernández, quien aparece en la máquina de votación con doble lista.

Cuando se había jugado casi media hora del partido de ayer entre Olimpia y Cerro Porteño se produjo un enfrentamiento masivo entre hinchas de Cerro y la Policía en la Gradería Norte del estadio, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, que llevó a la suspensión del encuentro deportivo.

También se registraron varios incidentes en los alrededores del estadio.

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“Una vez más la violencia gana y el fútbol pierde, pierde el hincha verdadero que viene a alentar a su equipo, ganan los que generan violencia afuera y adentro del estadio”, lamentó Patricia Nieto, presidenta de una comisión de vecinos del estadio Defensores del Chaco, en conversación con ABC Color.

“Los vecinos en todos los partidos vivimos hechos de violencia que son normalizados por las autoridades y los organizadores” de los eventos, subrayó Nieto.

“Están esperando que haya una tragedia mayor”

Más allá de los ocasionales enfrentamientos entre hinchas y la Policía o la detonación de bombas, la vecina señaló que las calles en la zona frecuentemente quedan bloqueadas por buses que trasladan a las hinchadas al estadio. “Si algún vecino tiene una emergencia médica no va a poder salir”, señaló.

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Señaló que los incidentes se producen no solo cuando se juegan clásicos en el Defensores, sino también en los partidos a los que solo las hinchadas de Olimpia o Cerro Porteño acuden en masa.

Nieto opinó que las autoridades no terminan de tomar en serio el problema y exigió que los vecinos sean incluidos en la planificación de los operativos de seguridad en torno a partidos importantes que se jueguen en el Defensores, además de la instalación de una mesa de trabajo para confeccionar un protocolo para la seguridad en eventos deportivos que se realicen en zonas urbanas densamente pobladas.

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“Probablemente (las autoridades) están esperando que haya una tragedia mayor”, lamentó.

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Alegan que las consecuencias son directas y crueles, ya que además de ocasionar el encierro forzado de los pobladores en sus comunidades, provoca pérdida de productividad pecuaria, encarecimiento del transporte, así como dificultades sanitarias, educativas y comerciales. “En pleno siglo XXI seguimos quedando literalmente bajo el barro”, expresa el comunicado.

Esta crisis que sufrimos no se trata de un hecho aislado de emergencia climática, como lo pretenden hacer creer los gobernantes; se trata de una emergencia de gestión por parte de las autoridades. Con cada lluvia que se produce, vuelve a quedar al descubierto la misma realidad: caminos destruidos por la falta de trabajos adecuados de reparación y la inexistencia de una planificación real para una de las zonas de mayor productividad ganadera del país.

Licitaciones

El comunicado también hace referencia a lo indignante que resulta el anuncio de licitaciones, contratos y montos millonarios destinados a mejorar la estructura vial del departamento. Sin embargo, apenas llueve, el aislamiento vuelve a repetirse. “Entonces nos preguntamos: -dicen los pobladores y productores- ¿dónde están las obras, los recursos asignados o quiénes controlan la calidad y la ejecución de estos trabajos?“.

Lo más preocupante es el silencio de las autoridades de la zona y de las instituciones, ya que nadie brinda una explicación a estas interrogantes, lo que genera sospechas sobre posibles licitaciones amañadas para favorecer a empresas amigas. Por ello, solicitan una auditoría pública sobre el uso de los recursos y las obras que debieron haberse ejecutado.

Marlys Rodríguez, una de las principales impulsoras del comunicado, señaló además que los constantes aislamientos no solo afectan al ámbito económico, sino también la dignidad de las personas que habitan y trabajan en esta parte de la región chaqueña.

Campaña proselitista

Mientras la población vuelve a soportar un nuevo aislamiento, las principales autoridades del departamento, como el gobernador Arturo Méndez y el diputado nacional José Domingo Adorno, ambos del sector cartista, concentran sus esfuerzos en trabajos proselitistas para consolidar las candidaturas de sus respectivas parejas sentimentales a los cargos de intendente en los distritos de Fuerte Olimpo y Puerto Casado.

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Al respecto, Genaro Ramírez, poblador de la zona, cuestionó esta situación señalando que a estos gobernantes no les interesa la suerte ni el bienestar del pueblo, sino únicamente mantenerse en el poder a cualquier precio. Esta crítica hacia las autoridades departamentales y nacionales se repite de manera generalizada entre las personas afectadas directamente por la falta de caminos.

Como si se tratara de un gran proyecto estratégico en favor de la ciudadanía, ambos políticos tanto el gobernador como el diputado ya solicitaron asistencia alimentaria para las familias del departamento a la Secretaría de Emergencia Nacional, cada uno buscando réditos políticos. Pobladores esperan que, cuando llegue la ayuda, no se registren conflictos durante la distribución, tal como ocurrió recientemente en una comunidad indígena de la localidad de Puerto Casado.

El piloto de la aeronave, un exmilitar identificado como Fernando Noldin, falleció a consecuencia del siniestro, mientras que la copiloto Yerutí Núñez y dos empleados de Prosegur que viajaban como pasajeros -Hirón Bogado y Fredy Recalde– sufrieron lesiones importantes y permanecen hospitalizados, aunque en condiciones estables.

En comunicación con ABC Cardinal, Gustavo Sandoval, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), dio detalles sobre el incidente.

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Según el relato que hizo Sandoval, la aeronave siniestrada es una avioneta bimotor Cessna 402 Bravo, a la cual calificó como “de mucha fiabilidad” y muy frecuentemente usada en la región para el transporte de pasajeros o cargas menores.

Piloto reportó problema de motor

La aeronave despegó el sábado a las 13:30 del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, y, luego de aterrizar en el aeropuerto Guaraní y realizar pruebas técnicas, volvió a despegar minutos después de las 15:00.

Luego de unos 15 minutos en el aire, el piloto de la avioneta informó a la torre de control del aeropuerto Guaraní que la aeronave tenía problemas con su motor izquierdo e intentó regresar a la terminal aérea. Sin embargo, el piloto “nunca se declaró en alerta o magnificó la situación”, dijo Sandoval.

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La aeronave cayó aproximadamente a un kilómetro de distancia del aeropuerto, unos 10 minutos luego de reportar el problema de su motor, en un asentamiento denominado San Isidro del distrito de Minga Guazú. La avioneta golpeó un árbol y se estrelló en un depósito ubicado a unos 15 metros de una vivienda. Ninguna persona en tierra resultó herida.

Sandoval explicó que la avioneta tenía certificado de aeronavegabilidad vigente y tanto el piloto como la copiloto tenían sus licencias en regla.

“La Policía Nacional lamenta profundamente lo ocurrido y se compromete con firmeza a seguir actuando dentro del marco de la ley para prevenir, contener y sancionar cualquier conducta que ponga en riesgo el orden público y la seguridad ciudadana”, indicó la autoridad. En ese sentido, afirmó que unidades especializadas llevan adelante un trabajo de identificación a partir de las imágenes recolectadas. Estos elementos serán entregados a la Fiscalía, dijo.

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Incidentes arrancaron afuera del estadio

El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, explicó las fases desarrolladas dentro del operativo de seguridad que rodea al clásico. Según el jefe policial, la cobertura arrancó el sábado a las 18:00 en inmediaciones del estadio “para dar seguridad a los vecinos”, señaló.

Desde las 13:00 del domingo, tres mil quinientos policías estaban destinados al operativo que comenzó con el plan “Py’aguapy”, durante el cual se verifica el ingreso a Asunción; posteriormente se realizó un cateo superficial que incluye el alcotest y finalmente la carpa azul, donde se realiza una verificación aleatoria.

Agüero afirmó que el primer inconveniente fue la llegada tardía de los barrabravas visitantes, aunque el mismo admitió que los 25 buses que trasladaban a los aficionados fueron acompañados por la Policía Nacional. A la llegada tardía se sumó el problema de las entradas, ya que, según el comisario, muchos de los hinchas intentaron entrar al estadio con entradas magnéticas que ya habían pasado los controles.

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“Algunos aficionados no portaban entrada, tenían entradas ya totalmente quemadas que no pasaban, justamente por el control policial y comenzaron los inconvenientes en esa parte. Los que quedaron afuera ya empezaron a crear disturbios”, explicó.

Hinchas entraron con cascotes y bombas, admite Policía

El comisario Héctor Fernández, jefe del Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos, habló de lo que se vivió ya en las gradas del estadio, donde, según explicó, los agentes antidisturbios comenzaron a recibir cascotazos por parte de los hinchas, lo que confirma el fracaso de los controles afuera del recinto.

“Personal táctico y de eventos trata de sobrellevar la situación y empieza a recibir cascotazos con elementos contundentes que pareciera ya haberse proveído por el camino. En este lugar es donde tuvimos el primer evento suscitado ayer”, comenzó diciendo.

Según Fernández, este primer episodio tuvo lugar cinco minutos antes de que se iniciara el partido. En ese momento los aficionados hicieron explotar bombas de estruendo, lo que, según dijo, motivó a elaborar un primer plan de evacuación en caso de que la situación se desbordara, lo cual finalmente ocurrió.

El comisario añadió que los hinchas tenían en su poder botellas de gaseosa, pese a estar prohibido. Esas botellas fueron cargadas con líquidos para arrojar a los uniformados y también usaron grifos que arrancaron de los baños y parte de la construcción deteriorada en el estadio.

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En su presentación, el jefe policial expuso el momento en que un agente del grupo táctico perdió el equilibrio por las patadas y empujones y siguió siendo agredido en medio del conflicto. Llamativamente, Fernández destacó que un escopetero no usó su arma y priorizó el rescate de su compañero; sin embargo, las imágenes difundidas evidencian que se usaron balines de goma contra los hinchas.

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“Policía se defendió, no reprimió”

El comisario Francisco Ávalos, director de Operaciones Tácticas, defendió la respuesta policial y afirmó que todo lo actuado fue en el marco del protocolo establecido. Señaló que en todo momento los agentes realizaron acciones defensivas y no represivas.

“Se trató de persuadir verbalmente. Personal de eventos deportivos y otros de prevención trataron en todo momento de que se bajen los ánimos pero cuando empezó una escaramuza mayor, cuando ya teníamos personal que no puedo recomponerse, es el momento en que reciben refuerzo de antidisturbios para procurar contener esa situación”, explicó.

Resumen de aprehendidos y heridos luego del clásico

El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, hizo un resumen de los aprehendidos, detenidos y heridos en el marco del encuentro deportivo que terminó suspendido a causa de los incidentes:

• 18 aprehendidos con alcotest positivo
• 7 aprehendidos por perturbación a la paz pública, tenencia de arma blanca y estupefacientes
• 6 detenidos a disposición del Ministerio Público
• 32 trabajadores informales y cuidacoches identificados
• 11 agentes heridos (dos siguen internados)

Lista de policías heridos luego del partido

Durante la conferencia de prensa se brindó la lista completa de los uniformados que resultaron heridos durante el enfrentamiento en las gradas. La mayoría de ellos son policías de bajo rango.

• Oficial ayudante Juan Figueredo
• Subcomisario Lidio Brizuela
• Suboficial primero Jonás Bareiro
• Suboficial ayudante Luis Martínez
• Suboficial ayudante Rodrigo Cazal
• Suboficial ayudante Amalio Escurra
• Suboficial ayudante César Carreras
• Suboficial ayudante Oscar Vega
• Suboficial ayudante Carlos Florenciáñez
• Suboficial ayudante Ángel López
• Suboficial ayudante Derlis Coronel

El cadáver presentaba varias heridas. Los pies de la víctimas estaban atados, según informaron desde la dependencia policial jurisdiccional.

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Los autores del crimen dejaron al lado del cuerpo un esquela con la inscripción “No robar J.D.F vamos x más”, lo que hace presumir que el autodenominado grupo “Justicieros de la Frontera” reapareció y se atribuyó el crimen.

Los investigadores informaron que están en tarea de búsqueda de los responsables del asesinato.

La agente detalló que los aprehendidos permanecen en la unidad fiscal desde esta mañana, junto a sus abogados, a la espera del inicio del proceso penal correspondiente por los hechos ocurridos durante el encuentro deportivo.

En cuanto a las conductas investigadas, la fiscala señaló que, en principio, se analizan los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de lesión grave.

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“A simple vista, lo que veo es perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de lesión grave, pero no quiero cerrarme solo a esos hechos porque quiero leer y de acuerdo a eso procesar. Eso es lo que tengo por de pronto”, dijo.

No descartan nuevas imputaciones

González enfatizó que el Ministerio Público continuará evaluando los elementos colectados tras los disturbios, por lo que no se descarta la incorporación de otros hechos punibles en el marco de la investigación.

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Respecto al origen del conflicto, la fiscala indicó que aún no cuenta con información precisa que permita determinar cómo se iniciaron los incidentes dentro del estadio.

El exsenador y constitucionalista Hugo Estigarribia cuestionó duramente la intención del oficialismo, calificándola como una “grave violación de la Constitución” y un mensaje político directo al sistema judicial.

Según el jurista, este tipo de permisos se han convertido en mecanismos para evitar el control institucional, recordando el antecedente de Galeano, condenado por asociación criminal y lavado de dinero. Además de ser un mensaje de presión del Senado al sistema de justicia.

La oposición define el escenario

Aunque sectores opositores pretenden impulsar la pérdida de investidura de Rivas, reconocen que no cuentan con los votos suficientes para concretarla. En ese contexto, algunos plantean abstenerse y trasladar la responsabilidad política al cartismo.

Sin embargo, tanto la oposición como la disidencia colorada suman más de 23 votos, lo que les permite definir:

• El quórum legal de la sesión
• La viabilidad del tratamiento del permiso
• El resultado final de la votación

División sobre la expulsión: mayoría simple o absoluta

El debate sobre la eventual expulsión de Rivas también expone una fractura interna.

La senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) sostiene que aplicar una mayoría simple para destituir a un legislador implicaría validar la polémica expulsión de la exsenadora Kattya González, lo que considera un precedente peligroso.

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En contrapartida, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, argumenta que el Senado ya sentó jurisprudencia con la destitución de Norma Aquino (“Yami Nal”), ocurrida el 16 de septiembre de 2025 con mayoría simple (40 votos).

Presión política desde la ANR

El fin de semana, el presidenciable Arnoldo Wiens elevó la presión sobre los colorados disidentes, instándolos públicamente a apoyar la expulsión de Rivas.

Durante un acto en Guarambaré, calificó la protección del oficialismo como una “situación vergonzosa” y lanzó críticas en guaraní contra la estrategia cartista: “Hikuái he’íma: ekañy Hernán Rivas-pe” (que no se deje ver).

Wiens fue tajante al exigir coherencia política: “Pérdida de investidura pido hoy… si son coherentes con sus principios y valores”.

La disidencia colorada definirá en las próximas horas una posición de bloque, según fuentes legislativas.

Nueva causa fiscal complica aún más a Rivas

En paralelo al conflicto político, el caso judicial del legislador suma un nuevo capítulo.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una nueva carpeta fiscal para investigar a Rivas por la presunta producción mediata de documento público de contenido falso.

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La causa se centra en la supuesta falsificación de su título de abogado, que habría sido utilizado para acceder a cargos públicos.

Además, persisten cuestionamientos tras denuncias de que Rivas habría presionado a la fiscala Patricia Sánchez para evitar la apelación en una causa anterior, documento que aún no fue remitido al Senado pese a pedidos formales.

El cartismo busca reducir la exposición pública de Rivas mediante el permiso temporal, mientras crece la percepción de blindaje político.

Dispuestos a expulsar

Fuentes legislativas aseguran que incluso sectores disidentes estarían dispuestos a acompañar una eventual expulsión, pero coinciden en que la responsabilidad política recae en el oficialismo, principal sostén del senador.

El desenlace de la sesión de este miércoles dependerá, una vez más, de una oposición fragmentada pero decisiva, en un escenario donde el quórum se convierte en la herramienta clave para definir el futuro político de Rivas.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el suroeste de la Región Oriental y suroeste de la Occidental.

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Los departamentos afectados son Ñeembucú y sur de Presidente Hayes.

El caso del legislador se centra en la presunta falsificación de su título de abogado, el cual habría utilizado para acceder a cargos de relevancia pública

La medida fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 1293, firmada el 20 de abril de 2026 por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

La decisión se da a partir de una denuncia presentada el 15 de abril por los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain Chilavert, quienes solicitaron la intervención fiscal para esclarecer los hechos.

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En ese marco, fueron designadas las agentes fiscales Patricia Sánchez Saldívar, de la Unidad Penal N.º 5 de Asunción, y Luz Guerrero de Martínez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 2, quienes tendrán a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal.

Según el documento, la naturaleza de los hechos denunciados amerita la apertura de una causa penal, con el objetivo de reunir elementos de convicción, impulsar la investigación y eventualmente formular una acusación.

Asimismo, se dispuso la remisión de los antecedentes a las fiscales asignadas y la comunicación correspondiente a la Oficina de Denuncias Penales para su registro.

Pese a que habitualmente deben ingresar con mucha antelación, videos confirman que siendo las 17:00 apenas empezaron a llegar a las adyacencias y siendo las 17:30 (horario del inicio del partido) recién estaban formando para pasar los controles.

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Las imágenes aéreas captadas por ABC TV demuestran que esa horda de hinchas pasó rápidamente por los controles y no ingresaron a las “carpas azules”. Esa premura y falta de meticulosidad podría haber permitido que ingrese irregularmente pirotecnia (cebollón) que luego fue el origen de los disturbios en la Gradería Norte.

En el portón de acceso precisamente fue que se registró el primer disturbio, en las afueras del estadio. La Policía confirmó que los hinchas atropellaron a los antidisturbios ante la negativa del ingreso de grupos que llegaron con entradas dañadas o de dudosa procedencia.

Extrema violencia

Las imágenes muestran la extrema violencia con la cual actuaron miembros de la barra brava del Club Cerro Porteño, que atacaron arrojando todo tipo de piedras hacia los policías antidisturbios. Los videos confirman el instante en el cual un agente policial del grupo táctico pierde el equilibrio y es atacado con extrema violencia hasta que interviene otro agente policial y un grupo de hinchas que buscan ponerlo a salvo.

En otra toma también se observa el momento en el cual los hinchas agreden a otro agente policial caído, que luego debe ser rescatado por su camarada.

Por otra parte, también imágenes captaron que un grupo de hinchas forzó el vallado de hierro e incluso un par de barrabravas intentó utilizarla contra la Policía, pero no pudo debido a su peso y a la intervención.

¿Cómo están los heridos?

El Hospital de Barrio Obrero reportó que en total recibieron a 45 hinchas lesionados, la mayoría por objetos contundentes o balines de goma. Entre los pacientes se destacaban un niño que requirió la sutura de una herida y una embarazada que se intoxicó con gas lacrimógeno.

Paralelamente, los policías heridos fueron derivados al Hospital Rigoberto Caballero. En este nosocomio fueron atendidos 11 agentes involucrados en los disturbios, la mayoría con lesiones que no revistieron gravedad.

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No obstante, todavía dos permanecen en observación. Uno de ellos es el suboficial Luis Martínez, quien está “estable y consciente”. Sin embargo, presenta golpes en la cara, traumatismos “superficiales” en el tórax y abdomen y la pérdida de algunos dientes, además de una fractura de un hueso de la nariz que requerirá cirugía.

Por otra parte, un agente del Grupo Lince también permanece en observación, debido a que recibió una herida de bala en la mano izquierda mientras la Policía escoltaba a hinchas del Club Olimpia. Por este caso, fue detenido un sospechoso y fue incautada de su poder un arma calibre .32.

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El balance final cerró con 45 hinchas atendidos, la mayoría de ellos con heridas contusas, cortes menores y escoriaciones producidas por caídas, según reveló el titular del hospital, Adán Godoy.

“No hay ningún paciente con herida grave, con órganos mutilados o en estado crítico. Ninguna víctima, todos llegaron conscientes”, indicó el doctor. Precisó que los médicos de guardia realizaron principalmente tareas de sutura y limpieza de heridas superficiales.

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Balines de goma y descarte de armas de fuego

El médico detalló que varios hinchas presentaron impactos por balines de goma utilizados por las fuerzas del orden para dispersar a los violentos.

Añadió que, entre los lesionados por balines, un paciente resultó con una herida más profunda en el muslo. Sin embargo, descartó de forma oficial el ingreso de personas afectadas por proyectiles de metal.

Además de los traumatismos, el hospital asistió a personas afectadas por gas lacrimógeno. El médico reveló que una mujer embarazada fue evaluada tras inhalar dicho químico y presentar cefalea (dolor de cabeza), pero tras los chequeos correspondientes se verificó que no sufrió complicaciones de salud.

Situación normalizada en el hospital

En el área de pediatría se registró una sola intervención, según reveló el director. Se trata de un paciente con una herida leve en la cabeza que requirió sutura, aunque aclaró que no era un niño pequeño.

Sobre el estado actual de los hinchas que ingresaron anoche, Godoy confirmó la desocupación de las urgencias: “Fueron dados de alta anoche y esta mañana ya no hay nada, según los reportes que me pasaron”, indicó.

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El personal policial que resultó herido durante los operativos de seguridad no fue ingresado a este centro, sino que recibió atención directa en el Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional.

En ese contexto, señaló que el gremio impulsa en el Senado un proyecto de ley para que un equipo de médicos reconocidos tenga la última palabra antes de que un juez obligue al Estado a costear tratamientos que podrían no ser prioritarios dentro del sistema de salud.

“Lo que se ve es incluir ciertos requisitos científicos previos al amparo y no solamente comprometerle a un médico, sino a un equipo médico representado por gente ilustre y que sabemos que va a autorizar lo que es necesario y la cantidad necesaria”, refirió.

Resaltó que esta problemática no es exclusiva de Paraguay, sino un fenómeno regional. “Hoy en día, me toca ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas y tocamos todos los puntos débiles. Uno de los puntos es el tema de los amparos judiciales. Es un problema muy difícil de solucionar si no tienen bien clara la regla de juego. Por suerte, nosotros tenemos un proyecto de ley”, puntualizó.

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Producción local para reducir costos en el Incan

Otro eje estratégico que mencionó es la actualización del vademécum nacional, especialmente en lo que respecta a enfermedades catastróficas. García destacó que, de los 31 productos que figuran en el listado del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), siete biosimilares ya se producen en laboratorios locales.

Indicó que el objetivo es incrementar este volumen de fabricación nacional para reducir los costos mediante el uso de genéricos de alta calidad. Esto, según alegó, permitirá que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) rinda con mayor eficiencia.

No obstante, advirtió que la cartera sanitaria debe “sincerar su demanda” y aumentar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.

Deuda millonaria: buscan solución al 82% restante

Respecto a la millonaria deuda del Estado, que asciende a US$ 1.040 millones, refirió que si bien existe un compromiso de pago inmediato de US$ 180 millones (apenas el 18% del total), el resto de la deuda permanece en etapa de negociación.

Reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó una tregua de 15 días para estructurar un instrumento legal que permita a las empresas ceder sus deudas a entidades bancarias sin asumir costos financieros.

Apuntan a cesión de deudas

Mencionó que, al tratarse de deudas ya vencidas, el mecanismo de factoring no es aplicable, por lo que se busca una alternativa que resulte “apetecible” para el sector privado.

“Para nosotros el concepto es el mismo. Es descuento de deudas, que en este caso están vencidas”, explicó García y subrayó que la condición innegociable es que el sector farmacéutico no cargue con los intereses.

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“Con este instrumento (cesión de deudas) se quiere que estas deudas vencidas se negocie con los bancos y se gane plazos. Eso es lo que se va a definir”, sostuvo. Apuntó a la cesión de deudas en el que el Estado se hace cargo de los intereses generados por los retrasos en los pagos.

Las áreas con mayor probabilidad de fenómenos severos en las primeras horas de la mañana son:

• Ñeembucú
• Presidente Hayes (noroeste)
• Boquerón (sur)

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Estas condiciones podrían presentarse de forma puntual durante las primeras horas de la mañana, con eventos que pueden intensificarse rápidamente.

Riesgo de tiempo severo

El informe no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo, lo que implica posibles ráfagas de viento fuertes, descargas eléctricas intensas, caída ocasional de granizo y lluvias intensas en cortos periodos.

Se espera que el tiempo se mantenga inestable, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas, mañana y al menos hasta el miércoles, aunque no se descarta que las lluvias sigan también en la parte final de la semana.

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En cuanto al ambiente, se mantendrá cálido. Para hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el doctor David Torales, director del Hospital ‘Rigoberto Caballero’ de la Policía, hizo un balance del estado de salud de los agentes policiales que fueron derivados allí luego de los incidentes.

Según comentó el doctor Torales, 11 agentes que estuvieron involucrados en lo sucedido en el estadio Defensores del Chaco fueron atendidos en ese hospital, la mayoría con “diversas lesiones que no revistieron gravedad”.

La doctora Luz Torales, directora médica del hospital, dijo a ABC que todos los agentes llegaron al hospital “lúcidos y hemodinámicamente estables”.

Dos policías en observación

De los 11 agentes, nueve ya recibieron el alta médica, mientras que dos permanecen en observación.

Uno de ellos es el suboficial Luis Martínez, quien -según se observa en videos capturados durante el enfrentamiento- fue derribado por hinchas de Cerro Porteño en la gradería norte del Defensores y severamente golpeado.

Video: Incidentes en las gradas causaron suspensión de clásico Olimpia–Cerro

El agente está “estable y consciente”, indicó el doctor Torales. Sin embargo, el uniformado presenta golpes en la cara, traumatismos “superficiales” en el tórax y abdomen y la pérdida de algunos dientes, además de una fractura de un hueso de la nariz que requerirá cirugía.

Otro agente que permanece en observación es uno que recibió una herida de bala en la mano izquierda fuera del estadio, mientras la Policía escoltaba a hinchas.

Los incidentes se produjeron en la gradería norte del estadio, donde se hallaba la hinchada organizada de Cerro Porteño, cuando se habían disputado casi 30 minutos del primer tiempo del partido, que estaba empatado sin goles.

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Eventualmente, el encuentro fue suspendido cuando la Policía no pudo controlar rápidamente la situación en la gradería.

Civiles heridos y afectados por gas

La Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno contra los hinchas y una gran cantidad de personas que se hallaban en la gradería se lanzaron al nivel del campo de juego. Se observaba a varias personas con heridas de balines de goma.

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La mayoría de los civiles que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital General de Barrio Obrero, cuyo director reportó ayer a ABC Cardinal principalmente atenciones por inhalación de gas lacrimógeno, aunque también fueron atendidas personas con heridas cortantes y contusas, además de una que presentaba una posible herida de bala.

Se espera que el tiempo se mantenga inestable, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas, mañana y al menos hasta el miércoles, aunque no se descarta que las lluvias sigan también en la parte final de la semana.

El ambiente se mantiene cálido y hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente mañana, con una máxima de 26 grados en la capital, y subirían a 28 grados de máxima en Asunción el miércoles.

El procedimiento se realizó en el barrio Santa María de Asunción, específicamente en la zona de Boreal y San Cristóbal, tras trabajos de inteligencia e investigación.

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Incautan arma presuntamente utilizada

Durante la intervención, los intervinientes incautaron un revólver calibre .32, marca Doberman, que sería el arma empleada en el ataque.

Además, personal de Criminalística realizó pruebas de parafina al detenido y a otras 23 personas vinculadas a la barra organizada “Ultra Sur”, quienes habrían estado presentes durante el enfrentamiento.

Video: incidentes en las gradas causaron suspensión de clásico Olimpia – Cerro

Agente herido y otros afectados

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 21:30, en inmediaciones de una estación de servicio sobre la avenida Santa Teresa y Coronel Martínez.

En el enfrentamiento resultó herido un suboficial del Grupo Lince, quien sufrió una lesión por disparo de arma de fuego. Otras personas también fueron afectadas durante los disturbios.

Detenido a disposición del Ministerio Público

El sospechoso se encuentra recluido en dependencias del Departamento de Investigación de Homicidios, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados.

Los incidentes evidenciaron falencias en el dispositivo de seguridad, que no logró contener la violencia una vez iniciado el evento deportivo.

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Balance policial se centra en la previa

Pese a lo ocurrido durante el encuentro, la Policía Nacional destacó los resultados del Operativo Py’aguapy en su fase preventiva.

Según el reporte, 18 personas fueron trasladadas a comisarías por control de identidad y falta de documentos, mientras que seis quedaron detenidas, en su mayoría por perturbación de la paz pública.

Asimismo, se registraron 18 casos de alcotest positivo, además de intervenciones por tenencia de arma blanca y supuesta sustancia estupefaciente.

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Disturbios ya se registraban antes del inicio

De acuerdo con el subcomisario Blas Espínola, los primeros incidentes se produjeron en la zona de acceso a Gradería Norte, antes del inicio del partido, donde fueron aprehendidas varias personas.

Estos hechos fueron controlados inicialmente, aunque la situación escaló posteriormente dentro del estadio.

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Policías heridos y civiles asistidos

El operativo dejó además varios uniformados lesionados. El informe señala que nueve policías resultaron heridos durante los disturbios, de los cuales dos permanecen internados, mientras que otros fueron atendidos y dados de alta.

En cuanto a civiles, unas 15 personas fueron asistidas en el Hospital de Barrio Obrero con lesiones leves.

Al llegar al sitio, agentes policiales constataron que desconocidos ingresaron tras violentar puertas, aparentemente utilizando piedras, y se llevaron cuatro compresores de aire acondicionado.

Video: incidentes en las gradas causaron suspensión de clásico Olimpia – Cerro

Investigación en curso

El jefe policial indicó que ya se activó el protocolo investigativo para identificar a los responsables. En ese marco, se analizan imágenes de circuito cerrado, tanto del local afectado como de viviendas y comercios cercanos.

Asimismo, no se descarta que los autores hayan realizado un reconocimiento previo del lugar, aprovechando que el edificio no se encontraba ocupado.

Sin vínculo confirmado con el superclásico

Si bien el hecho ocurrió en la previa del superclásico, la Policía considera que, en principio, no estaría directamente relacionado con el evento deportivo ni con el desplazamiento de hinchadas.

No obstante, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las diligencias para esclarecer el caso.

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Evidencias levantadas en el lugar

Personal técnico y de Criminalística acudió al sitio para el levantamiento de evidencias que permitan determinar la forma de ingreso y dar con los autores del hecho.

El caso fue caratulado como hurto agravado y continúa en etapa investigativa.

La coordinadora del Eje 3 Intervención del Programa Tekorenda, la arquitecta Silvia Rey, explicó que la intervención busca asegurar la conservación, restauración y puesta en valor del templo, considerado uno de los principales exponentes del barroco hispano-guaraní del siglo XVIII.

Indicó que la obra avanza actualmente en tres componentes principales, que se desarrollan de manera articulada.

Por una parte, en el componente de restauración de bienes muebles se está trabajando en la restauración integral de las piezas de madera del cielo falso de la Sacristía, así como en las carpinterías policromadas y otros elementos artísticos asociados, explicó.

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Intervenciones arqueológicas y arquitectónicas

En el componente arqueológico ya se realizaron las prospecciones geofísicas y actualmente se avanza con excavaciones arqueológicas en la Sacristía, además de estudios arqueo-arquitectónicos en muros, cimientos y acabados. Estos trabajos son fundamentales porque permiten profundizar el conocimiento histórico y material del monumento, y definir con mayor precisión las decisiones de intervención.

A su vez, en el componente de intervención arquitectónica, se está trabajando en elementos estructurales clave, especialmente en la estructura de soporte del cielo raso y en los pilares de madera, que requieren un abordaje altamente especializado por tratarse de un bien patrimonial de excepcional valor.

El proyecto también contempla la adecuación de las instalaciones eléctricas e iluminación, así como la incorporación de sistemas de CCTV y prevención contra incendios, con el fin de compatibilizar la conservación del monumento con condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

La obra que demandará un inversión de G. 7.500 millones, fue adjudicada a la empresa Conardi S.A. (Oficina Comunitaria de Arquitectura – OCA), cuyo representante legal es el arquitecto Luis Godoy. Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 13 meses, por lo que su culminación está prevista para finales de diciembre de 2026, conforme al cronograma vigente.

El proyecto está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado en el marco de la cooperación con la AECID, que incluyó la elaboración de criterios técnicos y la capacitación de mano de obra local para su incorporación al proceso de intervención.

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La coordinación general de la obra está a cargo de la doctora María José Díez, experta en historia del arte y restauración. La intervención en estructuras de madera está liderada por el arquitecto Javier Mendoza, mientras que el componente arqueológico es dirigido por la arqueóloga Victoria Roca. Cada área cuenta con equipos técnicos especializados, previamente capacitados para trabajar en un monumento de alta complejidad.

Finalmente, comentó que la dirección y fiscalización de las obras está a cargo del equipo técnico del Programa Tekorenda de la SNC, que realiza el seguimiento integral del proceso.

La presidenta del Club, Cynthia Beatriz Cabañas Britos, expresó, “el pasado viernes 17 de abril, vivimos un acontecimiento inolvidable. Fue mucho más que un simple cumpleaños; fue una noche mágica y espectacular en Sala de Despecho, donde el corazón de Paraguay latió al ritmo de México”.

“Todas las fans estuvimos sumamente contentas y emocionadas celebrando sus 56 años. Fue un encuentro cargado de energía, brindis y esa pasión que solo nosotras entendemos”, recordó Cynthia Cabañas.

Las fans vivieron una noche cargadas de alegría, y compartieron entre todas, los mayores éxitos de Luis Miguel. Entre las canciones que corearon fueron: “La Incondicional”; “La Bikina”; “Cuando calienta el Sol”; “Si nos dejan”; “La chica del bikini azul”; “La media vuelta”, y muchas más que disfrutaron en homenaje al artista latino considerado como el más exitoso de todos los tiempos.

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Muestras de cariño

Las fans de “Micky” apodado de una manera cariñosa por sus seguidoras, recuerdan que el Club tiene una constante agenda de “Homenajes y Tributos” que realizan con eventos especiales para recorrer sus grandes éxitos, manteniendo viva la magia de su música.

Cada año festejan la impecable trayectoria del “Sol de México”, conmemorando cada hito de su carrera. Los acontecimientos más importantes son el “Día Internacional de las Fans”, el “Día Internacional de Luis Miguel”, “su Cumpleaños”, y el “Día de la Independencia Mexicana”.

En el lugar, los hinchas atacaron a cuatro personas que vestían camisetas de Cerro Porteño y se encontraban en una estación de servicio. Esto derivó en una pelea que incluyó disparos de arma de fuego.

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Policía herido durante intervención

Durante la intervención de agentes del Grupo Lince, uno de los uniformados resultó herido por un disparo en la zona de la muñeca. El policía fue asistido, mientras se aguarda un reporte más detallado sobre la gravedad de la lesión.

Tras el ataque inicial, los agresores abordaron nuevamente el bus, avanzaron unas cuadras e ingresaron a un callejón, donde efectuaron más disparos antes de refugiarse en una vivienda.

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Hallan evidencias y detienen a sospechosos

En el sitio, la Policía halló al menos cinco vainillas de calibre .38, varias de ellas servidas, lo que confirma la utilización de armas de fuego durante el incidente.

Los intervinientes rodearon la vivienda señalada como punto de encuentro de la barra y lograron la aprehensión de aproximadamente 25 personas, mientras que otras permanecían en el interior a la espera de un procedimiento fiscal.

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Víctimas sin heridas graves

Las personas atacadas inicialmente no sufrieron heridas de gravedad, aunque sí fueron golpeadas por los agresores.

La Policía continúa con la identificación de los detenidos y la búsqueda de las armas utilizadas, con apoyo de personal de Criminalística e Investigación de Delitos.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª de Caapucú, el transporte pertenece a la empresa Toro Pampa S.A., mientras que los animales eran propiedad de Horacio Guillermol Canova. El vehículo estaba al mando del conductor Ever Armando Ibarra López, de 40 años.

Tras el impacto, al menos 29 vacunos quedaron atrapados dentro del acoplado, varios de ellos con lesiones de consideración.

Según imágenes y datos recabados, unos 24 animales que presentaban heridas graves fueron faenados en el lugar. La carne fue distribuida entre aproximadamente 1.000 familias que llegaron hasta la zona, sin distinción de banderas políticas.

En tanto, los animales que no presentaban lesiones fueron transbordados por la empresa responsable.

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Lo que dijo el intendente

El momento del faenamiento y el retiro de la carne fue filmado por el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR-HC), cuyo video circula en redes sociales.

El jefe comunal manifestó que, tras enterarse del accidente, se acercó al lugar y que el propio conductor del camión habría cedido los animales heridos para su faenamiento, considerando su estado.

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Intervención policial

Personal policial acudió al sitio tras un aviso al sistema 911 y encontró el acoplado volcado al costado de la capa asfáltica. Los intervinientes intentaron custodiar la zona, aunque se vieron superados por la gran cantidad de personas presentes.

Algunos cuestionaron la improvisación del faenamiento por los riesgos sanitarios que representa la manipulación de la carne para la magnitud de personas que participaron del faenamiento en plena ruta.

En el servicio de ginecobstetricia, una mujer embarazada de 20 años, con 35 semanas de gestación, fue asistida tras exposición al gas. Tras los controles, incluido un estudio ecográfico, se confirmó que tanto la madre como el feto se encontraban en buen estado.

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Lesiones leves en el área de cirugía

En el sector de cirugía ingresaron al menos seis personas con heridas cortantes y contusas, en su mayoría superficiales. Los pacientes recibieron suturas, curaciones y analgesia, sin requerir intervenciones de mayor complejidad.

Asimismo, un joven de 20 años fue evaluado por una posible herida por arma de fuego. El paciente se encontraba estable y fue sometido a estudios de imágenes para determinar la naturaleza de la lesión, que también podría corresponder a un impacto de balín de goma.

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Sin casos graves ni fallecidos

Godoy aclaró que, hasta el momento del último reporte, no se registran pacientes en estado grave ni víctimas fatales en el hospital a causa de los disturbios.

Tampoco se reportaron cuadros de politraumatismo, pérdida de conocimiento o lesiones en órganos vitales. En pediatría, solo se atendió a un menor con una herida cortante en la cabeza, que fue suturada sin complicaciones.

Informe aún preliminar

El director explicó que el balance total de atendidos será consolidado posteriormente, ya que el personal médico se encuentra abocado a la atención de pacientes.

No obstante, adelantó que los casos vinculados al evento no superarían la decena en cuanto a lesiones leves, mientras continúan llegando personas por otras patologías no relacionadas.

Los tres agentes heridos fueron trasladados al Hospital ‘Rigoberto Caballero’ de la Policía. Hasta el momento se desconocen detalles sobre su estado de salud o la gravedad de sus lesiones.

Los incidentes comenzaron cuando se habían disputado unos 30 minutos del encuentro deportivo.

Imágenes y videos capturados en el estadio muestran que la Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno contra los hinchas, muchos de los cuales acabaron lanzándose de la gradería al nivel del campo de juego.

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Se desconoce hasta el momento el número de hinchas heridos.

Búsqueda de “responsables”

Luego de los incidentes, el comando institucional de la Policía Nacional se reunió en la Comandancia de la Policía.

Se reportó que hubo retrasos en el ingreso de los hinchas de Cerro, lo que habría dificultado la realización de los cateos.

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Luego de los incidentes, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que afirma que los agentes de la Policía actuaron “para reestablecer el orden y garantizar la seguridad” del público en el estadio.

El comunicado añade que “se encuentran en proceso de identificación los responsables, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que reciban sanciones ejemplares y no vuelvan a ingresar a espectáculos deportivos”.

Los incidentes comenzaron cuando se jugaba el minuto 29 del partido. Hinchas de Cerro y agentes antidisturbios de la Policía se enfrentaron en la gradería norte. Los agentes policiales realizaron disparos con munición de goma y lanzaron gas lacrimógeno para despejar a la hinchada cerrista.

Eventualmente, un número importante de personas que se hallaban en la gradería norte se lanzó al nivel del campo de juego. Se observaban varias personas heridas por balines y afectadas por el gas.

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Se desconoce el número exacto de personas heridas que dejó el incidente. Se reportó que también hubo policías lesionados.

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La actividad fue impulsada en conjunto con los padres de alumnos, quienes se organizaron para recaudar fondos destinados principalmente a la contratación de un servicio privado de vigilancia, además de la reposición de cámaras de seguridad que fueron robadas recientemente.

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Según manifestó la presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar, María Jazmín Morínigo, la institución cuenta con un amplio predio, lo que habría facilitado el ingreso de desconocidos que sustrajeron el sistema de seguridad existente.

“Entraron en la escuela, y llevaron nuestras cámaras. Entonces decidimos contratar un servicio de vigilancia, esperamos que eso les ataje”, dijo.

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Asimismo, indicó que parte de lo recaudado será destinado a cubrir gastos fijos como el pago del salario de un docente del área de Educación Física y de una trabajadora de limpieza, servicios que actualmente dependen del aporte de la comunidad educativa.

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Durante la jornada fueron preparados unos 200 pollos, acompañados de ensalada de arroz y sopa paraguaya. Cada porción fue ofrecida a 15.000 guaraníes, un precio considerado accesible para incentivar la participación de vecinos y allegados.

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Los padres aprovecharon la ocasión para solicitar mayor acompañamiento de las autoridades, señalando que la institución requiere asistencia, especialmente en el área de infraestructura.

La Escuela Básica 5556 Nueva Esperanza cuenta con aproximadamente 180 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado, y enfrenta múltiples carencias que son paliadas, en gran medida, mediante iniciativas comunitarias como esta.

Alliana confirma candidatura y asegura que vicepresidencia no es negociable

A través de un comunicado difundido en la página oficial de la Municipalidad de Guazucuá, el jefe comunal calificó la visita como una “falta de respeto” a las autoridades locales, señalando que no existió coordinación institucional para la presencia del vicepresidente a la comunidad, específicamente a zonas donde se ejecutan obras financiadas por la Itaipú Binacional en el marco del proyecto “Plan de 1000 kilómetros”.

“Expresamos nuestro desacuerdo ante la presencia del vicepresidente de la República en la comunidad sin la debida comunicación institucional con esta administración municipal”, señala el documento.

Asimismo, el intendente advirtió que ese tipo de acciones vulnera el respeto a la autonomía municipal y a los canales formales de comunicación, considerados esenciales para fortalecer la democracia y garantizar un trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

El pronunciamiento también cuestiona el tinte político de la actividad, debido a que Alliana fue fotografiado junto al candidato colorado a la intendencia local, Alex Bottino.

En ese sentido, Riveros sostuvo que las acciones partidarias deben mantenerse separadas de la gestión institucional y pidió que los candidatos desarrollen sus campañas “por méritos propios”, sin recurrir a la imagen de autoridades en funciones.

Por su parte, en la tarde de este domingo, el vicepresidente Alliana publicó en su cuenta personal de Facebook que realizó una “visita de cortesía” a Bottino, a quien calificó como “el próximo intendente de Guazucuá”.

Recorrido por Ñeembucú

Durante la jornada del sábado, el vicepresidente Alliana, acompañado de su esposa, la diputada Fabiana Souto (ANR), y del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), realizó un recorrido por distintos puntos del departamento.

La comitiva visitó la zona de Laguna Maka, en San Juan de Ñeembucú, donde se ejecuta una obra de pavimentación urbana con concreto de microfibra, financiada por Itaipú Binacional dentro del plan “1000 kilómetros”, que apunta a modernizar este atractivo turístico.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Guazucuá, donde verificaron los trabajos de pavimentación de dos kilómetros que conectan la ciudad con la Ruta PY04 “General José Eduvigis Díaz”.

Finalmente, recorrieron la defensa costera de Pilar, donde se inician las obras de la fase C.

En el lugar, el vicepresidente saludó a los operarios y consultó sobre el plazo de finalización de los trabajos, con miras a la próxima temporada de verano.

La mujer fallecida fue identificada como Nunila Recalde Valiente y la investigación sobre su muerte sigue en curso, a cargo de la fiscal Laura Ramírez.

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Cualquier persona que tenga información que permita ubicar a los familiares de la mujer puede comunicarse con la Fiscalía a los números de teléfono (0985) 941 170 o (0984) 220 413.

Wiens, calificó la protección de los oficialista hacia el senador como una “situación vergonzosa”, incluso para sus propios correligionarios y compañeros de bancada. En guaraní, ironizó sobre la estrategia del movimiento Honor Colorado para evitar que el legislador brinde explicaciones en públicoy hasta en sesión “Hikuái he’íma: ekañy Hernán Rivas-pe” (que no se deje ver).

Agregó que el senador oficialista Rivas, debe quedar sin investidura parlamentaria; “pérdida de investidura pido hoy, aquí a todos los senadores de la nación si son coherentes con sus principios y sus valores” senteneció Wiens.

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Campaña con recursos públicos

En su discurso enfático, Wiens afirmó que se están enfrentando a adversarios políticos (los cartistas) con fuertes recursos económicos y hasta del propio Estado.

“Van a usar dinero del Hambre Cero, de los pupitres chinos, de los sobres de Mburuvichá Roga y porqué no decir dinero de las universidades que le dan un título falso a un senador nacional” sostuvo el precandidato por la disidencia colorada ante los concurrentes.

Reitera pedido de destitución de Britez

El precandidanto de Añeteté, no desaprovechó la ocasión para insistir en su pedido al Presidente Santiago Peña de destituir al titular del IPS, Jorge Britez por su cuestionada gestión. Faltan medicamentos, kits de partos, insumos y obligan al personal de blanco a dar atención sin las herramientas necesarias denunció Wiens en su alocución.

Los detenidos son una joven de 18 años y cuatro hombres que tienen entre 20 y 40 años. Según los datos del Ministerio Público, entre estas personas se encontraría el autor material de un disparo que hirió a uno de los trabajadores de la tienda, quien posteriormente fue internado en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras las respectivas capturas e imputación, la Fiscalía también solicitó la prisión preventiva de los sospechosos, mientras que durante los allanamientos, los investigadores localizaron un automóvil Hyundai i10 que tenía varias ropas en su interior.

Investigación sigue en curso

En el reporte del Ministerio Público la institución asegura que continúan las investigaciones a fin de esclarecer totalmente las circunstancias del suceso y determinar la eventual participación de otras personas.

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Lobby en Cancillería: EE.UU. busca apurar cooperación en seguridad

El acuerdo complementario a SOFA venía siendo dilatado sin motivo más que la aparente falta de interés de la Cámara de Diputados, ya que no presenta mayor oposición en su debate en comisiones.

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De hecho, la Cámara de Diputados hace al menos tres sesiones que no llega a tratar casi ni un punto del orden del día, debido a que sus sesiones quedan sin quorum incluso antes de entrar al orden del día.

El acuerdo, ahora al menos ya tiene dictamen de aprobación de las dos principales comisiones a las que atañe: la de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno y la de Relaciones Exteriores, luego de que la semana pasada representantes del Ministerio de Defensa Nacional explicaran los alcances del acuerdo ante esta última comisión.

Días previos también que el encargado de negocios de la embajada de los EE.UU. en Paraguay, Robert Alter se reuniera con el canciller nacional, Rubén Ramírez para abogar por este acuerdo.

A la par, nuestro país ya empezó a recibir apoyo logístico de EE.UU. en materia de seguridad, mediante donaciones de equipos a las Fuerzas Armadas.

El documento a ser ratificado por el Congreso plantea a grandes rasgos las condiciones para compra de equipamiento y servicios de seguridad, los cuales no están detallados.

De hecho, se establecen clausulas que prohiben compartir información si aval de ambas partes, alegando la sensibilidad del área que ataña, que es seguridad.

El memorando de entendimiento más bien deja asentado los procedimientos para la contratación, pago e importación de los equipamientos, así como excepciones impositivas.

No se mencionan montos de las operaciones y se establece que el acuerdo puede quedar sin efecto por decisión de cualquiera de las partes, previa comunicación en tiempo y forma.

El acuerdo ya cuenta con la media sanción del Senado, por lo que de apobarse este martes, pasará al Ejecutivo para su promulgación.

El territorio original abarcaba 335 hectáreas otorgadas por el Decreto N.º 2190 en 1944, durante el gobierno de Higinio Morínigo. Sin embargo, el pueblo denuncia que el Estado solo les ha reconocido 104 hectáreas hasta ahora. La falta de titulación de las hectáreas restantes motiva hoy una fuerte exigencia legal. Reclaman la propiedad total de las tierras concedidas como reconocimiento histórico.

Las inundaciones del río Paraguay forzaron su traslado a Mariano Roque Alonso en 1985. A pesar de la distancia, el vínculo espiritual con sus tierras ancestrales permanece intacto. Para los líderes Maká, este sitio es sagrado y representa un patrimonio que no cederán. En estas tierras descansan sus antepasados y figuras como el propio Belaieff.

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La construcción del Puente Héroes del Chaco profundizó la herida de esta comunidad. La obra se ejecutó sin realizar la consulta previa, libre e informada que exige la ley, sobre áreas históricas.

El impacto es tangible, pues la estructura de hormigón atraviesa sitios de alto valor espiritual. Incluye la afectación del cementerio Maká y el monolito dedicado a la memoria de Belaieff.

Este 19 de abril, el pueblo volvió a exigir la titulación definitiva de sus tierras ancestrales. El cacique general Mateo Martínez Mateiko, dijo que consideran que el reconocimiento del territorio es la base para preservar su cultura y que no aceptarán cambios ni canjes, pues ven en ese suelo un legado de valor incalculable.

La lucha no solo es por el suelo, sino también por el acceso a una vivienda digna. Planean el retorno de unas 50 familias a sus tierras ancestrales para revitalizar el sitio. Han solicitado formalmente al Estado el apoyo para la construcción de estas residencias. Buscan que sus familias puedan vivir en el lugar que les pertenece por derecho histórico.

Respeto a su forma de vida

Un punto crítico es que las viviendas deben respetar sus estructuras culturales tradicionales. Rechazan los modelos de construcción del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MVH), que proponen casas encimadas.

Los Maká requieren espacios amplios y distanciados, acordes a su cosmovisión ancestral. Advierten que imponer modelos ajenos es una forma de “matar” su cultura y tradiciones.

Encuentro cultural

La preservación de su identidad se manifiesta en la defensa de sus costumbres y su lengua. Durante la jornada de celebración que realizaron esta mañana, ejecutaron un acto en el que los abuelos compartieron relatos sobre la historia de su pueblo, mientras que las mujeres participaron con danzas tradicionales que simbolizan el paso a la adultez. Estos rituales son pilares que sostienen la memoria colectiva frente a amenazas externas.

El encuentro, realizado en la zona del cementerio Maká, bajo la estructura del puente, buscó visibilizar los puntos donde la obra colisionó con su derecho. El acto incluyó un recorrido a pie para señalar las zonas afectadas y reafirmar su posesión. Buscan que la sociedad comprenda que sus derechos territoriales indígenas no caducan.

El pueblo Maká se mantiene firme en su postura de no ceder ante la presión del Estado y exigir que se cumplan las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional. La meta es clara: titulación total, viviendas respetuosas y el fin de la usurpación.

La futura planta fotovoltaica tendrá una capacidad de 10 MW e incorporará un sistema de respaldo en baterías. Para su ejecución, la Municipalidad de Mariscal Estigarribia otorgó a la ANDE un predio de 20 hectáreas bajo la modalidad de comodato gratuito por un plazo de 30 años.

El plan incluye también la mejora de los accesos viales a cargo del MOPC, con el fin de facilitar la conectividad y las tareas operativas de la infraestructura. Esta intervención busca asegurar las condiciones técnicas necesarias para el emplazamiento y el mantenimiento de los equipos en la región.

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Distribución de responsabilidades institucionales

De acuerdo con el convenio específico, la ANDE asume la responsabilidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento de la central. Asimismo, la estatal se encargará de las obras eléctricas complementarias, que comprenden la adecuación de las redes de media y baja tensión, la conexión a la red existente y la instalación de transformadores de distribución para el suministro local.

Por su parte, el MOPC coordinará con el municipio la identificación y ejecución de las obras viales requeridas. La Municipalidad de Mariscal Estigarribia facilitará los permisos, el acceso a información técnica y la formalización del terreno. Tras la firma, las autoridades realizaron una inspección técnica al predio designado para verificar las condiciones del sitio donde se desarrollarán las obras de generación con fuentes renovables.

Se espera que miles de aficionados del fútbol colmen las gradas del Defensores del Chaco y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional reiteraron una serie de recomendaciones de seguridad para las personas que planeen ir al estadio, además de recordar cuáles son los objetos cuyo ingreso al recinto deportivo estará prohibido.

Además de contar con sus tickets de entrada – que pueden presentarse en formato físico o digital –, las personas que vayan al estadio deben portar sus cédulas de identidad.

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Las autoridades recuerdan que está prohibido el ingreso a estadios de personas bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, y en los alrededores del estadio habrá controles para impedir que personas en ese estado lleguen al Defensores.

Igualmente está prohibido el ingreso de armas de fuego – u objetos punzantes o cortantes – o cualquier tipo de pirotecnia.

Otros objetos que no podrán ser ingresados al estadio

• Termos
• Paraguas
• Cinturones
• Vapeadores
• Rollos de papel
• Silbatos
• Punteros láser
• Radios o parlantes
• Banderas con astas

Por un lado, está como candidato del Nuevo Liberalismo por la Lista 3, cuyo principal líder es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia y también aparece como candidato de Diálogo Azul de Dionisio Amarilla por la lista 100. Esta situación genera confusión a la hora de “elegir al candidato” durante la simulación de la elección, pues se presenta con una doble lista.

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Manuel Fernández fue abogado defensor de su hermana Mirtha Fernández, quien actualmente afronta juicio oral por una supuesta tragada de G.1.199 millones durante su periodo municipal 2019 y otra imputación por un supuesto desfalco de G. 300 millones durante su periodo municipal 2022.

Clan familiar en la política

Pese a su nefasto antecedente el “clan Fernández” está instalado en la municipalidad de Valenzuela hace más de quince años, y con la candidatura de Manuel, el objetivo es seguir aferrado a las arcas municipales.

A más de tener a su hermana Mirtha Fernández en la intendencia municipal, Manuel cuenta con otra hermana en la junta departamental de Cordillera de nombre Mirna Fernández (PLRA).

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Manuel Fernández presentó su declaración jurada y gastos de campaña ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y en ese documento específica que su candidatura es por el movimiento del polémico senador liberocartista Dionisio Amarilla.

El precandidato declaró que dispone solo de G. 10.000.000 de sus ahorros para hacer proselitismo, no recibirá donaciones, contribuciones de terceros o préstamos para financiar su carrera a la intendencia de Valenzuela.

En esta edición especial, el evento conmemora 10 años desde su primera realización, tiempo en el que se convirtió en una actividad emblemática del calendario cultural y solidario de la región, impulsada por el trabajo conjunto de municipios, organizaciones civiles, universidades y el sector privado.

La propuesta reúne a más de 60 stands gastronómicos con una amplia variedad de platos típicos e internacionales, que incluyen asados, pastas artesanales, paellas, mariscos, chupín de pescado, cocina árabe, coreana, japonesa y brasileña, además de una destacada selección de postres. Muchas de las preparaciones comienzan incluso desde la noche anterior, con largas horas de cocción para ofrecer platos tradicionales a los asistentes.

Entre las atracciones más destacadas figura el Festival del Naranjal, así como la preparación de un ternerón entero a cargo de voluntarios de Domingo Martínez de Irala, que requiere más de 12 horas de cocción.

Su representante, Hermes González, explicó que la preparación comenzó a las 22:00 del día anterior y se realiza gracias a donaciones de familias del distrito, incluyendo insumos como carne, condimentos, ensaladas y mandioca.

Asimismo, el costillar de Naranjal es otro de los atractivos más buscados. Según Julio Alcaraz, encargado del stand, la cocción inició a las 05:00, con más de 500 kilos de carne, de los cuales gran parte se vendió por anticipación.

Además de la oferta gastronómica, la jornada incluye espectáculos artísticos en vivo, actividades recreativas para niños y niñas, y un espacio adaptado para mascotas, convirtiendo el evento en una experiencia familiar completa.

La vivienda afectada pertenece a Gladys Ramírez, quien fue alertada por vecinos tras escuchar ruidos durante la madrugada. Al verificar la situación, constató que se forzó la puerta trasera de su vivienda y la sustracción de varios objetos, entre ellos cubiertos, ropas y piezas de cerámica que se encontraban embaladas en cajas.

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En el video se observa que, para salir, también rompieron el candado del portón principal, por donde huyeron en dirección al asentamiento Nueva Esperanza.

Los residentes del barrio manifestaron su preocupación ante el modus operandi del grupo, cuyos integrantes cumplirían distintos roles y serían presuntamente adictos a las drogas: algunos actúan como vigilantes, otros identifican posibles objetivos y otros ejecutan los robos. Además, señalan que un sector del asentamiento Nueva Esperanza funcionaría como refugio o “aguantadero” de gavillas que hurtan.

Los hechos no son aislados. Durante la semana, desconocidos habrían ingresado a otra vivienda deshabitada, destinada al alquiler, donde destecharon parte de la estructura y se llevaron un inodoro y cables.

Asimismo, en una obra en construcción propiedad de Alejandro Del Puerto, fueron hurtados materiales como varillas de hierro, bolsas de cemento y cables eléctricos.

Todos estos hechos ya fueron denunciados y la investigación se encuentra a cargo de la Policía Nacional.

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Por su parte, la Policía Nacional informó que ya cuenta con las grabaciones de circuito cerrado y aseguró que se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y frenar los hechos delictivos en la zona.

Cada una de estas piezas recrea personajes tradicionales que forman parte del imaginario cultural paraguayo, especialmente aquellos vinculados a las celebraciones de Kamba Ra’anga y San Baltazar, festividades que están cargadas de simbolismo e identidad.

Edgar y Romina Figueredo, hermanos y propietarios de TOBA, destacan el trabajo que viene posicionando el arte de la ciudad cordillerana en escenarios internacionales.

Según señalaron, en sus recorridas suelen observar la artesanía producida en la zona, la adquieren y la exponen en un espacio propio, desde donde también impulsan activamente la promoción del trabajo de los artesanos locales.

En esta ocasión, manifestaron que será un orgullo ver las obras en Leipzig, una ciudad donde se valora profundamente el arte y las expresiones culturales de distintos pueblos.

Edgar explicó que la Banda Kamba’i es un trabajo cultural infantil que hace tiempo surgió junto al Taller de Arte y Cultura Kamba’i, dirigido por el maestro artesano Teófilo Portillo.

La propuesta rescata la tradición del Kamba Jeroky, una expresión ancestral de música y danza que forma parte de la identidad local.

Asimismo, indicó que, junto con su hermana, admiran el talento de los tobateños y es por eso que buscan exponer la labor de los artesanos y proyectarla a nivel internacional.

Con esta exposición internacional que se realizará, se espera un avance importante para el reconocimiento del arte local, incluyendo piezas elaboradas por niños de la comunidad.

Finalmente, Edgar enfatizó que este logro fue posible gracias al apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía y a los integrantes de la Banda Kamba’i, que fortalecen la proyección cultural de la iniciativa.

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Banda Kamba’i

La Banda Kamba’i está conformada por más de 20 niños y niñas que integran la Escuela y Taller de Arte Kamba’i, ubicada en la compañía Rosado de Tobatí.

La agrupación combina instrumentos, vestimenta y expresiones propias de esta manifestación cultural, transmitiendo historia, valores y sentido de pertenencia a las nuevas generaciones, consolidándose como un patrimonio vivo.

En este espacio, los participantes no solo aprenden a ejecutar música tradicional, sino que también adquieren conocimientos en la elaboración de artesanías, desarrollando así habilidades que refuerzan su identidad cultural y su sentido de pertenencia.

Un aspecto destacado de esta participación es que las piezas que serán expuestas en Alemania fueron elaboradas en su mayoría por los propios integrantes de la Banda Kamba’i, lo que convierte a esta muestra en una oportunidad única para demostrar el talento joven y el valor del trabajo comunitario.

De esta manera, Tobatí no solo expone su arte al mundo, sino que también comparte una historia viva de tradición, aprendizaje y continuidad cultural.

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¿Bajan a Rivas de puja para ser dupla de Alliana?: Cartistas elegirán a su candidato a vice

Antes que ellos, los gobernadores también se apuntaron, pero donde hay silencio por ahora es en la bancada cartista en Diputados, pese a que en la semana compartieron un partido de fútbol con Santi y Alliana.

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Ante consultas a miembros del bloque de Honor Colorado en Diputados, estos afirman que de momento “no hay apuro”, que queda aún un largo tiempo para dicha definición, basados también en las otras candidaturas dentro del partido.

Los consultados optaron por hablar de manera extraoficial, ya que no se debatió aun en bancada lo de una nominación por parte de Diputados, aunque podría ser tema de debate en la reunión de bloque que tienen mañana al mediodía, como todos los lunes.

Según refirieron, tras la aceptación de la candidatura de Alliana la semana pasada, los tiempos parecen haberse acelerado innecesariamente, ya que ninguno de los otros precandidatos colorados han definido aún su dupla: Es el caso del abdista Arnoldo Wiens (ANR, Colorado Añeteté); del senador apoyado por Hugo Velázquez, Luis Pettengil (ANR, Fuerza Republicana); y eventualmente la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana).

De todos modos, en Diputados de momento hay un solo nombre que suena como posible propuesta, el de Raúl Latorre, que el 30 de junio inicia su cuarto periodo consecutivo como presidente de Diputados.

Los dos últimos surgieron de Diputados

En cuanto a antecedentes más reciente de vicepresidentes electos, coincide que los últimos saltaron directamente de diputados, como es el caso del actual vicepresidente Pedro Alliana, que en el periodo anterior fue diputado y presidente del Partido Colorado; y antes que él, exdiputado Hugo Velázquez, que fue dupla electa de Mario Abdo Benítez.

Para completar el periodo tras la destitución del expresidente Fernando Lugo, donde Federico Franco (PLRA) asumió el sillón presidencial, fue designado vicepresidente el entonces senador Óscar Denis (PLRA), aunque también tuvo su paso por diputados, y antes por la Gobernación de Concepción.

Entre los dos periodos antes citados, en el gobierno de Horacio Cartes el elegido fue Juan Afara, en su caso de entre las filas de los gobernadores.

La renuncia a la vicepresidencia de Afara para aspirar al Senado dio paso a un caso inédito, que por designación (no por elección popular) por primera vez asumió la vicepresidencia de la República una mujer, Alicia Pucheta, en su caso, proveniente del Poder Judicial (exministra de Corte).

Senadores, gobernadores y ministros ya están en la carrera

El anuncio de los senadores se dio tras almorzar con el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente y precandidato Alliana, donde los senadores cartistas anunciaron que entre los 14 miembros de la bancada cartista nominarían un candidato a vicepresidente.

A decir del senador Derlis Maidana (ANR, HC), elegirían un “papable”, es decir, una opción para que Alliana la considere, y que también incluirían entre los electores y elegibles a los senadores con permiso ejerciendo otros cargos: es decir, el ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja (cuyo nombre suena hace tiempo); el del Interior, Enrique Riera; el de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite.

Los gobernadores también en estos días comunicaron a Alliana su intención de ser tenidos en cuenta para acompañarlo en una chapa presidencial, donde se apuntó el actual presidente del Consejo de Gobernadores y representante de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC).

Entre los ministros del Ejecutivo también saltaron nombre por consideración del propio Alliana, que citó de entre los nombres que suenan para segundearlo al actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Indicó que, en el transcurso de una semana, las empresas redujeron el precio cerca de un 30%, sin ofrecer explicaciones en un primer momento. Posteriormente, según comentó, desde el sector industrial porcino argumentaron que existía una sobreoferta de cerdos. Sin embargo, cuestionó esta versión, ya que en diciembre el mercado atravesaba una etapa de escasez que incluso incentivaba a aumentar la producción de animales.

“Nosotros apostamos por esto (mejorar la producción) y ahora dicen que existe sobreoferta, la única forma de entenderlo es que exista un ingreso ilegal de mercadería. En Brasil el producto ronda los G. 7.300 el kilo y en Argentina también es más barato. Lo único que podemos sobreentender es que está entrando mucha carne de contrabando y hay varios actores implicados”, afirmó.

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Reducción de precios pagados por los animales

En cuanto a los valores, recordó que anteriormente las industrias del país adquirián entre G. 13.500 y G. 14.000 por kilo vivo, mientras que actualmente se pretende pagar alrededor de G. 10.500 por kilo vivo de animal a los criadores.

Ante esa situación, las autoridades nacionales aparentemente "no estarían realizando los controles" necesarios contra el ingreso de productos cárnicos de unos de los países mencionados, lo que genera, para el presidente del gremio, una competencia desleal, evasión impositiva y un riesgo sanitario importante.

Añadió que existen actores que estarían colaborando con esta situación, permitiendo el ingreso de carne ilegal en volúmenes suficientes como para distorsionar el mercado. Asimismo, cuestionó qué frigoríficos también estarían faenando animales de origen irregular, considerando que existen sistemas como Sigor (herramienta del Senacsa que permite registra datos de propietarios, origen, destino, tipo y marca de los animales), que debería impedir este tipo de prácticas.

“Lo que buscamos es una trazabilidad clara y transparente para entender de dónde salen todos estos animales y esta supuesta sobreoferta que presiona los precios a la baja”, indicó.

Reiteró que el costo de la materia prima “golpea al sector”, especialmente en el contexto de aumento mercados para el rubro suino que resaltan las autoridades y de proyecciones de crecimiento que apuntan a triplicar o quintuplicar la producción en los próximos cinco años.

Pequeños productores podrían dejar el rubro

“Hay mucha información que hace pensar que la industria está pasando por un momento dorado, pero la situación que hoy está ocurriendo desestabiliza totalmente a los pequeños y medianos productores, que no contamos con grandes reservas como las grandes empresas”, expresó.

En esa línea, advirtió que transitar solo un mes este tipo de situaciones dejará fuera del mercado interno a muchos criadores. Si bien reconocen que los valores se rigen por la oferta y la demanda, insistió en que no “se explica el origen de la supuesta sobreoferta, lo que refuerza la sospecha de competencia desleal”.

“No existen políticas públicas para el rubro”

Por otro lado, el gremialista cuestionó que, pese a que el discurso oficial resalta el rol del pequeño y mediano productor como motor de la economía, no existen políticas públicas estatales que los integren a la cadena de exportación porcina.

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Sostiene que el Gobierno acompaña a grandes empresas para impulsar las exportaciones, lo que derivó en que estas mismas industrias compiten en el mercado interno, debido a que también son productores de animales. “Esto genera una competencia desigual. Se fortaleció a las grandes industrias, pero se dejó desprotegidos a los pequeños y medianos productores”, amplió.

Finalmente, recordó que desde el sector vienen presentando propuestas desde hace dos años, como el proyecto de 100 granjas, que contemplaba beneficios con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Agencia de Financiera Desarrollo (AFD).

Según manifestó, la iniciativa permitiría que cada familia rural logre ingresos superiores a G. 30 millones, además de generar 500 empleos directos y unos 800 indirectos. Sin embargo, lamentó que, pese a haber presentado el proyecto al MIC y al MAG, ninguna institución haya avanzado con la propuesta.

Al respecto, el economista y presidente de Cadiem Fondos, César Paredes detalló que el movimiento bursátil es un reflejo de la economía, y que si a la economía le va bien, también eso impulsa el mercado de valores. El año pasado con una economía que creció 6,6%, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) acompañó con transacciones récord para nuestro mercado por valor de US$ 8.500 millones, que significó un aumento del 17% con respecto al 2024.

Si bien la BVA sigue creciendo, pero a un menor ritmo, según los datos oficiales. Al primer trimestre del año, las operaciones en la Bolsa de Valores sumaron G. 13,3 billones (US$ 2.094 millones), 3% más que en el mismo periodo del año pasado.

Mercado de valores reporta desaceleración

Ambiente de incertidumbre incidió

En relación a la desaceleración en el mercado bursátil, explicó que esto se vio motivado por situaciones tanto externas por el conflicto en Medio Oriente que sacude el sistema financiero mundial, e internas por los conflictos de pagos a las proveedoras del Estado, cambios de timón en el Ministerio de Economía y expresiones del ex ministro Carlos Fernández que generaron un ambiente de “incertidumbre”.

“En ese ambiente el inversor, empresariado en general prefiere esperar nomas hasta que el ambiente sea más adecuado” afirmó.

En ese sentido, el economista detalló que este anuncio del gobierno de un compromiso de pagos (aunque parcial) es importante porque garantizará que no se frene la provisión de insumos o las obras, que por ende tienen un impacto en la dinámica de la economía. “Entonces hay una relación directa con el crecimiento de la economía, definitivamente el pago de deuda a proveedores estatales va ser que sigan viniendo y desarrollándose en toda la cadena de productiva que es importante” apuntó.

A su criterio, el pago de las deudas va a destrabar el proceso, tanto de obras paralizadas, de servicios, de insumos que no llegan a hospitales, y que ese circulante fluya en toda la cadena, y por ende, que haya más movimiento económico.

“Esa onda medio negativa que se sentía en el ambiente por la incertidumbre es lo que hacía que se posterguen las decisiones y por ende frenan la economía” señaló.

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Anuncio de pagos para abril y mayo

La semana pasada el Gobierno de Peña a través de la nueva administración del MEF con Óscar Lovera en la titularidad, anunció un plan de pago parcial en coordinación con los representantes tanto del sector farmacéutico, como de las constructoras, en tanto definen el instrumento para saldar el compromiso total que ronda los US$ 1.300 millones.

En ese sentido, el Gobierno se comprometió a un pago de US$ 150 millones al sector de construcción, que lo ejecutarían entre este mes de abril y mayo. En el caso de las farmacéuticas, el pago sería de US$ 180 millones, también entre abril y mayo, según el anuncio oficial.

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Pese a estos anuncios, aún persisten dudas en como el Gobierno va a encarar estas millonarias deudas, sin comprometer el límite fiscal del 1,5% de déficit previsto para el presente año. Aunque de momento, el nuevo ministro descartó un eventual nuevo ajuste del déficit

Las labores actualmente en ejecución entre las ciudades de San Lorenzo e Itá responden a una intervención de carácter provisional y de emergencia, orientada a brindar soluciones inmediatas en los puntos más deteriorados de la vía.

De acuerdo con los datos de la cartera, con estas acciones se busca mejorar la adherencia de la calzada, reducir el riesgo de accidentes y garantizar una transitabilidad más segura para los usuarios, mientras se completan los procesos técnicos y administrativos para iniciar las obras principales.

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Renovación de 26,3 kilómetros

En este caso, el contrato fue firmado el 29 de julio del año pasado, pero aún no registra avances significativos debido a la falta de liberación de recursos para el pago del anticipo, condición necesaria para la orden de inicio.

El Consorcio Victoria —integrado por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. y Tecnología del Sur S.A.E.—, representadas por los señores Mauricio Javier Cordero Codas y Joaquín Fernández Solano López. será responsable de la rehabilitación y el mantenimiento de aproximadamente 26,3 kilómetros, desde la ciudad universitaria hasta el empalme con la ruta PY01, en Itá.

Se trata de un corredor vial de alto tránsito diario, fundamental para la movilidad en el departamento Central y su área metropolitana. El precio total del contrato asciende a G. 200.897.179.309 (unos US$ 27 millones), con IVA incluido, que si bien fue la oferta más barata, está casi G. 50.000 millones por encima que el precio de referencia de la licitación.

El plazo de ejecución contempla una primera fase de 18 meses destinada a la rehabilitación integral del tramo, seguida de una segunda etapa de mantenimiento por 24 meses.

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Principales ítems a ejecutar

Entre las principales tareas previstas se incluyen bacheo, fresado, regularización y pavimentación asfáltica, mejoras en banquinas, obras de drenaje y la incorporación de elementos de seguridad vial. Asimismo, se prevé la ampliación de la calzada en un tramo de 12,6 kilómetros, desde San Lorenzo hasta J. A. Saldívar, en zonas urbanas, mediante la incorporación de un carril adicional exclusivo para buses con pavimento rígido.

Por otro lado, desde J. A. Saldívar hasta Itá, las intervenciones se centrarán en la rehabilitación de la vía existente, todo esto conforme a las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras del Paraguay.

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Las víctimas fueron identificadas como Lucas Daniel Cuenca Araujo (18), quien sufrió una lesión a la altura del ojo, y Pablo Cuenca Frutos (36), con herida en la cabeza. Ambos fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Regional de Pilar, donde permanecen internados en estado de observación.

El supuesto autor fue identificado como Rubén Darío Vázquez (26), alias “Puro Hueso”, quien ya contaba con una orden de búsqueda y localización en el marco de una causa por daño a cosa de interés común.

Según el reporte policial, el hombre se encontraba en la vía pública portando un arma blanca tipo machete y amenazando a transeúntes, cuando, en un momento dado, atacó sin provocación a las víctimas.

El hecho fue reportado a través de llamadas telefónicas de vecinos y videos difundidos en redes sociales, lo que permitió la rápida intervención del personal de la Subcomisaría 2ª San Alfonso. Posteriormente, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

La fiscal de la Unidad Penal II, Érica Encina, dispuso la detención del presunto agresor, quien fue trasladado hasta la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece recluido a disposición de la Justicia.

Por esta causa están procesados Juan Carlos Frutos (61 años) y Carlos Epifanio Conzález Aguilera, el primero de ellos actualmente es quien afronta juicio oral por los supuestos hechos de tráfico de sustancias estupefacientes en calidad de autor, mientras que el segundo había sido sobreseído provisionalmente y luego acusado también por tráfico de drogas como coautor.

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La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, declaró la rebeldía de Carlos González.

En cuanto a Juan Carlos Frutos, la fiscala Ingrid Cubilla sostiene en juicio, cuya continuidad está fijada para el viernes 24 de abril desde las 11:30, que él en su calidad de apoderado de la firma unipersonal “FMS Maderas”, realizó trámites para el despacho y la remisión a Madrid (España), en febrero del 2021, de 850 metros cuadrados de pisos tipo parquet de la madera Kurupay a la empresa Pirapey Truk, que estaban contaminados con cocaína.

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De acuerdo con los datos expuestos en la acusación fiscal, el 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo una revisión en el Puerto Privado Seguro Fluvial de Villeta, por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y funcionarios de la entonces Dirección Nacional de Aduanas.

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El procedimiento estuvo acompañado por Juan Carlos Frutos, representante de la firma “FMS Maderas”, perteneciente a Santiago Felipe Bogado Cano (fallecido y suegro de Frutos). El objeto era revisar la mercadería que iba a ser exportada a España, bajo sospechas de que había sido contaminada.

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Es así que se realizó la apertura del contenedor y dentro, se encontraron un total de 20 pallets, cargados con pisos de tipo parquet. Los intervinientes eligieron al azar el paquete 12, lo descargaron y desarmaron para someterlo a una revisión por scanner, donde se detectó una señal de alerta con la imagen generada.

Inmediatamente después de ello, los intervinientes extrajeron una de las tablas y la quebraron. Mediante esa acción constataron que en su interior había cocaína, según análisis primario practicado entonces. Esto derivó en la intervención del Ministerio Público, que estuvo representado esa vez por la fiscala Lorena Ledesma.

En cuanto al otro acusado, Carlos Epifanio González, la Fiscalía sostiene en su acusación que el mismo adquirió 16.560 kilos de madera de kurupay de César Sixto Aguilar Troche, quien proveyó la madera en calidad comercial y permitió el uso de un sector de su predio para el acondicionamiento y terminación de los pisos que iban a ser exportados.

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Sin embargo, ese espacio habría sido utilizado por los integrantes de la organización criminal a fin de alistar los pallets y los compartimientos entre los pisos tipo parquet, espacios en los que iba a ir oculta la sustancia estupefaciente, aprovechando la logística generada a partir de la adquisición de la madera.

En cuanto a la relación entre Juan Carlos Frutos y Carlos Epifanio González, quien está rebelde, la fiscalía señala que en un allanamiento a la casa de Frutos, hecho el 25 de febrero de 2022, en el sitio se hallaron talonarios de facturas de exportación a nombre de Felipe Santiago Bogado Cano, padre de la esposa de Frutos, quien además dijo que González era contador de Frutos.

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Oposición a pedido de Fiscalía para dos encausados

El fiscal antidrogas Guillermo Sanabria, hoy juez de penal de sentencia de Alto Paraguay, había solicitado el sobreseimiento provisional para los encausados Juan Ramón Torrez Domínguez y César Sixto Aguilar Troche. El juzgado de Rosarito Montanía concedió el mismo y, en diciembre de 2025, la agente del Ministerio Público pidió la reapertura de la causa y el sobreseimeinto definitivo para ambos.

El viernes último se sustanció la audiencia provisional para Torrez Domínguez y Aguilar Troche, oportunidad en la cual la fiscala Cubilla se ratificó en su pedido.

Durante la diligencia, la fiscala Cubilla hizo mención de las facultades del órgano jurisdiccional, en cuanto al trámite previsto en el ordenamiento procesal, ya que el mismo en este caso, teniendo en cuenta la gravedad y complejidad de la investigación, así como el cúmulo de elementos obtenidos en el plazo ordinario y provisional también deben ser objeto de control institucional.

Por su parte, la jueza Rosarito Montanía imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo, señalando en ese contexto que existió deficiencia y negligencia en la investigación de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional Antidrogas.

La jornada deportiva, que arrancará a las 07:00, invita a la ciudadanía a sumarse a una causa que trasciende lo competitivo para enfocarse en la asistencia real y la contención emocional de los pacientes.

Meta: 2.500 corazones en movimiento

La meta es ambiciosa pero necesaria explican desde SOPAC, convocar a 2.500 corredores que, a través de su inscripción, contribuyan directamente al fortalecimiento de las asociaciones de pacientes oncológicos del país.

“Esta corrida nace con la intención de generar conciencia, pero también de movilizar acciones concretas. Sabemos que detrás de cada paciente con cáncer hay una historia y una lucha diaria; cada inscripción es una forma de estar presentes”, afirmó el doctor David Cabrera, presidente de la SOPAC.

Detalles del evento

El evento está diseñado para ser inclusivo, permitiendo que personas de todas las edades y niveles físicos participen, ya sea corriendo o caminando.

• Circuitos: 5K y 10K.
• Costo de inscripción: Gs. 170.000 (íntegramente destinado a asociaciones de pacientes).
• Lugar: Costanera de Asunción.
• Respaldo institucional: El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y diversos laboratorios aliados.

La voz de los protagonistas

Para quienes enfrentan la enfermedad día a día, esta iniciativa representa un respiro y un mensaje de unidad. Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), destacó la importancia de la visibilidad.

“Para nosotros, esto no es solo ayuda económica; es sentir el acompañamiento de la sociedad. Visibilizar lo que muchas veces no se ve es fundamental para nuestra fortaleza”, señaló Moreno.

Los interesados en participar pueden realizar su inscripción a través del link oficial o seguir las actualizaciones en la cuenta oficial de Instagram: @sopacpypy. Para más detalles, la organización ha habilitado la línea de comunicación directa con Diana Ozuna al (0994) 45 16 14.

Su captura se produjo ayer de tarde en el local de la cadena Biggie de la avenida Brasilia esquina Concordia, jurisdicción de la comisaría 19° del barrio Jara.

Los propios empleados de la tienda retuvieron al extranjero al pillar que había escondido en su cartera un corte de tapa cuadril y tres barras de chocolate.

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Sin embargo, el hombre ya venía siendo monitoreado desde que entró a ese local debido a que reunía las mismas características de un ladrón serial que ya actuó en varias otras tiendas de la misma cadena en los últimos días.

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Justamente, tras su captura y entrega a la Policía, los empleados de Biggie corroboraron que se trataba de la misma persona que aparecía en videos de otros robos, como en los locales de las avenidas Bartolomé de las Casas, Perón y Bruno Guggiari, por citar algunos.

Fiscala solicitará la expulsión de nuestro país

La fiscala Sandra Beatriz Ledesma Espinoza, de la Fiscalía Barrial 9, dijo que ordenó la libertad del boliviano, pero que anotó todos sus datos y que va a requerir información sobre él a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Esto se hará con el objeto de conseguir la expulsión del boliviano de Paraguay, una sanción que es potestad justamente de Migraciones.

La única institución pública habilitada en el lugar es la Escuela Básica Nº 7949 San José Kupa´y, que funciona del 1º al 6º grado con 21 alumnos en el turno tarde, con la modalidad plurigrado.

La comunidad fue creada hace 200 años y está asentada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Guajayví, pero se encuentra entre las poblaciones indígenas más pobres y olvidadas por las autoridades.

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En ese sentido, el líder del asentamiento, Severiano Vázquez, expresó que uno de los principales obstáculos que afecta a los lugareños es la falta de una pasarela sobre el arroyo Tava´i, que va a favorecer enormemente el desenvolvimiento de los habitantes, teniendo en cuenta que desde hace varios meses el antiguo puente construido por ellos se encuentra prácticamente inservible por el deterioro de la infraestructura de madera, refirió.

No hay respuesta del Indi ni del MOPC En lo que corresponde a la solicitud enviada a las autoridades correspondientes, Vázquez mencionó que por el momento no recibieron ninguna respuesta positiva desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con respecto al inicio de la construcción de la nueva pasarela, por lo que ya no saben a dónde recurrir para tratar de solucionar la falta de acceso a la comunidad, enfatizó.

“Pedimos a nuestro representante del Indi y al MOPC que agilicen nuestro reclamo de hace varios años, que nuestro presidente Hugo Samaniego y la ministra Claudia Centurión tomen las acciones necesarias para por lo menos solucionar este problema, para luego ir viendo las otras necesidades que faltan mejorar”, agregó el dirigente.

Informe desde el MOPC

El encargado del área social de Caminos Vecinales del MOPC, Pánfilo Agüero, informó que se está viendo la forma de dar una respuesta a este pedido y a otros reclamos. De a poco se estaría dando solución a las comunidades indígenas que se encuentran en estas comisiones, dijo.

Al respecto detallan que en algunos casos figuran como víctimas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores.

Asimismo, señalan que en los periodos estudiados se identificaron 2.402 denuncias relacionadas con pueblos originarios. Conforme a los datos, el 2023 el año cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento al alcanzar 970 denuncias.

Sobre los días de mayor frecuencia de hechos, estos fueron los sábados, domingos y lunes, ya que en estos días se concentraron la mayor cantidad de denuncias, nuevamente según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

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Causas investigadas

En el reporte, la Fiscalía precisa que en 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas.

Por otra parte, los departamentos que concentran la mayor cantidad de causas son los siguientes:

• Canindeyú: 593
• Caaguazú: 410
• Amambay: 368
• Concepción: 179
• Alto Paraná: 135
• Boquerón: 126
• San Pedro: 120

Hechos punibles más frecuentes

El Ministerio Público también revela cuáles son los hechos punibles más frecuentes que se da entre las comunidades indígenas:

• Violencia familiar
• Lesión
• Amenaza
• Homicidio doloso
• Abuso sexual en niños
• Lesión grave
• Hurto agravado
• Daño
• Delitos contra el medio ambiente
• Coacción
• Estupro
• Hurto
• Violación del deber de cuidado o educación
• Violación de domicilio

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Abuso y migraciones

La Fiscalía enfatiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar, al igual que la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios.

Por otra parte, a esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que también generaría discriminación y exclusión social.

“Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica”, menciona la institución.

También mencionan que los hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

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Trámite de causas penales

En el caso de los trámites de las causas penales, se sigue este protocolo:

La Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

El fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso. Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado.

También se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta.

En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

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Perspectiva del Ministerio Público

El ordenamiento constitucional paraguayo reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a aplicar sus normas consuetudinarias, siempre que estas no vulneren derechos fundamentales.

También se consagra la propiedad comunitaria con carácter de inembargable, indivisible e imprescriptible , estableciéndose además la prohibición del traslado sin consentimiento expreso de la comunidad, al igual que se reconoce el derecho de participación en la vida nacional en sus dimensiones económica, social, política y cultural.

También el Código Procesal Penal establece un régimen diferenciado cuando intervienen miembros de comunidades indígenas, ya sea como imputados o víctimas.

Otro punto es que se prevé la posibilidad de extinción de la acción penal cuando el conflicto haya sido resuelto conforme al derecho consuetudinario indígena, siempre que exista aceptación de las partes previa verificación judicial mediante audiencia, a lo que también se suma la incorporación del principio de diversidad cultural en el proceso penal, que habilita la producción de peritajes especializados y la adecuación del juzgamiento a las particularidades culturales del caso.

“En este marco normativo, el derecho consuetudinario se constituye en un elemento central de la organización social, cultural y jurídica de los pueblos indígenas”, reporta la Fiscalía.

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INDI

En Paraguay funciona el Instituto Paraguayo del Indígena, encargado de la titulación de tierras ancestrales, lo cual se vincula directamente con la preservación de la identidad cultural, según explicó la abogada Viviana Benítez, miembro del equipo técnico de la Dirección de Planificación del Ministerio Público.

Pero, desde el punto de vista del sistema penal, la configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural en el que se produce. En consecuencia, determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa.

Finalmente, el Ministerio Público reconoce que esa “divergencia” generó conflictos de interpretación jurídica, especialmente en casos donde las respuestas comunitarias han derivado en hechos sancionables por el sistema penal.

Cada 19 de abril se recuerda el Día del Indígena Americano, ya que en este día,, pero de 1940, se reunió en la ciudad de Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano. En dicho encuentro se convino establecer esta fecha como el «Día del Indígena Americano», con el objeto de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de nuestro continente.

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Hoy la jornada fue de 9:00 a 12:00 en la plaza 29 de setiembre, según las redes sociales del precandidato. “Hoy no fue un acto político, fue un acto de servicio”, escribió en su perfil del Facebook Pablo Giménez para tratar de disfrazar la politización de la salud en Fernando de la Mora.

Según la denuncia, Giménez es “ahijado político” del cuestionado diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC), quien llamativamente también aparece en todos los actos que se realiza en el hospital fernandino.

Como por ejemplo, la asunción al cargo de director del Dr. Juan Gabriel Martínez Miranda y la entrega de ambulancias compradas con recursos Estatales. Eso reforzaría la denuncia de que el cartismo está politizando la atención sanitaria en la ciudad.

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La denuncia indica que mientras, los galenos hacen proselitismo a favor del candidato a concejal se descuida la atención en el centro asistencial y que debido a la sobrecarga de trabajo ya hubo negligencia.

En ese contexto, el pasado 18 de abril Iris Leguizamón, madre de un bebé de seis meses, denunció que su hijo, quien era tratado por una infección en la piel, sufrió una reacción grave luego de recibir una dosis mayor de antibiótico en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Dijo también que escuchó a una profesional de salud instruir a su equipo a modificar el resumen clínico.

Niega uso de recursos

En una entrevista radial Pablo Giménez había reconocido que su pareja es médica, pero que no utiliza ni “un geniolito” del hospital de Fernando de la Mora.

Agregó que su pareja solo tiene buena relación con sus colegas y así se suman a la campaña para hacer servicios comunitario en los barrios fernandinos.

“Estamos haciendo asistencia médica con presencia real en los barrios. Ni un geniolito se usa del Ministerio de Salud y del hospital de Fernando de la Mora. Los medicamentos son muestras que los laboratorios le dan a los médicos y las jornadas se hace domingo a la mañana fuera del horario laboral”, dijo Giménez.

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Pablo Giménez ya fue concejal de Fernando de la Mora en el periodo 2006-2010. En abril de 2009, fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo del fiscal Arnaldo Giuzzio, tras recibir una supuesta coima de dos mil dólares exigida al dueño de una estación de servicio supuestamente para agilizar trámites de habilitación en Fernando de la Mora.

Sin embargo, Giménez fue absuelto en 2016, por que la Justicia dijo que había “duda” en la nitidez de la cámara oculta.

Por otro lado, su pareja la doctora Ana Stael Alfonso Vera, estuvo 22 días como directora del hospital fernandino, pero fue destituida debido al escándalo de su supuesta vinculación con el caso Mercat.

La médica afrontó juicio oral por presuntamente recibir coimas y elaborar dictámenes médicos falsos en 2021, para beneficiar al supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, procesado en el mediático Caso Mercat.

Recordó que el reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) en Argentina, generó preocupación en la frontera con Formosa en 2012 y hoy se encuentra paralizado. En Paraguay la apuesta inicialmente es todavía por un proceso de aprendizaje técnico.

Facetti fue enfático al señalar que el país se encuentra todavía muy lejos de utilizar esta tecnología, ya que la gestión de un reactor exige una cadena de suministro compleja, infraestructura tecnológica de punta y, sobre todo, una formación educativa intensiva para profesionales en diversas áreas.

ANDE prepara el terreno para la energía nuclear ante disparada del consumo eléctrico

La hoja de ruta trazada por el Viceministerio de Minas y Energía y la ANDE prioriza el estudio de factibilidad. Según el diplomático, países como El Salvador llevan dos años explorando la opción nuclear y recién ahora formalizan grupos de trabajo, por lo que estima que a Paraguay le llevará más de dos años tomar una decisión definitiva sobre si se embarca o no en este desafío energético. Existe, no obstante, una marcada decisión política de estudiar la tecnología, respaldada por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuya rectora Zully Concepción Vera de Molinas, iniciará misiones de observación en universidades de Viena para analizar modelos de formación profesional.

El sustento técnico de este interés radica en la seguridad del sistema eléctrico nacional. Facetti argumentó que, ante los desafíos del cambio climático y la necesidad de reducir emisiones, los gobiernos deben buscar fuentes de potencia fija, un rol que hoy cumplen la hidroelectricidad y la nuclear.

Advirtió que depender exclusivamente de energías variables, como la eólica o la solar, puede derivar en crisis como el apagón total sufrido en España y Portugal hace un año, donde el sistema no soportó la carga por falta de una base sólida de generación constante.

Energía nuclear: Paraguay es epicentro del debate sobre reactores modulares

Finalmente, el embajador buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía respecto a la seguridad. Explicó que los estándares internacionales del OIEA son hoy mucho más rigurosos tras las lecciones de Chernobyl y Fukushima, con normas de cumplimiento obligatorio que han minimizado los incidentes operativos en las últimas décadas.

Por su destacada gestión y el fortalecimiento de los lazos con el organismo internacional, el ingeniero Félix Sosa, titular de la ANDE, otorgó a Facetti una placa conmemorativa, reconociendo su labor en la planificación de lo que consideran, podría ser un hito en la soberanía energética paraguaya.

Cabe recordar que desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de este mes, Paraguay fue el epicentro del debate energético regional sobre energía nuclear al albergar la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) y Financiamiento de Proyectos Nucleares. El evento, que congregó a representantes de 13 países y expertos internacionales, buscó sentar las bases para una transición energética que complemente la hidroelectricidad, con el respaldo del OIEA y del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Energía nuclear en Paraguay: ANDE firma convenio para evaluar reactores modulares

En este contexto, la ANDE y el OIEA suscribieron el lunes último un convenio de cooperación técnica para analizar la posible implementación de Reactores Modulares Pequeños. El acuerdo busca evaluar la integración de la energía nuclear como un complemento a largo plazo dentro de la matriz nacional, atendiendo el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en el territorio paraguayo.

El titular de la ANDE también recibió a una delegación estadounidense liderada por Beth Urbanas, representante del Departamento de Energía de los Estados Unidos, para abordar la innovación tecnológica y la exploración de nuevas fuentes de generación energética.

En ese sentido, el presidente de la Fedemipyme, Luis Tavella, explicó que ya se cuenta con contratos laborales a plazo determinado para las microempresas. Además, los aportes a la previsión social podrán realizarse sobre el 80% del salario mínimo, lo que abarata los costos de formalización para las microempresas.

En ese sentido, indicó que ya se puede ingresar a la página del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), obtener la Cédula Mipymes e imprimirla para presentarla ante las instituciones del Estado e incluso en las municipalidades, que tampoco deberían cobrar tasas.

“De las 400.000 microempresas que hay en el país, posiblemente ni el 10% están registradas en las municipalidades. Entonces, lo que se busca es una apertura: no cobrar durante tres años y, a partir del cuarto, podrían tener hasta 200.000 nuevos contribuyentes”, sostuvo.

Cédula Mipymes avanza, pero instituciones frenan su plena aplicación

“No existe obligación de pagar preaviso”

En cuanto a los contratos a plazo determinado, explicó que permiten establecer una fecha de inicio y finalización. Por ejemplo, se puede emplear a una persona por un periodo de un año y, al término, “no existe obligación de pagar indemnización ni preaviso”, siempre de acuerdo a lo que indica el acuerdo.

Indicó que la microempresa podrá renovar este tipo de contrato hasta en dos ocasiones más. De esta manera, durante tres años se podrá utilizar este esquema, y a partir del cuarto año se deberá pasar al régimen laboral tradicional.

“Esto permitirá que las empresas contraten personal por periodos de cuatro, cinco o seis meses. Al finalizar el contrato no hay obligación de indemnización ni preaviso, pero el trabajador contará con seguridad social del IPS, lo que brinda respaldo tanto al empleador como al empleado”, remarcó.

Inscripción automática al IPS

Otra posibilidad que otorga la normativa es que las microempresas puedan pagar el 80% del salario mínimo y aportar a la seguridad social sobre esa misma base, lo que representa una ventaja para fomentar la formalización, reiteró el gremialista.

“Hoy creo que tenemos absolutamente todo. Quizás faltaría que algunas instituciones emitan sus resoluciones, como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) o la Dinapi. Esta última, por ejemplo, no debería cobrar en los trámites de formalización”, detalló.

Ajustar algunos puntos con otras instituciones

Señaló que con Dinavisa los procesos están bastante avanzados, mientras que con otras instituciones buscarán cerrar acuerdos en los próximos días. No obstante, remarcó que lo importante es que la ley está prácticamente concluida y ya se puede hacer uso de sus beneficios.

Sobre los pasos pendientes con otras instituciones, mencionó el caso del Senave, donde la inscripción para importar productos tiene un costo anual de G. 450.000, además de requerir la firma de un ingeniero agrónomo, lo cual considera innecesario para las mipymes, sería un punto a continuar analizando.

“Lo importante son los contratos laborales, la seguridad social y que, al formalizarse sin capital, la reducción de tasas representa una ayuda significativa”, enfatizó.

Hambre Cero: nuevas oportunidades para microempresas con la Cédula Mipymes

La socialización de la ley, el desafío

El desafío de esta nueva ley para Tavella es la “socialización de la normativa”, dado que de esa manera se podrá tener el “impacto positivo” en la formalización del empleo que es lo que se busca. Consideró que, sin una campaña de al menos seis meses, la posibilidad de que llegue a más emprendimientos podría ser baja.

“El Viceministerio de mipymes realizará un seguimiento constante, junto con los gremios que integran la Federación, que ya reciben consultas sobre los beneficios de la cédula mipymes”, dijo sobre los controles para dar el total cumplimiento de los incentivos que ofrece la normativa.

Según datos, durante el control de rutina, los agentes verificaron un automóvil de la marca Suzuki, color blanco, con chapa BJN 553. De acuerdo con el informe policial, el hombre mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una consulta más exhaustiva de sus datos.

Ante esta situación, los intervinientes trasladaron al sospechoso hasta la base policial, donde se solicitó apoyo al Comando Tripartito Regional Alto Paraná. Allí se realizó la consulta de antecedentes en la base de datos de la Policía Federal, lo que permitió confirmar que registra 14 órdenes de captura vigentes por hechos de estafa.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Alcides Giménez de la Unidad Penal N° 9 de Ciudad del Este, quien dispuso su traslado a la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Finalmente, y tras las gestiones del Comando Tripartito y Migraciones, se dispuso su expulsión del país por infracción a las leyes migratorias. El supuesto estafador fue entregado esta mañana a la Policía Federal brasileña en la cabecera del Puente de la Amistad, con destino a Foz de Iguazú.

Beatriz Denis confirma que Dionisio Amarilla le propuso ser precandidata a presidenta

En medio de su discurso, volvió a especular con la candidatura de Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, como posible candidata a la presidencia de la República para el 2028, algo que había trascendido en marzo pasado.

Amarilla, primero comenzó arengando a sus seguidores a buscar recuperar en 2028 la gobernación de Concepción, la cual le fuera arrebatada por la colorada cartista Liz Meza, que hasta, más que por su gestión, hasta ahora destacó por la costosa fiesta de 15 años de su hija.

Esto la puso en la mira de sus propios correligionarios ante la posibilidad de que su fortuna repentina -coincidente con su asunción al cargo- esté vinculada también a algún tipo de desvío de fondos del programa Hambre Cero, tal como especuló el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

En su discurso, además de la Gobernación, Amarilla hizo referencia a la eventual candidatura de Denis diciendo: “En 2028, no solamente la gobernación vamos a ganar, sino que vamos a ganar el poder de la República y probablemente una mujer concepcionera va a ser la presidenta de la República".

Beatriz Denis, a finales de marzo pasado, ya había sido consultada sobre este planteamiento de Amarilla, ante el cual respondió: “Por de pronto, mi prioridad es otra. Al senador le aclaré que mi prioridad ahora es encontrarle a papá y obtener una respuesta sobre eso; exigir justicia y libertad, que es lo que no tenemos”.

Beatriz es una de las hijas del exvicepresidente de la República durante el gobierno de Federico Franco (2011-2012) senador y exdiputado liberal por Concepción.

El mismo fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y pese a exigencias del grupo criminal a la familia, no hay pruebas reciente de su paradero con vida.

En el acto, Amarilla instó a sus adherentes a “mojar la camiseta” para ganar en las internas partidarias, aunque llamó la atención que como “incentivo” repartió regalo que económicos no aparentaban.

En la mesa de candidatos, tenían expuestos para regalar una serie de termos y vasos térmicos grabados con su nombre y candidaturas. En video se aprecia como entregan los obsequios al menos a una de las presentes a la que Amarilla llamó al frente.

El exsenador y constitucionalista Hugo Estigarribia calificó la situación como un gran enigma y sostuvo que, bajo su análisis, es imposible que el legislador haya cursado la carrera de Derecho.

Estigarribia fundamentó su postura señalando la inviabilidad logística de los supuestos estudios de Rivas. “Es imposible; tenía que haber recorrido 350 kilómetros todos los días para estudiar. Tampoco es que hizo online”, afirmó.

Asimismo, destacó un detalle técnico clave como la falta de dicción jurídica del legislador, una habilidad terminológica que, según explicó, cualquier estudiante adquiere desde los primeros años de formación.

A falta de buenos abogados en la familia, padre de Hernán Rivas busca defensa cartista en Diputados

Para el exsenador, la persistencia de Rivas en su cargo y la falta de sanciones no responden a una duda jurídica, sino a una estrategia de poder.

“Este es un voto incondicional, un sí señor con el que cuentan”, señaló, vinculando directamente la protección del legislador con los intereses del movimiento Honor Colorado.

Finalmente, Estigarribia fue tajante al señalar en entrevista con la 1020 AM que la respuesta al blindaje que rodea al parlamentario solo la tiene Horacio Cartes: “Creo que solamente el líder de Honor Colorado tiene las explicaciones de por qué defienden a un senador que claramente no es abogado”.

Cartistas salvan a Rivas con permiso para ausentarse del Senado

Para no echarlo, el presidente de la Cámara de Senadores, el cartista Basilio “Bachi” Núñez anunció el pasado jueves que el senador cartista y presunto “abogado mau” Hernán David Rivas solicitó permiso para dejar temporalmente su banca, un beneficio no contemplado en la ley pero ya repetido gracias al nefasto precedente con el condenado Erico Galeano (ANR).

Afirman que será mientras aclare su situación por el caso de su presunto título falso de abogado.

La situación salió a la luz cuando estos profesionales intentaron cobrar sus haberes, explicó a ABC la doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). Indicó que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) otorgó los contratos tras concursos públicos, pero al momento de procesar los pagos en el sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bloqueó los desembolsos alegando que la nueva ley prohíbe el pago a quienes no posean nacionalidad paraguaya.

“¿Cómo puede ser que el Ministerio de Salud haya desconocido el inicio de cumplimiento de esta ley dándole el trabajo? Ellos nos admitieron que desconocian esto”, cuestionó González. Los diez médicos afectados hasta el momento, ingresaron al sistema después de junio del año pasado y, luego de trabajar durante meses sin percibir remuneración, fueron notificados de su desvinculación inmediata.

González resaltó que existen unos 300 médicos extranjeros en situación de vulnerabilidad laboral bajo este nuevo régimen legal, muchos de ellos cumpliendo funciones críticas en el interior del país, incluso desde hace 20 años.

El “filtro” legal y su impacto en residentes y pasantes

La nueva normativa establece en su Artículo 12, inciso a, que tener nacionalidad paraguaya es un requisito mínimo para acceder a cualquier cargo estatal. Esto ha generado un “efecto dominó” de circulares:

• CONAREM (Circular 006/2026): Exige a los nuevos residentes extranjeros presentar su Carta de Nacionalización original.
• INS (Circular 008/2026): Extiende la misma obligación a médicos pasantes que ya eligieron sus sedes rurales.
• Regiones Sanitarias: Notificación a las jefaturas que no se pueden concretar vínculos con extranjeros.

El plazo otorgado por las autoridades vence el próximo 30 de abril, una fecha que el gremio médico tilda de “imposible”, dado que los trámites de nacionalización pueden durar entre 13 meses y 5 años, con costos que pueden llegar hasta a US$ 10.000 en procesos burocráticos ante la Corte Suprema.

Sinamed denuncia falta de planificación y “mafias”

Desde el Sinamed, la doctora González aclaró que los médicos no se oponen al cumplimiento de la ley, sino a la forma improvisada y retroactiva en que se pretende aplicar.

“Metieron a todos en la misma bolsa; gente que tiene más de 20 años de antigüedad siendo contratados bajo normativas anteriores hoy se encuentra con que su contrato llegará solo hasta diciembre si no se nacionalizan”, lamentó.

La titular del sindicato afirmó además la existencia de presuntos esquemas de corrupción para agilizar estos trámites, lo que encarece de sobremanera el costo del proceso legal.

El riesgo de un conflicto diplomático

La falta de coordinación entre los ministerio de Salud y Economía ha provocado que, tras la presión gremial, la cartera sanitaria emitiera una circular interna indicando que se está “analizando” una prórroga, pero sin dar una solución definitiva.

ABC buscó la versión del Ministerio de Salud y designaron la responsabilidad al doctor Daniel Ramahlo, director de Residencias Médicas y Pasantías Rurales, quien prometió explicar la situación pero posteriormente ya no atendió las consultas.

Sinamed advierte que esta medida podría generar problemas con otros países. “Muchos de estos médicos están casados con paraguayos, tienen hijos paraguayos o estudiaron toda su vida aquí. No son extranjeros que quieren entrar recién, son profesionales que ya forman parte de nuestra estructura de salud, están radicados en el país”, concluyó González, quien instó a que el Instituto Nacional de Salud (INS) y a la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem) a que establezcan cupos claros y plazos razonables para evitar el colapso de servicios médicos por falta de personal.

“El objetivo de este espacio es permitir que el resultado de la formación y trabajo en talleres institucionales llegue directamente a la ciudadanía”, detalla la cartera estatal.

Asimismo, la tienda estará abierta al público de lunes a domingo de 08:00 a 15:00 y se espera una oferta de varios productos que se destacan por calidad y terminación. Entre las opciones se encuentran termos forrados, butacas, cuadros, lámparas, conservadoras y otros.

Pedidos personalizados

De igual manera, también se recibirán pedidos personalizados en áreas como carpintería, pintura y artesanía.

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La agrupación, caracterizada por llevar a cabo actividades solidarias a favor de personas vulnerables, al conocer la situación de Villalba decidió organizar una maratón para se realizará próximo viernes 8 de mayo.

César Villalba, quien iba a rifar su casa, recibe asistencia y ya cuenta con fecha de cirugía

El objetivo es recaudar la mayor cantidad posible de recursos para cubrir los gastos médicos de Villalba y, de esa manera, evitar que el mismo tenga que seguir adelante con la rifa de su vivienda, lo que implicaría la pérdida del único patrimonio de la familia.

Caso de César Villalba

César Villalba es un trabajador que se gana la vida vendiendo panchos diariamente en la plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones, pero desde hace tiempo viene padeciendo problemas de salud.

Hace unas semanas, su médico urólogo le detectó anomalías en su próstata y le indicó que debe someterse a una cirugía. Sin embargo, antes debe realizarse un estudio específico: la biopsia ecoguiada, que sirve para la detección de células cancerígenas.

Ante falta de recursos y cobertura en salud pública, sanjuanino rifa su casa para costear tratamiento médico

Tras esto, realizó la búsqueda de un hospital público donde realizarse el estudio y acudió hasta el Hospital del Sur de Encarnación, donde no consiguió resolver su situación. Por ello, averiguó el costo de dichos estudios en un centro privado, encontrando un monto muy elevado.

Frente a esta situación, decidió rifar su vivienda para costear todos los gastos médicos, ya sea el estudio, la operación y el postoperatorio.

Además, tenía un segundo objetivo: salir del barrio donde habitan actualmente, ya que en el lugar se genera bastante ruido de motocicletas con escapes modificados, entre otros, lo cual afecta a su hijo menor de 11 años, que tiene autismo.

Luego de las publicaciones periodísticas sobre su decisión, Villalba recibió la ayuda correspondiente. Ya pudo realizarse el estudio requerido sin costo alguno por su médico en el Instituto Nacional del Cáncer el martes último y ya cuenta con fecha de cirugía, la cual será el 28 de mayo.

En ese sentido, la organización solidaria San Juan se Mueve invita a toda la comunidad a colaborar con esta familia de escasos recursos que en estos momentos lo necesita, señalando su lema tradicional: “Hoy por ti, mañana por mí”.

El anuncio fue encabezado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y representantes de gremios como la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

Sin embargo, más allá del alivio inmediato para el sector, siguen las dudas sobre la intención del Gobierno de cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,5% prevista para este año, en el marco del plan de convergencia fiscal.

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, advirtió que el problema va más allá de lo que reflejan las cifras oficiales. “Puede ser que no aparezca en los libros contables del Estado, pero la verdad es que esas deudas existen dentro del Estado”, afirmó tras el conversatorio “Paraguay en perspectiva: economía, inversión y desarrollo”, realizado el miércoles último.

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Déficit fiscal y deudas: hay diferentes posturas y dudas de poder llegar al 1,5% este año

Heisecke puso en duda que la meta fiscal sea alcanzable en el corto plazo. Recordó que el 2025 habría cerrado con un déficit cercano al 4%, pese a que en los registros figuraba 2%, y señaló que “es casi imposible” reducirlo al 1,5% en las condiciones actuales.

Según explicó, el debate de los economistas hoy está dividido entre distintas posturas, pues mientras algunos plantean aumentar impuestos, otros rechazan elevar el déficit, mientras que también se discute la calidad del gasto público.

En este punto, mencionó el peso de programas sociales como Hambre Cero, las transferencias a adultos mayores y el sistema de jubilaciones y pensiones.

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“No queremos estar en medio de ese conflicto, pero claramente hay un problema en la calidad del gasto”, sostuvo.

En cuanto al pasivo con las constructoras, Heisecke detalló que los últimos datos del sector hablan de unos US$ 220 millones en certificados de obra pendientes de pago, a los que se suman entre US$ 120 millones y US$ 130 millones en intereses, montos que siguen variando día a día.

Confian en nuevo ministro del MEF

En paralelo, destacó que el nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, inició mesas de trabajo con el sector, enfocadas en tres ejes: la reglamentación del factoraje o cesión de derechos, la ley para pagar los intereses y el plan de caja del presupuesto 2026.

Además, señaló que Lovera se comprometió a acelerar los desembolsos, lo que ya comenzó a materializarse con la habilitación de un primer plan de caja. “Nos pidió confianza en su gestión y hoy ya demostró que va a actuar”, indicó.

Aun así, el trasfondo sigue siendo la meta fiscal. Los compromisos acumulados —registrados o no plenamente en las cuentas— representan una presión adicional sobre las finanzas públicas y plantean interrogantes sobre la viabilidad del ajuste proyectado.

En ese contexto, el pago anunciado por el Gobierno aparece como una medida necesaria para sostener la actividad, pero también como un recordatorio de que el déficit no solo se mide en cifras oficiales, sino también en obligaciones pendientes que, tarde o temprano, deben ser cubiertas.

El mensaje, pronunciado en Caacupé, volvió a colocar en el centro del debate una preocupación recurrente dentro del discurso eclesial: la persistencia de la inequidad en un contexto marcado por brechas económicas profundas, exclusión y condiciones de vida desiguales que contrastan con el llamado a la fraternidad.

Valenzuela también apeló a la responsabilidad de las instituciones públicas y de quienes toman decisiones, al señalar la necesidad de “reparar las injusticias” desde el ámbito estatal. En ese sentido, sostuvo que no se trata únicamente de una reflexión espiritual, sino de una realidad concreta que exige políticas públicas sostenidas, mayor inversión social y voluntad política para generar cambios estructurales.

El llamado del obispo puso en discusión no solo el rol del Estado, sino también la responsabilidad colectiva frente a realidades que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

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Fraternidad lejana

El prelado indicó que, en la práctica cotidiana, la fraternidad hoy en día parece cada vez más lejana, casi una idea difícil de sostener frente a la realidad que viven amplios sectores de la población.

En su reflexión, apuntó a que Paraguay continúa arrastrando brechas sociales marcadas, profundas y persistentes, donde el acceso a la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo no solo es desigual, sino que, en muchos casos, depende del lugar de nacimiento o de las condiciones económicas de cada familia, incluso dentro de territorios cercanos a la capital espiritual del país.

En ese contexto, la invitación a la esperanza y a la fe, reiterada por el obispo, encuentra eco especialmente en momentos de crisis social y económica, cuando la población busca respuestas y contención.

Finalmente, monseñor enfatizó que el desafío, entonces, es que esa esperanza no se convierta en un refugio pasivo ni en una aceptación resignada de la realidad, sino en un motor que impulse a la ciudadanía, a las instituciones y a los actores sociales a exigir y a promover cambios reales y sostenibles.

En una ciudad como Caacupé, donde la fe moviliza a miles de personas cada año y constituye un eje central de la vida comunitaria, el discurso religioso tiene un peso significativo no solo en lo espiritual, sino también en lo social y cultural.

Por ello, la pregunta que queda abierta es si ese mensaje logrará trascender los muros del templo para convertirse en un impulso colectivo, capaz de interpelar a la sociedad y contribuir de manera efectiva a enfrentar las desigualdades que siguen afectando a miles de paraguayos en el día a día, expresó Mons. Valenzuela.

Obispo de Caacupé pidió rebelarse ante la miseria y la humillación

La víctima fatal fue el piloto, identificado como general (R) Fernando Noldin, quien perdió la vida a raíz de un trauma torácico.

El otro tripulante y los dos pasajeros, funcionarios de la empresa de caudales, fueron trasladados a hospitales de la zona para su atención.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la aeronave sufrió una falla en el motor.

Esto informó la Dinac sobre el mortal accidente aéreo en Minga Guazú

General Noldin, testigo de la tragedia aérea de la FAP

Hace cinco años, Noldin fue testigo del recordado caso de la avioneta de las Fuerzas Aéreas Paraguayas que cayó en el predio de la Base Aérea Ñu Guasu y dejó como saldo siete muertos y un herido, en 2021.

Divulgan última comunicación entre torre de control y Cessna siniestrado

El piloto militar retirado comentó en aquel momento que había compartido minutos antes en Fuerte Olimpo con toda la tripulación del avión siniestrado. Él volaba una nave civil que circulaba a unos 10 kilómetros detrás de dicho avión y vio cuando se produjo el accidente.

“Compartimos un almuerzo con el teniente coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, piloto del avión siniestrado. Ellos ya estaban allí por una misión militar. Almorzamos, vi cuando subieron y salí detrás de ellos”, mencionó.

Madre de José Zavan lamenta que el Estado nunca se hizo responsable por el accidente de su hijo

“Veníamos uno detrás del otro, yo venía a unos 10 kilómetros detrás de él. Hicimos contacto con la torre, se comunicó la llegada, pero después ya no se supo de él”, relató.

Todo quedó grabado en un audio que se difunde a continuación.

El general Fernando Noldin Romero fue comandante de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) hasta su remoción en 2012 en el gobierno de Federico Franco.

La continuidad del debate está prevista para este lunes y, según señaló a nuestro diario el fiscal antidrogas, César Sosa, estaría culminando la etapa de producción de pruebas con la exhibición de más evidencias contra los acusados, para que en otra jornada ya se pueda ingresar a la fase conclusiva con la presentación de alegatos finales por la Fiscalía y por las defensas.

https://www.abc.com.py/policiales/2023/05/29/caso-navis-seis-supuestos-narcotraficantes-afrontaran-juicio/

En esta causa también están acusados y siendo juzgados el cuñado de Balbuena, Reinaldo David Delvalle Mendoza (29), alias Tito, Julio Antonio Acevedo Hauron (63) y su hijo Julio Alejandro Asunción Acevedo Spaini (39), así como el ucraniano Viktor Melnyk, por los hechos de tenencia, comercialización, tráfico de drogas y asociación criminal por la Ley Nº 1340/88 y sus modificatorias.

Igualmente afronta cargos penales el peón de la estancia de Balbuena en Eusebio Ayala, Críspulo Monzón Acosta (47), específicamente por el hecho de tenencia de drogas peligrosas, en calidad de cómplice y por asociación criminal por la Ley Nº 1340/88 en calidad de coautor.

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El representante del Ministerio Público consideró como de altísimo valor y principal los datos que fueron extraídos de los celulares de los acusados. Esto entre todas las pruebas ofrecidas de cara al juicio, como análisis hechos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En otro momento refirió “en este tipo de investigación, cuando hay aplicación de técnica especial (sobre escuchas telefónicas), es lo más importante, en gran medida, porque a raíz de las escuchas, por ejemplo, se pudo conocer la estructura, sus miembros y también, se pudo llegar al día del allanamiento”.

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Añadió Sosa que mediante el seguimiento que hizo la Senad a través de las comunicaciones telefónicas interceptadas, bajo autorización judicial, es que se pudo incautar los 947 kilos de cocaína, que entonces, ya estaba siendo alistada para su movilización y posterior exportación al exterior.

En otro momento, el fiscal César Sosa expuso que en su análisis los investigadores de la Senad señalan que Balbuena y los demás acusados, operaban desde hace tiempo ya, al menos con la introducción de droga desde Bolivia.

Por otra parte, Sosa mencionó que si bien él puede sostener su acusación y atribuir los hechos, considerados probados en el juicio, al momento de presentar sus alegatos, el Colegiado también puede considerar otros ilícitos por eso “los tribunales hacen las advertencias a los procesados de que por la complejidad, de la producción de pruebas pueden llegar a considerar otros hechos conexos”.

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Estructura era dirigida por Fernando Balbuena, según Fiscalía

Datos obtenidos por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) daban cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que funcionaba en nuestro país, en la cual estaban involucrados paraguayos y un ucraniano.

El grupo paraguayo actuaba en coordinación con organizaciones extranjeras, siendo el primero el encargado de recibir las cargas en suelo nacional, puntualmente en la ciudad de Arroyos y Esteros para su posterior traslado a Eusebio Ayala, donde eran acopiadas para su remisión al exterior con productos lícitos, contaminados con la droga, siendo el destino final Europa.

Siguiendo el esquema descrito, el 8 de enero de 2022, el grupo supuestamente dirigido por Fernando Balbuena recibió un cargamento en un predio de Arroyos y Esteros, que se habría concretado con dos vuelos irregulares, y para su posterior exportación se planificó la adquisición de empresas constituidas y modificarlas a fin de no levantar sospechas, para enviar la droga “contaminando” los contenedores con productos lícitos.

Es así que Fernando Balbuena, durante el tiempo de operación, actuó en concierto con varias personas, siendo el organizador de las actividades a llevar a cabo para concretar los negocios, tanto de recepción en Paraguay como el envío al exterior de sustancias. El mismo llevaba realizando dichas actividades desde el 2019, siempre según la acusación.

Cuñado de Balbuena hacía los trabajos importantes

Balbuena también era dueño de una granja en Eusebio Ayala, que fue acondicionada para ocultar el cargamento de sustancias estupefacientes. Para todas las actividades, Balbuena se valió de colaboradores como Reinaldo David Delvalle Mendoza, su cuñado y persona de confianza, quien se encargó del trabajo de logística, así como la recepción de cargas para su traslado a los puntos establecidos e indicados por Fernando Balbuena.

El 20 de noviembre de 2021, Reinaldo Delvalle trasladó a dos hombres quienes a través de un vuelo irregular debían mover la carga. Sin embargo, estos sufrieron un accidente, por lo que fueron auxiliados por Delvalle. También, el 8 de enero de 2022 transportó bidones de combustible de aviación para reabastecer a las aeronaves que introdujeron la cocaína desde Bolivia hasta Arroyos y Esteros.

Relación de Fernando Balbuena con el ucraniano Viktor Melnyk

Otro de los integrantes relevantes de la organización, siempre según el Ministerio Público, es Viktor Melnyk, alias Putin o Ruso, con quien Balbuena se reunió en varias ocasiones y a quien se le asignó la tarea de contactar con personas del extranjero interesadas en adquirir el producto, además de trazar las rutas y la logística necesaria para el envío los cargamentos desde Sudamérica a Europa.

Para la remisión de los cargamentos, la red criminal utilizó las terminales portuarias, en virtud a presuntos vínculos que Melnyk tenía en diferentes países, ya que habría trabajado y vivido en España, por ejemplo, como también habría viajado a varios países europeos y americanos.

El 18 de agosto de 2021, Fernando Balbuena y Reinaldo Delvalle se reunieron con Melnyk en el Shopping Pinedo de San Lorenzo a fin de concretar las negociaciones respecto al envío de cargamentos de sustancias al extranjero. El 30 de agosto de 2021, se reunieron nuevamente en el mismo lugar.

Además, se tiene información de que Fernando Balbuena logró remitir con éxito un cargamento de estupefacientes al exterior, pero que logró cobrar por él, por lo que se sirvió de los contactos de Melnyk, para que este último actúe como nexo para procurar el cobro de ese dinero.

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Exdirector de Tacumbú

El grupo de Balbuena creció y, en ese marco, contactó con Julio Antonio Acevedo Haurón –condenado por su complicidad en hechos relacionados a pornografía infantil dentro del penal de Tacumbú cuando ocupaba el cargo de director del recinto–, quien captaba colaboradores para la estructura y constituía empresas ficticias, a través de las cuales se enviaba la sustancia.

En esas funciones, Julio contactó con su hijo Julio Alejandro Acevedo, el 28 de diciembre de 2021, para convencerlo de que forme parte de la red en la función de transportista.

Como presuntos colaboradores de la estructura se tiene el dato de que el 7 de enero Julio Alejandro recogió una importante carga de droga de una pista clandestina en Arroyos y Esteros y la llevó hasta la granja de Eusebio Ayala, perteneciente a Bárbara Larissa Delvalle Mendoza, esposa de Balbuena.

En diciembre de 2019, Rodríguez, en su carácter de presidente de la Junta Municipal, firmó la resolución que autorizaba la emisión de los bonos G6. Un mes después, ya como intendente, tras la renuncia de Mario Ferreiro, el propio Nenecho ratificó la colocación de los G. 100.000 millones del total de los bonos G6 en el mercado de valores. Pese a estos documentos, recientemente el exintendente intentó “lavarse las manos” alegando en redes sociales que la deuda fue responsabilidad exclusiva de su antecesor, Mario Ferreiro.

Aunque el plan oficial contemplaba la intervención de diez espacios verdes, la realidad es que solo se intervino la plaza Naciones Unidas, ubicada en el barrio Mburicao. Ésta única obra sufrió retrasos injustificables.

La palada inicial se realizó recién en marzo de 2023, más de tres años después de emitidos los bonos. El proyecto, adjudicado inicialmente a la empresa D&D Arquitectura y Construcción SRL, de Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones (monto luego ampliado a G. 2.332 millones), demoró casi tres años en ser habilitado.

Plaza Naciones Unidas: “Símbolo” del fracaso de Nenecho

La finalización de la plaza Naciones Unidas no estuvo exenta de conflictos. El actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había resuelto, con aval de la Junta Municipal, la rescisión unilateral del contrato con la constructora en octubre de 2025 debido a los constantes incumplimientos.

En la Junta Municipal, la situación generó las críticas de todos los sectores. Hasta el cartismo, a través del concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), calificó al proyecto como el “símbolo” del fracaso de la gestión de Nenecho.

Aunque la contratista amenazó con entablar una demanda judicial contra la comuna alegando falta de pagos y errores en el proyecto, fuentes oficiales confirman que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación formal de acción judicial.

Tras años de espera, la plaza fue inaugurada el 16 de diciembre de 2025 con un concierto sinfónico. El acto fue utilizado por el exintendente Rodríguez, quien renunció en agosto de ese mismo año, como un intento de “reivindicación” de su gestión.

¿Y el resto de las obras?

Hasta hoy, la Municipalidad de Asunción no ha dado a conocer cuáles son las otras nueve plazas que debían ser beneficiadas con los fondos de los bonos G6.

ABC intentó obtener esta lista y detalles sobre el destino de los G. 10.000 millones, pero no hubo respuesta alguna por parte de la Dirección de Planeamiento Urbano.

Lo cierto es que los balances municipales revelan que el dinero de los bonos ya no existe en las cuentas bancarias de la institución.