“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, apuntó Ramírez.

Agregó que, por la autonomía de las universidades consagrada en la Constitución Nacional, el MEC no puede tomar intervención en las instituciones que estarían involucradas, por lo que derivan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Las primeras investigaciones datan del 2024, a través de denuncias anónimas que apuntaban a que profesores se inscribían a Concursos Públicos de Oposición (CPO), para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDDE). La fiscala Teresa Sosa Laconich fue la agente designada para la investigación. Actualmente, la cantidad de sospechas de diplomas universitarios no auténticos creció ampliamente.

La sospecha detrás de los 1.500 títulos falsos en el MEC

La fiscala Teresa Sosa, designada para la investigación inicial de los títulos falsos de docentes en la cartera educativa, indica que en primera instancia, la investigación incluyó a un pequeño grupo de profesores con títulos falsos.

“La denuncia era que muchos profesores habrían presentado sus títulos para el concurso público, sin haber realizado la carrera de maestro de Educación Escolar Básica (EEB). El MEC comenzó una investigación preliminar, que luego derivó al Ministerio Público”, indicó la agente.

Afirmó que dentro de la investigación, tomó conocimiento de la existencia de una “sospecha de 1.500 títulos falsos” aproximadamente. “Son personas que habrían presentado el registro de docente, que te habilita para enseñar en escuelas públicas y privadas. Algunos incluso son ya directores de instituciones educativas”, agregó.

Hasta la fecha, se confirman tres profesores imputados, quienes serían los “facilitadores” que son los que habrían hecho las inscripciones de estos títulos ante el MEC. Además, hay 9 docentes imputados, que son los que accedieron a estos cartones falsificados. En total, 12 personas imputadas.

Títulos falsos: indagan complicidad de funcionarios del MEC y el Cones

La fiscala Teresa Sosa explicó que tras la sospecha de los 1.500 títulos falsos, pidió al ministro de Educación, Luis Ramírez, que realice una auditoría al interior de esta institución, así como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

El tema de títulos falsos no solo abarca a docente, sino que a personas de diferentes profesiones que han presentado títulos falsos para obtener una matrícula como profesional, pero no están capacitados para realizar esa profesión, esa tarea, según la Fiscalía.

“Implica también una suerte de apoyo y trabajo en confidencia por parte de un sector administrativo dentro del MEC y del Cones, para que esto sea posible. Habría un grupo de funcionarios que colaborarían con la entrega de títulos falsos y la inscripción de esos títulos en las instituciones pertinentes", afirmó Sosa.

Remarcó que esta complicidad también hace que la tarea investigativa sea más compleja y resulte en varias aristas que se deben tomar en cuenta para seguir adelante.

¿Cuál es la universidad salpicada por los títulos falsos de imputados?

La agente del MP informó que sobre los diplomas universitarios de las personas hasta ahora imputadas, no existen dudas sobre las falsificaciones.

“No hay ninguna duda sobre la falsedad del título. Porque la universidad que supuestamente emitió, te dice yo no emití, no son las firmas, no los tengo en el listado, no pagaron matrícula, no son alumnos de ningún curso. Allí ya no hay ninguna duda”, manifestó Sosa.

Los títulos se le atribuyeron a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y sus autoridades son las que informaron que esas personas no están registradas ni conocen dato alguno de las mismas en esta casa de estudios.

Fiscala dice que Cones debe cerrar institutos que brindan títulos falsos

Sosa Laconich también mencionó que hay institutos de educación superior o universidades que sí otorgan títulos falsos a personas que, en su buena fe, se matriculan, pagan cuotas y asisten a todas las clases en un instituto o universidad, durante cuatro años para obtener la licenciatura en Educación.

“Esta es otra arista que debemos investigar. Son personas que invirtieron muchísimo dinero para estudiar de verdad, pero que resulta que los títulos que le dieron en estas instituciones son falsos, de entidades no acreditadas o o no habilitadas. El Cones realmente tiene que hacer un trabajo también para cerrar estos locales”, sentenció.

La medida de fuerza comenzó ayer, encabezada por los miembros de la comisión de ACE, quienes solicitan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un rubro para una docente reemplazante que desde 2025 está cubriendo el turno de una profesora que tenía a su cargo el 1º grado y que fue beneficiada con un permiso especial para someterse a un tratamiento médico.

Conforme a la manifestación de los padres de familia, cuando surgió este inconveniente recurrieron juntos a los representantes de la supervisión y la Dirección Departamental de Educación para gestionar un rubro para la profesora que fue designada para cumplir la tarea de enseñar a los niños del 1º grado.

En ese sentido, una de las madres de familia, Francisca Jara, comentó que en principio los representantes del Ministerio de Educación se comprometieron a que para el inicio de este año lectivo 2026 ya se iba a dar una respuesta favorable al pedido, pero que hasta el momento no se ha cumplido con ellos.

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Solución y no promesas

Seguidamente expresó que la comunidad educativa quiere soluciones y no promesas para levantar la medida de fuerza. Adelantó que van a continuar con sus reclamos hasta que tengan una salida favorable de parte de las autoridades del MEC.

“Nuestra posición es no levantar la manifestación y seguir insistiendo por el rubro para la profesora que está en clase sin cobrar nada. No puede ser que no haya rubro para alguien que trabaja, mientras que todos sabemos que cuando se trata de algún recomendado de políticos siempre se encuentra una rápida respuesta, por lo que nosotros tampoco vamos a quedarnos callados”, lamentó Francisca Jara.

Hay recursos

Por su lado, la directora departamental de Educación, Olga Servín, refirió que se está viendo la manera de dar una salida al problema, señalando que lo más factible en este momento es que uno de los docentes de la escuela se encargue de los niños del 1º grado, hasta tanto se consiga el rubro que reclaman los padres.

Asimismo, el director del local escolar, profesor Osvaldo Costa, expresó su enorme preocupación por lo que está aconteciendo en la casa de estudios y pidió a los responsables de la supervisión y de la Dirección Departamental que vean la manera de dar un corte definitivo al problema.

“Al haberse iniciado el juicio de los mayores, necesariamente los jueces deben excusarse en la causa del adolescente y remitirla para un nuevo sorteo”, señaló el agente fiscal.

El representante del Ministerio Público recordó que en Coronel Oviedo existe un solo Tribunal de Sentencia, por lo que será necesario recurrir a magistrados de otras jurisdicciones para la integración.

“Lastimosamente en la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un solo tribunal de sentencia. Debería integrarse con jueces de Caaguazú y J. Eulogio Estigarribia”, indicó.

Según explicó, la excusación deberá ser remitida al juez coordinador de la Circunscripción Judicial, quien tendrá a su cargo realizar el sorteo para la conformación del nuevo tribunal. Una vez integrado el órgano juzgador, su presidente deberá convocar nuevamente a las partes para fijar la fecha de inicio del juicio oral.

El adolescente permanece privado de libertad bajo una medida de internación en un centro especializado de la ciudad de Villarrica.

El mismo afronta acusación por los hechos punibles de feminicidio, previsto en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, y aborto, contemplado en el artículo 109 del Código Penal.

Juicio a los adultos ya está en marcha

Mientras tanto, el juicio oral y público contra los acusados mayores de edad en el caso ya comenzó formalmente. Segovia informó que durante la audiencia realizada el lunes se dio lectura al auto de apertura a juicio y las partes presentaron sus alegatos iniciales.

“Por fin hemos dado inicio formal al juicio con la lectura del auto de apertura. Igualmente se han formulado las alegaciones iniciales de Fiscalía, Querella y de las distintas defensas”, manifestó.

El fiscal precisó que desde este miércoles, a partir de las 8:00, se iniciará el diligenciamiento de las pruebas con las declaraciones de los procesados que deseen prestar testimonio ante el tribunal, para luego dar paso a las declaraciones testificales.

Segovia reconoció que la simultaneidad de ambos procesos podría generar dificultades debido a que una de las defensas interviene tanto en la causa del adolescente como en la de uno de los acusados mayores de edad, además de que el mismo equipo fiscal participa en ambos juicios.

No obstante, aseguró que el Ministerio Público buscará mecanismos para agilizar el desarrollo del juicio de los adultos y permitir posteriormente el inicio del proceso oral contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez.

Durante la sesión de esta mañana del Consejo de Administración, se abrió un debate crítico sobre la gestión académica y el rol social que debe cumplir el IPS en la formación de sus profesionales. Isaías Fretes, presidente del ente, y los consejeros, coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de supervisión más estrictos sobre los posgrados que se imparten mediante convenios con universidades.

IPS: “Especializaciones express” y riesgos asistenciales

La inquietud principal fue planteada tras conocerse casos de profesionales que, en paralelo a sus funciones asistenciales, cursan especializaciones de modalidad “express” los fines de semana.

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Las autoridades expresaron su preocupación de que esta metodología no garantice la calidad necesaria para el tratamiento de pacientes, lo que, según señalaron, representa un riesgo tanto para el médico como para el asegurado.

“Son irregularidades que ocurren; si permitimos posgrados que no cumplen con los estándares de excelencia, estamos comprometiendo la seguridad del paciente”, manifestó Fretes. Ante esto, el Consejo solicitó que el jefe de Docencia de la institución comparezca próximamente para exponer detalladamente los programas de posgrado vigentes y el sistema de evaluación aplicado.

Hacia la meritocracia y el fortalecimiento asistencial

El debate también abordó la necesidad de vincular la formación académica con los procesos de concurso interno y ascenso. Se enfatizó que, más allá de la antigüedad, el IPS debe priorizar la calidad académica y la pertinencia del posgrado para el área específica en la que el médico se desempeña.

“En el fondo es un engaño; es más, es un riesgo para la persona porque le van a dar un título y no va a estar capacitada para tratar pacientes”, advirtió el presidente del IPS.

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La Gerencia de Salud fue instruida para revisar los criterios de habilitación y, fundamentalmente, para asegurar que toda oferta educativa esté alineada con las necesidades reales del instituto. El objetivo es desestimular la formación académica que no aporte valor asistencial y fortalecer aquellas áreas donde existen mayores brechas, como la neonatología, que actualmente enfrenta una escasez de residentes.

La explosión destruyó la casa que alquilaba por Notario y todas las pertenencias que guardaba en su interior, entre ellas las máquinas del taller de confección su esposa.

El hombre contó que seguía despierto porque debía terminar un trabajo que tenía previsto entregar este martes, cuando a la 1:40 de la madrugada comenzó a escuchar intensos de disparos.

“Apagué mi computadora y fui donde estaba mi señora durmiendo mis tres hijos. Le dije que parecía que había un asalto. Nos fuimos hacia el taller de costura que está al fondo de la casa y ahí nos dimos cuenta de que el ruido venía del Banco Familiar, cuya bóveda colinda con nuestra pared”, explicó.

Ante esa situación, la familia decidió refugiarse en un baño y, apenas unos minutos después, se produjo la primera detonación que destruyó el taller donde inicialmente intentaron refugiarse.

“Esto es un milagro de Dios, porque no hay otra explicación. Si uno entra ahora y ve cómo quedó todo, se da cuenta de que podríamos haber muerto”, manifestó.

Notario relató que el humo que se generó tras la explosión hicieron imposible la visibilidad dentro de la vivienda.

“No se veía absolutamente nada. Prendía la luz del celular y no veía nada. Era impresionante el polvo. Lo más terrible fue eso. Si no lográbamos salir rápido, nos íbamos a asfixiar”, afirmó.

Con mucha dificultad logró sacar primero a uno de sus hijos, de cinco años, para luego regresar por su esposa y los otros dos menores, de 8 y 10 años.

Según relató, cuando finalmente lograron cruzar hacia la vivienda de una vecina para ponerse a salvo, se registró una segunda explosión.

“Corrimos y nos refugiamos en la casa de la vecina. Si seguíamos dentro de la vivienda, probablemente no estaríamos contando esta historia”, señaló.

Para empeorar, fue demorado

Además de perder todas sus pertenencias, el hombre también enfrentó una difícil situación posterior al ataque. Debido a una confusión, fue demorado aproximadamente cuatro horas, hasta que se aclaró lo sucedido.

“Estuve casi cuatro horas demorado. Pero más allá de eso, lo importante es que mis hijos están vivos. Todo lo material se puede recuperar. Después de ver lo que pasó acá, solo puedo decir que esto fue un milagro”, finalizó.

Por el lado paraguayo, el recorrido fue guiado por el viceministro del MITIC, Klaus Pistilli, a quien acompañaron los directores de infraestructura y coordinación del proyecto tecnológico.

“Esta es una iniciativa estratégica, orientada a fortalecer las capacidades de inteligencia artificial, computación de alto desempeño e infraestructura digital de ambos países”, destacaron las autoridades durante la verificación del terreno, según publicó el MITIC en su página.

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Adjudicación y fase inicial de 10 MW

El espacio destinado en Chaco’i albergará primero el Centro de Datos del Estado. Según los datos oficiales, el proyecto modular de esta sede ya fue adjudicado y que se encuentra esperando la firma del contrato.

Estas adecuaciones estructurales servirán de base para la Fase I del centro binacional. Actualmente, el proyecto compartido se encuentra en pleno estudio de factibilidad, de análisis de la demanda, así como en los aspectos regulatorios.

La planificación inicial contempla arrancar con una capacidad de 10 megavatios (MW) de cómputo, que servirá como plan piloto para verificar su viabilidad operativa antes de expandirse.

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“Yguazú Digital” y el inmenso impacto energético

El complejo, estructurado inicialmente bajo el nombre de “Yguazú Digital”, funcionará con un modelo de participación equitativa de capital (50/50) entre Paraguay y el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo (ICDF) de Taiwán.

El verdadero desafío logístico y de recursos del Estado llegará en las siguientes etapas. La Fase II prevé un salto de capacidad a 100 MW con un claro enfoque de servicio regional.

Para la Fase III, el plan proyecta un centro de datos de hiperescala que consumirá 1 gigavatio (1.000 MW). Esto representa casi cinco veces la potencia instalada la cental nacional de Acaray.

Para dimensionar el enorme requerimiento eléctrico que deberá garantizar Paraguay, esta cifra equivale a comprometer la producción de casi a la capacidad de una unidad y dela mitad de un segndo grupo de la central Itaipú Binacional.

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Privilegios diplomáticos y exclusividad

Un punto crítico del histórico memorando de entendimiento firmado entre ambos países es la creación de la figura jurídica denominada “Embajada de Datos Digitales”.

Este régimen especial otorgará a las instalaciones, servidores y datos almacenados en Chaco’i un estatus de inmunidades y privilegios diplomáticos, similares a los de una sede extranjera, que resta jurisdicción local sobre el manejo de esa información.

Además, el acuerdo impone a nuestro país una estricta cláusula de exclusividad. El Estado paraguayo tiene prohibido negociar o divulgar detalles técnicos del proyecto con terceros países mientras el vínculo permanezca vigente.

Los asaltantes detonaron explosivos en sucursales de los bancos GNB y Familiar e irrumpieron también en una sucursal de Ueno Bank y de la firma Santa Rita Cambios, llevándose una cantidad aún no determinada de dinero.

Durante el incidente se registró un enfrentamiento entre los asaltantes y agentes de la Policía, uno de los cuales incluso fue brevemente tomado como rehén por los atracadores, según informó hoy un jefe policial.

“Tuvieron control de toda el área central de la ciudad”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Adrián Urtlauf, concejal municipal de Santa Rita por el Partido Patria Querida, quien vive en la zona en que se produjeron los atracos, relató cómo se vivieron los acontecimientos.

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El concejal Urtlauf dijo que hubo entre 25 minutos y media hora de “disparos ininterrumpidos” y que se escuchaban tiros provenientes desde varios lugares distintos, por lo que dijo creer que los asaltantes se ubicaron en varios puntos para mantener controlada la zona en que están ubicados los bancos.

“Por media hora tuvieron control de toda el área central de la ciudad”, dijo. “Parecía el ‘mbokapu’ de Año Nuevo, por suerte nadie salió herido”, agregó.

Comisaría de Santa Rita tiene menos de 20 agentes

El edil de Santa Rita indicó que hace aproximadamente un mes y medio se produjo en Santa Rita una inusual ola de robos de vehículos, con hasta tres hechos de ese tipo por noche en ocasiones.

Agregó que, normalmente, la Comisaría 18ª de Santa Rosa tiene una dotación de 18 agentes distribuidos en tres turnos, por lo que en cada turno generalmente hay seis uniformados en actividad.

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Según dijo hoy a ABC Cardinal el comisario Juan Vega, director de la Policía Nacional en Alto Paraná, los asaltantes interceptaron a una patrullera que se hallaba en la zona al momento del asalto y tomaron momentáneamente como rehén a uno de sus ocupantes.

Posteriormente, se produjo un enfrentamiento a tiros entre los asaltantes y los policías, tras lo cual los sospechosos lograron escapar.

Otro punto a considerar, además de los mitos que existen sobre la donación, es que la sangre es un “medicamento” que tiene un periodo corto de vencimiento, por lo que es importante la constante renovación del stock.

El Programa Nacional de Sangre es el ente rector de la política de sangre del Paraguay, cuya función es la regulación y normativa de las políticas y planificación del sistema que contempla la red de servicios y abastecimiento, dirigida actualmente por Óscar Echeverría, quien explicó que se centran en conquistar dentro de la población a donantes o a personas solidarias a que sean donantes voluntarias de sangre.

“Es estadísticamente demostrada que es la forma de colecta de sangre segura. Tenemos varios tipos de donantes, la mayoría de las personas que donan actualmente en nuestro país son donantes que se les conoce como de reposición o familiares, son personas que vienen obligadas por la circunstancia que tienen un familiar o un amigo, un conocido que necesita sangre, entonces vienen a donar para esa persona”, indicó.

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Sangre desechada por infecciones detectadas

Contó que, en promedio, 5% de la sangre donada es desechada por detectar enfermedades infecciosas en la misma, es decir, de cada 100 donaciones, cinco tienen serología reactiva.

Agregó que el donante especial que buscan en el 100% de los casos es que sea voluntario y repetido, dado que estadísticamente está demostrado que tienen una sola donación de cada 1.000 que no se puede usar porque padece alguna enfermedad infecciosa.

“Nosotros estamos estadísticamente en un 20%, nos falta mucho para llegar a 100%. Pero el año pasado nosotros tuvimos 132.000 donaciones que hicieron posible trasladar a más de 350.000 pacientes internados en diferentes partes del país”, precisó.

Por su parte, Elsi Vargas, directora del Centro Nacional de Servicio de Sangre (Censsa), destacó el valor humano y solidario de lo que es la donación de sangre y de lo que es la importancia de la comunidad como una conexión entre el donante, el paciente y la cantidad de sangre que se pueda tener en stock.

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Recordó que los glóbulos rojos vencen en 42 días y están almacenados en una temperatura de 4 ºC a 8 ºC. Las plaquetas duran solamente 5 días y se almacenan con agitación constante entre 20 C y 22 ºC y el plasma, que es lo que se congela a -30 grados, dura 1 año.

Estudios de la sangre donada

Detalló que los estudios que se realizan a la sangre donada se realiza en tiempo real, por un sistema informático del Ministerio de Salud, que envían los resultados a todos los lugares de nuestro país para que la sangre como medicamento vital esté disponible para los pacientes.

Insistió en que la diferencia principal entre la sangre donada por un voluntario y un donante de reposición es que del primero solo existe entre el 2% y el 4% de desecho por alguna enfermedad infecciosa, mientras que un donante de reposición que dona para un familiar está hasta el 12% de tener alguna enfermedad y, por ende, de cada 100 donantes, 12 son desechados, e incluso a nivel nacional estamos al año con 15%.

“En total, más de 10.000 voluntarios tenemos en el país, que sigue siendo poco. Hay escasez, suele ser stock crítico en algunos meses del año, depende exclusivamente de las estaciones, como ahora hay mucha gente con gripe, hay mucha gente con problemas respiratorios, entonces nosotros tenemos también una afluencia menor de donantes”, detalló.

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Agregó que también los meses de fiestas como noviembre, diciembre, fin de año y las vacaciones también disminuye la donación de sangre, por lo que genera stock crítico.

“Nosotros podemos hacer una gran colecta para no tener escasez, pero colectar 1.000 de una vez en 42 días, igual ya me va a vencer. Entonces, constantemente tenemos que estar haciendo colectas para poder ir teniendo un stock suficiente y oportuno porque ese medicamento vital es la particularidad que tiene, viene de un ser humano, su insumo y vence”, explicó.

Requisitos para donar sangre

Óscar Echeverría recordó que un requisito para donar sangre es tener un estilo de vida saludable, para lo cual se hace un cuestionario que el donante tiene que llenar con la ayuda de un técnico especializado en selección de donantes.

En cuanto al requisito fundamental, es el peso, que debe ser mínimo de 50 kilogramos. Si el donante tuvo hepatitis, se le pregunta si tuvo antes de la adolescencia, que es hepatitis A, y puede donar sangre, pero en caso de haber tenido hepatitis después de la adolescencia, ya se presume que sea B o C, entonces no puede donar nunca más.

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Otro requisito es no tener heridas en el cuerpo. Si toma medicación, se le pregunta sobre esta, pero habitualmente no es un dato que le excluye donar.

“En general, la mayoría de nosotros estamos en condiciones de donar sangre. La donación no produce mareo ni disminución de defensa. Se hace un pequeño reposo después de la colecta de 2 a 3 minutos y posteriormente puede irse. Hay un mito que dice que la donación engorda al donante, eso es falso, lastimosamente no adelgaza, porque o si no estaríamos donando cada rato varias personas”, puntualizó.

Mitos por falta de información

Agregó que, como falta información a la población en general, se van creando varios mitos que hacen después difícil que esa persona se anime a donar, como por ejemplo que uno se puede contagiar de VIH o hepatitis durante el acto de donación, lo cual es totalmente falso, ya que todos los insumos que se utilizan son estériles y se usan por primera y única vez en el lugar de la donación.

De acuerdo a la legislación vigente, quienes se hacen tatuajes o piercings deben esperar un año para volver a donar, pero buscan cambiar la ley, ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció un lapso de tres meses tras la realización de estos para poder donar.

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Refirió que la falta de donantes es un problema de Latinoamérica y que, por la cantidad de habitantes que somos, deberíamos donar 25 millones de unidades año y se está donando entre 12 y 14 millones de unidades año.

“Por la cantidad de habitantes que somos, 6.100.000, un poquito más, deberíamos donar 130.000 año y el año pasado se donó 132.000. O sea, estamos en buena cantidad. El problema es que después se estudia esa sangre y un gran porcentaje se tiene que desechar. Entonces, lo que queremos mejorar es esa calidad de obtención de sangre segura con el donante voluntario”, insistió.

Donación de sangre en las empresas

Elsi Vargas contó que actualmente cuentan con convenios con más de 110 empresas que forman equipo con el Ministerio de Salud para poder hacer las colectas extramurales.

“La empresa que hoy nos está viendo que quiera sumarse puede contactar con el Censsa. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos también nuestro correo que es censsaparaguay@gmail.com. Nosotros vamos a enviar una persona que le va a guiar para poder organizar esa colecta”, precisó.

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Dijo que las colectas en las empresas se realizan con un coordinador que trabaja directamente con el Censsa y se establece un espacio dentro de la empresa donde hacer la colecta.

“Si bien la transfusión es un derecho de todos, la donación de sangre es un privilegio de gente sana y es un compromiso compartido entre el Gobierno, que es el Ministerio de Salud, y la comunidad. De nada nos sirve tener alta tecnología, tener todos los insumos, hospitales especializados, si no tenemos el brazo solidario de la comunidad que nos ayuda y colabora para poder tener ese insumo vital, porque el ser humano es una fábrica de vida en vida”, concluyó.

Sin embargo, los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Miryam Meza de López anularon las penas de 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, y ordenaron un nuevo juicio para aumentar las penas que debe cumplir Sandra Obertino y Adrián García.

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Con relación al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, condenado en el primer juicio oral a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad; el Tribunal de Apelaciones atendió los recursos planteados tanto por el Ministerio Público como por la querella, anuló la sentencia dictada y ordenó un nuevo juicio oral para el encausado.

El primer juicio oral finalizó el 22 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz, que en forma unánime dio por probado el hecho y dictó las penas señaladas, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo Franco, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

NOTICIA EN DESARROLLO

Durante ese periodo de tiempo solo realizarán atenciones en urgencias en los centros públicos de salud y quedarán suspendidas las consultas y cirugías programadas.

Frente a esta situación, el director general de Redes y Servicios, Gustavo Ortiz, comentó que tienen establecidas mesas de trabajo donde determinan las problemáticas y escuchan las inquietudes.

“Considero que debemos agotar todas las instancias, seguir hablando y fortalecer esa mesa de diálogo, pues no estamos ajenos a este pedido, pero debemos entender que los servicios de salud, a nivel nacional, deben estar garantizados”, señaló Ortiz.

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Por otra parte, sostuvo que tienen establecidos planes de contingencia cuando se presentan fines de semana largos o asuetos, cuando deben garantizar que la guardia esté cubierta.

Para finalizar, mencionó que a partir de ahora estarían evaluando que los médicos soliciten llevar adelante la mesa de trabajo, así como también ellos realizar la convocatoria para reunirse con los representes del Sindicato de Médicos.

La única mujer colorada que quedó como candidata a intendenta en Quyquyhó es la jefa del Registro Electoral de dicho municipio, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC-NZ), quien por la lista 2N, obtuvo 1.683 votos, en la cuestionada internas partidarias realizadas el 7 de este mes. Su adversario político del momento, Gabriel Derene, de la Lista 2A, había anunciado su retiro de la contienda electoral tras los incidentes registrados frente al local de votación el sábado 6 de este mes.

La previa de la jornada electoral estuvo marcada por una gresca protagonizada presuntamente por guardaespaldas del diputado Esteban Martín Samaniego, situación que derivó en la suspensión momentánea de las elecciones del domingo debido a la falta de garantías, por sospechas de manipulación de las maquinarias, tras la intervención del fiscal Leonardo Cáceres de Quiindy y en presencia de los apoderados se reanudó las elecciones pero el candidato Derene no participó de las elecciones.

Candidata con juicio oral pendiente

La candidata de la ANR, Medina Yegros, actual jefa distrital de la Justicia Electoral, busca convertirse en la sucesora de la administración encabezada por la intendenta Patricia Corvalán, quien también está procesada por enriquecimiento ilícito y asociación criminal en perjuicio de la Municipalidad. La funcionaria del TSJE afronta un proceso penal pendiente de juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

Según la acusación del fiscal anticorrupción, Silvio Corbeta, presentó acusación contra la candidata de la ANR por el supuesto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Quyquyhó, de G. 338.595.000. La candidata colorada busca consolidarse como continuadora del liderazgo político ejercido por el grupo conformado por el diputado Esteban Samaniego y su esposa Corvalán.

Este caso que involucra a la candidata, al parlamentario y la actual intendenta está en espera de que el juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de Asunción, fije audiencia preliminar para los procesados en este supuesto hecho ilícito.

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Mujeres liberales ganan espacio

En contraste con la ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) logró posicionar a tres mujeres como candidatas a intendentas en diferentes municipios del departamento.

En Quyquyhó fue electa como candidata la abogada Carolina Benítez, quien propone una gestión enfocada en el desarrollo local, el progreso y la generación de oportunidades para la ciudadanía.

Por su parte, en Mbuyapey, la exintendenta Ana Delvalle de Aponte ganó las internas liberales y buscará retornar a la administración municipal. Delvalle gobernó el distrito entre 2010 y 2015 y ahora intentará recuperar para el PLRA la intendencia que el partido perdió en el periodo 2021-2026.

En las elecciones generales de octubre deberá enfrentarse al actual intendente Luis Rojas, quien buscará la reelección.

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Finalmente, en Ybytymí fue electa como candidata del PLRA Gloria Capli, actual administradora de la Municipalidad local. La dirigente buscará retener el gobierno municipal para su partido en las próximas elecciones y evitar que la ANR recupere la administración comunal.

Por su parte, el Partido Colorado postula al concejal cartista Andrés Gastón (HC), quien aspira a llegar a la intendencia.

“Este proyecto es para aquellas parejas que acordaron terminar con su vínculo matrimonial. De lo contrario no”, aclaró la legisladora.

Según detalló, la modificación permitirá que ambos cónyuges comparezcan directamente ante un juez jurisdiccional para manifestar su voluntad de divorciarse, sin necesidad de atravesar largos procesos judiciales ni contratar representación legal.

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“Este proyecto es para que de forma directa un juez trate con ambos sin la necesidad de un abogado, sin pagar las tasas judiciales, los aranceles y también el tiempo que le lleva para lograr esto”, sostuvo.

Sin abogados y con menos gastos

La senadora argumentó que una de las principales barreras para concretar divorcios de mutuo consentimiento es el costo económico del proceso.

Indicó que durante sus recorridos por el país recibió reiterados reclamos de personas que, pese a estar separadas desde hace años, no pueden regularizar legalmente su situación porque no cuentan con recursos para afrontar los gastos judiciales.

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“Esta fue una inquietud que me hacían llegar la gente humilde que no tiene para pagar su divorcio porque el precio es inalcanzable, por así decirlo, inaccesible”, afirmó.

Samaniego remarcó que la iniciativa busca democratizar el acceso al divorcio para todos los sectores sociales, eliminando costos considerados innecesarios cuando existe pleno acuerdo entre las partes.

Parejas separadas hace años siguen legalmente casadas

La legisladora señaló que muchas personas ya reconstruyeron sus vidas y mantienen nuevas relaciones sentimentales, pero continúan legalmente unidas a sus exparejas debido a la complejidad del proceso de divorcio.

“Ya tomaron la decisión de separarse y lo hicieron acordando entre los dos. No pueden regularizar su relación con otras parejas que ya tienen porque legalmente siguen unidos”, explicó.

A su criterio, la situación genera inconvenientes personales y jurídicos que podrían resolverse mediante un procedimiento más simple y rápido.

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Consultada sobre una eventual resistencia de sectores vinculados al sistema judicial debido a la eliminación de aranceles, Samaniego aseguró que no conversó sobre el tema con autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, consideró que quienes podrían verse más afectados serían los profesionales del derecho que actualmente intervienen en estos procesos.

“No consulté con la Corte, pero sí con asesores jurídicos de mucho conocimiento sobre el tema. Finalmente esos aranceles son para los abogados, los abogados son los que se van a sentir afectados”, manifestó.

Aun así, sostuvo que el objetivo principal debe ser facilitar soluciones a los ciudadanos. “Lo que buscamos es que el paraguayo y la paraguaya vivan en paz”, añadió.

Espera media sanción en el Senado

La proyectista señaló que varias comisiones asesoras ya emitieron dictámenes favorables, aunque con modificaciones, y expresó confianza en que la iniciativa avance durante la sesión de este miércoles. “Espero que mañana se trate cuanto antes para que pueda pasar a la Cámara de Diputados y sea aprobado”, indicó.

Incluso, consideró que la propuesta podría reunir amplio respaldo político debido a que responde a una demanda ciudadana extendida. “No creo que haya un senador que no esté contento con esta propuesta debido a que son representantes de su gente en los distintos departamentos. Es un sentimiento generalizado, en particular de la gente humilde que tiene nuestro país”, concluyó.

Es una de las pocas celebraciones dedicadas al nacimiento de un santo, junto con la Navidad de Jesús y la Natividad de la Virgen María.

En ese contexto, la capital del departamento de Misiones —cuyo patrono protector es este santo— lo celebrará con toda la feligresía y la comunidad en general; se realizarán diversas actividades, tanto religiosas como tradicionales.

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Las actividades religiosas comprenden el novenario en honor a San Juan Bautista, que se inició el pasado 14 de junio y se extenderá hasta el día 22.

La víspera se celebrará el 23 de junio, mientras que la jornada central, el 24, comenzará con la tradicional serenata al santo patrono a las 7:00.

Por la tarde, a las 17:00, se oficiará la santa misa presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Al término de la eucaristía, se llevará a cabo la procesión con la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

Entre las celebraciones tradicionales y culturales que se desarrollan en toda la ciudad se encuentran las fiestas del sanjuanaso en los distintos barrios.

Uno de los eventos más destacados tendrá lugar el día 20 de junio, a partir de las 20:00, en el auditorio Agustín Barrios: se trata de “Noche de Raíces y Serenatas”.

La propuesta incluye un espectáculo musical en vivo, con la participación de artistas y músicos locales reconocidos, además de invitados procedentes de Asunción. El repertorio reunirá géneros tradicionales y populares —boleros, polkas, guaranias, valses, tangos y chamamés—, con especial protagonismo para los jóvenes talentos de la zona.

Otra actividad organizada para los festejos es el San Juan Ara Guasu, que se realizará el día 23 de junio como actividad previa a la festividad, en la plaza Boquerón desde las 18:00.

Allí habrá cantinas con distintas comidas típicas de la región: batiburrillo, chorizo sanjuanino, chatasca, y platos propios de la temporada como el pastel mandi’o, pajagua mascada, caburé y mbeju, entre otras delicias culinarias.

Para cerrar el programa patronal, el 28 de junio se llevará adelante el tradicional desfile de caballería y la fiesta campestre del Club 24 de Junio desde las 9:00. En esta actividad participarán diversas agrupaciones, tanto del departamento de Misiones como de otras zonas del país.

Meteorología: neblina y frío intenso este martes en Paraguay

“Esperamos que ingrese hacia el final de la jornada de ese jueves un sistema de tormentas desde la Argentina”, explicó el especialista.

Precisó que los primeros fenómenos se desarrollarían durante la noche en Ñeembucú y Misiones, para luego avanzar rápidamente hacia Asunción y los departamentos del centro del país.

¿Cuándo comenzarán las lluvias?

Ayala indicó que en la capital las precipitaciones comenzarían alrededor de la medianoche del jueves. “Ya el sistema de tormentas estaría sobre nuestra capital y eso se extiende en la madrugada y la mañana”, señaló.

El pronosticador agregó que el viernes será una jornada marcada por las lluvias y tormentas, especialmente durante las primeras horas del día. Incluso durante la tarde podrían persistir algunas lloviznas y abundante nubosidad, aunque la tendencia será a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

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Tormentas puntualmente intensas

Meteorología advirtió que algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidad importante. “Durante ese viernes, una jornada lluviosa con lluvias y tormentas puntualmente intensas a lo largo del día, principalmente durante la madrugada y la mañana”, manifestó Ayala.

Según explicó, los fenómenos más significativos se concentrarían inicialmente sobre la capital y el área Central, para luego desplazarse hacia el norte del territorio nacional.

El frío intenso volverá después de las lluvias

Tras el paso del sistema de tormentas, los vientos rotarán al sector sur y provocarán un nuevo descenso de la temperatura.

Sin embargo, Ayala aclaró que el frente previsto para el viernes no será el más intenso. El especialista adelantó que otro refuerzo de aire frío ingresará durante la noche del domingo. “Es el causante de traer una masa de aire mucho más fría”, indicó.

Detalló que para el lunes se esperan mínimas cercanas a los 13 °C, aunque la sensación térmica podría ubicarse entre tres y cuatro grados por debajo debido a los fuertes vientos del sur.

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Temperaturas de hasta 6 °C la próxima semana

El meteorólogo señaló que el ambiente más frío se sentirá entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, cuando la nueva masa de aire polar se establezca plenamente sobre el país. “Las mínimas podrían caer cerca de los 6 a 7 °C en principio”, adelantó.

Respecto al tradicional veranillo de San Juan, Ayala afirmó que por el momento no se observan condiciones favorables para un período cálido alrededor del 24 de junio. “Predominaría el ambiente frío, fresco”, concluyó, aunque no descartó que las temperaturas puedan aumentar ligeramente después de esa fecha.

La agente fiscal antidrogas Ingrid Cubilla había solicitado la autorización para la diligencia forense, sobre 4 celulares que fueron incautados en el procedimiento en el Hangar “Latitude”, del imputado David Wise, además de Celso Eduardo Lesme Cañete, encargado de la empresa de alquiler de vehículos, y César Valentín Martínez Denis, chofer de la miniban Hyundai en la que estaban siendo cargados los bolsones con droga.

Avión utilizado para el transporte de marihuana premium está valorado en unos US$ 4.000.000

Igualmente, el pedido es para que otros 4 teléfonos móviles de la marca iPhone, que fueron incautados el pasado 30 de mayo durante la constitución fiscal en el Hotel Aloft, de Asunción, dos de ellos propiedad de Marisol Rivas y los otros dos de Troy Vasquez.

A consideración de la agente del Ministerio Público, resulta necesaria y urgente la extracción de datos contenidos en los celulares y tarjetas SIM incautados, teniendo en cuenta que estos podrían contener información conducente para la pesquisa, principalmente en las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema.

Marihuana premium: puntos de pericia autorizados por la jueza

Según lo señalado por la magistrada en su resolución judicial, la Fiscalía indaga la presunta existencia de una red criminal integrada por los estadounidenses imputados David Thomas Wise, Troy Anthony Vasquez y Marisol Rivas, para introducir a Paraguay y por la posesión de drogas, presuntamente transportadas en una aeronave Challenger con matrícula N116HL; por lo que los datos a ser extraídos de los celulares y tarjetas SIM, resultarían idóneos, útiles e indispensables en la causa.

Es por esa razón que, la obtención de los elementos de convicción constituye una de las facetas útiles para el éxito de una pesquisa penal, permitiría confirmar o desvirtuar las hipótesis iniciales.

Además, la urgencia del Ministerio Público se funda en la naturaleza volátil de la evidencia digital pues el transcurso del tiempo también representa un riesgo inminente de pérdida o borrado de datos. En este sentido, se debe tener en cuenta que los dispositivos están expuestos a alteraciones por actualizaciones automáticas de software, fallas operativas o daños físicos en sus microchips, factores que tornarían irreversible la obtención de datos si la diligencia no se hace con prontitud.

En cuanto a las personas cuyos teléfonos fueron incautados, pero no están imputadas, la jueza refirió que “a los efectos de precautelar derechos y garantías procesales y constitucionales de terceros que eventualmente podrían verse involucrados según el contenido de la información a ser extraída, deberá notificarse al Defensor Público Especializado de Turno, a fin de que comparezca ante el Juzgado y ejerza el control efectivo del acto”.

Así, la jueza Rosarito Montanía dispuso como puntos de pericia la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo, historial y registro de llamadas, mensajes de texto SMS, mensajes de voz; archivos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema; de agendas telefónicas; de registros de realización de giros, de extracciones bancarias; de la descarga e instalación de aplicaciones de entes bancarios, financieros, cooperativas, comerciales y billeteras digitales; así como de archivos multimedia y otros más.

Para dicha tarea, fue designada el perito Informático licenciado Arturo David García Lezcano, dependiente del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía. El mismo deberá prestar juramento y asumir el cargo en audiencia prevista para el 26 de junio.

Avión utilizado para transportar marihuana premium está valorado en US$ 4.000.000

El 30 de mayo último fue interceptado un jet cargado con marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento que se enmarcó en el Programa Colibrí tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

Se trata de una aeronave Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.

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Dicha aeronave fue interceptada cuando se llevaba a cabo la descarga de ocho bolsones, que estaban siendo descargadas del avión y cargadas a una camioneta para su transporte. En los bolsos estaban distribuidas varias placas de marihuana premium que al momento de su pesaje totalizaron 261,6 kilos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por los investigadores, el tipo de droga que transportaron en la citada aeronave puede alcanzar un valor de hasta US$ 14.000 por kilo en el mercado brasileño, por lo que la carga incautada representa un perjuicio económico que ronda los US$ 3,6 millones para la red criminal involucradas.

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El avión Bombardier Challenger 601-3A cuenta con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo. En este caso, supuestamente transportó a un piloto que está prófugo, un copiloto, que inicialmente fue detenido y luego liberado, y otros tres ocupantes más quienes fueron procesados.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

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Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.

El conductor Jorge Javier Méndez fue alcanzado por un disparo efectuado contra su automóvil cuando cruzaba la intersección de la calle Camalote y la avenida Bruno Guggiari en horas de la madrugada del jueves 28 de mayo.

La presunción de los investigadores es que el hombre se vio en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos dedicados al tráfico de drogas en la zona.

Habrían disparado desde la gomería

En conversación con ABC Color, el subcomisario David Delgado, del Departamento de Homicidios de la Policía, explicó que la presunción -aparentemente corroborada por un análisis balístico- es que el disparo que hirió a Méndez fue efectuado desde la terraza de la gomería que fue allanada hoy.

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Por el momento, los investigadores descartan que la gomería sea un punto de distribución de drogas, ya que no hallaron estupefacientes en el sitio.

Un detenido y un arma incautada

El allanamiento resultó en la detención de un hombre, padre de una persona señalada como sospechosa de haber participado en el enfrentamiento que hirió al conductor de Bolt.

Según comentó a ABC la fiscal Verónica Mayor, el hombre fue detenido y sería procesado por posesión ilegal de un arma de fuego luego de que se encontrara en su habitación un revólver de calibre 22.

Sin embargo, la información preliminar que manejan los investigadores es que esa no sería el arma que realizó el disparo que hirió al conductor.

“En virtud del artículo 191 de la Constitución Nacional, solicito que esta cámara pueda considerar y aprobar mi desafuero para la causa número 4423/2026 (...), a efecto de que pueda hacer ejercicio y no rehuyendo a todo proceso de mi defensa técnica en la misma”, dijo Espínola.

El caso que motivó esta causa, que es investigada por la fiscal Mercedes Vera Monges, es con relación a un accidente de tránsito protagonizado por el diputado Espínola, donde colisionó con un motociclista, que tras varios días internado terminó falleciendo.

Según consta en el parte policial, el legislador quedó a auxiliar a la víctima y también dio negativo al alcotest.

Antes de la sesión y ya a sabiendas de la decisión que asumiría Espínola, el presidente interino de la Cámara de Diputados -ante la ausencia de Raúl Latorre-, Hugo Meza (ANR, B) chuleó la consultas sobre los otros 8 pedidos de desafuero cajoneados: el cartista Esteban Samaniego acumula cuatro por diferentes causas, los liberales Roya Torres y Cleto Giménez uno cada uno y el abdista Mauricio Espínola tiene otro pedido pendiente, el único con dictamen en contra por sospechas de contaminación política.

Analizarán “colección” de pedidos

“Y vamos a mirar esa colección (de pedidos cajoneados) a ver qué podemos hacer. Vamos a tocar en mesa directiva”, afirmó Meza, considerando que este caso solicitado por Espínola es “muy particular” porque se trató de un accidente.

Al ser insistido sobre si es que protegen sobre todo a Samaniego, que entre sus cuatro causas tiene una por presunta corrupción cuando era intendente de Quyquyhó, dijo que verán si pueden tratarlo en la reunión de mesa directiva.

“Debo ser honesto en que no hemos tratado hace un buen tiempo los pedidos de desafuero, entonces creo que es el momento de poder tocar y podemos mañana de mesa (directiva)”, insistió.

En el caso del líder de bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto, el argumento fue más burdo cuando se le preguntó por el “blindaje” a Samaniego.

“No es blindaje. La ley sigue su proceso. (...), creo que la ley lo sigue investigando”, alegó de forma descarada Del Puerto, pese a saber perfectamente y remarcado por los periodistas, de que precisamente los fueros impiden el avance de cualquier proceso penal.

Luego, apurado por la insistencia de las consultas, se excusó en cortar la entrevista diciendo que ya arrancaba la sesión.

Según los datos expuestos por Vaccotti en su cuenta de X @peztresojos, Atome se instaló en el país en 2021. Para el año 2022, firmó un contrato de compra de energía (PPA) por 60 MW, potencia que a finales de ese mismo año se duplicó. Ya en 2023, la firma aseguraba contractualmente 145 MW, pero la realidad en el terreno fue radicalmente distinta.

“La verdadera historia es que Atome nunca vino. Empezó a exigir y poner condiciones sin bilateralidad: dos veces se les expandió la potencia del PPA, de todas maneras no instalaron ni una subestación de isopor", fustigó Vaccotti de manera categórica sobre el nulo avance físico de la multinacional.

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El intento de torcer el brazo a la ANDE con un decreto

El conflicto escaló cuando la empresa intentó, mediante el decreto N.° 5307 del Poder Ejecutivo, asegurar beneficios tarifarios que la ANDE no estuvo dispuesta a ceder en detrimento de los recursos del Estado. Al no lograr ventajas excepcionales frente al resto de las industrias, iniciaron las advertencias de retiro.

“No logran torcer la voluntad de la ANDE con un decreto y ahora amenazan con irse. No es una tragedia que se vaya una empresa que, en realidad, nunca vino", sentenció el empresario de la criptominería, evidenciando el malestar del sector ante las presiones corporativas de firmas que no muestran obras reales.

Mientras Atome dilataba sus inversiones, el panorama local de consumo real avanzó, destaca. Vaccotti contrastó que, desde las primeras promesas de la multinacional hasta hoy, se instalaron unos 950 MW de Data Centers en diferentes puntos del país, logrando recuperar la energía que anteriormente se “fugaba” al Brasil.

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Industrias reales sostienen el 60% de los ingresos de la estatal

El crecimiento del sector industrial real implicó además la construcción de más de siete subestaciones privadas, las cuales hoy contribuyen directamente a la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en paralelo con las inversiones públicas, como la Subestación Valenzuela de la ANDE, resaltó.

“Estas nuevas industrias ya instaladas representan el 60% de los ingresos de la ANDE. Todas empezaron a operar mientras ATOME seguía cambiando las filminas de su presentación", apuntó de forma tajante el director de Penguin.

La coyuntura local de Atome coincide con un retroceso global de los megaproyectos de amoníaco e hidrógeno limpio, liderados por Yara, la empresa noruega de fertilizantes que supuestamente comprará el 100% de la producción de la planta en Villeta. En los últimos 18 meses, este sector sufrió duros reveses financieros internacionales que exponen la altísima volatilidad de estos planes.

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Entre los antecedentes se encuentra el Proyecto de Amoníaco Azul en la Costa del Golfo de EE.UU., planificado junto a BASF para producir 1,2 millones de toneladas anuales, el cual fue cancelado definitivamente en agosto de 2025 por falta de retornos financieros claros y debilidad regulatoria, contó Vaccotti.

Asimismo, a fines de 2024, la firma archivó sus proyectos de plantas de hidrógeno verde en Europa (específicamente en Noruega y Países Bajos) debido a que la economía de producción local resultó inviable, obligando a reevaluar todo su portafolio ante los vaivenes de los aranceles de carbono globales.

Desarrollo con “barro en los zapatos”

La polémica sigue abierta y sin una definición absoluta por parte del Gobierno ni de Atome, pero el debate instaló la necesidad de priorizar a los capitales que invierten y no a la especulación financiera de las firmas que condicionan al Estado.

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“Un país en vías de desarrollo crece con barro en los zapatos y trabajo, generando puentes para que todos, en conjunto, podamos transformar la matriz económica del país. Que se siga dando lugar a la gente que hace, a la que transforma realidades”, concluyó Vaccotti.

El ambicioso proyecto, diseñado para abarcar 180 hectáreas y 105 subcuencas urbanas, debía concluir en un plazo de doce meses. Sin embargo, a la fecha, los trabajos registran apenas un 30 por ciento de ejecución física.

A la alarmante lentitud de las tareas se suma el malestar generalizado por las promesas incumplidas de las autoridades.

El pasado 20 de mayo, durante una verificación en la zona, el intendente de Asunción, Luis Bello, aseguró públicamente que la calle Nuestra Señora del Carmen sería rehabilitada al tránsito en un periodo de 10 días. Transcurrido ese plazo, la importante arteria vial continúa completamente clausurada, agudizando el caos en el sector.

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Si bien la maquinaria sigue operando, los frentes de trabajo no logran convencer a la comunidad, que mira con extrema preocupación la calidad de las terminaciones. El descontento vecinal apunta principalmente a la falta de prolijidad y a las condiciones de inseguridad con las que conviven diariamente.

“Hace tiempo que estamos con esta situación. Si bien las obras están avanzando bastante lentas, ahora habilitaron un acceso para los vecinos del lugar, pero aún falta mucho para que se habilite al tránsito normal”, expresó David Aquino, residente afectado por las intervenciones.

Aquino lamentó el manejo logístico de la contratista y la vulnerabilidad a la que están expuestos los peatones: “Tenemos mucho desorden por parte de las personas que están trabajando acá y las terminaciones no son lo bastante seguras ni buenas, por lo que caminar por acá es un verdadero peligro”.

Un recorrido visual por el vecindario permite constatar la gravedad de las denuncias. Las veredas de las viviendas se encuentran totalmente destruidas como consecuencia de las excavaciones y el uso de maquinaria pesada.

Esta situación no solo impide el tránsito seguro de los frentistas, sino que bloquea por completo el ingreso de los vehículos a los garajes privados, aislando prácticamente a las familias.

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Ante el escenario de incertidumbre y abandono, los afectados exigen respuestas inmediatas y una fiscalización rigurosa por parte de la Comuna capitalina. “Que el intendente Luis Bello se haga responsable. Que cumpla sus promesas porque estamos aguantando ya casi un año. No estamos en contra del progreso, pero necesitamos que esta obra avance mucho más rápido”, concluyó Aquino.

A priori el inicio del juicio oral se había calendarizado para el pasado 3 de junio, pero el colegiado presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, atendió el pedido de la Abg. Noelia Núñez, quien solicitó la postergación debido al extenso caudal probatorio y alegando que el sistema penitenciario le otorga muy poco tiempo para preparar la defensa, junto a su representado.

Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues afrontará juicio desde junio

Actualmente Alexandre Rodrigues Gomes, quien fue acusado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por los hechos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal; cumple prisión preventiva en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, en Emboscada.

La Operación Pavo Real II se realizó el 19 de agosto de 2024, cuando los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres encabezaron allanamientos simultáneos en los domicilios de Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero. El primero fue detenido y el segundo perdió la vida al enfrentarse con policías que acompañaron el procedimiento.

Alexandre Rodrigues habría liderado esquema narco

El Ministerio Pública señala en la acusación que, entre los años 2019 y 2021, Alexandre Rodrigues Gomes lideró una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos; con base de operaciones en ciudades fronterizas del Departamento de Amambay.

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Dicha estructura criminal operaba en todas las etapas de la cadena delictiva: adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, ingreso al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales; resguardo, y transporte posterior al territorio brasileño y otros destinos internacionales, como el continente europeo, según la acusación.

En cuanto al hecho de narcotráfico, la Fiscalía señala a Alexandre Rodrigues Gomes como responsable del envío de 300 kilos de cocaína, con el logotipo de “HELLO KITTY”, a Sao Paulo, en fecha 1 de febrero de 2020; así como el tráfico de 2,780 kilogramos de sustancias ilícitas, en el período comprendido entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020.

Al hijo de Lalo Gomes le atribuyen también la remisión de 177 kilos de cocaína, con el logotipo de “Hello Kitty”, que tenían como destino final Paranagua (municipio de Brasil), que fueron incautados en fecha 31 de enero de 2020; y el envío de 360 kilos de cocaína en una avioneta bimotor, que fue incautada el 14 de noviembre del 2020, en el interior de Sao Paulo - Brasil, entre los municipios de Piracicaba y São Pedro.

Lavado de dinero atribuido al hijo de Lalo

A Alexandre Rodrigues Gomes se le atribuye haber estado vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y, en ese contexto, haber tenido participación en transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo que forman parte del patrimonio de la organización criminal y fueron adquiridas de manera irregular.

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“Rodrigues Gomes operaba con interlocutores vinculados a casas de cambio, a través de las cuales coordinaba la movilización de grandes sumas de dinero de origen ilícito. Estas operaciones formaban parte de una red transnacional dedicada al financiamiento de actividades ilícitas y al lavado de activos, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa”, destaca parte del escrito de acusación.

Concretamente, el Ministerio Público hace referencia a la adquisición irregular, en el año 2020, del establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay; por un precio de US$ 1.725.750.

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Al hijo de Lalo Gomes se le atribuye además haber realizado operaciones financieras sin sustento comercial, a título personal y también a través de las empresas de las cuales formaba parte (como Paraguay Autopartes SA), con personas físicas y jurídicas supuestamente vinculadas al narcotráfico, como Antonio Joaquim Da Mota, Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; Diego Isaac Benítez y las empresas vinculadas a ellos, entre los años 2017 y 2021; habiendo operado con diversos roles, en algunas ocasiones como lavador, en otras como financistas.

González dijo que se trataría de la misma gavilla responsable dos ataques ocurridos en e distrito de Naranjal, Coronel Bogado y otros asaltos de gran envergadura.

Prácticamente vaciaron dos bóvedas

En cuanto al dinero sustraído durante el ataque en Santa Rita, la fiscala detalló que en la bóveda del Banco Familiar se encontraron entre escombros solo G. 1 millón.

En el Banco GNB, los investigadores recogieron cuatro bolsas con dinero, cuyo monto aún está siendo contabilizado.

Asimismo, una vecina de la zona entregó a los intervinientes una bolsa que contenía aproximadamente 2.500 dólares y billetes de distintas denominaciones.

Respecto al Banco Ueno, se informó que no contaba con bóveda operativa, ya que su sistema de atención es online y no maneja grandes sumas de dinero en efectivo. En tanto, en la casa de cambios Santa Rita instalaron explosivos que no llegaron a detonar.

Atribuyen varios violentos asaltos a misma banda

Las investigaciones apuntan a que la estructura criminal ya habría participado en múltiples asaltos de gran escala en el país, de los cuales dos fueron perpetrados contra entidades financieras en Naranjal, como así también en el departamento de Itapúa.

El experto en explosivo que integra el grupo sería Kaio César Bonotto Cavalcante (34), alias “Bocón”, señalado como presunto integrante del Primer Comando Capital (PCC). El mismo figura entre los fugitivos más buscados de su país.

Según informó la institución, apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido activó de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y notificó a la Policía Nacional y a la empresa de seguridad privada encargada del resguardo de sus instalaciones.

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“Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas. Los daños ocasionados son exclusivamente materiales”, resaltaron

Asimismo, indicó que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y que la empresa continúa colaborando plenamente con los organismos encargados del caso.

Todavía no se determina el monto robado

La institución también aclaró que, por el momento, no puede confirmar el monto eventualmente sustraído, ya que la situación sigue siendo evaluada en conjunto con los investigadores.

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“Continuaremos aplicando los protocolos establecidos para este tipo de hechos y, a medida que contemos con información confirmada y relevante, la comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, agrega el comunicado.

Megaataque a bancos y casa de cambios

El hecho forma parte del megaataque perpetrado en la madrugada de este lunes en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. De acuerdo con los primeros reportes policiales, más de 20 delincuentes fuertemente armados atacaron con explosivos al menos tres entidades bancarias y una casa de cambios de la ciudad.

Los asaltantes habrían actuado de manera coordinada, utilizando vehículos para desplazarse y explosivos para intentar acceder a las bóvedas y cajeros automáticos. La magnitud del operativo criminal movilizó a numerosos agentes policiales y fiscales, quienes continúan recabando evidencias para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el monto total del dinero robado ni la identidad de los integrantes de la banda que ejecutó el ataque.

Los ataques tuvieron como objetivos sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank ubicados sobre la Ruta PY06, además de una casa de cambios. Los atacantes se movilizaban en al menos cinco vehículos.

Hubo un enfrentamiento entre la Policía y los asaltantes, quienes se movilizaban en al menos cinco vehículos y por un momento tomaron de rehén a uno de los uniformados.

“Creemos que es un grupo que se sigue reagrupando, porque en casi todos los eventos donde se han utilizado explosivos hemos llegado a identificar, a detener a parte del grupo, pero pasado un tiempo se vuelven a rearmar para continuar con estos atracos”, comentó el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero.

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El oficial apuntó que sospechan que existen financistas para que se puedan armar este tipo de grupos y brindar los recursos para contar con los materiales necesarios para armar este tipo de atracos.

“Estamos hablando con nuestros pares de Brasil y Argentina, atendiendo a que esta es una modalidad de robo que no solo se está en nuestro país”, mencionó.

El comandante señaló que se comunicó con el ministro del Interior para solicitarle su permiso para trasladarse hasta el lugar del atraco, donde sería mucho más útil por la experiencia con que cuenta en este tipo de eventos.

“Voy a acompañar el trabajo investigativo y observar el trabajo preventivo para ver si se puede mejorar la seguridad en la zona", concluyó.

“Los 80 diputados y 45 senadores tenemos que someternos a la prueba de rigor de cómo accedimos a nuestros títulos”, sostuvo Amarilla, al tiempo de abrir públicamente sus antecedentes académicos para cualquier verificación.

El legislador fue más allá y propuso extender el control a concejales, gobernadores, intendentes, ministros, al presidente de la República y al vicepresidente, mediante una revisión de los registros de diplomas obrantes en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Empezar por las mas sospechadas”, dice senadora

La propuesta generó la inmediata resistencia de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien sostuvo que una investigación tan amplia haría imposible avanzar en resultados concretos.

Según argumentó, la comisión debe concentrarse inicialmente en las instituciones que ya arrastran sospechas públicas sobre la expedición irregular de títulos.

“Tenemos que empezar con las más sospechadas. Para rápido frenar, en todo caso, que eso siga ocurriendo y obtener consecuencias sobre esos títulos falsos”, afirmó.

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La legisladora mencionó expresamente a la Universidad Sudamericana y otras instituciones privadas señaladas en diversas denuncias públicas.

“Hasta en el Senado hay funcionarios con títulos de la Sudamericana comprados”, lanzó durante el debate.

Celeste insistió en que no corresponde convertir a la comisión en una suerte de Fiscalía que revise masivamente los antecedentes de todos los egresados de universidades tradicionales como la Universidad Nacional de Asunción o la Universidad Católica.

“Comencemos puntualmente con la Sudamericana, con estas universidades de frontera, con estas que ya tienen denuncias”, remarcó.

El momento de máxima tensión

La discusión escaló cuando Dionisio Amarilla respondió que nunca había mencionado a una universidad en particular y que únicamente proponía acceder a los registros oficiales de diplomas como paso previo a cualquier investigación. “La aprehensión que demuestra la senadora no me extraña”, expresó.

Su dichos provocaron la reacción de la senadora quien desafío a Amarilla: “¡Pero andá a investigar, chamigo, y dejá de hablar al pedo! ¡Denunciame a la Fiscalía, que la Fiscalía intervenga la Uninorte!”, respondió visiblemente molesta.

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Lejos de detenerse, Celeste Amarilla cuestionó que la comisión pudiera convertirse en una herramienta para atacar a determinados legisladores. “¿Yo soy el objetivo de esta comisión?”, reclamó y consultó al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial, quien le negó la intención.

La senadora defendió nuevamente sus antecedentes académicos y desafió públicamente a cualquier investigación sobre sus títulos. “Estudié la carrera y tengo término medio cinco, punto. Si no te gusta la Uninorte, intervengan la Uninorte. No tengo ninguna aprehensión”, enfatizó.

Acusaciones de inseguridad y más cruces

La tensión continuó cuando Dionisio Amarilla volvió a tomar la palabra para sostener que la reacción de su colega demostraba “inseguridad”. “Me parece que esta señora no entiende de lo que se habla, no interpreta, no reflexiona”, disparó.

Posteriormente insistió en que la comisión necesita conocer primero cuántos diplomas fueron registrados oficialmente por cada universidad antes de seleccionar casos específicos para investigar. “El espíritu aprehensivo e inclusive belicoso que está mostrando esta señora demuestra inseguridad”, afirmó.

También señaló que una vez obtenidos los registros generales podrían analizarse universidades específicas, entre ellas la Sudamericana, la Uninorte o cualquier otra institución bajo sospecha.

La fiscala Rocío González ya lleva adelante las primeras diligencias con relación a los hechos perpetrados por un grupo tipo comando, conformado por al menos una veintena de asaltantes, que se distribuyeron para ejecutar ataques con explosivos en las sedes bancarias de GNB, Familiar y Uneo Bank.

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La decisión asumida por el encargado del Área X de Alto Paraná, tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas que se iniciaron tras los hechos criminales, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, así como la identificación y eventual procesamiento de los autores.

Los ataques a las entidades bancarias ocurrieron, según datos proveídos por la Policía Nacional, entre la 1:00 y la 1:30 de este martes. Los criminales emplearon explosivos para detonar las bóvedas y armas largas.

Tiroteo y un policía fue tomado como rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, relató a través de ABC Cardinal que los delincuentes sorprendieron a cuatro policías de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

Los cuatro uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de ellos. Este fue despojado de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria, para luego ser retenido como rehén.

Los otros tres policías descendieron y se parapetaron detrás de la patrullera, detenida al costado de la ruta.

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En otro momento, el jefe policial expuso que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron las violentadas.

Los asaltantes también irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. No habrían logrado sustraer dinero de la casa de cambios ni de Ueno Bank.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank “están bien”.

Incendiaron dos vehículos

Tras consumar el atraco, los asaltantes huyeron de Santa Rita y, para dificultar la persecución policial, incendiaron dos de sus vehículos: uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de la ciudad.

Además, esparcieron clavos “miguelito” en distintos puntos de la zona.

Expertos en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se encuentran en el sitio para desactivar la bomba que no lograron detonar los asaltantes.

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La cantidad de dinero que habría sido robada aún se desconoce.

El antecedente más reciente de un asalto con estas características en Alto Paraná se registró en febrero pasado, cuando alrededor de 15 delincuentes perpetraron un ataque con explosivos contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

El fiscal adjunto Celso Sanabria designó como fiscales coadyuvantes a los agentes Édgar Benítez y María del Carmen Meza, quienes acompañarán las diligencias investigativas encabezadas por la agente fiscal Rocío González, responsable de la causa.

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“La decisión tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación y eventual procesamiento de los responsables”, indicó el Ministerio Público.

Equipo policial en camino

Paralelamente, el subcomandante de la Policía, comisario Feliciano Martínez, y el director general de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, se encuentran en camino a Santa Rita para “supervisar personalmente los procedimientos, coordinar labores investigativas y fortalecer las acciones operativas desplegadas”.

Subcomandante confirma que dos bóvedas fueron destruidas y aún se desconoce el monto robado

La institución aseguró que se desarrollarán tareas preventivas, investigativas y técnicas, con el acompañamiento del Ministerio Público, para avanzar con todo el proceso investigativo.

Aquino explicó que intentó con otro grupo de agentes acudir al sitio para apoyar a sus subalternos, pero fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre poco antes de llegar al lugar.

“Tratamos de llegar para apoyar a nuestro personal, pero lastimosamente no se pudo porque fuimos repelidos por disparos de armas de grueso calibre”, mencionó.

El jefe policial confirmó que uno de los agentes fue tomado como rehén por los asaltantes y que este pidió a sus camaradas no responder al ataque. Otros tres que se encontraban en la patrullera lograron parapetarse en una canaleta, al costado de la ruta PY06.

“Posteriormente, gracias a Dios fue liberado y no sufrió lesiones. Solamente presentaba rasguños porque fue esposado”, afirmó.

El comisario Aquino dijo que los delincuentes actuaron con una muy buena planificación, ya que previamente incendiaron dos vehículos en los accesos y en la huida lanzaron clavos miguelitos.

“Ellos ya prepararon todo para impedir que llegáramos rápidamente al lugar. Incluso incendiaron vehículos y dejaron obstáculos para dificultar la persecución”, explicó.

“Nos vimos sobrepasados”

Aquino admitió que los agentes se vieron ampliamente superados tanto en número como en armamento por la banda de asaltantes. “Hicimos lo que pudimos, pero era imposible enfrentarlos. Eran más de 15 o 20 personas y estaban fuertemente armados”, relató.

La Policía confirmó que los atacantes actuaron con explosivos y armas largas y perpetraron los atracos entre la 1:00 y la 1:30.

En los videos del atraco a la Casa de Cambios Santa Rita se observa que dos delincuentes detonaron explosivos, rompieron los vidrios e ingresaron con armas de grueso calibre.

Subcomandante confirma que dos bóvedas fueron destruidas y aún se desconoce el monto robado

Allí, fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. Según los datos difundidos, no habrían logrado sustraer dinero de esta sucursal.

Enfrentamiento y toma de rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, detalló que los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de los cuatro efectivos policiales. Este fue despojado de un fusil y de su pistola reglamentaria, y fue tomado como rehén momentáneamente.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y se parapetaron al costado de la ruta, desde donde iniciaron un enfrentamiento a tiros con los delincuentes.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank que estaban de guardia se encuentran “bien”.

Desde el sector privado se interpreta como una señal de alerta sobre la capacidad del Estado de sostener el volumen de inversión requerido para cumplir sus propias metas anuales y, con ello, apuntalar una parte relevante del ciclo económico.

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Lo ejecutado llega a solo US$ 218 millones

Según el Centro de Estudios Económicos de Capaco, para 2026 están previstos US$ 1.232 millones en obras públicas. Sin embargo, hasta mayo se habrían utilizado alrededor de US$ 218 millones, quedando cerca de US$ 1.014 millones por ejecutar en lo que resta del año.

En el informe emitido en las redes sociales del gremio detallan que el problema ya no es únicamente “bajo avance”, sino la necesidad de acelerar de manera sostenida para evitar que el presupuesto termine subejecutado.

“Esto significa que aún resta ejecutar US$ 1.014 millones para alcanzar el presupuesto vigente, lo que requerirá acelerar significativamente el ritmo de inversión durante los próximos meses”, expresó el gremio.

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Igualmente mencionaron que la ejecución de obras públicas es fundamental para sostener el empleo, dinamizar la cadena productiva y generar ingresos en todo el país.

“Desde Capaco destacamos la importancia de avanzar en una mayor ejecución presupuestaria que permita transformar los recursos asignados en infraestructura, oportunidades y desarrollo para los paraguayos”, señalan finalmente.

En ese contexto, y en contraste con el panorama que registra el emprendedurismo local, los supermercados y los bodegueros, que en fechas puntuales fueron beneficiados por la “fiebre albirroja”, los restaurantes enfrentan una realidad diferente, según el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), Oliver Gayet.

El gremialista señaló que los días en que juega la selección paraguaya representan para el rubro “una jornada de menor facturación”.

Menos movimiento de clientes

En conversación con ABC, explicó que estos establecimientos registran "menos movimiento" de comensales porque muchos paraguayos prefieren quedarse en sus casas para realizar la previa con un asado junto a amigos y familiares.

Aunque aclaró que los locales pueden transmitir los partidos en televisores para sus clientes, dijo que no está permitido hacerlo en pantallas gigantes pues existen varias reglas que deben cumplirse para evitar sanciones.

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Cumplir con las normas

“Si uno muestra el partido debe ser sin hacer promociones de 2 por 1 ni ninguna otra actividad comercial que permita obtener un rédito económico a partir de esa transmisión. Además, no se puede anunciar previamente que el partido será exhibido en el local”, explicó.

El empresario gastronómico comentó que algunos sitios gastronómicos optan por transmitir los encuentros sin promocionarlos previamente. Agregó que el cumplimiento de estas reglas es controlado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Asimismo, señaló que tampoco pueden utilizar palabras como “Mundial”, “Albirroja” o “FIFA” en acciones promocionales que guarden relación a los partidos.

“Es inviable (mostrar los partidos). Si tuviéramos que pagar una multa o una licencia para retransmitir los encuentros, sería imposible para cualquier restaurante”, afirmó.

Reducción del consumo

Gayet indicó que resulta difícil precisar las pérdidas que se generan los días de partidos de la Albirroja, aunque aseguró que se observa una reducción en el consumo y en la concurrencia de clientes, dado que los que asisten serían personas “no futboleras”.

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En ese sentido, reiteró que gran parte del gasto que normalmente se realiza en restaurantes se traslada a reuniones en los hogares, quintas o similares, donde familiares y amigos se congregan para seguir los encuentros de la selección paraguaya.

En su informe, la Superintendencia de Salud corroboró el grave error en el procedimiento de mastectomía y detectó numerosas falencias en la aplicación de los protocolos quirúrgicos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el titular de la Superintendencia de Salud, doctor Roberto Melgarejo, explicó que el informe ya fue remitido a la paciente y sus representantes legales, al IPS, al Ministerio de Salud y al Ministerio Público.

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“Se ha constatado que existieron graves falencias en el procedimiento quirúrgico”, dijo el doctor Melgarejo.

Manipulación del historial

Según comentó, la auditoría constató que el proceso previo a la intervención quirúrgica, incluyendo los estudios de diagnóstico, se realizaron de forma correcta y las indicaciones para la cirugía eran acertadas, a pesar de lo cual los médicos intervinientes extirparon la mama incorrecta.

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La auditoría pudo constatar también que, luego del procedimiento, hubo “manipulación” del sistema informático del hospital en un aparente intento de ocultar el error en el historial digital de la paciente, lo que revela que “el software es endeble, tiene muchísimas flaquezas y da la posibilidad de acceder y tocar documentaciones inherentes a un paciente”, dijo el superintendente.

Falta de seguimiento de protocolos

Más allá de lo grave de ese intento de manipulación, el doctor Melgarejo opinó que lo más preocupante sobre el caso es que los médicos y personal de blanco intervinientes no aplicaron –y algunos incluso afirmaron desconocer– el Protocolo de Cirugía Segura, una serie de indicaciones de procedimiento para quirófano de aplicación obligatoria tanto en centros asistenciales públicos como en privados.

Indicó que se obviaron pasos como la “pausa quirúrgica”, en la cual el jefe de cirugía debe tomar un momento antes del procedimiento para verificar por última vez la disponibilidad de medicamentos e insumos, el funcionamiento de los equipos y los parámetros del paciente.

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El doctor Melgarejo comentó que hay entre 12 y 14 personas en el alcance de la auditoría, desde los médicos y licenciados que tuvieron participación en la cirugía hasta personal de farmacia del Ingavi, debido a que también en la provisión de medicamentos a la paciente se observaron “descuidos muy importantes”.

Luego de que la Superintendencia de Salud entregó sus informes, queda en manos del IPS y del Ministerio de Salud tomar medidas administrativas como la apertura de sumarios a los involucrados.

El jefe policial confirmó que posteriormente procederán a la inspección de la bóveda del Banco GNB, que también fue destruida con explosivos. Hasta el momento no manejan una estimación sobre la cantidad de dinero robada durante el asalto.

Pretendían acceder a cuatro bóvedas

El objetivo de la banda era atacar cuatro entidades financieras ubicadas prácticamente una al lado de la otra en el centro de Santa Rita.

El subcomandante confirmó que los delincuentes instalaron explosivos en los cuatro locales, pero solamente lograron detonar GNB y Familiar.

“Los cuatro entes financieros eran el objetivo. En dos locales lograron explosionar las bóvedas y en otros dos instalaron los artefactos, pero no consiguieron detonar. Calculamos que, por la presencia de patrulleras que llegaron al lugar, no pudieron consumar totalmente el hecho. Estaban apurados por la presencia policial”, afirmó.

Aún no identifican al grupo criminal

Consultado sobre la posible participación de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), Martínez dijo que la investigación está en etapa muy incipiente.

“Es muy temprano todavía para determinar qué grupo está detrás del hecho. Recién están llegando más personal de investigación y se están recogiendo evidencias. Con el transcurso de las horas vamos a tener datos más concretos”, manifestó.

Demoraron a un vecina

Por su pate, el jefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario principal Óscar Adolfo Acuña, explicó que una vecina cuya casa está detrás de la bóveda del banco Familiar, entregó a los investigadores una bolsa cargada con dinero que cayó en su patio tras la explosión. Inicialmente fue demorada, pero luego de aclarar lo ocurrido fue liberada.

El economista Arnold Benítez analizó el documento publicado por el BCP y afirmó que el mismo “es útil si se lo tiene en cuenta como una explicación macroeconómica o una defensa institucional”.

Explicación oficial sobre la caída del dólar

Benítez refirió que “no hay nada extraño” en emitir un comunicado, ya que los bancos centrales no solo administran tasas, reservas y liquidez, sino también credibilidad y ella en momentos de tensión cambiaria, se sostiene con argumentos, datos y una narrativa consistente.

En esa línea, el economista refirió que la tesis del BCP es clara, ya que sostiene que la caída del dólar no sería consecuencia de una decisión puntual de política monetaria ni de una intervención excesiva.

Según explicó, la entidad atribuye el comportamiento de la divisa a fundamentos como la baja inflación, expectativas ancladas, la mejora del riesgo país, una mayor confianza en Paraguay, la debilidad internacional del dólar, el ingreso de divisas y una cosecha agrícola favorable.

“Es una explicación razonable, pero no completa. La economía rara vez se mueve por una sola causa. Y menos el tipo de cambio”, refirió el economista.

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Papel de la política monetaria en el comportamiento cambiario

Benítez dijo que el informe del BCP acierta al rechazar de que todo lo que pasa con el dólar se explica por la tasa de política monetaria.

“Paraguay no tiene por qué seguir mecánicamente a la Reserva Federal. Una economía con inflación controlada puede bajar tasas antes que Estados Unidos sin que eso implique irresponsabilidad”, dijo el analista.

Sin embargo, también dijo que sería exagerado decir que la tasa no incidió en nada. “En una economía pequeña, abierta y financieramente sensible, el diferencial de tasas importa. No explica todo, pero pesa”, aseguró.

En ese sentido dijo que las tasas pueden influir en expectativas, decisiones de cobertura, dolarización preventiva y apetito por instrumentos en moneda local. “La política monetaria no fue la única actriz de la película. Pero tampoco estuvo fuera del escenario”, resaltó.

Discusión sobre el supuesto desalineamiento del dólar

En esa línea, Benítez sostuvo que el punto más delicado del comunicado del BCP es otro, ya que el documento afirma de que el dólar estuvo “desalineado” durante el primer semestre de 2025.

“Puede ser cierto, pero el argumento queda corto. Que luego el tipo de cambio se haya corregido no prueba, por sí solo, que antes estaba fuera de lugar. Los precios no solo corrigen errores; también responden a cambios de flujos, expectativas y condiciones externas”, acotó Benítez.

El economista explicó que, para usar con fuerza la palabra “desalineamiento”, habría sido conveniente mostrar algo más como una estimación de tipo de cambio de equilibrio, rangos comparativos, evidencia regional ajustada por fundamentos o algún modelo que permita distinguir ruido de tendencia. Sin eso, el concepto queda demasiado cómodo para justificar la intervención posterior.

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Preocupación de exportadores e industriales

Benítez aseguró que la economía real mostró incomodidad. “Gremios exportadores, industriales y sectores vinculados al agro expresaron preocupación por la caída del dólar. No es una reacción caprichosa”, resaltó.

En ese sentido explicó que una empresa que exporta en dólares y paga salarios, fletes, servicios, impuestos y parte relevante de sus costos en guaraníes puede perder margen rápidamente cuando el tipo de cambio baja con velocidad.

“Ese deterioro no siempre aparece en los grandes agregados. Pero aparece en la caja. Y la caja suele ser más honesta que el promedio macroeconómico”, refirió.

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Intervenir o no intervenir: el desafío de la autoridad monetaria

Por otro lado, Benítez dijo que el BCP tiene razón al advertir que comprar dólares de forma masiva para sostener un precio puede generar costos.

“Puede expandir liquidez, obligar a esterilizar, afectar el balance del banco central y debilitar la señal de política monetaria. Un país serio no debe construir competitividad sobre un dólar artificialmente alto”, aseguró.

En ese sentido, refirió el analista que una cosa es fijar el tipo de cambio y otra la de suavizar movimientos bruscos. “La primera práctica distorsiona. La segunda, si está bien comunicada y acotada, puede evitar daños innecesarios”, anunció.

En ese sentido, Benítez dijo que el debate no debería plantearse como una elección entre dejar hacer todo al mercado o intervenir sin límite.

La gestión del riesgo cambiario, una tarea pendiente

Agregó que también hay una responsabilidad del sector privado. “Muchos agentes económicos en Paraguay todavía administran el riesgo cambiario con más intuición que método. Eso debe cambiar”, afirmó.

Benítez dijo que los exportadores e importadores, las empresas endeudadas en dólares y las compañías con ingresos y costos en monedas distintas necesitan incorporar herramientas de cobertura.

“No se trata de sofisticar por deporte, se trata de gestión básica. Forwards, futuros cuando estén plenamente disponibles, calce natural de monedas, límites internos de exposición, presupuestos con escenarios y políticas claras de cobertura”, explicó.

Resaltó que el dólar no puede ser tratado como “una sorpresa permanente” y que una empresa que depende del tipo de cambio debe “medirlo antes de sufrirlo”.

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BCP debe ser más preciso cuando interviene

Benítez dijo que el BCP debe explicar con precisión cuando interviene, por qué interviene y qué entiende por volatilidad excesiva, sin embargo, no sería serio pedirle que resuelva con reservas lo que muchas empresas aún no gestionan con instrumentos financieros.

“La lectura más equilibrada es que la apreciación del guaraní tiene fundamentos. Pero también tiene costos sectoriales, elementos externos, flujos puntuales y expectativas que se acomodaron rápido. El diagnóstico del BCP es sólido en su estructura, aunque demasiado cerrado en su conclusión”, reconoció Benítez.

El economista dijo que Paraguay tiene motivos para valorar su estabilidad, pero que la misma no debería confundirse con indiferencia al sector privado.

“El país no necesita un dólar ficticio. Necesita empresas más productivas, infraestructura más eficiente, financiamiento más profundo y mejor gestión de riesgos. También necesita una autoridad monetaria que comunique con la misma claridad técnica con la que defiende su posición”, dijo finalmente.

Los intervinientes relataron que el trabajador recibió el impacto con arma de fuego al pasar por una calle donde se estaban enfrentando a tiros dos grupos armados.

La operación de hoy se desarrolla en una gomería-bodega, ubicada a media cuadra de la avenida Bruno Guggiari. El objetivo es detener a los implicados en esta causa caratulada como intento de homicidio.

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¿Cómo se produjo el enfrentamiento?

Según detallaron los agentes de Investigaciones de la Policía, los integrantes de una pandilla treparon hasta la planta alta del comercio, donde también funciona un inquilinato, y desde allí se desarrolló el intercambio de disparos.

La víctima colateral se encontraba camino a buscar a un pasajero cuando recibió uno de los balazos.

Hasta el momento, no se brindó ningún detalle respecto a los resultados del allanamiento que se desarrolla desde esta madrugada.

Hoy, de vuelta figura como punto 9 del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados convocada para las 9:00.

El proyecto plantea aumentar las exigencias para evitar nuevos escándalos de designación como miembros del JEM a presuntos abogados truchos como el del exsenador cartista Hernán David Rivas o el exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista, ahora de Fuerza Republicana).

Ambos con presuntos títulos falsos, Rivas de la Universidad Sudamericana y Arévalo de la Universidad Leonardo DaVinci, incluso llegaron a presidir el JEM.

El proyecto en cuestión plantea establecer como requisito para ser designado miembro del JEM, ya sea en representación de Diputados o del Senado, además del título de abogado, poseer al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

Para esto, se pretende agregar al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021 orgánica de JEM, que los aspirantes a miembros del JEM puedan demostrar una década de experiencia ya sea como docente de derecho, como fiscal o juez y/o como abogado particular.

El punto de controversia del proyecto radica en el tiempo de mandato que actualmente es de 3 años, lo que genera un desencaje con el periodo legislativo que es de 5 años. Es decir, uno de los miembros completa los tres años, pero el segundo debe cortarlo si no es reelecto o se cambia de cámara.

También, a fin de evitar que los miembros se enquisten en el cargo y generen su “rosca”, los proyectistas plantean que el periodo de representación sea de solo un año.

Sin embargo, otra propuesta plantea un intermedio, es decir, que dure dos años y medio. Así cada representante tiene un periodo igual que coincide con el fin del mandato legislativo.

El boletín detalla que, en total, se ofrecen cerca de 50 tipos de cargos, sobre todo en áreas técnicas, operativas y de servicios. La idea es acercar a las personas que buscan trabajo con empresas que necesitan personal para cubrir puestos vinculados al rally y sus actividades.

Día del trabajador: Aumento del trabajo independiente y la subocupación marcan tendencia en mercado laboral en Paraguay

¿Qué trabajos se ofrecen?

Administración y finanzas: Administradores, auxiliares administrativos, contadores, auxiliares contables y oficiales de créditos.

Comercial y atención al cliente: Asesores de ventas, personal de atención al cliente, vendedores, encargados de ventas de salón, operadores de contact center y codificadores.

Logística y depósito: Auxiliares de depósito, auxiliares de logística, empaquetadores, estibadores, gondoleros y repositores.

Gastronomía y alimentación: Cocineros/as, ayudantes de cocina, panaderos, maestros panaderos, ayudantes de panadería, confiteros, ayudantes de confitero, carniceros, ayudantes de carnicería y operarios para la elaboración de embutidos.

Lea más: ¿Buscás trabajo? Visitá ABC Empleos

Oficios y soporte técnico: Electricistas, mecánicos, metalúrgicos, operadores de carpintería, técnicos en infraestructura y técnicos en mantenimiento.

Transporte y entrega: Choferes, ayudantes de chofer, personal de reparto y delivery.

Seguridad y servicios: Guardias de seguridad, vigilantes, personal de limpieza, mozos/as, nutricionistas, ayudantes de vidriería y jefes de personal.

Salario mínimo: trabajadores exigen 20% de aumento y protestan frente al Ministerio de Trabajo

Finalmente, el comunicado de la cartera estatal asegura que impulsa estas ferias con el fin de aprovechar los grandes eventos internacionales, facilitar la contratación de trabajadores, promover el empleo formal y ayudar a que más personas accedan a capacitaciones y mejores oportunidades laborales.

Ocupación laboral en Paraguay

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación en Paraguay ronda el 68,6% (unos 3,2 millones de personas).

Sin embargo, persisten grandes desafíos: la informalidad supera el 60%, cerca de 309.000 personas sufren de desempleo o subocupación, y más de 700.000 trabajadores activos ganan por debajo del salario mínimo.

Por otra parte, ayer feneció el plazo de respuesta para otro pedido de informes aprobado el 19 de mayo “sobre vínculos institucionales, acreditaciones y financiamiento de actividades de comunicación digital de terceros”. Al cierre de esta edición, no obraba respuesta oficial al Congreso en el Sistema de Información Legislativa (SILpy).

Este es mucho más detallado y comprometedor para el Gobierno, ya evidenciará la mentira, ya que habrá que ver si pese a las evidencias se animan a seguir negando la vinculación con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, presunto hombre en las sombras detrás de la campaña sucia que salpica al gobierno, tal como lo hicieron el propio presidente de la República, Santiago Peña, como el titular del Mitic, Gustavo Villate y su viceministra Alejandra Duarte Albospino.

Tanto Peña como sus subalternos habían negado que Villaverde opere desde la Presidencia, Mburuvicha Roga o el Mitic, mentira que cayó por tierra al publicarse videos en la sala de reuniones de la residencia presidencial, así como sus credenciales y viáticos de Presidencia, así como las resoluciones de designación de funciones en Mitic.

Como primer punto de dicho pedido de informes se solicitó “indicar si el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui posee o poseyó credenciales, fotochecks, pases oficiales o autorizaciones de acceso temporal o permanente a dependencias del Poder Ejecutivo (incluyendo la residencia presidencial de Mburuvicha Róga) y remitir copia fiel de dichos documentos y pases”.

Otra parte relevante de dicho informe refiere a la posible financiación de la campaña sucia a través de la agencia ligada a Villaverde, “Comunik”, no solo con posibles fondos de Mitic, sino también a través de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

Ante la falta de respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) que está amenazado con ser suspendido por criticar al gobierno y a la bancada cartista (pese a tener fueros para ello), adelantó que en la sesión de hoy de Diputados planteará la reiteración de varios pedidos de informes.

No solo sobre el proyecto anteriormente mencionado sino también sobre otro que fue congelado en comisiones, que requería al Mitic informes “sobre todas las acciones, denuncias o reportes realizados por el Mitic ante la plataforma Google y/o Meta contra páginas de desinformacón, noticias falsas o contenidos que afecten la imagen institucional del gobierno nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2026″.

Esto como complemento, ya que el 12 de mayo, la Cámara de Diputados remitió un pedido de informe similar. El 4 de junio pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) respondió a medias a los primeros pedidos de informes del Congreso sobre la “campaña sucia” contra políticos opositores y disidentes, así como a medios y periodistas críticos.

Escuetamente, solo reportó haber denunciado 2 cuentas de al menos 14 que operan de forma similar y se limitó a señalar ejecuciones vía DNCP.

También ignoran pedidos de ciudadanos

El 27 de abril, dos ciudadanos anónimos realizaron pedidos de AIP (N° 102205 y 102206), solicitando detalles que permitan identificar la “trazabilidad completa de campañas oficiales, pauta digital, proveedores, subcontratistas, cuentas publicitarias, contratos, pagos, informes y controles vinculados a la comunicación institucional del Poder Ejecutivo”.

Ambos pedidos requirieron datos desde enero de 2025, incluyendo eventuales vínculos con agencias nacionales o extranjeras, Digimarketing SAS, Despierta Paraguay, DPY u otras páginas o proveedores asociados a campañas digitales no institucionales."

De forma reactiva, ese mismo día, “comentaron” el pedido copiando el comunicado que había emitido el Mitic, sin que este refiera a lo solicitado.

El 21 de mayo, formalizaron la respuesta diciendo que “en el contexto de la información solicitada, se deja constancia de que lo consultado no guarda relación alguna con las gestiones administrativas del MITIC, los puntos solicitados en el presente pedido ya fueron aclarados a través de los comunicados oficiales del MITIC”, agregando un documento con solo 3 llamados por DNCP.

La insuficiente respuesta fue objetada con una solicitud de reconsideración.

En el segundo pedido, esa misma fecha, respondieron: “El MITIC, solamente mantiene vÍnculo con proveedores encargados de realizar la comunicación institucional oficial del gobierno, por tanto, no mantiene vínculos de ningún tipo relacionados a campañas digitales no institucionales”.

Ese mismo día, se presentó un pedido de reconsideración, detallando específicamente, punto por punto, las documentaciones referidas a pauta digital, incluyendo solicitud de facturas, reportes, informes de control y más. Hasta la fecha no fue respondido, venciendo el plazo de respuesta para ambos pedidos de AIP el próximo 19 de junio.

También, el 7 de mayo, un ciudadano hizo un pedido de AIP N° 102475 sobre la pauta en guaraníes destinada a influencers, el método de contratación y los montos adjudicados discriminados por influencers y periodo., además de salarios.

El 1 de junio respondieron diciendo que el Mitic “no ha realizado ningún proceso de licitación destinado a la contratación de influencers”, ignorando el convenio firmado con PTI-PY para tal fin.

De “pobre y barata mujer” calificó la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte María Carolina Llanes, en conversación con ABC Cardinal sobre los argumentos de la integrante de la máxima instancia judicial para rechazar la acción de inconstitucionalidad que planteó contra su expulsión de la Cámara Alta.

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Las declaraciones de la exlegisladora por el Partido Encuentro Nacional causaron diversas reacciones de los internautas en las redes sociales, entre ellos la jueza de Sentencia Dina Marchuk, quien integra uno de los tribunales de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y es conocida en el Poder Judicial como una de las “mimadas de la ministra Llanes”.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, comentó Marchuk debajo de la publicación realizada por ABC en Instagram. Éste comentario generó rápida reacción de los usuarios de la red social. “¿Corresponde que una jueza emita opiniones de este tipo? “Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear”, contestó uno de los internautas.

Otra respuesta al comentario del Marchuk señala: “Vos no sos juez también? ¿Y hablas así? Imaginate ir a buscar justicia y te encontrás con esta gente vendida!! Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear” (sic).

¿Es ético lo que hizo la jueza Marchuk?

Las reacciones de los internautas al comentario de la jueza de Sentencia Dina Marchuk evidencian la imagen negativa que tiene la población en general sobre el Poder Judicial, que de hecho está bastante desacreditada por la sumisión evidenciada por los ministros de la Corte ante el poder de turno.

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Fuentes judiciales señalan a Marchuk como una de las juezas protegidas por la ministra María Carolina Llanes, quien defiende las criticadas actuaciones de la magistrada en los casos que atiende como miembro del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Incluso, Marchuk sería muy amiga del abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra Carolina Llanes y a quien en ocasiones se lo ha visto en Tribunales visitando a la jueza de Sentencia, quien atiende las causas a implicados en crimen organizado, en las que el poder económico está detrás de los acusados de lavado de dinero, narcotráfico, entre otros hechos punibles.

En diversas ocasiones los propios ministros de Corte han exhortado a los jueces a cuidar su imagen personal y, en consecuencia, también el del Poder Judicial. Sin embargo, actuaciones como de la jueza Dina Marchuk generan todo tipo de conjeturas, incluso de sospechosas sobre sus posturas en causas grandes y consideradas emblemáticas.

Lo que dijo Kattya sobre la ministra Llanes

En conversación con el programa El Observador en ABC la exsenadora Kattya González cuestionó el “consejo” que dio la ministra María Carolina Llanes a los jueces y fiscales que asumieron sus cargos la semana pasada, sobre una “justicia independiente”.

La exparlamentaria manifestó que el fundamento de la ministra integrante de la Sala Penal de la Corte e integrante de la Sala Constitucional Ampliada que rechazó su acción, es una mentira y que Llanes “no tiene altura moral” para dar consejos a nadie.

“Carolina Llanes es una pobre y barata mujer. Ella se adhirió al voto del ministro Alberto Martínez Simón (para rechazar la acción de inconstitucionalidad), un voto que se fundamentó en una mentira y eso ocurre el resultado es una mentira”, resaltó Kattya González.

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Afirmó que cuando Carolina Llanes “no le sirva más al poder al cual se arrodilló, la van a tirar al basurero de la historia, sin que ella haya mantenido la dignidad y aquello por lo que juró cuando asumió como ministra de Corte”, según expresó la exlegisladora.

Los ataques tuvieron como objetivos sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank ubicados sobre la Ruta PY06, además de una casa de cambios. Según indicó el comisario Vega, los atacantes se movilizaban en al menos cinco vehículos.

Los asaltantes detonaron explosivos inicialmente en los locales de Banco Familiar y de GNB. También ingresaron al local de Ueno Bank, donde redujeron a un funcionario y a un guardia de seguridad, a quien despojaron de su arma de fuego.

Tiroteo y un policía tomado como rehén

El comisario Vega relató que los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

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Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de los cuatro efectivos policiales. Este fue despojado de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria, y fue tomado como rehén momentáneamente.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y se parapetaron al costado de la ruta.

El comisario general Vega explicó que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron violentadas.

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Los asaltantes también irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. No habrían logrado sustraer dinero de la casa de cambios ni de Ueno Bank.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank “están bien”.

Incendiaron dos vehículos

Tras consumar el atraco, los asaltantes huyeron de Santa Rita y, para dificultar la persecución policial, incendiaron dos de sus vehículos: uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de la ciudad.

Además, esparcieron clavos “miguelito” en distintos puntos de la zona.

Expertos en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se encuentran en el sitio para desactivar la bomba que no lograron detonar los asaltantes.

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La cantidad de dinero que habría sido robada aún se desconoce.

El antecedente más reciente de un asalto con estas características en Alto Paraná se registró en febrero pasado, cuando alrededor de 15 delincuentes perpetraron un ataque con explosivos contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Si bien se registraban neblinas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, al comenzar la jornada, no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay este martes.

Sí podrían registrarse precipitaciones mañana, miércoles, en algunas zonas del Chaco y el jueves en áreas del centro y sur del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

Este martes se registran temperaturas muy bajas, con 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer. Las máximas previstas para hoy son de 19 grados en la capital, 20 en Ciudad del Este y hasta 22 en el Chaco, con mínimas de hasta 6 grados en el Sur.

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 22 grados mañana en Asunción y 24 grados el jueves, y mínimas entre 10 y 15 grados.

El documento técnico, titulado “Diseño e implementación del régimen tarifario dolarizado y a plazo extendido para el suministro de electricidad a industrias estratégicas innovadoras”, plantea que la ANDE cree una tarifa especial, denominada "Convergencia Tecnológica“, para tres sectores: economía digital y datos (centros de datos para IA y computación de alto rendimiento), vectores energéticos (hidrógeno y amoníaco verde) y materiales avanzados (ferrosilicio, aluminio verde y precursores de semiconductores).

La propuesta fue enviada al Equipo Económico Nacional cuando el ministro de Industria seguía siendo el actual jefe de Gabinete, Javier Giménez. La misma se sostiene sobre dos ejes: rl primero, la fijación de tarifas en dólares estadounidenses, para “mitigar el riesgo de descalce cambiario”, tanto para los inversores como para la propia ANDE, que tiene pasivos dolarizados por la compra de potencia a las binacionales y el servicio de su deuda externa.

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El segundo eje es la estabilidad contractual por 10 años, con fórmulas de ajuste atadas al Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos, en lugar de la indexación actual basada en el IPC local. Según el documento, esa previsibilidad sería “condición sine qua non” para que los proyectos puedan acceder a financiamiento internacional.

El contexto: de los decretos a la marcha atrás

El documento llega como un elemento más de análisis en medio de la polémica generada por el contrato entre la ANDE y Atome, la empresa británica que proyecta instalar una planta de fertilizantes verdes en Villeta con una inversión de US$ 665 millones. Atome mantiene un contrato con la estatal desde 2022, cuya tarifa hoy se ubica entre US$ 33 y 34 por MWh, según declaraciones del propio Gobierno, pero la empresa reclama “previsibilidad” mediante una tarifa congelada en US$ 30/MWh por 15 años.

El Poder Ejecutivo había aprobado en enero de este año los decretos 5306, que creaba la figura de “industrias convergentes”, con tarifa especial para IA, Cómputo de Alto Rendimiento (HPC) y servicios en la nube; y 5307, para iniciativas “Power to X”, como hidrógeno y amoníaco verde. En abril, ambos fueron modificados por los decretos 5860 y 5861. El 5861 limitó el régimen a 250 MW, tras el rechazo de los gremios de la empresa estatal de electricidad, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA).

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Finalmente, el pasado 9 de junio, el Gobierno anunció la derogación de los citados decretos, según informaron el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, y el ministro de Industria, Marco Riquelme. Sin embargo, el Ejecutivo confirmó que el contrato de tarifa con Atome sigue vigente, aunque ya no la posibilidad del congelamiento de la misma por 15 años, que mantiene activa la negociación entre la ANDE y la futura planta.

Tarifa técnica versus tarifa ofrecida

Sitrande y técnicos de la estatal venían denunciando que la tarifa técnica real de la ANDE para el régimen de grandes clientes es de US$ 44,33 por MWh, muy por encima de los US$ 30 que reclama Atome qie se le fije por 15 años. Según los sindicalistas, esa diferencia representaría un "millonario subsidio" que terminaría siendo absorbido por todos los usuarios del servicio eléctrico mediante futuras modificaciones tarifarias.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, sostuvo que esa cifra de US$ 44,33 incluye pérdidas técnicas y no técnicas —es decir, el robo de energía—, que rondan el 24,5% del total comprado por la estatal. Argumentó que, al conectarse directamente en 220 kV, las pérdidas de Atome serían apenas del 3%, acercando el costo real al de generación, que estimó en torno a US$ 27-28 por MWh.

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Además, anunció que con la nueva incorporación de generación de energía eléctrica, cuya tecnología es más cara, el costo marginal de la ANDE será más caro. “Nuestra proyección es que al año 2043, el costo medio estaría aproximadamente en los 50 dólares“, explicó tras una reunión con socios de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, por su parte, defendió el acuerdo con Atome, calificándolo como “un pilar fundamental para la industrialización del país” y enfatizó el ahorro en pérdidas de transmisión y el potencial de sustitución de importaciones.

Lo que prometen y lo que advierten

El propio documento técnico - mencionado en el “Visto” de los decretos 5306 y 5307 de enero pasado- anticipaba un mecanismo de control. Establece que los proyectos beneficiados deberán someterse a revisiones técnicas periódicas a cargo del MIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la ANDE, para verificar que no deriven hacia actividades excluidas, como la minería de criptoactivos, bajo pena de rescisión inmediata del contrato y penalización retroactiva.

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Pese a esa salvaguarda planteada en el papel, los críticos del régimen especial creado por decreto, insisten en que el esquema compromete las reservas hidroenergéticas del país en momentos en que Paraguay pierde 6.933.583 MWh al año por robos y deficiencias técnicas.

Desde el sector privado, entretanto, el representante de Atome, James Spalding, sostuvo que el acuerdo "no significa daño patrimonial para la ANDE" y recordó que la propia estatal había reconocido un costo de generación de US$ 27 por MWh el año pasado. “Hoy con US$ 30 la ANDE no pierde dinero”, afirmó.

Qué sigue

Con los decretos 5306 y 5307 ya derogados, el futuro del contrato con Atome quedó en manos de una nueva negociación. El presidente de la ANDE señaló que continuará el diálogo con la empresa y no descartó que surjan "ideas creativas“. Entre ellas, desde el gobierno se habló de la posibilidad de que Itaipú compense a la ANDE por la diferencia tarifaria para destrabar el proyecto sin descartar la instalación de la planta en Villeta.

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El documento al que accedió ABC, sin embargo, queda como evidencia de que la lógica de tarifas dolarizadas y a largo plazo para “industrias convergentes” —el mismo concepto detrás de los decretos derogados— fue diseñada y elevada formalmente al equipo económico del Gobierno meses antes de que la polémica estallara públicamente.

Durante su discurso de despedida, Marcos Benítez manifestó que la jornada marca el inicio de grandes cosas para Coronel Oviedo. Agradeció a los habitantes de la ciudad por el acompañamiento brindado durante su gestión y destacó que el trabajo conjunto permitió concretar numerosos proyectos y sueños para la comunidad.

También expresó su reconocimiento a los 12 concejales municipales, resaltando la coordinación mantenida durante su administración. Señaló que deja el cargo contento, aunque no conforme, porque aún existen numerosos desafíos pendientes para el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, afirmó sentirse tranquilo por dejar la institución en manos de una persona joven y preparada para continuar con los proyectos encarados por la administración municipal.

Trabajar en conjunto, lo que dijo Cohene

Por su parte, Denis Cohene sostuvo que el compromiso asumido está por encima de cualquier diferencia política y que su principal objetivo será trabajar en conjunto por el desarrollo de Coronel Oviedo. Indicó que su gestión estará abierta a la ciudadanía, a la crítica constructiva y a la participación de todos los sectores.

El nuevo jefe comunal manifestó además que toda autoridad representa un servicio antes que una posición de poder y anunció que su administración tendrá como lema “Juntos construimos Coronel Oviedo”, con el propósito de impulsar una gestión participativa e inclusiva.

Del acto participaron además el senador Silvio Ovelar, el gobernador de Caaguazú Marcelo Soto y los diputados Carlos Godoy y Edgar Olmedo, además de autoridades locales, dirigentes partidarios y ciudadanos que acompañaron la ceremonia.

Durante la madrugada de este martes, el refugio recibió a sus primeros ocupantes. Según informó la coordinadora del albergue, Leticia Barboza, seis hombres ya pasaron la noche en el lugar, mientras equipos de la institución continúan recorriendo distintos puntos de la capital para asistir a personas expuestas al frío.

“Esta es nuestra primera noche oficialmente habilitada. Estamos recibiendo muchos reportes a través de WhatsApp y también mediante el sistema 911”, explicó.

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Asistencia en calle para quienes rechazan el traslado

Barboza indicó que la SEN cuenta con un móvil destinado a responder denuncias y pedidos de asistencia. Los equipos acuden a los sitios reportados para ofrecer traslado al refugio o brindar ayuda básica en caso de que las personas decidan permanecer en la vía pública.

De acuerdo con la coordinadora, ya se realizaron varias intervenciones durante las primeras horas de funcionamiento del albergue.

“Hay personas que prefieren quedarse en su lugar. En esos casos les asistimos con mantas y colchones para que puedan afrontar las bajas temperaturas”, señaló.

La activación del refugio depende de las condiciones climáticas y del monitoreo constante de los pronósticos meteorológicos.

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Se habilita cuando la temperatura baja a 10 grados

La SEN explicó que el protocolo de funcionamiento se activa cuando la temperatura desciende a los 10 grados centígrados o menos.

No obstante, si el frío persiste durante el día, el albergue permanece abierto de manera continua para garantizar la protección de los ocupantes.

“Cuando las bajas temperaturas se mantienen, el servicio funciona las 24 horas”, precisó Barboza.

La capacidad actual del espacio oscila entre 50 y 60 personas, según la disponibilidad de camas y sectores habilitados.

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Sectores diferenciados y espacio para madres con niños

El refugio cuenta con áreas separadas para hombres y mujeres. Además, dispone de una carpa especial destinada a madres con hijos pequeños, buscando ofrecer condiciones más adecuadas para los grupos vulnerables.

La coordinadora destacó que el objetivo es brindar no solo resguardo contra el frío, sino también alimentación y asistencia básica a quienes llegan al lugar.

Las personas alojadas reciben desayuno, almuerzo y cena, además de bebidas calientes para enfrentar las bajas temperaturas.

Albergue admite mascotas de personas en situación de calle

Una de las particularidades del albergue es la habilitación de un espacio pet friendly para quienes viven en la calle acompañados de sus animales.

Barboza aclaró que el sector está destinado exclusivamente a las mascotas de las personas que ingresan al refugio y no para animales abandonados.

“Muchas de estas personas tienen como compañía a sus mascotas. Por eso contamos con una carpa especial para que puedan ingresar con ellas”, explicó.

Asimismo, señaló que, en caso de ser necesario, se coordina asistencia médica con el Ministerio de Salud Pública y se realizan derivaciones a centros asistenciales cercanos.

El rendimiento promedio ponderado de los CDA en guaraníes fue de 9,59%, frente a 6,20% en dólares. La brecha de 3,39 puntos porcentuales marca una diferencia significativa para la cartera del IPS. No obstante, el mayor retorno en guaraníes no debe evaluarse de forma aislada: también incorpora riesgos asociados a inflación, liquidez, expectativas cambiarias y necesidad de compensar la exposición en moneda local.

Como se ha expuesto, las entidades financieras siguen captando recursos a tasas relativamente elevadas en guaraníes. Esto puede ser positivo para el IPS desde la perspectiva del rendimiento financiero, pero también refleja un costo relevante para el sistema. Si estas tasas se trasladan al crédito, pueden encarecer el financiamiento para empresas y familias, especialmente en un contexto donde la economía necesita inversión productiva, capital de trabajo y financiamiento de largo plazo.

En cuanto a la composición por entidad también se observa una concentración marcada de los recursos de la entidad. En guaraníes, Sudameris Bank SAECA lideró con G. 1,605 billones, seguido por Ueno Bank SA con G. 1,577 billones, el Banco Nacional de Fomento con G. 1,185 billones y el Banco Continental SAECA con G. 1,071 billones. Estas entidades concentraron más del 70% del total de los recursos previsionales colocados.

En dólares, la concentración también es elevada. Banco Basa SA encabezó la lista con US$ 27.900.000, seguido por Ueno Bank SA con US$ 27.427.000, Zeta Banco SAECA con US$ 21.200.000 y Banco Continental SAECA con US$ 18.731.750. Las mencionadas entidades igualmente explicaron cerca del 70% del total en dólares.

Este nivel de concentración plantea una señal de alerta: una porción relevante de los fondos del IPS colocados en CDA se encuentra distribuida en un grupo reducido de entidades. Esto exige monitoreo permanente sobre calificación, liquidez, exposición institucional y límites prudenciales de concentración.

El plazo promedio total de las inversiones fue de 4,69 años en guaraníes y 5,09 años en dólares. En principio, esto sugiere una preferencia por instrumentos de mediano plazo dentro de la cartera del IPS. Sin embargo, el plazo residual promedio fue bastante menor: 1,67 años en guaraníes y 1,98 años en dólares. Es decir, aunque los instrumentos fueron originalmente pactados a plazos cercanos a cinco años, buena parte ya se encuentra más próxima a su vencimiento.

Este punto es relevante porque puede anticipar necesidades de renovación de cartera en los próximos años. Si las condiciones de tasas cambian, el IPS deberá decidir si renueva sus colocaciones a rendimientos menores, migra hacia otros instrumentos o busca alternativas con mayor liquidez. Para las entidades financieras, esta estructura también representa un desafío: retener esos recursos puede requerir tasas competitivas, especialmente si aumenta la competencia por depósitos institucionales.

En un contexto financiero donde la estabilidad, la confianza y la liquidez son centrales, los CDA siguen como una herramienta relevante para canalizar recursos institucionales hacia el sistema financiero. No obstante, al tratarse de fondos del IPS, el análisis debe ir más allá de la tasa ofrecida. La evaluación debe incorporar la calificación de la entidad, el plazo residual, la moneda de emisión, la diversificación de la cartera y la capacidad del sistema para sostener condiciones competitivas sin trasladar excesivamente el costo financiero al crédito.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El operativo se realizó alrededor de las 16:20 sobre las calles Eusebio Lillo y Denis Roa, en Asunción, luego de que agentes policiales detectaran a los presuntos autores en plena acción.

Según el informe policial, los uniformados iniciaron una persecución que concluyó en la intersección de Eusebio Lillo y Malutín, donde lograron reducir a ambos ocupantes de una motocicleta.

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Uno de los detenidos era buscado por robo

Los intervenidos fueron identificados como Antonio David Benítez Rivarola, de 24 años, y Alexis Benjamín Segovia Recalde, también de 24 años.

Durante la verificación de antecedentes, los agentes constataron que Benítez Rivarola contaba con una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Penal de Garantías N° 5 de Asunción, en el marco de una causa por robo.

Por ese motivo, además de quedar aprehendido por el hecho investigado, fue puesto a disposición de la justicia para el cumplimiento de la medida pendiente.

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Recuperan celulares denunciados como robados

En poder de los sospechosos fueron hallados dos teléfonos celulares: un Samsung A24 de color gris y un Samsung A04 de color negro.

Posteriormente, dos personas se presentaron en la sede policial y reconocieron los aparatos, sindicando a los detenidos como los supuestos responsables del despojo.

Los dispositivos fueron recuperados y quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

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Investigan posible vínculo con otros asaltos

La Policía sospecha que los detenidos podrían estar relacionados con otros casos de robo de celulares registrados en distintas jurisdicciones de la capital.

De acuerdo con los investigadores, varias denuncias anteriores describían características similares de los presuntos autores y de la motocicleta utilizada para perpetrar los hechos.

El biciclo incautado es una motocicleta Kenton GTR 200 de color blanco, sin chapa, que también será sometida a pericias dentro de la investigación.

En el caso de Alexis Segovia Recalde, la Policía informó que registra antecedentes por hurto agravado en 2019, 2025 y 2026, además de una causa por robo en 2025.

La investigación continúa para determinar si ambos participaron en otros hechos denunciados recientemente en Asunción y áreas cercanas.

La medida de contingencia responde a razones de prevención y seguridad. Las autoridades de la previsional constataron que el enorme logo institucional de la institución, ubicado en lo alto de la fachada principal del hospital, presenta un avanzado estado de deterioro y daños estructurales, lo que genera un riesgo de desprendimiento sobre la zona donde habitualmente caminan miles de personas por día.

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Para llevar a cabo la tarea de remoción, la previsional solicitó el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Un camión de gran porte de la compañía de bomberos ingresará a la explanada central del hospital para alcanzar la altura de la fachada y proceder al desmonte de la cartelería dañada.

Accesos alternativos habilitados para los pacientes

Desde la dirección del Hospital Central aclararon que los servicios médicos, las consultas programadas y las áreas de internación seguirán funcionando con total normalidad. No obstante, para ingresar al bloque principal, los usuarios deberán utilizar obligatoriamente las puertas y accesos alternativos que ya fueron señalizados para el efecto.

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Las autoridades del IPS instaron a los ciudadanos a colaborar con el operativo, respetar las indicaciones de los guardias apostados en las inmediaciones y mantener la calma.

Asimismo, la institución extendió sus disculpas públicas a la ciudadanía por los inconvenientes logísticos que la medida temporal pueda ocasionar en el transcurso de la tarde.

Según afirmó, el precio establecido se encuentra por debajo del costo real de la energía y contradice los criterios técnicos que históricamente utiliza la estatal para definir sus tarifas.

“El precio de US$ 30 por MWh está por debajo del costo. Cualquier técnico de la ANDE que conoce la estructura tarifaria puede confirmarlo”, sostuvo Cáceres al referirse a la propuesta que generó un intenso debate en el sector energético.

El exgerente recordó que la Ley Orgánica de la ANDE establece que las tarifas deben contemplar diversos componentes, entre ellos el servicio de la deuda, los gastos de explotación, las inversiones previstas en el plan maestro y otros costos operativos.

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Cuestiona subsidio encubierto a una empresa privada

Cáceres aclaró que su posición no responde a una postura a favor o en contra de Atome, sino a la necesidad de proteger los intereses de una empresa pública que enfrenta crecientes desafíos financieros y energéticos.

En ese sentido, sostuvo que la ANDE no tiene como misión subsidiar inversiones privadas y advirtió que cualquier tarifa especial por debajo de los costos debería ser aprobada por una ley que establezca claramente cómo se cubrirá la diferencia.

Recordó que el único subsidio reconocido actualmente es la tarifa social, cuyo mecanismo de compensación está expresamente definido en la legislación.

“Si se quiere otorgar una tarifa especial fuera de los cálculos técnicos de la ANDE, debe hacerse por ley y especificar quién pagará la diferencia. De lo contrario, se genera un perjuicio patrimonial para la empresa”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la energía disponible en Paraguay se está reduciendo progresivamente debido al aumento de la demanda y que venderla por debajo de su valor real significaría desaprovechar una de las últimas ventajas competitivas del país.

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Congelar el precio por 15 años sería un “grave error”

Otro de los aspectos cuestionados por Cáceres es la intención de mantener una tarifa fija en dólares durante 15 años.

A su criterio, una medida de ese tipo desconoce la evolución de los costos de generación y las inversiones que deberá realizar la ANDE para garantizar el suministro eléctrico en el futuro.

“¿Cómo se puede congelar una tarifa por quince años cuando en ese período la ANDE tendrá que incorporar nuevas fuentes de generación mucho más costosas?”, planteó.

El ingeniero advirtió que las futuras incorporaciones energéticas elevarán inevitablemente los costos del sistema eléctrico paraguayo, por lo que una tarifa congelada terminaría generando pérdidas significativas para la estatal.

Incluso sostuvo que, en un horizonte de diez años, el costo promedio de la energía podría multiplicarse debido a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de generación.

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ANDE necesitará inversiones millonarias

Cáceres también respaldó las recientes declaraciones del presidente de la ANDE sobre el aumento gradual de las tarifas eléctricas en las próximas décadas.

Según explicó, el incremento responde a una realidad técnica y económica: la energía que Paraguay deberá incorporar para cubrir la creciente demanda será considerablemente más cara que la generación hidroeléctrica disponible actualmente.

Indicó que el Plan Maestro de la ANDE contempla inversiones cercanas a US$ 8.500 millones en los próximos diez años, muy por encima de los aproximadamente US$ 3.000 millones proyectados una década atrás.

Además, recordó que el país deberá sumar nuevas fuentes de energía ya desde 2027 para evitar problemas de abastecimiento.

“El Paraguay está llegando al límite de su capacidad disponible. En algunos años tendremos dificultades en determinados horarios de verano si no comenzamos ahora mismo a incorporar nueva generación”, alertó.

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“Hay que escuchar a los técnicos”

El exgerente insistió en que la discusión sobre la tarifa para Atome debe abordarse desde una perspectiva técnica y no política.

En ese contexto, afirmó que los profesionales de la ANDE observan con preocupación cualquier esquema tarifario que comprometa los ingresos futuros de la empresa en un momento en que necesita fortalecer su capacidad de inversión.

También consideró que la negativa del actual titular de la ANDE a firmar el acuerdo responde precisamente a los informes técnicos que advierten sobre posibles inconsistencias con la normativa vigente.

Finalmente, Cáceres pidió evitar errores similares a los registrados en negociaciones energéticas pasadas y sostuvo que el país debe administrar con cautela un recurso que considera estratégico para su desarrollo económico.

Conforme a los guarismos, el TEP oficializó que el candidato electo a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (movimiento Honor Colorado) obtuvo 81.446 votos.

En tanto, el actual senador Arnaldo Samaniego (Fuerza y Causa Republicana) logró 43.587 votos.

La diferencia final fue de 37.859 votos a favor del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Lista de concejales con más votos que Camilo

Los guarismos del TEP en el juzgamiento de las actas electorales revelan que las dos listas de concejales de Honor Colorado (listas 2C y 2P) lograron más votos que Camilo Pérez, el postulante a intendente de Asunción.

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La lista 2C obtuvo 37.204 votos y la lista 2P 55.606 votos. Ambas listas totalizan 92.810 sufragios.

Comparando con la postulación de Camilo Pérez y la dos listas de concejales, la diferencia es de 11.364 votos. Es decir, las dos listas de ediles de HC lograron más votos que el candidato a intendente de Asunción.

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TEP juzga por departamento

El TEP colorado juzga por departamento. Inició el miércoles pasado con Capital. Prosiguió el departamento de Concepción, luego San Pedro, y así sucesivamente.

Los miembros titulares del TEP, son:

• Santiago Brizuela (HC)
• Félix Ferrer Ortellado (HC)
• Sergio Godoy (HC)
• Mónica Seifart (disidencia colorada)
• Wilson Rojas Guasp (disidencia colorada)

El detonante de la crisis institucional fue la resolución de la jueza penal de la adolescencia de Luque, Carmen Rosana Román. La magistrada determinó que la perrita “Canela”, quien sufrió destrozos en la mandíbula tras explotarle un petardo en la boca, sea devuelta a su entorno familiar original en Areguá, lugar donde ocurrió la agresión.

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La medida generó el rechazo inmediato de Defensa Animal y de la organización rescatista Olfateando Huellas, que cuidó de la recuperación del can.

“No me parece correcto que la perrita vuelva a donde sufrió”

Rubin relató que su institución, a pesar de haber sido la denunciante original del caso tras identificarlo en redes sociales, fue completamente excluida de las notificaciones del proceso. Defensa Animal se enteró de la resolución judicial de manera indirecta, y manifestó que la jueza Román tomó la decisión basándose en un informe remitido por el fiscal interviniente.

“No me parece correcto que la perrita vuelva a un entorno donde sufrió esta barbaridad. Hay una sensación bastante desagradable de que existe poca conexión entre las instituciones. La jueza dictamina según los informes que le envía el Ministerio Público, por eso queremos saber y ahondar qué es lo que figura en esos estudios de la Fiscalía”, manifestó Rubin.

En ese sentido, anunció que el director Jurídico de la entidad irá a intervenir el expediente para intentar frenar o retrasar el traslado.

El director comentó que se comunicó con la dueña original de Canela para pedirle que cediera la adopción definitiva a la organización rescatista que le salvó la vida. Sin embargo, la mujer calificó el fallo judicial como “un regalo de Dios” y afirmó estar feliz porque “al fin se sabrá la verdad”. Según mencionó, Rubin la familia dijo que sí se interiorizó de la salud de la perra, algo de lo cual Defensa Animal afirmó no tener constancia.

Fiscales ningunean los pedidos de Defensa Animal

Rubin calificó de “horrorosa” la experiencia diaria que se vive al solicitar intervenciones urgentes a los asistentes y agentes del Ministerio Público. Citó como ejemplo un caso reciente en el que buscan rescatar a perros encerrados en una vivienda abandonada y llena de suciedad.

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“La respuesta de la asistente fiscal es terrible: decidió dejar a los animales en la casa abandonada porque, bajo su criterio, los perros ‘están bien de salud’, y ella no es veterinaria. Le documentamos todo. Cuando logramos que hicieran un allanamiento, lo hicieron mal, con el número de casa equivocado, y no quisieron repetirlo. Ahí siguen los animales sufriendo”, expresó el funcionario.

Existen casos graves sin investigar, sostiene Rubin

Rubin sostuvo que existen causas graves que incluyen animales acuchillados, casos de zoofilia y tortura extrema, que se encuentran encajonadas y sin avances en las distintas unidades fiscales.

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Rubin lamentó que, por exigir que se cumpla la ley y pedir cárcel para quienes matan o torturan animales, sectores internos de la Justicia lo tilden de “conflictivo”.

“Estamos entre la espada y la pared porque dependemos de la Justicia para salvar una vida. Por suerte hay algunos fiscales que sí tienen puesta la camiseta y entienden que un maltratador de animales es un potencial maltratador de personas”, manifestó.

El director concluyó que el presidente de la República, Santiago Peña, ya está al tanto de la situación y del desgaste que sufre la dirección al tener que “lidiar con gente que no quiere hacer su trabajo” en lugar de enfocarse en proyectos de bienestar general.

El director general de la institución, Dr. Héctor Castro, insistió en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves, internaciones y fallecimientos.

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Actualmente, alrededor del 50 % de las consultas corresponden a cuadros de influenza, situación que también se refleja en las unidades de terapia intensiva.

“El común denominador de la mayoría de los pacientes internados por cuadros respiratorios graves es que no cuentan con la vacuna contra la influenza”, señaló el profesional, al destacar la necesidad de fortalecer la inmunización en los grupos más vulnerables.

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Castro explicó que el principal objetivo de la vacuna es evitar las complicaciones severas de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes.

En ese sentido, aclaró que la inmunización no impide totalmente el contagio del virus, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar formas graves.

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La recomendación sanitaria está dirigida especialmente a los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades de base, quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la influenza.

El médico recordó, además, que la vacunación forma parte de un conjunto de medidas preventivas que deben aplicarse de manera complementaria.

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Entre ellas mencionó el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, el reposo ante la presencia de síntomas respiratorios y el uso de tapabocas en espacios cerrados cuando se presentan signos de enfermedad.

“Insistimos en la vacunación porque observamos que la mayoría de quienes requieren internación no estaban vacunados”, remarcó.

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El director del hospital señaló que lo ideal es recibir la vacuna antes del periodo de mayor circulación viral, que generalmente se registra a partir de abril.

No obstante, enfatizó que aún es oportuno inmunizarse, ya que la temporada de influenza suele extenderse hasta los meses de septiembre y octubre.

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Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para acceder a la vacuna disponible en los servicios de salud y reforzar las medidas de prevención ante el aumento de las enfermedades respiratorias registrado durante esta época del año.

“En esta tradicional venta de comidas típicas se ofrecerán riquísimos mbeju, pajagua mascada, pastel mandi’o, tragos, gaseosas y más”, prometen los bomberos.

Asimismo, habrá juegos tradicionales como ser pelota tata, toro candil, casamiento koygúa y otros, al igual que grupos de danza y música en vivo.

“El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para poder mantener el alto costo operativo de la compañía”, detallan.

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Esto incluye la adhesión

El costo de la adhesión es G. 20.000 y cada una incluye: un pastel mandi’o, un mbeju y un pajagua mascada. Para reservar adhesiones se puede contactar al: (0985) 317 747.

“¡No olvides traer a tu familia y a todos tus amigos! La familia Tercerina te espera para pasar una tarde diferente", instan.

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El primero es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la ley n° 1680/2001 ‘Código de la niñez y la adolescencia”, para facilitar el permiso del menor a viajar al exterior si el padre incumple el deber de la pensión alimenticia, tenga la patria potestad suspendida o esté inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Al ser entrevistada, Valiente señaló que cuando los padres están separados, para estos permisos se requiere de la firma de ambos progenitores. Sin embargo, en el caso de que el padre o la madre incumpla su responsabilidad en la prestación de alimentos, el otro progenitor no requerirá “de la firma del irresponsable o la irresponsable”.

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Valiente indicó que también avanza el estudio de su proyecto para reformar y derogar la ley N° 4633/2012 una nueva norma contra el acoso y el ciberacoso escolar. Propone castigos al acosador o “bully” como servicio comunitario de limpieza, así como multas a los padres. Se impone que los progenitores paguen el tratamiento psicológico de las víctimas y que las instituciones sufran suspensiones.

Para la parlamentaria, “los padres también son responsables a la hora de que un menor agreda a otro menor”. “Los padres son los primeros responsables ante sus hijos y estas sanciones van, obviamente, en hacer terapias de reeducación conductual para con sus hijos. Así también y obviamente si el daño es superior e involucra también la integridad física, eso ya rige con el código penal civil”, aseveró.

Así el lunes el dólar registró una cotización de G. 6.120 en el cambio efectivo, por debajo de G. 6.140 que cotizó en el cierre del jueves último. Mientras que en el cambio interbancario la tendencia también se acentuó a la baja y cotizó este lunes a G. 6.098, de acuerdo con el promedio publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En lo que va del año el dólar lleva acumulado una depreciación del 9% frente a la moneda nacional, mientras que la variación anual es del 25%. Esta baja pronunciada en la cotización de la divisa está generando incomodidad en varios sectores de la economía que piden una mayor intervención del Banco Central para frenar las variaciones bruscas en el tipo de cambio.

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Impacto del dólar en los sectores económicos

La baja del dólar no solo afecta a los exportadores que reciben menos ingresos al realizar el cambio a guaraníes por los envíos de sus mercaderías, sino que también está impactando en la competitividad de los productos nacionales frente a otros de la región. Así también el efecto se siente en las recaudaciones aduaneras por la liquidación de las mercaderías, ya que al realizar el cambio a guaraníes, el ingreso es inferior a lo esperado y presupuestado por el fisco.

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Por su parte la banca matriz se mantiene en una posición neutral en su política cambiaria, atribuyendo la baja del dólar a la tendencia global y al ingreso de divisas por repunte de las inversiones y exportaciones. En un reciente comunicado, el BCP insistió a los agentes económicos a avanzar en el esquema de coberturas cambiarias como el forwards.

La ruta fue construida hace más de 40 años durante la ejecución del proyecto de la represa Yacyretá y, desde entonces, no se ha llevado a cabo un mantenimiento integral, pese a su importancia estratégica.

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En junio de 2023, al término del gobierno de Mario Abdo Benítez, se iniciaron trabajos de recapado encarados por el MOPC con financiamiento de Yacyretá. Sin embargo, tras la intervención de aproximadamente cinco kilómetros de la ruta, las tareas quedaron paralizadas tras la asunción de Santiago Peña a la Presidencia de la República.

Los reiterados reclamos de los ayolenses a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, para la reanudación de las obras de recapado y señalización no obtuvieron respuesta.

Cáceres manifestó que la ruta PY20 es de vital importancia para la conectividad de Ayolas con otras ciudades, así como para el desarrollo del turismo, el comercio, la atención sanitaria y el ámbito educativo.

Añadió que centenares de personas utilizan diariamente esta vía para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio y otros destinos, y que el deterioro de la capa asfáltica ya provocó numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales.

“Esto es una preocupación de toda la ciudadanía, sobre todo de quienes viajamos constantemente por diferentes motivos laborales, de salud o por algún otro motivo”, expresó.

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Los pacientes realizaron una manifestación pacífica sobre la calle Atilano Gómez, durante un recorrido de 50 metros hasta llegar al puesto de la USF. En el trayecto exhibieron carteles alusivos a la protesta, cada uno con mensajes de pedido de traslado y solicitud de que los pacientes no sean maltratados.

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Ignacia Peña refirió que es una de las pacientes que fue maltratada. “Fui a llevar unos análisis médicos, pero eran del privado, porque me era imposible conseguir del público. Fui a mostrárselos, pero me los tiró. Antes de encontrar mejoría, empeoró mi salud y tuve que ir a otro hospital”, denunció.

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El Dr. Víctor Cardozo, ante nuestra consulta, explicó que pidió que la paciente se repitiera los análisis, ya que algunos estudios no estaban dentro del rango normal.

“No le tiré los resultados en la cara como están diciendo. Pedí que se repitieran los análisis para corroborar y dar un mejor diagnóstico”, explicó.

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El médico y otros funcionarios del centro asistencial dieron a entender que la manifestación se debería más bien a pretensiones políticas. Según señalaron, estaría siendo alentada por el esposo de una de las enfermeras de la USF, quien aparentemente pretende ser el responsable del establecimiento.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, aseguró.

Agregó que entre las anomalías de los títulos apócrifos está la falta de trazabilidad en la trayectoria del estudiante, la falta de datos confiables - si cursó o no realmente en tal sede- y la ausencia de garantías de la universidad que supuestamente emitió el cartón.

Ante esta situación denunciada ahora por el MEC, ¿Qué dijo el ministro Ramírez sobre el caso del ex diputado Hernán Rivas?. El ex legislador debió renunciar a su banca en el Congreso al ser investigado por su supuesto título mau de abogado.

¿Qué dijo el MEC sobre el título mau de Hernán Rivas?

Al ser consultado sobre el caso de Hernán Rivas y si su título de abogado tuvo los mismos problemas de trazabilidad que encontraron con los docentes, el ministro de Educación, evitó referirse de manera directa a esta situación.

“Con todo lo que hubo antes que nosotros llegáramos (falta de trazabilidad), yo creo que la población es muy grande, porque no había un control, no había control absolutamente de nada. Es decir, la inscripción se basaba en la confianza absoluta de lo que cada universidad traía y presentaba. Era a ojo cerrado”, manifestó.

Las universidades basan esta acción en la autonomía universitaria -garantizada en la Constitución Nacional-, según Ramírez.

Con el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), que debería contar con todo el historial de los estudiantes universitarios, buscan evitar la ausencia de datos fiables a la hora de registrar los títulos.

MEC tendrá nuevo sistema para registrar títulos

Esta mañana, durante la conferencia de prensa, que se realizó en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), afirmaron que el MEC trabaja en un nuevo sistema para registrar los títulos de grado y de posgrado en Paraguay, basados en la herramienta del RUES.

“La intención, con el Viceministerio de Educación Superior, es que con este sistema nuevo tengamos ya la trazabilidad, con la trayectoria de cada estudiante antes de registrar un título”, insistió el ministro Ramírez.

Una enfermera la llevaba en silla de ruedas; poco antes de subir al vehículo que la trasladaría a su casa, contestó a algunas preguntas de los periodistas.

“Ya pasó y no quiero recordar”, manifestó al ser consultada sobre el hecho ocurrido el 9 de junio último.

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“Me voy a ir a descansar en mi casa, gracias a todos”, dijo la cajera que sufrió el ataque perpetrado por Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz (45), quien la mantuvo de rehén por más de dos horas.

El hombre finalmente falleció en la madrugada del miércoles 10 de junio a consecuencia del impacto de bala en el pómulo derecho tras tomar de rehén a María Liz Cañete Peralta.

La trabajadora había sido ingresada al hospital regional del IPS en Concepción, luego de permanecer en terapia intensiva en el hospital regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El refugio está ubicado en el barrio Estación, en el predio del antiguo ferrocarril, y permanecerá abierto mientras persistan las bajas temperaturas, según informó la Dirección de Bienestar Social del municipio.

El encargado de dicha dependencia, Even Figueredo, explicó que con la iniciativa buscan brindar protección a las personas más expuestas a las inclemencias del tiempo, garantizándoles un lugar seguro donde pasar la noche.

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Para el efecto, la comuna trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional, a través de las distintas comisarías de la ciudad y de las compañías rurales, que colaboran en la identificación y traslado de personas que pasan la noche en la vía pública.

Figueredo señaló que cuando vecinos detectan a personas en situación de calle, pueden comunicarse con la comisaría jurisdiccional correspondiente, cuyos agentes se encargan de trasladarlas hasta el albergue.

El refugio abre sus puertas diariamente a partir de las 19:00 y cuenta con las condiciones necesarias para recibir a quienes requieran asistencia durante las noches más frías, explicó Figueredo.

Dispone de diez camas con sábanas y frazadas, aunque la capacidad podrá ampliarse en caso de que la demanda aumente, añadió.

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Además del alojamiento temporal, las personas acogidas reciben una cena al ingresar y desayuno antes de retirarse al día siguiente. El lugar también dispone de sanitarios y espacios adecuados para que los beneficiarios puedan asearse y resguardarse de las bajas temperaturas.

Desde la Dirección de Bienestar Social destacaron que el trabajo conjunto con la Policía Nacional ha permitido fortalecer la respuesta institucional y llegar con mayor rapidez a quienes necesitan ayuda. En ese sentido, Figueredo apeló a la solidaridad ciudadana para identificar casos de personas expuestas al frío y dar aviso oportunamente a las autoridades.

Indicó además que la ciudadanía puede comunicarse directamente con la Dirección de Bienestar Social a través del número telefónico 0975-361661 para reportar la ubicación de personas en situación de calle. Incluso, explicó que los vecinos pueden enviar fotografías o referencias del lugar donde se encuentra la persona para facilitar la intervención de los funcionarios municipales.

“Queremos la intervención de la caja; una respuesta que nos pueda sacar de esta situación calamitosa en la que estamos. Ya prácticamente estamos llegando a tres meses sin cobrar; hay muchísimos jubilados que todavía no cobraron”, agregó.

Asimismo, apuntó que el objetivo es que se encuentre una “solución de raíz”, por parte de la superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

“Es insostenible; hay jubilados con hambre, enfermos”, declaró.

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“No tienen para comer”

Por su parte, Francisca González, quien vino hasta Asunción en representación de los jubilados de Encarnación, aseguró que hay “compañeros que no tienen para comer” ante la falta de pagos.

Por su parte, Pedro Benítez Aldana, otro manifestante, recalcó que hay funcionarios “atornillados“ e inclusive jubilados con un salario irregular, dentro de la Caja Municipal.

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• ANR: Rigo Chamorro (HC, equipo Landy Torres)
• PLRA: Laura Folle (Frente Radical)
• Yo Creo: Dani Mujica (por el rekutu)
• Mboriahu Memby: Luis Cuellar Flores

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Doctor Juan León Mallorquín

• ANR: Pedro Varón Ovelar (HC)
• Alianza Mallorquina: Elvio Coronel (PDP, por el rekutu)

Doctor Raúl Peña

• ANR: Osmar Álvarez (HC)
• PLRA: Marcia Petri (NL)
• Libertad y República: Aldo Javier Morel

Domingo Martínez de Irala

• ANR: Héctor Quevedo (HC)
• PLRA: Adriana del Carmen Nervi (NL)

Hernandarias

• ANR: Óscar Melli González (Hernandarias se levanta)
• Juntos Podemos Hernandarias: José Antonio Castillo

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Iruña

• ANR: Elvio Ramírez (HC)
• PLRA: Evert Escobar Giménez (NL)

Itakyry

• ANR: Miguel Soria (HC, por el rekutu)
• Yo Creo: Gustavo Joaquín Acosta
• Ecologista: Hugo Walter González Roa

Juan Emilio O’Leary

• ANR: Everaldo Acosta (HC, por el rekutu)
• PLRA: Francisco Amarilla (NL)

Los Cedrales

• ANR: Dina Chávez (HC)
• Yo Creo: Romina Ramírez Benegas

Mbaracayú

• ANR: Nanci Algarin (HC, por el rekutu)
• PLRA: Adejaime Pavei (DA)

Minga Guazú

• ANR: César Paredes (HC)
• PLRA: Blas Baez (Nuevo País)
• Yo Creo: Mónica Ramírez

Minga Porá

• ANR: Richar Sosa (HC)
• PLRA: Ramón Roberto Rolón

Naranjal

• ANR: Marcelo Pitón (HC)
• PLRA: Elva Villalba Benítez (FR)

Ñacunday

• ANR: Rafael Ramírez (HC, por el rekutu)
• PLRA: Marta Verónica Rojas (FR)
• Yo Creo: Roberto Carlos Gaona
• UNACE: Everaldo Devitte

Presidente Franco

• ANR: Arnold Ramírez (HC)
• PLRA: Roya Torres (Sombrero Piri)
• Yo Creo: Mabel Otazú
• Cruzada Nacional: Henry González

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San Alberto

• ANR: Ariel Ramírez (HC)

San Cristóbal

• ANR: Valcir Roberto Pelizza (HC, por el rekutu)
• PLRA: Rodrigo Santander (NL)

Santa Fe del Paraná

• ANR: Fátima Doerner (HC, por el rekutu)
• PLRA: Mariela Frutos (NL)

Santa Rita

• ANR: Edgar Torres (HC, por el rekutu)

Santa Rosa del Monday

• ANR: Kelvin Petters Immich (HC)
• PLRA: Clemente Meurer (NL)

Tavapy

• ANR: Teófilo “Cacho” Báez (HC, por el rekutu)
• PLRA: Aníbal Fidabel Romero (Aires Nuevos)
• Yo Creo: Jorge Rodrigo Coronel

Yguazú

• ANR: Rafa Kawano (HC)
• Yo Creo: Alejandro Ramón Mendoza

¿Cuál fue la distribución en 2021?

El detonante de la crisis institucional fue la destitución de Fredis Estigarribia en la Dirección General de Gestión Ambiental. El funcionario fue removido tras cumplir exactamente ocho meses en la función pública. Había asumido el cargo el 15 de octubre de 2025.

Fuentes municipales confirmaron el nombramiento de Máximo Barreto (ANR-cartista) en la vacante como un supuesto cupo político post-internas. El ingreso del operador es señalado como un apadrinamiento directo del concejal de Asunción César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), quien busca ser reelecto.

La evidencia del cuoteo político en redes sociales

La evidencia del pacto quedó expuesta en redes sociales, donde Escobar publicó hace dos semanas una fotografía junto al nuevo director. El concejal dio la bienvenida a su equipo para las internas, denominado “Proyecto Mbarete”, a Máximo Barreto, dirigente de la Seccional N° 5, hoy nuevo director municipal.

La supuesta repartija de cargos provocó un efecto cascada, con el relevo de Sergio Irala en la jefatura de Polución Sonora y Cartelería. Estas movidas políticas generaron además la renuncia inmediata de la ingeniera Rosario Godoy a un cargo técnico.

El nuevo director, Máximo Barreto, es candidato a presidente de la Seccional N° 5 y síndico de Cerro Porteño. El economista de la Universidad Nacional de Asunción posee una maestría en Chile y ejerce como asesor en Essap, firma que dirige el concejal con permiso Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista).

Lo que debería ser una cobertura garantizada por sus aportes mensuales se ha transformado en un calvario de peregrinaje por farmacias privadas, donde deben costear de sus propios bolsillos insumos que el seguro social debería proveer.

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La indignación se multiplica en las redes sociales y plataformas de atención del IPS, donde los pacientes no solo reportan la carencia de fármacos para enfermedades crónicas, sino también de elementos básicos de primeros auxilios.

El listado del desabastecimiento

La lista de medicamentos faltantes es extensa y abarca tratamientos para patologías cardíacas, neurológicas, endocrinas y respiratorias. Entre los fármacos más requeridos por los asegurados, pero que están en falta, se encuentran:

• Cardiovasculares y metabólicos: Atorvastatina, Losartan, Telmisartán, Nevibolol, Semaglutide (Delgacil/Semaglux/Semaglix) y Liraglutide.
• Neurológicos y Psiquiátricos: Trazodona, Levetiracetam, Pramipexol y Alprazolam.
• Otros: Glucosamina y Núcleo.

“No hay nada, ni ibuprofeno”, lamentó Ana Ruiz Díaz, una de las tantas aseguradas que reclama las farmacias vacías del IPS. La desesperación alcanza incluso a pacientes oncológicos, como Mirta Lesme, quien denunció la falta de pancreatina, un complemento vital para su tratamiento.

La situación llega a extremos críticos, como relata Guadalupe Riveros, quien llevó a su hija a urgencias en el Hospital Ingavi por una crisis respiratoria y se encontró con que no contaban con salbutamol. “El doctor me dijo que cada vez que vaya a urgencias, yo debo llevar la aerocámara y el salbutamol”, lamentó.

La realidad tras las promesas

Pese a que las autoridades del IPS han anunciado recientemente la apertura de nuevas licitaciones destinadas a la adquisición de medicamentos por valor de millones de dólares, los asegurados mantienen un escepticismo absoluto.

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“Es una verdadera vergüenza. Hace meses que no hay nada, pero los trabajadores seguimos pagando cada mes”, expresó con dureza Isidro Acosta, usuario del Hospital 12 de Junio.

Los testimonios reflejan no solo cansancio, sino un profundo sentimiento de abandono.

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Ante el desabastecimiento, los familiares de pacientes se ven obligados a gestionar recursos de manera urgente, incluso para insumos hospitalarios básicos como batas y mangueras de oxígeno, tal como relató Gloria Resquín.

Desde la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS han señalado que se encuentran trabajando en la agilización de las entregas de los proveedores adjudicados en las últimas licitaciones; no obstante, para el asegurado, la respuesta sigue siendo la misma: “no hay nada”.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.

El emblemático cierre se realizará en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José, al costado de la emblemática playa encarnacena, a orillas del río Paraná.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.

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Tramos de competencia

La primera innovación de esta edición arranca con el cambio de escenario del shakedown (prueba oficial), que se desarrollará en el tramo entre San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, en un recorrido de 5,6 km, atravesando el límite entre ambos distritos sobre el arroyo Caraguatá.

La jornada inicial de competencia, el viernes 28 de agosto, tendrá nuevamente como primer tramo a Cambyretá (SS1/5), partiendo de Campichuelo con dirección hacia Nueva Alborada, en un recorrido de 24,58 km, bordeando el río Paraná.

Seguirá por el tramo de Nueva Alborada (SS2/6), desde Puerto Samu’u hasta Puerto Ita Cajón, con una distancia de 15 km. El trayecto continuará entre Nueva Alborada y Trinidad, conocido como Yerbateras (SS3/7), por 33,26 km. La jornada cerrará con el Autódromo en Capitán Miranda (SS4/8), circuito de 2,5 km.

El sábado 29, el recorrido iniciará en Bella Vista (SS9/13), por un tramo de 21,15 km. Otro tramo en el mismo distrito, denominado Bella Vista Sur (SS10/14), tendrá 11,54 km.

Hohenau tendrá un tramo que llegará hasta Trinidad (SS11/15), de 19,33 km. La segunda jornada cerrará con un tramo entre Trinidad y Capitán Miranda (SS12/16), de 15 km, y un tramo urbano en la Costanera de Encarnación (SS17), de 3,10 km.

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Jornada final

El domingo 30 de agosto se estrenará el tramo de Encarnación entre el barrio Quiteria y San Antonio Ypecurú (SS18/22), de 10,26 km de distancia.

La competencia cerrará con los tramos en General Artigas: el primero (SS19/21), de 19,60 km, y el segundo (SS20), de 8,44 km.

El Fanzone estará nuevamente dispuesto en el sector del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, mientras que la velada de premiaciones se desarrollará al costado de la Playa San José.

Se espera que la largada simbólica se realice nuevamente desde el interior del sambódromo.

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La edición 2025

La edición 2025 del Rally del Paraguay convocó a más de 210.000 personas, que acompañaron los emocionantes días y lo convirtieron en el evento deportivo con mayor convocatoria en la historia del automovilismo nacional.

Datos de Migraciones reflejaron que 51.062 visitantes extranjeros arribaron a Paraguay solo por el rally. Desde la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), reportaron un lleno total de las plazas durante el fin de semana de la competencia.

En cuanto a la seguridad, la cobertura movilizó a 5.000 agentes de policía y 1.200 efectivos militares, también cifras sin precedentes para un evento.

Estuvieron presentes 358 profesionales de prensa —entre periodistas, fotógrafos y equipos de TV— que se acreditaron para cubrirlo, incluyendo personal del WRC y la FIA. La competencia fue transmitida a 106 países y, en Paraguay, 770.990 personas siguieron la cobertura televisiva entre el 28 y el 31 de agosto.

El calendario del Mundial de Rally ubica a nuestro país como 11ª sede. La última fecha disputada se desarrolló en Japón a fines de mayo, mientras que Grecia albergará el evento a fines de junio. Restan los rallies de Estonia y Finlandia, previos al gran evento que se espera que llegue a Paraguay, antes de pasar a Chile.

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El Tribunal además instó al juez Otazú a arbitrar los mecanismos para sancionar los planteos que tienen como objetivo entorpecer o dilatar el desarrollo normal de un proceso.

Los magistrados tuvieron en cuenta la contestación de Humberto Otazú, quien indicó que la parte recusante fundamenta su pretensión en una supuesta pérdida de imparcialidad.

El Tribunal indicó que el abogado defensor de Galarza tomó intervención al solo y único efecto de presentar la recusación y así suspender la audiencia del pasado 3 de junio.

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Asimismo, el fiscal Silvio Corbeta respondió al Tribunal que todas las presentaciones y recursos presentados por los diversos acusados fueron realizados violando reiteradamente lo que dispone la acordada Nº 1.812 del 16 de julio de 2025, además de violar lo dispuesto en el Art. 112 del Código Procesal Penal.

El proceso

El 11 de diciembre del 2023 el Ministerio Público imputó a 23 personas en el marco de la causa “Esteban Samaniego/lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1.108 millones durante la administración del entonces intendente Esteban Samaniego (2011-2017).

En tanto que, el 12 de diciembre del 2024 el Ministerio Público acusó a la intendenta Patricia Corvalán y a otras trece personas, entre ellas a la madre del parlamentario Blanca Álvarez.

Además, están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Este último es un empresario constructor, amigo del diputado Sanamiego que actualmente acapara las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán.

Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros (actual candidata a intendenta de Quyquyhó por el cartismo), Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

Además, por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.

El diputado, si bien está imputado, sigue sin ser acusado debido a que sus colegas parlamentarios lo blindan y no lo desafueran.

La gran mayoría de los acusados se turnan con diferentes chicanas para dilatar la audiencia preliminar y así evitar que la causa sea elevada a juicio oral desde hace año y medio.

La profesional expresó que las resoluciones del tribunal no se encontraban debidamente fundamentadas en la Constitución Nacional, normas internacionales ni en el Código Procesal Penal. Asimismo, cuestionó la validez de algunas diligencias y documentos incorporados a la causa, cuya exclusión había solicitado previamente.

Tras analizar el planteamiento, los integrantes del Tribunal de Sentencia decidieron impugnar la recusación y elevar el incidente ante el Tribunal de Apelación, instancia que finalmente resolvió rechazar el pedido de la defensa.

Con la decisión de segunda instancia, el Tribunal de Sentencia quedó ratificado para continuar al frente del proceso y oficializó el inicio del juicio oral y público.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia había sostenido previamente que la recusación era improcedente debido a que fue presentada fuera del momento procesal oportuno. El agente del Ministerio Público afirmó que las partes ya habían tenido la oportunidad de promover incidentes y que la etapa para plantear una recusación había precluido.

Expectativa ciudadana

El caso genera una enorme expectativa ciudadana debido a la gravedad del crimen de María Fernanda Benítez, que conmocionó a la comunidad de Coronel Oviedo y a todo el departamento de Caaguazú.

Con el rechazo de la recusación, el juicio entró finalmente en su etapa de debate oral, donde el Ministerio Público y las defensas presentarán las pruebas y argumentos que serán evaluados por el Tribunal de Sentencia para determinar las responsabilidades penales de los acusados.

El principal sospechoso del crimen

Por otra parte, el juicio del principal acusado, quien tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y que ya alcanzó la mayoría de edad, está previsto para mañana martes 16 de junio.

El proceso se realizará a puertas cerradas conforme a las disposiciones legales que rigen para adolescentes infractores.

El joven afronta una acusación por feminicidio y tentativa de aborto, aunque el fiscal recordó que el Tribunal de Sentencia tiene facultades para analizar los hechos y eventualmente adecuar la calificación jurídica durante el desarrollo del juicio.

La Ley N° 5.876/2017, modificada por la Ley N° 7.254/2024, establece que la Senabico puede realizar la venta anticipada o subasta de bienes incautados que sean de difícil/oneroso mantenimiento, o por comiso judicial. El objetivo es evitar que se desvaloricen y mantener su valor económico.

Entre los bienes en subasta se destaca la venta de una lujosa mansión en la zona de Identificaciones con un precio base de G. 3.000 millones.

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Otros bienes puestos a la venta son un conjunto de cuatro inmuebles rurales (ocupados) ubicados en inmediaciones del Cerro Memby, distrito de Yby Yaú, aptos para actividades agropecuarias y ganaderas. Cuenta con mejoras consistentes en corrales para manejo de animales, vivienda para personal, pozo artesiano, tanque de agua y áreas de pastura para explotación ganadera. El precio base de venta es G. 573.600.000.

También llamó la atención un inmueble que la Senabico califica de ideal para vivienda u oficina. El bien está ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas y consolidadas de Asunción, en inmediaciones de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, “dentro del tradicional barrio Mburicao”, próximo al Seminario Metropolitano de Asunción. Señala que es ”uno de los principales espacios verdes de la capital, ofreciendo un entorno privilegiado, tranquilo y de excelente conectividad".

Conforme a los datos, la dirección de la vivienda es Comandante Franco e/Cap. Carpinelli y Dr. Justo Prieto, barrio Mburicao. Distrito de San Roque, Asunción. El precio de base de venta es de G. 390.000.000.

Según informaron, el evento reunirá una amplia variedad de artículos provenientes de distintos procesos judiciales. Los interesados pueden solicitar información al (0974) 521 205 o consultar el catálogo completo en las redes oficiales de la Senabico.

Senabico inicia subasta del ganado de Lalo Gomes

La Senabico aclaró que todos los artículos se ofrecen en el estado en que se encuentran y que los interesados pueden acceder previamente a los informes de tasación y documentos registrales para realizar las verificaciones necesarias.

De acuerdo con datos brindados por los investigadores, Apolo’í probablemente robó dos motocicletas en los últimos días, uno en la noche del sábado 30 de mayo, en el asentamiento Tajy Poty, en el barrio 1° de Marzo y otro en la noche del sábado 7 de junio en el asentamiento 12 de Junio, ambos en la ciudad de Coronel Oviedo.

Capturan a dos hombres armados tras hurto de motocicleta

Tras la denuncia presentada en la comisaría jurisdiccional, personal de Investigaciones de Caaguazú fueron comisionados para rastrear a los ladrones.

El acceso a imágenes de cámaras de seguridad fue fundamental para que pudieran identificar y ubicar a Apolo’ï.

Detenidos integrarían banda de roba motos

Al ser sometido a un interrogatorio Emilio Sebastián Galeano, alias Apolo’í, no dudó mucho para confesar que las últimas dos motocicletas que hurtó las había entregado a Valdez, quien fue detenido durante el allanamiento de su casa.

En la propiedad fueron encontradas dos motos, una de la marca Taiga TL 150 negra, con matrícula 772 AAIY y otra Taiga TL 125 roja, con placa 895 OAS, ambas denunciadas como robadas y la última ya no contaba con el motor. También se encontró en la propiedad otro biciclo, que también estaba denunciado como robado.

Persecución y “operativo cerrojo” permiten recuperar moto robada y detener a sospechoso

Según los investigadores, ambos detenidos forman parte de un esquema mucho más grande que opera en todo el departamento de Caaguazú y se dedica exclusivamente al robo de motocicletas en la principales ciudades de la región y luego de algunos retoques como el cambio de color y algunos accesorios con nuevamente vendas en el interior del departamento, en zona rurales, donde pasan desapercibidas.

Repuestos usados

Igualmente, los delincuentes desarman algunas de las máquinas robada y luego las oferta las partes en el mercado negro como repuestos usados, lo que les genera importantes ganancias.

Los jueces electorales Ariel Zaragoza, Godofredo A. Fleitas y Myriam Cristaldo declararon la nulidad total de las asambleas paralelas de la Junta de Saneamiento de Quiindy.

En el Acuerdo y Sentencia N° 39/2026, se ordena de forma taxativa la realización de una nueva elección en un plazo de 30 días, bajo un estricto control institucional.

Antecedente del caso

El conflicto entre los usuarios de la Junta de Saneamiento y los candidatos a la Comisión Directiva de la institución se desató el pasado 15 de marzo, durante la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades.

Para la puja electoral se presentaron la lista del Movimiento “Ypoá”, que postulaba la candidatura de Neri Candia para la presidencia, y el Movimiento “Agua es Vida”, que proponía a Ana Isasi.

La asamblea general ordinaria se desarrolló en el local de la Seccional Colorada de Quiindy, donde se registraron incidentes entre los simpatizantes de ambos movimientos. Ante el tenso escenario, la candidata Ana Isasi decidió retirarse del recinto junto con sus seguidores para consumar un acto electoral paralelo en una vivienda particular.

El candidato Neri Candia permaneció en la seccional colorada y llevó adelante las votaciones de su movimiento. Al término de la jornada, ambos postulantes se autoproclamaron ganadores como nuevos presidentes de la entidad.

Ambos grupos elevaron denuncias de los hechos ante el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).

Posteriormente, Candia promovió la acción de nulidad de la proclamación de Isasi ante la Justicia Electoral, acción que fue resuelta favorablemente en los últimos días.

Quiindy: disputa por la presidencia de la Junta de Saneamiento desata un cruce de denuncias

Urge conformar el TEI para nuevos comicios

El fallo judicial dispone, además de la nulidad de las cuestionadas asambleas, la conformación inmediata de un Tribunal Electoral Independiente (TEI) integrado por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes

Controversia en Junta de Saneamiento de Quiindy dificulta cobros y acumula deuda con ANDE

Al respecto, Candia manifestó que ya conversó con Isasi para integrar el TEI. Explicó que él propondrá a su representante, que ella deberá plantear el suyo y que el tercer integrante deberá ser neutro.

Finalmente, dijo que Isasi quedó en comunicarle su postura y que aguardará una respuesta hasta este lunes. Luego de ese plazo, analizará la forma correcta de proceder para la conformación del TEI, que realizará el nuevo llamado a elecciones de autoridades.

Por el momento, la Junta de Saneamiento continúa siendo administrada por Candia.

El área destinada a los niños es una de las zonas que presenta las peores y más peligrosas condiciones. La calesita infantil se encuentra prácticamente inutilizable debido a severos desperfectos mecánicos localizados en su base. El juego ha quedado trabado de tal manera que hace casi imposible su giro, anulando por completo su función.

Asunción: La furiosa respuesta de Nenecho por el desvío de los bonos G6

Para lograr que la estructura gire, se requiere aplicar una fuerza desmedida que resulta inviable para un niño. Asimismo, la torre de madera exhibe una inclinación comprometedora que amenaza su estabilidad. El peligro es latente para los chicos del barrio debido al evidente mal estado de los materiales.

Los vecinos de la zona, quienes prefirieron resguardar su identidad por temor a represalias, expresaron su profunda indignación. Señalaron que los materiales empleados dan la alarmante impresión de haber sido reciclados para abaratar los costos. Sostienen que las vigas de madera presentan signos avanzados de descomposición.

Negligencia en Asunción: Canchas oxidadas y la falta de mantenimiento municipal

El abandono también se verifica en el sector destinado a las actividades deportivas de los jóvenes del barrio. La cancha de fútbol, cuyo vallado perimetral fue construido incluso tras concluir los actos oficiales de inauguración, muestra ya un aspecto deplorable. Las barandas metálicas perimetrales sufren un avanzado proceso de oxidación y desprendimiento total de su pintura.

La protección de la cancha es ineficiente, ya que el tejido metálico se encuentra seriamente dañado. Se constató la presencia de enormes agujeros y peligrosos desprendimientos de alambre en varios tramos del cercado. A esto se suma que los servicios básicos, como el bebedero público de hormigón, están fuera de servicio.

De hecho, a un mes de la reapertura, la plaza NN.UU. seguía llena de peligrosos pozos. Ahora la falta del grifo condena al desuso a esta instalación sanitaria vital para los deportistas y visitantes. Aunque el entorno natural conserva árboles de gran porte, las estructuras de cemento denotan un deterioro acelerado, reflejo de una obra entregada con apuro.

La falta de gestión municipal no solo se limita a la calidad constructiva, sino al nulo mantenimiento diario. Varios de los asientos de la plaza se observan cubiertos por una densa capa de heces de aves. Por el estado de los desechos, es evidente que llevan largos días sin recibir limpieza.

El trasfondo de los bonos G6: La herencia de Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez

Este fiasco urbanístico arrastra un oscuro historial que se financió mediante los cuestionados bonos G6. La revitalización se adjudicó inicialmente a la firma D&D Arquitectura y Construcción SRL por G. 2.094 millones. Posteriormente, el monto contractual fue ampliado de forma llamativa hasta alcanzar la cifra de G. 2.332 millones. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones.

El proyecto estuvo marcado por constantes paros y prórrogas que la comuna justificó por supuestas inclemencias climáticas. Tras la renuncia de Rodríguez, en agosto de 2025, su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista) rescindió el contrato atribuyendo la responsabilidad al contratista. La Municipalidad reactivó las obras por cuenta propia y apuró la inauguración el 16 de diciembre de 2025.

Plazas fantasma de Nenecho: ¿Hasta cuándo pagarán los asuncenos los bonos G6?

Las recientes revelaciones de ABC Color confirman que esta plaza fue la única donde se planificó e inició alguna intervención con los G. 10.000 millones provenientes de los bonos G6, con los que Rodríguez prometió revitalizar diez plazas. Tras una solicitud formal de este medio, las direcciones técnicas de la comuna confesaron que jamás existieron planos ni proyectos reales para dichos espacios.

Mientras la Plaza Naciones Unidas se destruye, las cuentas bancarias donde debían estar los G. 100.000 millones de esa emisión ni siquiera existen. Al menos desde 2020, ABC ya había reportado un faltante de G. 78.000 millones de esa emisión en los balances.

Desvío de bonos municipales: Contraloría y Fiscalía cercan la gestión de Nenecho

Ante las denuncias de ABC, de que en el uso de los bonos emitidos por la municipalidad en la administración de Nenecho, desde los G6 hasta los G8 (para desagües pluviales, cuatro de los cuales nunca se hicieron) y los G9 (para pagar intereses de bonos anteriores), habían desaparecido unos G. 500.000 millones, la Contraloría General de la República confirmó el desvío mediante un análisis especial.

Pero el estudio de la Contraloría solo se basó en el destino de los bonos G8 y G9, dejando de lado los anteriores. Enmarcándose en ese informe oficial, el interventor Carlos Pereira confirmó en agosto del año pasado “terribles prácticas ilegales” en el desvío de un total de G. 512.000 millones utilizándose las cuentas de los bonos G8. Pero tampoco se refirió al dinero de los bonos anteriores.

En la Fiscalía, entretanto, se investiga el desvío de dinero, de los bonos G8 y G9 desde setiembre de 2024, mientras desde el año pasado hay otra pesquisa abierta que incluye el uso de los bonos G6 y G7.

Presionado por el resultado de la intervención, Nenecho renunció a su cargo en agosto pasado, dejando paso a Luis Bello, quien, como concejal, había avalado su gestión y que, como intendente colorado cartista como Rodríguez, sigue hasta ahora sus mismos pasos, posponiendo la calidad de servicios prometidos con dinero de los contribuyentes y el pago de millonarias deudas contraídas por lo bonos para obras que, finalmente, no se ejecutaron.

Ocho causas penales y el futuro político del exintendente

De la gestión de Nenecho hay en la Fiscalía ocho causas penales abiertas, incluida la de la compra de detergentes “de oro” con fondos de emergencia en pandemia, proceso en el cual hay una acusación por lesión de confianza y asociación criminal.

Con todo, Rodríguez se candidató en las internas coloradas con intención de ser nuevamente concejal, pero no logró pasar. Sí lo hicieron, e integran las listas a concejales con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, los concejales y directores que lo acompañaron y avalaron toda su cuestionada gestión. Los ediles que buscan reelección integran ternas del Partido Colorado y también representan al Partido Liberal.

A través de la Resolución Nº 272/2026, fechada el 5 de junio último, el titular de la cementera pública otorgó la adjudicación a la empresa Monte Alegre S.A., representada por Emanuelle Maedy Hoeckle.

El monto adjudicado asciende a US$ 13.440.000, lo que equivale a US$ 448 por tonelada del producto.

De esta forma, la estatal adquirirá este combustible derivado del petróleo a un precio superior al de sus últimas compras. En la licitación anterior, la INC había adjudicado la provisión de 60.000 toneladas por US$ 16.500.000, equivalente a US$ 275 por tonelada, a la empresa GT Scientific S.A., dirigida por Christian Aldo Harrison Paleari.

Incapacidad de pago: INC vuelve a recalendarizar deuda por bonos fallidos

Antes de esa compra, la estatal pagaba entre US$ 337 y US$ 345 por tonelada, por lo que el nuevo precio de US$ 448 por tonelada representa un incremento respecto a las adquisiciones anteriores.

La razón del precio elevado, según la estatal

El presidente de la cementera, Gerardo Guerrero Agusti, señaló que al momento del llamado y hasta la fecha de la adjudicación el precio internacional del petróleo se encontraba muy por encima del registrado cuando se realizó la última licitación, en noviembre de 2024.

“Recordemos que este material es un derivado del petróleo. A eso hay que sumarle la contienda bélica en el otro continente (Medio Oriente) y, aunque el producto no tenga origen en esa región, cualquier variación en el precio afecta de forma global a este material. La misma situación se dio con la logística: con el cierre del estrecho de Ormuz, la disponibilidad de buques que transportan este tipo de cargas empezó a escasear y, por ende, se disparó el precio del flete”, expresó.

Asimismo, indicó que debe considerarse que la última licitación fue adjudicada a US$ 275 por tonelada cuando el dólar cotizaba alrededor de G. 7.800, mientras que la actual adjudicación de US$ 448 por tonelada se realiza con una cotización cercana a G. 6.000.

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“A esto hay que sumarle que en esta adjudicación la modalidad de entrega corre totalmente por cuenta del oferente y el producto debe ser proveído puesto en depósito. Eso implica que la INC no correrá con ningún costo de descarga ni transporte del material hasta el almacén del producto, costos que ya están incluidos en el precio”, manifestó.

Añadió que, considerando todos estos factores —el conflicto bélico, el encarecimiento del producto, los problemas logísticos, el traslado, la descarga y la disposición final del material en los almacenes de la INC—, el impacto representa apenas un 23% de aumento en relación con el precio anterior del producto ya internado en el predio de la estatal.

La INC debe usar coque con solo 3% de azufre

Cabe recordar que la INC invirtió parte de los US$ 80 millones provenientes de bonos soberanos, durante el gobierno de Horacio Cartes, para modificar el sistema de combustión del horno de Vallemí y permitir el uso de pet coke en reemplazo del fuel oil, con el objetivo de generar un importante ahorro para la empresa pública, meta que hasta hoy no se ha concretado.

Tras las inversiones realizadas, la empresa FLSmidth, encargada de la optimización del horno de Vallemí por US$ 28 millones, recomendó utilizar coque con un contenido máximo de 3% de azufre. Sin embargo, según los antecedentes conocidos, en la estatal no se habría seguido esa recomendación.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), Enzo Mannarini, señaló que el ingreso irregular de animales genera una competencia desleal para los productores que cumplen con todas las exigencias sanitarias, tributarias y ambientales establecidas por la legislación paraguaya.

“Quienes trabajamos dentro de la formalidad realizamos inversiones importantes en genética, alimentación, infraestructura y controles sanitarios, por lo que la entrada de animales sin ningún tipo de control afecta la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestras granjas”, explicó.

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Desalienta la inversión

Además del perjuicio económico inmediato, este tipo de prácticas desalienta la inversión e impacta negativamente en el crecimiento del sector, aseguró Mannarini.

Según explicó, Paraguay realizó un esfuerzo importante para desarrollar una “porcicultura moderna y competitiva”, mientras que destacó que la informalidad atenta contra ese proceso de formalización que beneficia tanto a productores como a consumidores.

Consultado sobre si este hecho representa una problemática recurrente en las fronteras, indicó que, lamentablemente, no se trata de una preocupación nueva para el rubro.

Detalló que las zonas fronterizas históricamente representan un desafío para el control del ingreso irregular de mercaderías y animales, por lo que consideró fundamental mantener una vigilancia permanente y fortalecer los mecanismos de control.

“Desde la APPC consideramos que cada caso detectado debe ser investigado y sancionado con firmeza, no solamente por el daño económico que genera, sino también por el riesgo sanitario que implica para toda la cadena de producción porcina del país”, enfatizó.

Impacto económico “significativo”

Respecto a las pérdidas económicas que genera esta práctica para la porcicultura paraguaya, el gremialista afirmó que resulta difícil establecer una cifra precisa sin contar con información oficial sobre los volúmenes que ingresan de manera irregular.

No obstante, sostuvo que el impacto puede ser significativo, especialmente cuando los cerdos ingresan al mercado local a precios más bajos en comparación con los costos de producción que enfrentan los granjas formales.

“Más allá de la pérdida económica, existe un efecto indirecto muy importante sobre los valores del mercado, la confianza de los inversores y la capacidad de crecimiento del sector. En una actividad que genera empleo, inversiones y desarrollo en el interior del país, cualquier distorsión del mercado termina afectando a toda la cadena productiva”, amplió.

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Consecuencias en el mercado internacional

Más allá de los efectos económicos, Mannarini advirtió que las consecuencias para el mercado internacional podrían ser “extremadamente graves” si se llegaran a detectar en el país enfermedades introducidas a través del ingreso ilegal de animales.

En ese sentido, recordó que Paraguay construyó durante años una “sólida reputación” sanitaria gracias al trabajo conjunto entre productores, Senacsa y el sector privado. “Ese prestigio es uno de los principales activos que nos permite acceder a mercados internacionales cada vez más exigentes”, señaló.

Añadió que una eventual introducción de una enfermedad “exótica o de alto impacto” sanitario podría derivar en restricciones comerciales, suspensión de exportaciones y pérdida de mercados cuya apertura demandó años de trabajo y negociación.

“Recuperar la confianza internacional después de un evento sanitario de esa magnitud suele requerir años y enormes recursos económicos, concluyó.

Con una reunión concretada en la sede del BCP se dio apertura oficial a la misión de organismo internacional en esta oportunidad, para evaluar los principales indicadores macroeconómicos, el desempeño reciente y las perspectivas de la economía paraguaya, a fin también de actualizar sus proyecciones.

En la más reciente revisión de proyecciones económicas, el FMI ajustó al alza su pronóstico sobre el desempeño de la economía paraguaya desde 3,7% a 4,2%, alineándose a las previsiones oficiales.

Misión técnica del FMI para revisar medidas macroprudenciales

La consulta del Artículo IV es el mecanismo de supervisión periódica que realiza el FMI a sus países miembros. En este marco, el organismo mantiene por ejemplo intercambios con autoridades nacionales para analizar la evolución de variables claves como crecimiento económico, la inflación, cuentas fiscales, sector externo y estabilidad financiera, y también a fin de discutir medidas orientadas a fortalecer la resiliencia económica.

La revisión también contempla el análisis de riesgos internos y externos, así como de las políticas que podrían mitigar eventuales impactos sobre la actividad y el sistema financiero.

Como es habitual en este tipo de visitas, la misión del FMI suele complementar el intercambio con autoridades con un relevamiento de información y reuniones con actores institucionales, con el fin de construir un panorama integral de la economía local.

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Informe final y próximos pasos

Tras el cierre de la agenda en el país, el FMI debe elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones, que luego se eleva al Directorio Ejecutivo del organismo. El documento final suele incluir una evaluación del entorno macroeconómico, la sostenibilidad fiscal, la orientación de la política monetaria y los desafíos estructurales de mediano plazo.

La misión en curso se da en un contexto en el que las autoridades buscan consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento, en medio de un escenario regional e internacional aún marcado por volatilidad financiera y presiones sobre los precios en diversas economías.

Esto significaba básicamente que ya no habría nuevas promociones de “policías exprés” y constituyó un duro golpe para miles de jóvenes y sus familiares que se estaban preparando para presentarse como postulantes al Colegio de Policía, donde se estudia para ser suboficial.

¿Nueva reculada de Santi Peña? Ahora en caso de “policías exprés”

De hecho, los cuestionamientos contra el Gobierno fueron tan severos que solo tres días después, el 29 de mayo, el propio Santiago Peña admitió que no descartaban reevaluar esa decisión.

Efectivamente, hoy 15 de junio, otra vez el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un nuevo comunicado que dice que “como resultado de la mesa de diálogo instalada con padres, postulantes e interesados, y de gestiones realizadas por el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional, el Viceministro de Seguridad Interna y el Viceministerio de Asuntos Políticos, el Gobierno del Paraguay ha resuelto habilitar 1.000 cupos para el proceso de admisión 2027 del Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”.

“Policías exprés” debían ser la solución a la inseguridad

Los “policías exprés” fueron una especie de solución que encontraron el presidente Santiago Peña y el ministro Enrique Riera para tratar de paliar el déficit que hay en cuanto a cantidad de policías en nuestro país.

Esta política de gobierno consistió en acelerar el proceso de formación de los suboficiales, que hasta el gobierno anterior egresaban tras dos años lectivos, pero que desde que asumió el actual presidente ya salían a las calles tras solo medio año de instrucciones.

Video: Policía “exprés” es intimidado por asaltante en una estación de servicio en la ruta Luque-San Bernardino

Además, la cantidad de suboficiales incorporados cada fin de año creció de 1.000 a 5.000, con lo que en teoría también se vería beneficiada la seguridad interna.

Aunque atribuyeron a la falta de presupuesto y a condiciones de infraestructura, en realidad el intento de supresión del curso de “policías exprés” obedecería a los pésimos resultados que arrojó, con una camada de suboficiales con escasa formación técnica, física y moral.

Las senadoras Esperanza Martínez (PPC), Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA), durante la reunión advirtieron que existen personas poderosas involucradas en el esquema de la mafia de títulos falsos y exigieron un trabajo serio para evitar que la comisión se convierta en un “chiste” y en un blanqueo a delincuentes.

La primera reunión de la comisión especial del Senado encargada de investigar la presunta mafia de los títulos universitarios estuvo marcada por fuertes reclamos de senadoras de la oposición y de la disidencia colorada, quienes exigieron al presidente electo del organismo e impuesto por el cartismo, Patrick Kemper, que la investigación comience por la Universidad Sudamericana, considerada el epicentro de las denuncias que sacudieron al sistema educativo y político del país.

Piden no distraer la atención de los casos más graves

Las legisladoras coincidieron en que la comisión debe enfocarse desde el inicio en los casos más graves y documentados, evitando dispersarse en investigaciones secundarias que puedan terminar desviando la atención del esquema que permitió la expedición irregular de títulos universitarios.

La senadora Esperanza Martínez sostuvo que existen elementos suficientes para iniciar las pesquisas en la Universidad Sudamericana. Señaló que la institución emitió 2.550 títulos en apenas tres años, correspondientes a unas 20 carreras, de los cuales cerca de 1.400 pertenecen a la carrera de Derecho, precisamente una de las áreas donde se detectaron casos de personas que llegaron a ocupar cargos públicos.

Martínez también planteó la necesidad de analizar los proyectos académicos de las universidades involucradas, revisar los procesos de titulación y coordinar información con organismos como la ANEAES. Además, recordó que existen denuncias de estudiantes que aseguran haber culminado sus estudios sin recibir posteriormente sus títulos.

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Por su parte, la senadora Celeste Amarilla reclamó que la comisión se concentre en las universidades más sospechadas y con mayor cantidad de denuncias. “Comencemos con la Sudamericana y Tres Fronteras”, planteó durante la reunión, dejando en claro que no está dispuesta a integrar una comisión que termine convirtiéndose en un espacio de disputas políticas o de acusaciones cruzadas sin resultados concretos.

La legisladora insistió en que la prioridad debe ser investigar las instituciones donde se acumulan las denuncias más serias sobre títulos presuntamente irregulares, en lugar de buscar “distractores” que terminen diluyendo el trabajo de la comisión.

Yolanda pidió enfocarse y tener un canal de denuncias

Una postura todavía más contundente expresó la senadora Yolanda Paredes, quien afirmó que la comisión perderá toda credibilidad si no comienza precisamente por la Universidad Sudamericana.

“Si esta comisión no empieza con la Universidad Sudamericana, no tiene sentido. Va a ser un chiste”, advirtió.

La parlamentaria sostuvo que existen suficientes elementos para iniciar las investigaciones en esa institución y reclamó, además, la habilitación inmediata de un canal de denuncias ciudadanas para que estudiantes, docentes y ciudadanos puedan aportar información.

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“Una vez instalada esta comisión tenemos que tener un canal ciudadano para recibir denuncias”, manifestó, señalando que ese mecanismo permitirá reunir rápidamente insumos para una investigación que tendrá un plazo limitado.

Paredes también planteó la necesidad de revisar la normativa relacionada con la conservación de documentos universitarios, tras mencionar versiones sobre supuestas limitaciones del Ministerio Público para acceder a registros académicos de años anteriores

Durante el debate, la senadora Blanca Ovelar alertó sobre la magnitud del esquema que se pretende investigar y advirtió que detrás del negocio de los títulos irregulares podrían encontrarse personas con gran poder político y económico.

Ovelar asegura que está metida gente poderosa y honorable

“Está metida gente poderosa”, afirmó, recordando que recibió denuncias sobre este sistema desde su primer periodo legislativo, incluso de personas vinculadas a la administración de universidades privadas.

La legisladora sostuvo que la problemática trasciende la simple falsificación documental y apunta a una vulneración integral del sistema universitario, afectando la credibilidad académica del Paraguay dentro y fuera del país.

“Estamos tirando por el suelo 100 años de historia”, lamentó, al referirse al daño que el escándalo provoca sobre el prestigio de profesionales paraguayos formados legítimamente.

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Ovelar incluso mencionó que entre los involucrados podrían encontrarse “algunos honorables”, en una clara referencia a figuras con poder e influencia dentro de las estructuras institucionales.

Desde el oficialismo, Patrick Kemper respondió a las críticas asegurando que la comisión actuará con responsabilidad y que se habilitarán mecanismos para recibir denuncias públicas. El senador afirmó que la compra de títulos representa un daño enorme para el país y prometió acompañar las investigaciones que se desarrollan paralelamente en otras instancias.

Sin embargo, las senadoras insistieron en que el principal desafío será demostrar que la comisión está dispuesta a investigar los casos más sensibles desde el inicio.

Rivas renunció a su banca por denuncias de supuesto título mau

La Universidad Sudamericana ocupa un lugar central en las exigencias de las legisladoras debido a que es la misma institución de donde obtuvo su cuestionado título de abogado el exsenador Hernán David Rivas. El caso derivó en una investigación fiscal y terminó provocando la renuncia del entonces legislador a su banca en medio de una fuerte presión pública.

Por ello, tanto la oposición como sectores de la disidencia colorada consideran que comenzar por esa universidad será la primera prueba de fuego para determinar si la comisión especial busca llegar al fondo del esquema o si terminará convirtiéndose en un mero ejercicio político sin consecuencias reales.

En el Paraguay, esta problemática exige una respuesta institucional contundente. Entre las instituciones que deben velar por la protección de los adultos en la vejez está el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) .

La institución anunció que ha reforzado su capacidad operativa mediante la asignación de defensores públicos especializados en la materia, cuyo objetivo primordial es brindar asistencia jurídica gratuita a quienes enfrentan situaciones de desamparo.

“Nuestra misión es asegurar que cada persona mayor en Paraguay pueda gozar de una vejez digna, libre de temores, abusos y situaciones de vulnerabilidad”, sostienen desde la dirección de la institución.

MDS denuncia el uso de ancianos enfermos como “escudos” para provecho personal

El acompañamiento legal que ofrece el MDP no solo busca reparar daños, sino prevenir que las situaciones de maltrato se perpetúen dentro del núcleo familiar o en la comunidad.

La prevención del maltrato es un esfuerzo compartido. Las autoridades recalcan que el abuso a menudo ocurre en el entorno cercano, por lo que la participación ciudadana es fundamental. Ante cualquier sospecha de violencia, negligencia o abandono, es imperativo realizar la denuncia correspondiente.

Proteger a nuestros adultos mayores es un deber ético y jurídico. En este 15 de junio, el mensaje es claro: la sociedad paraguaya no debe tolerar el maltrato hacia quienes han construido nuestra historia.

A mediados de 2025 se le otorgó un permiso especial a la profesora del primer grado para poder seguir un tratamiento médico. Fue reemplazada por otra educadora con la promesa de que, al inicio del año lectivo 2026, le asignarían un rubro para cubrir el turno vacante en el horario de la tarde.

Sin embargo, la docente sigue trabajando sin percibir remuneración alguna del MEC, por lo que hace algunos días comunicó a los padres de familia que ya no podría cubrir el horario, según señalaron.

Francisca Jara, madre de familia, expresó que, debido al inconveniente presentado, 19 alumnos del primer grado no están desarrollando clases. La situación no solo perjudica a los niños, sino a toda la institución.

San Estanislao: dos instituciones educativas tomas por problemas de rubros

Desentendida

“Pedimos a la directora departamental de Educación, Olga Servín, que nos firme la aprobación del pedido que le hemos presentado y que no se haga la desentendida de nuestro reclamo. Mientras no contemos con ese documento, no vamos a levantar la protesta que estamos iniciando desde esta mañana por la falta de acompañamiento de quienes manejan la distribución de los rubros, entre ellos la directora departamental”, agregó Jara.

El director de la escuela, profesor Osvaldo Costa, expresó su preocupación por la medida tomada por los padres de familia, pero señaló que también entiende el reclamo que realizan.

Hacer las gestiones

El supervisor de área, profesor Alcides Barreto, mantuvo una reunión con los manifestantes y se comprometió a hacer las gestiones necesarias con sus superiores, con el propósito de dar tranquilidad a la comunidad educativa y evitar que se extienda la pérdida de clases.

La diligencia finalmente pudo concretarse luego de varios intentos, debido a que venía retrasándose por incidentes que planteaba la defensa de Ingrid Prette, quien se desempeñó como ujier notificadora del Juzgado de Paz de La Recoleta, que entonces estaba a cargo del juez de paz Víctor Nilo Rodríguez.

Mafia de los pagarés: ex juez de Paz de La Recoleta también afrontará juicio oral

La defensa de Ingrid Prette había presentado certificados y estudios psicológicos y psiquiátricos, en los cuales se la declaraba incapaz de afrontar un proceso penal. Sin embargo, se había solicitado a especialistas del Poder Judicial para evaluarla, quienes emitieron informes que contradecían los documentos presentados por la acusada, que indican que la misma sí puede entender el procedimiento.

Mafia de pagarés: Fiscalía imputa a cuatro jueces de Paz, funcionarios y abogados

Por esta misma causa, aún está pendiente la audiencia preliminar para los abogados Patricia Adriana Parodi Cantero y Blas Antonio Rodríguez Galeano, representantes de la Cooperativa San Cristobal Ltda. y de la firma Satec SA, respectivamente. El juez Rodrigo Estigarribia fijó como fecha para intentar llevarla a cabo el 24 de junio, a las 8:30.

Mafia de los pagarés: “super ujier” notificó en 8 ciudades en 4 horas

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, la ujier notificadora Ingrid Prette colaboró con el esquema fraudulento que funcionaba en los juzgados de paz, en este caso en el de La Recoleta, falseando notificaciones y posibilitando el inicio de procesos judiciales y descuentos a personas que recién tomaron conocimiento de ello cuando sufrían los descuentos.

En la acusación fiscal se destacan dos momentos, especialmente, uno el 23 de noviembre de 2022 y el otro, el 24 de noviembre de 2022.

“Mafia de los pagarés”: Juicios se tramitaron a espaldas de los demandados

Así se tiene la información, según la investigación que, en 28 expedientes presentados ante el juzgado de La Recoleta el 27 de octubre del 2022, solicitando la preparación de acción ejecutiva, la ujier notificadora Ingrid Prette informó falsamente sobre el diligenciamiento de 7 cédulas de notificación, el 23 de noviembre del 2022, entre las 11:00 y 15:00.

En el periodo de tiempo señalado -11:00 a 15:00- la ujier notificadora Ingrid Prette notificó en cinco ciudades, las cuales son: Minga Guazú, en zona de Villa Aurelia - Asunción, en Villa Anita - Ñemby, en el barrio Pinozá, Asunción, en el barrio Molino de Luque, en Coronel Oviedo y Presidente Franco.

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En tanto que, del mismo grupo de expedientes el 24 de noviembre del 2022, diligenció 21 cédulas de notificación, entre las 11:00 y 15:00, en Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte (San Pedro), Ciudad del Este, Limpio y Areguá, un total de 8 ciudades en solo 4 horas.

El 35% de los expedientes con presuntas irregularidades

Mediante el análisis al cual fueron sometidos los 2.271 expedientes incautados de los Juzgados de Paz, se constató que en un total de 791 expedientes existía un patrón común en cuanto a “notificaciones simultáneas o voladoras” que posteriormente eran supuestamente realizadas por los ujieres judiciales.

En este contexto, se detalla que del Juzgado de Paz de La Recoleta se incautaron 647 expedientes relacionados a juicios ejecutivos y acciones preparatorias; de estos en 178 expedientes se identificaron patrones con “notificaciones simultáneas” y a su vez, en base a los expedientes tramitados, el entonces juez encargado, Víctor Rodríguez, dictó 167 resoluciones con presuntas irregularidades.

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Del juzgado a cargo de Lilian González de Bristot, se incautaron 784 expedientes judiciales, de entre los cuales la Fiscalía identificó 235 con notificaciones simultáneas o voladoras, y sobre este total, se habían dictado 172 resoluciones supuestamente irregulares.

Por otra parte, de La Encarnación mientras estaba a cargo de Analía Cibils, se incautaron 721 expedientes. De dicha cantidad, tras el análisis, los fiscales notaron que en 278 existía un modelo de actuaciones que se repetía, en relación a las notificaciones. En base a todos esos expedientes, la magistrada dictó en su momento 236 resoluciones judiciales.

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En tanto que, del juzgado de Paz de La Catedral Segundo Turno a cargo de Nathalia Garcete, fueron incautados 119 expedientes judiciales, de entre los que se identificaron 100 con el mismo patrón en cuanto a “notificaciones simultáneas” y, la magistrada en cuestión dictó un total de 100 resoluciones irregulares.

En cuanto a estas resoluciones dictadas por los magistrados acusados, llaman la atención que tenían números relativamente consecutivos de autos interlocutorios, además de tener la misma fecha de emisión, además de que fueron dictadas en base a informes sobre notificaciones simuladas.

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Teniendo en cuenta la cantidad total de expedientes incautados y analizados (2.271), se encontró que el 35% de ellos (791 expedientes) registran el mismo patrón de práctica con las “notificaciones simultáneas o voladoras”, es decir, casi 4 de cada 10 expediente se tramitó bajo esta modalidad.

Sobre este encuentro, Fretes expuso esta mañana una grave situación administrativa heredada de la gestión anterior, encabezada por quien fue presidente de IPS desde agosto de 2023 hasta abril de este año, Jorge Brítez. Según denunció Fretes, la previsional se encuentra en una encrucijada financiera debido a la falta de gestión y el rechazo injustificado de pagos por alquileres adeudados por el Ministerio Público.

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La deuda, que asciende a cerca de G. 11.000 millones, corresponde al arrendamiento del edificio ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo. Según Fretes, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, expuso durante la reunión que mantuvieron que se intentó honrar este compromiso hace un año, pero la administración de Brítez se negó a aceptar los fondos, generando un escenario de mora evitable.

“Desidia” y falta de contrato, dice Fretes

El titular del IPS fue tajante al calificar la situación como una muestra de “desidia” institucional. Durante su recorrido de esta mañana por el Hospital 12 de Junio, Fretes cuestionó cómo una administración puede rechazar el pago de una entidad estatal, obligando a que se generen intereses moratorios que ahora la Fiscalía se niega a cubrir.

“Él tenía G. 10.000 millones en el bolsillo para pagar y no le aceptaron. “Él (Fiscal General) viene con justificada razón y dice: ‘Por favor, recíbame esta plata que yo quiero pagar’. Pero se le obligó a la mora””, lamentó Fretes.

Además de la deuda, el presidente del IPS reveló una irregularidad mayor: el contrato de alquiler no se renueva desde hace 10 años. “Es una irregularidad absoluta. No le dieron importancia a la institución y por la sumatoria de situaciones como esa es que el IPS está como está”, cuestionó.

Acuerdo en puerta

Fretes explicó que el IPS y la Fiscalía han avanzado en dos puntos clave que serán puestos a consideración del Consejo de Administración:

1. Exoneración de intereses: Fretes adelantó que, a su criterio, es justo exonerar a la Fiscalía de los intereses por mora, dado que fue el propio IPS el que bloqueó el pago en su momento.
2. Compensación por mejoras: Se acordó que las reparaciones e inversiones en infraestructura realizadas por el Ministerio Público en el edificio serán descontadas del canon mensual de G. 300 millones.

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“Lo vamos a llevar al Consejo para exponer estas condiciones. La Fiscalía tiene toda la intención de pagar y nosotros necesitamos normalizar esta situación antes de que se pierdan esos recursos”, dijo el presidente del ente previsional. El futuro de este acuerdo depende ahora de la decisión que se tome mañana durante la sesión dle Consejo de Administración del IPS.

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Según el calendario dado a conocer por el Partido Colorado, durante esta jornada se avanzará también con las actas de los departamentos de San Pedro y Cordillera.

Mientras que el martes 16 de junio se abrirán los sobres de los departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá e Itapúa.

Podría haber tensiones

El día miércoles se podrían dar momentos de tensión cuando se abran los sobres de las actas correspondientes del departamento de Paraguarí.

En este departamento, en el distrito de Paraguarí, existen cuestionamientos de actual intendente Marcelo Simbrón, quien resultó perdedor y frustró su deseo de rekutu.

Según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en Paraguarí, el candidato cartista Osmar Galeano se llevó 4.679 votos y Simbrón solo obtuvo 1.797 votos.

También en Ybycuí los cartistas no estarían conformes con la derrota electoral. Aquí el ex diputado Ever Rivas (ANR-FR) ganó por una mínima ventaja de 87 votos por sobre la cartista Cristina Servín, actual intendenta.

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Además, existe cierta tensión en el distrito de Sapucái, donde dos clanes familiares se disputan la intendencia.

Por un lado está, Danilo Cuevas, hijo del exdiputado Miguel Cuevas, quien obtuvo 1.519 votos, mientras que Ariel “Lilo” Monges, hijo del ex senador Juan Darío Monges y actual intendente, recibió 1.532 votos. La diferencia entre ambos retoños es de solo 13 votos.

Además de Paraguarí, el miércoles también se juzgarán las actas de los departamentos de Itapúa y Misiones.

Para los días 18 y 19 de junio se abrirán los sobres del Departamento Central y Alto Paraná, ambos departamentos con más caudal electoral.

Aquí, el punto conflictivo sería en el distrito de Ñemby, donde los cartistas no aceptan la derrota. El actual intendente Tomás Olmedo (ANR-FR) obtuvo 81 votos más que la cartista Giani Ramírez.

El lunes se suspendería el juzgamiento por el feriado y continuaría el próximo martes 23 de junio.

Se juzgarán las actas de los departamentos de Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

El canon es una cuota anual que deben abonar los sujetos obligados ya sean personas físicas o jurídicas, este ingreso sirve para financiar parte del presupuesto de la institución.

Los sujetos obligados son todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que debe por ley implementar controles para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que abarca a bancos, financieras, casas de cambio, escribanías, inmobiliarias, joyerías, casinos, despachantes de aduana, contadores y abogados, entre otros.

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El proceso de pago del canon tiene dos pasos:

Primero, el Sujeto Obligado debe ingresar al sistema de la Seprelad (sistema SIRO) para descargar su liquidación individual con el monto actualizado. El pago se realiza mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento N.º 000-00-940031/8, habilitada a nombre del Tesoro Público–Seprelad.

Segundo, dentro de las 24 horas siguientes al pago, debe subirse el comprobante al mismo sistema SIRO para que la Seprelad lo reconozca y emita el comprobante de ingreso que completa el proceso.

Transcurrido el periodo indicado (después del 30 de junio), el recargo que se aplicará será del 2% mensual sobre el importe adeudado, acumulable mes a mes, según detallaron desde la institución.

Sin embargo, inmediatamente intervino “La Patronita”, una niña de siete años, quien le recuerda las gestas deportivas e históricas del país y le insiste en que no debe tirar los colores patrios por una derrota.

Finalmente, tras reflexionar sobre la historia y la identidad nacional, todos los participantes terminan entonando el Himno Nacional.

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Manuel Cano y Saúl Cardozo explicaron que la iniciativa nació al ver en las redes sociales la ola de críticas y comentarios negativos que surgieron tras la caída de la Albirroja.

“Vimos que mucha gente estaba tirando mala onda contra los jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros quisimos llevar el mensaje a otro nivel y demostrar que siempre es mejor apoyar y transmitir positivismo”, dijo Cano.

Según explicó, el grupo trabaja habitualmente en la creación de contenidos educativos y motivacionales protagonizados por niños y adolescentes. Entre los personajes más conocidos se encuentra “La Patronita”, quien se caracteriza por comunicarse en guaraní y promover la cultura paraguaya.

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Los protagonistas del video que se grabó en el muelle de Presidente Franco, tienen entre 7 y 16 años, familiares y algunos vecinos.

Los protagonistas del video, que se grabó en el muelle de Presidente Franco, tienen entre 7 y 16 años, familiares y algunos vecinos.

Cano adelantó que preparan otro material que será difundido antes del próximo compromiso de Paraguay, que será el sábado. El objetivo, según indicó, es expresar un mensaje de aliento a los jugadores.

El padre Ronaldo Ocampos, cura párroco de la Parroquia Perpetuo Socorro, aprovechó el momento que se vive en la comunidad para expresar el mensaje de la Iglesia a la feligresía en general y, en especial, a quienes ocupan los espacios del poder público.

“Como Iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro pueblo y a las autoridades. Necesitamos que disminuyan la corrupción, la pobreza, la violencia y que haya accesibilidad en educación, salud y trabajo. A la ciudadanía pedimos madurez cívica, que sepan elegir, que no vendan su conciencia, que elijan con responsabilidad; y a las autoridades, compromiso para satisfacer las necesidades del pueblo”, expresó.

El presbítero Ocampos destacó la gran participación de la feligresía en cada novenario, que llena la capilla del templo durante las nueve misas diarias. Agregó que también habrá actividades para recaudar fondos destinados a mejoras de la iglesia parroquial.

Sorteos y la alfombra artística

El padre Ronaldo Ocampos señaló que los tradicionales sorteos de bingo y una rifa se realizarán durante la fiesta patronal para recaudar fondos que serán utilizados para mejoras a ser introducidas al templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Destacó, además, que este año se realizará la confección de la tradicional alfombra artística que cubrirá gran parte del itinerario previsto para la procesión el próximo 27 de junio, durante el denominado “Día triunfal de la Santa Patrona de Pedro Juan Caballero”.

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ABC entrevistó a Nilda Ortega, jefa del Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quien informó que la implementación de la ley del RUN y su reglamentación se encuenta en curso entre las diferentes instituciones involucradas.

Ortega refirió que la nueva normativa no introduce cambios en la forma en que se ajustan los valores fiscales de los inmuebles, ya que siguen dependiendo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado oficialmente por el Banco Central del Paraguay (BCP) y aprobado posteriormente mediante decreto del Poder Ejecutivo.

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Según explicó, el principal objetivo de la citada disposición es "fortalecer la seguridad jurídica, optimizar la gestión de la información inmobiliaria y mejorar la calidad de los registros a nivel nacional".

Paraguay, con más de 3.100.000 inmuebles

Sobre la cantidad de propiedades que se tienen en Paraguay, contó que hay 3.122.226 inmuebles urbanos y rurales al cierre del 2025.

Consultada acerca de la existencia de inmuebles con valores fiscales muy desactualizados, respondió que la DNIT detectó ciertos casos.

En esa línea, acotó primeramente que, a efectos tributarios, lo que se considera es el valor fiscal, mientras que el valor de mercado suele utilizarse como referencia en las operaciones inmobiliarias (compraventa de terrenos, edificios, etc.), de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda.

“El valor fiscal cumple una finalidad impositiva, mientras que el valor de mercado constituye una referencia para la transacción inmobiliaria entre particulares”, indicó.

Valores inmobiliarios totalmente desactualizados

Por otro lado, la jefa del Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de la DNIT informó que la institución pudo identificar inmuebles cuyos valores fiscales no guardan una adecuada correspondencia con la realidad física o fiscal de las propiedades.

En ese sentido, conforme a los análisis, contó que observaron que las mayores distorsiones o variaciones se presentan principalmente en tierras agrícolas.

Recaudación del impuesto inmobiliario

Asimismo, refirió que el nuevo sistema permitirá la determinación de los valores fiscales actualizados. Estos sirven de base para el cálculo del impuesto inmobiliario, que se obtiene mediante la aplicación de la tasa del 1% sobre el valor fiscal del inmueble.

“El impacto mínimo esperado se encuentra asociado a la variación del IPC informado por el Banco Central del Paraguay, que, en la mayoría de los ejercicios, registra una variación positiva vinculada a la inflación”, acotó y aclaró que la recaudación del tributo está a cargo de las municipalidades.

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En 2027 empezarán a regir nuevas valuaciones fiscales

En cuanto a cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas valuaciones fiscales -tras su actualización-, Ortega anunció que será al cierre del ejercicio fiscal vigente, después de la promulgación del decreto presidencial correspondiente, y que las mismas empezarán a regir a partir del periodo fiscal inmediato siguiente.

“Cualquier operación inmobiliaria realizada a partir de la vigencia de los nuevos valores fiscales ya tomará como referencia el valor fiscal actualizado del inmueble en cuestión”, reiteró.

¿Habría aumentos de impuestos vinculados a inmuebles?

Nuestro diario consultó a la técnica de la DNIT si el sistema del RUN podría derivar en aumentos de impuestos viculados a inmuebles. Respondió que “directamente no”, sin embargo, aclaró que el impuesto inmobiliario puede generar contribuciones adicionales.

En ese sentido, refirió que “en el caso de los inmuebles urbanos, el impuesto adicional se relaciona con el aprovechamiento del terreno; por ejemplo, si se trata de un inmueble baldío, se aplica un porcentaje adicional sobre el impuesto liquidado", señaló.

En tanto que, en el caso de los inmuebles rurales, el impuesto adicional guarda relación con la superficie o extensión de la tierra. “Se calcula un porcentaje adicional sobre el impuesto liquidado, conforme a la superficie del inmueble”, acotó la funcionaria.

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Aún no hay datos de propiedades subvaluadas

Al ser consultada si la DNIT ya cuenta con información de la propiedades subvaluadas, afirmó que dichos datos están siendo analizados y que aún no se encuentran disponibles.

“A la fecha, no existen datos numéricos ni estadísticas históricas suficientes que permitan estimar con precisión la cantidad de inmuebles que podrían encontrarse subvaluados en el Paraguay”, aseguró.

Sobre el punto, ahondó que, en determinados casos, las diferencias detectadas se vinculan principalmente con la falta de actualización de los datos físicos de los inmuebles.

DNIT, responsable de fijar valores a inmuebles

Al final de la entrevista, Ortega subrayó que la Ley Nº 125/1991, que establecía el régimen tributario, contemplaba determinados criterios vinculados al valor de mercado. Sin embargo, esa disposición fue modificada y se estableció que la actualización de los valores fiscales se realice, básicamente, conforme a la variación del IPC.

“Atendiendo al dinamismo del mercado inmobiliario, resulta complejo orientar el sistema hacia una equiparación plena con el valor de mercado. Además, debe considerarse el compromiso del Gobierno de no aumentar los impuestos en general”, sostuvo.

Además, dijo que la metodología para determinar el valor fiscal de los inmuebles se mantiene vigente, lo que cambió es la institución competente para realizar dicho cálculo.

“Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 7424/2025, la atribución que anteriormente correspondía a la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, pasa a ser ejercida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, resaltó finalmente.

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DNIT y CSJ avanzan en implementación de la ley

Precisamente, respecto a la aplicación de la Ley N° 7424/2025 del RUN, la DNIT informó recientemente que la semana pasada mantuvo una reunión con autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de continuar avanzando en la coordinación de acciones para implementar la citada normativa.

En el comunicado, refirió que ambas instituciones se encuentran actualmente analizando los requerimientos de acceso a la información catastral y registral necesaria para los procesos de valuación fiscal.

Asimismo, el comunicado de la DNIT añadió que se verificaron las alternativas para la integración y utilización de herramientas tecnológicas vinculadas a los módulos de avalúo, además de aspectos operativos relacionados con la emisión del Informe de Avalúo Fiscal Inmobiliaria.

La institución explicó que también se acordó conformar mesas técnicas especializadas que harán el análisis de los componentes normativos, operativos y tecnológicos involucrados en la implementación del sistema con el fin de que se cumpla eficiente con las responsabilidades asignadas por la legislación vigente.

Gracias a la rápida intervención, el ejemplar pudo ser liberado y posteriormente trasladado al Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) de la entidad, en Hernandarias, para una evaluación de su estado de salud.

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El ejemplar rescatado corresponde a una mbói jagua hembra de 3,6 metros de longitud y 20 kilogramos de peso. Se trata de una serpiente constrictora perteneciente a la familia de las boas (Boidae), emblemática de los ecosistemas acuáticos y humedales del Paraguay, donde cumple un importante papel ecológico al regular las poblaciones de peces, aves y otros vertebrados.

Especie con amenaza de extinción

Su presencia es un indicador de la salud de los ambientes naturales y de la riqueza biológica de los recursos hídricos. Esta especie está considerada como “amenazada de extinción” por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Las principales amenazas para este reptil son la destrucción de sus hábitats y la caza motivada por el temor o el desconocimiento.

Al mismo tiempo, se destaca el valioso papel que desempeñan los pescadores en la protección de los ecosistemas acuáticos. La conservación efectiva de la biodiversidad requiere del trabajo conjunto entre instituciones públicas, comunidades locales y usuarios de los recursos naturales.

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Desde la División de Áreas Protegidas de Itaipú se recuerda la importancia de respetar las disposiciones legales relacionadas con la actividad pesquera y promover prácticas responsables que permitan la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

La protección de especies como el mbói jagua y de los ambientes que habita es una responsabilidad compartida. Cada acción orientada al uso sostenible de los recursos naturales contribuye a preservar el patrimonio natural del Paraguay y garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos que benefician a toda la sociedad.

La pequeña perra había sido víctima de un acto de violencia con un cebollón que le provocó la pérdida de la mandíbula. Tras un proceso de recuperación y una cirugía realizada por primera vez en Paraguay, se le colocó una prótesis mandibular.

El mencionado proceso se dio con un acompañamiento de la mencionada asociación que constantemente reportaba y velaba por el estado de la can. “La justicia se está burlando de la vida de una inocente y nosotros somos su voz. No podemos permitir esta burla”, mencionan desde Olfateando Huellas.

Inclusive, el agente fiscal de la Fiscalía zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, había imputado al adolescente de 17 años por la presunta comisión del hecho punible de crueldad animal, ya que él era el sospechoso del violento hecho.

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Rechazo de Defensa Animal

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal emitió un comunicado manifestando su desacuerdo con la decisión judicial.

La institución sostiene que el retorno de Canela a su antiguo hogar implica volver a un entorno donde “evidentemente, no recibió los cuidados y la protección que merece”.

“Entendemos que por la situación, es necesario que permanezca con la persona quien se hizo responsable de su atención y cuidados”, detalla Defensa Animal.

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La marcha partirá a las 16:30 desde la Escalinata de Antequera y recorrerá las calles del centro de Asunción hasta llegar a la Plaza de la Democracia.

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No obstante, según informaron los organizadores, la jornada comenzará a las 15:00 en la Escalinata de Antequera, donde se concentrarán colectivos LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, sindicatos, agrupaciones feministas, representantes diplomáticos, artistas y activistas de distintos puntos del país.

Festival del Orgullo reunirá a más de 30 artistas

Tras la movilización, desde las 18:00 se desarrollará el Festival del Orgullo en la Plaza de la Democracia. La organización prevé la participación de más de 30 artistas vinculados a la diversidad, además del apoyo de un equipo integrado por más de 50 personas voluntarias.

Los organizadores señalaron que el evento busca constituirse en un espacio de encuentro, visibilidad y expresión cultural, además de servir como plataforma para reivindicar derechos y promover la inclusión.

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Reclaman una ley contra la discriminación

El presidente y director ejecutivo de REPAR+, Hugo González, sostuvo que la movilización tendrá como objetivo exigir cambios legislativos.

“Este año salimos a las calles para decir con fuerza que no aceptaremos retrocesos en materia de derechos humanos. Paraguay necesita una Ley contra la discriminación, y la necesita ahora”, expresó.

Añadió que la celebración del Orgullo representa también una demanda política. “El Orgullo es una celebración, pero también es una demanda política y ciudadana que no puede seguir siendo ignorada”, afirmó.

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Esperan amplia participación

Desde Repar+ destacaron que la Marcha y el Festival del Orgullo se han consolidado en los últimos años como uno de los eventos culturales y comunitarios de mayor convocatoria vinculados a la diversidad y los derechos humanos en Paraguay.

Asimismo, anunciaron que organizaciones nacionales e internacionales acompañarán la actividad, para reafirmar su compromiso con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

La organización invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a participar de la cobertura de la jornada, que consideran un espacio de memoria, resistencia y construcción colectiva.

La designación se produce en momentos en que el nombre de Hans Hermann Kemper Rojas, primo del titular de la comisión, aparece entre las personas investigadas por la Fiscalía por un supuesto título universitario irregular.

El primo del presidente de la comisión está bajo investigación

Hans Hermann Kemper Rojas fue uno de los precandidatos a concejal más votados en las elecciones internas coloradas del pasado 7 de junio en Luque, donde obtuvo 3.057 votos como representante del movimiento Honor Colorado.

El dirigente cartista figura entre los abogados egresados de la Universidad Sudamericana. De acuerdo con registros de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo el título de abogado en 2017, es decir, dos años después del anuncio de cierre de dicha carrera en esa institución académica. Su matrícula profesional fue expedida en 2021.

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La situación derivó en una investigación fiscal. Una unidad del Ministerio Público allanó recientemente la oficina donde supuestamente ejerce la profesión en la ciudad de Luque, tras una denuncia ciudadana relacionada con un presunto título de grado falso. Sin embargo, durante el procedimiento los intervinientes no encontraron al denunciado en el lugar.

La coincidencia genera cuestionamientos debido a que Patrick Kemper encabezará justamente el órgano legislativo encargado de investigar la emisión, comercialización y utilización de títulos académicos presuntamente falsos o irregulares.

Una comisión para investigar la “mafia de títulos”

La comisión especial fue creada para indagar posibles esquemas de falsificación, expedición irregular y utilización de títulos universitarios en instituciones públicas y privadas.

Entre sus atribuciones figuran:

• Recibir denuncias e informaciones.
• Solicitar informes a universidades e instituciones públicas.
• Identificar mecanismos de falsificación y comercialización de documentos académicos.
• Determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y centros educativos.
• Convocar a autoridades, expertos y representantes institucionales.
• Elaborar un informe final que podrá ser remitido a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a otras instituciones.

Además, la comisión resolvió solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informes sobre títulos de grado y posgrado registrados desde la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior.

El cartismo asegura el control del órgano investigador

La elección de Patrick Kemper se produce luego de que la mayoría oficialista lograra controlar la integración de la comisión.

La conformación definida por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, dejó al cartismo y sus aliados con mayoría suficiente para definir las principales autoridades del órgano.

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La comisión está integrada por Patrick Kemper (ANR, HC), Derlis Maidana (ANR, HC), Lizarella Valiente (ANR, HC), Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), Zenaida Delgado (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (liberocartista) por el bloque oficialista, mientras que la oposición y la disidencia están representadas por Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Celeste Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

La correlación de fuerzas permitió al oficialismo quedarse con la presidencia de una comisión creada precisamente para investigar un escándalo que tuvo como uno de sus principales detonantes el caso del exsenador Hernán David Rivas, quien se vio forzado a renunciar a su banca ante su inminente destitución.

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Martínez señaló que, tras mantener conversaciones con representantes de distintas asociaciones de pescadores, se solicitó a directivos del Mades una nueva prórroga para que los trabajadores del sector puedan regularizar el pago de las licencias. Explicó que la escasez de peces en el río Paraná afecta directamente la actividad pesquera comercial, repercutiendo negativamente en los ingresos económicos de las familias dedicadas a esta actividad y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

Escasez de especies

En otro momento, manifestó que existen especies de peces cuya captura es cada vez más escasa, mientras que los acopiadores provenientes de otras ciudades buscan adquirir una mayor variedad de productos para su posterior comercialización. En la actualidad, resulta muy difícil conseguir bagre, dorado y surubí. En contrapartida, las especies que registran mayor disponibilidad son el mbata (G. 5.000), la boga (G. 40.000) y el armado (G. 5.000).

“La escasez de peces en la zona de Ayolas impide la circulación de dinero dentro de la comunidad ayolense. Los pescadores manifiestan que la presencia de algas acuáticas y la pronunciada bajante del río Paraná son las principales causantes de la crisis existente en el sector pesquero local”, agregó.

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Hasta incluso hay un video de reuniones de Villaverde en Mburuvicha Róga con la viceministra Duarte. “Jimmy” es señalado como el responsable de La Red Desinformante, en la que se sospecha del uso de dinero público para pautas en redes sociales y medios de comunicación dedicados a difundir ataques y fake news contra periodistas, medios y activistas opositores al gobierno de Santiago Peña.

Entre la última semana de abril y primera semana de mayo se presentaron al menos dos denuncias contra La Red Desinformante, una por parte de varios diputados y la otra por parte de Hugo Portillo, uno de los afectados, como víctima; sin embargo, y pese a las evidencias públicas con las que se cuentan hoy en día, la Fiscalía sigue sin llamar a “Jimmy” Villaverde a declarar, criticó la senadora Yolanda Paredes.

“Me extraña que la Fiscalía hasta ahora no haya impulsado la investigación como es debido, empezando por Villaverde, empezando llamar a Villaverde a declarar y por qué no, un allanamiento en el Mitic”, afirmó.

Influencers prooficialistas operaron desde agencia de Jimmy Villaverde

Funcionarios del Mitic envueltos en La Red Desinformante

Agregó que también tienen pleno conocimiento que hay funcionarios del Mitic envueltos en esto, lo cual no es poca cosa, ya que se trata de una guerra mediática con presunciones que se han generado dentro del mismo gobierno y sobre todo con dinero público.

“Me llama la atención que no hayamos avanzado en esta investigación y por supuesto eso es responsabilidad del Ministerio Público. A mi me llegó a oídos que es Itaipú el que está dando el dinero. Sabemos que el dinero de Itaipú no tiene control constitucional, no tiene un control parlamentario, por lo que ellos, lastimosamente hasta ahora, el gasto del dinero que proviene de Itaipú no tiene ningún tipo de fiscalización, y por supuesto que a mi no me extrañaría en absoluto que dinero se esté utilizando en este negocio”, señaló.

Insistió en que se tendría mayores luces cuando se le investigue a Villaverde o se le llame a declarar, sobre todo, saber como y de donde tiene fuente de financiamiento para seguir llevando adelante cuestiones de comunicación con allegados a Santiago Peña.

Lamentó que la Fiscalía ni siquiera inició la investigación, porque es de conocimiento público que hay que iniciar con Villaverde, preguntarle a él, como cuál es su nexo, como llegó hasta ahí, como cuál es el papel que cumple dentro del gobierno y qué hace en Mburuvicha Róga.

Jimmy, Duarte y equipo coordinaban labores en sala de Mburuvicha Róga

“Yo creo que ningún militante tiene semejante acceso libre a ese lugar, entonces, por ahí me parece importante empezar la investigación”, concluyó.

Villaverde, destacado tanto por Duarte como por el propio ministro del Mitic, Gustavo Villate, como un “militante” del Partido Colorado, también fue funcionario de la cartera de Estado comunicacional, pese a que ambos altos funcionarios lo negaron en reiteradas ocasiones. Se sospecha que Villaverde lideró una campaña y equipo de ataques a periodistas y activistas opositores al gobierno para la que presuntamente desembolsaron millonarios fondos provenientes del Estado para pagar pautas e influencers que participaron de la misma.

Tras darse a conocer el video, el diputado independiente, Raúl Benítez, afirmó que se evidencia que el Presidente de la República, Santiago Peña, comía en la misma casa de gobierno, Mburuvicha Roga, con sus “gorilas comunicacionales”.

“Se evidencia que los monos comunicacionales que tenía, los gorilas comunicacionales que tiene Peña, son de su entorno, o sea, él come con sus gorilas en la misma casa de gobierno, Mburuvicha Roga”, refirió.

Influencers prooficialistas operaron desde agencia de Jimmy Villaverde

Diputado Benítez denuncia benevolencia de Fiscalía

Agregó que, por otro lado, también se confirma la benevolencia de la Fiscalía, ya que a esta altura no se cuenta con una sola señal de que se esté moviendo la denuncia presentada respecto a la campaña sucia y la red desinformante en la que se sospecha del uso de más de US$ 500.000 de fondos públicos para el ataque a periodistas, medios y activistas opositores al gobierno.

“Yo creo que el fiscal general lo que está haciendo es está especulando para ver hasta dónde llega la investigación que está llevando el grupo ABC Color, de tal manera a determinar qué es lo que puede hacer o no puede hacer o qué es lo que puede obviar o puede no obviar, en favor también del Presidente de la República”, señaló.

Dijo que la Fiscalía hoy está en la deriva, ya que no existe intención de investigar la campaña sucia y si se abre una carpeta probablemente sea para blanquear, aunque cree que en caso de que se abra una investigación fiscal, no se va a poder blanquear sin saber todo lo que se puede saber o sin tener conocimiento de todo lo que puede ser público.

Agregó que al Fiscal General de la República, Emiliano Rolón, se le complica el panorama porque “se le achica la cancha”.

Jimmy, Duarte y equipo coordinaban labores en sala de Mburuvicha Róga

“Se va quedando un poquito más en la esquina. Hoy sabemos que los gorilas comunicacionales formaron parte del Mitic, sabemos que él (Jimmy Villaverde) formaba parte hasta de la mesa del Presidente de la República, no era un simple militante, o sea, sabemos que ellos formaban parte del riñón del gobierno. La pregunta es cómo va a abordar eso el Fiscal General de acá en adelante y él seguramente va a esperar a ver si sale alguna que otra información para encontrarle la vuelta”, indicó.

Villaverde formaba parte del “zoológico de gorilas”

Para el diputado de la oposición, con la investigación de ABC Color se demuestra es que Jimmy Villaverde y el equipo comunicacional que hacía el trabajo para la campaña sucia era “el conjunto de gorilas del zoológico así como el mborevisito de Mburuvicha Roga, evidentemente hoy sabemos que Mburuvicha Roga también contrató un grupo de gorilas que hacen el trabajo sucio del Presidente de la República”.

Aseguró que es evidente que se utilizó dinero público para solventar la red desinformante y la campaña sucia, pero se debe saber quién autorizó y quién dio la orden para que se utilicen fondos para este fin.

De los pedidos de informe que realizó la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, solamente uno se respondió, cuya respuesta tampoco contestó las interrogantes planteadas, mientras, los legisladores siguen aguardando las respuestas de una segunda consulta que realizaron al Poder Ejecutivo sobre los posibles vínculos con la red desinformante y la campaña sucia.

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“Con ambas respuestas veremos qué caminos tomar. Evidentemente, el Mitic eligió la no comunicación para este caso, porque va a evidenciar que Gustavo Villate está en contubernio con el Presidente de la República, con este grupo que estuvo malversando dinero público, porque hay que decir que acá hay una malversación de dinero público”, insistió.

Rechazo al feriado por el Día del Padre

La diputada cartista Virina Villanueva presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para establecer el 16 de junio como fecha fija para el Día del Padre en Paraguay, que de acuerdo al agumento, busca honrar a Gaspar Rodríguez de Francia, pero aclara que no contempla la creación de un nuevo feriado, ya que su intención es puramente conmemorativa

Consultado sobre el tema, Benítez respondió que es impresionante como los legisladores creen al sentarse en un curul y automáticamente las ideas son superiores a la del resto de la República, porque esta propuesta no tiene ninguna lógica.

“Nadie sabe cuál es la relación de esa fecha del 16 o por lo menos yo no lo sé hasta ahora, del 16 para que ella determine esto, entonces, yo me opondré primero por eso. Segundo, porque yo considero un día padre, domingo, asado, regálame eso, y tercero, porque de verdad en este país hay gente que no come, hay cosas demasiado urgentes, demasiado importantes como para que estemos perdiendo el tiempo debatiendo esto”, sentenció.

Criticó a la legisladora oficialista por querer “llenar su lista legislativa de cumplidos” y agregó que espera que mañana se rechace esto o se archive.

El propio MEF había señalado que este “Programa País”, que ya cuenta con media sanción del Senado, está “diseñado para apoyar la alineación de las políticas públicas nacionales con los estándares del organismo” y con una duración de 3 años (extensibles), y que “establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación con la OCDE, con miras a una futura adhesión a la organización”.

En total, el acuerdo plantea un aporte económico de € 3.550.000, de los cuales nuestro país debe desembolsar unos € 2.395.000, mientras que los restantes € 1.155.000 corren por cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, según el documento suscrito, “no generarán ninguna obligación financiera adicional para el Gobierno de Paraguay”.

Los programas que deberá financiar nuestro país son los siguientes:

• Asistencia técnica con miras a facilitar la adhesión de Paraguay a la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
• Coordinación del Programa País incluye monitoreo e implementación del programa país.
• Informe de referencia con miras a la alineación con los Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital y Operaciones Invisibles Corrientes.
• Revisión del Sistema Estadístico Nacional.
• Asistencia técnica para apoyar la revisión del Código Nacional de Gobierno Corporativo de Paraguay, alineándolo con la Recomendación sobre Principios de Gobierno Corporativo.
• Educación: cobertura y calidad con enfoque en la formación docente.
• Diálogo y revisión sobre la gobernanza del agua.

El millonario gasto básicamente busca eventualmente la adhesión de Paraguay a la OCDE, que actualmente tiene 38 miembros, entre los que se encuentran los principales países europeos, así como de América: Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Se frena plan de “bicicleteo” a deuda a vialeras

Por otra parte, por dos semanas consecutivas estuvo entre los primeros puntos del orden del día el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya no figura para su tratamiento en la sesión ordinaria de mañana de Diputados.

Luego de haberse apurado su inclusión en el orden del día de las pasadas sesiones del 2 y 9 de mayo, pero tras frustrarse su tratamiento por falta de quorum en ambas sesiones, esta semana directamente desapareció del orden del día cuya elaboración está a cargo del presidente cartista de la Cámara, Raúl Latorre.

El proyecto ni siquiera planteaba el pago total de la deuda con las vialeras, sino simplemente los intereses moratorios por los certificados de obras ejecutadas a fin de evitar el reclamo vía judicial.

Desde la cartera estatal señalaron que las estructuras retiradas no contaban con la autorización correspondiente para permanecer dentro de la franja de dominio, por lo que se procedió a su desmontaje. Asimismo, adelantaron que estos controles y retiros seguirán ejecutándose en diferentes departamentos del país.

La medida se produce días después del escándalo generado por la aparición de imágenes consideradas ofensivas en la zona primaria de Ciudad del Este, Alto Paraná.

A partir de ese episodio, el MOPC reforzó las verificaciones sobre la instalación de carteles y estructuras publicitarias ubicadas en espacios bajo su administración.

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Avanzan obras de la Red Vial Estructurante

El retiro de los carteles se realizó en una zona donde también avanzan importantes trabajos viales.

El proyecto de la Red Vial Estructurante contempla la construcción de dos corredores estratégicos sobre la Ruta PY02.

El primero corresponde al acceso a la Ruta PY02 y partirá desde el kilómetro 41, incluyendo una nueva variante que conectará con Areguá.

El segundo corredor abarcará el acceso a San Bernardino desde el kilómetro 43, donde se prevé la duplicación de carriles, mejoras urbanísticas y accesos directos para optimizar la circulación vehicular.

Entre las obras más relevantes figura una autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros de extensión, que contará con dos calzadas y dos carriles por sentido de circulación.

La estructura unirá importantes arterias de la zona y se convertirá en una de las mayores infraestructuras de este tipo construidas en el país.

Según datos oficiales, la instalación de pilotes para sostener la futura autopista registra actualmente un avance cercano al 25%.

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La importante avenida, convertida en un peligroso escenario de baches profundos, asfalto desgranado y agua servida de forma constante, aún espera la intervención que había prometido el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022). Su administración desvió el dinero de esa emisión, que debió ser utilizado en exclusiva para obras, a salarios y otros gastos corrientes.

Mientras tanto, miles de conductores sufren el perjuicio y pagan diariamente los platos rotos del colapso capitalino al transitar por una zona desatendida por el municipio. El dinero que debió salvar a la ciudad de las inundaciones, terminó diluyéndose.

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El estado crítico de la avenida es particularmente severo en el tramo comprendido entre las calles Malutín y San Rafael, afectando seriamente a los cruces con las calles Senador Long y Dr. Francisco Morra. En ese trayecto se constatan enormes baches ubicados en plena calzada que obligan a los conductores a realizar maniobras evasivas peligrosas para no dañar sus vehículos.

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El pavimento de la zona afectada muestra un asfalto completamente desgastado e irregular con zanjas que acumulan agua estancada al borde mismo de las veredas. Esta situación demuestra que las tareas de parches superficiales ya no dan abasto ante el persistente retraso de la obra de fondo.

Este tramo forma parte del trazado original del proyecto pluvial de la cuenca de Santo Domingo adjudicado al Consorcio Pluvial Santos, integrado por las empresas Covipa y Chávez Construcciones, representadas por Óscar Rubiani, por un monto total establecido de G. 72.389 millones, de los cuales ya se desembolsaron G. 17.871 millones.

La palada inicial se había registrado el 27 de marzo de 2025, con un plazo de ejecución de los trabajos planificado en 12 meses. Habiendo pasado más de 14 meses, la obra registra un avance de ejecución de apenas el 30%, según datos de la propia Municipalidad. En sus redes sociales, la gestión del intendente actual, Luis Bello, dice que “ya se notan avances significativos” en el proyecto.

El desvío de los bonos G8 de “Nenecho” frenó el avance de las obras

El retraso de este y otros proyectos, que contaban con G. 360.000 millones de los bonos G8 (2022) para su financiamiento, es consecuencia directa del desvío de más de G. 512.000 millones, denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República (CGR).

En marzo pasado, la directora de Obras de la Municipalidad, Mirtha Acha, había reconocido que la falta de pago a los contratistas de los desagües pluviales “fue uno de los factores que hizo que el ritmo disminuyera”.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió ese dinero al pago de salarios municipales y otros gastos corrientes.

La gestión de Luis Bello avanza a “paso de tortuga” y sitia el barrio Manorá

Bajo la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los frentes de trabajo siguen marchando a paso de tortuga en los barrios. La lentitud arrastra las consecuencias del cierre por más de un año de la calle Nuestra Señora del Carmen, generando millonarias pérdidas comerciales.

Los inconvenientes se trasladaron ahora al barrio Manorá, sobre todo para quienes residen en la calle Melvin Jones entre Agustín Pío Barrios y Roque Centurión Miranda. La apertura descontrolada de zanjas y acumulación de grandes montículos de tierra frente a los portones residenciales bloquean por completo la salida de los vehículos.

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La inestabilidad de la superficie por capas de arena lavada y humedad ya provocó múltiples caídas de peatones y adultos mayores en pozos. A la par, los vecinos denunciaron que la destrucción total de las veredas causó el confinamiento forzoso y el aislamiento absoluto de personas no videntes que habitan la cuadra.

El deterioro asfáltico severo se extiende sobre la calle Agustín Pío Barrios, en el tramo comprendido entre Melvin Jones y San Rafael. El pavimento presenta hundimientos significativos por el tráfico desviado y el paso de camiones pesados, exhibiendo baches cubiertos de agua y registros abiertos señalizados solo con neumáticos viejos.

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“Lo último que supimos de mi recurso de amparo judicial es que el 2 de junio en la última licitación de mi medicamento se presentó una farmacéutica interesada que quiere proveer el medicamento al MSPYBS”, explicó la docente jubilada.

Agregó: “ahora quedó en el Estado la compra, o sea, depende del Ministerio de Economía y Finanzas y tienen un tiempo de 60 días para finiquitar, mientras tanto sigue la espera”, expresó la paciente oncológica.

Rifa solidaria

La familia de la profesora Fabiola Valiente Fernández organiza una rifa solidaria que sortea una motocicleta eléctrica, cada número tiene un costo de G. 10.000, la fecha del sorteo es el 30 de junio. Para quienes puedan adquirir se pueden comunicar al 0971 243 574.

Voces de la oposición han expresado rechazo a la posibilidad de que el actual contralor Benítez busque la reelección, al considerar que se ha mostrado cercano al Gobierno.

Sobre ese punto se manifestó hoy la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien opinó que el contralor Benítez “últimamente quedó pegado a algunos casos del Gobierno” que ponen en duda su independencia.

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“Él comenzó bien su gestión y poco a poco fue obedeciendo, el contralor no debe obedecer, debe controlar”, dijo la senadora Amarilla. “Fue poniéndose obediente al Gobierno, estaría bien que probemos con otro”.

El contralor Benítez ha sido criticado por los opositores especialmente luego del reciente informe de la Contraloría que afirmó haber encontrado correspondencia entre el considerable enriquecimiento del presidente Santiago Peña en los últimos años y sus declaraciones juradas.

“La función de contralor no la puede hacer tu amigo”

La senadora Amarilla enfatizó que el próximo contralor debe provenir de la oposición para cumplir efectivamente el rol de control sobre el poder de turno que es la misión principal de la Contraloría.

“La función de contralor no la puede hacer tu amigo, tiene que ser tu adversario”, subrayó.

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Recordó que solía existir un “pacto de caballeros” entre los principales partidos políticos del país, el PLRA y la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), por el cual se designaba como contralor a un representante de la oposición al partido gobernante.

“Es grave desde lo ético y moral que el Gobierno desconozca esta norma”, sentenció.

También, un abogado que representó a la Junta Municipal de Jesús retiró la querella adhesiva al comienzo del juicio, y de esta manera el Ministerio Público continuó solo con la acusación.

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El Ministerio Público acusó al intendente Garay el 12 de diciembre del 2023 por manejar irregularmente fondos destinados al patrimonio histórico y cultural, lo que habría ocasionado un perjuicio de G. 2.443 millones, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.

Sin embargo, desde ese momento, el político colorado comenzó con diversas chicanas para dilatar su subida al banquillo de los acusados. Incluso se mantuvo en la clandestinidad abandonando sus responsabilidades municipales.

Antecedentes del caso

Víctor Garay está acusado por una presunta lesión de confianza en el ejercicio fiscal del año 2022.

La investigación arrojó un supuesto daño patrimonial de dinero proveniente de los fondos especiales otorgados a municipios que tienen patrimonios culturales, por las leyes 5255/14 y 6145/18.

El fiscal Luis Albertini, titular de la causa, y los fiscales Ever Williams y Francisco Martínez llevan adelante la investigación.

Según el acta de acusación, el presunto daño patrimonial es de G. 2.327.757.543, entre lo que pudo corroborar la Contraloría General de la República y lo que halló el Ministerio Público.

Se trata de G. 188.517.059 en honorarios profesionales, G. 1.546.546.073 en construcciones y G. 592.694.411 en extracciones que no tenían documentación respaldatoria.

Retiran querella

Llamó la atención que un abogado, quien dijo tener un poder de la Junta Municipal de Jesús, intentó también dilatar el juicio, siendo que en el pasado los propios ediles impulsaron la investigación fiscal. Al solicitar que se retire la querella adhesiva, se presentó otro intento dilatorio, pero el juicio continuó a pedido del Ministerio Público.

Consultamos al respecto a la concejala Idilia Peralta (ANR-FR), quien fue intendenta interina cuando Garay fue apartado por un tiempo de su cargo, e indicó que actualmente la Junta Municipal en mayoría ahora volvió a dar respaldo al jefe municipal y, debido a eso, no se pudo sostener la querella adhesiva.

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“Realmente eso se trató en plenaria. Al tener mayoría la otra parte que apoya al intendente, revocaron el poder que habíamos hecho ante escribanía pública y ahí desistieron de la querella. Quedamos en minoría en la Junta Municipal y no pudimos sostener la querella”, respondió Peralta.

Mientras que la concejala Sulema Schlender (ANR-HC), quien también se había asignado como intendenta interina, nos indicó que las consultas se deben realizar a la asesora Natalia Riveros.

El organizador del desfile, Wilfrido Insfrán, explicó que el objetivo es mantener viva la memoria histórica y fortalecer los valores patrióticos entre las nuevas generaciones.

Insfrán dijo que esta fue la novena edición del desfile realizado sobre la avenida Perú, una de las más concurridas de la capital esteña. Comentó que anteriormente las actividades se desarrollaban en dos comunidades distintas, pero las organizaciones decidieron unificar esfuerzos en un solo evento.

Según recordó, en la primera edición participaron entre 13 y 15 instituciones educativas, pero la cantidad de instituciones fue creciendo con el paso de los años hasta alcanzar las 33 instituciones presentes en esta edición.

La jornada comenzó a las 7:30 con la entonación del Himno Nacional en guaraní, interpretado por un coro integrado por 100 estudiantes. Posteriormente se desarrolló un acto artístico con presentaciones de danza y canto antes del inicio del desfile.

Insfrán instó a los estudiantes a mantener vivo el patriotismo para contribuir a la construcción de un país más próspero y equitativo.

La actividad contó con la presencia de supervisoras educativas y otras autoridades del sector. Los organizadores resaltaron además las condiciones de la avenida Perú para este tipo de eventos, calificándola como un espacio amplio y representativo de la capital del Alto Paraná

Para el acto se montó un altar con pertenencias de los caídos. Las botas representaron el camino recorrido por los uniformados; el fusil clavado hacia abajo simbolizó que su combate había terminado; y el casco colocado encima representó la vida que entregaron y el descanso eterno de quienes partieron cumpliendo su juramento de proteger y servir.

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Uno de los sobrevivientes de la tragedia, el suboficial Nelson Zaracho, relató que la pérdida de sus camaradas los marcó profundamente y que cada año reviven aquel doloroso momento. Asimismo, instó a que en todos los procedimientos siempre prevalezca el diálogo para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

El comisario Darío Núñez Durañona, jefe del Departamento de Operaciones Tácticas (GEO) de Alto Paraná, recordó que el homenaje también estaba dirigido a los agentes que lograron sobrevivir a la tragedia.

“Aquella jornada dejó una huella imborrable en la historia reciente de nuestro país y de nuestra institución. Nuestros camaradas caídos abrazaron esta misión con honor y convicción, actuando siempre bajo los principios del servicio a la comunidad, el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos, valores fundamentales que orientan el accionar policial en un Estado democrático de derecho”, señaló.

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Afirmó que el acto no constituye un simple recordatorio, sino una reafirmación institucional mediante la cual se homenajea no solo a quienes cayeron, sino también al espíritu de entrega y vocación de servicio que representaron.

“La pérdida de un camarada no es una ausencia cualquiera, sino una herida que afecta a todo el cuerpo operativo de nuestra fuerza. Que la historia no los diluya en el olvido, que sus nombres sean recordados como lo que fueron: guardianes del orden, defensores del Estado de derecho y servidores públicos que cayeron en cumplimiento de su sagrado deber”, expresó.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario Félix Vega, manifestó que al recordar a los caídos también se renueva el compromiso con la paz, la justicia y el diálogo.

“Que esta tragedia ocurrida en Curuguaty no vuelva a repetirse. La memoria de quienes perdieron la vida debe servir para fortalecer la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana”, destacó.

La masacre de Curuguaty

La tragedia conocida como la masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, durante un desalojo en Campos Morombí, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, y dejó 17 fallecidos: 11 campesinos y seis policías.

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En aquella ocasión perdieron la vida los agentes de la Policía Nacional Erven Lovera, Osvaldo Sánchez Díaz, Juan Gabriel Godoy, Wilson Cantero, Derlis Ramón Benítez y Jorge Rojas.

Cada año, en el patio de la Dirección de Policía de Alto Paraná se realiza un homenaje a los uniformados caídos, con la presencia de sus familiares y autoridades policiales.

La ejecución presupuestaria fue analizada el pasado 20 de abril y, en aquella ocasión, ocho concejales de 12 votaron por su rechazo. Los que rechazaron fueron los concejales colorados Alba Montiel Cañete (sobrina del intendente), Ederson Daniel Centurión, Pedro Espínola Collar, Rosa Ramos.

Además de los ediles liberales, Rubén Galeano, Ygnacio Ojeda González, Margarita Miró y del Partido de la Juventud, Enrique González Quintana. En dicha ocasión estuvieron ausentes los concejales cartistas, Francisco Román, Silvino Silva,Carlos Alberto Ojeda, Jorge David Aranda.

Los que salvaron la gestión del intendente

No obstante, durante la sesión extraordinaria realizada el sábado último para tratar el veto del Ejecutivo Municipal, se produjeron cambios en la votación que terminaron favoreciendo al intendente. La concejal Alba Montiel Cañete (ANR-HC), una de la que fue más crítica a la gestión de la administración municipal, cambió de postura y votó a favor del veto de su tío.

Asimismo, votaron a favor del veto los colorados cartista concejales: Francisco Román, Silvino Silva, Carlos Alberto Ojeda, Jorge David Aranda. Lo que favoreció para que el veto quede firme, fue la abstención del concejal liberal Rubén Galeano y la ausencia del edil Ygnacio Ojeda González, circunstancias que facilitaron la aprobación del veto con cinco votos a favor.

Se mantuvieron en su postura de rechazo por no convencer en su descargo el intendente otros cinco concejales Centurión, Espínola Collar, Ramos y Miró.

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Persisten las observaciones

Durante el tratamiento del veto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Montiel Cañete, admitió que se detectaron inconsistencias administrativas en la documentación analizada y manifestó que espera que dichas observaciones sean corregidas para transparentar la gestión administrativa.

Entre los puntos cuestionados figura la aplicación de aumentos selectivos al personal municipal. Esto se justificó mediante la Resolución N.º 45/2025, firmada por el intendente invocando las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal N.º 3966/2010. Sin embargo, se observó que la reprogramación presupuestaria se realizó sin la participación de la Junta Municipal.

Respecto a las órdenes de pago, se señaló la falta de una organización correlativa de los documentos. La titular de la Comisión de Hacienda, explicó que varias órdenes de pago ya habían sido anuladas y que otras correspondían al ejercicio fiscal 2026, por lo que no formaban parte de la revisión efectuada.

Respecto a las contrataciones de servicios cuyos proveedores no contarían con el Registro de Proveedores del Estado (RPE), exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se señaló el caso del comercio Junior Repuestos, propiedad de Dionisio Carballo, el cual tampoco se dedicaría específicamente a la reparación de maquinarias. En su descargo, el Ejecutivo manifestó que cuenta con un acta notarial que acredita que el proveedor sí dispone de un taller.

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Sin novedad sobre pago selectivo a concejales

Otro aspecto debatido fue la denuncia de supuestos pagos selectivos a concejales afines al intendente. Sobre este punto, la titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sostuvo que no recibieron documentación escrita de descargo del ejecutivo municipal.

Según los antecedentes, la Municipalidad mantiene una deuda superior a los G. 70 millones con algunos miembros de la Junta Municipal. Los únicos concejales que estarían al día en el cobro de sus dietas serían Francisco Román y Carlos Alberto Ojeda.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Cones, aprovechó para defender su gestión en ambas instituciones, alegando que muchas críticas se deben a “ignorancia” de la gente, en clara alusión a los cuestionamientos que recibe de parte del Congreso Nacional.

Durante el encuentro, el titular del MEC reveló un dato escalofriante: el ministerio derivó a la Fiscalía 550 casos de títulos de Ciencias de la Educación presuntamente falsos. Del total, finalmente el Ministerio Público confirmó 250, cuyos titulares serán procesados por la Justicia. Los documentos podrían ser anulados.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, afirmó Ramírez.

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El titular del MEC aseguró que de los 250 profesores, varios están trabajando en aulas de escuelas públicas, otros tienen trabajos relacionados al sector educativo -sin estar en salas de clase-, y otro grupo en colegios privados.

Por estar en procesos en la Justicia, no quiso brindar detalles sobre las instituciones involucradas en la investigación, pero son todas universidades privadas.

Además, hay funcionarios en oficinas centrales del MEC y hasta supervisores.

“¿Por qué digo la Justicia? Porque a través de la autonomía de universidades el Ministerio de Educación no tiene la posibilidad de hacer intervenciones, como también se quiere señalar incluso, a veces, desde Cámaras del Congreso. Se quiere señalar o se quiere instalar la idea de que el MEC no quiere, de que el MEC no tiene posibilidad de intervenir en una universidad. Es la Justicia, por eso hacemos la denuncia en el Ministerio Público", insistió Ramírez.

¿Qué medidas tomará el MEC para docentes con títulos falsos?

El ministro de Educación anunció que, de momento, no tomarán ninguna medida contra los profesores en aulas públicas, a la espera de que se inicien los juicios por los cartones sin certificación de autenticidad.

“Lo que podríamos ver es alternativas para sacarlos de aula, pero únicamente cuando comiencen estos juicios. Por eso tampoco podemos hacer otra determinación hacia los funcionarios. Mirá si hacemos algo y luego, en el juicio, la persona demuestra que tiene toda la documentación requerida”, alegó.

Una de las decisiones podría ser que vayan a las supervisiones, aunque manifestó no estar muy de acuerdo con esta opción.

“Tenemos 10.000 horas cátedra paradas en supervisiones por denuncias de todo tipo hacia los profesores, algunos casos de maltrato por ejemplo, donde se le saca de la clase”, remarcó.

MEC: hay 300 títulos más, de docentes, en investigación

Luis Ramírez indicó que arrimaron actualmente otros 300 títulos de Ciencias de la Educación para la investigación en la Fiscalía, también por supuestas inconsistencias. “Puede haber mucho más”.

“En este momento, hace ya 15 días hay una auditoría en el sistema de registros de títulos del Ministerio de Educación, para deslindar responsabilidades, para ver hasta dónde hay implicancia o no en ese registro dentro de la cartera", agregó.

El vicepresidente del Cones y viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, informó que también están en la mira cartones de dudosa autenticidad en carreras de Ingeniería de universidades públicas.

Uno de los títulos se investiga en torno a la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), cuyo rector es el mismo viceministro y vice en el Cones.