En un reciente informe, la Cámara Paraguaya de Carnes, gremio que aglutina a industrias exportadoras, publicó un informe que revela que Paraguay produce menos carne por animal que los países que integran el Mercosur.

Brecha de productividad

Para el gremio cuando se compara este indicador con el de otros países productores, Paraguay todavía presenta una importante brecha de productividad. Mientras el sistema paraguayo genera aproximadamente 42 kilogramos de carcasa por animal del hato, Brasil registra entre 50 y 52 kilogramos, Argentina se ubica entre 50 y 55 kilogramos y Uruguay supera los 60 kilogramos por animal.

Según el gremio, esta diferencia evidencia que el principal desafío de la ganadería paraguaya no radica en aumentar la cantidad de cabezas de ganado, sino en incrementar la productividad del sistema mediante mejoras en eficiencia.

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“Actualmente, Paraguay cuenta con 13,5 millones de cabezas, una faena anual aproximada de 2,2 millones de animales y una producción de 546 millones de kilogramos de carne bovina. En conjunto, estos datos reflejan una productividad cercana a 42 kilogramos de carcasa por cada animal que integra el rodeo nacional”, señalaron.

Aclararon que este indicador no representa la cantidad de carne producida por cada animal individual, sino el rendimiento global del sistema ganadero.

“Su cálculo relaciona la producción anual de carne con el tamaño total del hato, que incluye no solo los animales destinados a faena, sino también vacas reproductoras, terneros, vaquillas de reposición y animales que aún no alcanzan la edad o el peso necesarios para su terminación. Por ello, constituye una medida integral de la eficiencia productiva de la ganadería”. ampliaron.

¿A qué responde la menor producción?

Según la CPC, estas diferencias responden principalmente al nivel de intensificación de los sistemas productivos, debido a que en continúa predominando las pasturas naturales o semi mejoradas, que ofrece ventajas competitivas en costos de alimentación, pero también implica ciclos productivos más largos y menores niveles de producción por animal.

A ello se suma una adopción todavía heterogénea de tecnologías productivas. Mientras numerosos establecimientos incorporan genética mejorada, manejo reproductivo, suplementación estratégica y mejoras en la calidad de las pasturas, otros continúan operando bajo esquemas tradicionales que limitan el potencial productivo del rodeo.

Asimismo, las condiciones climáticas también influyen sobre este indicador. La disponibilidad de forraje, las sequías y los “episodios de estrés térmico” afectan el crecimiento de los animales, los índices reproductivos y el peso de faena, reduciendo la productividad global del sistema.

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La oportunidad de la ganadería

Para la CPC, esta brecha representa una de las mayores oportunidades para la ganadería paraguaya. El gremio sostiene que incrementar la eficiencia reproductiva, mejorar la calidad de las pasturas, ampliar el uso de suplementación estratégica e incorporar genética de alto desempeño permitiría aumentar significativamente la producción de carne sin necesidad de expandir el tamaño del hato ni incorporar nuevas superficies productivas.

Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿Pueden los magistrados judiciales usar libremente las redes sociales? La respuesta es: sí, pero con límites.

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Es decir, aunque el Código de Ética Judicial, vigente desde 2006, no regula explícitamente estas plataformas, sí establece pautas de conducta que, aplicadas con sentido común, se adaptan perfectamente al contexto actual.

Normas éticas vigentes para magistrados judiciales

Un claro ejemplo de esto son los artículos 12 y 37 del mencionado Código. El primero exige prudencia al magistrado, mientras que el segundo regula el contacto con los medios de comunicación y público en general.

• Art. 12. Prudencia. El juez deberá ser prudente y se esforzará para que este valor gobierne su contacto personal y funcional con las partes, abogados y público en general. Será reservado y discreto con respecto a las cuestiones a ser resueltas; no adelantará sus opiniones, ni discutirá con las partes o justiciables los argumentos expresados en los procesos a su cargo, los que serán objeto de análisis, meditación y valoración en el marco del Derecho aplicable.
• En su comunicación verbal con las partes o litigantes ‑cuando correspondiere‑ se limitará a escuchar sus puntos de vista y a garantizarles un pronunciamiento justo, conforme a Derecho, fruto de un estudio independiente e imparcial. En sus decisiones, el juez deberá ponderar racionalmente los argumentos y contra-argumentos referidos a la causa que le corresponde resolver.
• Art. 37. Contacto con los medios de comunicación y público en general. En su contacto con los medios de comunicación y con el público en general, son deberes del juez:
• 2) Velar para que su conducta y sus expresiones se caractericen por la objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez, evitando manifestaciones que pudieran comprometer su independencia, imparcialidad y decoro.
• 5) No polemizar sobre procesos judiciales, arbitrales o de mediación, finiquitados o en trámite, sean o no de su competencia. No constituye polémica el ejercicio del derecho a que refiere el Art. 39 de este Código.
• Art. 39. Derecho de expresión del juez. El juez puede emitir opiniones jurídicas con respecto a las sentencias judiciales o a temas vinculados con la organización judicial, los procedimientos, los derechos humanos, la Constitución u otras cuestiones académicas o de interés ciudadano o jurídico, con criterios cientí- ficos y en foros adecuados.
• Asimismo, dictará conferencias o seminarios y publicar libros o monografías en diarios o revistas especializadas con la finalidad de contribuir al desarrollo y creciente comprensión de la ciencia jurídica y del Estado de derecho.

¿Puede un juez ser “influencer”?

Tribunal de Ética Judicial intervino y aplicó sanciones en casos polémicos

En algunos casos controvertidos el Tribunal de Ética Judicial tomó intervención e incluso aplicó sanciones, pero persiste la necesidad de establecer reglas claras al respecto.

De hecho, resulta preocupante el desconocimiento generalizado de las limitaciones éticas existentes para los magistrados en lo que respecta al uso de redes sociales, una realidad que se hace evidente en los comentarios de los propios usuarios ante publicaciones de casos polémicos.

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Las tres sanciones previstas por el Código de Ética Judicial son las siguientes: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que motivó el proceso, el llamado de atención y la amonestación. Esta última es la más grave de todas y conlleva su anotación en el legajo del magistrado.

Protocolo en base a Principios de Bangalore, en estudio en la CSJ

Desde una perspectiva más amplia, los Principios de Bangalore, aprobados en el 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como complementarios de los “Principios básicos de las NN.UU. sobre independencia de la judicatura”, establecen las pautas éticas que deben guiar a los jueces de todo el mundo, sin importar su sistema legal.

La jueza en lo civil y comercial Vivian López -punto focal de la Red de Integridad Judicial de UNODC- presentó a la Corte Suprema de Justicia en el año 2020 un proyecto para incorporar estas directrices en el ámbito nacional. Si bien no se tienen noticias de disposición alguna al respecto, esto no impide que los magistrados puedan adecuar su conducta a tales principios, los cuales ya están plenamente vigentes a nivel internacional.

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Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia son los principios a ser respetados, para lo cual cada magistrado deberá observar una conducta acorde a su función. Dichos reglamentos son acordes a lo previsto en el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público).

Si bien al momento de la elaboración de estos instrumentos las redes sociales prácticamente no existían, las normas, estándares y convenciones vigentes sobre conducta y ética judiciales, del ámbito internacional, regional y nacional, son aplicables tanto a la vida digital de los jueces como a su vida real.

Directrices aplicables al uso de redes sociales

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por parte de los jueces de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la parte referente a Contenido y comportamiento en redes sociales, tienen las siguientes indicaciones:

• 16 - Los jueces deben evitar expresar opiniones o compartir información personal en línea que pueda socavar la independencia judicial, la integridad, corrección, imparcialidad, el derecho a un juicio justo o la confianza pública en el Poder Judicial. El mismo principio se aplica a los jueces, independientemente de si revelan o no sus nombres reales o su condición judicial en las redes sociales.
• 17 - Los jueces no deben participar en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajería con las partes, sus representantes o el público en general sobre los casos que se han presentado o que es probable que se presenten ante ellos para su decisión.
• 18 - Los jueces deben ser cautelosos en cuanto al tono y el lenguaje, ser profesionales y prudentes con respecto a todas las interacciones que tengan en todas las plataformas de redes sociales. Puede ser útil considerar, con respecto a cada caso, el contenido de las redes sociales (como publicaciones, comentarios en publicaciones, actualizaciones de estado, fotografías, etc.) y cuál podría ser su impacto en la dignidad judicial si se divulgara al público en general. La misma precaución aplica a las reacciones a publicaciones realizadas por otros usuarios en las redes sociales.
• 19 - Los jueces deben tratar a los demás con dignidad y respeto, no utilizar las redes sociales para trivializar las preocupaciones de los demás ni para hacer observaciones que discriminen por cualquier motivo no permitido.
• 22- Si un juez ha sido insultado o abusado en las redes, debe buscar el asesoramiento de sus compañeros con más antigüedad en el ámbito judicial, o de otros mecanismos existentes en el Poder Judicial, pero debe abstenerse de responder directamente. Se alienta a los poderes judiciales a proporcionar orientación a los jueces sobre cómo lidiar con el acoso o el abuso en línea.
• 24- Los jueces deben asegurarse de no utilizar sus cuentas de redes sociales para promover, directa o indirectamente, intereses financieros o comerciales tanto propios como de terceros.

Relaciones de amistad, también en la mira

El mismo documento, en la parte referente a "Amigos y relaciones en línea", dicta algunas recomendaciones a tener en cuenta en su interacción con los demás, de manera a no comprometer su imagen y por ende, la del Poder Judicial que integra.

• 30 - Los jueces deben evitar aceptar o enviar solicitudes de amistad a las partes o sus representantes legales, así como realizar cualquier otra interacción con ellos en las redes sociales. Lo mismo es aplicable a los testigos o a cualquier otra persona interesada conocida.
• 31 - Los jueces deben recibir capacitación sobre cómo informar a sus familiares directos, amigos cercanos, personal de los tribunales, etc., acerca de las obligaciones éticas de un juez y de cómo el uso de las redes sociales puede socavar el cumplimiento de esas obligaciones.

Durante el debate, la ministra de Salud, María Teresa Barán, confirmó que el Ministerio de Salud Pública destina aproximadamente US$ 130 millones por año al cumplimiento de amparos judiciales. Explicó que la cartera cuenta actualmente con una comisión que analiza cada caso y que este mecanismo permitió reducir entre 7% y 8% la cantidad de amparos.

Según Barán, durante 2025 se registraron unos 1.500 amparos, mientras que hasta julio de este año ya se contabilizaron alrededor de 500. La ministra advirtió que las compras individuales ordenadas por sentencia pueden terminar absorbiendo una parte importante del presupuesto sanitario y desplazar la adquisición de medicamentos esenciales para toda la población.

Ever Villalba plantea investigar la “mafia de los amparos”

El senador liberal Ever Villalba planteó avanzar en la creación de una comisión especial para investigar la denominada “mafia de los amparos”, ante las sospechas sobre el funcionamiento del esquema de provisión de medicamentos mediante órdenes judiciales.

Durante el debate, Villalba sostuvo que el sistema genera varios problemas: subregistro presupuestario, inequidad para quienes no tienen recursos para litigar, riesgos sanitarios cuando los productos no cuentan con una evaluación previa y compras fragmentadas que terminan encareciendo los medicamentos.

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El legislador fue más allá y calificó el mecanismo como un “negociado”, argumentando que una vez dictada la orden judicial, el Ministerio de Salud o el IPS deben adquirir el medicamento solicitado, incluso a precios elevados, debido a la obligación de cumplir la sentencia.

“Estamos reventando todos los presupuestos de salud”, afirman

El senador oficialista Antonio Barrios, exministro de Salud durante el gobierno de Horacio Cartes, respaldó el espíritu del proyecto, aunque aclaró que el derecho constitucional al amparo debe ser respetado.

“Evidentemente que el amparo hay que respetarlo, la vía constitucional, no podemos estar en contra del amparo”, sostuvo. Sin embargo, inmediatamente planteó la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de amparos y establecer controles sobre los medicamentos que se solicitan por esta vía.

Barrios afirmó que desde que comenzaron a proliferar los amparos existe una importante deuda vinculada a estos procesos y sostuvo que se trata de medicamentos que en muchos casos no forman parte del cuadro básico del Ministerio de Salud ni del IPS.

Según el senador, el problema también está relacionado con los medicamentos de última generación que son solicitados para determinadas patologías oncológicas sin que necesariamente correspondan al estadio de la enfermedad.

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“Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no va a dar y nos descalabra por completo el tema amparo, el presupuesto de Salud Pública, el presupuesto del Instituto de Previsión Social”, afirmó.

El exministro consideró que una alternativa sería establecer un mecanismo conjunto entre Salud y el IPS que permita evaluar el estadio de cada patología y determinar qué medicamento corresponde de acuerdo con los protocolos médicos.

“Tenemos que buscar una medida y no es una medida errada tratar de elaborar entre las dos instituciones un consejo que pueda evaluar el estadio de cada una de estas patologías y cuál es el medicamento de acuerdo al protocolo que corresponde a ese estadio”, sostuvo.

Barrios advirtió sobre el impacto financiero que atribuye al crecimiento de los amparos. “No tengo ningún problema de que esto se debata, no tengo ningún problema que se posponga 15 días, 30 días, pero tenemos que tener conciencia que estamos reventando todos los presupuestos de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social con el tema de los amparos”, afirmó.

Celeste Amarilla cuestiona el proyecto

La senadora Celeste Amarilla se manifestó en contra de la creación de un consejo que tenga participación en el tratamiento previo de los amparos. Sostuvo que el amparo es un derecho constitucional y que su resolución corresponde a la Justicia, no a una nueva estructura administrativa.

Amarilla consideró que el problema de fondo no es el amparo, sino que los pacientes tengan que recurrir a la Justicia porque el sistema público no les garantiza los medicamentos que necesitan.

Por ahora, el Senado decidió dar 15 días más de plazo al proyecto, mientras se busca profundizar el análisis técnico, presupuestario y jurídico de una iniciativa que toca directamente uno de los mayores problemas financieros del sistema público de salud.

La investigación, que es sobre una causa que data del 2024, es realacionada a las fallidas obras de salas de quirofano que derivaron en un perjuicio que rondaría los G. 61 mil millones guaraníes.

El fiscal comentó que con los pocos documentos que le pudo brindar el doctor Isaías Fretes, logró constatar que esta licitación tuvo su origen en el 2019.

“Se dificulta un poco a este señor (Fretes) tener todos los documentos, porque no le pasan todo lo que él pide. No tiene la suerte de que colaboren con él sus alternos”, señaló.

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Ortiz expresó que lo escucha con todas las ganas al actual presidente del IPS para impulsar esto que se está llevando adelante, resaltando que una golondrina no hace primavera, pero anuncia su llegada.

“Faltan dos documentos, justamente el acta asamblearia para saber cómo fueron los tenores de los votos. Entonces, no puedo ampliar para ver también quién más de los que estaban ahí en la asamblea del Consejo Directivo apoyaron esta situación, a pesar de las anomalías detectadas por la Dirección Nacional de Contratación Pública, como así también la propia auditoría interna del Instituto”, apuntó.

Ante la consulta de si no ameritaría un allanamiento en el local para incautar toda la documentación, el fiscal indicó que confía que con esta imputación se va a desactivar esta sitaución y el doctor Fretes le va a poder brindar las documentaciones que necesita.

Según lo señalado por los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción, a través de la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018, la entonces jueza Tania Irún hizo lugar a la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

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Con esa resolución, la entonces magistrada violó la Ley 2532/05 de Seguridad Fronteriza, ya que no corroboró la identidad ni la nacionalidad de los representantes legales de las firmas extranjeras beneficiadas; e ignoró la naturaleza de dichas empresas, ya que no verificó si las acciones o títulos de estas firmas extranjeras eran nominativos o al portador o en su caso si eran endosables.

“La hoy acusada, en su carácter de jueza, omitió verificar aspectos esenciales antes de emitir su fallo y su decisión favoreció indebidamente a las firmas demandantes, sin corroborar las entidades ni sus estatutos y declaró falsamente la representación de las firmas accionantes sin verificar dichas circunstancias. Si la acusada hubiera realizado el trabajo que correspondía, la decisión debió ser el rechazo de la demanda por violar la ley”, puntualizó el fiscal Benítez en parte de sus alegatos.

Tania Irún cometió prevaricato grave, según querella

Por su parte los abogados Francisco De Vargas y Selmar Rodrigo Moreno, representantes de la querella adhesiva ejercida por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), solicitaron que Tania Irún sea condenada a 6 años de pena privativa de libertad, por haber cometido prevaricato grave, de acuerdo a lo señalado en los alegatos conclusivos.

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De Vargas enfatizó que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 305 del Código Penal, el delito de prevaricato no es de resultado, como sostuvo la defensa desde el inicio del presente; sino que es de mera actividad. En ese sentido remarcó que, al dictar la Sentencia Definitiva N° 494 Tania Irún cometió el hecho punible, en su modalidad agravada, según el inciso 2° de la norma señalada.

La querella insistió además en que al momento de dictar la resolución Tania Irún contaba con permiso de maternidad, que inició el 24 de septiembre de 2018 y se extendió hasta el 15 de marzo de 2019; pero decidió interrumpir dicha licencia y adelantar su retorno al juzgado para dictar la S.D N° 494.

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“Es la primera vez que veo que alguien decide acortar su permiso por maternidad para volver al trabajo”, remarcó De Vargas, al argumentar que para la querella la conducta de Tania Irún quedó plenamente probada en el juicio oral.

Defensa asegura que no existe delito

A su vez los abogados Gustavo y Rodrigo González Planás, defensores de Tania Irún, afirmaron que la exmagistrada no cometió hecho punible alguno y que la propia Ley de Seguridad Fronteriza establece que, en caso de violación, la consecuencia es la nulidad del acto jurídico.

Agregaron que la norma no establece sanciones penales para el magistrado que haya dictado una resolución posteriormente objetada y recordaron que incluso la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia avalaron la resolución de la ahora acusada.

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Sobre el punto insistieron en que la vigencia y ejecución de la S.D N° 494 constituyen elementos que desvirtúan la hipótesis acusatoria del Ministerio Público y la querella adhesiva.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por Juan Ortiz y Lourdes Garcete programaron la continuidad del juicio oral para el martes 11 de agosto, a las 13:00, con la presentación de la réplica y dúplica. Luego el colegiado pasará a deliberar para, finalmente, dictar la sentencia sobre la causa penal.

Ante las máximas autoridades de la previsional, el especialista expuso la alarmante brecha de recursos humanos, la elevada demanda y las necesidades financieras prioritarias para garantizar una atención digna a los asegurados.

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Durante su exposición ante el Consejo, el jefe de servicio expuso los datos oficiales presentados, afirmando que el servicio registra una masiva producción asistencial de aproximadamente 4.150 a 4.200 consultas totales mensuales, cifra que incluye unas 2.500 consultas de pacientes adultos, alrededor de 1.300 urgencias, de 800 a 900 estudios diagnósticos y entre 350 y 400 cirugías mensuales.

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A pesar de estos volúmenes operativos, Duarte advirtió que el servicio padece un cuello de botella crítico en la atención de adultos y en las urgencias, derivado de una escasez de personal que ralentiza los tiempos de respuesta, que por lo general se intenta no pase de más de 60 días. “Tenemos un déficit lógicamente crítico de recursos humanos. Damos respuesta a todos, pero el tiempo de respuesta a veces es un poco lento”, reconoció el médico.

Infraestructura fragmentada y el gran déficit en pediatría y oculoplastia

El jefe de Oftalmología destacó también que el servicio se encuentra actualmente fragmentado en tres niveles diferentes del Hospital Central y de sus centros anexos, haciendo compleja la atención de los pacientes. Detalló que en el sexto piso operan dos quirófanos equipados con dos microscopios, dos equipos facovitrectores y cerca de 20 cajas instrumentales. En el quinto piso funciona una sala de urgencias instalada hace aproximadamente tres años, además de cuatro salas de internación con dos camas cada una, una habitación para médicos residentes, jefatura de enfermería, secretaría y jefatura de servicio. Por último, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) se concentran cinco consultorios especializados, dos salas de estudios diagnósticos y procedimientos, y una sala de urgencias diurnas.

Dentro de las debilidades estructurales, el informe presentado por el médico puso especial énfasis en el déficit de especialistas en oftalmología pediátrica y oculoplastia. Duarte explicó que la oftalmología pediátrica representa un reto regional y que, a pesar de haber realizado maratones de consultas en dos oportunidades —la primera en noviembre del año pasado y la segunda hace aproximadamente un mes— para dejar a cero la lista de espera, la escasez de pediatras dedicados a procedimientos láser limita la capacidad operativa.

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En cuanto a la oculoplastia, especialidad encargada de traumatismos severos, párpados, órbitas y tumores retrooculares, el jefe de servicio lamentó la pérdida de talento humano calificado. Citó el caso de una especialista que emigró tras 13 años de contrato.

Vanguardia farmacológica: IPS único en Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal

Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la consolidación del IPS como el único centro hospitalario público en toda Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal avanzada con Faricimab dentro de su cuadro básico, incorporado hace dos años. Se trata de un medicamento que se usa para tratar enfermedades graves de la retina que causan la pérdida de la visión.

El fármaco monoclonal, que inhibe la formación de neobasos y detiene hemorragias intraoculares en pacientes diabéticos y con edemas maculares, representa una inversión de US$ 1.200 por ampolla.

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“Cualquier persona que se realiza una inyección de Faricimab dentro del globo ocular está prácticamente recuperando la visión después de cuatro inyecciones”, afirmó el especialista, destacando que el impacto en la calidad de vida de los asegurados justifica plenamente su adquisición frente a los costos de la ceguera y la indemnización laboral.

Proyectos de inversión y mejoras en la atención: la respuesta del Consejo

Hacia el tramo final de su exposición, el doctor Duarte proyectó el sueño institucional de unificar el centro oftalmológico en un espacio físico integral. Estimó que, a diferencia de grandes complejos valuados en millones de dólares, su propuesta requiere una inversión focalizada de entre US$ 700.000 a US$ 800.000 para reformar y equipar adecuadamente un espacio exclusivo para quirófanos y consultorios.

Ante este panorama, el presidente del IPS, Isaías Fretes, y los consejeros elogiaron el compromiso del equipo médico, resaltando que sostienen un servicio de excelencia a pesar de percibir remuneraciones salariales sumamente bajas para su alta especialización. “Ustedes tienen un salario miserable de G. 4.500.000“, resaltó Fretes, expresando que la precariedad salarial golpea a hasta profesionales clave como el único neurooftalmólogo del país que presta servicios en la previsional.

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El Consejo de Administración acordó también coordinar con el área de tecnología la implementación de un sistema de agendamiento remoto mediante aplicaciones móviles y herramientas de automatización, con el objetivo de destrabar los cuellos de botella en ventanilla y asegurar que los pacientes no superen los 60 días de periodo de espera para sus consultas especializadas.

Vecinos de Los Cedrales y Minga Guazú nuevamente aislados por avería de una balsa

“Queremos que los parlamentarios dejen de lado sus diferencias personales y piensen en el sufrimiento de la gente. Venir hasta acá tiene un costo muy grande”, lamentó Rosa Domínguez, pobladora de la zona.

🔶 Préstamo de 75 millones de dólares para rutas: mientras cartistas pelean, la gente sufre

🔶 Pobladores de Los Cedrales deben usar precaria balsa.

🔶 "Seguimos pidiendo que piensen a nosotros. Esto no es un lujo. Es una necesidad", Rosa Domínguez, pobladora de Colonia Pengo.… pic.twitter.com/IJ8hFxAA89

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

Ella enfatizó que la obra no es un lujo, sino una necesidad básica para romper el aislamiento. “No puede ser que en pleno 2026 nos tengamos que mover en una balsita que ni siquiera está en buenas condiciones”, añadió.

Verifican precaria balsa que opera entre Minga Guazú y Los Cedrales

Trasfondo político en el oficialismo

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Ejecutivo.

Pese al malestar, Del Puerto se mostró optimista sobre una pronta resolución: “Vamos a dialogar con los colegas para subsanar las diferencias. No podemos postergar un beneficio que estos municipios esperan desde hace 20 años”.

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Llamado del MOPC

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, instó a la Cámara Baja a dar luz verde al financiamiento. “Esto dará respuesta a compatriotas que hoy están aislados”, señaló.

Asimismo, la titular del MOPC desmintió que la mitad de las obras estén concentradas exclusivamente en Caaguazú, asegurando que los puntos beneficiados responden a un relevamiento técnico de necesidades históricas a nivel nacional.

El aviso alerta sobre altas probabilidades de generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este martes.

El fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

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Departamentos afectados:

1. Oeste y norte de Concepción
2. Presidente Hayes
3. Alto Paraguay
4. Sur, este y noreste de Boquerón.

Los 37 aspirantes fueron los que quedaron tras la exclusión de Edgar Hernán Sosa, juez destituido en 2014; Germán González Godoy por no cumplir con el perfil; Miguel Francisco Duré Díaz por su destitución del Poder Judicial y Marino Zaragoza Medina, por un sumario y suspensión de un mes en la CGR siete años atrás.

Tampoco entraron a la lista porque se ausentaron durante las audiencias Juan Bautista Núñez; Jacqueline Ramírez, Fernando Luis Haitter; y Antonio Olmedo Caballero.

Además, cuatro postulantes renunciaron entre ellos Julio César Mendoza Aquino, a pedido del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para no legitimar la reelección de Camilo Benítez. Otro liberal que había anunciado su renuncia es el diputado liberal Jorge Avalos Mariño.

Pidieron excluir a Camilo de la lista de aspirante a Contralor

El senador liberocartista Dionisio Amarilla propuso aprobar la nómina y remitirla al pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, Líder Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) exigieron la exclusión del contralor saliente Camilo Benítez.

Amarilla sostuvo que la postulación de Benítez era inconstitucional ya que el artículo 281 de la Carta Magna dice que el Contralor solo puede ser reelecto una vez y el titular saliente de la CGR ya ocupó el cargo 29 meses antes y cinco años en el último periodo.

Advirtió que si el oficialismo atropella y lo reelige, todo lo que el funcionario disponga será judicializado. Citó como ejemplo el caso del exsenador Hernán Rivas (ANR, HC) quien sin tener el título habilitante de Abogado ejerció la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y ahora se pide la nulidad en todo lo que intervino.

Quieren blindar la corrupción y Camilo es la garantía, dice

Yolanda Paredes sostuvo que la Constitución y las leyes señalan que un contralor solo puede ser reelecto por “un periodo más” y sostuvo que Benítez ya fue confirmado por un periodo más.

Agregó que Benítez también es un violador confeso de la ley ya que durante su ausencia admitió -según la legisladora- que nunca remitió una denuncia penal ante la Fiscalía y que solo se limitaba a remitir reportes de presuntos hechos punibles al Ministerio Público.

Sostuvo que la ley de la CGR exige al Contralor hacer denuncias penales por lo que Benítez les estuvo “tomando el pelo todo el tiempo”. También acusó al cartismo de querer blindar la corrupción en entes públicos con el mismo contralor como garantía.

En respuesta, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, propuso postergar ocho días la aprobación de la lista.

Por su parte, Zacarías Irún prometió que pediría dictámenes constitucionales ante la denuncia de Amarilla sobre la postulación de Camilo Benítez.

Así también, fueron imputados Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta (43), director de Mantenimiento; Rosa Colmán (60), abogada dependiente de la Dirección Jurídica, durante el periodo de mandato de Bataglia.

Fiscalía abre causa penal contra Jorge Brítez y otros por supuesta malversación en IPS

En el tiempo de Jorge Brítez, se citan a Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), director de Abastecimiento y Logística; Marcelo Bordón Leiva (48), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), directora de Mantenimiento.

Para todas estas personas, el agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva en atención a que la expectativa de pena es de hasta 10 años de encierro, además del embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de los encausados.

Pese a suspensión de contrato seguían pagando por obras en el IPS

De acuerdo con lo señalado en la imputación del fiscal Julio Ortiz, el caso de las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS, se tuvo conocimiento tras la denuncia comunicada y presentada el 1 de abril de 2024 por la fiscala Silvia González.

La misma fue en base a la Resolución N° 717/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la cual se señalan presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N° 4 al Contrato N° 6/2020, que dependía de la Adenda N° 3, que presentaba observaciones no subsanadas ligadas a modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestaciones y de pago, del cual resultó víctima el IPS.

Es así que, durante la ejecución del referido contrato y tras el análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N° 143/2019 para el “reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS”, fue adjudicada la firma Neighpart SA, por un monto inicial de G. 53.000 millones.

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En ese contexto la Fiscalía analizó la documentación remitida por la DNCP y del IPS, de lo cual se desprendió que la suscripción de adendas por los ahora imputados, que entonces ejercían la administración, control, dirección y disposición del patrimonio, habrían otorgado plazos y actas de recepción a fin de que la empresa adjudicada siga cobrando por la ejecución de obras que no podían realizarse por la falta de planeamiento y evaluación previa de la infraestructura edilicia.

Los entonces presidentes y funcionarios, debido a la falta de gestión en tiempo oportuno de la suspensión contractual, ante la imposibilidad de hacer cumplir el contrato, porque no se podía liberar la zona en la que se debían realizar los trabajos, siguieron emitiendo adendas con actas de recepción permitiendo así que la firma Neighpart SA siga cobrando por obras no hechas ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

Con adendas otorgaron ventajas y causaron perjuicios al IPS

Lo que expone la imputación fiscal es que, durante su administración, Vicente Bataglia, junto con Hugo Aranda, gerente de Logística y Abastecimiento, y Juan Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones, suscribieron la Adenda N° 3 el 29 de julio de 2022, al Contrato N° 6/2020, en el marco del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N.° 143/2019.

Con dicho documento accesorio se modificaron los plazos y las formas de pago en relación con lo establecido originalmente en el contrato. Cabe señalar que al momento de la firma, se desembolsaron G. 10.600 millones como pago de anticipo, equivalentes al 20 % del monto total del contrato.

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También, mediante la citada adenda el 31 de agosto de 2022, se llevó a cabo otro pago consistente en la suma de G. 4.948.920.000.

Posteriormente, el 14 de abril del 2023, Bataglia, Aranda y Villar suscribieron la Adenda N° 4, solicitada por José Raúl Coronel el 16 de enero de 2023, mediante la cual se modificó el monto original del contrato con la agregación de insumos que no figuraban en el pliego de bases y condiciones, a pesar de que la misma se encontraba supeditada a la Adenda N° 3.

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A su vez, la Adenda N° 3 exigía que al momento de la firma de esta la zona a ser intervenida con las obras para quirófanos, debían estar liberadas. Sin embargo, las observaciones señaladas en la misma no fueron subsanadas.

Es así que, mediante las emisiones de las Adenda N° 3 y Adenda N° 4, habrían otorgado condiciones más ventajosas a la empresa Neighpart SA, que a su vez causaron un perjuicio de G. 61.000 millones al IPS, sin que la obras siquiera haya iniciado pues la zona donde se debía construir no había sido despejada.

A pesar de que se debía pedir la suspensión del contrato y de la Adenada N° 4, se procedió a un nuevo pago consistente en G. 8186.400.000, equivalente al casi 10 % del monto total del contrato, y que a esa altura rondaba ya a un pago total por las obras de G. 680.295.000.

En tanto que Rosa Colmán elaboró dictámenes señalando la viabilidad de las firmas de las adendas.

Obras fantasmas también en el IPS

Por otra parte, el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, junto con el gerente de Abastecimiento y Logística Jaime Caballero, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Bordón, y la director de Mantenimiento Verónica Blanco; suscribieron la Adenda N° 5 el 20 de agosto de 2024, la Adenda N° 6 el 6 de diciembre de 2024, la Adenda N° 7 en septiembre de 2025.

De esa forma aprobaron nuevos plazos y un cronograma de ejecución, con el pleno conocimiento del resultado de la Auditoria N° 12/2024 del 25 de abril de 2023, justamente realizada durante la gestión de los ahora encausados. La intervención fue por supuestas irregularidades relacionadas con el Contrato N° 6/2020.

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Es así que, mediante las sucesivas adendas emitidas Jorge Brítez, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco, otorgaron condiciones más ventajosas a la firma “Neighpart SA”, modificando plazos sobre la ejecución de las obras, en favor de la empresa, y por ende, se elaboró un nuevo cronograma para la ejecución y las formas de pago.

Con ello se sustanció el perjuicio patrimonial al IPS, ya que hasta la fecha no se encuentran instalados ni los quirófanos modulares, ni las placas fotovoltaicas para el Hospital Central del IPS o alguna dependencia del mismo.

Amarilla sostuvo que la obra es necesaria para el país, pero cuestionó los costos con los que, según denunció, se ejecutan los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

“El problema en la administración de la señora Centurión es que está marcado fuertemente con olor a corrupción”, afirmó el senador liberal.

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El legislador sostuvo que algunas obras son adjudicadas por montos que duplican los costos que, según su comparación, deberían tener y cuestionó, además, los gastos en consultorías, fiscalización y otros componentes asociados a los préstamos internacionales.

Denunció sobreprecios de hasta 49%

Amarilla tomó como referencia datos presentados anteriormente por su colega Éver Villalba (PLRA), quien había denunciado supuestos sobrecostos por más de US$ 157 millones en 13 licitaciones del MOPC correspondientes a los años 2024 y 2025.

Según los datos expuestos por Villalba, varias adjudicaciones superaron ampliamente los precios de referencia establecidos por el propio MOPC.

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Durante la reunión, Amarilla mencionó, entre otros casos, una obra cuyo precio referencial era de G. 40.000 millones y que finalmente fue adjudicada por G. 49.000 millones, un 21% más. También citó otra obra con un precio de referencia de G. 72.000 millones, adjudicada por G. 114.000 millones, lo que representa una diferencia cercana al 49%.

En otro caso, señaló que una obra con un precio referencial de G. 46.000 millones fue adjudicada por aproximadamente G. 67.000 millones. “Todo, un aumento en total, un promedio de 30 a 40% de sobreprecio”, sostuvo Amarilla al cuestionar las adjudicaciones.

Cuestionó el costo del corredor bioceánico sur

El senador también puso bajo la lupa el costo por kilómetro del proyecto del corredor bioceánico sur.

Según su cálculo, el préstamo analizado representaría aproximadamente US$ 1,65 millones por kilómetro, mientras que, comparó, en otras rutas de la región el costo podría ubicarse entre US$ 600.000 y US$ 700.000 por kilómetro.

Amarilla sostuvo que los elevados costos terminan reduciendo la cantidad de kilómetros que pueden construirse con los recursos obtenidos mediante endeudamiento. “Si tenés 100 millones de dólares y pagás más caro, hacés solamente 20 kilómetros pudiendo haber hecho 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque se paga el doble”, cuestionó.

Centurión se reservó la respuesta

La ministra Claudia Centurión no respondió durante la reunión de la Comisión de Hacienda a las acusaciones planteadas por los senadores.

La titular del MOPC fue convocada para el próximo lunes ante la Mesa Directiva del Senado, junto con los líderes y vicelíderes de las bancadas, oportunidad en la que deberá responder a los cuestionamientos. La invitación ya había sido solicitada por el senador Villalba en una anterior reunión de la mesa directiva.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) pidió específicamente que Centurión lleve información sobre una de las licitaciones cuestionadas por Éver Villalba.

Mencionó un caso en el que, según expuso, una empresa presentó una oferta de G. 25.000 millones, pero finalmente otra firma habría resultado adjudicada por cerca de G. 49.000 millones. La legisladora incluso habló de una posible colusión entre empresas y sostuvo que la ministra debería explicar las razones de la descalificación de una de las ofertas.

Las denuncias fueron planteadas en momentos en que el Senado analiza un nuevo millonario endeudamiento para financiar infraestructura vial, por lo que los legisladores opositores reclamaron explicaciones sobre los mecanismos de contratación y los costos de las obras ejecutadas por el MOPC, respuestas que la ministra dará el lunes en reunión de mesa directiva del Senado.

Durante los procedimientos efectuados por los investigadores, también fue verificado por personal de Criminalística el caballo que estaba montando la víctima en el momento de la caída.

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En tanto que la fiscal Lourdes Soto, quien investiga la muerte de la criatura imputó a los padres de la víctima por los supuestos hechos punibles de violación del deber del cuidado y abandono.

Adolescente también participó en la carrera clandestina

La agente del Ministerio Público también había confirmado que otro adolescente de 16 años también compitió en la carrera clandestina que tuvo lugar en julio pasado.

Luego de las primeras averiguaciones efectuadas por los agentes del departamento Investigaciones del departamento de Caaguazú se pudo saber la identidad de los que organizaron la carrera clandestina de caballos en la tarde del sábado 18 de julio en el hipódromo San Isidro del barrio San Miguel del distrito de Cecilio Báez.

Con todas las informaciones recolectadas, poco antes del amanecer de hoy los investigadores al mando del comisario principal Héctor Aguilar irrumpieron en cuatro propiedades. Tres de los inmuebles intervenidos están ubicados en el barrio San Miguel y otro en la localidad de Paso Itá, en el distrito de Cecilio Báez.

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Durante los procedimientos fueron detenidos Armando Ortiz Rojas y Ramón Martínez González, quienes aparecen como responsables de la carrera clandestina. Estos fueron llevados a la sede policial y luego serán llevados a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.

Buscan identificar al dueño del caballo

Se presume que ambos conocen la identidad del propietario del equino que montó la víctima, esta persona también es buscada por el Ministerio Público por su grave responsabilidad en lo ocurrido y que finalmente le costó la vida al niño de apenas ocho años.

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Durante los procedimientos ejecutado esta mañana también se ubicó el potrero donde estaba guardado el equino que montaba el niño cuando sufrió la terrible caída que finalmente terminó con su vida.

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El documento fue aprobado a instancias del diputado cartista Hugo Meza, quien recordó el ataque del grupo criminal EPP a la comisaría de Yvyrarovaná (Canindeyú) que tuvo como saldo la muerte de dos policías y un civil.

“Tuvimos un ataque a la comisaría que dejó compatriotas muertos, familias enlutadas, por eso necesitamos saber exactamente si existen aún sedes policiales, comisarías o subcomisarias en mal estado”, dijo el diputado Meza.

Agregó que de manera extraoficial sabe que a nivel país hay unos 800 puestos policiales, entre comisarías y subcomisarías; y que aproximadamente 200 de ellas están en pésimas condiciones edilicias.

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El diputado cartista indicó que felicita a Santiago Peña por enfocarse en la cantidad de uniformados en su gobierno, pero remarcó que no es suficiente; que se debe apostar también a la calidad, el equipamiento y las infraestructuras.

“Felicitamos a Santiago Peña por el personal, pero falta acompañar de calidad, de equipamiento, armas y también dónde estamos metiendo a esos uniformados. Estamos hacinando al personal en comisarías de tablas”, dijo de manera contundente Hugo Meza.

El diputado indicó que busca saber la cantidad exacta de las comisarías que necesitan intervención inmediata para que así se pueda incluir en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2027 la construcción y reparaciones.

“Necesitamos saber para poder analizar el presupuesto y dotar al ministerio la cantidad necesaria para que lleve adelante el mejoramiento de estos puestos policiales”, sostuvo Meza.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó la resolución N° 1052 con fecha del 31 de julio, que establece la desvinculación y baja del personal de ese ministerio, que cuenta con resolución de jubilación emitida por la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta lista figuran 300 educadores del Magisterio Nacional que pudieron acceder a sus haberes y dejar las aulas a partir del 1 de agosto. También aparece un listado de 21 funcionarios administrativos que fueron desvinculados de la cartera esta semana.

“Accedimos a la lista donde figuran 300 personas que van a ser desvinculadas este mes, sin embargo, la noticia que me dieron es que esta va a ser la última lista del año y no habrá más desvinculaciones en octubre y setiembre para completar las 1.000 personas, como nos habían prometido en el Gobierno”, acusó Silvio Piris, presidente de la FEP.

Gobierno accedió a dar 300 jubilaciones más, según FEP

Silvio Piris, de la FEP, había anunciado una “gran movilización” para el 24 de agosto, ante el incumplimiento del Gobierno que dejaría a 700 profesores sin la posibilidad de retirarse este año y que recién podrían hacerlo en el 2027.

“Yo voy a seguir insistiendo con el MEC y con el MEF para que se cumpla ese compromiso y en caso de que no tengamos respuesta favorable, ya les anticipo que convoco principalmente a los afectados para el día lunes 24 de agosto frente a Economía”, aseguró el sindicalista.

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Sin embargo, luego de este reclamo realizado a través de las redes sociales, Piris explicó que desde el Ministerio de Economía se pusieron en contacto con el gremio, para realizar un nuevo compromiso.

“La gente de Economía nos aseguró que habrá una nueva lista con 300 desvinculaciones más para setiembre y luego de eso seguiríamos hablando para este 2026 o para el 2027 probablemente”, expresó.

Profesores piden aumento salarial del 17% en dos años

Otro pedido de los gremios docentes para el Gobierno pasa por un aumento del salario básico profesional, de forma gradual, a partir del 2027. Según explicó Silvio Piris, la solicitud se dio en el marco de las negociaciones por los cambios en la ley de la caja fiscal, que incrementó los años de aporte del sector.

“La intención es que, por ejemplo, en el rubro de maestros de grado, se llegue a G. 5 millones por turno para el 2028, esto representa a un incremento total del 17%. El 15 de agosto tenemos que sentarnos con la gente del Gobierno para tener las primeras conversaciones”, dijo el titular de la FEP.

De no avanzar con el pedido, que debe ingresar en el anteproyecto de presupuesto 2027, los gremios podrían movilizarse por uno o dos días para fines de agosto.

A los reajustes aplicados durante el fin de semana se suman ahora Puma, Petrochaco, Petrosur y Compasa comenzaron a aplicar los nuevos valores desde este este martes, según comunicaron a sus operadores.

En los tres casos, el incremento es de G. 500 por litro para las naftas y de G. 490 para el diésel común tipo III, el mismo ajuste que ya aplicaron Petrobras, Copetrol, Shell, Energy, Tega Oil y otros emblemas privados.

Precios de combustibles: emblemas privados concretan la cuarta suba del año

Más emblemas privados se irán sumando hasta completar la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va de 2026. El reajuste responde al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, impulsado por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

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Precio de combustibles: aumentos en emblemas privados

Los primeros aumentos comenzaron a regir el sábado último en Petrobras y el domingo en Copetrol. Posteriormente se sumaron Shell, Energy, Tega Oil y Petromax, cuyos nuevos precios empezaron a aplicarse durante el fin de semana.

El incremento oscila entre G. 500 y G. 600 por litro en las tres naftas y en el diésel prémium, mientras que el diésel común tipo III aumentó G. 490 por litro, según comunicaron los emblemas a sus operadores.

Precio de combustibles: lo que respondió Petropar mientras hay una guerra de descuentos en los servicentros privados

La suba se produce luego de la reducción que se aplicó en junio, cuando las distribuidoras privadas acercaron sus precios a los de Petropar, que por el momento mantiene sus valores y continúa evaluando la evolución del mercado internacional antes de definir un eventual reajuste.

Tras los aumentos, en la mayoría de los servicentros los precios quedaron de la siguiente manera: la nafta común (88/89 octanos) pasó a G. 7.190 por litro; la nafta intermedia (90/93 octanos), a G. 7.690; la nafta súper (96/97 octanos), a G. 9.240; el diésel común tipo III, a G. 8.690; y el diésel prémium tipo I, a G. 10.600 por litro.

Mientras tanto, Petropar mantiene sin cambios los precios de sus combustibles y continúa analizando la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La estatal aún no confirmó si acompañará el reajuste aplicado por los emblemas privados o si mantendrá sus valores actuales.

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“Tuvimos conversaciones preliminares con el ministro de Educación (Luis Ramírez) en las que consultamos sobre las orientaciones para los directores de las escuelas que se verán afectadas por estos eventos”, explicó Miguel Marecos, representante del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

Con base en experiencias anteriores frente a fenómenos climáticos similares, Marecos advirtió que esta ocasión podría ser más compleja. Por ello, instó a enfocar la atención en zonas históricamente vulnerables como Ñeembucú, Concepción, Benjamín Aceval (en el Bajo Chaco) y Asunción.

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“Realizaremos una reunión general en cada departamento con las instituciones involucradas en la contención. El objetivo es capacitar a los comités de riesgo institucional conformados en cada escuela para que estén preparados ante cualquier eventualidad”, adelantó.

Planes listos ante cualquier eventualidad

El referente del Sinadi remarcó que, aunque existe un protocolo oficial, los directores representan la primera línea de respuesta y deben actuar con celeridad ante las emergencias. “Debemos prever la modalidad educativa a implementar, sea híbrida, virtual o telemática. Esta planificación tiene que articularse en conjunto con los padres de familia”, añadió.

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En ese sentido, resulta clave que los comités de riesgo de cada institución —integrados por docentes, alumnos y padres, y liderados por el director— tengan definidos y organizados los pasos a seguir ante situaciones de crisis.

“Quiero hacer referencia al show que está armando un senador (Beto Ovelar), presidente de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama ‘Ubicol’“, dijo Meza, remarcando a la ministra a ubicarse y respetar a la Cámara Baja.

Esto luego de que Centurión compareciera esta mañana al Senado a defender este préstamo de US$ 75 millones, puenteando a Diputados donde hoy debería analizarse el proyecto, que incluso antes de esto ya generó quiebres en el cartismo, porque el 50% de los fondos irá al departamento de Caaguazú, el cual representa Ovelar.

Desde la semana pasada se registra una “guerra fría” entre diputados cartistas y “Beto” Ovelar, luego de que el senador haya ido a la sesión de Diputados a presenciar la votación del proyecto; lo que generó enojo en los diputados.

Ahora, la guerra ya alcanza a la ministra de Obras, a quién le llovieron reclamos por privilegiar a un solo departamento y hasta por su falta de “simpatía”.

“Lo que no aceptamos desde la Cámara de Diputados es el tutelaje, la falta de respeto de un senador que cree ser superior a todos. Entonces, la señora ministra lo que tiene que hacer es venir a explicarnos -con toda la gracia que la caracteriza, aunque a veces nos quiere comprar con esa sonrisita- por qué es importante y por qué se priorizaron a algunos departamentos y a otros no", dijo Meza

Previamente, uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado, el guaireño Alejandro Aguilera también exigió antes de tratar el proyecto que la ministra comparezca ante la Cámara Baja.

Finalmente, Meza volvió a exigir a la ministra de Obras respeto a la Cámara Baja y dejar el show de “Beto” Ovelar.

“No sé por qué se va a hacer ese show en una comisión donde ya pasó y traspasó a esta Cámara de Diputados. En síntesis, a esta Cámara de Diputados se le respeta, porque tenemos la carrocería y la suficiente capacidad de discernir lo que le conviene o no al Paraguay”, apuntó Meza.

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Estas casas fueron construidas originalmente para los trabajadores durante la obra de la hidroeléctrica. Hoy en día, mantenerlas le genera a Itaipú gastos continuos en mantenimiento y gestión, según el texto.

Los terrenos afectados

La propuesta afecta directamente a las propiedades situadas en las Áreas Habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de la capital del Alto Paraná.

La venta permitirá regularizar la situación de sus actuales ocupantes y darles sus títulos de propiedad.

Optimización de recursos públicos

De acuerdo con el documento presentado ante la Mesa de Entrada del Congreso, la administración, conservación y mantenimiento permanente de estos complejos residenciales representan para Itaipú una asignación continua de recursos humanos, técnicos y financieros que ya no responden a la misión principal de la entidad.

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El proyecto sustenta que la venta de las viviendas —regida administrativamente por la Resolución N.° 027/2001 del Consejo de Administración de Itaipú— permitiría no solo recortar los costos operativos derivados del mantenimiento inmobiliario, sino también regularizar de forma definitiva la situación jurídica y catastral de los actuales ocupantes, otorgándoles los correspondientes títulos de propiedad.

“Se busca transformar activos inmobiliarios subutilizados en recursos económicos directos para fortalecer el sistema de salud pública y beneficiar a cientos de miles de paraguayos”, señala el proyecto en sus considerandos.

Un impulso decisivo a la salud pública

La iniciativa enfatiza que el Gran Hospital del Este constituye una obra de infraestructura sanitaria de alta complejidad indispensable para ampliar la capacidad de atención médica especializada.

Su concreción no solo beneficiará a los residentes del departamento de Alto Paraná, sino a toda la Región Oriental del país, explica el proyecto.

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En sentido, el diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) argumentó que desde el oficialismo están a favor de la medida. Recordó que en el gobierno anterior -el de Mario Abdo- se hizo una tasación que no era adecuada y que fue derogada.

Afirmó que una nueva tasación con un enfoque más realista está llegando a su culminación para que los precios no sean exclusivos solo para personas de alto poder adquisitivo.

Presenté un Proyecto de Declaración para instar a la ITAIPÚ Binacional a culminar la venta de los inmuebles de las Áreas Habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este, conforme a la normativa vigente, y destinar prioritariamente esos recursos al financiamiento del Gran… pic.twitter.com/y2tryaES7s

— Mauricio Espínola (@EspinolaEspnol1) August 4, 2026

Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

Bajo el lema central “Emergencias climáticas, derechos humanos y el rol de las INDH”, el evento reúne a titulares y equipos técnicos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) provenientes de más de 20 países del continente. La cumbre cuenta además con una nutrida representación del Sistema de Naciones Unidas —incluyendo a OACNUDH, PNUD, ACNUR, OIM y CEPAL—, delegados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, autoridades gubernamentales, académicos y líderes de comunidades directamente vulneradas por las alteraciones ambientales.

La designación de Paraguay como sede continental responde a un respaldo institucional, ya que coincide con el afianzamiento de la reacreditación de la Defensoría del Pueblo en Categoría “A”, otorgada en 2025 por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este estatus representa el máximo reconocimiento al cumplimiento estricto de los Principios de París, auditando y avalando la independencia operativa, el marco legal y la efectividad del organismo paraguayo.

La agenda de actividades fue estructurada en dos jornadas diferenciadas de trabajo. El primer día, correspondiente al lunes 3 de agosto, se desplegó un congreso internacional abierto a la ciudadanía y transmitido por plataformas digitales. Dicho foro abordó a través de cuatro paneles de alto nivel el impacto directo de las crisis ambientales sobre el goce de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado en la prevención de desastres, la afectación en sectores vulnerables y las facultades de las INDH ante eventos climáticos extremos.

La apertura oficial del congreso contó con la intervención directiva del Secretario General de la RINDHCA, Pedro Callisaya Aro, y los saludos virtuales de Amina Bouayach, presidenta de GANHRI, junto a representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Asimismo, la sesión inaugural sumó el acompañamiento del embajador de la República de China (Taiwán), Iván Y. J. Lee, y del Defensor del Pueblo de Paraguay, Rafael Ávila Macke.

Dentro del desarrollo de las mesas temáticas, el segundo panel analizó la prevención y respuesta estatal con enfoque de derechos, integrando las visiones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Cruz Roja Internacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios . Este espacio técnico contó además con la evaluación reactiva de las instituciones de derechos humanos de El Salvador y Chile .

Por su parte, la tercera mesa de debate visibilizó las consecuencias diferenciadas que acarrean las emergencias climáticas sobre grupos en situación de vulnerabilidad . Con aportes de ONU Mujeres, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Municipalidad de Asunción, organizaciones afrodescendientes como AMUAFROC, centros de estudios ambientales y la Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay, se examinó la urgencia de diseñar políticas de auxilio inclusivas .

En la segunda jornada de hoy martes 4 de agosto, el encuentro tomó un carácter exclusivo para las delegaciones miembro de la RINDHCA . Las actividades abarcaron reuniones estratégicas bilaterales con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, orientadas a fortalecer las redes de defensa e interconexión regional .

El corolario del encuentro se alcanzará con la celebración de la Asamblea General de la RINDHCA, instancia en la que los titulares de la región evaluarán la gestión institucional saliente y tomarán decisiones operativas para los próximos años . Como producto principal de estas deliberaciones, se prevé la adopción de la «Declaración de Asunción 2026», un documento marco que establecerá los lineamientos continentales y guiará la actuación de las INDH ante las emergencias climáticas durante el período 2026-2027 .

La realización de esta cumbre continental en Asunción —respaldada por la Unión Europea, GANHRI, la Oficina Regional de la ONU, Taiwán y el BCP— consolida el protagonismo del Defensor del Pueblo paraguayo, Rafael Ávila Macke, en su rol de Subsecretario General de la RINDHCA . A través de la red, que agrupa a organismos defensoriales de 17 países de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, la región busca articular esfuerzos unificados frente a los desafiantes escenarios ambientales del presente .

El proyecto figura en el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 9:00 y ya recibió dictamen favorable en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La velocidad del trámite llama la atención debido al monto de la operación. El mensaje del Poder Ejecutivo fue remitido al Congreso el 21 de julio de 2026, es decir, hace apenas dos semanas, y mañana ya será sometido a consideración del pleno del Senado y si es aprobado pasará a consideración de Diputados.

Un préstamo de US$ 286 millones para 154 kilómetros

El proyecto corresponde al Mensaje N° 402 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se solicita aprobar el contrato de préstamo N° PG-P20 suscrito entre Paraguay y JICA.

El acuerdo contempla un financiamiento de hasta ¥36.380 millones (36.380.000.000 de yenes japoneses), equivalente aproximadamente a US$ 286 millones, para ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste”, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La iniciativa también contempla una ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por la Ley N° 7609.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, defendió el proyecto durante su presentación ante la Comisión de Obras del Senado y destacó que se trata de una infraestructura de alcance estratégico para el sur del país.

La segunda etapa del corredor bioceánico del sur

Centurión explicó que el proyecto contempla la construcción de 154 kilómetros de ruta, desde la zona de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar, en Ñeembucú, en un trazado paralelo al río Paraná.

La obra permitirá conectar esta zona con el sistema vial existente hacia Encarnación y, desde allí, con Ciudad del Este mediante la Ruta PY02, integrándose con el denominado corredor de exportación.

La ministra presentó el proyecto como la segunda etapa de un corredor que busca conectar el este del país con el sur, aprovechando la infraestructura ya existente.

“Es la segunda etapa de una importante conectividad vial que vendría a ser, de alguna manera, el corredor bioceánico del sur”, explicó Centurión ante los senadores.

La primera etapa corresponde al corredor de exportación que conecta la zona de Alto Paraná con Encarnación y cuya construcción comenzó luego de un préstamo gestionado en años anteriores.

Ñeembucú busca salir del aislamiento

Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el millonario endeudamiento es el impacto social que tendría la obra.

Centurión sostuvo que varias localidades de Ñeembucú permanecen actualmente sin caminos de todo tiempo y que el proyecto permitirá mejorar sustancialmente la conectividad de los distritos del sur.

Entre las zonas beneficiadas mencionó localidades como Laureles, San Antonio, Cerrito, Itacorá y otras comunidades ribereñas, que pasarían a contar con una conexión vial permanente.

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La ministra remarcó que Ñeembucú se encuentra entre los departamentos con menor nivel de pavimentación del país, junto con varias zonas del Chaco.

“Esta ruta va a permitir que cada uno de sus distritos finalmente tenga un acceso de todo tiempo”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo no se limita a construir el corredor principal, sino también a generar accesos que permitan conectar a las comunidades ubicadas a lo largo del trazado.

El argumento económico: producción, granos y logística

El Gobierno también sostiene que la obra tendrá un impacto directo sobre la competitividad de la producción nacional.

La ruta atravesará una zona de fuerte actividad productiva, especialmente vinculada con la producción agrícola y arrocera de Itapúa y Misiones, y permitirá conectar la producción con los puertos ubicados sobre el río Paraguay.

Para Centurión, uno de los principales fundamentos del proyecto es precisamente mejorar la logística y reducir los costos de transporte.

La nueva conexión vial permitiría generar una salida más eficiente para los productos de la región y fortalecer la integración entre los corredores de exportación existentes.

De acuerdo con la explicación brindada por la titular del MOPC, la infraestructura tendrá características de una ruta internacional. La sección transversal prevista contempla una calzada de 3,5 metros, además de banquinas de 2,5 metros a cada lado.

La obra también incluirá un componente de mantenimiento durante cinco años, con el objetivo de garantizar la operación y conservación de la infraestructura una vez terminada. Centurión señaló además que se analiza la utilización de pavimento rígido, aunque aclaró que la definición final dependerá del proceso de ingeniería.

Turismo y desarrollo de la zona sur

Más allá del transporte de cargas, el Gobierno sostiene que el corredor puede convertirse en una herramienta para desarrollar el turismo en una región que actualmente tiene importantes dificultades de conectividad.

La ministra destacó el potencial turístico de zonas como Cerrito e Itacorá, además de otros puntos ribereños que quedarían conectados mediante la nueva infraestructura.

La intención es aprovechar el potencial de la región para actividades vinculadas al turismo, la pesca y otros sectores económicos.

“Nos abre una enorme oportunidad de acercar a todo el país esta zona maravillosa para el potencial del turismo, la pesca”, sostuvo Centurión.

“La instrucción es muy clara, la que tengo del Presidente, es la de evaluar la carpeta de todas las empresas que están interesadas en instalarse en nuestro país. En ningún momento me habló de una empresa en específico”, afirmó Báez durante una entrevista con radio Monumental.

El titular de la ANDE explicó que lo que se pidió es “volver a hacer el estudio para definir una tarifa tanto en 500 kV, en 220 kV, en 66 kV y en 23 kV, y esa tarifa va a ser para todas las empresas que vengan”.

Según Báez, el objetivo es evitar que ANDE negocie condiciones diferenciadas: “Lo que vamos a evitar es buscar una tarifa para una empresa, otra tarifa para otra empresa, eso es lo que no queremos”.

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Cómo funcionará el esquema

El nuevo esquema no se distinguirá por volumen de consumo, sino por el punto de conexión a la red. “Las tarifas se van a definir con un criterio que todo el mundo va a conocer, va a ser transparente (...) si la industria viene y se conecta en 500 kV, sabe cuánto le va a salir. Otra es en 66 kV, otra es 220 kV”, detalló el presidente de ANDE.

Báez explicó la lógica técnica del esquema: cuanto más alto el nivel de tensión, más barata resulta la tarifa, porque la empresa se ahorra las inversiones en transformadores para bajar la potencia. “La tarifa en 500.000 voltios (500 kV) es más barata porque se está ahorrando muchas inversiones”, indicó, y agregó que quien se conecte en niveles inferiores deberá asumir el costo de los equipos de reducción de potencia.

Según el documento “Estudio de valores de referencia internacional para establecer costos y tarifas eficientes de la ANDE”, presentado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, durante el foro “La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay”, organizado por el Consejo Asesor Empresarial – Mesa Energética el 21 de julio en la Casa de la Integración de la CAF, la tarifa media proyectada para el período 2026-2030 pasaría de un promedio actual de 49,2 US$/MWh a 68,6 US$/MWh.

Por nivel de tensión, el escenario contempla una tarifa de 77,8 US$/MWh en baja tensión (BT), 63 US$/MWh en media tensión (MT) y 51,4 US$/MWh en alta y muy alta tensión (AT&MAT), frente a los valores actuales de 55,8, 43,3 y 35,3 US$/MWh, respectivamente.

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La tarifa residencial, todavía en estudio

Báez confirmó que, en paralelo, la ANDE también revisará la tarifa para los usuarios residenciales, aunque aclaró que ese trabajo comenzará una vez concluido el estudio para las industrias. “Sí, también vamos a estudiar la tarifa residencial (...) la ANDE necesita definir una tarifa técnica, la que se calcula en donde la ANDE puede cubrir todos sus costos”, explicó.

El presidente de ANDE recordó que la ley exige que la entidad garantice un lucro de entre 8% y 10% sobre sus inversiones. Esta exigencia está establecida en el Artículo 88° de la Ley N° 966/1964, que dispone que las tarifas deben producir un Ingreso Neto anual no inferior al 8% ni superior al 10% de la Inversión Inmovilizada vigente, dato expuesto por Sosa en el mismo foro del 21 de julio en la CAF.

Consultado sobre el desajuste tarifario que justamente su antecesor, Félix Sosa, había estimado en un 40%, Báez confirmó que ese análisis será parte del estudio pendiente: “El estudio todavía no lo hicimos, vamos a hacer también el estudio para los consumidores finales, y una vez que tengamos el estudio vamos a poder hablar si se aumenta o se deja igual, y en qué proporción”.

“Todavía no estamos en eso”, explicó Báez sobre un eventual ajuste a los usuarios finales, aunque aseguró que el criterio ya está definido: “Necesitamos que la ANDE tenga sostenibilidad financiera. Eso quiere decir que tenemos que sincerar la tarifa y que los usuarios debemos pagar lo que realmente corresponde”.

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Itaipú y Yacyretá: el peso en la matriz energética

Sobre la incidencia del Anexo C de Itaipú en la nueva tarifa, Báez indicó que la renegociación “tiene muchísimas aristas que hay que sentarse a negociar”, pero enfatizó que el estudio en curso toma como base la realidad tarifaria actual con la binacional. “Si por ahí se define alguna otra nueva tarifa de Itaipú y si amerita el caso, vamos a reajustar”, señaló.

El titular de ANDE precisó que el 90% de la energía que compra la entidad proviene de Itaipú, mientras que el resto se complementa con Yacyretá y con la generación propia de Acaray.

Explicó además que, al ceder más energía a Argentina, Paraguay debería recibir una mayor compensación desde Yacyretá, aunque reconoció que esa entidad “está en deuda, pero está pagando”.

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Báez también descartó la posibilidad de fijar tarifas de largo plazo sin mecanismos de ajuste, en referencia directa a la pretensión de Atome de asegurar una tarifa fija por 10 años. “No, las tarifas a largo plazo tienen que tener un factor de reajuste, porque los tiempos cambian (...) no podemos venir a firmar a largo plazo una tarifa fija”, afirmó, y propuso revisiones cada dos o tres años.

Con el nuevo esquema, Báez insistió en que la meta es la transparencia: una tarifa conocida de antemano por cualquier empresa, sin excepciones. El plazo vence antes de fin de mes, cuando Atome y el resto de los proyectos industriales sabrán cuánto deberán pagar por conectarse a la red de la ANDE, según lo anunciado.

“No hay dos sin tres”, dijo Benítez sosteniendo que existen sospechas sobre la legalidad del título de abogado de Retamozo, tal como hubo antes con otros también exmiembros -e incluso presidente- del JEM como fue el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora Fuerza Republicana).

Durante la etapa de oradores de Diputados, Benítez expuso sobre la existencia de más dudas en base a la poca documentación oficial obtenida por las vías legales, y, pese a que el MEC por ejemplo oculta información vital como es el certificado de estudios.

Entre las principales dudas planteadas ahora por Benítez figura:

• Carrera supuestamente cursada en Paraguarí pero con título registrado en Ciudad del Este.
• ¿Filial fantasma?: Inexistencia de datos sobre la sede en la ciudad de Paraguarí o Yaguarón, donde no figuran registros más que una resolución de cierre.
• Diferencias evidentes en la firma de su “certificado de conclusión” de carrera y su título.
• Pedido de suspensión de Registro de títulos de 29 filiales, incluida la de Yaguarón (Paraguarí).
• Pedido de cierre de estas universidades ante sospechas de emisión de títulos falsos.

Retamozo “deslizó que podría accionar judicialmente, entonces me veo en la obligación de hacer una aclaración y demostrar que lo que tenemos tiene sustento”, dijo Benítez antes de iniciar la exposición de sus sospechas fundadas en la documentación disponible.

“La semana pasada, cuando el colega se defendía mostró su título de abogado. El primer punto llamativo es que él, en su defensa menciona que estudió en Paraguarí. Pero que su título cuando él lo muestra dice: ‘Certificado dado y registrado en Ciudad del Este en noviembre del año 2013′“, destacó Benítez.

La duda sobre el haber cursado la carrera en Paraguarí no termina ahí, ya que tampoco existe certeza documental sobre la existencia de dicha sede, más que una sola resolución de cierre de 29 filiales de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter).

A esto hay que sumarle que antes de asumir la postura de no dar más datos sobre presuntos títulos falsos, “el MEC nos remite el registro del título con la sede filial que le corresponde a dicho título y en este caso Ramón Retamozo menciona que estudió en Paraguarí, pero el título aparece registrado en Ciudad del Este”.

También se solicitó al MEC las resoluciones de habilitaciones de carrera de la Universidad Tres Fronteras desde su creación hasta el año 2025 y “no existe un solo documento que mencione la sede de Paraguarí, no hay una sola evidencia de la existencia de esta sede en la cual Ramón Retamozo dice haber estudiado”.

Solo existe una resolución de cierre de filiales datada en 2015, pero que para colmo, dispone “solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) que se disponga la medida de suspensión de registro de los títulos expedidos por la Universidad Internacional ‘Tres Fronteras’”.

Presunta firma adulterada

La propia documentación expuesta en el Senado por Ramón Retamozo lo terminó embarrando más, ya que ante el pleno había expuesto un “certificado de conclusión de carrera” -cuya validez legal se duda ya que lo válido es el certificado de estudios, y para colmo, se registran evidentes diferencias en las firmas estampadas en la documentación.

“La primera pregunta que yo me hago es ¿qué es un certificado de conclusión de carrera?. Normalmente cuando uno termina la carrera y cuando quiere demostrar eso, entrega su título y su certificado de estudios“, destacó Benítez.

Sin embargo, dicho “certificado de conclusión de carrera” y su título sumaron más sospechas ante las diferencias entre la firma de Gustavo Duarte Romero, secretario general de la Uninter.

“Nos llamó la atención que dentro de este certificado de conclusión de carrera encontramos una firma de Gustavo Duarte Romero y que, al comparar, con la misma firma, del mismo señor, con el mismo cargo del título de abogado, encontramos que existe una diferencia en la segunda firma. La del certificado de conclusión, parece una firma adulterada, parece un garabato", dijo exponiendo ambos documentos proveídos por el propio Retamozo.

Por otra parte, también apuntó que en 2014 se presentaron proyectos para eliminar la Uninter y la Universidad Sudamericana (la que dio título a Hernán Rivas), donde argumentaban su proyecto ante las denuncias ya entonces de emisión de presuntos títulos falsos.

“En la exposición de motivos, cuando presentan, admiten y cuentan estos diputados que se estaban expidiendo títulos a gente que no se estaba formando y entre eso estaban la Sudamericana y la Universidad Tres Fronteras”, remarcó.

Finalmente, como elemento de sospechas, acotó que la semana pasada, cuando Retamozo fue consultado sobre si hizo o no una tesis para recibirse, este primero dijo que no, luego que sí, pero al final que no.

Plantea nuevo pedido de informes

Ante estos elementos de sospecha y la falta u omisión de respuestas por parte del MEC, el diputado Raúl Benítez planteó solicitar informes sobre Retamozo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los datos solicitados son:

1. Copia íntegra del expediente correspondiente al trámite de juramento como abogado del ciudadano Ramón Catalino Retamozo Delgado.
2. Copia de la solicitud de juramento, formulario de inscripción y demás documentos presentados para su habilitación profesional.
3. Copia del título de abogado y del certificado de estudios presentados para acreditar su formación académica.
4. Copia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el juramento y la habilitación profesional.
5. Copia de la resolución, acordada o acto administrativo mediante el cual se autorizó o aprobó su habilitación y juramento como abogado, indicando la fecha en que se realizó dicho acto.
6. Informe sobre los procedimientos de verificación utilizados por la Corte Suprema de Justicia para comprobar la autenticidad y validez de la documentación académica presentada.

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Foco en zonas de riesgo en Asunción

Lorena González, directora de Bienestar Estudiantil del MEC, explicó que se prioriza la atención a escuelas cercanas a cauces hídricos con riesgo de crecidas.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño". El MEC ya activó plan de contingencia

🔶 "En Asunción, estamos buscando por sectores para tener bien individualizado. En Central, tenemos foco a ciudades como Mariano Roque Alonso, Limpio, Nueva Italia y Guarambaré.… https://t.co/t82D4S3DEE pic.twitter.com/N1x9oPKrYD

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“Identificamos un foco de 25 instituciones en Asunción que serían las más afectadas, principalmente en las zonas de ambos Bañados, Sajonia y Tablada Nueva”, señaló.

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Actualmente, la cartera estatal realiza un mapeo para definir un circuito de reubicación antes del punto más crítico del fenómeno. La prioridad del plan es asegurar la modalidad presencial y asegurar la entrega de alimentación escolar a través del programa Hambre Cero.

“Buscamos instituciones cercanas para reubicar a las comunidades afectadas. Si no encontramos escuelas disponibles, las alternativas serían los destacamentos militares u otros predios del Estado. Como última opción, acudiríamos a las clases virtuales”, detalló González.

Planes adaptados para el interior

La estrategia se extiende al interior y se adapta a la realidad particular de cada departamento.

En ese sentido y haciendo énfasis en comunidades aisladas como los casos de Ñeembucú o el Chaco, frente a la pérdida de conectividad o cortes de energía, se implementará un kit impreso semanal elaborado por docentes, apoyado con tutorías mediante llamadas telefónicas tradicionales.

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Por otro lado, ante eventuales casos de ausentismo, se activarán los Comités Educativos Departamentales para la Gestión del Riesgo (C.E.D.G.R), integrados por autoridades educativas, técnicos y psicólogos de cada región.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño"

🔶 "Nos estamos preparando para una catástrofe de grandes magnitudes con respecto a la inundación de ríos e instituciones cercanas a cauces hídricos. Tenemos instrucciones realizar un mapeo y realizar reubicaciones. En… pic.twitter.com/mOSIltnMYN

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Coordinación institucional y proyecciones

El trabajo se realiza de forma conjunta con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), municipalidades y gobernaciones.

Según los reportes meteorológicos, aunque los efectos ya se perciben, el periodo más crítico se espera para finales de agosto. En el peor de los escenarios, las emergencias por lluvias e inundaciones podrían extenderse hasta marzo, pudiendo impactar el inicio del año lectivo 2027.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, indicó que la prioridad es que la aerolínea pueda normalizar sus operaciones.

“Ojalá se pueda subsanar porque de lo contrario obligaría a la Dinac a tomar medidas más severas”, expresó.

En ese contexto, señaló que la institución no descarta realizar eventualmente una auditoría financiera y técnica para conocer la situación legal de la empresa.

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Reclamos derivaron en medidas contra Paranair

Mendoza explicó que hace unos 15 días la Dinac recibió los reclamos formulados por Asatur y Senatur. Añadió que posteriormente también intervino Sedeco.

A raíz de esas denuncias, la autoridad aeronáutica convocó a representantes de Paranair para conocer el estado de sus operaciones, considerando que actualmente la empresa opera con una sola aeronave.

Además, la Dinac solicitó a la aerolínea un plan de vuelos ajustado a su capacidad operativa. Según explicó Mendoza, la empresa cuenta con una segunda aeronave que busca reincorporar a su flota, aunque ello depende de su solvencia económica.

Dinac también inició una demanda por deudas

El titular de la Dinac recordó que, además de su rol como ente regulador, la institución también accionó judicialmente contra Paranair por las deudas que mantiene con el organismo.

Precisó que el pasado 17 de julio se presentó una demanda ejecutiva debido a una importante deuda en concepto de tasas administrativas.

Como parte de ese proceso, la aerolínea realizó un pago parcial y ambas partes acordaron un plan de pagos que, según Mendoza, la empresa viene cumpliendo.

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Pese a las dificultades económicas que atraviesa la compañía, Mendoza sostuvo que la seguridad operacional no está comprometida.

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Asimismo, confirmó que la Dinac y la Senatur solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso.

La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos María Arrechea (ANR-HC) y Arnaldo Valdez (PLRA), ambos representantes de Misiones, quienes destacaron que la declaración busca poner en valor el trabajo de investigadores, docentes, religiosos y ciudadanos que durante años recopilaron información sobre el origen de esta práctica deportiva en territorio paraguayo.

Durante la presentación del proyecto, se argumentó que el reconocimiento se basa en documentos históricos, estudios académicos y testimonios que describen cómo los pueblos guaraníes de las reducciones jesuíticas practicaban un juego utilizando una pelota impulsada con los pies hace más de 400 años, mucho antes de la consolidación del fútbol moderno en Europa.

Según la fundamentación, este proceso de investigación fue acompañado por la Comisión de Apoyo a la Iglesia de San Ignacio Guazú, creada en 2007, cuyos integrantes promovieron la búsqueda, recopilación y difusión de antecedentes históricos relacionados con esta teoría.

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Fortalecimiento de la identidad cultural

El diputado destacó el aporte de distintas personas e instituciones que contribuyeron al rescate de esta parte de la historia local y sostuvo que la declaración permitirá fortalecer la identidad cultural de la ciudad y proyectar al Paraguay mediante un patrimonio histórico que, según indicó, merece reconocimiento.

Como parte de los fundamentos, los legisladores mencionaron los relatos de sacerdotes jesuitas del siglo XVIII. Entre ellos, citaron al padre Joaquín Peramás, quien describió la habilidad de los guaraníes para golpear una pelota de goma utilizando el empeine del pie.

El padre José Cardiel, que narró en sus escritos cómo la comunidad se reunía a jugar a la pelota tras la misa dominical, remarcando que la disputaban con el pie y no con la mano, a diferencia de los españoles.

La exposición también hace referencia a la denominación guaraní de la pelota utilizada en aquella época: “mangái”, elaborada con la resina de un árbol del mismo nombre, cuyo fruto era conocido como “manga’a”.

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Fuentes históricas y académicas de los registros del balompié

La fundamentación del proyecto también cita diversas fuentes históricas y académicas que, de acuerdo con los legisladores, respaldan la hipótesis del origen paraguayo del fútbol.

Entre ellas se mencionan una publicación del diario vaticano L’Osservatore Romano del año 2010, el libro del investigador italiano Gianpaolo Romanato, un reportaje realizado en 1999 por el sacerdote y lingüista Bartomeu Meliá, además de un ensayo del sociólogo español Vivanco Borja Díaz y otros estudios especializados.

Los proyectistas también aclararon una diferencia histórica con la reducción jesuítica de San Ignacio Miní, ubicada en la actual provincia argentina de Misiones, señalando que esta fue fundada en 1696, casi nueve décadas después de la creación de San Ignacio Guazú en Paraguay.

Con la aprobación legislativa, San Ignacio Guazú queda reconocida oficialmente como la “Ciudad Cuna del Balompié”. Al tratarse de una declaración parlamentaria, la medida no establece obligaciones jurídicas, pero representa un reconocimiento institucional del Congreso hacia la ciudad y hacia los impulsores de esta investigación histórica.

La actividad se realizó en la plaza Mariscal López de la ciudad de Pilar, en donde el productor Eligio Alvarenga y su esposa lograron vender prácticamente la totalidad de 200 kilos de frutillas frescas que llevaron al mercado, además de jugos y otros productos elaborados a base de la fruta.

La respuesta del público superó las expectativas de los productores, quienes agotaron la producción disponible durante la feria. El resultado confirma el creciente interés de los consumidores por los productos frescos y de origen local, cultivados por familias del departamento.

Eligio Alvarenga, reconocido en la zona como el “Rey de las Frutillas”, explicó que el cultivo se desarrolla en un cuarto de hectárea y que actualmente cuenta con unas 14.000 plantas, cuya producción alcanza aproximadamente 100 kilos diarios durante la etapa de cosecha.

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Primera cosecha de frutillas del año en Pilar

El agricultor señaló que esta corresponde a la primera cosecha comercializada este año y adelantó que, debido al rotundo éxito obtenido en Pilar, ya analizan regresar en las próximas semanas con una nueva producción.

Además, indicó que dispone de espacio suficiente para ampliar el área de cultivo y aumentar el volumen de producción en las próximas temporadas.

Asimismo, destacó que el asentamiento Belén ubicada en el distrito de Tacuaras, se caracteriza por su importante producción hortícola y agrícola, y que el cultivo de frutillas se ha convertido en una alternativa rentable para las familias rurales, gracias al buen rendimiento obtenido y a la excelente aceptación del mercado.

Alvarenga también agradeció el acompañamiento permanente de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como el apoyo brindado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú, la Municipalidad de Tacuaras y la Municipalidad de Pilar, instituciones que impulsan la producción y comercialización de la agricultura familiar.

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Califican de rotundo éxito feria de frutillas

Por su parte, la gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA), Bernarda Ramírez, calificó la feria como un rotundo éxito y destacó que la venta permitió recaudar G. 6.750.000 en una sola jornada.

Señaló que el MAG continuará acompañando a los pequeños productores mediante asistencia técnica y espacios de comercialización, con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar y generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales de Ñeembucú.

Incluso, llegó a manifestar que prefería estar “primero muerto” antes que permitir la aplicación de lo que calificó como “vacunas dudosas” a sus hijos.

Los menores, de 4 meses, 7 y 8 años, tenían el esquema nacional de vacunación incompleto. Según antecedentes, funcionarios de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel realizaron reiteradas visitas al domicilio familiar para intentar dialogar con los padres y explicar la importancia de la inmunización, pero en todas las ocasiones fueron tratados hostilmente.

Ante esta situación, el caso fue comunicado a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Presidente Franco, a cargo de Balbina Almada. En esta instancia, las funcionarias tampoco fueron bien recibidas por los padres de los niños.

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Ante negativa, causa fue remitida a la Defensoría

Posteriormente, la causa fue remitida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, donde el defensor público Emilio González intentó nuevamente una solución. Al no obtener resultados, promovió una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

La jueza de la Niñez, Milta Bobadilla explicó que, antes de adoptar una decisión, se convocó a los padres para conocer los motivos de su negativa y se ordenaron diligencias para verificar la situación sanitaria de los menores.

“Se recibieron informes de la Décima Región Sanitaria y del Hospital Regional de Presidente Franco, mediante los cuales se constató que los niños tenían el esquema nacional de vacunación incompleto”, explicó la magistrada.

Bobadilla mencionó que la intervención judicial se dio además en un contexto de brote de varicela registrado en Presidente Franco, situación que motivó la activación de los protocolos sanitarios.

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“El defensor público, tras recibir el reporte de la CODENI, solicitó una medida cautelar de protección a fin de ordenar la vacunación de estos niños para protegerlos de estos virus”, manifestó.

Juzgado intimó a los padres a cumplir con esquema de inmunización

Finalmente, el Juzgado resolvió intimar a los padres a cumplir con el esquema de inmunización, advirtiéndoles que, en caso de desacato, el expediente sería remitido al Ministerio Público.

Ante esta situación, los padres se vieron obligados a que sus hijos accedan al derecho de recibir la cobertura sanitaria prevista por el Estado.

Las autoridades recordaron que la vacunación forma parte de los derechos fundamentales de los niños y constituye una obligación legal de los padres o responsables.

La víctima fatal fue identificada como Juabian Domínguez Caballero, de 23 años, domiciliado en Calle 8 de Setiembre, distrito de Yrybucua, mientras que el presunto autor del disparo mortal sería una persona conocida como “Cacho”, con domicilio en el barrio Republicano de esta jurisdicción.

Conforme a los datos recabados por los intervinientes, el joven fallecido se encontraba participando en una fiesta organizada por la comisión vecinal del asentamiento Julián Portillo, en compañía de otros jóvenes, con motivo del aniversario de la comunidad, en el predio comunitario que queda al lado mismo de la Escuela y Colegio 3 de Agosto.

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Siguiendo la información brindada por los presentes en el lugar, se refiere que el hecho sucedió en el momento en que la víctima se disponía a abordar su motocicleta, aparentemente luego de protagonizar una discusión con el presunto autor, momento en que este último desenfundó un arma de fuego que portaba en la cintura y efectuó un disparo a la cabeza de la víctima, a consecuencia del cual falleció en el lugar.

Intervinientes

Intervinieron en el hecho efectivos de la Comisaría Nº 31ª Oñondivepa, personal de Criminalística, a cargo del comisario Fermín Aldana, y el subjefe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, Regional San Estanislao, oficial 1.º Pablo González. Además del médico forense, Dr. Edgar Larrea, quien determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico producido por disparo de arma de fuego.

Por disposición del fiscal de la causa, Cristian González, de la Unidad Penal Nº 1 de San Estanislao, se procedió a la entrega del cuerpo a los familiares, domiciliados en la colonia 2 de Mayo del municipio de Yrybucua.

Por el momento, el supuesto autor del crimen se encuentra con paradero desconocido, cuya localización está a cargo de los investigadores del lamentable suceso.

Según explicó, sus médicos tratantes le mencionaron que el implante colocado era de mala calidad y que, por esa razón, no soportó su peso y se doblo, lo que hizo que el hueso no se uniera correctamente.

Bogado relató que, tras su accidente, fue sometido a una cirugía en la que se le colocó un implante en el fémur con el objetivo de unir sus huesos.

Debido al elevado costo del material, su familia acudió a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para gestionar la adquisición del implante, solicitud que finalmente lograron concretar.

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Proceso de fisioterapia tras colocación de implante

Luego de la colocación del implante y tras su recuperación inicial, inició un proceso de fisioterapia y rehabilitación con el objetivo de volver a caminar.

Durante casi un año siguió las terapias indicadas hasta que en una de las sesiones su terapeuta le recomendó dejar una de sus muletas e intentar desplazarse por sus propios medios.

Al realizar el intento, sintió un fuerte dolor en la pierna, por lo que acudió nuevamente a un control médico. Tras los estudios correspondientes, los profesionales constataron que el implante colocado para unir sus huesos se había doblado, provocando nuevamente la separación de la estructura ósea y la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

“Hace dos años tuve mi accidente, tuve una cirugía en el fémur, donde no me resultó el implante que me pusieron. Era un implante de segunda, creo. Era muy blando, se me dobló. En síntesis, el hueso no se me unió y necesito otra cirugía, una cirugía muy riesgosa y muy costosa a la vez. Justamente por esa razón estoy apelando a la solidaridad de la gente, a pedir ese granito de arena”, indicó Bogado.

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Según sus médicos tratantes, actualmente necesita un nuevo implante de mayor calidad, cuyo costo ronda los G. 12 millones, además de los gastos hospitalarios, insumos y tratamiento posterior.

“Me urge la operación porque vengo con dolor desde hace dos años. Me dijeron que tengo que conseguir el dinero a como dé lugar, porque más adelante podría complicarse mucho más mi situación”, expresó.

Insumos requeridos para la cirugía

Para la nueva intervención, su médico tratante solicitó la adquisición de varios elementos quirúrgicos:

Set de extracción de MOI, sistema 4.5 mm: conjunto de herramientas especiales utilizadas para retirar material de osteosíntesis (MOI), como tornillos o placas colocadas previamente para fijar un hueso fracturado.

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Clavo fresado para fémur endomedular: implante metálico que se coloca dentro del canal interno del fémur para estabilizar una fractura.

Sierra oscilante y set completo de instrumentales: equipo quirúrgico que utiliza una hoja de movimiento oscilatorio para realizar cortes precisos en el hueso o retirar material durante la cirugía, acompañado de las herramientas necesarias para el procedimiento.

Set de extracción de tornillos rotos: instrumentos diseñados para retirar tornillos que se hayan partido, dañado o quedado atrapados dentro del hueso, una situación que puede ocurrir cuando un implante falla o presenta complicaciones.

Campaña solidaria

La semana pasada se realizó una maratón solidaria en San Juan Bautista, organizada con el apoyo del movimiento “San Juan se Mueve”, donde lograron recaudar G. 6.097.000.

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Sin embargo, la meta es alcanzar entre G. 20 y G. 25 millones para cubrir los costos de la intervención quirúrgica. Por ese motivo, Bogado apela a la solidaridad de la ciudadanía. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0982-088-429.

Juan Carlos Bogado señaló como consecuencia de la falla del implante, el hueso del fémur no logró consolidarse correctamente y su pierna derecha quedó más corta que la izquierda.

Actualmente camina con muletas desde hace dos años, situación que también comenzó a afectar la espalda.

Por su parte, su madre, Delosantos Rodríguez, manifestó que para esta nueva cirugía de su hijo acudió a diferentes instituciones, entre ellas la Municipalidad y la Gobernación, con el objetivo de conseguir apoyo económico para la compra del implante, pero hasta el momento no recibió respuestas favorables.

“Municipalidad y Gobernación, yo de ninguno de ellos recibí ayuda. Ahora necesitamos el apoyo de esa gente, pero no nos hacen caso con esta nueva cirugía a la que se debe someter mi hijo”, expresó.

El legislador valoró que el anuncio se diera durante una reunión con integrantes de las bancadas “A” y “B” de la Cámara de Diputados, en la que el propio Cartes dio el aval para que la noticia fuera divulgada públicamente.

“Él mismo confirmó y nosotros hicimos la pregunta de si podíamos anunciarlo públicamente y nos dio el ok”, manifestó Aguilera. Asimismo, desmintió versiones sobre un supuesto pedido familiar a Cartes para alejarse de la política activa y aseguró que su líder se encuentra en condiciones de afrontar otros mandatos. “Está para vivir otros 70 años”, señaló.

Ante las diferencias e internas que salpican al cartismo, el diputado señaló que el mensaje de Cartes hacia la bancada oficialista fue de conciliación: “Nos pidió que trabajemos, que no tengamos rencor con absolutamente nadie y que unamos a la familia colorada”.

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La carrera por integrar la chapa para el 2028

Respecto a las crecientes tensiones internas por completar la fórmula presidencial que encabezará Pedro Alliana con miras a las elecciones generales del 2028, Aguilera se refirió a la precandidatura del gobernador de Guairá, César “Césarito” Sosa, propuesta formulada por el Consejo de Gobernadores.

Al ser consultado sobre la competencia con otras figuras del sector, Aguilera remarcó que la definición final estará a cargo del propio Alliana.

“Él (César Sosa) es propuesto por el Consejo de Gobernadores como candidato a integrar la dupla, pero eso va a quedar... el que tiene que tomar la decisión es Pedro Alliana”, afirmó.

En caso de no integrar la dupla presidencial, el diputado indicó que la alternativa para el gobernador guaireño sería buscar un escaño en el Senado en 2028.

Asimismo, desmintió fisuras con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, calificando de “instalación mediática” el supuesto malestar de los gobernadores.

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Préstamo vial, rumbo al “stand by” en Diputados

En cuanto a la agenda legislativa, Aguilera confirmó que en la Cámara de Diputados no existe consenso para aprobar el proyecto de ley impulsado por el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, que autoriza un crédito de US$ 75 millones destinado a obras viales en siete departamentos.

El diputado adelantó que la bancada cartista se inclina por postergar el tratamiento del proyecto, argumentando que los fondos deben redistribuirse de manera equitativa entre más regiones del país.

“Nadie duda de la experiencia y del liderazgo de Beto Ovelar, pero nosotros tenemos otra manera de pensar. Queremos que ese crédito se reparta de forma equitativa o que la ministra de Obras Públicas haga un compromiso serio con los departamentos donde todavía hay compromisos incumplidos”, sentenció el parlamentario.

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Desde entonces pasaron diez largos años y actualmente la defensa costera presenta un importante deterioro, con el riesgo de que no pueda soportar una eventual crecida desproporcionada del río, lo que sería catastrófico para los más de 5.000 pobladores que viven en esta comunidad.

El muro de tierra funciona como una especie de gran palangana y protege a toda la comunidad de las crecidas del río y de los riachos de los alrededores, por ello las aguas de lluvia que se acumulan dentro de la población necesitan ser bombeadas cuando no pueden ser evacuadas de forma natural, precisamente porque el río aumenta su caudal.

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Aumentar la altura de la defensa costera

Anastacio Martínez, jefe de Vialidad de la Gobernación, explicó que los trabajos consisten en cargar grandes cantidades de tierra sobre el muro para elevar nuevamente su altura, debido a que con el paso del tiempo la estructura sufrió un importante desgaste y actualmente presenta varias grietas.

“Ahora que aún tenemos tierra seca, estamos procediendo a realizar esta tarea para luego efectuar la compactación y hacer que el muro pueda soportar una eventual crecida anormal del río. Estamos trabajando contra reloj, atendiendo que el pronóstico de las grandes precipitaciones que se anuncian está próximo”, señaló el funcionario.

Agregó que cuentan con las maquinarias necesarias y trabajan de manera continua. Además, indicó que la Secretaría de Emergencia Nacional liberó 30.000 litros de combustible como apoyo para estas tareas.

Son más de 3.000 metros de muro los que deben ser intervenidos. La elevación de la altura se realizará por sectores, ya que existen lugares donde el desgaste de la tierra es mucho mayor, mientras que en otros puntos la carga será menor, explicó finalmente “Don Chaco”, como es conocido el trabajador.

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Aislamiento por falta de caminos

De cumplirse las predicciones de abundantes lluvias para la zona, una vez más pobladores de diversas comunidades podrían quedar aislados debido a las lentas y precarias reparaciones de los caminos de tierra, como consecuencia de la escasa liberación de fondos por parte del MOPC a las empresas contratistas.

Existen sectores bastante críticos donde no se realizaron los levantamientos de terraplén a la altura necesaria. Tampoco se construyeron cunetas ni se colocaron los tubos que deberían funcionar como sistemas de desagüe para permitir la circulación de las aguas durante los días de lluvia.

Con este panorama, donde no se ejecutaron las obras necesarias, las aguas, al no tener circulación, volverán a inundar los caminos durante varios kilómetros, iniciándose un nuevo período de aislamiento.

En el 2025 el aislamiento que afectó a la zona superó los 100 días. Este año, a pesar de que las lluvias fueron menos intensas, nuevamente se produjo un encierro forzado de los pobladores que se extendió por más de 40 días.

Durante los períodos de aislamiento, las personas no pueden salir de sus comunidades, lo que genera numerosos inconvenientes para acceder a alimentos o llegar a un centro hospitalario en casos de urgencia. El servicio de helicóptero habilitado durante estas emergencias no logra cubrir las numerosas necesidades de los pobladores

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Miguel Prieto y otros doce acusados se presentaron desde ayer ante el juez Humberto Otazú para el inicio de la audiencia preliminar en el marco de la investigación de un presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este de unos G. 306 millones mediante la supuesta compra simulada de insumos para panificados durante la pandemia.

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El juez Otazú, por otro lado, concedió la suspensión condicional del procedimiento a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, quienes reconocieron los hechos y aceptaron la salida alternativa.

Lo que dijo el fiscal sobre Prieto

El fiscal Silvio Corbeta dijo que cuenta con suficiente material documental para sostener su acusación en juicio. Agregó que se comprobó que Miguel Prieto, durante su administración, direccionó la licitación para beneficiar a una empresa vinculada a su entonces pareja sentimental.

“Lo que tenemos como material probatorio es suficiente para sostener en juicio. Se comprobó mediante los documentos de la Contraloría y otras instituciones que esa empresa no contaba con capacidad operativa y que no realizaba la actividad para proveer los insumos de panadería”, dijo el fiscal Corbeta.

“Es una ONG que cuando le conviene se maneja dentro del derecho privado y cuando no, del público. Consideramos que debe ser eliminado y esa recaudación canalizada a través de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, declaró.

Centurión señaló que la Opaci no solo fue protegida por el cartismo durante los últimos años, sino que también es una entidad que se mantuvo vigente durante gobiernos anteriores.

Según el diputado, la organización fue creada con el objetivo de promover la cooperación entre municipios, pero cuestionó que en la práctica haya adquirido otro un rol negativo. “Es una caja paralela utilizada por los políticos y un costo prebendario nuevamente. Este tipo de instituciones debe ser eliminado”, remarcó.

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Opaci no cumple con todos los municipios

Además, Centurión cuestionó la eficiencia de la organización y mencionó como ejemplo que la Opaci no reúne a la totalidad de los municipios del país.

El diputado afirmó que la entidad solamente aglutina a 215 municipalidades de las 263 establecidas, lo que, según su criterio, evidencia limitaciones en su funcionamiento.

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En la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” a fin de eliminar la intermediación y consecuente cobro de Opaci en la tramitación de registros de conducir, que en solo cinco años recaudó G. 138.385 millones.

Quedó evidente que en este caso se quiso aprovechar la falta de quórum, ya que Latorre, al levantar la ordinaria, convocó a una nueva extraordinaria, con el mismo orden del día, salvo un agregado imprevisto, el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”.

“El motivo de la inclusión es que la Mesa Directiva había resuelto la inclusión pero por un error de la secretaría no fue incluido”, alegó Latorre tras el levantamiento de la ordinaria y nueva convocatoria a las 10:00.

Este proyecto venía siendo pateado hace varias semana ante la falta de acuerdo incluso entre la mayoría cartistas y sus satélites, puesto que ni siquiera estaba claro el monto total a ser financiado, ya que los propios legisladores tenían reportes contradictorios que iban desde los US$ 40 millones hasta los US$ 100 millones.

Tampoco estaban claros los períodos de deudas a ser canceladas, ya que algunas deudas databan de tres gobiernos pasados e incluso se habrían incluido de este gobierno.

Ante estas dudas, el pleno de Diputados aprobó el pedido de informes del diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) “sobre la composición de la deuda que dicha cartera mantiene con firmas encargadas de realizar construcciones y prestar servicios, correspondientes a los ejercicios 2023, 2024, y 2025, hasta el cierre del mes de octubre de 2025″.

Dicho pedido de informes aún no tuvo respuesta; sin embargo, ahora ya se incluye para su tratamiento ante el pleno. El proyecto ya cuenta con la media sanción del Senado, por lo que de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La pequeña paciente de 3 años, murió ayer a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecía internada desde el trasplante de corazón realizado el pasado 29 de junio.

A través de un comunicado, el Departamento de Cardiología del centro asistencial informó que durante los 35 días de internación la niña recibió atención permanente de un equipo multidisciplinario especializado en cuidados de alta complejidad.

El hospital señaló que, pese a haberse agotado todas las medidas diagnósticas y terapéuticas disponibles, las complicaciones derivadas de la evolución de su cuadro clínico no pudieron ser revertidas, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Bianca evoluciona favorablemente tras recibir un nuevo corazón

La historia de Bianca había conmovido al país luego de que permaneciera dos años y siete meses en lista de espera por un corazón. El órgano fue obtenido gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante pediátrico, que autorizó la ablación en medio de un momento de profundo dolor.

Tras la cirugía, los médicos habían informado una evolución inicial favorable. Incluso, la paciente fue extubada en las primeras 24 horas y no requirió asistencia respiratoria mecánica, lo que generó expectativas alentadoras sobre su recuperación.

¿Cómo está Bianca a casi dos semanas de su trasplante de corazón?

El director del hospital, Héctor Castro, había destacado entonces el trabajo del equipo multidisciplinario que llevó adelante el procedimiento y valoró el gesto altruista de la familia donante, además de insistir en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación de órganos.

El Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” expresó sus condolencias a los familiares de Bianca y manifestó su acompañamiento en este difícil momento.

Las mismas surgen luego de las declaraciones del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien atribuyó a Paraguay la condición de país agresor.

El primer proyecto de declaración plantea instar a los senadores y diputados que integran la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) a realizar las gestiones necesarias para que sea incluido prioritariamente en el orden del día, tratado y aprobado el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, presentado en 2022, junto con su correspondiente proyecto de declaración.

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La iniciativa sostiene que la revisión histórico-institucional del conflicto debe realizarse a la luz del Derecho Internacional y de los derechos humanos, y reivindica la necesidad de recuperar la memoria histórica regional.

El proyecto argumenta que durante el siglo XIX ya existían principios del denominado Derecho de Gentes que establecían distinciones entre combatientes y población civil, además de obligaciones respecto a prisioneros y heridos y límites a las acciones bélicas. También menciona como antecedentes la Declaración de París de 1856, el Código Lieber de 1863, la Conferencia de Ginebra de 1864 y la Declaración de San Petersburgo de 1868.

El proyecto cuestiona la versión de Paraguay como único agresor

Entre los argumentos centrales de la propuesta se encuentra el cuestionamiento a la interpretación de que Paraguay habría actuado como agresor unilateral.

Los fundamentos sostienen que el conflicto estuvo precedido por acontecimientos en la región y mencionan la intervención brasileña en Uruguay en 1864, además del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Según el proyecto, la acción paraguaya respondió a la alteración del equilibrio regional y no a una política expansionista.

La exposición también reivindica el nivel de desarrollo alcanzado por Paraguay antes de la guerra y lo describe como una república con una estructura económica autónoma, infraestructura ferroviaria y telegráfica, industrias, navegación a vapor y producción propia.

Relatorio habla de crímenes de guerra y graves consecuencias

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reivindicación del Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el documento fue elaborado luego de 15 audiencias públicas con la participación de historiadores, juristas y testimonios de distintos países de la región. El proyecto sostiene que el relatorio documentó al menos 20 tipos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población paraguaya.

También menciona estimaciones según las cuales Paraguay perdió entre el 67% y el 75% de su población durante el conflicto y sostiene que la guerra continuó incluso después de que las fuerzas paraguayas se encontraran militarmente derrotadas.

Entre los episodios citados aparecen la destrucción de hospitales, las matanzas de civiles, el sometimiento de mujeres y el traslado del Archivo Nacional de Asunción, actualmente denominado Archivo Histórico de la República del Paraguay.

El segundo pedido apunta a la Cancillería

El segundo proyecto tiene como destinatario al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y plantea que la cuestión histórica sea incorporada a la agenda del Mercosur y a los mecanismos de diálogo bilateral con los países involucrados en la Guerra de la Triple Alianza.

La iniciativa propone promover una “verdad compartida” sobre los acontecimientos, los crímenes de guerra y las consecuencias del conflicto, tomando como base las conclusiones de las audiencias públicas y el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.

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El texto también solicita al Ejecutivo realizar gestiones diplomáticas ante los gobiernos de los Estados partes del Mercosur para buscar la restitución plena e inmediata de la documentación histórica paraguaya que, según los fundamentos, fue secuestrada durante la contienda.

Buscan incorporar la memoria histórica a la agenda regional

El proyecto dirigido a la Cancillería plantea que la búsqueda de una interpretación compartida del conflicto no debe ser entendida como una acción contra los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay, sino como un mecanismo de memoria, verdad, justicia y reparación.

En su exposición de motivos, el senador José Oviedo (Yo Creo) sostiene que una revisión histórica de este tipo permitiría avanzar hacia una integración regional basada en el reconocimiento de los acontecimientos del pasado y el respeto de los derechos humanos.

En concreto, la propuesta plantea llevar el debate al Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur y a los canales bilaterales de diálogo, además de promover la recuperación de documentación histórica paraguaya.

Las afectaciones responderán a los trabajos de duplicación de la ruta D025, más conocida como la avenida General Elizardo Aquino o Tape Tuja y según explicaron desde la cartera estatal, el operativo contempla la instalación de galerías celulares dobles de hormigón a lo largo del trayecto.

¿Cómo será el esquema de circulación?

Las labores de construcción comenzarán sobre la intersección con la avenida Don Atilano Cáceres. Posteriormente, a la altura de la avenida Sudamericana, se procederá al cierre parcial de la calzada de salida de la ciudad de Luque.

En dicho tramo, la circulación vehicular pasará de dos carriles a un solo carril, derivando el tránsito hacia la banquina izquierda. Una vez que los automovilistas sobrepasen el área de las máquinas, podrán retomar de forma paulatina sus carriles habituales.

Desde el MOPC aclararon que la circulación principal sobre Tape Tuja no se verá interrumpida, aunque se generarán ralentizaciones en el flujo vehicular.

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Recomendaciones para conductores

Para evitar incidentes en la zona de obras, las autoridades establecieron las siguientes medidas operativas:

• Límite de velocidad: reducir la velocidad a un máximo de 20 km/h al aproximarse al tramo intervenido.
• Acceso exclusivo: el ingreso directo a los sectores de trabajo estará permitido únicamente para vecinos frentistas.
• Indicaciones de tránsito: respetar la cartelería de señalización y las órdenes del personal desplegado en pista.

El plan operativo fue coordinado de manera conjunta con la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Luque. No obstante, advirtieron que el cronograma de trabajo queda sujeto a variaciones según la evolución de las condiciones climáticas o eventualidades en el terreno.

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Detalles del proyecto

La obra de duplicación de la ruta D025 es ejecutada por la empresa contratista Benito Roggio e Hijos S.A. bajo supervisión del MOPC y fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

Inicialmente, se comunicó que la inversión demandada era de G. 133.573 millones; sin embargo, registró un incremento de alrededor del 25% debido a ajustes técnicos, ascendiendo así a G. 166.960 millones.

Para dudas, reclamos o consultas por parte de los usuarios de la vía y pobladores de la zona, el MOPC habilitó la línea telefónica (0985) 203 381.

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Durante el operativo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Vitz, color azul, con chapa AACU 592. El rodado habría sido utilizado como apoyo logístico de la banda que perpetró el asalto.

Según datos, tras el análisis de varios videos pudieron identificar el automóvil dentro de la línea investigativa. También se incautaron de un celular del sospechoso para ser sometido a una pericia.

La Policía también informó que continúan las tareas para localizar a otros dos presuntos implicados identificados como Nelson Barrios Ramírez (43), y Arnaldo Andrés Vergara González (34).

Asalto dejó pérdidas por US$ 200.000

El golpe fue perpetrado por una gavilla integrada por al menos seis a ocho delincuentes fuertemente armados que, vestidos como supuestos agentes de la Senad, interceptaron una camioneta Fiat Fiorino perteneciente a la empresa Imperial Business dentro del Complejo Empresarial Global.

Los delincuentes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12. Del cargamento sustrajeron nueve de las once cajas que contenían celulares iPhone y tablets, por un valor de aproximadamente 200.000 dólares.

Tras el atraco, una camioneta Toyota Fortuner, utilizada por los asaltantes, fue encontrada incinerada y un automóvil Peugeot también fue localizado a poca distancia del lugar del atraco.

De ser aprobada, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional deberá remitir mensualmente a la Justicia Electoral, de forma digital y automatizada, los cambios de domicilio registrados durante la renovación de cédulas de identidad realizada en las sedes consulares.

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Facilitar el acceso al padrón electoral

Valdez señaló que este procedimiento permitirá conformar y actualizar de manera continua el padrón electoral en el exterior, sin requerir trámites presenciales de inscripción adicional por parte de los connacionales.

Asimismo, indicó que la propuesta legislativa apunta a subsanar las exigencias administrativas y garantizar la efectividad del artículo 120 de la Constitución Nacional, modificado en 2011 para asegurar el derecho al voto de los paraguayos residentes en el exterior en las elecciones nacionales (presidente de la República y senadores).

La medida beneficiará significativamente a comunidades de compatriotas en el extranjero, incluyendo a más de dos millones de paraguayos radicados en Argentina, así como a residentes en España, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Canadá, entre otros países, explico el legislador.

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El legislador señaló que los factores internacionales suelen ser utilizados como argumento para justificar las variaciones de precios y planteó que esos mismos criterios deberían aplicarse cuando el escenario se restablece.

“Como presidente del Congreso de la Nación, espero que con el mismo ímpetu con el que suben los combustibles por tensiones geopolíticas (y otros factores), bajen de forma inmediata cuando desaparezcan esos motivos”, refirió.

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Reclamo a Petropar para mantener precios bajos

Además, Núñez instó a Petróleos Paraguayos (Petropar) a sostener sus precios y cumplir un papel regulador en el mercado local, en beneficio de los consumidores.

“Insto a Petropar a mantener los precios lo más bajo posible y a ejercer con firmeza su rol de regulador en beneficio del ciudadano”, posteó.

Advertencia sobre posibles aumentos en productos de consumo

El presidente del Congreso también expresó su preocupación ante la posibilidad de que la suba de los combustibles sea utilizada como argumento para incrementar los precios de otros bienes y servicios.

“Y esperamos que no se aviven con una cascada de aumentos los sectores involucrados en la provisión de la canasta familiar y otros productos de primera necesidad”, manifestó.

Núñez sostuvo que la reducción del tipo de cambio no se refleja en los precios finales que pagan los consumidores. “Vemos que el dólar sigue bajando, pero eso nunca se traduce en una reducción de precios para el ciudadano”, indicó.

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El reajuste del precio de los combustibles oscila entre G. 490 y 600 por litro tanto en naftas como en el diésel. Se trata de la cuarta suba del año aplicada por el sector privado.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la probabilidad de caída de granizos.

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Zonas y departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca el suroeste y norte de la Región Oriental, así como el sur y este de la Región Occidental (Chaco).

Los departamentos afectados son los siguientes:

• Concepción
• Oeste de San Pedro
• Suroeste de Ñeembucú
• Presidente Hayes
• Sur de Alto Paraguay
• Sur de Boquerón

Ante avisos de este tipo es importante tomar las precauciones correspondientes ante la eventualidad de raudales, ráfagas fuertes y descargas eléctricas.

¿Cuándo volverán las bajas temperaturas?

En conversación con ABC Cardinal, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, se refirió al comportamiento del clima para los próximos días y confirmó que se aguarda un nuevo descenso de la temperatura antes de la llegada de la primavera.

“Para el fin de semana se espera un ambiente bastante fresco otra vez, que puede extenderse hasta por lo menos lunes y martes de la siguiente semana”, señaló Mingo. Agregó que las temperaturas mínimas volverían a situarse alrededor de los 10 °C entre el lunes y el martes.

Sin embargo, el titular de la DMH aclaró que este frente frío durará solo unos días y que posteriormente retornará el calor, manteniendo un vaivén térmico característico de esta época del año.

Transición hacia el fenómeno de El Niño

Consultado sobre las condiciones climáticas actuales y los intensos vientos registrados, Mingo afirmó que estos vaivenes de temperatura y la inestabilidad son indicios del inicio de la transición hacia el fenómeno de El Niño, el cual ya se encuentra presente.

“Los ventarrones de esta madrugada nos indican que la atmósfera está muy cargada. Esto suele ser propio de septiembre, noviembre o diciembre, pero ya se está adelantando”, destacó el especialista.

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El aprehendido fue identificado como Juan Manuel Arce Flor (35), quien, según los intervinientes, salió de reclusión del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) hace pocos días.

El señalado también tiene antecedentes por hurto agravado (2022), robo (2024) y violencia familiar (2021), según el sistema informático de la Policía Nacional.

El hecho fue informado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 4, Giovanna Vera, quien dispuso la detención del ciudadano junto al dinero incautado.

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El robo

Según la declaración de la víctima, este hombre llegó al local poco después de que ingresara a su turno. Este la amenazó con que iba a sacar un arma si no colaboraba con el atraco.

La joven trabajadora, de 24 años, relató que solamente tenía a mano G. 10.000, que entregó al maleante, quien huyó raudamente de la zona.

Tras un rastrillaje, la Policía halló al hombre en las inmediaciones. Tras inspeccionarlo, solamente hallaron en su poder el dinero sustraído a la trabajadora.

Los intervinientes presumen que el hombre mintió sobre la tenencia de un arma con el objetivo de que la mujer entregara el dinero de la recaudación.

En conversación con ABC TV este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, confirmó que una persona ya ha sido detenida con relación al hecho y dos más están siendo investigadas.

El comisario Alarcón comentó que, tras la denuncia formal realizada por la diputada Vallejo, los investigadores pudieron trazar el dinero transferido de la cuenta de la parlamentaria a una cuenta bancaria a nombre de un ciudadano venezolano, quien ya está bajo custodia policial.

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El detenido identificó a otras dos personas supuestamente involucradas - también de nacionalidad venezolana - y la Policía entregará hoy al Ministerio Público los “elementos indiciarios” con el fin de obtener las órdenes de captura correspondientes, añadió el jefe policial.

Ataque con virus troyano

En una entrevista con ABC Cardinal, también hoy, el comisario Alarcón dijo que la hipótesis que manejan los investigadores es que la computadora con la que la diputada Vallejo intentó acceder a su sistema de ‘home banking’ estaba infectada con un malware ‘troyano’.

Virus informáticos de ese tipo son capaces de registrar las contraseñas de los usuarios y transmitirlas a ciberdelincuentes, que luego utilizan esos datos para vulnerar las cuentas.

Vecinos siguen aislados por obras paradas en el barrio San Pablo

Hoy, el equipo periodístico volvió al lugar y confirmó que nada ha cambiado. Los pobladores denuncian que ninguna autoridad de la comuna capitalina se ha acercado a brindar explicaciones. Ante los reiterados inconvenientes, exigen la pronta conclusión de los trabajos.

¿Quién es el responsable?

La obra de la cuenca Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya se han desembolsado unos G. 23.792 millones.

El intendente, Luis Bello (ANR-HC), se había comprometido a retomar formalmente las obras después de Semana Santa. Sin embargo, los vecinos afirman que, a más de cinco meses de dicha promesa, ni las maquinarias ni el personal han regresado al sitio.

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Juzgado ordena captura de Hugo Javier para que cumpla su pena

La presentación se da luego de que el juez de Ejecución Penal, Carlos Luis Mendoza Peña, ordenara ayer su captura para hacer efectiva la condena de 10 años de prisión por un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación mediante “obras fantasmas” durante la pandemia de covid-19.

🔴 AHORA | Se entregó Hugo Javier González. El exgobernador de Central debe cumplir condena de 10 años de prisión

🔶 "Esta mañana se hizo presente en la oficina de guardia. Ahora se está haciendo el procedimiento de rigor para su ingreso definitivo aquí y, posterior, a donde… pic.twitter.com/Y3RQvi5x1E

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

La orden judicial también alcanza a otras cuatro personas sentenciadas en la misma causa, quienes hasta el momento no se han presentado ante las autoridades.

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Por el momento, el expolítico y animador permanecerá recluido en la sede policial mientras se tramita su traslado a un centro penitenciario.

Se especula que su destino final sería el pabellón Esperanza del expenal de Tacumbú. Al contar con una sentencia firme, González Alegre no podrá acceder a medidas alternativas y deberá cumplir los nueve años y seis meses de condena restantes.

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El esquema y las condenas

El 4 de enero de 2025, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos —integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón— comprobó que el exgobernador desvió fondos de emergencia transferidos por el Gobierno en 2020 para mitigar el impacto de la pandemia. Por ello, fue hallado culpable de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas.

En la misma causa fueron condenados:

• Miguel Ángel Robles Ibarra (exasesor y exdirector de Gabinete, señalado como el “cerebro” del esquema): 10 años de prisión.
• Javier Marcelo Rojas Giménez (exdirector de Administración y Finanzas): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Lourdes Lezcano Decoud (exsecretaria del gobernador): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Luis Eduardo Allende Araújo (extesorero): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Modesta Valiente Escobar (exsecretaria de Administración y Finanzas): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.

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Tras el juicio oral, tanto Hugo Javier como Miguel Ángel Robles cumplieron la prisión preventiva mínima de seis meses, por lo que recuperaron la libertad de forma ambulatoria bajo medidas sustitutivas mientras la sentencia quedaba firme, etapa que concluyó con la reciente orden de ejecución.

Irá a La Esperanza o a Martín Mendoza

Según el ministro de Justicia; Rodrigo Nicora, el juzgado no determinó el lugar en donde Hugo Javier guardará reclusión, entonces la decisión pasa a ser de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

“Por lo que estuve conversando con el director, está entre la Unidad Industrial La esperanza en el ex Tacumbú o en la penitenciaría Martín Mendoza”, aseguró el secretario de Estado.

Nicora explicó que cuando se da una situación en la que el juzgado no determina el sitio y debe ser decidida por Establecimientos Penitenciarios, se ponen a consideración dos variables: la peligrosidad de la persona y la gravedad del rimen cometido y que el establecimiento esté cerca del núcleo familiar del reo para que este no pierda el arraigo.

Según afirmó, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, no se opone a la exploración, sino que sostiene que antes debe establecerse un marco jurídico que la permita.

La aclaración surge luego de que en mayo pasado el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), encabezado por De Barros Barreto, emitiera un dictamen en contra del proyecto de ley impulsado por el oficialismo para retirar la protección al parque con el objetivo de permitir la exploración de gas natural con miras a una eventual explotación.

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No existe una contradicción dentro del Ejecutivo

El viceministro sostuvo que las conversaciones con el titular del Mades son permanentes y que ambos coinciden en la necesidad de explotar los recursos naturales del país, pero que previamente se debe definir reglas claras para avanzar en ello.

“He conversado con el ministro del Ambiente con quien no hay desacuerdo. Él me planteaba que se necesitaba una ley de manejo de parques o modificar la que exista como para poder tener esa exploración y prospección”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que el Gobierno haya modificado ahora su postura respecto a este tema.

“Nosotros tenemos todo el día conversaciones con el ministro Rolando de Barros. Estamos en concordancia y acuerdo. Él simplemente abordó el tema de los parques y me dijo que se necesita tener una ley de manejo de parques. No creo que haya una dicotomía de opiniones ni malentendido. Existe un dictamen del Gobierno anterior y entiendo que para el caso Médanos se expidieron en el mismo sentido porque esto tiene un espectro que abarca la devolución de un derecho”, declaró.

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Seguridad jurídica, el eje del debate

Bejarano insistió en que el principal desafío es generar condiciones legales que brinden seguridad jurídica para atraer inversiones destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales. En ese contexto, mencionó el potencial de minerales estratégicos en el Chaco.

“Hoy, se pone de manifiesto el litio en el Chaco, con grandes posibilidades, también un poco el hierro y tierras raras. Tenemos que instalar el debate principal: seguridad jurídica si necesitamos la inversión extranjera y nacional para la obtención, la explotación de estos recursos naturales que tenemos certeza de que existen”, declaró.

Gobierno defiende el uso del gas natural

El viceministro también defendió el aprovechamiento eventual del gas natural como una alternativa energética en un escenario en el que Paraguay se acerca al límite de su capacidad de generación hidroeléctrica.

“Necesitamos energía y estamos llegando a un punto de inflexión donde eso que en un tiempo atrás fue satanizado, que es el gas natural, hoy tiene una exacerbación en su utilización porque le denominaron un energético de la transición en la propia Europa. Tenemos que utilizar nuestro gas natural, nuestros recursos naturales. Dentro de esa meta, está categóricamente utilizado nuestro gas natural. Ese gas natural va a ser desarrollo”, expresó.

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Remarcó que la explotación de los recursos naturales forma parte de la visión del Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico y energético del país. “Acá hay un tema que no tiene debate: la utilización de nuestros recursos naturales para la generación tanto de riqueza como de lo energético para el desarrollo del país”, declaró.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado en la Cámara de Diputados y plantea anular la declaración del parque nacional Médanos del Chaco como área silvestre protegida bajo dominio público y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.

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Al activarse, el sistema georreferencia la ubicación exacta del usuario y alerta a la patrulla Lince más cercana dentro de un radio aproximado de un kilómetro, con un tiempo estimado de llegada de cuatro minutos.

Un balance positivo

El comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, calificó la iniciativa como un éxito. Destacó que unas 3.000 personas han recurrido a la plataforma para reportar situaciones de peligro, valorándola como una vía directa para acercar el cuerpo policial a la ciudadanía.

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Según los datos oficiales, además del 40 % de casos atendidos, una parte de las alertas corresponde a solicitudes canceladas por los propios usuarios e incluso a activaciones desde el exterior.

Alta demanda y desafíos operativos

Durante la presentación del informe ante las cámaras de ABC TV, se evidenció la brecha entre la cantidad de personal activo y el volumen de denuncias recibidas.

Respecto a las alertas canceladas o fallidas, el comisario Ruiz Díaz señaló que en su mayoría se deben a personas que prueban el sistema o realizan bromas. “Lo importante es que los ciudadanos se estén familiarizando con esta herramienta”, concluyó.

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La parlamentaria afirmó que el ciberataque ocurrió luego de que ella intentara ingresar a su plataforma de ‘home banking’ con su contraseña y ‘token’ digital –una clave única para cada dispositivo que se usa para acceder a la cuenta– y el sistema le pidiera una doble verificación de ese ‘token’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que una conclusión objetiva sobre lo que le ocurrió a la diputada Vallejo solo puede surgir si se analiza la computadora que utilizó la parlamentaria cuando sus datos fueron vulnerados.

Posible ataque con ‘troyano’

Sin embargo, dijo que, en base al relato de la legisladora, su computadora estaría infectada por un “malware troyano” que habría permitido a los atacantes obtener los datos de ingreso a la plataforma de ‘home banking’.

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Se trataría de un tipo de virus informático que “transmite todo lo que realizamos”, explicó el comisario Alarcón.

“Cuando ingresás a la web para ingresar al ‘home banking’, el virus trasmite al atacante lo que acabás de teclear, tu usuario y contraseña, y puede incluso simular remotamente que usa tu IP (protocolo de internet, un número único asignado a cada dispositivo conectado a internet), engaña al servicio del banco y le hace creer que sos vos”, dijo.

Actualizar el sistema operativo y tener antivirus

El jefe policial explicó que los ‘troyanos’ tienen la capacidad de instalarse en un dispositivo aprovechando vulnerabilidades en su sistema operativo, en particular en dispositivos que no son frecuentemente actualizados o que no cuentan con antivirus.

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“Lo mejor que podemos hacer es actualizar siempre el sistema operativo”, subrayó, y enfatizó que las personas que guardan información sensible en sus dispositivos también deberían considerar “adquirir un antivirus que permita filtrar todos estos ataques”.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos.

Además, la DMH advirtió que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

El aviso, emitido poco después de las 05:30, señala que el sistema de tormentas continúa afectando el área de cobertura, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales de la DMH.

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Zonas bajo aviso meteorológico

Las zonas afectadas por el aviso meteorológico son:

1. Asunción
2. Norte de Concepción
3. Oeste de San Pedro
4. Oeste de Misiones
5. Oeste de Paraguarí
6. Central
7. Ñeembucú
8. Presidente Hayes
9. Sureste de Alto Paraguay.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en Asunción y en nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas continuarían mañana, miércoles, e incluso podrían extenderse al jueves.

Fresco a cálido

Se registra hoy un leve descenso de la temperatura luego de una serie de días cálidos a calurosos. Hoy se esperan máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 20 grados.

Las temperaturas volverían a subir levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 29 grados el jueves.

La rápida intervención de agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana evitó que el asalto se consumara. El procedimiento ocurrió alrededor de las 17:00 del lunes, en una zona considerada de alta circulación de personas.

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Patrulla evitó que el asalto se concretara

El comisario Isidro Gamarra explicó que un efectivo policial que realizaba patrulla preventiva observó al sospechoso reduciendo contra una pared a un joven, quien comenzó a pedir auxilio al notar la presencia de los uniformados.

Ante la situación, el agente solicitó apoyo y procedió a la aprehensión del presunto autor, evitando que el hecho pasara a mayores.

“Gracias a que el personal estaba atento y apostado en el sector se pudo sacar de circulación a esta persona y evitar el hecho”, manifestó el jefe policial.

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Había salido de prisión hace apenas dos días

De acuerdo con el comisario Gamarra, el detenido manifestó que hacía apenas dos días había recuperado su libertad tras permanecer recluido en una penitenciaría.

La Policía señaló además que el sospechoso acumula cinco antecedentes judiciales, entre ellos por hurto agravado, hurto especialmente grave y otros hechos contra la propiedad, lo que vuelve a poner en debate la reincidencia delictiva y los mecanismos de control sobre personas recientemente liberadas.

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Portaba un cuchillo tipo carnicero

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un cuchillo tipo carnicero, arma que presuntamente iba a ser utilizada para consumar el atraco.

El comisario describió el arma como “bastante grande y muy filosa”, destacando que la rápida reacción policial evitó que la víctima sufriera lesiones.

Quedo a disposición de la Fiscalía

El aprehendido fue identificado como Moisés Ezequiel Giménez, de 25 años, domiciliado en la zona baja del barrio Ricardo Brugada.

La víctima fue identificada como Rai Arabanis Velázquez Santacruz, de 19 años.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de la Unidad Penal N.º 20, Teresa Sosa, quien dispuso que el sospechoso permanezca detenido mientras prosiguen las investigaciones.

El procedimiento fue realizado cerca de las 21:00 del lunes en el estacionamiento del supermercado Fortis, ubicado sobre la ruta PY03 y Bernardino Caballero, en el barrio Arecaya. La intervención culminó con la incautación de un automóvil cuya matrícula colocada correspondía a otro vehículo y figuraba como extraviada.

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Cámaras permitieron identificar a los sospechosos

El comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 10ª Central, explicó que la investigación se apoyó en imágenes de circuito cerrado obtenidas tras varios hechos denunciados en el mismo centro comercial.

Según indicó, las filmaciones mostraban a los sospechosos utilizando distintos automóviles, aunque siempre con la misma chapa, un detalle que llamó la atención de los investigadores y permitió seguirles el rastro.

“Tenemos varios circuitos cerrados donde aparece la misma placa en distintos vehículos utilizados para cometer los hechos”, señaló el jefe policial.

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Operaban en grandes estacionamientos

De acuerdo con la investigación, el grupo actuaba principalmente en supermercados y centros comerciales con estacionamientos amplios, donde el movimiento constante de clientes dificulta los controles.

El comisario Espínola señaló que los tres sospechosos manifestaron que los vehículos eran alquilados, aunque esa versión también forma parte de las diligencias fiscales.

Además, indicó que las imágenes obtenidas permiten identificar claramente a los ocupantes del automóvil, lo que fortalece la hipótesis de que actuaban juntos en los hechos investigados.

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Una víctima ya los reconoció

Mientras los sospechosos permanecían en la dependencia policial, una persona que había denunciado el robo de pertenencias acudió a ampliar su denuncia y logró individualizar a los presuntos autores mediante las imágenes y el procedimiento realizado.

La Policía sostiene que el grupo operaba habitualmente en Mariano Roque Alonso, aunque sus integrantes residen en el barrio Obrero de Asunción, desde donde se desplazaban hasta distintos centros comerciales para cometer los hechos.

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Chapa no correspondía al automóvil

Durante la verificación del rodado, los intervinientes detectaron que el Toyota Ractis en el que se movilizaban llevaba colocada una chapa perteneciente a una camioneta Kia Carens y denunciada como extraviada.

El vehículo fue incautado y trasladado a la sede policial para las pericias correspondientes.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Manuel Ruiz Fernández (36), con prohibición de salir del país por un proceso por reducción; Carlos Enrique Quintana Salinas (27), con antecedentes por hurto agravado y reducción; y Julio César González Núñez (21), también con antecedentes por reducción y hurto agravado.

Fiscalía ordenó la aprehensión

El caso fue comunicado a la agente fiscal Gladys Paredes, de la Unidad Penal N.º 3 de Mariano Roque Alonso, quien se constituyó en la comisaría y, tras interiorizarse de los antecedentes del procedimiento, dispuso la aprehensión de los tres sospechosos y la incautación del vehículo.

Por categoría ocupacional, los empleados y obreros públicos registraron los ingresos más altos en ambos periodos. El promedio total avanzó de G. 3.529.700 a G. 5.320.000, con un aumento de G. 1.790.300, o 50,7%, la mayor expansión entre las categorías analizadas. Entre los hombres, el ingreso creció G. 2.140.300, equivalente a 58,6%, hasta G. 5.795.600. En las mujeres aumentó G. 1.464.700, o 43,1%, hasta G. 4.863.200.

En el empleo privado, el ingreso promedio subió de G. 2.426.700 a G. 3.465.100, una variación absoluta de G. 1.038.400 y relativa de 42,8%. Los hombres registraron un crecimiento de G. 1.139.500, o 47,5%, mientras que las mujeres sumaron G. 807.200, o 32,3%.

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Los trabajadores independientes elevaron su ingreso promedio de G. 2.032.800 a G. 2.836.500, con una mejora de G. 803.700, o 39,5%. El ingreso de los hombres aumentó G. 971.400, o 41,7%, hasta G. 3.298.900, mientras que el de las mujeres creció G. 590.600, o 37,7%, hasta G. 2.157.500.

En el trabajo doméstico, el promedio total creció de G. 1.278.300 a G. 1.908.600, un aumento de G. 630.300, o 49,3%. Fue la única categoría donde el ingreso femenino creció más que el masculino: las mujeres pasaron de G. 1.234.300 a G. 1.878.600, con una suba de G. 644.300, o 52,2%; los hombres avanzaron G. 537.200, o 28,7%, hasta G. 2.407.000.

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Finalmente, la estructura relativa de ingresos también se mantuvo estable: el empleo público encabezó la escala, seguido por el empleo privado, el trabajo independiente y el trabajo doméstico. Sin embargo, se amplió la distancia entre los extremos, tal como revelan los datos oficiales.

La diferencia entre el promedio del sector público y el trabajo doméstico pasó de G. 2.251.400 en 2017 a G. 3.411.400 en 2026. A su vez, el ingreso privado superó al independiente por G. 393.900 en 2017 y por G. 628.600 en 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

La Licitación Pública Nacional LPN N° 8/2026 (ID N° 480.207), valuada en G. 135.853 millones (US$ 22 millones), prevé la contratación de un sistema informático “integral” para la gestión del banco, que debe integrarse a los sistemas de facturación electrónica existente.

Sin embargo, durante el concurso, el BNF evitó brindar a oferentes detalles que permitan asegurar la integración del “core bancario” con este sistema.

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Desde el 2023, y tras la llegada de Peña, el BNF viene adjudicando a ITTI Saeca y a la firma Impresión Distribución y Logística SA (IDL SA), ambas del Grupo Vázquez, millonarios contratos que van desde facturación electrónica, fábrica de canales digitales y homebanking.

El actual llamado transcurre tras la cancelación de un llamado previo de similares características, tras denuncias de irregularidades, errores y sospechas de direccionamientos en el pliego a favor de ITTI, una de las dos empresas en carrera junto con Softshop S.A.

BNF demora la evaluación técnica de ofertas para adquirir “core bancario”

A pesar de los antecedentes, el actual llamado ya lleva más de un mes sin dictamen técnico sobre las dos ofertas recibidas. Además, en medio del desarrollo del llamado, el presidente Santiago Peña nombró a Gerardo González Báez –hermano del apoderado de la ANR– en el Directorio del BNF.

Cancha inclinada

Antes de la presentación de ofertas, en el expediente de consultas del pliego, las firmas interesadas solicitaron detalles sobre el software de facturación electrónica y su integración con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen).

En los pedidos identificados como Consulta 13 y Consulta 14, los oferentes exigieron conocer qué middleware (software de intermediación para conectar bases de datos) posee el BNF, si cuenta con API documentadas y el inventario técnico de los sistemas satélites que se conectarán al “core”.

La respuesta institucional del banco, presidido por Ochipintti, fue evasiva, indicando que el relevamiento detallado se realizará recién durante la etapa de ejecución con la firma adjudicada.

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Esta negativa dejó en absoluta desventaja a cualquier competidor internacional o local. El sistema de facturación electrónica del BNF, denominado Factury, pertenece a la firma IDL SA, sociedad del Grupo Vázquez y representada legalmente por César Astigarraga Lambaré, quien al mismo tiempo dirige la empresa ITTI.

Mientras ITTI conocía al milímetro el código fuente y las conexiones de su propia plataforma hermana, las demás firmas debían asumir un “riesgo económico” para presupuestar la integración, inclinando la cancha a favor de la firma ligada a los exsocios comerciales de Santiago Peña.

Además, en la respuesta dada a la Consulta 13, el BNF confirma que el llamado no prevé la contratación de una plataforma independiente de facturación electrónica, manteniendo así la dependencia que vienen contratando vía excepción y bajo excusa de “dependencia” tecnológica del sistema del Grupo Vázquez.

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Aun así, señalan que este sistema podría ser “ofertada como valor agregado” de las empresas interesadas en el llamado, trasladando esta carga a los oferentes. La propuesta técnica representa el 80% de la nota final frente a un 20% económico, por lo cuál los detalles técnicos serán definitorios para el llamado en curso.

BNF guarda silencio sobre proceso

Ayer, al ser contactado nuevamente por este diario, el gerente general del BNF, César Vargas, evitó responder sobre los cuestionamientos de la Consulta 13 –donde oferentes denunciaron que la falta de datos técnicos para la integración con sistemas como Factury (Grupo Vázquez) obligaba a cotizar a ciegas– así como sobre la llamativa dilación en el dictamen evaluador.

Sin embargo, días atrás, Vargas defendió por escrito la licitación de US$ 22 millones (ID 480.207). Al ser consultado sobre las modificaciones respecto al concurso cancelado en 2025, explicó que el ajuste principal fue la inclusión de requerimientos ligados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigidas por la Superintendencia de Bancos, además de precisiones en el pliego.

Sobre los plazos de adjudicación, afirmó que la intención institucional es avanzar en el presente ejercicio y que se encuentran evaluando las ofertas presentadas por ITTI Saeca y Softshop SA. En cuanto al impacto de continuar operando con la plataforma actual, admitió que el sistema presenta limitaciones para la transformación digital, la integración de servicios y la escalabilidad requerida.

Finalmente, respecto a la escasa concurrencia de oferentes, Vargas sostuvo que la participación responde a “decisiones comerciales y estratégicas propias de cada empresa”, asegurando que el banco garantizó un proceso abierto, público y competitivo.

El procedimiento se desarrolló en la noche del lunes alrededor de las 20:10 sobre la avenida 3 de Febrero, en la compañía Toledo Cañada de J. Augusto Saldívar, tras un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría 20ª Central y otras dependencias policiales.

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La persecución comenzó tras una alerta del Grupo Lince

El comisario Herme González, jefe de la Comisaría 20ª, explicó que la intervención se inició luego de un pedido de apoyo del Grupo Lince, que detectó al vehículo circulando por la zona de Toledo Cañada.

Con apoyo de las comisarías jurisdiccionales, los intervinientes iniciaron una persecución que se extendió desde la avenida Las Piedras y concluyó sobre la avenida 3 de Febrero, donde lograron interceptar la camioneta y reducir a su conductor.

Según el jefe policial, el hombre habría intentado escapar al percatarse de la presencia policial, situación que ahora forma parte de la investigación.

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Chapa colocada no coincidía con el rodado denunciado

La camioneta incautada es una Toyota Fortuner SRV 2.8 automática, de color blanco. De acuerdo con el informe policial, llevaba colocada una chapa que correspondía a otro registro.

Sin embargo, dentro del vehículo los agentes encontraron la cédula verde correspondiente a otra matrícula y verificaron que el número de chasis coincidía con una camioneta denunciada como hurtada el 22 de mayo pasado en la Comisaría 10ª Metropolitana de Asunción.

El comisario González indicó que la diferencia entre la chapa visible y los datos reales del vehículo despertó las sospechas de los investigadores, motivo por el cual fueron convocados especialistas del Departamento de Control de Automotores.

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Dinero, celulares y una placa policial entre las evidencias

Durante la inspección del vehículo, los intervinientes incautaron una importante cantidad de evidencias.

Entre ellas figuran dinero en guaraníes, reales y dólares, documentos pertenecientes a cuatro personas, dos tarjetas SIM, un teléfono Samsung A34, un iPhone 17 Pro Max, herramientas como una pata de cabra y destornilladores, además de una placa policial identificada con la credencial Nº 27737.

Sobre este último elemento, el jefe policial señaló que aún no se determinó si se trata de una credencial auténtica o una réplica, aunque afirmó que será sometida a las verificaciones correspondientes.

El detenido alegó que iba a lavar la camioneta

El aprehendido fue identificado como Ángel Gustavo Cristaldo Martínez, de 32 años, domiciliado en Itauguá y con antecedente por hurto agravado registrado este año.

Según su versión ante los policías, trabaja en un lavadero y recibió un mensaje de una persona que le solicitó trasladar la camioneta para lavarla al día siguiente. Afirmó que fue llevado hasta el lugar por un desconocido que conducía un automóvil Toyota Corolla negro y que allí abordó la Fortuner.

No obstante, el sospechoso no pudo explicar el origen de la placa policial encontrada en el vehículo ni la documentación vinculada al rodado denunciado como robado.

Fiscalía dispuso su aprehensión

El Departamento de Automotores, Investigaciones y Criminalística intervino en el procedimiento para profundizar las pericias sobre el vehículo y los objetos incautados.

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de J. Augusto Saldívar, Ángel Gill, el conductor quedó aprehendido, mientras que la camioneta y todas las evidencias fueron incautadas para continuar con la investigación.

El hallazgo se produjo en la tarde de este lunes en una propiedad ubicada en una zona boscosa de Melgarejo, distrito de Independencia, luego de varios días de búsqueda de un joven de 27 años cuya desaparición había sido denunciada por su padre.

Según el informe de la Comisaría 14ª de Melgarejo, familiares y vecinos intensificaron la búsqueda tras despertar sospechas por la conducta de un hombre de 74 años, quien ese mismo día entregó a la familia la bicicleta que utilizaba la víctima.

Esa situación motivó a los allegados a dirigirse hasta la vivienda del adulto mayor para exigir información sobre el paradero del joven. Posteriormente, el hombre indicó el lugar donde se encontraba el cuerpo, lo que permitió a las autoridades intervenir.

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En el sitio fueron encontradas inicialmente prendas de vestir y calzados dentro de una fosa. Minutos después, con apoyo de una retroexcavadora, los intervinientes lograron localizar el cuerpo enterrado. Personal del Departamento de Criminalística, agentes de Investigaciones, el médico forense y la fiscala Rocío Rivas participaron del procedimiento de levantamiento del cadáver.

Causa de muerte

La inspección médica preliminar determinó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico grave.

De acuerdo con la versión recogida por la Policía, la víctima había salido de su vivienda el jueves por la tarde para visitar a una familia conocida que se encontraba en un retiro espiritual.

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Siempre según esa versión preliminar, el adolescente manifestó que, al regresar a la vivienda, encontró al hombre presuntamente agrediendo sexualmente a su madre. Afirmó que intervino para detener la situación y, durante un forcejeo, golpeó a la víctima con un hacha, causándole la muerte.

La Policía informó además que el abuelo del adolescente habría llegado posteriormente al lugar y, según la investigación, colaboró en ocultar el cuerpo, trasladándolo hasta una zona boscosa donde fue enterrado.

Las autoridades señalaron que ambos realizaron manifestaciones que los vinculan con el hecho. No obstante, será el Ministerio Público el encargado de determinar, mediante la investigación y las pericias correspondientes, las circunstancias en que ocurrió el homicidio y el grado de responsabilidad penal de cada uno.

Por disposición fiscal, el hombre de 74 años quedó recluido en la Comisaría 5ª Ybaroty, mientras que el adolescente también fue puesto a disposición del sistema de justicia.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Departamental, el MADES y los municipios para promover políticas de conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible.

La expo feria se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto en el Coliseo Departamental El Cerrito, donde se habilitarán espacios de exposición, charlas, actividades educativas, demostraciones de innovación ambiental y presentaciones orientadas al cuidado de los recursos naturales.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, señaló que el evento busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente y fomentar prácticas sostenibles en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, el ministro Rolando De Barros Barreto Acha resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas para acercar la gestión ambiental a la ciudadanía y fortalecer la participación comunitaria.

La organización invitó a estudiantes, docentes, productores, emprendedores y público en general a participar de las tres jornadas, que tendrán como eje central la protección de los recursos naturales y la construcción de un futuro más sostenible para el departamento de Caaguazú.

El conductor del automóvil Toyota Vitz impactó frontalmente contra un árbol ubicado en el paseo central. Como consecuencia falleció el conductor y un niño de un año y medio.

“No encontramos indicios de la participación de un tercer vehículo. El estado en que quedó el automóvil y un circuito cerrado al que tuvimos acceso son indicios de que circulaba a gran velocidad”, manifestó la representante del Ministerio Público.

Según explicó, el conductor, Arturo Abel Gómez Carmagnola, de 28 años, falleció en el lugar a consecuencia de un politraumatismo severo, mientras que su hijo de un año y medio perdió la vida poco después de ingresar al Hospital de Trauma, también a causa de múltiples lesiones.

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La única sobreviviente es Griselda Mabel Guerie García, de 21 años, quien sufrió fracturas en el brazo derecho, la pierna izquierda y el mentón. La joven permanece internada y, según los médicos, no presenta riesgo de muerte, aunque continúa bajo evaluación para una eventual cirugía.

Duarte señaló que durante la inspección del lugar también se observaron algunos baches en las inmediaciones; sin embargo, aclaró que ese aspecto es secundario dentro de la investigación.

Fiscalía aguardará informe de criminalística

Agregó que aguardará el informe técnico de Criminalística para determinar con precisión la velocidad a la que circulaba el vehículo y las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

La fiscal indicó además que la investigación permanecerá abierta hasta recibir los peritajes correspondientes y poder tomar declaración a la madre del menor, una vez que su estado de salud lo permita.

Finalmente, recordó que los niños deben viajar en el asiento trasero y con los sistemas de retención infantil adecuados, además de insistir en la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar tragedias como la ocurrida en San Lorenzo.

El viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, confirmó durante una entrevista por ABC TV la realización de una reunión este lunes entre representantes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) y gremios de conductores de plataformas digitales.

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Sborovsky explicó que el acercamiento no responde a un plan estatal ni a un favoritismo hacia la movilidad sostenible, sino a un pedido explícito de los propios trabajadores al volante, quienes buscan alternativas para amortiguar el impacto del precio de los combustibles en su rentabilidad diaria.

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El funcionario detalló que la intervención del Poder Ejecutivo se limitó estrictamente a facilitar una mesa de diálogo comercial entre las partes interesadas. Se permitirá que los importadores locales expongan su oferta de unidades para compras en flota o bajo esquemas especiales.

“Acá no hay ninguna política pública que diga que el auto debe ser eléctrico. El que quiere diésel, que compre diésel; el que quiere nafta, que lo haga, y el que quiere eléctrico, también. Hay un abanico para todos y no hay preferencia de parte nuestra”, aseveró el viceministro.

Panorama de la electromovilidad en la región y en Paraguay

Durante el encuentro, los propios representantes de Cadam aconsejaron a los trabajadores no cerrarse exclusivamente a la opción de baterías puras. La recomendación apuntó a considerar los vehículos híbridos debido al contexto nacional, ya que ofrecen un ahorro de combustible sin depender de un enchufe para seguir circulando.

Falta de infraestructura en ruta para autos eléctricos

Al analizar la realidad de las calles paraguayas, la postura del Ministerio de Industria fue pragmática. Sborovsky reconoció que el país no se encuentra listo para móviles 100% eléctricos debido a la marcada escasez de estaciones de recarga rápida fuera del área metropolitana de Asunción.

La falta de una red de carga a lo largo de las rutas nacionales principales representa un riesgo operativo directo para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo continuo.

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El representante del MIC sentó una postura firme en contra de usar fondos del Estado para abaratar la compra de estos rodados. “Estamos de acuerdo con políticas de incentivo que eventualmente puedan premiar, pero no subsidiar. Los subsidios dañan los negocios”, enfatizó.

El contraste con el transporte público

Finalmente, el viceministro contrapuso la situación de los automotores particulares con la crisis del transporte público. Sobre este último punto, remarcó que el modelo actual de colectivos se encuentra completamente agotado y ya no resulta sostenible, razón por la cual el Poder Ejecutivo sí se encuentra diseñando una transformación profunda, de fondo.

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Si bien reconoció que a nivel mundial existen fondos de financiamiento internacional que empujan con fuerza la reconversión energética del parque automotor, Sborovsky reiteró que, en el mercado paraguayo, la elección del tipo de motor seguirá quedando bajo la libre decisión de cada comprador.

Tras el hecho, Martínez fue auxiliado y derivado inicialmente al Hospital Distrital de Caaguazú y posteriormente trasladado al Hospital del Quemado, donde permaneció internado en estado crítico hasta que este lunes se confirmó su deceso.

Con la muerte de Isidro Ramón Martínez, el siniestro deja dos víctimas fatales y enluta profundamente a la comunidad caaguaceña.

La vivienda afectada era una precaria construcción de madera de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho, con techo de chapa de zinc.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio.

Aunque las nuevas reglas habilitan a los camiones de mediano porte vacíos a utilizar el Puente de la Integración entre las 7:00 y las 19:00, durante la mañana de este lunes estos vehículos tuvieron que volver a cruzar por el Puente de la Amistad, debido a la manifestación de los brasileños.

Los camiones de gran porte en lastre (vacíos) tienen autorización para utilizar el puente solo en horario nocturno, entre las 20:30 y las 5:00. Esta situación generó la reacción de los camioneros, quienes exigen que ambos tipos de vehículos tengan los mismos horarios.

Además, cuestionan la falta de infraestructura adecuada en ambos lados de la frontera, especialmente la falta de baños, basureros y condiciones básicas de higiene.

La manifestación reunió a representantes de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz de Iguazú y Región (Sitro-FI).

Reunión virtual

Durante la tarde se realizó una reunión por videoconferencia con representantes sindicales y organismos federales brasileños. Sin embargo, el encuentro no permitió llegar a un acuerdo, por lo que los camioneros resolvieron mantener la movilización hasta la próxima reunión de la Comisión Mixta Brasil–Paraguay, prevista para el 12 de agosto.

El presidente del Sitro-FI, Rodrigo Andrade de Souza, explicó a los medios brasileños que la principal reivindicación es la unificación de los horarios de cruce para camiones de mediano y gran porte.

Durante la movilización, buses de turismo, ambulancias y otros vehículos autorizados circularon con normalidad.

Según un comunicado público, las asociaciones que representan a las agencias de viajes del Paraguay, Asatur y la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay (Aavip) informaron que solicitaron formalmente la intervención de la Dinac.

Aseguran que este accionar de la empresa dejaron pasajeros varados y sin alternativas razonables para continuar sus viajes, ocasionando perjuicios personales, laborales, comerciales y turísticos.

Ante esto, desde la Dinac, mediante Resolución de la Presidencia, adoptó medidas orientadas a ordenar la operación de determinadas rutas internacionales de Paranair, a fin de proteger los derechos de los pasajeros y fortalecer la seguridad operacional.

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Las medidas de Dinac contra Paranair

Entre el listado de las medidas tomadas por el ente regulador, dio a conocer las siguientes:

• Reducción temporal de frecuencias: dispone el ajuste temporal de las frecuencias autorizadas en las rutas internacionales ASUNCIÓN/BUENOS AIRES, ASUNCIÓN/MONTEVIDEO, ASUNCIÓN/SANTA CRUZ DE LA SIERRA, ASUNCIÓN/JUJUY y ASUNCIÓN/SALTA, de modo que la programación de vuelos se corresponda con la capacidad operativa real y debidamente acreditada por la empresa, conforme al análisis técnico realizado.
• Limitación de la oferta comercial: A fin de evitar nuevas afectaciones a los usuarios, la promoción y venta de pasajes deberá limitarse únicamente a los vuelos que puedan ser efectivamente operados dentro del esquema autorizado.
• Protección de usuarios: con esta medida, buscan garantizar la prioridad en la asistencia y el embarque de los pasajeros afectados por cancelaciones, asegurando su reubicación o reembolso en forma oportuna.
• Seguridad operacional: intensificar la vigilancia del cumplimiento de los estándares nacionales establecidos por la Dinac y de los estándares internacionales de seguridad de vuelo definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
• Verificación del cambio de componentes y repuestos de la aeronave con certificación del fabricante en Canadá, bajo doble control de la DINAC.
• Comunicación con los organismos pares de la región respecto del cumplimiento de la empresa en materia de vuelos, pasajeros y seguridad operacional.

Además, desde la institución instan a los usuarios a denunciar cualquier incumplimiento de esta compañía a través del sitio web oficial de la Dinac https://www.dinac.gov.py/v3/, mediante el Buzón Digital de quejas.

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Lo que dicen desde la Dinac respecto a Paranair

Nelson Mendoza, presidente de la Dinac, en conversación con nuestro medio, explicó que las medidas las tomaron después de recibir dos notas con sendas denuncias contra Paranair.

La primera nota, por parte de la ministra titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irun, con la que tuvo una comunicación vía telefónica en la que le solicitó algunos datos de la marcha de la compañía. Además, también recibieron una nota de Asatur, agrupación que aglutina las agencias de viajes que comercializan los tickets aéreos.

“A ellos también se les recibió en la sede del aeropuerto Petirossi, donde ellos expresaban su preocupación porque muchos de sus clientes no tenían respuesta ante la falta de algunos vuelos. A partir de ahí nosotros nos movimos y hemos solicitado informe. Como ente regulador nosotros recibimos esas notas e inmediatamente le solicitamos a la empresa un informe de la situación y los pedidos y las quejas de los vuelos no cumplidos”, precisó.

Agregó que a raíz de eso, la aerolínea dio a conocer que tuvo un inconvenientes técnicos con una de sus aeronaves de las dos con las que estaba operando, por lo que quedaron con una sola operativa.

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Paranair quedó con una sola aeronave operativa

Detalló que además de las medidas como ente regulador, también tomaron una medida judicial con la que establecieron el corte de facturación y suspensión de la cuenta corriente por motivo de la excesiva deuda de la empresa con la institución, además una demanda de acción ejecutiva por la deuda y promovida por la Dinac con fecha 17 de junio de este año, tramitado ante el juzgado civil y comercial del primer turno de la Capital.

“Eso inmediatamente ellos realizaron un pago e hicieron una propuesta de cómo saldar esa deuda, cosa que no fue aceptada por la gerencia comercial. Se están tomando todos los recaudos pertinentes en cuanto a este difícil momento que está pasando esta aerolínea y lo que nosotros sí precautelamos, que queremos que no se mezcle y que no se malentienda, es la seguridad operacional”, insistió Mendoza.

Aseguró que ningún vuelo de Paranair está saliendo con aeronaves que no cumplan con las condiciones de seguridad operacional. Agregó que un equipo de verificadores de la Dinac permanentemente está monitoreando a la empresa, sus vuelos y sus aeronaves.

“Si la empresa no levanta estos puntos que están siendo cuestionados por los usuarios y por los diferentes gremios, nos vamos a ver en la obligatoriedad de tomar medidas más severas. Por el momento las que se tomó son esas, se le va a convocar a una mesa esta semana, la Dinac le va a comunicar una mesa de trabajo donde ellos van a tener que reacomodar las rutas y solamente vender pasajes a las rutas ya designadas, no a todas las que tienen habilitadas por el momento, porque la cantidad de aeronaves eso no lo permite”, precisó.

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Dijo que “ojalá” no llegue ese momento, pero en caso de incumplimiento de Paranair, se verán obligados a tomar medidas más severas. Además sostuvo que el impasse con la empresa es una situación muy incómoda para la Dinac, ya que la institución busca siempre fomentar y desarrollar la actividad aeronáutica en nuestro país, pero que ser ente regulador les obliga a tomar medidas que en muchas situaciones no son las más simpáticas, ni las más cómodas para las empresas que operan en el país.

La diferencia entre los competidores del mercado local es pronunciada. Mientras la nafta de 93 octanos quedó en torno a los G. 7.690 en la mayoría de las estaciones privadas, la estatal Petropar mantiene su cotización en G. 7.190.

En un vehículo promedio, con un tanque de 40 litros, la brecha directa supera los G. 20.000 por carga completa, un margen de ahorro que puede ampliarse sustancialmente al aplicar los reintegros bancarios procesados por la aplicación.

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De una planilla de cálculo a una solución comunitaria

La plataforma digital paraguaya FullTanque nació como una herramienta ágil para calcular el costo real de cada carga, permitiendo comparar al instante los valores actualizados de las estaciones de servicio del área metropolitana y cruzar esos montos con las promociones de reintegro de bancos y tarjetas de crédito.

Su fundador, Sebastián Codas, relató que la idea surgió de una necesidad cotidiana acelerada por la coyuntura internacional. “Surge con la intensificación de este conflicto en Medio Oriente, cuando comenzaron a subir los precios”, explicó.

Codas detalló que en Asunción y zonas aledañas conviven alrededor de 12 emblemas cambiando sus tarifas en simultáneo, a lo que se suma el abanico de promociones financieras que varían según el día de la semana.

“Se me hacía un lío en la cabeza. Empecé a organizarme en una planilla y después se me ocurrió hacer la app para resolver el tener que estar calculando el precio diferente de cada emblema con los diferentes descuentos”, recordó.

¿Cómo funciona FullTanque?

El funcionamiento de FullTanque se basa en el concepto de crowdsourcing o suministro colectivo. Cuando un usuario acude a una estación de servicio, toma una fotografía del tótem de precios. Apoyada en herramientas de inteligencia artificial, la plataforma lee e interpreta los valores automáticamente para guardarlos y ponerlos a disposición de toda la comunidad.

Para garantizar la fidelidad de la información, el sistema corrobora que la ubicación geográfica del dispositivo coincida con la estación reportada, evitando cargas falsas o desactualizadas.

Un factor que destaca el creador es la privacidad: “A la app no le interesa quién sos con nombre y apellido. Solamente le interesa que sos un dispositivo que se acercó efectivamente a esa estación y que la foto que sacaste es de ese lugar. No hay recolección de información personal de ninguna manera”, puntualizó Codas.

Sin registros ni descargas

La plataforma es de acceso libre y gratuito. Para utilizarla no se requiere descargar aplicaciones ni completar formularios de registro previa navegación; basta con ingresar desde cualquier navegador web a fulltanque.net.

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Esto se da tras la orden emitida por el juez de Ejecución Carlos Mendoza, quien solicitó la inmediata captura del exjefe departamental y de otros cuatro condenados dentro de la causa que investigó el millonario desvío de fondos destinados a paliar la crisis sanitaria del COVID-19.

Juzgado ordena captura de Hugo Javier para que cumpla su pena

El abogado Bernardo Villalba reveló que él mismo se encargó de comunicarle la noticia a su cliente y de aconsejarle que “prepare el bolsón” para presentarse ante las autoridades policiales.

El profesional del derecho aseguró de forma tajante que González nunca contempló la posibilidad de fugarse o esconderse de la Justicia paraguaya. Mencionó que, desde que recuperó la libertad, no pesaban sobre él restricciones migratorias ni de la Policía Nacional que le impidieran salir del país si así lo hubiese deseado.

Inconstitucionalidad en marcha sin freno a la condena

Pese a que acatarán el mandato judicial, la representación legal del denominado “Número 2” remarcó que continuará batallando en los estrados judiciales para intentar revertir la Sentencia Definitiva N° 12, dictada en enero de 2025 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

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Villalba explicó que promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia tras el rechazo in limine de la casación; sin embargo, aclaró que dicho recurso no suspende la ejecución de la pena de prisión, por lo que el exgobernador debe ingresar a una celda mientras se resuelve la última instancia.

La defensa califica esta condena como un despropósito jurídico, y expresó que, dentro del expediente judicial obran dictámenes del propio Ministerio Público que supuestamente descartan la existencia de un daño al patrimonio del Estado, según expresó en una entrevista por la 1020 AM.

En ese sentido, el letrado sostuvo que las pericias contables y los relevamientos de obras presentados por la Fiscalía demuestran la ejecución de los proyectos, al igual que los documentos de rendición de cuentas que contaron con la aprobación de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Hugo Javier busca frenar condena con una acción de inconstitucionalidad

El trasfondo del desvío en plena pandemia

La condena de 10 años de privación de libertad dictada contra Hugo Javier González responde a los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

La investigación judicial comprobó la existencia de un esquema de “obras fantasma” que provocó un perjuicio económico de G. 5.105 millones a las arcas de la Gobernación de Central, mediante la transferencia irregular de fondos de emergencia concedidos durante el periodo de crisis por la pandemia.

A la par de la detención del exgobernador, la orden dictada por el juzgado de Ejecución alcanza a otros cuatro procesados en el mismo expediente que integraban su círculo de confianza institucional.

Además de los docentes, confirmaron su participación varios gremios, entre ellos la Asociación de Asegurados del IPS Alto Paraná, integrada por diferentes organizaciones representativas, como asociaciones de pacientes oncológicos, pacientes renales, jubilados, personas con enfermedades crónicas y otros sectores sociales.

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La movilización tiene como objetivo exigir soluciones urgentes a las graves deficiencias que afectan diariamente a miles de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales reclamos figuran el abastecimiento permanente de medicamentos e insumos, la contratación de más especialistas y personal de salud, y la ampliación de las camas de internación y de terapia intensiva.

Además, solicitan el fortalecimiento de los servicios quirúrgicos y de los estudios de alta complejidad, una atención oportuna y humanizada para todos los asegurados, mejoras en la infraestructura y el equipamiento, así como respuestas concretas a las necesidades de jubilados, pacientes oncológicos, renales, crónicos y demás asegurados.

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“Invitamos a todos los asegurados, trabajadores, jubilados, pacientes, familiares y organizaciones sociales a sumarse a esta movilización de manera pacífica, ordenada y respetuosa, unidos en la defensa de un IPS más eficiente, humano y comprometido con la salud de todos”, señala la convocatoria.

El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este cuenta con una amplia infraestructura, pero carece de suficientes médicos, insumos y medicamentos. Muchos asegurados deben esperar hasta tres meses o más para acceder a una consulta o realizarse un análisis laboratorial.

La atención de urgencias también presenta serias dificultades, debido a que con frecuencia no hay camas disponibles y escasean los insumos y medicamentos, por lo que, en numerosos casos, los pacientes deben ser derivados hasta Asunción.

El Abg. Raúl Caballero, patrocinante de la acción, argumentó que el Auto Interlocutorio (A.I) Nº 325 del 1 de abril del 2022, por el cual el Juzgado de Garantías Nº 2 de Pedro Juan Caballero elevó la causa a juicio oral; y el A.I Nº 137 del 12 de mayo de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación de dicha circunscripción judicial, que ratificó la apertura a juicio oral; son fallos arbitrarios porque violan el derecho a la defensa y el derecho de los encausados, de ser juzgados por un juez independiente.

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La defensa agregó en su escrito de acción que el tribunal de alzada, mediante el A.I N° 137, incurrió en formalismo excesivo al aplicar una irrecurribilidad no prevista en la Constitución Nacional y negar su derecho a recurrir, en contravención de los artículos 16 y 17 de la Carta Magna.

Sostuvo además que el juzgado de Garantías emitió la resolución tres días después de concluida la audiencia preliminar; y que el auto de apertura carece de una descripción clara y precisa del hecho imputado. En cuanto al fallo de segunda instancia, fundamentó que el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, impidiendo que los agravios expuestos fueran examinados en profundidad.

Auto de apertura a juicio es recurrible

Luego de analizar los fundamentos de los recurrentes, los ministros Víctor Ríos Ojeda (preopinante), Gustavo Santander Dans y Cesar Diesel Junghanns concluyeron que la restricción contenida en el artículo 461 del Código Procesal Penal, en cuanto a la irrecuribilidad del auto de apertura a juicio, es inconstitucional, ya que restringe injustificadamente al acceso a un recurso efectivo.

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El ministro Víctor Ríos Ojeda (preopinante) señaló que el Tribunal de Apelaciones incurrió en una violación al principio de motivación de las resoluciones judiciales, al confirmar la decisión del Juzgado de Garantías sin exponer fundamentos claros ni analizar los argumentos de la defensa, afectando directamente el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución.

Por su parte el ministro Gustavo Santander Dans sostuvo que la máxima instancia judicial no puede tolerar decisiones judiciales que carezcan de razonamiento jurídico, ya que ello vulnera la seguridad jurídica y el derecho de los ciudadanos a conocer las razones por las cuales se les imponen medidas o sanciones.

A su vez el ministro César Diesel señaló que el tribunal de alzada omitió examinar aspectos esenciales del recurso presentado por la defensa, lo que configuró una violación al principio de congruencia procesal. Agregó que la Corte no puede sustituir la valoración de los jueces inferiores, pero sí debe intervenir cuando se detectan irregularidades que comprometen la vigencia de los derechos constitucionales.

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Al anular el fallo que ratificó la apertura a juicio oral, la máxima instancia judicial ordenó el reenvío del expediente para que otro Tribunal de Apelaciones estudie los recursos planteados por las defensas, en contra de la resolución del juzgado de Garantías, con los alcances dispuestos por el Artículo 560 del Código Procesal Civil.

Cabecillas del PCC comandaron fuga masiva

La fuga masiva se produjo en la madrugada del 19 de enero del 2020, cuando 76 internos huyeron de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballeros, Los reos cavaron un túnel de 90 metros que supuestamente los guardias no vieron, pese a que 200 bolsas con arena quedaron en una celda “cateada” 20 días antes.

Tres internos considerados como los principales cabecillas de la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC) en Paraguay comandaron la fuga masiva de 76 presos de los 1.015 que había en la cárcel de Pedro Juan Caballero. La mayoría de los fugados pertenecía a la agrupación criminal.

David Timoteo Ferreira y Laurindo de Souza Neto, detenidos en el 2017 y condenados un mes antes del escape y Osvaldo Rodrigo Pagiotto, apresado en 2012, fueron los líderes de la fuga, calificada por la prensa internacional como “de película” .

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De los 76 fugados, 50 tenían sus celdas en la planta alta y 26 en la planta baja. Para bajar, los primeros tuvieron que hacerlo a través de un portón que los celadores controlaban.

Los reos huyeron a través de un túnel de 90 metros de longitud que cavaron en el baño de la celda 13 del pabellón B de la planta baja. La excavación sale justo al lado del muro perimetral que da a la calle Naciones Unidas, a 50 pasos de la garita de seguridad instalada sobre la muralla y 100 metros de donde estaban el mayor número de centinelas militares.

Acusados por la fuga masiva de la cárcel de PJC

El exdirector de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero Christian Rolando González Morel, uno de los que promovió la presente acción de inconstitucionalidad; encabeza junto al exjefe de seguridad Arnaldo Matías Báez Torres la nómina de 29 acusados por la fuga masiva de 76 reclusos registrada el 19 de enero del 2020.

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La acusación presentada por los fiscales María Irene Álvarez, Fabiola Molas y Federico Delfino es por supuesta liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución penal y asociación criminal. La Fiscalía sostiene que los procesados no tomaron las medidas necesarias para evitar el escape masivo.

Los demás acusados son los guardias penitenciarios y otros tercerizados de la firma “Tapití”, Luis Miguel González Larrea, Tadeo David Cristaldo Florentín, Concepción Fernández Argüello, Alcides Villalba Arévalos, Justino Rolón Cantero, Rosalino Ocampos Diana, Robert Daniel Quevedo Añasco, Antonio Salina Duarte, Adan Adriano Aquino Céspedes, Domingo Antonio Zaracho Martínez, Eligio Benítez Ortellado y Marcelino Ferreira Rodríguez.

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Igualmente, los demás funcionarios Carlos Alberto Ortellado Morel, Pablo Alcides González Ayala, Ramón Amarilla Escobar, Héctor Cándido Florenciano Martínez, Nelson Ramón Pereira Ávalos, Nelson Rafael Zárate Amarilla, Cristian Pedra Cabañas, Alcides Ramírez González, Óscar Antonio Ferreira Martínez, Sergio Toledo Venialgo, Gabriel Vicente Garcete Zorrilla, Ricardo Arévalos Santander y Jonatan Brito Alves.

Al respecto, sostienen que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el país, por lo que no se descarta que puedan ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde al sureste de la región Oriental, al igual que la zona norte y centro de la Occidental.

Departamentos afectados

Los cinco departamentos afectados son:

1. Este de Caazapá
2. Centro y este de Itapúa
3. Centro, sur y noroeste de Presidente Hayes
4. Suroeste y norte de Alto Paraguay
5. Este de Boquerón

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La medida tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2026 y alcanzará a todas las facilidades de pago que la DNIT otorgue desde esa fecha. El decreto, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reduce la tasa vigente de 1,5% mensual y busca adecuar las condiciones de regularización tributaria al escenario económico actual.

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¿Qué implica la nueva tasa de interés de la DNIT?

Los contribuyentes con deudas tributarias podrán acceder a planes de pago con una tasa mensual del 1,4% sobre el saldo financiado. Estos acuerdos permiten cancelar obligaciones pendientes mediante cuotas autorizadas por la administración tributaria.

La normativa establece que la tasa para facilidades de pago debe ubicarse por debajo del recargo por mora tributaria, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 125/1991 “Que establece el nuevo régimen tributario regulando los impuestos a los ingresos, el consumo (como el IVA) y las normas de procedimiento fiscal del país”.

En ese sentido, el decreto recuerda que el Poder Ejecutivo fijó en 1,5% mensual el recargo o interés moratorio para obligaciones tributarias, por lo que la nueva tasa queda dentro del límite establecido por la legislación.

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Gobierno actualiza esquema de facilidades de pago

Entre los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señala que la actualización responde a la necesidad de ajustar la tasa de interés a las condiciones económicas vigentes y mantener un equilibrio entre los mecanismos de regularización de deudas y la gestión de los recursos fiscales.

La DNIT solicitó la modificación de la tasa tras los informes técnicos y jurídicos elaborados por sus dependencias, con el objetivo de actualizar el costo financiero de los convenios de pago.

El Decreto N° 6478/2026 deja sin efecto el Decreto N° 5028/2021 a partir del inicio de vigencia de la nueva disposición.

“Ningún funcionario de la EBY se acercó para preguntar sobre el motivo de la manifestación. A raíz de ello, decidimos continuar el martes con la movilización en este lugar; de no existir respuesta, el miércoles vamos a trasladarnos hasta frente a la EBY para permanecer por tiempo indefinido”, expresó.

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Asimismo, indicó que autoridades municipales de San Cosme y Damián (Itapúa) visitaron a los manifestantes y, tras escuchar sus planteamientos, se comprometieron a reunirse con representantes de la EBY en Ayolas con el objetivo de buscar una solución a los reclamos del sector pesquero.

Reclaman asistencia

Bogado explicó que la movilización, iniciada este lunes, fue resuelta por representantes de 10 asociaciones de pescadores debido a la falta de voluntad política de la EBY para responder a los pedidos presentados por las organizaciones del sector.

Entre las principales demandas figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, que afectan la pesca comercial y turística; la adquisición de elementos de pesca para reemplazar los equipos destruidos por las algas, y la entrega de kits de víveres para las familias perjudicadas.

El dirigente recordó que el sector ya había realizado movilizaciones anteriormente, pero que, a pedido de directivos de la EBY, las medidas fueron suspendidas temporalmente para facilitar el diálogo. Sin embargo, aseguró que, pese a haber accedido a ese pedido, hasta el momento no obtuvieron resultados.

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Uno de los puestos con ese precio es el de la productora Isabel López, quien comercializa frutillas frescas de la variedad Dover. Señaló que este año cultivó 1.000 plantines y destacó que la producción viene siendo favorable, lo que permite ofrecer el producto a un costo competitivo.

“Este año plantamos 1.000 plantines de frutillas de la variedad Dover y estamos arrasando con las cosechas. Tenemos muy buena producción, por eso invitamos a todas las personas interesadas en adquirir las frutillas a un costo bastante accesible para el deleite de toda la familia”, expresó.

Además de las frutillas, López ofrece durante todo el año distintas hortalizas producidas en su finca. Entre ellas se encuentran lechugas, acelgas, cebollitas, perejil, orégano, locotes, tomates, papas y otras frutas que complementan la producción agrícola.

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Al igual que ella, más de un centenar de productores se encuentran instalados sobre las calles 3 de Febrero y Po’i, sector conocido como la Ruta de las Hortalizas. Los agricultores comercializan productos frescos y recién cosechados, con precios que varían según la variedad de frutilla y el tipo de cultivo disponible.

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Para llegar al lugar, a la altura del kilómetro 26 de la ruta D027, se debe tomar la calle Mbokajaty con dirección a la Municipalidad de J. A. Saldívar. A unos 100 metros se encuentra la calle Po’i, cuya continuación es la calle 3 de Febrero, en donde están todos los productores.

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Para solicitar la ubicación del lugar, se pueden comunicar con la productora al número 0981536592, de manera a llegar con exactitud hasta el sitio.

De acuerdo con el informe difundido este lunes por la institución, entre enero y julio de 2026 la DNIT recaudó G. 25,81 billones, un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 523.403 millones adicionales.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 16,61 billones, con una expansión interanual de 10,6%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 9,20 billones, lo que representa una caída de 10,4% frente al mismo periodo del año anterior.

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Julio mantuvo la misma tendencia

El comportamiento también se reflejó en los resultados correspondientes a julio. La DNIT informó una recaudación total de G. 4,086 billones (US$ 684,9 millones), cifra que representa un crecimiento de 3,6% respecto a julio de 2025 y un aumento absoluto de G. 140.262 millones.

No obstante, el incremento fue impulsado exclusivamente por la recaudación de los impuestos internos, que alcanzó G. 2,59 billones, con un crecimiento de 8,1%. Según la DNIT, este desempeño respondió principalmente al mayor aporte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por los sectores de comercio, electricidad y agua, servicios empresariales, servicios a los hogares y telecomunicaciones, información y comunicación.

En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,49 billones, lo que significó una disminución interanual de 3,5%.

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Guaraní fuerte redujo la recaudación aduanera

La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante julio alcanzó el 19,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Según explicó la institución, esta variación cambiaria redujo en 5,9% el valor imponible expresado en guaraníes, afectando la recaudación efectiva de los tributos aduaneros. No obstante, refiere que medida en dólares, la base imponible aumentó 17,4%, lo que evidencia que el menor ingreso respondió principalmente al efecto del tipo de cambio y no a una menor actividad comercial.

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Asimismo, indicó que la necesidad de construir una defensa costera vuelve a instalarse en el debate público cada vez que se aproxima una inundación. Sin embargo, lamentó que el proyecto vuelva a quedar relegado una vez que el nivel del río desciende.

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“Hace falta analizar profundamente la problemática. Recursos sobran, pero hay una falta de voluntad que se arrastra desde hace décadas. Cada vez que nos inundamos, el tema vuelve a surgir y después termina en nada de vuelta”, indicó Dioff.

Comparación con ciudades ribereñas

También manifestó que existe indignación entre la ciudadanía ayolense al observar el avance de la costanera en Ituzaingó (Argentina), obra financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mientras que en el lado paraguayo continúan predominando medidas administrativas sin soluciones definitivas.

Agregó que, mientras ciudades como Encarnación (Itapúa), Carmen del Paraná (Itapúa) y Pilar (Ñeembucú) lograron concretar o avanzar hacia la etapa final de sus obras de infraestructura y protección costera con financiamiento de la EBY, Ayolas continúa relegada a promesas y proyectos pendientes, a la espera de que las futuras autoridades asuman el compromiso de ejecutar una defensa costera permanente.

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En la zona, conductores, muchos de ellos señalados como funcionarios del Congreso Nacional, acostumbraban dejar sus rodados sobre el césped y las aceras para evitar caminar unas cuadras más.

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El director de la PMT, Rodrigo Delvalle, confirmó que la orden viene desde la intendencia y buscan “poner en orden la casa”. Explicó que la Franja Costera está bajo pleno dominio y jurisdicción municipal, por lo que cuentan con el respaldo legal suficiente para intervenir y mantener despejada toda el área.

Ahora, los vehículos van al corralón

El director detalló a ABC que en la jornada se realizaron dos intervenciones. Algunos automovilistas se negaron a mover sus rodados, lo que obligó a la PMT a utilizar grúas para trasladar los vehículos directamente al corralón municipal.

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“Es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y una pelea constante, pero estamos preparados para asumirla. No vamos a permitir que en esa zona se estacione de manera irregular por ningún motivo. Tampoco vamos a tolerar cobros ilegales ni las coacciones de los cuidacoches”, expresó el titular de la PMT.

PMT buscará que la zona no “se rebose”

Delvalle reconoció la fragilidad del control en Asunción y advirtió que, si la PMT retira a su personal del lugar, la zona vuelve a llenarse de autos de inmediato. Debido a esto, se dispuso la presencia diaria de inspectores en la Costanera para garantizar la tranquilidad de los transeúntes y proteger el espacio de recreación familiar.

“Nosotros no miramos quién es la persona ni de dónde viene; nuestro trabajo es poner orden. No sabemos con exactitud si son trabajadores del Congreso o particulares, pero la regla se aplica para todos por igual. Hoy la zona se encuentra totalmente despejada y así la vamos a mantener”, concluyó Delvalle.

Su gran altura, además de indicar su longevidad, hace que desde lejos ya pueda ser observado. Muchas personas que pasan por el lugar aprovechan y se toman fotografías en ese sitio.

En los alrededores no se tienen construcciones altas que impidan ver esta maravilla natural ubicada en la arteria principal de Paso Mbutú.

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Pero esta pequeña población rural, situada a unos 85 kilómetros de la ciudad de Concepción, está rodeada de mucha vegetación. Mediante tomas aéreas se puede ver la gran cantidad de tajy rosado que ha empezado a florecer.

Por el sitio pasa el río Aquidabán y divide naturalmente con el distrito de Paso Barreto.

Mediante las imágenes captadas por un dron, también se puede observar que, al cruzar el río, los lapachos rosados hacen un contraste con los árboles con verdor.

Lo expresado por el mandatario brasileño desató una serie de repercusiones a nivel país y este lunes, el Arzobispado de la Santísima Asunción emitió un pronunciamiento.

“Las recientes declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza han reavivado el debate sobre uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de nuestra región y han despertado una comprensible sensibilidad en el pueblo paraguayo”, manifiestan.

Además, apuntan que la situación pone de manifiesto que la memoria histórica “continúa siendo un patrimonio vivo de los pueblos”, especialmente cuando se refiere a acontecimientos que “marcaron profundamente su identidad y su destino”.

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Según recuenta el Arzobispado, la Guerra de la Triple Alianza “constituye una de las mayores tragedias de la historia de América del Sur” y reitera que sus consecuencias “alcanzaron a todos los pueblos involucrados”.

“Pero dejaron en el Paraguay heridas particularmente profundas que siguen formando parte de nuestra memoria nacional. Por ello, toda referencia a este episodio exige respeto, prudencia y un sincero compromiso con la verdad histórica, evitando simplificaciones que puedan oscurecer la complejidad de los acontecimientos o herir la sensibilidad de quienes conservan viva la memoria de aquel inmenso sufrimiento", instan.

De igual manera, el Arzobispado sostiene que “no pretende sustituir el trabajo de los historiadores ni la responsabilidad propia de la diplomacia”, sino, reiteran que su misión consiste “en anunciar el Evangelio de la reconciliación, iluminar la convivencia entre los pueblos y promover una cultura de la paz fundada en la verdad, la justicia y la fraternidad”.

“Una memoria reconciliada no supone olvidar el pasado ni disminuir el dolor de las víctimas; significa asumir la historia con honestidad, aprender de ella y procurar que nunca más la violencia sea el camino para resolver las diferencias entre las naciones", agregan.

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Diálogo entre ambos países

Otro punto que aseguran es que se “valora” que el caso sea abordado institucionalmente y mediante diálogo diplomático, algo que demuestra “la madurez de nuestros Estados y del respeto mutuo que debe caracterizar las relaciones internacionales”.

“El diálogo sincero y respetuoso siempre será el camino más fecundo para superar incomprensiones, fortalecer la confianza recíproca y preservar la amistad entre los pueblos”, subrayan.

En el comunicado completo también apuntan a “contemplar el horizonte que nuestras naciones han construido durante las últimas décadas”, esto incluso más allá del Mercosur.

“El futuro de América del Sur no puede edificarse sobre las heridas del pasado, sino sobre la cooperación, la solidaridad y el reconocimiento de una responsabilidad compartida por el bien común. En este sentido, el Mercosur representa mucho más que un espacio de integración económica y comercial. Constituye un proyecto de integración regional que busca consolidar la paz, el entendimiento y la cooperación entre los pueblos”, declaran.

Finalmente, declaran “que la memoria del pasado no nos aprisione en el resentimiento, sino que nos inspire a construir un futuro compartido” y por esto, que Nuestra Señora de Caacupé y Nuestra Señora Aparecida -patrona del Brasil- “acompañen este camino de reconciliación e integración, e intercedan por todos los pueblos de nuestra región para que, fieles al Evangelio de Jesucristo, seamos siempre artesanos de paz, constructores de puentes y testigos de esperanza”.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal había confirmado la condena de 15 años de prisión por los hechos punibles de abuso sexual en niños y proxenetismo contra Rafael Esquivel, más conocido como “Mbururú, dictada por un Tribunal de Sentencia.

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La defensa de Esquivel alegó que la resolución impugnada era nula porque no fue firmada por una de las magistradas que integraba el Tribunal de Apelación. Al respecto, la Corte concluyó que se trató de un error material al consignar el nombre de una de las juezas en la resolución.

“Dicha situación responde a un error material contenido en la redacción de la resolución”, señala el fallo.

La defensa también aseguró que existió incongruencia entre la acusación, el auto de apertura a juicio y la condena. Argumentó que el hecho fue atribuido como ocurrido entre junio y julio de 2019, mientras que la condena dio por probado un hecho ocurrido entre julio y setiembre de 2020.

Conforme al análisis de los ministros de la máxima instancia judicial, en este punto el recurrente debía indicar el fallo anterior y establecer si la supuesta contradicción se refería a una cuestión de aplicación del derecho procesal penal o del derecho penal material. Además, debía acompañar copias de las resoluciones supuestamente contradictorias, salvo que se tratara de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, a las que la Sala Penal tiene libre acceso.

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“La defensa solamente transcribe lo resuelto en cada uno de los dos fallos mencionados como antecedente y no realizó el análisis pertinente de dichas resoluciones ni explicó cómo se relacionan con lo resuelto por el Tribunal de Apelación en esta oportunidad”, reza la resolución de la Corte.

En otro punto, la defensa de Esquivel cuestionó que el Tribunal de Sentencia no haya considerado el cambio de declaración de la víctima y sostuvo que el Tribunal de Apelación no respondió concretamente a ese agravio en los fundamentos de la resolución impugnada.

Sobre este aspecto, la Corte concluyó que “este cuestionamiento se encuentra claramente explicado. El Tribunal de Sentencia sí tuvo en cuenta que la víctima posteriormente cambió su versión de los hechos. Sin embargo, los jueces otorgaron mayor valor a la primera declaración brindada en Cámara Gesell, teniendo en cuenta que la retractación pudo haber sido producto de la situación de vulnerabilidad de la víctima”.

La sentencia en primera instancia

En un juicio oral y público desarrollado en marzo del 2025, el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Óscar Gabriel Génez e integrado por sus colegas Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo encontró culpable de coacción sexual en niños a Rafael Esquivel, alias Mbururú, y lo sentenció a 15 años de pena privativa de libertad, mediante las pruebas producidas durante las audiencias por la fiscal Vivian Coronel.

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En su momento, la víctima fue inspeccionada por un médico forense, arrojando como resultado del examen indicios de abuso sexual.

Asimismo, la afectada fue asistida por una profesional del Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que confesó que fue obligada por su madre a tener relaciones sexuales con Rafael Esquivel, a cambio de dinero.

El proyecto de ley “que aprueba el contrato de préstamo n° 6020/OC-PR, por un monto de hasta USD 75.000.000, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural" vuelve a figurar como 8º punto de la sesión ordinaria de mañana. Tal como planteó Aguilera, terminaría siendo postergado de vuelta.

Este mediodía no se realizó la reunión de bancada habitual, ya que fueron a almorzar con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, donde no debatieron el tema y se mantenía la negativa mayoritaria a tratar mañana el asunto, sobre todo porque “Beto” Ovelar siguió echando combustible al fuego entre cartistas.

Ovelar sostuvo que varios diputados del cartismo están “borrachos de poder” ante la negativa a dar trámite al proyecto. El vicepresidente de Diputados, Hugo Meza (ANR, aliado cartista) le respondió diciendo que su enojo tal vez era porque no logró un “trato apu’a” con la Cámara Baja, como está acostumbrado.

Por su parte, Aguilera negó que sea una cuestión personal, sino que su crítica y negativa al proyecto son por el hecho de que los US$ 37,5 millones de los US$ 75 millones serían invertidos solo en Caaguazú.

“Nosotros (diputados de otros departamentos) no estamos de acuerdo porque todos los departamentos tienen necesidades. Yo no digo que la gente de Caaguazú no las tenga. Me imagino que son innumerables las necesidades que tienen, pero el departamento del Guairá y otros departamentos también las tienen”, sostuvo el vicelíder de la bancada de HC, que paradójicamente siempre habla de que este es un “gobierno de maravillas”.

Del Puerto cuestiona la actitud de “Beto” Ovelar

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, obviamente defendió el proyecto tal como está, puesto que también es representante de Caaguazú; pero, sí criticó la actitud soberbia de “Beto” Ovelar, con quien, pese a compartir movimiento, los separa una fuerte disputa por el liderazgo regional.

“Lo que pasa es que nosotros somos respetuosos también de cada cámara. Ustedes nunca van a ver un diputado que haya estado recorriendo la sesión de la Cámara de Senadores cuando se va a estudiar un proyecto que nos interese”, dijo Del Puerto, recriminando la actitud de Ovelar en la pasada sesión.

No obstante, pese a esa crítica, él se mostró partidario de darle sanción mañana, pero en este caso, no existiría consenso de la mayoría cartista, por lo que su postura tendría las de perder.

“Para mí es prioridad la aprobación, ya que va a llevar mucho desarrollo también a mi departamento, que es el departamento de Caaguazú, y son varios los departamentos que van a ser beneficiados... entiendo Itapúa, Caazapá, Canindeyú, Alto Paraná, o sea, no existen motivos por el cual uno tendría que demorar en el tratamiento y en la aprobación de ese proyecto”, sostuvo Del Puerto.

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A través de denuncias públicas y expresiones de hondo malestar, los aportantes y beneficiarios exponen un panorama desolador: clínicas periféricas y hospitales centrales colapsados, retrasos inadmisibles en la asignación de turnos médicos, demoras de semanas en la validación de estudios de alta complejidad y, el golpe más sensible, la ausencia sistemática de medicamentos esenciales, insumos tan básicos como jeringas y sueros, y un esquema de atención que obliga a las familias trabajadoras a asumir de su propio bolsillo costos exorbitantes.

El calvario diario: En IPS no hay ni jeringas

Testimonios recientes ilustran con crudeza el día a día en las diferentes dependencias de la previsional. Asegurados que acuden de urgencia por cuadros de dolor agudo se encuentran con una paradoja indignante: la atención profesional del plantel médico y de enfermería es calificada reiteradamente como excelente, pero la precariedad logística neutraliza el esfuerzo humano.

“Fui a consultar en la Clínica Boquerón, estoy con mucho dolor de hombro. Excelente la atención de las licenciadas y de la doctora, pero lo que no entiendo es cómo un ente que recauda millones cada mes no va a tener jeringas para la aplicación del medicamento. Con el dolor inmenso me dicen: ‘Tenés que comprar para que te podamos aplicar’. ¿Dónde está el chiste de la recaudación de cada mes?”, cuestionó con impotencia una asegurada.

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Esta situación se repite de manera calcada en distintos centros asistenciales. Pacientes que requieren hidratación parenteral o la administración de fármacos por vía endovenosa se enfrentan a la directiva institucional de adquirir por cuenta propia insumos tan elementales como el volutrol, gasas, jeringas y catéteres. En otros casos, como el reportado por asegurados en el Hospital Ingavi y en el centro de salud de Guarambaré, los hospitales carecen incluso de suero fisiológico, obligando a los familiares a vaciar sus bolsillos en farmacias privadas.

Medicamentos con recursos propios

El desabastecimiento no discrimina especialidades ni patologías. Pacientes que dependen de fármacos de consumo diario para controlar enfermedades crónicas denuncian la ausencia permanente en farmacia de medicamentos fundamentales como el Losartán, Ibuprofeno, Diclofenac, además de tratamientos específicos de alta demanda como la Mesalazina o fármacos para el control metabólico como la Semaglutida.

“No hay nada, yo fui para retirar mi remedio y no hay nada. Pero bien que te descuentan cada mes”, reclamó la señora María Acevedo.

IPS colapsado: asegurados dicen que Isaías Fretes es un “ñe’ẽ rei”

Liliana Báez, otra asegurada del IPS contó que llegó hasta el IPS Ingavi con su hijo, quien requería de la dosificación de un medicamento vía suero y, que para recibir asistencia, debía comprar volutrol (dispositivo médico que se utiliza para administrar líquidos y medicamentos por vía intravenosa). “Siempre es lo mismo, todo hay que comprar. Cada mes descuentan del salario, pero no hay insumos. Ya no da gusto pagar y no recibir nada a cambio. Necesitamos soluciones urgentes”, expresó.

IPS no tiene kit para cirugías

La indignación se multiplica exponencialmente cuando los asegurados deben afrontar intervenciones quirúrgicas. Familiares de un paciente sometido a cirugías de vesícula, que pidieron anonimato, relataron a ABC Color que la previsional no provee absolutamente nada del kit quirúrgico ni los analgésicos posoperatorios. Afirman haber realizado gastos superiores a los G. 300.000 únicamente en calmantes como el Ketorolac.

“Mi esposo se realizó una cirugía de la vesícula y compramos todo, hasta calmantes para el dolor. Se descuenta de su salario casi G. 600.000 y no hay nada. Una vergüenza el IPS”, expresó con molestia la denunciante.

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Casos más graves registran desembolsos más importantes en medicamentos y estudios externos porque la red sanitaria del IPS carece de respuestas mínimas. La señora Vidalia Acosta denunció que para la operación de su madre en Caazapá, debieron comprar medicamentos por más de G. 2 millones. “No hay nada, hasta los estudio se manda a hacer otro lado. Da pena el IPS”, criticó.

La postura oficial: Isaías Fretes y su visión sobre la provisión de medicamentos

Al cumplirse sus primeros 100 días de gestión al frente de una de las instituciones más sensibles del país, el doctor Isaías Fretes visitó anoche los estudios de ABC TV para hacer un balance de su administración y abordar de manera directa la crisis estructural que atraviesa el seguro social. Fretes, fue nombrado como titular del IPS, el pasado 22 de abril tras la salida de Jorge Brítez.

Durante la entrevista, Fretes reconoció la gravedad del desabastecimiento heredado y describió un escenario inicial alarmante que “no le deja dormir”. Al asumir el cargo, su equipo encontró 215 productos con stock cero, una cifra que incluía no solo medicamentos de alta complejidad, sino insumos críticos y básicos como sueros y gasas. Para mitigar esta emergencia operativa y evitar el colapso total en la atención de los asegurados, Fretes admitió que debieron coordinar préstamos temporales de insumos con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El presidente del IPS defendió los avances logrados durante sus primeros tres meses enfocados en la optimización de recursos y la transparencia administrativa. Señaló que se ejecutaron importantes recortes y redirecciones en licitaciones públicas, destacando especialmente la depuración del vademécum institucional con la eliminación de 939 ítems entre insumos y medicamentos innecesarios del listado oficial, medida que —según explicó— generó un ahorro estimado en US$ 2 millones, recursos que buscan ser redirigidos hacia la cobertura de las demandas reales y cotidianas de los aportantes.

Frente al clamor ciudadano y las denuncias diarias por la falta de fármacos, el titular del IPS prometió la semana pasada, que en 15 a 22 días “las estanterías de la institución que hoy están semivacías, contarán con medicamentos”. Mientras, miles de asegurados continúan sosteniendo con su propio esfuerzo económico un sistema de salud que, pese a los descuentos compulsivos mensuales en sus salarios, sigue sin garantizarles el derecho básico a la salud y a la vida.

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El intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR-HC), informó que la comuna ya cuenta con chapas, alimentos no perecederos y otros insumos necesarios para atender rápidamente a los sectores más vulnerables en caso de una emergencia.

“Queremos responder de inmediato con los recursos que tiene la Municipalidad, sin esperar que la situación se agrave”, expresó el jefe comunal.

Ramírez explicó además que funcionarios municipales participan de jornadas de capacitación junto a bomberos voluntarios y de la Cruz Roja Paraguaya, con el fin de fortalecer los procedimientos de evacuación y asistencia a familias que eventualmente queden aisladas o inundadas.

El intendente manifestó que espera que las proyecciones sobre la intensidad del fenómeno no se concreten, aunque remarcó la importancia de estar preparados.

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“Ojalá que sea un pronóstico que no se cumpla, pero eso no significa que no debamos prepararnos”, afirmó.

Indicó también que, si la capacidad operativa de la Municipalidad resulta insuficiente, se recurrirá al apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de la Gobernación de Ñeembucú.

Finalmente, señaló que la administración municipal trabaja en un plan de contingencia junto a productores agrícolas, pequeños ganaderos y vecinos de los barrios considerados zonas bajas y más propensas a inundaciones, con el propósito de minimizar el impacto que pudiera ocasionar el fenómeno climático.

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“Estamos realizando los trabajos de limpieza de los cauces hídricos dentro de la ciudad. Estamos adelantándonos a lo que pudiera ocurrir”, indicó.

Sánchez Gadea asumió la dirección de la Escuela Técnica Vocacional, como se denominaba entonces la institución, en 1948, según cuentan sus familiares, quienes estuvieron presentes en la ceremonia de homenaje al educador, quien fue también abogado y llegó al cargo de viceministro de Educación cuando Raúl Peña era el ministro de Educación.

“Estamos aquí para rendir homenaje a una persona que, con visión, compromiso y vocación de servicio, contribuyó a sentar las bases de esta institución que hoy continúa formando generaciones de jóvenes con valores, conocimientos y capacidades para servir a la sociedad”, afirmó Alexis Montiel, encargado de despacho de la dirección general del colegio.

Agregó que la historia de todo centro educativo comienza gracias al esfuerzo y la dedicación de hombres y mujeres que “soñaron con una educación técnica de calidad”. También dijo que recordar al primer director es reconocer ese legado que ha perdurado a lo largo de los años y que sigue inspirando el trabajo de quienes hoy tenemos la responsabilidad de conducir esa casa de estudios.

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Durante la ceremonia, Clyde Sánchez, hija del homenajeado, rememoró la visión de su padre, quien en la década de 1940 fue becado a las universidades de Vanderbilt y Columbia en EE. UU. Tras conocer el sistema educativo norteamericano, Sánchez Gadea impulsó la creación de escuelas de artes y oficios en Paraguay, dando origen el 2 de marzo de 1948 a lo que hoy es el Colegio Técnico Carlos Antonio López.

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Además de Clyde, participaron de la ceremonia sus hermanos Jorge Fulvio, Carlos Guillermo y Astrid; juntos recordaron a sus hermanos Pedro Santiago y Joaquín Eulogio +.

Clyde indicó que pasando por la calle Europa, en una ocasión los hermanos decidieron que debían visitar la institución educativa que había sido dirigida por su padre, hasta que un día pasó. Se reunieron y fueron hasta la sede del barrio Bernardino Caballero.

Al ingresar, vieron la galería de directores y grande fue su sorpresa cuando no encontraron la fotografía del papá. “Hace unos años ya nos habían solicitado un retrato del primer director, papá”, rememoró Clyde con nostalgia. Hoy, la importante figura del fundador de la institución educativa, ocupa un merecido espacio entre los grandes hombres que marcaron su historia y, sobre todo, la de sus estudiantes.

Según Kiener, la articulación permitirá definir una agenda estratégica de proyectos prioritarios para Encarnación y el área metropolitana, con impacto en la región.

Buscarán analizar la situación actual de los sectores productivos, industriales, comerciales, tecnológicos, académicos y de servicios. También ratificar el compromiso de los involucrados para concretar la reactivación del espacio.

Este espacio tenderá a generar propuestas concretas que fortalezcan la competitividad, la innovación, la producción, el empleo y la calidad de vida de la comunidad, según los organizadores.

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Economía de la región

Encarnación es la capital económica del departamento de Itapúa, pero también uno de los polos urbanos más relevantes del país, después de Asunción y Ciudad del Este. Si bien no existen cifras públicas oficiales desagregadas del producto interno bruto (PIB) por departamento, estimaciones del sector privado local sitúan a Itapúa con una participación aproximada del 4 % al 5 % del PIB nacional, en función de su volumen de producción agroindustrial, actividad comercial y densidad poblacional.

Dentro de ese total, Encarnación concentra por lejos la mayor porción de valor agregado, al ser el centro urbano dominante en términos de comercio, servicios e infraestructura. De los treinta distritos con que cuenta el departamento de Itapúa, Encarnación es el más importante en términos económicos. Más de la mitad del ingreso producido en el departamento proviene de su capital.

Según estimaciones de la Cacise, el 95 % de la actividad económica de la ciudad está vinculada directamente al comercio y los servicios, con una alta dependencia del flujo de compradores provenientes de la vecina ciudad argentina de Posadas.

La ciudad carece de un parque industrial operativo y tampoco dispone de una zona franca que sirva como incentivo real para atraer inversión productiva. Su economía se nutre históricamente del flujo de personas, bienes y servicios que cruzan el puente San Roque.

Encarnación se apoya en su infraestructura, en su capital humano y en su atractivo como destino. Pero también empieza a mirar hacia la industria, la tecnología y los servicios globales; de ahí el interés en reactivar espacios de articulación como la MIP.

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Movimiento migratorio clave

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, durante los primeros cinco meses del año 2026 se contabilizaron 3.130.912 entradas y 3.236.662 salidas. Itapúa se posicionó como el principal punto de ingreso y salida del país, con 1.860.886 entradas y 1.931.835 salidas.

Estas cifras equivalen a cerca del 59,4 % de todos los ingresos y al 59,7 % de los egresos registrados, consolidando al departamento como la principal puerta de conexión terrestre con Argentina.

La elevada circulación responde a la intensa relación comercial, turística y laboral existente entre ambos países, particularmente en las zonas de Encarnación y Posadas.

¿Habrá peaje en Asunción? Esto respondió Camilo Pérez tras la propuesta de Cartes

Buscó así hacer un control de daños ante el pedido del presidente de la ANR, Horacio Cartes, de generar recursos municipales propios y reducir el tránsito caótico cobrando a todos los automovilistas por ingresar a la Capital.

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Sin embargo, Pérez sí ratificó que no piensa echar a ningún funcionario de la comuna. Según el exinterventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, la cifra llegaba en julio de 2025 a 9.119 funcionarios y por el desorden administrativo tras la renuncia de Oscar “Nenecho” Rodríguez, era casi imposible hacer la trazabilidad laboral de todos.

Esta cifra pudo haber aumentado considerablemente en pleno año electoral con miras a los comicios municipales del 4 de octubre.

“Sobre el tema de los funcionarios, es un debate largo, que yo lo voy a analizar”, señaló Pérez al ser entrevistado en ABC TV.

Sin embargo, sostuvo: “Yo no voy a echar ni una sola persona que trabaja, yo no voy a poder hacer eso. Existen contratos colectivos, si hecho 3.000, como dicen por ahí, voy a tener 3.000 demandas”, aseveró.

Vea el video:

“Nosotros vamos a hacer el análisis, bien claro, no va a haber ni un solo planillero, en Camilo Pérez intendente, eso es algo clarísimo”, sostuvo al hablar de su hipotética administración.

“Vamos a hacerle trabajar a la gente, vamos a generar recursos, vamos a conseguir dinero, con transparencia, trabajando, cobrando los tributos, dando servicios, muchos servicios a la gente para que ellos puedan pagar con gusto”, sostuvo además.

La misma fue convocada por el propio Santiago Peña para analizar aspectos relacionados con las cuentas públicas, la evolución del déficit fiscal y el impacto de las deudas millonarias que mantiene el Estado con proveedoras y en el marco de que el país alcanzó dos calificaciones internacionales de grado de inversión en los últimos años.

El exministro de Hacienda, César Barreto, contó que durante la reunión, Óscar Lovera abordó el hallazgo de una deuda de US$ 280 millones que antes el propio gobierno desconocía, debido a un doble manejo de las cuentas de los proveedores que había entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud Pública.

“Para mí en particular fue una sorpresa muy grande, yo no esperaba ver que había compras del Estado que no se estaban registrando y que no estábamos viendo nosotros en los informes de las finanzas públicas que se publican tanto mensual, como anualmente”, refirió.

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Deuda de US$ 280 millones con proveedores de Salud

Explicó que había una desconexión entre los sistemas de finanzas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía. Es más, eran distintos sistemas de administración de proveedores que básicamente es de medicamentos, pero también había otros servicios de insumos que se administra en el mismo sistema de salud, por fuera del sistema de administración financiera.

“Entiendo que se fueron acumulando. Como no había disponibilidad presupuestaria, se fueron acumulando facturas que ellos recibían los bienes, los medicamentos y recibían las facturas, pero esas facturas no se registraban en el sistema de administración financiera, entonces como que desde el punto de vista de la administración de las finanzas públicas del Estado, no aparecían esos compromisos”, precisó.

Indicó que el origen del fondo es de cuando se habilitaron nuevos hospitales, lo que generó que la demanda del número de prestaciones de salud pasara de entre US$ 22 a 23 millones por año, a US$ 44 millones más o menos, todos realizados el año pasado.

Agregó que al haber más servicios de salud, hay más hospitales y muchos más pacientes, lo que requirió muchísimos más insumos, más medicamentos cuando el presupuesto no estaba preparado para enfrentarlo.

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“Yo entiendo todo eso pero obviamente que deberíamos de haber reconocido la realidad en su momento. Está bien, lo reconoció ahora yo espero que que esta no registración no vuelva a ocurrir y que se corrija efectivamente esta situación”, refirió.

Parte de los US$ 1.300 millones

César Barreto contó que la deuda forma parte de los US$ 1.300 millones que reclaman varios proveedores del Estado. Agregó que una parte de la misma también ya vienen de la administración anterior, que tras el “saneamiento” que realizó el actual gobierno en el 2023, cuando asumió, dijeron de que estos US$ 280 millones no se le informó en ese momento, entonces ese monto apareció ya después de que se hiciera la regularización.

“Es un problema que viene básicamente arrastrado de la pandemia para acá y que obviamente viene creciendo, y hacen falta recursos, muchos más recursos para los servicios de salud. O sea, los presupuestos no están alcanzando para prestar los servicios que se están prestando”, aseguró.

Contó que se implementaría un nuevo sistema de administración de bienes y servicios por parte del MEF que va a evitar este doble manejo que había que no alcanzaría solamente al MSP, sino a todas las entidades del sector público mediante un único sistema de administración de la recepción de productos y servicios que el Estado compra.

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“Cada vez que se recibe un producto con la factura correspondiente, sí o sí ya va a aparecer registrado en el sistema de administración financiera del Estado, eso me parece que es un paso estructural muy positivo y que debería de evitar que esto ocurra de vuelta. Puede faltar plata obviamente para pagar, pero por lo menos vamos a saber qué plata es la que estaba, qué compromiso se está asumiendo y cuánta plata es la que está faltando”, detalló.

Muy difícil volver al 1,5% de déficit fiscal

Para saldar estos compromisos, dijo que una mitad se realizará con el factoraje, es decir, con la cesión de los derechos de cobro, los cuales rondarían los US$ 500 millones, lo que será adjudicado en los próximos meses.

La diferencia se cerraría en el presupuesto del año 2027 y si bien no se explicitó en la reunión, Barreto entendió que se incorporaría la deuda con la emisión de US$ 500 millones en bonos el año que viene.

“Obviamente el déficit fiscal va a tener que reflejar esto que no se registró, entonces el déficit de este año va a estar, no recuerdo muy bien el número, pero cerca del 4% y el año que viene también cerca del 4% y en teoría en el 2028 debería de llegar de vuelta al 1,5%, lo cual tengo un poco de duda, digamos, yo le manifesté la duda que tengo de que se pueda cumplir ese 1,5% incluso en el 2028″, explicó.

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Insistió en que tanto el año que viene, como el siguiente, son años electorales, será aún más difícil “cerrar la canilla” del erario público para honrar estas deudas, considerando que el déficit estructural del Estado ya está por encima del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que hace prácticamente imposible volver al 1,5 en los próximos años.

Un caso excepcional sería recortar la inversión de manera drástica, pero eso implicaría dejar de construir, ya sea cualquier tipo de infraestructura, puente o ruta.

“Yo lo veo difícil, yo preferiría ser más prudente en ese sentido y hacer un presupuesto más realista, reconociendo la realidad de los ingresos que se va a poder tener y reconociendo también de que no podemos nosotros recortar la inversión en los niveles que está previsto hacerlo. Yo creo que no está dentro de lo posible eso”, concluyó.

Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa) y de otras empresas afincadas, sobre todo en el departamento de Alto Paraná, apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro (ANR) a la Intendencia de Ciudad del Este.

Ortiz respalda públicamente a Chamorro, quien es apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC). Chamorro, también empresario en la zona de Ciudad del Este, derrotó en las internas municipales del 7 de junio pasado al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún; su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.

La esposa de este último es la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, destituida del cargo por la Cámara de Diputados en el 2019, tras una intervención del Poder Ejecutivo que encontró presuntas innumerables irregularidades en la administración esteña.

Javier Zacarías responde a José Ortiz: “Como político es un excelente herrero”

Veto a clan Zacarías

En una reciente entrevista a radio Concierto, José Ortiz dejó en claro que ningún integrante del clan Zacarías formará parte de la campaña de Chamorro ni de una eventual administración de la ANR. Manifestó que el mensaje de la ciudadanía es contundente. Dijo que el proyecto Chamorro no incluye a la familia Zacarías porque “la ciudadanía está harta de ellos”.

“Hay un rechazo y la gente te dice: ‘vamos a estar contigo, siempre y cuando ellos no sean parte’. Eso fue un compromiso de campaña, que los Zacarías no van a ser parte de esta administración y no van a estar en esta campaña”, puntualizó el empresario tabacalero.

El sábado pasado en No Tiene Nombre de ABC, Javier Zacarías Irún respondió a José Ortiz. El legislador dejó entrever que el empresario esteño no conoce la política pero que respeta su opinión. Indicó que apoya al intendentable y vaticinó que será nuevamente reelegido a un cargo electivo en el 2028.

“José Ortiz como político es un excelente herrero, respetando la profesión del herrero. Yo no puedo discutir con alguien que no es de nuestra clase política. Él es una persona que no conoce la idiosincrasia partidaria política y mucho menos también conoce lo que piensan y sientan en los colorados de Ciudad del Este. Es muy difícil discutir. Yo respeto su opinión y me parece bien. No la comparto, como no comparten muchos dirigentes del Partido Colorado aquí en Ciudad del Este. Pero yo no quiero discutir. Es su idea, es su pensamiento”, manifestó Zacarías Irún.

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“Rechazo del 80%”

En una entrevista a radio 1080 AM, José Ortiz manifestó esta mañana que el nivel de rechazo del senador Javier Zacarías Irún en Ciudad del Este “es de casi el 80%, entre 70 y 80%”. Señaló que el acuerdo en la campaña de Rigoberto Chamorro contempla que el legislador esteño no participe ni en la campaña con miras al 4 de octubre.

Por otra parte, Ortiz indicó que en Ciudad del Este, “el predominio es colorado”. “El colorado tiene una particularidad, el voto colorado cada vez disminuye, en la época en que Horacio (Cartes) hacía campaña, cuando iba a ser presidente de la República, el voto duro ya estaba cerca del 30% o incluso por debajo del 30%”, expresó.

También dijo que “cada vez es menor el voto duro, entonces las personas votan a los candidatos”. Apuntó que el elector colorado buscará siempre dentro del Partido Colorado, pero admitió que si el candidato no satisface, irá a votar a otra persona. “Sobre todo en Ciudad del Este, se da aún más eso, sobre todo si se miden esos riesgos y se asume una posición”, enfatizó el empresario.

“No me voy a abrazar con esa gente”, tras vencer al clan Zacarías

Ortiz insistió en que la exclusión de la familia Zacarías no se trata de una decisión personal, sino de una estrategia surgida del resultado de las internas municipales del 7 de junio pasado. Agregó que no se debe confundir cuando el presidente de la ANR, Horacio Cartes, abre “las puertas a todo el mundo”.

“Cartes le va a recibir a todo el mundo, pero acá hay un equipo político que ganó las internas y tomó esa decisión, esa estrategia, en virtud de lo que le pidió la gente”, remarcó.

Gatillo facil: ocho policías imputados por la muerte de un joven durante persecución en Alberdi

La ceremonia fue presidida por el comisario general director Pablo Fredy Ortiz González, director general de Justicia Policial.

El relevo causó sorpresa entre la ciudadanía pilarense, donde numerosos pobladores destacaban la gestión de Trinidad al frente de la Dirección de la Policía Nacional en Ñeembucú.

Aseguran que durante su administración, Ñeembucú mantuvo uno de los índices de criminalidad más bajos del país y se impulsaron importantes proyectos para fortalecer la seguridad.

Entre los principales logros de su gestión se encuentran la habilitación de la oficina de Interpol en el departamento y el avance de la sala de monitoreo del Sistema 911, cuya puesta en funcionamiento, junto con la instalación de cámaras de vigilancia, se encuentra en su etapa final.

Asimismo, durante su gestión la Policía logró esclarecer en gran medida el millonario asalto tipo comando registrado en un supermercado de Alberdi, con la detención de los principales sospechosos vinculados al hecho.

No obstante, la ahora exdirectora también enfrentó uno de los momentos más complejos de su administración tras la muerte del joven Federico Nahuel Cáceres Sosa, ocurrida durante un confuso procedimiento policial en Alberdi, caso que derivó en una investigación judicial contra varios agentes policiales.

Hasta el momento, la Comandancia de la Policía Nacional no informó los motivos del cambio de autoridades en Ñeembucú.

El nuevo director, Christian Javier Ramírez Aguilera, asume el desafío de dar continuidad a los proyectos de fortalecimiento de la seguridad y mantener los niveles de tranquilidad que caracterizan al departamento.

El drama diario de los vecinos: microvertederos y peligro de dengue en las calles

Los vecinos de Asunción lidian a diario con montículos de residuos esparcidos en esquinas y veredas de zonas residenciales y comerciales. Esta situación evidencia que el servicio de recolección domiciliaria continúa fallando de manera sistemática en diferentes puntos de la capital.

El abandono se extiende con fuerza en puntos clave del Centro de Asunción y en populosos barrios periféricos como Ciudad Nueva, Bernardino Caballero, Mburicao y Recoleta. Este lunes, pobladores de estos sectores denunciaron que los vertederos irregulares permanecieron intocables durante todo el fin de semana sin que ninguna cuadrilla municipal intervenga.

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La situación se torna particularmente insostenible en la intersección de Teodoro S. Mongelós y Bomberos Voluntarios. Este cruce se ha convertido en un vertedero crónico a cielo abierto que acumula todo tipo de desechos ante la absoluta inacción municipal.

En ese mismo punto crítico amaneció repleto de cubiertas usadas que acumulan agua estancada. La acumulación de estos elementos, en coincidencia con el aumento de las precipitaciones y de las temperaturas, se transforman en focos ideales para la proliferación masiva de mosquitos aedes aegypti, transmisores del dengue, zika y chikungunya.

La versión oficial: el municipio defiende un incremento operativo del 20%

Ante las constantes críticas ciudadanas, la Municipalidad de Asunción salió al paso para defender su gestión institucional. Desde la Intendencia informaron un supuesto repunte cuantitativo en su capacidad operativa de respuesta tras la incorporación de 11 camiones recolectores nuevos.

La Dirección de Servicios Urbanos (DSU) reportó oficialmente un incremento del 20,4% en el volumen de residuos retirados de las calles. Este aumento se registró específicamente durante entre el 19 y el 25 de julio, en la primera semana, posterior a la adquisición de los nuevos vehículos.

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Según los registros difundidos por la comuna, se pasó de recolectar 2.774.706 kilos a retirar un total de 3.340.614 kilos de basura. Las autoridades locales utilizaron este periodo semanal para justificar la eficacia de su nuevo parque automotor.

Pese al supuesto aumento de la recolección, instaron a la ciudadanía a “colaborar” con la limpieza. Bajo el nombre de “Cuidemos juntos este espacio”, la comuna informó que se instalaron carteles en paseos centrales para promover la correcta disposición de residuos y evitar la formación de vertederos clandestinos. Además se instó a los ciudadanos a respetar los horarios de recolección y a no arrojar basura en calles o veredas.

Sombras en la adjudicación: compras directas millonarias y alquileres paralelos

La compra directa de los 11 camiones recolectores por parte de la Municipalidad de Asunción estuvo marcada por un contexto de crisis operativa, controversias legales y denuncias de falta de transparencia. El sistema, que arrastra un notable deterioro desde la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien dejó una flota de camiones en condiciones catastróficas, sufrió un colapso total en marzo de 2026.

Ante la inoperatividad de los vehículos propios, el intendente Luis Bello continuó con el modelo de alquiler de camiones privados, mientras impulsaba la compra de nuevas unidades. La administración de Bello optó por una contratación directa por vía de la excepción, argumentando una urgencia impostergable.

Municipalidad de Asunción: denuncian otra caja paralela para apretar al contribuyente

Inicialmente la operación se estimó en un costo G. 15.858 millones, pero finalmente se cerró por un total de G. 13.606 millones. El proceso culminó en junio con la compra a dos empresas: Cathay SAE (7 camiones por G. 7.462 millones) y Condor SACI (4 camiones por G. 6.144 millones).

Concejales de la oposición denunciaron que se utilizó el mecanismo de excepción deliberadamente para esquivar la fiscalización previa de la Junta Municipal. El concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció un sobrecosto de G. 1.200 millones, ya que las mismas empresas habían presentado precios más económicos en licitaciones anteriores. El edil denunció además que algunos de estos camiones nuevos ya tuvieron averías horas después de ser entregados.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) había señalado que con menos del 10% del valor de la compra se pudo haber reactivado la flota municipal existente, la cual permanecía inactiva por deudas con talleres y falta de mantenimiento básico.

De acuerdo con el informe, a junio de 2026 Paraguay contaba con 11,39 millones de tarjetas de crédito, débito y prepagas vigentes; 190.849 terminales POS; 126.066 comercios adheridos; 2.421 cajeros automáticos; 20.179 bocas de cobranza; 1.506 facturadores y 1.068.266 cuentas activas en entidades de medios de pago.

¿Cuánto creció el tarjeteo?

Uno de los indicadores más relevantes corresponde justamente al uso de las tarjetas de crédito y débito. Según los datos compartidos por CPMP, para el cierre de 2026 se proyectan unas 656 millones de transacciones, lo que representa un crecimiento del 39 % con respecto al 2025.

Con estos datos, el procesamiento llegaría a 21 transacciones por segundo en Paraguay en este año, frente a 15 operaciones por segundo que se realizó en el 2025, mientras que en el 2021 se procesaban apenas 3,4 operaciones por segundo. La cantidad de transacciones por segundo crecieron 6,2 veces mas en los últimos 6 años

La expectativa de la Cámara es que se procesen 489 millones de operaciones con débito y 167 millones con crédito, lo que representa un aumento del 42% y 30% respectivamente.

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Aumento de las compras con tarjetas

Igualmente, el informe de la CPMP detalló que el volumen de compras alcanzaría este año los G. 79,27 billones (US$ 13.200 millones), de los cuales G. 44,58 billones (US$ 7.430 millones) corresponderían a operaciones con tarjetas de débito y G. 34,69 billones (US$ 5.782 millones) a tarjetas de crédito. Las compras con tarjetas aumentaron en un rango de 21% con uso del débito y 32% con crédito.

El informe también señala que la cantidad de transacciones por segundo se multiplicó por 6,2 en los últimos seis años, reflejando la acelerada adopción de los pagos electrónicos.

Entre los rubros que destacan por mayor uso de estos instrumentos están:

• Supermercados y afines 76,5% (TD) / 23,5% (TC)
• Boutique, tiendas y afines: 63% (TD) / 37% (TC)
• Estaciones de servicios: 76,7% (TD) / 23,3% (TC)
• Electrodoméstico/electrónica: 59,2% (TD)/ 40,8% (TC)
• Restaurantes, bares y afines: 74,2% (TD) /25,8% (TC)

Ante el crecimiento acelerado que vienen registrando las carteras de tarjetas de créditos para líneas menores a G. 3 millones, el presidente de la CPMP, Raúl Alvarenga, indicó que sería importante la implementación de herramientas que permitan ir dándole el seguimiento a estos segmentos, como así también el cuidado que vayan teniendo los emisores en el seguimiento a esa cartera. “Es un desafío que estarán seguramente administrando los distintos emisores para ese segmento en particular”, afirmó.

Casi tres transacciones con tarjetas por segundo se hacen en Paraguay

Fuerte repunte del comercio electrónico

Por otra parte, el comercio electrónico mantiene igualmente una tendencia de fuerte crecimiento. La CPMP estima que durante 2026 se realizarán 40,35 millones de compras por internet, un 42 % más que el año anterior. En términos de volumen, estas operaciones alcanzarían los G. 3,99 billones (US$ 665 millones), lo que representa un incremento del 52 % frente a 2025.

En la apertura del encuentro, el presidente de la CPMP, Raúl Alvarenga, afirmó que la industria mantiene un crecimiento sostenido desde la pandemia y que el desafío consiste en acompañar esa evolución con inversiones permanentes en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y capacitación.

“La pandemia marcó un punto de no retorno en los hábitos de pago. Desde entonces el crecimiento ha sido permanente y las socias de la Cámara siguen invirtiendo para fortalecer el ecosistema y ofrecer innovación y mayor seguridad a los usuarios”, expresó.

Alvarenga agregó que la incorporación de nuevas soluciones digitales contribuye a reducir progresivamente el uso del efectivo y fortalecer la formalización de la economía. “Los distintos medios de pago no se quitan mercado entre sí; se complementan y todos contribuyen a una economía más formal, con mayor trazabilidad y menos efectivo”, sostuvo.

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Condiciones para la transformación digital

Por su parte, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, destacó las condiciones que tiene Paraguay para consolidar la transformación digital del sistema financiero y valoró el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para fortalecer la infraestructura tecnológica del país.

“Los datos demuestran que Paraguay está preparado para afrontar los desafíos de la economía digital. Desde el sector público seguiremos generando las condiciones para que el sector privado continúe impulsando el crecimiento del país”, manifestó.

Las cifras presentadas por la CPMP evidencian el crecimiento sostenido del ecosistema de pagos electrónicos en Paraguay y consolidan una tendencia marcada por la mayor utilización de tarjetas y el constante avance del comercio electrónico, según los datos expresados en el evento donde han participado diferentes referentes del sector.

Se destacó la participación de representantes de Mastercard, Amazon Web Services (AWS), Thales, Visa y otros referentes de la industria, quienes abordaron la evolución de los pagos digitales, la inteligencia artificial aplicada al sector financiero, las experiencias de pago sin fricción y las tendencias globales que impactarán en el mercado local.

El director de Tránsito, Hermes Quintana, confirmó que actualmente la dependencia se encuentra con “stock cero”, situación que atribuyó a la deuda acumulada con la OPACI, entidad encargada de proveer los insumos utilizados para la expedición de registros y habilitaciones.

De acuerdo con la planilla oficial de liquidación de deudas de Opaci, actualizada al 29 de julio de 2026, la Municipalidad de Villarrica mantiene un pasivo total de G. 384.414.558, distribuido en distintos conceptos.

El mayor compromiso corresponde a los aranceles del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito (RNLCAT). La deuda original por las transferencias de enero a junio de 2026 ascendía a G. 192.000.000, aunque el 20 de julio la Municipalidad realizó un pago parcial de G. 17.702.572, reduciendo el saldo pendiente a G. 174.297.428.

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La planilla también consigna una deuda de G. 60.000.000 en concepto de aportes sociales correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2026, además de obligaciones por G. 150.117.130 por provisión de insumos acumuladas en distintos años. Este último monto se compone de saldos pendientes de G. 182.750 correspondientes a 2017, G. 61.584.380 de 2018, G. 53.650.000 de 2021 y G. 34.700.000 del año 2026.

Quintana explicó que la falta de pago provocó la interrupción del suministro de tarjetas, adhesivos y demás materiales necesarios para confeccionar los documentos. Indicó, además, que todos esos elementos son entregados en un solo lote por parte de Opaci, por lo que el agotamiento del stock impide realizar cualquier trámite relacionado con licencias u habilitaciones.

El director señaló que mantuvo conversaciones con los responsables de la provisión de insumos, quienes manifestaron la disposición de restablecer el suministro una vez que la Municipalidad concrete un pago parcial de la deuda, situación que actualmente es analizada por el intendente Ovidio Cuevas (ANR) y el área administrativa.

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Mientras tanto, la dependencia solo puede informar a los contribuyentes sobre la situación y solicitarles que aguarden la normalización del servicio. Quintana indicó que no considera conveniente cobrar los aranceles sin poder entregar los documentos correspondientes.

El funcionario evitó precisar una fecha para la reanudación de los servicios y explicó que ello dependerá del resultado de las negociaciones que mantiene la administración municipal con Opaci y los proveedores de los insumos.

Durante julio Paraguay exportó 30.224.900 kilogramos de carne bovina, por un valor de US$ 223 millones, cifras que representaron el mejor desempeño mensual de 2026 tanto en volumen como en ingresos, de acuerdo con el informe del servicio veterinario oficial.

El repunte del séptimo mes estuvo precedido por un mayor dinamismo registrado en junio, cuando los embarques alcanzaron 26.023.992 kilogramos y generaron ingresos por US$ 191 millones, mostrando una mejora frente al comportamiento de los meses anteriores.

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Primer semestre con menor volumen exportado

Pese a la recuperación observada al inicio del segundo semestre, el acumulado de los primeros siete meses del año todavía refleja una caída frente al mismo periodo de 2025. Entre enero y julio de 2026, Paraguay exportó 162.605.812 kilogramos de carne bovina, por un ingreso total de US$ 1.124 millones, según muestran los datos oficiales.

Al comparar estos resultados con los del mismo periodo del año anterior, se observa una caída del 24,63% en el volumen embarcado, considerando que en 2025 se habían enviado 215.748.875 kilogramos.

En cuanto a la generación de divisas, la reducción fue del 9%, frente a los US$ 1.235 millones obtenidos durante los primeros siete meses del año pasado.

Mejor precio internacional sostiene el valor de la carne

No obstante, a pesar de la disminución en los volúmenes exportados, la carne bovina paraguaya logró posicionarse con mejores valores en los mercados internacionales. Hasta julio de 2026, el precio promedio de exportación alcanzó US$ 6.915 por tonelada, superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se ubicaba en US$ 5.727 por tonelada.

Desde el sector indican que ese escenario permite amortiguar parcialmente la caída en la cantidad de carne enviada al exterior y sostener un mayor valor por cada tonelada comercializada.

Mercados de la carne paraguaya

Hasta julio, Paraguay destinó su carne bovina a aproximadamente 50 mercados. Chile se mantuvo como el principal comprador de la proteína roja paraguaya, con 50.162.246 kilogramos adquiridos por un valor aproximado de US$ 352 millones.

En segundo lugar se ubicó Israel, con 26.033.348 kilogramos por US$ 212 millones, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer puesto con 30.097.454 kilogramos y US$ 176 millones. Taiwán quedó en la cuarta posición, con 21.081.042 kilogramos exportados por US$ 149 millones, seguido por Brasil, que completó el top cinco con 7.215.657 kilogramos y US$ 54 millones.

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Exportación de menudencias

Por otra parte, en lo que refiere a las exportaciones de menudencias bovinas, el Senacsa reportó envíos durante los primeros siete meses del año por 28.714.473 kilogramos. El informe oficial también registra los ingresos generados por este segmento de US$ 61 millones.

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El acuerdo, firmado bajo escribanía, era que se sometían los tres a una encuesta y que respaldarían al que resultara ganador. Como el ganador fue el liberal Manolo Achucarro, Chilavert no aceptó la derrota y denunció un supuesto fraude. De esta manera dividió la oposición en Luque.

“Hoy me presenté ante el Juzgado Electoral de la ciudad de Areguá, para ratificar formalmente que mi candidatura a la Intendencia Municipal de Luque”, reza parte del comunicado emitido por el ex guardameta.

Insistió en fraude

José Luis Chilavert insistió en que fue víctima de fraude y por eso iría solo a las urnas para enfrentar al candidato colorado Hugo Farías y a Manuel Achucarro, quien tiene el respaldo del PLRA y de la Alianza Luque Democrático.

“En los últimos días, nuestra ciudad ha sido escenario de una fraudulenta encuesta de la cual Luqueños Unidos no será cómplice”, dice otra parte de su nota.

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Habló que su candidatura responde a un mandato popular y no a acuerdos de último momento. Una postura que resulta contradictoria, teniendo en cuenta que fue Chilavert el que, junto con Belén Maldonado, el 11 de junio pasado en la peatonal histórica de Luque llamaron a la unidad.

Incluso instaron al ganador de las internas liberales, Manuel Achucarro, a no cerrar las negociaciones hacia la unidad, pero llamativamente ahora cambió de postura al resultar perdedor de la encuesta. Aunque muchos en redes sociales le recordaron su coqueteo con el candidato cartista Hugo Farías.

“Mi compromiso no responde a intereses particulares ni a acuerdos de último momento (...) A quienes depositaron su confianza en este proyecto, les transmito un mensaje claro: seguimos firmes, seguimos de pie y seguimos adelante”, puntualizó en su comunicado Chilavert.

Sobre el caso, la forense Magalí Enciso indicó que al examen externo no se observaron signos de violencia externa, pero sí una pequeña salida de secreción líquida por la nariz, que se podría presumir a una broncoaspiración, entonces se podría tartar de una asfixia por broncoaspiración, pero que aún no se puede determinar con precisión la causa del fallecimiento.

A continuación explicó: “Hicimos el examen interno con las tres aperturas de las cavidades, graneana, torácica y abdominal, donde se tomaron muestras. Esas muestras van a ir a estudio por la patóloga forense, histopatológico, entonces eso daría un informe en un plazo de un mes, más o menos”.

También se tomaron muestra de sangre y se solicitó un screening toxicológico.

Por otra parte, la profesional aseguró que a simple vista se puede observar una criatura bien nutrida para su edad, descartando así alguna señal de desnutrición.

Hospital de Clínicas: denuncian la muerte de una bebé en extrañas circunstancias

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el pequeño residía en la misma vivienda junto a su madre y su padrastro. El trágico hecho se dio a conocer luego de que la madre, al percatarse de que su hijo no respiraba, pidiera desesperadamente ayuda a los vecinos del lugar.

“La mamá lo que manifiesta es que le dio leche de fórmula a las 18:00 y a las 20:00, más o menos, se percata que está sin signos de vida”, comentó al fiscala Mirian Santos.

Ante la consulta de una posible imputación contra la madre del bebé, manifestó que primero debe hacer un análisis de todo lo colectado, además de tomar alguna declaraciones a los familiares cercanos. “Después de eso estaríamos tomando algunas determinaciones para definir la determinación que corresponde”, dijo.

Hoy, al menos la Comisión de Legislación y Codificación presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo) ya emitió dictamen a favor, lo que habilita su tratamiento mañana ante el pleno, pero lo que no habría es voluntad de tratarlo por parte de la mayoría cartista y sus satélites.

Con la excusa de que no tuvieron la reunión de bancada habitual de los lunes, ya que los cartistas fueron este mediodía a almorzar con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, extraoficialmente, diputados cartistas dijeron que plantearían la postergación, aunque no se descarta que lo manden directamente al muere.

Opaci, es una oenegé de las que “no molestan” al gobierno cartista, sino por el contrario, es protegida, ya que actualmente es manejada y presidida por el intendente cartista de Guarambaré, Oscar Cabrera.

Para la Opaci representó en estos últimos 5 años unos G. 316.049.947.744, ya había sido salvado por esta misma mayoría cartista el año pasado, cuando se planteó un proyecto similar, aunque incluso más amplio.

Esto ya que dicho proyecto también incluía cortar los cobros de Opaci por gestiones relacionadas con la titulación de tierra; sin embargo, el aspecto que pretende tocar este proyecto ahora en estudio relacionado con los registros de conducir representa la mitad de los ingresos de la oenegé amiga, que además, escudada por su condición de ente no gubernamental y el blindaje cartista, se caracteriza por su negativa a rendir cuentas claras sobre sus fondos.

ANTSV: ¿Reacios a administrar la base de datos?

Actualmente, Opaci cobra G. 10.000 a cada persona que gestione su registro de conducir en los municipios del país, con la excusa de que este ente no gubernamental provee el sistema informático (base de datos) y los insumos para la impresión de los carnets, algo que el proyectista Miguel Martínez (PLRA) y otros firmantes del proyecto de ley, pretenden que se haga cargo la estatal Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

Llamativamente, en la audiencia pública sobre este proyecto, la ANTSV, manejada por el hombre de confianza del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), Félix Hernán Jiménez Castro, se mostró reacio a asumir este rol, apoyando que el esquema siga como hasta ahora.

La agencia estatal de control de tránsito puso trabas a la intención de que sean estos los que gestionen la base de datos de los conductores a nivel país y evitar que una oenegé, sin rol formal en la estructura del Estado, tenga en su poder los datos de los ciudadanos, y para colmo, ahora sume poder con parte de la gestión del sistema de puntos por multas, que se implementará con el nuevo sistema de QR en los registros de conducir.

El comisario Jorge Ramón Aquino Aguayo vuelve a la zona donde ya había prestado servicios durante unos 15 años. Entre otras funciones, estuvo al frente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y ocupó diversas jefaturas policiales en el departamento.

Durante el acto de posesión de cargo, el nuevo director reconoció que existen limitaciones en infraestructura y equipamientos, pero aseguró que buscará gestionar mayores recursos.

“Vamos a trabajar con el personal que tenemos y solicitar los recursos materiales que hacen falta en el departamento. La idea es realizar un trabajo armónico y estar permanentemente en las calles con patrullajes con fusileros; incluso voy a encabezar esos recorridos”, expresó.

Cambio de rutina

El subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Feliciano Martínez, dijo que se trata de un movimiento administrativo normal que también alcanzó a otros departamentos.

Martínez señaló que la principal directriz de la Comandancia de la Policía Nacional es fortalecer el trabajo preventivo y mantener una relación cercana con la comunidad, comisiones vecinales y autoridades locales.

Asimismo, admitió que los 1.600 efectivos policiales disponibles en Alto Paraná no son suficientes para cubrir toda la demanda de seguridad. Sin embargo, aseguró que los egresados del Colegio de Policía de Alto Paraná permanecerán en el departamento y también se prevé destinar parte de los 5.000 nuevos oficiales que próximamente egresarán.

Gestión marcada por la inseguridad

La salida del comisario Vega se da en medio de varios asaltos de gran envergadura en distintos distritos de Alto Paraná.

Entre los casos más resonantes figura el robo de 100 celulares a un mototaxista ocurrido el 1 de junio en pleno microcentro de Ciudad del Este, donde en teoría la Dirección despliega una gran cantidad de efectivos policiales.

En tanto, el 26 de mayo, un grupo armado interceptó en el paso a desnivel del ex kilómetro 5,5 y asaltó a un funcionario de la importadora Vía Brasil, a quien despojó de US$ 200.000.

Ese mismo día, delincuentes asaltaron a empleados de la distribuidora Renacer, a metros del primer golpe, cuando se dirigían a una entidad financiera para depositar G. 185 millones.

Asimismo, el golpe más grande bajo el mando del director policial ocurrió el 16 de junio, cuando un grupo comando atacó con explosivos entidades bancarias en Santa Rita. Durante el golpe, los delincuentes tomaron como rehén a un suboficial policial y lograron superar en número y armamento al personal de la Comisaría 18ª.

Posteriormente, entre el 4 y 5 de julio, otra organización criminal irrumpió en la galería Lai Lai Center, en pleno centro de Ciudad del Este, donde violentó cuatro casas de cambio y una oficina administrativa para apoderarse de 52.000 dólares y 25 millones de guaraníes, pese a tratarse de una de las zonas con mayor presencia policial.

Por último, el 28 de julio, falsos agentes de la Senad interceptaron un vehículo de la empresa Imperial Business y se apoderaron de 200 mil dólares, en el predio del Complejo Empresarial Global de Ciudad del Este.

Asimismo, en las últimas semanas se registraron al menos tres asaltos que terminaron con el asesinato de las víctimas, entre ellas dos guardias de seguridad.

En tal sentido, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 156 el magistrado le revocó libertad ambulatoria de la que gozaba desde el 16 de julio del 2025.

Hugo Javier, condenado a 10 años de cárcel, afrontará su juicio “número 2” en 2027

El exgobernador de Central, Hugo Javier, había sido condenado a 10 años de privación de libertad, por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por Sentencia Definitiva (SD) N°12 del 4 de enero de 2025, dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón.

La semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, y la camarista Silvana Luraghi, rechazó los recursos de aclaratoria planteados por Hugo Javier y el también condenado Miguel Ángel Robles Ibarra, con lo que el fallo de primera instancia quedó firme.

Orden de captura alcanza a otro condenado

De la misma forma el magistrado dictó otras resoluciones, a través de las cuales disponía la notificación a las otras personas que también fueron condenadas en el marco de “Hugo Javier Gonzaléz Alegre y otros s/lesión de confianza (Ley N° 6379) Superior A 5500 jornales y otros”.

Para otro de los condenados, como es el caso de Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete de la institución, condenado a 10 años de encierro, el juez Carlos Mendoza dictó la captura para que se haga efectivo el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario. Al igual que Hugo Javier, gozaba de libertad ambulatoria.

Hugo Javier debe ir a prisión para cumplir condena a 10 años, tras último revés en la Corte

En el caso de Lourde Verónica Lezcano Decoud, exsecretaria del gobernador, quien fue condenada a 2 años con suspensión de la ejecución de la condena, por lesión de confianza en calidad de cómplice, para quien se dispuso que sea notificada para que en el plazo de 72 horas comparezca ante el juzgado para que se le impongan las obligaciones.

Luis Eduardo Allende Araújo, extesorero; Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas; y Modesta Valiente Escobar, exsecretaria de Administración y Finanzas, quienes también fueron condenados a 2 años con suspensión de la ejecución de la condena, por lesión de confianza. Todos deben presentarse al juzgado dentro de 72 horas para que se le impongan las medidas.

Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier González

El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre, en el juicio oral que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.

El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.

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En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.

Luego de dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión, pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad. En aquella oportunidad, el Tribunal resolvió mantener las medidas sustitutivas de prisión, en espera de que el fallo quede firme.

El evento es organizado por la Municipalidad de Piribebuy, Mujeres Empoderadas de Piribebuy, el Comité Cincuentenario Colegio Nacional de Piribebuy y empresas privadas de la localidad cordillerana.

El protagonista será el tradicional vori vori paraguayo, reconocido recientemente por la revista gastronómica Taste Atlas entre las mejores preparaciones culinarias del mundo, posicionándolo como un símbolo de la gastronomía nacional.

Durante la jornada, los visitantes podrán degustar seis variedades del plato: vori vori de verduras, de queso, de pollo, de carne vacuna y la tradicional preparación con gallina casera.

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Impulsar la gastronomía

La profesora Carmen Agüero de Arias, organizadora de la actividad, explicó que la iniciativa busca impulsar la gastronomía local como una herramienta de desarrollo comunitario y que, con el paso de los años, el Karu Guasu pueda convertirse en una tradición de la ciudad.

“Queremos generar un espacio donde nuestra gastronomía y nuestra cultura sean protagonistas, promoviendo la participación de la comunidad y ofreciendo una nueva experiencia para quienes visiten Piribebuy”, señaló.

Además, parte de lo recaudado durante la actividad será destinado a una merienda por el Día del Niño, organizada por Mujeres Empoderadas de Piribebuy.

Con esta primera edición, Piribebuy suma una nueva propuesta a su calendario turístico y cultural, combinando los sabores tradicionales del Paraguay con la historia y la identidad de una ciudad marcada por su legado histórico.

El vori vori se corona como la mejor comida del mundo

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), que pretendió en un aparente intento de “queda bien con Dios y con el Diablo” y no contradecir a Cartes, le quitó la nalga a la jeringa.

Ante la consulta concreta de si pretendían imponer el cobro de peaje en Asunción, Latorre respondió: “Yo creo que esa más bien es una pregunta para el futuro intendente (refiriéndose a Camilo Pérez, ya que este no fue electo). Yo apenas soy su jefe de campaña que lo está acompañando este proceso político".

Como Poncio Pilatos, intentó lavarse las manos, sobre todo presuntamente para no contradecir Cartes, quien intentó justificar sobre su cuestionado planteamiento.

“Acá hay una gran verdad que tiene que ver con lo que dice el presidente del partido (Cartes) que es el hecho de que hay una disrelación muy grande entre los poco más de 200.000 asuncenos que tributan y los más de 1.500.000 de paraguayos que usan la Capital. Y en ese sentido, también hay una serie de alternativas que se plantean”, entre ellas, la del peaje.

Latorre, en su intento de distraer la atención ante la avalancha de críticas por el tema del peaje, dijo que otra alternativa para captar fondos podría ser la de reimpulsar una “Ley de capitalidad” que duerme hace tiempo en el Congreso.

Afirmó que incluso habló de eso este fin de semana con el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Nos encontramos con Bachi el sábado y volvimos a hablar de esa posibilidad (de la Ley de Capitalidad) que ambos creemos que es una dirección en la que hay que avanzar para corregir esta situación” y apuntar a “una Capital con mayores recursos, fortalecida con herramientas para mejorar su infraestructura y sus servicios”.

Centurión dijo que habló con Camilo y descartó el peaje

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) que forma parte del Comando Electoral de Capital, a diferencia de Latorre, no le rehuyó a la crítica, y dijo que inmediatamente después de escuchar el planteamiento de peaje, le llamó y le pidió que salga decididamente a descartar esta propuesta.

“Cuando yo tomo conocimiento a través de los medios, me comunico directamente con la fuente, me comunico con nuestro candidato a intendente Camilo Pérez y le expreso mi preocupación (...) y la respuesta de Camilo Pérez fue categórica: No existe ninguna posibilidad de que dentro de su propuesta de gestión de administración municipal se incluya la posibilidad de peaje", señaló Centurión.

Centurión incluso le recordó a Camilo Pérez que el compromiso que asumieron cuando se dieron el “abrazo republicano” era mejorar la gestión de los recursos, sobre todo combatiendo la corrupción en gestiones anteriores (no solo coloradas) y que era inadmisible apretar más a los ciudadanos sin una contraprestación a la altura.

“Yo le manifesté que cuando nosotros hicimos la gran alianza, nuestra condición fue el combate frontal a la corrupción y en eso coincidió conmigo... evitar las cajas paralelas, achicar la estructura orgánica, echar a patadas a los planilleros y con eso sobra la plata para invertir en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios", insistió Centurión.

El procedimiento tuvo como objetivo ejecutar allanamientos simultáneos y desarticular una presunta estructura dedicada a hechos punibles relacionados con estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal.

La intervención contó, además, con la participación de agentes del Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Financieros; del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y los Hechos Punibles Informáticos; así como del Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Económicos y Financieros de Asunción y la Regional de Misiones.

Operativo “Yida Transfronteriza”: desarticulan red de estafa informática con vínculo en Asia

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en tres viviendas, donde fueron aprehendidas cinco personas y se incautó una importante cantidad de evidencias.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Ramón Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel, Jonathan Marcelo Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez y Luis Alberto Portillo Ávila, todos oriundos de la ciudad de San Ignacio.

Durante los procedimientos fueron incautados cheques de diferentes entidades bancarias, tarjetas SIM de distintas líneas telefónicas, dinero en efectivo, un rifle semiautomático tipo M4 calibre .22, modelo Mossberg International T15T, con ocho cartuchos sin percutir.

Además, se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre .22, con la inscripción PASPERFSA ARMAS Industria Argentina, serie Nº 149757, con cuatro cartuchos sin percutir y dos vainas servidas.

También fueron incautados dispositivos electrónicos (aparatos celulares), una CPU marca FTX de color negro, placa Zate 3.0, agendas, carpetas archivadoras, talonarios de recibos de dinero, libretas de control de pago con y sin membrete —algunas completadas y otras en blanco—, además de una notebook.

Todos los elementos incautados fueron individualizados, registrados, debidamente lacrados y entregados al Ministerio Público, quedando bajo la correspondiente cadena de custodia para su posterior análisis técnico, financiero y pericial.

Los aprehendidos fueron trasladados a la ciudad de Asunción, a disposición de los intervinientes.

Presunta modalidad de estafa

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización ofrecía elevados ingresos económicos mediante la realización de supuestas tareas digitales vinculadas con la calificación de productos destinados al mercado chino.

Una vez captadas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas (USDT) y remitidos a billeteras digitales controladas por la organización en el extranjero, dificultando el rastreo del dinero.

Asimismo, cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas en la plataforma fraudulenta, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando de esta manera el esquema de estafa.

Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, con un perjuicio patrimonial inicialmente acreditado de G. 605.468.213.

No obstante, el análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones.

Los investigadores estiman que la organización podría haber afectado a más de 2.000 personas en todo el territorio nacional.

Durante la presentación, la directora de la comisión, Diana Vargas, sostuvo que el análisis de cientos de expedientes permitió reconstruir el funcionamiento integral del sistema, identificar nuevas modalidades de estafa y preparar futuras denuncias penales.

Entre los nuevos hallazgos, reveló la aparición de empresas que ofrecen supuestos servicios de compra de deudas o asesoría financiera para gestionar créditos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mecanismo que, según la investigación, termina profundizando el endeudamiento de personas ya afectadas.

“Tenemos elementos suficientes para próximas denuncias penales también con relación a esta práctica con víctimas concretas de zonas muy alejadas del país”, afirmó.

Detectan que las deudas eran construidas desde el inicio

Uno de los principales hallazgos de la comisión es que el problema no responde exclusivamente a una falta de educación financiera de las víctimas.

Según Vargas, la deuda se “construía artificialmente desde el primer acto de la relación crediticia”. Explicó que numerosos consumidores adquirían electrodomésticos u otros bienes creyendo contratar una operación por un determinado monto, pero desde el inicio el crédito era estructurado con condiciones que multiplicaban el valor real de la obligación.

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La investigación detectó que muchas de estas operaciones se realizaban fuera del sistema financiero formal, en lugares de trabajo, escuelas, hospitales o instituciones públicas, donde vendedores aprovechaban la necesidad económica de los trabajadores para ofrecer créditos con escasos controles.

El verdadero motor del esquema era el descuento salarial

La comisión concluyó que el descuento automático de salarios fue el principal mecanismo que permitió sostener el sistema durante años.

Según el informe, el daño comenzaba mucho antes de que los casos llegaran a los tribunales, ya que una misma persona podía sufrir descuentos considerados abusivos durante una década.

Vargas recordó que el Ministerio de Salud ya resolvió dejar de realizar descuentos automáticos, aunque señaló que esa medida todavía no fue adoptada por el Ministerio de Educación, donde se concentra una importante cantidad de afectados.

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Otro de los hallazgos señala que muchas obligaciones se transformaban en deudas prácticamente impagables.

La comisión explicó que, pese a los descuentos realizados durante años, numerosos trabajadores no podían demostrar posteriormente que ya habían abonado las cuotas correspondientes, debido a que los pagos eran canalizados mediante asociaciones u otras intermediarias cuyos comprobantes luego no eran reconocidos dentro de los procesos judiciales.

Mientras tanto, las empresas de cobranza continuaban reclamando administrativamente las mismas obligaciones y, paralelamente, promovían demandas judiciales.

La masividad también debilitó los controles judiciales

El informe sostiene que la enorme cantidad de demandas ejecutivas provocó que numerosos juzgados dejaran de realizar controles mínimos previstos por la legislación.

La comisión observó que, además, muchas notificaciones no llegaban efectivamente a los demandados, privándolos del derecho a ejercer una defensa adecuada.

Como consecuencia, el proceso ejecutivo terminó funcionando prácticamente como un mecanismo automático de cobro.

El abogado Francisco Segovia explicó que todos los hallazgos fueron convertidos en propuestas concretas de reforma.

1. Evitar reportes en burós de crédito antes de una sentencia

La primera propuesta busca impedir que las acciones preparatorias aparezcan como juicios activos en bases de datos como Equifax antes de que exista una resolución judicial.

La comisión plantea que la Corte Suprema deje de remitir esa información mediante una decisión administrativa, evitando que personas pierdan acceso al crédito únicamente porque alguien inició una acción preparatoria.

2. Fortalecer los controles dentro del Poder Judicial

La comisión propone implementar:

• Auditorías automáticas de expedientes.
• Redistribución de causas entre juzgados.
• Refuerzo de los juzgados con mayor carga laboral.
• Monitoreo estadístico permanente para detectar litigaciones masivas.

Estas medidas buscan impedir la concentración de miles de expedientes en determinados juzgados.

3. Mayor control sobre las certificaciones notariales

La investigación detectó inconsistencias reiteradas entre las fechas de emisión de pagarés y las certificaciones notariales.

Para corregir estas irregularidades se propone:

• Mayor trazabilidad documental.
• Controles administrativos más estrictos.
• Actualización de la legislación aplicable a las certificaciones.

4. Modernizar el régimen del pagaré de consumo

La comisión considera que la legislación vigente fue diseñada para operaciones comerciales tradicionales y no para el crédito masivo al consumidor.

Entre las principales modificaciones planteadas figuran:

• Diferenciar legalmente el pagaré comercial del pagaré de consumo.
• Exigir que el pagaré esté acompañado del contrato original.
• Incorporar historial completo de pagos.
• Registrar las cesiones del crédito.
• Permitir un mayor control judicial sobre el negocio que originó la deuda.
• Otorgar mayores garantías de protección al consumidor.

Segovia aclaró que el objetivo no es limitar el crédito legítimo, sino impedir que el régimen cambiario sea utilizado para consolidar prácticas abusivas.

La conclusión: el problema fue la falta de controles

Como conclusión general, la comisión sostiene que el principal problema no radicó únicamente en la existencia de pagarés irregulares, sino en la ausencia de controles efectivos durante su ejecución judicial.

El informe señala que, cuando el juez se limita a una revisión superficial del documento y las notificaciones impiden una defensa real del demandado, el juicio ejecutivo deja de ser un mecanismo excepcional de tutela del crédito para convertirse en un sistema prácticamente automático de cobro, incluso sobre obligaciones con serios indicios de irregularidad.

La comisión también rechaza la idea instalada de que en los juicios ejecutivos los magistrados no pueden revisar el fondo de los casos.

Por el contrario, sostiene que los jueces mantienen la obligación de controlar la competencia, la validez del título, la regularidad de las notificaciones, el cumplimiento de los requisitos legales del pagaré, la prescripción cuando sea manifiesta y las nulidades que la legislación autoriza declarar de oficio.

Con estas conclusiones, la Comisión Especial considera que el paquete de reformas constituye una base para evitar la repetición de uno de los mayores esquemas de fraude vinculados al sistema de cobro mediante pagarés detectados en Paraguay.

Según el reporte de la Justicia Electoral, tanto Riveros como los demás liberales expresaron su “confianza” en la institución y el deseo de mantener una “comunicación fluida”.

En diálogo con ABC Color, Saguier indicó que la reunión sirvió para que las nuevas autoridades del PLRA se reúnan con los tres ministros del TSJE; debatir el tema del subsidio y el aporte estatal (en su mayoría embargado) y abordar puntos concernientes a las elecciones municipales del 4 de octubre.

No hubo reclamos por jueces, si pedido de celeridad

Saguier aclaró que no reclamaron a los ministros del ente sus quejas contra varios jueces electorales que impugnaron las candidaturas de intendentables opositores a pedido de la ANR.

PLRA: Directorio denunciará a jueza electoral cartista

Dijo que los liberales comprenden que cada Tribunal Electoral departamental es autónomo e independiente en su jurisdicción y que los jueces electorales, en su mayoría vinculados al cartismo, son designados en ternas por el Consejo de la Magistratura y nombrados por la Corte Suprema, por lo que el TSJE no puede inmiscuirse.

No obstante, les urgieron que las recusaciones a dichos jueces se traten con celeridad y no se dilate el reclamo de los intendentables opositores que buscan participar libremente en los comicios municipales.

Sostuvo que los liberales pidieron que dichas impugnaciones no “queden durmiendo”, que no se dilaten y puedan resolverse rápidamente.

“Pedimos que se aceleren todas las cuestiones, se resuelva y que, en la medida en que se pueda, se vote por la participación”, señaló Saguier.

Directorio denunció a jueces electorales

El martes último, el Directorio del PLRA denunció que la mayoría de los tribunales electorales departamentales están copados por magistrados vinculados al cartismo.

El órgano partidario incluso aprobó denunciar oficialmente a la jueza electoral de Caazapá e interina de Itapúa Martha Sarubbi y a la jueza electoral de Misiones Delia Yolanda Valenzuela de Rivas, por emitir resoluciones a favor de candidatos colorados y bloquear la inscripción de intendentables opositores.

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En dicha sesión del Directorio, la senadora Celeste Amarilla propuso someter a juicio político a los ministros del TSJE Bogarín y Rossel. Pero en dicho acto, Saguier salió al paso y dijo que el copamiento de jueces cartistas en tribunales electorales departamentales debe evitarse en las ternas del Consejo de la Magistratura.

El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Ybycuí, que alertaba sobre la presunta presencia de menores como corredores durante la competencia hípica.

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Sin embargo, durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional y una representante de la Codeni no fueron encontrados menores, pero los organizadores fueron advertidos sobre la prohibición legal de involucrarlos en dicha actividad.

La responsable de la Codeni, Francisca Noelia Genez Fleitas, acompañada por agentes policiales de la Comisaría 16ª, acudió hasta el sitio para verificar la situación.

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La comitiva fue recibida por los organizadores, Isidro López Ferreira y Omar Luciano Caballero Rolón, quienes manifestaron que los participantes eran mayores de edad y proporcionaron sus datos.

Durante el procedimiento, la representante de la Codeni recordó a los organizadores que está prohibida la participación de niños y adolescentes en estas actividades. Además, solicitó que no vuelvan a ser utilizados para carreras de caballos.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de Ybycuí, Óscar Fernández, para los fines correspondientes.