Además, manifestó su respaldo a las expresiones del senador Rubén Velázquez (Yo Creo), quien cuestionó el rechazo de las pruebas. “Nos quieren enviar a defender la causa teniendo el fusil, pero sin las balas. Rechazar las evidencias deja a la defensa sin herramientas”.

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Trato diferenciado y presión política

Dioff denunció la existencia de un trato diferenciado entre las investigaciones relacionadas con la administración de Ciudad del Este y otros casos de presunta corrupción municipal.

En ese sentido, señaló que las compras realizadas por la administración de Prieto cuentan con evidencias que respaldan su ejecución, mientras que otras causas, como las vinculadas a la Intendencia de Asunción, no registraron el mismo nivel de avance ni de rigurosidad en las investigaciones tras la dimisión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – HC).

Asimismo, afirmó que existen presiones políticas sobre el sistema judicial para acelerar el juicio, y señaló al entorno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como parte del esquema que, según dijo, busca forzar la inhabilitación de Prieto.

Temor por la integridad física

El candidato también expresó preocupación por el nivel de confrontación política que, a su criterio, supera el ámbito estrictamente judicial.

En ese contexto, indicó que entre la ciudadanía circulan temores sobre eventuales represalias o atentados contra la vida de Miguel Prieto en caso de que las acciones judiciales no logren frenar su proyección política. Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y a preservar la paz.

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Como vicepresidenta fue electa la concejal Ana Stete (ANR), mientras que Diego Prieto (ANR) ocupará la Primera Secretaría e Ismael Almeida (ANR) la Segunda Secretaría. Todas las designaciones recibieron el respaldo unánime de los concejales presentes.

Durante la sesión también debía tratarse la conformación de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento.

Sin embargo, a propuesta del concejal Ismael Almeida, el punto fue postergado para la próxima semana debido a la ausencia justificada del concejal Edgar Morel (PLRA), con el objetivo de garantizar la participación de todos los miembros en la integración de las comisiones. La moción fue aprobada por el pleno.

Asimismo, los concejales resolvieron mantener el horario habitual de las sesiones ordinarias, que continuarán realizándose los días viernes a las 10:00 AM a propuesta de la concejal Eleuteria López de Caballero (ANR).

Al término de la sesión, el presidente electo, Jaime Recalde (ANR), señaló que seguirá impulsando la limpieza de los cauces hídricos y la reparación de los caminos rurales del departamento.

Señaló que cada episodio de lluvias agrava el deterioro de la red vial, afectando a cientos de familias campesinas y productores ganaderos, por lo que aseguró que estas serán prioridades de su gestión al frente de la Junta Departamental.

El homicidio fue cometido en el Parque Recreativo El Paraíso, ubicado en el barrio Santa María de Encarnación. Las víctimas fueron vistas en circuito cerrado de un zoológico de la ciudad, en el barrio Quiteria, donde se evidencia que subieron a un automóvil tras realizar la presunta transacción.

El sobreviviente manifestó a los intervinientes que en el parque, donde debían hacer la entrega del oro, fueron maniatados y les dispararon con armas cortas. Se llevaron el dinero, que sería una suma de G. 350 millones, según el relato.

La investigación está a cargo del equipo fiscal compuesto por Néstor Alonso y Rocío Valdez. Alonso refirió que este hombre, de 45 años, fingió estar muerto por una hora aproximadamente para posteriormente salir a la ruta PY06 y pedir auxilio.

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Extranjeros detenidos

Una rápida respuesta de los investigadores permitió hallar la vivienda y el paradero de los señalados como presuntos autores, que serían de nacionalidad española. El que estaba a cargo de la negociación como supuesto vendedor de oro sería Fernando Barrionuevo Urbaneja. Su hijo, también español, figura como arrendatario desde abril de la habitación donde se cometió el crimen, identificado como Aitor Barrionuevo Guirao.

Los mismos estaban en una vivienda del barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná. En el lugar fueron detenidas también sus respectivas parejas y un capataz, de nacionalidad boliviana. Fueron identificados como Scheila Liz Magno Mosay; Beihit Eugenia Gutiérrez Piza; y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez.

En la residencia fueron incautadas una campera de color negro con capucha; un par de guantes de color negro; un aparato inhibidor de frecuencia; un arma blanca tipo hacha; un bolso de mano; un bidón de agua de 5 litros; un cargador portátil; una chequera; documentos varios; dinero en efectivo G. 15 millones; una caja de seguridad de color gris; una computadora, marca HP, color claro; una notebook, marca Victus, color azul marino; dos relojes de la marca Rolex; cuatro aparatos celulares, de diferentes marcas; pedazos presumiblemente de oro; una camisa de color celeste con manchas de sangre en el cuello; una corbata de color azul; una chaqueta de color negro; y dos calzados color marrón.

Los investigadores detallaron que no se halló el dinero ni las armas utilizadas en el episodio. No obstante, los elementos incautados pueden ser vinculables con el crimen.

El fiscal Alonso confirmó que Barrionuevo tendría antecedentes en España por estafa; no obstante, solicitaron a los entes respectivos los informes pertinentes.

El cuerpo de la adolescente será sometido hoy, a partir de las 8:00, a una autopsia en la que forenses de la Fiscalía, encabezados por el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, buscarán determinar la causa de muerte de la joven.

El cadáver de Roselín Florentín fue hallado en una fosa y se cree que habría fallecido el día de su desaparición, el pasado viernes.

Hay tres detenidos

El fiscal Carlos Ramírez, quien encabeza la investigación del hecho, informó ayer a ABC Color que fueron detenidos un joven de 21 años y dos adolescentes que habrían estado con Florentín el día de su desaparición y quienes incurrieron en contradicciones durante sus respectivos interrogatorios.

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Según se reportó ayer, los detenidos afirman que la joven fallecida se ahogó al caer por accidente a un tajamar mientras el grupo estaba pescando.

Luego habrían admitido que al día siguiente regresaron al sitio donde ocurrió el hecho, desmembraron el cuerpo y lo enterraron.

La Policía ha especulado que la muerte de la adolescente podría tener un trasfondo sentimental.

La iniciativa plantea establecer un límite a la concentración de depósitos del IPS en una sola entidad bancaria, de manera que el monto no exceda el patrimonio efectivo de la institución financiera. El objetivo es que los bancos cuenten con respaldo suficiente, en función de su patrimonio, para responder por los recursos depositados.

Espínola explicó este viernes que el proyecto surgió tras analizar información financiera pública y detectar una situación que, a su criterio, debe ser abordada mediante una regla general para todo el sistema bancario.

“Esto no nació de una discusión teórica ni de una intención de intervenir en el mercado financiero. Nació de un dato muy llamativo que encontramos hace 9 meses, al analizar información financiera pública. Esta cuestión no es por una entidad bancaria sino por una cuestión general, para que otros bancos no puedan incurrir en lo mismo”, declaró.

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Proyecto surgió tras analizar caso IPS-Ueno

A inicios de julio pasado, el IPS decidió retirar los fondos “a la vista” que mantenía en Ueno bank, luego de que una reclasificación de activos, derivada de una aclaración de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, hiciera que la entidad financiera superara el límite de inversión permitido por la ley.

En ese contexto, Espínola señaló que el caso Ueno-IPS fue tenido en cuenta al momento de elaborar el proyecto, aunque insistió en que la propuesta apunta a cubrir una ausencia de límites legales generales para la concentración de fondos públicos en el pasivo de las entidades financieras.

“¿Este proyecto está dirigido contra Ueno Bank? No. Este proyecto establece una regla general objetiva y automática para todas las entidades bancarias y financieras. Este caso que investigamos nos permitió identificar una brecha regulatoria, pero la ley no menciona a entidades ni tampoco establece tratamientos individuales”, expresó.

El legislador indicó, además, que observaron indicios de “exposición elevada con empresas vinculadas”, motivo por el cual solicitaron informes al Banco Central del Paraguay (BCP). Según explicó, será el BCP el encargado de verificar si existió algún incumplimiento en el caso Ueno-IPS.

¿Qué límites plantea el proyecto de Espínola?

La propuesta establece que ninguna entidad financiera podrá tener fondos públicos por un monto superior al 100% de su patrimonio efectivo. Si se suman los fondos del IPS y de otros entes del Estado, el límite planteado será del 120% del patrimonio efectivo.

Para el Banco Nacional de Fomento (BNF) se establece un tratamiento diferenciado: el límite sería del 150% considerando los fondos del IPS y del 200% al contabilizar el conjunto de los recursos públicos.

Espínola aclaró que estos porcentajes representan techos máximos y no obligaciones de inversión, por lo que, según sostuvo, la propuesta no tendría un impacto negativo sobre la competencia entre las entidades financieras para captar recursos públicos.

Superintendencia de Bancos controlaría los límites

En cuanto al régimen de sanciones, el proyecto plantea que la Superintendencia de Bancos verifique mensualmente los fondos públicos depositados en cada entidad y los compare con su patrimonio efectivo.

La iniciativa contempla multas, restricciones operativas, suspensión o remoción de administradores e inhabilitación para ejercer cargos en el sistema financiero. Espínola aclaró que las sanciones no serían automáticas y que se respetaría el debido proceso.

Asimismo, las entidades que actualmente se encuentren por encima de los límites previstos tendrían un plazo de seis meses para adecuarse. El ajuste podría realizarse mediante una reducción gradual de los fondos públicos depositados o a través de un incremento de su patrimonio efectivo.

“Un cortafuegos antes del incendio”

Espínola defendió la iniciativa como una herramienta preventiva y negó que busque restringir la competencia entre bancos.

“Con este proyecto no estamos cerrando el mercado, estamos promoviendo una competencia más sana. No estamos tampoco eligiendo qué banco debe recibir, estamos estableciendo cuánto riesgo máximo puede asumir el Estado con cada institución. Tampoco estamos esperando que ocurra un problema para preguntar quién fue el responsable. Estamos contribuyendo un cortafuegos antes del incendio, que los fondos públicos sean administrados bajo reglas claras, límites prudenciales y criterios de seguridad, evitando concentraciones excesivas y decisiones discrecionales”, declaró.

Espínola cuestiona concepto de “terrorismo financiero”

El diputado también hizo alusión a las acusaciones del presidente Santiago Peña, quien utilizó la expresión “terrorismo financiero” para referirse a publicaciones periodísticas relacionadas con los fondos del IPS depositados en Ueno bank.

Espínola sostuvo que su propuesta no parte de la existencia de una crisis en el sistema financiero, sino que pretende establecer mecanismos preventivos para evitar que una eventual situación de riesgo derive en pérdidas para el Estado y los asegurados.

“Este proyecto no afirma que el sistema financiero esté en crisis, precisamente busca actuar antes de una crisis. El Paraguay ya conoce el costo de reaccionar tarde durante aquellas crisis bancarias de los ’90 e inicios del 2000. La excesiva concentración de fondos públicos en instituciones con problemas terminó generando pérdidas al IPS, al Estado y finalmente para toda la ciudadanía. Los fondos del IPS no son recursos disponibles para realizar apuestas financieras, son aportes de los trabajadores y empleadores destinados a pagar jubilaciones, pensiones y servicios de salud”, dijo.

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Busca votos para aprobar el proyecto

Espínola señaló que, para avanzar con la aprobación de la iniciativa en el Congreso, necesitaría sumar cuatro votos del sector cartista, siempre que consiga previamente el respaldo de sus colegas de la oposición.

El legislador añadió que ya cuenta con el apoyo de la disidencia colorada.

En total, seis grupos empresariales presentaron sus propuestas. La mayoría de las ofertas económicas superaron ampliamente el precio de referencia fijado por el MOPC, de G. 819.864.270.021 (casi US$ 138 millones al cambio actual), con incrementos que en varios casos se acercan al 50%.

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A continuación, se detallan los consorcios participantes y sus respectivas propuestas económicas:

• Consorcio Corredor PY22: Integrado por Compañía de Construcciones Civiles S.A., Augusto Ortellado Narváez, Briales S.A. y Tecnología del Sur S.A.E. Fue el oferente con la propuesta más baja, con un monto total de G. 861.265.000.000 (Lote 1: G. 255.395.000.000; Lote 2: G. 299.830.000.000; Lote 3: G. 306.040.000.000). La oferta supera en 5,05% (G. 41.400.729.979) el precio de referencia oficial.
• Consorcio TL: Conformado por TOCSA S.A. y LT S.A. Presentó una oferta global de G. 1.189.274.517.223, distribuida en G. 347.057.854.761 para el Lote 1, G. 428.039.551.662 para el Lote 2 y G. 414.177.110.800 para el Lote 3. La propuesta supera en 45,06% el presupuesto base, equivalente a G. 369.410.247.202.
• Consorcio Econ Concepción Vallemí: Integrado por Grinor S.A., ECOMIPA S.A. y CONCRET-MIX S.A. Su oferta alcanzó G. 1.202.540.231.578 (Lote 1: G. 354.055.324.573; Lote 2: G. 424.298.520.898; Lote 3: G. 424.186.386.107). Esto representa un incremento del 46,68% (G. 382.675.961.557) respecto al precio referencial.
• Consorcio Rutas del Trópico: Integrado por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho A S.A. y Construpar S.A. Ofertó G. 1.213.987.930.797, con G. 353.645.723.000 para el Lote 1, G. 435.848.470.182 para el Lote 2 y G. 424.493.737.615 para el Lote 3. La diferencia respecto al presupuesto oficial fue de 48,07% (G. 394.123.660.776).
• Consorcio PY22: Conformado por Enrique Edgardo Díaz Benza Cano, Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Constructora Asunción S.A. Presentó la oferta más elevada para la ejecución integral del proyecto, con G. 1.221.487.152.745 (Lote 1: G. 370.618.120.197; Lote 2: G. 440.769.246.529; Lote 3: G. 410.099.786.019). El monto supera en 48,99% (G. 401.622.882.724) el valor de referencia.

Por último, el Consorcio Aquidabán, integrado por DC Ingeniería S.A. y T.R. Construcciones S.A., presentó oferta únicamente para el Lote 1, por un valor de G. 293.763.321.488, sin cotizar los lotes 2 y 3.

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Las propuestas pasan ahora a la etapa de evaluación técnica y económica, tras la cual se definirá la adjudicación de las obras.

Las obras previstas

La intervención abarcará más de 180 kilómetros, incluyendo los accesos a estas localidades. El proyecto está dividido en tres lotes: desde el km 0 hasta el km 52,3; del km 52,3 al km 113; y del km 113 al km 181,3.

La obra será ejecutada bajo la modalidad CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio), un esquema orientado a garantizar la conservación y operatividad de la vía a largo plazo.

El financiamiento del programa para la ruta PY22 fue aprobado mediante la Ley N° 7517, correspondiente al Programa Vial 4, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones revisado por ABC, se prevé la rehabilitación de un tramo de 181,3 km que conecta Concepción, Vallemí y San Lázaro.

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El plazo de ejecución previsto es de 20 meses. Los trabajos incluyen tecnologías orientadas a mejorar la seguridad vial, la durabilidad de la infraestructura y la protección ambiental.

Pavimento de hormigón y puentes: Seguridad vial y tecnología solar

La columna vertebral del proyecto será la construcción de una carretera de hormigón reforzada con macrofibras estructurales, según las especificaciones técnicas. Esta tecnología, denominada Tecnología de Alto Rendimiento (TAR), será aplicada mediante pavimentadoras de encofrados deslizantes para garantizar mayor durabilidad y confort en la circulación.

Además, se prevé la intervención de los puentes existentes a lo largo del trazado. Los trabajos contemplan el fresado de la carpeta antigua y la colocación de nuevo concreto asfáltico modificado con polímeros, además de la renovación de juntas de dilatación, barandas metálicas y pretiles de seguridad.

Para garantizar un tránsito seguro, la ruta contará con señalización horizontal de alta visibilidad mediante pintura termoplástica retrorreflectante, además de la instalación de tachas y delineadores, conforme al proyecto.

Como innovación tecnológica, se prevé instalar luminarias LED alimentadas con paneles solares en puntos estratégicos, con el objetivo de optimizar el consumo energético.

El control de cargas también será una prioridad, mediante la construcción de estaciones fijas de pesaje y puestos de la Patrulla Caminera equipados con sensores piezoeléctricos y espiras magnéticas para el conteo y control de vehículos en movimiento.

En materia ambiental, el proyecto incluye la recuperación y adaptación de alcantarillas para pasos de fauna. Estos corredores biológicos estarán equipados con vallados perimetrales y barreras de inducción para facilitar el cruce seguro de animales silvestres por debajo de la calzada.

Ruta Concepción-Vallemí: MOPC ya gastó US$ 84 millones y ahora prepara otros US$ 135 millones

Una ruta que ya costó millones al Estado y sigue pésimo estado

Pero esta no es la primera vez que se anuncia una millonaria inversión para esta vía.

La construcción de la ruta Concepción-Vallemí comenzó en 2011 y, según el cronograma inicial, debía concluir a finales de 2013. Sin embargo, el plazo no se cumplió debido a diversos inconvenientes y la obra permaneció semiparalizada durante un extenso periodo.

El proyecto fue adjudicado en cuatro tramos y terminó con un costo de G. 606.270 millones, luego de varias adendas contractuales, según registros oficiales.

El Tramo 1, de 51 km, estuvo a cargo del Consorcio Tagatiyá, representado por Emilio Díaz de Vivar. El Tramo 2, de 60,06 km, fue adjudicado a la empresa T y C S.A., de Francisco Griñó.

El tercer tramo correspondió a Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, firma que ejecutó 58,02 kilómetros.

Posteriormente, el MOPC licitó y adjudicó en 2017 un cuarto tramo hasta San Lázaro como obra complementaria. Se trató de un trayecto de 21,79 km adjudicado al Consorcio Rotec-San Lázaro, integrado por Benito Roggio e Hijos y Tecnoedil S.A.

Según los registros oficiales, ninguna de estas empresas fue sancionada por los retrasos ni por las deficiencias detectadas en los trabajos ejecutados.

El financiamiento de la carretera estuvo a cargo del Focem y la ruta fue inaugurada oficialmente en 2019.

El CRETA 2026, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de agosto, busca posicionarse como un espacio vital para debatir cómo la tecnología y el diseño pueden mitigar los efectos del calentamiento global y mejorar la calidad de vida en las ciudades, dijeron los organizadores.

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CRETA 2026: Un foro regional con historia

CRETA es una red académica nacida a finales de los años 90 por iniciativa de docentes de universidades públicas de Argentina, Paraguay y Uruguay. En esta edición, Paraguay toma la posta para reunir a investigadores de 12 facultades de la región, incluyendo instituciones de Bolivia y diversas provincias argentinas.

El Prof. Arq. José Insfrán, decano de la FADA, explicó que la tecnología en este congreso no se limita a herramientas digitales, sino que tiene un propósito más profundo. “La tecnología es preguntarnos algo mucho más sencillo, mucho más importante: de cómo construimos ciudades, cómo construimos viviendas y objetos que nos permitan vivir mejor”, afirmó.

El desafío climático como eje central

Bajo la premisa de una construcción más eficiente y sostenible, el congreso abordará problemas críticos como el estrés hídrico, las olas de calor y la huella de carbono, según se informó. El uso de herramientas como el software BIM y Arquímedes será clave para presentar soluciones que optimicen la planificación y eviten sobrecostos, permitiendo que la arquitectura responda con precisión a la crisis ambiental.

La Arq. Ana Raquel Flores destacó la urgencia de estos temas. “Este es un espacio para abordar una situación que se está volviendo crítica muy rápidamente. Cada año es un año más caliente que el anterior”, dijo.

Por su parte, el Arq. Rubén Cáceres, coordinador del área, señaló que la falta de preparación urbana ante fenómenos como las lluvias torrenciales es una preocupación central. “En aras de pavimentar todo lo que tenemos, lo que estamos haciendo es impermeabilizar el suelo... necesitamos tener un atendimiento” a los sistemas de desagüe y escorrentías, apuntó.

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Dinámica del evento y participación

El congreso no está cerrado solo a especialistas. La FADA abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, reconociendo que temas como la gestión del agua y el calor afectan la vida cotidiana de todos, informó la organización. El programa incluye:

• Más de 60 ponencias y trabajos de investigación en áreas de docencia, extensión, investigación y gestión,.
• Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales de países como México, Colombia y Chile,.
• Workshops exclusivos para estudiantes, donde trabajarán en ejercicios prácticos sobre control de temperatura y gestión de recursos hídricos,.

Compromiso social y futuro

Más allá de la técnica, el CRETA 2026 busca sembrar una conciencia ética en los futuros profesionales. “Esperamos crear conciencia... que cuando hagan un diseño lo hagan teniendo en cuenta todas estas consecuencias que pueden tener para la ciudadanía”, afirmó el Arq. Insfrán.

El evento concluirá reforzando la responsabilidad de la universidad pública de devolver conocimiento útil a la sociedad. Así lo resumió el Arq. Cáceres: “Pensamos seguir con esto como la responsabilidad social de habernos formado en una institución pública... y devolverlo de esta manera un poquito a la población”.

La sala de clases es apenas sostenida por columnas de lapacho y, unas tablas de madera reciclada fungen de ventana improvisada en esta institución educativa, ubicada en el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay. El techo es de chapas en el exterior; en el interior está cubierto con una especie de cielorraso de madera y presenta varias grietas.

“Educación de calidad empieza con aula en condiciones. Cómo es que las autoridades departamentales y nacionales no tienen una mínima vergüenza de mejorar la infraestructura”, denunció Demetrio Picanerai, docente del centro escolar. Actualmente cuenta con unos 10 estudiantes matriculados, que dan clases bajo el modo de “plurigrados”.

La escuela solo tiene piso en el interior de la única sala de clases, pero las baldosas están rotas y hay baches en varios espacios. Alrededor de la institución solo hay suelo arenoso y predomina el polvo que también impregna el salón. “Ahora que hay viento fuerte (norte) es peor nuestra situación con la escuela y en la comunidad en general”, revela el profesor Picanerai.

Gobernación construyó comedor de Hambre Cero, pero ni lo inauguró

Las contradicciones en la gestión pública golpean con fuerza al Chaco. La Gobernación de Alto Paraguay, a cargo del gobernador colorado cartista Arturo Méndez, decidió priorizar la construcción de un comedor, en lugar de reparar la única sala de clases de la escuela de la comunidad Chaidi, que se encuentra prácticamente en ruinas.

El comedor tuvo un costo de G. 500.819.046 y fue adjudicado a la empresa de Asunción Galeano Riquelme, incluyendo la cocina y baños, según datos de Contrataciones Públicas. Se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide.

Para colmo, según denuncian estas comunidades, la construcción de este espacio terminó a inicios del año lectivo, en febrero pasado, pero hasta la fecha las autoridades no acudieron hasta el centro educativo para su inauguración. No recibieron ni llamadas ni mensajes de parte de la Gobernación.

Gobierno exigió priorizar comedores para Hambre Cero

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró el 27 de febrero del 2025 que, durante todo ese año, “la prioridad es la cocina, y si hay espacio, el comedor. No podemos hacer todo, por lo que queremos dar la prioridad a estas infraestructuras clave”.

Un mes antes, a fines de enero de ese año, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien preside el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), aseguró en contacto con medios de comunicación que “el MEC determinó que la prioridad absoluta para este año es la construcción de cocinas con recursos, tanto de las gobernaciones como de las intendencias”.

Remarcó que “el MEC no va a habilitar construcciones que no sean cocina, comedor y depósito”.

La comunidad se encuentra prácticamente aislada porque los precarios caminos de tierra arenosa se inundan con cada precipitación. “El gobernador prometió a arreglar el acceso de la comunidad que siempre nos perjudica cada vez llueve mucho”, denunció Picanerai. El gobernador es Arturo Méndez, colorado cartista.

“¿Y los pupitres chinos?“, pregunta indignado profesor ayoreo

El profesor Demetrio Picanerai también cuestiona el estado del mobiliario escolar que deben utilizar los niños ayoreos. Viejos pupitres de madera, algunos ya con el respaldo o el asiento deteriorado, sin contar con renovación por parte del MEC, la Gobernación o la Municipalidad local.

“¿Dónde están los famosos pupitres chinos? Lastimosamente así es nuestra realidad en la escuela, totalmente olvidados los niños”, remarcó.

Los muebles de origen asiático costaron US$ 32 millones y se adquirieron del empresario chino Long Jiang, a través de su empresa Kamamya SA. El comerciante había prestado su avión para viajes al presidente Santiago Peña, en plena campaña electoral.

Durante el acto, el presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, subrayó que el trabajo responde a un compromiso institucional que no se limita a “producir estadísticas”, sino a analizarlas, interpretarlas y hacerlas accesibles.

Según los resultados presentados, entre 2008 y 2024 Paraguay recibió flujos netos acumulados de inversión directa (ID) por aproximadamente US$ 10.000 millones. Los flujos de ID corresponde al saldo que surge de la entrada bruta de capital y la salida bruta, o sea, lo que finalmente queda en el país propiamente.

Según los datos correspondientes al año 2024, el flujo bruto de entrada fue de US$ 3.291 millones, que fue parcialmente contrarrestado por un flujo bruto de salida de US$ 2.360 millones, lo que arrojó un saldo de US$ 931 millones solo en ese año y un saldo acumulado de más de US$ 10.000 millones. La capitalización y la reinversión de utilidades han sido los principales motores de este flujo neto, aunque la cifra fue atenuada por préstamos netos negativos durante el año.

¿Por qué cada vez más extranjeros eligen Paraguay para vivir e invertir?

Principales receptores de estas inversiones

La desagregación por sectores muestra un patrón de concentración: los servicios no financieros captaron la mayor parte de esos recursos, empujados principalmente por comercio, telecomunicaciones, transporte y servicios inmobiliarios.

Este crecimiento estuvo acompañado de un entorno económico más favorable y un dinamismo particular en sectores clave como el comercio, la intermediación financiera, la elaboración de aceites y el transporte. A lo largo del tiempo, se evidencia que, si bien las salidas de inversión directa han crecido de forma sostenida, los flujos netos se han mantenido en terreno positivo, lo que refleja la continuidad del atractivo del país como destino de inversión extranjera.

El estudio identifica, además, diferencias cualitativas entre sectores:

• Manufactura: exhibe una trayectoria de mayor diversificación hacia actividades asociadas a mayor valor agregado, un rasgo relevante para el debate sobre productividad y transformación productiva.
• Servicios financieros: aparecen con mayores niveles de rentabilidad, pero también con una mayor concentración de los flujos, un dato que sugiere dinamismo acotado a menos segmentos o actores dentro del rubro.
• Sector primario: conserva una participación menor en el total, aunque el análisis detecta una expansión reciente hacia actividades no tradicionales, señal de cambios graduales en la composición del interés inversor.

Carvallo Spalding enmarcó los hallazgos en el contexto macro del país, donde mencionó la estabilidad macroeconómica que suele atribuirse a Paraguay, los avances en una agenda de reformas estructurales y la obtención del grado de inversión por parte de Moody’s y S&P Global Ratings como factores que apuntalan un entorno favorable para atraer capital de largo plazo.

Según explicó este tipo de inversión es clave por su potencial para elevar la capacidad productiva, sostener un crecimiento más estable, impulsar empleo de mayor calidad y mejorar ingresos.

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Perspectivas externas y comparación regional

La presentación no se limitó al caso paraguayo. De acuerdo con lo informado en el evento, el director de Estudios Económicos del FLAR, Carlos Giraldo, expuso sobre perspectivas macroeconómicas globales y regionales para 2026-2027, un marco destinado a ubicar el desempeño de la inversión directa dentro de un ciclo internacional más amplio.

Además, se incorporó una dimensión comparativa: el jefe del Sector Externo del Banco de la República de Colombia, Enrique Montes, y el director del Departamento de Análisis de Datos Organizacionales del Banco Central de Costa Rica, Rigoberto Torres, compartieron las experiencias de sus países en materia de inversión directa, con el objetivo de contextualizar los resultados reportados para Paraguay.

Limpio: aprehenden a hombre denunciado por violencia familiar y amenazas contra su pareja

Según el relato policial, la organización, conformada por ciudadanos colombianos radicados en Paraguay, operaba bajo la modalidad de préstamos con cobros diarios (“gota a gota”), dirigidos a pequeños comerciantes. Cuando las víctimas se demoraban en los pagos, eran secuestradas y extorsionadas para exigir el rescate.

🔴 AHORA | Desmantelan banda de secuestradores. Los 5 detenidos son de nacionalidad colombiana.

🔶 La Policía Nacional y la Fiscalía efectuaron la Operación "Gota a Gota", relacionada con un secuestro extorsivo que se produjo hace 72 horas en nuestro país, y que tuvo su… pic.twitter.com/vOQmME74HM

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Su último golpe involucró el cautiverio de un ciudadano colombiano y su pareja paraguaya por 72 horas. El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, explicó que la víctima era un “cliente” habitual de los prestamistas y posteriormente pasó a ser un funcionario más dentro de la estructura.

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Sus “jefes” lo acusaron de haberse quedado -aparentemente- con dinero que era de la recaudación. Por ello, procedieron a raptarlo junto con su pareja.

Los supuestos captores exigieron a los familiares de las víctimas —residentes en Colombia— la suma de 25 millones de pesos colombianos (aproximadamente G. 47.000.000) a cambio de su liberación.

Tras realizarse un primer pago de 500.000 pesos (cerca de G. 1.000.000), la pareja fue liberada anoche.

🔴 AHORA | Desmantelan banda de secuestradores tras liberación de un matrimonio. Los 5 detenidos son de nacionalidad colombiana.

🔶 La Policía Nacional y la Fiscalía efectuaron la Operación "Gota a Gota", relacionada con un secuestro extorsivo que se produjo hace 72 horas en… pic.twitter.com/AQlvJRa32Y

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¿Cómo los encontraron?

El comisario Cardozo relató que el hecho no fue denunciado inicialmente ante la Justicia paraguaya. Fue el hermano del afectado quien se presentó el pasado 4 de agosto a realizar la denuncia ante los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en Colombia. Esta unidad alertó a las autoridades paraguayas, dando inicio a las investigaciones.

El trabajo coordinado culminó con la captura de los cinco sospechosos, entre ellos el presunto líder del grupo, quien cuenta con antecedentes de realizar este mismo mecanismo en Arequipa, Perú.

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“La modalidad ‘gota a gota’ es muy común en países centroamericanos. Son esos que llegan a las casas y se llevan lo que encuentran a su alrededor. Es algo muy peligroso”, destacó Nimio Cardozo.

Los detenidos fueron identificados como: Óscar Pallares, de 19 años; Jaider Delabos Bustamante, de 39; Luis Miguel Triana Diez, de 27; Jaider Delahos Pallares, de 18, y Yeiner David Rojas Pallares.

Cardozo agregó que la víctima reside en nuestro país desde hace dos años y que, entre los victimarios, las estadías varían entre unos meses y el año de permanencia.

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Como parte del procedimiento se ejecutaron allanamientos en el barrio Tablada Nueva de Asunción —lugar donde las víctimas permanecieron retenidas y fueron liberadas— y en una vivienda ubicada en Luque.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, del Ministerio Público.

🔴 AHORA | Operación Gota a Gota: Desmantelan banda de secuestradores

🔶 Los 5 detenidos son de nacionalidad colombiana.

"Hoy tenemos 5 personas detenidas y que tenemos dentro del proceso investigativo y una mujer que no sabemos si está también. En esta casa estaba quien sería… pic.twitter.com/EuPdoWVoLR

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 7, 2026

Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.

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No se esperan lluvias en Paraguay mañana, sábado. Sin embargo, el domingo de nuevo podrían registrarse precipitaciones en el este y norte.

Fin de semana fresco

Las temperaturas registran un notable descenso hoy en comparación con el ambiente cálido de los últimos días. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 19 grados a nivel nacional.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante el resto del fin de semana.

Los agentes encontraron a un hombre y una mujer que tenían en su poder un cuchillo y un machete, respectivamente. Ambos se resistieron al procedimiento policial, pero finalmente fueron reducidos y trasladados hasta la Comisaría 17ª Central.

Según el informe policial, durante la intervención también fueron recuperados un celular Samsung A20 y un pendrive, que habrían sido denunciados como robados.

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Amenazas con machete y cuchillo

El jefe de la Comisaría 17ª Central, Gustavo Escobar, explicó que el supuesto robo ocurrió a unas dos o tres cuadras del sitio donde fueron encontrados los sospechosos.

De acuerdo con el relato policial, una de las víctimas se acercó posteriormente a la pareja para reclamar la devolución de su teléfono celular. En ese momento, los sospechosos presuntamente comenzaron a amenazarlo con un machete y un cuchillo.

Los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada de emergencia y encontraron a ambos involucrados todavía con las armas blancas en su poder.

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Se resistieron a la intervención policial

La Policía informó que los sospechosos opusieron resistencia durante el procedimiento, por lo que los agentes tuvieron que utilizar la fuerza para reducirlos.

Los aprehendidos fueron identificados como Ever Máximo López, de 45 años, y María Belén Chávez Falcón, de 34 años. Según el reporte policial, ambos cuentan con antecedentes y ya habían sido aprehendidos anteriormente en procedimientos realizados en la zona.

López registra antecedentes por robo, robo agravado y hurto agravado. En el caso de Chávez Falcón, figuran antecedentes por hechos relacionados con drogas, violación del deber de cuidado y hurto agravado.

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Recuperaron objetos denunciados como robados

Durante la verificación de los sospechosos, los agentes encontraron un teléfono celular Samsung A20 de color negro y un pendrive, objetos que, según la Policía, pertenecían a las víctimas.

Además, fueron incautadas las dos armas blancas utilizadas presuntamente para intimidar a las víctimas: un machete y un cuchillo.

Los aprehendidos fueron trasladados inicialmente hasta la sede policial y posteriormente derivados al Hospital de Villa Elisa para el diagnóstico médico correspondiente.

Fiscalía ordenó la detención

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Nora Cubilla, de la Unidad Penal N.º 1 de Lambaré, quien dispuso que ambos permanezcan detenidos a disposición de su unidad fiscal.

El caso fue registrado como un supuesto hecho de robo agravado, resistencia, recuperación de lo robado e incautación de armas blancas. La investigación queda ahora a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª Central, luego de que la mujer acudiera a la dependencia policial y relatara el calvario que, según su denuncia, venía soportando en su relación.

La víctima señaló además que el hombre era extremadamente celoso y que controlaba sus movimientos. El último episodio se produjo después de que ella saliera a buscar trabajo y él le exigiera fotografías y la ubicación del lugar donde se encontraba.

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Una amenaza que activó el procedimiento

Entre las evidencias presentadas por la mujer figura un audio enviado presuntamente por su pareja, con una amenaza directa.

“Me vas a meter preso un año, dos años, tres años, lo que vos quieras, pero no te vas a esconder de mí. Eso lo que tenés que tener en cuenta”, se escucha decir al hombre en el material presentado como evidencia.

Según el comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª Central, la mujer comenzó a llorar y a temblar mientras relataba los hechos ante los agentes. Ante la gravedad de la denuncia, la Policía comunicó inmediatamente el caso al fiscal de turno.

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Denunció golpes y un intento de agresión sexual

De acuerdo con el acta policial, la mujer afirmó que en reiteradas ocasiones el ahora aprehendido la habría tomado del cabello y del cuello y le habría propinado golpes.

También denunció que, en una ocasión anterior, habría intentado forzarla a mantener relaciones sexuales. La víctima manifestó que no había denunciado antes estos hechos por temor.

La mujer presentó además una fotografía correspondiente a una agresión anterior, en la que se observa una lesión en la zona del ojo, según informó el jefe policial.

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Lo esperaron a la salida de su trabajo

Luego de recibir la denuncia, el fiscal Víctor Villaverde, de la Unidad Penal N.º 1 de Limpio, dispuso la aprehensión del sospechoso.

Los agentes realizaron tareas de inteligencia y aguardaron al hombre en inmediaciones de su lugar de trabajo. Cuando salió a la vía pública a bordo de una motocicleta, fue interceptado y aprehendido.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 9ª Central, quienes posteriormente trasladaron al hombre al Hospital Distrital de Limpio para el diagnóstico médico correspondiente.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la inspección médica, el sospechoso fue llevado nuevamente a la sede policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía también ordenó la incautación de la motocicleta utilizada por el hombre al momento de su aprehensión.

El caso continúa bajo investigación fiscal. Los hechos denunciados deberán ser acreditados durante el proceso correspondiente, mientras el sospechoso permanece aprehendido por disposición del Ministerio Público.

En aquel entonces, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), anunció la reprogramación de los recursos del rubro de monumentos históricos —originalmente destinados a un obelisco de más de G. 1.700 millones— para la renovación de los ascensores.

Hoy se encuentra en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la licitación que fue lanzada el 29 de julio de 2026 y establece una ambiciosa renovación que supera ampliamente el presupuesto inicialmente mencionado para el fallido monumento, pues el monto estimado es de G. 3.481.581.251. Según los pliegos, la adquisición es considerada una “necesidad técnica de carácter prioritario e impostergable” para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de las actividades institucionales.

En el llamado, se prevé el otorgamiento de un anticipo del 20% sobre el valor total del contrato, es decir, estaría cerca de los G. 700 millones.

Detalles del llamado

El pliego de bases y condiciones establece un sistema de “obra completa y llave en mano”. Esto implica que la empresa deberá encargarse desde el desmontaje de los viejos equipos hasta la puesta en marcha final de las nuevas unidades.

Las empresas interesadas tienen tiempo hasta hoy 7 de agosto de 2026 para presentar sus ofertas. Una vez emitida la orden de compra, el contratista tendrá un plazo máximo de 200 días calendario para la provisión e instalación total de los equipos.

El contrato también exige un servicio técnico posventa (garantía) con un tiempo de respuesta de máximo 60 minutos para casos de urgencia durante “al menos un año”, según el pliego de bases y condiciones difundido en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

¿Dónde estarán los ascensores?

El proyecto contempla, por un lado, la sustitución integral de cinco equipos existentes que presentan fallas recurrentes. Se busca reemplazar los ascensores de los sectores de la Presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado.

Asimismo, el plan incluye la renovación de los elevadores públicos de ambas Cámaras. Se suma a este grupo el ascensor de carga de Senadores.

Finalmente, la licitación prevé la incorporación de dos ascensores nuevos en sectores del edificio donde actualmente no existe este servicio. Estas adiciones consisten en un nuevo elevador para la Cámara de Senadores y una unidad para la Cámara de Diputados, con lo cual se completan siete nuevos equipos en este proceso.

Según declaraciones pasadas de Bachi Núñez, en los últimos 10 años el Congreso gastó más de G. 4.000 millones en reparaciones de elevadores, por lo cual el año pasado prometió 13 nuevos equipos durante su gestión al frente del Congreso Nacional.

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Cuestionado proceso previo

En enero pasado, el Congreso adjudicó un contrato de G. 490 millones a “Oga Ascensores” para el mantenimiento de seis equipos nuevos instalados por la firma Astelev apenas un año antes, que según el contrato debía otorgar una garantía técnica.

El titular del Congreso alegó que abarcaba solo “fallas de fabricación o instalación” y no incluía daños provocados por “terceros”, por lo que recurrió nuevamente a un llamado por la vía de la excepción. La firma Astelev había sido sancionada en el 2024 por Contrataciones Públicas por presentación de documentos de contenido falso. A pesar de ello, el Congreso la convocó para fijación de precios.

En segundo lugar se ubicaron los profesionales científicos e intelectuales, con G. 5.587.800 mensuales, cifra 68,6% mayor que el promedio país. Dentro de esta categoría, los hombres registraron G. 6.330.100 y las mujeres G. 5.178.200. La brecha fue de G. 1.151.900, equivalente a un ingreso femenino 18,2% menor.

Los técnicos y profesionales de nivel medio ocuparon la siguiente posición entre las categorías sin inconsistencias de signo, con G. 4.691.100. El promedio masculino fue de G. 5.304.500 y el femenino de G. 3.964.600, una distancia de G. 1.339.900. Las mujeres recibieron 25,3% menos que los hombres, una diferencia más amplia que la observada entre los profesionales científicos e intelectuales.

Los operadores de instalaciones y máquinas y montadores registraron G. 3.562.700, un nivel 7,5% superior al promedio nacional. Luego aparecen los empleados de oficina con G. 3.162.900, y los oficiales, operarios y artesanos con G. 3.064.400. Ambas categorías se ubicaron por debajo del promedio país, en 4,6% y 7,5%, respectivamente.

En los niveles inferiores se situaron los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados; los agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros y los trabajadores no calificados. Esta última categoría percibió G. 1.227.300 menos que el promedio nacional y quedó 37,0% por debajo.

La distancia entre la categoría mejor remunerada y los trabajadores no calificados fue de G. 5.901.600. A decir, 3,83 veces el registrado entre ambos extremos. La diferencia expone una estructura laboral en la que la posición jerárquica, la formación y el tipo de función ejercen una fuerte influencia sobre la remuneración.

Las brechas de género también se repiten en todos los grupos con información comparable. A nivel nacional, los hombres percibieron G. 3.638.600 y las mujeres G. 2.859.200, una diferencia de G. 779.400. El ingreso femenino fue 21,4% inferior al masculino.

Las diferencias relativas más pronunciadas se observaron entre oficiales, operarios y artesanos, donde las mujeres recibieron 45,0% menos que los hombres; en agricultura con una brecha de 42,9% y en servicios y ventas con 38,3%. Los datos del INE muestran que las desigualdades son más intensas en ocupaciones operativas y de servicios que en algunos grupos profesionales. No obstante, los promedios no permiten identificar por sí solos las causas, ya que también pueden influir las horas trabajadas, la antigüedad, la formalidad, la rama económica y el tipo de puesto.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El fiscal Carlos Ramírez, quien encabeza la investigación junto con su colega Laury Vázquez —mismos del caso Melania—, informó que hasta el momento se encuentran detenidos un joven de 21 años y dos adolescentes que habrían estado con la víctima el día de su desaparición.

Según explicó el representante del Ministerio Público, las primeras averiguaciones se centraron en las últimas personas que compartieron con la adolescente. Durante los interrogatorios, los sospechosos incurrieron en reiteradas contradicciones, lo que llevó a los investigadores a profundizar las diligencias.

Ramírez relató que incluso se realizó un allanamiento en la vivienda de una adolescente que habría pasado a buscar a la víctima en motocicleta. Tras nuevas entrevistas, los involucrados comenzaron a aportar datos que orientaron a los investigadores hacia el lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.

Las versiones de los sospechosos

La primera versión brindada por los sospechosos señalaba que la adolescente había caído accidentalmente a un tajamar mientras compartían una jornada de pesca, donde además supuestamente consumían bebidas alcohólicas. Con esa información, agentes policiales y fiscales inspeccionaron el tajamar en busca del cuerpo, aunque sin obtener resultados. Posteriormente, los investigadores volvieron a interrogar a los involucrados, quienes nuevamente modificaron su relato.

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De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, los sospechosos terminaron indicando que regresaron al día siguiente al sitio donde se encontraba el cuerpo, lo desmembraron utilizando un cuchillo y enterraron los restos dentro de una caja de cartón en una fosa cavada en un bananal. El fiscal aclaró que esa reconstrucción corresponde exclusivamente a la versión proporcionada por los propios detenidos y que la investigación aún no ha determinado científicamente cómo ocurrió la muerte de la adolescente.

En ese sentido, Ramírez afirmó que todavía no es posible confirmar si la víctima falleció ahogada, producto de un golpe o por otra causa, debido al avanzado estado en que fueron hallados los restos. “Recién con la autopsia podremos determinar exactamente cuál fue la causa de la muerte, si recibió algún golpe o si falleció ahogada”, sostuvo el agente del Ministerio Público.

Los restos de la adolescente ya fueron trasladados hacia la Morgue Judicial de Asunción, donde este viernes, a partir de las 08:00, se practicará la autopsia. El procedimiento será acompañado por el fiscal Ramírez, mientras que la fiscal Laury Vázquez permanecerá en Caazapá para continuar con las diligencias investigativas.

La hipótesis de la Policía

Por su parte, la Policía Nacional maneja de forma preliminar otra hipótesis surgida de las primeras averiguaciones. Según datos obtenidos por los investigadores, uno de los adolescentes habría pretendido mantener una relación sentimental con la víctima y, tras ser rechazado, se habría producido una pelea. No obstante, el fiscal insistió en que esa versión todavía no ha sido corroborada con evidencias y que la causa penal continúa en plena etapa investigativa, por lo que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados forenses y demás pruebas.

Roselín Florentín Gómez había desaparecido el 31 de julio, hecho que motivó la activación de la alerta MAFE y una intensa movilización policial y ciudadana en Caazapá. Días después, las investigaciones condujeron al hallazgo de sus restos enterrados en una vivienda allanada, dando inicio a una causa que ahora busca establecer con precisión cómo ocurrió la muerte de la adolescente y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

El entendimiento fue oficializado durante una conferencia de prensa encabezada por el candidato a intendente de la Alianza Unidos por Villa Hayes, Héctor Agüero, y el postulante de la Alianza Acuerdo Guaraní Hayes, Juan Pablo González, quien confirmó que declina su candidatura para respaldar la postulación de Agüero.

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Un acuerdo para consolidar la oposición

Según explicaron los dirigentes, el acuerdo fue construido mediante negociaciones entre ambos sectores y tiene como propósito presentar una alternativa unificada frente al oficialismo.

Durante el acto, González anunció que acompañará la candidatura de Agüero junto con dirigentes y candidatos a concejales de su movimiento. Los referentes señalaron que el objetivo es priorizar una propuesta común enfocada en el desarrollo de Villa Hayes y dejar de lado las diferencias políticas entre ambos sectores.

El acuerdo busca concentrar el voto opositor en una sola candidatura para aumentar las posibilidades de competir por la administración municipal.

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Un municipio bajo influencia del cartismo

Villa Hayes es considerada el feudo político de Basilio “Bachi” Núñez, actual presidente del Congreso y una de las principales figuras del movimiento Honor Colorado.

El oficialismo presenta como candidato a la Intendencia al exjefe comunal Luis López, quien renunció al cargo para buscar un nuevo mandato. Su candidatura, por la Lista 2A, cuenta con el respaldo del sector liderado por el senador cartista y apunta a mantener el control político del municipio.

La administración municipal permanece actualmente en manos de Sol Núñez, hija de Núñez, quien asumió la conducción de la comuna tras haberse desempeñado anteriormente como concejala y presidenta de la Junta Municipal.

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Escenario electoral

Con este acuerdo, la oposición buscará concentrar el apoyo de distintos sectores para disputar el gobierno municipal en una ciudad donde el cartismo ha mantenido una fuerte presencia política durante los últimos años.

La conformación de una candidatura única modifica el escenario electoral en Villa Hayes y perfila una competencia directa entre la estructura oficialista respaldada por el senador Basilio “Bachi” Núñez y la alianza opositora encabezada por Héctor Agüero.

Es investigado en el marco de una denuncia por un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual de una menor de edad, causa que se encuentra en la Fiscalía Zonal.

El señalado fue puesto a disposición de la agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Coronel Bogado, Ilda Llano Quintana, quien dispuso su permanencia en la sede policial a cargo del Ministerio Público.

El funcionario fue identificado como Víctor Alexis Fernández Coronel (35), oriundo del barrio San Blas de Carmen del Paraná.

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El caso investigado

La madre de una adolescente de 16 años radicó la denuncia en la mañana de este jueves. En ella señalaba que la menor de edad fue abusada sexualmente e identificaba al detenido como el supuesto autor.

Según la denuncia, el hecho fue cometido el miércoles 5 de agosto, a las 20:20, en las instalaciones del Centro de Salud de Carmen del Paraná.

Preliminarmente, información extraoficial refiere que la familia manifestó que, presuntamente, la adolescente pudo haber sido sometida sexualmente bajo los efectos de algún estupefaciente.

Los datos serán sometidos a pericia y el Ministerio Público desarrollará el caso con base en la declaración de la afectada.

El legislador manifestó abiertamente que ambos cargos de fiscalización del dinero público deben quedar en manos de referentes del Partido Colorado. De esa manera, descartó la tradición política y el sentido común institucional que otorgan esos espacios a la oposición para garantizar un contrapeso real al Poder Ejecutivo.

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Desprecio al contrapeso y defensa del cuotero oficialista

El senador oficialista intentó justificar su postura y atacó la gestión de anteriores titulares de la Contraloría provenientes de la oposición. Chase llegó a calificar a administraciones pasadas como las “más perversas” de la historia del ente, argumentando que dichos cargos respondían a “concesiones y acuerdos políticos” de sectores que no tenían la representación popular de las urnas.

“Mi posición es que no hay que ceder espacios políticos y que también existen colorados que pueden hacer el mismo trabajo con buena calidad. Esto es una responsabilidad personal, no es una responsabilidad partidaria”, aseveró el legislador cartista durante una entrevista en ABC.

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Decisión tomada entre los números del poder

Si bien el representante de la bancada gubernamental intentó matizar sus dichos aclarando que se trata de una “opinión personal” y que aún no existe una resolución formal del bloque cartista, admitió que sus pares y el propio presidente del Congreso coinciden plenamente con esta línea de pensamiento. En la práctica, el oficialismo alista el terreno para definir la puja únicamente bajo criterios de su conveniencia política.

“Ahora estamos decidiendo un espacio político, nosotros somos políticos. Una vez que cumplen las condiciones necesarias que exige la ley, ya es una decisión política. Tenemos todo el derecho de reclamar ese espacio. El contralor y el subcontralor tienen que ser colorados; yo creo que así tiene que ser y es lo que voy a defender”, sentenció el senador.

En el mitin, asistieron el vicepresidente y en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana; el titular de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; candidatos a concejales y dirigentes. Por la disidencia colorada, participaron el exprecandidato a intendente y senador Arnaldo Samaniego; el exvicepresidente Hugo Velázquez y el diputado Daniel Centurión, entre otros.

Alliana es presidente en ejercicio ante el viaje del mandatario Santiago Peña a Cali, Colombia, para la asunción del jefe de Estado colombiano Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo mañana.

En su discurso, Camilo Pérez, primeramente, agradeció a Cartes por la oportunidad. También valoró el “abrazo republicano” con la disidencia, al que calificó de “verdadero”.

Dijo que 130.000 votos en las internas confían en la ANR porque son el “cambio en Asunción”. Indicó que tiene experiencia en el deporte y agregó que “ahora le toca estar en frente de Asunción”.

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Señaló que en la campaña de las internas municipales del 7 de junio pasado, recorrió de punta a punta Asunción. En esa ocasión, los vecinos le manifestaron que “quieren seguridad, que se abran las plazas”. Aseguró que quiere recuperar Asunción y sueña con una ciudad “sin baches, limpia y segura”.

“Me comprometo a que tengamos una ciudad que funcione; vamos a hacer que las cosas pasen. Ese sueño tiene fecha, es el 4 de octubre. Me comprometo con mi experiencia para que la ciudad cambie; desde el primer día pensaré en todos los asuncenos, para que tengamos el gran orgullo por la ciudad”, expresó el candidato.

En otro momento de su discurso, Camilo Pérez dijo que “se compromete a acabar con los baches”. Prometió que construirá dos plantas asfálticas, triplicará los camiones de basura y recuperará las plazas. “Me comprometo a estar poco tiempo en la oficina, estaré en calle, en contacto con la gente”, remarcó.

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“No vengo a ocupar un cargo, sino a dejar un legado. Vamos a gobernar para todos, nuestro grito de guerra, somos el cambio, el Partido Colorado se agiorna (moderniza) siempre”, manifestó el candidato.

Camilo Pérez olvidó la desastrosa gestión del procesado exintendente de Asunción, el colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, y el grupo de concejales cartistas que buscan la reelección.

Desastrosa gestión de Nenecho

El entonces intendente Óscar Rodríguez renunció a mediados del 2025 tras una inminente destitución en la Cámara de Diputados, tras un lapidario informe de intervención del Ejecutivo, a cargo de Carlos Pereira, que entregó un dossier a la Fiscalía de innumerables presuntas irregularidades en la gestión municipal de Asunción. Uno de los cuestionamientos a “Nenecho” es el presunto desvío de bonos por G. 500.000 millones.

Además, el exintendente está procesado por el caso “detergentes de oro”.

Reemplazó en el cargo el entonces concejal Luis Bello (ANR-HC), quien completará el periodo hasta este fin de año.

Hoy, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.° 3, a cargo del doctor Carlos Luis Mendoza Peña, en compañía de funcionarios del Poder Judicial, se constituyó en un departamento que pertenecía al exfuncionario para oficializar la entrega en el marco de la causa relacionada a hechos de corrupción pública.

“El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo”, detalla la Corte.

El inmueble en sí consiste en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, que se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, Asunción.

Justo Cárdenas: inician el comiso de bienes del ex titular del Indert

Condena a Justo Pastor Cárdenas

Justo Pastor Cárdenas Nunes fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar egresos por la suma de G. 4.113.282.879.

La sentencia en su contra quedó firme el 11 de marzo de este año y él se había entregado de forma voluntaria a la justicia días después.

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Temen que la estructura del techo se desplome y piden que se construyan nuevas salas de clases.

Los propios padres de familia y alumnos salen a la ruta exhibiendo carteles donde se puede leer: “Exigimos un espacio digno para estudiar. Es un derecho básico que no puede esperar más”.

En tanto, los jóvenes gritan: “¡Queremos aulas!”

Los padres de los alumnos mencionaron que los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) se han reunido con autoridades educativas de la zona.

Luego de las conversaciones, los padres de familia mencionaron que las propuestas planteadas por los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no son suficientes para poder solucionar el pedido que tienen como comunidad educativa.

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Manifestaron que precisan que funcionarios técnicos del MEC acudan a la institución para realizar un relevamiento del estado actual de las aulas. Además, precisan que se firme un compromiso para la construcción de las nuevas salas de clases.

Actualmente, el Colegio Nacional Pablo Emiliano Quevedo cuenta con 75 alumnos.

Ambos viajaron desde el distrito de Juan E. O’Leary con un tercer acompañante, Francisco Javier Cano González (45), quien sobrevivió al ataque con un disparo en el cuello y se encuentra estable en el Hospital General de Itapúa.

Según los datos preliminares, las víctimas llegaron al barrio Quiteria de Encarnación a bordo de una Toyota Voxy blanca con matrícula AAII 313, frente al Minizoológico Juan XXIII, donde se encontraron con un par de personas que les habrían ofrecido a la venta oro.

Este encuentro quedó registrado en cámaras de circuito cerrado cerca de las 7:30, donde se observa una presunta transacción. Posteriormente, abordaron el vehículo de los vendedores, una Jeep Cherokee, blanco, que posteriormente fue llevada hasta el Parque El Paraíso.

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El homicidio

En el lugar, los hombres fueron reducidos y maniatados. El fiscal Alonso manifestó que uno de ellos presentó un disparo en la boca, mientras que el otro recibió ocho disparos.

El sobreviviente aparentemente fingió estar muerto hasta que los atacantes se retiraron del sitio con el dinero, cuyo monto no fue especificado.

Además, el titular del Ministerio Público manifestó que un jefe comunal de Alto Paraná viaja con destino a Encarnación para reconocer los cuerpos, porque presuntamente serían parientes cercanos.

Fuentes extraoficiales manifestaron que el monto de lo robado sería de unos G. 350 millones, que iban a ser utilizados para comprar el supuesto oro.

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Allanan vivienda

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional identificó al presunto “vendedor” que aparece en las cámaras de seguridad. El mismo reside en una vivienda alquilada en el barrio La Azotea de San Juan del Paraná y figura como arrendatario del sitio donde ocurrió el homicidio.

En el lugar de los hechos fueron incautados un contador de billetes marca Wwelton, de color blanco; un cenicero para cigarrillos; un anteojo; seis precintas de color blanco y un par de calcetines, los cuales quedaron a cargo del Ministerio Público.

Se trataría de Fernando Barrionueva Urbaneja, de nacionalidad española. Los investigadores continúan con la inspección de la vivienda del hombre, quien está junto a su hijo en el lugar y presumen que serían los avistados en las imágenes de circuito cerrado.

En total fueron detenidas cinco personas en el último allanamiento, que fue realizado con la coadyuvante Rocío Valdez.

Responsables del operativo detallaron que durante incursiones en el departamento de Amambay fueron incautados y destruidos 24.485 kilos de marihuana lista, localizada en 71 campamentos clandestinos, además de 154 hectáreas de cultivos de la droga.

De esta manera, se logró sacar de circulación 486 toneladas de cannabis, ocasionando un perjuicio económico significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico, según el informe de antidrogas.

Eran cultivos mecanizados que contaban con sistemas de riego, además de invernaderos donde se producían plantines.

Resaltan trabajo coordinado con otras entidades

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, resaltó el trabajo coordinado entre las instituciones de nuestro país para llevar a cabo la operación contra el crimen organizado y el apoyo de la Policía Federal del vecino país, Brasil.

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De la operación, además de la Senad y la Policía Federal, participaron agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi). Rachid indicó que, intensificando este tipo de operativos, se desalienta la producción de estupefacientes.

Como punto resaltante del orden del día, figura la “presentación del informe de la Tesorería del partido y la Dirección Administrativa, para la solicitud de línea de crédito y aprobación del préstamo en bancos de plaza, para el financiamiento de la Campaña Electoral de las Elecciones Municipales del 4 de octubre de 2026″.

El tesorero del Partido Colora es el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas.

En las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre, se elegirán intendentes y concejales municipales de los 263 distritos para el período 2026-2031.

ANR presenta rendición de cuentas: ¿cuánto gastó en las elecciones?

¿Cuánto gastó la ANR en el 2023?

Para su victoria en las Elecciones 2023, la ANR gastó G. 33.327.899.476 entre los candidatos y también sumando los gastos institucionales.

El tesorero Miguel Tadeo Rojas informó en esa ocasión que los candidatos registraron el gasto de G. 6.985 millones. Mientras que el Partido Colorado presupuestó G. 30.000 millones-, finalmente utilizó G. 27.754 millones.

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Rojas informó que los afiliados colorados realizaron donaciones y contribuciones monetarias. También citó el millonario préstamo bancario que superó G. 16.960 millones. Además, el Partido Colorado aportó G. 9.185 millones de fondos propios.

Se trata de Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y José Raúl Coronel Acosta (43), exdirector de Mantenimiento de la previsional, para quienes el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la libertad ambulatoria.

Mafia en IPS: abogado de Bataglia cuestiona pedido de detención contra imputados

Junto al expresidente Jorge Brítez y la Abg. Rosa Colmán (60), exfuncionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, suman cinco los imputados por el fiscal Julio Ortiz que se han puesto a disposición de la Justicia, ya están procesados y el juzgado levantó la orden de detención fiscal que pesaba sobre los mismos.

Ahora son cuatro los imputados que deben ponerse a disposición para ser sometidos al proceso, empezando por el también expresidente del IPS Vicente Mario Bataglia Araujo, de 62 años, quien se encuentra en Italia, pero a través de su representante legal, Abg. Arturo Daniel, anunció que retornará a Paraguay para someterse a la Justicia.

IPS: perjuicio patrimonial superaría los US$ 200 millones, según Contraloría

Los demás imputados por supuesta lesión de confianza que aún están con orden de detención son Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), exdirector de Abastecimiento y Logística del IPS; Marcelo Bordón Leiva (48), exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), exdirectora de Mantenimiento.

Extitular del IPS, con fianza de G. 1.000 millones

Esta mañana el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la libertad ambulatoria de Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social, tras la solicitud de prisión preventiva realizada por el fiscal Julio Ortiz.

Como medida para asegurar el sometimiento de Brítez al proceso, el juez de Garantías impuso una caución real de G. 1.000 millones, ofrecida por la propia defensa del extitular de la previsional, ejercida por el Abg. José Fernández Zacur.

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Al finalizar la audiencia de imposición de medidas Brítez se retiró del Palacio de Justicia de Asunción sin brindar declaraciones a la prensa, pero su defensor calificó de excesiva la orden de detención dispuesta por el fiscal Julio Ortiz.

Además, Fernández Zacur afirmó que la imputación es “indeterminada e incompleta”, porque, a su entender, involucra a personas que no debieron estar y omite a otras que sí debieron ser incluidas. El letrado argumentó que las adendas son el complemento de un contrato, pero el firmante de ese contrato no está imputado.

La jornada comenzará a las 09:00 con la recreación de la Batalla de Piribebuy (12 de agosto de 1869). Cientos de estudiantes y actores comunitarios, vestidos con uniformes y atuendos de época, representarán a soldados, mujeres, niños y civiles que defendieron la entonces capital provisoria de la República durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

El recorrido comprenderá ocho postas instaladas a orillas del arroyo Piribebuy, entre los barrios Santa Ana y Virgen del Rosario, sobre la calle Hilario Amarilla. En cada estación se recrearán los momentos más significativos de la sangrienta y desigual batalla entre un diezmado ejército paraguayo contra la tropa de los aliados: Brasil, Argentina y Uruguay.

Entre las escenas más emotivas se destacan el ingreso del ejército paraguayo, la representación de las Heroínas de Piribebuy, que recuerda el valor de las mujeres que auxiliaron a los heridos y participaron en la defensa de la ciudad, y el Incendio del Hospital de Sangre, uno de los episodios más trágicos del enfrentamiento.

Cada edición reúne a más de 6.000 visitantes provenientes de distintos puntos del país, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Además de mantener viva la memoria histórica, la actividad genera un importante movimiento económico para comerciantes, artesanos, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

El Recorrido Histórico fue declarado de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en 2026, consolidándose como una de las principales propuestas de turismo histórico del país.

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Gastronomía con identidad

Tras la culminación del recorrido, desde las 11:00, el protagonismo pasará a la gastronomía con la realización del primer Karu Guasu Nacional de Vori Vori, que tendrá lugar en el quincho de la Piscina Municipal de Piribebuy, ubicado a orillas del arroyo Piribebuy, un entorno natural que ofrecerá un ambiente ideal para compartir en familia.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Piribebuy, Mujeres Empoderadas de Piribebuy, el Comité Cincuentenario del Colegio Nacional de Piribebuy y empresas privadas de la comunidad.

Los asistentes podrán degustar seis variedades del tradicional plato paraguayo: vori vori de verduras, de queso, de pollo, de carne vacuna, además de la receta tradicional preparada con gallina casera.

El vori vori, considerado uno de los emblemas de la gastronomía nacional, fue reconocido recientemente por la revista internacional Taste Atlas entre las mejores preparaciones culinarias del mundo, fortaleciendo su proyección como uno de los sabores más representativos del Paraguay.

La profesora Carmen Agüero de Arias, una de las organizadoras, explicó que el objetivo es posicionar la gastronomía local como una herramienta de desarrollo comunitario y convertir el Karu Guasu en una tradición anual.

“Queremos generar un espacio donde nuestra gastronomía y nuestra cultura sean protagonistas, promoviendo la participación de la comunidad y ofreciendo una nueva experiencia para quienes visiten Piribebuy”, expresó.

Además, parte de lo recaudado será destinada a la organización de una merienda por el Día del Niño, impulsada por el grupo Mujeres Empoderadas de Piribebuy.

Con esta propuesta, la Ciudad Heroica invita a residentes y turistas a disfrutar de una experiencia que une historia, patriotismo, naturaleza y gastronomía en una misma jornada, fortaleciendo su calendario turístico y poniendo en valor el legado cultural que distingue a Piribebuy.

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El reporte técnico señala que el foco de mayor inestabilidad se organiza sobre el suroeste de la región Oriental. Hasta el momento, las zonas bajo alerta corresponden al suroeste de Misiones y al sur de Ñeembucú.

Vientos de 90km/h y boletín especial vigente

Según la meteoróloga Ana Pereira, los vientos golpearán con fuerza en ambas regiones del territorio nacional. Para la región Occidental se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, pero con ráfagas que podrían trepar violentamente hasta los 90 km/h. En tanto, para la región Oriental se aguardan vientos de entre 20 y 40 km/h, con picos cercanos a los 60 km/h.

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A la par, se mantiene plenamente vigente un boletín meteorológico especial que anticipa acumulados de lluvia de entre 20 y 60 milímetros, acompañado por vientos en torno a los 90 km/h y alta probabilidad de granizadas. Este aviso rige hasta las primeras horas de la mañana del viernes.

Ingreso de frente frío y mañanas de hasta 9 °C

Hacia el final de la jornada de hoy se aguarda el ingreso de un frente frío que empujará la inestabilidad hacia gran parte del país. Esta masa de aire provocará precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en sectores del norte, este y sureste de ambas regiones.

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El cambio de viento hacia el sector sur traerá un notable cambio en las condiciones ambientales para el fin de semana. Según los pronósticos, se viene un marcado descenso de la temperatura en los próximos dos días, con amaneceres de fríos a frescos con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 9 y 20 °C.

La entidad es una de las decanas del país, fundada el 26 de julio de 1931, integrante fundadora de la Asociación Deportiva del Paraguay, entidad que nucleaba al basquetbol, atletismo y al voléibol en su momento, sin embargo, desde hace años la posesión del predio del club la tiene un grupo de personas que llevan la administración en forma “ilegal” según documento de la Directiva del Rowing.

El presidente del club, Rubén Varela, denunció que en su momento, varios años atrás, una Comisión Directiva arrendó el club a una sociedad creada para el efecto Rowing S.R.L. y el capataz de nombre Walter Insfrán demandó a uno de los socios de la S.R.L. de nombre Norbert Agüero, por despido injustificado.

Por causa de la mencionada demanda, el club corría peligro de ser desmembrado para un remate, casualmente en el sector que se encuentra el Bar instalado por la S.R.L. por lo que los directivos creen que se trata de una trampa para que los arrendatarios se queden con esa parte del club.

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Conexiones clandestinas de la ANDE y la ESSAP

Varela agregó que el contrato que tenía Agüero era por un plazo de diez años, lo cual, según él, es ilegal, ya que los mismos no pueden ser por más de cinco años. Detalló que la denuncia por desalojo la realizaron en la Unidad Penal Nº 15 de la capital, a cargo de la fiscal Natalia Silva.

“Y al cumplirse los 10 años en el 2025 nosotros le cursamos que no íbamos más a renovar el contrato. Bueno, él sigue aún ahí. Entonces tuvimos que hacer una demanda de desalojo y esa demanda de desalojo está vigente. El juez nos otorgó el desalojo y ellos volvieron a apelar”, insistió.

Contó que además presentaron notas e incluso se reunieron con el ahora ya expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Félix Sosa, debido a que deslindaron la responsabilidad al inquilido de las multas, retrasos, desconexiones y conexiones clandestinas que realizó en al menos tres ocasiones en el tiempo que estuvo ocupando el predio del club. La deuda con la estatal asciende a aproximadamente G. 15 millones.

Además, el inquilino instaló un bar en el club, lo cual está prohibido po estatuto, y con el cual además tuvo una condena por polución sonora, tras lo cual ya no incurrió en este tipo de prácticas.

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Conexiones clandestinas de la ANDE y ESSAP

Recordó que por el caso de la ANDE y las conexiones clandestinas realizaron una denuncia penal, pero que pese a ello, continúa contando con el servicio, por lo que sospechan de que cuenta con conexiones entre los mandos medios de la estatal.

“Nosotros, una vez que tomemos el club, vamos a volver a nuestras raíces como fuimos, como siempre fue el Rowing. Formación de chicos para el basquetbol, promocionar el deporte, el volei. Y eso va a ser siempre el rowing. Nosotros hemos participado en torneos muy importantes de la Confederación Paraguaya de basquetbol, donde el club real ha sacado varios jugadores demasiado importantes para la selección paraguaya”, destacó.

Citó que el Rowing tiene actualmente cuatro títulos del campeonato local, siendo campeón por última vez en 1989, además de que desde el 2016 ya no cuentan con equipos. El club fue el primero en contar con una cancha techada de basquet. Basicamente funcionaba como una plaza del barrio Las Mercedes, ya que el mismo no cuenta con muchos espacios públicos.

El secretario de Estado señaló que las entidades ya presentaron sus anteproyectos presupuestarios y que varias solicitaron mayores recursos para el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, aclaró que el análisis no se limitará a evaluar pedidos adicionales, sino que también incluirá una revisión de la eficiencia del gasto vigente.

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Evaluarán resultados de programas antes de asignar recursos

El ministro explicó que el Gobierno busca determinar si los programas financiados con recursos públicos cumplen una función vinculada a la misión de cada institución y si generan resultados concretos.

“Les estamos pidiendo información que nos permita evaluar si esos programas, esas actividades que tienen hoy presupuesto y que ejecutan, cumplen con los fines que persigue la institución”, indicó Lovera durante la entrevista.

El titular del MEF sostuvo que varias instituciones mantienen estructuras presupuestarias diseñadas hace una década, a las cuales se incorporaron nuevas actividades sin una evaluación profunda sobre su necesidad actual.

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Recursos serán orientados hacia áreas prioritarias

El ministro señaló que el objetivo del proceso es identificar espacios de eficiencia dentro del gasto público para redireccionar recursos hacia sectores donde existe mayor demanda ciudadana.

En ese contexto, mencionó que Salud será una de las prioridades.“Enfocar esos recursos a áreas prioritarias y principalmente al sector Salud hoy, que es la discusión o el esfuerzo que estamos haciendo actualmente”, manifestó.

PGN 2027 y la meta de convergencia fiscal

La elaboración del presupuesto también estará vinculada al compromiso del Gobierno de retornar al límite de déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Lovera afirmó que el escenario oficial apunta a volver a un déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028, luego del impacto generado por las obligaciones acumuladas con proveedores de Salud y Obras Públicas.

Según explicó, la estrategia contempla una combinación de mayor crecimiento económico, mejora en la recaudación y revisión del gasto público.

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Sin aumento de impuestos, pero con revisión de exoneraciones

El ministro reiteró que el Gobierno no prevé crear nuevos impuestos, pero sí avanzar en una revisión de la estructura tributaria vigente.

Entre las medidas mencionó el análisis de exoneraciones y deducciones tributarias con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado sin elevar las tasas impositivas. “Sin aumentar impuestos, sin generar nuevos tributos, se pueda generar una mejor recaudación e ir aumentando la presión tributaria que actualmente se tiene”, señaló.

El PGN 2027 deberá ser presentado al Congreso Nacional antes del 1 de septiembre, fecha límite establecida para el inicio de su análisis y posterior discusión legislativa.

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En Acahay, el acuerdo fue formalizado ante escribanía antes de la encuesta, estableciendo que los precandidatos apoyarían a quien obtuviera el mejor posicionamiento en el sondeo.

El resultado favoreció a Leticia Lezcano (Yo Creo), hija del actual intendente Aldo Lezcano (Alianza), quien será la representante de la oposición en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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La postulante, Lezcano, se enfrentará al candidato de la ANR, Gilberto Mereles.

Asimismo, se prepara para llegar a la intendencia municipal Lidio Samudio (Alianza Guaraní).

En Carapeguá, el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla, del Movimiento Alianza Juntos por Carapeguá, resultó favorecido en una encuesta realizada junto al exdiputado de Unace, Edgar Venialgo.

En cumplimiento de un acuerdo previo, el candidato Venialgo renunció a su candidatura para respaldar la unidad opositora.

En este distrito, Bobadilla pugnará por la intendencia contra el colorado Moisés Espínola.

Renuncias de candidatos a concejales

Además, fueron presentadas las renuncias de tres candidatos a concejales municipales: uno del PLRA de Paraguarí, otro de la ANR de Ybytymí y el tercero del PLRA de Sapucai.

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Según explicó la actuaria judicial del Juzgado Electoral de Paraguarí, Mirian Meza Martínez, hasta el momento se desconoce el motivo de estas renuncias y los nombres de los postulantes no pueden ser divulgados hasta contar con la resolución del juez electoral.

La funcionaria judicial informó, además, que los candidatos que deseen retirar sus candidaturas tienen tiempo para hacerlo hasta mañana, a las 13:00, según el plazo establecido por el cronograma electoral para la recepción de dichas solicitudes.

Sobre los procedimientos realizados hoy detalló que hubo allanamientos en las viviendas de las personas que compartieron con Florentín Gómez antes de su desaparición.

Durante una de las intervenciones se encontró una fosa común donde fue enterrado el cuerpo de la adolescente. De igual manera precisó que mayores detalles no se pueden dar a conocer porque los sospechosos también son adolescentes.

“Son todos conocidos, son todos amigos, vecinos de acá. Ocurrió este encuentro entre ellos en un lugar y pasó todo lo que ahora nosotros estamos llegando a su final”, detalló el comisario.

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Adolescente falleció el día de su desaparición

Otro dato que reveló el jefe policial es que la adolescente habría fallecido el mismo día de su desaparición: el viernes 31 de julio.

De igual manera reiteró que aún se debe determinar si la víctima fue asesinada o se habría ahogado en un tajamar, esto último según declaraciones de los aprehendidos.

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Además, socializa para que las organizaciones interesadas y la ciudadanía en general sepan los derechos, reglamentos, obligaciones, plazos, requisitos y documentaciones que se debe presentar en el Plan de Observación Electoral Nacional.

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Las misiones de observación y las organizaciones acreditadas podrán observar las etapas preelectoral, electoral y poselectoral en el marco de las elecciones municipales a realizarse en las 263 localidades.

Además de acceder a los locales de votación y al escrutinio; podrán acceder a información pública del proceso electoral y presentar recomendaciones e informes al TSJE.

Estos son los requisitos para ser observador electoral

Pueden acceder a la acreditación las personas jurídicas nacionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la democracia.

La solicitud se debe hacer 30 días antes de las elecciones municipales mediante una nota dirigida al TSJE.

Es importante aclarar que la solicitud debe incluir los documentos de constitución de las personas jurídicas, autenticados.

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También la documentación que acredite al representante legal; el domicilio de la organización y el Plan de Observación Electoral Nacional.

En la nota dirigida a la Justicia Electoral se deben indicar los objetivos de la observación, las actividades y locales de votación que serán observados, y el plan de despliegue de los observadores.

También se debe especificar la fuente de financiamiento, la identificación de los responsables y los materiales de capacitación que recibirán los observadores.

Se debe tener en cuenta que no podrán integrar la misión los candidatos a cargos electivos, dirigentes o activistas de organizaciones políticas, funcionarios públicos con cargos directivos y los menores de edad.

Con relación a las obligaciones de las organizaciones y observadores durante el proceso electoral, deberán actuar con imparcialidad, objetividad e independencia; no realizar proselitismo político; no interferir en el desarrollo de la elección; portar siempre su credencial; registrar e informar cualquier incidente sin intervenir; y respetar la Constitución, las leyes y las disposiciones del TSJE.

¿Dónde obtener mas datos?

Para más información los interesados pueden comunicarse a la Dirección de Organizaciones Intermedias al teléfono (021) 618 0452, (021) 618 0646. También está disponible el correo: org.intermedias@gmail.com.

La tensión escaló en los últimos días cuando la administración municipal comenzó a solicitar a las trabajadoras sus antecedentes policiales y judiciales.

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Pese a los reiterados reclamos para acceder a la documentación oficial, las afectadas aseguran que las autoridades se niegan a mostrar las resoluciones o el proyecto aprobado por la Junta Municipal. Según las trabajadoras, la respuesta que reciben es que “ya está todo resuelto desde la Intendencia”.

Obras privadas y la amenaza de quedar en el olvido

El conflicto surge a raíz de un proyecto de construcción que se proyecta realizar detrás del espacio que ocupan actualmente las casillas. Según relataron las vendedoras, la empresa privada a cargo de las obras ofreció trasladarlas hacia la vereda de otra cuadra. Sin embargo, las yuyeras rechazan esta propuesta al considerar que los lugares ofrecidos quedan totalmente fuera del circuito comercial de los clientes.

“Nosotros dependemos exclusivamente de la venta del día a día para llevar el pan a nuestras casas. Hace más de 20 años que trabajo en este puesto y no nos pueden borrar así porque sí”, expresó una de las trabajadoras afectadas.

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Son al menos ocho las vendedoras directamente involucradas en el tramo donde se construiría la obra, aunque el temor a que la medida se extienda al resto del paseo mantiene en alerta a todo el gremio de yuyeros del populoso Mercado 4.

Exigen diálogo directo y respeto al patrimonio cultural

Las permisionarias sostienen que el Paseo de los Yuyos es un símbolo identitario de la capital y del país. En ese sentido, dicen que su desmantelamiento o alteración arbitraria constituye una clara violación a la memoria viva de Asunción.

Además, criticaron que el propietario del inmueble donde se ejecutará la obra no haya dado la cara. Las trabajadoras de la zona solamente tuvieron contacto con arquitectos para negociar sin ofrecer garantías reales.

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Las trabajadoras exigen a las autoridades de la Municipalidad de Asunción que detengan cualquier intento de desalojo compulsivo, que transparenten los documentos del proyecto y que busquen una solución técnica que les permita permanecer en la misma cuadra mientras duren los trabajos.

“Aceptamos mejoras en las casillas, pero no que nos quiten de nuestro lugar histórico. De esto subsistimos y no vamos a permitir que jueguen con nuestro trabajo”, sentenciaron.

Municipalidad tilda de “intereses ocultos” el reclamo de yuyeras

Tras las denuncias planteadas por un grupo de permisionarias, el director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó, salió a rechazar las acusaciones y aseguró que las afectadas están siendo “alborotadas” por sectores con intereses económicos ocultos.

Según la versión del funcionario municipal, no existe un descontento generalizado de las yuyeras, sino una manipulación liderada por referentes particulares que buscan obtener dinero bajo la figura de supuestas “indemnizaciones”.

Buzó detalló que la Intendencia intermedió ante el grupo inversor privado para que las vendedoras no queden desprotegidas, sino que sean absorbidas como parte de la nueva infraestructura.

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto en cuestión prevé la transformación de un predio que actualmente funciona como estacionamiento para dar paso a un moderno complejo gastronómico comercial sobre la calle Asunción Flores. La obra busca darle una cara totalmente distinta a un sector caracterizado por la falta de iluminación y los problemas de seguridad durante la tarde y la noche, según Buzó.

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“La fachada del complejo incluye puestos totalmente nuevos a pocos metros de donde están ahora, con la garantía de que el propio inversionista privado asumirá el costo total de la construcción de los nuevos módulos”, detalló Buzó. Asimismo, el funcionario afirmó que la llegada de franquicias reconocidas aumentará drásticamente la masa de clientes.

Según el director municipal, existen planillas firmadas donde las propias permisionarias manifestaron si preferían puestos individuales o compartidos dentro de la futura infraestructura.

Actualmente, la Asesoria Jurídica municipal trabaja en la confección de una resolución formal que otorgará garantías escritas a las vendedoras, fijando plazos de entrega y la ubicación exacta de los puestos a metros del cruce original. Desde el municipio insisten en que la reubicación traerá un impulso económico decisivo para las yuyeras.

Durante su discurso de apertura de la 2a. Convención Bancaria el titular de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Osvaldo Serafini destacó la fortaleza y resiliencia del sistema financiero nacional. Añadió que en un mundo incertidumbre global, Paraguay se destaca de manera sobresaliente y que prueba de ello, fue la obtención de nuestro segundo Grado de Inversión, que ratifica la solidez del rumbo macroeconómico que hemos construido durante décadas.

Sin embargo, aclaró que no debemos conformarnos con ello. “Seamos claros: esta calificación no es una meta de llegada, ni un pasaporte automático a la prosperidad. Es una puerta de oportunidades, que se abre y que se cierra, según la coherencia de lo que hagamos de aquí en adelante”, expresó

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Mercados no premian promesas

En ese sentido, remarcó que el mercado internacional de capitales no premia promesas, sino que premia previsibilidad sostenida. A lo que agregó que la previsibilidad no se construye solo con indicadores macroeconómicos prolijos, sino que se construye también con instituciones que actúan dentro de reglas claras, estables y conocidas por todos los actores.

Serafini también se refirió a la estabilidad macroeconómica y añadió que esta requiere firmeza, pero además templanza para sortear las presiones políticas y las soluciones populistas, que en nada contribuyen a un desarrollo armónico.

Trabajar en el sobregasto fiscal y la sostenibilidad

En el ámbito fiscal, destacó que es positivo que se estén alcanzando acuerdos para honrar los compromisos de corto plazo con proveedores del Estado, y que como sistema financiero han acompañado la iniciativa

Sin embargo, advirtió que la banca no puede limitarse a celebrar paliativos. “Es imperativo abordar con idéntica responsabilidad el fondo de la cuestión, los desafíos estructurales del sobregasto fiscal, y la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios, problemas cuyos orígenes trascienden a la coyuntura actual, pero cuya resolución no admite más postergaciones ni atajos contables que trasladen el problema hacia el futuro”, expresó.

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Preservar la independencia y credibilidad del BCP

En otro momento, el titular de Asoban también hizo mención sobre la necesidad de mantener la independencia técnica y la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP) que son activos institucionales que deben resguardarse de manera constante.

Serafini ratificó la facultad del BCP, aunque insistió en la necesidad de una mayor comunicación sobre normas que afectan al rubro.

“Como sector, no cuestionamos la facultad de la autoridad para definir el marco regulatorio. Sin embargo, consideramos indispensable que los actores sean escuchados antes de la adopción de medidas que impactan directamente en su operación”, apuntó.

El convenio suscrito se engloba dentro del marco de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, promulgada en 1954. Esta normativa autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, la legislación exige que Estados Unidos mantenga la potestad de supervisar el uso del material e insumos transferidos para garantizar que, bajo ninguna circunstancia, se destinen a fines militares.

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Cooperación es por ahora para la exploración de uranio

Sobre el acuerdo con la administración de Donald Trump, Pedro Alliana, en declaraciones a radio 1020 AM, precisó que la cooperación con Estados Unidos se limita, por ahora, a la exploración del potencial de recursos como el uranio.

Agregó que el entendimiento bilateral permitirá también avanzar en la cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear, incluyendo la transferencia de tecnología y capacitación.

Respecto al uranio, el vicepresidente Alliana, manifestó: “Todavía no se habla de explotación, se habla de exploración. Esto es muy nuevo, todavía no se habla de una central nuclear. Esto sería un paso mucho más adelante”.

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¿Qué beneficios ofrece un Acuerdo 123?

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un Acuerdo 123 permite a un socio acceder a los beneficios de la cooperación nuclear pacífica con uno de los proveedores nucleares civiles más avanzados, seguros y fiables del mundo, al mismo tiempo que demuestra su compromiso compartido con los sólidos estándares internacionales de no proliferación y seguridad nuclear.

En un sentido más amplio, los Acuerdos 123 pueden proporcionar una plataforma para una mayor cooperación bilateral en materia de energía, ciencia y tecnología nucleares, señala la institución en su sitio web.

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El potencial del Uranio y otros minerales críticos en Paraguay

En enero de este año, el viceministro de Minas y Energía, Rodrigo Bejarano, dijo que Paraguay muestra su potencial y tiene recursos probados de uranio. “El litio hoy es clave por su uso en baterías, pero también hay otros minerales considerados críticos”.

Agregó que existen buenas prospecciones de tierras raras y que se está explorando litio y cobre en el Chaco, con resultados alentadores.

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También recordó que el país cuenta con explotaciones de oro, actualmente el único mineral que se extrae de manera regular.

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la energía nuclear, es su aplicación más importante. El uranio natural se somete a un proceso de centrifugado llamado enriquecimiento para elevar la concentración de U-235 (normalmente entre el 3% y el 5%). Con esto se fabrican pastillas cerámicas que sirven de combustible en las centrales nucleares para producir electricidad de forma masiva y sin emisiones de carbono.

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Respecto a su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, este martes último en Washington DC., el vicepresidente Alliana informó que conversaron sobre la “posibilidad de traer inversionistas al Paraguay” para que observen el potencial en la generación de energía. “Le comenté que estamos muy avanzados en la construcción del brazo Aña Cuá en la Entidad Binacional Yacyretá. Ellos no estaban en conocimiento e incluso le mostré algunas imágenes y videos”, expresó.

Alliana indicó que “si concreta las reuniones con los inversionistas”, Landau prometió que estaría en nuestro país antes de fin de año.

Colapso en Urgencias del IPS: el drama diario de los asegurados

Aunque se admitió la necesidad de los servicios que ofrecen estos centros, durante la sesión se debatió a profundidad sobre la sostenibilidad financiera de la previsional, la necesidad de frenar la derivación masiva a sanatorios privados y la urgencia de fortalecer la red de hospitales propios.

Según los informes presentados por el doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica del IPS, la ejecución de estos convenios en el quinto departamento, beneficia a unos 35.000 asegurados.

“Lamentablemente tenemos restricciones presupuestarias y posiblemente hasta que podamos reorganizar nuestras finanzas, vamos a tener que ir cortando este tipo de tercerizaciones. Posiblemente eso va generar uno que otro inconveniente para nuestros asegurados, pero esto radica en una cuestión presupuestaria”, expresó la consejera Betina Albertini, mostrando su oposición a seguir pagando por la tercerización de servicios que consumen gran parte del presupuesto del Fondo de Salud.

IPS aprobó tercerización solo para respaldar áreas críticas

Si bien las autoridades reconocieron que los contratos con los privados San Carlos y Luz y Vida funcionan como un soporte fundamental para descomprimir la demanda y evitar traslados hasta Asunción, los miembros del Consejo cuestionaron la alta frecuencia de consultas ambulatorias y de clínica médica que terminan derivándose al sector privado por motivos de comodidad de los asegurados o por una falta de filtros rigurosos.

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Albertini cuestionó que se gaste dinero, por ejemplo, en la tercerización de la consulta médica pediátrica, considerando que esas consultas se pueden realizar en los servicios del IPS.

“La gente muchas veces se va directamente al lugar porque la atienden mejor o porque el servicio es más rápido, pero nosotros buscamos siempre la optimización de nuestros recursos. Si yo tengo un hospital que puede dar esas prestaciones menores, eso se tiene que cumplir en casa”, remarcó el presidente del IPS, Isaías Fretes.

Ante esta situación, las autoridades establecieron como premisa que las derivaciones hacia los sanatorios tercerizados deben limitarse estrictamente a servicios de mayor complejidad o situaciones de indisponibilidad comprobada en el sistema público. La ampliación con el Sanatorio San Carlos, por ejemplo, quedó orientada a respaldar áreas críticas como terapia intensiva, soporte neonatal, tomografía, ecografía, radiología, endoscopía y procedimientos quirúrgicos avanzados.

Nuevos mecanismos de control y auditoría

Para mitigar el impacto financiero de la adenda, el Consejo acordó endurecer los mecanismos de fiscalización y control interno. Se exigirá que cada derivación médica cuente con una justificación documentada y la autorización expresa del personal médico de guardia del hospital del IPS, constatando de manera efectiva la falta de camas o la ausencia temporal de especialistas antes de autorizar el gasto en el sector privado.

El desplome más pronunciado se observo en el rubro Compensación por Cesión de Energía. De enero a julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ingresó US$ 110 millones, mientras que en lo que va de 2026 el monto se redujo a US$ 77 millones, que representa una merma neta de US$ 33 millones.

Este bajón impacta de manera directa en los recursos destinados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), así como en las transferencias a municipios y gobernaciones que dependen legalmente de estos fondos para ejecutar sus programas sociales y de infraestructura.

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Comportamiento de royalties y ANDE

En contraposición, los ingresos en concepto de royalties mostraron una leve recuperación del 2,6%. El Tesoro paraguayo percibió US$ 154 millones hasta julio de 2026, superando levemente los US$ 150 millones registrados en el mismo lapso del año precedente.

Por su parte, los desembolsos destinados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por resarcimiento de cargas de administración y utilidades mostraron un ligero incremento del 2,3%. La empresa estatal de electricidad captó US$ 44 millones en lo que va de 2026, frente a los US$ 43 millones del ciclo anterior.

Estos fondos resultan vitales para garantizar la previsibilidad financiera de la estatal y el financiamiento de sus planes de inversión en la red de distribución eléctrica nacional.

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El balance exclusivo del mes de julio

Al analizar de forma aislada el comportamiento del séptimo mes del año, julio de 2026 cerró con una inyección total de US$ 36 millones, superando levemente a los US$ 34 millones transferidos en julio de 2025.

Durante el último mes, los pagos por royalties alcanzaron US$ 22 millones (frente a US$ 20 millones en 2025), mientras que la cesión de energía sumó US$ 12 millones (frente a US$ 12,5 millones en 2025). En tanto que la ANDE percibió US$ 1,7 millones en el mes, por encima de US$ 1,5 millones que percibió en el mismo mes del año pasado.

A pesar de la leve mejora mensual en julio, el saldo acumulado de los primeros siete meses ratifica una merma considerable para las arcas públicas en el cómputo general de Itaipú.

Sobre el virus en sí mencionó que es responsable del cáncer de cuello de útero en las mujeres, al igual que el cáncer de pene en los hombres. También puede causar cáncer de ano o de garganta.

En nuestro país, la vacuna contra el VPH tiene un esquema de una sola dosis para los niños y niñas de 9 a 14 años, pero ya desde ahora se incluye a personas con VIH hasta 45 años de edad, quienes deberán recibir tres dosis.

“Si hoy recibe la dosis, dentro de un mes la segunda y dentro de seis meses de la primera recibe la tercera dosis”, precisó.

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Población que debe recibir la vacuna contra el VPH

Además de las personas que viven con VIH, quienes también deben inmunizarse contra el virus del papiloma humano son:

• Personas que reciben tratamientos inmunosupresores, como corticoides por tiempo prolongado
• Personas que reciben algún trasplante de órgano sólido
• Víctimas de violencia sexual
• Pacientes con lesiones precancerosas de cuello uterino tipo CIN2 -lesiones intraepiteliales-

“La vacuna está disponible en los vacunatorios; se tiene que acudir con una indicación del médico que certifique que está padeciendo la condición”, precisó el funcionario.

También aseguró que países de la región, como Chile o Uruguay, cuentan con esquemas similares de inmunización con grupos de poblaciones especiales, por lo que ahora se cumple “lo que teníamos pendiente”.

“La mejor forma de prevenir el VPH sigue siendo vacunar a los niños antes de que entre en contacto con el virus, De 9 a 14 años la vacuna tiene una eficacia del 95%, 96%. La estrategia de vacunación sigue siendo esta”, concluyó.

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Además del intenso tráfico de vehículos de diversas categorías, por el puente también transitan miles de peatones todos los días. Se analizó el paso de vehículos y personas tanto en el sentido Paraguay-Brasil como Brasil-Paraguay.

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El levantamiento de datos se realizó durante un período de 102 horas ininterrumpidas, comprendidas entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre de 2025. Durante ese período fueron contabilizados un total de 217.487 vehículos.

En el promedio diario se encontró que el 30 de octubre fue el día con mayor circulación de vehículos, con un total de 31.897 unidades. Mientras tanto, el mayor flujo general por hora fue de 4.099 vehículos, registrado entre las 15:00 y las 15:59.

Motocicletas, las más frecuentes

Durante los cinco días de estudio, las motocicletas, categoría que incluye a los mototaxis, fueron los vehículos más frecuentes, con un total de 95.165 unidades (43,8%), seguidas por los automóviles, con 88.819 unidades (40,8%), y las furgonetas, con 16.116 unidades (7,4%). Igualmente, circularon 11.491 taxis (5,3%), 4.741 camiones (2,2%) y 1.155 ómnibus (0,5%).

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El análisis también reveló que, en cuanto al origen de los vehículos, Paraguay fue el país con mayor número de unidades durante el período analizado, con 135.744 vehículos, seguido de Brasil, con 73.152 unidades; Argentina, con 3.582; y otras nacionalidades, con 268 vehículos que cruzaron la frontera durante el período analizado.

¿Más circulación hacia Paraguay o hacia Brasil?

Otro dato llamativo del estudio es que no circula la misma cantidad de vehículos de un país a otro. En el período estudiado, en el sentido Brasil-Paraguay fueron contabilizados un total de 109.295 vehículos. Mientras que en el sentido Paraguay-Brasil transitaron 108.192 vehículos, incluyendo todas las categorías en ambos sentidos.

La diferencia es de más de 1.103 vehículos que ingresaron desde Brasil pero ya no volvieron, al menos en el periodo objeto del estudio.

Circulación de personas

En cuanto a la circulación de personas, fueron contabilizadas 519.569 durante los cinco días de la investigación. Estas cruzaron el puente como ocupantes de vehículos y también como peatones.

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En cuanto a los peatones, fueron registrados un total de 76.493 circulando en ambos sentidos del puente durante los cinco días. El mayor flujo de personas fue observado el 1 de noviembre de 2025, cuando 25.201 personas pasaron por los torniquetes instalados en el puente.

El objetivo del estudio del Centro Universitario Dinámica de las Cataratas es contribuir al desarrollo de la región mediante la formulación de políticas públicas más informadas y eficientes, que promuevan la integración, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que viven y transitan en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Ya durante la sesión del miércoles pasado la Junta Municipal de Asunción aprobó un pedido de informes a la intendencia sobre el estado de los expedientes de los terrenos municipales en la zona.

Hoy los vecinos del barrio La Piedad fueron recibidos por el equipo jurídico de la Municipalidad de Asunción, que, según dio a conocer la institución, escuchó sus planteamientos y tomó nota de los expedientes y casos mencionados durante la reunión.

Luis Bello instruyó la revisión de cada uno de los casos y solicitó el respeto de los derechos de los vecinos.

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Expedientes corresponden a trámites iniciados años anteriores

El director jurídico, Jorge Sabaté, explicó que la mayoría de las situaciones expuestas corresponde a trámites y antecedentes iniciados en años anteriores, por lo que será necesaria una revisión detallada para determinar su situación administrativa y legal.

Durante el encuentro tanto Bello como Sabaté se comprometieron en que cada caso será analizado con responsabilidad y pleno respeto a los derechos de las familias involucradas.

Asimismo, Sabaté se comprometió a realizar el seguimiento de los expedientes señalados por los vecinos y a verificar sus antecedentes.

Al término de la reunión, las vecinas indicaron que esperan que se pueda analizar caso por caso, ya que cada uno contempla situaciones diferentes.

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Denuncias de aprietes y atropellos por parte del Grupo Vázquez

Los vecinos de la zona denunciaran violentos “aprietes” y bloqueos en los trámites de titulación de viviendas asentadas en terrenos municipales.

María Roque Sánchez viuda de Barrientos vive en La Piedad hace 50 años. Tras el fallecimiento de su esposo quedó a su cargo el inmueble por el que paga puntualmente todos sus impuestos y servicios básicos.

Pese a su intención de finiquitar la propiedad, la comuna asuncena la mantiene en categoría de “arrendada” desde el año 2000. Paralelamente al freno municipal, la mujer comenzó a recibir reiteradas visitas de Gustavo Rojas que se identifica como intermediario en representación del Grupo Vázquez SAE. A partir de su negativa a negociar, las trabas en la Municipalidad de Asunción se multiplicaron.

Mirian Ramírez, antigua pobladora del barrio La Piedad de Asunción, es otra víctima del sistemático “acoso” del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. La mujer denunció días pasados que guardias privados –aparentemente contratados por el conglomerado empresarial– atropellaron e invadieron su vivienda mientras ella se encontraba en una consulta médica.

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Así suman varios casos de denuncias de vecinos que son sistemáticamente acosados y amedrentados por sus terrenos.

“Ustedes tienen que aprender a jugar limpio, a hacer campaña limpia, eso no se hace. Ni con toda la plata junta, la plata de los Zacarías, de Cartes, que tienen, van a ganar las elecciones”, manifestó la edil durante la transmisión.

La concejal cuestionó duramente a sus adversarios políticos y los acusó de utilizar la Justicia con fines políticos contra Miguel Prieto, con la intención de inhabilitarlo en su carrera presidencial de cara a las elecciones del 2028.

“Le mienten a la gente, utilizan instrumentos del Estado en contra de Miguel Prieto para meterle preso, porque eso es lo único que saben hacer”, finalizó.

Te contamos las cifras que los candidatos reportaron al TSJE

Tras el escrache, se conocieron los montos que los principales candidatos declararon oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como recursos disponibles para financiar sus campañas electorales.

Según la declaración jurada de ingresos y gastos de campaña, Rigoberto Chamorro informó que contará con G. 950 millones. Del total, G. 750 millones corresponden a recursos propios en efectivo y G. 200 millones a fondos disponibles en el sistema financiero. Además, declaró que no recibirá aportes de terceros.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente por Yo Creo, reportó recursos por G. 100 millones, de los cuales G. 20 millones provienen de ahorros personales y G. 80 millones corresponden a contribuciones o donaciones realizadas por siete personas.

En tanto, la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar declaró disponer de G. 40 millones para su campaña, monto compuesto por G. 20 millones de ahorros personales y otros G. 20 millones provenientes de dos donaciones de G. 10 millones cada una.

Si bien una candidatura a la concejalía normalmente implica una inversión mucho menor en comparación con una campaña por la Intendencia, el monto declarado por Romero tampoco parecería guardar correspondencia con el despliegue que se observa en su campaña electoral.

Una vez concluido el proceso electoral, los postulantes deberán presentar nuevamente al TSJE sus informes finales de ingresos y gastos de campaña, acompañados de la documentación respaldatoria, conforme a lo establecido en la Ley Nº 7524/2025 sobre financiamiento político.

En un comunicado de prensa, la organización vecinal alega que la obra “amenaza de manera directa la calidad de vida del vecindario, vulnera normas ambientales y urbanísticas, y pone en riesgo el arroyo Mburicaó”, con el que el edificio linda en su parte posterior, además de “las plazas Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores y la infraestructura básica del barrio”.

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El cuestionamiento central apunta directamente al supuesto incumplimiento de las normativas de preservación ambiental y de cauces hídricos vigentes. Sobre este punto, los residentes detallan que “el edificio se construye sin respetar los cinco metros obligatorios desde el borde del arroyo Mburicaó, reduciendo su capacidad de desagüe y aumentando el riesgo de inundaciones”.

Según la denuncia de la comisión vecinal, para la construcción del edificio se procedió a la tala de once árboles sin que se hayan implementado medidas de mitigación ambiental, agravando la situación en un sector ya saturado por el tránsito.

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Los vecinos aseguran que “la obra no respeta los retiros exigidos respecto a la plaza y pretende levantar 11 pisos en una calle de solo 10 metros de ancho, excediendo el máximo permitido de 7 pisos. Esta desproporción destruye la escala barrial y profundiza el crecimiento desordenado de la ciudad”, agregan los vecinos.

Asimismo, los pobladores señalan que, por su ubicación, el edificio generará un “cuello de botella” en el tránsito sobre las avenidas Mariscal López y España. Alegan que “la falta de estacionamiento se agravará con los nuevos residentes, provocando congestión permanente y afectando la movilidad de toda la ciudad”.

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La nucleación vecinal advierte sobre el impacto negativo en la infraestructura vial y sanitaria de la zona. Al respecto, sostienen textualmente que “el sistema cloacal del barrio, uno de los más antiguos de Asunción, no soportará la presión de un edificio de once pisos. Esto provocará roturas frecuentes, derrames y problemas sanitarios”.

Los vecinos manifiestan también su preocupación sobre el impacto que tendrá la construcción en las plazas vecinas. Alegan que, por su altura, la construcción proyectará una sombra permanente sobre estas, “impidiendo su uso pleno y afectando la fotosíntesis de los árboles”. Agregan que “la plaza, ya deteriorada por falta de mantenimiento, quedará aún más vulnerable”.

Defensa legal del edificio Chelsea Plaza: la respuesta oficial de la constructora

En respuesta formal a las denuncias públicas, la firma responsable de la obra, De Constructora SA, representada legalmente por Alfredo David Elías Salomoni, emitió un comunicado oficial defendiendo la legitimidad de su emprendimiento. La empresa asegura que “el proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Mades”, refiriéndose al aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Respecto a los cuestionamientos sobre el cauce hídrico, la desarrolladora afirma que “el proyecto contempla además obras de mejoramiento hidráulico, incluyendo la canalización del arroyo en los sectores técnicamente previstos, con el propósito de optimizar el escurrimiento de las aguas”.

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Sobre la tala de los once árboles observada en el terreno, la empresa constructora expresó que “el proyecto cuenta con el certificado de cumplimiento de medidas de mitigación, expedido por la Dirección General de Gestión Ambiental” de la Municipalidad de Asunción.

Ante los cuestionamientos sobre la saturación de los servicios sanitarios y el tránsito, la firma respondió en su misiva institucional que “la infraestructura sanitaria y su capacidad operativa son materias cuya evaluación y administración corresponden a los organismos públicos competentes, los cuales intervienen en los procesos de autorización”.

Altura, superficie y sin subsuelo: los datos técnicos del RIMA sobre el proyecto

Según consta en el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) de la obra, fechado en junio de 2025 y elaborado por la ingeniera civil Rosana Casati Morales, la superficie total de los dos lotes afectados alcanza 1.027,6 m². La superficie proyectada de construcción total asciende a 5.655,24 m² distribuidos en altura. El proyecto contempla una planta baja y diez niveles superiores, sin subsuelos.

ABC intentó obtener la versión del director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, Máximo Barreto. Hasta el cierre de esta edición, el funcionario no había respondido a las consultas realizadas a su celular con terminación 288.

Estuvo acompañada por Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, y la diputada por Capital, Johanna Ortega (PPS). Prieto actualmente también es candidato a la concejalía de Ciudad del Este en apoyo a la reelección de Dani Pereira Mujica (Yo Creo), pero enfrenta decenas de denuncias fiscales impulsadas por el cartismo.

Los políticos conversaron con comerciantes y trabajadores, quienes les expresaron la necesidad de contar con una administración municipal que atienda sus reclamos y trabaje de manera conjunta con quienes sostienen al mercado.

“Estamos recorriendo el Mercado 4 con Johanna y Miguel, apelando al apoyo de la gente, para trabajar juntos y levantar nuestra ciudad”, expresó Sole al inicio de la jornada.

Por su parte, Prieto destacó el respaldo recibido. “La gente está trabajando, pero igual se detiene un ratito para decirnos que hagamos bien nuestro trabajo, que confían en nosotros y, sobre todo, en nuestra futura intendenta de Asunción”, afirmó.

Johanna Ortega, por su parte, señaló que el recorrido refleja el deseo de cambio de la ciudadanía. “Evidentemente la gente quiere un cambio y sabe que con Sole eso es posible”, finalizó.

Unidad tras antecedentes

La actividad también sirvió para mostrar unidad opositora entre estos referentes, ya que cuando Soledad Núñez y Johanna Ortega disputaban la candidatura única por la oposición en Asunción, Prieto dio su respaldo a la parlamentaria.

Ortega finalmente aceptó su derrota en la medición por encuesta y pasó a apoyar a Núñez.

En 2021, Ortega también se presentó como candidata a la intendencia de Asunción, lo que restó votos al candidato liberal hoy senador Eduardo Nakayama y permitió la victoria por otro período de Oscar “Nenecho” Rodríguez.

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No obstante, Ortega sostiene que no hubo división de votos porque Nakayama y ella tenían votantes diferenciados. A su vez, el liberal centró sus acusaciones de presunta traición a favor de los colorados contra el equipo del eterno concejal Augusto Wagner, quien encabeza la lista 2 del PLRA.

Los dirigentes manifestaron que hace varios meses habían solicitado a la Gobernación de San Pedro, a través de la Secretaría de Pueblos Originarios, la provisión de víveres, semillas de autoconsumo, implementos agrícolas y el mejoramiento de los caminos vecinales, que se encuentran en pésimas condiciones.

Explicaron que debido a la falta de respuesta a sus pedidos, los dirigentes acordaron trasladarse a la sede ubicada en Santaní para insistir en el cumplimiento de los reclamos que afectan a las distintas poblaciones de la zona.

Habitantes de las seis comunidades realizan una manifestación en la subsede del gobierno departamental. Estas son 25 de Diciembre, Puentecita, 8 de Diciembre, 20 de Agosto, 30 de Julio y Arroyo Porã, todas ubicadas en los distritos de Yrybucuá y Capiibary.

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Obstáculos para el desarrollo

Agustín Ramírez, de la comunidad 25 de Diciembre, del distrito de Yrybucuá, expresó que los asentamientos indígenas reciben muy poca ayuda de la Gobernación para poder paliar las necesidades que históricamente fueron los principales obstáculos que impiden el desarrollo de las familias. Citó la falta de servicios básicos, caminos, implementos agrícolas, semillas de autoconsumo, viviendas, entre otros.

Agregó que muchas de las comunidades indígenas viven prácticamente olvidadas y se desenvuelven en medio de una extrema pobreza. Esas condiciones precarias de vida se deben a que no hay una política adecuada por parte del Gobierno nacional que les pueda ayudar a salir de la difícil situación en que viven en sus respectivos asentamientos, subrayó.

Hay ayuda de la Gobernación

El coordinador de la oficina administrativa de Santaní, Cristian D’Eclessis, negó que el gobierno departamental no ayude a estas comunidades, aunque señaló que la institución no cuenta con suficientes recursos para atender los pedidos que realizan constantemente. Añadió que hay muchas comunidades en los diferentes puntos de San Pedro que también deben ser asistidas de acuerdo con las posibilidades económicas.

Refirió, sin embargo, que se está buscando la forma de satisfacer algunos de los pedidos, con el objetivo de que el grupo de personas pueda retornar a sus asentamientos.

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Para la legisladora, la imputación contra los expresidentes de la institución Jorge Brítez y Vicente Battaglia —investigados por un presunto perjuicio patrimonial cercano a los G. 60.000 millones— no tendrá el impacto esperado si la Justicia y las autoridades no le imprimen celeridad al proceso.

“El IPS necesita dar respuestas de manera urgente. Hay que recordar que es una institución autónoma que se sostiene con el dinero de los aportantes, no con fondos del Estado. La ciudadanía tiene todo el derecho de conocer la verdad de lo que está pasando”, aseveró.

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Descentralización y purga en la conducción

Como parte de las soluciones para descongestionar la alta demanda, Samaniego sugirió aprovechar el patrimonio inmobiliario del ente en distintos puntos del país para construir un nuevo hospital de referencia. “Tienen la infraestructura para hacerlo; lo que falta es la decisión política”, remarcó.

Asimismo, consideró imperioso remover a figuras que llevan décadas “enquistadas” en la administración de la previsional y a quienes responsabiliza del deterioro del servicio.

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“Los aportantes merecen la atención por la que pagan y que hoy no están recibiendo, ni en medicamentos ni en intervenciones. Las consultas se agendan para dentro de tres meses y las cirugías para dentro de seis, cuando el paciente necesita atención médica hoy”, reflexionó.

Respaldos políticos y mensaje al presidente del IPS

Consultada sobre la iniciativa del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), de conformar una comisión especial para fiscalizar los procesos judiciales e internos del IPS, Samaniego apoyó la búsqueda de transparencia: “Si es Bachi quien la impulsa, adelante”, señaló, sin precisar si se integrará a la mesa impulsada por su rival político.

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Por otro lado, la senadora dedicó palabras al actual titular de la previsional, el Dr. Isaías Fretes, a quien calificó como un “gran médico y un gran patriota”, aunque advirtió que el tiempo corre en su contra.

“Reconozco su capacidad, pero si no le da mayor celeridad a las reformas, la propia ciudadanía va a sentir que el mismo sistema de siempre sigue administrando la institución. Insto y apoyo al presidente Fretes a que ejecute las reformas que sabe que se necesitan. Espero que el sistema no lo termine absorbiendo”, concluyó Samaniego, recordando que trabajó durante 14 años como funcionaria en la previsional y presidió en varios periodos la Asociación Médica del IPS.

El mapa de las nuevas autoridades de la ANDE combina la continuidad de piezas operativas con algunos ajustes en áreas sensibles de fiscalización interna y gestión ambiental.

En el entorno inmediato de la presidencia se mantiene la línea directiva. El exgerente comercial Luis Daniel Torres Figueredo, quien ejerció la jefatura del Gabinete de Presidencia durante la administración de Félix Sosa, continúa firme en el cargo.

También hubo cambios de gerentes en la ANDE

Movimientos en las gerencias

En el área operativa y financiera, el organigrama registra algunos cambios y otras permanencias. En la Gerencia Comercial, Hugo Rolón fue confirmado y se mantiene al frente de las gestiones comerciales del eléctrica estatal.

Por el lado de los recursos financieros y administración del presupuesto institucional, se mantiene Sonia Marycel Rojas de Hayes, quien sigue como gerenta financiera.

Sin embargo, en el área de asesoría legal se produjo la salida de Carlos Nelson Medina Duarte, quien se desempeñaba como asesor legal de la institución en el periodo anterior, abriendo espacio a la renovación en la representación jurídica de la estatal con la incorporación de la Abg. Adriana Teixeira.

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Direcciones operativas y de infraestructura

El esquema de las direcciones muestra un comportamiento similar de recambio paulatino. En la Dirección de Gestión Regional, posición ocupada en 2020 por Aniano Ramón Esquivel González hasta su jubilación, asumió Jorge Barrios Sánchez, quien continúa el ejercicio de sus funciones.

En la Dirección de Planificación y Estudios, área en la que se proyectan las obras del sistema eléctrico, tuvo la titularidad Francisco Escudero, pero ahora quedó a cargo del Ing. Guido Chávez, quien con el Ing. Sosa llegó a ser director de Distribución.

En la Dirección de Servicios Administrativos, tras el paso de Fidel Eleuterio Girett Ovelar, la posta fue tomada por César Zena, quien se consolida en el cargo. Por su parte, Luis Vidal Efrén Poisson Spessot permanece al frente de la Dirección de Telemática, un puesto para la modernización digital en el que fue nombrado en 2020.

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Fichas ratificadas y renovación en control ambiental

La estructura operativa mantiene la estabilidad en las áreas de servicio e infraestructura. El director de Distribución, Ing. José Luis González Cordone continúa en el cargo, encargado del seguimiento de las redes del país. De igual manera, Liliana Ortiz fue ratificada como directora de Contrataciones Públicas, manejando licitaciones de gran envergadura.

En la Dirección de Recursos Humanos no se registraron modificaciones y continúa Javier Buongermini, mientras que la Secretaría General sigue bajo la conducción de la Ing. María de la Paz Barrail Halley.

Las modificaciones más sustanciales se registran en los órganos de control e impacto ambiental. En la Auditoría Interna se concretó el cese de Fátima López, dando paso a una nueva conducción del control interno a cargo de Lic. Gloria Georgina Valinotti Araújo. Asimismo, en la Dirección de Gestión Ambiental se incorporó el Ing. Sebastián Atilio Esteche Vega.

El 19 de febrero de 2025, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora, presidido por Rilsy Ortiz e integrado por Natalia Muñoz y Gerardo Ruíz Díaz, dictó la Sentencia Definitiva (SD) N° 75 a través de la cual condenó a 27 años de prisión para César Fernando Rodas Galeano, por el hecho punible de feminicidio.

Fiscalía imputa por feminicidio al hermano de Analía Rodas

Sin embargo, un Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Central, conformado por los camaristas Dionisio Nicolás Frutos Serrati, Alicia Orrego Pérez y Gustavo Ramón Bóveda (disidente), por Acuerdo y Sentencia (AyS) Nº 79 del 1 de julio de 2025, anuló íntegramente la S.D N° 75 y decretó el sobreseimiento definitivo para César Fernando Rodas Galeano.

Ante esa situación, la fiscala Sandra Ledesma presentó un recurso extraordinario de casación señalando que el fallo de segunda instancia estaba viciado por una fundamentación insuficiente. Como remedio judicial solicitó la nulidad del AyS N° 79 y que se remita el expediente a otra cámara para el estudio de la apelación. Finalmente, la Sala Penal de Corte, resolvió anular el fallo del Tribunal de Apelación y que otro tribunal analice la apelación retrotrayendo el proceso a ese punto.

Camarista señaló “craso error” de Fiscalía y tribunal en caso Analía Rodas

En el AyS N° 79, el camarista Dionisio Frutos refirió que “a todas luces se observa un proceso que desde el inicio ha vulnerado de manera inaudita el principio del derecho a la defensa y al debido proceso”, haciendo referencia al relato fáctico de la Fiscalía, en su imputación y acusación que no pudieron plasmar la responsabilidad de César Rodas en el feminicidio de su hermana.

Luego manifestó Frutos, “podemos precisar y puntualizar que, la sentencia condenatoria no responde a preguntas básicas de consideración como ser ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? es que se produjo la muerte de Analía Rodas y que fue César Rodas quien la produjo”.

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Para Frutos “lo único que es posible de responder en el marco de la presente causa es que Analía Rodas no falleció por causas naturales”, por lo que consideró que “corresponde declarar la nulidad de la sentencia recurrida por los defectos ya indicados y en consecuencia, por decisión directa y considerando que dichas deficiencias son insalvables”.

El camarista Frutos, cuestionó duramente la tarea fiscal y el fallo de primera instancia al referir que “ni reenviando la causa para un nuevo juicio se podrá subsanar el craso error en el que incurrió tanto el órgano investigador como el tribunal de sentencia”. A este voto se sumó Alicia Orrego.

Resolución de la Cámara viciada con fundamentación insuficiente

La casacionista, fiscala Sandra Ledesma, en las páginas de su escrito había señalado que “el vicio denunciado consiste, precisamente, no en una ausencia total de fundamentación por parte del a quem, sino que su razonamiento es incorrecto, se contrapone con lo que dispone la ley, con lo cual dicha circunstancia hace que prive al fallo de toda motivación”.

Detalló posteriormente la agente fiscal que “cuando el razonamiento del magistrado es errado y esta sale de los parámetros fijados por la ley que rige una materia, su decisión es considerada desprovista de fundamentación, que a su vez, atenta contra lo dispuesto en la Constitución Nacional que exige que toda sentencia judicial deberá estar fundada en la constitución y en la ley”.

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Subrayó que el error concreto del tribunal de segunda instancia consiste “en una mala interpretación de los alcances establecidos en el artículo 474 del Código Procesal Penal, al sostener erróneamente, por cierto, el anular la sentencia definitiva de condena y sobreseer definitivamente al condenado César Rodas”.

Manifestó en otro párrafo la fiscala Sandra Ledesma que “la resolución recurrida, si bien cumple con los requisitos formales de emisión de la sentencia, se encuentra infundada porque su contenido es ilegítimo. Esto es así, puesto que la alzada simplemente se limitó en señalar que el tribunal de sentencia no se percató o no explicó el caudal factico, de cuándo, cómo, dónde sucedieron los hechos y que no se explicó supuestamente qué hizo el acusado para ser condenado por feminicidio”.

Resolución que sobresee a feminicida es infundada, según la Corte

Al momento de emitir su voto el ministro de la Corte Luis Benítez Riera, como preopinante, expresó “se constata que efectivamente los miembros del tribunal de apelaciones en mayoría, han realizado una fundamentación insuficiente”.

Añadió Benítez Riera que el camarista ignoró varias disposiciones del código de forma y la Constitución, en los cuales se exige “que toda sentencia y auto interlocutorio tengan una clara fundamentación (fáctica y jurídica), manifestando los motivos de hecho y derecho. La debida fundamentación es una exigencia crucial en el sistema procesal penal paraguayo, situación que no se produjo en el desarrollo de la presente resolución del Tribunal de Alzada”.

Fiscala afirma que asesinato de Analía no fue accidente, como dice su hermano

Por otra parte, Riera hace un cuestionamiento al Tribunal de Apelación de que solamente hicieron mencionó “en reiteradas ocasiones, de manera genérica, -que no se ha respondido a las preguntas que hacen al nexo causal-”. Sin embargo, para Benítez Riera los camaristas no tuvieron en cuenta “que el Tribunal de Sentencias ha valorado un cúmulo de pruebas, para establecer la conducta del procesado y el nexo causal”.

Ante lo dicho, es que el ministro de la Corte consideró que “la resolución recurrida se halla manifiestamente infundada” y ameritaba su nulidad y reenvío a otro Tribunal de Apelación, a los efectos de que el recurso de apelación especial planteado contra la sentencia definitiva de primera instancia sea estudiado.

El caso Analía Rodas, ocurrido en San Antonio

El 14 de junio de 2021, se llevó a cabo un allanamiento domiciliario en la ciudad de San Antonio. Fue intervenida la vivienda donde habitaban Analía Monserrat y su hermano César Fernando Rodas Galeano. Esto en el marco de una investigación por la desaparición de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el mismo día del allanamiento fue detenido César Rodas, como principal sospechoso, luego de que las fiscalas Laura Ávalos y la Gladys González ordenaran la inspección del predio trasero de la casa.

Es así que, bomberos voluntarios de San Antonio hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, envuelto con una sábana y enterrado a tan solo 30 centímetros de profundidad.

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Inicialmente César Rodas refirió que su hermana discutió con su novio y salió de la casa el 27 de noviembre de 2020, con destino al interior del país y que fue recogida en un Mercedes Benz negro. También señaló a otras parejas y exparejas como posibles sospechosos.

Después cayó en numerosas contradicciones afirmando que Analía perdió la vida a causa de un accidente. Sin embargo, volvió a contradecirse al decir que su hermana recibió un impacto de bala en la cabeza, efectuado por su pareja en aquel entonces, lo cual se descartó con la necropsia que determinó que recibió un golpe contundente en la cabeza.

Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asoban resaltó durante su discurso de apertura de la 2a Convención Bancaria 2026 que el crecimiento de la bancarización que se viene observando y el aumento de las transacciones en el Sistema de Pagos no son el resultado de un solo actor. Según un pronunciamiento realizado por la ejecutiva de Asoban, el desempeño reciente del ecosistema se explica por una arquitectura compartida entre la inversión pública en la infraestructura central y, en paralelo, por la apuesta privada “millonaria e ininterrumpida” en tecnología e innovación.

Precisó igualmente que no habría un sistema de pagos viable sin la infraestructura pública que actúa como núcleo, pero tampoco sin la red privada que conecta esa infraestructura y la hace operativa en el día a día.

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Piden que intermediarios tengan las mismas exigencias que la banca

Ante la atenta mirada del presidente del BCP Carlos Carvallo, el ministro de Hacienda Oscar Lovera y el director de la DNIT Óscar Orué, la ejecutiva de Asoban pidió a las autoridades que las reglas evolucionen al ritmo del mercado.

A lo que agregó que dichas reglas deben basarse sobre dos “principios irrenunciables”: simetría regulatoria y construcción participativa de la norma.

En términos prácticos, que todas entidades que realicen intermediación deben quedar sujetas a las mismas exigencias prudenciales, de capital y de supervisión a las que está sujetas la banca formal.

Esto en referencia a las casas de crédito, u otras plataformas financieras que operan brindando préstamos al público o captan recursos, que no están regulados o que no operan bajo las mismas exigencias que se impone a los bancos.

Normas con participación técnica serán más efectivas

El segundo principio detallado por Cramer hace referencia a la “construcción participativa”, de las normas o regulaciones. Que según detalló, no busca desplazar a los reguladores, sino reforzar la eficacia de las reglas.

De acuerdo con Asoban, las normas ganan efectividad cuando incorporan la participación técnica de quienes deben implementarlas cotidianamente, lo que ayudaría a traducir objetivos regulatorios en procedimientos realizables.

“La decisión final corresponde al Estado, pero la ingeniería normativa se vuelve más robusta cuando incluye conocimiento operativo y anticipa fricciones de implementación”, expresó la ejecutiva.

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Finanzas Abiertas y PISP: el nuevo hito que exige definiciones legales

Por otra parte, Cramer se refirió sobre el proceso de transición hacia Finanzas Abiertas, que describe como un camino ya en marcha dentro del sistema. En ese contexto, mencionó como hito reciente la incorporación de los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP), figuras asociadas a modelos donde terceros pueden iniciar pagos en nombre del usuario, bajo reglas y permisos predefinidos.

Según Cramer, este importante avance requiere definir con precisión inequívoca: las responsabilidades legales, los mecanismos de resolución de conflictos y los esquemas de compensación con el protocolo específico que permita lograr la plena confianza del mercado para su rápida adopción.

Para Asoban, sin claridad jurídica y operacional, la innovación puede volverse un terreno de incertidumbre que frene inversiones o deteriore la confianza.

Advertencia sobre tarifas y límites de tasas

En otro momento de su discurso, la presidenta ejecutiva del gremio bancario también se refirió a tarifas y límites impuestos desde el regulador, por lo que exigieron a las autoridades “prudencia” frente a la fijación de tarifas o topes de tasas.

Como antecedente, mencionó la Ley N° 5476/2015 que topeó la tasa de interés de las tarjetas de crédito, cuya experiencia, afirmó que mostró que límites que no responden a la lógica del mercado y que no necesariamente protegen al consumidor. También recientemente el BCP aprobó el reglamento tarifario aplicable a los servicios de pago que afecta sobre todo a al servicio de Proveedores de Servicios de Inicio de Pagos (PISP),e iniciadores de pagos con QR.

La asociación sostiene que esos topes pueden generar efectos no deseados como exclusión de segmentos vulnerables, desplazamiento hacia la informalidad y desincentivo a la inversión privada.

En contraposición, plantea que la inclusión financiera se fortalece con más competencia, transparencia y profundización del crédito, en lugar de controles que alteren el funcionamiento del mercado sin calibración suficiente.

La ejecutiva recordó que el dinero administrado por los bancos pertenece “principalmente a los ahorristas” y su cuidado prudente constituye la base de la estabilidad económica y que en esa lógica, la regulación debe redactarse con esa prioridad en mente, porque las decisiones normativas impactan sobre la confianza, los incentivos de inversión y el manejo del riesgo.

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Convención bancaria hasta el viernes

Con la presencia de 390 referentes y 16 expertos nacionales e internacionales, la Convención Bancaria se consolida como el principal espacio de debate, alianzas y generación de conocimiento entre los líderes que definen el rumbo financiero del país y la región. La actividad que comenzó este jueves se extenderá hasta el viernes 7 en el Hotel Sheraton de Asunción.

La transformación del sistema financiero en la era de la inteligencia artificial generativa, la evolución de los mercados de capitales, los cambios regulatorios, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la geopolítica son algunos de los principales temas que reunirán a expertos nacionales e internacionales durantes estas dos jornadas.

Fundación de Asunción, Madre de ciudades

El lanzamiento surge en el contexto de las próximas elecciones municipales en Asunción, el 4 de octubre próximo. El candidato del cartismo es Camilo Pérez y la intendentable de la oposición es Soledad Núñez.

Los organizadores del evento indicaron que estas entidades vienen trabajando en la solución de problemas en Asunción como “el mal servicio de transporte público, la proliferación ilegal de estaciones de servicio, la destrucción de la vida barrial, la contaminación ambiental y la exclusión en los Bañados”.

Vecinos de Asunción se organizan frente a “deterioro integral” de la capital

El lanzamiento de esta nucleación de organizaciones se realizará el sábado 8 de agosto, en la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, ubicada frente a la plaza Uruguaya, a las 10:00.

Al término del acto, se invitará a los concurrentes a realizar una acción ciudadana directa alrededor de la histórica plaza Uruguaya, que actualmente se encuentra bajo reparación y restauración con fondos estatales.

“Las ciudades en las que vivimos es el resultado de decisiones y omisiones que configuraron un modelo urbano que expulsa, segrega y fragmenta”, expresaron los organizadores.

Se priorizan los autos y se abandona el centro de Asunción

Repudian que actualmente se prioricen los automóviles por sobre las personas, que las ciudades se expandan hacia las periferias mientras abandonan sus centros, y que se concentren inversiones que valorizan ciertos territorios mientras otros se degradan.

“El vínculo con la naturaleza, con el agua, con los espacios comunes se debilita o se pierde por completo”, expresa un párrafo del manifiesto fundacional de la Red que rubricaron las 25 organizaciones integrantes.

Los referentes designados de la red son Natalia Correa de Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia; Vladimir Velázquez Moreira de Asunción Causa Nacional; Griselda Yúdice de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción- OPAMA; Jhony Alvarenga del colectivo Guara y Arístides Ortiz Duarte de la Asociación Vecinos y Amigos del parque Carlos A. López.

¿Quiénes integran la Red?

Integran la Red por el Derecho a la Ciudad:

1. Amigos del Parque Caballero (AAPC)
2. Asunción Causa Nacional
3. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES)
4. Colectivo Guara
5. Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM Py)
6. Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA)
7. Red Agroecológica
8. Unión de Bosques Asuncenos
9. Vecinos de Trinidad Unidos
10. Salvemos el Parque Guasu
11. Asamblea Ciudadana Asuncena
12. Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia
13. Amigos del Jardín Botánico de Asunción
14. Asociación Amigos del Parque Carlos Antonio López
15. Amigos de la Plaza Ortiz Guerrero
16. Asociación de Vecinos de la plaza Herminio Giménez
17. Agrupación Barrial Salvemos Las Mercedes
18. Guaty Py
19. CRI Paraguay (Construyendo Realidades Inclusivas Paraguay)
20. Asociación Mil Solidarios
21. Articulación PYKUI
22. S.O. S Arroyo Ferreira
23. Ecología Urbana Paraguay.

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El equipo fiscal solicita a la Cámara de Apelaciones que anule la S.D N° 333 dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, y ordene en reenvío del expediente para la realización de un nuevo juicio oral a Boidanich, a cargo de otro colegiado de sentencia.

Según argumentan los agentes del Ministerio Público en el escrito de apelación, el Tribunal de Sentencia no valoró pruebas claves y minimizó el hecho de que la Seprelad haya retrasado el envío al Ministerio Público, del informe sobre operaciones sospechosas del ‘doleiro’ Darío Messer, considerado el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.

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“La sentencia emanada del Tribunal no se encuentra debidamente fundada, ya que esta no valoró pruebas determinantes, vulnerando así las reglas de la sana crítica, lo que derivó en una errónea aplicación de la ley penal de fondo”, resalta parte de la apelación especial presentada en la fecha por los fiscales del caso.

Errores del tribunal que absolvió a Boidanich, según fiscalía

La fiscalía señala en otra parte de la apelación que los hechos debatidos en el juicio oral y público se subsumen en el tipo penal de frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, conforme los artículos 292 y 293; en concordancia con el art. 29 (autoría) del Código Penal.

Sobre el punto resalta que el Tribunal de Sentencia señala erróneamente en la S.D N° 333 que el comiso y el comiso especial son considerados o denominados “medidas sui generis”, premisa equivocada que lo lleva indefectiblemente a una conclusión errónea, puesto que considera en razón de que todos los bienes de Darío Messer han sido comisados, no se produjo el resultado de impedir la “sumisión” a una medida y, por tanto, se encuentra ante la ausencia del resultado típico.

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El Ministerio Público puntualiza además que los jueces concluyeron que la “puesta en riesgo” no equivale al resultado exigido por el tipo, ya que la figura penal, no sanciona la mera puesta en peligro de la persecución penal ni la simple posibilidad de que un resultado pudiera producirse.

Para el tribunal, bajo ese entendimiento, la sola constatación de una demora administrativa, de una omisión funcional o incluso de una actuación irregular dentro del procedimiento administrativo de la Seprelad no resulta suficiente para integrar el tipo penal, si no se demuestra que tales conductas tuvieron como consecuencia directa impedir la aplicación del comiso, de acuerdo con la critica que hace fiscalía en la apelación.

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“Estas fundamentaciones son a todas luces erróneas, puesto que el tribunal de sentencia concluye equivocadamente sobre el alcance de la norma, al confundir cual es el resultado previsto en el Art. 292 del Código Procesal Penal”, enfatiza el Ministerio Público.

Boidanich “demoró injustificadamente” informe sobre Messer

La fiscalía sostiene que el hecho atribuido a Óscar Boidanich es la demora injustificada en la remisión del informe de inteligencia financiera relacionada a Darío Messer, no así el procedimiento de comiso de los bienes. “Esta representación pública consideró como un hecho consumado lo expuesto anteriormente con relación al informe de inteligencia financiera CHASA605530091, lo que derivó en la apertura tardía de una causa penal en contra de Darío Messer por el periodo de tiempo de más de siete meses”, remarcan los fiscales del caso.

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En ese sentido, agregan que el Tribunal de Sentencia confundió el objeto del juicio, y realizó un erróneo análisis de subsunción de los hechos atribuidos al extitular de Seprelad, refiriendo que al no existir relación causal entre la conducta del acusado y la producción del resultado no se dan los presupuestos para establecer los elementos típicos de los hechos punibles.

Los fiscales insisten en que con la remisión tardía del informe de inteligencia financiera al Ministerio Público, se dio el resultado exigido por el tipo penal de frustración de la ejecución y persecución penal y la realización por parte de funcionarios; en atención a que el ministro de la Seprelad cumple un rol fundamental en las investigaciones de lavado de activos, ya que por su intervención y comunicación es que se inician las investigaciones fiscales y que es dicha entidad la encargada de recabar las informaciones previas y luego, tiene la obligación de comunicar las sospechas al Ministerio Público.

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“El resultado típico del hecho por el cual se encuentra acusado Óscar Boidanich consistió en la demora o retraso injustificado del envió del informe de inteligencia financiera que guardaba relación con actividades sospechosas que involucraban al señor Darío Messer y otros, informaciones de las cuales tomó conocimiento el acusado ya en el año 2016, mediante informes por la UIF de la República Federativa del Brasil en el mes de noviembre del mencionado año”, remarca otra parte del escrito de apelación fiscal.

Tras recibir un disparo en la espalda, la joven huyó de sus atacantes y se refugió en una estación de servicio en busca de auxilio, donde se desvaneció. Para los investigadores, el móvil del ataque fue la motocicleta de la víctima, la cual no pudieron llevarse.

De acuerdo con los primeros datos recogidos por los investigadores, Gloria levaba unos cinco meses desempleada y vivía en la casa de sus padres en Naranjaisy.

Según fuentes policiales, la tarde del miércoles Gloria la pasó con su pareja en la ciudad de San Antonio, donde se quedó a cenar antes de regresar a su hogar.

Alrededor de las 23:00 la mujer emprendió viaje con destino a su casa al mando de su motocicleta, pero en algún punto del trayecto fue vista por los criminales que comenzaron a seguirla, en espera del momento oportuno para interceptarla.

Motochorros asesinan a una mujer en Luque

La oportunidad perfecta para dar el golpe se presentó cuando la víctima tomó el camino que une Ypané con Villeta y alcanzó la zona del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ataque de motochorros, en zona oscura de la ruta que une Ypané con Villeta

Los criminales, que también estaban a bordo de una moto, esperaron a que la víctima alcanzara la zona más oscura para acercársele por atrás y, arma en mano, ordenarle que bajara la velocidad y se estacionara a un costado de la calle.

Sin embargo, en lugar de obedecer la orden, la mujer aceleró e intentó escapar. Ante esta situación, el maleante que iba como acompañante le disparó un balazo en la espalda, del lado izquierdo.

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La víctima siguió su camino hasta alcanzar una estación de servicio, lugar donde se refugió. Antes de caer desvanecida, relató lo ocurrido. La mujer fue auxiliada y derivada al Centro de Salud local. Posteriormente, se la trasladó al Hospital Distrital de Ñemby, donde permaneció internada hasta el mediodía, momento en que finalmente falleció.

Agentes de Investigaciones del departamento Central y personal del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios fueron enviados a la ciudad de Ypané para investigar el caso y tratar de identificar a los sospechosos, según confirmaron fuentes de la Dirección de Policía de Central.

El núcleo principal del ciclón y sus efectos más severos (vientos extremos y precipitaciones muy intensas) se concentran sobre el sur de Brasil, Uruguay y sectores de Argentina.

Este dinamismo favorece el ingreso del frente frío actual, generando tormentas dispersas, vientos moderados a fuertes del sector sur y un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio paraguayo durante los próximos días.

“Lo que da para nosotros es un viento sur que va a traer contigo el aire que está más al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero el ventarrón importante de oleaje alto, de posibles afectaciones de esas tormentas va a ser allá en Uruguay, sur de Brasil y desembocadura del río La Plata”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología.

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Seguido mencionó: “Ya pusimos un estado de atención en centro sur de la región oriental. Tal vez esta noche, con el ingreso de lo que sería el coletazo de este sistema, algunas tormentas se van a dar”.

Mingo, reiteró que lo que estará afectando al país no ese ciclón extratropical. Lo que va a generar ese viento van a ser las tormentas que traen los frentes fríos.

Ante la consulta de si este esto ya tiene que ver con el fenómeno climático El Niño, sostuvo que es muy prematuro decir que es una influencia directa.

En entrevista con ABC Cardinal, este jueves, el secretario de Estado señaló que los contratos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos estaban diseñados para ejecutarse en un periodo de dos o tres años, pero que terminaron consumiendo mucho antes debido al aumento de las prestaciones de salud.

“Muchos de esos contratos se ejecutaron en un año, lo que hizo generar la presión sobre la disponibilidad financiera en un año determinado”, explicó.

Añadió que esa situación derivó en compromisos de pago que superaron la disponibilidad presupuestaria y contribuyeron a la acumulación de obligaciones con los proveedores.

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Falta de integración entre contratos y control financiero

Lovera dijo que otro de los problemas que detectaron fue la falta de comunicación entre las áreas encargadas de administrar los contratos y responsables del seguimiento financiero. “El área de ejecución de contratos estaba disociada del área financiera. No se tenía información de cómo avanzaba financieramente la ejecución de un contrato”, apuntó.

El Gobierno está aplicando una herramienta de control denominado: Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigevis), que integrará las plataformas de contrataciones, presupuesto y facturación electrónica, permitiendo monitorear en tiempo real las obligaciones asumidas por el Estado explicó. “Vamos a tener la trazabilidad de un contrato desde que se planifica hasta que se paga”, aseguró.

Añadió que el nuevo sistema permitirá realizar un seguimiento desde la firma del contrato hasta el pago final e incorporará automáticamente la información proveniente de la facturación electrónica para registrar los compromisos asumidos por las instituciones públicas.

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Sancionarán a funcionarios

El ministro de Economía anunció además que el decreto reglamentario de la Ley Nº 1.535, que data de 1999, ya establece responsabilidades personales a los funcionarios que ejecuten contratos sin tener disponibilidad presupuestaria.

“El funcionario que ejecute contratos sin tener disponibilidad presupuestaria de este año será pasible de sanciones administrativas e incluso penales si correspondiese”, advirtió Lovera.

Indicó también que con la medida buscan evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las que fueron detectadas en el Ministerio de Salud.

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La demanda de atención médica se duplicó

El ministro atribuyó también el incremento de la deuda al fuerte crecimiento de la demanda de servicios públicos de salud.

Indicó que, mientras en un periodo anterior se registraron alrededor de 20 millones de prestaciones, en los primeros dos años y medio de la actual administración esa cifra superó los 40 millones. “Esas estadísticas prácticamente se duplican. Estamos hablando de más de 40 millones de asistencias”, destacó.

Agregó que la habilitación de nuevos hospitales, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur, aceleró la utilización de los servicios. “Se preveía que el 100% de los servicios estarían ocupados en un lapso de un año. Esa ocupación se dio en tres meses”, dijo.

Concluyó que ese comportamiento superó las proyecciones que se realizaron durante la planificación presupuestaria.

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El presupuesto de Salud ya no alcanza

Lovera reconoció que el presupuesto vigente para el Ministerio de Salud resulta insuficiente para atender el aumento de la demanda y adelantó que la cartera seguirá recibiendo recursos adicionales este año. “Si la pregunta es si el presupuesto, actualmente aprobado para el Ministerio de Salud es suficiente, la respuesta es no es suficiente”, reconoció.

Informó que el Ministerio de Economía incorporará esas necesidades en el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que incluirá una revisión de los programas y actividades de las instituciones públicas para reasignar recursos a las áreas prioritarias, principalmente Salud.

Lovera reiteró que el Gobierno mantiene como objetivo retornar al déficit fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB) en 2028, una vez absorbido el impacto de las deudas acumuladas con proveedores de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

Al término del encuentro, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, destacó la importancia del diálogo directo con el jefe de Estado para coordinar medidas preventivas y evitar que el impacto climático frene el desarrollo económico del país.

Balance agrícola y sectores más vulnerables

Cristaldo señaló que, en líneas generales para la agricultura, un ciclo bajo la influencia de El Niño ofrece un panorama productivo más auspicioso en comparación con la sequía ocasionada por La Niña. Sin embargo, advirtió que el exceso de precipitaciones trae consigo riesgos considerables para rubros específicos y para la infraestructura vial.

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“En la ganadería el problema son las inundaciones y, en general, el deterioro de caminos y puentes. Es cuestión de sumar trabajo entre todos para sacar adelante este desafío”, refirió.

Entre las actividades más expuestas, el titular de la UGP citó al cultivo de arroz en campos bajos debido a los riesgos de anegamiento, a la ganadería en áreas ribereñas y a la producción frutihortícola, amenazada por los retrasos logísticos en el traslado de productos perecederos hacia los centros de consumo.

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Logística contra el aislamiento

Durante la mesa de trabajo, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) planteó la necesidad de implementar asistencia conjunta ante el riesgo de anegamiento y el consecuente aislamiento de varios distritos y comunidades.

Frente a este escenario, se acordó reforzar la coordinación logística pública y privada para garantizar que las zonas productivas no queden desabastecidas.

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Las conversaciones entre el Ejecutivo y los gremios continuarán de manera periódica, habiéndose fijado un nuevo encuentro del Consejo Asesor Agrario para el mes de septiembre a fin de evaluar la evolución del clima y ajustar las estrategias de contingencia.

🔶 Reunión entre el gobierno con gremios de producción. Abordan plan ante la llegada de Fenómeno "El Niño"

🔶 "Participó el presidente de la República, Santiago Peña. Tenemos desafíos que encarar juntos. La idea es trabajar anticipadamente a los problemas y tratar de minimizar… pic.twitter.com/lCwpDPV4Iw

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

En rueda de prensa en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el secretario de Estado informó que 3.000 efectivos militares y 2.700 efectivos de la Policía Nacional participarán de la celebración.

En el marco del aniversario N° 489 de fundación de Asunción, se prevén además celebraciones religiosas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que arrancaron formalmente este miércoles 5 de agosto a las 18:00, con una procesión que trasladó la imagen sagrada desde el Panteón Nacional de los Héroes hasta la Catedral Metropolitana.

A partir de esa fecha hasta el sábado 15 se oficiarán misas diarias a las 19:00 en el templo catedralicio.

El día central, 15 de agosto, la jornada se iniciará a tempranas horas con la tradicional procesión náutica sobre el río Paraguay. La travesía culminará a las 10:00 con la misa central en la Catedral Metropolitana, desde donde posteriormente la imagen será llevada de regreso a su morada habitual en el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción.

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Arte, cultura y fiesta en la Costanera

En el ámbito cultural, Marcela Bacigalupo, directora de Cultura de la Municipalidad de Asunción, destacó que la agenda sumará ferias artesanales y gastronómicas en las plazas de la ciudad, coordinadas en conjunto con los espectáculos en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Asimismo, el Centro Cultural Manzana de la Rivera albergará exposiciones de arte, mientras que centros de turismo ofrecerán circuitos guiados por el casco histórico.

Lilian Samaniego, con recurrentes acercamientos al oficialismo, pide igualdad de trato

Sus declaraciones fueron lanzadas tras la difusión de encuestas de opinión sobre candidatos presidenciales colorados y las recientes imputaciones contra exautoridades del IPS, ente en el que su familia cuenta con influencia según sus detractores.

En su alocución, Samaniego sostuvo que sigue siendo candidata presidencial del movimiento Causa Republicana. “¿Saben por qué? Porque yo no tengo jefe”, dijo. “Lilian Samaniego no tiene jefes. Tiene compañeros de causa”, manifestó.

Se jactó de ser la mejor candidata con el “mejor currículum partidario” y subrayó que Paraguay necesita una mujer en la Presidencia porque el país necesita orden, tal como ponen orden las mujeres paraguayas, madres y esposas, en sus hogares.

También se jactó de su reconocimiento entre el electorado y de ser la vocera del “sentimiento de la gente” por lo que dijo que podrá competir en igualdad de condiciones pese a no contar con los fondos y la estructura del cartismo o el abdismo.

“Yo, en primer lugar, no tengo los recursos del oficialismo. Ni tengo la estructura del movimiento Colorado Añetete que está liderado por un expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ni tampoco la de un ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez”, aseveró.

Sostuvo que busca la presidencia por estar preparada para gobernar y por haber sido la presidenta de la ANR durante la llanura y por volver a conducirlo al poder.

Afirmó que durante su gestión “se priorizaba el partido, no los movimientos”. También acusó a Horacio Cartes, titular de la ANR, de haber utilizado el partido “como puesto de comando de Honor Colorado”.

Peña es “números fríos”, dijo Lilian al calificar a cada gobierno

Samaniego también dijo que podía evaluar los gobiernos colorados. Sobre Nicanor Duarte Frutos (2003-08) dijo que “sentó las bases de la economía”; que el de Mario Abdo Benítez (2018-2023) “fue el de las grandes obras, rutas, caminos, que unieron los departamentos” y que el de Santiago Peña (2023-2028), “el del grado de inversión y el atractivo de inversionistas, pero el de los números fríos”. De Horacio Cartes (2013-2018) dijo que “hubo gestión” y que no iba a dejar de reconocer eso.

“¿Pero por qué digo los números fríos? Porque la microeconomía no funciona. El paraguayo no tiene dinero en su bolsillo”, sostuvo al volver a referirse contra el gobierno de Peña.

Prometió que en su gestión tendrá un equipo técnico y que los puntos sensibles serán la educación y la salud. “Para las familias paraguayas, la salud es el 43% del gasto de su bolsillo”, lamentó.

Señaló que en el panorama actual, Horacio Cartes tiene por candidato presidencial a Pedro Alliana; Mario Abdo Benítez respalda a Arnoldo Wiens y que el candidato de Hugo Velázquez es el senador Luis Pettengill.

Fenómeno esperado

El informe proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) indica que el sistema podría generar:

• Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes
• Ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte
• Ocasional caída de granizos

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Zona de impacto

La zona de cobertura abarca principalmente el este de la Región Oriental, siendo el área de mayor afectación prevista el noreste del departamento de Alto Paraná.

Cabe resaltar la importancia de tomar los recaudos necesarios ante la visibilidad reducida en ruta y la posibilidad de raudales o caída de ramas debido a las fuertes ráfagas de viento.

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En una exposición técnica ante las autoridades, los principales responsables del servicio delinearon una realidad alarmante: el ala de Urgencias de Adultos opera al límite absoluto de sus capacidades, sostenida únicamente por el esfuerzo heroico de su personal de blanco, pero carcomida por deficiencias estructurales, saturación por casos de baja complejidad y una crisis de recursos humanos que amenaza con agudizarse en los próximos meses.

La UEMA representa hoy la unidad de urgencia médica más grande y compleja del Paraguay, se afirmó durante la sesión. Sin embargo, las cifras, los testimonios y las condiciones edilicias revelan una brecha insostenible entre la demanda masiva de los asegurados y la capacidad real de respuesta de la previsional.

Un hospital dentro de otro hospital operando a máxima capacidad

Inaugurada originalmente en junio del año 2010, la infraestructura física de la UEMA fue diseñada para albergar un volumen de pacientes que hoy resulta una fracción minúscula de la realidad diaria. Con el transcurso de los años, el crecimiento demográfico de los aportantes del IPS y el envejecimiento poblacional incrementaron la presión sobre el Hospital Central de manera exponencial.

La doctora Clarisa Da Costa, coordinadora de la UEMA, explicó que actualmente la unidad cuenta con una capacidad física de 122 camas distribuidas en diferentes salas de atención. No obstante, la realidad operativa supera con creces este límite: de manera sistemática, el servicio llega a albergar entre 160 y 170 pacientes por día. Indicó que esta situación obliga al personal médico y de enfermería a recurrir a soluciones logísticas precarias, como el uso de sillas de ruedas, camillas prestadas por otros departamentos e improvisaciones en los pasillos para evitar rechazar a quienes acuden en busca de auxilio.

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“No tenemos un techo, no tenemos y somos el lugar donde hacemos magia, tenemos esa capacidad camaleónica de reconvertirnos como sea ante la necesidad”, expresó Da Costa.

Las condiciones de atención: Pacientes en pasillos, falta de privacidad y esperas prolongadas

El impacto más visible de este colapso recae sobre los asegurados, quienes experimentan en carne propia las deficiencias de un sistema sobrepasado. Durante la exposición de la doctora Da Costa, se detalló cómo cientos de pacientes deben pasar jornadas enteras —y en muchos casos amanecer— en los pasillos de la urgencia, debido a la saturación total de las salas de internación.

Las autoridades del IPS estuvieron de acuerdo en que las condiciones físicas en las que se desenvuelve la atención médica atentan contra la dignidad y el pudor de los pacientes. Da Costa detalló que al carecer de suficiente espacio y de una sectorización adecuada por franja etaria o género, hombres y mujeres de distintas edades comparten espacios reducidos, separados únicamente por biombos de tela. Detalló que en un mismo metro cuadrado, un paciente puede recibir una sonda vesical mientras al lado se le realiza un electrocardiograma a una persona de distinto sexo.

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La escasez de recursos humanos agrava el panorama. Mientras que los estándares internacionales recomiendan números estrictos de personal de enfermería por paciente —especialmente en áreas críticas donde una enfermera debe atender a un máximo de dos pacientes—, en las salas del IPS todo se desborda.

La coordinadora de la UEMA sostuvo que con frecuencia, un reducido número de enfermeras y médicos de guardia deben lidiar con el triple o cuádruple de pacientes de su capacidad óptima. Esta sobrecarga no solo genera demoras en la administración de medicamentos y en la realización de estudios diagnósticos, sino que incrementa el riesgo clínico debido a la alteración progresiva del estado de salud de los enfermos durante la espera.

El factor crítico: El 50% de pacientes que no deberían acudir a la urgencia

Un elemento central en el análisis de la crisis de la UEMA es el uso inadecuado del servicio por parte de los propios asegurados y las fallas en la red sanitaria periférica. Según las estadísticas presentadas correspondientes al último mes, aproximadamente el 49% o 50% de las personas que acuden a la urgencia del Hospital Central corresponden a las categorías verde y azul del triaje; es decir, cuadros clínicos de baja complejidad que podrían ser resueltos sin inconvenientes en las clínicas periféricas, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) o en centros de salud distritales.

Da Costa aseguró que cuadros de resfríos comunes, cefaleas leves, golpes menores o dolencias crónicas no descompensadas saturan los mismos espacios donde se intenta reanimar a un paciente infartado o tratar un accidente cerebrovascular (ACV). A esto se sumó un fenómeno que calificó como “preocupante”, al mencionar la derivaciones innecesarias desde el interior del país y hospitales de área central (como Luque, Ingavi, Villarrica, entre otros). Las autoridades del IPS criticaron que muchos centros médicos derivan pacientes al Hospital Central para evitar procedimientos sencillos.

El cuello de botella estructural: El lento giro de camas

Isaías Fretes, presidente del IPS resaltó que la urgencia médica de un hospital general no está diseñada para funcionar como un área de internación prolongada. Los estándares internacionales establecen que el tiempo máximo de permanencia de un paciente en una sala de urgencias no debe superar las 6 horas, plazo en el cual el enfermo debe ser dado de alta o derivado a una sala de internación definitiva en el edificio principal.

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Da Costa explicó al Consejo que en el IPS, esta regla teórica es una utopía. Debido a la alta demanda y al lento “giro de camas” en los departamentos de clínica médica y especialidades de los pisos superiores, los pacientes de la UEMA se ven obligados a permanecer internados en camillas de urgencia durante días, e incluso semanas. Existen registros de pacientes que se curan, cumplen sus tratamientos o pasan sus últimos días en la propia urgencia, debido a la imposibilidad de conseguir una cama de internación en el área correspondiente.

Este estancamiento genera un efecto dominó: al no liberarse las camillas, los nuevos pacientes que ingresan con cuadros graves quedan varados en los pasillos o en sillas de ruedas, profundizando el colapso operativo de la unidad.

Crisis de recursos humanos y desgaste del personal de blanco

Otra de las preocupaciones señalada durante la presentación ante el Consejo es la situación laboral y humana del plantel médico y de enfermería.

Una vez más, Fretes mencionó el impacto negativo -según su opinión- que ha tenido la legislación sobre la reducción de la carga horaria a 12 horas universales del personal de salud, implementada -según afirmó- sin el acompañamiento presupuestario ni la reposición masiva de los recursos humanos necesarios para cubrir las horas vacantes.

Fretes afirmó que los médicos perciben una remuneración salarial que en muchos casos no se condice con la alta responsabilidad y el desgaste físico y mental de la profesión. Resaltó que la falta de suficientes profesionales de planta y residentes limita las posibilidades de realizar un seguimiento clínico riguroso.

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Durante la presentación del informe se resaltó también la precariedad administrativa. Se aseguró que áreas enteras operan con un apoyo logístico y administrativo mínimo, obligando al personal médico a asumir tareas de gestión que restan tiempo valioso a la atención directa de los pacientes.

Propuestas de solución y el desafío de la reingeniería institucional

Frente a este escenario crítico, las jefaturas de la UEMA y las autoridades del IPS plantearon una serie de ejes de acción a corto y mediano plazo para intentar revertir el colapso estructural:

• Incorporación progresiva y focalizada de recursos humanos.
• Disciplina y control en las derivaciones.
• Fortalecimiento de la red periférica.
• Reingeniería financiera y logística.
• Implementación del “Triage Inverso” para optimizar la liberación de camas.

Los asegurados describen la UEMA del Hospital Central del IPS, como un auténtico calvario y un servicio colapsado. Los puntos más recurrentes que denuncian los pacientes se caracteriza por esperas prolongadas, hacinamiento y falta de cama, mezcla de pacientes y vulneración de privacidad. A esto se suma la histórica y desesperante falta de insumos y medicamentos, que obliga al paciente y familiares, a realizar importantes gastos de bolsillo.

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Sin embargo, la sesión cumplió con todos los elementos legales, por lo tanto, el acta debía ser aprobada en la siguiente reunión legislativa y es ahí donde comenzaron a generar todo tipo de disturbios los cinco concejales cartistas para evitar el tratamiento.

Primero, una turba encabezada por el propio Penayo intentó evitar el ingreso de los siete ediles opositores al recinto por lo cual se tuvo que sesionar en el patio de la comisaría local. Luego, la presidenta Lidia Téllez escondió el libro de actas en complicidad con la secretaria Cinthia Quintana.

Por este motivo, se presentó denuncia contra la titular y la secretaria del Legislativo. Ayer de mañana, los ediles opositores intentaron presentar una nota mediante la mesa de entrada de la Junta Municipal, y la secretaria Quintana se negó a recibirla, ninguneando a los concejales titulares.

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Luego por la tarde, se intentó nuevamente sesionar, pero primero un desconocido tiró gas pimienta en la sala de sesiones y luego encerraron a los ediles opositores.

Paralelamente, Gustavo Penayo estuvo en inmediaciones de la Junta Municipal amedrentando, y junto con la cartista Téllez, se intentó hacer jurar a los ediles suplentes.

Al respecto, la liberal Mabel Schupp dijo en una transmisión en vivo en redes sociales que hubo privación ilegítima de libertad de los ediles.

Todos estos atropellos fueron informados al Tribunal Electoral, pero llamativamente ningunean la denuncia, con lo que los atropellos del clan Penayo van escalando.

Incluso, Gustavo Penayo, mediante varias artimañas jurídicas, logró que su hermano Ramón Penayo, quien quedó en el quinto lugar en la lista de concejales, sea proclamado candidato a intendente.

Según explicaron los agentes del Ministerio Público, la medida busca impedir que la defensa vuelva a promover incidentes procesales alegando la falta de participación de los representantes legales del adolescente, situación que ya había generado dilaciones durante etapas anteriores del proceso.

En consecuencia, el Tribunal Penal de Sentencia hizo lugar al planteamiento fiscal y fijó una nueva fecha para el inicio del juicio: el próximo 17 de agosto, a las 08:00, oportunidad en la que el debate comenzará independientemente de que los padres comparezcan o no.

Los fiscales explicaron que el artículo 427 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los representantes legales del adolescente podrán participar del juicio oral, lo que convierte su presencia en una facultad y no en una obligación.

“El Código habla del término ‘podrán’. Independientemente de ello, ellos asumirán la decisión de participar o no del juicio oral”, según dijeron los fiscales, al explicar que la presencia de los padres no constituye un requisito indispensable para la validez del proceso cuando el acusado cuenta con defensa técnica.

El Tribunal dispuso la notificación personal de los padres mediante cédula, incorporando una advertencia expresa de que, si, pese a estar debidamente notificados, no comparecen en la fecha fijada, el juicio se iniciará igualmente, de acuerdo con lo que mencionaron los representantes del Ministerio Público en el caso Melania Monserrath.

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Los representantes del Ministerio Público señalaron que esta decisión apunta a fortalecer las garantías del debido proceso y, al mismo tiempo, cerrar la posibilidad de que posteriormente se cuestionen aspectos formales relacionados con el derecho de defensa del adolescente. También recordaron que fue la propia defensa la que había solicitado la notificación de los representantes legales, motivo por el cual el Tribunal resolvió acceder a ese pedido antes de dar apertura definitiva al debate oral.

Respecto al desarrollo del juicio, explicaron que la primera jornada comenzará con la resolución de eventuales incidentes procesales, en caso de que sean promovidos, seguida de los alegatos iniciales de las partes. Posteriormente, se iniciará la producción de las pruebas testificales, documentales y periciales.

La Fiscalía adelantó que no tiene previsto plantear incidentes durante el juicio, aunque admitió que desconoce cuál será la estrategia procesal que adoptará la defensa una vez iniciado el debate oral.

En cuanto a la acusación, el Ministerio Público recordó que el adolescente enfrenta cargos por los presuntos hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio, y que continúa sometido a una medida cautelar de internación mientras se sustancia el proceso. La Fiscalía prevé la comparecencia de 52 testigos, además de la incorporación de numerosas pruebas documentales, informes periciales y otros elementos de convicción reunidos durante la investigación.

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El crimen que conmocionó al país

El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Melania Monserrath Riveros, de 12 años, fue hallada sin vida en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida. Las pericias del Ministerio Público concluyeron que la niña fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

El crimen conmocionó al país por sus características y por los antecedentes judiciales que vinculan a las familias afectadas por el hecho.

La investigación condujo a la detención de un adolescente de 16 años, quien, según la Fiscalía, fue una de las últimas personas en verla con vida. Tras la recolección de evidencias científicas, testimoniales y documentales, el Ministerio Público presentó acusación por feminicidio y abuso sexual en niños.

El proceso estuvo marcado por reiteradas postergaciones originadas por diversos incidentes procesales promovidos por la defensa. Incluso, el Tribunal de Sentencia había adelantado el inicio del juicio para evitar el vencimiento de la medida cautelar del acusado, decisión que también fue objeto de apelación.

Al respecto, primeramente, a propuesta del consejero Enrique Berni y adhesión unánime de los demás miembros del JEM, se resolvió cancelar la causa con relación a Mirko Valinotti, quien tras no ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia como juez de garantías ya no tiene la cualidad para ser sujeto de proceso por el órgano constitucional.

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Por otra parte, también a propuesta de Berni y con los votos de acompañamiento de los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, así como de los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, totalizando 5 votos, se archivó la investigación preliminar previa contra la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar, y se archivó la causa.

El ministro de la Corte y vicepresidente 2° del Jurado, César Antonio Garay Zuccolillo, había planteado el enjuiciamiento de oficio por mal desempeño de funciones sobre la fiscala Fátima Villasboa en el trámite de la causa penal caratulada “Axel Emilio Rolón Ramírez s/ violencia familiar”. Su moción, que no prosperó, tuvo el apoyo de la presidenta del órgano Alicia Pucheta Vda. De Correa.

La referida causa penal la tramitó la fiscala Villasboa ante el juzgado del entonces juez Valinotti. Sin embargo, tiempo después pidió la desestimación y el juzgado, tras analizar el pedido, hizo a lugar a la misma. Luego un Tribunal de Apelación decretó que se anule la resolución de primera instancia y que prosiga la investigación hasta agotar las instancias que, actualmente, sigue en curso.

Fiscala no se apartó de sus deberes, concluyó el JEM en mayoría

El consejero Enrique Berni al momento de dar a conocer su voto señaló sobre “la actuación de la fiscal Fátima Villasboa, de las constancias obrantes en este jurado, se observa que durante la tramitación de la causa penal “Axel Emilio Rolón s/ violencia familiar”, la señora V. V. A. denunció a su marido el 9 de diciembre del 2023 ante una comisaría, indicando que fue víctima de violencia dentro de su coche, cuando transitaba sobre la vía que une Asunción con Luque.

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Así, el 11 de diciembre del 2023, tras contar con la denuncia la fiscala comunicó al juzgado el inicio de la pesquisa. En ese contexto, Villasboa citó a la denunciante para contar con la ampliación y ratificación de la denuncia para el 12 y el 15 de diciembre del 2023, pero la mujer no compareció en ninguna de las dos fechas.

También, el 18 de diciembre de 2023, la fiscala remitió oficio al Hospital Universitario de la Universidad Católica, solicitando informe sobre el diagnóstico médico de la víctima, quien recibió atención médica en ese lugar, pero del hospital no remitieron ningúna respuesta al Ministerio Público.

Después, el 16 de febrero del 2024, la propia denunciante presentó un escrito a través del cual solicitó una salida procesal que ponga fin al proceso. En el escrito también señaló la mujer que: “si bien es cierto que los hechos ocurrieron, no revistieron gravedad ni consecuencias graves o irreparables, por lo que, como consecuencia del diálogo y hechas las aclaraciones pertinentes al caso, actualmente mi marido y yo estamos en aras de recomponer la familia”.

Diligencias en el marco de investigación sobre supuesta violencia familiar

En esa misma fecha la fiscala Fátima Villasboa, mediante Requerimiento Fiscal N° 14 del 16 de febrero del 2024, pidió al juzgado la desestimación de la denuncia. Pero, el 6 de octubre del 2025, el Tribunal de Apelaciones, Cuarta sala, por AI N° 340, con votos en mayoría admitió el recurso de apelación promovido por la denunciante, y revocar el AI N° 595 del 2 de agosto del 2024, dictado por el juez Valinotti que desestimó la denuncia, disponiendo la prosecución de la pesquisa.

Ante los antecedentes, Berni expresó que “la determinación acerca de qué actos investigativos corresponde practicar, el momento de su realización y la valoración de la suficiencia de los elementos de convicción reunidos, forman parte de la esfera de discrecionalidad técnica propia del agente fiscal”.

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“En conclusión, la agente fiscal Fátima Villasboa, luego de impulsar la investigación, disponer las diligencias que estimó pertinentes, intentar obtener la declaración de la denunciante en dos oportunidades, requerir informes médicos y valorar la ausencia de colaboración de la denunciante como su posterior manifestación expresa, formuló un requerimiento fiscal debidamente fundado”, a consideración del consejero.

Después Enrique Berni finalizó diciendo que: “las actuaciones analizadas no evidencian un apartamiento grave, manifiesto e injustificado de los deberes funcionales que permita concluir la existencia de mal desempeño”.

Hugo Alonso, presidente de la junta directiva de Capaba, mencionó a ABC que la industria cervecera constituye uno de los “ecosistemas industriales” más importantes y, por ende, un motor económico para el Paraguay, que suma un mercado de unos 5 millones de hectolitros al año y llega a consumidores a través de unos 45.000 puntos de venta en todo el país.

“Su impacto masivo trasciende ampliamente las plantas industriales, ya que se estima que genera 5.000 empleo directo e indirecto en un aproximado 30.000, vinculados a áreas como logística, transporte, comercio, gastronomía, hotelería, envases, etiquetas, publicidad, eventos, servicios técnicos y distribución etc.”, acotó.

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“Genera un efecto multiplicador en la economía”

Además, dijo que moviliza una extensa red de proveedores nacionales, lo que representa un factor relevante para miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor.

En esa línea, el gremialista señaló que las inversiones permanentes en tecnología, eficiencia productiva, prácticas sostenibles e innovación fortalecen la competitividad del sector y generan un efecto multiplicador sobre la economía nacional.

Asimismo, resaltó que, a pesar del “sostenido” contrabando de productos provenientes de países limítrofes, que aseguró generan una competencia desleal para las empresas locales, la industria cervecera es uno de los principales contribuyentes, impulsa la formalización económica y promueve la incorporación de tecnología en los procesos productivos.

La producción de cerveza nacional

En ese sentido, mencionó que el rubro está integrado por una “sólida producción nacional”, desarrollada por empresas bastante trayectoria e importantes inversiones industriales, complementada por una oferta de marcas internacionales muy reconocidas.

Así también, destacó un segmento artesanal que aporta innovación y diversidad, ampliando las opciones para distintos perfiles de consumidores. A ello se suma, dijo, el crecimiento gradual de nichos específicos, como las cervezas con bajo o nulo contenido alcohólico.

“El consumidor paraguayo es cada vez más exigente y valora aspectos como la calidad, la innovación y la experiencia asociada al producto”, indicó.

Participación de cervezas nacionales frente a las importadas

En lo que refiere a la participación de las cervezas nacionales frente a las importadas, Alonso comentó que la producción hecha en Paraguay mantiene una posición predominante en el mercado local, cercano al 80%, debido a su amplia capacidad industrial, el desarrollo de marcas, su extensa red de distribución y la fuerte identificación con los gustos de los consumidores.

Al mismo tiempo, acotó que las cervezas importadas cumplen un papel relevante al complementar la oferta con estilos y propuestas diferenciadas, contribuyendo a una mayor diversidad en un entorno competitivo que beneficia al consumidor y fortalece a toda la industria.

“El mercado refleja una evolución, donde conviven marcas nacionales e internacionales de gran reconocimiento, generando así una competencia que impulsa mayores estándares de calidad, innovación e inversión en beneficio del consumidor paraguayo”, precisó.

Dinámica de los tipos de cervezas

En lo que hace a los segmentos que muestran mayor dinamismo, ya sean cervezas industriales, premium, artesanales o sin alcohol, detalló que actualmente todos presentan oportunidades de crecimiento, aunque con dinámicas diferentes.

En esa línea, las cervezas de fabricación local continúan representando el mayor volumen del mercado gracias a su amplia aceptación y disponibilidad. Por otra parte, las categorías premium muestran un crecimiento sostenido, impulsado por consumidores que buscan nuevas experiencias y mayor diferenciación.

“Las variedades de cervezas con baja graduación o sin alcohol adquieren creciente relevancia, siguiendo una tendencia mundial vinculada a hábitos de consumo más conscientes y estilos de vida saludables”, amplió.

Por su parte, subrayó que las cervezas artesanales constituyen un segmento de valor agregado, fortaleciendo el emprendimiento local y enriqueciendo la cultura cervecera nacional. A su vez, esta diversidad demuestra la madurez que viene alcanzando el mercado paraguayo.

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Día Internacional de la Cerveza

Finalmente, expresó que el Día Internacional de la Cerveza representa una oportunidad para reconocer el aporte de toda una cadena productiva integrada por trabajadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y empresas que diariamente contribuyen al desarrollo económico del país.

“Cada cerveza producida en Paraguay representa trabajo, innovación y compromiso con la calidad, sector seguirá invirtiendo en calidad, empleo y desarrollo. Nuestro compromiso es acompañar el crecimiento económico del país ofreciendo productos elaborados bajo altos estándares”, concluyó.

El asunto explotó el fin de semana, con la denuncia del biólogo y youtuber lituano Romualdas Šapoka, más conocido como “Don Šapoka”. Este dedicó un vídeo de más de una hora al tema. Según su relato, Seastrand lo contactó para filmar un documental que ya tenía un acuerdo con Netflix, para realizar un material audiovisual con los ayoreos no contactados.

“Él compraba el permiso con los caciques para caminar por las reservas. En una segunda visita, logramos emborrachar a algunos miembros de la comunidad para lograr estos permisos”, apuntó el influencer europeo en el vídeo colgado a su cuenta de Youtube. Agregó que supuestamente, Seastrand utilizaría a los indígenas para “hacerse rico y famoso”.

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Pero las denuncias contra el “yankiguayo” se vienen realizando desde hace dos años, según afirmó Tagüide Picanerai, abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. “En el 2024 le escribí vía Whatsapp porque usaba imágenes no autorizadas por la comunidad, fotos de parientes que ya fallecieron y él usaba como si nada”, afirmó.

Violación de protocolos: El Indi confirma que Seastrand no tiene permisos

El Indi tomó intervención ante las denuncias de los ayoreos sobre Nathan Seastrand y su intento de acceder al grupo silvícola en aislamiento voluntario. Este miércoles, el mismo presidente de la institución, Hugo Samaniego, se reunió con Tagüide Picanerai y abogados de la dirección jurídica de la entidad estatal.

Juan Mallada, uno de los abogados del Indi, explicó que el decreto presidencial 1039/18 establece un protocolo de consulta previa para las personas interesadas en tener algún proyecto con una comunidad indígena. “El ciudadano (por Seastrand) nunca solicitó eso a la institución”, aseguró.

Picanerai agregó que se saltó todos los protocolos. Además, no se cumplió con el Protocolo de Actuación, Prevención y Contingencia (PNCAT), que establece medidas para proteger los derechos territoriales, ambientales y culturales del pueblo Ayoreo Totobiegosode en aislamiento voluntario y contacto inicial, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

Pese a esta situación, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a cargo de la ministra Adriana Ortiz Semidei, habría aprobado un proyecto de documental con recursos públicos para el “yankiguayo” en el 2024. El material tendría como nombre “Los últimos ayoreos”, justamente trataría sobre la vida de los indígenas en aislamiento voluntario.

Medida cautelar de urgencia: Buscan prohibir el ingreso del “yankiguayo” al Chaco

Esta mañana, una comitiva del Indi partió desde Asunción con rumbo al Chaco paraguayo, para reunirse con las comunidades de ayoreos y buscar tomar una medida en conjunto.

“La idea es presentar una medida cautelar de urgencia, para que no se acerque más (el yankiguayo) a las comunidades, sacar todas las imágenes no autorizadas”, explicó Picanerai.

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Según el abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, Seastrand habría incluso colocado cámaras trampa en ciertas zonas, como para poder captar imágenes de las comunidades en aislamiento.

Los imputados son los expresidentes del IPS Vicente Mario Bataglia Araujo y Hugo Enrique Aranda, además de José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva, Jorge Magno Brítez Acosta y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

Todos fueron procesados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192 del Código Penal, en calidad de autores o partícipes, según el acta de imputación presentada por el Ministerio Público.

El gremio reclamó que la investigación se amplíe y que los responsables sean condenados y obligados a devolver el dinero supuestamente malversado.

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Señalaron que la causa impulsada por la Fiscalía se basa en un supuesto perjuicio de G. 61.000 millones. Sin embargo, recordaron que la organización presentó anteriormente denuncias que apuntan a un daño patrimonial superior a US$ 428 millones, por lo que solicitaron que las pesquisas continúen hasta esclarecer la totalidad de los hechos.

“Creemos que esta imputación es apenas el inicio. Queremos que se siga investigando para que los jubilados y aportantes podamos estar tranquilos de que el IPS comienza realmente un cambio importante en su estructura”, expresó Gustavo Canatta.

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Los jubilados sostuvieron que existen varias licitaciones y compras realizadas por la previsional durante los últimos años que aún deben ser investigadas.

Asimismo, recordaron que en su momento presentaron abundante documentación ante la Contraloría General de la República (CGR) para respaldar sus denuncias.

En ese sentido, lamentaron que anteriormente se hayan solicitado documentos que, según afirmaron, no guardaban relación con la investigación, situación que habría retrasado el avance de las pesquisas.

Los dirigentes también instaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y a sancionar a todos los involucrados, sin importar el cargo que hayan ocupado dentro de la institución.

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“Esperamos que esta investigación continúe, que caigan muchas más personas si así corresponde y que quienes malversaron los recursos del IPS devuelvan hasta el último guaraní”, manifestó Elvio Brun.

Finalmente, los representantes de la Unión de Jubilados calificaron la jornada como “muy importante” para la ciudadanía, al destacar que por primera vez fueron imputados dos expresidentes del IPS.

Indicaron que seguirán acompañando el proceso judicial hasta que exista una sentencia y se garantice la recuperación de los recursos pertenecientes a los asegurados y jubilados.

Dos hombres, cuyas identidades todavía no trascendieron, fueron hallados maniatados en el lugar. Un tercer herido sobrevivió y llegó a pedir auxilio.

Salió de reclusión para ser nuevamente detenido tras atracar y robar G. 10.000

Fue identificado como Francisco Javier Cano González, oriundo de Alto Paraná.

Junto a las otras dos personas ultimadas, vino a Encarnación a realizar una transacción de compra de oro. Fueron llevados por los supuestos vendedores hasta el sitio donde fueron reducidos y atacados.

Los maleantes tomaron el dinero y se dieron a la fuga. La Policía continúa realizando rastrillajes por la zona.

Asimismo, señaló que todas las condiciones relacionadas con los medios de pago deben ser informadas de manera clara, previa y precisa al consumidor, y no recién al momento de realizar el pago.

Sedeco recibió más de 4.500 reclamos: ¿Qué sectores concentran las quejas?

¿Qué hacer si un comercio cobra un recargo o exige un monto mínimo?

Mediante publicaciones en sus redes, la institución recomendó que, si un consumidor encuentra este tipo de irregularidades, tome fotografías o elementos que comprueben el pago, conserve la factura, el comprobante y cualquier otro respaldo de la compra y, posteriormente, presente el reclamo ante los canales habilitados por Sedeco.

“Conocer tus derechos también forma parte de una compra informada”, destacó la entidad en su publicación.

¿Existe alguna excepción a esta regla?

Sedeco aclaró que esta regla tiene una excepción establecida en la Resolución SDCU N.º 162/2026 la cual dispone que dicha disposición no alcanza a los cobros realizados por el Estado en ejercicio de potestades públicas, como tasas, impuestos, cánones u otros ingresos públicos sin fines de lucro.

Denuncias por cobros extra con tarjeta de crédito y débito

La ministra de la Sedeco, Sara Irún, manifestó a ABC que actualmente la institución no registra un aumento significativo de denuncias formales por este concepto.

No obstante, aclaró que estas prácticas son identificadas tanto mediante los reclamos ingresados por los consumidores como durante las fiscalizaciones preventivas y aleatorias que realizan técnicos de la institución.

“En algunos establecimientos encontramos carteles que establecen montos mínimos o recargos por pagar con tarjetas. En esos casos, solicitamos su retiro inmediato y dejamos constancia de la infracción en el acta de fiscalización”, señaló.

Asimismo, indicó que la institución realiza un seguimiento permanente de los comentarios y publicaciones en redes sociales en los que los consumidores etiquetan a la Sedeco o exponen este tipo de prácticas, información que también sirve como insumo para orientar las acciones de verificación y fiscalización.

Al menos 28 casos en el primer semestre

Consultada sobre la cantidad de denuncias recibidas este año por cobros indebidos con tarjetas, Irún indicó que estos casos representan una proporción reducida dentro del total de reclamos recibidos por la institución.

“En una revisión preliminar correspondiente al primer semestre de 2026, identificamos al menos 28 casos relacionados con el cobro de porcentajes adicionales o la exigencia de montos mínimos para realizar pagos con tarjetas de crédito o débito”, manifestó.

Asimismo, instó a los consumidores a formalizar sus reclamos ante la Sedeco, teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones quedan únicamente como quejas o comentarios en redes sociales, lo que dificulta la intervención institucional y el seguimiento de cada caso.

¿Qué sanción puede recibir un comercio?

Irún explicó que la imposición de montos mínimos o el establecimiento de porcentajes adicionales por el uso de tarjetas constituyen infracciones a la Ley N.º 5476/2015 “Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en el uso de tarjetas de crédito y débito”.

“Cuando se comprueba una infracción, el proveedor puede recibir una multa, de acuerdo con la gravedad del caso y la reincidencia. También pueden disponerse medidas correctivas, como el cese de la práctica y la devolución de los importes cobrados indebidamente al consumidor”, afirmó.

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¿Dónde y cómo denunciar?

La ministra Sara Irún señaló que los materiales publicados por la Sedeco forman parte de las acciones permanentes de información, comunicación y prevención impulsadas por la institución.

“Buscamos que los consumidores conozcan sus derechos, identifiquen prácticas que no corresponden y sepan dónde acudir. Ante cualquier consulta o reclamo, pueden ingresar a la página web de la Sedeco o comunicarse al WhatsApp 0961 940 710, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas”, manifestó.

Además de los expresidentes, también fueron imputadas otras siete personas involucradas. El caso refiere al fracaso de obras de construcción de salas de quirófano en el Hospital Central de la previsional en la que se otorgaron irregularmente adendas al contrato con la empresa de construcción adjudicada, Neighpart SA, otorgando plazos y actas de recepción para que esa firma cobre por la ejecución de obras que, en realidad, no podían realizarse.

El senador colorado Colym Soroka criticó que hace más de 30 años muchos están “escondiditos” y aseguró que los empresarios involucrados también tienen que estar imputados.

“Acá pues solamente se mira un lado. Acá hay que mirar todo. No importa el amigo quien sea ni la empresa quien sea. Acá pues de repente se quiere enjaular al chancho y no al que le da de comer. Ustedes saben que todo el mundo pues se pelean por los fondos, pero yo me entero por el costadito ahí, con un amigo de mi departamento que me decía que los fondos de IPS se manejaba anteriormente con un grupo de WhatsApp”, sostuvo.

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Se deben “saber” los mitos del IPS

Sostuvo que este es el momento en el que todos los involucrados pueden hablar y deben hablar de cómo funciona la estructura instalada en IPS, así como también que se debe hablar de todos los “mitos” que existían sobre el manejo y robo de fondos de la previsional.

“Entonces la tortita distribuían los perros como querían. Hay que preguntar si eso es cierto, ahora que está mostrando. Vamos a saber un poco todos los mitos que se hablaba, porque la gente hablaba de mito, pero definitivamente no es tan así. Si este mito es cierto, tenemos que saber si es cierto”, indicó.

Por otra parte, habló de la ley de Hambre Cero, el cual establece un mínimo de 10% de adquisición de productos de la producción nacional a las empresas proveedores, pero según el último recuento, apenas llego al 8,7%.

Lamentó que apenas se llegue al porcentaje establecido e insistió en su propuesta de que por ley se establezca el 40% con sanciones para las empresas que no cumplan e incentivos para las que sí.

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Aumento de la producción nacional en ley de Hambre Cero

Esto, sumado a la intención del Poder Ejecutivo de adelantar los procesos licitatorios del Programa Hambre Cero de los años 2027-2030, hace que sea urgente aplicar los cambios que fortalezcan la producción nacional, según estimó.

“No nos da más el tiempo. O sea, ya no tenemos marco de poder seguir debatiendo tanto fuera del contexto de acá del Congreso. Entonces ya lo elevamos a ley, lo que es una propuesta del 40%, de pasar del 10%, que era una recomendación de decreto del Ejecutivo, a lo que es el programa Hambre Cero del 10% agricultura familiar. Ustedes sabrán que según los estudios y según lo que nos han pasado el dato, el Ministerio de Agricultura reflejan que han llegado al 8,7% nomás del contrato anterior”, lamentó.

Sostuvo que los productores tienen hoy tecnología, capacidad y una gran esperanza de seguir invirtiendo para aumentar su productividad mediante mercado seguro que aumente las ventas.

“Les es más fácil nomás comprar a los perros algunos de contrabando y solucionó su problema, que ir a un departamento, hablar con los productores, hacer las organizaciones a nivel nacional. El problema grave que teníamos antes en el campo era que no había una propuesta de comercialización, no teníamos mercado. El mejor mercado que se le planteó a la agricultura familiar se llama otra vez Hambre Cero. La yerba mate, yo le puedo pasar los videos, en mi departamento se está destruyendo porque no tiene precio, no tiene venta, no hay un producto ahora rentable dentro de la agricultura familiar y la propuesta nuestra es pasar del 10% al 40% por ley”, refirió.

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Incluso, dijo que los productores pueden cubrir hasta el 100% de la demanda nacional, pero los encargados de fomentar los espacios de comercialización “no quieren nomás”.

Otra modificación que buscaría introducir es pasar la participación obligatoria de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del 5% al 10%.

Según el informe, el sistema avanzará desde el sur hacia el noreste, generando un aumento significativo de la intensidad del viento y condiciones propicias para tormentas.

De acuerdo con Meteorología, las mayores probabilidades de tormentas fuertes se concentrarán sobre el sur y sureste de la Región Oriental, especialmente en los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Caazapá, Paraguarí y Alto Paraná.

También se verán afectados sectores de Asunción, Central, Presidente Hayes, Guairá, Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay, aunque con fenómenos de menor intensidad o de carácter puntual a medida que el sistema avance.

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Lluvias, granizo y vientos intensos

La DMH prevé que las tormentas más severas puedan dejar lluvias acumuladas de entre 40 y 60 milímetros en las zonas de mayor impacto. Además, se espera alta probabilidad de caída de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas cercanas a los 90 km/h, con registros puntualmente superiores.

En áreas donde el sistema se presente con menor intensidad, los acumulados oscilarían entre 20 y 30 milímetros, con posibilidad ocasional de granizo.

Viento aumentará con el ingreso del frente frío

Antes del desarrollo de las tormentas, el ingreso del frente frío provocará un incremento importante del viento.

Meteorología advierte que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, especialmente durante el ingreso del sistema al sur del país al final de la tarde.

La DMH señaló que si bien la probabilidad de tormentas fuertes es baja, no se descarta la ocurrencia de eventos aislados que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte.

“¿Se puede piko tratar un punto en la próxima sesión? Que me hagan arreglar mi silla. Ijykéngo chehegui (se me inclina). Tipo, no me van a hacer arreglar nunca entonces“, declaró.

Rápidamente una funcionaria contestó que “ya mandamos arreglar, presidente”, pero ante una cuestión de un presupuesto limitado, se dificultaría también el arreglo o un reemplazo. “Vamos a buscar la forma de conseguirle una silla que sea más cómoda”, citó.

Ante la situación, Fretes incluso bromeó que probablemente debería comprar él una silla propia y reiteró que existe un riesgo de caerse de la que usa actualmente. Tras la solicitud del titular de la previsional, la sesión continuó con su desarrollo normal.

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Por el hecho se imputó a exdirectivos y exfuncionarios de la previsional, entre ellos los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, por los delitos de lesión de confianza, avanzando con detenciones y medidas cautelares contra los presuntos responsables del daño patrimonial.

Julio López, de la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social, señaló que toman como una buena noticia la decisión de parte de la Fiscalía de empezar la investigación y la imputación sobre hechos de corrupción.

“No quisiéramos que esto realmente forme parte de un show para calmar las aguas, para tranquilizar el descontento que hay por el problema sanitario que no se soluciona”, sostuvo.

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Resaltó que el problema sanitario sigue vigente y la gente sigue padeciendo en los pasillos de los hospitales la falta de medicamentos, la falta de médicos, la falta de insumos.

“Creemos que esto va a tener andamiento solo si existe presión política de la ciudadanía, de las organizaciones gremiales, de asegurados y jubilados, porque de lo contrario va a terminar en la nada”, expresó.

En otro momento remarcó que lo que les interesa sobremanera es que la nueva administración, encabezada por el doctor Isaías Fretes, solucione el problema de la crisis sanitaria.

En relación con Franco Acosta, la Fiscalía solicitó 4 años de prisión por frustración de la persecución penal y complicidad en la tentativa de aborto, al haber presuntamente proveído medicamentos abortivos al adolescente involucrado en el caso. La querella pidió 5 años, un año más que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en solicitar 3 años de cárcel para el suegro del supuesto asesino, acusado de frustración de la persecución penal.

Igualmente, ambas partes coincidieron en requerir 4 años y 6 meses de prisión para los padres del principal sospechoso del crimen, procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

El abogado Dionisio Piñanez explicó que la diferencia en las penas solicitadas para Chiara Mickhaela Rolón y Franco Acosta responde a que la querella considera que el marco penal permite una expectativa de pena mayor y que existen circunstancias agravantes que justifican una sanción más severa.

“El marco penal también establece eso y también consideramos algunas circunstancias que agravan esa situación”, manifestó el representante de la querella.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que, aunque no existen registros fílmicos completos de todos los hechos, la investigación logró recuperar DVR que habrían sido manipulados, eliminados o borrados por los propios acusados.

Agregó que el Ministerio Público cuenta además con pruebas indiciarias y periféricas que, según sostuvo, coinciden plenamente con la teoría del caso y con la conducta atribuida a cada uno de los procesados.

El fiscal informó que el próximo martes, desde las 08:00, será el turno de las cinco defensas para presentar sus alegatos finales. Una vez concluidas esas exposiciones, la Fiscalía tendrá derecho a réplica y posteriormente las defensas podrán ejercer su derecho a dúplica.

Tras la finalización de esa última fase del juicio oral, el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión registrados en el departamento de Caaguazú.

La intención central del proyecto es asegurar que los fondos de los asegurados de IPS depositados en una misma entidad financiera tengan un límite, que esté marcado por la liquidez en base al patrimonio de la institución donde se depositen dichos fondos.

Sí, se establecen topes diferenciados a favor del Banco Nacional de Fomento (BNF) a fin de privilegiar a la banca estatal.

“Los fondos públicos no le pertenecen a los gobernantes de turno ni a las entidades financieras. Los fondos públicos son el fruto del sudor de cada paraguayo que paga su IVA al hacer las compras, de cada empresa que paga su impuesto a la renta, y de cada trabajador que aporta para su futura jubilación. No podemos permitir que se hipoteque el futuro de ningún ciudadano”, comentó Espínola.

Si bien el proyecto no apunta a ningún caso en particular, el caso de Ueno Bank había despertado las alertas del diputado Espínola, ya que a finales del año pasado había detectado que los depósitos en el banco del grupo Vázquez (ex socios comerciales de Peña) excedían su patrimonio efectivo.

Desde que asumió este gobierno, gracias a un cambio de reglas en el IPS, Ueno Bank es uno de los bancos que alcanzó el tope legal de fondos que puede captar de IPS -e incluso los llegó a exceder con depósitos en cuentas corrientes- y además de eso, empezó a acaparar fondos públicos de otras instituciones estatales.

IPS, precisamente, había cambiado sus criterios para el depósito de dinero, relegando solvencia y seguridad en favor de la rentabilidad, ante lo cual Espínola plantea que este proyecto de ley pretende garantizar tanto la rentabilidad como la seguridad, solvencia, transparencia y calidad de servicio por parte de las instituciones financieras que capten fondos públicos.

En una detallada exposición de motivos con argumentos técnicos e históricos, el legislador destacó que la iniciativa “busca establecer reglas prudenciales, objetivas, transparentes y de aplicación general que eviten que una entidad financiera llegue a depender excesivamente de los depósitos públicos”, así como evitar “que el Estado concentre una porción significativa de sus disponibilidades en un único intermediario financiero”.

¿Cuales son los topes propuestos?

El legislador remarcó que las leyes vigentes prevén topes para la cantidad que una entidad financiera puede prestar, pero por el contrario “no existe una norma equivalente de rango legal que limite explícitamente cuánto puede captar un banco de un solo sector o depositante (Límites de Concentración de Fondeo - Pasivo), específicamente cuando ese depositante es el Estado”.

El mismo alertó que esto permite que en la actualidad, “la distribución de los fondos del IPS o del Tesoro en el sistema financiero privado depende en gran medida de licitaciones o decisiones administrativas, pero no de un tope prudencial automático fijado por ley” y “esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad política y a la reaparición de concentraciones peligrosas”.

Los limites planteados en la ley son los siguientes:

Límite Específico para Fondos del IPS: Las colocaciones totales del Instituto de Previsión Social en una entidad del sistema financiero se regirán por los siguientes límites máximos, calculados sobre el Patrimonio Efectivo de la entidad receptora:

• Entidades Bancarias y Financieras Privadas: El total de los fondos podrá superar el 100% (cien por ciento) del Patrimonio Efectivo de la entidad.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): El total de los fondos del IPS no podrá superar el 150% (ciento cincuenta por ciento) del Patrimonio Efectivo de la entidad.

En cuanto al Límite General de Captación del Sector Público se pretende establecer que la suma total de los Fondos del Sector Público (incluyendo al IPS y demás organismos del Estado) que una entidad financiera mantenga, estará sujeta a los siguientes límites globales:

• Entidades Bancarias y Financieras Privadas: No podrán captar ni mantener recursos del Sector Público que en su conjunto superen el 120% (ciento veinte por ciento) de su Patrimonio Efectivo.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): No podrá mantener recursos del Sector Público que en su conjunto superen el 200% (doscientos por ciento) de su Patrimonio Efectivo.

En el caso de los fondos de la previsional se pretende que “por cada guaraní recibido del IPS exista, como referencia máxima, un guaraní de patrimonio efectivo que respalde la solidez de la institución receptora”, señaló.

Por su parte, el tope mayor para fondos públicos en general, señala que “el límite del ciento veinte por ciento (120%) no solo constituye una herramienta de protección del patrimonio público, sino también un mecanismo destinado a fortalecer la competencia dentro del sistema financiero”.

Esto ya que con ello esperan que “las entidades deberán competir mediante mejores tasas de interés, mayores estándares de seguridad, una gestión financiera sólida y mejores condiciones de servicio, evitando que la captación de recursos públicos responda a decisiones discrecionales o a relaciones privilegiadas.

Finalmente, también se establecen medidas o castigos, como que el proyectista define como “doble tenaza” ya que se establecen sanciones tales como multas de hasta 1.000 salarios mínimos, remoción de directores e inhabilitación para ejercer cargos financieros, a la par de obligar a las entidades financieras que excedan los límites, sean incluidos como pérdidas en el balance.

“Si un banco capta Gs. 10.000 millones de fondos públicos por encima del límite, deberá registrar una pérdida (gasto por previsión) de Gs. 10.000 millones en su estado de resultados y congelar ese capital”, comentó.

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El legislador refirió que la iniciativa es ante un escenario de crisis que ocurrió en un pasado no muy lejano, entre las décadas de los 90 y 2000, donde millones en fondos públicos -incluidos los del IPS- se perdieron con el cierre por quiebra de bancos.

“Cuando la burbuja estalló en 1995, con la caída de los bancos General y Bancopar, seguida por intervenciones en cadena (Bancosur, Banco Mercantil, Financiera Urundey, entre otros), el impacto en el patrimonio público fue devastador. El Estado paraguayo se vio obligado a intervenir masivamente a través del Banco Central del Paraguay (BCP), inyectando liquidez para evitar el colapso total del sistema de pagos. Este salvataje, conocido como ‘Auxilio Financiero’, tuvo un costo fiscal y monetario inmenso”, recordó.

Solamente ese año, esa crisis generó efectos negativos en la economía, ya que el “BCP debió monetizar las pérdidas, lo que generó presiones inflacionarias y devaluación de la moneda” y una pérdida estimada de US$ 270 millones de fondos del IPS.

Eso equivale actualmente a unos G. 1,6 billones, lo que equivale a 27 veces el monto de G. 61.000 millones de daño patrimonial que ahora se investiga en las gestiones de Vicente Battaglia y Jorge Brítez al frente del IPS.

Remarcó que tras el ’95, se registraron otras réplicas, “llevando a nuevas oleadas de quiebras en 1997 (Banco Unión, Banco Nacional de Trabajadores) y la crisis final de 2002 (Banco Alemán, Banco Plus).

La edil manifestó que la preocupación surge a partir de inquietudes planteadas por padres de familia y directivos de la Escuela Básica N.º 70 “Profesor Luciano Bordón”, una de las instituciones con mayor matrícula del distrito, con alrededor de 700 alumnos que desarrollan jornadas extendidas.

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Ruggeri recordó que el artículo 6 (inciso c) de la Ley N.º 5538/2015 prohíbe expresamente la comercialización de cigarrillos o productos derivados del tabaco, en cualquiera de sus formas, en las inmediaciones de instituciones educativas. Asimismo, señaló que el artículo 7 de la misma normativa prohíbe la venta de estos productos a menores de edad.

“El municipio es la encargada de hacer cumplir esta ley. Es sumamente importante saber si se otorgó o no alguna patente o habilitación comercial a este tipo de negocios en la zona, ya que la normativa sigue vigente”, enfatizó.

Alertan sobre riesgos para estudiantes

La concejal advirtió además sobre los riesgos que representa la presencia de este tipo de actividades en áreas escolares, al considerar que la comercialización de drogas legales podría facilitar el acceso a otras sustancias ilícitas.

Indicó que existe preocupación entre los padres debido a versiones sobre la presencia de distribuidores o de un local dedicado a la venta de cigarrillos electrónicos en las cercanías de la institución educativa. En ese sentido, insistió en la necesidad de hacer cumplir las disposiciones legales que prohíben la venta de estos productos en las inmediaciones de los centros educativos.

También sostuvo que, entre el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, considerados drogas legales, y las drogas ilícitas existe una línea muy delgada, por lo que advirtió que estos espacios pueden convertirse en lugares propicios para la comercialización de distintos tipos de sustancias.

Agregó que la proliferación de drogas ilegales constituye una realidad en el país y afirmó que las autoridades no pueden ser complacientes con la instalación de puntos de venta de cigarrillos cerca de instituciones educativas, ni permitir que estos lugares puedan convertirse en centros de expendio de otras sustancias.

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Solicitan mayor control en zonas escolares

A esta situación se suma la escasa infraestructura de iluminación pública en los alrededores de varias escuelas de Santa Rosa, lo que, según la edil, incrementa la vulnerabilidad de niños y jóvenes durante los horarios de ingreso y salida de clases.

Desde la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones, señalaron que darán seguimiento al pedido de informe para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y reforzar las medidas de protección de la niñez y la salud pública.

El gestor cultural Almide Alcaraz, uno de los impulsores de este homenaje, señaló que esta representación nació con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones la historia y el sacrificio de quienes defendieron la patria hasta las últimas consecuencias.

Resaltó que en esta edición participarán 80 actrices y actores provenientes de distintas ciudades del país, entre ellas Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala, quienes recrearán uno de los capítulos más conmovedores de la historia paraguaya.

Alcaraz destacó que representar la obra en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos convierte a Mitã Rape en una experiencia profundamente emotiva, al permitir que el público recuerde el heroísmo de mujeres, niños y ancianos que enfrentaron a un ejército aliado ampliamente superior.

Recordó que la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: la primera en la zona de Díaz Cué, cerca del arroyo Ytu; la segunda en el arroyo Yuquyry, conocido como Ypa’u; y la última sobre el arroyo Piribebuy.

Cada una de estas líneas fue cediendo ante el avance de un ejército aliado de más de 20.000 hombres, mientras las fuerzas paraguayas no superaban los 3.500 combatientes, integradas en gran parte por mujeres, niños y ancianos.

Los niños mártires fueron finalmente rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde cayeron bajo el intenso fuego de la artillería y la caballería, principalmente de las fuerzas imperiales del Brasil.

La batalla concluyó en el sitio donde actualmente se levanta el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar recordado por la quema de los pastizales, donde numerosos niños heridos perdieron la vida entre las llamas.

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Difundir la historia

“Como herederos de esta gesta heroica nos compromete seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y con todo el país”, expresó Alcaraz, quien afirmó que cada edición de Mitã Rape representa un homenaje cargado de respeto y gratitud hacia quienes entregaron su vida por la nación.

Como cada agosto, la ciudad de Eusebio Ayala se prepara para rendir un sentido homenaje a los mártires de la Batalla de Acosta Ñu, renovando el compromiso de mantener viva la memoria de una de las páginas más dolorosas y heroicas de la historia del Paraguay.

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La Comuna capitalina tiene una superpoblación de personal que desangra una buena parte del dinero de los contribuyentes en detrimento de las obras de infraestructura que la ciudad necesita.

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La contratación de “funcionarios” generalmente se hace en pleno año electoral y para ubicar a “hurreros y punteros” con salario municipal.

El proyecto que fue presentado en mayo pasado y, a la fecha tiene 33 firmas, pero necesita llegar a las 10.000 para que sea tratado en el pleno de la Junta Municipal de Asunción.

¿De que trata el proyecto?

El objetivo del proyecto es poner fin al planillerismo y al uso electoral de la Municipalidad de Asunción, mediante la regulación estricta de las contrataciones de personal, la transparencia total de la nómina de funcionarios y la prohibición de incorporaciones con fines ajenos al servicio público.

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Además, se prohibiría toda nueva contratación de personal bajo cualquier modalidad en años de elecciones internas y municipales en Asunción.

Se pretende prohibir la creación de nuevos cargos o categorías en la estructura del personal municipal, ampliar o prorrogar contratos existentes más allá de su vigencia original, y otorgar aumentos salariales extraordinarios o bonificaciones no previstas en el presupuesto aprobado.

Por último, se busca también que se cree un Registro Municipal de Dotación de Personal, de acceso público y gratuito, que deberá publicarse y actualizarse mensualmente en el portal oficial de la Municipalidad de Asunción.

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Si sos asunceno y estás interesado en apoyar la iniciativa popular, debes ingresar a la página de la Justicia Electoral y buscar el proyecto para firmarlo.

En Asunción, dos candidatos a intendentes se pronunciaron abiertamente sobre el planillerismo. Camilo Pérez, el candidato del Partido Colorado indicó que “no le molesta y que no se tocaría a ninguno”. Sin embargo, la candidata de la oposición, Soledad Núñez, prometió “barrer con el personal ocioso”.

“Continuamos la discusión sobre las posibles reformas de las leyes que tienen que ver con la educación superior en nuestro país. Es una discusión superinteresante, más todavía el momento en que estamos atravesando, donde hay sospechas de títulos falsos y venta de títulos”, enfatizó el legislador al término de la reunión.

El proceso legislativo continuará en las próximas sesiones con la presentación formal de las propuestas de fusión. Asimismo, la comisión evaluará de forma específica las ventajas operativas y jurídicas de centralizar el control o potenciar el modelo bicameral de supervisión institucional.

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El senador adelantó que el debate sobre la gobernanza y la institucionalidad universitaria es solo la primera etapa de una agenda más amplia que incluirá, en su fase subsiguiente, la revisión integral del ejercicio de la docencia superior y las normativas vinculadas al escalafón y la carrera académica en Paraguay.

Especialistas y actores del ámbito educativo en Paraguay han debatido la posibilidad o necesidad de fusionar o articular de manera estricta la Aneaes y el Cones para que funcionen como un solo ente integrado, a raíz de tensiones por la supuesta superposición de funciones, controles fragmentados y crisis sobre títulos universitarios.

Una comisión paralela a la presidida por el cartismo

La comisión especial que se encarga de investigar la existencia de títulos falsos en el país es presidida por el cartista Patrick Kemper (ANR, HC).

Actualmente, el órgano sigue en su etapa de pedidos de informes y recepción de respuestas sobre la expedición de títulos presumiblemente falsos. Hasta la semana pasada aguardaba la respuesta del Ministerio de Educación.

Sobre la falta de respuestas de la cartera educativa, las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y Esperanza Martínez habían reclamado a la comisión dar mayor celeridad a la discusión y citar a las autoridades universitarias de la Sudamericana y Leonardo Da Vinci, quienes deberían comparecer la próxima semana.

La cartera de Trabajo afirmó que aquellos trabajadores que no hayan recibido el incremento correspondiente pueden presentar una denuncia ante el Mtess para que la institución verifique el cumplimiento de la normativa laboral.

La nueva modalidad permitirá realizar controles con mayor rapidez mediante verificaciones documentales y trámites digitales, refirió el Mtess.

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Nuevo procedimiento para controlar el pago del salario mínimo

A través de la Resolución N° 780/2026, el Mtess reglamentó un procedimiento especial para atender estos reclamos. El mecanismo establece una fiscalización documental, sumaria y preferentemente digital.

El Mtess explicó que, una vez recibida la denuncia, esta será remitida a la Dirección General de Inspección y Fiscalización en un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, en hasta tres días hábiles, se iniciarán las actuaciones mediante una orden de fiscalización digital y el requerimiento de documentos al empleador.

La autoridad laboral podrá comprobar si la empresa realizó correctamente el pago del reajuste mediante la documentación presentada, sin necesidad de una inspección presencial, salvo casos excepcionales.

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¿Qué pasa si el empleador no pagó el aumento?

Si la cartera de Trabajo confirma que existe incumplimiento, podrá intimar al empleador a abonar la diferencia salarial correspondiente dentro del plazo establecido por la autoridad laboral.

El Mtess refirió finalmente que el objetivo del nuevo procedimiento es reducir los tiempos de respuesta y garantizar que los trabajadores puedan acceder de manera más rápida al cumplimiento del salario mínimo legal vigente.

Las mismas son para que los estudiantes cursen carreras tanto de grado, como de posgrado, maestrías o doctorados en Taiwán, a fin de fomentar sus estudios y en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Las mismas se dividen en cuatro categorías, según los tipos de carreras y las aspiraciones que tienen los estudiantes.

Además, los estudiantes podrán participar de programas de idioma chino mandarín.

Embajada de Taiwán entrega 76 becas de estudio

Becas de la Embajada de Taiwán en Paraguay

Una de las categorías de las becas son las MOFA (Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán). La misma está dirigida a estudiantes destacados que desean cursar una carrera universitaria, maestría o doctorado en Taiwán. Su objetivo es formar profesionales y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Taiwán y Paraguay. Esta es la que abarca la mayor cantidad de estudiantes, con 51 adjudicados.

Otra categoría es la de TaiwanICDF (Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán) que ofrece becas completas para estudios de grado y posgrado en programas estratégicos, especialmente en áreas como ingeniería, agricultura, salud, tecnología, administración y desarrollo sostenible. Busca formar talento que contribuya al desarrollo de Paraguay. Trece estudiantes consiguieron ser beneficiados con la misma.

También están las becas Huayu (Huayu Enrichment Scholarship), destinada a quienes desean aprender chino mandarín en Taiwán durante un período de entre 3 y 12 meses. Destacan que es una excelente oportunidad para adquirir el idioma y vivir una experiencia de inmersión en la cultura taiwanesa. En total, diez estudiantes fueron adjudicados con esta beca.

También se otorgaron dos becas de maestría en ciencias policiales, según detallaron desde la embajada.

En el distrito de Natalio dieron un salto que conjuga un homenaje a un árbol nativo de belleza única, combinado con un espacio inmenso, que transforma un viaje en una admiración inefable. Se trata de la avenida Olimpio Silveyra, que conecta la ruta PY07 con la ruta D021, en el distrito de Natalio.

En el paseo central, en agosto de cada año, florecen más de 300 ejemplares de lapacho —o tajy— amarillo, que inundan el espacio de un color amarillo primaveral, a lo largo de una extensión lineal de más de 2,5 kilómetros.

Cada año, cientos de turistas visitan el lugar para ser espectadores del espectáculo visual y tomarse las mejores fotos. Además, la avenida constituye un tramo vial de gran relevancia, que conecta el distrito con la vecina ciudad de Tomás Romero Pereira.

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Homenaje al creador

La avenida es parte de la ciudad desde el año 1984, según los registros de la Municipalidad de Natalio. Se encuentra en la compañía Virgen de la Asunción del distrito.

Un poblador de la zona, de nombre Olimpio Silveyra Villalba, actualmente con 78 años, decidió con su familia implantar la especie nativa, con el objetivo de embellecer el camino que los conectaba con el microcentro. Las plantaciones iniciaron en 1999, es decir, los ejemplares más longevos tienen alrededor de 27 años.

Los pobladores de la zona colaboraron con el mantenimiento de las plantas y reponían los plantines que murieron o fueron afectados, para que cada cinco metros se mantuviera tupida la avenida con estas bellas flores amarillas.

La pavimentación de la avenida fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con cuyos representantes negociaron los pobladores locales y la comuna para que se respetara la franja central con los lapachos. Tras la reinauguración del tramo en el año 2021, la Junta Municipal bautizó la avenida como “Olimpio Silveyra Villalba”, en honor al ideólogo de esta obra de arte urbana.

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¿Cómo llegar?

Desde la capital del país -Asunción- son 372 kilómetros por la ruta más corta. Se toma la PY01 hasta Paraguarí para seguir por la PY10, posteriormente la ruta PY08 y luego la ruta PY18, donde se retorna por la ruta PY06 hasta Tomás Romero Pereira, desde donde se continúa por la ruta D021, que conecta con Natalio.

Entretanto, desde la capital de Itapúa, Encarnación, son 118 kilómetros. Se debe tomar la ruta PY06 hasta el kilómetro 80, en el empalme con la ruta PY07; luego tomar el desvío en el kilómetro 37 hasta la avenida Olimpio Silveyra.

El jefe comunal Lucas Weschenfelder (ANR) indicó que cada año cientos de turistas llegan al lugar y aprovechan para conocer otros lugares turísticos reconocidos, como el Salto Plomo, ubicado sobre el arroyo Pirajuí de la ciudad, en el límite con Capitán Meza.

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El lapacho (tajy)

Tajy sa’yju es el árbol nacional del Paraguay, declarado símbolo nacional por la Ley 4635 en 2012. Entre los meses de agosto y septiembre, este majestuoso árbol bota sus hojas y se cubre por completo de flores amarillas intensas, anunciando la llegada de la primavera.

Su floración ocurre a finales del invierno. Cada árbol permanece florecido entre 7 y 15 días como máximo.

Las flores forman una especie de “lluvia amarilla” al caer sobre las veredas y calles, según describió Weschenfelder, quien además indicó que, a mediados del mes, entrarán en el momento más álgido de floración.

El nombre científico es Handroanthus albus u Handroanthus ochraceus (también clasificado anteriormente como Tabebuia alba). Suele medir entre 5 y 10 metros en zonas urbanas, aunque en bosques naturales puede alcanzar un mayor desarrollo.

En términos absolutos, el MEF refiere que el incremento fue de US$ 1.498,7 millones en el primer semestre del año, impulsado principalmente por el mayor endeudamiento mediante bonos y otros desembolsos registrados durante el periodo.

De acuerdo con el reporte oficial, la deuda pública representó el 34,4% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 41,1% observado al cierre de diciembre del año pasado, pese al aumento del saldo de los compromisos. La disminución de este indicador responde al mayor valor estimado del PIB medido en dólares y al efecto del tipo de cambio utilizado para la conversión de las cifras.

Créditos al sector privado crecieron 14,4% en junio y depósitos aumentaron 19,4%, según el BCP

Deuda externa e interna

Al desagregar la deuda global por residencia del acreedor, se observa que el 83,5% corresponde a deuda externa por un total de US$ 18.331 millones, mientras que el 16,5% restante es deuda interna por US$ 3.614 millones, según los datos del informe del MEF.

En cuanto a la deuda externa, el 39,1% del saldo total corresponde a préstamos multilaterales por US$ 8.576 millones. En este grupo se encuentran los créditos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), FONPLATA, entre otros.

Por otra parte, el 41,2% de la deuda externa corresponde a bonos internacionales, cuyo saldo llegó a US$ 9.042 millones al cierre de junio. La cartera aumentó cerca de 10,1% con relación a diciembre de 2025, equivalente a unos US$ 829 millones más.

La deuda externa se completa con los compromisos correspondientes a la Ley N° 5.074/2013, bajo la modalidad llave en mano, cuyo saldo asciende a US$ 491,3 millones.

Deuda en la Administración Central

Al desagregar el reporte por fuente de recursos, la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 19.221,7 millones, equivalente al 87,6% del total de la deuda del Sector Público. De este monto, el 87,6% corresponde a obligaciones externas y el 12,4% a deuda interna.

Por su parte, la deuda de la administración descentralizada pagada por las entidades deudoras sumó US$ 2.724,9 millones, equivalente a alrededor del 12,4% del saldo total del Sector Público.

La deuda pública aumentó US$ 1.343 millones en cinco meses

Ajuste del PIB

El informe del MEF muestra que la relación entre la deuda y el PIB volvió a disminuir durante el primer semestre del año, al pasar de 41,1% en diciembre de 2025 a 34,4% en junio de 2026. Aunque el saldo de la deuda aumentó en casi US$ 1.500 millones, el crecimiento del PIB expresado en dólares redujo el peso relativo de los compromisos públicos sobre el tamaño de la economía.

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, oficial Guido Roa, explicó que el inmueble intervenido corresponde a un inquilinato perteneciente a un presunto miembro del esquema de phishing investigado.

Según detalló, los investigadores llegaron hasta el lugar mediante el análisis de las evidencias obtenidas tras la detención del primer implicado en la causa, un ciudadano venezolano.

El objetivo del procedimiento no fue encontrado en el sitio allanado, pero los agentes lograron incautar elementos considerados importantes para el desarrollo de la investigación.

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Incautan dispositivos, documentos y otras evidencias

Entre las evidencias incautadas durante el operativo se encuentran un router, dos pendrives, dos tarjetas SIM, diecinueve contratos privados, cuatro carpetas con documentos, un talonario de facturas y un cuaderno con anotaciones relacionadas con entidades bancarias.

Además, los intervinientes incautaron una bolsa con facturas varias, un automóvil y una motocicleta, elementos que serán analizados dentro de la causa.

Investigación apunta a una página falsa del banco

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen señaló que la investigación preliminar apunta a que el esquema criminal operaba mediante una página web que simulaba ser el home banking de Itaú.

A través de este mecanismo, las víctimas ingresaban sus datos reales en el sitio falso, información que posteriormente era utilizada por los delincuentes para acceder a la plataforma oficial de la entidad bancaria.

Con estos accesos, los presuntos responsables habrían realizado vaciamientos de cuentas y gestionado préstamos que luego eran transferidos a cuentas vinculadas a otros integrantes del esquema.

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Guido Roa indicó que no se descartan nuevas diligencias dentro de la investigación, con el objetivo de identificar a todos los involucrados en el caso de estafa mediante sistemas informáticos.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador sostuvo que la publicación “intenta descalificar” su pedido dirigido tanto a Petropar como a los emblemas privados para mantener “precios justos para el pueblo paraguayo”.

“Resulta muy llamativo que algunas publicaciones se activen precisamente cuando se defiende el bolsillo de la gente y no cuando los privados aumentan reiteradamente”, escribió el senador, lo que acompañó con la publicación de este diario.

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En otra publicación, agregó: “Fui electo representante del pueblo, no de medios ni de corporaciones. Seguiré defendiendo precios justos. El interés particular no me detiene. El interés general del Paraguay es el que me mueve”.

No respondió sobre el posible conflicto de intereses de su pedido

No obstante, en ninguna parte de su posteo el titular del Congreso respondió al aspecto central de la publicación, que cuestiona su vínculo y el de otros políticos colorados con servicentros de Petropar y el posible conflicto de intereses al solicitar a la estatal mantener precios más bajos, pese a la presión de los precios internacionales de los carburantes.

Tampoco nada mencionó del eventual beneficio económico que podría obtener si la estatal mantiene sus precios políticos, que estaría afectando las finanzas de la petrolera pública.

Núñez había instado públicamente a Petropar a mantener los precios más bajo, sin mencionar que su pareja, la exconcejala de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera, opera un servicentro con el emblema de la estatal a través de la firma Districhaco SA.

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Recordemos que según publicaciones periodísticas, ese servicentro fue instalado en un terreno municipal de Villa Hayes cuya adjudicación se concretó durante la administración del entonces intendente Ricardo Núñez, hermano del senador, y que Petropar proveyó los equipos necesarios para su funcionamiento.

Esa situación plantea un posible conflicto de intereses, ya que mantener una mayor diferencia de precios entre Petropar y los emblemas privados podría favorecer las ventas de los servicentros que operan bajo la bandera de la estatal, entre ellos el establecimiento vinculado al presidente del Congreso.

La reacción de Núñez se produjo luego de que los principales emblemas privados aplicaran la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va del año, mientras Petropar mantiene sin variación sus valores, aunque continúa evaluando la evolución del mercado para decidir si realizará un eventual reajuste.

Políticos con estaciones de servicio de Petropar

En la lista de operadores de servicentros de Petropar vinculados a dirigentes políticos también figuran las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, actualmente asesoras en Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente. Asimismo, aparece la diputada cartista Jazmín Narváez, aunque el propietario registrado es su padre, además del senador colorado Luis Pettengill.

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Otros dirigentes beneficiados con la operación de servicentros de la petrolera estatal son el seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien además de administrar estaciones propias fue favorecido con la concesión de dos servicentros pertenecientes a Petropar; el diputado colorado Néstor Castellano, el exdiputado Tomás “Ever” Rivas, el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón (ANR), el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos, el exintendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero y el seccionalero y concejal colorado de Itá Fabio Andrés Sosa Espínola.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la ruta PY01, frente al Hospital Regional de Paraguarí. En el lugar, los vecinos colocaron cubiertas en el interior de profundos cráteres para advertir a los conductores sobre el peligro y prevenir accidentes. Los denunciantes sostienen que el deterioro de la calzada representa un riesgo permanente para quienes circulan por la zona.

La creatividad reemplaza a la Municipalidad

Una de las escenas que más indignación genera se observa sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en las inmediaciones del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sector, los pobladores “adelantaron la Navidad” utilizando un arbolito y una casita de pesebre, para señalizar un enorme cráter que continúa sin reparación.

Los ciudadanos cuestionan que deban recurrir a este tipo de improvisaciones para proteger a conductores y motociclistas.

Señalan que el abandono de las calles demuestra la falta de mantenimiento de la infraestructura vial y la escasa presencia de la Municipalidad en la solución de los problemas más urgentes de la comunidad.

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Aguas servidas y baches

Al costado de la ruta PY01, las aguas servidas corren permanentemente sobre la vía pública, desprenden olores pestilentes y dificultan el tránsito peatonal.

Otros sectores que también presentan graves deterioros, entre ellos la calle Mariscal Estigarribia, la calle Aquidabán, Uruguay, General Caballero y General Morínigo. En varios de estos puntos existen profundos pozos que aumentan de tamaño debido a la falta de reparaciones oportunas.

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Reclamos sin respuestas

La vecina del barrio Aquidabán, Luisa González manifestó que en reiteradas ocasiones los ciudadanos de diferentes barrios acudieron a la Municipalidad, para dejar sus quejas pero no dan solución por falta de voluntad política.

Por su parte, la concejal Sara Devigille (ANR) señaló que hace un año la Junta Municipal aprobó al intendente Marcelo Simbrón (ANR) unos G. 300 millones para la reparación de calles, que debían quedar “como una alfombra”, pero hasta la fecha no se realizó ningún trabajo.

Agregó que este hecho y otras presuntas irregularidades fueron denunciados ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Indicó que se realizó una auditoría a la gestión municipal, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas.

Intentamos obtener la versión del intendente Marcelo Simbrón (ANR), pero no respondió las llamadas telefónicas. Tampoco se encontraba en la Municipalidad ni contestó los mensajes enviados.

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Sin embargo, la pena impuesta es con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, por lo que el ex alto funcionario acusado junto al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no irá a la cárcel y solo debe devolver la suma de G. 150 millones, según lo resuelto por el magistrado a cargo de la causa.

Específicamente, Édgar Estigarribia debe reparar G. 135 millones a la Municipalidad de Asunción; de los cuales G. 100 millones abonará de inmediato y el monto restante, de G. 35 millones, pagará en cuotas por el plazo de dos años.

Los G. 15 millones restantes para completar el monto de G. 150 millones, el exdirector General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD) de la Municipalidad de Asunción donará a un hogar de ancianos, según lo resuelto por el juez Estigarribia.

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Con esta reparación del daño a la comuna (G. 135 millones), sumado a los montos que deben devolver los demás encausados que también obtuvieron salidas procesales, el dinero que recuperará la comuna oscila los G. 1.800 millones, del perjuicio patrimonial de G. 1.808 millones que sufrió el municipio en el caso “detergente de oro”.

Preliminar de Nenecho por detergente de oro

Luego de 10 meses el pasado 23 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabó la causa contra el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, al rechazar la recusación planteada en contra de dos camaristas que integran el Tribunal de Apelaciones.

Ahora el tribunal de alzada debe resolver el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y César Ojeda Figueredo, en contra de la resolución del juzgado de Garantías que ratificó la admisión de la acusación fiscal.

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Debido al citado recurso que debe ser resuelto por el Tribunal de Apelaciones, hasta la fecha está pendiente la audiencia preliminar para el exintendente Óscar Rodríguez y el exconcejal César Ojeda Figueredo, para quienes el Ministerio Público pide juicio oral.

Wilfrido Cáceres va a juicio oral

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

Respecto a Wilfrido Adrián Cáceres Flores, el pasado martes 7 de julio el juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa por presunta lesión de confianza que afronta el sindicado como “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuando este ocupaba el cargo de intendente de Asunción, entre diciembre de 2019 y agosto de 2025.

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En la audiencia preliminar el juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación ratificada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

Detergente de oro causó perjuicio de G. 1.808 millones

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

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Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Detergente francés a casi G. 400.000 el litro

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

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Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Según el pronunciamiento de la contratista, pese a que el contrato tiene alrededor de seis años, las obras registran un avance del 55,68% en la obra principal y un 75,11% en su ampliación. Asimismo, la firma alega que cada uno de los desembolsos recibidos cuenta con el acta de recepción correspondiente, debidamente firmada por ambas partes e ingresada al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los hechos no se gritan, se documentan. El contrato 06/2020 ESTÁ VIGENTE Y EN EJECUCIÓN, con avance certificado por el propio IPS. La pausa la pidió LA ACTUAL administración y consta por nota oficial. Respondemos como siempre: CON DOCUMENTOS Y DE FRENTE. pic.twitter.com/66qssgwmE4

— Claudio Escobar | CEO Grupo NIC (@clalbesc) August 6, 2026

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La versión de la empresa: “pausa temporal” por falta de sitio liberado

Respecto al cese de los trabajos en el Hospital Central, la firma rechazó que la interrupción responda a una sanción contractual o a una decisión unilateral de su parte. Señaló que se trata de una “suspensión administrativa” promovida por la actual administración del IPS debido a que el sitio de obras no se encuentra plenamente disponible.

Para sostener su posición, Neighpart adjuntó la Nota Externa N° 20/2026, emitida el pasado 10 de julio de 2026 y firmada por el director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez Orué. En dicho documento formal, el funcionario del IPS notifica a la empresa que la previsional inició las “gestiones administrativas formales para la suscripción de una adenda de suspensión de los plazos” del Contrato 06/2020, con carácter retroactivo al 15 de enero de 2026.

La nota del IPS argumenta que la suspensión se mantendrá “hasta tanto se cuente con la liberación total del sitio de obras, o bien, se determine la viabilidad técnica de un cambio de emplazamiento del proyecto”, dejando en evidencia las falencias de planificación logística y de espacio físico dentro del centro asistencial.

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Cruce de notas y postura de la contratista

La documentación arrimada revela un intercambio entre la previsional y la contratista durante el mes de junio y julio de 2026:

• 26 de junio de 2026 (Nota Externa N° 18/2026): la Dirección de Mantenimiento del IPS solicitó por primera vez la conformidad expresa de Neighpart para frenar los plazos del contrato hasta lograr la liberación del terreno.
• 29 de junio de 2026: la representante legal de la empresa, Sandra Yanil Caballero Ojeda, prestó conformidad formal ante la Secretaría General del IPS (Mesa de Entrada EXP-0000-2026-048597) para la firma de la adenda de suspensión.
• 10 de julio de 2026 (Nota Externa N° 20/2026): el IPS ratificó el procesamiento de la suspensión de plazos y comunicó que se analiza evaluar un nuevo emplazamiento (reubicación) de la obra.

En su comunicado, la empresa enfatiza que defenderá su labor contractual “con documentos y de frente”, asegurando que cumplió con cada una de sus obligaciones y poniendo la totalidad del legajo administrativo e itinerario de pagos a disposición de los órganos de control y la Fiscalía.

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Neighpart, la “superproveedora”, en la mira

Bajo la lupa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Fiscalía, la firma Neighpart S.A. acumula denuncias por el abandono de insumos a la intemperie y el cobro de sumas millonarias por obras que nunca se ejecutaron en el IPS, un escándalo que ahora salpica a altas autoridades de la previsional, además de otros siete funcionarios.

Una de ellas es la abogada Rosa Concepción Colmán (59), quien se desempeñaba en la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS y posteriormente fue trasladada a Aporte Obrero Patronal.

De acuerdo con los datos de la investigación, Colmán era la funcionaria que autorizaba la firma de adendas con la firma Neighpart S.A.E.C.A., empresa investigada en la causa y señalada por diversos sectores como una “superproveedora” del IPS.

“Las imputaciones se basan en contratos originales que luego se fueron desvirtuando a través de adendas. Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, lo cual es completamente irregular”, precisó Pablo Morínigo, representante jurídico del IPS, en una conferencia realizada tras conocerse detalles de la investigación.

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Los afectados señalan que el Grupo Vázquez SAE pretendería construir en el lugar un barrio cerrado y denuncian un amparo judicial impulsado por supuestos testaferros.

La semana pasada, la señora Miriam Ramírez acudió a la Fiscalía para responder a una denuncia por presunta invasión de inmueble, formulada por Rodolfo Manuel Fernández Almada. Sin embargo, en el barrio nadie conoce a Fernández Almada, a quien los vecinos señalan como un presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE.

Esta mañana, la señora Ramírez, junto a su abogada y otros vecinos, se presentaron en la Municipalidad de Asunción para solicitar audiencia con el intendente Luis Bello. Finalmente, la reunión fue con el director jurídico, Jorge Sabaté.

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“La señora Miriam Ramírez tiene un expediente, un pedido de terreno municipal, de hace años ya para regularizar y apareció un expediente paralelo. El titular es Rodolfo Fernández, y ese expediente corrió de una forma muy veloz”, explicó Noelvis Martinez, abogada de los vecinos de La Piedad.

Seguido indicó que ellos recurrieron a la Junta y solicitaron la revocación de eso. “La Junta trató eso y envió a la Intendencia, quien tiene que enviar otra vez un mensaje para que la Junta, de acuerdo a lo que el intendente dictamine, para poder revocar”.

“Eso es lo que venimos a pedirle al intendente Luis Bello, que nos ayude, porque es una cosa muy justa. A la señora Miriam Ramírez le rompió una muralla de atrás, sin ninguna orden judicial. Sacaron todas las cosas de la casa como si fuera un desalojo. Le perjudicaron muchísimo, inclusive robaron dinero”, comentó.

La abogada señaló que las noticias que manejan en el barrio es que es del Grupo Vasquez quiere construir sobre la calle Pino González un barrio cerrado. “Yo llegué a ver ya el plan y afecta a su vivienda”.

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Por su parte, la señora Ramírez, quien vive hace 23 años en el barrio, indicó que desde ese primer momento comenzó con los trámites de titulación del terreno municipal, pero que nunca corrió.

La denuncia fue realizada por Juan González, uno de los pobladores de la zona, quien cuestionó las supuestas mejoras realizadas en dichos caminos y se preguntó si los trabajos fueron ejecutados solamente para las fotografías durante épocas electorales.

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“Ya está llegando nuevamente el 4 de octubre y vendrán a raspar ocho días antes para solucionar”, indicó González.

El poblador también criticó al actual intendente, Ariel Girett (ANR-HC), quien asumió en reemplazo de José Luis Benítez (ANR-HC), que busca el rekutú.

Señaló que Girett, quien en su momento fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), “no puede solucionar un tramo de tan solo 800 metros”.

La comunidad de Colonia San Juan se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Juan Bautista y cercana a otra compañía, Mburika Retã, donde, según los pobladores, semanas atrás ingresaron maquinarias viales para realizar trabajos de reparación, pero no llegaron hasta el camino donde actualmente reclaman una urgente intervención.

En esta comunidad, hace aproximadamente un año, fueron habilitadas unas 60 viviendas sociales, por lo que unas 60 familias se encuentran afectadas por el mal estado del camino.

La situación se agrava durante los días de lluvia debido a la falta de una adecuada canalización, lo que provoca que el agua quede estancada sobre la ruta.

Los habitantes de la comunidad solicitan con urgencia a las autoridades municipales o departamentales la intervención del camino de acceso, debido a que diariamente deben trasladar a sus hijos hasta las instituciones educativas y salir a trabajar y el mal estado del camino dificulta considerablemente sus actividades diarias.

Actualmente, el show de iluminación y sonido se desarrolla los viernes y sábados, aunque con la implementación del nuevo sistema, la intención es ampliar las presentaciones hasta cuatro o cinco días por semana.

La iluminación monumental fue inaugurada el 14 de noviembre de 2002, basada en un proyecto desarrollado por el diseñador brasileño Peter Gasper, quien ideó el concepto inicial en 1997.

El sistema vigente utiliza lámparas de vapor metálico, cuya sustitución comenzó a ser analizada hace varios años debido a las dificultades para conseguir repuestos, ya que los fabricantes dejaron de producir equipos de alta potencia de ese tipo.

La nueva tecnología led conservará los 829 puntos de iluminación existentes, pero permitirá una mayor versatilidad en el manejo de colores e intensidad. A diferencia del sistema actual, donde los cambios requieren intervenciones manuales, la nueva estructura podrá ser programada desde una consola de control.

La tecnología led ya es utilizada en importantes proyectos de iluminación arquitectónica a nivel internacional, como el Empire State Building de Nueva York, la Catedral de Notre Dame en París, el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el Jardín Botánico de Curitiba.

La carpeta fiscal habla de un daño patrimonial de aproximadamente G. 60 mil millones, relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos del IPS.

Sin embargo, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, indicó que este monto correspondería a una serie de auditorías que la institución realiza a la previsional, las cuales arrojan en total un presunto daño patrimonial que rondaría los US$ 200 millones.

“Nosotros hemos presentado nueve denuncias hasta el momento en relación al Instituto de Previsión Social desde el 2019 hasta el 2025. Son denuncias importantes que abarcan áreas muy sensibles de la previsional y que comprometen incluso el manejo del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social por montos de posible perjuicio patrimonial, montos referenciales que superan los US$ 200 millones”, indicó en conversación con nuestro medio.

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Auditorías comprometen al Consejo Administrativo de IPS

Villalba señaló que estas denuncias las realizaron a raíz de las múltiples auditorías que realizó la CGR en áreas tan diversas como la gestión de los medicamentos de los asegurados, las obras públicas que desarrolla el IPS, el pago a los jubilados, la gestión de los hospitales, entre muchos otros temas.

Aseguró que, en cuanto a la gestión de medicamentos, IPS tenía una muy mala gestión, ya que la institución no tenía información de a quién le debía ni cuánto debía a sus proveedores, como tampoco tenía constancia documental de la culminación de determinadas obras, e incluso la desaparición de bienes por valores millonarios.

“Encontramos observaciones y encontramos hechos que comprometen directamente al Consejo Directivo del IPS. Por poner un ejemplo, el caso del manejo de los combustibles que eran asignados a los miembros del Consejo, a pesar de que eso no está permitido por la ley. Todas estas situaciones han sido constatadas y han sido reportadas al Ministerio Público para que se desarrolle una investigación de carácter fiscal”, precisó.

Agregó que mientras aguardan a través de la Dirección de Seguimiento las novedades que se presenten en relación a las imputaciones o a las otras causas que presentaron, la Contraloría sigue desarrollando auditorías que son realizadas por más de 50 auditores de la CGR.

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Obras sin constancia documental de culminación

Sobre la causa fiscal que actualmente pesa sobre los expresidentes de IPS y otras siete personas, dijo que dichas obras no formaron parte de una auditoría directamente de parte de la CGR, pero sí de un reporte que presentaron en el año 2022 que guarda relación con las obras que son objeto de la imputación.

“Nosotros hemos presentado una denuncia en relación a ese caso y guarda una relación con los hechos que el fiscal, por otro lado, está ahora procediendo a imputar. La imputación que hace el fiscal, y fueron palabras suyas, indican que él tiene certeza de que se ha cometido un hecho punible. Eso no ha ocurrido en los casos en los que nosotros hemos presentado una denuncia a pesar de que para nosotros los hechos son mucho más contundentes y más claros, y guardan también un posible impacto patrimonial incluso más relevante”, refirió.

Por ende, no descartó que se den más procesos penales o más imputaciones por otras causas, así como otros pronunciamientos en los que la Contraloría entró a mediar y citó como ejemplo el caso del acuerdo de pago que ha llegado una empresa privada con el IPS, que derivó en el pago de honorarios al exdirector jurídico José González Maldonado, hoy imputado por esta causa.

En el mismo, la CGR no solo medió, sino que también participa como testigo técnico del proceso. Detalló que solo uno de los casos auditados y elevados a la Fiscalía es de un presunto daño patrimonial de G. 1,6 billones.

El concejal municipal Daniel Colman (PLRA) explicó que las tareas preventivas se concentran en el drenaje y la limpieza de cauces hidráulicos en las diferentes compañías de Santa Rosa. No obstante, señaló que la burocracia administrativa, la escasez de presupuesto y la limitada disponibilidad de equipos impiden cubrir de manera eficiente las 22 compañías, con el objetivo de evitar el colapso del sistema pluvial y minimizar los efectos de las tormentas.

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Las labores incluyen la descolmatación de canales, el mantenimiento de cunetas, la sustitución de tubos dañados y la instalación de nuevas líneas de drenaje. Pese a la reciente declaración de emergencia distrital preventiva aprobada por la Junta Municipal para agilizar la respuesta institucional, las autoridades sostienen que la falta de recursos financieros para la adquisición de insumos y la contratación de maquinarias continúa siendo el principal obstáculo.

“Buscamos prevenir los impactos que generan las grandes lluvias. Cuando el sistema de drenaje está colmatado o trancado, no permite que el agua se desplace rápido. El problema mayor siempre es darle una salida fluida al agua, porque si se estanca, destruye todo a su paso”, expresó Colman en conversación con ABC Color.

Burocracia y escasa capacidad operativa

La Junta Municipal realizó una sesión de debate con el propósito de dotar al intendente de herramientas legales y administrativas que permitan agilizar la compra de tuberías necesarias para los trabajos preventivos.

Sin embargo, los procedimientos burocráticos e institucionales ralentizan las respuestas, situación que se suma al actual contexto de interinato en la Intendencia, previo a las próximas elecciones municipales.

Colman indicó además que el municipio dispone de un solo equipo vial para atender las necesidades de las 22 compañías del distrito, cada una con características geográficas y problemáticas diferentes.

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Solicitan apoyo de la Gobernación y el MOPC

Ante las limitaciones operativas, desde la concejalía solicitaron el respaldo de instituciones nacionales y departamentales para fortalecer las tareas preventivas antes de la llegada de las lluvias más intensas.

Si bien reconocieron que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) suele brindar asistencia tras la ocurrencia de los desastres, consideran fundamental una intervención anticipada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Gobernación mediante el envío de maquinaria pesada.

“Con un solo equipo nos resulta muy difícil dar abasto a las 22 compañías. Necesitamos el apoyo directo del MOPC y la Gobernación con su flota vial. De lo contrario, una vez que lleguen las grandes lluvias, poco o nada se podrá hacer y corremos el riesgo de que varias comunidades queden aisladas”, concluyó el edil.

Martínez señaló que el precio del combustible tiene un impacto directo sobre la economía, debido a su incidencia en el costo del transporte, los alimentos, el comercio y, en general, en la canasta familiar.

“Sube el combustible, suben alimentos, sube el transporte, sube todo lo que conocemos porque no se mueve nada sin combustible”, sostuvo la legisladora al explicar la importancia de establecer mecanismos de transparencia.

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La senadora aclaró que su propuesta no pretende establecer ni fijar el precio de venta de los combustibles, sino transparentar todos los componentes que intervienen en su formación.

“Lo que se hace es poner al descubierto todo el proceso para la fijación de precios”, explicó. En ese sentido, el proyecto establece que se conozcan variables como el precio internacional del crudo, el costo por barril, los fletes, impuestos, logística, costos operativos y los márgenes comerciales.

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Martínez cuestionó que, ante determinadas variaciones del dólar o del precio internacional del petróleo, los aumentos de los combustibles sean trasladados rápidamente al consumidor, mientras que las reducciones no necesariamente tienen el mismo comportamiento.

“Cuando baja el dólar, generalmente no baja el combustible. ¿Por qué?”, planteó la senadora, al señalar que existen diferentes variables relacionadas con los costos de reposición y los inventarios que deberían quedar expuestas públicamente.

El proyecto obliga a publicar los costos cada 15 días

La iniciativa establece un régimen integral de transparencia para toda la cadena de comercialización de combustibles, desde la importación hasta la venta minorista.

Uno de los principales puntos es la obligación de publicar, con una periodicidad quincenal, una tabla técnica con la estructura detallada de costos de cada combustible.

La información deberá incluir, entre otros aspectos como el precio internacional de referencia (FOB), fletes, impuestos y costos aduaneros, costos de refinación, logística interna, márgenes comerciales y costos operativos de las estaciones de servicio.

Toda esta información deberá estar disponible en una plataforma digital pública, con posibilidad de consulta, descarga y procesamiento histórico de los datos.

Martínez cita modelos de otros países

La senadora sostuvo que la propuesta no constituye una experiencia inédita y mencionó mecanismos de transparencia aplicados en otros mercados.

“Esto no es una cosa inventada por nosotros”, afirmó, al citar experiencias de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Chile, Colombia y Brasil.

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Según explicó, el objetivo es que Paraguay adopte un mecanismo que permita al consumidor conocer si las variaciones en el precio internacional del petróleo o en el tipo de cambio están siendo trasladadas de manera razonable al precio final.

“Si lo hace Estados Unidos, si lo hace la Comunidad Europea, si lo hace Colombia, si lo hace Chile y si lo hace Brasil, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”, cuestionó.

También alcanza al sector privado

Martínez explicó que Petropar ya publica información relacionada con su estructura de precios y que el proyecto busca extender mecanismos similares de transparencia a los operadores privados.

La legisladora puso como ejemplo una eventual diferencia entre el aumento real de los costos y el incremento aplicado al consumidor. Si los costos de una empresa aumentaran G. 50 por litro, pero el precio final subiera G. 800, la información pública permitiría conocer qué margen se está obteniendo.

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“¿Cuál es el margen de ganancia para uno y otro? Y que sea un margen razonable y que la gente sepa cuáles son esos márgenes y cómo se construye el precio”, sostuvo.

El proyecto no plantea impedir que las empresas obtengan ganancias. La intención, según Martínez, es evitar que la falta de información permita prácticas especulativas.

“Nadie pide que no ganen dinero, nadie pide que tengan pérdidas, pero no que tengan acciones especulativas por esconder la información”, afirmó.

El MIC tendrá a su cargo la fiscalización

La propuesta establece al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

Los operadores que participen en más de una etapa de la cadena deberán declarar esa condición y presentar sus costos y márgenes diferenciados por función.

En los casos de integración de las tres etapas -importación, distribución mayorista y comercialización minorista- se plantea además la presentación de un informe anual de auditoría externa independiente.

El proyecto también contempla facultades de fiscalización, auditorías y cruces de información fiscal y aduanera.

El incumplimiento, la omisión de datos o la presentación de información falsa podrían ser sancionados con multas de 200 a 1.000 jornales mínimos diarios, además de eventuales denuncias ante el Ministerio Público en casos de falsedad documental.

“Necesitamos resolver de una vez por todas”

Martínez pidió que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa y destacó que el pleno ya resolvió incluirla en el orden de tratamiento de la próxima semana.

“Necesitamos que se trate”, había planteado la senadora, al solicitar una moción de preferencia para que el proyecto sea analizado en un plazo breve.

Para la legisladora, la transparencia en el precio de los combustibles adquiere especial relevancia en un escenario de aumentos que terminan impactando sobre el resto de la economía.

“Por la incidencia que tiene en el costo de toda la economía de un país”, argumentó, al defender la necesidad de que los consumidores puedan conocer cuánto cuesta realmente cada componente del combustible y cuáles son los márgenes que intervienen hasta llegar al precio final.

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¿Qué pasa ahora?

Ante la inasistencia, la abogada querellante Alejandra Peralta Merlo solicitó el cierre inmediato de la etapa voluntaria de mediación.

“Al no presentarse, se abren nuevas sospechas de que tal vez pueda estar siendo amenazada por alguien a quien no le conviene que se sepa quiénes más están detrás de toda esta red de desinformación”, relató la representante legal de Chena.

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Peralta destacó que la audiencia representaba una oportunidad para que Bracho ofreciera su versión de los hechos o aclarara una eventual suplantación de identidad.

Vínculos y próximo paso judicial

La imputación contra Bracho se fundamenta en los datos facilitados por la compañía telefónica, que confirman que la línea empleada para habilitar la página “Despierta Paraguay” está registrada a su nombre y número de documento.

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“Era una oportunidad brillante para que dé su versión y se abran otras aristas en la investigación”, refirió Peralta Merlo.

Asimismo, el caso cobra mayor relevancia al constatarse que las direcciones declaradas coinciden con un estudio jurídico y con la sede de la agencia publicitaria “Azafrán”.

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Con el cierre de la vía de mediación extrajudicial, el expediente vuelve al juzgado de la jueza Mesalina Fernández, quien citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro del proceso penal.

De mantenerse la inasistencia de la procesada, la causa será elevada directamente a juicio oral y público.

Foros de la Ciudad: el cronograma de debates con candidatos para la Municipalidad de Asunción

La finalidad principal de este evento es instalar una agenda común de transformación urbana y construir una visión compartida para la revitalización del Centro Histórico. Con ello, buscan dejar un legado concreto de infraestructura y políticas públicas para las próximas generaciones de la capital.

Desde la organización del evento, se enfatiza la urgencia de coordinar una estrategia que trascienda la mera conmemoración histórica de la ciudad. Se requiere articular soluciones técnicas de largo plazo orientadas a resolver los problemas estructurales del corazón de la capital.

Encuentro internacional con respaldo de organismos multilaterales

El evento destaca por el respaldo financiero y técnico de organismos multilaterales clave como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el Banco Mundial y el BID. Estas entidades apoyan el desarrollo del foro para garantizar la presencia de especialistas internacionales.

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Asimismo, la agenda del evento incluye la participación activa de entidades técnicas de relevancia en el ámbito de los servicios y la planificación urbana. Entre ellas figuran ONU-Habitat, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Presentación oficial del “Manual de Intervención Urbana”

Uno de los hitos principales del encuentro será la presentación central del “Manual de Intervención del Centro Histórico de Asunción”. Dicha exposición técnica estará a cargo de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con Úrsula Blotte, representante del Banco Mundial.

El desarrollo del programa incluye siete paneles temáticos enfocados en la reconversión urbana, el diseño de nuevas políticas de vivienda y el repoblamiento. También se analizarán casos y experiencias de gestión comparada en otros centros urbanos de la región.

Siete ejes temáticos definirán la recuperación del corazón capitalino

El temario detalla bloques específicos dedicados a la seguridad ciudadana mediante la aplicación de la metodología de “Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental”, CPTED, por sus siglas en inglés. De igual forma, se abordará la puesta en valor del patrimonio y el impulso a la inversión privada inmobiliaria.

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El ciclo de debates también destaca un espacio reservado para las iniciativas de la sociedad civil y los diversos colectivos urbanos. En este segmento participarán referentes locales vinculados a proyectos de recuperación y dinamización de espacios públicos.

Desde la organización recuerdan que las inscripciones presenciales y el acceso a los detalles completos del foro están habilitados en línea. Los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial de la institución.

Dijo que el estudio que definirá tarifas según el nivel de tensión de conexión, estará listo en un plazo de 15 a 20 días, es decir antes de que termine agosto.

Sin embargo, la ANDE ya cuenta con un estudio internacional elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), que nace del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) suscrito entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno paraguayo.

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El acuerdo con el FMI se dio en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), que exige a la empresa estatal publicar una auditoría externa y un estudio de costos eficientes por segmento —generación, transmisión, distribución y comercialización— a cargo de una firma internacional de trayectoria reconocida.

El trabajo también quedó incorporado como indicador dentro del Contrato de Gestión por Resultados firmado el 31 de enero de 2024 entre el Consejo Nacional de Empresas Públicas y la ANDE. Y fue presentado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, y la economista Adriana Barrios, del Departamento de Estudio de Tarifas y Mercado de la institución.

Ambos funcionarios expusieron los resultados del trabajo en el foro ”La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay", organizado semanas atrás por el Consejo Asesor Empresarial - Mesa Energética, en la Casa de la Integración de la CAF.

Sosa explicó el origen del proceso: se contrató primero una auditoría financiera internacional con una de las “big four” y, en base a sus resultados, el BID financió al CEARE para determinar “los números eficientes” de la empresa.

“Es decir, que ninguna grasa se pueda transferir al cliente final, que todo lo que operativamente se considera algo ineficiente no puede ser transferido al cliente final”, afirmó el entonces titular de la ANDE.

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Tres fases de análisis

El estudio del CEARE se dividió en tres fases: primero, una evaluación de la gestión operativa de la ANDE en sus distintas áreas; segundo, un análisis comparativo (benchmarking) con empresas eléctricas similares, seleccionadas mediante un índice de similaridad que consideró extensión de redes, energía vendida y cantidad de clientes; y tercero, la identificación de espacios de mejora, con metas y líneas de acción concretas.

Las empresas utilizadas como comparables fueron UTE (Uruguay), CELESC y CEMIG (Brasil), EPEC y EPESF (Argentina), CGE (Chile) e ICE (Costa Rica), todas con estructuras de generación, transmisión, distribución o comercialización asimilables a las de la ANDE.

El período de referencia analizado en la fase 1 fue 2018-2023, excluyendo 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia.

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Lo que dice la ley y lo que falta cobrar

Barrios recordó que la Ley N.° 966/1964, carta orgánica de la ANDE, establece en su artículo 85° que las tarifas deben permitir a la empresa cubrir sus gastos de explotación y obtener una rentabilidad razonable sobre las inversiones, mientras que el artículo 88° fija que el ingreso neto de explotación debe ubicarse entre el 8% y el 10% de la inversión inmovilizada.

Según los datos presentados, esa rentabilidad no se está cumpliendo desde hace más de dos décadas. La insuficiencia de rentabilidad pasó de US$ 468,2 millones en 2002 a cifras que en 2025 y 2026 se ubican en el orden de US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones, respectivamente, mientras que el saldo de la deuda a largo plazo de la ANDE trepó de US$ 343,46 millones en 2010 a US$ 1.664,29 millones proyectados para 2026.

Ambas curvas —insuficiencia de rentabilidad y endeudamiento— muestran una trayectoria prácticamente paralela en el estudio, lo que la ANDE utiliza como argumento central para sostener la necesidad de una actualización tarifaria.

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El peso de la criptominería en la demanda

Sosa dedicó buena parte de su exposición a explicar el salto de la demanda eléctrica de los últimos años. Entre 2020 y 2025, el crecimiento de la demanda fue del 8,2% anual y el de la energía requerida del 10,4%, muy por encima de las décadas anteriores (5,4% y 5,8% entre 2000 y 2010, por ejemplo).

Al desagregar esos números, la ANDE encontró que entre 2022 y 2025 el crecimiento del consumo con las cargas de criptominería (GCIE) fue del 14,4%, pero sin ellas se redujo al 6,9%, un ritmo similar al histórico “crecimiento vegetativo” del país. En términos de potencia, esas cargas representaron 854 megavatios en 2025 y 803 megavatios en 2026, sobre una demanda total que ronda los 5.000 megavatios.

El funcionario destacó que se trata de una demanda temporal, ligada a contratos que vencen el 31 de diciembre de 2027, y que el sistema eléctrico paraguayo demostró capacidad para absorber un incremento de demanda del 50% en apenas tres años entre 2022 y 2025, algo que —según Sosa— no tiene antecedentes en la región.

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Inversiones récord y una historia de “insuficiencia tarifaria”

La ANDE ejecutó en 2025 un récord histórico de inversión en infraestructura eléctrica de US$ 349,2 millones, cifra que se compara con apenas US$ 16 millones en el año 2000. Sosa atribuyó las falencias históricas del servicio —incluidas ocho días sin transformadores de repuesto en algunas agencias regionales hasta 2008— a décadas de “insuficiencia tarifaria” y a la falta de acceso a financiamiento multilateral durante la ola de privatizaciones de fines de los años 90.

“Esto pasó porque fue una decisión de los gobiernos anteriores, sucesivos, y no se realizaron las inversiones necesarias (...) y tampoco le daba tarifa a la ANDE, por tal motivo llegó a esa situación”, sostuvo el entonces presidente de la estatal.

Cómo queda la ANDE frente a la región

El benchmarking del CEARE ubicó a la ANDE en una posición favorable en varios indicadores. El costo de distribución por cliente de la empresa estatal de nuestro país fue de US$ 81, muy por debajo de empresas como CEMIG (US$ 455) o EPEC (US$ 304), y solo superado por la chilena CGE (US$ 69). En costo de distribución por kilómetro de red, la ANDE registró US$ 990, frente a los US$ 12.167 de EPEC o los US$ 7.244 de CEMIG.

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En cuanto al costo medio de generación, la ANDE mostró en 2023 un valor de US$ 24 por megavatio-hora, el más bajo de la comparación —producto de una matriz casi 100% hidroeléctrica—, frente a los US$ 59 de UTE o los US$ 50 de CEMIG. Sosa aclaró, sin embargo, que ese costo ya subió a US$ 28 tras los incrementos en las tarifas de compra de energía a las binacionales: Yacyretá pasó de US$ 22,60 a US$ 28 e Itaipú de US$ 16,75 a US$ 19,28.

La tarifa media 2024 de la ANDE fue de US$ 49,49 por MWh, muy por debajo de UTE (US$ 188,4), Chilectra (US$ 170) o EPEC (US$ 131,5).

Pérdidas y morosidad, las materias pendientes

No todos los indicadores favorecen a la ANDE. Las pérdidas de distribución de la ANDE se ubicaron en 23,4% en 2023, bajando a 21,9% en 2024 y 20,03% en 2025, muy por encima de comparables como CELESC (8,9%), CEMIG (14,7%) o EPEC (13%), según datos de 2019.

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En clientes por empleado, la ANDE atendía 322 clientes por trabajador en 2023 y subió a 421 en 2025. Aunque sigue lejos de CEMIG (1.874), supera a UTE (178) e ICE (209).

La morosidad de clientes particulares —sin incluir instituciones estatales— trepó de 14,02% en 2018 a un pico de 28,95% en 2023, para luego bajar a 22,04% en 2024 y 18,79% en 2025 tras medidas comerciales de cobro. El estudio no logró obtener datos comparables de morosidad de otras empresas de la región, aunque algunas reportaron cifras de incobrabilidad de entre 1% y 2,5% de la facturación anual.

Las recomendaciones: ajustes automáticos y revisión cada 5 años

Entre las principales líneas de acción que propone el CEARE figuran el traspaso directo (pass-through) del costo de generación a la tarifa, la aplicación obligatoria y gradual de tarifas residenciales por tramos horarios —hoy solo optativas—, y un ajuste automático anual por indicadores como la inflación, similar al mecanismo del salario mínimo.

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Barrios detalló que la obligatoriedad de las tarifas por tramos horarios no se limitaría al sector residencial: la consultora plantea extenderla, de manera gradual, también a otros segmentos de clientes.

Respecto al nivel y la estructura tarifaria, la propia CEARE realizó un estudio de actualización de costos y tarifas de la ANDE, y su recomendación es que la institución adopte esa propuesta o la perfeccione, manteniendo en cualquier caso una tarifa competitiva frente a las demás empresas de la región.

Sobre el ajuste automático anual por indicadores —como la inflación, al estilo del mecanismo que rige para el salario mínimo—, Barrios explicó que su objetivo es evitar que se acumulen los desfasajes entre lo que le cuesta a la ANDE prestar el servicio y lo que efectivamente le cobra al cliente. A esto se suma la recomendación de una revisión periódica integral de todos los componentes de la estructura tarifaria, en un plazo no mayor a 5 años, que permita adaptar la tarifa a cambios estructurales en la demanda y en la tecnología, como la introducción de medidores AMI, cuya incorporación implica una inversión con costo propio para la ANDE.

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La consultora completa el paquete de recomendaciones con campañas para disminuir la morosidad, priorizando aquellas que impliquen el menor costo financiero posible para la empresa.

El estudio también recomienda una revisión integral de la estructura tarifaria cada 5 años como máximo, un plan de reducción de pérdidas hasta el 18% en un plazo de 5 a 10 años, y alcanzar una meta de 90% de medidores inteligentes en una década.

Barrios subrayó que, incluso de aplicarse la propuesta, la tarifa de la ANDE mantendrá su nivel más competitivo en la región. Para el período 2026-2030, el CEARE proyecta un incremento general del 39,4% en la tarifa media, que pasará de US$ 49,2 a US$ 68,6 por MWh; este mismo ajuste del 39,4% se reflejará en la baja tensión (de US$ 55,8 a US$ 77,8), mientras que el sector de alta y muy alta tensión experimentará la mayor variación, con una suba del 45,6% al escalar de US$ 35,3 a US$ 51,4 por MWh.

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El debate sobre un regulador independiente

Sosa aprovechó su exposición para insistir en la necesidad de avanzar hacia un ente regulador independiente del sector eléctrico, en momentos en que la reciente Ley 7599 habilita la entrada de nuevos actores privados en generación para grandes clientes. “Hasta hace poco solamente existía la ANDE y las centrales binacionales. Entonces, el regulador, ¿a quién podría regular? (...) Ahora, a partir de esta ley, sí va a existir esa necesidad de regulación, porque tiene que existir un árbitro”, explicó.

El funcionario también adelantó que la revisión del Anexo C de Itaipú —el acuerdo operativo vigente que vence este año— será un factor determinante para el escenario de costos de generación de los próximos años.

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Según la Encuesta de Tarifas Eléctricas de CIER 2025, citada en el cierre de la presentación, la tarifa media residencial paraguaya (para un consumo de 200 kWh/mes, sin impuestos) es de US$ 46 por MWh, la más baja entre 13 países de la región, muy por debajo de Guatemala (US$ 251), Uruguay (US$ 236) o Colombia (US$ 222).

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En el segmento industrial (1 MW de potencia, 438 MWh/mes en media tensión), la tarifa paraguaya es de US$ 35 por MWh, también la menor de la muestra, frente a los US$ 207 de El Salvador o los US$ 181 de Colombia.

Las conclusiones del CEARE sostienen que, con tarifas competitivas, control de pérdidas y reducción de la morosidad, los ingresos de la ANDE mejorarán y la empresa se mantendrá entre las más eficientes de la región, aunque advierten que demorar los ajustes tarifarios encarecerá sustancialmente el costo del proceso en el futuro.

Actualmente, el mal estado de la embarcación hace que se llene de agua durante los cruces, por lo que debe ser desaguada dos a tres veces al día para evitar que se hunda.

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Ayer, el operador grabó un video en el que relató el peligro que implica realizar el trayecto en estas condiciones.

La embarcación, que ha sido reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en su mayor parte es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.

Construcción del puente depende de la Cámara de Diputados

La construcción del puente en la colonia Pengo San Miguel depende de la financiación de un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores, pero permanece estancado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la bancada mayoritaria de Honor Colorado en la Cámara de Diputados se niega a incluir el proyecto de ley en el orden del día.

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El préstamo será destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, a cargo del MOPC, entre cuyas obras se incluye el puente para Pengo San Miguel.

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Poder Ejecutivo.

Tras su comparecencia, Jorge Brítez se retiró de la sede judicial sin detenerse ante las preguntas de los periodistas que lo siguieron hasta el estacionamiento, donde el exfuncionario abordó su vehículo, soltando apenas unas escuetas palabras ante la insistencia de los trabajadores de prensa. “El doctor te va a responder”, expresó en su camino.

“Más que persecución política, me huele a show”, dijo abogado

El representante legal de Brítez, José Fernández Zacur, dijo que le parece justa la medida adoptada por el magistrado Estigarribia frente al pedido del Ministerio Público, que calificó de excesivo, al ordenar la detención de una persona mayor de 70 años pese a la prohibición del Código. “Es un exceso de acá a la China”, dijo.

Sobre las adendas aprobadas durante la administración de Brítez al frente de la previsional y que derivaron en un millonario perjuicio económico, el profesional señaló que se debe analizar qué dice cada adenda, lo que, según señaló, no consta en la imputación. En ese sentido, destacó que no solo el presidente del IPS es el garante de los fondos y apuntó a los miembros del Consejo de Administración.

“Él es presidente, miembro del Consejo y cumple las instrucciones de su Consejo; no sé si vieron que algún consejero esté imputado”, cuestionó.

Fernández añadió que el próximo paso es conocer los detalles de la carpeta fiscal y lo que en ese sentido pueda aportar su defendido a la investigación. Dijo que, como titular de la previsional, a Brítez le cupo abordar muchos temas, por lo que es difícil que el mismo recuerde particularidades.

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Remarcó que Brítez se pondrá a disposición de la Fiscalía, ya que para la defensa es fundamental la definición de responsabilidades dentro de la carpeta investigativa.

Ante la consulta de si perciben algún tipo de persecución política en el marco de la causa, el profesional manifestó: “No, yo no sé si es persecución política, me huele más a show que otra cosa”.

Una imputación incompleta, según abogado

Fernández Zacur afirmó que la imputación es “indeterminada e incompleta”, porque, a su entender, involucra a personas que no debieron estar y omite a otras que sí debieron ser incluidas. Argumentó que las adendas son el complemento de un contrato, pero el firmante de ese contrato no está imputado.

“A mí me gustaría saber cuál fue el criterio de discriminación que tuvo el Ministerio Público, que tomó una causa que dos años y medio estuvo parada y en un mes resolvió lo que resolvió”, expresó.

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Según el artículo 195 del Código Electoral, en días de elecciones generales - incluyendo a las municipales, que tendrán lugar en Paraguay el domingo 4 de octubre - quedan prohibidas ciertas actividades, entre ellas el expendio de bebidas alcohólicas.

Esta medida no rige en días de elecciones internas partidarias, en las que el voto no es obligatorio.

¿Qué está permitido y qué está prohibido durante la veda electoral?

Además de la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, el artículo 195 del Código Electoral paraguayo establece las siguientes prohibiciones:

• La aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos, que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar.
• La portación de armas, aún mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior.
• La celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios.
• La instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos.

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¿Cuándo inicia la veda electoral?

La veda electoral entra en vigencia en dos etapas según lo establecido por la legislación electoral: para la propaganda política y los actos de proselitismo en la vía pública o medios masivos, rige a partir de las 48 horas antes de los comicios (desde las 00:00 del viernes 2 de octubre); mientras que la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y la realización de espectáculos públicos comienza 12 horas antes del inicio de la votación (a las 19:00 del sábado 3 de octubre).

¿Existen multas por violar la veda electoral?

Sí, las infracciones a la veda electoral están contempladas en el Código Electoral Paraguayo (Ley N.º 834/96) y acarrean sanciones económicas. La comercialización de bebidas alcohólicas durante el periodo de prohibición —desde 12 horas antes del inicio de los comicios hasta la finalización de las votaciones— conlleva multas que van de 50 a 200 jornales mínimos para los comerciantes infractores. Asimismo, la realización de actos de proselitismo o difusión de propaganda política fuera del plazo legal estipulado es sancionada con multas aplicadas por los juzgados electorales y las municipalidades, sumado al retiro inmediato del material publicitario.

El organismo técnico indicó que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados

El área de cobertura abarca los sectores noreste, este y sur de la Región Oriental, impactando de forma directa a los siguientes departamentos:

• Caaguazú (zona este)
• Caazapá (zonas sur y este)
• Itapúa (zonas noreste y suroeste)
• Alto Paraná (zonas sur, centro y noroeste)
• Amambay (zonas centro, este y sur)
• Canindeyú

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes generados por las ráfagas de viento y la acumulación temporal de agua en zonas urbanas.

En conversación con ABC Cardinal, Daniel criticó la prisa del agente fiscal para requerir la prisión preventiva y ordenar la detención de los procesados, tildando la medida como “desproporcionada e inconstitucional”, al considerar que todos los involucrados cuentan con suficiente y conocido arraigo en el país.

“Me pregunto por qué Julio Ortiz actúa de esta manera. ¿Qué es lo que quería? ¿Que no se presente nadie, que se queden todos prófugos y que nadie brinde explicaciones?”, expresó el profesional.

El defensor expuso presuntas irregularidades procedimentales dentro del acta de imputación. Según argumentó, el Ministerio Público fijó la audiencia indagatoria para Bataglia para una hora anterior a la presentación formal del propio documento de imputación en el sistema judicial.

Por otro lado, calificó de irracional la medida solicitada incluso para el coimputado Jorge Brítez, recordando que la legislación procesal vigente prohíbe dictar prisión preventiva a personas de 70 años o más.

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“Los consejeros están mirando el proceso desde sus casas”

Otro de los puntos criticados por la defensa es la selectividad de los procesamientos. Daniel señaló que las acciones del presidente del IPS se basan en la ejecución de decisiones tomadas previamente por el Consejo de Administración de la entidad, cuyos miembros no fueron incluidos en el requerimiento fiscal.

“El presidente del IPS lo que hace es cumplir y ejecutar lo que se resuelve a través de sus consejeros. Sin embargo, los consejeros que tuvieron que haber ordenado o dispuesto que se firme tal cosa están mirando el proceso desde el IPS o desde su casa. Algo hay”, sentenció.

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Bataglia volverá de Italia y se pondrá a disposición de la Justicia

“Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia no está en el país. Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia va a venir”, manifestó el abogado Arturo Daniel, aunque no pudo precisar el día del arribo de su representado, que actualmente se encuentra en Italia.

Ante la duda de si el expresidente del IPS cuenta con la nacionalidad italiana y podría acogerse a algún beneficio a través de ello, el profesional explicó que su cliente solo cuenta con el apellido, pero no con una doble ciudadanía.

“Él tiene el apellido italiano, pero no tiene la doble ciudadanía ni absolutamente nada de eso. El doctor Bataglia es un tipo que a lo único que se dedica es al estudio. Y aparte, yo tampoco sé realmente si Italia prohíbe la extradición a sus connacionales”, manifestó.

Añadió que una vez que Bataglia se encuentre en el país, probablemente replique el proceder de Jorge Brítez, quien se presentó directamente en el despacho del juez que entiende en la causa.

“Como hay un pedido de prisión preventiva, la verdad que el camino es ir al Poder Judicial; de todas maneras, ponerse a disposición del fiscal es para que el fiscal le cuente al juez: ‘Ya le tengo acá a Vicente Bataglia y te pongo a tu disposición’. Entonces, en vez de perder dos o tres horas y molestar la apretada agenda del fiscal, creo que ya podemos molestar la agenda apretada también del juez”, dijo.

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