La continuidad de las lluvias y el pronóstico de nuevas precipitaciones mantienen en estado de alerta al sector productivo del departamento de Ñeembucú.

Caminos en mal estado golpean al sector productivo en Ñeembucú

Productores de distintas comunidades del duodécimo departamento advirtieron que, si las lluvias continúan con la misma intensidad durante esta semana, podrían producirse severas pérdidas económicas por inundaciones, exceso de humedad y el deterioro de los caminos rurales.

El productor Elizardo López, del asentamiento Belén, distrito de Tacuaras, explicó que hasta el momento los cultivos han logrado soportar las lluvias registradas en los últimos días.

Sin embargo, alertó que, si se acumulan otros 100 milímetros de precipitaciones, comenzarán a inundarse los campos, afectando directamente a la producción hortícola, agrícola y también a la ganadería.

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López señaló que el exceso de humedad favorece la descomposición de los productos hortícolas, cuya cosecha se encuentra en plena temporada, situación que pone en riesgo el trabajo y la inversión de numerosas familias dedicadas al campo.

Por su parte, el productor y docente Elpidio Palacios, de la comunidad de Yaguarón, distrito de Tacuaras, afirmó que varios agricultores ya registran pérdidas importantes debido a la elevada humedad provocada por las constantes lluvias.

Advirtió que, si las precipitaciones persisten, cientos de productores del departamento sufrirán un fuerte impacto económico.

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“Yo, por ejemplo, planté cebolla y tomate y estoy seguro de que, si sigue lloviendo, me va a perjudicar también por exceso de humedad”, declaró.

Agregó que, en cuanto a la ganadería, la situación tampoco es buena, ya que el agua va cubriendo los campos y los animales van quedando sin alimentos.

Palacios agregó que la problemática se agrava por el mal estado de los caminos rurales que unen Yaguarón con Tacuara’i y Punta Diamante, vías fundamentales para trasladar la producción hacia los mercados de Pilar, Asunción y el departamento de Misiones.

Según indicó, la falta de mantenimiento dificulta el transporte y aumenta los costos para los productores.

Los productores de Ñeembucú instan a las autoridades a adoptar medidas preventivas ante el anunciado ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto.

Recordó que, de acuerdo con los pronósticos, este evento climático podría intensificarse a partir del 30 de agosto, coincidiendo con la tradicional tormenta de Santa Rosa, lo que incrementa la preocupación del sector agropecuario de Ñeembucú.

El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) fue el centro médico donde inició las sesiones de quimioterapia. Lastimosamente, su cuerpo no toleró el tratamiento y tuvo que abandonarlo; por eso, los médicos le dieron otra opción: el tratamiento vía oral.

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El medicamento indicado fue Lorlatinib de 100 mg, cuyo costo es muy elevado. Ante esta situación, presentó un amparo judicial que le fue favorable el 30 de junio de 2025, es decir, hace un año un mes.

La resolución

En el punto 2 de la resolución judicial indica: “Ordenar al Estado paraguayo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que arbitre los mecanismos necesarios para el tratamiento médico inmediato, consistente en el suministro del medicamento denominado: Lorlatinib 100 mg, 6 (seis) frascos, a favor de la señora María José Colmán, diagnosticada con: tumor miofibroblástico inflamatorio de pulmón”.

Sin respuestas

El documento fue remitido hace más de un año al Ministerio de Salud, cuya titular es María Teresa Barán. Sin embargo, la paciente oncológica nunca recibió el medicamento. Mencionó que cada caja tiene un costo de G. 57 millones, monto que no puede cubrir.

Actualmente pesa solo 32 kilos y el tumor ha crecido, por eso reinició el tratamiento de quimioterapia, con el riesgo de que vuelva a no tolerarlo.

Solicita con urgencia al Estado paraguayo, mediante el Ministerio de Salud, que cumpla con la orden judicial.

La iniciativa se desarrolló con el objetivo de rescatar la memoria viva ligada a los cauces hídricos y humedales del departamento de Paraguarí mediante un trabajo colectivo.

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El emprendimiento promueve la participación activa de los alumnos del tercer ciclo y del Programa de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA). Los estudiantes fueron capacitados sobre humedales, servicios ecosistémicos, agua, clima y producción sostenible para aplicar prácticas responsables de cuidado hídrico en cultivos y en el uso diario del hogar.

La promoción del uso racional del recurso y la protección del medio ambiente quedaron plasmadas en ilustraciones explicativas y huertas escolares.

Al respecto, la responsable del proyecto, Daniela Agüero, resaltó el gran compromiso demostrado por los jóvenes en cada taller.

Recibieron implementos agrícolas

La propuesta pedagógica se estructuró en la construcción participativa de la historia ambiental comunitaria, la realización de talleres de formación y el fortalecimiento práctico del IPA. La institución recibió la dotación de implementos y herramientas agrícolas destinadas a la huerta escolar para desarrollar una producción sostenible y el resguardo natural.

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La implementación de las actividades operativas fue solventada por la organización no gubernamental Asociación para la Educación en Derechos Humanos (Asoedhu), mediante el programa “Cartografías Líquidas” de acción ciudadana.

La realidad de varias comisarías del noveno departamento refleja años de falta de mantenimiento e inversión. Goteras en oficinas y dormitorios, paredes deterioradas por la humedad y sanitarios que necesitan reparación forman parte del panorama cotidiano de los agentes policiales.

En el año 2022, la entonces directora de la Policía Departamental, comisaria Martina Ortellado, había realizado un relevamiento sobre la situación de las sedes policiales. Sin embargo, las mejoras solo alcanzaron a trabajos considerados urgentes en Yaguarón y parte de la cocina de la Comisaría de Caapucú.

En Caapucú, la sede policial presenta filtraciones en la oficina de guardia, dormitorios y la celda. La reparación integral del edificio no avanza debido a que el inmueble no cuenta con título de propiedad y tampoco existe una comisión Pro Comisaría que pueda recibir y administrar eventuales recursos destinados a obras.

El intendente Gustavo Penayo (ANR-HC) explicó que desde la Policía Nacional solicitaron informes sobre la situación del inmueble. Señaló que la Municipalidad no cuenta con antecedentes registrales y que se prevé realizar una mensura administrativa para avanzar posteriormente con la titulación.

El jefe comunal indicó que existe una necesidad urgente de intervención, pero que actualmente no pueden realizar inversiones por la falta de documentación.

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Comisarías ya no reciben víveres

A las dificultades edilicias se suma otra problemática: los propios efectivos policiales deben organizarse para cubrir la alimentación durante sus turnos. Esto, atendiendo a que hace años que las comisarías no reciben víveres.

Ante dicha situación, entre compañeros reúnen recursos para la compra de alimentos para el desayuno, almuerzo y la cena, además de afrontar gastos de limpieza, uniformes, municiones y, en algunos casos, utilizar sus vehículos particulares para cumplir con el servicio.

En la Comisaría Nº 22 de la Colonia César Barrientos, en Ybycuí, la humedad y el deterioro de las paredes evidencian el desgaste de la estructura. La situación se repite en otras sedes como Escobar, Quyquyhó y Cerro León, donde los agentes conviven con múltiples limitaciones.

Los policías consultados prefieren no hablar públicamente sobre estas necesidades y derivan las consultas a la Dirección de Policía Departamental, debido a restricciones internas para referirse a la falta de recursos.

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El subcomisario José Haifuch, responsable de Relaciones Públicas de la Policía Departamental, explicó que actualmente se encuentran en proceso de transición con la asunción del nuevo director de Policía de Paraguarí, comisario principal inspector Ricardo Orué Salinas.

Sobre las carencias de las sedes policiales, señaló que los informes fueron remitidos a la Comandancia de la Policía Nacional. En cuanto a la Comisaría Primera de Paraguarí, indicó que existe un proyecto interinstitucional de mejora que será seguido por la nueva administración policial.

El reporte meteorológico indica que el núcleo del temporal afecta directamente al noreste de la región Occidental. En ese sentido, no descartan la ocurrencia de vientos fuertes y la posible caída de granizos.

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Hasta el momento, los departamentos afectados son Alto Paraguay y el norte de Boquerón; sin embargo, no se descarta que en las próxima horas se extienda a otras localidades.

Inestabilidad que se extiende hasta el jueves

Según las proyecciones de la meteoróloga Celia Sanguinetti, se prevé que las lluvias dispersas con ocasionales descargas eléctricas continúen afectando a gran parte del país durante la jornada del miércoles.

Para el jueves se podría registrar precipitaciones aisladas, pero al terminar la jornada.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá fresco a cálido. Para el miércoles y jueves se esperan amaneceres frescos con mínimas que rondarán entre los 18 y 20°C.

Sin embargo, por las tardes la sensación térmica irá en aumento y alcanzarían máximas de entre 28 y 30°C para las zonas sur, centro y este de ambas regiones; mientras que en el norte del país la máxima marcará de entre 31 y 35°C.

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“Hay que sacarle el jugo a la estructura tributaria vigente”

“El Gobierno no aumentará impuestos para enfrentar el deterioro de las cuentas fiscales”, dijo este martes en conferencia de prensa.

En esa línea, el titular del MEF rechazó que el camino para mejorar los ingresos fiscales pase por elevar la carga tributaria. “Tenemos que sacarle el jugo a la estructura tributaria vigente”, refirió.

Explicó que una de las prioridades será revisar las exoneraciones y beneficios fiscales existentes para determinar cuáles siguen justificándose y cuáles podrían modificarse.

Entre los incentivos actualmente bajo análisis mencionó la exoneración vigente para los vehículos eléctricos.

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La informalidad será otro objetivo

Lovera sostuvo que una parte importante de la economía todavía opera fuera del sistema tributario y que el Estado debe incorporar nuevas tecnologías para ampliar la formalización. “Hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial. No hay necesidad de que una persona esté entrando a un comercio para hacer controles”, indicó.

Agregó que la formalización permitirá a pequeños comerciantes acceder al sistema financiero y dejar de depender de créditos informales. “Muchas personas pagan hasta el 50% a un usurero para poder trabajar. Si se registran como contribuyentes tendrán acceso a créditos mucho más blandos”, expresó.

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Presupuesto 2027 será revisado programa por programa

El ministro confirmó que el MEF ya trabaja en la consolidación del Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo plazo constitucional de presentación vence el 1 de septiembre. Indicó que cada institución deberá justificar los recursos adicionales que solicite.

“No queremos recortar por recortar. Queremos optimizar el proceso y revisar si los programas que existen hace muchos años siguen cumpliendo los objetivos para los que fueron creados”, explicó.

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Ajustes salariales solo por inflación o salario mínimo

Respecto a las reivindicaciones salariales de distintos sectores del Estado, Lovera señaló que actualmente solo están previstos los ajustes establecidos por leyes vigentes. “Cualquier otro ajuste salarial no está previsto actualmente”, afirmó.

El ministro añadió que el Gobierno también continúa implementando de forma gradual la Ley del Servicio Civil y que la optimización del gasto público forma parte de la estrategia para mejorar la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos.

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La medida cautelar más gravosa se dio en el marco de un proceso penal abierto en el que la víctima es la propia hija biológica del imputado. Se trata de una adolescente de 14 años que, como consecuencia del abuso sufrido, se embarazó y tuvo un bebé que actualmente tiene cuatro meses.

El relato de la víctima

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, en su primera declaración, la joven de 14 años, supuesta víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, expresó que cuando tenía 7 años fue manoseada por su padre. Algunos años después sufrió el tipo más grave de abuso y finalmente quedó embarazada cuando tenía 13 años.

La fiscala Katia Uemura lleva adelante la investigación del caso. La misma informó que solicitó al juzgado la designación de un perito biológico y la autorización para una prueba de ADN que permitirá determinar si el hijo que tiene la adolescente también es hijo del denunciado.

Uemura indicó que otros elementos, como las declaraciones de todas las personas del entorno de la víctima, serán procesados para dar continuidad a la etapa investigativa que inició tras la denuncia hecha por la madre de la adolescente, una mujer de 28 años de edad.

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Los nombres de los protagonistas de esta historia se omiten en cumplimiento del alcance de la ley de protección de menores de edad, vigente en nuestro país.

Los restos de la pequeña llegaron en la madrugada a su vivienda del barrio Sirena de Ayolas, donde fue velada con una concurrencia masiva de personas que quisieron acompañar a sus seres queridos. Se acercaron para darle el último adiós a una niña que conmovió a todo el país con su historia de lucha.

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Poco después de las 15:30, el féretro partió rumbo al cementerio municipal del barrio Núcleo II. Allí recibió la despedida antes de ser sepultada, en una ceremonia marcada por la emoción y el recuerdo de su fortaleza.

Antecedente clínico

Bianca padecía una miocardiopatía dilatada congénita y había permanecido dos años y siete meses en lista de espera por un órgano compatible. Su caso también guarda la dolorosa memoria de su hermana Wendy, fallecida en 2020 mientras aguardaba también un trasplante cardíaco.

El hospital informó que se agotaron todas las alternativas terapéuticas para revertir las complicaciones que surgieron durante su evolución clínica, atendida permanentemente por un equipo multidisciplinario especializado. La noticia de su partida reaviva además el llamado a fortalecer la cultura de la donación de órganos en Paraguay, el gesto que había hecho posible su intervención quirúrgica.

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La calificación total que dio el empresariado a las expectativas alcanzó 49,98 puntos en julio de 2026, con una leve mejora respecto a junio. Sin embargo, el resultado permaneció por debajo del umbral de 50 puntos, a partir del cual se considera un entorno de optimismo empresarial. Es decir, resultados inferiores a ese nivel indican una percepción de pesimismo.

Comportamiento de los sectores

Si se desgloza esa calificación global del empresariado, se constata una evaluación dispar entre los distintos sectores económicos que responden la encuesta.

El comercio dio la mayor calificación a las expectativas globales durante julio, con 50,29 puntos, y retornó a la zona de optimismo.

También se ubicaron por encima del umbral citado el sector financiero, con 50,08 puntos, y otros servicios (que incluyen: servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas y otros), con 50,14 puntos.

En contraste, el informe muestra que el rubro de transporte registró 49,79 puntos y construcción volvió a mostrar el desempeño más débil, con 48,92 puntos, ubicándose ambos en zona de pesimismo.

El sector inmobiliario, por su parte, se ubicó exactamente en 50,00 puntos, considerado un nivel de neutralidad.

Actividad reciente mostró resultados mixtos

Por otro lado, al desglozar esa evaluación general por distintas variables económicas, la CNCSP encontró resultados heterogeneos. Las categorías que se puntuan se dividen en: La “actividad reciente” (venta reciente), “cautela en materia de empleo”, “expectativas de precios de los sectores” y “perspectivas para el corto plazo”.

En ese sentido, en la categoría “actividad o venta reciente”, el comercio registró una recuperación en la percepción y alcanzó el umbral de neutralidad (50 puntos).

Los sectores financiero y el de otros servicios también registraron una mejor evaluación en dicha variable evaluada.

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Por el contrario, la construcción volvió a reflejar el escenario más desfavorable, con un índice de 48,50 puntos, aunque su percepción sobre la cartera de pedidos permaneció sin cambios.

En tanto, los sectores de transporte e inmobiliario mantuvieron estable su evaluación sobre la actividad reciente de las empresas y la demanda registrada en los últimos tres meses.

Empresas mantienen cautela para contratar

“Las decisiones relacionadas con el empleo continúan marcadas por la prudencia”, revela el informe de la CNCSP. El comercio fue el único sector que mejoró tanto la evaluación del empleo reciente como las expectativas de contratación para los próximos tres meses; ambas evaluaciones forman parte de la categoría “cautela en materia de empleo”.

Por el contrario, en los sectores Financiero y Construcción tanto la evaluación del empleo actual como la expectativa de contratación para los próximos tres meses se redujo.

En cambio, en Transporte, Otros Servicios e Inmobiliario se mantuvo estable la situación del empleo en los últimos tres meses y se redujo en 1,00% sus expectativas de empleo futuro, lo que sugiere que las empresas mantienen una postura conservadora en cuanto a la incorporación de personal.

Expectativa de precios de los distintos sectores

En materia de precios de venta (“expectativas de precios de los sectores”), el comercio fue el único sector que registró una mejora significativa en sus expectativas.

En tanto que, Transporte, Otros Servicios e Inmobiliario mantuvieron sin cambios sus previsiones de precios, mientras que la construcción volvió a reducir levemente sus expectativas de ajustes de precios, en línea con el debilitamiento de la actividad, indica el documento.

Construcción sigue siendo el sector más golpeado

Las proyecciones para los próximos tres meses (“perspectivas para el corto plazo”) continúan mostrando diferencias entre sectores.

El comercio mantuvo una visión favorable, impulsada por mejores expectativas respecto a los pedidos realizados a proveedores, mientras que sus previsiones de ventas permanecieron en zona de optimismo, con un indicador de 51,00 puntos.

El sector financiero conservó una percepción optimista sobre la evolución de las empresas y la demanda de servicios. En transporte, la evaluación de la situación empresarial se mantuvo neutral, mientras que las expectativas sobre la demanda continuaron siendo pesimistas.

Otros servicios sostuvo una visión favorable para el corto plazo, mientras que el sector inmobiliario moderó sus perspectivas tanto sobre la actividad como sobre la demanda.

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Finalmente, el sector de la Construcción continuó reflejando el escenario más desfavorable entre los sectores analizados, con una disminución en las expectativas sobre la actividad en los próximos tres meses.

“Las limitantes para el desarrollo del sector, las empresas constructoras identificaron a las restricciones financieras y a la falta de pago por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como los principales factores que condicionan su desempeño.

IPS destina G. 427 mil millones a fármacos, pero avisan de colapso financiero

Durante la sesión, se analizó la Licitación Pública Nacional (LPN) 46/2026, enfocada en la renovación anual de las licencias de base de datos que sirven de soporte crítico a la Dirección de Aporte Obrero Patronal (DAOP).

El debate se tornó áspero cuando los consejeros pusieron la lupa sobre los costos de renovación del software, el cual opera como el corazón informático actual de la dependencia encargada de recaudar los aportes obrero-patronales.

IPS aprobó licitación pese a millonario incremento

Las autoridades cuestionaron con dureza por qué el monto del llamado subió a G. 3.220 millones, frente a los G. 2.570 millones adjudicados en noviembre de 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 20% a 25% en comparación con el ejercicio anterior. La indignación en el pleno aumentó al constatarse que este salto inflacionario se produce a contracorriente de la economía real, a pesar de que el valor del dólar ha disminuido en el mercado cambiario local.

Ante los cuestionamientos del Consejo, Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, intentó justificar el sobrecosto escudándose en factores externos. Explicó que al realizarse contrataciones anuales en lugar de plurianuales (como se hacía anteriormente por 36 meses), la institución queda más expuesta a estos ajustes de precios.

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“Responde a tarifas fijadas por el fabricante internacional (proveedor único) y a la alta demanda global de recursos tecnológicos. Sin estas suscripciones no vamos a poder contar con el sistema. Atendiendo que el modelo actual es de suscripción, llegado el tiempo se corta el servicio; estamos ya sobre los tiempos límites para poder publicar el llamado”, expresó Frutos.

“Esta proveedora aumentó considerablemente su precio; aprovechó que es la única oferta, entonces aumenta casi G. 1.000 millones y hace 26 años que provee el servicio a la institución”, criticó Myrta Arias, consejera representante de los Trabajadores Aportantes del IPS.

El gerente de Informática reconoció además que el sistema “ya no es tan utilizado”, señalándose de manera crítica que “prácticamente solo la Municipalidad de Asunción” lo sigue empleando, lo que reavivó los cuestionamientos sobre el alto costo de mantenimiento de una plataforma tecnológica que se encamina a ser obsoleta y que pronto será reemplazada.

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Para el Consejo, esta justificación desnudó la tremenda vulnerabilidad y la dependencia en la que se encuentra el IPS frente a los monopolios, que imponen sus reglas de juego y precios.

A pesar del millonario incremento, el Consejo decidió aprobar la renovación con modificaciones, imponiendo condiciones a la administración. Se exigió, por ejemplo, la presentación formal de un informe por escrito que detalle la justificación pormenorizada del incremento de precios.

Durante la ceremonia, el comisario general inspector Enrique Martínez Sugasti agradeció el acompañamiento de los efectivos policiales, de las autoridades y de la ciudadanía durante el tiempo que estuvo al frente de la institución. Asimismo, deseó éxitos a su sucesor en la conducción de la Dirección de Policía del segundo departamento.

Por su parte, el comisario general inspector Eladio Rubén Martínez Reyes recordó que años atrás ya prestó servicios en San Pedro, cuando integró el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, por lo que afirmó conocer la realidad del departamento. Se comprometió a trabajar con responsabilidad, fortalecer la disciplina institucional y mantener un contacto permanente con las comisarías y subcomisarías para optimizar la respuesta policial.

El nuevo director asume el desafío de fortalecer la seguridad en un departamento que enfrenta limitaciones de personal y recursos, además de una amplia cobertura territorial que exige una mayor capacidad operativa de la Policía Nacional.

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Recorrido por dependencias policiales

El comisario Martínez Reyes adelantó que en los próximos días realizará un recorrido por las distintas dependencias policiales del departamento, con el objetivo de interiorizarse de las necesidades de cada unidad y coordinar acciones que permitan fortalecer la seguridad ciudadana.

San Pedro cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes y dispone de 1.171 efectivos policiales, distribuidos en 34 comisarías, 40 subcomisarías y siete puestos policiales. Sin embargo, alrededor de 200 uniformados se encuentran comisionados en otras instituciones del Estado, mientras que el sistema de rotación por turnos reduce considerablemente la cantidad de agentes disponibles para el servicio operativo.

En la práctica, poco más de 400 policías permanecen activos diariamente para brindar cobertura a todo el departamento, una dotación considerada insuficiente para atender las necesidades de seguridad de una de las regiones más extensas del país.

En cuanto a los recursos logísticos, el departamento dispone de apenas 84 patrulleras operativas, mientras que varias dependencias continúan sin móviles para realizar patrullajes preventivos o responder con rapidez a situaciones de emergencia.

Subcomisarías sin patrullera

• Subcomisaría de Hugua’i Sosa.
• Subcomisaría de Barranquerita.
• Subcomisaría de Chachi.
• Subcomisaría de Piri Pucú.
• Subcomisaría de San José del Norte.
• Subcomisaría de San Isidro.

Clan Vega pide a Añetete “unidad” en Roque Alonso y quitarle la gobernación al PLRA

Este último tiene el apoyo de casi todas las fuerzas opositoras incluyendo a Yo Creo, liderado por Miguel Prieto. El principal contendiente de Salinas es el colorado Julián Vega (ANR, HC Lista 1) y los otros aspirantes son Andrés Caballero (Lista 4), del Partido País Solidario; Ralo Aveiro (Lista 5) y Manuel Martínez (Lista 400).

Unidad opositora es un despropósito, señala

Caballero salió al paso del pedido lanzado por senadores de la oposición quienes en un comunicado urgieron la unificación de candidaturas opositoras en todo el país para enfrentar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre.

“No bajo de mi candidatura, ni bajaré”, aseveró. Dijo que ya sea “recomendación o imposición”, los senadores no consultaron las bases y, por ende, no apoyarán al candidato del PLRA, desconociendo la administración saliente de su esposa y cuyas pruebas están a la vista en las calles.

“Es un despropósito. El PLRA local es el oficialismo hace 11 años y mi candidatura por el Partido País Solidario forma parte de una Alianza verdaderamente opositora”, sentenció.

“Si el candidato del PLRA fuera gente nueva, transparente, sin problema íbamos a participar en un sondeo para saber quién sale mejor posicionado, pero este no es el caso”, finalizó.

La intención fue debatir el plan de unidad con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre y postergar la polémica discusión sobre chapas y candidaturas presidenciales.

Esto con miras a este viernes 7 de agosto, fecha en que fenece el plazo para que las organizaciones políticas presenten renuncias o pedidos de sustituciones antes de cerrar la programación y el número de opciones en las pantallas de votación en cada distrito.

Peleas y acuerdos

Al asumir la presidencia del PLRA, Alcides Riveros habló de 31 distritos conflictivos con múltiples candidaturas opositoras vaticinaba acuerdos en 20 ciudades.

Las ciudades más conflictivas con múltiples candidaturas de la oposición son Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú de Alto Paraná; así como Villa Elisa en Central y San Bernardino en Cordillera, entre otros. En estas ciudades finalmente no hubo acuerdos y habrá múltiples candidaturas opositoras.

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En cambio, sí hubo acuerdos en San Lorenzo, Pilar, Itá, Capiatá entre otros.

Un caso particular se dio en Luque, donde el PLRA logró que los tres candidatos opositores se sometan a una encuesta pero uno de ellos, José Luis Chilavert, desconoció el resultado.

PLRA tiene 66 alianzas con Yo Creo

Desde hace meses el PLRA encabezó encuentros y reuniones con autoridades de otras agrupaciones opositoras para buscar la unificación de la mayor cantidad de candidaturas para así no dividir el voto y enfrentar con más fuerza a la ANR.

El principal método propuesto fue la medición por encuesta. Numerosos aspirantes descabalgaron en favor de la unidad sin embargo, en un número considerable de ciudades no hubo consenso o no se respetó el acuerdo.

El PLRA cuenta con un total de 110 candidatos a intendente con la lista 2 y 76 candidatos liberales en listas de Alianzas, dando un total de 186 candidaturas a intendentes en 263 municipios.

En los demás distritos apoyan a candidatos de otras fuerzas, principalmente Yo Creo y Cruzada Nacional. Con Yo Creo tiene 66 alianzas.

En 2021, cuando había 261 distritos en todo el país, la ANR se quedó con 166 ciudades y la oposición ganó en 95 localidades.

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Cesión de derechos cubriría más de la mitad de la deuda en medicamentos

Lovera explicó, en conferencia de prensa, que el Gobierno recibió propuestas de cesión de derechos por aproximadamente US$ 540 millones por parte de proveedores de Salud y estima concretar operaciones por alrededor de US$ 450 millones.

Según explicó, este mecanismo permitirá que los proveedores obtengan liquidez inmediata mediante entidades financieras, mientras que el Estado cancelará esa obligación en cuotas mensuales durante 36 meses. “El Estado empieza a pagar al banco cuotas mensuales por 36 meses. Ese flujo sería de entre US$ 12 y 13 millones mensuales”, detalló.

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Otros US$ 600 millones irán al Presupuesto 2027

El ministro indicó que, una vez descontado el monto cubierto mediante la cesión de derechos, todavía quedarán cerca de US$ 600 millones de obligaciones pendientes.

Ese monto comprende aproximadamente US$ 400 millones correspondientes a medicamentos y otros US$ 200 millones por prestaciones de servicios, diálisis y equipamientos del sistema sanitario.

“Esos 600 millones de dólares estarán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, sobre el cual solicitaremos autorización para generar un endeudamiento que puede ser a través de bonos o mediante préstamos programáticos”, anunció.

Descartan deterioro de la deuda pública

Consultado sobre el impacto de este mayor endeudamiento, Lovera sostuvo que los indicadores fiscales continúan siendo sostenibles. “En todos los escenarios que estamos construyendo, nuestra relación deuda-PIB queda por debajo del 40% del PIB”, aseguró.

Añadió que el Gobierno mantiene una coordinación permanente con el Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar eventuales riesgos inflacionarios derivados de las operaciones financieras.

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Calificadoras ya conocen el plan fiscal

El titular del MEF reveló además que la nueva trayectoria fiscal ya fue presentada tanto a Moody’s como a Fitch Ratings, además del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordó que Moody’s ratificó recientemente el grado de inversión del Paraguay y señaló que Fitch publicaría su evaluación hacia finales de septiembre. “Más allá del número del déficit, lo que esperan las calificadoras es saber cómo vamos a volver a la trayectoria fiscal y qué estamos haciendo para que esta situación no vuelva a repetirse”, concluyó.

Durante los allanamientos, los agentes localizaron, en uno de los inmuebles intervenidos, un túnel que interconectaba propiedades ocupadas por empresas. Existen indicios de que la estructura era utilizada por la organización criminal para transportar de forma clandestina mercaderías de contrabando de un establecimiento a otro.

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La entrada al túnel había sido clausurada, por lo que fue necesario convocar al Cuerpo de Bomberos Militares de Paraná para posibilitar el acceso seguro al lugar. La estructura y los materiales encontrados serán sometidos a análisis en el transcurso de la investigación.

Segunda fase de la investigación

Los nuevos objetivos fueron identificados a partir de la profundización de las investigaciones y del análisis de los elementos obtenidos durante la primera fase del operativo.

Según las averiguaciones, el grupo prestaba servicios a clientes brasileños y a comerciantes establecidos en Ciudad del Este, interesados en introducir mercaderías de forma irregular en Brasil, sin el pago de los tributos correspondientes y al margen de los controles legales.

La organización actuaría en diferentes etapas de la actividad criminal, incluyendo el almacenamiento de las mercaderías, la carga y el transporte por vías terrestres y fluviales, la preparación de vehículos, el mantenimiento de puertos y depósitos clandestinos, el control financiero y la realización de pagos relacionados con las operaciones ilegales.

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Las investigaciones también señalaron indicios de que parte de los recursos provenientes de estas actividades habría sido utilizada para la adquisición de vehículos e inmuebles en Foz de Iguazú.

Además, existen sospechas sobre la utilización de empresas para administrar y ocultar el patrimonio del grupo, así como de la inversión de recursos en la construcción de un hotel en ese municipio.

Los investigados podrán responder, conforme a la participación individual de cada uno, por los delitos de organización criminal, lavado de dinero, contrabando y defraudación aduanera.

El nombre “Lastro Oculto” hace referencia al patrimonio que habría sido acumulado por los investigados sin un origen lícito aparente.

Este acuerdo fue suscrito en julio de 2024, durante la Cumbre del Mercosur, bajo la presidencia pro témpore de Paraguay.

El Congreso Nacional sancionó el documento el 6 de julio pasado. El acuerdo tiene como objetivo establecer las condiciones en las cuales las obras cinematográficas y audiovisuales serán reconocidas como nacionales en función de la integración regional en la producción audiovisual.

Fuentes del Instituto del Audiovisual Paraguayo (Inap) explicaron en su momento a ABC cuáles son los puntos y cómo beneficiarán a la producción nacional con la promulgación del Poder Ejecutivo.

Señalaron que con la iniciativa se logra que las coproducciones entre los estados partes del Mercosur sean reconocidas como obras nacionales en cada país.

También, indicaron que los productores podrán acceder a fondos públicos de fomento y beneficios de las industrias cinematográficas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Procedimiento

En uno de los apartados sobre “Normas de Procedimiento”, el acuerdo establece:

1) Las solicitudes de admisión de coproducción cinematográfica y/o audiovisual en el marco de este Acuerdo, así como el contrato de coproducción correspondiente, se depositarán ante las autoridades competentes de los Estados Partes coproductores con anterioridad al inicio del rodaje o al primer movimiento de imágenes en el caso de animaciones, según corresponda, a excepción de las coproducciones financieras que podrán ser presentadas en cualquier momento antes del inicio de post producción.

2) Dichas solicitudes deben ser acompañadas de la siguiente documentación en el idioma del Estado Parte correspondiente.

a) Documentos que certifiquen la propiedad legal de los derechos de autor de la obra a realizar.

b) Guion y/o sinopsis de la obra a realizar.

c) Presupuesto por rubro, el cual debe reflejar el porcentaje de participación de cada productor correspondiente a la valoración financiera de sus aportes técnicos, creativos y artísticos.

d) Plan financiero, incluyendo monto, características y origen de los aportes de cada coproductor.

e) Lista del personal creativo, técnico y artístico indicando, en el caso del personal creativo y técnico: nombre completo (puede ser tentativo), nacionalidad y categoría de su trabajo y, en el caso de los artistas, nombre completo (puede ser tentativo), nacionalidad, papeles a interpretar, categoría y duración y/o días de trabajo.

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f) Programación de la producción, lugar de rodaje, indicando locaciones y plan de trabajo.

g) Contrato de coproducción fechado y firmado por los coproductores conforme a la legislación nacional, indicando.

i) Título de la obra en coproducción.

ii) Identificación de los coproductores.

iii) Identificación del autor del guion o del adaptador en el caso de que se haya extraído la obra de otra fuente literaria.

iv) Identificación del director, indicando su nacionalidad y domicilio. Se podrá prever una cláusula de sustitución del director, si fuera necesario.

v) Monto total del presupuesto, indicando el porcentaje de los aportes de cada coproductor, de conformidad con el presente Acuerdo.

vi) Distribución de las recaudaciones y reparto de los mercados de explotación comercial de la obra o una combinación de estos.

vii) Fecha para el inicio del rodaje y cronograma que incluya la fecha de finalización de la obra.

viii) Cláusula que detalle las participaciones respectivas de los coproductores en gastos excesivos y menores, las que serán proporcionales a sus respectivos aportes;

ix) Cláusula que señale las medidas a tomar si una parte incumple sus compromisos.

x) Cláusula que prevea el reparto de la propiedad de los derechos de autor, sobre una base proporcional a los respectivos aportes de los coproductores.

xi) Idioma de la obra e indicación del idioma en que se realizará el subtitulado, en caso de corresponder.

h) Contrato de distribución, en caso de existir, incluyendo todo contrato, acuerdos o carta de intención con plataformas de streaming o equivalentes.

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3) “Sin perjuicio de los requisitos mencionados, las autoridades competentes de los Estados Partes intervinientes se reservan la facultad para requerir toda documentación que consideren pertinente”.

“Las modificaciones que eventualmente se realicen en el contrato de coproducción, incluyendo un cambio de coproductor, deben ser notificadas a las autoridades competentes de los Estados Partes de cada coproductor. Dichas modificaciones deben realizarse antes de que se complete la coproducción”.

“Una vez terminada la coproducción, cada autoridad competente del Estado Parte interviniente procederá a la verificación de la documentación, a fin de constatar el cumplimiento de este Acuerdo y, posteriormente, otorgar a los coproductores de su país el Certificado de Nacionalidad o Reconocimiento de Coproducción Definitivo y, en caso de corresponder, el “Certificado de Obra Cinematográfica MERCOSUR” al coproductor mayoritario.”

Los delincuentes se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Premio y, antes de llegar a la Ruta PY07, interceptaron la camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban los brasileños.

“Eran aproximadamente cuatro personas. Ellos se colocaron enfrente y descendieron inmediatamente. Estaban vestidos con uniformes camuflados, tenían armas largas y hablaban en guaraní y español. Todos eran paraguayos”, manifestó una de las víctimas.

Los asaltantes redujeron a los ocupantes de la camioneta, los esposaron y los trasladaron como rehenes al automóvil utilizado por los criminales. Posteriormente, otro integrante de la gavilla abordó la camioneta de las víctimas y huyó con la carga. En total, se llevaron 800 celulares, por un valor de aproximadamente 400.000 dólares, según una de las víctimas.

La camioneta fue localizada minutos después, abandonada en el kilómetro 5,5 del barrio San José. Allí, los delincuentes realizaron el traspaso de los teléfonos celulares a otro vehículo, presumiblemente un furgón blanco, para luego escapar con la mercadería.

“Bienvenida” al nuevo director de Policía

Este nuevo golpe delictivo recibe al comisario general inspector Jorge Ramón Aquino al frente de la Dirección de Policía del Alto Paraná, cargo que asumió ayer.

El departamento es considerado una de las zonas más complejas para la seguridad pública, debido a la intensa actividad comercial y a los constantes asaltos de gran magnitud.

La decisión conecta el circuito de compensación y pago del mercado de valores con la infraestructura del banco central, una práctica alineada con estándares internacionales en materia de seguridad y gestión de riesgos.

¿Qué operaciones quedarán dentro del nuevo esquema?

Según detallaron desde la banca matriz, la migración no se limita a compraventas de títulos ya que abarcará todo el flujo de efectivo asociado a las transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y también las operaciones vinculadas a eventos corporativos.

En concreto, CAVAPY precisó que el LBTR se usará para liquidar pagos ligados a instrumentos negociados tanto en guaraníes como en dólares, incluyendo, entre otros, pagos de capital, pagos de intereses y dividendos (mencionando específicamente a empresas SAECA).

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Hasta ahora, este proceso se realizaba a través de la banca comercial, bajo un esquema que Cavapy describe como seguro, custodiado y eficiente. Sin embargo, la entidad subraya que el estándar internacional apunta a que el corazón de la liquidación se apoye en el sistema de pagos del banco central, lo que reduce incertidumbres operativas y consolida el marco de confianza institucional.

Marcelo Prono, gerente general de CAVAPY, sostuvo que el cambio eleva el nivel de protección del sistema: “El Sistema Nacional de Pagos va a soportar toda la liquidación del mercado bursátil”, señaló, al describir el alcance del nuevo esquema.

Uno de los argumentos centrales de la migración es la automatización. De acuerdo con Prono, la liquidación en el LBTR será 100% mediante mensajería, sin intervención manual, lo que apunta a disminuir fricciones, tiempos muertos y puntos de fallo.

Además, CAVAPY anticipa una mejora en la eficiencia del calendario operativo: habrá dos momentos de liquidación por día para operaciones y vencimientos del mercado. Prono remarcó que esto implica “mucha eficiencia operativa y mucho mayor control” sobre el proceso, en una línea que también responde a exigencias regulatorias.

En ese sentido, vinculó el movimiento a requerimientos del BCP, a través de la Superintendencia de Valores, y a la necesidad de adecuación a estándares globales.

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El cronograma: pruebas, autorizaciones y salida en vivo

Cavapy informó igualmente que trabajó durante todo el año en la adecuación. Así en julio se concentraron las pruebas con casas de bolsa y bancos, una etapa previa a la obtención de autorizaciones formales: tras ese proceso, se espera que las casas de bolsa reciban del Banco Central la habilitación y su certificado para operar en el LBTR.

Detallaron además que el plan contempla luego pasar del ambiente de prueba estándar a una prueba controlada de todas las funcionalidades, tanto en el core de CAVAPY como en la mensajería, como verificación final antes del despliegue.

La puesta en producción se fijó para el 31 de agosto. Ese día se habilitará el servicio mediante el sistema Montran de CAVAPY e impactará en las cuentas de cada casa de bolsa en el Banco Central. También será la fecha de cierre del esquema anterior: se liquidará lo negociado el día previo y, desde entonces, la operatoria se encauzará por el LBTR.

La apuesta por estándares globales

Cavapy enmarca el paso en un proceso más amplio de modernización de la infraestructura del mercado. En el contexto de una mayor exposición internacional del país, la entidad recuerda las adquisiciones recientes de plataformas de alcance global: Montran (en Cavapy) y Nasdaq (en la BVA). Dentro de ese tablero, la liquidación vía LBTR busca fortalecer una arquitectura capaz de respaldar flujos de inversión foránea a través del mercado de capitales.

Prono lo planteó en términos de percepción de riesgo para el inversor internacional: explicó que un actor extranjero suele indagar quién se encarga de liquidar sus transacciones y cómo se evalúa ese eslabón bajo criterios vinculados al riesgo país. En esa línea, sostuvo que operar en LBTR implica ubicarse directamente en el marco del riesgo soberano, sin capas adicionales: “Entrar al LBTR es entrar al riesgo país, no hay una cota más de riesgo adicional”, afirmó.

El gerente general también resaltó que el esquema incorpora mensajería SWIFT de estándar internacional, además de sumar seguridad al utilizar el Sistema Nacional de Pagos y ganar eficiencia operativa en los procesos de liquidación.

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¿Qué cambia en el mercado?

Entre las modificaciones para la dinámica operativa del mercado, Marcelo Prono explica que al suprimirse el proceso semiautomático que existe hasta el momento, ya no se contará con el paso manual a la hora de enviar instrucciones de pagos que permitía cierta flexibilidad en los horarios para fondear las cuentas y enviar pagos.

Además detalló que con esta transformación en la manera en que se realizan las operaciones bursátiles del país, se gana en primer lugar una mayor seguridad, a criterio de Marcelo Prono, gerente general de Cavapy.

“Se gana mucha eficiencia operativa y mucho mayor control de ese proceso de liquidación. Es un requerimiento que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Valores, hace al mercado de valores e implica también adecuarnos a los estándares internacionales”, destaca Marcelo Prono.

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Apertura a la inversión extranjera

En el contexto actual de mayor exposición internacional que tiene el país, y tras las recientes adquisiciones de las plataformas Montran y Nasdaq -de clase mundial- en Cavapy y la BVA, este paso hacia la liquidación de las operaciones bursátiles a través de la LBTR fortalece el proceso de construcción de una infraestructura apta para la recepción de inversión extranjera mediante el mercado de capitales.

Al respecto, Prono recuerda que un inversor del exterior generalmente consulta quién se encarga de liquidar sus transacciones, lo cual pasa ahora a ser analizado con términos del riesgo país.

“Entrar al LBTR es entrar al riesgo país, no hay una cota más de riesgo adicional. Además, se automatizan muchos procesos, se implementa mensajería SWIFT de estándar internacional, se gana seguridad al utilizar el Sistema Nacional de Pagos del país y se cuenta con una eficiencia operativa en todos los procesos”, resume el gerente general de CAVAPY.

Uno de ellos volcó al costado del camino; otro chocó contra la baranda de seguridad y el tercero impactó contra el segundo, que quedó en la calzada. El hecho se registró la mañana de este martes, aproximadamente a las 6:30, en la compañía Caraguatá del distrito de Carmen del Paraná.

Los conductores alegaron que, en el sector donde se encuentra una curva pronunciada, perdieron el control debido a la cantidad de granos que había sobre la ruta.

Los automóviles involucrados fueron un Geely Emgrand de color gris, con matrícula AAKO 316, al mando de Oscar Darío Acuña Pedrozo (32); un Toyota Allex color plata, con matrícula BJG 852, maniobrado por el suboficial Fernando Andrés Pereira Sánchez (23); y un Toyota Corolla color beige, con matrícula DAO 601, conducido por Marcos Manuel Cano Garay (31).

Cuatro personas que circulaban en el Geely resultaron lesionadas. Según relató el conductor, estas venían de San Ignacio, Misiones, con destino al Hospital General de Itapúa (HGI). Los heridos fueron trasladados por bomberos voluntarios hasta el Puesto de Salud de Carmen del Paraná, entre ellos una menor de 12 años.

Agentes de la Comisaría Novena de la zona acudieron al sitio para maniobrar el tránsito, mientras bomberos de las ciudades de Encarnación y Carmen del Paraná terminaron limpiando el tramo de la ruta para despejar los granos que quedaron sobre el pavimento.

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Derrame de soja

La tarde del lunes 3 de agosto, un tractocamión marca Scania, modelo 112H, color blanco, con semirremolque marca Metalden, modelo Granelero de 3 ejes, color blanco, matrícula OAX 724, volcó en ese tramo de la ruta, con las circunstancias del accidente aún por determinar, pero sin otros rodados involucrados.

El conductor fue identificado como David Andrés Ibalo (37), quien llevaba la carga con destino a San Juan del Paraná. Fue trasladado hasta el Centro de Salud de Carmen del Paraná para atender sus lesiones.

La carga de soja terminó derramada sobre el pavimento. Bomberos de Carmen del Paraná realizaron un despeje preliminar, pero presumen que, por la inestabilidad del tiempo, parte del grano terminó nuevamente sobre la capa asfáltica durante la noche y ocasionó el accidente la mañana de este martes.

El derrame habría quedado hasta que causó el accidente, sin ningún tipo de señalización. El jefe regional de la Patrulla Caminera, Arístides López, no respondió llamadas ni mensajes en los que solicitamos detalles de la intervención realizada, al cierre de esta edición. Permanecemos abiertos en caso de que desee expedirse sobre el tema.

Más que la controversia por este tema de la denominación de la “perla”, el trasfondo real fue no tratar dos proyectos muy incómodos para el cartismo; 1) el proyecto de ley que pretendía eliminar cobros por gestión de registro de conducir, que genera una millonaria recaudación para Opaci; y 2) El crédito de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales que tiene peleados a los cartistas.

Esto ya que, con la falta de quórum se frustró el tratamiento del 7º punto del orden del día que plantea modificar “los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial", que busca eliminar la potestad de que la OPACI siga cobrando los G. 10.000 por cada registro de conducir emitido.

Esto permitió a Opaci recaudar solo en los últimos cinco años, y en concepto de cobros por registros de conducir, la suma de G. 138.000 millones.

Los proyectistas plantean que sea la estatal Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y no la oenegé Opaci, la que maneje la base de datos de los registros de conducir del país y se deje de recaudar millones, que van a parar a manos de una institución no estatal que para colmo no rinde cuentas sobre el manejo de lo que recauda.

El proyecto había sido incluido por moción de preferencia en el orden del día, por lo que ahora, para su inclusión en otra sesión, dependerá de la voluntad del presidente cartista de la Cámara, Raúl Latorre, o de que en una siguiente sesión se vuelva a pedir su tratamiento.

Préstamo frenado hasta que ministra dé la cara

Por otra parte, tampoco se trató el proyecto de ley que aprueba el préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural, que tiene enfrentados a los cartistas en Diputados con el senador también cartista Silvio “Beto” Ovelar y donde se metió en el fuego cruzado la ministra de Obras, Claudia Centurión.

Incluso en Diputados ya se evidenció un quiebre, ya que diputados cartista como Yamil Esgaib y Avelino Dávalos, así como el aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) apelaron por el tratamiento en la fecha.

Mientras que uno de los vicelíderes de bancada de HC, Alejandro Aguilera, y el vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista Hugo Meza, se ratificaron en no tratar hoy el tema e incluso hasta que comparezca ante la Cámara Baja la ministra de Obras Púbicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Se dirigió puntualmente a sus colegas, “especialmente a los de su bancada, Honor Colorado”, que “pese a algunas diferencia políticas y que no están incluidos todos los departamentos en este crédito entendamos que es un proyecto del gobierno de Santiago Peña, y que hay una ciudadanía expectante que necesita de estos caminos de todo tiempo”, dijo Olmedo, interesado porque comunidades de su departamento, Caazapá, sí serían beneficiadas.

Sin embargo, el vicelíder de bancada de Honor Colorado y representante de Guairá, Aguilera, les respondió a sus correligionarios y a la ministra.

Primero, dijo que no son ellos los que pretenden plantear la dilación como una disputa con “Beto” Ovelar, que había dicho que ciertos diputados están “borrachos de poder” al trancar el proyecto.

“Yo no soy antinadie y voy a dar nombre y apellido. No es que nosotros queramos la postergación de este proyecto porque el impulsor es el senador Beto Ovelar. Nosotros sabemos que el impulsor es el presidente Santiago Peña, pero pareciera ser que astutamente este legislador en cuestión está personalizando la postergación del proyecto por un supuesto rechazo de la Cámara de Diputados que haya hacia su figura por un celo político”, dijo Aguilera.

Acotó que fuera del tema personal, lo que exigen es “que la torta se reparta equitativamente” o cuanto menos saber de boca de la ministra Claudia Centurión el porqué se marginó a algunos departamentos, como el suyo.

Esto ya que el proyecto plantea que el 50% de los fondos del préstamo será destinado al departamento de Caaguazú (de Beto Ovelar), pero el préstamo lo pagaremos todos.

“Tiene que venir la ministra de Obras Públicas a decirnos por qué este proyecto es prioridad y los otros no son de prioridad. Esa es la cuestión”, le remarcó Aguilera.

Meza pide que ministra respete la Cámara

A esto se suma que, también en la sesión de hoy, el diputado Hugo Meza le prescribió “ubicol” a la ministra Claudia Centurión y le exigió que muestre respeto a la Cámara Baja yendo a dar la cara y que deje el “show” que plantea “Beto” Ovelar.

“Quiero hacer referencia al show que está armando un senador (Beto Ovelar), presidente de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama ‘Ubicol’“, reclamó Meza.

La “verdadera Perla del Sur” vs. la “Perla del Paraguay”

La excusa perfecta para el levantamiento de la sesión fue el debate del punto 3 del orden del día, proyecto de ley “que declara a la Ciudad de Pilar, capital del duodécimo departamento de Ñeembucú, como la Auténtica Perla del Sur del Paraguay”.

El proyecto del diputado de Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) generó la reacción del itapuense, César Cerini, que pidió eliminar la palabra “auténtica”, ya que históricamente hay una disputa por la denominación de “perla” en la zona sur del país.

Diosnel Aguilera se negó a ceder, ya que la denominación original -y por ende auténtica- tiene un origen histórico, ya que el Mariscal Francisco Solano López, cuando iba a visitar a su novia pilarense, Juanita Pesoa, se refería a ella como su “Perla del Sur”.

Aguilera acotó que incluso Encarnación ya acuñó la denominación de “La Perla del Paraguay”, por lo que consideraba pertinente no ceder en su proyecto original.

Finalmente, al momento de la votación, varios se retiraron, con lo cual se consumó la falta de quórum por segunda vez en el día.

Celeste Amarilla anuncia candidatura a la presidencia en reacción a declaraciones de Prieto

La legisladora extendió una invitación abierta a funcionarios, diputados y colegas senadores para que pasen a recorrer la peculiar exposición.

Entre los cuadros colgados se observan desde los memes que el reconocido medio satírico francés Charlie Hebdo le dedicó durante el pico del conflicto, hasta montajes humorísticos elaborados por usuarios en las redes sociales que parodian la tensa relación entre ambos.

Mirá la caricatura que Charlie Hebdo le dedicó a Celeste Amarilla tras sus dichos contra Mbappé

Sátiras, camisetas rivales y referencias al Mundial

Entre los diseños expuestos se destacan varios montajes donde se ve a Celeste abrazada a Mbappé o luciendo la camisetas de selecciones que vencieron a Francia en el certamen mundialista.

Una de las imágenes la muestra vistiendo la camiseta de España, en alusión a la semifinal del Mundial 2026 donde los españoles dejaron fuera al conjunto francés para luego coronarse campeones.

En otro cuadro, aparece Celeste vistiendo la remera de Inglaterra, recordando el choque por el tercer puesto jugado en Miami donde los ingleses derrotaron 6-4 al cuadro europeo.

Celeste Amarilla se defiende y no descarta querella contra Mbappé

La senadora incluyó una adaptación de la famosa fotografía de Lionel Messi bañando a un bebé, que en la vida real era Lamine Yamal, pero con un retoque digital donde aparece la propia Celeste Amarilla dándole un baño al pequeño Mbappé.

El origen de un exabrupto que sacudió hasta a la Cancillería

El conflicto se originó tras la eliminación de la Selección Paraguaya en los octavos de final contra Francia. En aquel momento, la senadora reaccionó contra Mbappé, quien ignoró el saludo del portero albirrojo Orlando Gill al término del encuentro. Amarilla lanzó insultos que rápidamente dieron la vuelta al mundo, calificando al jugador de “bruto”, “camerunés colonizado” y “rico nuevo”, entre otros términos despectivos.

El conflicto escaló al punto que el propio delantero francés le respondió y tildó a la senadora de “mujer despreciable, indigna del cargo que ocupa”.

La gravedad de las expresiones de la parlamentaria forzó a la Cancillería Nacional a emitir un comunicado oficial para desmarcar la postura de la República del Paraguay de los dichos de la legisladora.

El crimen, que conmocionó al país debido a la suma crueldad con la que fue ejecutado y la gran cantidad de personas presuntamente involucradas, se registró el 27 de mayo de 2025.

Rolón manifestó que desde el primer momento se sintió preocupada por la situación y aseguró que no tuvo ninguna participación ni incidencia en el crimen que conmocionó a la comunidad ovetense.

Posteriormente, declaró el suegro del principal sospechoso del asesinato, quien también rechazó cualquier vinculación con el hecho. Dijo que nunca participó del crimen ni intentó ocultarlo.

Explicó que acudió al llamado de los padres del adolescente acusado, quienes le informaron que el joven se encontraba desaparecido y que necesitaban ayuda para ubicarlo y acompañarlo durante el proceso. Señaló que su actuación fue involuntaria y que intervino únicamente como padre de familia, sin conocer lo que realmente estaba ocurriendo.

Más tarde fue el turno de Franco Acosta Céspedes, procesado por intento de aborto y comercialización de medicamentos no autorizados. El acusado afirmó ser totalmente inocente y dijo no comprender por qué se encuentra sentado en el banquillo.

Acosta indicó que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía demuestra que haya participado en los hechos o que haya vendido medicamentos destinados a inducir el aborto de María Fernanda Benítez.

Indicó, además, que es abogado y que no es propietario de la farmacia mencionada en la investigación. Reconoció que el adolescente procesado le escribió en alguna ocasión y que estuvo en el local, pero aseguró que nunca le vendió medicamentos ni tuvo participación alguna en un supuesto intento de aborto.

Finalmente, durante la mañana de este martes declaró la madre del principal sospechoso, quien también negó haber tenido conocimiento de lo sucedido. Afirmó que tanto ella como su familia colaboraron en todo momento con la Justicia y que las actuaciones realizadas fueron únicamente como padres, sin saber lo que realmente estaba ocurriendo.

Una declaración similar realizó el padre del principal acusado del asesinato de María Fernanda Benítez. El hombre sostuvo que, tras encontrar a su hijo luego de la denuncia de desaparición, lo halló “choqueado” y totalmente fuera de sí.

Señaló que, después de comunicar que la víctima no se encontraba con el adolescente, recibió amenazas por parte del padre de María Fernanda, Leonardo Benítez, situación que —según afirmó— generó temor y desesperación en su familia, motivo por el cual decidieron presentar la denuncia falsa de desaparición del joven. Agregó que todas las actuaciones realizadas en ese momento fueron producto de un estado de desesperación y sin conocer, supuestamente, lo que realmente había ocurrido.

El juicio oral y público continúa en su etapa final. Una vez concluidos los últimos trámites procesales, el Tribunal deberá deliberar y emitir la sentencia definitiva para cada uno de los acusados en la causa relacionada con el asesinato de María Fernanda Benítez.

El inicio de los alegatos finales inicia mañana y se podría extender hasta el jueves o proseguir el lunes de la próxima semana.

La incorporación de este equipo de última generación representa el primer paso de un plan de modernización de la red subterránea del microcentro asunceno, el cual contempla la instalación gradual de 50 puestos sumergibles, de acuerdo con las publicaciones de la ANDE.

Según informaron los técnicos, el montaje estuvo a cargo del personal de la ANDE y que se lo financió con fondos propios de la empresa estatal.

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Tecnología frente al colapso por lluvias

El punto neurálgico del equipamiento radica en su diseño concebido para operar de manera segura e ininterrumpida, incluso bajo condiciones severas de agua o inundación dentro de las cámaras subterráneas.

“Su puesta en servicio permite una operación más flexible, segura y eficiente de la red, al posibilitar maniobras rápidas de transferencia de carga y reconfiguración del sistema ante eventuales contingencias”, explicaron fuentes de la empresa pública.

Con esta incorporación, la institución busca fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos adversos, que históricamente causan estragos y colapsos en el suministro eléctrico en el microcentro de Asunción.

Desde la empresa eléctrica destacan que esta tecnología contribuirá directamente a “reducir los tiempos de interrupción y a mejorar la continuidad del servicio a los usuarios” que residen o trabajan en el microcentro de Asunción.

No obstante, la ciudadanía y los sectores comerciales, sobre todo, mantendrán la lupa sobre la ejecución e,fectiva de los 49 puestos restantes, esperando que las inversiones con recursos públicos se traduzcan en una solución definitiva a los históricos cortes de energía en la capital que producen con con casi cada lluvia.

Cabe recordar que en junio del año pasado, la ANDE identificó 15 puestos críticos de distribución, que constantemente están recibiendo agua, había contado el entonces presidente de la institución, Ing. Félix Sosa. “Tomamos la decisión de empezar un proceso licitatorio para comprar 20 puestos de distribución con transformadores sumergibles”, anunció mientras se desaguaban un puesto de distribución en la calle Alberdi entre General Díaz y Haedo.

El proceso, que entonces se encontraba en fase de planificación, previó que en un plazo de seis meses se concretase la adjudicación, tras la elaboración de los proyectos ejecutivos correspondientes.

Asimismo, aseguró que el objetivo es establecer un retorno más “suavizado” y gradual frente a la realidad financiera actual, esto “si excluimos la gestión de los atrasos”.

Además, Lovera explicó que se identificaron 1.270 millones de dólares en compromisos que no estaban contabilizados en el cierre oficial y estas obligaciones corresponden principalmente al área de Salud Pública y Obras Públicas.

Como parte de su idea, el ministro recordó que en septiembre de 2023 ya se había gestionado una deuda de aproximadamente USD 600 millones, pero no se logró una cancelación ante procesos como los que tiene el Ministerio de Salud por la provisión de medicamentos o insumos que tardan entre 120 y 180 días en constituirse formalmente como una deuda en el sistema.

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Cierre del 2026

En lo que refiere al cierre de 2026, la previsión del déficit fiscal se sitúa ahora en un 3,2% del PIB, aunque sin la gestión de los atrasos, el resultado financiero estaría en torno al 2%.

Ese segundo porcentaje se daría ante factores como la “desaceleración de ingresos” y no se llegará a esa “proyección inicial que teníamos para los ingresos tributarios y las binacionales” porque también afecta la devaluación del dólar con respecto al guaraní.

Además, citó que el escenario para 2027 contempla un déficit del 3,9% si se incluye el pago de los saldos pendientes, pero excluyendo dicha gestión de atrasos, el déficit proyectado para ese año sería de aproximadamente 1,9%.

Por otra parte, para saldar los compromisos aún pendientes, Lovera mencionó “tres etapas”: cuantificar las deudas, gestionar y para el próximo año solicitar una autorización al Congreso para “hacer frente a los saldos remanentes” de los atrasos, mientras que para evitar futuros atrasos, el Ministerio prevé implementar una nueva herramienta de gestión basada en la ejecución efectiva del contrato y el concepto de lo devengado, según lo detallado por el ministro del MEF.

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La joven recibió una herida por disparo de arma reglamentaria (pistola calibre 9 mm) en la pelvis, que le produjo una gran pérdida de sangre, siendo trasladada primeramente hasta el Hospital Distrital de Santaní y de ahí al Hospital de Trauma.

La víctima se trata de Liz Mariela Salinas Rojas (25), domiciliada en la ciudad de Yrybucuá, y el presunto autor del disparo es el suboficial ayudante de Prevención y Seguridad, personal de la Comisaría N.º 32 de Yrybucuá.

Tras lo ocurrido, la joven fue auxiliada de inmediato por el mismo efectivo policial, quien, en compañía de uno de los hermanos de la víctima, la llevó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Distrital de Santaní, donde llegó en muy malas condiciones de salud, según informó la directora del nosocomio, Dra. Zulma Cabrera.

Confuso episodio

Según los informes extraoficiales, el disparo del arma de fuego se habría producido en forma accidental, impactando en la humanidad de Liz Mariela Salinas. En este sentido, se menciona que tanto la joven como el uniformado son vecinos y que sus viviendas están una al lado de la otra, ubicadas en el barrio Centro de la ciudad.

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En ese contexto, se menciona que, aparentemente, el personal policial estaba limpiando el arma de fuego mientras conversaba con la víctima y que, en un descuido, se produjo el disparo accidental. Sin embargo, los investigadores están abocados al esclarecimiento del caso para poder brindar un informe oficial.

Fiscala no quiere adelantar nada

La investigación está a cargo de la fiscala Lilian Ruiz, de la Unidad Penal Nº 2. Indicó que por el momento no cuenta con suficientes elementos sobre la forma en que ocurrió el suceso, por lo que esperará la recolección de más detalles por parte de los intervinientes para avanzar en el caso.

La manifestación obligó a los vehículos que llegaron hasta la zona primaria del Puente de la Integración a regresar a Ciudad del Este para realizar el cruce habitual por el Puente de la Amistad.

En horas de la tarde de ayer, los representantes de los camioneros mantuvieron una reunión virtual con autoridades federales brasileñas, aunque no llegaron a un acuerdo.

Inicialmente, anunciaron que mantendrían la protesta hasta la próxima reunión de la Comisión Mixta Paraguay-Brasil, prevista para el 12 de octubre. Sin embargo, este martes desistieron de la movilización e informaron que realizarán un cuarto intermedio hasta ese encuentro bilateral.

Nuevas reglas de circulación

Las disposiciones aprobadas por la Comisión Mixta (Brasil-Paraguay) establecen que los camiones de mediano porte vacíos, que operan bajo la modalidad de despacho menor, podrán utilizar el Puente de la Integración para salir del país entre las 7:00 y las 19:00. El retorno con mercaderías continuará realizándose exclusivamente por el Puente de la Amistad.

En tanto, los camiones de gran porte en lastre (sin carga) seguirán utilizando el Puente de la Integración únicamente en horario nocturno. Sin embargo, desde esta etapa se amplía el horario de circulación, adelantándose el inicio de las operaciones de las 22:00 a las 20:30 y extendiéndose hasta las 5:00.

Los transportistas brasileños exigen que tanto los camiones de mediano como de gran porte puedan operar en horario diurno.

Los brasileños dicen que muchos conductores que no alcanzan a cruzar dentro del horario establecido deben esperar varias horas para retomar el viaje, sin contar con infraestructuras mínimas como sanitarios, basureros y condiciones básicas de higiene.

Transporte de pasajeros

La nueva etapa de apertura del Puente de la Integración también contempla cambios para el transporte de pasajeros. Desde este martes quedó habilitado el servicio urbano internacional que une Presidente Franco con Foz de Yguazú.

Asimismo, se autorizó durante las 24 horas la circulación de los servicios de circuito cerrado y de las líneas internacionales regulares, como parte del proceso gradual de ampliación de las operaciones sobre el nuevo corredor internacional.

El también presidenciable del sector cartista, Pedro Alliana, ya salió a desmentirlo, y hoy el fiscal Silvio Corbeta también se refirió al tema.

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“Esa es una cuestión política. Nosotros nos abocamos a lo judicial. Se informó incorrectamente que nosotros pedimos que se adelante el juicio (Caso Tía Chela). Si recuerdan, el tribunal dispuso que sea en mayo, luego por sobrecarga de trabajo, se reagendó. Nosotros solo pedimos que se haga dentro de las posibilidades”, dijo el fiscal Silvio Corbeta.

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El agente del Ministerio Público indicó que entiende que los dichos de Miguel Prieto están dentro de una estrategia defensiva, pero negó que busque adelantar el juicio en la causa conocida como “Tía Chela” por presión de algún sector político.

“Es una estrategia defensiva, que se refiere una supuesta persecución. En realidad, como Ministerio Público, lo que hicimos es solicitar que el juicio sea agendado en algún hueco del Tribunal, porque en realidad tiene un retraso. Se había fijado para mayo y se reagendó”, sostuvo el fiscal Corbeta.

Ayer el fiscal se ratificó en su acusación contra Miguel Prieto y otras doce personas por el presunto daño patrimonial de más de G. 300 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. En tanto, hoy el juez Humberto Otazú rechazó todos los incidentes planteados por la defensa y elevó la causa a juicio oral.

Marta Caballero, vecina nacida y criada en la ribera del arroyo, en el barrio Republicano, relató que la degradación del terreno lleva décadas de desinterés municipal. “Desde que yo era pequeñita, nunca hicieron nada. Se recurrió a todo, pero no hay respuesta positiva. Queremos saber cuándo va a haber una respuesta real” señaló la afectada.

Caballero recordó que sus propios padres costearon un muro artesanal de contención en un intento por salvar la casa familiar, luego de que el cauce se llevara más de la mitad de su terreno. “Teníamos la esperanza cuando vimos tubos en la canchita del barrio; dijeron que esos tubos iban a poner acá para solucionar, pero no pasó nada”, lamento.

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Casas al borde del abismo y presupuestos “fantasmas”

El drama se agrava a lo largo del cauce, donde el peligro de colapso es inminente para hogares donde habitan niños y adultos mayores. Mario Silva, otro de los afectados, contó que la fuerza del agua ya derrumbó parte de la infraestructura de su vivienda.

“La realidad es caótica. En la pandemia se cayeron dos piezas y un baño, y ahora otra pieza más se fue. En una noche de Año Nuevo, un árbol grande vino con la correntada, chocó contra el muro y se llevó todo”, dijo Mario.

Silva explicó que presentó reiteradas solicitudes por mesa de entrada en la Municipalidad. La primera de ellas fue en 2016 y dio pie a una fiscalización que dejó al descubierto aparentes irregularidades administrativas.

“Vinieron tres ingenieros, revisaron y dijeron que ya había salido el presupuesto, pero nunca vinieron a realizar la obra. Hice mis averiguaciones y el presupuesto sí figuraba como aprobado, pero la obra jamás llegó hasta acá”, denunció. Silva reingresó un pedido urgente hace dos meses ante el peligro diario en el que vive junto a su esposa e hijos, pero hasta la fecha no recibe respuesta.

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Un problema histórico sin solución de fondo

El drama manifestado por Caballero y Silva se suma al de decenas de familias de barrios como Roberto L. Petit y Republicano, que a lo largo del tiempo sufrieron desmoronamientos que obligaron al traslado de emergencia de varios pobladores, provocando un doloroso desarraigo.

A pesar de existir proyectos que involucran al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Junta Municipal de Asunción para la construcción de un muro de contención integral, desde la naciente del cauce hasta su desembocadura en el río Paraguay, los planes continúan estancados.

Mientras las autoridades siguen dilatando las obras definitivas, los vecinos del arroyo Ferreira insisten en que se realice al menos una limpieza y despeje inmediato del cauce, debido a que la acumulación de escombros, basura y árboles caídos genera taponamientos que aceleran la erosión y amenazan con tirar abajo las pocas casas que siguen en pie.

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La agente fiscal que defendió la causa por el Ministerio Público, Rocío Valdez, comprobó, a través de pruebas científicas, que el hombre era el padre biológico de la víctima fatal, una adolescente de 17 años. El hombre la atacó mientras estaba indefensa, con 8 estocadas en la cabeza y el rostro que le causaron la muerte.

El filicidio constituyó un agravante para el homicidio de la menor de edad. En principio, se consideró que el agresor era el padrastro de la joven y que pudo ser una víctima colateral en un episodio de violencia contra su madre. Este elemento que agregó la investigación detectó que había conflictos entre el acusado y la menor, quien no lo quería reconocer como progenitor.

Posteriormente, tras asesinar a su propia hija, atacó también a la madre, su expareja, quien resultó con serias lesiones. El Tribunal consideró la medida de seguridad ante estudios psicológicos que determinaron que el condenado tiene actitudes agresivas e impulsivas.

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El trágico caso

La noche del 11 de junio de 2023, Reyes llegó a la vivienda de su hija, Damaris Judith Benítez Castillo (17). La joven estaba aparentemente durmiendo en el momento en que fue atacada, porque no presentó rastros de defensa, según las pericias forenses.

Fue ultimada con 8 estocadas propinadas con una herramienta de albañilería conocida como “cortahierros”. La madre, Nélida Castillo Martínez, también fue herida con la misma arma. Tras la detención del hombre, se produjeron una serie de manifestaciones en pedido de justicia por la joven que fue ultimada.

Damaris no fue reconocida por su padre, por lo que el Ministerio Público tuvo que recurrir a pruebas de ADN para determinar la paternidad de Reyes. El crimen pudo haberse cometido durante un estado de ebriedad y los investigadores también cotejaron denuncias previas de la expareja por episodios de violencia familiar

Atrasos por US$ 1.270 millones presionan el resultado fiscal

Lovera señaló que los atrasos cuantificados al cierre de 2025 en dos sectores principales, obras públicas y proveedores del Ministerio de Salud, alcanzan aproximadamente US$ 1.270 millones. Explicó que la administración de estos compromisos tendrá un impacto directo sobre el resultado fiscal de los próximos ejercicios.

“La gestión de esa deuda va a hacer que el resultado fiscal del 2026 sea un resultado que llegue a 3,2% del producto. Y el año 2027 a 3,9% del producto”, afirmó el ministro durante la conferencia de prensa brindada en la sede del MEF.

El titular del MEF explicó que, si se excluye el efecto extraordinario de los atrasos, el déficit asociado exclusivamente al flujo normal de ingresos y gastos estaría cercano al 2% del PIB en 2026 y al 1,9% en 2027, antes de alcanzar nuevamente la meta del 1,5% en 2028.

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Menor recaudación y dólar bajo afectan proyecciones del presupuesto

El ministro también admitió que los ingresos tributarios están creciendo por debajo de las previsiones iniciales del PGN 2026. “Los ingresos no se están comportando como lo habíamos previsto en la construcción del Presupuesto General de la Nación 2026. Nosotros esperábamos un crecimiento del 8,5% de los ingresos tributarios. Están creciendo alrededor del 2% ahora hasta el mes de julio”, indicó Lovera.

Agregó que la caída del tipo de cambio del dólar frente al guaraní también está afectando tanto la recaudación tributaria como los ingresos provenientes de las binacionales. Para el cierre del ejercicio, el MEF estima un crecimiento de ingresos cercano al 6%, aunque por debajo de la meta inicial.

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MEF prepara PGN 2027 con tipo de cambio similar al actual

Respecto al diseño del PGN 2027, Lovera explicó que el escenario macroeconómico será construido con un tipo de cambio cercano al nivel actual, debido a la dificultad de proyectar esta variable.

“El tipo de cambio es una de las variables más difíciles de proyectar, porque estamos vinculados incluso a cuestiones externas, como la política monetaria que implementa Estados Unidos. Así que nosotros estamos proyectando un tipo de cambio muy cercano al tipo de cambio actual para la construcción del presupuesto del 2027”, señaló.

Además, adelantó que el MEF está revisando la estructura tributaria vigente, especialmente los regímenes especiales y exoneraciones, aunque aclaró que no se plantea un aumento de tasas ni la creación de nuevos impuestos.

“No estamos hablando de ajustar tasas al alza, no estamos hablando de crear impuestos, pero sí dentro de la estructura vigente empezar a hacer esa revisión fina”, sostuvo.

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Nueva herramienta busca evitar acumulación de deudas públicas

Ante los cuestionamientos por el crecimiento de la deuda con proveedores de salud, Lovera explicó que el problema estuvo vinculado a una falta de coordinación entre las áreas encargadas de administrar contratos y las áreas financieras de las instituciones públicas.

El ministro indicó que el MEF implementó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEVIS), una herramienta que permitirá realizar un seguimiento desde la firma del contrato hasta el pago final.

“Hemos generado las herramientas que nos van a permitir tener la trazabilidad completa del proceso de gestión pública desde que se planifica un contrato hasta que se paga algo que no teníamos anteriormente”, manifestó.

Lovera explicó además que la deuda con proveedores de salud llegó a aproximadamente US$ 1.050 millones al cierre de 2025, producto de compromisos acumulados y una mayor demanda de servicios públicos, especialmente tras la apertura de nuevos hospitales como los de Encarnación y Coronel Oviedo.

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Los intervinientes constataron en el sistema informático de la Policía Nacional que el señalado con las iniciales G. A. B. (49) cuenta con orden de captura con fines de extradición, según el oficio N° 678, de fecha 10 de mayo de 2024, firmado por el Juzgado Penal de Garantías N.° 9, a cargo del actuario interino José Manuel Borja.

El hombre tiene una causa en el vecino país calificada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por tratarse del encargado de la guarda y por convivencia preexistente con un menor de 18 años”.

Es requerido por el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. La orden de captura fue firmada por el magistrado Julián Busteros el 7 de marzo de 2023. El detenido se expone a una pena privativa de libertad de 35 años.

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El caso investigado

El hombre de 49 años es sindicado como presunto autor del abuso sexual sistemático de sus dos hijas, desde el año 2012 hasta el año 2019, en su residencia en la provincia de Buenos Aires. Las menores fueron víctimas del abuso desde que tenían 6 hasta los 10 años.

El delito por el que es investigado en el vecino país está estipulado en los artículos 55 y 119, párrafo tercero, en función del párrafo cuarto, apartados “b” y “f”, del Código Penal de la Nación Argentina.

La denuncia de su pareja actual por violencia intrafamiliar permitió que la Policía lo identificara y lo pusiera a disposición del juzgado competente, para que se tramite el proceso de extradición. Permanece detenido en la Comisaría Primera de Encarnación, a cargo del juzgado.

Oftalmología del IPS: crisis por fuga de médicos y alta demanda

Se explicó que el proceso de compras incluye un total de 10 ítems y contó con la participación de 10 oferentes, de los cuales 9 terminaron siendo adjudicados. Aunque las autoridades intentaron destacar como un gran logro que el costo final estuviera por debajo del presupuesto oficial —que era de G. 430.848 millones, logrando una rebaja de unos G. 3.500 millones—, la realidad es que el monto por la compra de medicamentos para tratara enfermedades catastróficas como el cáncer, sigue siendo una carga en medio de la crisis financiera del IPS.

Medicamentos de alto costo que “devoran a la institución”

Más allá de los números, el debate entre los consejeros dejó ver una profunda preocupación por el futuro del IPS. Admitieron abiertamente que la medicina avanza tan rápido que los nuevos tratamientos están “devorando el presupuesto” de la previsional a un ritmo imposible de aguantar.

Durante la discusión, las autoridades lanzaron una dura advertencia sobre el peligro real de quiebra si no se toman medidas urgentes de fondo. “La presión de la medicina ha hecho que sea una necesidad el cambio de nuestra carta magna. O si no, esta institución no tiene futuro”, señaló Isaías Fretes con crudeza, evidenciando que el seguro social está parchando una crisis gigantesca a fuerza de licitaciones faraónicas “para responder a los asegurados”.

IPS: piden crear un banco nacional de medicamentos

Ante la falta de dinero para seguir costeando estos tratamientos tan caros, el Consejo volvió a proponer una idea repetida en discusión: crear un banco nacional o fondo de medicamentos para enfermedades catastróficas junto con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

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“Hay que buscar otros mecanismos para que (los pacientes) puedan acceder (a medicamentos). El Ministerio de Salud está pasando por la misma situación; creo que tenemos que impulsar la creación de un banco de medicamentos de enfermedades catastróficas (...) Tenemos que buscar (crear el banco) porque no hay forma de soportar”, expresó Isaías Fretes.

Reingeniería financiera y alianzas que buscan ahorros para el IPS

La actual administración, que inició con Isaías Fretes el pasado 22 de abril tras la renuncia de Jorge Brítez, actualmente imputado por supuesta lesión de confianza, implementó un plan de reingeniería financiera con apoyo del sector financiero y un trabajo coordinado sin precedentes con la industria farmacéutica. El objetivo es establecer un calendario de pagos previsible y una planificación conjunta para reducir los recurrentes quiebres de stock que afectan a los asegurados.

La víctima fatal fue identificada como Cristhian Sosa Oviedo, de 27 años, quien supuestamente sufría trastornos mentales y que estaba desaparecido desde el jueves 30 de julio pasado.

El supuesto autor material del crimen es su primo político, un adolescente de 16 años, en tanto que el presunto cómplice es el abuelo de este último, Victoriano Duarte, de 74 años, quien por su parte es tío político del finado.

El chico de 16 años habría dicho que encontró a Cristhian tratando de abusar sexualmente de su mamá, que es sordomuda, por lo que lo golpeó con un hacha en la cara. Eso pasó el jueves a las 19:00 aproximadamente.

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Después, el menor de edad fue a avisar a su abuelo que acababa de matar a Cristhian. Entonces, ambos esperaron hasta las 05:00 del viernes y arrastraron el cuerpo hasta un monte cercano, donde hay una gran fosa que quedó así tras reiteradas búsquedas de plata yvyguy.

El abuelo y el nieto arrojaron el cadáver y lo cubrieron con ropas viejas y basura, aunque después rellenaron el hueco, dejando completamente sepultada a la víctima.

La propia Policía Nacional emitió posteriormente una alerta de búsqueda, ante la denuncia de desaparición que hicieron los familiares de Cristhian.

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Ayer lunes, el propio padre de Cristhian, Salomón Sosa, sorprendió a Victoriano Duarte con la bicicleta del desaparecido, tras lo cual lo denunciaron y se inició la búsqueda en la zona, apoyada por toda la comunidad.

Supuestamente, fue el propio Victoriano el que contó dónde estaba el cuerpo.

La Fiscalía imputó a los dos supuestos involucrados. Para el abuelo, procesado como cómplice, piden arresto domiciliario, debido a su edad. Para el nieto, solicitan la internación en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica, es decir, cárcel.

Los manifestantes marcharon desde el Polideportivo Municipal “Carlos Barreto Sarubbi” hasta el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este. Al finalizar la movilización, entregaron un documento en el que exigen soluciones urgentes a las principales falencias del servicio y otorgaron un plazo de 30 días a las autoridades de la previsional para responder a sus reclamos.

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El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este cuenta con una amplia infraestructura, pero carece de suficientes médicos, insumos y medicamentos. Muchos asegurados deben esperar hasta tres meses o más para acceder a una consulta o realizarse un análisis laboratorial. En varios casos, los pacientes deben ser derivados hasta Asunción.

El presidente de la AEDE, Felipe Carlos Mora, dio lectura al documento presentado durante la movilización, en el que exigen el abastecimiento permanente de medicamentos, mayor celeridad en la atención, la contratación de más médicos y otras mejoras en los servicios.

Asimismo, dijo que, además de reclamar mejores remuneraciones para el personal de salud, también exigen una atención más humana hacia los asegurados.

“Ellos atienden mejor en los sanatorios privados y acá reciben a los trabajadores con mala cara. Por favor, también inviertan para mejorar el acceso a los turnos”, expresó.

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Mora también cuestionó la intención de integrar la atención entre el IPS y el Ministerio de Salud.

“El IPS no está dando respuesta ni siquiera a sus propios asegurados. Imagínense si se concreta la fusión, será peor para los asegurados. El IPS es de los asegurados, no del presidente Santiago Peña”, afirmó.

Piden un call center para Alto Paraná

Los asegurados movilizados reiteraron el pedido de habilitar un call center exclusivo para Alto Paraná, considerando que actualmente dependen de Asunción para gestionar los turnos.

“Seguimos esperando que se cumpla lo que conversamos con el presidente del IPS, Isaías Fretes”, expresó Rosmary Estigarribia, representante de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Exigencias de los asegurados

• Abastecimiento permanente de medicamentos e insumos.
• Contratación de más especialistas y personal de salud.
• Ampliación de las camas de internación y de terapia intensiva.
• Fortalecimiento de los servicios quirúrgicos y de los estudios de alta complejidad.
• Atención oportuna, eficiente y humanizada para todos los asegurados.
• Mejoras en la infraestructura y el equipamiento del Hospital Regional del IPS.

“Dos años y medio en la espera de un corazoncito repercute. Cuanto más tiempo esperamos, se producen cambios estructurales dentro del corazón y el pulmón”, explicó el doctor Marcos Melgarejo, Jefe Del Programa De Transplante Hospital Acosta Ñu.

La pequeña murió ayer a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecía internada desde el trasplante de corazón realizado el pasado 29 de junio.

“Lastimosamente perdimos esta batalla, que fue larga y difícil. Muchas veces tenemos que aceptar que la medicina no es una ciencia exacta y por más que se pongan todos los conocimientos y el esfuerzo sobrehuman, los resultados finales no son los esperados”, añadió el profesional.

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Melgarejo reveló que antes de la cirugía se presentaron eventuales donantes, pero por motivo de que los familiares no aceptaron la donación no se pudo realizar con mucha antelación el transplante de corazón.

Además reveló: “En el caso de los niños es mucho más difícil. Los donantes tardan mucho más, lo cual es una situación constante”.

“Esta situación golpea a todo el equipo, por el enorme esfuerzo grande que hicimos, pero no nos queda otra que sacudirnos el dolor y continuar porque tenemos un grupo grande de niños que esperan nuestros servicios”, finalizó.

“Los pacientes son atendidos en medio de la precariedad”, expresó.

Vidalina Villasanti, del barrio San Miguel de la villa serrana, denunció que tampoco hay medicamentos para pacientes con hipertensión, como losartán y enalapril. Afirmó que la falta de medicamentos no es el único problema.

La mujer cuestionó el calamitoso estado de los sanitarios del hospital. Indicó que despiden un olor nauseabundo, lo que obliga a algunos pacientes y acompañantes a salir del establecimiento para hacer sus necesidades fisiológicas.

Las reiteradas denuncias reflejan una realidad de abandono de meses que, según los usuarios, se mantiene sin respuestas concretas.

Las paredes presentan humedad, grietas y pintura deteriorada; los sanitarios carecen de picaportes y tienen mal olor. Los distintos sectores muestran una evidente falta de mantenimiento básico.

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Sin respuesta de la dirección

Intentamos obtener la versión del director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, sobre las denuncias formuladas de los usuarios, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas.

Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los persistentes reclamos.

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Sin embargo, sugestivamente la diputada cartista Jazmín Narváez se opuso al pedido alegando que estaba “sobre legislado” teniendo en cuenta que existe un proyecto de ley para combatir el avance del consumo de sustancias psicoactivas.

Guarambaré, hasta hace poco estuvo administrada por Óscar Cabrera (ANR-HC), quien renunció al cargo de intendente en busca del rekutú de manos del equipo político de los diputados cartistas; Jazmín Narváez y Rodrigo Gamarra.

Un simple proyecto de declaración dejó en evidencia que al cartismo no le importa mucho el avance del microtráfico, narcotráfico y la narcopolítica en el departamento Central.

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El proyectista lamentó que precisamente la traba la impuso una diputada centralina, quien antes de buscar potenciar los controles en las ciudades del departamento busque poner trabas.

“Ivai la porte en la zona sur del Central y que una diputada de Central se oponga a pedir que las instituciones públicas hagan su trabajo conforme a lo que reza la Constitución es sumamente grave. Resulta sospechoso por que probablemente existan fuerzas políticas que hoy estén encubriendo al crimen organizado”, dijo el diputado liberal.

Lamentó que hace quince días cuando se tuvo una balacera en Guarambaré se haya dicho que era una pelea entre barras bravas de clubes, pero ahora con la investigación, se sabe que era una disputa entre pandillas por el control del territorio para la venta de droga.

Lo que trabaron los cartistas

El proyecto de Adrián “Billy” Vaesken proponía instar al Ministerio Público, a través de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico a intensificar las investigaciones y los operativos fiscales para desarticular las redes de microtráfico que operan en Central y en especial en Guarambaré.

Además se instaba al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a reforzar los operativos de allanamiento, control y patrullaje en los barrios y zonas de mayor incidencia.

También se pretendía instar a la Senad a fortalecer las acciones de inteligencia, investigación y persecución penal contra las organizaciones criminales.

Por último, se buscaba instar a todas las instituciones públicas vinculadas a la materia a coordinar esfuerzos para luchar de manera integral contra el microtráfico y la narcopolítica en Central.

El “Número 2″ se presentó este martes ante el Departamento Judicial de la Policía Nacional, luego de que el juez de Ejecución Penal, Carlos Luis Mendoza Peña, dictara formalmente la orden de captura en su contra para hacer efectiva la pena de 10 años de privación de libertad por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

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La normativa firmada por el Ministerio Público ordena, además, una revisión médica inmediata al momento de su ingreso para constatar su estado de salud y abrir el legajo correspondiente.

Este establecimiento, ubicado dentro del complejo penitenciario del barrio Tacumbú de Asunción, cuenta con un régimen enfocado en la reinserción. Se caracteriza por albergar a reclusos con perfiles de baja peligrosidad o condenados por delitos económicos y administrativos.

Personal médico o paramédico del penal debe emitir un informe general e integrado sobre la condición física con la que llega el exjefe departamental.

Una condena por saquear fondos de la pandemia

La orden que hoy envía al “Número 2” a la cárcel se fundamenta en la Sentencia Definitiva del 4 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón.

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El colegiado probó la responsabilidad penal del exgobernador en un esquema corrupto que causó un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a las arcas públicas.

Durante el juicio oral quedó demostrado cómo la administración de González Alegre montó un sistema de “obras fantasmas” mediante la transferencia irregular de recursos de emergencia otorgados por el Gobierno central en 2020.

El Congreso Nacional sancionó el acuerdo el 6 de julio pasado. El acuerdo con Japón se firmó el 5 de diciembre de 2025, en Asunción.

El documento establece condiciones favorables para el flujo de inversiones recíprocas entre ambos países, mediante un marco de seguridad jurídica, previsibilidad y no discriminación para los inversionistas y sus inversiones.

El acuerdo contribuirá a “profundizar la cooperación económica bilateral, fomentar iniciativas empresariales de largo plazo y promover la transferencia de tecnología, así como el uso eficiente de los recursos económicos, en beneficio del desarrollo de ambas naciones”.

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Además, el texto establece reglas claras sobre la protección de inversiones, la libre transferencia de capitales, la transparencia y los mecanismos de solución de controversias.

En su discurso, tras la firma del acuerdo, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dijo en esa ocasión que se trata de una decisión política de largo alcance, basada en la confianza recíproca, el respeto al derecho internacional y la voluntad compartida de consolidar una relación económica estable y dinámica.

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Por su parte, el embajador del Japón, Katsumi Itagaki resaltó que el entendimiento fortalecerá los atractivos del Paraguay como destino de inversión, al garantizar principios internacionales reconocidos, como el trato justo, la protección contra expropiaciones, la libre transferencia de capitales y mecanismos internacionales de solución de controversias, entre otros.

Conforme a los datos, el acuerdo “es una herramienta para generar confianza, reducir el riesgo para inversionistas y atraer proyectos a largo plazo”.

martin.riveros@abc.com.py

En un reciente informe, la Cámara Paraguaya de Carnes, gremio que aglutina a industrias exportadoras, publicó un informe que revela que Paraguay produce menos carne por animal que los países que integran el Mercosur.

Brecha de productividad

Para el gremio cuando se compara este indicador con el de otros países productores, Paraguay todavía presenta una importante brecha de productividad. Mientras el sistema paraguayo genera aproximadamente 42 kilogramos de carcasa por animal del hato, Brasil registra entre 50 y 52 kilogramos, Argentina se ubica entre 50 y 55 kilogramos y Uruguay supera los 60 kilogramos por animal.

Según el gremio, esta diferencia evidencia que el principal desafío de la ganadería paraguaya no radica en aumentar la cantidad de cabezas de ganado, sino en incrementar la productividad del sistema mediante mejoras en eficiencia.

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“Actualmente, Paraguay cuenta con 13,5 millones de cabezas, una faena anual aproximada de 2,2 millones de animales y una producción de 546 millones de kilogramos de carne bovina. En conjunto, estos datos reflejan una productividad cercana a 42 kilogramos de carcasa por cada animal que integra el rodeo nacional”, señalaron.

Aclararon que este indicador no representa la cantidad de carne producida por cada animal individual, sino el rendimiento global del sistema ganadero.

“Su cálculo relaciona la producción anual de carne con el tamaño total del hato, que incluye no solo los animales destinados a faena, sino también vacas reproductoras, terneros, vaquillas de reposición y animales que aún no alcanzan la edad o el peso necesarios para su terminación. Por ello, constituye una medida integral de la eficiencia productiva de la ganadería”. ampliaron.

¿A qué responde la menor producción?

Según la CPC, estas diferencias responden principalmente al nivel de intensificación de los sistemas productivos, debido a que en continúa predominando las pasturas naturales o semi mejoradas, que ofrece ventajas competitivas en costos de alimentación, pero también implica ciclos productivos más largos y menores niveles de producción por animal.

A ello se suma una adopción todavía heterogénea de tecnologías productivas. Mientras numerosos establecimientos incorporan genética mejorada, manejo reproductivo, suplementación estratégica y mejoras en la calidad de las pasturas, otros continúan operando bajo esquemas tradicionales que limitan el potencial productivo del rodeo.

Asimismo, las condiciones climáticas también influyen sobre este indicador. La disponibilidad de forraje, las sequías y los “episodios de estrés térmico” afectan el crecimiento de los animales, los índices reproductivos y el peso de faena, reduciendo la productividad global del sistema.

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La oportunidad de la ganadería

Para la CPC, esta brecha representa una de las mayores oportunidades para la ganadería paraguaya. El gremio sostiene que incrementar la eficiencia reproductiva, mejorar la calidad de las pasturas, ampliar el uso de suplementación estratégica e incorporar genética de alto desempeño permitiría aumentar significativamente la producción de carne sin necesidad de expandir el tamaño del hato ni incorporar nuevas superficies productivas.

Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿Pueden los magistrados judiciales usar libremente las redes sociales? La respuesta es: sí, pero con límites.

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Es decir, aunque el Código de Ética Judicial, vigente desde 2006, no regula explícitamente estas plataformas, sí establece pautas de conducta que, aplicadas con sentido común, se adaptan perfectamente al contexto actual.

Normas éticas vigentes para magistrados judiciales

Un claro ejemplo de esto son los artículos 12 y 37 del mencionado Código. El primero exige prudencia al magistrado, mientras que el segundo regula el contacto con los medios de comunicación y público en general.

• Art. 12. Prudencia. El juez deberá ser prudente y se esforzará para que este valor gobierne su contacto personal y funcional con las partes, abogados y público en general. Será reservado y discreto con respecto a las cuestiones a ser resueltas; no adelantará sus opiniones, ni discutirá con las partes o justiciables los argumentos expresados en los procesos a su cargo, los que serán objeto de análisis, meditación y valoración en el marco del Derecho aplicable.
• En su comunicación verbal con las partes o litigantes ‑cuando correspondiere‑ se limitará a escuchar sus puntos de vista y a garantizarles un pronunciamiento justo, conforme a Derecho, fruto de un estudio independiente e imparcial. En sus decisiones, el juez deberá ponderar racionalmente los argumentos y contra-argumentos referidos a la causa que le corresponde resolver.
• Art. 37. Contacto con los medios de comunicación y público en general. En su contacto con los medios de comunicación y con el público en general, son deberes del juez:
• 2) Velar para que su conducta y sus expresiones se caractericen por la objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez, evitando manifestaciones que pudieran comprometer su independencia, imparcialidad y decoro.
• 5) No polemizar sobre procesos judiciales, arbitrales o de mediación, finiquitados o en trámite, sean o no de su competencia. No constituye polémica el ejercicio del derecho a que refiere el Art. 39 de este Código.
• Art. 39. Derecho de expresión del juez. El juez puede emitir opiniones jurídicas con respecto a las sentencias judiciales o a temas vinculados con la organización judicial, los procedimientos, los derechos humanos, la Constitución u otras cuestiones académicas o de interés ciudadano o jurídico, con criterios cientí- ficos y en foros adecuados.
• Asimismo, dictará conferencias o seminarios y publicar libros o monografías en diarios o revistas especializadas con la finalidad de contribuir al desarrollo y creciente comprensión de la ciencia jurídica y del Estado de derecho.

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Tribunal de Ética Judicial intervino y aplicó sanciones en casos polémicos

En algunos casos controvertidos el Tribunal de Ética Judicial tomó intervención e incluso aplicó sanciones, pero persiste la necesidad de establecer reglas claras al respecto.

De hecho, resulta preocupante el desconocimiento generalizado de las limitaciones éticas existentes para los magistrados en lo que respecta al uso de redes sociales, una realidad que se hace evidente en los comentarios de los propios usuarios ante publicaciones de casos polémicos.

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Las tres sanciones previstas por el Código de Ética Judicial son las siguientes: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que motivó el proceso, el llamado de atención y la amonestación. Esta última es la más grave de todas y conlleva su anotación en el legajo del magistrado.

Protocolo en base a Principios de Bangalore, en estudio en la CSJ

Desde una perspectiva más amplia, los Principios de Bangalore, aprobados en el 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como complementarios de los “Principios básicos de las NN.UU. sobre independencia de la judicatura”, establecen las pautas éticas que deben guiar a los jueces de todo el mundo, sin importar su sistema legal.

La jueza en lo civil y comercial Vivian López -punto focal de la Red de Integridad Judicial de UNODC- presentó a la Corte Suprema de Justicia en el año 2020 un proyecto para incorporar estas directrices en el ámbito nacional. Si bien no se tienen noticias de disposición alguna al respecto, esto no impide que los magistrados puedan adecuar su conducta a tales principios, los cuales ya están plenamente vigentes a nivel internacional.

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Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia son los principios a ser respetados, para lo cual cada magistrado deberá observar una conducta acorde a su función. Dichos reglamentos son acordes a lo previsto en el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público).

Si bien al momento de la elaboración de estos instrumentos las redes sociales prácticamente no existían, las normas, estándares y convenciones vigentes sobre conducta y ética judiciales, del ámbito internacional, regional y nacional, son aplicables tanto a la vida digital de los jueces como a su vida real.

Directrices aplicables al uso de redes sociales

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por parte de los jueces de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la parte referente a Contenido y comportamiento en redes sociales, tienen las siguientes indicaciones:

• 16 - Los jueces deben evitar expresar opiniones o compartir información personal en línea que pueda socavar la independencia judicial, la integridad, corrección, imparcialidad, el derecho a un juicio justo o la confianza pública en el Poder Judicial. El mismo principio se aplica a los jueces, independientemente de si revelan o no sus nombres reales o su condición judicial en las redes sociales.
• 17 - Los jueces no deben participar en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajería con las partes, sus representantes o el público en general sobre los casos que se han presentado o que es probable que se presenten ante ellos para su decisión.
• 18 - Los jueces deben ser cautelosos en cuanto al tono y el lenguaje, ser profesionales y prudentes con respecto a todas las interacciones que tengan en todas las plataformas de redes sociales. Puede ser útil considerar, con respecto a cada caso, el contenido de las redes sociales (como publicaciones, comentarios en publicaciones, actualizaciones de estado, fotografías, etc.) y cuál podría ser su impacto en la dignidad judicial si se divulgara al público en general. La misma precaución aplica a las reacciones a publicaciones realizadas por otros usuarios en las redes sociales.
• 19 - Los jueces deben tratar a los demás con dignidad y respeto, no utilizar las redes sociales para trivializar las preocupaciones de los demás ni para hacer observaciones que discriminen por cualquier motivo no permitido.
• 22- Si un juez ha sido insultado o abusado en las redes, debe buscar el asesoramiento de sus compañeros con más antigüedad en el ámbito judicial, o de otros mecanismos existentes en el Poder Judicial, pero debe abstenerse de responder directamente. Se alienta a los poderes judiciales a proporcionar orientación a los jueces sobre cómo lidiar con el acoso o el abuso en línea.
• 24- Los jueces deben asegurarse de no utilizar sus cuentas de redes sociales para promover, directa o indirectamente, intereses financieros o comerciales tanto propios como de terceros.

Relaciones de amistad, también en la mira

El mismo documento, en la parte referente a "Amigos y relaciones en línea", dicta algunas recomendaciones a tener en cuenta en su interacción con los demás, de manera a no comprometer su imagen y por ende, la del Poder Judicial que integra.

• 30 - Los jueces deben evitar aceptar o enviar solicitudes de amistad a las partes o sus representantes legales, así como realizar cualquier otra interacción con ellos en las redes sociales. Lo mismo es aplicable a los testigos o a cualquier otra persona interesada conocida.
• 31 - Los jueces deben recibir capacitación sobre cómo informar a sus familiares directos, amigos cercanos, personal de los tribunales, etc., acerca de las obligaciones éticas de un juez y de cómo el uso de las redes sociales puede socavar el cumplimiento de esas obligaciones.

Durante el debate, la ministra de Salud, María Teresa Barán, confirmó que el Ministerio de Salud Pública destina aproximadamente US$ 130 millones por año al cumplimiento de amparos judiciales. Explicó que la cartera cuenta actualmente con una comisión que analiza cada caso y que este mecanismo permitió reducir entre 7% y 8% la cantidad de amparos.

Según Barán, durante 2025 se registraron unos 1.500 amparos, mientras que hasta julio de este año ya se contabilizaron alrededor de 500. La ministra advirtió que las compras individuales ordenadas por sentencia pueden terminar absorbiendo una parte importante del presupuesto sanitario y desplazar la adquisición de medicamentos esenciales para toda la población.

Ever Villalba plantea investigar la “mafia de los amparos”

El senador liberal Ever Villalba planteó avanzar en la creación de una comisión especial para investigar la denominada “mafia de los amparos”, ante las sospechas sobre el funcionamiento del esquema de provisión de medicamentos mediante órdenes judiciales.

Durante el debate, Villalba sostuvo que el sistema genera varios problemas: subregistro presupuestario, inequidad para quienes no tienen recursos para litigar, riesgos sanitarios cuando los productos no cuentan con una evaluación previa y compras fragmentadas que terminan encareciendo los medicamentos.

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El legislador fue más allá y calificó el mecanismo como un “negociado”, argumentando que una vez dictada la orden judicial, el Ministerio de Salud o el IPS deben adquirir el medicamento solicitado, incluso a precios elevados, debido a la obligación de cumplir la sentencia.

“Estamos reventando todos los presupuestos de salud”, afirman

El senador oficialista Antonio Barrios, exministro de Salud durante el gobierno de Horacio Cartes, respaldó el espíritu del proyecto, aunque aclaró que el derecho constitucional al amparo debe ser respetado.

“Evidentemente que el amparo hay que respetarlo, la vía constitucional, no podemos estar en contra del amparo”, sostuvo. Sin embargo, inmediatamente planteó la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de amparos y establecer controles sobre los medicamentos que se solicitan por esta vía.

Barrios afirmó que desde que comenzaron a proliferar los amparos existe una importante deuda vinculada a estos procesos y sostuvo que se trata de medicamentos que en muchos casos no forman parte del cuadro básico del Ministerio de Salud ni del IPS.

Según el senador, el problema también está relacionado con los medicamentos de última generación que son solicitados para determinadas patologías oncológicas sin que necesariamente correspondan al estadio de la enfermedad.

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“Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no va a dar y nos descalabra por completo el tema amparo, el presupuesto de Salud Pública, el presupuesto del Instituto de Previsión Social”, afirmó.

El exministro consideró que una alternativa sería establecer un mecanismo conjunto entre Salud y el IPS que permita evaluar el estadio de cada patología y determinar qué medicamento corresponde de acuerdo con los protocolos médicos.

“Tenemos que buscar una medida y no es una medida errada tratar de elaborar entre las dos instituciones un consejo que pueda evaluar el estadio de cada una de estas patologías y cuál es el medicamento de acuerdo al protocolo que corresponde a ese estadio”, sostuvo.

Barrios advirtió sobre el impacto financiero que atribuye al crecimiento de los amparos. “No tengo ningún problema de que esto se debata, no tengo ningún problema que se posponga 15 días, 30 días, pero tenemos que tener conciencia que estamos reventando todos los presupuestos de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social con el tema de los amparos”, afirmó.

Celeste Amarilla cuestiona el proyecto

La senadora Celeste Amarilla se manifestó en contra de la creación de un consejo que tenga participación en el tratamiento previo de los amparos. Sostuvo que el amparo es un derecho constitucional y que su resolución corresponde a la Justicia, no a una nueva estructura administrativa.

Amarilla consideró que el problema de fondo no es el amparo, sino que los pacientes tengan que recurrir a la Justicia porque el sistema público no les garantiza los medicamentos que necesitan.

Por ahora, el Senado decidió dar 15 días más de plazo al proyecto, mientras se busca profundizar el análisis técnico, presupuestario y jurídico de una iniciativa que toca directamente uno de los mayores problemas financieros del sistema público de salud.

La investigación, que es sobre una causa que data del 2024, es realacionada a las fallidas obras de salas de quirofano que derivaron en un perjuicio que rondaría los G. 61 mil millones guaraníes.

El fiscal comentó que con los pocos documentos que le pudo brindar el doctor Isaías Fretes, logró constatar que esta licitación tuvo su origen en el 2019.

“Se dificulta un poco a este señor (Fretes) tener todos los documentos, porque no le pasan todo lo que él pide. No tiene la suerte de que colaboren con él sus alternos”, señaló.

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Ortiz expresó que lo escucha con todas las ganas al actual presidente del IPS para impulsar esto que se está llevando adelante, resaltando que una golondrina no hace primavera, pero anuncia su llegada.

“Faltan dos documentos, justamente el acta asamblearia para saber cómo fueron los tenores de los votos. Entonces, no puedo ampliar para ver también quién más de los que estaban ahí en la asamblea del Consejo Directivo apoyaron esta situación, a pesar de las anomalías detectadas por la Dirección Nacional de Contratación Pública, como así también la propia auditoría interna del Instituto”, apuntó.

Ante la consulta de si no ameritaría un allanamiento en el local para incautar toda la documentación, el fiscal indicó que confía que con esta imputación se va a desactivar esta sitaución y el doctor Fretes le va a poder brindar las documentaciones que necesita.

Según lo señalado por los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción, a través de la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018, la entonces jueza Tania Irún hizo lugar a la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

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Con esa resolución, la entonces magistrada violó la Ley 2532/05 de Seguridad Fronteriza, ya que no corroboró la identidad ni la nacionalidad de los representantes legales de las firmas extranjeras beneficiadas; e ignoró la naturaleza de dichas empresas, ya que no verificó si las acciones o títulos de estas firmas extranjeras eran nominativos o al portador o en su caso si eran endosables.

“La hoy acusada, en su carácter de jueza, omitió verificar aspectos esenciales antes de emitir su fallo y su decisión favoreció indebidamente a las firmas demandantes, sin corroborar las entidades ni sus estatutos y declaró falsamente la representación de las firmas accionantes sin verificar dichas circunstancias. Si la acusada hubiera realizado el trabajo que correspondía, la decisión debió ser el rechazo de la demanda por violar la ley”, puntualizó el fiscal Benítez en parte de sus alegatos.

Tania Irún cometió prevaricato grave, según querella

Por su parte los abogados Francisco De Vargas y Selmar Rodrigo Moreno, representantes de la querella adhesiva ejercida por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), solicitaron que Tania Irún sea condenada a 6 años de pena privativa de libertad, por haber cometido prevaricato grave, de acuerdo a lo señalado en los alegatos conclusivos.

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De Vargas enfatizó que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 305 del Código Penal, el delito de prevaricato no es de resultado, como sostuvo la defensa desde el inicio del presente; sino que es de mera actividad. En ese sentido remarcó que, al dictar la Sentencia Definitiva N° 494 Tania Irún cometió el hecho punible, en su modalidad agravada, según el inciso 2° de la norma señalada.

La querella insistió además en que al momento de dictar la resolución Tania Irún contaba con permiso de maternidad, que inició el 24 de septiembre de 2018 y se extendió hasta el 15 de marzo de 2019; pero decidió interrumpir dicha licencia y adelantar su retorno al juzgado para dictar la S.D N° 494.

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“Es la primera vez que veo que alguien decide acortar su permiso por maternidad para volver al trabajo”, remarcó De Vargas, al argumentar que para la querella la conducta de Tania Irún quedó plenamente probada en el juicio oral.

Defensa asegura que no existe delito

A su vez los abogados Gustavo y Rodrigo González Planás, defensores de Tania Irún, afirmaron que la exmagistrada no cometió hecho punible alguno y que la propia Ley de Seguridad Fronteriza establece que, en caso de violación, la consecuencia es la nulidad del acto jurídico.

Agregaron que la norma no establece sanciones penales para el magistrado que haya dictado una resolución posteriormente objetada y recordaron que incluso la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia avalaron la resolución de la ahora acusada.

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Sobre el punto insistieron en que la vigencia y ejecución de la S.D N° 494 constituyen elementos que desvirtúan la hipótesis acusatoria del Ministerio Público y la querella adhesiva.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por Juan Ortiz y Lourdes Garcete programaron la continuidad del juicio oral para el martes 11 de agosto, a las 13:00, con la presentación de la réplica y dúplica. Luego el colegiado pasará a deliberar para, finalmente, dictar la sentencia sobre la causa penal.

Ante las máximas autoridades de la previsional, el especialista expuso la alarmante brecha de recursos humanos, la elevada demanda y las necesidades financieras prioritarias para garantizar una atención digna a los asegurados.

Altísima demanda en oftalmología del IPS Central: esperas de hasta 60 días

Durante su exposición ante el Consejo, el jefe de servicio presentó los datos oficiales, afirmando que hay una masiva producción asistencial, de aproximadamente 4.150 a 4.200 consultas mensuales, cifra que incluye unas 2.500 consultas de pacientes adultos, alrededor de 1.300 urgencias, de 800 a 900 estudios diagnósticos y entre 350 y 400 cirugías mensuales.

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A pesar de estos volúmenes operativos, Duarte advirtió que el servicio padece un cuello de botella crítico en la atención de adultos y en las urgencias, derivado de una escasez de personal que ralentiza los tiempos de respuesta, que por lo general se intenta que no pasen de más de 60 días. “Tenemos un déficit lógicamente crítico de recursos humanos. Damos respuesta a todos, pero el tiempo de respuesta a veces es un poco lento”, reconoció el médico.

Infraestructura fragmentada y el gran déficit en pediatría y oculoplastia

El jefe de Oftalmología detalló que el servicio está dividido en tres niveles diferentes del Hospital Central y sus centros anexos, complicando la atención de los pacientes. En el sexto piso operan dos quirófanos con dos microscopios, dos equipos facovitrectores y cerca de 20 cajas instrumentales. En el quinto piso funciona una sala de urgencias instalada hace unos tres años, cuatro salas de internación con dos camas cada una, una habitación para médicos residentes, jefatura de enfermería, secretaría y jefatura de servicio. Por último, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) hay cinco consultorios especializados, dos salas de estudios diagnósticos y procedimientos, y una sala de urgencias diurnas.

Dentro de las debilidades estructurales, el informe presentado por el médico puso especial énfasis en el déficit de especialistas en oftalmología pediátrica y oculoplastia. Duarte explicó que la oftalmología pediátrica representa un reto regional y que, a pesar de haber realizado maratones de consultas en dos oportunidades —la primera en noviembre del año pasado y la segunda hace aproximadamente un mes— para dejar a cero la lista de espera, la escasez de pediatras dedicados a procedimientos láser limita la capacidad operativa.

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En cuanto a la oculoplastia, especialidad encargada de traumatismos severos, párpados, órbitas y tumores retrooculares, el jefe de servicio lamentó la pérdida de talento humano calificado. Citó el caso de una especialista que emigró tras 13 años de contrato.

Vanguardia farmacológica: IPS único en Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal

Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la consolidación del IPS como el único centro hospitalario público en toda Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal avanzada con Faricimab dentro de su cuadro básico, incorporado hace dos años. Se trata de un medicamento que se usa para tratar enfermedades graves de la retina que causan la pérdida de la visión.

El fármaco monoclonal, que inhibe la formación de neobasos y detiene hemorragias intraoculares en pacientes diabéticos y con edemas maculares, representa una inversión de US$ 1.200 por ampolla.

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“Cualquier persona que se realiza una inyección de Faricimab dentro del globo ocular está prácticamente recuperando la visión después de cuatro inyecciones”, afirmó el especialista, destacando que el impacto en la calidad de vida de los asegurados justifica plenamente su adquisición frente a los costos de la ceguera y la indemnización laboral.

Proyectos de inversión y mejoras en la atención: la respuesta del Consejo

Hacia el tramo final de su exposición, el doctor Duarte proyectó el sueño institucional de unificar el centro oftalmológico en un espacio físico integral. Estimó que, a diferencia de grandes complejos valuados en millones de dólares, su propuesta requiere una inversión focalizada de entre US$ 700.000 a US$ 800.000 para reformar y equipar adecuadamente un espacio exclusivo para quirófanos y consultorios.

Ante este panorama, el presidente del IPS, Isaías Fretes, y los consejeros elogiaron el compromiso del equipo médico, resaltando que sostienen un servicio de excelencia a pesar de percibir remuneraciones salariales sumamente bajas para su alta especialización. “Ustedes tienen un salario miserable de G. 4.500.000“, resaltó Fretes, expresando que la precariedad salarial golpea a hasta profesionales clave como el único neurooftalmólogo del país que presta servicios en la previsional.

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El Consejo de Administración acordó también coordinar con el área de tecnología la implementación de un sistema de agendamiento remoto mediante aplicaciones móviles y herramientas de automatización, con el objetivo de destrabar los cuellos de botella en ventanilla y asegurar que los pacientes no superen los 60 días de periodo de espera para sus consultas especializadas.

Vecinos de Los Cedrales y Minga Guazú nuevamente aislados por avería de una balsa

“Queremos que los parlamentarios dejen de lado sus diferencias personales y piensen en el sufrimiento de la gente. Venir hasta acá tiene un costo muy grande”, lamentó Rosa Domínguez, pobladora de la zona.

🔶 Préstamo de 75 millones de dólares para rutas: mientras cartistas pelean, la gente sufre

🔶 Pobladores de Los Cedrales deben usar precaria balsa.

🔶 "Seguimos pidiendo que piensen a nosotros. Esto no es un lujo. Es una necesidad", Rosa Domínguez, pobladora de Colonia Pengo.… pic.twitter.com/IJ8hFxAA89

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

Ella enfatizó que la obra no es un lujo, sino una necesidad básica para romper el aislamiento. “No puede ser que en pleno 2026 nos tengamos que mover en una balsita que ni siquiera está en buenas condiciones”, añadió.

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Trasfondo político en el oficialismo

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Ejecutivo.

Pese al malestar, Del Puerto se mostró optimista sobre una pronta resolución: “Vamos a dialogar con los colegas para subsanar las diferencias. No podemos postergar un beneficio que estos municipios esperan desde hace 20 años”.

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Llamado del MOPC

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, instó a la Cámara Baja a dar luz verde al financiamiento. “Esto dará respuesta a compatriotas que hoy están aislados”, señaló.

Asimismo, la titular del MOPC desmintió que la mitad de las obras estén concentradas exclusivamente en Caaguazú, asegurando que los puntos beneficiados responden a un relevamiento técnico de necesidades históricas a nivel nacional.

El aviso alerta sobre altas probabilidades de generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este martes.

El fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

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Departamentos afectados:

1. Oeste y norte de Concepción
2. Presidente Hayes
3. Alto Paraguay
4. Sur, este y noreste de Boquerón.

Los 37 aspirantes fueron los que quedaron tras la exclusión de Edgar Hernán Sosa, juez destituido en 2014; Germán González Godoy por no cumplir con el perfil; Miguel Francisco Duré Díaz por su destitución del Poder Judicial y Marino Zaragoza Medina, por un sumario y suspensión de un mes en la CGR siete años atrás.

Tampoco entraron a la lista porque se ausentaron durante las audiencias Juan Bautista Núñez; Jacqueline Ramírez, Fernando Luis Haitter; y Antonio Olmedo Caballero.

Además, cuatro postulantes renunciaron entre ellos Julio César Mendoza Aquino, a pedido del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para no legitimar la reelección de Camilo Benítez. Otro liberal que había anunciado su renuncia es el diputado liberal Jorge Avalos Mariño.

Pidieron excluir a Camilo de la lista de aspirante a Contralor

El senador liberocartista Dionisio Amarilla propuso aprobar la nómina y remitirla al pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, Líder Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) exigieron la exclusión del contralor saliente Camilo Pérez.

Amarilla sostuvo que la postulación de Benítez era inconstitucional ya que el artículo 281 de la Carta Magna dice que el Contralor solo puede ser reelecto una vez y el titular saliente de la CGR ya ocupó el cargo 29 meses antes y cinco años en el último periodo.

Advirtió que si el oficialismo atropella y lo reelige, todo lo que el funcionario disponga será judicializado. Citó como ejemplo el caso del exsenador Hernán Rivas (ANR, HC) quien sin tener el título habilitante de Abogado ejerció la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y ahora se pide la nulidad en todo lo que intervino.

Quieren blindar la corrupción y Camilo es la garantía, dice

Yolanda Paredes sostuvo que la Constitución y las leyes señalan que un contralor solo puede ser reelecto por “un periodo más” y sostuvo que Benítez ya fue confirmado por un periodo más.

Agregó que Benítez también es un violador confeso de la ley ya que durante su ausencia admitió -según la legisladora- que nunca remitió una denuncia penal ante la Fiscalía y que solo se limitaba a remitir reportes de presuntos hechos punibles al Ministerio Público.

Sostuvo que la ley de la CGR exige al Contralor hacer denuncias penales por lo que Benítez les estuvo “tomando el pelo todo el tiempo”. También acusó al cartismo de querer blindar la corrupción en entes públicos con el mismo contralor como garantía.

En respuesta, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, propuso postergar ocho días la aprobación de la lista.

Por su parte, Zacarías Irún prometió que pediría dictámenes constitucionales ante la denuncia de Amarilla sobre la postulación de Camilo Benítez.

Así también, fueron imputados Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta (43), director de Mantenimiento; Rosa Colmán (60), abogada dependiente de la Dirección Jurídica, durante el periodo de mandato de Bataglia.

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En el tiempo de Jorge Brítez, se citan a Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), director de Abastecimiento y Logística; Marcelo Bordón Leiva (48), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), directora de Mantenimiento.

Para todas estas personas, el agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva en atención a que la expectativa de pena es de hasta 10 años de encierro, además del embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de los encausados.

Pese a suspensión de contrato seguían pagando por obras en el IPS

De acuerdo con lo señalado en la imputación del fiscal Julio Ortiz, el caso de las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS, se tuvo conocimiento tras la denuncia comunicada y presentada el 1 de abril de 2024 por la fiscala Silvia González.

La misma fue en base a la Resolución N° 717/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la cual se señalan presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N° 4 al Contrato N° 6/2020, que dependía de la Adenda N° 3, que presentaba observaciones no subsanadas ligadas a modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestaciones y de pago, del cual resultó víctima el IPS.

Es así que, durante la ejecución del referido contrato y tras el análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N° 143/2019 para el “reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS”, fue adjudicada la firma Neighpart SA, por un monto inicial de G. 53.000 millones.

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En ese contexto la Fiscalía analizó la documentación remitida por la DNCP y del IPS, de lo cual se desprendió que la suscripción de adendas por los ahora imputados, que entonces ejercían la administración, control, dirección y disposición del patrimonio, habrían otorgado plazos y actas de recepción a fin de que la empresa adjudicada siga cobrando por la ejecución de obras que no podían realizarse por la falta de planeamiento y evaluación previa de la infraestructura edilicia.

Los entonces presidentes y funcionarios, debido a la falta de gestión en tiempo oportuno de la suspensión contractual, ante la imposibilidad de hacer cumplir el contrato, porque no se podía liberar la zona en la que se debían realizar los trabajos, siguieron emitiendo adendas con actas de recepción permitiendo así que la firma Neighpart SA siga cobrando por obras no hechas ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

Con adendas otorgaron ventajas y causaron perjuicios al IPS

Lo que expone la imputación fiscal es que, durante su administración, Vicente Bataglia, junto con Hugo Aranda, gerente de Logística y Abastecimiento, y Juan Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones, suscribieron la Adenda N° 3 el 29 de julio de 2022, al Contrato N° 6/2020, en el marco del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N.° 143/2019.

Con dicho documento accesorio se modificaron los plazos y las formas de pago en relación con lo establecido originalmente en el contrato. Cabe señalar que al momento de la firma, se desembolsaron G. 10.600 millones como pago de anticipo, equivalentes al 20 % del monto total del contrato.

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También, mediante la citada adenda el 31 de agosto de 2022, se llevó a cabo otro pago consistente en la suma de G. 4.948.920.000.

Posteriormente, el 14 de abril del 2023, Bataglia, Aranda y Villar suscribieron la Adenda N° 4, solicitada por José Raúl Coronel el 16 de enero de 2023, mediante la cual se modificó el monto original del contrato con la agregación de insumos que no figuraban en el pliego de bases y condiciones, a pesar de que la misma se encontraba supeditada a la Adenda N° 3.

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A su vez, la Adenda N° 3 exigía que al momento de la firma de esta la zona a ser intervenida con las obras para quirófanos, debían estar liberadas. Sin embargo, las observaciones señaladas en la misma no fueron subsanadas.

Es así que, mediante las emisiones de las Adenda N° 3 y Adenda N° 4, habrían otorgado condiciones más ventajosas a la empresa Neighpart SA, que a su vez causaron un perjuicio de G. 61.000 millones al IPS, sin que la obras siquiera haya iniciado pues la zona donde se debía construir no había sido despejada.

A pesar de que se debía pedir la suspensión del contrato y de la Adenada N° 4, se procedió a un nuevo pago consistente en G. 8.186.400.000, equivalente al casi 10 % del monto total del contrato, y que a esa altura rondaba ya a un pago total por las obras de G. 680.295.000.

En tanto que Rosa Colmán elaboró dictámenes señalando la viabilidad de las firmas de las adendas.

Obras fantasmas también en el IPS

Por otra parte, el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, junto con el gerente de Abastecimiento y Logística Jaime Caballero, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Bordón, y la director de Mantenimiento Verónica Blanco; suscribieron la Adenda N° 5 el 20 de agosto de 2024, la Adenda N° 6 el 6 de diciembre de 2024, la Adenda N° 7 en septiembre de 2025.

De esa forma aprobaron nuevos plazos y un cronograma de ejecución, con el pleno conocimiento del resultado de la Auditoria N° 12/2024 del 25 de abril de 2023, justamente realizada durante la gestión de los ahora encausados. La intervención fue por supuestas irregularidades relacionadas con el Contrato N° 6/2020.

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Es así que, mediante las sucesivas adendas emitidas Jorge Brítez, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco, otorgaron condiciones más ventajosas a la firma “Neighpart SA”, modificando plazos sobre la ejecución de las obras, en favor de la empresa, y por ende, se elaboró un nuevo cronograma para la ejecución y las formas de pago.

Con ello se sustanció el perjuicio patrimonial al IPS, ya que hasta la fecha no se encuentran instalados ni los quirófanos modulares, ni las placas fotovoltaicas para el Hospital Central del IPS o alguna dependencia del mismo.

Amarilla sostuvo que la obra es necesaria para el país, pero cuestionó los costos con los que, según denunció, se ejecutan los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

“El problema en la administración de la señora Centurión es que está marcado fuertemente con olor a corrupción”, afirmó el senador liberal.

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El legislador sostuvo que algunas obras son adjudicadas por montos que duplican los costos que, según su comparación, deberían tener y cuestionó, además, los gastos en consultorías, fiscalización y otros componentes asociados a los préstamos internacionales.

Denunció sobreprecios de hasta 49%

Amarilla tomó como referencia datos presentados anteriormente por su colega Éver Villalba (PLRA), quien había denunciado supuestos sobrecostos por más de US$ 157 millones en 13 licitaciones del MOPC correspondientes a los años 2024 y 2025.

Según los datos expuestos por Villalba, varias adjudicaciones superaron ampliamente los precios de referencia establecidos por el propio MOPC.

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Durante la reunión, Amarilla mencionó, entre otros casos, una obra cuyo precio referencial era de G. 40.000 millones y que finalmente fue adjudicada por G. 49.000 millones, un 21% más. También citó otra obra con un precio de referencia de G. 72.000 millones, adjudicada por G. 114.000 millones, lo que representa una diferencia cercana al 49%.

En otro caso, señaló que una obra con un precio referencial de G. 46.000 millones fue adjudicada por aproximadamente G. 67.000 millones. “Todo, un aumento en total, un promedio de 30 a 40% de sobreprecio”, sostuvo Amarilla al cuestionar las adjudicaciones.

Cuestionó el costo del corredor bioceánico sur

El senador también puso bajo la lupa el costo por kilómetro del proyecto del corredor bioceánico sur.

Según su cálculo, el préstamo analizado representaría aproximadamente US$ 1,65 millones por kilómetro, mientras que, comparó, en otras rutas de la región el costo podría ubicarse entre US$ 600.000 y US$ 700.000 por kilómetro.

Amarilla sostuvo que los elevados costos terminan reduciendo la cantidad de kilómetros que pueden construirse con los recursos obtenidos mediante endeudamiento. “Si tenés 100 millones de dólares y pagás más caro, hacés solamente 20 kilómetros pudiendo haber hecho 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque se paga el doble”, cuestionó.

Centurión se reservó la respuesta

La ministra Claudia Centurión no respondió durante la reunión de la Comisión de Hacienda a las acusaciones planteadas por los senadores.

La titular del MOPC fue convocada para el próximo lunes ante la Mesa Directiva del Senado, junto con los líderes y vicelíderes de las bancadas, oportunidad en la que deberá responder a los cuestionamientos. La invitación ya había sido solicitada por el senador Villalba en una anterior reunión de la mesa directiva.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) pidió específicamente que Centurión lleve información sobre una de las licitaciones cuestionadas por Éver Villalba.

Mencionó un caso en el que, según expuso, una empresa presentó una oferta de G. 25.000 millones, pero finalmente otra firma habría resultado adjudicada por cerca de G. 49.000 millones. La legisladora incluso habló de una posible colusión entre empresas y sostuvo que la ministra debería explicar las razones de la descalificación de una de las ofertas.

Las denuncias fueron planteadas en momentos en que el Senado analiza un nuevo millonario endeudamiento para financiar infraestructura vial, por lo que los legisladores opositores reclamaron explicaciones sobre los mecanismos de contratación y los costos de las obras ejecutadas por el MOPC, respuestas que la ministra dará el lunes en reunión de mesa directiva del Senado.

Durante los procedimientos efectuados por los investigadores, también fue verificado por personal de Criminalística el caballo que estaba montando la víctima en el momento de la caída.

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En tanto que la fiscal Lourdes Soto, quien investiga la muerte de la criatura imputó a los padres de la víctima por los supuestos hechos punibles de violación del deber del cuidado y abandono.

Adolescente también participó en la carrera clandestina

La agente del Ministerio Público también había confirmado que otro adolescente de 16 años también compitió en la carrera clandestina que tuvo lugar en julio pasado.

Luego de las primeras averiguaciones efectuadas por los agentes del departamento Investigaciones del departamento de Caaguazú se pudo saber la identidad de los que organizaron la carrera clandestina de caballos en la tarde del sábado 18 de julio en el hipódromo San Isidro del barrio San Miguel del distrito de Cecilio Báez.

Con todas las informaciones recolectadas, poco antes del amanecer de hoy los investigadores al mando del comisario principal Héctor Aguilar irrumpieron en cuatro propiedades. Tres de los inmuebles intervenidos están ubicados en el barrio San Miguel y otro en la localidad de Paso Itá, en el distrito de Cecilio Báez.

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Durante los procedimientos fueron detenidos Armando Ortiz Rojas y Ramón Martínez González, quienes aparecen como responsables de la carrera clandestina. Estos fueron llevados a la sede policial y luego serán llevados a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.

Buscan identificar al dueño del caballo

Se presume que ambos conocen la identidad del propietario del equino que montó la víctima, esta persona también es buscada por el Ministerio Público por su grave responsabilidad en lo ocurrido y que finalmente le costó la vida al niño de apenas ocho años.

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Durante los procedimientos ejecutado esta mañana también se ubicó el potrero donde estaba guardado el equino que montaba el niño cuando sufrió la terrible caída que finalmente terminó con su vida.

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El documento fue aprobado a instancias del diputado cartista Hugo Meza, quien recordó el ataque del grupo criminal EPP a la comisaría de Yvyrarovaná (Canindeyú) que tuvo como saldo la muerte de dos policías y un civil.

“Tuvimos un ataque a la comisaría que dejó compatriotas muertos, familias enlutadas, por eso necesitamos saber exactamente si existen aún sedes policiales, comisarías o subcomisarias en mal estado”, dijo el diputado Meza.

Agregó que de manera extraoficial sabe que a nivel país hay unos 800 puestos policiales, entre comisarías y subcomisarías; y que aproximadamente 200 de ellas están en pésimas condiciones edilicias.

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El diputado cartista indicó que felicita a Santiago Peña por enfocarse en la cantidad de uniformados en su gobierno, pero remarcó que no es suficiente; que se debe apostar también a la calidad, el equipamiento y las infraestructuras.

“Felicitamos a Santiago Peña por el personal, pero falta acompañar de calidad, de equipamiento, armas y también dónde estamos metiendo a esos uniformados. Estamos hacinando al personal en comisarías de tablas”, dijo de manera contundente Hugo Meza.

El diputado indicó que busca saber la cantidad exacta de las comisarías que necesitan intervención inmediata para que así se pueda incluir en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2027 la construcción y reparaciones.

“Necesitamos saber para poder analizar el presupuesto y dotar al ministerio la cantidad necesaria para que lleve adelante el mejoramiento de estos puestos policiales”, sostuvo Meza.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó la resolución N° 1052 con fecha del 31 de julio, que establece la desvinculación y baja del personal de ese ministerio, que cuenta con resolución de jubilación emitida por la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta lista figuran 300 educadores del Magisterio Nacional que pudieron acceder a sus haberes y dejar las aulas a partir del 1 de agosto. También aparece un listado de 21 funcionarios administrativos que fueron desvinculados de la cartera esta semana.

“Accedimos a la lista donde figuran 300 personas que van a ser desvinculadas este mes, sin embargo, la noticia que me dieron es que esta va a ser la última lista del año y no habrá más desvinculaciones en octubre y setiembre para completar las 1.000 personas, como nos habían prometido en el Gobierno”, acusó Silvio Piris, presidente de la FEP.

Gobierno accedió a dar 300 jubilaciones más, según FEP

Silvio Piris, de la FEP, había anunciado una “gran movilización” para el 24 de agosto, ante el incumplimiento del Gobierno que dejaría a 700 profesores sin la posibilidad de retirarse este año y que recién podrían hacerlo en el 2027.

“Yo voy a seguir insistiendo con el MEC y con el MEF para que se cumpla ese compromiso y en caso de que no tengamos respuesta favorable, ya les anticipo que convoco principalmente a los afectados para el día lunes 24 de agosto frente a Economía”, aseguró el sindicalista.

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Sin embargo, luego de este reclamo realizado a través de las redes sociales, Piris explicó que desde el Ministerio de Economía se pusieron en contacto con el gremio, para realizar un nuevo compromiso.

“La gente de Economía nos aseguró que habrá una nueva lista con 300 desvinculaciones más para setiembre y luego de eso seguiríamos hablando para este 2026 o para el 2027 probablemente”, expresó.

Profesores piden aumento salarial del 17% en dos años

Otro pedido de los gremios docentes para el Gobierno pasa por un aumento del salario básico profesional, de forma gradual, a partir del 2027. Según explicó Silvio Piris, la solicitud se dio en el marco de las negociaciones por los cambios en la ley de la caja fiscal, que incrementó los años de aporte del sector.

“La intención es que, por ejemplo, en el rubro de maestros de grado, se llegue a G. 5 millones por turno para el 2028, esto representa a un incremento total del 17%. El 15 de agosto tenemos que sentarnos con la gente del Gobierno para tener las primeras conversaciones”, dijo el titular de la FEP.

De no avanzar con el pedido, que debe ingresar en el anteproyecto de presupuesto 2027, los gremios podrían movilizarse por uno o dos días para fines de agosto.

A los reajustes aplicados durante el fin de semana se suman ahora Puma, Petrochaco, Petrosur y Compasa comenzaron a aplicar los nuevos valores desde este este martes, según comunicaron a sus operadores.

En los tres casos, el incremento es de G. 500 por litro para las naftas y de G. 490 para el diésel común tipo III, el mismo ajuste que ya aplicaron Petrobras, Copetrol, Shell, Energy, Tega Oil y otros emblemas privados.

Precios de combustibles: emblemas privados concretan la cuarta suba del año

Más emblemas privados se irán sumando hasta completar la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va de 2026. El reajuste responde al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, impulsado por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

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Precio de combustibles: aumentos en emblemas privados

Los primeros aumentos comenzaron a regir el sábado último en Petrobras y el domingo en Copetrol. Posteriormente se sumaron Shell, Energy, Tega Oil y Petromax, cuyos nuevos precios empezaron a aplicarse durante el fin de semana.

El incremento oscila entre G. 500 y G. 600 por litro en las tres naftas y en el diésel prémium, mientras que el diésel común tipo III aumentó G. 490 por litro, según comunicaron los emblemas a sus operadores.

Precio de combustibles: lo que respondió Petropar mientras hay una guerra de descuentos en los servicentros privados

La suba se produce luego de la reducción que se aplicó en junio, cuando las distribuidoras privadas acercaron sus precios a los de Petropar, que por el momento mantiene sus valores y continúa evaluando la evolución del mercado internacional antes de definir un eventual reajuste.

Tras los aumentos, en la mayoría de los servicentros los precios quedaron de la siguiente manera: la nafta común (88/89 octanos) pasó a G. 7.190 por litro; la nafta intermedia (90/93 octanos), a G. 7.690; la nafta súper (96/97 octanos), a G. 9.240; el diésel común tipo III, a G. 8.690; y el diésel prémium tipo I, a G. 10.600 por litro.

Mientras tanto, Petropar mantiene sin cambios los precios de sus combustibles y continúa analizando la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La estatal aún no confirmó si acompañará el reajuste aplicado por los emblemas privados o si mantendrá sus valores actuales.

Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

“Tuvimos conversaciones preliminares con el ministro de Educación (Luis Ramírez) en las que consultamos sobre las orientaciones para los directores de las escuelas que se verán afectadas por estos eventos”, explicó Miguel Marecos, representante del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

Con base en experiencias anteriores frente a fenómenos climáticos similares, Marecos advirtió que esta ocasión podría ser más compleja. Por ello, instó a enfocar la atención en zonas históricamente vulnerables como Ñeembucú, Concepción, Benjamín Aceval (en el Bajo Chaco) y Asunción.

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“Realizaremos una reunión general en cada departamento con las instituciones involucradas en la contención. El objetivo es capacitar a los comités de riesgo institucional conformados en cada escuela para que estén preparados ante cualquier eventualidad”, adelantó.

Planes listos ante cualquier eventualidad

El referente del Sinadi remarcó que, aunque existe un protocolo oficial, los directores representan la primera línea de respuesta y deben actuar con celeridad ante las emergencias. “Debemos prever la modalidad educativa a implementar, sea híbrida, virtual o telemática. Esta planificación tiene que articularse en conjunto con los padres de familia”, añadió.

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En ese sentido, resulta clave que los comités de riesgo de cada institución —integrados por docentes, alumnos y padres, y liderados por el director— tengan definidos y organizados los pasos a seguir ante situaciones de crisis.

“Quiero hacer referencia al show que está armando un senador (Beto Ovelar), presidente de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama ‘Ubicol’“, dijo Meza, remarcando a la ministra a ubicarse y respetar a la Cámara Baja.

Esto luego de que Centurión compareciera esta mañana al Senado a defender este préstamo de US$ 75 millones, puenteando a Diputados donde hoy debería analizarse el proyecto, que incluso antes de esto ya generó quiebres en el cartismo, porque el 50% de los fondos irá al departamento de Caaguazú, el cual representa Ovelar.

Desde la semana pasada se registra una “guerra fría” entre diputados cartistas y “Beto” Ovelar, luego de que el senador haya ido a la sesión de Diputados a presenciar la votación del proyecto; lo que generó enojo en los diputados.

Ahora, la guerra ya alcanza a la ministra de Obras, a quién le llovieron reclamos por privilegiar a un solo departamento y hasta por su falta de “simpatía”.

“Lo que no aceptamos desde la Cámara de Diputados es el tutelaje, la falta de respeto de un senador que cree ser superior a todos. Entonces, la señora ministra lo que tiene que hacer es venir a explicarnos -con toda la gracia que la caracteriza, aunque a veces nos quiere comprar con esa sonrisita- por qué es importante y por qué se priorizaron a algunos departamentos y a otros no", dijo Meza

Previamente, uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado, el guaireño Alejandro Aguilera también exigió antes de tratar el proyecto que la ministra comparezca ante la Cámara Baja.

Finalmente, Meza volvió a exigir a la ministra de Obras respeto a la Cámara Baja y dejar el show de “Beto” Ovelar.

“No sé por qué se va a hacer ese show en una comisión donde ya pasó y traspasó a esta Cámara de Diputados. En síntesis, a esta Cámara de Diputados se le respeta, porque tenemos la carrocería y la suficiente capacidad de discernir lo que le conviene o no al Paraguay”, apuntó Meza.

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Estas casas fueron construidas originalmente para los trabajadores durante la obra de la hidroeléctrica. Hoy en día, mantenerlas le genera a Itaipú gastos continuos en mantenimiento y gestión, según el texto.

Los terrenos afectados

La propuesta afecta directamente a las propiedades situadas en las Áreas Habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de la capital del Alto Paraná.

La venta permitirá regularizar la situación de sus actuales ocupantes y darles sus títulos de propiedad.

Optimización de recursos públicos

De acuerdo con el documento presentado ante la Mesa de Entrada del Congreso, la administración, conservación y mantenimiento permanente de estos complejos residenciales representan para Itaipú una asignación continua de recursos humanos, técnicos y financieros que ya no responden a la misión principal de la entidad.

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El proyecto sustenta que la venta de las viviendas —regida administrativamente por la Resolución N.° 027/2001 del Consejo de Administración de Itaipú— permitiría no solo recortar los costos operativos derivados del mantenimiento inmobiliario, sino también regularizar de forma definitiva la situación jurídica y catastral de los actuales ocupantes, otorgándoles los correspondientes títulos de propiedad.

“Se busca transformar activos inmobiliarios subutilizados en recursos económicos directos para fortalecer el sistema de salud pública y beneficiar a cientos de miles de paraguayos”, señala el proyecto en sus considerandos.

Un impulso decisivo a la salud pública

La iniciativa enfatiza que el Gran Hospital del Este constituye una obra de infraestructura sanitaria de alta complejidad indispensable para ampliar la capacidad de atención médica especializada.

Su concreción no solo beneficiará a los residentes del departamento de Alto Paraná, sino a toda la Región Oriental del país, explica el proyecto.

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En sentido, el diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) argumentó que desde el oficialismo están a favor de la medida. Recordó que en el gobierno anterior -el de Mario Abdo- se hizo una tasación que no era adecuada y que fue derogada.

Afirmó que una nueva tasación con un enfoque más realista está llegando a su culminación para que los precios no sean exclusivos solo para personas de alto poder adquisitivo.

Presenté un Proyecto de Declaración para instar a la ITAIPÚ Binacional a culminar la venta de los inmuebles de las Áreas Habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este, conforme a la normativa vigente, y destinar prioritariamente esos recursos al financiamiento del Gran… pic.twitter.com/y2tryaES7s

— Mauricio Espínola (@EspinolaEspnol1) August 4, 2026

Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

Bajo el lema central “Emergencias climáticas, derechos humanos y el rol de las INDH”, el evento reúne a titulares y equipos técnicos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) provenientes de más de 20 países del continente. La cumbre cuenta además con una nutrida representación del Sistema de Naciones Unidas —incluyendo a OACNUDH, PNUD, ACNUR, OIM y CEPAL—, delegados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, autoridades gubernamentales, académicos y líderes de comunidades directamente vulneradas por las alteraciones ambientales.

La designación de Paraguay como sede continental responde a un respaldo institucional, ya que coincide con el afianzamiento de la reacreditación de la Defensoría del Pueblo en Categoría “A”, otorgada en 2025 por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este estatus representa el máximo reconocimiento al cumplimiento estricto de los Principios de París, auditando y avalando la independencia operativa, el marco legal y la efectividad del organismo paraguayo.

La agenda de actividades fue estructurada en dos jornadas diferenciadas de trabajo. El primer día, correspondiente al lunes 3 de agosto, se desplegó un congreso internacional abierto a la ciudadanía y transmitido por plataformas digitales. Dicho foro abordó a través de cuatro paneles de alto nivel el impacto directo de las crisis ambientales sobre el goce de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado en la prevención de desastres, la afectación en sectores vulnerables y las facultades de las INDH ante eventos climáticos extremos.

La apertura oficial del congreso contó con la intervención directiva del Secretario General de la RINDHCA, Pedro Callisaya Aro, y los saludos virtuales de Amina Bouayach, presidenta de GANHRI, junto a representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Asimismo, la sesión inaugural sumó el acompañamiento del embajador de la República de China (Taiwán), Iván Y. J. Lee, y del Defensor del Pueblo de Paraguay, Rafael Ávila Macke.

Dentro del desarrollo de las mesas temáticas, el segundo panel analizó la prevención y respuesta estatal con enfoque de derechos, integrando las visiones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Cruz Roja Internacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios . Este espacio técnico contó además con la evaluación reactiva de las instituciones de derechos humanos de El Salvador y Chile .

Por su parte, la tercera mesa de debate visibilizó las consecuencias diferenciadas que acarrean las emergencias climáticas sobre grupos en situación de vulnerabilidad . Con aportes de ONU Mujeres, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Municipalidad de Asunción, organizaciones afrodescendientes como AMUAFROC, centros de estudios ambientales y la Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay, se examinó la urgencia de diseñar políticas de auxilio inclusivas .

En la segunda jornada de hoy martes 4 de agosto, el encuentro tomó un carácter exclusivo para las delegaciones miembro de la RINDHCA . Las actividades abarcaron reuniones estratégicas bilaterales con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, orientadas a fortalecer las redes de defensa e interconexión regional .

El corolario del encuentro se alcanzará con la celebración de la Asamblea General de la RINDHCA, instancia en la que los titulares de la región evaluarán la gestión institucional saliente y tomarán decisiones operativas para los próximos años . Como producto principal de estas deliberaciones, se prevé la adopción de la «Declaración de Asunción 2026», un documento marco que establecerá los lineamientos continentales y guiará la actuación de las INDH ante las emergencias climáticas durante el período 2026-2027 .

La realización de esta cumbre continental en Asunción —respaldada por la Unión Europea, GANHRI, la Oficina Regional de la ONU, Taiwán y el BCP— consolida el protagonismo del Defensor del Pueblo paraguayo, Rafael Ávila Macke, en su rol de Subsecretario General de la RINDHCA . A través de la red, que agrupa a organismos defensoriales de 17 países de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, la región busca articular esfuerzos unificados frente a los desafiantes escenarios ambientales del presente .

El proyecto figura en el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 9:00 y ya recibió dictamen favorable en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La velocidad del trámite llama la atención debido al monto de la operación. El mensaje del Poder Ejecutivo fue remitido al Congreso el 21 de julio de 2026, es decir, hace apenas dos semanas, y mañana ya será sometido a consideración del pleno del Senado y si es aprobado pasará a consideración de Diputados.

Un préstamo de US$ 286 millones para 154 kilómetros

El proyecto corresponde al Mensaje N° 402 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se solicita aprobar el contrato de préstamo N° PG-P20 suscrito entre Paraguay y JICA.

El acuerdo contempla un financiamiento de hasta ¥36.380 millones (36.380.000.000 de yenes japoneses), equivalente aproximadamente a US$ 286 millones, para ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste”, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La iniciativa también contempla una ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por la Ley N° 7609.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, defendió el proyecto durante su presentación ante la Comisión de Obras del Senado y destacó que se trata de una infraestructura de alcance estratégico para el sur del país.

La segunda etapa del corredor bioceánico del sur

Centurión explicó que el proyecto contempla la construcción de 154 kilómetros de ruta, desde la zona de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar, en Ñeembucú, en un trazado paralelo al río Paraná.

La obra permitirá conectar esta zona con el sistema vial existente hacia Encarnación y, desde allí, con Ciudad del Este mediante la Ruta PY02, integrándose con el denominado corredor de exportación.

La ministra presentó el proyecto como la segunda etapa de un corredor que busca conectar el este del país con el sur, aprovechando la infraestructura ya existente.

“Es la segunda etapa de una importante conectividad vial que vendría a ser, de alguna manera, el corredor bioceánico del sur”, explicó Centurión ante los senadores.

La primera etapa corresponde al corredor de exportación que conecta la zona de Alto Paraná con Encarnación y cuya construcción comenzó luego de un préstamo gestionado en años anteriores.

Ñeembucú busca salir del aislamiento

Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el millonario endeudamiento es el impacto social que tendría la obra.

Centurión sostuvo que varias localidades de Ñeembucú permanecen actualmente sin caminos de todo tiempo y que el proyecto permitirá mejorar sustancialmente la conectividad de los distritos del sur.

Entre las zonas beneficiadas mencionó localidades como Laureles, San Antonio, Cerrito, Itacorá y otras comunidades ribereñas, que pasarían a contar con una conexión vial permanente.

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La ministra remarcó que Ñeembucú se encuentra entre los departamentos con menor nivel de pavimentación del país, junto con varias zonas del Chaco.

“Esta ruta va a permitir que cada uno de sus distritos finalmente tenga un acceso de todo tiempo”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo no se limita a construir el corredor principal, sino también a generar accesos que permitan conectar a las comunidades ubicadas a lo largo del trazado.

El argumento económico: producción, granos y logística

El Gobierno también sostiene que la obra tendrá un impacto directo sobre la competitividad de la producción nacional.

La ruta atravesará una zona de fuerte actividad productiva, especialmente vinculada con la producción agrícola y arrocera de Itapúa y Misiones, y permitirá conectar la producción con los puertos ubicados sobre el río Paraguay.

Para Centurión, uno de los principales fundamentos del proyecto es precisamente mejorar la logística y reducir los costos de transporte.

La nueva conexión vial permitiría generar una salida más eficiente para los productos de la región y fortalecer la integración entre los corredores de exportación existentes.

De acuerdo con la explicación brindada por la titular del MOPC, la infraestructura tendrá características de una ruta internacional. La sección transversal prevista contempla una calzada de 3,5 metros, además de banquinas de 2,5 metros a cada lado.

La obra también incluirá un componente de mantenimiento durante cinco años, con el objetivo de garantizar la operación y conservación de la infraestructura una vez terminada. Centurión señaló además que se analiza la utilización de pavimento rígido, aunque aclaró que la definición final dependerá del proceso de ingeniería.

Turismo y desarrollo de la zona sur

Más allá del transporte de cargas, el Gobierno sostiene que el corredor puede convertirse en una herramienta para desarrollar el turismo en una región que actualmente tiene importantes dificultades de conectividad.

La ministra destacó el potencial turístico de zonas como Cerrito e Itacorá, además de otros puntos ribereños que quedarían conectados mediante la nueva infraestructura.

La intención es aprovechar el potencial de la región para actividades vinculadas al turismo, la pesca y otros sectores económicos.

“Nos abre una enorme oportunidad de acercar a todo el país esta zona maravillosa para el potencial del turismo, la pesca”, sostuvo Centurión.

“La instrucción es muy clara, la que tengo del Presidente, es la de evaluar la carpeta de todas las empresas que están interesadas en instalarse en nuestro país. En ningún momento me habló de una empresa en específico”, afirmó Báez durante una entrevista con radio Monumental.

El titular de la ANDE explicó que lo que se pidió es “volver a hacer el estudio para definir una tarifa tanto en 500 kV, en 220 kV, en 66 kV y en 23 kV, y esa tarifa va a ser para todas las empresas que vengan”.

Según Báez, el objetivo es evitar que ANDE negocie condiciones diferenciadas: “Lo que vamos a evitar es buscar una tarifa para una empresa, otra tarifa para otra empresa, eso es lo que no queremos”.

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Cómo funcionará el esquema

El nuevo esquema no se distinguirá por volumen de consumo, sino por el punto de conexión a la red. “Las tarifas se van a definir con un criterio que todo el mundo va a conocer, va a ser transparente (...) si la industria viene y se conecta en 500 kV, sabe cuánto le va a salir. Otra es en 66 kV, otra es 220 kV”, detalló el presidente de ANDE.

Báez explicó la lógica técnica del esquema: cuanto más alto el nivel de tensión, más barata resulta la tarifa, porque la empresa se ahorra las inversiones en transformadores para bajar la potencia. “La tarifa en 500.000 voltios (500 kV) es más barata porque se está ahorrando muchas inversiones”, indicó, y agregó que quien se conecte en niveles inferiores deberá asumir el costo de los equipos de reducción de potencia.

Según el documento “Estudio de valores de referencia internacional para establecer costos y tarifas eficientes de la ANDE”, presentado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, durante el foro “La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay”, organizado por el Consejo Asesor Empresarial – Mesa Energética el 21 de julio en la Casa de la Integración de la CAF, la tarifa media proyectada para el período 2026-2030 pasaría de un promedio actual de 49,2 US$/MWh a 68,6 US$/MWh.

Por nivel de tensión, el escenario contempla una tarifa de 77,8 US$/MWh en baja tensión (BT), 63 US$/MWh en media tensión (MT) y 51,4 US$/MWh en alta y muy alta tensión (AT&MAT), frente a los valores actuales de 55,8, 43,3 y 35,3 US$/MWh, respectivamente.

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La tarifa residencial, todavía en estudio

Báez confirmó que, en paralelo, la ANDE también revisará la tarifa para los usuarios residenciales, aunque aclaró que ese trabajo comenzará una vez concluido el estudio para las industrias. “Sí, también vamos a estudiar la tarifa residencial (...) la ANDE necesita definir una tarifa técnica, la que se calcula en donde la ANDE puede cubrir todos sus costos”, explicó.

El presidente de ANDE recordó que la ley exige que la entidad garantice un lucro de entre 8% y 10% sobre sus inversiones. Esta exigencia está establecida en el Artículo 88° de la Ley N° 966/1964, que dispone que las tarifas deben producir un Ingreso Neto anual no inferior al 8% ni superior al 10% de la Inversión Inmovilizada vigente, dato expuesto por Sosa en el mismo foro del 21 de julio en la CAF.

Consultado sobre el desajuste tarifario que justamente su antecesor, Félix Sosa, había estimado en un 40%, Báez confirmó que ese análisis será parte del estudio pendiente: “El estudio todavía no lo hicimos, vamos a hacer también el estudio para los consumidores finales, y una vez que tengamos el estudio vamos a poder hablar si se aumenta o se deja igual, y en qué proporción”.

“Todavía no estamos en eso”, explicó Báez sobre un eventual ajuste a los usuarios finales, aunque aseguró que el criterio ya está definido: “Necesitamos que la ANDE tenga sostenibilidad financiera. Eso quiere decir que tenemos que sincerar la tarifa y que los usuarios debemos pagar lo que realmente corresponde”.

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Itaipú y Yacyretá: el peso en la matriz energética

Sobre la incidencia del Anexo C de Itaipú en la nueva tarifa, Báez indicó que la renegociación “tiene muchísimas aristas que hay que sentarse a negociar”, pero enfatizó que el estudio en curso toma como base la realidad tarifaria actual con la binacional. “Si por ahí se define alguna otra nueva tarifa de Itaipú y si amerita el caso, vamos a reajustar”, señaló.

El titular de ANDE precisó que el 90% de la energía que compra la entidad proviene de Itaipú, mientras que el resto se complementa con Yacyretá y con la generación propia de Acaray.

Explicó además que, al ceder más energía a Argentina, Paraguay debería recibir una mayor compensación desde Yacyretá, aunque reconoció que esa entidad “está en deuda, pero está pagando”.

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Báez también descartó la posibilidad de fijar tarifas de largo plazo sin mecanismos de ajuste, en referencia directa a la pretensión de Atome de asegurar una tarifa fija por 10 años. “No, las tarifas a largo plazo tienen que tener un factor de reajuste, porque los tiempos cambian (...) no podemos venir a firmar a largo plazo una tarifa fija”, afirmó, y propuso revisiones cada dos o tres años.

Con el nuevo esquema, Báez insistió en que la meta es la transparencia: una tarifa conocida de antemano por cualquier empresa, sin excepciones. El plazo vence antes de fin de mes, cuando Atome y el resto de los proyectos industriales sabrán cuánto deberán pagar por conectarse a la red de la ANDE, según lo anunciado.

“No hay dos sin tres”, dijo Benítez sosteniendo que existen sospechas sobre la legalidad del título de abogado de Retamozo, tal como hubo antes con otros también exmiembros -e incluso presidente- del JEM como fue el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora Fuerza Republicana).

Durante la etapa de oradores de Diputados, Benítez expuso sobre la existencia de más dudas en base a la poca documentación oficial obtenida por las vías legales, y, pese a que el MEC por ejemplo oculta información vital como es el certificado de estudios.

Entre las principales dudas planteadas ahora por Benítez figura:

• Carrera supuestamente cursada en Paraguarí pero con título registrado en Ciudad del Este.
• ¿Filial fantasma?: Inexistencia de datos sobre la sede en la ciudad de Paraguarí o Yaguarón, donde no figuran registros más que una resolución de cierre.
• Diferencias evidentes en la firma de su “certificado de conclusión” de carrera y su título.
• Pedido de suspensión de Registro de títulos de 29 filiales, incluida la de Yaguarón (Paraguarí).
• Pedido de cierre de estas universidades ante sospechas de emisión de títulos falsos.

Retamozo “deslizó que podría accionar judicialmente, entonces me veo en la obligación de hacer una aclaración y demostrar que lo que tenemos tiene sustento”, dijo Benítez antes de iniciar la exposición de sus sospechas fundadas en la documentación disponible.

“La semana pasada, cuando el colega se defendía mostró su título de abogado. El primer punto llamativo es que él, en su defensa menciona que estudió en Paraguarí. Pero que su título cuando él lo muestra dice: ‘Certificado dado y registrado en Ciudad del Este en noviembre del año 2013′“, destacó Benítez.

La duda sobre el haber cursado la carrera en Paraguarí no termina ahí, ya que tampoco existe certeza documental sobre la existencia de dicha sede, más que una sola resolución de cierre de 29 filiales de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter).

A esto hay que sumarle que antes de asumir la postura de no dar más datos sobre presuntos títulos falsos, “el MEC nos remite el registro del título con la sede filial que le corresponde a dicho título y en este caso Ramón Retamozo menciona que estudió en Paraguarí, pero el título aparece registrado en Ciudad del Este”.

También se solicitó al MEC las resoluciones de habilitaciones de carrera de la Universidad Tres Fronteras desde su creación hasta el año 2025 y “no existe un solo documento que mencione la sede de Paraguarí, no hay una sola evidencia de la existencia de esta sede en la cual Ramón Retamozo dice haber estudiado”.

Solo existe una resolución de cierre de filiales datada en 2015, pero que para colmo, dispone “solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) que se disponga la medida de suspensión de registro de los títulos expedidos por la Universidad Internacional ‘Tres Fronteras’”.

Presunta firma adulterada

La propia documentación expuesta en el Senado por Ramón Retamozo lo terminó embarrando más, ya que ante el pleno había expuesto un “certificado de conclusión de carrera” -cuya validez legal se duda ya que lo válido es el certificado de estudios, y para colmo, se registran evidentes diferencias en las firmas estampadas en la documentación.

“La primera pregunta que yo me hago es ¿qué es un certificado de conclusión de carrera?. Normalmente cuando uno termina la carrera y cuando quiere demostrar eso, entrega su título y su certificado de estudios“, destacó Benítez.

Sin embargo, dicho “certificado de conclusión de carrera” y su título sumaron más sospechas ante las diferencias entre la firma de Gustavo Duarte Romero, secretario general de la Uninter.

“Nos llamó la atención que dentro de este certificado de conclusión de carrera encontramos una firma de Gustavo Duarte Romero y que, al comparar, con la misma firma, del mismo señor, con el mismo cargo del título de abogado, encontramos que existe una diferencia en la segunda firma. La del certificado de conclusión, parece una firma adulterada, parece un garabato", dijo exponiendo ambos documentos proveídos por el propio Retamozo.

Por otra parte, también apuntó que en 2014 se presentaron proyectos para eliminar la Uninter y la Universidad Sudamericana (la que dio título a Hernán Rivas), donde argumentaban su proyecto ante las denuncias ya entonces de emisión de presuntos títulos falsos.

“En la exposición de motivos, cuando presentan, admiten y cuentan estos diputados que se estaban expidiendo títulos a gente que no se estaba formando y entre eso estaban la Sudamericana y la Universidad Tres Fronteras”, remarcó.

Finalmente, como elemento de sospechas, acotó que la semana pasada, cuando Retamozo fue consultado sobre si hizo o no una tesis para recibirse, este primero dijo que no, luego que sí, pero al final que no.

Plantea nuevo pedido de informes

Ante estos elementos de sospecha y la falta u omisión de respuestas por parte del MEC, el diputado Raúl Benítez planteó solicitar informes sobre Retamozo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los datos solicitados son:

1. Copia íntegra del expediente correspondiente al trámite de juramento como abogado del ciudadano Ramón Catalino Retamozo Delgado.
2. Copia de la solicitud de juramento, formulario de inscripción y demás documentos presentados para su habilitación profesional.
3. Copia del título de abogado y del certificado de estudios presentados para acreditar su formación académica.
4. Copia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el juramento y la habilitación profesional.
5. Copia de la resolución, acordada o acto administrativo mediante el cual se autorizó o aprobó su habilitación y juramento como abogado, indicando la fecha en que se realizó dicho acto.
6. Informe sobre los procedimientos de verificación utilizados por la Corte Suprema de Justicia para comprobar la autenticidad y validez de la documentación académica presentada.

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Foco en zonas de riesgo en Asunción

Lorena González, directora de Bienestar Estudiantil del MEC, explicó que se prioriza la atención a escuelas cercanas a cauces hídricos con riesgo de crecidas.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño". El MEC ya activó plan de contingencia

🔶 "En Asunción, estamos buscando por sectores para tener bien individualizado. En Central, tenemos foco a ciudades como Mariano Roque Alonso, Limpio, Nueva Italia y Guarambaré.… https://t.co/t82D4S3DEE pic.twitter.com/N1x9oPKrYD

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“Identificamos un foco de 25 instituciones en Asunción que serían las más afectadas, principalmente en las zonas de ambos Bañados, Sajonia y Tablada Nueva”, señaló.

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Actualmente, la cartera estatal realiza un mapeo para definir un circuito de reubicación antes del punto más crítico del fenómeno. La prioridad del plan es asegurar la modalidad presencial y asegurar la entrega de alimentación escolar a través del programa Hambre Cero.

“Buscamos instituciones cercanas para reubicar a las comunidades afectadas. Si no encontramos escuelas disponibles, las alternativas serían los destacamentos militares u otros predios del Estado. Como última opción, acudiríamos a las clases virtuales”, detalló González.

Planes adaptados para el interior

La estrategia se extiende al interior y se adapta a la realidad particular de cada departamento.

En ese sentido y haciendo énfasis en comunidades aisladas como los casos de Ñeembucú o el Chaco, frente a la pérdida de conectividad o cortes de energía, se implementará un kit impreso semanal elaborado por docentes, apoyado con tutorías mediante llamadas telefónicas tradicionales.

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Por otro lado, ante eventuales casos de ausentismo, se activarán los Comités Educativos Departamentales para la Gestión del Riesgo (C.E.D.G.R), integrados por autoridades educativas, técnicos y psicólogos de cada región.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño"

🔶 "Nos estamos preparando para una catástrofe de grandes magnitudes con respecto a la inundación de ríos e instituciones cercanas a cauces hídricos. Tenemos instrucciones realizar un mapeo y realizar reubicaciones. En… pic.twitter.com/mOSIltnMYN

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Coordinación institucional y proyecciones

El trabajo se realiza de forma conjunta con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), municipalidades y gobernaciones.

Según los reportes meteorológicos, aunque los efectos ya se perciben, el periodo más crítico se espera para finales de agosto. En el peor de los escenarios, las emergencias por lluvias e inundaciones podrían extenderse hasta marzo, pudiendo impactar el inicio del año lectivo 2027.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, indicó que la prioridad es que la aerolínea pueda normalizar sus operaciones.

“Ojalá se pueda subsanar porque de lo contrario obligaría a la Dinac a tomar medidas más severas”, expresó.

En ese contexto, señaló que la institución no descarta realizar eventualmente una auditoría financiera y técnica para conocer la situación legal de la empresa.

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Reclamos derivaron en medidas contra Paranair

Mendoza explicó que hace unos 15 días la Dinac recibió los reclamos formulados por Asatur y Senatur. Añadió que posteriormente también intervino Sedeco.

A raíz de esas denuncias, la autoridad aeronáutica convocó a representantes de Paranair para conocer el estado de sus operaciones, considerando que actualmente la empresa opera con una sola aeronave.

Además, la Dinac solicitó a la aerolínea un plan de vuelos ajustado a su capacidad operativa. Según explicó Mendoza, la empresa cuenta con una segunda aeronave que busca reincorporar a su flota, aunque ello depende de su solvencia económica.

Dinac también inició una demanda por deudas

El titular de la Dinac recordó que, además de su rol como ente regulador, la institución también accionó judicialmente contra Paranair por las deudas que mantiene con el organismo.

Precisó que el pasado 17 de julio se presentó una demanda ejecutiva debido a una importante deuda en concepto de tasas administrativas.

Como parte de ese proceso, la aerolínea realizó un pago parcial y ambas partes acordaron un plan de pagos que, según Mendoza, la empresa viene cumpliendo.

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Pese a las dificultades económicas que atraviesa la compañía, Mendoza sostuvo que la seguridad operacional no está comprometida.

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Asimismo, confirmó que la Dinac y la Senatur solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso.

La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos María Arrechea (ANR-HC) y Arnaldo Valdez (PLRA), ambos representantes de Misiones, quienes destacaron que la declaración busca poner en valor el trabajo de investigadores, docentes, religiosos y ciudadanos que durante años recopilaron información sobre el origen de esta práctica deportiva en territorio paraguayo.

Durante la presentación del proyecto, se argumentó que el reconocimiento se basa en documentos históricos, estudios académicos y testimonios que describen cómo los pueblos guaraníes de las reducciones jesuíticas practicaban un juego utilizando una pelota impulsada con los pies hace más de 400 años, mucho antes de la consolidación del fútbol moderno en Europa.

Según la fundamentación, este proceso de investigación fue acompañado por la Comisión de Apoyo a la Iglesia de San Ignacio Guazú, creada en 2007, cuyos integrantes promovieron la búsqueda, recopilación y difusión de antecedentes históricos relacionados con esta teoría.

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Fortalecimiento de la identidad cultural

El diputado destacó el aporte de distintas personas e instituciones que contribuyeron al rescate de esta parte de la historia local y sostuvo que la declaración permitirá fortalecer la identidad cultural de la ciudad y proyectar al Paraguay mediante un patrimonio histórico que, según indicó, merece reconocimiento.

Como parte de los fundamentos, los legisladores mencionaron los relatos de sacerdotes jesuitas del siglo XVIII. Entre ellos, citaron al padre Joaquín Peramás, quien describió la habilidad de los guaraníes para golpear una pelota de goma utilizando el empeine del pie.

El padre José Cardiel, que narró en sus escritos cómo la comunidad se reunía a jugar a la pelota tras la misa dominical, remarcando que la disputaban con el pie y no con la mano, a diferencia de los españoles.

La exposición también hace referencia a la denominación guaraní de la pelota utilizada en aquella época: “mangái”, elaborada con la resina de un árbol del mismo nombre, cuyo fruto era conocido como “manga’a”.

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Fuentes históricas y académicas de los registros del balompié

La fundamentación del proyecto también cita diversas fuentes históricas y académicas que, de acuerdo con los legisladores, respaldan la hipótesis del origen paraguayo del fútbol.

Entre ellas se mencionan una publicación del diario vaticano L’Osservatore Romano del año 2010, el libro del investigador italiano Gianpaolo Romanato, un reportaje realizado en 1999 por el sacerdote y lingüista Bartomeu Meliá, además de un ensayo del sociólogo español Vivanco Borja Díaz y otros estudios especializados.

Los proyectistas también aclararon una diferencia histórica con la reducción jesuítica de San Ignacio Miní, ubicada en la actual provincia argentina de Misiones, señalando que esta fue fundada en 1696, casi nueve décadas después de la creación de San Ignacio Guazú en Paraguay.

Con la aprobación legislativa, San Ignacio Guazú queda reconocida oficialmente como la “Ciudad Cuna del Balompié”. Al tratarse de una declaración parlamentaria, la medida no establece obligaciones jurídicas, pero representa un reconocimiento institucional del Congreso hacia la ciudad y hacia los impulsores de esta investigación histórica.

La actividad se realizó en la plaza Mariscal López de la ciudad de Pilar, en donde el productor Eligio Alvarenga y su esposa lograron vender prácticamente la totalidad de 200 kilos de frutillas frescas que llevaron al mercado, además de jugos y otros productos elaborados a base de la fruta.

La respuesta del público superó las expectativas de los productores, quienes agotaron la producción disponible durante la feria. El resultado confirma el creciente interés de los consumidores por los productos frescos y de origen local, cultivados por familias del departamento.

Eligio Alvarenga, reconocido en la zona como el “Rey de las Frutillas”, explicó que el cultivo se desarrolla en un cuarto de hectárea y que actualmente cuenta con unas 14.000 plantas, cuya producción alcanza aproximadamente 100 kilos diarios durante la etapa de cosecha.

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Primera cosecha de frutillas del año en Pilar

El agricultor señaló que esta corresponde a la primera cosecha comercializada este año y adelantó que, debido al rotundo éxito obtenido en Pilar, ya analizan regresar en las próximas semanas con una nueva producción.

Además, indicó que dispone de espacio suficiente para ampliar el área de cultivo y aumentar el volumen de producción en las próximas temporadas.

Asimismo, destacó que el asentamiento Belén ubicada en el distrito de Tacuaras, se caracteriza por su importante producción hortícola y agrícola, y que el cultivo de frutillas se ha convertido en una alternativa rentable para las familias rurales, gracias al buen rendimiento obtenido y a la excelente aceptación del mercado.

Alvarenga también agradeció el acompañamiento permanente de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como el apoyo brindado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú, la Municipalidad de Tacuaras y la Municipalidad de Pilar, instituciones que impulsan la producción y comercialización de la agricultura familiar.

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Califican de rotundo éxito feria de frutillas

Por su parte, la gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA), Bernarda Ramírez, calificó la feria como un rotundo éxito y destacó que la venta permitió recaudar G. 6.750.000 en una sola jornada.

Señaló que el MAG continuará acompañando a los pequeños productores mediante asistencia técnica y espacios de comercialización, con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar y generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales de Ñeembucú.

Incluso, llegó a manifestar que prefería estar “primero muerto” antes que permitir la aplicación de lo que calificó como “vacunas dudosas” a sus hijos.

Los menores, de 4 meses, 7 y 8 años, tenían el esquema nacional de vacunación incompleto. Según antecedentes, funcionarios de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel realizaron reiteradas visitas al domicilio familiar para intentar dialogar con los padres y explicar la importancia de la inmunización, pero en todas las ocasiones fueron tratados hostilmente.

Ante esta situación, el caso fue comunicado a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Presidente Franco, a cargo de Balbina Almada. En esta instancia, las funcionarias tampoco fueron bien recibidas por los padres de los niños.

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Ante negativa, causa fue remitida a la Defensoría

Posteriormente, la causa fue remitida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, donde el defensor público Emilio González intentó nuevamente una solución. Al no obtener resultados, promovió una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

La jueza de la Niñez, Milta Bobadilla explicó que, antes de adoptar una decisión, se convocó a los padres para conocer los motivos de su negativa y se ordenaron diligencias para verificar la situación sanitaria de los menores.

“Se recibieron informes de la Décima Región Sanitaria y del Hospital Regional de Presidente Franco, mediante los cuales se constató que los niños tenían el esquema nacional de vacunación incompleto”, explicó la magistrada.

Bobadilla mencionó que la intervención judicial se dio además en un contexto de brote de varicela registrado en Presidente Franco, situación que motivó la activación de los protocolos sanitarios.

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“El defensor público, tras recibir el reporte de la CODENI, solicitó una medida cautelar de protección a fin de ordenar la vacunación de estos niños para protegerlos de estos virus”, manifestó.

Juzgado intimó a los padres a cumplir con esquema de inmunización

Finalmente, el Juzgado resolvió intimar a los padres a cumplir con el esquema de inmunización, advirtiéndoles que, en caso de desacato, el expediente sería remitido al Ministerio Público.

Ante esta situación, los padres se vieron obligados a que sus hijos accedan al derecho de recibir la cobertura sanitaria prevista por el Estado.

Las autoridades recordaron que la vacunación forma parte de los derechos fundamentales de los niños y constituye una obligación legal de los padres o responsables.

La víctima fatal fue identificada como Juabian Domínguez Caballero, de 23 años, domiciliado en Calle 8 de Setiembre, distrito de Yrybucua, mientras que el presunto autor del disparo mortal sería una persona conocida como “Cacho”, con domicilio en el barrio Republicano de esta jurisdicción.

Conforme a los datos recabados por los intervinientes, el joven fallecido se encontraba participando en una fiesta organizada por la comisión vecinal del asentamiento Julián Portillo, en compañía de otros jóvenes, con motivo del aniversario de la comunidad, en el predio comunitario que queda al lado mismo de la Escuela y Colegio 3 de Agosto.

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Siguiendo la información brindada por los presentes en el lugar, se refiere que el hecho sucedió en el momento en que la víctima se disponía a abordar su motocicleta, aparentemente luego de protagonizar una discusión con el presunto autor, momento en que este último desenfundó un arma de fuego que portaba en la cintura y efectuó un disparo a la cabeza de la víctima, a consecuencia del cual falleció en el lugar.

Intervinientes

Intervinieron en el hecho efectivos de la Comisaría Nº 31ª Oñondivepa, personal de Criminalística, a cargo del comisario Fermín Aldana, y el subjefe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, Regional San Estanislao, oficial 1.º Pablo González. Además del médico forense, Dr. Edgar Larrea, quien determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico producido por disparo de arma de fuego.

Por disposición del fiscal de la causa, Cristian González, de la Unidad Penal Nº 1 de San Estanislao, se procedió a la entrega del cuerpo a los familiares, domiciliados en la colonia 2 de Mayo del municipio de Yrybucua.

Por el momento, el supuesto autor del crimen se encuentra con paradero desconocido, cuya localización está a cargo de los investigadores del lamentable suceso.

Según explicó, sus médicos tratantes le mencionaron que el implante colocado era de mala calidad y que, por esa razón, no soportó su peso y se doblo, lo que hizo que el hueso no se uniera correctamente.

Bogado relató que, tras su accidente, fue sometido a una cirugía en la que se le colocó un implante en el fémur con el objetivo de unir sus huesos.

Debido al elevado costo del material, su familia acudió a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para gestionar la adquisición del implante, solicitud que finalmente lograron concretar.

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Proceso de fisioterapia tras colocación de implante

Luego de la colocación del implante y tras su recuperación inicial, inició un proceso de fisioterapia y rehabilitación con el objetivo de volver a caminar.

Durante casi un año siguió las terapias indicadas hasta que en una de las sesiones su terapeuta le recomendó dejar una de sus muletas e intentar desplazarse por sus propios medios.

Al realizar el intento, sintió un fuerte dolor en la pierna, por lo que acudió nuevamente a un control médico. Tras los estudios correspondientes, los profesionales constataron que el implante colocado para unir sus huesos se había doblado, provocando nuevamente la separación de la estructura ósea y la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

“Hace dos años tuve mi accidente, tuve una cirugía en el fémur, donde no me resultó el implante que me pusieron. Era un implante de segunda, creo. Era muy blando, se me dobló. En síntesis, el hueso no se me unió y necesito otra cirugía, una cirugía muy riesgosa y muy costosa a la vez. Justamente por esa razón estoy apelando a la solidaridad de la gente, a pedir ese granito de arena”, indicó Bogado.

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Según sus médicos tratantes, actualmente necesita un nuevo implante de mayor calidad, cuyo costo ronda los G. 12 millones, además de los gastos hospitalarios, insumos y tratamiento posterior.

“Me urge la operación porque vengo con dolor desde hace dos años. Me dijeron que tengo que conseguir el dinero a como dé lugar, porque más adelante podría complicarse mucho más mi situación”, expresó.

Insumos requeridos para la cirugía

Para la nueva intervención, su médico tratante solicitó la adquisición de varios elementos quirúrgicos:

Set de extracción de MOI, sistema 4.5 mm: conjunto de herramientas especiales utilizadas para retirar material de osteosíntesis (MOI), como tornillos o placas colocadas previamente para fijar un hueso fracturado.

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Clavo fresado para fémur endomedular: implante metálico que se coloca dentro del canal interno del fémur para estabilizar una fractura.

Sierra oscilante y set completo de instrumentales: equipo quirúrgico que utiliza una hoja de movimiento oscilatorio para realizar cortes precisos en el hueso o retirar material durante la cirugía, acompañado de las herramientas necesarias para el procedimiento.

Set de extracción de tornillos rotos: instrumentos diseñados para retirar tornillos que se hayan partido, dañado o quedado atrapados dentro del hueso, una situación que puede ocurrir cuando un implante falla o presenta complicaciones.

Campaña solidaria

La semana pasada se realizó una maratón solidaria en San Juan Bautista, organizada con el apoyo del movimiento “San Juan se Mueve”, donde lograron recaudar G. 6.097.000.

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Sin embargo, la meta es alcanzar entre G. 20 y G. 25 millones para cubrir los costos de la intervención quirúrgica. Por ese motivo, Bogado apela a la solidaridad de la ciudadanía. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0982-088-429.

Juan Carlos Bogado señaló como consecuencia de la falla del implante, el hueso del fémur no logró consolidarse correctamente y su pierna derecha quedó más corta que la izquierda.

Actualmente camina con muletas desde hace dos años, situación que también comenzó a afectar la espalda.

Por su parte, su madre, Delosantos Rodríguez, manifestó que para esta nueva cirugía de su hijo acudió a diferentes instituciones, entre ellas la Municipalidad y la Gobernación, con el objetivo de conseguir apoyo económico para la compra del implante, pero hasta el momento no recibió respuestas favorables.

“Municipalidad y Gobernación, yo de ninguno de ellos recibí ayuda. Ahora necesitamos el apoyo de esa gente, pero no nos hacen caso con esta nueva cirugía a la que se debe someter mi hijo”, expresó.

El legislador valoró que el anuncio se diera durante una reunión con integrantes de las bancadas “A” y “B” de la Cámara de Diputados, en la que el propio Cartes dio el aval para que la noticia fuera divulgada públicamente.

“Él mismo confirmó y nosotros hicimos la pregunta de si podíamos anunciarlo públicamente y nos dio el ok”, manifestó Aguilera. Asimismo, desmintió versiones sobre un supuesto pedido familiar a Cartes para alejarse de la política activa y aseguró que su líder se encuentra en condiciones de afrontar otros mandatos. “Está para vivir otros 70 años”, señaló.

Ante las diferencias e internas que salpican al cartismo, el diputado señaló que el mensaje de Cartes hacia la bancada oficialista fue de conciliación: “Nos pidió que trabajemos, que no tengamos rencor con absolutamente nadie y que unamos a la familia colorada”.

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La carrera por integrar la chapa para el 2028

Respecto a las crecientes tensiones internas por completar la fórmula presidencial que encabezará Pedro Alliana con miras a las elecciones generales del 2028, Aguilera se refirió a la precandidatura del gobernador de Guairá, César “Césarito” Sosa, propuesta formulada por el Consejo de Gobernadores.

Al ser consultado sobre la competencia con otras figuras del sector, Aguilera remarcó que la definición final estará a cargo del propio Alliana.

“Él (César Sosa) es propuesto por el Consejo de Gobernadores como candidato a integrar la dupla, pero eso va a quedar... el que tiene que tomar la decisión es Pedro Alliana”, afirmó.

En caso de no integrar la dupla presidencial, el diputado indicó que la alternativa para el gobernador guaireño sería buscar un escaño en el Senado en 2028.

Asimismo, desmintió fisuras con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, calificando de “instalación mediática” el supuesto malestar de los gobernadores.

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Préstamo vial, rumbo al “stand by” en Diputados

En cuanto a la agenda legislativa, Aguilera confirmó que en la Cámara de Diputados no existe consenso para aprobar el proyecto de ley impulsado por el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, que autoriza un crédito de US$ 75 millones destinado a obras viales en siete departamentos.

El diputado adelantó que la bancada cartista se inclina por postergar el tratamiento del proyecto, argumentando que los fondos deben redistribuirse de manera equitativa entre más regiones del país.

“Nadie duda de la experiencia y del liderazgo de Beto Ovelar, pero nosotros tenemos otra manera de pensar. Queremos que ese crédito se reparta de forma equitativa o que la ministra de Obras Públicas haga un compromiso serio con los departamentos donde todavía hay compromisos incumplidos”, sentenció el parlamentario.

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Desde entonces pasaron diez largos años y actualmente la defensa costera presenta un importante deterioro, con el riesgo de que no pueda soportar una eventual crecida desproporcionada del río, lo que sería catastrófico para los más de 5.000 pobladores que viven en esta comunidad.

El muro de tierra funciona como una especie de gran palangana y protege a toda la comunidad de las crecidas del río y de los riachos de los alrededores, por ello las aguas de lluvia que se acumulan dentro de la población necesitan ser bombeadas cuando no pueden ser evacuadas de forma natural, precisamente porque el río aumenta su caudal.

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Aumentar la altura de la defensa costera

Anastacio Martínez, jefe de Vialidad de la Gobernación, explicó que los trabajos consisten en cargar grandes cantidades de tierra sobre el muro para elevar nuevamente su altura, debido a que con el paso del tiempo la estructura sufrió un importante desgaste y actualmente presenta varias grietas.

“Ahora que aún tenemos tierra seca, estamos procediendo a realizar esta tarea para luego efectuar la compactación y hacer que el muro pueda soportar una eventual crecida anormal del río. Estamos trabajando contra reloj, atendiendo que el pronóstico de las grandes precipitaciones que se anuncian está próximo”, señaló el funcionario.

Agregó que cuentan con las maquinarias necesarias y trabajan de manera continua. Además, indicó que la Secretaría de Emergencia Nacional liberó 30.000 litros de combustible como apoyo para estas tareas.

Son más de 3.000 metros de muro los que deben ser intervenidos. La elevación de la altura se realizará por sectores, ya que existen lugares donde el desgaste de la tierra es mucho mayor, mientras que en otros puntos la carga será menor, explicó finalmente “Don Chaco”, como es conocido el trabajador.

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Aislamiento por falta de caminos

De cumplirse las predicciones de abundantes lluvias para la zona, una vez más pobladores de diversas comunidades podrían quedar aislados debido a las lentas y precarias reparaciones de los caminos de tierra, como consecuencia de la escasa liberación de fondos por parte del MOPC a las empresas contratistas.

Existen sectores bastante críticos donde no se realizaron los levantamientos de terraplén a la altura necesaria. Tampoco se construyeron cunetas ni se colocaron los tubos que deberían funcionar como sistemas de desagüe para permitir la circulación de las aguas durante los días de lluvia.

Con este panorama, donde no se ejecutaron las obras necesarias, las aguas, al no tener circulación, volverán a inundar los caminos durante varios kilómetros, iniciándose un nuevo período de aislamiento.

En el 2025 el aislamiento que afectó a la zona superó los 100 días. Este año, a pesar de que las lluvias fueron menos intensas, nuevamente se produjo un encierro forzado de los pobladores que se extendió por más de 40 días.

Durante los períodos de aislamiento, las personas no pueden salir de sus comunidades, lo que genera numerosos inconvenientes para acceder a alimentos o llegar a un centro hospitalario en casos de urgencia. El servicio de helicóptero habilitado durante estas emergencias no logra cubrir las numerosas necesidades de los pobladores

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Miguel Prieto y otros doce acusados se presentaron desde ayer ante el juez Humberto Otazú para el inicio de la audiencia preliminar en el marco de la investigación de un presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este de unos G. 306 millones mediante la supuesta compra simulada de insumos para panificados durante la pandemia.

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El juez Otazú, por otro lado, concedió la suspensión condicional del procedimiento a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, quienes reconocieron los hechos y aceptaron la salida alternativa.

Lo que dijo el fiscal sobre Prieto

El fiscal Silvio Corbeta dijo que cuenta con suficiente material documental para sostener su acusación en juicio. Agregó que se comprobó que Miguel Prieto, durante su administración, direccionó la licitación para beneficiar a una empresa vinculada a su entonces pareja sentimental.

“Lo que tenemos como material probatorio es suficiente para sostener en juicio. Se comprobó mediante los documentos de la Contraloría y otras instituciones que esa empresa no contaba con capacidad operativa y que no realizaba la actividad para proveer los insumos de panadería”, dijo el fiscal Corbeta.

“Es una ONG que cuando le conviene se maneja dentro del derecho privado y cuando no, del público. Consideramos que debe ser eliminado y esa recaudación canalizada a través de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, declaró.

Centurión señaló que la Opaci no solo fue protegida por el cartismo durante los últimos años, sino que también es una entidad que se mantuvo vigente durante gobiernos anteriores.

Según el diputado, la organización fue creada con el objetivo de promover la cooperación entre municipios, pero cuestionó que en la práctica haya adquirido otro un rol negativo. “Es una caja paralela utilizada por los políticos y un costo prebendario nuevamente. Este tipo de instituciones debe ser eliminado”, remarcó.

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Opaci no cumple con todos los municipios

Además, Centurión cuestionó la eficiencia de la organización y mencionó como ejemplo que la Opaci no reúne a la totalidad de los municipios del país.

El diputado afirmó que la entidad solamente aglutina a 215 municipalidades de las 263 establecidas, lo que, según su criterio, evidencia limitaciones en su funcionamiento.

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En la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” a fin de eliminar la intermediación y consecuente cobro de Opaci en la tramitación de registros de conducir, que en solo cinco años recaudó G. 138.385 millones.

Quedó evidente que en este caso se quiso aprovechar la falta de quórum, ya que Latorre, al levantar la ordinaria, convocó a una nueva extraordinaria, con el mismo orden del día, salvo un agregado imprevisto, el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”.

“El motivo de la inclusión es que la Mesa Directiva había resuelto la inclusión pero por un error de la secretaría no fue incluido”, alegó Latorre tras el levantamiento de la ordinaria y nueva convocatoria a las 10:00.

Este proyecto venía siendo pateado hace varias semana ante la falta de acuerdo incluso entre la mayoría cartistas y sus satélites, puesto que ni siquiera estaba claro el monto total a ser financiado, ya que los propios legisladores tenían reportes contradictorios que iban desde los US$ 40 millones hasta los US$ 100 millones.

Tampoco estaban claros los períodos de deudas a ser canceladas, ya que algunas deudas databan de tres gobiernos pasados e incluso se habrían incluido de este gobierno.

Ante estas dudas, el pleno de Diputados aprobó el pedido de informes del diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) “sobre la composición de la deuda que dicha cartera mantiene con firmas encargadas de realizar construcciones y prestar servicios, correspondientes a los ejercicios 2023, 2024, y 2025, hasta el cierre del mes de octubre de 2025″.

Dicho pedido de informes aún no tuvo respuesta; sin embargo, ahora ya se incluye para su tratamiento ante el pleno. El proyecto ya cuenta con la media sanción del Senado, por lo que de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La pequeña paciente de 3 años, murió ayer a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecía internada desde el trasplante de corazón realizado el pasado 29 de junio.

A través de un comunicado, el Departamento de Cardiología del centro asistencial informó que durante los 35 días de internación la niña recibió atención permanente de un equipo multidisciplinario especializado en cuidados de alta complejidad.

El hospital señaló que, pese a haberse agotado todas las medidas diagnósticas y terapéuticas disponibles, las complicaciones derivadas de la evolución de su cuadro clínico no pudieron ser revertidas, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Bianca evoluciona favorablemente tras recibir un nuevo corazón

La historia de Bianca había conmovido al país luego de que permaneciera dos años y siete meses en lista de espera por un corazón. El órgano fue obtenido gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante pediátrico, que autorizó la ablación en medio de un momento de profundo dolor.

Tras la cirugía, los médicos habían informado una evolución inicial favorable. Incluso, la paciente fue extubada en las primeras 24 horas y no requirió asistencia respiratoria mecánica, lo que generó expectativas alentadoras sobre su recuperación.

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El director del hospital, Héctor Castro, había destacado entonces el trabajo del equipo multidisciplinario que llevó adelante el procedimiento y valoró el gesto altruista de la familia donante, además de insistir en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación de órganos.

El Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” expresó sus condolencias a los familiares de Bianca y manifestó su acompañamiento en este difícil momento.

Las mismas surgen luego de las declaraciones del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien atribuyó a Paraguay la condición de país agresor.

El primer proyecto de declaración plantea instar a los senadores y diputados que integran la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) a realizar las gestiones necesarias para que sea incluido prioritariamente en el orden del día, tratado y aprobado el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, presentado en 2022, junto con su correspondiente proyecto de declaración.

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La iniciativa sostiene que la revisión histórico-institucional del conflicto debe realizarse a la luz del Derecho Internacional y de los derechos humanos, y reivindica la necesidad de recuperar la memoria histórica regional.

El proyecto argumenta que durante el siglo XIX ya existían principios del denominado Derecho de Gentes que establecían distinciones entre combatientes y población civil, además de obligaciones respecto a prisioneros y heridos y límites a las acciones bélicas. También menciona como antecedentes la Declaración de París de 1856, el Código Lieber de 1863, la Conferencia de Ginebra de 1864 y la Declaración de San Petersburgo de 1868.

El proyecto cuestiona la versión de Paraguay como único agresor

Entre los argumentos centrales de la propuesta se encuentra el cuestionamiento a la interpretación de que Paraguay habría actuado como agresor unilateral.

Los fundamentos sostienen que el conflicto estuvo precedido por acontecimientos en la región y mencionan la intervención brasileña en Uruguay en 1864, además del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Según el proyecto, la acción paraguaya respondió a la alteración del equilibrio regional y no a una política expansionista.

La exposición también reivindica el nivel de desarrollo alcanzado por Paraguay antes de la guerra y lo describe como una república con una estructura económica autónoma, infraestructura ferroviaria y telegráfica, industrias, navegación a vapor y producción propia.

Relatorio habla de crímenes de guerra y graves consecuencias

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reivindicación del Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el documento fue elaborado luego de 15 audiencias públicas con la participación de historiadores, juristas y testimonios de distintos países de la región. El proyecto sostiene que el relatorio documentó al menos 20 tipos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población paraguaya.

También menciona estimaciones según las cuales Paraguay perdió entre el 67% y el 75% de su población durante el conflicto y sostiene que la guerra continuó incluso después de que las fuerzas paraguayas se encontraran militarmente derrotadas.

Entre los episodios citados aparecen la destrucción de hospitales, las matanzas de civiles, el sometimiento de mujeres y el traslado del Archivo Nacional de Asunción, actualmente denominado Archivo Histórico de la República del Paraguay.

El segundo pedido apunta a la Cancillería

El segundo proyecto tiene como destinatario al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y plantea que la cuestión histórica sea incorporada a la agenda del Mercosur y a los mecanismos de diálogo bilateral con los países involucrados en la Guerra de la Triple Alianza.

La iniciativa propone promover una “verdad compartida” sobre los acontecimientos, los crímenes de guerra y las consecuencias del conflicto, tomando como base las conclusiones de las audiencias públicas y el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.

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El texto también solicita al Ejecutivo realizar gestiones diplomáticas ante los gobiernos de los Estados partes del Mercosur para buscar la restitución plena e inmediata de la documentación histórica paraguaya que, según los fundamentos, fue secuestrada durante la contienda.

Buscan incorporar la memoria histórica a la agenda regional

El proyecto dirigido a la Cancillería plantea que la búsqueda de una interpretación compartida del conflicto no debe ser entendida como una acción contra los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay, sino como un mecanismo de memoria, verdad, justicia y reparación.

En su exposición de motivos, el senador José Oviedo (Yo Creo) sostiene que una revisión histórica de este tipo permitiría avanzar hacia una integración regional basada en el reconocimiento de los acontecimientos del pasado y el respeto de los derechos humanos.

En concreto, la propuesta plantea llevar el debate al Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur y a los canales bilaterales de diálogo, además de promover la recuperación de documentación histórica paraguaya.

Las afectaciones responderán a los trabajos de duplicación de la ruta D025, más conocida como la avenida General Elizardo Aquino o Tape Tuja y según explicaron desde la cartera estatal, el operativo contempla la instalación de galerías celulares dobles de hormigón a lo largo del trayecto.

¿Cómo será el esquema de circulación?

Las labores de construcción comenzarán sobre la intersección con la avenida Don Atilano Cáceres. Posteriormente, a la altura de la avenida Sudamericana, se procederá al cierre parcial de la calzada de salida de la ciudad de Luque.

En dicho tramo, la circulación vehicular pasará de dos carriles a un solo carril, derivando el tránsito hacia la banquina izquierda. Una vez que los automovilistas sobrepasen el área de las máquinas, podrán retomar de forma paulatina sus carriles habituales.

Desde el MOPC aclararon que la circulación principal sobre Tape Tuja no se verá interrumpida, aunque se generarán ralentizaciones en el flujo vehicular.

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Recomendaciones para conductores

Para evitar incidentes en la zona de obras, las autoridades establecieron las siguientes medidas operativas:

• Límite de velocidad: reducir la velocidad a un máximo de 20 km/h al aproximarse al tramo intervenido.
• Acceso exclusivo: el ingreso directo a los sectores de trabajo estará permitido únicamente para vecinos frentistas.
• Indicaciones de tránsito: respetar la cartelería de señalización y las órdenes del personal desplegado en pista.

El plan operativo fue coordinado de manera conjunta con la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Luque. No obstante, advirtieron que el cronograma de trabajo queda sujeto a variaciones según la evolución de las condiciones climáticas o eventualidades en el terreno.

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Detalles del proyecto

La obra de duplicación de la ruta D025 es ejecutada por la empresa contratista Benito Roggio e Hijos S.A. bajo supervisión del MOPC y fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

Inicialmente, se comunicó que la inversión demandada era de G. 133.573 millones; sin embargo, registró un incremento de alrededor del 25% debido a ajustes técnicos, ascendiendo así a G. 166.960 millones.

Para dudas, reclamos o consultas por parte de los usuarios de la vía y pobladores de la zona, el MOPC habilitó la línea telefónica (0985) 203 381.

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Durante el operativo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Vitz, color azul, con chapa AACU 592. El rodado habría sido utilizado como apoyo logístico de la banda que perpetró el asalto.

Según datos, tras el análisis de varios videos pudieron identificar el automóvil dentro de la línea investigativa. También se incautaron de un celular del sospechoso para ser sometido a una pericia.

La Policía también informó que continúan las tareas para localizar a otros dos presuntos implicados identificados como Nelson Barrios Ramírez (43), y Arnaldo Andrés Vergara González (34).

Asalto dejó pérdidas por US$ 200.000

El golpe fue perpetrado por una gavilla integrada por al menos seis a ocho delincuentes fuertemente armados que, vestidos como supuestos agentes de la Senad, interceptaron una camioneta Fiat Fiorino perteneciente a la empresa Imperial Business dentro del Complejo Empresarial Global.

Los delincuentes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12. Del cargamento sustrajeron nueve de las once cajas que contenían celulares iPhone y tablets, por un valor de aproximadamente 200.000 dólares.

Tras el atraco, una camioneta Toyota Fortuner, utilizada por los asaltantes, fue encontrada incinerada y un automóvil Peugeot también fue localizado a poca distancia del lugar del atraco.

De ser aprobada, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional deberá remitir mensualmente a la Justicia Electoral, de forma digital y automatizada, los cambios de domicilio registrados durante la renovación de cédulas de identidad realizada en las sedes consulares.

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Facilitar el acceso al padrón electoral

Valdez señaló que este procedimiento permitirá conformar y actualizar de manera continua el padrón electoral en el exterior, sin requerir trámites presenciales de inscripción adicional por parte de los connacionales.

Asimismo, indicó que la propuesta legislativa apunta a subsanar las exigencias administrativas y garantizar la efectividad del artículo 120 de la Constitución Nacional, modificado en 2011 para asegurar el derecho al voto de los paraguayos residentes en el exterior en las elecciones nacionales (presidente de la República y senadores).

La medida beneficiará significativamente a comunidades de compatriotas en el extranjero, incluyendo a más de dos millones de paraguayos radicados en Argentina, así como a residentes en España, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Canadá, entre otros países, explico el legislador.

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El legislador señaló que los factores internacionales suelen ser utilizados como argumento para justificar las variaciones de precios y planteó que esos mismos criterios deberían aplicarse cuando el escenario se restablece.

“Como presidente del Congreso de la Nación, espero que con el mismo ímpetu con el que suben los combustibles por tensiones geopolíticas (y otros factores), bajen de forma inmediata cuando desaparezcan esos motivos”, refirió.

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Reclamo a Petropar para mantener precios bajos

Además, Núñez instó a Petróleos Paraguayos (Petropar) a sostener sus precios y cumplir un papel regulador en el mercado local, en beneficio de los consumidores.

“Insto a Petropar a mantener los precios lo más bajo posible y a ejercer con firmeza su rol de regulador en beneficio del ciudadano”, posteó.

Advertencia sobre posibles aumentos en productos de consumo

El presidente del Congreso también expresó su preocupación ante la posibilidad de que la suba de los combustibles sea utilizada como argumento para incrementar los precios de otros bienes y servicios.

“Y esperamos que no se aviven con una cascada de aumentos los sectores involucrados en la provisión de la canasta familiar y otros productos de primera necesidad”, manifestó.

Núñez sostuvo que la reducción del tipo de cambio no se refleja en los precios finales que pagan los consumidores. “Vemos que el dólar sigue bajando, pero eso nunca se traduce en una reducción de precios para el ciudadano”, indicó.

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El reajuste del precio de los combustibles oscila entre G. 490 y 600 por litro tanto en naftas como en el diésel. Se trata de la cuarta suba del año aplicada por el sector privado.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la probabilidad de caída de granizos.

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Zonas y departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca el suroeste y norte de la Región Oriental, así como el sur y este de la Región Occidental (Chaco).

Los departamentos afectados son los siguientes:

• Concepción
• Oeste de San Pedro
• Suroeste de Ñeembucú
• Presidente Hayes
• Sur de Alto Paraguay
• Sur de Boquerón

Ante avisos de este tipo es importante tomar las precauciones correspondientes ante la eventualidad de raudales, ráfagas fuertes y descargas eléctricas.

¿Cuándo volverán las bajas temperaturas?

En conversación con ABC Cardinal, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, se refirió al comportamiento del clima para los próximos días y confirmó que se aguarda un nuevo descenso de la temperatura antes de la llegada de la primavera.

“Para el fin de semana se espera un ambiente bastante fresco otra vez, que puede extenderse hasta por lo menos lunes y martes de la siguiente semana”, señaló Mingo. Agregó que las temperaturas mínimas volverían a situarse alrededor de los 10 °C entre el lunes y el martes.

Sin embargo, el titular de la DMH aclaró que este frente frío durará solo unos días y que posteriormente retornará el calor, manteniendo un vaivén térmico característico de esta época del año.

Transición hacia el fenómeno de El Niño

Consultado sobre las condiciones climáticas actuales y los intensos vientos registrados, Mingo afirmó que estos vaivenes de temperatura y la inestabilidad son indicios del inicio de la transición hacia el fenómeno de El Niño, el cual ya se encuentra presente.

“Los ventarrones de esta madrugada nos indican que la atmósfera está muy cargada. Esto suele ser propio de septiembre, noviembre o diciembre, pero ya se está adelantando”, destacó el especialista.

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El aprehendido fue identificado como Juan Manuel Arce Flor (35), quien, según los intervinientes, salió de reclusión del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) hace pocos días.

El señalado también tiene antecedentes por hurto agravado (2022), robo (2024) y violencia familiar (2021), según el sistema informático de la Policía Nacional.

El hecho fue informado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 4, Giovanna Vera, quien dispuso la detención del ciudadano junto al dinero incautado.

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El robo

Según la declaración de la víctima, este hombre llegó al local poco después de que ingresara a su turno. Este la amenazó con que iba a sacar un arma si no colaboraba con el atraco.

La joven trabajadora, de 24 años, relató que solamente tenía a mano G. 10.000, que entregó al maleante, quien huyó raudamente de la zona.

Tras un rastrillaje, la Policía halló al hombre en las inmediaciones. Tras inspeccionarlo, solamente hallaron en su poder el dinero sustraído a la trabajadora.

Los intervinientes presumen que el hombre mintió sobre la tenencia de un arma con el objetivo de que la mujer entregara el dinero de la recaudación.

En conversación con ABC TV este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, confirmó que una persona ya ha sido detenida con relación al hecho y dos más están siendo investigadas.

El comisario Alarcón comentó que, tras la denuncia formal realizada por la diputada Vallejo, los investigadores pudieron trazar el dinero transferido de la cuenta de la parlamentaria a una cuenta bancaria a nombre de un ciudadano venezolano, quien ya está bajo custodia policial.

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El detenido identificó a otras dos personas supuestamente involucradas - también de nacionalidad venezolana - y la Policía entregará hoy al Ministerio Público los “elementos indiciarios” con el fin de obtener las órdenes de captura correspondientes, añadió el jefe policial.

Ataque con virus troyano

En una entrevista con ABC Cardinal, también hoy, el comisario Alarcón dijo que la hipótesis que manejan los investigadores es que la computadora con la que la diputada Vallejo intentó acceder a su sistema de ‘home banking’ estaba infectada con un malware ‘troyano’.

Virus informáticos de ese tipo son capaces de registrar las contraseñas de los usuarios y transmitirlas a ciberdelincuentes, que luego utilizan esos datos para vulnerar las cuentas.

Vecinos siguen aislados por obras paradas en el barrio San Pablo

Hoy, el equipo periodístico volvió al lugar y confirmó que nada ha cambiado. Los pobladores denuncian que ninguna autoridad de la comuna capitalina se ha acercado a brindar explicaciones. Ante los reiterados inconvenientes, exigen la pronta conclusión de los trabajos.

¿Quién es el responsable?

La obra de la cuenca Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya se han desembolsado unos G. 23.792 millones.

El intendente, Luis Bello (ANR-HC), se había comprometido a retomar formalmente las obras después de Semana Santa. Sin embargo, los vecinos afirman que, a más de cinco meses de dicha promesa, ni las maquinarias ni el personal han regresado al sitio.

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Juzgado ordena captura de Hugo Javier para que cumpla su pena

La presentación se da luego de que el juez de Ejecución Penal, Carlos Luis Mendoza Peña, ordenara ayer su captura para hacer efectiva la condena de 10 años de prisión por un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación mediante “obras fantasmas” durante la pandemia de covid-19.

🔴 AHORA | Se entregó Hugo Javier González. El exgobernador de Central debe cumplir condena de 10 años de prisión

🔶 "Esta mañana se hizo presente en la oficina de guardia. Ahora se está haciendo el procedimiento de rigor para su ingreso definitivo aquí y, posterior, a donde… pic.twitter.com/Y3RQvi5x1E

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

La orden judicial también alcanza a otras cuatro personas sentenciadas en la misma causa, quienes hasta el momento no se han presentado ante las autoridades.

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Por el momento, el expolítico y animador permanecerá recluido en la sede policial mientras se tramita su traslado a un centro penitenciario.

Se especula que su destino final sería el pabellón Esperanza del expenal de Tacumbú. Al contar con una sentencia firme, González Alegre no podrá acceder a medidas alternativas y deberá cumplir los nueve años y seis meses de condena restantes.

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El esquema y las condenas

El 4 de enero de 2025, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos —integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón— comprobó que el exgobernador desvió fondos de emergencia transferidos por el Gobierno en 2020 para mitigar el impacto de la pandemia. Por ello, fue hallado culpable de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas.

En la misma causa fueron condenados:

• Miguel Ángel Robles Ibarra (exasesor y exdirector de Gabinete, señalado como el “cerebro” del esquema): 10 años de prisión.
• Javier Marcelo Rojas Giménez (exdirector de Administración y Finanzas): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Lourdes Lezcano Decoud (exsecretaria del gobernador): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Luis Eduardo Allende Araújo (extesorero): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.
• Modesta Valiente Escobar (exsecretaria de Administración y Finanzas): 2 años de cárcel con suspensión de la pena.

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Tras el juicio oral, tanto Hugo Javier como Miguel Ángel Robles cumplieron la prisión preventiva mínima de seis meses, por lo que recuperaron la libertad de forma ambulatoria bajo medidas sustitutivas mientras la sentencia quedaba firme, etapa que concluyó con la reciente orden de ejecución.

Irá a La Esperanza o a Martín Mendoza

Según el ministro de Justicia; Rodrigo Nicora, el juzgado no determinó el lugar en donde Hugo Javier guardará reclusión, entonces la decisión pasa a ser de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

“Por lo que estuve conversando con el director, está entre la Unidad Industrial La esperanza en el ex Tacumbú o en la penitenciaría Martín Mendoza”, aseguró el secretario de Estado.

Nicora explicó que cuando se da una situación en la que el juzgado no determina el sitio y debe ser decidida por Establecimientos Penitenciarios, se ponen a consideración dos variables: la peligrosidad de la persona y la gravedad del rimen cometido y que el establecimiento esté cerca del núcleo familiar del reo para que este no pierda el arraigo.

Según afirmó, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, no se opone a la exploración, sino que sostiene que antes debe establecerse un marco jurídico que la permita.

La aclaración surge luego de que en mayo pasado el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), encabezado por De Barros Barreto, emitiera un dictamen en contra del proyecto de ley impulsado por el oficialismo para retirar la protección al parque con el objetivo de permitir la exploración de gas natural con miras a una eventual explotación.

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No existe una contradicción dentro del Ejecutivo

El viceministro sostuvo que las conversaciones con el titular del Mades son permanentes y que ambos coinciden en la necesidad de explotar los recursos naturales del país, pero que previamente se debe definir reglas claras para avanzar en ello.

“He conversado con el ministro del Ambiente con quien no hay desacuerdo. Él me planteaba que se necesitaba una ley de manejo de parques o modificar la que exista como para poder tener esa exploración y prospección”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que el Gobierno haya modificado ahora su postura respecto a este tema.

“Nosotros tenemos todo el día conversaciones con el ministro Rolando de Barros. Estamos en concordancia y acuerdo. Él simplemente abordó el tema de los parques y me dijo que se necesita tener una ley de manejo de parques. No creo que haya una dicotomía de opiniones ni malentendido. Existe un dictamen del Gobierno anterior y entiendo que para el caso Médanos se expidieron en el mismo sentido porque esto tiene un espectro que abarca la devolución de un derecho”, declaró.

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Seguridad jurídica, el eje del debate

Bejarano insistió en que el principal desafío es generar condiciones legales que brinden seguridad jurídica para atraer inversiones destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales. En ese contexto, mencionó el potencial de minerales estratégicos en el Chaco.

“Hoy, se pone de manifiesto el litio en el Chaco, con grandes posibilidades, también un poco el hierro y tierras raras. Tenemos que instalar el debate principal: seguridad jurídica si necesitamos la inversión extranjera y nacional para la obtención, la explotación de estos recursos naturales que tenemos certeza de que existen”, declaró.

Gobierno defiende el uso del gas natural

El viceministro también defendió el aprovechamiento eventual del gas natural como una alternativa energética en un escenario en el que Paraguay se acerca al límite de su capacidad de generación hidroeléctrica.

“Necesitamos energía y estamos llegando a un punto de inflexión donde eso que en un tiempo atrás fue satanizado, que es el gas natural, hoy tiene una exacerbación en su utilización porque le denominaron un energético de la transición en la propia Europa. Tenemos que utilizar nuestro gas natural, nuestros recursos naturales. Dentro de esa meta, está categóricamente utilizado nuestro gas natural. Ese gas natural va a ser desarrollo”, expresó.

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Remarcó que la explotación de los recursos naturales forma parte de la visión del Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico y energético del país. “Acá hay un tema que no tiene debate: la utilización de nuestros recursos naturales para la generación tanto de riqueza como de lo energético para el desarrollo del país”, declaró.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado en la Cámara de Diputados y plantea anular la declaración del parque nacional Médanos del Chaco como área silvestre protegida bajo dominio público y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.

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Al activarse, el sistema georreferencia la ubicación exacta del usuario y alerta a la patrulla Lince más cercana dentro de un radio aproximado de un kilómetro, con un tiempo estimado de llegada de cuatro minutos.

Un balance positivo

El comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, calificó la iniciativa como un éxito. Destacó que unas 3.000 personas han recurrido a la plataforma para reportar situaciones de peligro, valorándola como una vía directa para acercar el cuerpo policial a la ciudadanía.

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Según los datos oficiales, además del 40 % de casos atendidos, una parte de las alertas corresponde a solicitudes canceladas por los propios usuarios e incluso a activaciones desde el exterior.

Alta demanda y desafíos operativos

Durante la presentación del informe ante las cámaras de ABC TV, se evidenció la brecha entre la cantidad de personal activo y el volumen de denuncias recibidas.

Respecto a las alertas canceladas o fallidas, el comisario Ruiz Díaz señaló que en su mayoría se deben a personas que prueban el sistema o realizan bromas. “Lo importante es que los ciudadanos se estén familiarizando con esta herramienta”, concluyó.

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La parlamentaria afirmó que el ciberataque ocurrió luego de que ella intentara ingresar a su plataforma de ‘home banking’ con su contraseña y ‘token’ digital –una clave única para cada dispositivo que se usa para acceder a la cuenta– y el sistema le pidiera una doble verificación de ese ‘token’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que una conclusión objetiva sobre lo que le ocurrió a la diputada Vallejo solo puede surgir si se analiza la computadora que utilizó la parlamentaria cuando sus datos fueron vulnerados.

Posible ataque con ‘troyano’

Sin embargo, dijo que, en base al relato de la legisladora, su computadora estaría infectada por un “malware troyano” que habría permitido a los atacantes obtener los datos de ingreso a la plataforma de ‘home banking’.

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Se trataría de un tipo de virus informático que “transmite todo lo que realizamos”, explicó el comisario Alarcón.

“Cuando ingresás a la web para ingresar al ‘home banking’, el virus trasmite al atacante lo que acabás de teclear, tu usuario y contraseña, y puede incluso simular remotamente que usa tu IP (protocolo de internet, un número único asignado a cada dispositivo conectado a internet), engaña al servicio del banco y le hace creer que sos vos”, dijo.

Actualizar el sistema operativo y tener antivirus

El jefe policial explicó que los ‘troyanos’ tienen la capacidad de instalarse en un dispositivo aprovechando vulnerabilidades en su sistema operativo, en particular en dispositivos que no son frecuentemente actualizados o que no cuentan con antivirus.

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“Lo mejor que podemos hacer es actualizar siempre el sistema operativo”, subrayó, y enfatizó que las personas que guardan información sensible en sus dispositivos también deberían considerar “adquirir un antivirus que permita filtrar todos estos ataques”.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos.

Además, la DMH advirtió que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

El aviso, emitido poco después de las 05:30, señala que el sistema de tormentas continúa afectando el área de cobertura, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales de la DMH.

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Zonas bajo aviso meteorológico

Las zonas afectadas por el aviso meteorológico son:

1. Asunción
2. Norte de Concepción
3. Oeste de San Pedro
4. Oeste de Misiones
5. Oeste de Paraguarí
6. Central
7. Ñeembucú
8. Presidente Hayes
9. Sureste de Alto Paraguay.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en Asunción y en nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas continuarían mañana, miércoles, e incluso podrían extenderse al jueves.

Fresco a cálido

Se registra hoy un leve descenso de la temperatura luego de una serie de días cálidos a calurosos. Hoy se esperan máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 20 grados.

Las temperaturas volverían a subir levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 29 grados el jueves.

La rápida intervención de agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana evitó que el asalto se consumara. El procedimiento ocurrió alrededor de las 17:00 del lunes, en una zona considerada de alta circulación de personas.

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Patrulla evitó que el asalto se concretara

El comisario Isidro Gamarra explicó que un efectivo policial que realizaba patrulla preventiva observó al sospechoso reduciendo contra una pared a un joven, quien comenzó a pedir auxilio al notar la presencia de los uniformados.

Ante la situación, el agente solicitó apoyo y procedió a la aprehensión del presunto autor, evitando que el hecho pasara a mayores.

“Gracias a que el personal estaba atento y apostado en el sector se pudo sacar de circulación a esta persona y evitar el hecho”, manifestó el jefe policial.

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Había salido de prisión hace apenas dos días

De acuerdo con el comisario Gamarra, el detenido manifestó que hacía apenas dos días había recuperado su libertad tras permanecer recluido en una penitenciaría.

La Policía señaló además que el sospechoso acumula cinco antecedentes judiciales, entre ellos por hurto agravado, hurto especialmente grave y otros hechos contra la propiedad, lo que vuelve a poner en debate la reincidencia delictiva y los mecanismos de control sobre personas recientemente liberadas.

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Portaba un cuchillo tipo carnicero

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un cuchillo tipo carnicero, arma que presuntamente iba a ser utilizada para consumar el atraco.

El comisario describió el arma como “bastante grande y muy filosa”, destacando que la rápida reacción policial evitó que la víctima sufriera lesiones.

Quedo a disposición de la Fiscalía

El aprehendido fue identificado como Moisés Ezequiel Giménez, de 25 años, domiciliado en la zona baja del barrio Ricardo Brugada.

La víctima fue identificada como Rai Arabanis Velázquez Santacruz, de 19 años.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de la Unidad Penal N.º 20, Teresa Sosa, quien dispuso que el sospechoso permanezca detenido mientras prosiguen las investigaciones.

El procedimiento fue realizado cerca de las 21:00 del lunes en el estacionamiento del supermercado Fortis, ubicado sobre la ruta PY03 y Bernardino Caballero, en el barrio Arecaya. La intervención culminó con la incautación de un automóvil cuya matrícula colocada correspondía a otro vehículo y figuraba como extraviada.

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Cámaras permitieron identificar a los sospechosos

El comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 10ª Central, explicó que la investigación se apoyó en imágenes de circuito cerrado obtenidas tras varios hechos denunciados en el mismo centro comercial.

Según indicó, las filmaciones mostraban a los sospechosos utilizando distintos automóviles, aunque siempre con la misma chapa, un detalle que llamó la atención de los investigadores y permitió seguirles el rastro.

“Tenemos varios circuitos cerrados donde aparece la misma placa en distintos vehículos utilizados para cometer los hechos”, señaló el jefe policial.

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Operaban en grandes estacionamientos

De acuerdo con la investigación, el grupo actuaba principalmente en supermercados y centros comerciales con estacionamientos amplios, donde el movimiento constante de clientes dificulta los controles.

El comisario Espínola señaló que los tres sospechosos manifestaron que los vehículos eran alquilados, aunque esa versión también forma parte de las diligencias fiscales.

Además, indicó que las imágenes obtenidas permiten identificar claramente a los ocupantes del automóvil, lo que fortalece la hipótesis de que actuaban juntos en los hechos investigados.

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Una víctima ya los reconoció

Mientras los sospechosos permanecían en la dependencia policial, una persona que había denunciado el robo de pertenencias acudió a ampliar su denuncia y logró individualizar a los presuntos autores mediante las imágenes y el procedimiento realizado.

La Policía sostiene que el grupo operaba habitualmente en Mariano Roque Alonso, aunque sus integrantes residen en el barrio Obrero de Asunción, desde donde se desplazaban hasta distintos centros comerciales para cometer los hechos.

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Chapa no correspondía al automóvil

Durante la verificación del rodado, los intervinientes detectaron que el Toyota Ractis en el que se movilizaban llevaba colocada una chapa perteneciente a una camioneta Kia Carens y denunciada como extraviada.

El vehículo fue incautado y trasladado a la sede policial para las pericias correspondientes.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Manuel Ruiz Fernández (36), con prohibición de salir del país por un proceso por reducción; Carlos Enrique Quintana Salinas (27), con antecedentes por hurto agravado y reducción; y Julio César González Núñez (21), también con antecedentes por reducción y hurto agravado.

Fiscalía ordenó la aprehensión

El caso fue comunicado a la agente fiscal Gladys Paredes, de la Unidad Penal N.º 3 de Mariano Roque Alonso, quien se constituyó en la comisaría y, tras interiorizarse de los antecedentes del procedimiento, dispuso la aprehensión de los tres sospechosos y la incautación del vehículo.

Por categoría ocupacional, los empleados y obreros públicos registraron los ingresos más altos en ambos periodos. El promedio total avanzó de G. 3.529.700 a G. 5.320.000, con un aumento de G. 1.790.300, o 50,7%, la mayor expansión entre las categorías analizadas. Entre los hombres, el ingreso creció G. 2.140.300, equivalente a 58,6%, hasta G. 5.795.600. En las mujeres aumentó G. 1.464.700, o 43,1%, hasta G. 4.863.200.

En el empleo privado, el ingreso promedio subió de G. 2.426.700 a G. 3.465.100, una variación absoluta de G. 1.038.400 y relativa de 42,8%. Los hombres registraron un crecimiento de G. 1.139.500, o 47,5%, mientras que las mujeres sumaron G. 807.200, o 32,3%.

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Los trabajadores independientes elevaron su ingreso promedio de G. 2.032.800 a G. 2.836.500, con una mejora de G. 803.700, o 39,5%. El ingreso de los hombres aumentó G. 971.400, o 41,7%, hasta G. 3.298.900, mientras que el de las mujeres creció G. 590.600, o 37,7%, hasta G. 2.157.500.

En el trabajo doméstico, el promedio total creció de G. 1.278.300 a G. 1.908.600, un aumento de G. 630.300, o 49,3%. Fue la única categoría donde el ingreso femenino creció más que el masculino: las mujeres pasaron de G. 1.234.300 a G. 1.878.600, con una suba de G. 644.300, o 52,2%; los hombres avanzaron G. 537.200, o 28,7%, hasta G. 2.407.000.

Cuando el salario mínimo casi iguala al promedio, la formalización se encarece

Finalmente, la estructura relativa de ingresos también se mantuvo estable: el empleo público encabezó la escala, seguido por el empleo privado, el trabajo independiente y el trabajo doméstico. Sin embargo, se amplió la distancia entre los extremos, tal como revelan los datos oficiales.

La diferencia entre el promedio del sector público y el trabajo doméstico pasó de G. 2.251.400 en 2017 a G. 3.411.400 en 2026. A su vez, el ingreso privado superó al independiente por G. 393.900 en 2017 y por G. 628.600 en 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

La Licitación Pública Nacional LPN N° 8/2026 (ID N° 480.207), valuada en G. 135.853 millones (US$ 22 millones), prevé la contratación de un sistema informático “integral” para la gestión del banco, que debe integrarse a los sistemas de facturación electrónica existente.

Sin embargo, durante el concurso, el BNF evitó brindar a oferentes detalles que permitan asegurar la integración del “core bancario” con este sistema.

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Desde el 2023, y tras la llegada de Peña, el BNF viene adjudicando a ITTI Saeca y a la firma Impresión Distribución y Logística SA (IDL SA), ambas del Grupo Vázquez, millonarios contratos que van desde facturación electrónica, fábrica de canales digitales y homebanking.

El actual llamado transcurre tras la cancelación de un llamado previo de similares características, tras denuncias de irregularidades, errores y sospechas de direccionamientos en el pliego a favor de ITTI, una de las dos empresas en carrera junto con Softshop S.A.

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A pesar de los antecedentes, el actual llamado ya lleva más de un mes sin dictamen técnico sobre las dos ofertas recibidas. Además, en medio del desarrollo del llamado, el presidente Santiago Peña nombró a Gerardo González Báez –hermano del apoderado de la ANR– en el Directorio del BNF.

Cancha inclinada

Antes de la presentación de ofertas, en el expediente de consultas del pliego, las firmas interesadas solicitaron detalles sobre el software de facturación electrónica y su integración con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen).

En los pedidos identificados como Consulta 13 y Consulta 14, los oferentes exigieron conocer qué middleware (software de intermediación para conectar bases de datos) posee el BNF, si cuenta con API documentadas y el inventario técnico de los sistemas satélites que se conectarán al “core”.

La respuesta institucional del banco, presidido por Ochipintti, fue evasiva, indicando que el relevamiento detallado se realizará recién durante la etapa de ejecución con la firma adjudicada.

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Esta negativa dejó en absoluta desventaja a cualquier competidor internacional o local. El sistema de facturación electrónica del BNF, denominado Factury, pertenece a la firma IDL SA, sociedad del Grupo Vázquez y representada legalmente por César Astigarraga Lambaré, quien al mismo tiempo dirige la empresa ITTI.

Mientras ITTI conocía al milímetro el código fuente y las conexiones de su propia plataforma hermana, las demás firmas debían asumir un “riesgo económico” para presupuestar la integración, inclinando la cancha a favor de la firma ligada a los exsocios comerciales de Santiago Peña.

Además, en la respuesta dada a la Consulta 13, el BNF confirma que el llamado no prevé la contratación de una plataforma independiente de facturación electrónica, manteniendo así la dependencia que vienen contratando vía excepción y bajo excusa de “dependencia” tecnológica del sistema del Grupo Vázquez.

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Aun así, señalan que este sistema podría ser “ofertada como valor agregado” de las empresas interesadas en el llamado, trasladando esta carga a los oferentes. La propuesta técnica representa el 80% de la nota final frente a un 20% económico, por lo cuál los detalles técnicos serán definitorios para el llamado en curso.

BNF guarda silencio sobre proceso

Ayer, al ser contactado nuevamente por este diario, el gerente general del BNF, César Vargas, evitó responder sobre los cuestionamientos de la Consulta 13 –donde oferentes denunciaron que la falta de datos técnicos para la integración con sistemas como Factury (Grupo Vázquez) obligaba a cotizar a ciegas– así como sobre la llamativa dilación en el dictamen evaluador.

Sin embargo, días atrás, Vargas defendió por escrito la licitación de US$ 22 millones (ID 480.207). Al ser consultado sobre las modificaciones respecto al concurso cancelado en 2025, explicó que el ajuste principal fue la inclusión de requerimientos ligados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigidas por la Superintendencia de Bancos, además de precisiones en el pliego.

Sobre los plazos de adjudicación, afirmó que la intención institucional es avanzar en el presente ejercicio y que se encuentran evaluando las ofertas presentadas por ITTI Saeca y Softshop SA. En cuanto al impacto de continuar operando con la plataforma actual, admitió que el sistema presenta limitaciones para la transformación digital, la integración de servicios y la escalabilidad requerida.

Finalmente, respecto a la escasa concurrencia de oferentes, Vargas sostuvo que la participación responde a “decisiones comerciales y estratégicas propias de cada empresa”, asegurando que el banco garantizó un proceso abierto, público y competitivo.

El procedimiento se desarrolló en la noche del lunes alrededor de las 20:10 sobre la avenida 3 de Febrero, en la compañía Toledo Cañada de J. Augusto Saldívar, tras un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría 20ª Central y otras dependencias policiales.

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La persecución comenzó tras una alerta del Grupo Lince

El comisario Herme González, jefe de la Comisaría 20ª, explicó que la intervención se inició luego de un pedido de apoyo del Grupo Lince, que detectó al vehículo circulando por la zona de Toledo Cañada.

Con apoyo de las comisarías jurisdiccionales, los intervinientes iniciaron una persecución que se extendió desde la avenida Las Piedras y concluyó sobre la avenida 3 de Febrero, donde lograron interceptar la camioneta y reducir a su conductor.

Según el jefe policial, el hombre habría intentado escapar al percatarse de la presencia policial, situación que ahora forma parte de la investigación.

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Chapa colocada no coincidía con el rodado denunciado

La camioneta incautada es una Toyota Fortuner SRV 2.8 automática, de color blanco. De acuerdo con el informe policial, llevaba colocada una chapa que correspondía a otro registro.

Sin embargo, dentro del vehículo los agentes encontraron la cédula verde correspondiente a otra matrícula y verificaron que el número de chasis coincidía con una camioneta denunciada como hurtada el 22 de mayo pasado en la Comisaría 10ª Metropolitana de Asunción.

El comisario González indicó que la diferencia entre la chapa visible y los datos reales del vehículo despertó las sospechas de los investigadores, motivo por el cual fueron convocados especialistas del Departamento de Control de Automotores.

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Dinero, celulares y una placa policial entre las evidencias

Durante la inspección del vehículo, los intervinientes incautaron una importante cantidad de evidencias.

Entre ellas figuran dinero en guaraníes, reales y dólares, documentos pertenecientes a cuatro personas, dos tarjetas SIM, un teléfono Samsung A34, un iPhone 17 Pro Max, herramientas como una pata de cabra y destornilladores, además de una placa policial identificada con la credencial Nº 27737.

Sobre este último elemento, el jefe policial señaló que aún no se determinó si se trata de una credencial auténtica o una réplica, aunque afirmó que será sometida a las verificaciones correspondientes.

El detenido alegó que iba a lavar la camioneta

El aprehendido fue identificado como Ángel Gustavo Cristaldo Martínez, de 32 años, domiciliado en Itauguá y con antecedente por hurto agravado registrado este año.

Según su versión ante los policías, trabaja en un lavadero y recibió un mensaje de una persona que le solicitó trasladar la camioneta para lavarla al día siguiente. Afirmó que fue llevado hasta el lugar por un desconocido que conducía un automóvil Toyota Corolla negro y que allí abordó la Fortuner.

No obstante, el sospechoso no pudo explicar el origen de la placa policial encontrada en el vehículo ni la documentación vinculada al rodado denunciado como robado.

Fiscalía dispuso su aprehensión

El Departamento de Automotores, Investigaciones y Criminalística intervino en el procedimiento para profundizar las pericias sobre el vehículo y los objetos incautados.

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de J. Augusto Saldívar, Ángel Gill, el conductor quedó aprehendido, mientras que la camioneta y todas las evidencias fueron incautadas para continuar con la investigación.

El hallazgo se produjo en la tarde de este lunes en una propiedad ubicada en una zona boscosa de Melgarejo, distrito de Independencia, luego de varios días de búsqueda de un joven de 27 años cuya desaparición había sido denunciada por su padre.

Según el informe de la Comisaría 14ª de Melgarejo, familiares y vecinos intensificaron la búsqueda tras despertar sospechas por la conducta de un hombre de 74 años, quien ese mismo día entregó a la familia la bicicleta que utilizaba la víctima.

Esa situación motivó a los allegados a dirigirse hasta la vivienda del adulto mayor para exigir información sobre el paradero del joven. Posteriormente, el hombre indicó el lugar donde se encontraba el cuerpo, lo que permitió a las autoridades intervenir.

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En el sitio fueron encontradas inicialmente prendas de vestir y calzados dentro de una fosa. Minutos después, con apoyo de una retroexcavadora, los intervinientes lograron localizar el cuerpo enterrado. Personal del Departamento de Criminalística, agentes de Investigaciones, el médico forense y la fiscala Rocío Rivas participaron del procedimiento de levantamiento del cadáver.

Causa de muerte

La inspección médica preliminar determinó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico grave.

De acuerdo con la versión recogida por la Policía, la víctima había salido de su vivienda el jueves por la tarde para visitar a una familia conocida que se encontraba en un retiro espiritual.

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Siempre según esa versión preliminar, el adolescente manifestó que, al regresar a la vivienda, encontró al hombre presuntamente agrediendo sexualmente a su madre. Afirmó que intervino para detener la situación y, durante un forcejeo, golpeó a la víctima con un hacha, causándole la muerte.

La Policía informó además que el abuelo del adolescente habría llegado posteriormente al lugar y, según la investigación, colaboró en ocultar el cuerpo, trasladándolo hasta una zona boscosa donde fue enterrado.

Las autoridades señalaron que ambos realizaron manifestaciones que los vinculan con el hecho. No obstante, será el Ministerio Público el encargado de determinar, mediante la investigación y las pericias correspondientes, las circunstancias en que ocurrió el homicidio y el grado de responsabilidad penal de cada uno.

Por disposición fiscal, el hombre de 74 años quedó recluido en la Comisaría 5ª Ybaroty, mientras que el adolescente también fue puesto a disposición del sistema de justicia.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Departamental, el MADES y los municipios para promover políticas de conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible.

La expo feria se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto en el Coliseo Departamental El Cerrito, donde se habilitarán espacios de exposición, charlas, actividades educativas, demostraciones de innovación ambiental y presentaciones orientadas al cuidado de los recursos naturales.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, señaló que el evento busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente y fomentar prácticas sostenibles en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, el ministro Rolando De Barros Barreto Acha resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas para acercar la gestión ambiental a la ciudadanía y fortalecer la participación comunitaria.

La organización invitó a estudiantes, docentes, productores, emprendedores y público en general a participar de las tres jornadas, que tendrán como eje central la protección de los recursos naturales y la construcción de un futuro más sostenible para el departamento de Caaguazú.

El conductor del automóvil Toyota Vitz impactó frontalmente contra un árbol ubicado en el paseo central. Como consecuencia falleció el conductor y un niño de un año y medio.

“No encontramos indicios de la participación de un tercer vehículo. El estado en que quedó el automóvil y un circuito cerrado al que tuvimos acceso son indicios de que circulaba a gran velocidad”, manifestó la representante del Ministerio Público.

Según explicó, el conductor, Arturo Abel Gómez Carmagnola, de 28 años, falleció en el lugar a consecuencia de un politraumatismo severo, mientras que su hijo de un año y medio perdió la vida poco después de ingresar al Hospital de Trauma, también a causa de múltiples lesiones.

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La única sobreviviente es Griselda Mabel Guerie García, de 21 años, quien sufrió fracturas en el brazo derecho, la pierna izquierda y el mentón. La joven permanece internada y, según los médicos, no presenta riesgo de muerte, aunque continúa bajo evaluación para una eventual cirugía.

Duarte señaló que durante la inspección del lugar también se observaron algunos baches en las inmediaciones; sin embargo, aclaró que ese aspecto es secundario dentro de la investigación.

Fiscalía aguardará informe de criminalística

Agregó que aguardará el informe técnico de Criminalística para determinar con precisión la velocidad a la que circulaba el vehículo y las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

La fiscal indicó además que la investigación permanecerá abierta hasta recibir los peritajes correspondientes y poder tomar declaración a la madre del menor, una vez que su estado de salud lo permita.

Finalmente, recordó que los niños deben viajar en el asiento trasero y con los sistemas de retención infantil adecuados, además de insistir en la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar tragedias como la ocurrida en San Lorenzo.

El viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, confirmó durante una entrevista por ABC TV la realización de una reunión este lunes entre representantes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) y gremios de conductores de plataformas digitales.

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Sborovsky explicó que el acercamiento no responde a un plan estatal ni a un favoritismo hacia la movilidad sostenible, sino a un pedido explícito de los propios trabajadores al volante, quienes buscan alternativas para amortiguar el impacto del precio de los combustibles en su rentabilidad diaria.

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El funcionario detalló que la intervención del Poder Ejecutivo se limitó estrictamente a facilitar una mesa de diálogo comercial entre las partes interesadas. Se permitirá que los importadores locales expongan su oferta de unidades para compras en flota o bajo esquemas especiales.

“Acá no hay ninguna política pública que diga que el auto debe ser eléctrico. El que quiere diésel, que compre diésel; el que quiere nafta, que lo haga, y el que quiere eléctrico, también. Hay un abanico para todos y no hay preferencia de parte nuestra”, aseveró el viceministro.

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Durante el encuentro, los propios representantes de Cadam aconsejaron a los trabajadores no cerrarse exclusivamente a la opción de baterías puras. La recomendación apuntó a considerar los vehículos híbridos debido al contexto nacional, ya que ofrecen un ahorro de combustible sin depender de un enchufe para seguir circulando.

Falta de infraestructura en ruta para autos eléctricos

Al analizar la realidad de las calles paraguayas, la postura del Ministerio de Industria fue pragmática. Sborovsky reconoció que el país no se encuentra listo para móviles 100% eléctricos debido a la marcada escasez de estaciones de recarga rápida fuera del área metropolitana de Asunción.

La falta de una red de carga a lo largo de las rutas nacionales principales representa un riesgo operativo directo para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo continuo.

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El representante del MIC sentó una postura firme en contra de usar fondos del Estado para abaratar la compra de estos rodados. “Estamos de acuerdo con políticas de incentivo que eventualmente puedan premiar, pero no subsidiar. Los subsidios dañan los negocios”, enfatizó.

El contraste con el transporte público

Finalmente, el viceministro contrapuso la situación de los automotores particulares con la crisis del transporte público. Sobre este último punto, remarcó que el modelo actual de colectivos se encuentra completamente agotado y ya no resulta sostenible, razón por la cual el Poder Ejecutivo sí se encuentra diseñando una transformación profunda, de fondo.

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Si bien reconoció que a nivel mundial existen fondos de financiamiento internacional que empujan con fuerza la reconversión energética del parque automotor, Sborovsky reiteró que, en el mercado paraguayo, la elección del tipo de motor seguirá quedando bajo la libre decisión de cada comprador.

Tras el hecho, Martínez fue auxiliado y derivado inicialmente al Hospital Distrital de Caaguazú y posteriormente trasladado al Hospital del Quemado, donde permaneció internado en estado crítico hasta que este lunes se confirmó su deceso.

Con la muerte de Isidro Ramón Martínez, el siniestro deja dos víctimas fatales y enluta profundamente a la comunidad caaguaceña.

La vivienda afectada era una precaria construcción de madera de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho, con techo de chapa de zinc.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio.

Aunque las nuevas reglas habilitan a los camiones de mediano porte vacíos a utilizar el Puente de la Integración entre las 7:00 y las 19:00, durante la mañana de este lunes estos vehículos tuvieron que volver a cruzar por el Puente de la Amistad, debido a la manifestación de los brasileños.

Los camiones de gran porte en lastre (vacíos) tienen autorización para utilizar el puente solo en horario nocturno, entre las 20:30 y las 5:00. Esta situación generó la reacción de los camioneros, quienes exigen que ambos tipos de vehículos tengan los mismos horarios.

Además, cuestionan la falta de infraestructura adecuada en ambos lados de la frontera, especialmente la falta de baños, basureros y condiciones básicas de higiene.

La manifestación reunió a representantes de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz de Iguazú y Región (Sitro-FI).

Reunión virtual

Durante la tarde se realizó una reunión por videoconferencia con representantes sindicales y organismos federales brasileños. Sin embargo, el encuentro no permitió llegar a un acuerdo, por lo que los camioneros resolvieron mantener la movilización hasta la próxima reunión de la Comisión Mixta Brasil–Paraguay, prevista para el 12 de agosto.

El presidente del Sitro-FI, Rodrigo Andrade de Souza, explicó a los medios brasileños que la principal reivindicación es la unificación de los horarios de cruce para camiones de mediano y gran porte.

Durante la movilización, buses de turismo, ambulancias y otros vehículos autorizados circularon con normalidad.