La educadora presentó denuncia ante el Ministerio Público por los hechos punibles de usura, estafa, apropiación, producción documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, asociación criminal y otros más que puedan surgir en torno a la investigación.

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Portillo Benítez atribuyó las responsabilidades en cuanto al despojo millonario a la dueña de la firma “Punto Mágico”, Laura Andrea Morínigo Mereles, y a los directivos de la Asociación de Educadores Alborada, presidida por Cleso Fernández Sánchez, marido de Laura Morínigo.

El alcance de la denuncia también llega a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), responsables del descuento salarial sin respaldo documental y demás personas que resulten responsables, por su participación en el esquema de descuentos salariales que le generaron un perjuicio financiero importante.

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Docente realizó préstamo y le descontaron G. 58 millones

De acuerdo con los datos presentes en la denuncia, en julio de 2013 Mirian Portillo realizó un préstamo por valor de G. 5.000.000 y por el cual debía devolver la suma de G. 5.700.000 en diciembre de ese año. Esta obligación la contrajo con Mercedes Sánchez de Fernández, también docente.

Portillo señala en su escrito de denuncia que inicialmente realizó un pago de G. 750.000 en concepto de intereses y luego ya realizaron los pagos en forma personal, en el domicilio de la prestamista Mercedes Sánchez.

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Sin embargo, Portillo solicitó posteriormente la reestructuración de la deuda ante la imposibilidad de cumplir con el compromiso, luego de que su marido quedara sin trabajo tras el cierre de la azucarera Iturbe. Es en esta oportunidad que Sánchez le propuso instrumentar el cobro mediante descuentos ministeriales canalizando a través de la Asociación de Educadores Alborada.

En abril de 2014, Portillo fue convocada al domiciliario de Sánchez para la firma de unos documentos que, según dice en su denuncia, le habían indicado que eran para fraccionar los pagos. Los descuentos se iniciaron ese mes de abril de 2014 y continuaron hasta mayo de 2020, totalizando la suma de G. 58.800.000.

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Presidente de Asociación hizo firmar boletas, denuncia

La denuncia detalla que Mercedes Sánchez le presentó a su hijo Celso Fernández Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Alborada, quien fue el que le habría hecho firmar los documentos para “fraccionar los pagos”. La profesora Mirian Portillo entendió que el acuerdo era que un descuento de 20 cuotas de G. 450.000, que totalizaban la suma de G. 9.000.000.

Pero se ejecutaron descuentos automáticos vía MEC que ascendieron a G. 58.880.000. Entre lo que le descontaban también aparece la empresa “Punto Mágico”, donde figura como tesorera y responsable Laura Morínigo, esposa de Celso Fernández.

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Por su parte, el MEC procesó las deducciones sin contar con autorizaciones firmadas. Al ser requeridos, los responsables alegaron que los documentos “se dañaron por fenómenos climatológicos”, remitiendo a la Comisión comprobantes por apenas G. 9.000.000 para intentar justificar el cobro de casi G. 60 millones.

A pesar de haber cobrado más de diez veces el capital original, el esquema persistió. En julio de 2023, la docente fue reportada como morosa ante la firma Equifax por una supuesta operación de G. 10.000.000, fechada en noviembre de 2022. La denuncia subraya que dicha deuda es inexistente y que la empresa no ha podido acreditar su origen ni ante el Senado ni ante el MEC.

La incorporación de Liseras se produce en un contexto político marcado por tensiones y cuestionamientos en torno al pedido de permiso de Rivas, que fue calificado como inconstitucional por algunos sectores.

El movimiento que permitió la llegada de Liseras al Senado fue la renuncia del senador suplente Julio Borba, quien presentó formalmente su dimisión ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González.

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En la nota, Borba argumentó que su decisión responde a “razones estrictamente particulares” y solicitó la aceptación de su renuncia al cargo obtenido tras las elecciones generales de 2023.

El ahora exsenador suplente fundamentó su presentación en el artículo 273 de la Constitución Nacional, que establece que la Justicia Electoral es la autoridad competente en todo lo relacionado con los títulos y derechos de los electos.

La renuncia de Borba se produjo en un momento clave, ya que debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas una vez aprobado su permiso.

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Sin embargo, su salida abrió el camino para que Carlos Liseras ocupara la banca, lo que desde el cartismo es interpretado como el reaseguro de un voto más dentro del bloque oficialista.

El caso de Rivas generó controversia debido a que su pedido de permiso fue cuestionado por su supuesta inconstitucionalidad, generando debate tanto dentro como fuera del Senado.

La decisión de Alliana en aceptar la postulación se debió por un lado para disipar cualquier duda sobre su precandidatura, ya impuesta por el propio Cartes en una asamblea del movimiento Honor Colorado.

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Por otro lado, también para descartar otros nombres que se venían barajando que pretendían tener la nominación y entrar en la puja.

Otro elemento no menor que también incidió fueron las criticas frontales que realizaron varios referentes de peso en el cartismo contra la administración de Santiago Peña, entre ellos el embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, y el expresidente de la república, Nicanor Duarte Frutos.

Sin embargo, contra todo pronóstico el anuncio de Alliana no disminuyó el tenso ambiente político dentro del movimiento Honor Colorado; al contrario, abrió otra nueva línea de discusión que también generó ronchas internas, y dejó al descubierto las ambiciones de varios políticos de peso en el oficialismo.

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Varios candidatos

Ante el anuncio de Alliana, inmediatamente se anotaron para secundarlo en la chapa el gobernador del Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa con el respaldo de todos los Gobernadores colorados.

Alliana adelantó que prefiere un compañero de chapa con perfil técnico. Alabó el perfil del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Dijo que es “un lujo” y le calificó de “maravilloso”.

A la lista se suman los del Ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, bastante cuestionado por el caso de Javier “Chaqueñito” Vera y la vivienda que le adjudicó. En el caso de los diputados colorados oficialistas, también están con la intención de postular al titular de la cámara baja Raúl Latorre.

Los senadores oficialistas, por su parte, adelantaron que plantearían el nombre de uno de sus pares para poner consideración de los líderes del movimiento.

Ante todo este escenario de disputas, y para evitar mayores fisuras en el movimiento es que el vicepresidente Pedro Alliana, salió al paso y estaría anunciando el nombre de quien lo acompañaría en la puja interna por la chapa presidencial de la ANR, antes del fin de semana.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó los términos impuestos por los acreedores municipales como “absolutamente leoninos e inaceptables” para las arcas municipales. Señaló que los acreedores buscan liquidar intereses sobre intereses, una maniobra que considera abusiva.

En conversación con ABC, antes del inicio de la sesión ordinaria de la Junta Municipal, este miércoles, explicó que los intereses nominales originales ya contemplaban implícitamente el riesgo de que ocurriera un impago. Por ello, aplicar cargos adicionales sobre montos ya vencidos resulta una carga excesiva para la ciudad.

Blasco advirtió que la pretensión de diferir los pagos de 2026 para acumularlos en 2027 es financieramente inviable. Según el análisis del balance municipal, no existe margen para honrar las obligaciones de dos ejercicios en uno solo. Esta acumulación de deuda provocaría “una nueva cesación de pago y nuevos reclamos” legales contra la comuna.

Asunción: intención inmoral

El concejal Blasco calificó como una “inmoralidad” que la actual administración, próxima a salir, comprometa el futuro del gobierno entrante. Su postura es que la gestión de Bello debe limitarse a cumplir los compromisos del ejercicio actual según contrato. De este modo, las autoridades electas en octubre podrán sentarse a negociar “conforme a lo que encuentren”. Para el edil opositor es fundamental no dejar un “clavo” financiero a quienes asuman la responsabilidad del mando municipal.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en calificar la intención del cobro de intereses sobre intereses es “totalmente ilegal” según el marco vigente. Dijo que es una “locura” que los bonistas pretendan este beneficio adicional mientras la ciudad ya paga tasas altísimas. Resaltó que actualmente se abona un 17% de interés, cifra muy superior al 7% que paga el Estado. Para el edil, estos términos significan que los acreedores están “desangrando” económicamente a la ciudadanía.

Grau afirmó categóricamente que la Municipalidad de Asunción se encuentra hoy sumida en una “quiebra financiera” irreversible. Criticó que se haya eliminado del presupuesto la cuenta de “saldo de bonos”, ocultando información vital. Esta maniobra borra el rastro de los G. 500.000 millones que “desaparecieron” durante la gestión anterior. Según el concejal, esto evita que la Junta Municipal realice las auditorías anuales correspondientes.

Para Grau, la prioridad absoluta de la Junta debe ser “proteger la vida de los asuncenos” y las obras. Aseguró que es urgente pagar a los proveedores para evitar que las infraestructuras queden paralizadas indefinidamente. Recordó los riesgos mortales ante fenómenos climáticos, como los raudales que ya han cobrado vidas en el país. “El vecino no puede terminar siendo más perjudicado de lo que ya ha sido”, sentenció Grau.

Autobombo de Bello

El 7 de abril, en conferencia de prensa, Bello había anunciado un “acuerdo” con los bonistas, por el que la Municipalidad pagaría G. 90.794 millones (US$ 14,1 millones) por intereses vencidos en 2025, a cambio de diferir los intereses que vencen en 2026 para marzo de 2027.

El monto a pagar incluye G. 81.271 millones (US$ 12,7 millones) por cupones vencidos del 2025, además de otros G. 9.523 millones (US$ 1,5 millones) en concepto de “costos financieros” generados. Estos montos representan intereses moratorios aplicados directamente sobre los cupones que no fueron pagados. Blasco había adelantado que la Intendencia no había presentado ningún estudio económico serio que respalde la capacidad real de la comuna para cumplir.

Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitidos por Mario Ferreiro) y los bonos G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). La suma reclamada en ese periodo por los bonistas es de G. 130.369 millones (US$ 20,4 millones).

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Nenecho, G. 20.694 millones, durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, y otros G. 79.428 millones, durante la gestión de Luis Bello.

En reemplazo del doctor Brítez asumirá el doctor Isaías Ricardo Fretes, médico cirujano especializado en coloproctología, cuyo nombre ya había saltado en 2021 como posible reemplazo de quien entonces era ministro de Salud, Julio Mazzoleni, finalmente reemplazado por Julio Borba.

En febrero, pese a todos los cuestionamientos, Peña había dado la “bendición” a Brítez, que entonces prometió una serie de cambios. En lo que más urge, medicamentos e insumos, Brítez había pedido un plazo de 4 a 8 semanas para que ya no falten; sin embargo, continúan las carencias.

Además de la falta de insumos y medicinas, en el IPS se han dado graves casos de supuesta negligencia médica. El 28 de enero falleció Braulio Vázquez, que ingresó al IPS Ingavi con dolores que indicaban que podría sufrir un infarto, pero que debió esperar horas para ser asistido porque no lo consideraron como paciente grave.

El asegurado pasó luego al Hospital Central, donde se debía realizar un cateterismo que no se le hizo, primero con el argumento de la falta de insumos y, luego, porque los equipos necesarios para el procedimiento quirúrgico no estaban disponibles. La Superintendencia de Salud, incluso un informe de Auditoría Interna del propio IPS, confirmaron que hubo una seguidilla de graves irregularidades que llevaron al deceso del paciente. El caso se investiga, igualmente, en la Fiscalía.

Además, en los últimos días se conoció el caso de una paciente de cáncer a quien le extirparon la mama equivocada y, finalmente, debieron extraerle las dos. En este hecho también hay una denuncia de supuesta negligencia médica en la Fiscalía.

El cartismo reunió los votos con los denominados “colorados disidentes”: Alfonso Noria, Colym Soroka, Ramón Retamozo, Carlos Núñez y Derlis Osorio.

Mientras que en la oposición el bloque oficialista tuvo los votos de los liberocartistas Édgar López y Noelia Cabrera, y el apoyo del senador José “Pakova” Ledesma.

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Meses atrás, los senadores cartistas y sus aliados ya habían cometido el mismo atropello al conceder al senador Erico Galeano un permiso hasta que su condena por lavado de dinero y asociación criminal quede firme y ejecutoriada.

La polémica por el pedido de permiso del senador Rivas desató un fuerte debate en el Senado, donde referentes de distintos sectores coincidieron en la gravedad del caso, aunque con matices en sus argumentos.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que, más allá del resultado de la votación, “hoy ganó la ciudadanía” frente al cartismo. Sostuvo que el caso evidenció una práctica de impunidad y cuestionó duramente la legitimidad del título de Rivas, calificándolo de “atrevimiento” y “vergüenza”.

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Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) aseguró que no existen condiciones constitucionales para aprobar el permiso solicitado. Argumentó que la figura solo aplica para asumir cargos en el Ejecutivo o diplomáticos, y advirtió que aceptar la solicitud implicaría avalar una irregularidad grave y eludir responsabilidades éticas.

En la misma línea, el senador Eduardo Nakayama (independiente) sostuvo que el caso deja “un aire de impunidad” que el Senado no debe cargar. Consideró que aprobar el permiso sería inconstitucional y finalmente se inclinó por su rechazo para evitar convalidar una práctica cuestionada.

El senador Rafael Filizzola (PDP) fue aún más contundente al calificar el episodio como “el escándalo más grave en la historia del Congreso”. Alertó sobre un posible “concierto criminal” detrás de la obtención del título y advirtió sobre las consecuencias legales en fallos donde Rivas participó, lo que podría derivar en demandas contra el Estado.

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Desde otra perspectiva, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, calificó el caso como un “atentado al Estado de derecho”. Denunció la existencia de una estructura que permitió el uso de títulos falsos y cuestionó la inacción de instituciones como la Corte Suprema, señalando la gravedad sistémica del problema.

El senador Ignacio Iramain (independiente) advirtió sobre un intento de “blindaje político”, remarcando que “la banca no lava ni absuelve”. Sostuvo que el Senado no debe convertirse en refugio de conductas indebidas y pidió la renuncia inmediata de Rivas.

El senador y representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mario Varela (ANR, disidente) alertó sobre un posible caos jurídico institucional, señalando que decisiones tomadas por el Jurado de Enjuiciamiento podrían ser cuestionadas.

Advirtió que jueces destituidos podrían solicitar su reincorporación, generando un efecto dominó y un caos en el sistema judicial.

Ningún senador del cartismo ni de sus aliados se animaron a defender a Rivas.

La docente clama por ayuda con sus trámites jubilatorios, debido a que una de sus hija tiene una grave enfermedad, necesita estudios y cuidado permanente. Incluso cuenta con una constancia médica que respalda que la niña requiere de atención permanente, las 24 horas.

“Lastimosamente estamos esperando todavía el expediente que debe salir del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros ya agotamos todas las instancias, estamos desesperados por esta situación. Ambos trabajamos, salimos muy temprano y regresamos ya tarde a la casa, por la noche y durante el día no tenemos cómo cuidar a nuestra hija”, lamentó el marido de la profesora, Sever del Puerto.

Los familiares expresaron que al cuadro de la hija, se suma que la docente también cuenta con un diagnóstico médico muy grave, todavía pendiente de varios estudios, entre ellos una colonoscopia.

Miles de docentes en lista de espera para jubilarse

Miles de profesores del sector público están en lista de espera para poder acceder a la jubilación; algunos tienen papeles pendientes de hace un año o más, como el grave caso de la profesora Alicia Ortiz González, quien cumple funciones en una escuela pública de San Lorenzo.

Para algunos educadores, como Ortiz, los expedientes están trabados en el Ministerio de Economía; para otros, falta la desvinculación por parte del MEC.

El pasado 8 de abril, un grupo de profesoras protestó ante la cartera educativa por la excesiva burocracia para contar con las desvinculaciones y dejar el aula luego de los años de servicio requeridos.

Los mismos adelantaron su anuncio ante rumores de que Pedro Alliana podría anunciar su dupla ya este fin de semana. Uno de los nombre que corre como rumores de “preferido” es el cuestionado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Sobre todo Meza no se guardó sus críticas, diciendo que a diferencia de Latorre, Baruja acumula varios cuestionamientos. No obstante enfatizó que para ellos, el actual presidente de Diputados es una mejor opción por ser una figura más conciliadora y que puede aportar a la fórmula de alguien el interior (Alliana es de Ñeembucú) y alguien de Capital (Latorre).

“Creo que el actual ministro de Urbanismo (Baruja) está más golpeado que carne de milanesa”, disparó Meza haciendo referencias al caso Chaqueñito, entre otros.

Según Del Puerto, la propuesta de Latorte es acompañada por los 44 oficialistas, una forma también de remarcar que es la misma mayoría que ahora le da el manejo de la Cámara Baja al gobierno de Santiago Peña.

Hace dos años que se iniciaron las obras; sin embargo, las mismas pararon en febrero. La zona está totalmente inundada, lo que hizo que sea intransitable, obligando a los pobladores a cruzar en botes, subiendo incluso sus motos a los mismos.

Esto lo hacen todos los días, desde hace una semana, incluso niños cruzan de esta manera, ya que hay una escuela en la zona a la que acuden varios estudiantes.

Las obras pararon hace varios meses, quedando a medias, lo que generó el aislamiento de los pobladores.

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Vecinos de Puerto Falcón aislados

Carolina Cáceres, vecina del lugar, lamentó que con la subida del agua las autoridades del MOPC no pudieron prever la culminación del puente.

“Hace una semana que está todo inundado, no se puede pasar al otro lado. Usamos un camino alternativo cuando se construyó el nuevo puente para que podamos cruzar, pero ahora quedó inundado”, detalló.

Contó que el agua ya llegó hasta su casa. Además, según la información que dieron a los vecinos, tenían que entregarles el puente en marzo, pero para eso tenían que darles la indemnización para que puedan salir de la zona.

“Hasta hoy en día no sabemos nada de ellos, porque hay muchas versiones, vienen siempre los fiscalizadores, pero nunca nos dan una fecha exacta. De este lado hace por lo menos cuatro meses no están trabajando, ellos trabajan hacia Chaco’i, están trabajando para hacer la calle, pero de este lado ya hace bastante que no están haciendo más nada, porque nosotros tenemos que salir del lugar para que ellos puedan trabajar”, puntualizó.

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Otra de las vecinas contó que la única forma de cruzar hacia Puerto Falcón es en canoa, perjudicando principalmente a los que tienen que ir y venir todos los días, porque el costo es de G. 10.000 por viaje en canoa.

“Es mucho y nosotros nos quedamos aislados porque el camino alternativo está bajo agua y estamos prácticamente sin trabajo”, indicó Norma.

Agregó que varias de las vecinas se dedican a vender comestibles, pero esto le perjudicó porque con la inundación y la falta de puentes se cortó la circulación de personas y ya nadie pasa por el lugar.

Agregó que la situación es difícil porque ya no venden nada y el MOPC en enero pasado dijeron que les iban a indemnizar y después ya no les dijeron más nada, ya no aparecieron y los vecinos se quedaron esperando una respuesta. La ministra nunca visitó tampoco la zona de la obra, solamente aparecieron los fiscalizadores.

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“Queremos una solución rápida, porque si vos estás enfermo, el camino es este nomás, no podemos ir por 19 porque ya es lejos, te vas a morir para irte por ahí, acá un paso nomás ya cruzamos y nos vamos. Es muy peligroso porque cualquiera se puede volcar y ahogarse”, reclamó.

El puente tiene que tener 75 metros de longitud. El MOPC hablaba de un 95% de avances de las obras en febrero de este año. Los vecinos hacen un llamado desesperado al MOPC y a la constructora a fin de ser indemnizados, ya que cuentan con los contratos firmados y de esa manera puedan salir de la zona afectada antes de que el agua avance y las casas queden totalmente inundadas.

Don Santiago Del Valle es un asegurado que se encuentra en función de trasplante renal y necesita recibir vitaminas y una hormona llamada eritropoyetina, cuyo valor en farmacias es muy elevado, según señaló. Explicó que necesita aplicarse cuatro al mes, pero solo le proveyeron de una.

Dijo que debe venir desde San Pedro del Paraná (Itapúa) hasta la capital porque la orden de su nefrólogo fue expedida en el Hospital Central, un gasto que se suma a los medicamentos que debe comprar.

“Perdemos tiempo, dinero y la gente acá se está forrando con la plata del pueblo. Hay que cortar la cabeza de este señor que lleva todo el dinero que se tiene que invertir en la medicina de la gente que necesita”, expresó.

En el caso de Lorenza Sanabria, los medicamentos que no pudo retirar son levodopa y trazodona, recetados a su marido que sufre párkinson. Se quejó que desde hace tres meses no los encuentra en la farmacia y denunció también que le negaron la entrega sin una orden, algo que no era necesario seis meses atrás.

Contó además que para conseguir cita con una neuróloga le piden estar en el centro asistencial a las 3:00 para asegurar un lugar.

“Mi marido cuántos años pagó seguro y ahora no está recibiendo su medicamento. Tiene derecho a recibir su medicamento ahora que está enfermo, para eso la gente sigue pagando, es una joda” manifestó.

Burocracia y fallas digitales en IPS dejan a pacientes cardiacos sin medicamentos

Marcelo Figueredo es un paciente que recientemente se sometió a una cirugía cardíaca y necesita recibir cuatro fármacos específicos, pero solo le dieron la mitad de ellos.

“Desastre, no hay medicamentos. Tenía que retirar cuatro medicamentos y dos nomás me dieron. Uno de ellos cuesta G. 280.000 y tengo que tomar durante un mes. Hay mucha gente que no tiene y muere porque no puede comprar”, lamentó.

Otra asegurada, que se identificó como Nancy Aveiro, comentó que no pudo retirar medicamentos para su madre. Específicamente señaló la falta de hidroxicloroquina y micofenolato y dijo que ante la necesidad los tendrá que comprar, lo cual le demandará un gasto de al menos G. 1.800.000.

“Hace tiempo ya que no hay; un mes se compra y otro mes, no. Es la única forma”, dijo.

Doña Rumilda Gavilán dijo que, si bien ella “tiene suerte” de conseguir casi siempre los medicamentos que le recetan, lamenta que para poder consultar tenga que hacer siempre el esfuerzo de madrugar y hasta formar filas siendo una persona de la tercera edad.

“Para sacar un turno tenés que venir a las 4:00 y a las 6:00 se abre la ventanilla y dos horas prácticamente tenés que esperar, pero es la única forma de asegurar lugar”, contó.

Falta hasta lo más básico

Una madre de familia contó que no encontró medicamentos para tratar una afección respiratoria que aqueja a su niño.

“La última vez no había Analer, prednisona, paracetamol, también compramos una aerocámara. Una vez inclusive no tenían los palitos para revisar la garganta y tuvimos que comprar. Muy triste realmente porque uno mensualmente está pagando su aporte y es triste que no haya medicamento especialmente para los chicos”, dijo Dahiana López.

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Los acusados son los brasileños Glauber Fernández Dubái (42), Adalberto Riveiro Machado (37), Jonathan Da Silva Brum (31), Bruno Wesley Borges Amador (27) y Rhuan Da Silva Aires (24); y los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido (24), Franklin Muñoz Sossa (39), Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38), alias Paye, Ysaias Ayala (30) y Eduin Osinaga Vias (32).

Todos los procesados fueron detenidos durante un allanamiento hecho, en forma conjunta, por el Ministerio Público, encabezado en aquella ocasión por el fiscal Andrés Arriola, y policías del Departamento Antinarcóticos de la Policía, el 23 de febrero de 2024, en la estancia “Allaite”, ubicada en la zona de Sierra León, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay-Chaco, frontera con Bolivia.

Fiscalía afirma que acusados son colaboradores de Sebastián Marset

Para los investigadores, los procesados serían operadores logísticos de la estructura criminal presuntamente liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, desactivada tras la megaoperación A Ultranza Py.

Esta decisión fue apelada por los abogados Daniel Garcete en representación de los acusados Andrés Cuellar, Franlkyn Muñóz, Jesús Muñoz e Isaías Ayala.

NOTICIA EN DESARROLLO

Al concluir la inspección, la institución solicitó de manera urgente a la dirección del penal la clausura inmediata de las celdas de aislamiento en el pabellón de varones.

La medida responde a la falta de condiciones mínimas de habitabilidad, dignidad y seguridad. Según los comisionados, estos espacios no solo son deficientes, sino que representan un riesgo directo de vulneración de derechos humanos, incumpliendo normativas nacionales y tratados internacionales.

La Penitenciaría de Misiones alberga hoy a 1.888 personas, una cifra que refleja la persistente crisis de superpoblación, agravada por una alta proporción de internos bajo el régimen de prisión preventiva.

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Durante el operativo, el equipo técnico evaluó puntos críticos que incluyen:

• Calidad de la alimentación y acceso a salud
• Programas de educación y acceso a la justicia
• Protocolos disciplinarios y prevención de torturas o malos tratos

La delegación estuvo encabezada por el comisionado nacional Camilo Filártiga Callizo, acompañado por los comisionados Oscar Ayala Amarilla, Elba Núñez y un equipo multidisciplinario de técnicos y especialistas.

La orden de cerrar el sector de aislamiento marca un precedente inmediato ante la urgencia de garantizar condiciones de reclusión que respeten la integridad humana y refuercen la supervisión judicial en el sistema penitenciario paraguayo.

Según el documento oficial, el ministro Luis María Benítez Riera ocupará la titularidad, mientras que María Carolina Llanes Ocampos fue designada como miembro suplente.

Esta movida responde al cumplimiento de la Ley Nº 296/94, que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La normativa estipula que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones, permitiéndose la reelección por un solo período consecutivo o alternativo.

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El fin del mandato de Jiménez Rolón

Con el juramento de Benítez Riera hoy ante el Senado, se deja sin efecto la representación anterior. En aquel entonces, los representantes eran Eugenio Jiménez Rolón (titular) y Gustavo Santander Dans (suplente).

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El acta de la sesión plenaria revela que la decisión fue tomada por unanimidad con la presencia de los ministros César Manuel Diesel Junghanns, María Carolina Llanes Ocampos, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Joaquín Martínez Simón, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Enrique Santander Dans.

Tanto la oposición como algunos referentes de la disidencia del Partido Colorado han expresado su rechazo al pedido de permiso y legisladores opositores se han manifestado confiados en que tienen los votos suficientes para rechazarlo.

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En conversación con ABC Cardinal este miércoles, antes del inicio de la sesión de la Cámara Alta, el senador opositor independiente Eduardo Nakayama reiteró la postura de la oposición de que el permiso solicitado por Rivas es inconstitucional debido a que la Constitución Nacional solo prevé el otorgamiento de permisos parlamentarios para legisladores que sean designados para integrar el cuerpo diplomático de la República.

Rivas “se tiene que ir”

El senador Nakayama argumentó que lo que corresponde en el caso del senador Rivas es la pérdida de investidura, pero señaló que difícilmente puedan reunirse los 30 votos necesarios para expulsar al parlamentario colorado del Senado, teniendo en cuenta que aprobar una pérdida de investidura en la Cámara Alta –donde el cartismo tiene mayoría- requiere una mayoría calificada de dos tercios.

En contraste, rechazar el permiso solicitado por Rivas solo requiere una mayoría simple de la mitad de los parlamentarios presentes en la sesión, algo factible si los senadores opositores y los colorados disidentes unen fuerzas.

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“La gente está harta de Hernán Rivas, se tiene que ir”, subrayó el senador Nakayama.

Opositores analizaron no presentarse

El parlamentario comentó que un grupo mayoritario de senadores de la oposición analizó la posibilidad de abstenerse de la sesión de hoy para no darle quorum, pero finalmente se decidió que la bancada opositora participaría, teniendo en cuenta que el cartismo aún podía aprobar el permiso si se reunía el quorum mínimo de 23 legisladores presentes.

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El senador Hernán Rivas es investigado por denuncias que afirman que nunca cursó la carrera de Derecho y que se valió de un título universitario de contenido falso, de una universidad privada, para conseguir ser designado como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de evaluar el desempeño de jueces.

El último informe de Comercio Exterior de Capeco muestra que, al cierre del tercer mes del año, Paraguay exportó 3.026.075 toneladas de soja en grano, que representa una variación positiva de 814.315 toneladas (37 %), en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron 2.211.760 toneladas.

Este volumen generó un ingreso de divisas de US$ 1.156 millones, es decir, un incremento de US$ 342 millones respecto al mismo periodo del año pasado, que fue de US$ 813 millones.

Productos procesados aumentaron

En lo que respecta al aumento de aceites y pellets, la asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, detalló que se debió al mayor volumen de soja disponible para procesamiento, producto de la muy buena campaña agrícola 2025/2026.

Febrero reactiva exportaciones de soja y mejora las perspectivas del sector

Así, hasta marzo fueron embarcadas 133.552 toneladas de aceite de soja (19.746 toneladas más) y 459.191 toneladas de harina (100.727 toneladas más). Los envíos de estos derivados generaron US$ 38,9 millones y US$ 28,1 millones, respectivamente.

Envíos totales suman US$ 1.440 millones

En total, las exportaciones del complejo sojero permitieron un ingreso de divisas de US$ 1.440 millones, frente a los US$ 1.031 millones generados hasta marzo de 2025. Este aumento se explica por el mayor volumen exportado y la mejora en los precios internacionales, explicó Tomassone.

Argentina el principal mercado

En cuanto a los mercados, el 80 % de los envíos tuvo como destino la Argentina, el 10 % a Brasil y el 10 % restante a Arabia Saudita, Estados Unidos, Uruguay y Chile.

Top 10 de empresas

En lo que refiere a las empresas exportadoras, en el boletín del gremio se comprueba que la compañía Bunge tiene una participación del 18 % en los envíos, seguido por Cargill con 16 %, Copagra 10 % y ADM 9 %.

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Además la firma Cofco, 7 %; Francisco Vierci y Agrofértil, 6 %. Le sigue la multinacional LDC con 5 % de incidencia en las colocaciones del rubro, la Cooperativa Colonias Unidas con el 3 % y C. Vale,2 %

La información fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, tras la firma del contrato bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), que se constituye en la segunda obra adjudicada bajo este esquema, luego de la duplicación de la ruta PY02.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, representada por Paul Emile Sarubbi Corina.

Duplicación de la ruta PY01: lo que hay que saber del proyecto tras la firma del contrato

Operación del peaje desde el 5 de abril: Por ahora tarifas no tendrán variaciones

La coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, Rocío Calmejane, explicó que “el 5 de enero de 2026 fue suscrito el contrato de Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, desde esa fecha la operación transitoria se encuentra a cargo del consorcio adjudicado”.

En ese contexto, añadió que “a partir del 5 de abril de 2026 la estación de peaje de Itá es operada por el citado consorcio”.

No obstante, aclaró que el rol del consorcio es exclusivamente operativo. “El rol que cumple el consorcio adjudicado en la estación de peaje es de gestión operativa, lo que implica que la recaudación íntegramente es depositada en un fideicomiso administrado por el MEF y supervisado por el MOPC, de acuerdo con lo previsto en el contrato”, detalló.

Justamente, las recaudaciones serán depositadas en un fideicomiso que se creará exclusivamente para esta obra, donde también se canalizarán los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales con la contratista.

Ruta PY01: Consorcio tiene hasta 2027 para conseguir financiación

Asimismo, la funcionaria resaltó que este cambio no implica variaciones para los usuarios. “Es importante enfatizar que esta operación no implica ningún reajuste en la tarifa del peaje, manteniéndose el mismo valor vigente hasta la fecha”, aseguró.

En cuanto a la infraestructura, el contrato contempla mejoras en el puesto actual y la construcción de uno nuevo. “El contrato prevé la construcción de un nuevo y moderno puesto de peaje el cual reemplazará al existente; hasta tanto, el puesto actual fue mejorado mediante la incorporación de nuevos equipos en el marco de la etapa de operación transitoria”, indicó.

Trabajos en marcha mientras se espera el financiamiento

El proyecto de la ruta PY01 contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 428 millones. El consorcio adjudicado deberá gestionar el financiamiento en el mercado nacional e internacional, para lo cual dispone de un plazo de 17 meses. Además, el contrato incluye el mantenimiento de la vía durante los 30 años de concesión.

Mientras avanza ese proceso, el contrato establece una serie de tareas obligatorias. “Desde la firma del contrato (05/01/26) la SOE debe avanzar en las actividades preparatorias necesarias para el desarrollo del proyecto. Esto incluye el desarrollo de la ingeniería y diseño, la elaboración y tramitación de estudios ambientales y sociales, la obtención de la licencia ambiental, la gestión de permisos y la ejecución de procesos como la liberación de la franja de dominio, que abarca censos, catastro y relacionamiento con las comunidades afectadas”, explicó Calmejane.

Continúan las obras “urgentes” en la ruta PY01, mientras se aguarda su duplicación vía APP

Aseguró que “estas actividades se encuentran en plena ejecución”.

En paralelo, la empresa ya ejecuta tareas sobre la infraestructura existente. “El contrato contempla una fase de operación transitoria sobre la infraestructura existente, la cual se encuentra en plena ejecución desde el 05/01/26”, señaló.

Entre los trabajos que se realizan actualmente se incluyen bacheos, mantenimiento y reposición de señalización, limpieza de la franja de dominio, así como la conservación de condiciones mínimas de seguridad.

También se ejecutan servicios de asistencia a usuarios, como atención de incidentes y accidentes, provisión de grúas, balizamiento, atención de emergencias con ambulancias y recorridos preventivos permanentes mediante móviles de patrulla.

Finalmente, la funcionaria precisó que algunas obras deben iniciarse antes del cierre financiero. “El contrato establece que los tramos 1.1 y 1.3 se iniciarán antes del cierre financiero (agosto y diciembre de 2026, respectivamente), siempre que cuenten con las aprobaciones técnicas, ambientales y de liberación de franja exigidas”, concluyó.

El recurso fue planteado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, encargadas de la causa penal que afronta el parlamentario colorado que integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado; por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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En atención al pedido de informe realizado por la máxima instancia judicial, este miércoles el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la presente causa penal, remitió a la Sala Penal los autos principales del caso; incluyendo el Auto Interlocutorio N° 850 del 10 de octubre de 2025, por el cual declaró la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó a juicio oral la causa solo por el uso de documentos públicos de contenido falso.

Con esto el máximo tribunal inicia el análisis de los argumentos esgrimidos por las agentes del Ministerio Público, en el recurso extraordinario de casación; para resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía y retrotrae el proceso al estadio de audiencia preliminar.

MP pide anular sobreseimiento de Rivas

Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, encargadas de la investigación al senador colorado Hernán David Rivas Román, piden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anule el Auto Interlocutorio (A.I) N° 850 de fecha 10 de octubre de 2025, dictado por el juez de Garantías Miguel Palacios; el A.I N° 102 y el A.I N° 107, ambos del 30 de marzo de 2026, dictados por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro (jubilado desde el 1 de abril).

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Respecto a la resolución adoptada en la audiencia preliminar por el juez Miguel Palacios, las agentes del Ministerio Público califican como “arbitraria” la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, con el argumento que el magistrado incurrió en un error de razonamiento respecto a las porciones fácticas detalladas en la acusación.

En ese sentido Sánchez y Guerrero señalan en el recurso extraordinario de casación que la acusación se basa en estos hechos: la designación de Hernán Rivas como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 3 de junio de 2020, la obtención de la matrícula de abogado, expedida por la Corte, en fecha 7 de junio de 2021; y la designación de Rivas como representante del Senado ante el JEM, el 6 de julio de 2023.

Sin embargo, para declarar operada la prescripción el juez de Garantías Miguel Palacios tomó como porción fáctica la expedición del certificado de estudios de Hernán Rivas, por parte de la Universidad Sudamericana, en fecha 12 de mayo de 2018; y el título de abogado expedido por dicha institución, a favor de Rivas, el 9 de junio de 2020.

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Error de camaristas a favor de Hernán Rivas, según fiscalas

En cuanto a las resoluciones del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, las agentes del Ministerio Público resaltan en el escrito de casación que, para confirmar la resolución del juez Miguel Palacios sobre la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, por unanimidad los camaristas José A. Fernández, Bibiana Benítez Faria y Delio Vera tomaron como porción fáctica el registro del título de abogado de Rivas ante el MEC, en fecha 9 de junio de 2020.

“El órgano revisor de segundo grado analizó porciones fácticas inexistentes en la hipótesis fiscal que en ningún momento fueron objetos del presente procedimiento penal, ni atribuidos en la acusación fiscal al procesado Hernán David Rivas Román”, remarcan las fiscalas en el recurso presentado este martes 14 de marzo ante Sala Penal.

Sobre este punto agregan que con una interpretación “arbitraria y extensiva” los camaristas rompieron la unidad lógica del proceso, incurrieron en una arbitrariedad fáctica al realizar un análisis incompleto, confundieron los hechos acusados por el Ministerio Público con elementos de prueba presentados por la Fiscalía; y se apartaron de manera injustificada de las constancias obrantes en el expediente.

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Las agentes fiscales encargadas de la investigación advierten, en ese sentido, que al momento de conceder la prescripción en base a un relato no atribuido al senador Hernán Rivas, el tribunal de alzada desnaturaliza el alcance de los hechos debidamente establecidos por el Ministerio Público como objeto de la acusación.

Uso del documento falso no está sujeto a la producción

En cuanto al sobreseimiento definitivo del parlamentario colorado, resuelto por Auto Interlocutorio N° 107 del 30 de marzo de 2026, con el voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, la fiscalía señala en el escrito de casación que los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso son tipos penales de carácter autónomo.

En este punto el voto de la camarista Bibiana Benítez Faría indica que “se presenta un dilema de carácter estructural en la construcción del tipo penal del Art. 252 del Código Penal -uso de documento público de contenido falso- pues el tipo objetivo exige necesariamente que el documento público utilizado sea “falso”, es decir, la falsedad del documento constituye un elemento ineludible del tipo penal y no un aspecto meramente accesorio o externo”, según el A.I. N° 107.

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En su voto la magistrada agregó que es en este punto donde radica la dificultad central del caso, ya que a criterio de Benítez Faría, si la producción del documento presuntamente falso ha sido declarada prescripta, ya resulta material y jurídicamente imposible reconstruir penalmente su origen. A dicho argumento de adhirió el magistrado Delio Vera Navarro.

Sobre dichos argumentos el Ministerio Público indica que existe una interpretación arbitraria por parte de los camaristas, en atención a que niegan la autonomía del tipo penal de uso de documentos públicos de contenido falso (Art. 252 del Código Penal) y condicionan la persecución punible del uso del documento a un resultado precedente de comprobación judicial de la existencia de la producción mediata.

Anuncian protestas por retraso en inicio de asfaltado del tramo Quyquyhó–María Antonia

El legislador explicó que, pese al tiempo transcurrido desde la adjudicación, los trabajos han progresado con lentitud, por lo que considera indispensable que el MOPC adopte con celeridad las medidas necesarias para garantizar la finalización de la obra.

Subrayó que esto permitirá asegurar la integración vial efectiva y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

La obra demandará una inversión de G. 88.160.062.554, financiada con recursos del presupuesto del MOPC. El distrito de María Antonia se encuentra a unos 198 kilómetros de Asunción, en el IX departamento. La concreción del proyecto facilitará el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y las actividades productivas, beneficiando no solo a la comunidad local, sino también a toda la región.

Tramo Quyquyhó–María Antonia: obra adjudicada sigue sin iniciar y el camino está intransitable

Según detalla el proyecto, mediante la Resolución N° 2187/2024 del MOPC, de fecha 28 de noviembre de 2024, se adjudicó la ejecución del asfaltado, correspondiente al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024.

El plazo de ejecución establecido es de 24 meses. El contrato fue suscrito por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el representante del Consorcio Santa Lucía, integrado por las firmas Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A., representadas por el ingeniero Edgar Ahrens.

Esta infraestructura del tramo María Antonia–Quyquyhó forma parte del programa de conectividad rural del Gobierno y busca reemplazar un camino de tierra, históricamente intransitable en días de lluvia, por una ruta asfaltada que permita la conexión permanente de María Antonia con la red vial departamental.

Una de las afectadas presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió descubrir que no era la única afectada, sino que varias adolescentes habrían sido víctimas.

La investigación preliminar reveló que el docente también ejercía maltrato verbal hacia el curso, utilizando vocabulario y gestos inapropiados para el ámbito educativo.

Fiscalía investiga supuesto hecho de abuso sexual contra menor en San Ignacio

La directora departamental de Educación, Feliza López, informó que se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención al Ministerio Público para una investigación exhaustiva. “El profesor ya fue apartado del cargo mientras dure el proceso”, aseguró.

“Los alumnos manifestaron haber recibido maltrato, con palabras y gestos no adecuados. Se siguieron todos los pasos: entrevistas con los estudiantes y el docente, y luego se informó a la Fiscalía y al Ministerio de Educación y Ciencias”, explicó Lopez.

Los hechos involucran a estudiantes del nivel medio de un colegio de la ciudad. Las jóvenes que denunciaron el acoso sexual tienen entre 15 y 16 años de edad.

“Si es que no nos responden tenemos que volver a insistir. Este acuerdo no pasó por el Congreso y desconocemos el contenido del acuerdo”, indicó el diputado Cleto Giménez, presidente de la Comisión de Migración y Desarrollo.

Seguidamente, remarcó que esto es preocupante porque no tienen conocimiento de ese acuerdo y lo que que solicitan es que se les explique el contenido del mismo.

“Todos, inclusive la ciudadanía, necesitan saber qué dice ese acuerdo”, finalizó el legislador.

Extranjeros rechazados por Estados Unidos pueden pedir refugio en Paraguay

El acuerdo

Paraguay y Estados Unidos implementaron un nuevo acuerdo migratorio que posiciona a Paraguay como un punto clave en la gestión de flujos migratorios del hemisferio.

Este convenio, que se ha desarrollado en varias fases desde 2025, se centra en los siguientes puntos:

• Recepción de migrantes no admitidos: Paraguay ha aceptado recibir a grupos de migrantes que no fueron admitidos por Estados Unidos. Se reporta que el primer grupo de 25 personas llegará este jueves 23 de abril de 2026.
• Repatriación y tránsito: El país funcionará como un centro de tránsito para facilitar la repatriación de estos migrantes a sus países de origen o a un tercer país, colaborando con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU.
• Trámite de asilo (“tercer país seguro”): Bajo este acuerdo, Paraguay permite que solicitantes de asilo que están actualmente en EE.UU. puedan tramitar sus pedidos de protección internacional desde territorio paraguayo, compartiendo así la gestión de la inmigración ilegal.
• Costo cero para el Estado: El Gobierno paraguayo ha indicado que este proceso no representará un costo económico para el país, ya que la logística cuenta con el apoyo de la administración estadounidense.

Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo con Paraguay

Este memorando de entendimiento amplía una cooperación ya existente firmada en agosto de 2025 entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) y las autoridades de EE.UU. para fortalecer la seguridad regional

Los desconocidos exigieron en todo momento a la propietaria, Carmen Patricia Galeano (29), la entrega del dinero rapiñado tras el siniestro aéreo. Sin embargo, al no encontrar lo buscado, se retiraron rápidamente del lugar a bordo de un vehículo Toyota Premio, color plata. La víctima formalizó la denuncia ante la Policía Nacional y el hecho fue comunicado al Ministerio Público.

A estos episodios se suman denuncias en redes sociales de presuntos procedimientos irregulares por parte de policías cuando la comitiva fiscal-policial aún estaba en pleno procedimiento.

Ese día, una vecina identificada como Inmaculada Duarte, quien participó en el rescate de los heridos, manifestó que los agentes policiales ingresaron de manera violenta a su vivienda y que, además, le habrían propuesto repartirse el botín. En otros casos, los policías abandonaron las viviendas ajenas tras ser filmados por los vecinos.

El accidente

El accidente aéreo ocurrió el sábado pasado, cuando una avioneta que transportaba aproximadamente 5 millones de dólares cayó en el asentamiento San Isidro, en el kilómetro 26 de Minga Guazú, en las inmediaciones del aeropuerto Guaraní. Tras el accidente, una multitud de vecinos, rescatistas y agentes policiales llegó al sitio, momento en el que se produjo el saqueo de parte del dinero esparcido en el lugar, que oscilaría entre 1,5 a US$ 2 millones.

Operativo oficial

En el marco de la investigación, el Comando Tripartito de la Policía Nacional realizó ayer cinco allanamientos en viviendas de la zona, pero no hallaron el dinero buscado. Sin embargo, aseguran que accedieron a datos que podrían vincular a algunos vecinos con la desaparición del dinero.

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La falta de trabajos de levantamiento de terraplén y la no colocación de sistemas de desagüe posibilitaron que, en menos de 24 horas tras la llegada de este diluvio, los caminos quedaran convertidos en verdaderos riachos. Las aguas también se desbordaron sobre los campos ganaderos, afectando la producción animal.

Las lluvias registradas a inicios de esta semana se concentraron en las mismas zonas ya inundadas del departamento de Alto Paraguay. Hasta la fecha, se reporta un acumulado superior a los 500 mm de agua en esos sectores, lo que provoca que la inundación se extienda a más kilómetros de caminos y campos ganaderos.

Doña Blanca de Ayala, cuya estancia se encuentra en esta franja de intensas precipitaciones, señaló que la situación se volvió incontrolable. “No tenemos piso seco en la casa, ni siquiera para poder cocinar”, expresó la mujer, quien comentó que tuvo que cabalgar durante tres días para salir del lugar y llegar hasta la localidad de Puerto Guaraní (a unos 150 kilómetros), de donde es oriunda, en busca de asistencia sanitaria.

Posteriormente, fue trasladada hasta la ciudad de Concepción para recibir una mejor atención médica debido a una dolencia de salud. La pobladora afirmó que es impresionante la gran cantidad de agua acumulada en la zona, señalando que no existen lugares secos para resguardar al ganado, por lo que las pérdidas económicas podrían ser inimaginables.

Otros establecimientos ganaderos, también afectados por la inundación, buscan sectores más altos dentro de sus propiedades, en potreros libres de agua, donde trasladan a los vacunos con el objetivo de evitar mayores pérdidas en la producción animal.

Camino alternativo

Atendiendo a que las aguas de lluvia inundaron el camino público para salir o llegar a las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, y considerando que las precipitaciones no fueron tan intensas en estos distritos, existen caminos privados alternativos que permiten intentar una salida hacia un tramo de la Ruta Bioceánica, ya en el departamento de Boquerón. Sin embargo, persisten múltiples trabas para el uso de estos trayectos, que se encuentran custodiados por guardias privados.

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Estos caminos atraviesan propiedades privadas pertenecientes a empresas ganaderas, cuyos propietarios se encargan de mantenerlos transitables. Por este motivo, existen varios portones con llave, vigilados por personal contratado por los productores.

Para circular por estos tramos es necesario contar con la autorización de los encargados, ya que no se trata de caminos públicos. Esta situación genera conflictos con algunos conductores, a quienes se les niega el paso debido, en muchos casos, a actitudes prepotentes.

Cabe recordar que en 2025, durante el aislamiento que se extendió por más de 100 días, fueron los mismos ganaderos quienes contribuyeron a sostener el reabastecimiento de mercaderías para las comunidades, mediante el uso de estos caminos. No obstante, dichas vías quedaron seriamente deterioradas y nuevamente los productores, sin apoyo estatal, asumieron su reparación.

La decisión fue tomada por la DNCP mediante la Resolución 1006/26, dictada el pasado 10 de abril de 2026, tras una protesta promovida por la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.).

El conflicto se inició en marzo, cuando la empresa recurrente impugnó el pliego argumentando irregularidades en las especificaciones técnicas, la experiencia requerida y la capacidad financiera exigida a los oferentes. Ante esto, la DNCP ordenó inicialmente la suspensión del llamado mediante la Resolución 652/26, lo que impidió que la apertura de ofertas —prevista originalmente para el 13 de marzo y luego reprogramada para el 31 de marzo— pudiera concretarse.

Finalmente, la autoridad de control decidió hacer lugar parcialmente a la protesta, obligando a la ANDE a introducir modificaciones en el PBC antes de continuar con el proceso. Esta resolución mantiene la suspensión del llamado hasta que la empresa estatal publique la adenda correspondiente con los cambios ordenados, asegurando la transparencia y la libre competencia en el proceso de arrendamiento de infraestructura eléctrica.

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Freno de Contrataciones Públicas

El proyecto se estructura bajo la modalidad de leasing operativo, una figura financiera que permite a la ANDE utilizar la infraestructura mediante el pago de cuotas periódicas.

Según el PBC, el contrato contempla 144 cuotas mensuales de un monto estimado de US$ 264.844, sumando un total de US$ 38.137.536 solo en concepto de alquiler. Además, se prevé un valor residual de US$ 2.500.000 al finalizar el periodo, lo que completa el monto total de la inversión prevista.

La directora de Contrataciones Públicas de la ANDE, Liliana Ortiz, confirmó que el proceso se encuentra en una etapa de readecuación técnica tras el fallo de la DNCP. “Se levantó la protesta y ahora se está tramitando la adenda de nueva fecha de apertura. Apenas se publique en el portal estará la nueva fecha, o sea, no se realizó aún la apertura de las ofertas”, señaló la funcionaria.

El centro de la controversia radicó en las barreras de entrada que, según la protestante, limitaban la participación de empresas locales.

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Si bien la DNCP rechazó algunos puntos de la impugnación por falta de pruebas contundentes sobre supuestos direccionamientos, reconoció que ciertos aspectos del pliego debían ser corregidos para ajustarse a la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Detalles de la inversión millonaria de ANDE

La futura Subestación Autódromo de 220 kV es considerada una obra estratégica para el refuerzo del sistema eléctrico en la zona metropolitana. El pliego modificado deberá ser cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en los próximos días. El lugar de apertura de ofertas se mantiene en el Salón Auditorio de la sede central de la ANDE, sobre la avenida España, una vez que se oficialice el nuevo cronograma.

Los US$ 40 millones en juego generan una fuerte expectativa en el sector de la construcción electromecánica. Cabe destacar que la visita técnica obligatoria ya se cumplió el pasado 5 de marzo, donde varias empresas interesadas pudieron verificar el sitio de las obras.

Sin embargo, la resolución de la DNCP obliga a que cualquier cambio en las especificaciones sea comunicado equitativamente a todos los potenciales oferentes para garantizar la igualdad de condiciones.

Por ahora, el tablero de la DNCP marca que la Licitación Pública Nacional Lp1841-25 sigue en estado de “suspensión por protesta”, a la espera de que la ANDE cumpla con lo ordenado en la resolución del Dr. Agustín Encina Pérez, titular de la Dirección Nacional.

Precisó que, hasta anoche, tenían asegurados 10 votos de colorados disidentes. “Hasta ayer, con la disidencia colorada y la bancada democrática, teníamos más de 23 votos”, dijo.

Mientras tanto, desde el sector cartista se asegura que cuentan con los votos para beneficiar a Rivas. La definición sobre el permiso del legislador se dará hoy, en una sesión del Senado que está marcada por la presión política y el creciente reclamo ciudadano contra la impunidad.

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Temor a fugas, pero con mayor presión ciudadana

No obstante, advirtió sobre el riesgo de una eventual “fuga” de votos, aunque destacó que los legisladores están “más conscientes” del reclamo ciudadano contra el abuso de poder.

“Basta, ya estamos hartos de este abuso de poder, que se vaya Hernán Rivas a su casa”, dijo.

Martínez no descartó que el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), esté operando para sostener a Rivas.

“Ayer a la tarde, después de nuestra reunión de la bancada democrática, teníamos más de 23 votos y hoy vamos a comprobar o no. De todas maneras, cada uno es responsable de su posición”, expresó.

Renuncia o expulsión, las opciones sobre la mesa

La senadora remarcó que la postura de la oposición es clara: “Permiso no, renuncia”.

En caso de que Rivas se niegue a dimitir, señaló que el cartismo deberá aportar los votos necesarios para avanzar en la pérdida de investidura.

“No tiene salida. Renuncia o vemos los votos para la pérdida de investidura”, mencionó.

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Indicó que se requieren 30 votos para concretar la expulsión del legislador de la Cámara Alta y advirtió que, si no prospera ninguna de las dos vías, la oposición insistirá en instalar el tema en cada sesión.

El presidente del Conare, Carlos Vera, informó que se espera la llegada de hasta 25 personas por mes. Las mismas serán sometidas a los procesos migratorios habituales y se gestionará el regreso a sus países de origen o el otorgamiento del estatus de refugiadas a las que son objeto de algún tipo de persecución en sus países.

Hasta el momento se desconocen las nacionalidades de los migrantes que llegarían mañana desde Estados Unidos.

Convenio “absolutamente irregular”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) volvió a cuestionar la validez del convenio migratorio firmado por el Gobierno paraguayo con Washington y señaló que esa firma se dio sin que el asunto sea puesto a consideración del Conare o remitido al Congreso Nacional para el acuerdo constitucional correspondiente.

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Subrayó que el convenio es “absolutamente irregular” y la decisión de firmarlo se tomó “fuera de la instancia correspondiente”, con el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicándose la representación del Conare.

El senador Filizzola señaló esa situación al presentar su renuncia al Conare, que integraba como representante del Senado.

¿Quiénes vendrán a Paraguay?

El legislador opositor señaló que, históricamente, Paraguay ha sido un país “generoso” y “muy amigable con el refugio”, y manifestó que en lo personal está “a favor del refugio y del asilo, toda vez que se ajuste al derecho internacional”.

Sin embargo, señaló que la poca transparencia con la que se está manejando el asunto del desvío de migrantes de Estados Unidos a Paraguay genera incertidumbre sobre el tipo de personas que Paraguay podría estar acogiendo a pedido de Washington.

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“Son personas que para Estados Unidos no califican para la condición de refugiados”, indicó y recordó que el otorgamiento del estatus de refugiado se rige por parámetros internacionales. “Si no califican para Estados Unidos, ¿por qué calificarían para Paraguay?”, cuestionó.

Gobierno paraguayo “subordinado”

El senador Filizzola opinó que, al suscribir el convenio, el Gobierno paraguayo está subordinándose a una política migratoria “totalmente ajena” a la suya, como es la del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Finalmente, el legislador se hizo eco de otras voces de la oposición que han afirmado que la firma del convenio y la aceptación de parte de Paraguay de migrantes rechazados por Estados Unidos es un “pago de favores” a Washington de parte del gobierno del presidente Santiago Peña.

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“Eso es lo triste, que un país como el nuestro tenga que pagar favores para personas particulares”, dijo.

Específicamente, actores de la oposición han especulado que se trata de una medida tomada por el gobierno paraguayo para favorecer al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien el gobierno de Trump levantó el año pasado sanciones que el anterior gobierno estadounidense le había impuesto tras acusarlo de supuestos hechos de corrupción.

En el año 2026, por la nueva Ley N° 7544, se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de instituir hasta tres feriados adicionales por año. Además, fue creado un nuevo feriado, el del 20 de junio por el Día de la Constitución Nacional.

El año 2026 arrancó con un feriado inamovible, el jueves 1 de enero, que es feriado nacional fijo.

El mes de febrero, el más corto del año, no tiene ningún feriado, y como el año no es bisiesto, cuenta con solo 28 días.

Feriados en marzo y abril

Marzo también arrancó con un día de conmemoración, que cayó domingo, pero gracias a un decreto el feriado por el Día de los Héroes, fue trasladado del domingo 1 de marzo al lunes 2 de marzo. Se creó así el primer “finde largo” del año, perfecto para un break postvacaciones y presemana santa.

El 1 de marzo se conmemora el Día de los Héroes, en homenaje a la valentía y sacrificio de los héroes y mártires que lucharon por la independencia y libertad de Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza, entre ellos el Mariscal Francisco Solano López, quien fue ejecutado por el ejército brasileño el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá.

Semana Santa en abril

Ya se celebraron los únicos dos feriados previstos para el pes de abril, gracias a la Semana Santa: el jueves 2 y el viernes 3 de abril, es decir los días Jueves y Viernes Santo, según el calendario litúrgico.

Mayo: un “finde” largo y otro XXL

Mayo empezará también con un feriado, el del viernes 1 de mayo, en el que se conmemora el Día de los trabajadores a nivel internacional, día en que ejecutaron públicamente a trabajadores que exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas en Chicago, Estados Unidos.

Además, mayo continúa con fechas festivas 14 y 15 de mayo, en las que se celebra el Día de la Independencia de Paraguay del reino de España. También el 15 de mayo se celebra el Día de la Madre. Estos feriados caen jueves y viernes en el 2026, con lo cual queda configurado un bienvenido fin de semana XXL.

Junio viene con dos feriados

Junio cuenta con un feriado el viernes 12, día en que se celebra la firma de la Paz del Chaco, luego de tres años de conflicto por el territorio chaqueño con Bolivia, que se inició en 1932. Este es un feriado móvil, que en el 2025 se trasladó a un lunes para extender el fin de semana.

A este feriado ahora se suma el del 20 de junio, que tendrá lugar un sábado, primera vez que se celebrará el día de la Constitución Nacional, según la nueva ley.

Feriados por el Mundial 2026

Además de las dos fechas establecidas, también están los tres feriados que se pueden adicionar por decisión del Poder Ejecutivo.

Estos se establecieron debido a la posibilidad de que la selección Paraguaya de fútbol clasifique en el proceso de eliminatorias del Mundial 2026 y pase a las siguientes instancias.

El mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio, por lo que las fechas en las que se designen estos feriados caerían en ese lapso, según disposición del Poder Ejecutivo y dependiendo de la fortuna.

Gobierno traslada el feriado del 1 de marzo al lunes 2 de marzo

Vacaciones de invierno en Paraguay: cuándo son

Julio no tiene feriado. Será un mes entero de 31 días sin descanso. Sin embargo, es el mes de las esperadas vacaciones de invierno, de las que disfrutan los alumnos y trabajadores de la educación.

Estas están fijadas oficialmente por el Ministerio de Educación del lunes 13 al viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27.

Fundación de Asunción y Batalla de Boquerón

En agosto se conmemora la Fundación de Asunción el día 15, que cae sábado en el 2026.

La Batalla de Boquerón fue una de las batallas clave en la Guerra del Chaco, donde tropas bolivianas tomaron el Fortín Boquerón, duró 20 días y culminó el 29 de septiembre de 1932 con la recuperación del fortín por parte del Ejército paraguayo. Por eso, se celebra con un feriado cada año, que en el 2026 tendrá lugar un martes. Este es uno de los feriados móviles que podría ser trasladado por el Poder Ejecutivo.

Octubre y noviembre, sin feriados

Octubre y noviembre tendrán 31 y 30 días respectivamente sin feriados, como todos los años, haciendo de los mismos los más largos, aunque en octubre es tradicional preparar y comer el “jopara”, platillo con legumbres, verduras y algunas veces carne, que se consume para atraer abundancia y espantar al “Karai octubre”.

Diciembre, un mes festivo con dos feriados

El 8 de diciembre se celebra el día religioso más importante del Paraguay, la fiesta de la Virgen de Caacupé, que en 2026 se conmemorará un martes, extendiendo el fin de semana, para que los fieles promeseros acudan hasta la capital de la fe en su día.

El último feriado del año será Navidad, que caerá un viernes 25 de diciembre, dando fin a los feriados y al año.

El legislador argumentó que el pedido se sustenta en lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Nacional, que contempla condiciones específicas para la concesión de permisos a parlamentarios.

Según explicó, existen antecedentes: “Hay unos 20 casos en los que se han concedido permisos, como el caso de salud de Fernando Lugo, entre otros por razones particulares”.

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En ese sentido, Chase sostuvo que consideran que la solicitud de Rivas “se encuadra dentro de ese marco” y será evaluada en sesión.

Dudas sobre el quórum y los votos

Respecto a la viabilidad del pedido, el líder cartista indicó que confían en reunir los votos necesarios, aunque evitó dar certezas. “Creemos que sí, pero eso se va a ver en el momento del quórum”, expresó.

Añadió que mantienen conversaciones con sectores aliados, especialmente dentro del movimiento Honor Colorado, con el objetivo de garantizar la aprobación del permiso.

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Pese al respaldo institucional, Chase reconoció que dentro del propio oficialismo existen voces que pidieron la renuncia de Rivas. Entre ellos mencionó al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, aunque aclaró que desconoce el alcance de esas conversaciones.

“Varios colegas le han pedido la renuncia”, admitió, pero remarcó que se trata de gestiones individuales y no de una postura oficial de la bancada.

“Mochila pesada” y desgaste político

Consultado sobre el impacto político del caso, Chase fue directo: la exposición mediática de Rivas genera un peso significativo dentro del cartismo.

“La exposición mediática que tiene Hernán Rivas hace que tenga un peso político específico su situación”, señaló, admitiendo implícitamente el desgaste que enfrenta el bloque.

De esta manera, el bloque no avalará la estrategia del cartismo en la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

A través de sus redes sociales, el precandidato a la presidencia para las elecciones del 2028 por el partido colorado Arnoldo Wiens destacó la medida tomada por la disidencia de su partido.

“Valoro la postura de los senadores de la disidencia, como también la de los demás sectores democráticos, en el sentido de apoyar la pérdida de investidura de Hernán Rivas”, señala en su escrito.

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Para finalizar, dejó en claro que “no corresponde el permiso, ni que esté un día más en la Cámara de Senadores”.

El cartismo busca aprobar por mayoría simple el permiso para Rivas, en una jugada similar a la aplicada en el caso del senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal.

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No obstante, Maidana subrayó que mantiene una postura realista respecto a sus aspiraciones. Señaló que los cargos de alta responsabilidad pueden concretarse o no, por lo que evita generar expectativas excesivas. “Soy bastante realista, si no sale eso, trataremos, como dice Arturo Martínez (exgobernador de Misiones), si Dios nos da salud todavía, jugar nuevamente por un lugar en la Cámara de Senadores”, manifestó el parlamentario.

En otro momento, el senador Derlis Maidana mencionó que en su momento tuvo un fuerte interés en asumir como ministro de Educación. Sin embargo, aclaró que nunca condicionó ni solicitó dicho cargo al presidente de la República, Santiago Peña, y que tampoco lo hará en el futuro, manteniendo así una postura de respeto institucional dentro del ámbito político.

Respecto a las definiciones políticas, Maidana indicó que estas se darían luego de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo. Señaló que dentro de la bancada de Honor Colorado en el Senado, la propuesta de candidatura podría comenzar a definirse en el transcurso de la próxima semana, dependiendo del consenso interno entre los legisladores.

Finalmente, relató que durante una reunión en Mburuvicha Roga, en la que participaron el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se le mencionó como posible candidato. Según explicó, referentes como Bachi Núñez, Beto Ovelar y Nano Galaverna habrían acercado su nombre al mandatario. No obstante, aclaró que, a nivel oficial, aún no existe ninguna definición concreta sobre la candidatura.

En ese sentido, explicó que el Senado deberá reunirse para determinar si se presentarán uno, dos o tres nombres para ser considerados por Horacio Cartes y Santiago Peña. Posteriormente, se definirían los candidatos finales. Este proceso podría desarrollarse la próxima semana, aunque advirtió que la cargada agenda legislativa actual podría dificultar el tratamiento simultáneo de todos los temas.

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De acuerdo con los pasajeros, la espera puede extenderse entre una hora y una hora y media, especialmente en horarios pico, lo que complica seriamente la llegada puntual a sus destinos.

“Me enoja esta situación porque me levanto temprano para llegar al trabajo, pero el bus me dificulta eso”, expresó una usuaria que aguardaba desde hacía una hora una unidad con destino a la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

La pasajera explicó que sale de su casa a las 06:00 para intentar llegar a las 08:00 a su lugar de trabajo, aunque las demoras afectan cumplir con su horario de entrada.

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Buses llenos no paran en las paradas

Otro de los principales reclamos es que los colectivos no se detienen en las paradas debido a que ya circulan completamente llenos, lo que obliga a los usuarios a esperar varias unidades antes de poder abordar.

Esta situación se agrava por la escasez de buses en circulación, lo que incrementa la congestión y la incomodidad de los pasajeros.

A las reguladas se suma el deterioro de la infraestructura. Los usuarios denunciaron que muchas paradas cuentan con techos incompletos, lo que impide resguardarse de la lluvia o del intenso calor.

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Además, los asientos se encuentran en pésimas condiciones, lo que evidencia una falta de mantenimiento que impacta directamente en la calidad del servicio.

El TSJE concluye que corresponde aceptar la dimisión y registrar la decisión en sus dependencias. Además de curso al pedido, dejaron constancia formal de la vacancia.

El expediente ya fue remitido al Congreso para su conocimiento y efectos administrativos.

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Reemplazo de Rivas

Borba debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas, una vez que el Senado aprobara el pedido de permiso.

El pedido de apartamiento temporal se da en medio de cuestionamientos públicos sobre la validez de su título de abogado, lo que ha generado presión política y mediática.

Pese al escándalo, él afirma que va a llevar a testigos para confirmar que sí es abogado. Abogados constitucionalistas señalan que el permiso que mañana pretende conceder el pleno del Senado al senador Rivas sería inconstitucional, ya que la Carta Magna solo contempla permisos para legisladores en casos específicos, como asumir funciones en el servicio exterior y ejercer como ministro del Poder Ejecutivo.

La salida de Borba despeja el camino para que el director general de la Conajzar y exdiputado Carlos Liseras asuma en reemplazo de Rivas.

Según Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, esto ya está afectando al sector industrial del cuero en Paraguay.

“Es una pena lo que está sucediendo, es una distorsión total de la realidad que vivimos acá en Paraguay. Estas ONG se pasan escribiendo artículos como si fuera que ellos conocen el Chaco paraguayo, la forma de trabajo del Paraguay”, declaró.

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Agregó que esto fue impulsado por organizaciones no gubernamentales que, según sostienen, no tienen la información completa de la producción de cuero en el Chaco.

“Es algo que se les escapó de las manos a estas ONG, porque esta es una industria pujante que anteriormente se convertía en accesorios de cueros más lujosos de toda Europa y hoy por ONG que están distorsionando totalmente la realidad del trabajo a nivel local, eso está yendose a pérdida”, lamentó.

Contó que se reunió con el presidente de la Cámara Paraguaya de Cuero y le relató que construyeron una industria por décadas y ahora la misma está viéndose afectada por “falacias”. Señaló que ante esta situación, el embajador paraguayo en Inglaterra se está reuniendo con estas organizaciones no gubernamentales involucradas para intentar “revertir” la situación.

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“Estamos intentando destrabar estos argumentos con documentos, tecnología, con historia... Vamos a ver si podemos concretar una ganancia con toda la industria del cuero. Estamos trabajando para poder habilitar de vuelta el cuero paraguayo en Europa”, sostuvo en ABC Cardinal.

Agregó que hoy las industrias de lujo que antes compraban a Paraguay están adquiriendo el cuero de Brasil, que tiene una realidad “igual a la paraguaya”, pero que las ONG están “vinculadas a las tendencias ideológicas de Brasil”.

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El ministro insistió en que es una “falacia” decir que la industria está impulsando la destrucción del hábitat del pueblo Ayoreo Totobiegosode.

“Quieren hacer un articulo de la realidad de un país desde la computadora y con Wikipedia, es una irresponsabildiad y eso está costando trabajo para paraguayos y está costando ingresos para toda una industria que se ha desarrollado con las mejores prácticas y que ha generado clientes y los clientes más exigentes en Europa y, lastimosamente, estos clientes están con las manos atadas porque sus clientes son marcas internacionales, marcas premium del mundo que no pueden exponerse a un relato que las ONG dan, porque sabemos que vivimos en un mundo de percepciones, aunque no sea una realidad, por supuesto que esas marcas quieren resguardarse”, manifestó.

Nueva plataforma que garantizará trazabilidad

En este contexto, contó que recientemente lanzaron el sistema RETSA, la red de trazabilidad socioambiental donde los establecimientos ganaderos podrán vincular su establecimiento con la red de INFONA y Senacsa, lo cual permitirá demostrar que las tierras cumplen con todas las exigencias de la Unión Europea en el marco de las nuevas normativas de la UE.

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“Esto nace con el reglamento 1115 y, con el principio de que cada país es libre de poner las exigencias que quiere, hicimos un trabajo multidisciplinario para lanzar este sistema de trazabilidad gratis para los establecimientos ganaderos. Con un clic, un importador europeo puede darse cuenta si la carne o el cuero cumple con las normativas de la UE, por ejemplo relacionadas con el trabajo infantil y el perjuicio a las tierras indígenas”, detalló.

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El Chaco defiende legalidad de la producción agroganadera

Paralelamente, la Plataforma de Desarrollo Sostenible del Chaco manifestó su rechazo a publicaciones que considera “infundadas, confusas y carentes de sustento técnico” sobre la producción agroganadera en la región. El espacio, coordinado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e integrado por sectores públicos, privados, académicos e indígenas, cuestionó especialmente un artículo difundido recientemente por la prensa.

Según el comunicado, las afirmaciones de las ONG presentan generalizaciones que no especifican áreas concretas del Chaco paraguayo, omitiendo datos clave como departamentos o distritos. Además, critica el uso del término “tierras indígenas” sin respaldo de informes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), organismo competente en la materia, lo que —afirman— genera confusión en la opinión pública.

El documento también rechaza la caracterización de empresas como “invasoras ilegales”, asegurando que muchas de ellas operan en la región desde hace más de un siglo. En ese sentido, sostienen que estas actividades han sido históricamente relevantes para el desarrollo y la soberanía nacional, además de ejecutarse dentro del marco legal vigente.

La plataforma recordó que cuestionamientos similares ya habían surgido en años anteriores en relación con la producción y exportación de cuero bovino. Y en múltiples ocasiones, instituciones como el MADES, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) habían ratificado el cumplimiento de las normativas ambientales y la trazabilidad de los procesos productivos.

Finalmente, el comunicado enfatiza que el desarrollo del Chaco paraguayo se realiza bajo estándares de sostenibilidad y en cumplimiento de la legislación nacional. También destaca que comunidades indígenas, como los pueblos ayoreos, participan en programas de servicios ambientales que les permiten obtener beneficios económicos por la conservación de sus bosques, en el marco de la Ley N° 3001/2006.

“Este es un acuerdo de cooperación operativa; no requiere la intervención del Congreso para su aprobación. Es un memorándum de entendimiento. Sí hemos recibido solicitudes de información y hemos respondido a esas consultas”, señaló.

Vera recordó que el acuerdo migratorio de cooperación entre los gobiernos de Santiago Peña y Donald Trump fue firmado el pasado 19 de febrero y, en ese sentido, destacó que dentro de la colaboración que Paraguay ofrece en el marco de los Derechos Humanos apoyará el traslado ordenado y seguro de estas personas.

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“Nosotros, como firmantes de acuerdos de cooperación con organismos internacionales, en este caso la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) Ellos se encargarían de todo este proceso, desde la llegada, su estadía hasta su retorno final. No va a haber ninguna partida presupuestaria de parte del Gobierno para proceder en ese sentido”, explicó.

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Rechazados por EE.UU. pero refugiados en Paraguay

Carlos Vera explicó que los extranjeros que lleguen al país en el marco del acuerdo con los Estados Unidos no estarán en carácter de detenidos y permanecerán en un régimen de estancia transitoria, hospedados en un hotel céntrico, aunque añadió que estarán bajo monitoreo de la OIM que “se apoyará” en la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones para garantizar el libre tránsito de estas personas hasta que puedan regresar a sus países.

“Uno de los condicionamientos es que sean de habla hispana y no tengan antecedentes policiales. Estas personas son aquellas que en algún momento ingresaron a los Estados Unidos y su procedimiento administrativo en el tema migratorio no ha sido concluido o no va a concluir por haber violado las leyes migratorias (...) Entonces se canaliza esto de manera segura y Paraguay ofrece esta colaboración para garantizar los Derechos Humanos”, reiteró.

Reconoció que, durante ese lapso, los extranjeros eventualmente pueden pedir refugio en nuestro país, aunque para ello hay procedimientos establecidos por la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), como entrevistas y verificación de la información proveída por los solicitantes.

Añadió que, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) está realizando una guía de oportunidades y capacitaciones en el caso de que estas personas manifiesten su intención de quedarse en Paraguay.

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¿Cómo se controla quién viene?

El funcionario explicó que las personas vienen al país con sus documentos de origen, los cuales fueron previamente invalidados por Estados Unidos.

“La identidad va a permanecer como garantía de que la persona es realmente la que está viniendo, por eso uno de los requisitos que Migraciones exige es que tenga un documento de identidad de origen: pasaporte o cédula de identidad. Caso contrario, se analizará si tiene otro tipo de documento, pero con la potestad de rechazarlo”, dijo.

Vera dijo que los datos son proveídos por la Embajada de Estados Unidos con una antelación mínima de 72 horas y chequeados por Migraciones y la Policía Nacional. Añadió que el acuerdo condiciona la cantidad de extranjeros enviados, estableciendo un número de 25 personas por vuelo.

Los camiones parados acaparaban un carril del sentido Mariano-Limpio de la ruta, dejando un solo carril libre para el tránsito. En consecuencia, se produjo una congestión de vehículos de aproximadamente cuatro kilómetros, que llegaba hasta el centro de Limpio.

Los camiones varados transportan soja y esperaban ingresar a un puerto privado en la zona de Surubi’y para descargar los productos que llevan.

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Uno de los camioneros, quien se identificó como Lucas y manifestó haber llegado desde el departamento de Alto Paraná, dijo a ABC Color haber estado varado sobre la ruta desde la noche de ayer, martes.

Al intentar interceptarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a gran velocidad; sin embargo, tras una persecución de aproximadamente cinco kilómetros, los agentes lograron alcanzarlo e interceptar el vehículo. Allí fue detenido Daniel Piris López (32).

El vehículo es de la marca Mitsubishi, color blanco, año 2023, con chapa AATP 837, alquilada a la firma WM GROP S.A.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron a simple vista varios bultos envueltos en polietileno negro en el habitáculo.

Posteriormente, tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial para el procedimiento de rigor. En total, se incautaron nueve paquetes con marihuana prensada con un peso de 267,8 kilogramos.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.

El hombre se negó a proporcionar mayores detalles y se limitó a decir que fue contratado para trasladar la carga de un punto a otro, a cambio de una suma de dinero.

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, en un año en el que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una dinámica favorable del consumo.

En el 2025, las ganancias del sector bancario fueron de G. 5,7 billones (US$ 863 millones), que representó un incremento del 8% en comparación al periodo 2024, en un periodo en que la economía creció 6,6%.

Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados al público

Las entidades bancarias obtuvieron ingresos de G. 243.906 millones (US$ 38 millones) en concepto de interés por la captación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP) entre enero y marzo del presente año, y aunque el monto del interés se redujo en el último año, sigue siendo una entrada importante de ingresos para las entidades bancarias y sin mayores riesgos, en comparación a la colocación de recursos al público (créditos).

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¿Cuáles fueron las entidades con mayores ganancias?

Las entidades con mayores ganancias al primer trimestre del año son:

• Itaú con G. 329.343 millones (US$ 50,6 millones)
• Continental, con G. 328.614 millones (US$ 50,5 millones)
• GNB Paraguay, con G. 127.085 millones (US$ 19,5 millones)
• Banco Nacional de Fomento, con G. 120.067 millones (US$ 18,4 millones)
• Sudameris, con G. 114.040 millones (US$ 17,5 millones)
• Ueno bank, con G. 109.208 millones (US$ 16,8 millones)
• Familiar, con G. 105.929 millones (US$ 16,2 millones)

La brecha de nuestro país respecto a los países de la región fue uno de los ejes centrales del encuentro “Saneamiento para el Desarrollo: Decisiones estratégicas para cerrar la brecha” que se realizó ayer por la tarde, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante el evento, en la Casa de la Integración CAF, autoridades nacionales y referentes regionales coincidieron en que el país enfrenta un atraso crítico en obras cloacales, pese a su sostenido crecimiento económico.

La directora de Agua y Saneamiento del MOPC, Claudia Crosa, expuso con datos contundentes la disparidad en la inversión pública. Es que nuestro país duplicó su red vial en una década, pero el saneamiento básico quedó en el olvido.

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Según detalló Crosa, la red de rutas pavimentadas pasó de 5.857 km en 2015 a unos 10.593 km en 2025, lo que representa un crecimiento del 82%. En contraste, “el alcantarillado sanitario apenas creció del 10% al 16%, y el tratamiento de aguas residuales del 2% al 10,6% en el mismo periodo”.

La funcionaria subrayó que este avance limitado implicó una inversión de unos US$ 300 millones, muy lejos de los recursos necesarios para cerrar la brecha. “Para alcanzar una cobertura universal de agua y saneamiento necesitamos alrededor de US$ 6.000 millones”, advirtió.

La funcionaria cuestionó la priorización histórica de la inversión pública en rutas: “Estamos poniendo la plata en redes viales, que impactan en la economía, pero el saneamiento impacta directamente en la salud pública, en el desarrollo de los niños y en la dignidad de las personas”.

Actualmente, la cobertura de alcantarillado sanitario alcanza apenas el 16% a nivel nacional, mientras que cerca del 90% de las aguas residuales no recibe tratamiento adecuado.

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Un problema estructural en la región, pero más agudo en Paraguay

Desde una mirada regional, el gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF, Julián Suárez Migliozzi, advirtió que el problema es generalizado, aunque particularmente crítico en Paraguay.

“En América Latina y el Caribe, unas 320 millones de personas carecen de acceso seguro al saneamiento. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población”, señaló.

Sin embargo, remarcó que Paraguay se encuentra muy por debajo del promedio regional. “La cobertura de alcantarillado en la región ronda el 49%, mientras que en Paraguay es de apenas 16%. La brecha es enorme”, sostuvo.

El especialista insistió en que la falta de saneamiento tiene efectos transversales: “El saneamiento está en la intersección entre la productividad económica, la agenda social y la sostenibilidad ambiental. Cuando falla el saneamiento, falla el desarrollo”.

También alertó sobre los costos de no invertir en el sector. “No priorizar el saneamiento es caro, muy caro. Por cada dólar invertido, el retorno económico es de siete veces”, indicó.

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En el plano social, destacó su impacto en la educación: “29 millones de niños en la región asisten a escuelas sin condiciones adecuadas de saneamiento, lo que incide directamente en la deserción escolar, especialmente en niñas”.

Decisión política y reformas para cerrar la brecha

A su turno, el vicepresidente del Consejo Latinoamericano del Agua, José Luis Inglese, puso el foco en la necesidad de decisiones políticas firmes para revertir el atraso.

“El desarrollo que ha tenido Paraguay no se ha correspondido con el mismo avance en agua y saneamiento”, afirmó.

Para graficar la importancia del servicio, apeló a una comparación cotidiana: “Si uno usa agua en su casa pero no tiene cómo evacuarla, la habitabilidad se vuelve imposible. En las ciudades pasa exactamente lo mismo”.

Inglese sostuvo que cerrar la brecha requiere medidas estructurales. “Primero, decisión política. Segundo, capacidad operativa. Sin eso, no hay forma de avanzar”, enfatizó.

Recordó además la experiencia de Argentina, donde un fuerte ajuste tarifario y reformas institucionales permitieron ampliar la cobertura. “La situación era insostenible y la decisión política permitió iniciar el cambio”, explicó.

Financiamiento, regulación y gobernanza

El presidente del Consejo Latinoamericano del Agua, Benedito Braga, coincidió en que el éxito de las políticas de saneamiento depende de varios factores.

“El primero es el financiamiento sostenible, con apoyo de organismos multilaterales. El segundo es la gobernanza corporativa, con transparencia”, indicó.

También destacó la importancia de contar con entes reguladores independientes y esquemas innovadores de ejecución. “No se trata solo de construir infraestructura, sino de pagar por resultados”, explicó, en referencia a modelos aplicados en Brasil.

No obstante, remarcó que el elemento determinante sigue siendo político: “Sin voluntad política no se hace nada en agua y saneamiento”.

Braga advirtió que la región atraviesa una etapa clave. “Primero se avanzó en agua potable. Ahora es el tiempo del saneamiento. Es necesario que los más altos niveles de decisión comprendan la urgencia de este tema”, concluyó.

Avances puntuales, pero insuficientes

Desde el MOPC destacaron algunos proyectos en ejecución con financiamiento de CAF, como los sistemas de saneamiento en ciudades intermedias y nuevas plantas de tratamiento. Varios de estos proyectos han avanzado con lentitud, ante un escenario fiscal presionado.

Sin embargo, el propio MOPC reconoció que estos avances tendrán un impacto limitado en los indicadores nacionales.

“Con los proyectos en marcha vamos a incrementar apenas entre 1,6% y 4% la cobertura a nivel país”, admitió Crosa.

El desafío, coinciden los expertos, no es solo técnico ni financiero, sino político, pues se debe transformar el saneamiento en una prioridad nacional al mismo nivel que otras obras de infraestructura.

La iniciativa busca “clarificar” el funcionamiento de la senaduría vitalicia y asegurar que no interfiera en el equilibrio legislativo ni en los derechos políticos, según la exposición de motivos de la norma.

El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto, salvo que hayan sido destituidos mediante juicio político.

El proyecto plantea reglamentar esta disposición y, en la práctica, habilitar a expresidentes a competir y ejercer funciones legislativas plenas.

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De aprobarse la normativa, podría beneficiar directamente a cinco expresidentes: Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y a Santiago Peña (al término de su mandato)

Sin embargo, el proyecto excluye explícitamente a Fernando Lugo, destituido vía juicio político y a Federico Franco, quien completó el mandato presidencial sin haber sido electo como presidente titular

Nakayama: “Se está mutilando la Constitución”

El senador Eduardo Nakayama (independiente) cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que el Congreso no puede modificar el sentido del texto constitucional mediante una ley.

“El texto es imperativo: dice que será senador vitalicio. No deja margen de interpretación”, afirmó.

Según Nakayama, permitir que un expresidente renuncie a esa condición para convertirse en senador activo implica una alteración de la Constitución: “Si la Constitución te da un título vitalicio, no podés por ley limitarlo. Estamos mutilando lo que dice la Constitución”.

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El asesor de la Comisión de Legislación, Jorge Coronel, planteó dudas sobre la coherencia del proyecto. Señaló que podría existir una contradicción entre la intención de reglamentar y el espíritu de la Constitución: “Si la propia Constitución no impide ni prohíbe, reglamentar podría generar un contrasentido y afectar su motivación original”.

El análisis apunta a que la norma constitucional ya define el rol de los expresidentes, lo que limitaría el margen de acción de una ley reglamentaria.

Maidana defiende la reglamentación: “El texto es ambiguo”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana (ANR, HC), defendió la norma. Aseguró que existe la necesidad de reglamentar aspectos poco claros del artículo 189: “La Constitución del 92 deja ambigüedades que el Congreso debe aclarar mediante leyes”.

Maidana sostuvo que el proyecto permitirá dar mayor claridad jurídica a la figura de la senaduría vitalicia.

El proyecto también fundamenta su propuesta en el debate de la Convención Constituyente de 1992, donde se discutió el carácter de la senaduría vitalicia.

Mario Rivarola, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), explicó que los ejes centrales del reclamo son el acceso a la tierra, el territorio y el fortalecimiento de la producción.

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“Nuestro país tiene millones de hectáreas fértiles, pero están concentradas en pocas manos. Mientras tanto, comunidades indígenas están superpobladas y sin espacio para vivir dignamente”, señaló.

Según detalló, solo un pequeño porcentaje de propietarios concentra la mayor parte de las tierras productivas, mientras que cientos de indígenas siguen perdiendo sus espacios. Además, habló de al menos 300.000 campesinos sin tierra.

Rivarola también denunció que las comunidades campesinas sufren desalojos constantes y procesos de criminalización vinculados al avance del agronegocio. “Sin tierra no hay producción, y sin territorio no hay vida digna”, enfatizó.

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Principales reclamos

Entre las principales demandas presentadas por nota a los tres poderes del Estado se destacan:

• Mayor presupuesto para la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas
• Implementación de un plan nacional para pueblos indígenas
• Financiamiento seguro para la producción campesina e indígena
• Regularización de asentamientos campesinos
• Derogación de la llamada “ley Riera-Zavala” (que convierte la invasión de tierras en crimen) y revisión del acuerdo SOFA
• Modificación de la ley de Senabico para destinar parte de los bienes incautados a sectores vulnerables

Los manifestantes entregaron documentos formales a representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y esperan la convocatoria a una “cumbre de poderes” para avanzar en soluciones concretas.

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Continuarán las medidas de fuerza

Aunque la movilización en la capital culminará hoy al mediodía, los dirigentes anunciaron que no descartan volver a manifestarse si no obtienen respuesta.

Paralelamente, en departamentos como Caaguazú ya se están realizando cierres intermitentes de rutas en zonas como Jasy Kañy e Yvy Ja’u, con bloqueos de entre 15 minutos y una hora, varias veces al día.

Pese a la baja concurrencia, atribuida principalmente a las intensas lluvias que dificultaron la salida de varias comunidades, los organizadores consideran que la movilización fue un paso importante. “Es un logro haber salido juntos indígenas y campesinos. Vamos a reorganizarnos y volveremos con más fuerza”, concluyó Rivarola.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado a través de imágenes de circuito cerrado (CCTV), donde se lo observa salir del local con una bolsa cargada de equipos de peluquería.

Según los investigadores, el individuo habría forzado el acceso utilizando un objeto para abrir la puerta del local.

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Recuperan equipos valuados en millones

Tras tareas de investigación y diálogo con vecinos, agentes policiales lograron ubicar al presunto autor en la vía pública del barrio Loma Conche, en la ciudad de Nueva Asunción.

De su poder fueron recuperadas nueve máquinas de cortar cabello, además de tijeras, peines y otros artículos de barbería.

Cada máquina tendría un valor aproximado de G. 500.000, lo que eleva considerablemente el perjuicio económico causado al local afectado.

Detenido tenía orden de captura

El aprehendido fue identificado como Valerio Ramón Cattebeke Núñez (28), quien contaba con una orden de captura pendiente por hurto agravado del año 2023.

Según el jefe de Investigaciones de Villa Hayes, comisario Édgar Paredes, el detenido sería una persona con problemas de adicción que recorre distintos puntos en busca de objetos de valor para vender o intercambiar.

La Policía indicó que el hombre fue capturado cuando se dirigía nuevamente hacia Nueva Asunción, donde tiene familiares, y se presume que intentaba ocultarse tras cometer el robo.

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El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso la remisión del detenido a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, mientras que las evidencias fueron entregadas para el proceso correspondiente.

Argumentan, por ejemplo, que el puente Héroes del Chaco que se construyó sobre el río Paraguay para conectar Asunción con el Bajo Chaco fue erigido sin consulta ni consentimiento sobre tierras ancestrales del pueblo Maká, que les fueron otorgadas en la década de 1940.

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Reclamos similares son realizados también en muchos otros puntos del país.

“La propiedad privada se tiene que respetar”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, dijo que su institución -que debe velar por los derechos de los miembros de pueblos originarios– siempre busca el diálogo, pero afirmó que muchas tierras que los indígenas reclaman son terrenos privados de personas que “pagan sus impuestos” y enfatizó que “la propiedad privada se tiene que respetar”.

Dijo respetar los reclamos de los pueblos originarios y agregó que las tierras que reclaman como ancestrales “habrán sido” suyas “en su momento, en el año 1500”, pero insistió en decir que se deben respetar los derechos de los propietarios actuales de las tierras y que “todos pagan impuestos”.

Grupos “instruccionados”

Samaniego dijo que muchas comunidades nativas “entienden” esa situación y que “con el 80 por ciento no tenemos problemas”, pero agregó que hay “un grupo” de indígenas que “se dedica a chantajearnos” con medidas de fuerza como cierres de ruta.

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Afirmó también que el Indi ha denunciado el hallazgo de plantaciones de marihuana en tierras indígenas.

Especuló que podría haber “un grupo que está instruccionado” (sic) por organizaciones no gubernamentales para buscar “un clima de enfrentamiento”.

Sin embargo, señaló que actualmente no se registran “muchas invasiones” de tierras por parte de miembros de pueblos originarios.

El asegurado denunció a ABC que el sistema de agendamiento utilizado actualmente por IPS, lejos de facilitar la atención, se convirtió en una trampa burocrática.

La odisea de Cristaldo comenzó el pasado 7 de abril, cuando agendó una consulta médica para actualizar su protocolo médico, requisito indispensable para retirar fármacos de uso crónico. Sin embargo, el sistema exige una confirmación 48 horas antes, un paso que resultó imposible de cumplir.

IPS “sin sistema”

El asegurado, que es paciente cardiaco, contó a ABC que tras recibir el mensaje de texto para la confirmación, intentó realizar el trámite durante todo el fin de semana, sin éxito, debido a que la plataforma no funcionaba. Ante el inconveniente, recurrió a la alternativa lógica, comunicarse con el call center del IPS, pero sus llamadas nunca fueron atendidas.

Al presentarse en el Hospital Ingavi el martes 14 de abril, fecha en que estaba marcada su cita médica, la respuesta que recibió fue que perdió su turno por falta de confirmación. “No pude ir corriendo el fin de semana hasta el IPS para intentar solucionar presencialmente. Para lo único que debo consultar es para la actualización de mi protocolo para poder retirar mis medicamentos, como paciente crónico que soy”, lamentó Cristaldo.

Sin turnos hasta junio

La situación de Cristaldo se agrava. Al intentar reagendar la cita con su cardióloga para obtener las recetas de medicamentos controlados —fundamentales para su estabilidad cardíaca—, se encontró con otra barrera: la profesional no está atendiendo y recién regresaría en junio.

Entre los medicamentos que requiere se encuentran, Nebivolol, Amiodarona, Telmisartan y Dabigatran.

Sin la orden médica, estos fármacos, que tienen un elevado costo, no pueden ser adquiridos de forma particular sin receta, y el IPS se niega a proveerlos sin el “permiso” actualizado del médico, dejando al paciente desamparado. Desde el IPS, prometieron dar una solución.

El reclamo de Cristaldo es el eco de cientos de denuncias diarias. A pesar de que los trabajadores aportan obligatoriamente el 9% de sus salarios, la contraprestación es deficiente. Los asegurados denuncian que en las farmacias del IPS faltan incluso los insumos más básicos como Diclofenac o Paracetamol.

El detenido fue identificado como Gustavo Adolfo Acosta Domínguez (25), quien quedó a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se inició tras una llamada al sistema 911. En el lugar, el denunciante mostró a los intervinientes imágenes de circuito cerrado en las que se observa a un hombre extrayendo una mochila del interior de un vehículo.

A través de esas imágenes, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar al sospechoso, quien habría intentado darse a la fuga antes de ser detenido.

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Herramientas y autopartes en su poder

Durante la inspección, la Policía encontró en poder del detenido una mochila roja que contenía destornilladores, herramientas varias, un rollo de cable y un cargador de celular. Además, se hallaron algunas autopartes, que se presume fueron sustraídas en hechos recientes.

Según el subjefe de la comisaría mencionada, subcomisario Víctor Ovelar, las herramientas serían utilizadas para perpetrar los robos.

El jefe policial indicó que en los últimos días recibieron múltiples denuncias de hurto de autopartes en la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos. Las características del detenido coincidirían con las registradas en varios de los hechos.

Intervención fiscal y situación del detenido

Ante la reiteración de los casos, los vecinos decidieron reforzar la vigilancia mediante cámaras de seguridad, lo que finalmente permitió identificar al sospechoso.

En un vídeo se ve justamente al hoy detenido hurtando una mochila de la carrocería de un vehículo.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Andrea Vera, quien dispuso la remisión de las actuaciones policiales y que el aprehendido permanezca en la comisaría, a disposición del Ministerio Público.

Para el especialista, la revisión no debe limitarse únicamente al Anexo C, ya que la deuda por la construcción de la represa está totalmente cancelada, lo que obliga a replantear la ampliación de la generación para cubrir la demanda creciente de ambos países.

Viedma enfatizó que el país se acerca rápidamente al escenario en el que consumirá la totalidad de su potencia instalada, lo que hace imperativo que los negociadores actúen con celeridad y transparencia. La expectativa es alta, pero el flujo de datos desde el Ejecutivo es casi nulo, señaló el exconsejero.

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La tarifa ideal para el desarrollo industrial

Uno de los puntos más sensibles en el debate es el costo de la potencia. Viedma sostuvo que, para apuntalar un verdadero desarrollo industrial, la tarifa debería situarse en torno a los US$ 10 el kW-mes, considerando exclusivamente el costo operativo intrínseco de la Central ya pagada.

No obstante, reconoció que este número podría sufrir variaciones, aumentando unos dólares más si se decide reinvertir en nuevos proyectos de infraestructura dentro de la propia binacional para aumentar su generación.

Esta posible reducción tarifaria ya asoma en el horizonte tras el entendimiento firmado con Brasil en 2024, pero trae consigo un arma de doble filo. Según el Ing. Viedma, por un lado, la ANDE accedería a energía a un costo mucho menor al actual, al cual calificó como una tarifa inflada. Por el otro, el Estado paraguayo sufriría una drástica caída en los ingresos destinados a gastos socioambientales, recursos que sostienen numerosos proyectos gubernamentales en los últimos años.

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El fin del blindaje para la ANDE

Otro foco de preocupación es la inminente cancelación del Acuerdo Operativo de 2007. Esta herramienta técnica permitía a la ANDE utilizar excedentes y acceder a la potencia contratada por el lado brasileño en condiciones ventajosas. Según Viedma, el fin de este pacto representa un perjuicio directo para la estatal eléctrica, que perderá esa flexibilidad operativa justo cuando la demanda interna exige más.

Ante este escenario, la propuesta es mirar más allá de las turbinas actuales. El exconsejero recordó que ya en 2021, cuando él era consejero, se presentaron planes para la instalación de paneles solares flotantes, sistemas de baterías y nuevas unidades generadoras. Actualmente, se cuenta con una planta solar piloto de 1 MW, lo que implica que Itaipú tiene 14.001 MW de potencia instalada total.

Finalmente, Viedma abordó el concepto de la cesión de energía, la cual vaticinó que desaparecerá de forma natural a medida que el consumo local absorba toda la parte paraguaya. En ese contexto, instó a dejar de pensar únicamente en la venta de energía al mercado eléctrico brasileño y empezar a diseñar un sistema de comercialización e intercambio con el país socio.

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Explicó que, debido a la magnitud de su sistema, Brasil ofrece en ciertos horarios energía incluso más barata que la de Itaipú. Por ello, el futuro debe incluir la posibilidad de importar energía brasileña cuando sea conveniente y fomentar la generación privada a través de la ley de energías renovables.

Antes de concluir, reiteró que es necesario que la población conozca a profundidad los acuerdos que se están logrando en Itaipú, algo que hasta hoy sigue siendo una deuda de los negociadores.

El tiempo continuaría inestable mañana y al menos hasta el viernes, con altas probabilidades de más precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país.

El ambiente se mantiene cálido y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 32 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

En 2024, por ejemplo, se registran colocaciones relevantes en plazos de 5 años por G. 162.000 millones (US$ 24,9 millones) y G. 29.480 millones (US$ 4,5 millones), así como emisiones a 7 años por G. 294.801 millones (US$ 45,3 millones). A esto se suman tramos a 10 y 15 años, lo que contribuye a diversificar el calendario de pagos.

Por año de emisión, el crecimiento del mercado es evidente. Mientras que en 2018 el stock se limitaba a G. 60.000 millones (US$ 9,2 millones), en 2023 se alcanzan niveles significativamente mayores, con emisiones destacadas como G. 953.350 millones (US$ 146,6 millones) a 5 años y G. 1,550 billones (US$ 238,3 millones) a 7 años.

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Esta tendencia se intensifica en 2025, donde las colocaciones acumulan montos relevantes: G. 1,084 billones (US$ 166,7 millones) a 15 años, G. 283.000 millones (US$ 43,5 millones) a 12 años y G. 148.500 millones (US$ 22,8 millones) también a 12 años.

En conjunto, estas emisiones superan los US$ 249 millones, evidenciando una mayor profundidad del mercado de deuda en moneda local.

Las tasas nominales por tramo reflejan una curva relativamente empinada. Los instrumentos de menor plazo, como los de 5 años, se ubican en niveles de 7,10% a 8,25%, mientras que los de mayor duración, como los de 15 y 20 años, alcanzan tasas de hasta 9,50% y 9,90%. Este diferencial responde tanto al riesgo de plazo como a las expectativas de inflación y condiciones de liquidez del sistema financiero.

A su vez, emisiones de años anteriores, como las de 2020, llegaron a tasas de hasta 9,90% a 20 años, lo que marca un punto de referencia relevante dentro del mercado local.

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Desde una perspectiva macrofiscal, los Bonos del Tesoro representan el 5,80% de la Deuda Pública y el 1,95% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sugiere un nivel aún moderado en términos relativos.

Este margen ofrece espacio para continuar utilizando el mercado local como fuente de financiamiento, reduciendo la exposición a deuda externa y al riesgo cambiario. El tipo de cambio de referencia al 31 de marzo de 2026 se ubica en G. 6.503,49 por dólar, lo que refuerza la relevancia de mantener una proporción significativa de deuda en moneda local.

Los datos muestran que, el mercado de Botes ha evolucionado hacia una mayor escala y diversificación, con emisiones crecientes en los últimos años y una estructura de plazos que busca equilibrar costos y riesgos.

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La tasa promedio de 8,66% y el plazo medio de 6,65 años reflejan un punto intermedio entre sostenibilidad financiera y acceso al mercado, en un contexto donde la demanda por instrumentos en guaraníes continúa siendo un pilar clave.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El encuentro se realizará en el hotel Sheraton Asunción, según el informe.

La nota refiere que Unión Europea “ha enviado una misión de seguimiento electoral (EFM), encabezada por el eurodiputado Gabriel Mato, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) de 2023″. “El mandato de la EFM es evaluar la implementación de las recomendaciones de la MOE UE 2023 hasta el momento. Este seguimiento contribuye a los esfuerzos de la UE por apoyar la democracia en Paraguay”, refiere el reporte.

Dinero sucio

Tras las elecciones generales de abril de 2023, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó al TSJE fortalecer el control al dinero sucio; evitar arreos de votantes habilitando más locales y dando transporte gratuito así como “moderar” la desinformación en las redes sociales. Aclaran que no son imposiciones, sino experiencia.

En el dicho documento de 60 páginas deja 20 recomendaciones puntuales.

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Sobre el financiamiento político, Mato dijo que si bien el Paraguay mejoró el control y se aplicaron recomendaciones delas elecciones pasadas, proponen que los partidos reciban el subsidio estatal “antes” delos comicios y no después. Esto a fin debuscar igualdad de condiciones entre partidos y desalentar que las agrupaciones busquen fuentes ilegales definanciación.

También dijo que proponen al Tribunal Superior de Justicia Electoral(TSJE) fortalecer su unidad de fiscalización al financiamiento político con más funcionarios.

En cuanto a los medios de comunicación, dijo que el informe recomienda al Congreso aprobar el proyecto de ley de protección a periodistas y activistas delos derechos humanos. Así también se insiste en despenalizar la difamación en favor de leyes civiles de estándar internacional.

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Redes sociales

Sobre las redes sociales de internet, cuyo contenido no tiene regulación electoral, llamó a actualizar las normas sobre las campañas políticas en línea. Subrayó que no debe haber censura, pero sí una moderación por parte del TSJE y las principales plataformas para evitar las campañas de desinformación o fake news.

No hizo mención a la difusión de propaganda electoral por internet, en la vía pública y medios masivos cuya regulación en fechas fue eliminada por el Congreso.

En otro apartado, recalcó que la ciudadanía, pese a las campañas informativas, no recibió suficiente capacitación sobre el procedimiento de votación, que en estas elecciones generales se hizo con máquinas de votación y desbloqueo de lista.

Agregó que también se debe mejorar la ley sobre el voto asistido especialmente a adultos mayores, para que nadie se aproveche del elector y que sea libre de ser acompañado por alguien de confianza.

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Más locales y buses

En cuanto al día dela votación, el informe recomienda aumentar el número de locales, especialmente en zonas rurales, y mejorar el sistema de transporte público para evitar el arreo de votantes por parte delos partidos políticos.

Remarcan que el arreo debe “desalentarse” y que el Estado facilite el transporte durante la jornada.

El informe también urge aumentar la participación delas mujeres en la política aunque reconoce un aumento leve. Lamenta que se haya vetado la ley de paridad legislativa y que se haya rechazado la ley contra la violencia política a las mujeres.

Finalmente, pidió mayor protección a los pueblos indígenas.

Viajes para publicitar Che Róga Porã ya costaron casi G. 500 millones

Tras su retorno, Baruja devolvió G. 22.806.041, presentó facturas por montos superiores –pero usó para justificar formalmente solo G. 13.505.967– y se acogió a la facultad establecida en el Art. 7 de la ley N° 6511/202 de no rendir el 20% restante, equivalente a G. 9.078.008.

La coincidencia del 20%

El punto crítico surge al analizar los comprobantes de los hoteles Barceló Torre de Madrid y Gran Hotel Miramar. En ambos casos, las facturas detallan servicios para dos personas, con un costo total que Baruja dividió en su rendición alegando que el excedente lo pagó de su “bolsillo”.

Según su declaración, el ministro costeó la diferencia del acompañante por un total de G. 9.369.254. Sin embargo, esta cifra guarda una estrecha similitud con los G. 9.078.008 que decidió no documentar. Casualmente, en las mismas fechas y destinos, se constató la presencia de su pareja, la periodista Susan Paradeda.

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Otra cuestión que refuerza la sospecha sobre el destino real del dinero es que Baruja declaró “cero” en gastos de alimentación, tasas y otros conceptos justificados durante los 11 días de estadía. Solo consignó transporte por G. 217.986.

Comitiva en otros hoteles

Un dato que acentúa la particularidad del caso Baruja es el contraste con su comitiva. El ministro viajó con seis funcionarios, quienes percibieron un viático de G. 32.415.814 cada uno. A diferencia del titular del MUVH, en estos casos no hubo devoluciones y se justificó solo el 80% del gasto mediante documentos, recurriendo a la normativa legal.

Los seis empleados públicos se alojaron en establecimientos de distinta categoría y precio, como los hoteles Quatro, Soho Boutique y Arya Stadium. Mientras la comitiva cumplía con la misión en estos hoteles, Baruja justificaba facturas de plazas dobles en hoteles de lujo, donde el monto no rendido es milimétricamente coincidente al costo del alojamiento de su acompañante.

A falta de buenos abogados en la familia, padre de Hernán Rivas busca defensa cartista en Diputados

“Solicito la postergación por 60 días”, planteó escuetamente y sin ni una argumentación el diputado cartista Esteban Samaniego, que posee cuatro pedidos de desafuero pendientes, uno de ellos por la causa penal por presunto desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó.

“Por lo menos mi silencio no van a tener”, dijo el diputado Roberto González (ANR, Añetete), oponiéndose al pedido de postergación de estos siete pedidos de intervención que había solicitado la semana pasada dar “punto final” en uno u otro sentido.

“Categóricamente me opongo a esa postergación. Resulta que esa es la patraña para seguir postergando el tratamiento de los hechos de corrupción. Por lo menos yo me quiero desmarcar de esa estrategia, o por lo menos dejar constancia de mi posición y mi compromiso con la transparencia y la legalidad", por lo que pidió la votación para exponer a los que se opusieron.

Se trata de los casos de Hernán Ysidro Rivas (ANR-Honor Colorado), jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby (Central),Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana); de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel (Alianza).

Adrede, una mayoría azulgrana viene postergando al menos desde octubre del año pasado estos pedidos de intervención, con el fin justamente de alegar que “ya no queda tiempo” para su tratamiento, puesto que las elecciones internas municipales son el 7 de junio, mientras que las generales el 4 de octubre.

Sin embargo, varios de estos, que incluso cuentan con investigaciones penales pendientes como es el caso del padre de Rivas, Hernán Ysidro Rivas, y el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, apuntan al rekutu.

Para colmo, estos dos ya habían sido salvados en 2023 de un primer pedido de intervención.

Otro de los insólitos llamados al que acudieron los integrantes del CBVC ha sido en la noche de ayer lunes, cuando una vecina del asentamiento Santa María dijo que dos serpientes estaban dentro de una de las habitaciones de su casa.

Este martes, en el mismo asentamiento, la habitante de una casa también recurrió a los bomberos para que estos pudieran capturar a un ejemplar de Yarará que se encontraba en el inmueble que ocupa.

Desde el cuartel del CBVC mencionaron que son varios los casos en donde vecinos de diferentes puntos de la ciudad solicitan la presencia de los mismos para que puedan capturar a las serpientes.

Informaron además que en todos los casos donde intervinieron lo hicieron personal preparado para estos casos y que las serpientes luego de ser capturadas fueron llevadas a zonas alejadas de la población y en su hábitat natural.

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Asimismo solicitaron a los pobladores que ante el avistamiento de cualquier tipo de animales se los avise para puedan tomar intervención, también que personas no preparadas no intenten atrapar a las serpientes.

Los números habilitados para recibir los pedidos de ayudas son el 0331 242624 y el 0973 132 000.

Este sería el segundo caso de muerte, de personas privadas de libertad, por tuberculosis, en este mes de abril, según fuentes.

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Familiares de los reos que están en la Penitenciaría Regional de Concepción manifestaron su preocupación por estos casos y temen además muertes debido al hacinamiento que existe en el penal ubicado a 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.

Los legisladores coincidieron en que el cargo de vicepresidente no es una posición para técnicos. Para Maidana y Chase, la “cintura política” es un requisito no negociable para gestionar la relación con el Congreso, los proyectos sociales y el diálogo con la sociedad civil.

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Por su parte, senador Derlis Maidana señaló que, si bien no se le impondrá un nombre a Pedro Alliana, la bancada del Senado reivindica su espacio. “Los líderes del Poder Ejecutivo deben ser políticos. Se requiere mucha capacidad para hablar con los legisladores y sacar adelante al país, sin desmerecer lo técnico, pero cada uno en su lugar”, afirmó.

Maidana reveló que una reunión clave para discutir estas candidaturas fue postergada hasta la próxima semana debido a la urgencia del caso Hernán Rivas, pero adelantó que la propuesta es un político para la vicepresidencia.

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Por su parte, Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, sostuvo que el Senado tiene la legitimidad necesaria para reclamar ese puesto, ya que sus integrantes son electos por votos a nivel nacional.

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Chase no ocultó que cualquier político aspira al cargo, incluyendo a Maidana como un posible “jugador” del equipo, aunque aclaró que la decisión final será de Alliana.

Asimismo, Maidana aclaró que no haciendo campaña para la candidatura a vicepresidente. Sin embargo, su nombre no se descarta dentro de la jugada política.

Al ser consultado sobre perfiles más técnicos, como el de Marco Riquelme, Chase dijo que “es una persona preparada, pero nosotros queremos a un político. Cuando el manejo del Estado se vuelve puramente técnico, se pierde de vista a las personas, que son el centro del objetivo político”.

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Según su visión, los técnicos deben ser relegados a los ministerios o viceministerios. En ese sentido, expresó que la conducción nacional debe estar en manos de quienes entienden el roce del poder.

Ambos legisladores aprovecharon la oportunidad para reivindicar la labor de la clase política en la construcción del Paraguay. Chase subrayó que, a pesar de que algunos integrantes se han desempeñado mal, la política es la responsable de los grandes logros del país desde su fundación.

El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, señaló que, al tratarse de una votación por mayoría simple, los números están asegurados siempre que haya quórum en la sala. Según Chase, esta medida no es nueva, ya que existen antecedentes de entre 19 y 20 permisos otorgados por diversas razones particulares o de salud en periodos anteriores.

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“Estamos seguros de tener los números. Si bien no analizamos el caso de fondo, porque eso le corresponde a la Justicia, la exposición mediática hace que este sea el camino a tomar”, afirmó el senador. Subrayó que el único caso que se rechazó un permiso fue el de Javier Vera, alias “Chaqueñito”.

“No es un capricho”, según Maidana

Por su parte, el senador Derlis Maidana defendió la legalidad de esta movida política y se basó en el artículo 30 del reglamento interno del Senado.

Maidana subrayó que la decisión de la bancada de apoyar el permiso, que será sin goce de sueldo, responde a la necesidad de “dar tranquilidad a la ciudadanía” y evitar que el escándalo siga afectando la credibilidad de la institución.

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“No es un capricho antojadizo. Hay jurisprudencia de casos anteriores y el ordenamiento lo permite”, explicó Maidana.

La sombra de la pérdida de investidura

El legislador también aclaró que, hasta el momento, no existe un pedido formal de pérdida de investidura contra Rivas por parte de la oposición, aunque reconoció que la senadora Yolanda Paredes manifestó su intención de presentar dicha iniciativa.

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Maidana recordó que para una pérdida de investidura se requieren supuestos muy taxativos. “Seguramente vamos a ver mañana si hay una presentación formal”, acotó.

Por ahora, Hernán Rivas se apartaría temporalmente de su banca mientras el Ministerio Público avanza en la investigación sobre cómo obtuvo el título universitario de abogado que lo llevó, incluso, a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

De acuerdo con el informe oficial, el hombre es considerado en Brasil como un delincuente con perfil de alta peligrosidad. El mismo sería un especialista en ataques a transportadoras de caudales.

El hombre, quien sería miembro de una facción criminal, intentó ingresar al país utilizando una identidad falsa, a nombre de Luis Antonio Vargas, pero, mediante el intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú, fue descubierto y capturado.

Tras su detención, se procedió a su expulsión por la vía administrativa y fue entregado a la Policía Nacional.

El procedimiento se dio tras recibir denuncias sobre supuestas estafas a varios compradores. Según precisó el comisario Marcelino Espinoza, aparentemente los automóviles eran robados en el territorio nacional o en Brasil, en el caso de los de alta gama.

Asimismo, 19 personas quedaron aprehendidas, entre las cuales se identificaron tanto a empleados como a los presuntos dueños del negocio, quienes eran los encargados de firmar los contratos de venta.

En referencia al modus operandi, el jefe policial detalló que la red consistía en ofrecer vehículos bajo un sistema de financiación con cuotas largas y accesibles para atraer a los clientes, pero una vez que los compradores finalizaban el pago y solicitaban la cancelación de sus pagarés, los títulos de propiedad nunca eran entregados.

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Evidencia incautada

Entre las evidencias se incautaron diversas llaves de vehículos, al igual que celulares, dinero en efectivo, sellos, un arma de fuego y documentos varios.

Por otra parte, las 19 personas aprehendidas son:

1. Carlos J. Gómez E.
2. ⁠Wildo A. González D.
3. Helena A. Ramírez
4. ⁠Martha C. Orzuza D.
5. Carmen V. Arias G.
6. José A. Yegros E.
7. ⁠Ever A. Ibarrola V.
8. ⁠Natalia E. Sanabria A.
9. Yamila S. Muñoz G.
10. ⁠María C. Melgarejo V.
11. Liz C. Casal M.
12. ⁠Alba N. García S.
13. ⁠Pamela G. Morales N.
14. ⁠Enrique M. A. Arévalos A.
15. ⁠Rodrigo S. Gómez M.
16. ⁠Wilmer C. John S.
17. ⁠Ailín Chávez
18. ⁠Martha C. Orzuza D.
19. ⁠Lucero B. Fleitas C.

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Wagener también integra los equipos del senador Luis Pettengil y del exvicepresidente Hugo Velázquez.

El empresario, activista y político, señaló que el objetivo es juntar en un solo mapa interactivo las denuncias de los vecinos para que la Municipalidad identifique, priorice y resuelva rápido los problemas, “creando una comunicación directa entre el vecino y la comuna”.

“Dejemos de quejarnos nomás en las redes y pasemos a la acción. Marcá tu reclamo en Mapea Asunción. Acá hace falta un concejal que sí quiera trabajar”, afirmó Wagener, vocero y referente de la organización “Defendamos Asunción”.

Agregó que cada reclamo buscará ser solucionado con autogestión. Dijo que lo que no se soluciona se llevará a la Municipalidad y se entregará cada reclamo.

Enrique Wagener es representante de “Defendamos Asunción” y fue activista contra la corrupción de la gestión de Oscar “Nenecho” Rodriguez (ANR, HC), ex intendente capitalino obligado a renunciar ante sus procesos judiciales por corrupción.

Entre otras iniciativas, Wagener presentó acciones judiciales para impedir que la Municipalidad de Asunción remate dos inmuebles en la Costanera Norte.

Promovió acciones contra el aumento de tasas pese al reclamo ciudadano por falta de prestación efectiva de servicios.

Junto al diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ley denominado: “Antiapriete de Nenecho”, con la que buscaban frenar las “listas negras” por morosidad en la base de datos financieros de empresas privadas a quienes adeudan sus impuestos.

Fue abogado de vecinos afectados por obras paradas en la gestión de Nenecho. También presentó denuncias ante el Ministerio Público contra Oscar Rodríguez y concejales cómplices por el desvío de fondos de bonos para obras y de Fonacide en 2024.

También integra la Fundación Paraguay SOS y está vinculado a las empresas inmobiliarias Ñanembae y AEWO S.A.

Al respecto, detallan que el Inventario Forestal Nacional (IFN) es una herramienta que recopila, analiza y reporta información sobre los bosques paraguayos, a través de mediciones en campo, datos científicos y monitoreo continuo, conformando una de las bases del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

Mediante el Infona, este inventario alcanza este 2026 un hito al cumplir una década de monitoreo y sostienen que este avance fortalece la gestión forestal basada en evidencia en el Paraguay, donde los datos técnicos de alta precisión se convierten en el principal insumo para la toma de decisiones, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

“La presentación del IFN de este año propone una experiencia innovadora que trasciende lo técnico. Reconoce que los bosques no son solo ecosistemas medibles, sino también territorios de vida, cultura y conocimiento donde conviven comunidades indígenas y campesinas, la academia y la industria. Bajo esta visión integral nace el evento Paraguay forestal: ciencia, cultura y vida”, detallan.

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Portal del Inventario Forestal Nacional

El IFN del Paraguay llega a su tercer ciclo, que corresponde al periodo 2023-2025, en el cual se midieron 236 parcelas en 6 estratos.

Durante el evento se comunicarán los principales hallazgos del estudio, se visibilizará el rol de los distintos estratos forestales en el desarrollo nacional, se pondrá en valor el conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas, se vinculará la academia con la gestión forestal y los territorios y se buscará posicionar al Paraguay como referente en monitoreo forestal integral.

Asimismo, el Infona también pondrá a disposición de forma pública y gratuita el Portal del Inventario Forestal Nacional, corresponde a una plataforma digital para explorar datos interactivos de los seis estratos forestales del país, datos por departamento y tipo de bosque, información sobre biomasa, carbono y diversidad.

Además, ofrecerá la ubicación de las parcelas de muestreo y un reporte descargable con información técnica.

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“Aclararé por única vez, gracias por entender. En fecha lunes 23 de marzo a las 16 horas, antes de Semana Santa, he comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación”, posteó Leite, este lunes en redes sociales.

Leite, en su posteo, no refirió la fecha exacta de retorno al país para asumir su banca en el Senado y solo indicó que a inicios de julio. El senador colorado cartista dijo que su “prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral que está a mi cargo”. Agregó que “responsablemente” se dedicará a la coordinación de la asistencia de los compatriotas al Mundial de Fútbol de la FIFA que iniciará el 11 de junio y culmina al 19 de julio.

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“Olor a coima”

Leite encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuándo dio su polémica frase de “olor a coima”. El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Leite también alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

No duró un año

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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Costo

Cada cese de funciones de un embajador residente en el servicio exterior, el Estado debe desembolsar tres salarios por anticipado por término de misión. El salario base de un embajadores de US$ 9.199, más gastos de representación, dependiendo del país.

Conforme a la tabla de salarios en la Cancillería, el salario del embajador en EE.UU. es de 9.199 dólares (salario base) más gasto de representación (3.589 dólares). A este monto se le agrega el costo de vida, el cual se calcula de acuerdo a datos de las Naciones Unidas y más gasto de residencia. Se trata de un subsidio para alquiler de la residencia particular del diplomático.

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¿Qué dice la ley?

El artículo 59 de la Ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay Nº 6935/2022 establece que, en caso de rotación, el funcionario destinado a prestar servicios en el exterior o que regrese al país por término demisión recibirá los pasajes que le correspondan a él y a su familia.

Además, el funcionario recibirá, para gastos de instalación y viático, el importe correspondiente a 2 (dos) meses de sueldo en el caso de ser soltero sin hijos y de 3 (tres) de meses de sueldo si viajara con su familia, y “en los siguientes casos: estado civil casado; madre o padre soltero, viudo o divorciado con la tenencia legal de los hijos o tener a sus padres a cargo, que demostrara suficientemente, ante las autoridades competentes, dicha situación”.

Por ejemplo, un embajador (el rango más alto del escalafón) que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199) si es casado y US$ 18.398 (2 salarios de US$ 9.199), si es soltero.

Nicanor advierte a Santiago Peña: “La soberbia es la víspera de la caída”

Viene a activar en política

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) fue consultado hoy sobre el anuncio de su colega Leite. Dijo que el embajador saliente quiere volver a candidatarse al Senado de la Nación en el 2028.

“También quiere para venir a abocarse también a los próximos comicios, a las internas generales municipales y también ya mirando las internas del 2027. Entonces me parece que por ahí va la mano de la vuelta de Gustavo Leite”, expresó Maidana, quien suena como posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado.

Niño con peritonitis aguda no pudo ser operado en el Hospital de Luque por falta de cirujano pediátrico

El niño se encuentra en etapa de retiro de la traqueotomía, un procedimiento necesario debido a que esta intervención interfiere en su desarrollo del habla. Sin embargo, el tratamiento no está exento de complicaciones: la traqueotomía derivó en la formación de granulomas y en una estenosis traqueal que obliga a constantes intervenciones.

Piden ayuda para niño con epilepsia: Gian necesita férulas para mejorar su calidad de vida

Fátima Aguilera, madre de Liam, explicó ya fue sometido a cuatro broncoscopias para dilatar sus vías aéreas.

“Los doctores le están abriendo sus vías respiratorias. Deben dilatar, lastimando a propósito para que cicatrice correctamente y alcance el tamaño adecuado”, relató.

Cada procedimiento implica su ingreso a terapia intensiva, lo que incrementa la complejidad y los costos.

Bianca Sofía enfrenta delicado estado de salud y urge un trasplante de corazón pediátrico

El pequeño se encontraba recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) tras su última intervención y deberá someterse a nuevos procedimientos en fechas próximas, incluyendo una quinta broncoscopia, además de controles posteriores.

El tiempo corre para Bianca: su familia pide un “sí” a la donación de órganos pediátricos

A la par, Liam necesita continuar con múltiples terapias semanales, entre ellas fonoaudiología, estimulación temprana y fisioterapia respiratoria. También requiere iniciar terapia ocupacional, un servicio que, según la familia, no está disponible en el sistema público.

Asimismo, debe someterse a estudios médicos pendientes y mantener controles constantes con especialistas en pediatría, neumología, endocrinología, nefrología y otorrinolaringología.

Un corazón puede salvarle la vida a Bianca Sofía

La madre señaló que, si bien el padre del niño trabaja, los gastos médicos y terapéuticos superan ampliamente las posibilidades económicas del hogar. “Son muchos los gastos y necesitamos ayuda”, expresó.

Hospital Pediátrico reprograma cirugías cardíacas por falta de insumos y medicamentos esenciales

Ante esta situación, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder continuar con el tratamiento que permita a Liam mejorar su calidad de vida y avanzar hacia su recuperación.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes a través del alias CI 6016508, a nombre de Fátima Aguilera, o comunicarse al número de WhatsApp (0975) 948-162. Además, instan a la difusión del caso como una forma de apoyo al pequeño.

Mientras que el documento publicado ayer por ABC expone una cadena de errores médicos y administrativos, primero en el Hospital Ingavi y posteriormente en el Hospital Central, el comunicado del IPS se centra en defender la cronología de su burocracia interna.

Según el ente, la auditoría médica y forense fue solicitada por la propia presidencia del IPS, a cargo de Jorge Brítez el 30 de enero, apenas dos días después del fallecimiento del comunicador. El informe, fue concluido el 10 de marzo y, de acuerdo al IPS, fue elevado inmediatamente al Consejo de Administración para su análisis.

Muerte en medio de sumarios y “mejora continua”

En el texto, la previsional subraya que el Consejo dispuso el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Superintendencia de Salud que también realizó una auditoría, presentando sus conclusiones en la primera semana de marzo.

“Dichas recomendaciones derivaron en procedimientos de investigación y la instrucción de sumario administrativo”, reza parte del documento que se emitió esta tarde, sin mencionar nombres de responsables ni medidas concretas sobre los profesionales involucrados en la atención de Vázquez.

Asimismo, informaron que el pasado 14 de abril se devolvieron los planes de acción a las áreas involucradas para su ejecución bajo un “proceso de mejora continua”.

Defensa ante acusaciones de ocultamiento

Uno de los puntos más enfáticos del comunicado es la negación del hermetismo. El IPS calificó de “erróneo” afirmar que se intentó ocultar el informe pese a que el documento que tiene fecha del 3 de marzo, nunca fue presentado a las instancias correspondientes. El IPS argumenta que el hecho de haber solicitado la auditoría de forma institucional es una prueba de su “compromiso con la objetividad y la transparencia”.

La opinión pública y los allegados a la víctima cuestionan que los detalles de la “cadena de errores” solo hayan tomado estado público mediante filtraciones periodísticas, dada la gravedad de los hallazgos que costaron la vida a un asegurado.

¿Qué dice la auditoría interna que el IPS dice que no ocultó?

El informe confidencial de auditoría del IPS que se dio a conocer ayer por fuentes internas del seguro social, reconfirmó que la muerte del Braulio Vázquez fue producto de fallas críticas que van desde el triage erróneo, equipos de diagnóstico descompuestos, falta de insumos que obligó a gastos de bolsillo y médicos de guardia ausentes.

El informe, de 86 fojas, contiene 31 observaciones en el que no solo se describe una mala praxis médica, sino un estado de abandono administrativo donde los equipos rotos, la falta de insumos y la desidia jerárquica sentenciaron al paciente.

El objetivo de esta movilización es optimizar la eficiencia del sistema de distribución y garantizar un servicio seguro para los usuarios que se encuentran en regla, indicaron desde la ANDE. Las labores incluyen el control estricto de las líneas de baja tensión y la regularización inmediata de cualquier servicio que presente anomalías en su conexión.

Intervención y multa en un comercio de Caacupé

Como parte de estas acciones, los técnicos de la ANDE ejecutaron un procedimiento en un establecimiento comercial de la ciudad de Caacupé. Durante la inspección del suministro registrado a nombre de Avelina Caballero de Verón, con NIS N.° 1041373, se constató la existencia de una derivación en el borne de entrada del medidor.

Hernán Rivas acompaña a Peña en inauguración de ANDE en Itapúa

Según el informe oficial, se utilizaron conductores de 2 x 4 mm² para evitar el registro real del consumo de energía. Ante este hallazgo, los funcionarios procedieron al retiro de los cables precarios y a la normalización del servicio. Como consecuencia directa de la infracción, se aplicó una multa de G. 10.211.860 al titular del suministro.

Marco legal y canales de denuncia

La institución recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 7300/2024 de Protección del Sistema Eléctrico Nacional. Esta normativa endurece las sanciones para quienes realicen conexiones clandestinas o manipulen medidores, considerando que estas prácticas no solo afectan las finanzas de la estatal, sino que ponen en riesgo la estabilidad de la red eléctrica en toda la zona.

Además de los controles presenciales, la ANDE instó a la ciudadanía a colaborar con el combate al hurto de energía. Para ello, recordó que se encuentran habilitados canales de denuncia anónima a través de su página web oficial, la aplicación móvil MI ANDE y la línea de WhatsApp 0962 160160. Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de forma aleatoria y permanente en todo el territorio nacional.

Desde el Inbio revelaron que el mapa agrícola de Paraguay tuvo algunos cambios. Se destaca que la superficie de soja tuvo un aumento de cerca de 50.000 hectáreas, el cultivo de arroz, una disminución de más de 57.000 hectáreas, mientras que el maíz tuvo una disminución en torno a las 16.000 hectáreas.

Desglosando el informe, el área de soja en la región Oriental se ubicó 3.683.148, unas 49.302 hectáreas más que en la zafra 2024-2025, que fue de 3.633.845 hectáreas. Entre los departamentos con mayor repunte en la mencionada zafra- 2025-2026- se encuentran Canindeyú, Amambay y San Pedro.

Alto Paraná redujo área sembrada de soja

En contrapartida a esos resultados, el mayor territorio de soja sembrada se dio en Alto Paraná con 946.011 hectáreas de está zafra. Sin embargo, este resultado implicó una disminución de 22.671 hectáreas con relación a la campaña anterior.

Producción de soja en alza, según proyecciones superará 11 millones de toneladas

Otro departamento con mayor superficie cultivada fue Itapúa con 726.519, con una disminución de 67.275 hectáreas con relación a la zafra anterior y Caaguazú con 456.509 hectáreas, con un aumento de 8.736 hectáreas con relación al periodo anterior.

El arroz alcanzó 208.949 hectáreas cultivadas

En el boletín también se constata, que el área de cultivo del arroz con riego alcanzó 208.949, unas 57.377 hectáreas menos que la zafra anterior, cuando la superficie se ubicó en 266.327 hectáreas.

Entre tanto, Misiones sigue siendo el de mayor superficie de cultivo de arroz, con 51.008 hectáreas, pero sufrió una disminución de 31.212 hectáreas con relación a la zafra 2024-2025.

Mientras que Itapúa el segundo con mayor área alcanzó las 21.905 hectáreas, con un aumento de 2.779 con relación al año anterior y Paraguarí quedó tercero con 16.003 hectáreas, con una disminución de 14.924 con relación al año anterior.

El maíz disminuyó en área cultivada

En cuanto al cultivo de maíz, en está zafra fue de 39.311 hectáreas, presentando una disminución de 16.099 hectáreas con relación al periodo 2024-2025, cuando se cultivó 55.408 hectáreas.

Los departamentos con mayor superficie del cultivo son Canindeyú; con 8.785 hectáreas, pero con una disminución de 3.937 hectáreas con relación al año anterior.

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Además Caaguazú constató 8.724 hectáreas, pero con una disminución de 3.339 hectáreas con relación al año anterior y como tercer mayor área queda Itapúa con 5.940 hectáreas, pero con una acentuada disminución de superficie de 9.322 hectáreas.

El sistema de captación se encuentra a unos 16 kilómetros del casco urbano, sobre el arroyo Yhaca, en la compañía del mismo nombre. El tratamiento del agua está a cargo de la municipalidad, mientras que la distribución depende de la Junta de Saneamiento.

La Junta de Saneamiento tiene un total de 1.882 usuarios y cada uno paga mensualmente G. 20.000 por el servicio, lo que equivale a una recaudación mensual de unos G. 37.640.000.

El administrador de la Junta de Saneamiento, Julio Aguilar, explicó que todo lo recaudado es utilizado para el mantenimiento de las cañerías y el pago de la factura del suministro eléctrico de la planta de tratamiento. En cuanto al mantenimiento de la planta y el pago de funcionarios, está a cargo de la Municipalidad de San José de los Arroyos.

El intendente Edgar Benítez (ANR-HC) dijo que el pago de personal y los mantenimientos básicos de la planta le cuesta a la municipalidad G. 25.000.000, que son solventados con recursos propios. Pero aclaró que el mantenimiento de las enormes bombas de agua es muy costoso y que el municipio no tiene los recursos necesarios para repararlas.

Ante esta situación, indicó que requieren la ayuda de otras instituciones como Itaipú o Yacyretá para poder renovar totalmente los equipos.

El secretario general de la comuna, Cristian Giacobbi, explicó que se encuentran evaluando alternativas y coordinando reuniones entre autoridades para dar una salida al problema. Señaló que las bombas y equipos de tratamiento ya son obsoletos y superaron su vida útil, lo que incide directamente en la deficiente calidad del agua.

Asimismo, indicó que se están realizando gestiones para que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay asuma la administración del servicio, atendiendo que el costo operativo resulta demasiado elevado para la municipalidad. Añadió que es indispensable que la Essap tome el control del sistema.

La planta de procesamiento de agua potable fue inaugurada el 4 de marzo de 2020, con un valor total de G. 13.200 millones, de los cuales G. 7.100 millones fueron aportados por Entidad Binacional Yacyretá, G. 5.000 millones por la Essap y G. 1.200 millones por la Municipalidad de San José de los Arroyos. Desde entonces, la planta recibió poco o nulo mantenimiento y actualmente se encuentra muy deteriorada.

Por su parte, el poblador Juan Marcelino Escobar manifestó que esta problemática no es nueva y que desde hace tiempo enfrentan la contaminación del agua, lo que representa un riesgo para la salud. Afirmó que en reiteradas ocasiones el agua llega extremadamente turbia, incluso inutilizable para tareas básicas como el lavado de ropa.

Los pobladores exigen una intervención urgente que permita restablecer la calidad del agua y garantizar un servicio esencial en condiciones adecuadas.

A 18 años del triunfo de Fernando Lugo, la ANR tiene “terror crónico” a líderes emergentes

Su médico particular, Jorge Querey, dijo que el exmandatario tuvo un proceso de recuperación indudable tras el accidente cerebrovascular que sufrió en agosto de 2022.

Agregó que Lugo, exsenador de 2013 a 2023, también tuvo una mejora muy significativa y una rehabilitación importante. Explicó que actualmente el exobispo de San Pedro se desplaza solo, se alimenta por su cuenta, sin sondajes ni gastrostomía y solo tiene las limitaciones propias de la edad. Agregó que también comprende perfectamente lo que se le dice y lo que escucha.

Fernando Lugo sufrió un ACV y está en coma inducido, confirman

No obstante, Querey dijo que la principal secuela es la limitación con respecto a su expresión con una “voz arrastrada”, pero con todas sus respuestas adecuadas pero no muy largas.

Añadió que Lugo tiene una gran disciplina en cumplir su tratamiento de rehabilitación, siempre en Paraguay, con un equipo de fisioterapeutas. También destacó que el exobispo mantiene una fuerte fe y que es un gran creyente.

En cuanto a sus actividades, dijo que recibe o hace visitas solo “socialmente”.

Dijo que con bastante regularidad tiene reuniones con sus allegados en donde conversa de política nacional y actualidad en que este siempre brinda su opinión o directiva en temas de relevancia social con frases cortas, “como siempre lo hizo”, dijo el galeno.

Querey agregó que la reunión con Sixto Pereira y el ministro de la Corte Víctor Ríos es una de las numerosas reuniones que mantiene constantemente. Recalcó que también recibe a referentes políticos y “amigos” del coloradismo así como de la oposición.

“Él con bastante frecuencia tiene ese tipo de visitas. Algunas salen públicamente y otras no”, aclaró.

Historia del Bloque

Fernando Lugo tras renunciar como obispo fue presidente del Paraguay del 2008 al 2012, poniendo fin al mandato de la ANR en Paraguay. Sin embargo, fue destituido por un polémico juicio político tras la masacre de Curuguaty, ocurrido en junio de 2012.

Para las elecciones de 2013, Lugo encabezó la lista del Senado del FG e ingresó junto con otros cuatro legisladores: Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Sixto Pereira, reuniendo en 238.000 votos.

En el 2018 la concertación tuvo 269.000 votos, logrando seis escaños. Sin embargo, en el 2023 solo logró 60.714 votos y obtuvo un solo escaño para Esperanza Martínez. La enfermedad que sufrió Lugo en el 2022 incidió en la falta de votos para su postulación.

En 2023, en la lista del Senado, Esperanza Martínez tuvo 11.735 votos preferenciales; Fernando Lugo 9.376 votos; Ermo Rodríguez 6.245 votos; Leo Rubín 4.179 votos; Najeeb Amado 4.154 votos y Sixto Pereira solo tuvo 3.933 preferenciales, entre otros.

Tras las elecciones del 2023, Esperanza Martínez denunció que Euclides Acevedo y el exsenador del Frente Guasu, Jorge Querey, lanzaron una chapa presidencial que dividió y debilitó al Frente Guasu en 2023.

Estas guías constituyen una propuesta educativa orientada a fortalecer la enseñanza de la memoria democrática, la historia reciente y los derechos humanos en el ámbito escolar.

Se trata de una herramienta que da continuidad al libro “Ventanas Abiertas” y al informe de la Comisión de Verdad y Justicia, alineándose además con el currículo del Ministerio de Educación y Ciencias.

El material está dirigido a docentes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, especialmente en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana.

Volumen dos del cómic “Ventanas Abiertas” se lanzará gratuitamente en el Puerto de Asunción

Presentan guías “Ventanas Abiertas”

A través de diversas actividades pedagógicas, las guías promueven el diálogo, la reflexión crítica y la formación de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos.

La presentación estuvo a cargo de las elaboradoras de contenido Ángeles Ferreira, Ana Portillo y María José Quevedo, quienes compartieron el proceso de construcción de los materiales y su enfoque pedagógico.

Asimismo, el evento contó con la presencia de autoridades del Centro Cultural de España en Asunción, institución que apoya y financia el Proyecto Memoria, así como de invitados e invitadas especiales que colaboraron en el proceso de verificación de las guías, fortaleciendo su pertinencia y calidad.

La elaboración de estos materiales incluyó un proceso participativo con docentes y estudiantes de distintas instituciones educativas, lo que permitió asegurar su adecuación al contexto educativo y su alineación con las necesidades del aula.

Codehupy tilda de irresponsables acusaciones de Riera y le exige pruebas

Guías “Ventanas Abiertas” serán distribuidas en colegios

Las guías serán distribuidas a algunos colegios de Asunción y el área Central. Además se podrá acceder a ellas en formato digital a través de este sitio web.

El Proyecto Memoria Democrática, Archivos y Sitios de la Resistencia y los Derechos Humanos en Paraguay es implementado por Codehupy, con el apoyo y financiamiento de la cooperación española.

Lea más: Mucha lluvia en zonas inundadas del Alto Paraguay profundiza situación de aislamiento

Nathalia Báez, funcionaria de la Municipalidad de General Bruguez, señaló que por el momento el casco urbano es el único sector no alcanzado por las aguas. Sin embargo, advirtió que el acceso a la comunidad se realiza exclusivamente mediante botes o tractores, reflejando la gravedad del aislamiento.

La mujer expresó su sorpresa ante la magnitud del fenómeno y afirmó que nunca antes había visto tal volumen de agua.

La localidad de General José María Bruguez, situada a unos 160 kilómetros de Asunción, cuenta con aproximadamente 200 familias. De acuerdo con la entrevistada, al menos 50 viviendas ya fueron afectadas por las inundaciones.

Parte de los damnificados se encuentra en el tinglado municipal habilitado como albergue, mientras otros optaron por resguardarse en casas de familiares.

Las aguas también destruyeron por completo la producción agrícola de la zona, compuesta por plantaciones de mandioca, batata, maíz y zapallo, entre otros productos menores. A esto se suman los inconvenientes en el rubro de la ganadería, lo que permite deducir cuantiosas pérdidas económicas, resaltó la mujer.

La funcionaria señaló, además, que el propio intendente, Omar Cabanellas (ANR), en compañía de algunos concejales, se encuentra en Asunción coordinando la asistencia para las familias afectadas con autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a la espera de que la ayuda pueda concretarse con rapidez.

En cuanto a infraestructura, el pavimentado de la ruta PY12, que une a toda la zona del Bajo Chaco con Asunción hasta la comunidad de General José María Bruguez, se encuentra en plena ejecución. Esta obra es vista como clave para evitar un aislamiento total de la región, considerando que varios kilómetros ya cuentan con pavimentación.

Lluvias en todo el Chaco

Las precipitaciones registradas en el Bajo Chaco también se extienden a toda la región Occidental. Un caso similar ocurre en el departamento de Alto Paraguay, donde ya se reporta el aislamiento de varias comunidades en los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. En estos puntos, la situación se agrava no solo por la acumulación de agua, sino también por la falta de mantenimiento y reparación de los caminos.

Lea también: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región occidental

Desde la mañana de este martes, las lluvias que ya sobrepasan los 200 milímetros se concentran en el centro-oeste del departamento, aunque las precipitaciones se registran de forma generalizada, con menor intensidad en la zona norte.

Desalentador pronóstico

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que las lluvias continuarán durante toda la semana, lo que agravará la situación de los caminos inundados y, con ello, el aislamiento de numerosas familias.

Un escenario similar ya se había registrado en el año 2025, cuando durante más de 100 días los pobladores no podían salir de sus comunidades, ni siquiera para adquirir alimentos, evidenciando nuevamente la vulnerabilidad de estas regiones ante fenómenos climáticos y la falta de infraestructura adecuada.

“No podemos entender qué hay atrás de tocar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y transparentar la normativa relativa como acceder. Así como hizo Rivas, imprimió un título, vino, presentó y se fue al Jurado”, señaló.

Asimismo, explicó que la propuesta es pedir “un poco más de seriedad” para formar parte de la institución, ya que se solicita que que la persona tenga al menos 10 años de ejercicio de la profesión y haya ejercido la docencia o magistratura.

Sobre este punto detalló que es la “misma redacción” que se exige a los miembros del Consejo de la Magistratura, pero “evidentemente acá hay una cuestión muy fuerte” e irónicamente dijo que aparentemente se debería solicitar que uno de los requisitos para el JEM sea tener un “título mau”.

Vergonzosa protección: Diputados huyen para no tratar ley “Anti Rivas” para el JEM

Pérdida de investidura de Rivas

Ante las sospechas de la formación profesional al igual que de su título de Rivas emitido por la Universidad Sudamericana, Vallejo dijo que el cartista “le engañó a todo el mundo”, pero a su vez consideró como “increíble” cómo continúa la protección hacia él por parte del oficialismo.

“Cada día que pasa nos enteramos algo nuevo, como lo que dijo Rodríguez Kennedy que fue a su oficina a amenazarlo. Realmente ese señor le ha mentido a los colegas suyos, ha mentido al senado, mentido en el jurado. Todo lo que hace Rivas es causal de pérdida de investidura, pero ellos (el cartismo) le quiere dar permiso. No podemos seguir sosteniéndole ni en situación de permiso, es inconstitucional", sentenció.

¿Está dispuesto el fiscal general del Estado a acudir al Congreso si lo convocan por el caso Rivas?

¿En qué consiste la ley del diseño de ñandutí como símbolo de conductor adulto mayor?

El diputado cartista Saúl González se allanó a los cambios del Senado, al considerar que establecer que la no obligatoriedad de la norma, no afectaba la esencia de su iniciativa.

El mismo alegó que su proyecto “se sustenta en la necesidad de fortalecer a seguridad vial y a la vez de revalorizar una de las artesanías más emblemáticas del país (el ñandutí)”, y que no era ilegal, ya que la propia Ley 5016/14 “de tránsito y seguridad vial” establece condiciones especiales para los conductores adultos mayores.

En tal sentido, mencionó que dicha norma estable que los conductores de 65 años o más deben realizarse el “Test psico-físico” de manera anual para renovar su registro.

Sobre todo en Senado, legisladores como Celeste Amarilla (PLRA) consideraron discriminatorio el hecho de que se tenga que imponer el uso de una calcomanía a adultos mayores, por lo que terminaron aprobando que sea voluntario.

González alegó que el hecho de eliminar la obligatoriedad no implica un “agravio” a su proyecto, por lo que aceptó los cambios, ya acotó que si iniciativa simplemente busca emular “experiencias exitosas internacionales de países como Japón”.

¿En qué consiste el distintivo?

En el caso de ser promulgado por Santiago Peña, el proyecto plantea que todo adulto mayor de 65 años o más deberá llevar una calcomanía de un ñandutí verde y naranja, y a cambio, “los demás conductores deberán extremar la precaución y la cortesía frente a los vehículos que porten el símbolo“.

Según agrega la ley, el distintivo deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Estar ubicado en la carrocería, en lugar visible, y no en el parabrisas ni en ventanillas.
2. Colocarse a una altura comprendida entre 40 cm y 120 cm desde el nivel del suelo.
3. Tener un diámetro uniforme de hasta 15 cm, conforme al diseño oficial. El diseño oficial del símbolo será definido, registrado y difundido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, garantizando su uniformidad en todo el territorio nacional.

Entre los ejemplos mencionados figuran instituciones donde una misma sala funciona como aula, dirección, depósito y cocina, así como escuelas donde docentes y directores debieron ceder oficinas, bibliotecas o aulas para permitir la preparación de los alimentos. También se reportaron escuelas sin utensilios básicos e incluso sin acceso a agua potable.

Uno de los puntos mencionados es que la Gobernación de Alto Paraná prevé destinar G. 363.469 millones al programa Hambre Cero en 2026 y apenas G. 5.051 millones están asignados a infraestructura escolar. Para Reacción, esta diferencia impacta directamente en la implementación del programa.

La ingeniera Sofía Pozzo, representante de la organización, sostuvo que, si bien la alimentación llega a los estudiantes, su implementación agravó la situación de infraestructura.

“Hoy hay estudiantes que comen en pasillos o en aulas, porque no tienen comedores. Incluso hay instituciones sin agua, lo que impide garantizar condiciones higiénicas básicas”, afirmó.

Pozzo mencionó que más de 3.000 niños dan clases en instituciones con riesgo estructural. “Un día de lluvia puede provocar la caída de una teja. Es una situación urgente”, señaló ante los concejales departamentales.

Por su parte, el concejal Fernando Schuster (ANR-HC) dijo que la Gobernación debe priorizar las necesidades más urgentes en cuanto a infraestructura en las instituciones educativas dentro de sus posibilidades presupuestarias.

“El departamento es grande y hay distritos prioritarios por pobreza y otras carencias. Es muy difícil resolver todo al mismo tiempo”, indicó.

El informe refiere que 14 de las escuelas visitadas requieren cocinas y comedores. Además, detectaron la sobrecarga de trabajo de las cocineras, en su mayoría madres de familia, quienes cumplen jornadas de más de ocho horas sin compensación.

Como resultado de la audiencia, la organización planteó la necesidad de priorizar una respuesta urgente para las escuelas que tuvieron que ceder espacios para cocinar, coordinar con la Municipalidad de Ciudad del Este soluciones concretas de infraestructura, exigir a las empresas proveedoras la entrega de utensilios y equipamientos faltantes, y solicitar a la Gobernación un cronograma público de obras educativas 2026 con identificación de las escuelas beneficiadas.

Es así que en el plano local, la divisa ya bajó 21% interanual, es decir en comparación a la posición que tenía hace un año atrás de cerca de G. 8.000. La cotización del dólar cerró este martes en G. 6.350 en el cambio efectivo o minorista, y en el interbancario la cotización cayó a G. 6.294 en el segundo día operativo de la semana.

Cotización del dólar vuelve a ceder y advierten que tendencia débil persistirá

Si bien las proyecciones con respecto al dólar se mantienen cautelosas por la situaciones de incertidumbres tanto externas, como internas por los recientes cambios en el Ministerio de Economía, entre otras situaciones que afectan el mercado.

Agentes económicos estiman que el valor del dólar se irá normalizando en los próximos meses para cerrar el año en un valor cercano a G. 6.650

Sin mucho impacto en la canasta

Pese a la reducción importante que viene mostrando el tipo de cambio a nivel local y que favorece principalmente a las importaciones, el efecto traslado a precios no se aplica de la misma manera, al menos en los bienes esenciales de la canasta. Según datos oficiales, alrededor del 30% de los productos que integran el IPC son importados, por lo que se espera algún impacto por la baja del dólar, lo cual también ayude a contener los precios.

No se puede frenar la caída del dólar, sostienen desde casas de cambio

Si se ha visto algunas reducciones en precios de bienes durables como electrónica, electrodomésticos, autos y demás.

Expertos consultados opinan que no hay mucho que hacer con respecto al dólar en el contexto actual, ya que la cotización es una variable que depende de situaciones mayormente ajenas en esta oportunidad.

El argentino Jorge Bergoglio fue elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica en 2013 y visitó Paraguay en 2015, donde brindó una misa en Ñu Guasú, tuvo un encuentro con jóvenes en la Costanera de Asunción y también visitó la Basílica de Caacupé, donde brindó su recordado homenaje a la mujer paraguaya.

“¡Qué grande es la misericordia de Dios que nos regaló un pastor bueno, un padre cercano, humilde y misericordioso, que supo caminar con su pueblo y que amó profundamente al Paraguay y a los paraguayos!“, reza parte del mensaje del cardenal Martínez.

El 29 de mayo del 2022, el Papa Francisco nombró a 21 nuevos cardenales, entre ellos el primero de Paraguay: Adalberto Martínez Flores.

“Recen por mí” y “no tengan miedo”, algunas frases célebres del Papa Francisco

El cardenal Martínez recordó en su mensaje algunas de las célebres frases del Papa Francisco, a lo largo de su pontificado de 12 años. Destacó además su sencillez.

“Recen por mí”, es una de estas oraciones que destacó el religioso compatriota. “Y la oración del pueblo de Dios lo sostuvo en su camino, especialmente en sus últimos días, cuando, en la fragilidad y el sufrimiento, vivió su propia subida a Jerusalén, su propio camino pascual, participando del misterio de la cruz y de la esperanza de la resurrección”, agregó.

Luego, su otra frase fue “No tengan miedo”. “Sabía bien que el miedo habita en el corazón humano, que nace del dolor, de la incertidumbre, de la enfermedad y, en lo más profundo, del temor a la muerte. Pero con la fuerza de la fe nos recordaba que Cristo ha vencido la muerte y que, por eso, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros”, afirmó el arzobispo de la capital.

En su visita al país, también había dicho a los jóvenes que no se queden quietos ni se conformen. “Hagan lío”, les dijo. Poco tiempo después, durante protestas de estudiantes secundarios y universitarios, varios jóvenes utilizaron este mensaje como fuente de inspiración.

“Yo no veo inconvenientes si hay una invitación de gentileza. No se olviden que un órgano jurisdiccional y un componente del sistema de justicia no puede ser interpelado”, aseguró.

A falta de votos, cartistas operan para aprobar permiso de Hernán Rivas

Dijo que, si la convocatoria se da en función de diálogo, no habría problema, pero aclaró que los objetivos políticos no siempre coinciden con los de una institución como el Ministerio Público.

“La esencia de nuestra actividad es precautelar, y esa esencia se cumplió. No creo que sea necesaria mi presencia, pero tampoco me niego si hace falta. Esto hay que entender que es un mecanismo nuevo de seguridad y protección”, añadió.

Resaltó que, en el caso de la fiscal presuntamente amenazada por un parlamentario, se activó un mecanismo de prevención y que se dio una respuesta rápida que pretendía ser sigilosa para resguardar a la funcionaria que pidió esa protección.

“Era una información reservada, estricta, con fuentes totalmente cerradas por la propia fiscal. La funcionaria que pretendía ser protegida en el sigilo amanece con que todo el mundo sabe, y eso no es el objeto de un mecanismo preventivo”, añadió.

Protocolo aplicado es una propuesta de Paraguay

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, explicó que el último protocolo utilizado en el caso de Hernán Rivas fue producto de las comisiones de trabajo a propuesta de Paraguay, que fue aprobada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y está en estudio por las Naciones Unidas.

“Imagínese la trascendencia que se tiene en ese tipo de eventos, porque nos permite justamente acceder a un mecanismo eficaz de respuesta rápida a la consumación de un acontecimiento penalmente relevante”, dijo al referirse a la reunión internacional de fiscales que inició hoy en esta ciudad y continúa hasta el viernes.

Explicó que son herramientas creadas como mecanismos de prevención y seguridad, y que su utilización es reservada.

“A veces, la opinión pública quiere conocer el contenido de esos documentos, y francamente no es el propósito. El propósito es protección y seguridad, para que el operador de justicia, juez o fiscal, sea protegido por un sistema. No es para publicarse, porque definitivamente debe ser preventivo”, detalló.

En ese entonces el vicepresidente electo, Pedro Alliana; su esposa la diputada suplente Fabiana Souto; el primo Ricardo Torres Alliana -denunciado por planillero- y el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, estudiaron la misma carrera (Relaciones internacionales en la sede en Pilar) y se graduaron en la misma universidad hoy aliada, mediante acuerdos de cooperación (becas) con la Asociación Nacional Republicana, presidida por Horacio Cartes.

También se recibió en relaciones internacionales la hija de Alliana, Monserrat Alliana Encina, pero en la sede de Luque. Se trata de la cuestionada nepobaby, que tiene un cargo en la Cámara de Diputados, con un salario de G. 18 millones

Se trata de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), cuya sede central está en San Lorenzo (Ley N° 3185) y cuyo rector es Fulgencio Samudio. La casa de altos estudios tiene varias sedes en el país y también polémicas.

El clan de Alliana se recibió de la misma carrera y en igual universidad

Cuestionamientos

En su posteo, Jorge Rolón Luna dijo que se debe “investigar seriamente en algún momento” el título del vicepresidente de la República y futuro precandidato presidencial por Honor Colorado, obtenido en la Universidad Autónoma San Sebastián.

Indicó que el rector de la casa de estudios, “un tal Fulgencio Samudio “es tan rabiosamente cartista que firmó un convenio con la ANR”.

“Así que Alliana supuestamente se recibió en esa universidad cartista de licenciado en “relaciones internacionales. También su hija (Monserrat) -la que gana 19 millones- en su momento declaró estudiar “relaciones internacionales”, siguiendo los pasos académicos del padre. No sabemos a estas alturas si terminó la “carrera”. También la esposa de Alliana, la diputada Fabiana Souto ostenta un “título” de esa universidad de garage y de esa misma “especialidad”. Una familia de expertos en relaciones internacionales. A ellos, hay que sumar su primo Ricardo Torres Alliana“, (actual funcionario en Yacyretá)“, manifestó Rolón Luna.

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El abogado también apuntó al director de la EBY, Luis Benítez. Dijo que es el amigo de la familia Alliana y que también se recibió en “esa “universidad”, literalmente de garage”.

“Todos ellos estudiaron “relaciones internacionales”. Pilar debe tener la mayor cantidad de expertos en relaciones internacionales por habitante y por metro cuadrado en el mundo. Aquí, recordar que el director de Yacyreta renunció a su cargo de diputado electo para ir a la binacional para así permitir a su suplente, Fabiana Souto de Alliana, esposa del precandidato, asumir esa banca", cuestionó el exjuez.

Asimismo, Rolón Luna dijo que “hay que ir por todos los títulos falsos” y por todos los que “los ostentan, sobre todo por aquellos políticos “lúmpenes que adornan sus currículos con supuestas “profesiones”, que no las tienen. “No sólo no son casos aislados, raros, dispersos, son una nueva raza de lumpenproletarios (sic) metidos a políticos”, aseveró el profesional del derecho.

Un patrón común

En otro posteo, Jorge Rolón Luna indicó que existe a todas luces “un patrón común en los títulos sospechados de falsos en Paraguay”. Citó los altos funcionarios, figuras políticas, “las universidades de garage/garaje de nula seriedad, y agregó que las carreras que desaparecieron".

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“Sobre esto último, aquí una prueba más: de acuerdo con la página web de la Universidad Autónoma San Sebastián, las carreras en existencia actualmente son seis, a) derecho y ciencias sociales, b) ciencias tecnología e innovación, c) ciencias económicas y empresariales, d) ciencias médicas, e) ciencias veterinarias y ciencias agrarias, f) ciencias de la educación y humanidades”, refirió el exjuez.

El abogado aseveró que de la carrera de “relaciones internacionales, ”ni rastro”. “¿Es posible que se haya “creado” sólo para otorgar título a ciertas personas?“, enfatizó el abogado.

“Creo que es hora de preguntar al vicepresidente de la república, Pedro Hércules Alliana, quiénes fueron sus compañeros y profesores cuando estudió “relaciones internacionales”, refirió Jorge Rolón Luna, aludiendo al caso que salpica al senador colorado cartista Hernán David Rivas, quien un proceso judicial por título de abogado presuntamente falso.

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San Sebastián hasta firmó convenio con HC y la ANR

El rector de la Universidad Autónoma San Sebastián, Fulgencio Samudio, no oculta su coloradismo y cartismo, en sus diversas redes sociales donde expresa su constante apoyo al vicepresidente electo, Pedro Alliana. En su momento, ABC intentó contactar con Samudio pero encargados de marketing pidieron que previamente se envíen las preguntas por escrito. Al descartarse esta petición, finalmente facilitaron el número del catedrático, quien a su turno ignoró los mensajes remitidos.

Casualmente, en julio del 2023, Samudio se reunió con Horacio Cartes, titular de la ANR, con quien firmó un convenio para otorgar becas para “necesitados” desde el partido.

“Se firmaron acuerdos para otorgar becas a personas de escasos recursos. Y en consecuencia, brindar mayores y mejores oportunidades para los jóvenes que desean alcanzar sus propios objetivos”, decía una publicación en redes sociales de la UASS.

En ese sentido, decidieron apuntar al “Investor Pass”, el nuevo incentivo que otorgará residencia permanente mediante inversión en Paraguay, sin el requisito de generación de mano de obra que exigía el esquema anterior, detalló.

“Este mecanismo beneficiará a los inversores, como respuesta a la demanda de ese segmento y a la necesidad del Gobierno de brindar más opciones para que la inversión realmente se refleje en el país”, indicó.

En esa línea, detalló que el Investor Pass no solo amplía el abanico de posibilidades, sino que también permite “una mejor trazabilidad de las inversiones para verificar que sean efectivas y tengan impacto en el público en general”.

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Radicación por inversión

El director resaltó que se trata de una radicación por inversión, como alternativa a la establecida por la Ley Nacional de Migraciones, que “exige primero una residencia temporal para luego acceder a la permanente”.

Ante esto, el director reconoció que en 2026 el pedido de residencia será aún mayor. “Queremos traducir esa demanda de residencia en un producto concreto de inversiones que realmente sienta la gente”, indicó.

De acuerdo con los datos compartidos por el director, el año pasado se registraron cerca de 47.000 personas que aplicaron para obtener la radicación en Paraguay, cifras que en estos primeros tres meses de 2026 fueron superadas en un 85% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Investor Pass aumentará solicitud de residentes

Además reiteró que se superará el récord de residentes, pero aseguró que, con la herramienta del Investor Pass, las inversiones “serán efectivas de manera inmediata”.

“Las personas que lleguen con distintos emprendimientos, vendrán a aportar su capital y contribuir con el desarrollo del país”, acotó.

Si bien se busca que el país capte mayor desembarco de capitales en proyectos turísticos, en la bolsa de valores o en el sector inmobiliario, aclaró que esto “no significa” que se pasen por alto los requisitos establecidos en la Ley de Migraciones para otorgar la residencia.

Control exhaustivo de Migraciones

“Se realizará el control de antecedentes penales de la persona, consultas con Interpol sobre su situación y el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa nacional”, amplió.

Según el director, esta herramienta brinda una opción adicional, complementando mecanismos como el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), permitiendo a los inversores una mayor amplitud de opciones, mientras Migraciones otorga la residencia permanente tras el cumplimiento de todos los requisitos.

Añadió que, en caso de incumplimiento o detección de documentación adulterada, la ley permite cancelar automáticamente la residencia, ya que es una potestad de Migraciones.

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El valor de las inversiones en turismo, bolsa o inmuebles

En cuanto a como acceder a este incentivo, se informó desde MIC un mínimo de US$ 200.000 para inversiones en bienes inmuebles (casas, departamentos, oficinas) o en la bolsa de valores. Mientras que, para el sector turístico, el monto es menor, de US$ 150.000, lo que también permite acceder a la residencia permanente.

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), señaló la dificultad de retener trabajadores jóvenes y el impacto que esa inestabilidad tiene en la productividad, especialmente en rubros de oficio.

“Hay una variedad, que están hablando incluso muchos los psicólogos, de que el joven es una persona no muy fácil de tratar, de que el sistema para tratar es diferente, porque son unas generaciones diferentes que no quiere un compromiso, donde ellos quieren trabajar a medio tiempo o quizás no dentro de un horario muy estricto, también no dura mucho en el trabajo porque le gusta cambiar al año, máximo dos años. Esas son realidades que ya se vienen hablando”, describió Tavella.

El titular de Fedemipymes sostiene que esta tensión se percibe en múltiples sectores, pero se vuelve más visible donde predominan turnos exigentes y tareas operativas como construcción, gastronomía, eventos, fábricas y empleo jornalero.

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Ausentismo marcado los lunes

El ausentismo aparece como una de las alarmas principales y los días posteriores al fin de semana concentran la mayor cantidad de inasistencias. Incluso, ante eventos deportivos u otras citas masivas, el fenómeno puede intensificarse.

Tavella explica que para muchas empresas, planificar turnos y cumplir cronogramas se volvió más difícil por la imprevisibilidad de la asistencia, particularmente en tareas en las que cada puesto cuenta para sostener la operación diaria.

El costo de la capacitación

De acuerdo con las cifras expuestas por Tavella, el 98 por ciento de las empresas son Mipymes y el 2 por ciento grandes compañías. Dentro de ese 98 por ciento, el 88 por ciento son microempresas y el 8 por ciento, pequeñas.

En ese sentido, explica que en las micro y pequeñas empresas suele ingresar el trabajador joven que recién salió del colegio o transita los primeros años universitarios y que llega con escasa preparación práctica.

“La empresa pasa a ser la escuela y el joven está cuatro, cinco o seis meses aprendiendo a costa de la empresa y después se va. Puede ser que no le haya gustado más o puede ser que como ya adquirió un oficio o ya tiene una pequeña experiencia, salta a otra empresa ya con mayor salario y donde le piden experiencia”, señaló.

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Especialista insta a apostar a adultos mayores

Enrique López Arce, especialista en empleos, señaló que lo que ocurre con la Generación Z es un “fenómeno mundial” debido a su marcada diferencia con las generaciones anteriores, especialmente en materia de preparación y una menor capacidad a la hora de relacionarse con clientes.

Sin embargo, señaló la necesidad de dirigir la mirada hacia trabajadores mucho más allá de los 30 años. López Arce dijo que la tendencia en el mundo es apostar a personas mayores de 50 años, pero Paraguay todavía no está “aggiornado” y son pocas las empresas que se animan a ese tipo de inclusión.

“Hoy los preconceptos que no querían que tomemos personas de 60 porque ‘van a faltar mucho o no saben informática’ están errados. Eso lo entendió el mundo; Paraguay todavía no. De cada 10 vacancias virtuales, siete quieren gente hasta 35 o 40, imaginate lo injusto que es. El empleo tiene que ser dado por la capacidad, no por la edad”, señaló el especialista.

Remarcó que según los datos estadísticos oficiales, aumentó la ocupación de las personas adultas mayores, pero ello no responde a una política a favor del sector, sino por la necesidad de generar mayores ingresos frente al alto costo de vida.

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“Pudo haberle puesto tres puntos, una carita feliz o un osito cariñosito; lo cierto es que no pertenece a la institución”, remarcó.

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Por otra parte, Fernández Zacur fue consultado sobre si existe una lista de personas que fueron sancionadas o expulsadas por un mal comportamiento social o el mal manejo de la cosa pública. Este respondió que esa lista se engrosa cada día.

“Desde los nuevos liderazgos de la institución entendemos de que es nuestro deber depurar la imagen. Y depurar esa imagen pasa por separar las manzanas podridas del canasto”, finalizó en charla con Ñanduti.

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Se trata de un instituto de formación laboral y docente, colegio técnico y escuela cuya sede se encuentra en Coronel Oviedo. Su directora general es Rosana Bogado Vera mientras que Julio César Mendoza Aquino es su Director Administrativo y Nidia Vera de Sánchez es la Directora Pedagógica.

Buzarquis señala en su proyecto que se busca habilitar la Facultad de Ingeniería para Licenciatura en Análisis Informático y la Facultad de Humanidades para la Licenciatura en Educación Escolar Básica así como un Post Grado de Especialización en Docencia de la Educación Superior.

En el tratamiento solo hizo uso de la palabra el diputado Carlos María Lopéz (PLRA), por la Comisión de Educación. Sostuvo que el Conseno Nacional de Educación Superior (CONES) dio el visto bueno al proyecto y que la casa de estudios cumple todos los requisitos de la ley.

Las tres reuniones internacionales, que por primera vez se realizan de manera simultánea, tienen lugar en el Centro de Convenciones del Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

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El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida durante la apertura de las reuniones. Destacó que estos encuentros permiten una articulación técnica entre ministerios públicos orientada al abordaje de cuestiones relevantes.

Dijo, además, que permiten responder con eficacia, especialización y dinamismo a los desafíos complejos que plantea la criminalidad en el ámbito iberoamericano.

Resaltó la coordinación efectiva entre redes y grupos constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de la acción institucional.

“La articulación de conocimientos técnicos, experiencias prácticas y capacidades operativas en estos espacios permite generar respuestas integrales, coherentes y eficientes frente a los desafíos complejos de la criminalidad contemporánea, evitando la fragmentación de esfuerzos y potenciando el impacto de las iniciativas en el plano regional”, aseveró.

La primera jornada

En la primera jornada se realizó la III Reunión de Coordinadores de Redes y Grupos de Trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Además de los representantes de los ministerios públicos, también participaron representantes internacionales, entre ellos fiscales federales de Bélgica y coordinadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las mesas de trabajo abordan temas críticos para la seguridad regional, tales como el fortalecimiento de la REDTRAM (Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes), estrategias de combate al narcotráfico y delitos conexos, entre otros.

De acuerdo con la investigación, en el inmueble ubicado en la compañía Alfonso Cue de Paso Yobai se habrían realizado, desde diciembre de 2024, trabajos de excavación, construcción de piletas de lixiviación y otras intervenciones destinadas a la explotación y procesamiento de oro, sin contar con las habilitaciones correspondientes.

Durante un allanamiento realizado el 23 de julio de 2025, el Ministerio Público corroboró la existencia de múltiples fosas de gran tamaño, además de la presencia de maquinarias en funcionamiento y obreros realizando tareas en el sitio, lo que evidenciaría la continuidad de las actividades extractivas.

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En el mismo procedimiento, se detectó la modificación de un cauce hídrico que atraviesa la propiedad, con un ancho de entre 7 y 10 metros, donde incluso fueron instaladas alcantarillas de hormigón, lo que representa otra intervención irregular sobre los recursos naturales.

Según la Fiscalía, los imputados habrían omitido cumplir con las medidas de mitigación ambiental exigidas por la normativa vigente, además de no someter el proyecto al proceso obligatorio de Evaluación de Impacto Ambiental. Este es un requisito indispensable para obtener la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Estas conductas se encuadran, según la imputación, en disposiciones de la Ley 716/96 que sanciona delitos contra el medio ambiente, así como en normativas vinculadas a recursos hídricos y evaluación ambiental, además del Código Penal paraguayo.

Conflicto con yerbateros

El caso adquiere mayor relevancia debido a que el mismo inmueble fue escenario de un conflicto entre mineros y productores de yerba mate, quienes desde hace más de un año vienen denunciando posibles afectaciones ambientales a sus cultivos y fuentes de agua.

Este enfrentamiento derivó en protestas por parte de los yerbateros, quienes intentaron impedir el avance de los trabajos extractivos, hecho que terminó en incidentes y procesos judiciales.

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En ese contexto, al menos cinco productores fueron imputados por su participación en las manifestaciones, mientras que uno de ellos deberá afrontar un juicio por los hechos registrados durante las movilizaciones.

La TPM funciona como referencia para el costo del dinero en la economía y es una de las herramientas centrales para encauzar la inflación hacia su meta (del 3,5%+- 2%): mantenerla o moverla implica calibrar el balance entre estabilidad de precios y condiciones financieras.

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Factores relevantes y determinantes para los agentes

El CPM ubicó entre los factores más relevantes del panorama externo la “elevada incertidumbre” asociada a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, un elemento que suele presionar expectativas y, especialmente, precios de la energía.

En ese contexto, citó actualizaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): el organismo redujo su proyección de crecimiento mundial para 2026 a 3,1% y, al mismo tiempo, elevó su previsión de crecimiento para Paraguay en 4,2%, siendo una de las economías más dinámicas de la región.

Por otra lado, el BCP elevó su previsión de inflación global a 4,4%.

Para la autoridad monetaria, esa combinación de menor crecimiento con inflación más alta, agrega complejidad al manejo de riesgos externos y su posible transmisión a precios domésticos.

En el contexto local, el CPM reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo aumentó 0,8% mensual y que el principal motor fue el incremento en los precios de los combustibles, un rubro altamente sensible a la dinámica internacional.

Pese al dato de marzo y al repunte de algunos precios, el CPM mantuvo en 3,5% su proyección de inflación para 2026.

La evaluación reconoce tensiones recientes, pero destaca compensaciones dentro de la canasta:

• Los precios de los combustibles evolucionaron por encima de lo previsto en diciembre, señala el reporte técnico.
• En contrapartida, la inflación observada en el resto de los bienes resultó menor a la anticipada durante el primer trimestre, lo que permitió sostener la previsión de inflación para el cierre del año.

El punto más delicado del diagnóstico aparece en el tratamiento del shock energético, ya que el CPM subraya que, en su escenario central, las presiones recientes sobre los precios de la energía serían transitorias, por lo que su efecto sobre la inflación total sería acotado.

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Seguirán evaluando impactos del entorno internacional

El comité anticipó que seguirá monitoreando de cerca los riesgos provenientes del entorno internacional para evaluar cómo pueden afectar la trayectoria de la inflación. Según su comunicado, el CPM actuará “oportunamente” con las medidas necesarias para garantizar la convergencia de la inflación a la meta, dejando explícito que la estabilidad del escenario dependerá, en parte, de cómo evolucionen la energía y la incertidumbre geopolítica.

Los representantes de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), compuesto por padres de familia de la institución también formaron parte del encuentro. Un grupo de familiares de los alumnos protestó este lunes debido a los trabajos inconclusos. Desde el inicio de este año lectivo, por este atraso los estudiantes están teniendo clases virtuales.

En el encuentro de hoy, debieron estar también representantes de Itaipú, que financia la obra con US$ 3,5 millones, sin embargo, dieron la espalda a los jóvenes y no se presentaron, pese a que la reunión estaba pactada desde la semana pasada.

Los secundarios se mostraron hartos por las promesas incumplidas de las autoridades, ya que supuestamente el colegio iba a estar habilitado para el inicio de clases, el 23 de febrero. Luego, prometieron el desarrollo de clases presenciales desde el 20 de abril y ahora pasaron este evento para el 18 de mayo, pero solo para los alumnos del último año.

Ausencia de Itaipú y desorganización del MEC

Los estudiantes lamentaron la ausencia de voceros de Itaipú, entidad que adjudicó los trabajos de refacción a la empresa CCC Construcciones, de Mauricio Javier Codas.

“Ningún representante de Itaipú estuvo como para darnos una explicación de las obras, porque ellos son los benefactores de este trabajo, y ellos principalmente tenían que estar presentes”, apuntó Natalia Monzón, delegada de la especialidad de Electromecánica.

Diana Sanabria, una de las mamás, había criticado este lunes, durante una protesta frente al colegio, que el MEC tampoco brindó alternativas cuando inició la obra el año pasado, por ejemplo, para trasladar las clases de laboratorio y talleres a otras instituciones.

“También queremos referirnos a la mala organización de parte del MEC. Ahora, recién en abril, están empezando a ver algunos lugares, supuestamente para tener en talleres, etcétera, justo ahora que nos dicen que falta poco para el regreso”, afirmó la estudiante Natalia Monzón.

Falta de prácticas afecta a los estudiantes del CTN, afirman

Los estudiantes reafirmaron que el año pasado el MEC debió organizar las prácticas en locales alternativos, ante la enorme envergadura de la obra. “Es una falta enorme de organización y nadie piensa en lo mucho que salimos afectados nosotros, los alumnos”, remarcaron.

Otro punto criticado por las familias es que la obra comenzó tarde; debió haber empezado en el 2024, pero la palada inicial se dio recién el año pasado.

“En la reunión también pedimos datos más específicos sobre el estado de la obra, si realmente volveríamos el 18 de mayo, y eso fue lo que vinimos a corroborar, tenemos el compromiso de la empresa en esta fecha”, aseguró Estefanía Ojeda, presidenta del centro de estudiantes.

Hartos de la larga espera, los jóvenes del tercer año celebraron ayer su Último Primer Día (UPD), en medio de las construcciones inconclusas. El 18 de mayo comenzarán las clases presenciales solo los del tercer año, mientras que los del primer y segundo año no tienen aún fecha de retorno.

Director del CTN explicó retraso de obras

El director del CTN, Alcides Hoffmeister, explicó que los numerosos atrasos en las reparaciones, fueron por varios inconvenientes que fue encontrando la constructora en el sitio.

“Por ejemplo, en un bloque X, que iba a tener cuatro salas de forma cuadrada, al romper las paredes se encontraban con que tenía columnas. Es decir, iba a ser imposible hacer en forma cuadrada, entonces se tuvo que replantear y hacer en forma rectangular las salas”, indicó.

Agregó que lo mismo ocurrió con los ventanales. En un principio, la idea era mejorar o adecuar los viejos ventanales, pero iba a ser mejor colocar nuevas ventanas de blíndex y esto demora como dos meses en replantearse, aseguró Hoffmeister.

Los estudiantes preparan una nueva protesta para este miércoles, a partir del mediodía, para presionar por el regreso a clases presenciales.

El proyecto de infraestructura tenía previsto beneficiar no solo a Santo Domingo, sino también a otros barrios vecinos, como Manorá. Sin embargo, tras más de un año de la palada inicial, los trabajos siguen estancados en el cruce de Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen, mientras que las calles aledañas colapsan. Un claro ejemplo es la intersección entre San Rafael y Agustín Pío Barrios, en Manorá, donde las calles sufren hoy la violencia destructiva de los constantes y fuertes raudales.

En este punto, el asfalto desapareció casi por completo, dejando al descubierto el roto empedrado. La presencia de agua servida es una constante tras las últimas lluvias que azotaron con fuerza a la capital. Baches grandes y profundos se esconden peligrosamente bajo los enormes charcos que cubren casi toda la calzada. Esta situación vuelve intransitable un sector clave, por su cercanía a las avenidas España y San Martín.

Frente a este clima de abandono total, resaltan las pintatas de candidatos oficialistas en las murallas de la zona. Nombres como el del concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), que busca el “rekutú” y el del precandidato oficialista a la intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista), adornan esta esquina que parece zona de guerra. Este proselitismo es como una bofetada para los vecinos de la zona, quienes pagan los impuestos inmobiliarios más caros de Asunción.

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El proyecto de Santo Domingo arrancó oficialmente el 27 de marzo de 2025 en la esquina de Capitán Patricio Maciel y Nuestra Señora del Carmen. A casi trece meses del inicio, los trabajos registran un avance de apenas el 15%, logrando avanzar una sola cuadra hasta la intersección de Nuestra Señora del Carmen y la avenida Augusto Roa Bastos. Otro frente de obras sigue abierto en Juan XXIII y Soldado Desconocido.

Los trabajos principales ocupan actualmente media calzada de Roa Bastos, obligando a los automovilistas a usar la otra mitad de la avenida en ambos sentidos. Esta improvisación vial genera un caos absoluto en una zona de altísima circulación de vehículos. La capa asfáltica, sometida a este estrés y a los raudales, se encuentra ahora completamente destruida y agrietada. Se observan pozos profundos y pedregullo esparcido, lo que convierte el cruce en una verdadera trampa de accidentes.

La obra de Santo Domingo había sido adjudicada al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Cháves Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. La palada inicial se hizo el 27 de marzo de 2025.

Los automovilistas deben reducir radicalmente su velocidad para evitar daños mecánicos o colisiones con otros vehículos. La situación es crítica especialmente para los motociclistas, quienes arriesgan sus vidas ante los baches que están ocultos.

ABC visitó el sitio y constató que los vehículos deben recurrir a arriesgadas maniobras en un panorama casi apocalíptico. El cruce parece hoy una zona de guerra tras las lluvias. El asfalto desprendido y los sedimentos acumulados dificultan incluso el acceso peatonal a las viviendas y locales comerciales.

Cierran locales

La dramática situación descrita por los emprendedores gastronómicos de la zona semanas atrás ha pasado de advertencia a triste realidad. El retraso indefinido de los trabajos ha generado perjuicios económicos irreparables para todos los negocios del sector. Locales que invirtieron fortunas hoy ven cómo su clientela desaparece ante la imposibilidad de acceder al sitio intervenido.

La crisis ya se cobró su primera víctima, con el cierre definitivo de uno de los locales gastronómicos. Este establecimiento, ubicado sobre Roa Bastos, no pudo resistir la parálisis comercial impuesta por la gestión de Nenecho. Otros comercios reportan caídas en ventas que superan el 50% desde que iniciaron las obras. La ausencia de clientes físicos es total.

Estos locales sobreviven penosamente operando exclusivamente bajo la modalidad de servicios de delivery. Sin el reparto a domicilio, la quiebra masiva de estos emprendimientos sería inevitable en el muy corto plazo. Muchos dueños han tenido que despedir a gran parte de su personal para intentar cubrir sus costos operativos.

Los vecinos y comerciantes reportan que en los últimos días se vieron algunos avances en los trabajos, pero que las condiciones climáticas siguen perjudicando enormemente estos trabajos, no solo retrasando la actividad, sino que además, rompiendo lo ya construido.

Promesa y desvío

Mientras la infraestructura de la ciudad colapsa totalmente, el desvío de los bonos G8 sigue impune. Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien hoy busca volver a ser concejal de la capital, no solo no cumplió la promesa de obras de infraestructura, sino que comprometió el patrimonio de la ciudad con la emisión de bonos, que fueron desviados a otros fines.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que eran para estas obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe final de la intervención. Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”.

Su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista), no tuvo una conducta inocente. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, formó parte de la mayoría de 14 ediles cómplices que avalaron la gestión de Rodríguez, aprobando los balances de 2023 y 2024, cuando ya era de conocimiento público la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.

La Fase B de la defensa costera está a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos SA, Los Trigales SA (LTSA) y Constructora Heisecke SA, con un presupuesto de aproximada de 54 millones de dólares.

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Los pobladores cuestionaron la ejecución de los trabajos correspondientes a la Fase B del proyecto de defensa costera, que contempla la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, red de efluentes y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Según indicaron, las intervenciones quedaron en estado crítico luego de las últimas lluvias.

Beatriz Espínola, lugareña, afirmó que supuestamente la mala ejecución de las obras provocó inundaciones en viviendas y convirtió las calles en zonas intransitables, afectando gravemente a los comercios de la zona.

“Ni con moto podemos salir, estamos atrapados, exigimos que las calles sean enripiadas”, expresó.

Además, denunció supuestos hechos de amedrentamiento por parte de un funcionario de la empresa, a quien acusó de burlarse de los vecinos y de amenazarla con acciones legales.

Según su relato, el personal la habría señalado como responsable de intentar dañar maquinarias durante protestas en el barrio. “Nos sentimos impotentes ante esta situación”, lamentó.

Culpan a las condiciones del terreno

Por su parte, la representante del Consorcio Sanitario Ñeembucú, la ingeniera Violeta González, dijo que las obras continúan en ejecución y que los inconvenientes se deben, en parte, a las condiciones del terreno.

“Los canales se limpian permanentemente, pero tienen poca pendiente; con lluvias intensas se llenan y rebosan”, explicó.

En relación con los reclamos por la rotura de tuberías, indicó que existía un conducto dañado desde hace meses cuya reposición correspondía a la Municipalidad. No obstante, señaló que la empresa intervino para destapar la zona y evaluar la magnitud del problema antes de proceder a su reparación definitiva.

Este último, según la Fiscalía, se acreditó falsamente como abogado para ser representante -tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente del Senado- ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y acceder a su presidencia, es decir, para ser juez de jueces y fiscales.

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Cuando el cartista Miguel del Puerto pidió la postergación por una semana para consensuar “modificaciones”, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) urgió a sus colegas dejar de dar un vergonzoso espectáculo a la ciudadanía y dejar de proteger a Rivas. El presidente de la Cámara Raúl Latorre (ANR, HC) llamó a votación para postergar el expediente pero ya no había quórum.

“Realmente ya es una vergüenza que se postergue una vez más. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Aprobar títulos que vengan de universidades inexistentes?, ¿ Que el diputado presente a su compañerito?”, cuestionó Vallejo.

“Dejemos de dar un mal espectáculo para la ciudadanía y ya dejen de proteger la a Rivas por favor”, urgió la legisladora.

Vallejo repudió que los cartistas sigan dilatando el tratamiento y preguntó a los oficialistas si las modificaciones que buscan incluyen “validar títulos mau”.

Al inicio del debate, Vallejo pidió la aprobación atendiendo que en el periodo pasado (2025) se aprobó una ley idéntica pero para los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, entidad encargada de crear ternas de ministros de Corte, jueces, fiscales y otros.

Reglas claras

Vallejo recalcó que básicamente lo que se propone son reglas claras para ver quién va a ocupar un cargo en el Jurado en Enjuiciamiento desde el Congreso y se establece que para la designación de los representantes de cada Cámara, estos deben ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes que regulan la materia y durante el término de 10 años cuando menos haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado la magistratura o ejercido una cátedra y presentar las credenciales al respecto.

“Básicamente evitar que vuelva a suceder lo que pasó con Hernán Rivas y que por lo menos tengamos a mano los documentos que acrediten que quien vaya en representación de una Cámara sea efectivamente un abogado”, aseveró.

Sobre el procedimiento, el uniformado precisó que encontraron los medicamentos escondidos en un “techo falso” que se encontraba en una casa quinta, donde también se encontraron inhibidores de señal “de alta tecnología”.

En el lugar, ubicado en Mbatoví -departamento de Paraguarí-, se encontraba el encargado, quien alegó que el establecimiento suele ser puesto en alquiler y brindó datos a los intervinientes, además de quedar demorado.

Asimismo, precisó que en la vivienda se encontró una licencia de conducir a nombre de Orlando Celestino Adorno Mora, mientras que los medicamentos fueron puestos en congeladoras para evitar perder la cadena de frío, aunque si es que ya pasaron por un cambio de temperatura, pueden degradarse considerablemente.

Asalto tipo comando a camión con tirzepatida: sospechan filtración o error de cálculo

Asalto a convoy

El asalto ocurrió aproximadamente a las 05:45 en el kilómetro 82 de la Ruta PY02, donde fue emboscado un convoy conformado por un camión furgón al servicio de la empresa Laboratorios Indufar y una patrullera de la empresa de seguridad privada SIT.

Estos vehículos salieron alrededor de las 04:00 de la sede de Indufar, situada en Fernando de la Mora, y llevaban hacia Ciudad del Este una carga de medicamentos adelgazantes.

Los delincuentes lograron sustraer un total de 3.600 unidades de ampollas de tirzepatida, un fármaco originalmente destinado al tratamiento de la diabetes, pero que hoy cuenta con una altísima demanda en el mercado por su uso como adelgazante.

Según el jefe Investigaciones de Cordillera, Hugo Cristian Grance, explicó que los delincuentes robaron al menos tres conservadoras repletas del citado medicamento, cuyo valor rondaría los 500.000 US$.

Atraco a dos farmacias en Ciudad del Este: roban medicamentos adelgazantes de uno de los locales

En el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril, los discursos oficiales hablan de prevención, pero los pacientes crónicos del Instituto de Previsión Social (IPS) luchan para que no se interrumpan sus tratamientos vitales.

La falta de provisión de medicamentos se ha consolidado como una crisis sistémica que amenaza la vida de personas con cáncer, lupus y diversas patologías crónicas, afirman desde AGA. Denuncian un preocupante desabastecimiento de fármacos, que pone en riesgo la vida de los pacientes crónicos.

“El acceso al tratamiento indicado por los médicos no puede ser un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado”, denuncia Amalia Cutillo, presidenta de la asociación. “Cada día sin acceso a la medicación representa un deterioro que muchas veces es difícil de revertir”.

Sin medicamentos: el costo de la burocracia

Desde AGA indican que la crisis ha generado un escenario donde las familias, incapaces de costear medicamentos en el sector privado, ven cómo sus seres queridos pierden años de progreso médico en cuestión de semanas.

Según la denuncia que realizan, esta escasez no se limita a fármacos costosos o de alta complejidad, sino que se registra también en medicamentos básicos, de atención primaria.

“La burocracia no puede convertirse en un obstáculo entre un paciente y su derecho a la salud”, dice AGA en un comunicado en que destacan que la situación evidencia fallas estructurales que requieren soluciones integrales y sostenidas, más allá de parches temporales.

Un llamado urgente a las autoridades

En este escenario crítico, las organizaciones de pacientes han elevado un llamado urgente al gobierno de Santiago Peña y a las autoridades del IPS, a agilizar los tiempos administrativos para que la adquisición de fármacos sea oportuna, garantizar que los suministros lleguen a quienes los necesitan sin interrupciones y, bajo el lema de que la salud no es negociable, exigen que cualquier cambio de tratamiento (intercambiabilidad) sea una decisión conjunta entre médico y paciente, basada en información clara y no en disponibilidad de stock.

“El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y garantizarlo debe ser una prioridad del Estado, que miles de paraguayos esperan que finalmente se cumpla”, finaliza el comunicado de los pacientes crónicos que ven su vida marchitarse mientras esperan sus medicamentos.

Con esta resolución del tribunal de alzada se confirma el Auto Interlocutorio N° 54 del 24 de marzo de 2026, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú; quien ahora podría convocar al exparlamentario colorado para llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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El Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de Arévalo, interpuso el recurso de apelación argumentando que la presente causa, en el marco del caso #LaMafiaManda, no fue iniciada legalmente puesto que la denuncia fue formulada por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, en violación a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal.

Además, la defensa fundamentó que la extracción de conversaciones del celular del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, se realizó supuestamente en fecha 28 de agosto de 2024, sin autorización judicial. En este punto alega que la resolución que autorizó la extracción de datos data del 5 de diciembre de 2024; por lo que concluye que se han vulnerado derechos y garantías con lo que corresponde la nulidad absoluta del proceso.

Proceso contra Orlando Arévalo es legal, según tribunal

En el Auto Interlocutorio N° 99 dictado este martes 21 de abril, el tribunal de alzada fundamenta que la admisión de la imputación contra Orlando Arévalo, significa que el juzgado de Garantías cumplió con todas las exigencias del Art. 302 del Código Procesal Penal. superando así el examen que habilita su recepción a los efectos de dar inicio al procedimiento. En consecuencia, los camaristas alegan que la causa fue iniciada legalmente, dejando sin sustento el argumento de la defensa.

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“Quiere decir que la acción promovida por el Ministerio Público es procedente al haber sido iniciada legalmente. La admisión de imputación fue dictada por providencia de fecha 17 de diciembre de 2025 y dicha decisión fue confirmada por este tribunal por Auto Interlocutorio N° 52 del 9 de marzo e 2026”, resalta parte de la resolución.

Los camaristas agregan que el otro presupuesto exigido por la ley para la procedencia de la excepción, es que exista un impedimento legal que evite la prosecución de la causa, que en este caso no se advierte, ni es suficiente para obstaculizar la continuidad del procedimiento.

Sobre la validez de las pruebas o los vicios que llevan aparejadas en cuanto a su obtención, que alega la defensa en la apelación, el tribunal de alzada concluye que deberán ser discutidos en el momento oportuno en la audiencia preliminar, toda vez que sean propuestas por la acusación y estimadas en cuanto a su importancia y eficacia, a fin de demostrar los hechos investigados en el juicio propiamente dicho.

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Finalmente, los camaristas resaltan que no se advierte que el juzgado de Garantías haya transgredido alguna norma que vicie de nulidad la resolución que dispone sobre las actuaciones procesales cuestionadas; en consecuencia.

Proceso por supuestos vínculos entre Arévalo y Lalo

La imputación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos de la Cámara Alta debía dictaminar este martes sobre la iniciativa, pero no reunió el quórum necesario. En los registros oficiales tampoco figuran dictámenes de las demás comisiones a las que fue girado el proyecto, por lo que se presume que se intentará forzar su tratamiento en el plenario.

No hay rastros de los dictámenes de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; e Industria y Comercio. Ante esta situación, el plenario podría constituirse en comisión, dictaminar sobre el proyecto y luego aprobarlo en la misma sesión.

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¿Forzarán el tratamiento?

La intención sería acelerar el tratamiento de la propuesta del Poder Ejecutivo, que busca implementar el plan mediante un acuerdo ya firmado con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, la cual conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Este esquema permitiría avanzar mediante una adjudicación directa, lo que requiere modificar la ley vigente, que actualmente exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio encargado del desarrollo del sistema ferroviario.

El proyecto de ley autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar de forma directa acuerdos con gobiernos extranjeros —o con las entidades, públicas o privadas, que estos designen— para la ejecución del proyecto “Tren de Cercanías”.

Asimismo, establece que dicha autorización incluye la facultad de negociar y suscribir todos los documentos vinculados al proyecto, abarcando aspectos como la estructura contractual, el equilibrio económico, la asignación de riesgos, fuerza mayor, cambios de ley, eventos compensables, mecanismos de ajuste y reequilibrio, fiscalización, ley aplicable y resolución de controversias.

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Todo esto quedará sujeto, cuando corresponda, a la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los aspectos que impliquen obligaciones para el Estado.

La autorización también contempla la posibilidad de negociar disposiciones específicas como la ampliación del alcance y del monto de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontratación, suspensión o terminación anticipada de la concesión, así como permisos, fases de ejecución y condiciones para el inicio de operaciones.

Recién ahora piden aprobar acuerdo con emiratíes

El proyecto de ley, además, ratifica acuerdos previos y busca aprobar el suscrito entre el Gobierno de Paraguay —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de los Emiratos Árabes Unidos.

En ese marco, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con Etihad Rail PJSC o con la entidad que designe el gobierno emiratí.

El acuerdo, firmado a comienzos de febrero de este año, establece los términos de referencia para una concesión de 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato definitivo se firmará posteriormente. El documento fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

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Inversión prevista y aporte de Fepasa

Según lo anunciado, en un plazo de ocho meses deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que en la práctica serán asumidos por el Estado paraguayo, de acuerdo con los datos, a través de Itaipú. Los US$ 200 millones ó US$ 250 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

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El esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto.

La nueva empresa será la encargada tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el período de concesión y se creará un fideicomiso para garantizar el pago de las obligaciones del proyecto.

En tal sentido el magistrado dispuso que tendrán que cumplir la medida cautelar referida, por un plazo de 10 días, en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y, no habiendo resolución en contrario los mismos deberán pasar a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

MP imputa a 6 barras bravas y pide la detención de otros 7, por disturbios en el superclásico

Se trata de Marco Antonio Duarte Gamarra (51 años), quien fue imputado por la fiscala Soledad González, de la Fiscalía Barrial N° 3 de Sajonia, por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

Igualmente deberán cumplir prisión preventiva Junior Ariel Alcaraz Vera (29 años), Martín Insfrán Insfrán (21), William Gabriel Santacruz (21), Pedro Pablo Benítez Sánchez (31) y Maximiliano Sebastián Servín Vaesken (22). Todos ellos fueron imputados por perturbación de la paz pública y resistencia.

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Fiscalía pide detener a otros siete supuestos involucrados en disturbios

Por otra parte, la fiscala Soledad González, en el marco de la causa caratulada “Iván Ramírez y otros s/ perturbación de la paz pública y otros”, dispuso la detención de otras siete personas y la comunicación de esta orden a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.

Se trata de César Rodrigo Riveros García (35), Iván Alejando Mereles Espínola (24), Iván Isaías Ramírez Aguilar (18), Walter Junior Riquelme Vázquez (24), Juan David Méndez Vera (21), Denis Fabián Mereles Espínola (26) y Juan José Fernández Valdivieso (30).

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Barrabravas protagonizaron hechos violentos en el superclásico

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación fiscal, el domingo 19 de abril, poco después de las 17:30, se llevó a cabo el encuentro deportivo correspondiente al superclásico del fútbol paraguayo entre los clubes Olimpia, en condición de local, y Cerro Porteño, como visitante, ocasión en que se produjeron disturbios que derivaron incluso en la suspensión del evento deportivo.

Posteriormente, cerca de las 19:20, en las inmediaciones de las calles Santiago Leguizamón casi Carlos Antonio López de Asunción, los ahora imputados habrían arrojado cascotes a los buses que transportaban simpatizantes de uno de los equipos y también, contra efectivos policiales que realizaban tareas de contención.

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Según los primeros datos recogidos en la investigación, los imputados habrían actuado con agresividad física y verbal, desobedeciendo reiteradas indicaciones del personal policial, hasta ser reducidos y trasladados a la sede policial correspondiente para su individualización mediante el sistema informático.

En cuanto al imputado por los ilícitos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave, la Fiscalía lo sindica de ser el autor de arrojar cascotes desde las gradas del estadio, causando lesiones a dos agentes policiales y afectando también a asistentes del encuentro.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el país con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona afectada corresponde a la Región Occidental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

• Norte de Presidente Hayes
• Alto Paraguay
• Centro, norte y este de Boquerón

Meteorología: nueva alerta de tormentas para tres departamentos de Paraguay

De acuerdo con el relato de los vecinos, Fretes y Rivas eran adictos al crack o chespi, por alguna razón se enemistaron y actualmente se venían amenazando de muerte, pese a que los familiares trataron de intervenir para limar las asperezas y terminar con el pleito, ambos rivales nunca llegaron a un acuerdo.

Finalmente, en la madrugada de hoy, ambos se encontraron sobre una de las calles de la fracción Mano Abierta, donde Fretes se llevó la peor parte, ya que sufrió un par de heridas, las que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

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Tenía el arma homicida

Tras la denuncia del hecho y una vez terminado con los procedimientos del rigor, una patrulla encabezada por la misma jefa de la comisaría la 33 Central, comisario principal Elizabeth Palacios, ubicó y capturó al presunto homicida.

En poder de Rivas fue encontrado el arma homicida, un cuchillo de unos 30 centímetros de filo que fue entregado al Ministerio Público como evidencia.

Mejorar la infraestructura de las industrias

Durante la presentación del programa que tuvo lugar en el MIC, las autoridades indicaron que el objetivo es fortalecer de manera integral el Sistema Nacional de Calidad (Sicalidad), mejorando la coordinación entre sus instituciones y desarrollando capacidades técnicas en áreas clave como normalización, metrología y acreditación.

Control de calidad para el éxito empresarial

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, señaló que “no hay mejor fórmula” para generar desarrollo que a través de la industria, dado que la logística y los servicios son consecuencia de dicho sector, que también genera marcas paraguayas que llegan a otros países.

En ese sentido, indicó que es necesario desarrollar una infraestructura de calidad más sólida que la que se dispone actualmente, la cual calificó como “débil”, y que además genere confianza.

“Aprovechar lo bueno que tiene el país”

Para el titular del MIC, se debe reorientar la política de calidad de Paraguay para que refleje el potencial de los productos que se fabrican en el país.

“Es la única forma de aprovechar lo bueno que tiene Paraguay, como los dos grados de inversión, que hoy propician que el país se destaque como productor de alimentos, madera y productos industrializados, como la carne vacuna y de cerdo para el mundo entero”, destacó.

Este proyecto tendrá foco en el sector maderero y en toda la cadena de valor agroalimentaria, como carne, pasta, panadería entre otras.

Generar confianza en los mercados

Paraguay no aprovechará el acuerdo comercial alcanzado con el bloque europeo ni los dos grados de inversión que logró en los últimos años, si no genera confianza en el mercado internacional, añadió Riquelme. Para ello, reiteró la necesidad de desarrollar una infraestructura de calidad de primer nivel.

Reducir costos de exportación

En ese contexto, afirmó que la cartera de industria que lidera encabezará este proyecto junto con otras instituciones. El objetivo de mejorar el Sistema de Calidad es disminuir los costos de exportación, considerando que actualmente existen “gastos de conformidad” cuando se envían productos a Europa, “donde el cliente debe verificar que estos cumplan con los estándares requeridos”.

“Si ya se cuenta con confianza en las estructuras de calidad, los laboratorios y las instituciones, y existe una adecuada articulación entre ellas, se permitirá reducir costos y hacer que el producto industrial paraguayo sea más competitivo a nivel global”, precisó.

En este marco, “Sicalidad Paraguay” se estructura en tres niveles de intervención complementarios: el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones del sistema nacional de calidad, el desarrollo de capacidades en gremios para la provisión de servicios en calidad y sostenibilidad, y la promoción de una cultura de calidad a nivel país, de acuerdo a lo que dieron a conocer durante la presentación.

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Duración

El programa tendrá una duración de cuatro años y apunta a resultados concretos: un mayor número de empresas cumpliendo estándares internacionales, el fortalecimiento de los servicios de calidad disponibles en el país y un mayor reconocimiento internacional de las capacidades técnicas nacionales, informó el ministro.

La agente afectada por la amenaza es la que lleva la causa por el presunto título falso de abogado del senador Rivas, tanto la investigación en la que fue sobreseído por los votos en mayoría del tribunal de apelación compuesto por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández (este último votó en disidencia), como también en la nueva abierta tras la denuncia presentada por varios senadores opositores.

Hasta ahora se cuestiona la legalidad de este permiso, ya que el mismo se otorga a legisladores que asumen funciones dentro del Poder Ejecutivo, ya sea como ministros o embajadores, o incluso por cuestiones no previstas en la Constitución Nacional, como por salud.

Sin embargo, existe un antecedente en el que el senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Paraguay, pidió permiso y la mayoría cartista se impuso para otorgárselo, situación que hoy no se da, ya que los colorados disidentes anunciaron que no apoyarán el pedido de permiso, por lo que los cartistas siguen operando para conseguir los votos, según dijo Derlis Maidana.

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“Nosotros hemos tomado una decisión en la bancada que es aceptar el pedido presentado por el colega David Rivas. Ya las instancias para defender y atacar su caso están en la justicia, él se tendrá que defender con sus representantes legales y vamos a ver si tenemos los votos necesarios para poder aprobar el permiso”, refirió.

Cartistas operan para aprobar permiso

Los cartistas suman en total 14 votos, más cuatro liberocartistas que votan en coincidencia con el oficialismo colorado, aunque juntos hoy día no suman ni siquiera para contar el quorum necesario.

Maidana detalló que recién mañana podrán saber si es que cuentan o no con los números, ya que siguen conversando con otras bancadas, incluso con opositores y disidentes, a fin de lograr los votos.

“Hoy día nosotros, la bancada de Honor Colorado somos 14 integrantes y necesitamos hacer acuerdos con otros espacios políticos para poder llegar. El presidente del Congreso está conversando con ellos (disidentes) y vamos a ver, mañana ya vamos a saber si tenemos o no los números para ver si se acepta o no el permiso”, precisó.

Piden acciones civiles para anular el título de abogado de Rivas

Ante el cuestionamiento de por qué blindan a Rivas, respondió que el legislador ni siquiera tiene fueros y está expuesto a todo lo que dice la justicia. Incluso se desmarcó de Rivas, al asegurar “yo no estoy haciendo apología a favor de Hernán Rivas, nosotros ya hemos tomado la decisión, sería nomás yo irresponsable y populista decir ‘no, yo no estoy de acuerdo con el pedido de permiso, vamos por la pérdida de investidura’, porque nosotros hemos decidido eso en bancada y los 14 creo que vamos a votar en consonancia”.

Maidana admite que Rivas ya es una carga

“No tenemos otro interés más que tener a un compañero que pasó por muchas dificultades y que nosotros ahora tomamos la decisión de pedirle que salga del seno del Senado”, tras insistirle con respecto al blindaje a Rivas.

Admitió que ya es pesada la carga de Rivas, por lo que decidieron apoyar el pedido de permiso del legislador cuestionado por su título de abogado presuntamente falso. En reemplazo de Rivas, independiente a que se apruebe su permiso o su pérdida de investidura, asumiría el exdiputado Carlos Liseras, tras una nota remitida por Julio Borba, quien se niega a asumir la banca, debido a su trabajo en el sector privado.

También consideró que los procesos cuestionados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en los que participó Rivas como miembro se deberán resolver una vez que se confirmen las sentencias sobre el presunto título falso de Rivas.

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No descartó que en el caso de que colorados disidentes y opositores dejen sin quorum la sesión, el Senado funcione con 44 miembros durante un tiempo.

Definición de chapa presidencial 2028

El embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, confirmó que solicitó volver a la Cámara de Senadores, por lo que volvería a ocupar su banca en el Senado. Sobre las motivaciones de Leite para volver, Maidana contó que Leite tendría intenciones de candidatarse al Senado nuevamente.

Sobre la definición de la propuesta de los senadores oficialistas para acompañar a Pedro Alliana en la chapa cartista para las elecciones del 2028, explicó que la cuestión de Rivas hizo que se retrasen las conversaciones.

Sobre su postulación, dijo que recién comunicarían el resultado una vez que se reúnan para discutir la propuesta.

“Creo que Latorre como Baruja, como otros precandidatos reúnen los requisitos básicos para, por supuesto, pensar en la chapa presidencial. Al presidente de Diputados no le falta nada, así como al ministro Baruja”, consideró sobre los otros nombres que suenan para la chapa presidencial.

“Existe otra acusación ante el Jurado (en relación a Lorenzo Lezcano), con relación a la investigación sobre la autoría moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci, cuyo estudio fue postergado, en razón de que no solo Lezcano está dentro de la causa sino también los agentes Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán”, resaltó Benítez Riera.

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Al respecto agregó que el Ministerio Público aguarda los resultados de la investigación de la Justicia de Colombia sobre el crimen del fiscal Marcelo Pecci, lo que constituye un obstáculo procesal, según resalta la propia resolución del JEM al postergar el estudio de la acusación presentada contra Lezcano.

A la propuesta del ministro Luis Benítez Riera se sumaron los ministros Víctor Ríos Ojeda, César Garay Zuccolillo, María Carolina Llanes, César Diesel Junghanns y Alberto Martínez Simón. A su vez el ministro Eugenio Jiménez Rolón se abstuvo de votar.

Por su parte el ministro Gustavo Santander Dans se opuso a la confirmación de Lezcano y votó por designar en el cargo a la Abg. Silvia Cándida Marcela Acosta, lo otra integrante de la propuesta remitida por el Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia. A la oposición se adhirió el ministro Manuel Ramírez Candia.

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Presuntos nexos de Lorenzo Lezcano con Lalo

Al argumentar su oposición a la confirmación del fiscal itinerante el ministro Gustavo Santander Dans recordó que Lorenzo Lezcano tiene actualmente una investigación preliminar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el caso #LaMafiaManda por los chats del agente con el difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

Según las conversaciones extraídas del teléfono del fallecido exdiputado colorado, Lalo Gomes tenía constante comunicación con el fiscal Lorenzo Lezcano, desde mucho antes de llegar al Congreso Nacional.

En octubre del 2022, por ejemplo, Gomes le envió el comprobante de una transferencia bancaria enviada a César Achucarro González, a quien identifica como el hermano de Lezcano. Gomes le envió G. 15 millones.

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Durante todo ese año, conversaron sobre temas varios y causas que se desarrollaban en Pedro Juan Caballero. Según los chats, el fiscal le facilitaba a Gomes información sensible, cuando él ni siquiera había sido elegido como diputado y era solo un conocido empresario y ganadero de la zona.

Por ejemplo, en octubre del 2022, hablaron sobre el crimen de Haylee Acevedo, la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo. El fiscal le facilitó a Lalo el nombre de quien habría sido el “campana” que actuó en el tiroteo fatal, a quien identificó como Ramón Aguayo, secretario del presunto narco Marcio Sánchez, alias Aguacate.

Pidió ayuda a Lalo porque “hendy kavaju resa”

Otra de las llamativas conversaciones data del 17 de noviembre del 2023. En esas fechas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigaba a Lorenzo Lezcano por haber permitido que Sebastián Marset se movilice libremente en Paraguay y luego pueda huir.

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A través de conversaciones escritas y por audios, Lezcano le pidió al diputado su ayuda porque “hendy kavaju resa (estaba complicada la situación)”. Le consultó qué tal era su relación con el diputado Orlando Arévalo, titular del JEM.

Lalo le respondió con el siguiente audio: “Ñandepoguýpe jareko péape, pea ñande hermano (en nuestras manos le tenemos él, es nuestro hermano)”. Luego, le dijo que solo debía decirle qué tiene que pedirle.

En esa ocasión, él prometió coordinar una reunión con Arévalo y poco después le confirmó que debía ir hasta la vivienda del mismo. “Ya está viendo tu tema”, le garantizó Lalo y compartió la ya conocida por muchos fiscales casa del presidente del JEM.

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Absolución de Lezcano en el JEM

“Hablé con Orlando. Me dijo que mañana se liquida a tu favor”, le prometió Lalo a Lorenzo Lezcano el 4 de diciembre. Al día siguiente, el JEM absolvió al agente del Ministerio Público.

Los miembros del cuerpo colegiado que aprobaron la absolución fueron Alejandro Aguilera, Mario Varela, Derlis Maidana y Arévalo, como presidente del JEM.

“De corazón, en nombre de mi familia, muchas gracias”, expresó Lezcano tras esa noticia. “Para eso estamos, firme, mi querido hermano. A tu lado, por lo que sos y representás para nosotros (sic)“, le respondió Lalo.

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“Jahasapaite la ñandecontrariokuéra ári (pasamos completamente encima de nuestros enemigos), hermano”, destacó el fiscal.

Por 28 votos, cartistas y aliados aprueban polémico acuerdo SOFA con EE.UU.

Yamil Esgaib (ANR, HC) dijo que el memorando refleja la cooperación entre ambos países. También dijo que él y otros “ciudadanos” paraguayos se vieron afectados por la administración Biden (2021-2025) y el exembajador Marc Ostfield, por lo que pidió a la administración de Donald Trump que le repongan la visa a él y a su familia. Dijo ser un “aliado” que no puede seguir en esta situación.

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A Esgaib le retiraron su visa de los EE.UU. y él y su familia tienen prohibido pisar suelo norteamericano. Su hija, de hecho, fue deportada.

Días previos también el encargado de Negocios de la embajada de los EE.UU. en Paraguay, Robert Alter, se reunió con el canciller nacional, Rubén Ramírez, para abogar por este acuerdo.

A la par, nuestro país ya empezó a recibir apoyo logístico de EE.UU. en materia de seguridad, mediante donaciones de equipos a las Fuerzas Armadas.

El documento ya ratificado por el Congreso plantea a grandes rasgos las condiciones para compra de equipamiento y servicios de seguridad, los cuales no están detallados.

De hecho, se establecen cláusulas que prohíben compartir información sin aval de ambas partes, alegando la sensibilidad del área que atañe, que es seguridad.

El memorando de entendimiento más bien deja asentados los procedimientos para la contratación, pago e importación de los equipamientos, así como excepciones impositivas.

No se mencionan montos de las operaciones y se establece que el acuerdo puede quedar sin efecto por decisión de cualquiera de las partes, previa comunicación en tiempo y forma.

Los profesionales presentes en el palco de público celebraron la aprobación.

Al inicio del debate, el diputado Miguel del Puerto (ANR, HC) pidió la aprobación sin modificaciones para que pueda ser sancionado.

Nestor Castellano (ANR, HC) reivindicó a los profesionales de la salud cuyo trabajo representa muchas veces la diferencia entre la vida o la muerte.

Johana Vega (ANR, HC) también valoró a quienes sostienen una parte fundamental del sistema de Salud del Paraguay y quienes permiten detectar enfermedades a tiempo.

El colorado Arturo Urbieta citó algunas reivindicaciones laborales claves en el proyecto. Recalcó los requisitos para el ejecicio registro profesional, mejores condiciones laborales, una jornada máxima 20 horas semanales, usos obligatorios de protocolos de seguridad así como una jubilación a los 55 años de edad y 25 de aportes.

Según los antecedentes, el proyecto de ley presentado en el anterior periodo legislativo abarca toda actividad radiológica en instituciones públicas, privadas, autárquicas y autónomas. Según el texto, solo podrán ejercer la profesión quienes cuenten con títulos reconocidos y un registro habilitante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), además de una autorización individual otorgada por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN).

Este organismo también será responsable del control de instalaciones, niveles de radiación y cumplimiento de normativas internacionales.

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El proyecto define al profesional radiólogo como el encargado de producir imágenes médicas mediante rayos X, campos magnéticos y otras fuentes energéticas, usadas luego para diagnóstico o tratamiento.

Entre las competencias incluidas se encuentran: Manejo de equipos con radiación ionizante, participación en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, trabajo autónomo o integrado en equipos multidisciplinarios.

Asimismo, la posibilidad de ejercer docencia e investigación. Además, se prevé la elaboración de un Manual de Funciones que delimite tareas específicas de licenciados y técnicos.

El proyecto abarca una amplia lista de especialidades como: Radiodiagnóstico, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear, radioterapia, angiografía y hemodinamia, radiología forense, veterinaria e industrial, irradiación de alimentos y hemoirradiación.

El director del hospital, doctor Héctor Castro, aseguró a ABC que se está trabajando con Salud Pública para adquirir el equipo médico y también trabajan con el servicio social para analizar la viabilidad del traslado. “Se tiene que ver día a día el contexto del paciente y el contexto social. Para que la respiración asistida domiciliaria sea segura en un lugar tan distante como Puerto Casado, se deben asegurar garantías básicas, como la estabilidad de la corriente eléctrica y condiciones edilicias”, explicó.

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Castro señaló que el hospital ya tiene experiencia con pacientes en programas de asistencia domiciliaria, mencionando como ejemplo a niños con Atrofia Muscular Espinal (AME). Sin embargo, aseveró que la ubicación geográfica de la paciente es un factor crítico.

Castro fue enfático al indicar que se requiere la presencia de referentes de fisioterapia y nutrición cerca de la localidad. Además, el servicio social debe asegurar la provisión constante de filtros, tubuladuras y medicación. Precisó que la niña también requerirá controles periódicos en el hospital.

“Estamos aguardando la compra del respirador, pero por otro lado, se tiene que evaluar el seguimiento y la provisión de insumos ante una situación tan compleja”, puntualizó el director.

Evolución del cuadro clínico

A pesar de la dependencia del ventilador, el doctor Castro destacó que existen avances. La niña está ganando peso y se han podido ajustar a la baja las presiones del respirador para “descomplejizar” su estado lo máximo posible.

Además, el director del hospital dijo que la madre de la niña, Clarisa Barros, ya recibe entrenamiento directo en la terapia, adquiriendo habilidades en aspiración de secreciones, manejo de gastrostomía y fisioterapia. Sin embargo, el retorno al Chaco sigue supeditado a que el sistema de salud pueda garantizar en el hogar la misma solidez de tratamiento que Esthercita recibe en el hospital.

El juez Osmar Legal convocó hoy a una audiencia de revisión de medidas y dispuso la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva después de que ayer la justicia de Brasil enviara el desistimiento del pedido de extradición que pesaba contra ambos.

El general Orué y el coronel Fretes fueron absueltos el 7 de abril pasado en Brasil en el proceso penal que se les abrió en el marco de la operación Dakovo, ejecutada el 5 de diciembre de 2023, contra una estructura de tráfico internacional de armas.

La absolución en Brasil también favoreció ese día a otras dos militares paraguayas, la capitana Josefina Cuevas Galeano, de 37 años, y la teniente primero Cinthia María Turró Braga, de 42 años, quienes igualmente eran requeridas en extradición, pero que ya salieron también de Viñas Cue con tobillera electrónica.

Caso Dakovo: absuelven en Brasil a cuatro militares paraguayos

Los cuatro militares, Orué, Fretes, Cuevas y Turró, soportaban pedido de extradición de Brasil, aunque nunca fueron extraditados, ahora terminaron absueltos y finalmente con esto tendrían que solucionar definitivamente sus situaciones judiciales en Paraguay.

Proceso en Paraguay por el caso Dakovo

Sin embargo, el general Orué y el coronel Fretes aún siguen procesados en Paraguay en otra causa penal que abrió el Ministerio Público (MP) por los mismos hechos, es decir, tráfico de armas.

Con relación a esta causa nacional, mañana se llevaría a cabo también una audiencia de revisión de medidas ante la jueza de Sentencia Dina Marchuk Santacruz, quien deberá decidir si tambié le concede la libertad a ambos.

Si es así, recién ahí Orué y Fretes podrán abandonar el penal militar de Viñas Cue.

Otro militar procesado en Paraguay por el caso Dakovo, pero que no era requerido en extradición por Brasil, es el general del Aire retirado Arturo Javier González Ocampo, de 60 años, quien fue el primero en abandonar la prisión.

Los militares fueron señalados como miembros de una rosca que desde la entonces Dirección de Material Bélico (Dimabel) facilitaban el tráfico de armas hacia Brasil, supuestamente ejecutada por la empresa International Auto Supply SA (IAS).

Dirisio pedirá la devolución de armas entregadas a la Policía y de una camioneta

Esta firma pertenece al argentino Diego Hernán Dirisio, de 51 años, y su esposa paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, de 43 años, quienes estuvieron presos en Argentina hasta inicios de este año, cuando fueron liberados con tobillera electrónica.

El propio Gómez explicó que el equipo técnico vinculado a la entidad financiadora realizó en febrero un levantamiento de datos en el hospital y que actualmente se trabaja en ajustes al diseño original del proyecto.

Sin embargo, aclaró que estas acciones aún no se han traducido en intervenciones concretas en la infraestructura del nosocomio.

A más de un año del anuncio de una inversión de unos 10 millones de dólares para fortalecer el sistema de salud en Cordillera, las mejoras prometidas por el Gobierno siguen sin concretarse.

Peña prometió mejoras en abandonado Hospital Regional de Caacupé, pero no cumplió su palabra

Promesa incumplida

El compromiso, asumido el 24 de enero de 2025 por el presidente Santiago Peña junto a la ministra María Teresa Barán, contemplaba una transformación integral del Hospital Regional de Caacupé, con infraestructura moderna, nuevos equipamientos y la incorporación de más personal médico.

El anuncio se dio tras el incendio del 18 de enero de 2025 que obligó a evacuar a más de 50 pacientes de áreas sensibles como urgencias, internación y pediatría, dejando al descubierto graves falencias estructurales del principal centro asistencial del departamento.

Las intervenciones previstas incluían mejoras en urgencias, maternidad, cirugía, pediatría y terapia intensiva, pero hasta la fecha no hay avances visibles.

El director del hospital, Hugo Cañete, confirmó que el proyecto continúa sin desarrollarse, en medio de reclamos constantes de usuarios que exigen mejores condiciones de atención. La falta de avances refleja una brecha entre los anuncios oficiales y la realidad del sistema de salud en la región.

Para consultar más detalles, llamamos al número del Ministerio de Salud, pero no obtuvimos respuesta.

Seguimos abiertos a cualquier información adicional.

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El tramo vial presenta un avanzado deterioro de la capa asfáltica y una marcada falta de señalización. En los últimos años, esta situación ha generado numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales, agregó.

Además, dijo que el tramo que une la ciudad de Ayolas con la Ruta PY 1, fue construida hace más de 40 años durante la edificación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) y constituye una vía fundamental para la conectividad y el desarrollo local. Diariamente circula un gran número de personas por motivos laborales, de salud y educación. También es utilizada con fines turísticos, lo que incrementa su importancia estratégica para la región. Pese a ello, no recibe el mantenimiento adecuado requerido por su nivel de uso.

En otro momento, Rivero manifestó que no es la primera vez que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones incumple compromisos asumidos con Ayolas. Recordó que en noviembre de 2023 la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció que se iniciaría la construcción de la defensa costera. Dicha obra busca resguardar a pobladores situados en zonas ribereñas ante los desbordes del río Paraná. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado avance en ese proyecto.

Las obras de recapado y señalización de 52 kilómetros de la Ruta PY20 se pusieron en marcha en junio de 2023. La ejecución estaba a cargo del MOPC, mientras que la financiación correspondía a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Antes de alcanzar el 30% de ejecución, las tareas quedaron paralizadas a raíz de la crisis financiera que atraviesa la binacional. Desde entonces, no se ha logrado reactivar el proyecto. La ciudadanía continúa aguardando una solución definitiva a esta situación.

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