Los vecinos señalan directamente al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, de estar detrás de un supuesto plan para acorralar a las familias y forzarlas a vender. Aseguran que el conglomerado tiene la intención de construir un proyecto inmobiliario en la zona.

Tierras municipales: advierten que corporaciones no pueden adquirir tierras municipales

Ante el pleno, el concejal Humberto Blasco (PLRA) enfatizó que los emprendimientos corporativos como el señalado por los vecinos, ni siquiera califican para adjudicarse tierras municipales, ya que las ordenanzas vigentes priorizan la posesión con un criterio social y no buscan la rentabilidad empresarial.

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“Ningún emprendimiento comercial puede apropiarse de bienes municipales y menos por la fuerza. Jamás le vamos a dar la cuenta corriente catastral para que los venda después”, añadió el edil.

“Tampoco los particulares que hoy están en posesión de estos inmuebles pueden comercializar propiedades municipales. Tienen que regularizar previamente sus posesiones y existen también cláusulas que evitan la comercialización de estos inmuebles por un plazo determinado (5 años)”, dijo Blasco.

Exigen censo y un relevamiento de expedientes

El concejal Blasco, junto con sus colegas Daniel Ortiz (ANR-disidente) y Javier Pintos (ANR-cartista), propusieron y lograron que el pleno encomiende a la intendencia que entregue -en un plazo de ocho días hábiles-, un relevamiento de todos los terrenos municipales colindantes al emprendimiento privado en cuestión, pidiendo que se detalle la cuenta corriente catastral, la identidad de los ocupantes y su antigüedad.

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Este censo servirá para conocer la situación de todos los terrenos municipales en la extensión del barrio, especificando la cantidad total de lotes, la situación registral inmobiliaria, el estado actual de los expedientes presentados por los vecinos, qué gestión es necesaria para que avancen y en qué dependencia se encuentran retenidos. Ortiz justificó la urgencia mencionando denuncias de extorsiones y chantajes, señalando que funcionarios ofrecerían acelerar trámites a cambio de dinero.

En tanto, Javier Pintos (ANR-cartista) pidió que una vez que los expedientes lleguen a la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, se convoque a los vecinos afectados para tomar decisiones a la “luz pública” y garantizar la protección de sus derechos.

Antecedentes del conflicto en La Piedad: ocupación histórica y desalojos violentos

Los vecinos de Mbocayaty (La Piedad), la mayoría residente en el sitio desde hace varias décadas, denuncian que la Municipalidad de Asunción mantiene sus terrenos en categoría de "arrendados”. Los vecinos señalan que las trabas municipales coincidieron con el interés del Grupo Vázquez en desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.

Los pobladores sospechan de un plan para "acorralarlos" y forzarlos a vender sus propiedades. El caso más grave denunciado es el de Mirian Ramírez, quien relató que, mientras estaba en una consulta médica, guardias privados derribaron las murallas de su casa, forzaron los accesos y arrojaron sus muebles a la calle en un procedimiento extrajudicial violento.

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Los denunciantes apuntan a la aparición de personas ajenas al barrio, como Rodolfo Manuel Fernández Almada, a quien señalan como presunto testaferro del Grupo Vázquez, y figura sorpresivamente en los registros municipales como nuevo "arrendatario" de lotes ocupados históricamente por los vecinos. Según las denuncias, Fernández Almada incluso denunció a ocupantes antiguos por "invasión de inmueble“, logrando una celeridad judicial que los vecinos no obtienen para sus trámites de titulación.

En tanto, la Intendencia y la Junta Municipal se responsabilizan mutuamente por el estancamiento de los expedientes. Mientras el Ejecutivo municipal afirma que la decisión final de venta o arrendamiento es de los concejales, estos denuncian que los informes técnicos necesarios para decidir están retenidos en dependencias como la Dirección de Catastro.

“No tenemos ningún proyecto de barrio cerrado en La Piedad”, dice Bello

En conversación con ABC TV, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), aseguró que, al menos hasta el momento, no existe ninguna solicitud ni iniciativa formal para la construcción de un barrio cerrado o emprendimiento similar en esa zona de la ciudad. “No va a haber ningún tipo de adjudicación así, que no haya pasado por todos los estamentos burocráticos, dijo.

Ante las denuncias de vecinos sobre “aprietes” de funcionarios municipales para forzar ventas, instó a la ciudadanía a tomar fotografías y denunciar formalmente a cualquier empleado que actúe de forma irregular. Prometió realizar sumarios administrativos y destituir a quienes incurran en estas prácticas.

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Respecto al caso de violencia denunciado por la vecina Mirian Ramírez, se comprometió a interiorizarse sobre el tema y reiteró que no permitirá que funcionarios municipales participen en desalojos irregulares, afirmando que para él, “siempre está primero el vecino”.

El feje comunal reconoció que la municipalidad debe mejorar su dinamismo, pero aclaró que no puede hacerse cargo de expedientes que llevan 20 o 30 años trabados antes de su llegada a la Intendencia. Mencionó que existen aproximadamente 3.500 terrenos de dominio privado municipal en toda Asunción y que cada caso es particular.

El documento remarca que Lula se expresó “desconociendo la complejidad de los antecedentes del conflicto, el profundo sufrimiento humano soportado por el pueblo paraguayo y las consecuencias demográficas, económicas, institucionales y territoriales que marcaron profundamente el devenir de la República del Paraguay”.

El documento, además “exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar las gestiones diplomáticas para la restitución del cañón cristiano y demás trofeos de guerra pertenecientes al patrimonio histórico nacional” y que se encuentran en poder de Brasil.

Ayer, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó esta declaración, pero al haber tres propuestas distintas, se acordó que hoy, en Mesa Directiva se llevaría una propuesta unificada, lo cual ahora se plasmó en este documento oficializado por Latorre.

El documento además señala que se “reafirma el compromiso de la Honorable Cámara de Diputados con la defensa de la memoria histórica de la República del Paraguay”.

Una “Comisión Especial” para recuperar los trofeos de guerra

Ante esto, esta mañana en la reunión de Mesa Directiva, el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera planteó colaborar en las gestiones eventuales de la Cancillería para reclamar los trofeos de guerra, creando una Comisión Especial unicameral con dicho fin.

“Hemos decidido crear una Comisión Especial de parlamentarios para buscar los mecanismos, a través de nexos políticos, para hacer la gestión y recuperar esos trofeos de guerra, de modo de acompañar las gestiones que van a iniciar desde la Cancillería Nacional”, sostuvo.

No obstante, volvió a minimizar el silencio en este tema puntual del presidente Santiago Peña y de la Cancillería a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, que siguen callados ante los dichos de Lula, que pretendió pintar a Paraguay como el agresor y responsable de la Guerra de la Triple Alianza.

“Pedro Alliana, obviamente al ser vicepresidente de la República y ser presidente en ejercicio, al hablar él ya habla el gobierno. Ya estaría de más hasta que el canciller vuelva a replicar lo que dice el vicepresidente”, sostuvo.

Alegó que la intención no es confrontar con Brasil, sino buscar mediante la “diplomacia parlamentaria” recuperar los trofeos de guerra.

Media sanción a declaran 12 de agosto día de “luto nacional”

La Cámara de Diputados también ayer en su sesión ordinaria dio media sanción al proyecto de ley que declara el 12 de agosto de cada año como “Día del Luto Nacional” en conmemoración de la bárbara quema del hospital y la masacre de inocentes e indefensos durante la Guerra de la Triple Alianza.

“No tenemos que dejar en el olvido lo que ocurrió en Piribebuy el 12 de agosto de 1869, donde luego de que haya ganado el ejército brasileño al mando del Conde D’eu, no fue suficiente para ellos vencer, sino que han quemado nuestro hospital, que es algo que se respeta dentro del marco de una guerra. Sin embargo, ellos han quemado con personas que murieron achicharradas, murieron vivas quemadas. Realmente muy cruel”, dijo.

Con la media sanción de Diputados, queda en manos del Senado sancionar el proyecto de ley "que declara el día 12 de agosto de cada año, como día de luto nacional en memoria de los hechos ocurridos en la ciudad de Piribebuy en el año 1869″, que no implicará agregar un nuevo feriado.

“La propuesta es que sea un día de luto, no es feriado, es un día de luto con banderas a media asta y que eso pueda ser recordado por siempre. No debemos olvidar lo que pasó en la historia para no volver a repetirla nunca más", dijo Vallejo.

Al ser consultado sobre supuestas “incomodidades” por el nombre del actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, para acompañar al vicepresidente, Leite se excusó con el argumento de que “estoy llegando a Paraguay”.

“Ustedes saben que estuve afuera (en Estados Unidos como embajador). Según alguno de ustedes, paseándome”, citó. Otra figura colorada que mencionó la misma dupla fue el expresidente Nicanor Duarte Frutos.

También apuntó que el Partido Colorado cuenta con “tres millones de afiliados” y por eso “no nos pueden pedir que estemos contentos con todos”.

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El “tirón de oreja” de Pedro Alliana

Tras las declaraciones del legislador cartista, el vicepresidente Pedro Alliana publicó en redes sociales un mensaje “para evitar interpretaciones“.

“La opinión del senador Gustavo Leite sobre postulación a la vicepresidencia no representa en absoluto mi postura. Soy fiel al compromiso asumido de ser responsable del anuncio del candidato a vicepresidente al final de las elecciones municipales y mientras sea candidato ese plazo se va a cumplir”, aseguró.

Inclusive alegó que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) “la disciplina la marcamos con respeto a las personas y su rol”, por lo que el suyo es “designar y anunciar” un futuro candidato a la vicepresidencia.

“Un candidato de Honor Colorado es fiel a su palabra y no duda en el cumplimiento de sus compromisos”, disparó conta su correligionario, también del movimiento oficialista.

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Las inspecciones continúan en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero.

El recorrido estuvo a cargo del actuario designado, Héctor Daniel Granada; del representante legal de la Municipalidad en esta causa; y de los representantes de la EBY, los abogados Nélida Montes y Luis Sarquis.

Villalba explicó que hallaron un patrón particular desde la segunda jornada de inspección: la mayoría de las estaciones contaba con una sola bomba funcional. En cinco estaciones no había equipos en la primera jornada; en la segunda, una estaba fuera de servicio; y en esta tercera, también una estaba sin funcionar por falta de energía eléctrica.

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Funcionamiento de las motobombas

El abogado Villalba indicó que, según el Pliego de Bases y Condiciones de la construcción de la red cloacal de la ciudad, que fue edificada por la EBY en compensación al territorio habitado cedido, figura que cada estación debe contar con dos motobombas que deben funcionar de manera alternada. En principio, se halló solamente una, entre las 31 inspeccionadas, que contaba con dos, refirió.

En total, se deben revisar las 63 estaciones que están ubicadas en el área metropolitana de Encarnación, en cercanía de arroyos y subembalses.

En contrapartida, los representantes de la EBY alegan que las estaciones son víctimas de constantes “rapiñas” de equipos y cables. Los abogados presentaron ocho denuncias entre 2024 y 2025 por hechos de hurto en las estaciones.

Miembros de la organización civil Coordinadora de Defensa del Poti’y alegan que, estos días, tras confirmarse las inspecciones judiciales, varias estaciones fueron intervenidas. Incluso, la comitiva refiere que halló indicios de reparaciones recientes. Lo que no se dejó en claro es si es suficiente el funcionamiento de una sola bomba para mantener la red cloacal en funcionamiento hasta la planta de tratamiento.

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Contaminación de arroyos

Varias mediciones de calidad de agua detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desrrollo Sostenible (Mades).

Las estaciones de bombeo reciben por gravedad las aguas negras y, con las motobombas —regularmente deben haber dos por estación—, estas deben accionarse para redirigir el líquido a la planta de tratamiento. La misma cuenta con un sistema de “bypass” que se acciona cuando no está funcionando o cuando las piletas están llenas.

Este sistema consiste en que, al no poder seguir por los ductos hasta la planta de tratamiento, las aguas negras se liberan por un tubo directamente a los subembalses de los arroyos donde están colocadas.

Durante la sesión del Consejo de Administración, realizado esta mañana y liderada por Isaías Fretes, se puso sobre la mesa una realidad ineludible: la necesidad urgente de ordenar y redistribuir los recursos humanos y equipamientos a nivel país, priorizando áreas altamente sensibles como los laboratorios clínicos, odontología y la salud mental.

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Este debate sobre la eficiencia operativa se da en un contexto marcado por la escasez estructural de médicos y profesionales de blanco en las distintas dependencias del seguro social. Diversos informes de control y auditorías han evidenciado reiteradamente que los servicios de urgencias y consultorios periféricos sufren de desprotección parcial por falta de reemplazos por vacaciones o reposos. A esto se suma una alta fuga de talentos humanos hacia el sector privado o el extranjero debido a la falta de competitividad y la precariedad laboral y salarial.

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Uno de los puntos más debatidos en el seno del Consejo giró en torno a la situación del área odontológica, que cuenta con 590 profesionales en todo el país. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los recursos están pésimamente distribuidos, existiendo establecimientos que cuentan con infraestructura o sillones odontológicos sin personal operativo, y viceversa, profesionales asignados en lugares donde no disponen de las herramientas básicas para trabajar.

Ante este panorama, los consejeros alertaron sobre el riesgo inminente de una crisis profunda de capital humano. Durante la sesión, Isaías Fretes describió la situación con extrema crudeza: “Nosotros estamos en lo que le llamé la tormenta perfecta, una crisis de recursos humanos que yo creo que va a ser peor que la crisis económica que gracias a Dios, creo que estamos salvando. Pero la crisis de recursos humanos, no sé si vamos a poder salvarlo".

Los consejeros resaltaron el déficit histórico de especialistas en áreas críticas del país, áreas complejas como la psiquiatría infantil, la reumatología y otras determinadas subespecialidades médicas, que sufren una escasez crónica que obliga a los asegurados a enfrentar esperas prolongadas por la falta de turnos disponibles.

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Durante la sesión se recordó que existen sectores históricamente desatendidos. “Hay dos espacios en nuestra salud pública que no están bien atendidas. En primer lugar, salud mental. No hay suficiente cantidad de psiquiatras. Segundo, el área de la salud bucal. Y la salud empieza por la boca”, aseveró el presidente del IPS.

Consejo del IPS pidió ordenar servicios de diagnóstico

El Consejo también abordó la necesidad imperiosa de ordenar los servicios de diagnóstico y laboratorio clínico. Las autoridades señalaron que es fundamental crear una red integrada de laboratorios para estandarizar los pliegos de bases y condiciones de futuras licitaciones y definir con precisión qué análisis se deben realizar en cada establecimiento según su grado de complejidad.

Se puso como ejemplo el caso del Hospital 12 de Junio, el cual, a pesar de contar con pacientes internados adultos y pediátricos, opera bajo una categorización limitada que obstaculiza la gestión eficiente de reactivos esenciales, como los test para el diagnóstico oportuno de dengue ante inminentes epidemias estacionales.

Para solucionar estas brechas, se acordó la creación de mesas de trabajo específicas con los jefes de laboratorios de toda la red, buscando unificar criterios y evitar la duplicidad de pedidos o la carencia de determinaciones críticas en centros que atienden internación.

Jerarquización formal de los hospitales del IPS

El Consejo acordó además, adecuar la categoría de los hospitales del IPS a la realidad de los servicios. Actualmente, centros asistenciales del interior y del área central —tales como el Hospital 12 de Junio, el hospital de Caaguazú o el de Hernandarias— operan como hospitales generales o de mayor complejidad, al realizar cirugías, internaciones y servicios de terapia, pero arrastran limitaciones por no contar con la calificación formal adecuada.

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Los consejeros coincidieron en que este proceso burocrático ante las instancias competentes del Estado debe iniciarse de manera inmediata, ya que constituye un requisito indispensable para mejorar los circuitos de derivación y optimizar la asignación presupuestaria.

Con estas directrices, las autoridades del IPS aseguraron que se busca dejar atrás la improvisación administrativa para rescatar al seguro social de su aguda crisis de recursos humanos y garantizar una atención digna y eficiente para todos los aportantes.

El sector mayoritario (Nuevo Liberalismo, liderado por Ricardo Estigarribia) se lleva dos lugares; las dos minorías (Frente Radical de Ever Villalba y Diálogo Azul de Dionisio Amarilla) un lugar cada uno y el quinto se elige por consenso.

En este contexto, el Directorio del PLRA resolvió elegir a los nuevos miembros de sus tribunales. El Tribunal Electoral Independiente se encargará de las internas de las próximas elecciones generales con miras al 2028.

Sin embargo, el Tribunal de Conducta ya se alista para juzgar las denuncias contra candidatos y operadores acusados de trabajar para otras fuerzas políticas, principalmente “Yo Creo”, liderado por Miguel Prieto.

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Dicho órgano juzgador se caracterizó en períodos anteriores por mantener como afiliados liberales a numerosos políticos, ex ministros y ex intendentes condenados por corrupción así como a colaboradores del cartismo.

De esta manera el presidente del PLRA puso a consideración las dos listas conformadas por consenso. No hubo debate y la aprobación fue casi automática. Estos son los nombres:

Miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI)

Dionisistas: Fue electo Patricio Alberto Melul Herrera Marecos (titular) y Domingo Antonio Ocampos Pérez (suplente). Este último era funcionario de la Contraloría y precandidato a intendente de Fernando de la Mora.

Frente Radical: Fue electa la jueza destituida Norma Ivonne Girala Diez (titular) y Félix Alcides Salinas Sarabia (suplente).

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Nuevo Liberalismo: Fueron electos el concejal saliente de Asunción Félix Manuel Ayala y el abogado de la comuna de Fernando de la Mora Ever Gabriel Barrios Segovia como titulares. Oscar P. Cabral y Antonio Paredes Zaracho son los suplentes.

De Consenso: José Rafael Rojas

Miembros del Tribunal de Conducta

Dionisista: La hermana de Dionisio Amarilla, Elianne Amarilla Guirland, fue electa miembro titular y Carolina Ferreira de Gorostiaga es su suplente. Esta última fue una polémica asesora de Dionisio Amarilla en el Congreso, liberada de marcar horario en el Senado.

Frente Radical: Cynthia Elizabeth Maciel Méndez (titular) y Luis Ramón Brítez Samudio (suplente).

Nuevo Liberalismo: Mirian Celeste Medina Aguilera y Luis Alberto Meza (titulares) y Gloria Rodríguez Espinola y Victor Hugo Franco González (suplentes).

De consenso: Edgar Eligio Villalba Riquelme

Durante la audiencia número 26 fueron reproducidos registros fílmicos y conversaciones que, según el fiscal Fermín Segovia, ratifican la acusación fiscal y fortalecen la hipótesis de que existieron maniobras deliberadas para obstaculizar la investigación del terrible crimen de María Fernanda Benítez.

El feminicidio que conmocionó al país ocurrió el 27 de mayo de 2025, según datos de los investigadores.

El representante del Ministerio Público aclaró que el juicio actualmente en curso involucra únicamente a los mayores de edad procesados en la causa y no al adolescente señalado como principal sospechoso de la muerte de la joven.

Restan pocas pruebas por producir

Segovia explicó que la etapa probatoria se encuentra prácticamente concluida. Indicó que solo resta la reproducción pública de un dispositivo electrónico, la lectura de un documento que se realizará a puertas cerradas y, eventualmente, una constitución del tribunal en el lugar de los hechos.

Una vez culminadas esas diligencias, el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, deberá fijar fecha y hora para los alegatos finales, que se desarrollarán en el siguiente orden: Fiscalía, querella adhesiva y defensas.

El fiscal estimó que la producción de pruebas podría concluir esta misma semana y que las alegaciones finales serían fijadas para la próxima, con la posibilidad de que el juicio termine hacia los últimos días de la semana siguiente.

Videos y conversaciones considerados clave

Durante la jornada fueron exhibidos videos de conversaciones entre Franco Antonio Acosta y Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, así como registros obtenidos dentro de la vivienda del supuesto autor material.

Consultado sobre la relevancia de ese material, Segovia afirmó que los videos son importantes porque “están ratificando la acusación fiscal en cuanto a los acontecimientos que se le atribuyen al señor Franco”.

El fiscal evitó profundizar sobre el contenido específico de los registros por razones de estrategia procesal, aunque adelantó que en los alegatos finales la Fiscalía detallará cómo ese material se relaciona con la presencia del acusado en el local de la farmacia y con el posterior borrado de imágenes de circuito cerrado.

Cinco versiones sobre el borrado de videos

Uno de los puntos más sensibles de la audiencia giró en torno a la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad. Según el Ministerio Público, durante la investigación fueron presentadas cinco justificaciones diferentes sobre por qué se borraron esos archivos.

La Fiscalía buscará demostrar que desde el primer momento la eliminación de los registros tuvo como finalidad impedir el avance de la investigación penal.

“Se podrá acreditar que desde un primer momento ese borrado estuvo destinado a impedir la prosecución de las investigaciones”, sostuvo.

Fiscalía sostiene todas las acusaciones

Ante la consulta sobre si existen elementos suficientes contra todos los acusados, el fiscal respondió de manera categórica que el Ministerio Público mantiene intacta su acusación respecto de cada uno de los procesados.

“Fiscalía está sosteniendo todas las acusaciones y considera que hay un estándar probatorio suficiente a disposición del tribunal para poder dictar una sentencia condenatoria para todos ellos”, expresó.

Qué se atribuye a cada acusado

Segovia detalló nuevamente las imputaciones que pesan sobre los adultos sometidos a juicio: Mikhaela Rolón: instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito. Franco Antonio Acosta: complicidad en la tentativa de aborto y frustración de la persecución penal; el suegro del principal sospechoso: frustración de la persecución penal; y, por último, los padres del supuesto asesino: exposición a peligro y simulación de hecho punible.

El documento aprobado será remitido al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, al Congreso brasileño y a las representaciones diplomáticas correspondientes.

Durante el debate, el senador Nakayama explicó que la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) acompañó la declaración y solicitó que el documento sea comunicado previamente a las embajadas acreditadas en Paraguay.

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“También tienen que saber sobre este grosero error que ha cometido el presidente de Brasil”, sostuvo el legislador, al referirse a las declaraciones de Lula.

Nakayama impulsó modificaciones al texto original para reforzar la expresión de rechazo y dejar establecido que la Cámara Alta no comparte la interpretación histórica planteada por el mandatario brasileño.

Esperanza Martínez: “No hay disculpas para las palabras de Lula”

La senadora Esperanza Martínez (PPC) manifestó su adhesión al pronunciamiento y señaló que las declaraciones del presidente brasileño generaron indignación no solo en el ámbito político, sino también en amplios sectores de la ciudadanía paraguaya.

“No hay disculpas para las palabras del presidente Lula da Silva. Un grave error político e histórico que no puede ser perdonado”, afirmó durante su intervención.

Martínez sostuvo que la Guerra Grande constituye uno de los episodios más sensibles de la historia paraguaya por las consecuencias humanas, económicas y territoriales que dejó en el país.

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Sin embargo, también realizó una crítica política interna y cuestionó que el Gobierno paraguayo no haya tenido una reacción pública inmediata a través de la Cancillería. “Me hubiera gustado que el presidente de la República tomara una posición política sobre el tema”, expresó.

Además de cuestionar las expresiones de Lula, el Senado incluyó en el documento una reivindicación sobre el Paraguay contemporáneo.

El texto señala que el país mantiene una política de paz y cooperación regional, y destaca que Paraguay ocupa un lugar destacado en índices internacionales de paz.

“La República del Paraguay no representa amenaza alguna a la soberanía ni a la integridad territorial del Brasil”, señala uno de los artículos de la declaración.

Asimismo, exhorta a las autoridades brasileñas a mantener un tratamiento “respetuoso, equilibrado y veraz” de la historia compartida entre ambas naciones.

Las personas mayores indicaron que el desabastecimiento afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes.

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Los afectados señalaron que desde hace semanas no consiguen medicamentos esenciales, entre ellos losartán y otros antihipertensivos, además de fármacos para el tratamiento de la diabetes. También denunciaron la escasez de insumos para medir los niveles de glucosa en sangre.

Solicitaron a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, que garantice el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a proteger a los adultos mayores y asegurar el acceso a los medicamentos que necesitan para preservar su salud y calidad de vida.

Guillermina Salinas expresó que la pensión de G. 724.000 que perciben muchos adultos mayores ya no alcanza para cubrir los gastos básicos cuando deben comprar de su propio bolsillo los medicamentos que no encuentran en los servicios públicos de salud.

“Con la pensión tenemos que pagar la luz, el agua y, además, comprar los remedios. Ya no alcanza para nada”, lamentó. Agregó que muchas personas de avanzada edad, pese a sus limitaciones físicas, se ven obligadas a realizar trabajos ocasionales para conseguir dinero y adquirir los medicamentos que requieren.

Por su parte, Toribia Altamirano manifestó que los medicamentos antihipertensivos prácticamente no se consiguen en los hospitales públicos. Indicó que algunos analgésicos están disponibles, pero los fármacos para controlar la presión arterial y la diabetes continúan faltando.

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En el mismo sentido, Clemencia Medina afirmó que desde hace tiempo no encuentra los medicamentos que necesita ni en el Hospital Regional de Pilar, ni en las Unidades de Salud Familiar, ni siquiera en el Instituto de Previsión Social (IPS).

También, personas que acuden al servicio de urgencias del hospital regional señalaron que deben comprar sueros, jeringas y todo tipo de medicamentos.

Salud reconoce el desabastecimiento

La directora general de las Unidades de Salud Familiar del departamento de Ñeembucú, dependiente de la XII Región Sanitaria, doctora Lilian Mendoza, reconoció que el problema del desabastecimiento de medicamentos responde a una situación que afecta a todo el país.

“La falta de medicamentos es a nivel central. Cuando no hay disponibilidad en el nivel central, nosotros no recibimos del parque sanitario”, explicó.

La profesional confirmó que actualmente existe un déficit de losartán y otros medicamentos antihipertensivos. Señaló que, aunque disponen de enalapril de 10 miligramos, la demanda supera la disponibilidad y las farmacias de los servicios públicos se encuentran desabastecidas.

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Mendoza indicó que desconoce las causas específicas del faltante, aunque estimó que podría estar relacionado con procesos de licitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

No obstante, expresó su expectativa de que durante la próxima semana puedan normalizarse las provisiones de medicamentos antihipertensivos.

Asimismo, señaló que en los últimos meses se registró un incremento en la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, especialmente hipertensión arterial, lo que también ha contribuido a aumentar la demanda de medicamentos.

Así expresó el vicepresidente y en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana, a radio 970 AM, al ser consultado sobre los dimes y diretes sobre su futuro compañero en la dupla presidencial del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones generales de 2028.

Volvió a referirse a la posible precandidatura a la Vicepresidencia de la República del actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, también senador colorado cartista con permiso.

El vicepresidente Alliana, en tono de impaciencia, pidió que la dirigencia colorada espere la conclusión de las elecciones municipales del 4 de octubre para el anuncio oficial sobre su dupla presidencial.

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Debe “dialogar con gobernadores”

En otro momento, Pedro Alliana se refirió a la situación de tirantez que se originó en el seno de los gobernadores colorados cartistas. Este grupo, en su mayoría, apoya al titular del Consejo de Gobernadores, el jefe departamental de Guairá, César Sosa. También dijo que debe acercarse a algunos diputados colorados cartistas, sin dar nombres.

Sobre la tensión, el vicepresidente dijo que Baruja debe conversar con los gobernadores. “Creo que a Juan Carlos (Baruja) le falta todavía cerrar algunos puntos en cuanto a eso. Yo creo que le falta cierto diálogo con algunos diputados, sé que él tiene el respaldo de la gran mayoría de los senadores, pero le falta una conversación. Yo le dije, esto que estoy contando hoy, hablo con Juan Carlos, nos vemos en casa, estamos ahí, compartimos puntos, estamos siempre compartiendo, hablando, y de varios temas, no solamente del tema político, Yo creo que él también tiene que cerrar una conversación con los gobernadores, hablar con ellos (gobernadores)”, manifestó el segundo del Poder Ejecutivo.

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“No aceptará imposiciones”

Asimismo, Pedro Alliana señaló que marcó su hoja de ruta y afirmó que no aceptará imposiciones. Añadió que el primer paso es culminar las elecciones municipales de octubre. “También puse mis condiciones. Y bueno, yo solamente pido que se respete eso. Si no, hay muchísimas buenas figuras dentro del Movimiento Honor Colorado y no tengo ningún problema, como dije, de dar un paso al costado. Pero hoy por hoy solamente yo no voy a aceptar ningún tipo de imposición. Yo voy a seguir mi hoja de ruta. Y bueno, yo le pido que dejen de jugar dentro de esos tiempos", expresó.

Morán fue detenido ayer en un operativo policial luego de que agentes reconocieran a la adolescente en la Costanera de Asunción. Además, rescataron a la misma.

La fiscala María Isabel Arnold imputó al ciudadano argentino por coacción grave y violación de la patria potestad, además solicitó su prisión preventiva por peligro de fuga, ya que Morán no tiene arraigo en Paraguay.

Si bien al principio se habló de sospechas de trata de personas y abuso sexual, esto fue descartado de momento por la Fiscalía.

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Lo que encontraron en la casa del argentino

Hoy una comitiva fiscal allanó la casa donde habrían pasado varios días con la adolescente, ya que según datos de los intervinientes, estuvieron en la vivienda ubicada en San Bernardino desde el viernes hasta el lunes.

La vivienda es un inmueble de dimensiones grandes, con vista al lago Ypacaraí y fue alquilada por el ciudadano argentino, ubicada detrás del anfiteatro José Asunción Flores.

Además, en la misma estaban estacionadas varias motocicletas de alta gama.

Hallan estudio de grabación de video en la vivienda

El comisario Juan Pereira dijo que encontraron en la vivienda una habitación con una cama grande y artefactos con los que acondicionaron el lugar para realizar filmaciones.

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“Estas filmaciones posteriormente son comercializadas por un alto valor en grandes ciudades, en Europa especialmente, que son vendidos en clandestinidad. Eso es una presunción, eso se tiene que comprobar aún, pero por toda la evidencia que se está incautando, ya podemos apuntar a un caso de trata de personas y por las evidencias también de la cantidad de ropas de niñas y adolescentes y más aún todos estos fluidos que podrían ser sangre que van a ser sometidos a estudios”, indicó.

Insistió en que toda esta investigación va a seguir a cargo de la unidad especializada contra trata de personas, a cargo de la fiscala Isabel Arnold que sigue trabajando y quien a medida que va avanzando el allanamiento, con todo lo que se está incautando, avanzaría en la ampliación de la causa.

Entre la ropa de niñas y adolescentes, también incautaron equipos de tecnología como una notebook y drogas ilegales, según dijo el comisario Juan Pereira.

Tanto el asentamiento Sanabria Cué como Edilson Mercado son colindantes y ocupan una extensa área de una propiedad invadida en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

En la mañana de hoy, empleados de los propietarios legales de aquellas tierras acompañados de efectivos de varias unidades de la Policía Nacional ingresaron para verificar los asentamientos que fueron abandonados por los ocupantes ilegales tras el procedimiento del domingo 12 de julio pasado.

Preocupante hallazgo en Yasy Cañy

Durante uno de los recorridos efectuados en un área boscosa, los funcionarios y uniformados encontraron un tambor de color azul semienterrado, en cuyo interior había dos mochilas. Una, de color negro, contenía un frasco de leche en polvo totalmente herrumbrada, que a su vez tenía adentro un producto gelatinoso envuelto en hule, que luego se supo que era dinamita en gel.

En la misma mochila, también estaban guardados cables, una batería para motocicleta, un bolsita llena de clavos, una mecha de de 12x1, pólvora, todos estos elementos utilizados para la fabricación de potentes explosivos,. así como nueve proyectiles calibre 7.62 sin percutir y un adaptador con memory car de la marca Sandisk.

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En otra mochila, pero de color rojo se encontraron varios documentos, actas del Indert, un libro de color negro utilizado como registro de guardia, copias de varias cédulas, varias carpetas con documentos del inmueble en cuestión y un escrito que se cree podría ser instrucciones para la fabricación de bombas.

Había un “nido” de francotirador

Igualmente en el interior o debajo de las precarias casas abandonadas también se encontraron doce vainas servidas y percutidas calibre 5.56, también se ubicó el “nido” de un francotirador, cuyo ocupante abandonó en el lugar un equipo de largavista.

En otro sector de la propiedad recuperada se encontraron carpetas repletas de fotografías, copias de cédulas de identidad y otros papeles que al igual que las otras evidencias serán remitidas a para ser sometidas a peritaje.

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Los contratos presentados en audiencia fueron firmados por el ex intendente Gustavo Rodríguez y el entonces director administrativo Vicente Báez, ambos acusados por lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.914 millones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú entre el 2021 y 2022.

En esta causa ya fue condenado el año pasado el constructor Óscar Raúl Cañete, de la empresa RC Construcciones, quien supuestamente debía ejecutar las obras en las instituciones educativas, pero nunca se hicieron.

Es decir, que con la presentación de estos documentales se confirmó en juicio que se pagaron por “obras fantasmas” en perjuicio de los contribuyentes sampedranos.

El juez Humberto Otazú le ordenó el pago de G. 247.348.772 en treinta y seis cuotas mensuales a favor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.

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Afrontan también juicio oral Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Matías Garcete, Adriana Planás y Elsa García, que ya escuchó a varios testigos y ahora comenzó a recibir las documentales.

La tía le habría agredido físicamente a la niña en la vía pública, en inmediaciones de la Gobernación de Amambay. Transeúntes vieron el episodio y alertaron a la Policía, que intervino, detuvo a la supuesta agresora e incautó de su poder un cuchillo, según expresó el subjefe de la Comisaría 2ª, subcomisario David Pereira.

Se investiga si hubo abuso sexual

Desde la Defensoría Pública de la Niñez informaron que están investigando si la niña también fue víctima de abuso sexual, ya que la propia tía habría manifestado que la pequeña fue sometida sexualmente, pero sin mencionar mayores detalles.

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Desde el Ministerio Público indicaron que se esperará una mejor evolución de la niña, luego de su descompensación por intoxicación con alcohol, para realizar la inspección y determinar si fue víctima de abuso sexual o no.

El proyecto busca instaurar una fecha oficial de recordación del exterminio sufrido por el pueblo paraguayo durante la Guerra contra la Triple Alianza, con especial énfasis en el incendio del Hospital de Sangre de Piribebuy, ocurrido el 12 de agosto de 1869, y la posterior masacre de niños en Acosta Ñu.

La propuesta también incorpora medidas de diplomacia histórica y difusión internacional de estos hechos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones del Estado.

Nakayama pidió postergar el tratamiento

Durante el debate, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) solicitó sin éxito la postergación del proyecto por una semana.

El legislador explicó que recién había tenido acceso al texto completo y sostuvo que la iniciativa contenía una disposición con impacto presupuestario que ameritaba un estudio más detallado.

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“Yo personalmente quiero hacer una lectura más profunda para poder complementar. Veo que también hay afectación presupuestaria porque se autoriza un rubro presupuestario. Creía que podíamos estudiar una semana más este proyecto”, manifestó.

Nakayama señaló específicamente el artículo que autoriza la asignación de recursos para la implementación de la ley, indicando que ese aspecto justificaba una revisión técnica antes de su aprobación. Sin embargo, su planteamiento no prosperó.

Colym Soroka rechazó cualquier postergación

El proyectista, Colym Soroka, rechazó de manera categórica el pedido de aplazamiento y sostuvo que el Congreso debía enviar una señal política firme en defensa de la memoria histórica paraguaya.

Durante su intervención vinculó la iniciativa con las recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza, afirmando que Paraguay no podía permanecer en silencio frente a interpretaciones que, según dijo, tergiversan la historia nacional. “Al Paraguay no se le cambia la historia ni se le pisa la memoria”, expresó.

Soroka sostuvo, además, que numerosos historiadores califican la Guerra de la Triple Alianza como un conflicto “injusto y vergonzoso” y defendió que los hechos ocurridos durante la contienda deben ser reconocidos y difundidos internacionalmente.

Recordó episodios de Piribebuy y Acosta Ñu

Como parte de la fundamentación del proyecto, Soroka realizó un repaso de episodios ocurridos durante la guerra, especialmente en la Batalla de Piribebuy.

Mencionó el asesinato del maestro Fermín López junto con sus alumnos refugiados en la iglesia de la ciudad, el relato de una madre fallecida con su hijo en brazos frente al altar y las elevadas pérdidas humanas sufridas por el ejército paraguayo durante esa campaña.

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El senador afirmó que estos hechos se encuentran documentados en diversas obras históricas paraguayas y brasileñas, por lo que sostuvo que “los números no mienten, las fuentes históricas no mienten y la sangre de nuestros mártires exige justicia”.

La ley contempla acciones diplomáticas y formación académica

Además de establecer la fecha conmemorativa, el proyecto incorpora varias medidas institucionales.

Entre ellas figura la autorización para que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) asignen un rubro presupuestario destinado a organizar anualmente actos oficiales, conferencias, seminarios y publicaciones en las representaciones diplomáticas paraguayas.

Asimismo, encomienda a la Cancillería impulsar un eje internacional de países víctimas de genocidios históricos en organismos como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

La propuesta también dispone la incorporación obligatoria de contenidos sobre el denominado “Genocidio del Río de la Plata” en la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, así como en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

PLRA: TREP da como ganador a Riveros y evidencia rechazo al liberocartista Dionisio Amarilla

Durante el debate se resolvió denunciar penalmente a dos juezas electorales por emitir resoluciones a favor de candidatos colorados y bloqueando la inscripción de intendentables opositores. Se trata de la jueza electoral de Caazapá e interina de Itapúa Martha Sarubbi y la jueza electoral de Misiones Delia Yolanda Valenzuela de Rivas.

PLRA: Directorio denunciará a jueza electoral cartista

Algunos miembros del órgano responsabilizaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Vea el video completo:

TSJE: Juicio político a Bogarín y Rossel, proponen

Celeste Amarilla dijo que los cartistas usan la falacia que la oposición tiene “mayoría” en la Justicia Electoral con los ministros Jorge Bogarín (Ind.) y César Rossel (PLRA) frente a Jaime Bestard (ANR, HC).

Los senadores Éver Villalba y Líder Amarilla indicaron que fuera del TSJE, todos los juzgados electorales del país, de primera y segunda instancia, son copados por colorados. Celeste Amarilla incluso planteó amenazar con el juicio político a Bogarín y Rossel ya que ninguno responde a los reclamos del PLRA y la tercera fuerza.

Otros referentes culparon a los ministros de la Corte Suprema de Justicia ya que dicha instancia designa a los jueces electorales.

Sin embargo, el tesorero del PLRA, Agustín Saguier, retrucó a Celeste Amarilla y dijo que el origen del problema son las ternas de candidatos a jueces en el Consejo de la Magistratura (CM) y cuestionó que los diputados y senadores liberales no presionen a los miembros de dicho ente para que las ternas sean integradas por opositores.

“Vendidos”

Celeste Amarilla pidió la palabra para responder a Saguier ofendida al sentirse tratada de “inútil”. Sostuvo que es imposible enfrentar al cartismo cuando hay tantos “vendidos” entre parlamentarios del PLRA, entre ellos citó a Dionisio Amarilla y a su grupo liberocartista. También cuestionó que hasta el senador Ever Villalba, de marcado discurso anticartista, haya pactado con oficialistas durante las internas.

Dionisio reaccionó retirándose de la reunión a los gritos, calificando de “perra” y “ladrona” a su colega, mientras era acompañado por sus secretarios y comunicadores.

Escapó rápidamente pese a que ningún otro miembro del Directorio respaldara la postura de Celeste.

Previamente, había hecho uso de la palabra para reclamar transparencia sobre los embargos que enfrenta el partido y cuestionar la falta de vocación por alcanzar el poder de los liberales.

El objetivo de la remodelación es “garantizar y fortalecer” las condiciones de habitabilidad, seguridad y gestión del establecimiento, sostienen.

Asimismo, los trabajos son encabezados, coordinados y supervisados por la Dirección de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia y de momento se alcanza un 90 % de ejecución en las áreas de servicios como la intendencia, cocina, panadería y carnicería.

Por otra parte, las intervenciones en los pabellones tienen un avance del 60%.

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PPL participan de las obras

Un punto que resalta la cartera estatal es que como parte de la política de reinserción social impulsada por la cartera de Estado, 120 personas privadas de libertad (PPL) participan activamente en las obras, contratadas por la empresa responsable de la construcción.

“Esta iniciativa les permite acceder a una oportunidad laboral formal, desarrollar habilidades y adquirir experiencia que contribuirá a su proceso de reintegración social”, aseguran.

Además, sobre los pabellones sostienen que pabellones están siendo adecuados bajo un esquema modular que permitirá “una mejor clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con sus perfiles”.

Finalmente, el Centro Nacional de Prevenidos alberga a más de 1.200 personas privadas de libertad y mediante esta remodelación se espera “optimizar las condiciones” funcionamiento del establecimiento.

Erico Galeano sufre nuevo revés tras pedir su traslado a Viñas Cue

Con un déficit financiero en el área de salud que históricamente ha generado alertas y una presión constante sobre los fondos de la previsional, las autoridades pusieron bajo la lupa el gasto operativo que genera la tercerización de servicios y la necesidad imperiosa de enderezar el rumbo administrativo bajo una premisa clara: optimizar cada recurso disponible para garantizar la viabilidad de la institución.

Crisis en IPS: “En 15 días llegarán los medicamentos”, promete Fretes

Durante la sesión, uno de los principales temas debatidos fue al modelo de atención para pacientes renales, lo que motivó la solicitud formal de un informe técnico y estudio comparativo de costos sobre el servicio de hemodiálisis.

No es la primera vez que el Consejo de Administración debate sobre la eficiencia en sus servicios de diagnóstico y la conveniencia de adquirir equipos propios. El pasado 4 de junio, los consejeros del IPS ya habían debatido sobre el millonario gasto que representa la tercerización de estudios como la centellografía.

El peso de la tercerización en IPS y la búsqueda de ahorro

Las autoridades de la previsional cuestionaron la dependencia económica de los servicios contratados a terceros, señalando que es imperativo medir el impacto financiero real que representa para las finanzas del IPS sostener estos contratos a largo plazo.

Uno de los casos puntuales debatidos y de mayor impacto económico durante la sesión giró en torno a la Licitación Pública Nacional (LPN) para la contratación del servicio de hemodiálisis en el departamento de Alto Paraná. Al evaluar la propuesta de modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el Consejo de Administración, cuestionó el modelo de dependencia con prestadores externos.

Se planteó la necesidad de analizar la factibilidad de adquirir equipamientos propios o implementar la modalidad de comodato, incorporando plantas de agua y los recursos humanos necesarios dentro de la red del hospital de Ciudad del Este y otras cabeceras departamentales.

El “gasto de bolsillo” en la salud: el alto costo de enfermarse en Paraguay

“Nosotros estamos en una situación económica muy difícil y tenemos que ahorrar todo lo que podamos. Y como siempre digo, es mucho más barato cenar en casa”, afirmó Isaías Fretes.

El Consejo encomendó al doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica, la elaboración y presentación de un estudio comparativo de costos en un plazo máximo de 15 días, tomando como referencia el caso de Ciudad del Este y otras cabeceras departamentales a fin de garantizar un ahorro estructural a la previsional.

En ese marco, se socializó la aplicación de la Resolución N.º 500/26 que abarcará una exoneración a trámites fitosanitarios y busca integrar formalmente a miles de unidades productivas a la economía nacional.

El presidente del Senave, Ramiro Samaniego, comentó que como institución venían recibiendo pedidos relacionados con la exoneración de tasas para pequeños productores.

Señaló que, mediante esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a exoneraciones y descuentos en servicios de registro, mantenimiento, habilitación, renovación, certificaciones y otros trámites contemplados en el arancel vigente del Senave.

Mipymes tendrán tres años de gracia en pago de impuestos para formalizarse y crecer

“Sabemos que eso generará un gran incentivo a la formalización, principalmente de lo que son los pequeños emprendedores, y facilitaremos su implementación mediante el certificado de cumplimiento tributario al día y la Cédula Mipymes tramitada en el MIC, para poder obtener todos esos beneficios”, detalló.

Samaniego comentó que el ente tiene monitoreados alrededor de 6.300 usuarios en todo el sistema, gran parte de ellos microemprendedores que podrán acceder a esta exoneración.

¿En qué consiste el beneficio?

De acuerdo a lo explicado por las autoridades, la iniciativa contempla exoneraciones y descuentos en un total de 103 trámites del Senave, establecidos en la Resolución N.º 500/26.

Los beneficios según dieron a conocer, abarcan 45 tipos de trámites de la Unidad de Registro, 14 de la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas, 12 de la Dirección de Semillas, 15 de la Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica, 12 de la Dirección de Laboratorios y cinco de la Dirección de Bioseguridad Agrícola.

Beneficio en el Senave

Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, explicó que la resolución aplicada al Senave, durante los primeros tres años contados a partir de la obtención de la Cédula Mipymes, las microempresas dispondrán de una exoneración del 100% en sus aranceles, beneficio que se transformará en un descuento permanente del 75% a partir del cuarto año.

En el caso de las pequeñas empresas, el régimen establece una reducción del 75% durante los primeros tres año inicial, pasando posteriormente a un descuento del 50%.

A su vez, se refirió a las actividades económicas a las que se dedica este sector. En ese sentido, manifestó que el sector del transporte terrestre local de carga encabeza la participación con 2.936 empresas registradas, representando el 11,61% del total.

Le sigue el transporte de carga interdepartamental e internacional con 1.163 firmas (4,60%), el cultivo de soja y producción primaria con 617 empresas (2,44%), el comercio al por mayor de materias primas agrícolas con 444 establecimientos (1,76%) y los servicios de consultoría agronómica con 351 profesionales y empresas (1,39%)

Importancia de las mipymes

Por otra parte, el viceministro, detalló que 500.000 empresas ya disponen de su Cédula Mipymes, las cuales representan el 98% de las empresas del Paraguay. Además el representan el 76,5% del empleo, lo que equivale a brindar sustento a siete de cada diez trabajadores en el territorio nacional, amplió Giménez.

Mipymes concentran alrededor del 80% del empleo en Paraguay

Precisó que esta iniciativa abre una puerta de oportunidad para el acceso a financiamiento. “Todavía tenemos que, con esto, darles la oportunidad de que puedan conquistar nuevos mercados y que esas oportunidades que se desaprovechan pasen a ser hoy justamente el tema de oportunidad”, subrayó.

El referente del sector de combustibles, Miguel Bazán, afirmó a ABC que el escenario internacional volvió a deteriorarse y que los precios ya reflejan una escalada importante.

“Sí, tiene que haber suba. Hay una escalada grande de nuevo de los precios”, sostuvo.

Según explicó, el incremento responde a la evolución de las cotizaciones internacionales, que en las últimas semanas registraron un marcado ascenso.

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Bazán indicó que hace aproximadamente un mes el costo del diésel equivalía a unos G. 6.900 por litro, mientras que actualmente alcanza alrededor de G. 8.032 por litro.

A partir de esa diferencia, estimó que para acompañar el comportamiento del mercado internacional sería necesario un ajuste de entre G. 750 y G. 850 por litro, aunque aclaró que la magnitud final dependerá de la política comercial que adopten los emblemas.

“Buscando un promedio debería subir de entre 750 y 850 guaraníes por litro, por lo menos”, manifestó.

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Conflicto en Medio Oriente mantiene la incertidumbre

Consultado sobre el origen de la nueva escalada, Bazán señaló que la incertidumbre continúa vinculada al conflicto en Medio Oriente.

“Sí, sigue. Ahora está peor porque los ataques son directamente a refinerías, tanto de uno como del otro lado”, expresó.

El referente explicó que este tipo de ataques genera preocupación en los mercados porque compromete la capacidad de refinación y la oferta mundial de combustibles, lo que termina presionando las cotizaciones internacionales.

Qué muestran los mercados internacionales

Los datos de referencia del mercado internacional reflejan la tendencia alcista observada durante el mes de julio.

El Heating Oil, utilizado como referencia para la formación de los precios del gasoil, comenzó julio con alrededor de US$ 3,15 por galón y llegó a cotizar cerca de US$ 4,28 por galón hacia mediados de la tercera semana, lo que representa un incremento superior al 35%.

Este comportamiento estuvo impulsado por las tensiones geopolíticas, la presión sobre la oferta mundial, el aumento de los costos de transporte marítimo y la recomposición de inventarios estratégicos.

En tanto, la gasolina de referencia RBOB también mostró una tendencia ascendente, al pasar de aproximadamente US$ 2,85 por galón hasta picos de US$ 3,43 por galón este mes. En los últimos días registró una leve estabilización y cerró alrededor de US$ 3,18 por galón, aunque todavía por encima de los niveles observados al inicio del mes.

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Las subas registradas desde febrero

De acuerdo con analistas del sector, antes del recrudecimiento de la guerra de Medio Oriente, a fines de febrero, la cotización internacional del gasoil —principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay— se ubicaba en torno a US$ 2,50 por galón.

Sin embargo, con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

Posteriormente, con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis, lo que generó reducciones de precios en el mercado local.

No obstante, la nueva escalada del conflicto volvió a presionar al alza las cotizaciones. Esta semana, el precio internacional del gasoil superó nuevamente US$ 4 por galón y revirtió parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas.

El legislador inició su intervención asegurando que fue víctima de un “intento de manoseo” político. “La semana pasada sufrí un intento de manoseo por parte del señor diputado nacional Raúl Benítez”, expresó al comenzar su exposición.

Retamozo sostuvo que decidió responder públicamente para resguardar su honor, el de su familia y el de sus colegas, rechazando de manera “categórica” las afirmaciones que calificó de infundadas.

Asegura que culminó Derecho en 2013 y exhibe su título

Durante su intervención, el senador afirmó que cursó la carrera de Derecho en la Universidad Internacional Tres Fronteras, filial Paraguarí, entre los años 2008 y 2013. Según explicó, concluyó satisfactoriamente sus estudios superiores en 2013 y cuenta con toda la documentación que acredita su formación profesional.

Para reforzar su versión, proyectó en la sala su título de abogado expedido en noviembre de 2013, el certificado de conclusión de estudios, así como la legalización emitida por el Ministerio de Educación mediante la Resolución N.º 440/2014.

Asimismo, fotografías del acto de graduación, imágenes de su juramento como abogado ante el entonces ministro de la Corte Luis María Benítez Riera y fotografías junto a compañeros de promoción, quienes -según afirmó- pueden certificar que cursó toda la carrera.

Asimismo, mencionó que entre los docentes presentes en su graduación figuraba el jurista Luis Mauricio Domínguez, además de señalar que numerosos abogados que fueron sus compañeros pueden corroborar su paso por la universidad.

Cuestiona el criterio utilizado por Raúl Benítez

Retamozo criticó que el diputado haya basado sus sospechas en una respuesta del Ministerio de Educación que señalaba que la institución no estaba obligada a conservar determinados documentos académicos.

A su criterio, esa contestación administrativa no constituye prueba alguna de la inexistencia de un título universitario.

El senador sostuvo además que Benítez solicitó información sobre cinco personas, pero únicamente hizo públicas las referencias relacionadas con él y con el diputado Esgaib, lo que, según afirmó, evidencia un proceder selectivo y malicioso.

Incluso planteó un ejemplo para cuestionar la lógica utilizada por el legislador. “Si hoy pedimos informe al Ministerio de Educación sobre los documentos académicos de Raúl Benítez y nos responde que no tiene la obligación de archivarlos, entonces, siguiendo la misma vara torcida del citado diputado, también podríamos sostener que Raúl Benítez tendría título falso”, manifestó.

Desafía al diputado a acudir a la Justicia

En la parte final de su discurso, Retamozo aseguró que está dispuesto a presentar toda la documentación ante el Ministerio Público o ante cualquier autoridad judicial que la requiera.

Asimismo, lanzó un desafío directo al diputado opositor. “Desafío públicamente al diputado Raúl Benítez a formular la denuncia correspondiente ante los estrados que correspondan y asumir las responsabilidades inherentes a su proceder”, expresó.

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El senador sostuvo que Benítez utiliza sus fueros parlamentarios para lanzar acusaciones sin sustento y buscar protagonismo político.

Defiende la trayectoria de la universidad privada

Como parte de su exposición, Retamozo también reivindicó la trayectoria de la Universidad Internacional Tres Fronteras, señalando que continúa funcionando con habilitación oficial y reconocimiento nacional.

Indicó que varios senadores conocen la institución, cuya sede central opera en Ciudad del Este, y mencionó expresamente a Javier Zacarías Irún y Yolanda Paredes como personas que pueden dar fe de su funcionamiento.

Con esta intervención, el senador buscó cerrar la polémica generada tras las declaraciones del diputado Raúl Benítez y dejó en manos de la Justicia cualquier eventual investigación sobre la autenticidad de su título profesional.

En respuesta al claro pase de factura en su contra que venía recargado por disputas previas, “Beto” Ovelar comenzó disparando contra los diputados de su mismo signo, diciendo que algunos están “borrachos de poder” y las esquirlas de la “bomba” también les alcanzaron a los gobernadores cartistas, a los que tildó de tener “piel de tomate”, es decir, “ipire pererî” (tienen la piel fina y no soportan la crítica).

“Lo que hay que entender es que la Cámara de Diputados no puede legislar solamente para dar presupuesto para un solo departamento. Tenemos 17 departamentos en el Paraguay. No nos debemos al tutelaje de ningún senador ni del Senado, y generalmente hay poco “trato apu’a” en la Cámara de Diputados", dijo devolviendo el golpe el presidente primero de la Cámara de Diputados, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

El argumento para postergar el tratamiento de dicho proyecto es que el 50% de esos US$ 75 millones, es decir US$ 37,5 millones, irían para financiar obras en Caaguazú, feudo de Ovelar.

Lo de “trato apu’a” fue un tiro directo a Ovelar, haciendo referencia a sus antecedentes de haber sido filmado ofreciendo un “trato apu’a” para comprar votos.

Sostuvo que, evidentemente, pese a la “fiebre de abrazos” que supuestamente reina en la ANR de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, “las hachas no están del todo enterradas” por parte de algunos.

“Estas declaraciones poco ayudan porque, finalmente, no estamos enterrando del todo el hacha, como se dice, porque nos tiramos algunos cariños entre propios compañeros de los que hoy acompañamos la gobernabilidad del presidente Peña. Entonces creo que no es el ambiente, no es el momento, creo que tenemos que dejar todas nuestras diferencias y concentrarnos en el 4 de octubre", insistió.

Meza al menos dijo tener la “carrocería” para hacer frente a Beto y que lo que molestó es que venga a pretender hacer de “niñero”.

“Lo que no vamos a permitir es que venga a tutelarnos, venir a recorrer la sala, a mirar cómo los diputados vamos a votar o no y en qué sentido”, dijo Meza.

Aguilera dice que Beto quiere crecer “pisando cabezas”

El vicelíder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, también le plantó cara a Beto Ovelar, con quien diputados cartistas ya vienen acumulando rencores desde las críticas por la versión aprobada de la reforma de la Caja Fiscal y tras pretender quitar el manejo de fondos de Hambre Cero a gobernadores cartistas pero no afines a Ovelar.

“Lo que yo veo es que acá hay algunos senadores que se quieren posicionar pisándole la cabeza a otros actores políticos importantes”, disparó Aguilera, cuestionando que Ovelar haya criticado incluso la ausencia de gobernadores en el acto del pasado sábado, de presentación de candidaturas de la ANR para las municipales.

El mismo, sobre todo defendió al gobernador de su departamento, Guairá, y presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC), que justificó su ausencia alegando problemas de salud.

“Lo único que falta ahora es que el gobernador la próxima vez que haya una actividad partidaria tenga que ir a justificar su asistencia o inasistencia con un senador ovetense”, sostuvo Aguilera.

Adelantó además que la disputa por este préstamo de US$ 75 millones no está cerrada y que podrían meterle mano en Diputados con modificaciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo que el 50% de ese dinero llegue a un solo departamento. En el Paraguay hay 17 departamentos y yo me debo a mi departamento del Guairá, y no porque Silvio Ovelar venga a pedir yo tengo que ponerme firme y hacer", acotó.

Finalmente, sostuvo que no dejaron sin quorum la sesión por lo de Ovelar, sino por el cuestionamiento a la distribución de los fondos, pero que es el senador el que se lo toma de manera personal.

Ovelar “se debe estar peleando solo, porque nosotros no nos estamos peleando con él. Nosotros hacemos lo que creemos correcto para nuestros respectivos departamentos”, refirió.

El proyecto se presentó tras la publicación de un estudio que demostró la alarmante contaminación por uso de cianuro y mercurio en Paso Yobái, investigación realizada por la Universidad Nacional de Asunción, la Diócesis de Villarrica y la Universidad Católica Campus Guairá. Los resultados fueron que los valores de cianuro detectados superan ampliamente los umbrales internacionales y llega a ser incluso 40 veces el valor máximo permitido.

Ayer, tras un año de la frustrada iniciativa, la Codehupy, en conjunto con la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái y el líder de la Comunidad Indígena Yvyty Kora presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue a los responsables de la multinacional Lampa S.A. por la presunta comisión de delitos ambientales relacionados con la extracción de oro en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.

La denuncia se sustenta en indicios de contaminación ambiental derivados del presunto uso y manejo irregular de sustancias tóxicas en la actividad minera, con posibles afectaciones a la salud de las personas de las comunidades, así como a arroyos, suelos y cultivos de la zona.

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¿Qué dice la denuncia contra Lampa S.A.?

En el escrito presentado ante la Fiscalía, solicitan la apertura de una investigación penal, la realización de diligencias urgentes para el esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas destinadas a prevenir la continuidad del daño ambiental.

Los representantes de las organizaciones señalaron la necesidad de que el Ministerio Público investigue los hechos denunciados y determine las eventuales responsabilidades penales.

Agregan que buscan que las autoridades competentes impulsen una investigación exhaustiva sobre los presuntos hechos denunciados y adopten las medidas necesarias para garantizar la protección del ambiente y de los derechos de las comunidades potencialmente afectadas.

En el estudio realizado el año pasado por las instituciones académicas, mencionaron que la lixiviación con estos químicos para la separación del oro genera una alarmante degradación ambiental, afecta los ríos, el suelo, la flora y fauna, poniendo en riesgo la salud de la población.

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“La contaminación acumulativa y persistente, con alto potencial de afectación a cultivos, animales, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y eventualmente a la cadena alimentaria humana, representa un riesgo sistémico. La comunidad de Paso Yobái ha reportado impactos directos en su salud, sus medios de vida y su derecho a vivir en un ambiente sano”, resaltaba el argumento del proyecto de ley que se basó en el estudio.

Los impulsores de la normativa argumentaron en su momento que además el mercurio y el cianuro comprometen el futuro productivo de la región y afecta el modo de vida tradicional yerbatero.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca confirmó que solicitó por escrito al Tribunal de Sentencia el adelantamiento del juicio oral a Miguel Prieto y los demás acusados, que en principio se programó para este año y, por sobrecarga de trabajo del colegiado, se había postergado para el 5 de abril de 2027.

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“Atendiendo el plazo razonable solicitamos que se adelante el inicio del juicio oral, considerando que, si bien esta causa no es tan compleja, es de extensa producción probatoria, por lo que estimamos que duraría un año o más”, resaltó Corbeta.

El agente del Ministerio Público encargado de la causa puntualizó que las defensas de los acusados ofrecieron entre 150 a 300 testigos, quienes deben declarar ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos en el debate oral.

Acusación contra Miguel Prieto por caso Tía Chela

La acusación fiscal refiere que durante la pandemia por covid 19, específicamente en el año 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.

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Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.

Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.

Causa tiene tinte político, según Prieto

De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.

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La fiscalía también sindica a los acusados, de ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.

Miguel Prieto aseguró en reiteradas ocasiones que el proceso penal en su contra es político y no judicial, con el objetivo de truncar su candidatura a la Presidencia de la República, en el 2028.

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Según de lo que se desprende del discurso que dio anoche Denis Torres es que Julio Trinidad se comprometió a firmar un documento ante los funcionarios municipales para que no sean despedidos.

Es decir, tener una “garantía” de seguir con sus puestos de trabajo y que el objetivo del sector del jefe comunal es que ingresen los cinco candidatos a concejales leales en el siguiente periodo municipal.

“Nuestro proyecto no es que entre una persona, sino que entren los cinco. Los funcionarios van a ser el pulmón tuyo, Julio, y hoy, frente a ellos firmemos el compromiso para que ellos tengan la garantía de seguir”, dijo Denis Torres.

El jefe comunal indicó que entrega al “regimiento de dirigentes” desde agosto para que trabaje por la candidatura de Julio Trinidad y, de esa manera asegurar que no caiga el Partido Colorado de la administración municipal.

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“Confío mucho en vos, Julio, te entrego este regimiento de dirigentes. Dejo a tu cargo estos dirigentes colorados que desde agosto van a salir a trabajar para asegurar que, el Partido Colorado siga en la Municipalidad de Areguá”, dijo Torres.

A su turno, Julio Trinidad elogió el liderazgo de Torres y agregó que tuvieron una dura interna colorada, pero que la unidad se dio a pesar de todo.

“Es un gusto estar aquí, no esperaba menos de vos, Denis. Entramos en una interna reñida, nos arañamos, nos codeamos, pero tuvimos la capacidad de llegar acá y estamos todos unidos” , dijo Trinidad.

Durante el acto fue notoria la ausencia del ministro Tadeo Rojas, por lo que trascendió que el abrazo fue solo con un “chicle” y mientras dure la campaña proselitista con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Les pido esa unidad, quédense tranquilos que yo no soy enemigo de ustedes. Vamos a trabajar, con todos con cada funcionario”, dijo el candidato a intendente colorado.

El suceso se registró el pasado 26 de julio, a las 09:00. El vehículo involucrado fue un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, de color negro, con matrícula N° BRK278, que se encontraba al mando de Enrique Daniel Rojas Díaz, paraguayo, soltero, de 31 años de edad.

El conductor es un personal militar con el grado de sargento ayudante de Infantería, con destino en la Primera División (Barrio Tacumbú) y domiciliado en la compañía Yaguarón Yurú de Pirayú.

De acuerdo con el reporte emitido por la Comisaría 20ª de Cerro León, el automóvil se desvió de su trayecto y fue a impactar frontalmente contra una columna de cemento y hormigón armado. Tras el fuerte impacto, el motor y la estructura del rodado comenzaron a arder de inmediato, provocando un incendio que calcinó el vehículo en su totalidad.

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A pesar de la magnitud de la colisión y del fuego, el sargento logró salir del habitáculo por sus propios medios antes del incendio y resultó ileso.

Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera en Paraguarí, donde le practicaron la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 0,681 mg/l, confirmando que circulaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El hecho se comunicó al asistente fiscal de Turno de Paraguarí, abogado Ancelmo Molinas, quien dispuso que el conductor se retire del lugar una vez labrada el acta de procedimiento de rigor.

Diez entes están habilitados para cobrar

La acreditación de la fecha es para los funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (Militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de la Defensa Pública, Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

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Pagos continuarán hasta el viernes

El jueves 30 percibirán sus haberes los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

El calendario concluirá el viernes 31 con el pago de los servicios personales pendientes.

Ya cobraron veteranos, pensionados, adultos mayores, jubilados y funcionarios

El viernes último, el MEF realizó los pagos a veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, monto equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

Por otra parte, el lunes se efectuó el pago a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal. Ayer martes comenzó el desembolso de salarios para funcionarios de 47 entidades del Estado.

Según los datos publicados por la cartera de Economía, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones, mientras que los egresos alcanzaron G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones (US$ 34 millones al tipo de cambio actual), déficit que evidencia que los aportes no cubren la totalidad de las obligaciones.

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Cronograma de pagos depende de las STR

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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Un lugar que pasó por muchas manos

Este sitio perteneció a la Municipalidad de Asunción hasta 1978. A partir de ese año, la comuna se lo cedió al Ministerio del Interior y en 1985, empezó a construirse la estructura interna que presenta hasta ahora.

En el año 2002, cuando el Ministerio Público, que hasta ese momento funcionaba en uno de los pisos del Poder Judicial, se muda a la sede actual de Chile y Rodríguez de Francia, el entonces presidente de la República; Luis Ángel González Macchi ordenó la transferencia de ese inmueble en favor de la fiscalía.

Cómo nunca hubo una intención del nuevo dueño de ocupar ese lugar, la policía siguió ocupándolo hasta mayo del 2023, cuando el actual Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández solicitó el usufructo.

Construir para ahorrarse alquileres

La idea de Rolón Fernández era centralizar allí a dependencias de la fiscalía que operan en sitios alquilados.

“En el sitio había dos casas de material que podrían funcionar como oficinas. También había varios tinglados que eran los talleres de la Policía Nacional, la policía motorizada y los bomberos”, detalló Gunther Krone, vocero de la fiscalía.

Desde la cartera que dirige Enrique Riera, solicitaron un tiempo para reubicar a estas unidades de la Policía. La promesa de devolución del inmueble estaba pactada para finales de julio e inicios de agosto.

Se llevaron todo

Ayer, el propio fiscal general del Estado llegó hasta el lugar para verificar cómo avanzaba la mudanza y descubrió que el sitio estaba siendo desmantelado.

“Nos encontramos con situaciones que van mucho más allá de lo que pueden ser daños normales ocasionados por una mudanza”, adelantó Krone.

Durante la verificación, se constató la desaparición de techos de zinc, paredes de mampostería, además de marcos y puertas que fueron derribadas. “Encontramos que ni siquiera la estructura que sostenía un tinglado, se encontraba en el sitio”, puntualizó el vocero.

La situación generó preocupación ya retrasa todo el calendario de mudanza que tenían previsto. “No hay techos, no hay tejas, no hay mamposterías, no hay vigas, no hay elementos sanitarios (porque allí había varios baños)”, agregó Krone.

Medidas a tomar

El vocero de la fiscalía dijo que se realizarán investigaciones para determinar si esta situación se dio por una decisión administrativa del morador del lugar (el Ministerio del Interior) o si fue a consecuencia de una posible invasión de “chespis” que ingresaban aprovechando el descuido de los guardias para hurtar bienes.

En horas de la tarde, fue abierta una causa penal para investigar la presunta destrucción de bienes públicos en dicho inmueble, la cual fue asignada por sistema aleatorio a la Unidad Penal Barrial N.° 3, a cargo de la fiscal Andrea Vera Aldana.

Las primeras diligencias estarán orientadas a la recolección de evidencias, la cuantificación de los daños ocasionados y la identificación de los presuntos responsables de la destrucción de bienes que finalmente pertenecen al Estado.

Durante la sesión ordinaria del Senado, legisladores de distintos sectores políticos manifestaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el relevo de autoridades y pidieron al Poder Ejecutivo explicar los objetivos de la nueva conducción de la estatal eléctrica.

La senadora Yolanda Paredes sostuvo que el relevo de Félix Sosa no puede analizarse de manera aislada y señaló que existen “fuertes sospechas” de que la decisión está relacionada con el proyecto que impulsa Atome PLC para instalar una planta de fertilizantes verdes en Villeta.

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La legisladora recordó que el cambio en la ANDE ocurrió pocas semanas después de que la empresa rechazara las condiciones contractuales planteadas y advirtió que la firma exige una tarifa eléctrica preferencial para concretar una inversión privada de gran magnitud.

Paredes afirmó además que la principal preocupación radica en la falta de avances en la renegociación del Anexo C de Itaipú, pese a que la deuda de la binacional ya fue cancelada y Paraguay, según sostuvo, aún no ejerce plenamente su soberanía energética.

En ese sentido, cuestionó el silencio del Gobierno frente a las recientes declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y advirtió que la falta de una posición firme podría debilitar la futura negociación con Brasil.

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Durante su intervención, Paredes aseguró que Paraguay dejó de percibir miles de millones de dólares por no aprovechar las condiciones establecidas en el acuerdo firmado en 2024 para comercializar su excedente energético.

Sostuvo que esos recursos podrían haberse destinado a resolver la falta de medicamentos en hospitales públicos, fortalecer el IPS y atender otras necesidades sociales, en lugar de beneficiar a proyectos privados mediante tarifas diferenciadas.

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Asimismo, adelantó que permanecerá vigilante sobre las decisiones de la nueva administración de la ANDE respecto a Atome, el Anexo C de Itaipú y la política tarifaria de la institución.

Mario Varela pide prudencia

El senador Mario Varela (ANR, disidente) evitó formular acusaciones directas, aunque reconoció que el cambio de autoridades en la ANDE coincide con un momento de intenso debate sobre el suministro de energía para Atome.

El legislador señaló que no dispone de pruebas sobre eventuales irregularidades, pero admitió que “llama poderosamente la atención” que la sustitución del presidente de la ANDE ocurra mientras se discute una tarifa especial para una inversión superior a los 600 millones de dólares.

Varela recordó que la electricidad constituye uno de los principales activos estratégicos del Paraguay y pidió que el Congreso acompañe de cerca todas las decisiones relacionadas con ese recurso.

Esto generó reacción de varios sectores, excepto del gobierno de Santiago Peña, que hasta ahora no se pronunció. Varios historiadores refutaron esta falsa idea de que Paraguay inició la Guerra de la Triple Alianza, al reconocer otros hechos, como la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay e incluso la declaración del Congreso Nacional de Paraguay que establece la fecha de inicio de la guerra el 12 de octubre de 1864 por este hecho.

Para el senador Eduardo Nakayama, las declaraciones del mandatario brasileño ameritan un pronunciamiento tanto del Poder Ejecutivo como de ambas Cámaras del Congreso Nacional, por lo que anunció la presentación sobre tablas de un proyecto de declaración de repudio a las declaraciones de Lula, el cual fue aprobado y será tratado en la sesión.

“Yo voy a presentar un pedido sobre tablas donde vamos a solicitar un repudio y un rechazo de las afirmaciones del presidente Lula y, sobre todo, también reafirmando lo que es la sucesión de hechos desde el punto de vista cronológico e histórico, ya que Lula hizo una omisión grosera y grave dejando de lado lo que fue realmente el inicio de la Guerra de la Triple Alianza, la causa principal, que fue la invasión del Imperio del Brasil al Uruguay a pesar de las advertencias que el gobierno paraguayo a través de la nota del 30 de agosto de 1864 había hecho el canciller José Berges al encargado brasileño en Asunción, César Sauván Viana de Lima”, precisó antes del inicio de la sesión.

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Nakayama recordó que el Imperio del Brasil siempre tuvo una vocación expansionista e intervencionista en su política latina, trayendo una guerra a la región. Recordó que Paraguay, antes de ser nación, hasta inicios del siglo XIX formó parte del Virreinato del Río de la Plata y la mayoría de los países, sobre todo el Uruguay, que fue el último en independizarse y formalizarse, contaban con las garantías de respeto a su soberanía por parte de todos los países de la región.

“Incluyendo el mismo Brasil, que violando y pisoteando esa garantía soberana que tenía el Uruguay, le invadió y eso ocurrió mucho antes, tanto en la invasión de la Villa de Melo en Cerro Largo como la invasión y bombardeo de Paysandú que ocurrió en 1864 entre octubre y diciembre de 1864 y la invasión que él hace alusión en Corumbá ocurrió recién en enero de 1865”, detalló.

Aseguró que no tiene ningún sentido el silencio del Ministerio de Relaciones Exteriores y reiteró la exigencia al presidente de la República, Santiago Peña, de responder con fuerza y firmeza inmediatamente este agravio innecesario por parte del presidente Lula.

Recordó que se debe considerar que en el índice global de la paz, el Paraguay es el tercer país más pacífico de la región, solamente detrás de Uruguay y Chile; sin embargo, el Brasil está en el octavo lugar, si se mide la belicosidad, sumado al presupuesto militar del Paraguay, lo que no lo hace amenaza alguna para ningún país, sobre todo para el Imperio del Brasil, que es uno de los países más grandes de la región y del mundo.

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Incluso rememoró que recientemente Paraguay compró algunos Supertucanos al Brasil.

Devolución de trofeos de guerra

Nakayama detalló que en su declaración exhorta a la Cancillería a tomar medidas como realizar las gestiones y pedidos de la devolución de elementos históricos que todavía tiene Brasil, como el cañón cristiano, e incluso sostuvo que el intercambio de trofeos de guerra o la devolución de los trofeos de guerra hace a la grandeza de un país.

“Nuestro país, que ha mantenido una guerra reciente con Bolivia en la guerra del Chaco 1932-1935, aquí en frente del Congreso teníamos un tanque Vickers que se había tomado de los bolivianos y que apenas después de caída la dictadura de Stroessner, en un acto de grandeza, el gobierno paraguayo devolvió ese tanque a Bolivia. Entonces, si el Brasil y sus sucesivos gobiernos siguen aferrándose a pedazos de hierro pensando que eso les da gloria, yo creo que están en el camino equivocado”, criticó.

Citó que Argentina devolvió el cañón criollo y una gran cantidad de trofeos de guerra, banderas, etcétera, al igual que Uruguay, que primero lo hizo en 1885 a través del entonces presidente de Uruguay, general Máximo Santos, por eso tenemos una avenida con ese nombre y una plaza uruguaya en conmemoración a la República del Uruguay, además de ser el primer país en condonar la deuda impuesta contra Paraguay por la infame guerra.

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“Repudiar los dichos del presidente brasileño, también hacer una reafirmación de la posición paraguaya sobre la cronología de los hechos y no es que un bello día al Paraguay se le ocurrió invadir Brasil, o sea, eso es una distorsión grosera de la historia y nosotros tenemos que poner en contexto para que todo el mundo sepa cómo ha ocurrido”, concluyó.

Durante el acto de apertura, el gobernador Marcelo Soto Pavón (ANR-HC) destacó que la feria no constituye una actividad más dentro del calendario institucional, sino uno de los programas centrales de las políticas públicas que impulsa la administración departamental.

Señaló que, en un contexto marcado por la globalización, la digitalización y la presencia constante de pantallas, resulta fundamental incentivar el hábito de la lectura y transmitir a las nuevas generaciones que, aunque la tecnología es importante, nunca reemplazará el valor de las páginas de un libro.

El jefe departamental también presentó oficialmente a los nuevos personajes que acompañarán las actividades de la feria. A la ya conocida mascota Aguara’i, símbolo del departamento de Caaguazú y de la concienciación ambiental, se suman desde este año Leo, el Libro, orientado a promover la lectura, y Doctor Teo Partículas, personaje vinculado a las propuestas científicas y de investigación que formarán parte de la programación.

La apertura estuvo marcada por una importante presencia de jóvenes y estudiantes, hecho que fue valorado por el presidente de la Cámara Paraguaya del Libro (CAPEL), Cayetano Quattrocchi, quien resaltó el crecimiento de esta tercera edición. Indicó que la feria reúne una mayor cantidad de editoriales y librerías y que el predio ofrece una agenda cargada de actividades culturales y artísticas.

Quattrocchi consideró que el desafío principal no pasa por imponer la lectura, sino por despertar en los jóvenes el gusto por leer. Sostuvo que la diversidad bibliográfica presente en la feria permite encontrar desde novelas y poesía hasta libros técnicos, con opciones accesibles para distintos públicos y bolsillos.

Afirmó que estos cuatro días representan una oportunidad para que cada visitante encuentre el libro que está buscando.

El titular de CAPEL también reflexionó sobre el impacto de las pantallas en los hábitos de lectura. Señaló que el consumo digital suele estar asociado a contenidos breves y pasajeros, mientras que la lectura de un libro ofrece una experiencia más profunda y duradera.

Como ejemplo, mencionó el renovado interés mundial por obras clásicas como La Odisea, cuyo éxito cinematográfico ha impulsado nuevamente la demanda de libros tanto en formato físico como digital.

Video mapping y nanosatélite, entre las grandes novedades

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping. La empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental El Cerrito con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva que combinará arte, tecnología e identidad cultural.

En el área científica, una de las apuestas más ambiciosas será Misión Caaguazú, un programa desarrollado conjuntamente con Arapy. La iniciativa contempla una hackatón y el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos, con el objetivo de despertar la curiosidad de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales mediante una experiencia práctica.

Programa por jornadas

Miércoles 29 de julio

La primera jornada incluye la apertura oficial de la feria, el recorrido por el Paseo de la Ciencia, el Circuito Educativo, el Sendero Mitológico, el Paseo de la Artesanía, el domo interactivo y la muestra fotográfica permanente.

También se desarrollarán un conversatorio sobre Mario Halley Mora, la presentación del libro Los Hombres que Desaparecían los Viernes, charlas sobre prevención del VIH, la proyección del audiovisual Mborayhu Porã, la obra infantil El Gato con Botas, un taller de liderazgo personal, la presentación de Villarrica la Andariega, un foro sobre prevención de adicciones y una conferencia internacional sobre paleografía, inteligencia artificial y esclavitud en el Paraguay colonial.

La noche cerrará con la presentación de la Orquesta Nacional de Música Popular del Paraguay (ONAMP).

Jueves 30 de julio

La segunda jornada contará con las muestras permanentes y la experiencia del domo, además del cierre departamental del Concurso Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Ñe’êry.

Habrá un taller literario, un curso sobre cine de bajo presupuesto, la presentación del chatbot de inteligencia artificial Angirû, el encuentro artístico Amor a la Patria: Gigantes del Arte y la Palabra, y las presentaciones de los libros Bendita Herida, Ciffate Paraguay Segunda Edición y Madera Sonora.

También se proyectará el audiovisual El Precio del Pasaje, se ofrecerá una charla sobre salud pública y, por la noche, se realizará la inauguración oficial de la feria con la habilitación del espacio Tragos con Historia.

El cierre artístico estará a cargo de la Jazz Band de la Policía Nacional, seguido de un homenaje póstumo a Mario Halley Mora y Manuel Romero Villasanti, acompañado por el Ballet de la Escuela Municipal de Danza de Coronel Oviedo y el espectáculo de video mapping.

Viernes 31 de julio

La tercera jornada estará marcada por la innovación tecnológica con la Hackatón Misión Caaguazú y el lanzamiento del satélite educativo Caaguazú.

Se presentarán los libros Cuentos de Silicio, Esos Misteriosos Fenómenos del Paraguay Oculto, Fundación de Villalbín, El Monstruo del Pantano, Entre Llamas y Cenizas y De las Malas Hierbas.

Además, habrá una competencia de fotografía, las audiciones preliminares del concurso A Través de Tu Voz, un seminario regional de música y un conversatorio con el escritor Urbano Palacios.

La jornada concluirá con una peña musical de artistas locales y nacionales.

Sábado 1 de agosto

El último día estará orientado especialmente a las familias y al público infantil. Se presentará la tercera edición de Los Cuentos del Aguara’i, el cuento Unas Vacaciones Diferentes y un encuentro con las escritoras Carmen Cáceres y Milia Gayoso Manzur.

La programación incluye además un taller STEAM de robótica para niños, una charla sobre la vida y obra de Mario Halley Mora, la actuación del Coro Municipal Oviedo Purahéi, la final del concurso A Través de Tu Voz, el tradicional Atardecer Literario y las presentaciones de los libros Políticas de Ciberseguridad y Ciberdefensa para el Paraguay y El Liderazgo del Gral. Bernardino Caballero.

El cierre oficial de la feria está previsto para las 20:00.

Coronel Oviedo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la literatura, la ciencia, el arte y la tecnología, consolidando a Caaguazú Lee como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del interior del país.

El senador Rafael Filizzola, del PDP, sostuvo que las declaraciones de Lula desconocen la historia y afirmó que Paraguay no fue el país que inició la Guerra de la Triple Alianza.

Según el legislador, el conflicto comenzó con la intervención militar brasileña en Uruguay y posteriormente derivó en la guerra contra Paraguay. Además, recordó las consecuencias humanas, económicas y territoriales que dejó el conflicto para el país.

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Filizzola también criticó la falta de una respuesta diplomática del Gobierno paraguayo y comparó la situación con la reacción oficial registrada semanas atrás por la controversia entre Celeste Amarilla y Mbappé.

“Armaron un escándalo por lo que dijo una senadora en X y ahora no dicen nada ante una acusación histórica tan grave”, cuestionó durante la sesión, al tiempo de calificar de “vergonzoso” el silencio de la Cancillería.

Mario Varela pide una posición institucional y firme

El senador Mario Varela (ANR, disidente) también manifestó su preocupación por las expresiones del mandatario brasileño.

El legislador afirmó que la Guerra de la Triple Alianza forma parte de la memoria colectiva de los paraguayos y que no puede minimizarse ni reinterpretarse omitiendo hechos históricos.

Varela insistió en que Paraguay “jamás fue un país agresor” y sostuvo que las evidencias históricas respaldan esa posición. En ese contexto, pidió que el Gobierno nacional emita una respuesta institucional “respetuosa pero firme”, atendiendo además la estrecha relación bilateral que mantienen ambos países por la administración de Itaipú.

Éver Villalba: “No necesitamos patriotas de coyuntura”

El senador Éver Villalba (PLRA) coincidió en repudiar las declaraciones de Lula, pero aprovechó el debate para cuestionar lo que calificó como un “patriotismo selectivo”.

Recordó que Celeste Amarilla estuvo incluso cerca de afrontar un proceso de expulsión en el Senado por sus expresiones en redes sociales y que el Gobierno reaccionó inmediatamente en aquel episodio.

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Sin embargo, señaló que la misma contundencia no aparece cuando existen problemas como la corrupción, la falta de medicamentos, el avance del narcotráfico o la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.

“La patria se defiende todos los días. No necesitamos patriotas de coyuntura, necesitamos patriotas de verdad”, afirmó el senador, quien llamó al Congreso a combatir con la misma energía las “mafias” que, según dijo, hoy afectan al Estado paraguayo.

Los representantes del gremio manifestaron que el próximo 4 de agosto retomarán la reunión con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), del que aguardan una respuesta a sus reclamos. Una primera oferta de aumento de G. 500.000 para médicos nombrados fue rechazada previamente, debido a que los agremiados exigen un reajuste salarial para todos, incluso para los contratados.

Además, exigen mejores condiciones laborales, pago doble por feriados trabajados y contratación de especialistas. Los sindicalizados indicaron que la medida de fuerza afectaría a las atenciones ambulatorias, porque respetará el derecho de acceso a la salud. Es decir, las atenciones de Urgencia no serán afectadas.

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), doctor Juan María Martínez, manifestó que los profesionales que se van a adherir a la medida serán solamente los sindicalizados. También reafirmó lo expuesto por Sinamed, que Urgencias y Quirófano estarán operativos sin interrupción.

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Fechas sensibles

El mes de agosto, el centro asistencial de referencia del sur del país opera bajo “Código Amarillo”, lo que significa que el personal estará alerta y preparado para atender necesidades de urgencia, debido al evento internacional que se disputará en la zona. Esto también tiene previsto el protocolo de atención de urgencias en masa, que se prepara para atender posibles siniestros que involucren a varias personas en simultáneo.

Sobre esto, Martínez expresó que la institución analiza los escenarios posibles. En caso de que se concrete la medida de fuerza, indicó, en principio, que los agremiados están en su derecho de tomar medidas de fuerza y reclamar. También subrayó que, en ese contexto adverso, la prioridad será generar la menor afectación posible a los pacientes del HGI.

“No todas, pero algunos servicios ambulatorios se verán resentidos”, manifestó. Sobre el posible impacto negativo en la imagen del evento, indicó que puede pasar, pero es secundario. La prioridad será no dejar sin atención, por lo menos, a los casos urgentes.

Indicó que en la semana del Mundial de Rally el hospital contará con refuerzos de profesionales del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER) y del Hospital de Trauma “Dr. Manuel Giagni”.

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Reclamo de médicos

Según detallaron los agremiados, el salario de los médicos no es reajustado desde el año 2012. Esto generó un descenso del poder adquisitivo del 78%. Según los cálculos que realizan, esto representaría una necesidad de aumento de alrededor de G. 3.000.000.

Entre las problemáticas señaladas a nivel local, la doctora Andrea González, de Sinamed, manifestó a la prensa que varios especialistas se ven desanimados a cerrar contratos con el sector público, lo que genera una gran necesidad de especialistas en hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Explicó, además, que hospitales distritales se vieron resentidos en varios servicios porque, tras la inauguración del HGI, varios especialistas fueron redirigidos a este nuevo centro asistencial. Esto, en consecuencia, generó una saturación y concentración de varias especialidades, manifestó.

También explicó que es necesario el pago doble por feriados trabajados, con el que los médicos no cuentan en el sector público, refirió.

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Hospital General de Itapúa

El HGI es el centro asistencial de referencia de la región sur del país, siendo su área de referencia el departamento de Itapúa. La infraestructura fue habilitada hace un año, el pasado 25 de julio del 2025.

Fue desarrollado por el Consorcio Hospitalario del Sur, compuesto por las empresas Sociedad Constructora Chaco S.A, Barrail Hermanos S.A de Construcciones, EISA y Ricardo Díaz Martínez. Estuvo representado legalmente por Juan José López Fleitas. Representó una inversión de G. 289.315.486.134.

En un año de funcionamiento brindó atención de 282.000 consultas (23.500 por mes); 12.382 cirugías (1.031 mensual); 17.096 internaciones (1.492 mensual); y 180.374 estudios de imágenes (15.028 mensual). Además de 1.299 fueron atenciones en Cuidados Intensivos en el año, segregados en 660 en UTI; 215 UTIP; y 424 UTIN.

Esto desde que haya entrado en vigencia las resoluciones 120/2025, 21/2026 y 26/2026, que configuran el Sistema Integral de Control y Monitoreo, una herramienta técnica que prometió -una vez más- acabar con las reguladas y basar las sanciones en datos provenientes del billetaje electrónico y el GPS.

Vale recordar que el Viceministerio de Transporte inició, desde el 18 de mayo último, la aplicación de sanciones a las empresas que incumplen la cantidad mínima exigida de buses en circulación, en el marco de las citadas resoluciones.

El sistema utiliza datos georreferenciados transmitidos por GPS, que permiten verificar en tiempo real el cumplimiento de los itinerarios, las frecuencias y la disponibilidad de unidades en servicio.

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Transporte público: La cantidad de infracciones detectadas

Al cierre de junio, la implementación de este mecanismo permitió detectar 92 infracciones y aplicar sanciones por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. Los incumplimientos estuvieron relacionados principalmente con una menor cantidad de buses en circulación durante las franjas horarias pico y pospico, siendo estas últimas las que registraron la mayor cantidad de infracciones.

Por otra parte, entre enero y junio de 2026, el equipo de fiscalización de la Dirección Metropolitana de Transporte realizó controles en las calles para verificar las condiciones de prestación del servicio de transporte público. Como resultado de estas inspecciones aplicaron 46 sanciones a 18 empresas, acumulando 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.

Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con las condiciones de confort de las unidades, el mal estado del ploteado y deficiencias en el funcionamiento del aire acondicionado. Asimismo, detectaron casos puntuales de conductores utilizando teléfonos celulares durante la conducción, falta de luces, ausencia de la póliza obligatoria y circulación con las puertas abiertas.

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Según el Viceministerio de Transporte esta estrategia busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas permisionarias. Con la incorporación de herramientas tecnológicas y el mantenimiento de los operativos de fiscalización en calle, se busca garantizar un servicio de transporte público más seguro, eficiente y confiable para la ciudadanía.

Usuarios se quejan de las reguladas, mientras Cetrapam intenta justificar

Sin embargo, las reguladas continúan siendo uno de los principales motivos de queja de los usuarios del transporte público. A diario, los pasajeros denuncian largos tiempos de espera, especialmente en las horas de mayor demanda, además de buses que circulan repletos y con frecuencias que consideran insuficientes.

Los reclamos también apuntan a que, pese al pago del subsidio estatal al sector, el servicio no logra responder de manera eficiente a las necesidades de quienes dependen del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otras actividades.

Por su parte, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó una serie de explicaciones en sus redes sociales para responder a los cuestionamientos de las reguladas en horas pico.

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El gremio señaló que el transporte público debe planificarse para responder a la demanda durante toda la jornada y no únicamente durante las “pocas horas consideradas pico”.

Explicó que si toda la flota se dimensionara exclusivamente para esos momentos de mayor movimiento, una parte importante de las unidades circularía con muy pocos pasajeros durante el resto del día, hecho que elevaría los costos operativos y reduciría la eficiencia del sistema.

“Por eso la planificación busca un equilibrio; atender la mayor demanda posible sin perder de vista que el transporte debe seguir funcionando de manera sostenible durante todo el día”, señala Cetrapam.

El director del establecimiento, Dionisio Benítez, explicó que el problema fue reportado desde el primer día a la Supervisión Pedagógica, la Dirección Capital y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sin embargo, ante la inacción del ministerio, el plan de contingencia actual solo permite mantener a los estudiantes en un horario reducido para aprovechar la luz natural antes de que oscurezca. A pesar del dictado de talleres lúdicos, la asistencia escolar cayó al 70% y el desarrollo del programa académico se encuentra fragmentado.

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Aporte voluntario ante inoperancia ministerial

Frente al silencio estatal y la urgencia de reanudar la escolaridad normal para más de 1.000 alumnos, la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) y el Equipo de Gestión Institucional (EGIE) tomaron la iniciativa de buscar una solución en el sector privado.

El presupuesto más accesible conseguido por la cooperadora para la reparación del equipo asciende a G. 16.000.000. Para cubrir este monto, la ACE propuso un aporte voluntario de G. 25.000 por familia, esperando recaudar los fondos necesarios entre hoy y mañana.

“El compromiso de la empresa es que, al entregarle el 50% del pago, ese mismo día nos traen un transformador en préstamo, retiran el averiado y recuperamos la energía de inmediato. Luego tenemos ocho días de plazo para saldar el resto mientras reparan el nuestro”, precisó Richard Manuel Ismael, tesorero de la ACE.

La brecha entre el discurso oficial y la realidad

El representante de los padres lamentó la falta de respaldo del MEC y cuestionó el discurso sobre la gratuidad educativa, señalando que la infraestructura diaria requiere sostenerse con aportes de la comunidad ante la ausencia del Estado.

Explicó que la ACE tiene una cuota social establecida por estatuto en G. 250.000 que, según dijo, los padres pueden abonar durante el año en la medida de sus posibilidades. En ese sentido, indicó que este año ni el 30% llegó a pagar dicho aporte.

“Nosotros tenemos un costo en personal, tenemos un costo de casi doce millones y medio al mes más IPS. Aparte de eso, tenemos un costo de casi cuatro millones al mes de artículos de limpieza. Y todavía no entramos en reparaciones y esas cosas”, dijo.

Finalmente, en lo que respecta a la iniciativa de juntar el dinero para la urgente reparación del transformador, señaló que la respuesta, en mayor medida, es favorable.

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Supuestamente, del banco GNB se robaron 1.800 millones de guaraníes y unos 30.000 dólares y del banco Familiar se habrían llevado 1.200 millones de guaraníes y unos 70.000 dólares. Del banco Ueno y de la casa de cambios Santa Rita Cambios no pudieron robar nada.

Algunos de los procesados por el caso son José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), responsables de la cantera Itá Bella de emboscada de donde salieron los explosivos utilizados en Santa Rita; Emanuel Cidade Campos(26), Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30) y Adriana Barboza Balmori (34), detenidos en Minga Guazú en el supuesto aguantadero de la gavilla; Ismael Huespe Ortiz (58), capturado en Caacupé también por vínculos con las bombas usadas en Santa Rita, y el policía Néstor Yván Ramírez Marín (29), quien se entregó en Independencia al ser señaldo como miembro del comando armado que perpetró el ataque.

El nuevo detenido por el asalto múltiple en Santa Rita es el exmilitar Adán Urunaga Cohene, de 48 años, quien fue localizado ayer en las inmediaciones de su domicilio, en el municipio de Liberación, departamento de San Pedro.

Policías de Investigaciones de Alto Paraná, quienes efectuaron el procedimiento, alegan que Adán Urunaga Cohene sería uno de los autores materiales del golpe, por lo que sugirieron a la fiscala Rocío González que ordenara su detención.

Antecedentes del exmilitar preso por megaataque en Santa Rita

Adán Urunaga Cohene era un sargento primero de Material Bélico del Ejército Paraguayo, quien desertó de las Fuerzas Armadas en 2006.

En 2007, fue capturado en Asunción cuando supuestamente planeaba un asalto. Ya en ese momento lo apuntaban como miembro de una banda de “piratas del asfalto”.

En 2010, cayó preso luego de una feroz balacera en Luque. En ese enfrentamiento contra la Policía, murió uno de los cómplices de Adán Urunaga Cohene. Luego de su captura, fue identificado en varios otros golpes y remitido a la cárcel de Tacumbú.

En 2012, lo detuvieron en Caacupé, siempre por asalto, y luego encarcelado una vez más.

En 2016, mientras estaba preso en Tacumbú, protagonizó un intento de fuga junto a otros conocidos delincuente, por lo que los trasladaron a la Agrupación Especializada.

Ese mismo año, su celda en la Agrupación Especializada fue allanada por el asesinato de un guardiacárcel de Tacumbú y de su hijo, ocurrido en un atentado en Lambaré.

En 2018, su celda fue intervenida nuevamente en la Agrupación Especializada. Era considerado como uno de los más peligrosos del país.

En 2019, lo transfirieron de la Agrupación Especializada a Tacumbú, para que completara la sentencia que le impusieron.

Hermanos del detenido, investigados

El ahora capturado Adán Urunaga Cohene es hermano de Abilio Urunaga Cohene, de 43 años, un político colorado que llegó a ser alto funcionario de la Municipalidad de Liberación y de hecho era candidato a concejal, hasta que fue detenido el 5 de febrero pasado en dicha ciudad como sospechoso de haber organizado el homicidio del empresario pakistaní Asad Ahmed, de 56 años, ocurrido el 26 de enero pasado en Capiatá.

Por este crimen, está prófugo otro hermano de Adán y Abilio, Amado Urunaga Cohene, de 54 años, un expolicía que también registra decenas de antecedentes por asalto.

Según explicó, la dirigente campesina y social, considera necesaria la participación de los dirigentes campesinos, debido a que son los productores agrícolas quienes podrían verse afectados directamente por los efectos del fenómeno climático anunciado.

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“Estamos indignados con la conformación del COED, porque están integrando instituciones y personas que no tienen nada que ver con las inundaciones o los problemas que acarrean los efectos del fenómeno climático El Niño, y a nosotros no nos tienen en cuenta, siendo quienes realmente seremos afectados”, manifestó Pavón.

La dirigente indicó que los COED ya fueron conformados en varios distritos del departamento y que, hasta el momento, los representantes de las asociaciones campesinas no fueron convocados para formar parte de estos espacios de coordinación.

“Tras esta situación nos reunimos y elaboramos una nota en la que solicitamos ser incluidos, porque nosotros somos los agricultores que seremos afectados directamente. Según se anuncia, tendremos lluvias de gran magnitud y eso estaría afectando a las diferentes producciones que tenemos”, agregó.

Por su parte, el intendente de Santa María y presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria, confirmó que recibió la nota presentada por las organizaciones campesinas y sociales.

El jefe comunal señaló que los representantes de las asociaciones serán incorporados a los COED, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, previsto para finales de agosto y que podría generar consecuencias en la zona.

Puntualmente, a través del incidente planteado la defensa del exparlamentario condenado pretendía que Erico Galeano fuera trasladado desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) –donde está recluido desde el 20 de mayo pasado– a la Penitenciaría Regional de Viñas Cue, según informó este miércoles la Dirección de Comunicación del Ministerio Público.

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Los representantes de Galeano argumentaron que, debido a su condición de excongresista y a su alta exposición pública y política, el condenado se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad dentro de un establecimiento penitenciario de carácter masivo, por lo que pidieron su traslado a la cárcel militar de Viñas Cue.

Al contestar el incidente, la fiscala de Ejecución Dominica Zayas sostuvo que la decisión sobre el traslado de personas privadas de libertad constituye una atribución exclusiva del Ministerio de Justicia, como órgano del Poder Ejecutivo competente para la administración del sistema penitenciario, conforme a la normativa vigente y al Decreto Presidencial N° 796, de fecha 19 de junio de 2014, específicamente su artículo 3.

Tribunal ordenó lugar de reclusión de Erico Galeano

En su resolución el juez de Ejecución Carlos Mendoza resalta que el exsenador colorado Erico Galeano Segovia debe cumplir la pena de 13 años de cárcel que le fuera impuesta mediante la Sentencia Definitiva N° 68 del 4 de marzo de 2026; y que el propio Tribunal de Sentencia que dictó la condena señaló el lugar de reclusión donde el encausado debe cumplir prisión preventiva.

El magistrado agrega que el Tribunal Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos; al revocar las medidas alternativas y dictar la prisión preventiva de Erico Galeano, en fecha 19 de mayo de 2026, señaló los fundamentos en cuanto al lugar donde Erico debe guardar reclusión.

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Finalmente, el magistrado puntualiza que tampoco, en la petición, la defensa del exsenador colorado agregó documental alguna, incumpliendo así lo establecido en los artículos 303 y 304 del Código de Ejecución Penal.

Con esta resolución judicial el exparlamentario por el Partido Colorado seguirá cumpliendo prisión preventiva en el ex-Tacumbú, aguardando la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto a la acción de inconstitucionalidad que planteó su defensa, buscando anular la condena a 13 años de cárcel que le fue impuesta al finalizar el juicio oral y público.

Acción de Erico Galeano contra su condena

La acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados defensores de Erico Galeano -Luis Almada y Ricardo Estigarribia- ataca el Acuerdo y Sentencia N° 10 del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres.

Este fallo confirmó a su vez, la sentencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, que condenó al exlegislador.

Para la defensa del exlegislador colorado, el proceso penal en su contra contiene numerosos vicios, los cuales se traducen en violaciones del principio de inocencia, la defensa en juicio, entre otras disposiciones constitucionales. Asimismo, sostienen que el Tribunal de Sentencia realizó una errónea medición de la pena que se convirtió en un “doble error” cuando el Tribunal de Alzada omitió hacer el control correspondiente.

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En la parte conclusiva de su presentación, Erico Galeano solicitó suspender los efectos, tanto de la SD N° 68 como del Acuerdo y Sentencia N° 10, dictados el 4 de marzo y el 4 de mayo, respectivamente, dictados por el Tribunal de Sentencia que condenó al exlegislador a 13 años de cárcel, y el tribunal de alzada que ratificó dicho fallo.

Condena por vínculos con esquema A Ultranza

El 14 de octubre de 2020 el entonces diputado cartista Erico Galeano Segovia firmó un contrato de compraventa con Hugo Manuel González Ramos sobre una vivienda ubicada en el condominio Aqua Village, distrito de Altos (Cordillera), por la suma de US$ 1.000.000 que el legislador cobró en el acto y en efectivo, utilizando incluso un contador de billetes, según lo relatado en el juicio oral por la escribana pública Olga Graciela Peralta Santacruz.

Sin embargo, según lo probado por el Ministerio Público (MP) en el juicio, el verdadero comprador del inmueble que Erico Galeano adquirió el 8 de febrero de 2013 por la suma de US$ 210.599, fue el presunto narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, quien utilizó como testaferro a Hugo González Ramos, prófugo de la Justicia en el caso A Ultranza, en atención a que este no tenía la capacidad económica para realizar dicha adquisición.

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Para el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que el 4 de marzo de este año condenó a 13 años de cárcel a Erico Galeano Segovia a través de la Sentencia Definitiva N° 68, los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca demostraron que, pese a que el entonces diputado poseía cuentas tanto en dólares como en guaraníes, el dinero recibido en efectivo (US$ 1.000.000) de parte de Hugo González Ramos no fue depositado en la cuenta en dólares, ni consta operación formal alguna de cambio de divisas por ese monto.

Brindó soporte para que cartel de Marset siga operando

La Sentencia Definitiva N° 68 del 4 de marzo de 2026, que condenó a 13 años de cárcel a Erico Galeano Segovia, por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py, resalta que en el juicio quedó probado que el entonces parlamentario brindó apoyo logístico al grupo criminal que lideraban el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano.

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Dicho soporte se dio con la provisión de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que el esquema dedicado al narcotráfico internacional pueda mantener capacidad de desplazamiento aéreo dentro del país, durante el 2020, según el fallo dictado por los jueces Inés Galarza Careaga, Pablino Barreto (presidente del tribunal) y Juan Dávalos Bogarín.

La sentencia detalla que el grupo criminal fue privado de su propia flota aérea tras la incautación de aeronaves que eran propiedad de Tío Rico, el 8 de octubre de 2020 en el aeródromo Arrayán, en el marco de una investigación que estaba a cargo del agente fiscal Marcelo Pecci (asesinado en Colombia el 10 de mayo de 2022).

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La coincidencia temporal entre la pérdida de la flota aérea del grupo criminal y la utilización de la aeronave de Erico Galeano, así como la identidad de los pasajeros transportados, permitieron al tribunal concluir que la conducta del legislador colorado respondió a una finalidad concreta, que es el apoyo logístico para favorecer la continuidad operativa del grupo criminal, de acuerdo con lo que resalta parte del fallo de primera instancia.

Luego de 18 meses de diferentes chicanas, el pasado 27 de julio comenzó la audiencia preliminar de los doce acusados de participar en el presunto desvío de dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, que supuestamente fue para financiar la vivienda del matrimonio compuesto por el diputado Esteban Samaniego y la intendenta Patricia Corvalán.

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Tras las dos primeras jornadas, varios coacusados reconocieron los hechos por los cuales son procesados y muchos de ellos argumentaron que solo cumplían órdenes del entonces intendente Samaniego. Propusieron devolver el presunto dinero y además una compensación económica para lograr una salida procesal.

Con arresto, pero sin tobilleras

El juez Humberto Otazú, ayer al finalizar la segunda jornada de audiencia ordenó retirar las tobilleras electrónicas a la intendente cartista Patricia Corvalán y a la candidata a intendente colorada Ruh Mercedes Medina Yegros.

También se retiraron las tobilleras a Andrés Alfredo Arrua Brítez, Manuel Olazar Duarte y al actual presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó Carlos Aurelio Bareiro Bogarín (ANR-HC),quien busca su reelección.

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Pese a que el presunto daño patrimonial fue bajo la gestión del cartista Esteban Samaniego, sigue sin rendir cuentas a la justicia debido a que sus colegas de la Cámara Baja no lo desafueran.

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Se puede hacer seguimiento en tiempo real

Lo novedoso en esta implementación es que el denunciante puede realizar un seguimiento en tiempo real de cómo avanza su solicitud.

Tras el envío del formulario, desde el Servicio de Atención al Usuario/a de Salud (SAU) deben responder con un código al correo electrónico o al número de teléfono señalado en la solicitud que funciona como clave para volver a acceder al sistema y verificar cómo avanza el reclamo.

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“También en los servicios de salud contamos con códigos QR que el usuario puede escanear y los lleva directo al formulario”, agregó Juan Marcelo Estigarribia, director de gabinete del Ministerio de Salud.

Este formulario está disponible tanto en español cómo en guaraní. El usuario puede hacer su denuncia de forma nominal o anónima si así lo prefiere, según el funcionario.

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Puede ser el comienzo de procesos internos

El director de gabinete refirió que este tipo de herramientas ayuda a que la cartera estatal esté más cerca de la gente. “Sí o sí, el usuario va a tener una respuesta a su reclamo”, prometió.

Según él, las denuncias recibidas mediante la plataforma van a ser puntas de lanza para sumarios internos, investigaciones y tener más control ante posibles abusos e irregularidades.

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“Debe haber una consecuencia que es la de mejorar el servicio y la atención del personal de salud”, finalizó.

Ante cualquier duda, la ciudadanía se puede poner en contacto al correo sau@mspbs.gov.py o al teléfono (021) 237-4232.

Características

Son unas 100 viviendas las que se construyen en el lugar. Cada nueva casa contará con dos dormitorios, un pequeño corredor y un fogón para cocina. En tanto, el sanitario será de chapa y contará con inodoro y ducha. Además, las viviendas deberán disponer de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

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La empresa encargada de la construcción es Almega Cía., representada por Diego Armando Mercado. Según el arquitecto Miguel Pereira, encargado de la obra, cada vivienda tiene un costo estimado de G. 96 millones, por lo que la adjudicación a la mencionada firma sería de unos G. 9.600 millones, atendiendo que se trata de 100 casas.

Actualmente, la obra presenta un 55 % de avance y, de no surgir nuevos inconvenientes, se espera finalizar los trabajos durante el mes de octubre. Aún faltan completar algunos detalles, como pisos, revoques, instalación de sanitarios y el sistema de energía eléctrica.

Retrasos

La obra sufrió varios retrasos debido a la precariedad de los caminos de la zona, lo que impidió la llegada de materiales de construcción transportados en camiones de gran porte desde la capital del país, refirió el profesional encargado de las obras.

En una oportunidad se tuvo que recurrir al traslado de parte de los materiales por vía fluvial, a bordo de una embarcación. Sin embargo, este sistema encarece considerablemente los costos de transporte, situación que no está contemplada en el presupuesto.

“Ahora estamos apurando el traslado de todos los materiales que faltan para finalizar los trabajos, aprovechando que los caminos están transitables, ya que basta una pequeña lluvia para que nuevamente queden intransitables”, señaló finalmente el profesional.

Mano de obra

Como suele ocurrir en este tipo de construcciones de viviendas sociales, la gran mayoría de los trabajadores son pobladores de la misma comunidad, ya que entre ellos existen maestros y ayudantes de albañilería con experiencia en este tipo de obras.

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Al respecto, el líder de la comunidad, Carlos González, además de valorar el aporte del Gobierno mediante la construcción de las viviendas, destacó que durante todo el tiempo que demandan los trabajos muchas personas obtienen importantes ingresos económicos gracias al empleo generado por la obra.

Los pobladores de esta comunidad, al igual que los de las demás comunidades Ishir, son personas muy trabajadoras, por lo que desconocen actividades relacionadas con la mendicidad o la prostitución.

Las mujeres son excelentes artesanas; otras mantienen huertas y comercializan sus productos en Fuerte Olimpo, mientras que un grupo más reducido trabaja como empleadas en casas de familia.

Los varones, por su parte, se dedican principalmente a la pesca, uno de los principales rubros de sustento. Otros son reconocidos albañiles o trabajan como peones en estancias de la zona. De hecho, la comunidad indígena mantiene una estrecha integración con la población latina, participando activamente en todas las actividades sociales, sin que se perciban diferencias de trato o de clases.

Miguel Ángel Stampf, director de la Policía Municipal de Vigilancia, destacó un intensificado despliegue operativo en los últimos meses. “En 10 meses hicimos lo que no se hizo en 10 años. Hemos remitido 2.857 actas de intervención en toda la jurisdicción de Asunción”, afirmó el funcionario, subrayando que el enfoque principal está puesto en la polución, la convivencia con marginales y la seguridad en el casco histórico.

El impacto financiero para los infractores será elevado. Desde la Comuna estiman una suma promedio de 10 millones de guaraníes por cada multa aplicada a través de los Juzgados de Faltas, lo que representaría un ingreso cercano a los G. 23.000 millones, al que se le sumarán los gastos de erogación que asume la Municipalidad por tareas de limpieza, mantenimiento y obras de resguardo en los inmuebles.

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Medidas cautelares sobre los inmuebles

Para garantizar el cobro de estas sanciones administrativas, Stampf explicó el procedimiento legal implementado. “Tenemos la garantía del inmueble que cuenta con una cuenta corriente catastral. Esa multa, una vez concluido el proceso sumario, va directamente con una medida cautelar sobre el inmueble o sobre el propietario. Posteriormente, nunca podrá transferir ese inmueble sin cubrir la sanción impuesta”.

A pesar de que la propiedad privada es inviolable por precepto constitucional, la Municipalidad opera amparada en una figura legal otorgada por la Justicia. “Ingresamos luego de notificar porque contamos con una orden genérica dictada por el Poder Judicial, que nos permite ingresar al inmueble si el propietario o propietaria no acata el cumplimiento de la respectiva ordenanza”, precisó el director.

Entre las estructuras intervenidas o bajo la lupa figuran casonas históricas y grandes edificaciones emblemáticas, como la antigua sede del Ministerio de Educación y Ciencias (edificio Excelsior).

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Abandono y alta reincidencia

Por su parte, Yamil Paniagua, jefe del Departamento de Aseo Urbano, aportó cifras precisas sobre la envergadura de la problemática en la capital. Según las estimaciones de su dependencia, en todo el territorio asunceno existen más de 10.000 viviendas en estado de abandono, incluyendo inmuebles en venta o alquiler deshabitados.

Centrándose en el casco histórico, Paniagua detalló que dentro del microcentro tienen contabilizados 312 inmuebles en estado deficiente y 103 en abandono total, de los cuales varios son considerados patrimonio cultural. Asimismo, resaltó la complejidad que afrontan durante las intervenciones: “En el momento de entrar a los lugares, es difícil saber a qué institución corresponde cada inmueble”.

El mayor obstáculo que enfrentan las cuadrillas municipales es la falta de mantenimiento sostenido por parte de los dueños, lo que deriva en una alta tasa de reincidencia. “Realizamos el trabajo de limpieza, pero después vuelve a existir el abandono por parte de los propietarios de los inmuebles; eso vuelve a ser un caso de reincidencia que volvemos a constatar e intervenir”, dijo Paniagua, señalando que más del 40% de las viviendas intervenidas vuelven a caer en estado de abandono.

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Los tres artículos vetados afectan a la jubilación, el salario y el descanso profiláctico que deben tener los profesionales.

“Todo lo que nosotros contemplamos en esa ley está ajustado a nuestra realidad. Nosotros pasamos por el Ministerio de Salud, pasamos por las comisiones de ambas Cámaras del Congreso, se hicieron todos los estudios correspondientes”, explicó Walter Dávalos, del sindicato de trabajadores del Hospital de Clínicas.

Jubilación

Los manifestantes explican que actualmente se rigen por un sistema jubilatorio de 65 años de edad y 40 de aporte. Por ese motivo, solicitan una equiparación igual a la de otros sectores médicos. Es decir, 55 años de edad y 25 de aporte.

“Hubo casos de compañeros que se jubilaron este año y poco después ya fallecieron. Disfrutaron apenas dos meses de su jubilación. Nos merecemos el mismo respeto que los demás integrantes del estamento médico”, indicó el sindicalista.

Salario

En cuanto a la remuneración salarial, Dávalos explicó que los profesionales contratados perciben 3.900.000 guaraníes y los permanentes 4.200.000. “Hay compañeros que ahora están cobrando incluso menos del sueldo mínimo vigente”, denunció.

El riesgo para la salud

Walter Dávalos explicó que, a pesar de contar con equipos de protección para la realización de su trabajo, debido a la precariedad en el sistema de salud pública, deben ceder esos elementos a los familiares o acompañantes de los pacientes que se realizan las radiografías.

Eso genera que queden expuestos a los rayos X. “Nosotros tenemos acumulación de dosis. Eso significa que en el futuro esa acumulación será perjudicial para nuestra salud, por eso pedimos una jubilación más justa”, señaló.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

Asimismo, detalló que en Paraguay existen alrededor de 10.000 radiólogos. De estos, este año se jubilarán unos 10 profesionales y recién en cinco años se volverán a jubilar otros 10.

“Ellos (el Ejecutivo) dicen que eso va a ser un perjuicio económico muy grande y eso es mentira. No son solo los trabajadores, hay familias enteras que dependen de ellos”, defendió Dávalos.

La Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria de esta mañana las modificaciones en la iniciativa que busca dignificar el trabajo de los técnicos y médicos radiólogos en el sistema de salud.

Según informó el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), en la lancha se encontraban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos integrantes de la tripulación, el piloto y el copiloto.

Tras el accidente, los equipos de rescate y emergencia actuaron de inmediato para asistir a los ocupantes de la embarcación.

Como parte de las primeras verificaciones, el ICMBio señaló que revisó la documentación de la empresa concesionaria Ilha do Sol Turismo, encargada de operar el Macuco Safari y constató que los permisos y requisitos administrativos se encuentran vigentes.

Investigación en curso

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron esclarecidas. Por ese motivo, la Marina de Brasil, a través de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, abrió una Investigación Administrativa sobre Accidentes y Hechos de la Navegación para determinar las causas del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

En forma paralela, la Policía Civil del estado de Paraná también lleva adelante una investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente.

Todos los heridos fueron dados de alta

Las autoridades sanitarias informaron que todas las personas que resultaron lesionadas ya recibieron el alta médica.

Uno de los turistas, un hombre de 49 años, permaneció varias horas en observación en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Yguazú y fue dado de alta durante la tarde de ayer. Su esposa, quien sufrió una fractura en un pie, recibió atención médica y posteriormente también abandonó el centro asistencial.

Por su parte, el piloto y el copiloto de la embarcación fueron derivados a una Unidad de Pronta Atención (UPA) debido a lesiones leves. Tras ser evaluados por los médicos, ambos fueron dados de alta el mismo día.

Según el informe, agentes policiales acudieron al lugar tras una llamada realizada por un integrante de la Guardia Ciudadana. Al llegar, encontraron al guardia tendido en el suelo, con abundante sangrado en el rostro y sin signos de vida.

El jefe de la Comisaría 6ª, comisario Jorge López, contó que el gerente de la gasolinera facilitó las imágenes del circuito que muestran lo ocurrido.

De acuerdo con las grabaciones, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y permanecieron en una zona oscura. Uno de ellos descendió con casco blanco y un arma de fuego en la mano, cuando el guardia se encontraba sentado sobre su motocicleta y aparentemente con su teléfono celular en la mano.

Se resistió al asalto

El delincuente intimidó al trabajador y, tras un forcejeo, efectuó tres disparos a corta distancia que impactaron en el trabajador.

“El objetivo pudo haber sido su escopeta, su motocicleta o su aparato celular; sin embargo, solamente llevaron la escopeta”, manifestó el comisario López.

Tras cometer el crimen, el asaltante se apoderó de una escopeta marca Escort, calibre 12, y escapó rápidamente a bordo de la motocicleta que era conducida por el cómplice.

El fiscal de turno, Edgar Delgado, encabezó el procedimiento con efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminalística.

La incursión es ejecutada por miembros de las Fuerzas Especiales y agentes especiales antidrogas de la Senad con el apoyo de helicópteros de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), según detallaron desde la cartera estatal de nuestro país.

Durará dos semanas

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informaron que la Operación Nueva Alianza 56 se extenderá durante al menos dos semanas y tendrá como objetivo la destrucción sistemática de plantaciones, campamentos narcos, centros de procesamiento y toda la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para sostener la producción y el tráfico de drogas.

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El operativo, que incluye incursiones por aire y por tierra, es coordinado en representación del Ministerio Público por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, según un boletín de la Senad.

El rodado sería una camioneta tipo Ford Ranger blanca, con matrícula argentina AB 072 NY, denunciada como robada. Fue hallada en una zona boscosa de la compañía Alborada 2, en el distrito de Capitán Miranda.

Los intervinientes fueron alertados por un agricultor, quien encontró el vehículo mientras realizaba fumigaciones por la zona. El vehículo fue abandonado a 15 kilómetros del sitio donde fue cometido el violento hecho.

Para la intervención fueron convocados personal técnico de los departamentos de Criminalística, Investigaciones y Automotores. Tras la constatación del vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Violento atraco

Un grupo armado de al menos cuatro integrantes cometió un atraco en una vivienda particular del barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche de ese domingo, cerca de las 23:30.

El denunciante fue identificado como César Higinio Ortiz López (44), quien manifestó que estaban en el país desde el viernes. Relató que los maleantes los redujeron a punta de arma de fuego, los maniataron y agredieron exigiendo el dinero.

El relato de las víctimas detalla que el grupo actuó con pasamontañas y munido de armas largas y cortas. Llegaron al sitio y patearon la puerta para acceder a la vivienda, refirieron.

Las cuatro personas que estaban en la residencia fueron maniatadas y golpeadas. En todo momento pedían dinero y las llaves de la camioneta. El denunciante indicó que los atracadores hablaban en guaraní.

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Los atracadores se terminaron llevando dinero en efectivo, G. 1.300.000, 400 dólares americanos y 2.000.000 de pesos argentinos. Además, cuatro aparatos celulares y la camioneta de la víctima, una Ford Ranger de color blanco con matrícula argentina AB 072 NY.

Al ser consultado sobre las constantes fricciones y observaciones hacia la gestión de Peña, Leite argumentó que dentro del Partido Colorado está “permitido pensar diferente” y que el rol del Poder Legislativo es ser parte de la solución y no un mero ejecutor de las órdenes del Palacio de López.

En esa línea, recordó la posición oficialista frente al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que finalmente fue aprobado con modificaciones tras la presión de distintos gremios y finalmente desembocó en la salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

“Nosotros le malacostumbramos al Ejecutivo porque le dimos todo. Y bueno, y en ese tema se le dijo: ‘No, en este no. En este vamos a tomarnos nuestro tiempo’”, recordó Leite.

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De las críticas a las propuestas de reforma

Para el legislador, la línea entre la crítica y la propuesta está en ofrecer alternativas viables. En ese sentido, fundamentó tres ejes clave sobre los cuales considera urgente ajustar la gestión del Gobierno.

• Ajuste en gastos superfluos: reiteró la propuesta de recortar US$ 400 millones en viáticos, catering y consultorías del Presupuesto General de la Nación para redirigirlos a medicamentos e insumos en el sistema de salud pública.
• Transparencia tarifaria en la ANDE: exigió que la estatal publique su tarifa técnica real para permitir la inversión del sector privado a precios de mercado, advirtiendo que la empresa ya no tiene capacidad para ser el único proveedor energético.
• Sinceramiento de la deuda: cuestionó el “bicicleteo” financiero con proveedores del Estado e instó a transparentar la deuda interna en lugar de pagar saldos mínimos.

Firmeza diplomática y agenda en el Congreso

En el ámbito internacional, Leite respaldó su reciente cuestionamiento a la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores ante las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza. Sostuvo que pedir firmeza al canciller para defender la historia nacional no es buscar un incidente, sino exigir que el Gobierno hable con la celeridad que ameritan los temas sensibles.

Respecto al panorama dentro de la bancada de Honor Colorado, el senador insistió en que sus planteamientos sobre salud e inversión pública encontrarán eco en sus pares, señalando que el debate parlamentario es indispensable para no incurrir en errores del pasado.

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Al hacer la verificación de identidad, un suboficial comprobó que Cabañas Paredes tenía una orden de captura por un homicidio registrado a inicios de junio.

Su acompañante reaccionó

El uniformado procedió a la detención, pero la acompañante, identificada como Gloria Beatriz Marandari Algarin, agredió al suboficial interviniente, por lo que también fue trasladada a la comisaría en carácter de aprehendida por obstruir el trabajo policial.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y el agente fiscal de turno dispuso la permanencia de la aprehendida en la 2ª Metropolitana y que todo el informe sea elevado hasta su unidad.

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En conversación con ABC Color este miércoles, Rocío Aranda, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública en la XVIII Región Sanitaria (Asunción), comentó que casi 180.000 dosis de la vacuna contra la influenza han sido aplicadas solo en la capital en el marco de la campaña de vacunación de invierno.

Actualmente, hay unas 25.000 dosis distribuidas en todos los puntos de vacunación de Asunción, dijo la licenciada Aranda.

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Recordó que tanto en el vacunatorio de la XVIII Región Sanitaria (sobre la calle Brasil) como en los hospitales cabecera de Asunción, la ciudadanía puede vacunarse de forma gratuita todos los días entre las 7:00 y las 17:00.

Covid y virus sincitial respiratorio

La licenciada Aranda comentó que también hay disponibles unas 8.000 dosis de vacuna contra covid-19, pero señaló que mucha gente sigue reacia a aplicársela.

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Indicó que siguen registrándose casos de covid y dijo que la vacuna debe ser considerada parte del esquema habitual de vacunación.

Sí ha tenido mayor aceptación la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica a niños pequeños. “Casi ya no tenemos dosis en capital”, dijo la licenciada. Sin embargo, comentó que aún quedan disponibles en los hospitales cabecera.

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De 40 a 6 árboles

Inicialmente el consorcio Palma, encargado de las refacciones en el pulmón verde del microcentro asunceno tenía la intención de deforestar 40 árboles en el sitio.

Luego de las protestas de los vecinos y de la realización de nuevos estudios, se redujeron a 10 los árboles que serán talados.

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De esos, tres ya son solo troncos o ‘tocones’ y están completamente secos. Otro está fuera de la plaza, ubicado en la vereda (también seco). Dejando a seis dentro del predio que serán cortados.

Plantarán 100 árboles de ‘reemplazo’

Para compensar la obra a realizar, Barreto prometió la plantación de 100 árboles frutales y autóctonos que se dividirán entre la propia Plaza Uruguaya y otros sitios dentro de Asunción.

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Según el conteo realizado por la comuna, son 441 ejemplares los que componen el arbolado de la Plaza Uruguaya.

Finalización de obras

El proyecto de reforma dentro de la Plaza Uruguaya tenía como plazo el 15 de agosto para terminar las obras. Debido al retraso de los trabajos, el cronograma se extiende sin una fecha límite, según Máximo Barreto.

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Galli Otazú registraba una herida de importante tamaño y una fractura expuesta en la pierna derecha. Llamativamente, el equipo médico que lo trató, encabezado por el médico traumatólogo Carlos Sánchez, realizó la sutura de la laceración utilizando cintillos de plástico de uso común, no hilos quirúrgicos especializados para ese tipo de procedimiento.

Tras la denuncia de los familiares del paciente, el Ministerio de Salud Pública dispuso la realización de una auditoría médica para esclarecer lo ocurrido y se espera que el resultado de la intervención esté listo la próxima semana.

Conducta “fuera de lo convencional”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el doctor Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, dijo que el uso de los cintillos de plástico para cerrar la herida del paciente constituye una “conducta terapéutica fuera de lo que se realiza de manera convencional” y añadió que la auditoría médica determinará por qué el equipo médico actuó de esa forma y si no contaba con los insumos requeridos para una intervención quirúrgica como la que necesitaba el paciente.

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“El criterio que manda es determinar lo que necesitaba el paciente según los diagnósticos y guías médicas de buenas prácticas”, manifestó el doctor Ortiz, quien añadió que el protocolo dicta que un paciente debe ser estabilizado y derivado a otro centro asistencial si el que lo recibe no está en condiciones de brindarle la atención adecuada.

Explicó que el equipo auditor, que ya se encuentra en San Estanislao, analizará todos los documentos pertinentes a la intervención quirúrgica realizada a Galli Otazú, incluyendo su ficha de urgencias, su historia clínica, la descripción quirúrgica de las características de la herida, el cuadro de evolución del paciente, la constancia de consentimiento informado del paciente y el listado de insumos utilizados.

Disponibilidad de insumos

Si bien dijo que no se ponen aún en tela de juicio las técnicas del equipo médico, ya que esa es la tarea de los auditores médicos, enfatizó que “a simple vista, lo que se observa es que ese insumo (el cintillo de plástico) no es médico, es un insumo común que no figura en el listado de medicamentos e insumos esenciales del Ministerio de Salud”.

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El doctor Ortiz explicó que se analizará también la disponibilidad de insumos en el Hospital de San Estanislao y añadió que entre mayo y julio el Ministerio de Salud ha proveído a la II Región Sanitaria –que abarca el departamento de San Pedro– de medicamentos e insumos por un valor de más de 12.500 millones de guaraníes.

Sobre el estado actual del paciente Galli Otazú, quien se encuentra internado en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, el doctor Ortiz afirmó que “se encuentra estable y controlado” y que los cintillos de plástico le han sido retirados.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), mencionó que algunas personas ya comenzaron a celebrar el Día de la Amistad con una semana de anticipación, por lo que las expectativas de un mayor movimiento “siempre están presentes”.

No obstante, reconoció que se trata de una fecha que beneficia principalmente a los bares y, en algunos casos, a restaurantes más económicos, en los que grupos de compañeros de trabajo suelen festejar al mediodía.

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Ticket promedio más bajo

Agregó que esto podría traducirse en un ticket promedio más bajo, ya que muchas personas no consumen alcohol porque luego deben regresar a sus lugares de trabajo. Admitió que hay movimiento, aunque no es “la gran cosa”.

“Es difícil comparar el movimiento con el del año pasado, dado que las personas no reservan con mucha anticipación, sino apenas unos días antes”, apuntó.

Si la fecha influye en la facturación del rubro gastronómico o no, dijo que no representa un “evento mayor” para los locales gastronómicos, como sí lo son el Día de la Madre o el Día de los Enamorados, aunque ayuda al sector a impulsar las ventas.

Menos poder adquisitivo de las personas

Respecto a un posible cambio en el comportamiento de los consumidores, señaló que actualmente las personas tienen un menor poder adquisitivo después del Mundial. Agregó que en los próximos días o meses se verá cómo se van “retomando las cosas”.

“Lo que ocurre es que luego de que terminó el Mundial arrancaron las vacaciones, que siempre influyen en el circuito gastronómico asunceno y de otras ciudades. La verdad es que no observamos ningún despertar nuevo después de la Copa del Mundo y esperamos ver en agosto cómo avanzan las cosas”, acotó.

Comercios refuerzan propuestas de regalos

Por su parte, el vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, mencionó que las multitiendas asociadas al gremio se preparan con una amplia variedad de regalos para todos los presupuestos, reforzando el stock y las promociones para acompañar una de las fechas comerciales más importantes de la temporada.

Consultado sobre qué categorías de productos registran mayor interés en esta fecha, indicó que, según el comportamiento de las ventas de 2024 y 2025, las categorías con mayor crecimiento se relacionan con bijouterie, carteras para fiesta, maquillajes, artículos de bazar (como productos de acero inoxidable y guampas), golosinas y accesorios, especialmente corbatas.

“Las empresas asociadas prepararon ofertas especiales y una amplia selección de productos para regalo, entre ellos carteras, vasos térmicos, termos, hoppys, relojes, bijouterie (accesorios) y otros artículos pensados para diferentes gustos y presupuestos”, detalló caje.

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“No se observa incremento en la facturación”

También fue consultado sobre las preferencias de los consumidores frente a años anteriores y las expectativas de facturación. Al respecto, dijo que hasta el momento no se observa un incremento generalizado de las ventas. Sin embargo, algunas categorías ya muestran un mejor desempeño, como los sets de manicura y pedicura, los estuches de maquillaje y las guampas.

“La expectativa es que, a medida que se acerque el Día de la Amistad, el resto de las categorías también registre un crecimiento en la demanda”, concluyó.

Ante las constantes denuncias de la ciudadanía de las reguladas, el gremio señaló que el transporte público debe planificarse para responder a la demanda durante toda la jornada y no únicamente durante las "pocas horas consideradas pico".

Explicó que si toda la flota se dimensionara exclusivamente para esos momentos de mayor movimiento, una parte importante de las unidades circularía con muy pocos pasajeros durante el resto del día, hecho que elevaría los costos operativos y reduciría la eficiencia del sistema.

“Por eso la planificación busca un equilibrio: atender la mayor demanda posible sin perder de vista que el transporte debe seguir funcionando de manera sostenible durante todo el día”, señaló Cetrapam.

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El mantenimiento también influye

El gremio sostuvo además que el trabajo no termina cuando los buses completan su último recorrido diario.

Indicó que cada noche, mecánicos e inspectores realizan revisiones de frenos, neumáticos, suspensión, dirección, niveles de fluidos, luces y otros sistemas esenciales para que las unidades vuelvan a operar al día siguiente en condiciones de seguridad.

Cetrapam destacó que estas tareas representan un costo permanente que no puede postergarse sin afectar la confiabilidad y la seguridad del servicio.

Los semáforos, otro factor que retrasa los recorridos

En otra de las publicaciones, el gremio afirmó que una de las principales causas de las demoras no se encuentra en los trayectos entre paradas, sino en las intersecciones con semáforos.

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Según explicó, un bus puede desplazarse con normalidad durante varios kilómetros y perder una parte importante del tiempo de viaje al atravesar unos pocos cruces semaforizados.

Por esa razón, sostuvo que la implementación de sistemas de prioridad semafórica constituye una de las herramientas más eficaces para mejorar la velocidad comercial y la regularidad del transporte público.

De esta manera, Cetrapam atribuye la imposibilidad de aumentar la cantidad de buses en las horas pico a la necesidad de mantener un equilibrio operativo durante toda la jornada, así como a factores de infraestructura vial que, según el gremio, también inciden en la calidad del servicio.

Continuando con esta serie, orientada a aprender a ahorrar e invertir, presentamos hoy una guía sobre cómo invertir en bonos desde montos mínimos y accesibles para todas las personas interesadas en hacer crecer sus ahorros.

Para quienes tienen dinero guardado en una cuenta bancaria, cooperativa o simplemente buscan una alternativa para que sus recursos generen rendimiento, el primer paso es acercarse a una casa de bolsa.

“Esa casa de bolsa lo asesora y lo acompaña a lo largo de su experiencia como inversionista”, explicó Fernando Gil, gerente comercial y de relaciones institucionales de la BVA.

El ejecutivo explicó que antes de comprar cualquier título se realiza un perfil del inversor para conocer su nivel de tolerancia al riesgo y recomendar instrumentos acordes con sus objetivos. “En base a ese perfil de riesgo y luego de validar el perfil de la persona, la casa de bolsa empieza a recibir recomendaciones acerca de qué títulos le conviene y cuáles no le conviene comprar”, indicó.

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¿Cuánto dinero se necesita para invertir en bonos?

Uno de los principales mitos que busca desmontar el mercado bursátil es que se necesita mucho dinero para comenzar. Gil explicó que actualmente existen bonos disponibles desde montos accesibles para pequeños ahorristas.

“El monto hoy en día es sumamente accesible. Uno puede comprar un bono desde G. 1 millón y para los emitidos en moneda estadounidense desde US$ 1.000”, afirmó.

Según Gil, esto permite que una persona que pueda reunir desde G. 1 millón ya tenga la posibilidad de convertirse en inversionista. “Eso le saca un poco el preconcepto que tiene la gente, que necesita muchísimo dinero para empezar a invertir”, señaló.

¿Cuánto puede ganar una persona con un bono?

El rendimiento depende del emisor, el plazo y el riesgo asociado al título. Gil explicó que los bonos emitidos por entidades con mayor calificación de riesgo, como títulos del Tesoro, pueden ubicarse actualmente en determinados rangos de mercado.

“Si uno es un inversionista conservador, la casa de bolsa le puede recomendar títulos con una calificación sumamente alta, como triple A, doble A o bonos del Tesoro, que pueden pagar tasas hoy en día, en la situación coyuntural del mercado, entre 9% y 10%”, explicó.

Sin embargo, aclaró que no todos los bonos tienen el mismo rendimiento. “No es lo mismo un bono emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que un bono emitido por una empresa del agro, una empresa de servicios o una empresa química. Cada sector y cada empresa tiene su perfil y su calificación de riesgo, y por eso la tasa tiene que ser diferente”, afirmó.

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¿Hay que esperar hasta ocho años para recuperar el dinero?

Uno de los temores habituales entre nuevos inversionistas es que queden atrapados durante largos períodos. Gil explicó que los bonos pueden venderse antes del vencimiento mediante el mercado secundario.

“Uno cuando invierte no necesariamente tiene que esperar todo ese plazo para recuperar. Si yo compro hoy un bono de una empresa, mañana, la semana que viene o el mes que viene puedo revender ese bono y recuperar mi capital”, explicó.

El mercado secundario permite que otros inversionistas compren esos títulos. “Lo importante es que uno tenga la tranquilidad de que existe un mercado secundario activo. Eso significa que cada título que compre va a tener a quién vendérselo en caso de que quiera recuperar su capital”, indicó.

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Bonos o fondos mutuos: ¿qué conviene para empezar?

Gil explicó que para una persona que recién ingresa al mercado, los fondos mutuos pueden representar una puerta de entrada porque permiten diversificar. “Lo que hacen los fondos mutuos es crear una gran bolsa entre muchas personas y con ese dinero compran distintos instrumentos: bonos del Tesoro, bonos de bancos, bonos de empresas, certificados de depósito”, refirió.

La diferencia es que cuando una persona compra un bono directamente concentra su inversión en un emisor. “Si vos compras un bono de un millón de guaraníes de un banco, el 100% de tu riesgo está contra un solo banco. Cuando tenés una diversificación, no ponés todos los huevos en la misma canasta”, señaló.

Para Gil, el camino inicial puede ser comenzar con fondos mutuos y luego avanzar hacia inversiones directas. “Arrancar con fondos mutuos me parece una buena opción. Después, cuando la persona entiende cómo funciona el mercado, puede empezar a explorar la compra directa de títulos”, sostuvo.

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¿Qué debe revisar un ahorrista antes de comprar un bono?

El gerente comercial de la BVA recomendó no mirar solamente la tasa ofrecida. “Más allá de la tasa y el plazo, es bueno entender para qué va a utilizar el dinero la empresa que está emitiendo ese bono”, afirmó.

También recomendó revisar la calificación de riesgo, los balances de la empresa y la información publicada por la bolsa. “Si no tiene muchos conocimientos contables, puede apoyarse en la calificación de riesgo, pero toda la información que la empresa debe publicar está disponible en la Bolsa de Valores”, explicó.

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De la cultura del ahorro tradicional hacia una cultura de inversión

Gil planteó que el desafío es cambiar la cultura del ahorro tradicional hacia una cultura de inversión. “Durante toda nuestra infancia nos han enseñado que ahorrar es importante. Yo quiero darle una vuelta: no basta solamente con ahorrar, hay que invertir ese ahorro”, afirmó.

Agregó que mantener el dinero inmóvil hace que pierda poder adquisitivo. “Si uno únicamente deja de consumir hoy y guarda ese dinero en el banco o debajo del colchón, ese dinero pierde valor”, concluyó.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” -lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”- para seis departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.

Las precipitaciones continuarían mañana, aunque limitadas al norte y este del país. El viernes solo se esperan lluvias dispersas en el norte.

Persiste el calor

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados a nivel nacional.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

Según relató el gerente técnico saliente de la ANDE, Ing. Tito Ocariz, existen tres opciones técnicas. La primera es interconectar Aña Cua a la llamada “Estación de maniobras de la EBY" (EMY), que se construiría seccionando una de las líneas de transmisión que van de Yacyretá a Ayolas. Esta obra ya fue adjudicada por la EBY a la firma Siemens-Rieder-Aña Cua ATE.

La segunda opción, y la que prefiere la ANDE, es tender una línea directa desde Aña Cua hasta Ayolas, sin tocar las líneas existentes. La tercera —llevar la conexión directamente a las barras de la EBY— fue descartada por sus “trastornos”: según explicó Ocariz, técnicos advirtieron que dos o tres unidades de la central podrían quedar paradas por un período largo.

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“La segunda opción es llevar la línea de transmisión desde Aña Cuá a Ayolas directamente, que es la opción que la ANDE prefiere, para no interferir en nuestras líneas de transmisión", explicó el ingeniero.

Esta postura no es nueva. Ya en 2023, ABC había documentado las objeciones técnicas de la ANDE, que advertía que la estación introduciría "un punto de falla común" capaz de comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico paraguayo. El propio expresidente de la ANDE Félix Sosa había planteado ese riesgo directamente al entonces director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.

La EMY, además, se adjudicó por US$ 24,8 millones, unos US$ 6,8 millones por encima del precio de referencia licitado, sin que la ANDE diera su consentimiento previo. En agosto de 2025, la obra civil de esa estación permanecía suspendida y sin fecha de reactivación, según había confirmado a ABC el gerente paraguayo del proyecto, Carlos Yorg.

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Consultado sobre cómo recibe la EBY la posición de la ANDE, Ocariz fue directo: “Entiendo que la empresa Rieder fue la adjudicada, y ellos insisten, lógicamente, en que la línea se interconecte con esa subestación. Pero el planteamiento de la ANDE hasta ahora es muy firme y queremos que eso vaya a Ayolas".

La decisión final no depende de la ANDE ni de la EBY por separado, sino del cuerpo directivo de Yacyretá, con las propuestas de las áreas técnicas de ambas partes.

El reloj corre: Aña Cua entra en operación en 2028

La urgencia es clara. “Eso tiene que decidirse en estos días porque la central va a entrar ya en operación en el primer semestre de 2028“, advirtió Ocariz. Las obras de interconexión, cualquiera sea la opción elegida, demandan entre dos y dos años y medio.

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Si prospera la alternativa que impulsa la ANDE, el trabajo consistiría en construir una línea de transmisión de unos 15 kilómetros entre Aña Cua y la subestación de Ayolas, además de ampliar las barras en esa subestación. “Es una obra más simple, y que puede ser realizada en menor tiempo”, explicó el ingeniero.

El financiamiento de esa obra recaería sobre la EBY, en el marco del proyecto Aña Cua. Ocariz evitó dar una cifra estimada del costo: “No quiero tirar cifra, porque es un proyecto que maneja Aña Cua. Nosotros no tenemos esa información por ahora”.

La viceministra de Desarrollo Regional del MINNA, Diana Argüello, explicó que la investigación fiscal continúa para determinar las responsabilidades de los organizadores del evento y de las instituciones que autorizaron o fiscalizaron la actividad.

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Investigación apunta a organizadores y autoridades

Según Argüello, la fiscala Lourdes Soto solicitó informes a la Municipalidad correspondiente y a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), mientras avanza el análisis sobre las condiciones en que fue habilitado el hipódromo para la realización de la carrera.

La viceministra adelantó que el MINNA mantendrá reuniones con Conajzar para coordinar acciones y definir mecanismos que permitan identificar escenarios de riesgo y evitar que niños y adolescentes vuelvan a participar en este tipo de competencias.

Asimismo, sostuvo que también se estudian las responsabilidades de quienes organizaron el evento, además de las actuaciones de las autoridades locales encargadas de controlar los espectáculos públicos.

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“Es una de las peores formas de trabajo infantil”

Argüello remarcó que el caso no debe confundirse con la práctica deportiva del hipismo. Explicó que las carreras de caballos, cuando involucran a menores de edad, están consideradas dentro de las peores formas de trabajo infantil establecidas en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado a la legislación paraguaya.

Precisó que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe cualquier trabajo para menores de 14 años y establece excepciones únicamente para adolescentes mayores de esa edad, bajo estrictas condiciones de protección. Sin embargo, aclaró que las actividades relacionadas con ganado mayor, como las carreras de caballos, están prohibidas para todos los menores de 18 años por tratarse de trabajo infantil peligroso.

“Si un niño, niña o adolescente participa en estas competencias, esa situación está fuera del marco legal y debe ser comunicada a las autoridades”, enfatizó.

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Refuerzo de controles y llamado a denunciar

Tras la muerte de Thiago Josué Recalde Vera, el MINNA informó que reforzó las comunicaciones dirigidas a las 263 municipalidades del país y a las oficinas de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), recordando las obligaciones legales de controlar este tipo de eventos.

Argüello recordó que la Ley Orgánica Municipal atribuye a los municipios la responsabilidad de fiscalizar los espectáculos públicos, mientras que la normativa que regula los juegos de azar reconoce a las carreras de caballos como una actividad autorizada, lo que —según indicó— obliga a extremar los controles para impedir la participación de menores.

La institución también conformó un equipo especial para monitorear denuncias y reiteró que la línea gratuita 147 Fono Ayuda recibe reportes, incluso de manera confidencial. La viceministra reveló que durante el último fin de semana ya se realizó una intervención preventiva en San Pedro tras una denuncia ciudadana, aunque en ese operativo no fueron encontrados niños o adolescentes participando en carreras.

Vulnerabilidad familiar, otro foco de preocupación

El MINNA señaló que, además de las acciones de control, buscará fortalecer el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad, ya que en varios casos detectan que la participación de menores en estas actividades responde tanto al desconocimiento de la ley como a condiciones económicas adversas.

Mientras la investigación penal sigue su curso, el ministerio insistió en que la prevención dependerá no solo de la actuación de las instituciones, sino también de la colaboración ciudadana mediante denuncias oportunas sobre competencias en las que participen menores de edad.

No obstante, durante la investigación y según consta en el pedido de desestimación, sí se comprobó un llamativo incremento en la compra después de la adjudicación firmada por la entidad presidida por Justo Zacarías Irún (ANR-HC).

El documento detalla la firma Kamamya S.A., fue adjudicada por G. 248.713.954.290, para la provisión de un total de 328.687 conjuntos de mesas y sillas pedagógicas, en dos lotes.

El principal accionista de la firma es Long Jiang, el empresario chino conectado con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes llegaron a utilizar su avión durante y después de la campaña electoral. Peña incluso vacacionó en Brasil con su familia con una camioneta que pertenecía a una firma del mismo empresario.

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La compra creció después de la adjudicación

La Fiscalía detalla en el pedido de desestimación que, luego de la adjudicación, mediante el Aditivo N.º 2, Itaipú Binacional y Kamamya S.A. acordaron ampliar la entrega en 82.150 conjuntos adicionales. Así, la compra pasó de los 328.687 sets adjudicados originalmente a un total de 410.837.

El llamativo aumento no aparece reflejado en los documentos publicados en el portal de Licitaciones de Itaipú y solo queda expuesto a partir de la documentación incorporada durante la investigación fiscal. El total pagado por Itaipú por los dos lotes originales y la ampliación asciende a G. 310.670.983.444.

Es decir, la operación terminó representando para Itaipú un desembolso superior en más de G. 61.957 millones al presupuesto inicialmente previsto. Los documentos que justifiquen la ampliación y el mayor desembolso final no se encuentran publicados en el portal de la binacional.

Llamativo incremento

Por otra parte, en el pedido de desestimación fiscal se señala que el Aditivo N.º 2, para la compra extra de 82.150 conjuntos fue acordado por un monto de G. 61.886.942.526.

Sin embargo, más adelante, al detallar los bienes pagados finalmente por la Itaipú Binacional, la Fiscalía consigna un monto de G. 61.957.029.154. La diferencia entre ambas cifras es de G. 70.086.628.

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Costosos pupitres ya están rotos

Las mesas y sillas pedagógicas fueron distribuidas a 1.383 instituciones educativas del país en setiembre del año pasado. Menos de un año después, en julio de este 2026, ya se reportó que muchos están siendo desechados por su fragilidad.

En el Colegio Nacional Enrique Soler de Capiatá, seis pupitres quedaron inutilizables, tirados en el fondo de la institución, según lo constató un equipo de ABC Color.

La denuncia inicial del caso de los “pupitres de oro” fue presentada por legisladores en marzo de 2025 y señalaba que los muebles habrían sido adquiridos con una “sobrefacturación grosera”. Los parlamentarios alegaron que, mientras el costo de importación desde China era de entre G. 117.000 y 234.000 por conjunto, la Itaipú Binacional terminó pagando un promedio de G. 750.000 por cada pupitre. Durante su investigación, el Ministerio Público determinó que el precio final de cada conjunto es inferior a lo que se oferta en el mercado paraguayo, donde muebles similares cuestan cerca de G. 800.000.

En el pedido de desestimación, la Fiscalía definió que no se cumplen los presupuestos necesarios para sostener una acusación, principalmente debido a la falta de un perjuicio económico real para el Estado, considerando que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó que los pupitres fueron entregados.

Ramírez acudió a la Fiscalía para responder a una denuncia por presunta invasión de inmueble, formulada por Rodolfo Manuel Fernández Almada. Sin embargo, en el barrio nadie conoce a Fernández Almada, a quien los vecinos señalan como un presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.

Días atrás, Ramírez fue víctima de un violento procedimiento extrajudicial: guardias privados derribaron murallas del fondo de su vivienda –donde reside desde hace más de 20 años–, forzaron accesos, arrojaron sus muebles a la vía pública y le sustrajeron dinero en efectivo, según la denuncia.

“Echaron la muralla y ya estaban esperando la grúa”, relató Ramírez. La demolición total de su casa solo pudo evitarse gracias a la rápida intervención de sus vecinos, quienes se interpusieron para frenar el avance de los maquinarias. Según denuncias de los pobladores, detrás de las presiones se hallaría el proyecto de construcción del barrio cerrado Ueno.

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“Concejales responsables”

Ante la escalada del conflicto, el director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, desligó a la Intendencia y sostuvo que la responsabilidad legal sobre el arrendamiento y la venta de lotes municipales recaen exclusivamente en la Junta Municipal. “Nosotros solo emitimos dictámenes donde se aconseja aprobar o vetar esas resoluciones”, alegó.

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Por su parte, el concejal Humberto Blasco (PLRA) anunció la presentación de una minuta verbal para exigir datos precisos sobre la ocupación y el estado de regularización de los lotes colindantes al proyecto del Grupo Vázquez. Apunta a transparentar quiénes son los verdaderos ocupantes, si existen trámites de regularización y en qué año se iniciaron.

A su turno, el concejal Daniel Ortiz (ANR) planteará hoy solicitar al intendente Luis Bello (ANR) un mapa de situación detallado de todos los predios municipales de la zona, junto con la ubicación exacta de los expedientes de regularización presentados formalmente por las familias del barrio.

La composición del gasto de 2026 muestra un marcado predominio de los gastos corrientes, que representaron el 80% de la ejecución por clasificación económica. Estos recursos se destinaron, principalmente, al pago de remuneraciones de la fuerza laboral del Estado, prestaciones de seguridad social, compromisos con jubilados y pensionados y la pensión universal para las personas adultas mayores. Los gastos de capital representaron el 14% para formación bruta de capital fijo y proyectos de inversión, mientras que las aplicaciones financieras concentraron el 6%, mayormente, para la amortización de deuda externa.

Por objeto del gasto, las transferencias tuvieron la mayor participación dentro de la ejecución total de 2026, con el 29%. El componente concentra los principales programas sociales que benefician directamente a la ciudadanía, además del pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal. Durante el primer semestre también se tramitaron y aprobaron ampliaciones presupuestarias por G. 2 billones, financiadas, en gran parte, con saldo inicial de caja. Los recursos permitieron sostener, entre otros conceptos, la provisión de productos farmacéuticos y medicinales y la alimentación escolar, revela el informe oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas continuó como una de las entidades con mayor peso en la ejecución con una participación del 34% y un monto de G. 10,9 billones, destinado, principalmente, a jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y deuda pública con organismos multilaterales.

La inversión en infraestructura también formó parte de la ejecución. En 2026, entre los proyectos con mayor financiamiento dentro de este programa se encuentran la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 422.000 millones); el mejoramiento del tramo Cruce Centinela-Pozo Hondo (G. 228.000 millones); la construcción de la Ruta PY12, tramo Chaco’i-Gral. Bruguez (G. 211.000 millones); y el mejoramiento del tramo Pedro Juan Caballero-Capitán Bado-Ypejhú (G. 102.000 millones).

A modo de remarcar, la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 refleja una expansión del gasto público ligeramente superior al crecimiento del presupuesto vigente, aunque sin cambios relevantes en el grado de ejecución, que se mantuvo en torno al 41%. La estructura del gasto continúa concentrada en componentes corrientes y transferencias, lo que evidencia el peso de remuneraciones, seguridad social, jubilaciones y programas sociales dentro de las cuentas públicas. Si bien la inversión en infraestructura mantiene presencia, su participación sigue siendo menor frente al gasto corriente. Con G. 49 billones pendientes, el segundo semestre será clave para determinar el ritmo de ejecución fiscal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

La aprehensión se produjo tras un operativo policial iniciado a partir de la denuncia de la directora de la institución educativa y del análisis de imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado.

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Cámaras fueron clave para identificar al sospechoso

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría 2ª Central, explicó que la directora reconoció al presunto autor en las imágenes de vigilancia y dio aviso al Sistema 911.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso advirtió la presencia policial e intentó escapar, lo que derivó en una persecución a pie por varias cuadras hasta lograr su captura.

“La directora lo identificó en las imágenes y, al percatarse del procedimiento, comenzó a correr. Se le siguió varios metros hasta aprehenderlo”, relató el uniformado.

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Tiene antecedentes por hurto y otros hechos

El detenido fue identificado como Walter Luis Osvaldo Ovelar Núñez, de 27 años, domiciliado en Fernando de la Mora. Según el informe policial, registra antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88 en los años 2021 y 2023, además de una causa por hurto agravado en 2024.

De acuerdo con la Policía, las mercaderías sustraídas no fueron recuperadas, ya que se presume que fueron comercializadas poco después del hecho.

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Fiscalía ordenó su detención

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a un centro asistencial para el diagnóstico médico de rutina y posteriormente a la sede de la Comisaría 2ª para el procedimiento correspondiente.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Carlos Acuña, quien dispuso la detención preventiva del hombre mientras continúan las investigaciones sobre el destino de los productos robados y su eventual comercialización.

El procedimiento se realizó el martes, tras una rápida intervención policial apoyada en imágenes de cámaras de circuito cerrado que permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso.

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El robo quedó registrado en cámaras

El oficial Manuel Báez explicó que el hecho ocurrió en un sector de obras ubicado sobre Avelino Martínez y Humaitá. Según el guardia del lugar, el sospechoso aprovechó un descuido para desprender el martillo hidráulico de la manguera a la que estaba conectado y abandonó el sitio cargándolo sobre la espalda.

“Detrás de las cámaras vimos cómo una persona llevaba el martillete cargado en la espalda”, relató el uniformado, quien destacó que la herramienta pesa cerca de 100 kilogramos.

Con las imágenes proporcionadas por los responsables de la obra, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona hasta localizar al presunto autor.

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Lo vendió por una suma irrisoria

Durante el procedimiento, el sospechoso indicó el lugar donde había dejado la herramienta. La Policía llegó hasta una vivienda donde una mujer confirmó que el martillo había sido retirado por otro hombre, quien lo compró por G. 20.000.

Posteriormente, el supuesto comprador se presentó en el lugar e hizo entrega voluntaria del equipo, lo que permitió recuperar el costoso implemento utilizado en los trabajos viales.

Los aprehendidos fueron identificados como Francisco Ariel González Benítez (21), señalado como supuesto autor del hurto, y Ricardo Daniel Zarza González (58), sindicado como presunto reducidor.

Fiscalía ordenó la detención

El martillo hidráulico fue incautado como evidencia y remitido al Ministerio Público. La fiscala de turno, Otilia Aguilera, dispuso la detención preventiva de ambos hombres y su comparecencia ante la unidad fiscal.

Desde la Policía destacaron que la rápida denuncia de los responsables de la obra y el seguimiento de las cámaras de seguridad fueron determinantes para recuperar la herramienta y evitar una millonaria pérdida para la empresa encargada de los trabajos viales.

El voluntario Daniel Palacios explicó que la compañía depende en gran medida de la solidaridad de la ciudadanía para mantenerse operativa durante todo el año.

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Dónde estarán los voluntarios

La colecta comenzará el viernes en la explanada de la Municipalidad de Lambaré, ubicada sobre las avenidas Luis María Argaña y Cacique Lambaré.

Desde el sábado, los bomberos estarán distribuidos en los principales semáforos de la ciudad, entre ellos los cruces de Cacique Lambaré y Luis María Argaña, Luis María Argaña y avenida Perón, además de la intersección de Cacique Lambaré con la Costanera y avenida Perón.

Palacios señaló que los voluntarios estarán plenamente identificados con uniforme azul, casco amarillo, credencial institucional y alcancía oficial para recibir las donaciones.

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Los recursos alcanzarían solo para unos meses

Según indicó, la meta es reunir G. 50.000.000, monto que permitiría sostener el funcionamiento del cuartel durante aproximadamente tres o cuatro meses.

Explicó que los mayores gastos corresponden al combustible de las unidades de emergencia, la compra de insumos utilizados en los rescates y la atención de accidentes, además del mantenimiento de la infraestructura.

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Accidentes elevan el consumo de insumos

El voluntario afirmó que en Lambaré se registra una importante cantidad de accidentes de tránsito, especialmente durante la noche, lo que incrementa el consumo de materiales de primeros auxilios y otros insumos indispensables para las intervenciones.

Añadió que, fuera de la colecta anual, la compañía financia sus actividades mediante rifas, hamburguesadas, tallarinadas y otras iniciativas para obtener recursos.

Palacios recordó que la colecta en los semáforos se realiza únicamente una vez al año e instó a la ciudadanía a colaborar con confianza, destacando que el aporte de la comunidad es fundamental para garantizar la continuidad del servicio de emergencias en la ciudad.

Si bien el gremio consideró positivo que el Tribunal de Apelación de la Capital haya confirmado la elevación a juicio oral de una de las causas que involucra a la exjueza de Paz del distrito de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, los afectados manifestaron su preocupación por la lentitud con la que avanza el caso.

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Las víctimas exigen al Poder Judicial y al Ministerio Público que se investiguen de oficio los presuntos delitos económicos de la exmagistrada. La solicitud se basa en un dictamen técnico oficial elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano de control detectó un déficit patrimonial de G. 836.212.627 en las declaraciones de la exjueza, una millonaria suma cuyo origen legítimo no pudo ser acreditado.

“Exigimos a las Unidades de Delitos Económicos de la Fiscalía una auditoría patrimonial integral y el rastreo de activos para determinar la ruta del dinero de todos los presuntos cabecillas, operadores y exjueces vinculados a la red criminal. Hay claros indicios de enriquecimiento ilícito a costa del despojo sistemático a los ciudadanos”, reza el escrito.

Rechazo a la “benevolencia fiscal” con los notificadores

Uno de los puntos que mayor crispación causó en el colectivo de víctimas es el pedido de suspensión condicional del procedimiento dictado a favor de los exujieres notificadores Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera, piezas clave encargadas de ejecutar los embargos.

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La Coordinadora calificó de “violenta y desproporcionada” la postura del Ministerio Público. Sostienen que una simple donación de dinero y reglas de conducta mínimas no representan una reparación justa para las familias que perdieron el sustento diario mediante notificaciones judiciales presuntamente falsas.

Denuncian además una extrema amabilidad fiscal hacia los ejecutores del esquema, la cual choca directamente con la implacabilidad y rapidez con la que los juzgados congelaron los salarios de los trabajadores.

Pedido de juicio político e indemnización

El comunicado también apunta hacia las máximas instancias del Poder Judicial. Las víctimas instaron formalmente a la Cámara de Diputados a estudiar los antecedentes remitidos para impulsar el juicio político contra aquellas altas autoridades que, por acción u omisión en la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, permitieron que esta red ilegal operara y se consolidara dentro de los Juzgados de Paz.

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Finalmente, la organización catalogó como una condición irrenunciable que el Estado paraguayo cree mecanismos eficaces para la restitución total y la indemnización económica de cada guaraní sustraído ilegalmente a los obreros.

La Coordinadora se declaró en estado de alerta permanente y advirtió que, si la justicia no actúa con firmeza y pretende blanquear a los responsables, saldrán masivamente a movilizarse en las calles para defender el Estado de Derecho.

En declaraciones a ABC TV, el legislador sostuvo que el nuevo titular llega con directivas para validar un controvertido proyecto con la multinacional de fertilizantes verdes Atome.

Un informe exprés bajo sospecha

Una de las principales sospechas señaladas por el parlamentario radica en el plazo otorgado a la nueva autoridad. Según Benítez, existe la exigencia de emitir un informe técnico sobre la disponibilidad energética.

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“Con todas las deficiencias diarias y los problemas financieros que tiene la ANDE, pretender que en cinco días este señor va a sacar un informe real de disponibilidad es una señal clara de la intención detrás de la salida de Félix Sosa. Ese informe no está elaborado por los técnicos de la institución; ya fue elaborado por políticos y responde a los intereses de Atome”, denunció Benítez.

Para el legislador, en un escenario institucional ideal, el mandatario habría solicitado primero una auditoría exhaustiva sobre el estatus de los planes de generación, los niveles de inversión requeridos y el déficit real de la entidad. Sin embargo, acusó que el Gobierno priorizó “la línea del negocio propio”.

“La ANDE está en quiebra técnica”

El diputado llamó a dimensionar el impacto que estas decisiones tendrán a largo plazo en el desarrollo del país. Aseguró que se está poniendo en juego la soberanía energética paraguaya.

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Detalló que la estatal arrastra un déficit de USD 300 millones al año, dinero que debería estar volcado a proyectos de transmisión y distribución para evitar los constantes cortes.

“La ANDE, tal como está operando hoy, se encuentra en quiebra. Una institución que no tiene la capacidad de realizar las inversiones para garantizar su sostenibilidad en el tiempo está técnicamente quebrada, y acá se está hipotecando el futuro de la República”, sentenció.

Temor al “blindaje por jubilación” y juicio político

Benítez manifestó su temor de que se repliquen viejas tácticas del ámbito judicial para blindar de impunidad a los funcionarios que asumen estos compromisos políticos. Comparó el escenario con el caso de los magistrados que dictaron polémicos sobreseimientos y luego se retiraron de la función pública sin responder ante la ley.

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“Tengo miedo de que estemos frente a una persona que ya no tenga nada que perder, que le firme al Gobierno el contrato que quiera y que, cuando pretendamos juzgarle o reclamarle, ya esté fuera del juego por haber recurrido a la jubilación”, advirtió.

Finalmente, el diputado señaló que la gravedad de los hechos justificaría las medidas constitucionales más severas. “En un país un poco más serio, con estas evidencias de cómo se traiciona a la patria priorizando agendas personales por encima del bien común, estaríamos debatiendo formalmente un juicio político al presidente de la República", concluyó.

“Si no es complicidad, estamos hablando de una negligencia absoluta por parte del personal de seguridad. Los dos vehículos de los delincuentes ingresaron, menos la patrullera. El hecho ocurrió, de eso no hay duda, pero la forma en que sucedieron los acontecimientos es lo que nos llama poderosamente la atención”, manifestó.

Maldonado reveló además que el responsable de la seguridad del establecimiento es un coronel retirado, quien habría dado la orden de impedir el ingreso de las patrulleras al complejo desde hace algunas semanas.

Perjuicio de 200 mil dólares

Por su parte, Richard Almada, representante de la empresa Imperial Business, estimó que el perjuicio económico ronda los 200.000 dólares. Explicó que los asaltantes se llevaron nueve de las once cajas (tablets y celulares iPhone) que transportaban en el vehículo de la empresa.

Almada cuestionó duramente la decisión adoptada por el jefe de seguridad del complejo empresarial de prohibir el ingreso de patrulleras hasta los tinglados.

“Tomo como una completa irresponsabilidad de esta gente. Lo llamativo de este hecho, y que me gustaría que se investigue, es que justamente hace un mes se prohibió el ingreso de la patrullera policial que solicitamos vía nota, pero no así el ingreso de personas disfrazadas de agentes de la Senad para asaltarnos”, lamentó.

El asalto

El golpe ocurrió en la mañana de este martes dentro del Complejo Empresarial Global, situado en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este.

Entre cinco y ocho delincuentes fuertemente armados interceptaron una camioneta Fiat Fiorino que transportaba productos electrónicos pertenecientes a la empresa Imperial Business. Los asaltantes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12.

Una camioneta Toyota Fortuner, con chapa AABU 739, y un automóvil Peugeot fueron hallados abandonados poco después del asalto, a poca distancia del lugar del hecho. La camioneta fue incendiada con el objetivo de eliminar evidencias.

En pleno período de permiso, el juez Bogado Vera dictó la Sentencia Definitiva (S.D.) N.° 152, con fecha 20 de julio. En ella resolvió rechazar un interdicto de recobrar la posesión de un inmueble y, además, levantar todas las medidas judiciales.

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Con esa sentencia se reactivó un grave conflicto por la posesión de un inmueble de 33 hectáreas, ubicado en Itakyry y cultivado con soja. A partir de esa resolución, un colono identificado como Doacir Bianchet, protegido por guardias armados, cosechó 23 hectáreas del grano.

Ese sojal, presuntamente, había sido cultivado por Gustavo Ocampos, quien se encontraba en posesión del inmueble tras una serie de cesiones de derechos en el marco de otras acciones judiciales.

Los afectados explicaron que la sentencia fue apelada íntegramente con efecto suspensivo, por lo que el levantamiento de la medida cautelar no podría ejecutarse mientras el Tribunal de Apelación no resuelva el recurso.

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En su resolución, el juez Bogado Vera argumentó que Ocampos no estaba en posesión del inmueble, por lo que no podía recobrarlo.

Intentamos obtener la versión del magistrado sobre por qué firmó una resolución mientras se encontraba de permiso, pero no fue posible contactarlo. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

El poblador del barrio sanlorenzano denunció que el problema no ocurre solo los fines de semana, sino durante toda la semana. Añadió que sus reiterados reportes no obtuvieron una solución.

Cuestionó la falta de respuesta de las instituciones encargadas de intervenir. “Tengo más de 300 denuncias y las autoridades no hicieron absolutamente nada. La Municipalidad, la Comisaría 31 y la Comisaría Primera se pasan la pelota y no actúan”, manifestó.

Planás señaló que en varias ocasiones intentó dialogar con sus vecinos para llegar a un acuerdo, pero aseguró que la situación empeoró. Relató que incluso recibió una amenaza de muerte con un arma de fuego durante uno de los intentos de conciliar con sus vecinos.

“Muchas veces me acerqué a intentar dialogar con mis vecinos, pero en lugar de llegar a un acuerdo todo se empeora. En una ocasión recibí una amenaza de muerte con una pistola”, expresó.

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La jefa de la Comisaría 31 Central, comisaria Damaris Concepción Villalba, explicó que las denuncias son remitidas al Ministerio Público, pero aclaró que la dirección indicada corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Primera de San Lorenzo.

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El jefe de la Comisaría Primera, comisario Alcides Gaona, indicó que es importante contar con pruebas como grabaciones o filmaciones, ya que, al llegar los agentes, muchas veces no encuentran evidencias del ruido denunciado.

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Desde la Municipalidad de San Lorenzo, el director de la Policía Municipal de Tránsito, Freddy González, explicó que las denuncias deben ser ingresadas por mesa de entrada y luego derivadas a la Dirección de Medio Ambiente para coordinar acciones con la Policía Municipal.

Según las informaciones del vecino país, algunos afectados optaron por volver al territorio argentino mediante otras aerolíneas, mientras que otros aún permanecen en Paraguay.

Asimismo, desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmaron a ABC Color la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea, aunque sin brindar mayores detalles.

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La respuesta de Paranair

Sobre el caso, Paranair aclaró que se encuentra en una “una reprogramación operativa extraordinaria que ha requerido la cancelación y reprogramación de algunos vuelos durante los próximos días”.

Asimismo, sobre las informaciones publicadas en Argentina sobre una supuesta suspensión hasta el 30 de agosto, detallan que tal dato “no corresponde a una comunicación oficial” emitida por la aerolínea.

Asimismo, aseguran que los pasajeros afectados en la ruta Asunción-Jujuy, “fueron debidamente asistidos conforme a los procedimientos establecidos”. Esto incluye alojamiento y alimentación mientras se coordina la reprogramación.

“Paranair lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados a sus pasajeros y reitera que la seguridad operacional constituye su máxima prioridad. La compañía continúa trabajando para normalizar su programación de vuelos y mantiene comunicación permanente con los pasajeros afectados para brindarles la asistencia correspondiente", concluyen.

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Según el informe, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de la misma intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos en las áreas afectadas.

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En esta primera etapa de la noche, el reporte oficial señala que la zona de cobertura comprende el sur de la región Oriental. Los departamentos que ya deben tomar precauciones son el oeste de Guairá, centro y este de Caazapá, centro, este y sureste de Itapuá, suroeste de Alto Paraná.

El temporal se ampliará a 14 regiones

Meteorología aclaró que el aviso podría extenderse con el transcurso de las horas ya que se mantiene vigente un boletín meteorológico especial que prevé un empeoramiento generalizado del tiempo a nivel nacional.

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Según este boletín, que perdería vigencia recién en la noche de mañana miércoles, el temporal terminará afectando a 14 regiones de todo el territorio paraguayo.

Para este fenómeno climático se esperan acumulados de lluvia de hasta 60 mm, fuertes ráfagas de viento en torno a los 70 km/h, descargas eléctricas con muy alta frecuencia y la posible caída de granizo de forma localizada.

Al respecto, el comisario Juan Monges, jefe del departamento contra el tráfico de armas de la Policía Nacional, precisó que es la primera vez que él observa en el país el uso de dos "rieles” de unos seis metros para esconder la droga, aunque este método sí se daría en otros países de la región.

Asimismo, reveló que mediante trabajos de inteligencia se tenían sospechas de que “se traficaban armas” con ese vehículo, aunque en ningún momento se había descartado la posibilidad de que también se traficaran estupefacientes.

Al momento de recibir información sobre el camión en tránsito, el operativo se trasladó hasta Pozo Colorado y tras un seguimiento, se lo interceptó 400 metros antes de llegar al puente Remanso.

Cantidad de droga incautada

Tras un aviso a la fiscala Norma Paredes, el camión fue trasladado hasta la jefatura de Villa Hayes para un “control minucioso” y mediante el uso de herramientas se pudo acceder a la zona posterior donde estaba oculta la droga.

En total fueron 450 paquetes de “cocaína tipo crack” de un kilogramo cada uno y de esta cantidad, las dosis totales ascenderían a 2.700.000 listas para la comercialización, dosificación y consumo, según el jefe policial.

Otro punto que mencionó es que los investigadores no descartan que esta droga sea consumida “en el mercado paraguayo”, aunque también iría hacia las favelas de Brasil.

Sobre el origen sostuvo que podría ser de Bolivia, Perú u “otro punto” con un ingreso que pudo darse ya “meses atrás”.

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Camión pertenecía a particular

En el camión iban dos hermanos, Jonathan Nicolás y Jorge Antonio Villalba, quienes declararon a las autoridades que habían llevado cemento al Chaco y desconocían el cargamento ilícito.

Además, como propietaria del camión figura una mujer -cuya identidad no fue compartida-, es decir, el vehículo no está a nombre de una empresa o firma. Tras la búsqueda y verificaciones, la Policía tampoco encontró armas dentro del camión.

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La iniciativa impulsada por el diputado cartista Yamil Esgaib pretende restituir como oficiales el escudo usado durante la dictadura stronista, instalando un debate innecesario y crispante sobre todo porque una iniciativa idéntica ya se rechazó el año pasado.

Durante la sesión de la fecha, el diputado López planteó inicialmente la postergación por un mes (30 días), lo cual el presidente en ejercicio de Diputados (vicepresidente 2º) Pastor Vera Bejarano (PLRA, Nuevo Liberalismo) puso a consideración, y ante la falta de objeción, lo dio por aprobado.

Tarde reaccionó el líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, que consciente de que no tenían los votos para una reconsideración, le tocó reconocer la desatención y alegando que el proyectista no se encontraba en la sala, solicitó reducir el plazo de postergación solo a una semana.

Para mostrar buena predisposición, López cedió parcialmente, aceptando la postergación por dos semanas, que es lo que finalmente quedó firme.

Sigue el rabonerismo

Hoy, una vez más, por la irresponsabilidad de una mayoría de diputados, se levantó la sesión sin tratar ni un punto del orden del día.

La semana pasada, a duras penas se había logrado romper la racha y terminar el orden del día, pero solo porque postergaron casi la mitad de los puntos originalmente fijados. Hoy, sin embargo, volvió a imponerse la irresponsabilidad.

En esta institución debían repararse un total de nueve salas y los sanitarios. Para dar paso a los trabajos, tuvieron que vaciar las aulas y los niños pasaron a recibir clases en una capilla, en un reducido espacio, donde continúan hasta la fecha porque las obras nunca concluyeron.

El intendente actual, Pedro Acuña (Yo Creo), manifestó que heredaron varios inconvenientes de la administración de María Portillo y que están solucionándolos como pueden. En este caso, afirmó que tuvieron que recurrir a otra empresa con la cual están gestionando la continuidad.

Afirmó que analizan aplicar una multa a la empresa que no cumplió con la obra, ya que cancelar el contrato implicaría una mayor demora.

Trabajos a medio terminar

Algunas salas refaccionadas quedaron a medio terminar. No cuentan con conexión eléctrica, por lo que no pueden tener ventiladores ni acondicionadores de aire. Para la iluminación se colocaron peligrosos e improvisados cableados. Además, están sin puertas ni ventanas, aunque algunas ya tuvieron que ser utilizadas para dar clases.

Mientras tanto, otros salones siguen sin ser refaccionados y permanecen prácticamente abandonados. Fueron vaciados y, debido a las goteras, ya no pueden utilizarse para dar clases. El sanitario, por su parte, continúa sin las conexiones de los ductos, por lo que los alumnos deben utilizar un único sanitario químico.

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La falta de espacio también afecta a la dirección, ya que esa sala se utiliza actualmente para preparar los alimentos del programa Hambre Cero. La directora instaló “su oficina” en un pasillo.

La directora de la escuela, Norma Beatriz Mallorquín Montiel, explicó que, luego de muchas gestiones, lograron ser beneficiados con la obra, ya que por el estado del techo figuraban como una escuela prioritaria en la microplanificación, pero la construcción nunca concluyó.

“La obra tendría que haber culminado el 3 de abril de este 2026, pero hasta la actualidad apenas se ejecutó un 30% aproximadamente. Estamos sin personal trabajando desde junio pasado”, señaló.

Al vaciar las salas, varios muebles quedaron a la intemperie y muchos ya se destruyeron.

“El año pasado se hizo todo lo posible para que las obras empezaran y pudiéramos tener todo listo para este año. Se sacaron todas las cosas de las salas y, al volver, nos encontramos con la triste noticia de que aún no tenemos nada”, agregó.

Sin agua y valla de protección

La escuela está ubicada en un terreno muy accidentado, por lo que cuenta con varias escaleras. Varias de ellas quedaron sin barandas a causa de las obras de refacción y hasta ahora no fueron repuestas, lo que representa un grave peligro para los niños.

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“Me resulta tan triste y me molesta porque todos los niños tienen el mismo derecho a recibir una educación de calidad, cerca de sus casas, donde no corran peligro. Nosotros, como profesores, y también los padres, estamos sufriendo con nuestros hijos”, lamentó.

La escuela también carece de agua potable. Deben comprar bidones para los bebederos y acarrear agua en baldes para la cocina.

Los bloques de vehículos estacionados se extienden incluso hasta las inmediaciones de la Plaza España y la zona el EcoPark.

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Los conductores ingresan directamente al predio y acomodan sus rodados sobre el pasto y entre los árboles, sin importar que se trata de un sector protegido por la Ordenanza Municipal 161/2024. A esta irregularidad, se suma a que aparentemente terceros cobran por acomodar y proteger los vehículos en estos espacios ilegales, lo que llamamos “cuidacoches”.

Mientras debería ser un lugar de esparcimiento, un sitio para disfrutar de la naturaleza, practicar algún deporte, o un paseo divertido con las mascotas, se convirtió en un estacionamiento.

Municipalidad reporta medida de urgencia y desalojo

En comunicación con ABC, el director de la Franja Costera de la Municipalidad de Asunción, Rubén Samudio, confirmó la irregularidad y anunció que la institución ya tomó cartas en el asunto para frenar el abuso del espacio público.

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“Nosotros, por instrucciones del señor intendente y del director de Gabinete, ya solicitamos la medida de urgencia para el desalojo de la gente que está usufructuando ese lugar. Tengo información de que prácticamente esta semana ya estaría saliendo la orden. La ejecución dependerá de la Policía Municipal Fiscalizadora y el equipo de vigilancia para sacar esos vehículos”, anticipó Samudio.

El funcionario aclaró que el trámite se inició tiempo atrás debido a que requirió un análisis técnico previo. “Tuvimos que hacer un seguimiento con la Dirección de Catastro para comprobar y estar 100% seguros de que el predio corresponde legalmente a la Costanera y no al Congreso”, detalló.

Cuidacoches instalados en zona prohibida

Durante las fiscalizaciones constataron la presencia de tres a cuatro personas que dirigen el movimiento y cobran sumas informales de dinero.

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Los cuidacoches operan en el lugar sin pagar ningún tipo de canon a la Municipalidad. La orden de urgencia apunta directamente a la expulsión de los cuidacoches, lo que también bloqueará automáticamente el ingreso de los rodados.

El sector afectado suele ser utilizado habitualmente para la logística de grandes eventos ciudadanos, como el Oktoberfest o los Fan Fest.

Se pretende instalar una cancha en lugar de autos

Una vez que la Municipalidad logre liberar el predio y restringir el acceso vehicular, se planea revitalizar el área verde para devolverle su función original de esparcimiento.

El director Samudio adelantó que ya existe un plan arquitectónico y deportivo que aguarda el visto bueno final en las oficinas de la Municipalidad. “Hay un proyecto presentado que está en Gabinete y en Intendencia para utilizar ese predio de la Costanera para el deporte; la idea es construir una cancha de fútbol de campo para el uso de la ciudadanía”, concluyó.

Explicó que el antiguo tren de molienda fue diseñado para procesar unas 4.000 toneladas de caña por día, pero actualmente apenas logra un promedio de entre 2.400 y 2.500 toneladas diarias, volumen que resulta insuficiente para atender la demanda de los productores. “El tren no para, pero de todas formas ya es chico, ya no abastece”, manifestó el dirigente.

Fonseca indicó que la consecuencia inmediata es la acumulación de camiones cargados con caña de azúcar en el parque automotor de Petropar y sobre las calles aledañas, donde los transportistas aguardan durante horas la liberación de cupos para descargar la materia prima. Según el dirigente, la demora responde exclusivamente a la capacidad de molienda del antiguo sistema, que ya no puede absorber el volumen de producción generado durante la presente campaña.

El representante de los cañicultores afirmó que la solución definitiva pasa por la culminación del nuevo tren de molienda, una obra que permanece paralizada debido a un conflicto judicial entre Petropar y la empresa que había sido adjudicada originalmente para ejecutar el proyecto. Resaltó que el nuevo sistema fue diseñado para una capacidad de hasta 5.000 toneladas diarias y que, incluso trabajando alrededor de las 3.000 toneladas por jornada, ya permitiría atender con mayor normalidad la producción de los agricultores.

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Hasta el cierre del último reporte, la planta había recibido aproximadamente 150.000 toneladas de caña de azúcar, cifra que, según Fonseca, actualmente ya rondaría las 160.000 toneladas procesadas desde el inicio de la zafra.

Pese a las dificultades operativas, el presidente de la asociación señaló que Petropar aún no recurrió al envío de materia prima a ingenios privados, mecanismo previsto en el acuerdo alcanzado con los productores para evitar pérdidas en caso de que la planta estatal no pudiera continuar con la molienda. Ese esquema había sido anunciado al inicio de la campaña por las autoridades de la estatal como una medida de respaldo ante eventuales inconvenientes técnicos o limitaciones en la capacidad industrial.

Trabado debido a una medida cautelar

El presidente de la petrolera estatal, William Wilka, había confirmado además que el nuevo tren de molienda continúa paralizado debido a una medida cautelar judicial que impide avanzar con las obras de modernización de la planta alcoholera.

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En aquel momento también aseguró que la estatal mantendría durante la zafra el precio de G. 245.000 por tonelada de caña de azúcar, además de un incremento de G. 5.000 en el incentivo adicional para los productores.

Fonseca señaló que actualmente alrededor de 1.800 cañicultores integran la asociación de Mauricio José Troche, con explotaciones que promedian entre tres y cuatro hectáreas por productor, lo que convierte a la actividad cañera en uno de los principales motores económicos de la región.

Así posteó en su cuenta de X, el senador Gustavo Leite (ANR-HC), quién se sumó así a la ola de críticas de parlamentarios, historiadores y la sociedad civil, contra los dichos del jefe de Estado del Brasil sobre la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

Hasta la semana pasada, Leite fue embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.). cargo que ejerció apenas un año.

En su visita al vecino país, Leite publicó una foto con el actual senador y exjuez de Curitiba, Sergio Moro, magistrado que condenó en tres causas al expresidente Lula da Silva, en el marco del sonado caso Lava Jato. En el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), Moro fue ministro de Justicia.

La decisión afectó a procesos referidos a un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en São Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y a una investigación sobre el Instituto Lula.

En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, que fueron 17 años en el caso referido a la casa de campo, en tanto que por el instituto se dio sentencia firme.

Crítico recurrente de Peña

Asimismo, en su visita al Estado de Paraná, Leite se reunió con el gobernador Ratinho Junior (Partido Social Democrático). Un dato no menor es que el senador colorado cartista es un crítico recurrente de la administración del presidente Santiago Peña.

En su momento, dijo que en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) no había “ni olor a coima” y cuestionó con dureza la política económica del Poder Ejecutivo.

Leite es muy cercano al expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes. Fue ministro de Industria y Comercio en esa administración.

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¿Qué dijo el presidente Lula?

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó el jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

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En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Las polémicas expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto bélico que Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay por largos cinco años (1862-1870). Esta conflagración casi aniquiló al país, tanto en población como materialmente.

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Silencio de la Cancillería

Desde el viernes pasado, la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se mantiene en silencio respecto a las declaraciones de Lula da Silva. Hoy el presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR-HC), publicó en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño relacionadas a la Guerra contra la Triple Alianza.

Lo concreto es que hasta el momento la Cancillería nacional no reaccionó y se desconoce si convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio de Carvalho, para expresar el malestar del Gobierno paraguayo. Es lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una medida más drástica es que el Gobierno paraguayo llame a consultas al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.

Hoy se realizó la audiencia con la fiscala que lleva la causa, Isabel Arnold, a la que acudió el detenido acusado por supuesta trata de personas. Según la información que maneja la Policía Nacional, la adolescente envió su ubicación a sus amigas a través del celular del detenido pidiendo ayuda. La misma había sido llevada por Morán supuestamente bajo engaños de la Expo de Mariano Roque Alonso, a la que acudió junto a un grupo de amigas.

Sin embargo, hoy Morán aseguró que desconocía la edad de la adolescente, ya que la misma, e incluso una amiga en común, les aseguraron que tenía 19 años y que estudiaba ingeniería comercial en Santaní, hasta le mostró un documento de identidad de Brasil en el que indicaba que nació en 2007.

Según el detenido, la adolescente le contó que tenía este documento porque vivían en Brasil, pero que tras la separación de sus padres, vino a Paraguay con su madre, escondiéndose de su padre.

“Yo no sabía nada de la situación, nada, absolutamente nada. Para mí tenía 19 años, cursaba tercer año de ingeniería comercial y nada más. (...) En mi celular tengo las copias que ayer ella me envió para que yo le envíe a la chica del seguro médico Santa Clara para incorporarla a mi póliza. Me envió la foto de su DNI, donde ahí dice que la cédula es del 2007”, afirmó.

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Amiga de Tinder fue intermediaria, dice detenido

Según dijo Morán, conoció a la adolescente mediante una amiga que conoció en la aplicación de citas Tinder, llamada Andrea. La misma le dijo que una amiga suya vio su foto y lo quería conocer, por lo que concretaron un encuentro en la Expo de Mariano Roque Alonso.

“Por una amiga que conocí en Tinder, que ni siquiera la conocí nunca personalmente. Me dijo que era una amiga que había visto mi foto, que la había gustado, tercer año de ingeniería comercial, que quería conocerla, me la conocí y listo, 19 años. (...) Yo conozco una chica de Tinder que me dice, ‘estoy yendo desde Santaní con dos amigas a la Expo Mariano’. ‘Bien, ¿querés que nos veamos? Bien, no puedo ir’. Bueno, al otro día me dice ‘mirá, le mostré la foto tuya a una amiga y quieren conocerte’. Bueno, bien, 19 años. Bueno, voy y la conozco. Y eso fue todo”, refirió.

Negó que privara de su libertad a la adolescente, situación que fue denunciada por la misma, según el informe policial, como también negó que le haya sacado el celular. Alegó que fueron a almorzar, a comprar ropa y después al parque de diversiones de la costanera de Asunción, donde fue detenido y la adolescente rescatada.

Además, sobre la versión de que habría enviado un audio de amenaza a los padres, también dijo que no envió ningún audio.

Ingeniero argentino aparentemente aprovechaba la Expo para captar a sus víctimas

“No puedo usar su teléfono, si tiene su contraseña en su teléfono. Yo usé el mío. Cada vez que entraba un mensaje para ella en mi teléfono, ‘dámelo’, decía, lo agarraba ella y lo respondió siempre ella los mensajes (...) me dijo que los padres eran una mierda, que eran una basura, que la manipulaban, que la tenían acá, la querían no sé para qué, que la querían porque la querían mal. Ella me dijo que la querían mal y no que la estaban buscando porque fue así”, sostuvo.

Agregó que tras el encuentro en la Expo, fueron al hotel donde el argentino se hospeda, donde pasaron la noche y al día siguiente (día que ocurrió la detención y rescate) fueron a hacer compras, comer y después a la costanera.

Contó que tiene una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Cluster Developments en Paraguay y su hijo está radicado en el país.

El agente fiscal había allanado el jueves 16 de julio, todo un piso del Hotel Crowne Plaza, ubicado en el centro capitalino, donde Fenner dirigía seminarios y posgrados en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Educación y Administración Pública, pese a no contar con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ni reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Al día siguiente, el viernes 17 de julio, Cantero imputó a Fenner por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos, ya que, además de brindar maestrías y doctorados sin aval del Gobierno, también estaría utilizando el nombre del Instituto Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), que figura a nombre de terceros y no es de su propiedad, ni cuenta con los derechos de marca, según denuncias.

El agente también dispuso su prisión preventiva, pero, como Fenner se presentó ayer para la imposición de medidas en el Juzgado, el magistrado Yoan Paul López, suspendió esta disposición fiscal y ordenó, en cambio su arresto domiciliario. Según la resolución de la Justicia, el imputado cuenta con residencia en la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Posgrados “mau”: prisión puede ser de hasta 5 años

El juez Yoan Paul López explicó, en su resolución de prisión domiciliaria para Fenner que, por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y estafa, se comprende una pena privativa de libertad de seis meses a cinco años.

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Agregó que este parámetro fue considerado como elemento objetivo para evaluar la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar a ser impuesta. En base a esto, consideró pertinente desestimar la cárcel preventiva y aprobar el encierro domiciliario. Al arresto, se suman otras cinco disposiciones que deberá cumplir el acusado durante el proceso penal:

• La prohibición de salir del país, sin autorización expresa y escrita de este juzgado.
• La prohibición de cambiar de domicilio sin autorización expresa y escrita de este Juzgado.
• La prohibición de cometer cualquier tipo de hecho punible.
• La obligación de presentar en el plazo máximo de 5 días constancia servicio público (Essap o Ande) en el cual conste la cuenta corriente catastral del domicilio particular denunciado en autos conforme al certificado de vida y residencia.
• La obligación de adjuntar al sistema del expediente judicial electrónico por medio de la defensa técnica el posicionamiento de la geolocalización a través de Google Maps del domicilio.

Igualmente, debe presentar caución real o personal de tercera persona por el valor de G. 1.000 millones en un plazo máximo de 20 días y con inmueble que esté libre de gravámenes.

Títulos falsos: imputan a “docente” en Santaní

El agente fiscal Rusbell Benítez, de la Unidad Penal N° 3 de San Estanislao (Santaní), departamento de San Pedro imputó hoy a un docente por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos. Es en el marco de una investigación relacionada con la presentación de títulos y certificados de estudios presuntamente falsificados.

Un reporte de la Fiscalía indica como antecedentes de la causa que el 24 de enero de 2022 el ahora imputado, en su calidad de profesor, presentó en la Dirección Departamental de Educación de San Pedro, con sede en el barrio Coronel Vicente Mongelos de Santaní, tres títulos académicos junto con sus respectivos certificados de estudios.

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“Tras los cotejos administrativos internos efectuados por la Dirección Departamental de Educación y los informes remitidos por las instituciones educativas mencionadas, se constató que los títulos y certificados de estudios presentados serían de contenido falso”, afirmaron.

Los documentos consistían en un título de Profesor de Educación Física y Salud, supuestamente expedido por la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF), de Yataity del Norte; un título de Técnico Superior en Producción Agroecológica, presuntamente emitido por el Instituto Técnico Superior Ko’e Pyajhu de Yataity del Norte; y un título de Profesor en Área de Trabajo y Tecnología, supuestamente otorgado por el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco.

El objetivo es promover el turismo y revalorizar los espacios naturales de Cordillera, ofreciendo una alternativa para compartir, realizar caminatas, disfrutar de la observación del paisaje y fortalecer el vínculo con la naturaleza en una fecha tan especial como el Día de la Amistad.

Desde la Dirección de Turismo, Graciela Acuña señaló que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones impulsadas para dar a conocer los atractivos turísticos del departamento y fomentar el turismo sostenible, incentivando el cuidado y la conservación de los recursos naturales.

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¿Dónde está ubicado?

El Cerro Kavaju está ubicado en la ciudad de Caacupé, en los límites con los distritos de Atyrá y Tobatí, a unos 61 kilómetros de Asunción. El sitio comprende una superficie de 110 hectáreas y alcanza una altura aproximada de 370 metros, características que lo convierten en uno de los miradores naturales más importantes de la región.

La formación fue declarada paisaje protegido y se encuentra bajo la administración de la Gobernación de Cordillera, con el objetivo de preservar su biodiversidad y su singular patrimonio geológico.

Desde el punto de vista geológico, el cerro forma parte de la Formación Tobatí, perteneciente al Grupo Caacupé, compuesta principalmente por areniscas sacaroidales de tonalidades blanco amarillentas y granulometría media a fina.

La escasa presencia de cemento natural en estas rocas favorece su friabilidad, mientras que, en sectores cercanos a Tobatí, las areniscas presentan una granulometría más gruesa. Estas características convierten al sitio en un punto de interés no solo para los amantes de la naturaleza, sino también para estudiantes e investigadores de las ciencias geológicas.

Además de su importancia científica, el Cerro Kavaju ofrece senderos rodeados de vegetación nativa, imponentes formaciones rocosas y vistas panorámicas del departamento de Cordillera, constituyéndose en un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de un ambiente de paz y tranquilidad.

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Sobre todo, llama la atención que la bancada cartista es la que más embandera el discurso “provida y profamilia”, pero, al momento de pasar del discurso a los hechos, se muestra reticente.

El primero de los proyectos de ley postergados es el “que modifica y amplía el artículo 189 de la Ley N° 1680/01, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’“, llamado por su proyectista ”Ley Memby“, ya que plantea aumentar las vías de cobro a los padres por vía judicial.

Actualmente, la ley solo señala que en caso de adeudar la pensión alimentaria del hijo, por vía judicial se “podrá retenerse por asistencia alimentaria hasta el cincuenta por ciento de los ingresos del alimentante para cubrir cuotas atrasadas”.

El proyecto de ley plantea aumentar las formas de dichas retenciones y sin la necesidad de que el juzgado inicie un nuevo proceso de ejecución de sentencia del Código Procesal Civil.

El otro proyecto postergado es el que pretende ampliar las prohibiciones y restricciones de trámites para los padres morosos registrados en el Redam.

Actualmente, la ley solo impide gestionar por primera vez (no la renovación) el registro de conducir, la prohibición de realizar trámites notariales de inmuebles y un escrache moral, mencionando su condición de deudor alimentario al momento de contraer matrimonio civil.

Ante estas mínimas sanciones, ahora se plantea aumentar, incluyendo las siguientes prohibiciones:

1. La obtención y renovación de licencias y permisos de conducir.
2. Salida del país mientras subsista la deuda alimentaria, salvo autorización judicial fundada.
3. Expedición o renovación del pasaporte.
4. Acceso a eventos deportivos, recreativos y culturales de carácter masivo organizados con fines comerciales.
5. Acceso a cargos públicos, nombramientos, contrataciones, concursos o designaciones dentro de la administración pública mientras permanezca vigente la inscripción.
6. Asunción a funciones públicas, candidaturas electivas y contrataciones estatales.
7. Posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación alimentaria, cuando así lo determine la autoridad judicial competente.

También estaba previsto tratar hoy dos proyectos para aumentar los periodos de licencia laboral por “permiso de paternidad”, pero no pudieron tratarse por falta de quorum.

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En sus redes sociales, el jefe comunal enfatizó que su gestión no encubrirá ninguna irregularidad administrativa. “Esta mañana se concretó la constitución de la Fiscalía en la Dirección de Vialidad. Reafirmamos nuestra plena apertura y colaboración con la investigación. No vamos a tolerar ninguna irregularidad. Los responsables deberán responder ante la ley”, dijo en su cuenta de X.

Asimismo, Bello indicó que instruyó a las direcciones municipales involucradas en contrataciones viales, la entrega inmediata de expedientes, planillas de ejecución y contratos firmados para cruzar datos con los fiscales asignados a la causa penal.

Mafia del asfalto: antecedentes de la denuncia e implicancias

Las pesquisas de la Fiscalía se originaron tras la denuncia penal presentada por el concejal Pablo Callizo (PPQ), quien expuso un esquema de corrupción dentro de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, que desviaba recursos públicos para beneficios particulares.

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Bajo este sistema, funcionarios municipales utilizaban mezcla asfáltica, maquinaria pesada y camiones de la comuna para realizar obras de pavimentación en predios privados durante el horario laboral. Para ocultar estas actividades, los trabajos se camuflaban en las planillas internas como tareas de mantenimiento vial municipal, llegando a utilizar empresas pantalla y números telefónicos de los propios empleados de Vialidad.

Las primeras denuncias de Callizo datan de julio de 2022 (asfaltado en Sajonia). En junio de 2026, se detectó el desvío de 70 toneladas de asfalto para un complejo deportivo en Itá Enramada, y semanas después, otra cantidad similar para una empresa privada, con un perjuicio patrimonial estimado en unos G. 500 millones.

A raíz de estas denuncias y protestas de funcionarios, el intendente Luis Bello dispuso la intervención de la Dirección de Vialidad el 16 de julio de 2026, apartando al director Nicolás Duarte y otros jefes. La intervención confirmó el consumo excesivo de combustible, manipulación de registros y la inutilización de cámaras de seguridad.

Sabaté aclaró que si bien la dependencia a su cargo realiza el filtro formal de los expedientes bajo la Ordenanza 33/95, la Asesoría Jurídica no resuelve ni aprueba las solicitudes.

“Nosotros no decimos ni sí ni no, porque quien otorga es el colegiado. Nosotros decimos: ‘Están estas documentaciones, que la Junta estudie’. Es la Junta Municipal la que decide otorgar o denegar los pedidos que tenga”, remarcó el director jurídico.

El caso Miriam Ramírez y las firmas privadas

Respecto al caso particular de Miriam Ramírez, vecina de la zona que denunció presiones e irrupciones en su vivienda tras años de ocupación e inversión en el inmueble, Sabaté confirmó que el expediente se encuentra bajo revisión institucional.

Explicó que la afectada presentó un recurso de reconsideración, el cual fue remitido nuevamente al legislativo municipal para que los concejales resuelvan si mantienen el arrendamiento inicial, lo revocan o toman otra determinación.

Al ser consultado sobre el supuesto avance e interés del Grupo Vázquez en la adquisición de inmuebles en la zona de La Piedad, el funcionario sostuvo que no maneja precisiones sobre las intenciones del conglomerado, aunque estimó que estarían operando sobre propiedades privadas o negociando cesiones de derechos con los propios ocupantes.

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Las empresas no pueden ser beneficiarias de lotes municipales

Al ser consultado sobre la posibilidad de que una firma privada acceda a tierras públicas o municipales destinadas al ordenamiento social, Sabaté aseguró que una empresa privada no puede ir a ocupar ni solicitar de forma directa un terreno municipal.

Añadió que la normativa establece como condición esencial que el solicitante no posea otros inmuebles, filtro que las personas jurídicas comerciales no superan.

Dijo que todo proceso de regularización requiere que la persona física demuestre la ocupación efectiva, obtenga un contrato de arrendamiento y, recién tras ese trámite, quede habilitada para solicitar la eventual compra.

“Una empresa privada no puede adquirir terrenos municipales con fin social; uno de los requisitos es no tener inmuebles, y lógicamente las empresas los tienen”, precisó.

Sabaté señaló la existencia de irregularidades en la práctica cotidiana, donde ocupantes o adjudicatarios realizan traspasos irregulares. “Normalmente, lo que hace la gente es que se le titula a ellos y después ellos ceden el derecho y la transferencia ya es una cuestión interna de ellos. Yo creo que está mal, lógicamente, se comprometen a transferir en un tiempo posterior”, dijo.

El director recalcó que la Dirección de Catastro y las comisiones internas de la Junta Municipal (como la Comisión de Hacienda) son las instancias técnicas encargadas de fiscalizar y delimitar la soberanía municipal sobre los predios de la zona.

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Dijo esto al sostener que el exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) tuvo una administración deshonesta de los fondos municipales y lamentó que la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, días atrás determinara que supuestamente existe “correspondencia” en las declaraciones juradas del jefe municipal procesado por desvío de fondos.

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Núñez sostuvo que por ello, la oposición debe ganar la intendencia en las elecciones municipales del 4 de octubre ya que “el mismo equipo que fundió la municipalidad, no va a destapar la olla”, sino que probablemente va “a sellar el blanqueo”.

Dijo esto en alusión a su contrincante el colorado cartista Camilo Pérez, quien tiene el respaldo del mismo equipo de Nenecho.

“Si queremos realmente saber qué es lo que se hizo con nuestro dinero, tiene que llegar una administración diferente que le pueda contar al contribuyente qué pasó con su plata. Y, sobre todo, qué va a pasar a futuro. Porque mi propuesta es de transparencia radical”, aseveró Núñez.

Obligada a hacer denuncias penales

Sostuvo que no viene a prometer “cosas que no sabe hacer” y se jactó de sus logros de transparencia y digitalización como ministra de la vivienda durante la presidencia de Horacio Cartes. Se comprometió a gobernar con una transparencia que permita a la gente “conocer lo que está pasando allá adentro”.

Agregó que, en caso de ganar la intendencia y descubrir más pruebas contra Rodríguez, estará obligada a hacer denuncias penales sobre lo ocurrido con los recursos que endeudaron a la comuna.

Subrayó que los nuevos intendentes siempre prometen auditorías a su ingreso, solo para luego encubrir o proteger al predecesor. En cambio ella asegura que le contará la verdad a la ciudadanía y que tomará acciones para recuperar “algo” del patrimonio que se perdió y de los recursos que tenían que haber sido invertidos en las obras.

Consultado sobre el trasfondo de su advertencia en el acto, Villalba fue tajante: “no hay ninguna duda de que al presidente anterior le cambiaron por su negativa a firmar el contrato con Atome”.

El sindicalista agregó que la empresa británica ejerció presión directa sobre la ANDE. “Manejamos la información de que hubo mucha presión, incluso vino el representante de Atome de Inglaterra a hacer lobby acá”, señaló.

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Para Villalba, el conflicto de fondo es quién define las reglas de la relación comercial. “Ellos vienen a querer imponerle a la ANDE cómo debe vender su energía (...) ahí es donde no estamos de acuerdo, porque finalmente nosotros vamos a adaptarnos a los intereses de la empresa, y no la empresa al Paraguay”, cuestionó.

Defiende la gestión de Sosa pese al endeudamiento

Al evaluar los cinco años de gestión de Félix Sosa al frente de la estatal, Villalba lo señaló como positivo. “Si la ANDE no está saliendo mucho en la prensa, es porque no hay corte”.

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Como ejemplo concreto, mencionó la instalación masiva de transformadores, una medida que —según explicó— redujo los reclamos ciudadanos por sobrecargas y cortes de servicio.

El único punto crítico que marcó fue el nivel de endeudamiento de la institución, aunque lo relativizó como una consecuencia casi obligada de la política de inversión. “Esa parte me preocupa (...) porque la ANDE hoy se ha endeudado muchísimo más de lo que hacía antes, pero también eso significa que va a invertir, para invertir tenés que endeudarte, porque no alcanza con la tarifa”, explicó.

En ese contexto, los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, convocaron a Arnoldo Wiens, para el 5 de agosto de 2026, a las 9:00, para llevar a cabo la declaración indagatoria del mismo. La citación es para la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), ubicada entre 15 de Agosto y Víctor Haedo.

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Cabe señalar que esta es la cuarta convocatoria a Wiens que hace la Fiscalía en el marco de la causa abierta por el fallido metrobús. La primera de ellas fue el 3 de octubre de 2023, a las 9:00; la segunda para el 8 de setiembre de 2025, a las 9:00 y la tercera el 16 de marzo a las 9:00, luego de presentarse la imputación.

El ex ministro de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) no se presentó a ninguna de ellas, es preciso mencionar.

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Luego de que el caso se haya destrabado en Alzada, el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, también tiene el camino allanado para convocar a audiencia de imposición de medidas para Wiens, la cual se viene postergando como consecuencia de las acciones presentadas por su defensa.

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Luego de que se haya confirmado el proceso al exministro de Obras Arnoldo Wiens, su abogada defensora y exministra de Justicia Cecilia Pérez, manifestó al respecto que “la secuencia de los hechos difícilmente pase inadvertida”.

“El Arnoldo Wiens adoptó una decisión estrictamente personal de no asistir al acto partidario del sábado y, el primer día hábil, a los 45 minutos de abrirse el tribunal, se conoció una resolución judicial que vuelve a colocarlo en el centro del escenario político —dictada, además, mientras siguen sin resolverse ante la Corte los planteos que cuestionan la intervención de dos de los magistrados firmantes en esta misma causa”, expresó posteriormente.

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“Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones sobre esa ‘coincidencia’ de tiempos. Lo que sí es un hecho objetivo es que la resolución se dictó sin que estuviera saldada la cuestión de competencia planteada por nuestra parte. Esa no es una lectura política, es un dato del caso”, señaló Pérez sobre el proceso a su defendido.

Pérez también hizo algunos cuestionamientos sobre que “algunos parecen no comprender es que el liderazgo de Arnoldo Wiens no depende de una fotografía en un acto ni de un titular de ocasión. Su fortaleza se construye recorriendo el país, acompañando a los candidatos de la Lista 1, escuchando a la dirigencia y caminando junto a la gente. Así lo hizo cuando trabajó por la victoria de Santiago Peña y así lo sigue haciendo hoy”.

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“Quienes creen que una resolución procesal puede reemplazar el debate político o debilitar un liderazgo construido durante años de trabajo territorial están profundamente equivocados. La confianza de la gente no se obtiene en despachos ni mediante titulares; se gana recorriendo cada distrito y dando la cara”, manifestó haciendo alusión directa a su proceso penal con la cuestión política.

“Las causas judiciales seguirán su curso, donde Arnoldo Wiens va a ejercer plenamente su derecho de defensa y demostrará la legalidad de su actuación. Pero en el plano político, la ciudadanía distingue perfectamente entre una decisión procesal y el intento de instalar un relato en el momento más conveniente”, enfatizó luego la abogada.

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Por último, la abogada defensora de Wiens sostuvo que “al final del día, para los actos siempre hay muchos; para caminar el país y sostener el compromiso con la gente, no son tantos. Arnoldo Wiens ha demostrado, una vez más, de qué lado elige estar”.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018. Además, presentaron imputación en contra del también exministro Arnoldo Wiens.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

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Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sobreseimiento definitivo para Jiménez Gaona

El pasado 27 de mayo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, del proceso penal por el caso metrobús, a pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva.

En la audiencia preliminar los agentes del Ministerio Público fundamentaron el pedido de sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto metrobús desde su concepción.

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Además, los fiscales del caso argumentaron que el análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Los fiscales del caso metrobús sostuvieron también que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato del proyecto seguía vigente y, aunque la obra presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.

Los familiares, sin embargo, expresaron su disconformidad con el trato que le brindaron a Ramón Galli. Lamentaron que no se haya buscado otro tipo de material para cerrar la herida del paciente

Equipo multidisciplinario

Un equipo multidisciplinario fue designado por el Ministerio de Salud para realizar una auditoría médica. Está integrado por el doctor Mario González, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud, y la licenciada Aida Saucedo, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud, según informó la directora del hospital, doctora Zulma Cabrera.

La doctora Cabrera explicó que durante la reunión mantenida con los auditores entregaron todos los documentos relacionados con el procedimiento practicado a Ramón Galli. Se incluyó el informe del médico traumatólogo, Carlos Sánchez, que lo atendió debido a que presentaba una herida muy grave en la pierna derecha, mencionó.

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Se espera el resultado de la auditoría

La doctora Zulma Cabrera refirió que, de acuerdo con las explicaciones recibidas por los auditores, el informe estaría terminado para la próxima semana y se daría a conocer la determinación de los superiores del Ministerio de Salud.

En Santa Rosa del Aguaray

Mientras se desarrolla la investigación relacionada con la presunta negligencia, Ramón Galli Otazú permanece internado en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, en proceso de recuperación.

Espínola, le recordó a su correligionario la obligación de demostrar antes que nada “sensibilidad social” y que la crítica la hacía como “alguien del mismo signo político del que actualmente administra la Municipalidad de Asunción y que tiene el deseo y aspira a seguir gobernándola en el futuro inmediato”.

En otras palabras, le recordó a Bello que podría estar poniendo en riesgo la chance del candidato colorado Camilo Pérez en Capital si es que no toma medidas estrictas de justicia, ya que remarcó que “estos vecinos no piden privilegios, no piden regalos, ellos solamente piden que avancen sus expedientes".

En tal sentido, se hizo eco de las denuncias de que una “rosca” llamativamente estaría frenando los trámites para la legalización de las propiedades ubicadas en predio municipal y que, para colmo, también son amedrentados por desconocidos que según las denuncias, atropellan las viviendas y hasta habrían sustraído grandes sumas de dinero a vecinos que llevan en el sitio varias décadas.

“Estos vecinos sostienen que son 45 familias en situación de incertidumbre. Según manifiestan, sus expedientes están detenidos en la Dirección de Catastro, en el área de Patrimonio, donde reciben todo tipo de chantaje de personajes con nombres bíblicos y de flores. No podemos permitir que un expediente permanezca encajonado durante años", reclamó Espínola.

Respecto a estos “personajes” que mencionó, se habría referido a la ex funcionaria de Asesoría Jurídica de la Comuna, Amapola Piacentini y al Director de Catastro de la municipalidad, Aaron Martínez.

Ante este caso, pidió a Bello que “disponga una revisión urgente de la actuación de la Dirección de Catastro y la Dirección de Patrimonio, que se auditen los expedientes pendientes”, ya que le recordó que “nuestro compromiso político como partido tiene que medirse por la capacidad de corregir lo que está mal y en el debido tiempo” y actuar “sobre todo con sensibilidad social”.

Denuncian hostigamiento

Vecinos de dicho barrio capitalino denuncian estar siendo hostigados para abandonar el lugar en el que algunos llevan viviendo desde hace medio siglo y donde desde hace tiempo iniciaron los procesos para legalizar su situación.

Estos además apuntan al Grupo Vázquez, ya que dicho grupo adquirió varias propiedades en los alrededores de sus viviendas, pero pretenderían quedarse también con los predios municipales ya que proyectarían en el sitio construir un hotel, un shopping o un complejo habitacional.

Las denuncias que obran formalmente y señalan al exmilitar retirado Gustavo Rojas como supuesto encargado de sondear por las propiedades en representación del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.

De acuerdo con datos proveídos por los mismos investigadores que lo ubicaron y capturaron, el profesional tendría adicciones al alcohol y a la cocaína, ya debido a las evidencias que fueron encontradas en su camioneta, una Toyota Hilux gris, con matrícula argentina AH 276 CO, que usaba para movilizarse.

Por su parte la víctima, es una adolescente que estaba viviendo con un hermano mayor en el distrito de Santaní, en el departamento de San Pedro, por cuestiones de estudios, mientras que sus padres están radicados en una comunidad muy apartado del casco urbano del citado distrito.

Así se produjo el rescate de una adolescente desaparecida: el relato de la Policía

El viernes 24 de julio, en horas de la mañana, la jovencita se comunicó con su madre para informarle que estaba yendo a la Expo de Mariano Roque Alonso para en compañía de dos amigas, que eran mayores de edad y hasta dio los nombre de ambas.

Sin embargo, esa misma noche del viernes 24, Moran se encontró la con la víctima en la Expoferia y habría convencido a la adolescente de apartarse de sus amigas y finalmente se perdieron entre la multitud.

Se presume que Moran le dio de beber algo a la jovencita y finalmente la llevó hasta su camioneta, le quitó su teléfono y se trasladaron hasta la casa del argentino, que esta ubicada entre los límites de San Bernardino y Ypacaraí, donde pasaron los tres últimos días.

En tanto que las dos amigas llamaban desesperadamente el número de la adolescente hasta que finalmente las contacto el sospechoso, quien comenzó a amenazar a las dos y al mismo tiempo que mataría a la víctima si seguían insistiendo.

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En la mañana del lunes último los familiares de la víctima fueron alertados del hecho y efectuaron la denuncia en una comisaría del departamento de San Pedro, al mismo tiempo un profesional del derecho padrino de la víctima también se comunicó con el raptor y le pidió que deje el libertad a la niña, pero como respuesta también recibió amenazas de muerte.

Pidió un paseo por Asunción

Ya entrada de la tarde del lunes, la jovencita convenció a su victimario para que la lleva de paseo por la ciudad de Asunción, donde pasaron unos minutos en la Costanera Norte, allí la adolescente se ingenió para recuperar su celular y enviar su ubicación a una de sus amigas.

Efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado y Trata de Personas reaccionaron, rodearon el lugar, rescataron a la adolescente y capturaron al ingeniero Ariel Fernando Moran, quien esta tarde fue remitido a la fiscalía para prestar declaración.

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En tanto que la víctima quedó a cargo de los profesionales ya que aparentemente estaba en estado de shock en el momento de su rescate.

Igualmente, los agentes de Lucha Contra el Crimen Organizado confirmaron que van a allanar la casa del argentino para ver si hubo más jovencitas que fueron víctimas de rapto y posible abuso sexual en el lugar de parte del ingeniero civil argentino.

Aunque sus manifestaciones clínicas suelen confundirse con otros malestares digestivos habituales, los especialistas advierten que una detección a tiempo es crucial para evitar un deterioro grave en la calidad de vida.

¿Qué son las EII y cuáles son sus diferencias?

Se trata de trastornos crónicos de carácter autoinmune. Tal como explica el doctor Gabriel González, médico gastroenterólogo, el problema radica en que “nuestro sistema inmunológico, en vez de protegernos de agentes extraños al cuerpo, empieza a reconocer como que algo dentro de nuestro cuerpo no le pertenece. Identifica algo propio como si fuera un extraño y lo empieza a atacar”, generando una inflamación persistente o recurrente en el aparato digestivo.

Causas de la inflamación abdominal

Mientras que la colitis ulcerosa compromete de manera exclusiva al colon, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, abarcando desde la boca hasta el ano.

Enfermedades inflamatorias intestinales: señales de alerta y diagnóstico

Debido a que las causas exactas de estas patologías aún no se conocen por completo, el diagnóstico se sustenta en una evaluación integral que incluye:

• Síntomas clínicos y antecedentes del paciente
• Examen físico y estudios de laboratorio
• Endoscopía y/o colonoscopía con toma de biopsias

Entre los síntomas más frecuentes que deben encender las alarmas se encuentran:

• Dolor abdominal persistente
• Diarrea crónica
• Sangrado rectal
• Fiebre

“Muchas personas conviven durante años con los síntomas porque los consideran normales. Consultar lo antes posible ayuda a reducir el riesgo de complicaciones”, señala el especialista.

Innovación terapéutica y el panorama en Paraguay

El doctor González explica que el abordaje médico en el país está a cargo de gastroenterólogos y ha evolucionado de forma notable gracias a tratamientos innovadores. El especialista indicó que actualmente, la meta clínica no se limita únicamente a calmar los síntomas o alcanzar la remisión, sino que apunta a lograr la cicatrización de la mucosa intestinal, un factor determinante para garantizar un mejor pronóstico.

Cómo mejorar el microbioma intestinal y los síntomas de la artritis con la dieta

En el contexto nacional, un estudio desarrollado en el Departamento de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, con base en pacientes atendidos entre 2019 y 2021, arrojó datos reveladores sobre la realidad local:

• Edad promedio de diagnóstico: 38 años.
• Prevalencia: La colitis ulcerosa representó el 81% de los casos analizados.
• Síntomas principales: Diarrea, sangrado rectal y dolor abdominal.

Tratamiento es un desafío por elevado costo de medicamentos

Uno de los escollos más importantes en el país es la continuidad del tratamiento. El estudio reveló que 1 de cada 2 pacientes sufre recaídas, principalmente debido al abandono de la terapia.

Al respecto, el doctor González enfatizó las dificultades del sistema: “Hoy el tratamiento representa un desafío por el elevado costo de las medicaciones, especialmente de las terapias más innovadoras. En la mayoría de los casos, los pacientes solo pueden acceder a ellas con la cobertura del Ministerio de Salud o del IPS, y muchos incluso deben recurrir a recursos de amparo para obtenerlas”.

El especialista advierte que la intermitencia en la provisión de fármacos pone en riesgo todo el proceso terapéutico, desencadenando nuevas crisis en los pacientes. Ante este escenario, la consulta temprana, la guía especializada y la garantía de una continuidad en los medicamentos se consolidan como los pilares fundamentales para mantener la enfermedad bajo control.

De acuerdo con el escrito conclusivo presentado por la fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil, interina de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien rectificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para el encausado; durante la investigación se pudo verificar que Nicolás Antonio Antúnez Tillería, junto a los demás involucrados en el esquema criminal, “utilizó el sistema judicial para entablar juicios y hacerlos avanzar, sin que los deudores tuvieran conocimiento de dichas demandas.”

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Dicha situación se daba porque los demandados no recibían ni las notificaciones que debían ser practicadas por los ujieres, ni las intimaciones de pago y embargo que debían diligenciar los oficiales de justicia; y ello, con el propósito de proceder al descuento compulsivo de sus salarios, mediante los embargos ejecutivos dispuestos por la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro.

A su vez, la magistrada tenía conocimiento de todo ello y se encontraba motivada por el cobro de sumas de dinero que los ujieres notificadores debían entregarle los días viernes, que los mismos percibían de las empresas para consignar informes falsos de notificación, según resalta la acusación fiscal.

Exujier realizó 40 “notificaciones voladoras”, según fiscalía

La acusación fiscal puntualiza que el entonces ujier Nicolás Antonio Antúnez Tillería consignó falsamente en expedientes judiciales que diligenció 9 cédulas de notificación el día 14 de febrero de 2024, a las 11:00; en distintas direcciones ubicadas en las ciudades de Lambaré, Areguá, San Lorenzo, Villa Elisa, Coronel Oviedo y Caacupé.

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Asimismo, según la Auditoría de Gestión Jurisdiccional resalta por el Ministerio Público en la acusación, Antúnez Tillería diligenció 12 cédulas de notificación en fecha 11 de marzo de 2024, a las 15:00 horas, en diversas direcciones ubicadas en las ciudades de Asunción, Villa Hayes, Limpio, San Lorenzo, Ypané, Ñemby y Guarambaré.

La fiscalía resalta también que el entonces ujier del juzgado de Paz de La Encarnación diligenció 9 cédulas de notificación en fecha 1 de agosto de 2024, entre las 14:00 y 17:00, en las ciudades de Villa Hayes, Pedro Juan Caballero, Ñemby, San Estanislao, Lambaré, Concepción y Lambaré.

Se resalta además 3 cédulas de notificación en fecha 9 de octubre de 2024 en direcciones ubicadas en las ciudades de Luque, Villa Elisa y Capiatá; no siendo posible el diligenciamiento de dichos documentos por las distancias entre dichas localidades, de acuerdo con la teoría acusatoria.

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Finalmente, Antúnez diligenció 2 cédulas de notificación en fecha 12 de marzo de 2024, en San Lorenzo y Asunción, respectivamente; y otras 2 cédulas de notificación el día 2 de agosto de 2024, en Ciudad del Este y Choré (San Pedro); además de haber realizado informes falsos de notificación en otros expedientes más; totalizando así 40 actas de informes falsos en los que habría asentado como realizadas las conocidas como “notificaciones voladoras”.

Ayudó a jueza en esquema mafia de los pagarés

Según la acusación presentada por la fiscala adjunta, la conducta del ujier notificador permitió a la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro, el dictamiento de resoluciones, en contra de los artículos que regulan el proceso de juicio ejecutivo, contenidos en el Código Procesal Civil, que disponen las notificaciones al deudor, a fin de llevar adelante las acciones ejecutivas, y de esa manera lograr posteriormente el embargo de salario de los demandados.

Sobre el punto el Ministerio Público agrega que Nicolás Antonio Antúnez Tillería, mediante la elaboración de sus informes en los que declaró hechos que no ocurrieron, ayudó a la entonces magistrada para sostener el motivo por el cual hizo lugar al inicio de cada una de las acciones ejecutivas, de modo a lograr posteriormente el embargo de haberes de los demandados.

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“Nicolás Antúnez (en su calidad de funcionario) certificó en contra de la realidad que realizó las notificaciones a los demandados individualizados más arriba. No se constituyó en sus domicilios para el efecto y, de esta manera, puso a disposición a disposición documentos en los que se certificaba hechos falsos”, resalta parte del escrito conclusivo presentado por la fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil.

Implementaron esquema criminal “a cambio de dinero”

En conclusión, la fiscala adjunta puntualiza en la acusación que la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro tuvo la colaboración activa de los abogados demandantes representantes de las empresas de cobranzas, así como de los ujieres notificadores, actuarios y oficiales de justicia, entre ellos, del acusado Nicolás Antúnez, cada uno, desde el lugar que les correspondía cumplir con sus roles.

Todos estos presuntos involucrados en el esquema de la mafia de los pagarés realizaban la labor en apariencia de legalidad para que estos procesos monetarios, llegaran a la finalidad que era el cobro compulsivo, mediante embargos ejecutivos.

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“Pero la jueza, ujieres y actuarios no actuaban por un fin noble, sino todo lo contrario, en esta forma industrializada de tramitar los expedientes, que en ningún lugar la capacidad humana les hubiese permitido, lo hacían en cualquier día y horario, pues lo hacían por dinero”, resalta parte de la acusación fiscal.

Al respecto, el Ministerio Público remarca que justamente todo este trabajo descomunal, el cual está plasmado en los informes estadísticos, reflejan la clara motivación que tuvieron los ahora acusados al realizar las conductas.

La marcha arrancó frente al local de la AERS y recorrió las principales avenidas de la ciudad, pasando frente a la Municipalidad y la Gobernación de Misiones, hasta llegar a la Unidad Sanitaria del IPS, donde hicieron entrega de una nota al director, doctor Rolando Cardozo.

En dicha nota se expresan diversos pedidos para la Unidad Sanitaria, como una atención digna para los asegurados, mejoras en infraestructura y equipamiento, mayor dotación de medicamentos y la elevación de categoría de dicha unidad.

La falta de medicamentos sigue siendo una deuda pendiente en el IPS de San Juan Bautista

“Esto ya llegó a ser crítico en el puesto sanitario del IPS de nuestra ciudad. Necesitamos que se eleve de categoría, necesitamos conciliar intereses y resguardar los aportes de los asegurados, de modo que sean más eficientes”, señaló Corina Falcón, presidenta de la AERS.

La gremialista afirmó que desde la AERS le ha costado mucho conseguir esa infraestructura para la Unidad Sanitaria. Afirmó que, si bien las autoridades de turno se lucieron durante la inauguración, la obra fue el resultado de una lucha permanente y constante que el gremio ha sostenido durante más de 50 años, desde el momento mismo en que los educadores se organizaron.

Planificar con el Isaías Fretes

“Actualmente contamos con una infraestructura relativamente mejor, pero que necesita ser adecuada a las nuevas necesidades y a los tiempos actuales. Para ello, es fundamental sentarnos con el presidente del IPS (Isaías Fretes) y planificar una reestructuración que permita mejorar los servicios y garantizar el bienestar de los asegurados de San Juan Bautista”, agregó.

Asimismo, señaló que el pasado viernes se reunieron con el titular del IPS, Fretes, quien les indicó que tanto él como el director de Puestos Sanitarios del Interior no tenían conocimiento de la situación que viven los asegurados de San Juan Bautista. Les aseguró que vendrían a realizar un relevamiento de datos de manera personal, dijo Falcón.

“Por eso es necesario que nos manifestemos a través de las calles, para hacer saber que no es una ocurrencia de Corina Falcón nomás, sino de la ciudadanía, cuyos integrantes se animaron a salir. Y pedimos a las autoridades que nos apoyen, que nos acompañen y que dejen de ser ratones de los bienes, de los recursos de los trabajadores”, concluyó Falcón.

Tratarán de mejorar la atención

Tras la entrega de la nota, el director de la Unidad Sanitaria, doctor Rolando Cardozo, salió a dialogar con los manifestantes. Indicó que estaban manteniendo una reunión con el funcionariado y los médicos para abordar los puntos exigidos con anterioridad por el gremio docente.

“Vamos a tratar de mejorar la atención. Por lo menos eso, ya que no tenemos medicamentos suficientes, brindaremos esa atención humanitaria que tanto se merece la gente. Hoy les prometo y les aseguro que un asegurado no va a salir sin ser atendido por un médico”, indicó Cardozo.

Explicó que anteriormente tuvieron casos en los que, debido a la falta de ciertos especialistas, los pacientes fueron derivados directamente al Hospital Regional de San Juan Bautista u otra Unidad Sanitaria.

Con relación al faltante de medicamentos, explicó que ese déficit se viene arrastrando desde hace tiempo.

“Estamos tratando de solucionarlo. Recibimos medicamentos, pero no en la cantidad que solicitamos. Para dar un ejemplo, si pedimos 3.000 unidades, nos llegan 200 o 300, y eso no da abasto”, manifestó el director de la Unidad Sanitaria.

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En la causa, está acusada por lesión de confianza la renunciante intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado Samaniego, quien asegura que es víctima de una “persecución judicial mediática”. Incluso su abogado defensor, Rodrigo Yódice planteó un incidente de excepción de inconstitucionalidad en la audiencia preliminar.

Madre del parlamentario admite culpa

Mientras Corvalán se victimiza tras dilatar por 18 meses la audiencia preliminar, la defensa de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del diputado cartista, solicitó la suspensión condicional del procedimiento tras reconocer hechos.

La madre del parlamentario ofreció devolver los G. 20 millones cobrados de manera irregular del municipio y además ofrece una reparación social por G. 100 millones a cambio de dicha salida procesal.

Blanca Álvarez propuso pagar G. 20 millones a la comuna y los G. 100 millones en cuotas que irán a parar también a las arcas de la Municipalidad de Quyquyhó.

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Por otra parte, el coprocesado Damián Galarza también solicitó la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de reconocer los hechos. Ofreció devolver G. 40 millones al municipio. Asimismo, solicitó que el juzgado le designe un monto en concepto de donación como reparación social.

La madre del parlamentario está acusada de complicidad en administración en provecho propio y lavado de dinero, mientras que Damián Galarza está acusado por administración en provecho propio.

Siguiendo el mismo camino, otros acusados plantearon salidas similares. El oficial de policía Christian Domínguez, ofreció una reparación de G. 95.000.000.

“Yo solo actuaba por orden de mi protegido. En ningún momento tuve la intención de apropiarme del dinero, ni de quedarme con el dinero de la municipalidad”, dijo Domínguez al juez Humberto Otazú.

Responsabilizan a Esteban Samaniego

Benigno Villasboa y Óscar Fanego, procesados por asociación criminal, indicaron en audiencia que fueron contratados por Esteban Samaniego para realizar balances en la Municipalidad de Quyquyhó y justificar los pagos irregulares cometidos durante su administración.

Villasboa ofreció en concepto de reparaciones de G. 30 millones y Fanego ofreció otros G. 50 millones.

La audiencia preliminar continúa mañana y aún falta la presencia de la actual candidata a intendenta colorada Rut Mercedes Medina Yegros, quien está con arresto domiciliario.

En el marco de la causa, también están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Este último es un empresario constructor, amigo del diputado Esteban Samaniego.

Además deben comparecer ante el juez Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

Mientras la audiencia continúa su curso el diputado Samaniego sigue protegido por el corporativismo cartista en la Cámara Baja que no estudia los pedidos de desafuero.

Además de los “aprietes”, los pobladores de la zona denuncian que la Municipalidad de Asunción frenó repentinamente sus trámites de titulación, en coincidencia con el desembarco del Grupo Vázquez. Aseguran que el conglomerado tiene la intención de construir un proyecto inmobiliario en la zona.

El reclamo en La Piedad: exigen transparencia e informes sobre terrenos colindantes

Ante las denuncias de amedrentamientos y la falta de avances en los expedientes de regularización, el concejal Blasco anunció que intervendrá para exigir explicaciones formales al intendente, Luis Bello (ANR-cartista). La acción busca poner fin al estancamiento de los trámites que afectan a las familias de la zona.

Blasco informó que presentará una minuta verbal solicitando datos precisos sobre la ocupación y el estado de regularización de los terrenos colindantes al proyecto del Grupo Vázquez. El concejal adelantó que pedirá conocer “quiénes son los ocupantes y si efectivamente hay pedidos de regularización, de qué año datan y en qué estado se encuentran”.

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En el mismo sentido, el concejal Daniel Ortiz (ANR-disidente), planteará mañana la aprobación de una minuta que encomienda a la Intendencia Municipal realizar un relevamiento exhaustivo de todos los lotes municipales del barrio y un informe detallado sobre el estado y ubicación de los expedientes de regularización iniciados por los pobladores.

El edil propone un plazo de quince días hábiles para que el Ejecutivo Municipal remita esta información a la Junta, buscando transparentar la situación registral y garantizar que las actuaciones sobre los inmuebles se ajusten a la ley.

Junta Municipal: el oficialismo se desliga y traslada la responsabilidad a la Intendencia

El concejal oficialista Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda, intentó eludir las consultas respecto a la denuncia de demoras en los procesos que dependen de la comisión a su cargo. Explicó que, en el circuito administrativo, la Junta Municipal trabaja en base a los informes técnicos de las direcciones de Catastro, Área Social y Asesoría Jurídica. Señaló que el cuerpo legislativo carece de personal propio para realizar verificaciones de campo.

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El edil sostuvo además que si la información oficial remitida a la Junta contiene datos falsos o inexactos, la responsabilidad administrativa recae exclusivamente sobre los funcionarios de la Intendencia que firmaron las verificaciones de campo.

Sosa evitó hablar del caso particular, pero indicó que la institución maneja numerosos expedientes de esa zona y aclaró que cualquier resolución de arrendamiento o venta puede ser reconsiderada o revocada si los afectados demuestran posesión anterior o pagos previos.

Respuesta de la Intendencia: evasivas, plazos abiertos y la decisión final al legislativo

Ante las consultas de ABC sobre las denuncias de amedrentamiento a vecinos de Mbocayaty, distintas dependencias del ejecutivo municipal eludieron dar precisiones y respondieron con evasivas sobre el conflicto entre vecinos y el Grupo Vázquez.

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El director de Obras Particulares, Nicolás Chaparro, no respondió a las consultas formuladas por este medio sobre el caso. Por su parte, el director de Catastro, Aarón Martínez, pidió revisar los expedientes de titulación caso por caso antes de emitir una postura, aunque confirmó que existen unos catorce lotes colindantes al terreno del Grupo Vázquez.

Finalmente, la Intendencia designó como vocero al director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, quien defendió la regularidad de los trámites, pero le tiró la pelota a la Junta Municipal al remarcar que la decisión final sobre arrendamientos o ventas, corresponde a los concejales. Negó que existan retrasos en su dependencia.

El grito de auxilio de los vecinos frente a los amedrentamientos

En un mensaje con fecha de ayer, vecinos del barrio Mocayatý (La Piedad) solicitan la intermediación de la Junta Municipal para lograr la regularización de los terrenos municipales que ocupan desde hace décadas. Exigen que se realice un estudio “caso por caso” y que inspectores municipales verifiquen la ocupación efectiva, ya que la posesión y la necesidad social son requisitos legales para acceder a los títulos.

En el mensaje, los vecinos denuncian hechos de violencia física y amedrentamiento, como el ingreso irregular de personas desconocidas a sus domicilios sin orden de desalojo, derribando murallas con la intención de demoler viviendas. A esto se suma la denuncia de la supuesta sustracción de sus bienes.

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Los vecinos sostienen que detrás de estos ataques se encuentra el Grupo Vázquez, interesado en apropiarse de las tierras municipales a “precios irrisorios” para proyectos privados. Afirman que unas 45 familias están siendo presionadas para vender sus casas, las cuales ocupan desde hace 20, 30 y hasta más de 40 años. Informan que, debido a esta presión, al menos ocho familias ya abandonaron el barrio.

Los vecinos apuntan contra el Departamento de Catastro y Patrimonio por el “encajonamiento” de expedientes, algunos de los cuales iniciaron hace más de 40 años. Reclaman su derecho a la tierra basándose en que ellos mismos, con su propio dinero y esfuerzo, han construido la infraestructura del barrio, incluyendo el desagüe cloacal y el mantenimiento de las calles.

La reunión se llevó a cabo en el palacio Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana. Tras culminar el encuentro, Peña contó en un diálogo con periodistas, que conversó con Fujimori, que Paraguay “le tiene un cariño enorme al pueblo de Perú”.

El mandatario paraguayo comentó que se observa en “este nuevo inicio de un período constitucional con un enorme optimismo para fortalecer los vínculos bilaterales entre nuestros países, pero también fortalecer a una Sudamérica que necesita que podamos trabajar más unidos”.

Peña indicó que se debe retomar el proceso de integración en Sudamérica. Dijo que observa la presidencia de Keiko como un factor fundamental para la integración.

El titular del Poder Ejecutivo contó que Paraguay tiene vínculos comerciales con Perú, pero admitió que son “muy pequeños”. “Este no es solamente un problema entre Paraguay y Perú, es un problema de América Latina. Seguimos siendo la región del mundo menos integrada comercialmente. Ustedes saben que Paraguay forma parte del Mercosur, el Mercado Común del Sur”, manifestó.

En otro momento, Peña recordó que Perú impulsó en su momento con Colombia, Chile y México la Alianza del Pacífico, de la cual Paraguay es miembro observador desde el 2023.

Contó que Fujimori tiene “la intención de retomar”. “Ahí nos gustaría poder fortalecer y encontrar los caminos necesarios para poder acercarnos cada vez más. Paraguay está haciendo una inversión muy grande para poder llegar a los puertos del Pacífico, estamos construyendo un corredor bioceánico y eso claramente nos va a acercar a los mercados del Perú, y también de Norteamérica”, manifestó.

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También, Peña dijo que la presidenta Fujimori “sola no podrá llevar adelante los grandes programas que tiene” en su gobierno.

”Lo importante es que como en todo partido de fútbol, todos abracemos a nuestra selección. Hoy el Perú tiene que abrazar a un nuevo gobierno que representa a todos los peruanos y que pueda trabajar todos con un único objetivo: mejorar la calidad de vida del pueblo, principalmente del pueblo más vulnerable, más necesitado. Ese es nuestro gran desafío, así que creo que el mensaje es que los diferentes sectores políticos puedan colaborar respetando por supuesto su independencia entre los diferentes poderes, pero con un objetivo común de progresar y ver ese progreso llegar a todos los sectores", expresó el presidente Peña.

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Cooperación

En otro momento, el presidente Peña fue consultado si conversó con la presidenta electa del Perú sobre qué medidas se pueden adoptar contra el crimen organizado. Respondió que se trata de un “problema que nos agobia a todos los países”.

“El crimen organizado, transnacional es lo que más se ha globalizado y para lo cual nosotros tenemos que trabajar de manera coordinada. El crimen organizado se combate con gobiernos organizados, con naciones organizadas, así que estamos trabajando”, remarcó el jefe de Estado de Paraguay.

Viaje de Peña a Ecuador

De Lima, Peña y su comitiva se trasladarán esta noche a Quito, capital de Ecuador, para responder a una invitación de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. La reunión bilateral se prevé para mañana en el país sudamericano.

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En la visita oficial, ambos gobiernos firmarán acuerdos y memorandos de entendimiento en temas como seguridad y cooperación judicial.

martin.riveros@abc.com.py

Sin embargo, siendo una ciudad con una necesidad extrema de inversión en infraestructura, Aranda solo ha destinado G. 2.707 millones al rubro “Construcciones”, lo cual representa un 51% del total de “Gastos de Capital” del período en cuestión.

“Evidentemente, nuestras autoridades municipales; siguen demostrando que su principal foco de gestión y manejo de recursos públicos está en mantener una estructura de operadores políticos a través del pago de salarios, de personal contratado y otros servicios técnicos y profesionales”, sostuvo.

Aranda, culmina así su segundo mandato y actualmente trabaja para que su esposo, el diputado Marcelo Salinas (PLRA), la reemplace en la intendencia. Su principal contrincante es el concejal Julián Vega (ANR, HC), intendentable de Honor Colorado.

Fondos municipales en campaña política

Torres también denunció un llamativo incremento en los gastos corrientes al comparar el primer semestre del 2025 con el mismo periodo de 2026 (ver el cuadro).

Subrayó que en seis ítems de gastos, hay más de G. 2.530 millones en gastos extra con respecto al mismo periodo del año pasado.

En el rubro de transferencias de fondos municipales a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) por ejemplo, en que Aranda es vicepresidenta segunda, este año se destinó G. 627 millones más que lo realizado el año pasado. La OPACI es una cuestionada ONG de intendentes que maneja fondos públicos de los contribuyentes como si fuera una organización privada sin rendir cuentas.

Destacó que en este incremento también está el cuestionado gasto en pollos y hamburguesas durante la campaña electoral que fue denunciado por candidatos a concejales de la ANR.

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“Acá está el gasto de pollos y hamburguesas que compraron estos impresentables de la intendenta y su marido Diputado para su campaña en el PLRA, con fondos municipales. Son G. 374,8 millones en Alimentos para personas. ¿A quién le alimenta el municipio?“, cuestionó.

Posteriormente, el victimario fue hasta su lugar de trabajo, ubicado a unos 150 metros, y allí se quitó la vida, de acuerdo con las investigaciones.

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Benicio Arévalos utilizó un revólver calibre 38 para asesinar a la mujer que era su pareja y para quitarse la vida. El arma fue encontrada cerca del cuerpo del victimario y tenía seis balas, cuatro de ellas percutidas.

Aparentemente, en medio de una discusión el hombre le disparó a Lucila, quien estaba sentada en la cama. Tras sufrir la herida, cayó al suelo.

El disparo fue de cerca, porque tenía lo que se conoce como “tatuaje de pólvora” —huella provocada por la deflagración y el calor—. Mientras que el hombre se autoeliminó con un disparo en la cabeza.

Según explicó el médico forense Roberto Barrios, la mujer no presentaba otros rastros de violencia.

Cegado por los celos

Según los vecinos, la pareja convivía desde hacía unos tres meses y que, supuestamente, el hombre era muy celoso. Mencionaron que el victimario era viudo, en tanto que la mujer era separada y tenía dos hijas: una mayor de edad que reside en España y otra de 17 años que vivía con ella.

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Este caso causó conmoción en la ciudad de Concepción, principalmente entre los vecinos del barrio San Francisco, donde ocurrió el hecho, ya que los fallecidos eran conocidos y apreciados. Benicio era dueño de una chatarrería, mientras que la mujer era propietaria de una bodega.

De acuerdo con los testimonios, los lugareños escucharon el fuerte sonido del disparo en la chatarrería y corrieron a verificar de qué se trataba, cuando encontraron a Arévalos Arce con una herida en la cabeza. Corrieron a la bodega para informar sobre la situación a Lucila Riveros, pero se encontraron con la trágica escena en su cama.

Tres casos en menos de una semana

Es el tercer caso de feminicidio en menos de una semana. El primer hecho se registró en Guarambaré (Central) en la madrugada del sábado 25 de julio y el segundo fue reportado en Curuguaty (Canindeyú) ayer martes.

Con lo sucedido este martes en la capital del primer departamento, suman 16 los casos de feminicidio en lo que va del año 2026.

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Asimismo, el sindicato pide una reunión tripartita acompañada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para abordar “la situación crítica e insostenible” de los profesionales.

Según los denunciantes, las autoridades de la previsional “violan de manera sistemática las leyes”, entre ellas, las de Enfermería, Carrera Civil o Función Pública.

La nota va firmada por la licenciada Marina Ayala Recalde, secretaria general, al igual que la licenciada Ana Sánchez, secretaria de acta.

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Denuncia del sindicato del IPS

En la denuncia del sindicato se mencionan estos puntos:

• “4.300 enfermeras y enfermeros contratados “no ganan ni el salario mínimo, al igual que los transportadores y proveedores”
• “3.300 enfermeras permanentes, así como miles de médicos y otros profesionales de la salud, llevan 15 años sin reajuste salarial”
• “11.000 trabajadores de la salud se encuentran en condiciones laborales precarias y discriminadas”

Entre los trabajadores, aseguran que se encuentran médicos, químicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeras, radiólogos, transportadores, ficheros, proveedores y otros.

Además, sostienen que el personal de enfermería “realiza su pausa laboral en condiciones precarias e insalubres”, con sanitarios en pésimo estado y otras condiciones similares. Inclusive serían víctimas de acoso laboral con traslados arbitrarios, maltratos o cambios.

“La falta de personal de salud, agravada por las renuncias masivas como resultado de las precarias condiciones laborales, empeora la situación crítica del trabajador, donde los jefes exigen y presionan a los trabajadores para cubrir los servicios. Esta situación de deterioro agresivo de las condiciones de trabajo en el IPS exige la intervención plena del Ministerio del Trabajo”,

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Según destacó, la actividad representa un “empuje muy importante” para los productores paraguayos, a quienes muchas veces les resulta difícil llegar al mercado sin intermediarios.

“El Agroshopping les significó una ventana, una exposición que les permitió también alcanzar, en forma directa, diversos restaurantes, cadenas de supermercados, etc. Hay hermosas historias de vida de productores que se instalaron en el sitio; muchos de ellos lograron un progreso fantástico, con hijos que hoy son profesionales. Algunos siguen en el negocio de la familia y otros ya tomaron otros caminos”, resaltó Mendelzon.

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Proyecto sustentable y progreso para muchas familias

El directivo añadió que “lo lindo” de esta iniciativa, que arrancó hace 28 años, es que se trata de un proyecto autosustentable, que permitió el progreso de muchas familias paraguayas del campo, de las zonas aledañas y del departamento Central.

Agregó que actualmente forman parte del Agroshopping más de 40 productores estables, además de otros a los que denominan “itinerantes”, quienes ofrecen productos puntuales para su comercialización.

“Se inició hace mucho tiempo (la feria), de una forma tímida, en un pequeño rincón del estacionamiento, con ocho productores”, recordó acerca de los inicios de este espacio, que hoy es clave para la comercialización directa entre productores y consumidores.

Principal atractivo del Agroshopping

A su vez, señaló que el principal atractivo de la feria son los productos frescos, ya que, según explicó, la diferencia se percibe cuando un alimento tiene “menos manipuleo” y no pierde su calidad.

Otro aspecto que destacó es que el comprador es atendido directamente por la persona que trajo los productos desde la granja y que, en muchos casos, fueron cosechados esa misma madrugada, algo que se refleja en su calidad y sabor.

“Nosotros celebramos que en el Shopping Mariscal podamos acercar esta propuesta a toda la clientela del barrio Mariscal e incluso a personas que vienen desde mucho más lejos. Festejamos poder brindar a nuestros clientes una feria de esta calidad y de este renombre”, indicó.

Productos más vendidos

En cuanto a los productos más vendidos, comentó que predominan las frutas y las hortalizas. Además, explicó que con el tiempo incorporaron otros rubros, atendiendo la demanda de los clientes por una oferta más variada.

Actualmente también se comercializan semillas, alimentos elaborados, propuestas gastronómicas, cosmética natural y artesanías, ofreciendo más opciones para los visitantes.

En ese sentido, Ana Coronel, vendedora del lugar, comercializa productos para diabéticos y celíacos, como chipa saludable elaborada con fibra de bambú (harina) y queso deslactosado, además de panes de harina de almendra y budines preparados con harina de coco y estevia (ka’a he’ẽ).

Todos los martes, un punto de encuentro

Finalmente, Mendelzon destacó que el Agroshopping se convierte todos los martes en un punto de encuentro, de 07:00 a 21:00, y que para hacer más agradable la experiencia de los compradores, el espacio cuenta con mesas, bancos y música paraguaya en vivo.

De ayudar después del colegio a liderar el negocio familiar

Con motivo de los 28 años de la feria, la celebración se realizó este martes en el estacionamiento del Bloque A del Shopping Mariscal, con una programación que incluyó música en vivo, regalos y actividades para toda la familia.

Según indica la institución, inicialmente los departamentos del extremo sur del país serían los más afectados.

Posteriormente, en el transcurso de mañana, el sistema se extendería de forma progresiva al resto de la Región Oriental.

En cuanto a los acumulados de lluvias, los valores más significativos se concentrarían en el sureste de la Región Oriental, donde podrían alcanzar valores entre 40 y 60 mm. Recomiendan realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos.

Clima en Paraguay: vuelven las lluvias y tormentas este martes

¿Dónde y cuándo afectarán las tormentas?

En el norte, sur y oeste de Ñeembucú, noroeste de Misiones, Paraguarí y el sur de Central se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas en torno a los 70 km/h durante la tarde y noche de hoy.

En el sureste de Ñeembucú y en el sur y este de Misiones las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas en torno a los 90 km/h e incluso superiores durante la tarde y noche de hoy.

En Itapúa las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas en torno a los 90 km/h e incluso superiores, desde la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana.

En el norte y oeste de Caazapá, Guairá y el norte, sur y este de Cordillera se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas en torno a los 70 km/h durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

En el sur y este de Caazapá las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas entorno a los 90 km/h e incluso superiores durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Descargas eléctricas y caída de granizo

En Caaguazú las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas en torno a los 70 km/h desde la noche de hoy hasta la noche del miércoles.

En el norte y oeste de Alto Paraná, Canindeyú, el norte, sur y este de San Pedro y el norte, sur y este de Concepción se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas en torno a los 70 km/h desde la madrugada hasta la noche del miércoles.

En el sureste de Alto Paraná las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas en torno a los 90 km/h e incluso superiores desde la madrugada hasta la noche del miércoles.

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En Amambay desde la mañana hasta la noche del miércoles se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas en torno a los 70 km/h.

En todas las zonas pronostican descargas eléctricas con alta frecuencia y la alta probabilidad de caída de granizo de manera puntual.