Operativos en locales “SportsPy. Bet”

Del Río Villalba afirmó en el curso de la entrevista que ambos establecimientos operaban bajo la denominación “SportsPy. Bet”.

“En coordinación con el Ministerio Público y la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, se dio cumplimiento a mandamientos judiciales de allanamiento en dos locales comerciales ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay”, señaló.

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Agregó que “los mismos fueron identificados con la denominación ‘SportsPy. Bet’, donde se constató la explotación ilegal de apuestas deportivas”.

Incautaron equipos y documentos

Durante los operativos realizados anteayer incautaron varios elementos que, presuntamente, eran utilizados en la actividad clandestina invesgiada. Entre los objetos decomisados figuran CPU, gabinetes, dispositivos móviles, impresoras, tickets, documentos y otros equipos tecnológicos.

Desde Conajzar indicaron que todos los elementos serán sometidos a análisis y que pasarán a formar parte de las evidencias dentro de la causa penal.

Conajzar aclara que no existe plazo de regularización

La institución también aclaró que no existe un plazo para que los propietarios presenten documentos de habilitación debido a que la explotación de apuestas deportivas requiere autorización expresa del organismo estatal.

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“No existen plazos para que los dueños de estos locales de explotación clandestina presenten documentos que demuestren su habilitación, teniendo en cuenta que dicha modalidad es otorgada indefectiblemente mediante licitación pública nacional, conforme a la Ley N.º 1016/97, modificada y ampliada por la Ley N.º 7438/2025, y su Decreto reglamentario N.º 3846/2025”, explicó la titular de Conajzar.

Añadió que toda operación sin autorización de Conajzar es considerada clandestina, que puede derivar en la incautación inmediata de bienes, clausura de locales y procesos penales.

Investigación seguirá en el Ministerio Público

Tras los allanamientos realizados el martes último en Pedro Juan Caballero, corresponderá ahora al Ministerio Público continuar con la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la explotación ilegal de apuestas deportivas.

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La pesquisa podría derivar en imputaciones por explotación clandestina de juegos de azar y en otros hechos punibles que eventualmente surjan en el transcurso de la investigación.

Rodríguez defendió su iniciativa argumentando que el país se encamina a un déficit energético entre 2027 y 2028 debido a la falta de infraestructura. Según el legislador, la explotación de gas natural científicamente previsible en la zona permitiría generar energía y potenciar la región occidental.

“Con el gas natural vamos a generar energía y vamos a poder desarrollar el Chaco sin depender de ningún organismo extranjero en el tema de los préstamos y los recursos”, afirmó Rodríguez.

El parlamentario minimizó las críticas recibidas en redes sociales, asegurando que cuenta con la “autoridad moral” para plantear el debate debido a su historial en la presentación de leyes de protección ambiental y animal. Asimismo, justificó no haber realizado consultas previas a las comunidades indígenas señalando que la Constitución lo ampara para presentar proyectos, y que la audiencia pública es apenas el primer paso.

Rodríguez también cuestionó al ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, señalando que “se apuró” al dictaminar en contra del proyecto. Añadió que, de no encontrarse consenso social o los votos necesarios, está abierto a retirar la propuesta.

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Coalición por los Bosques pide que diputado retire el proyecto

Óscar Rodas, portavoz de la Coalición por los Bosques y representante de la organización WWF, aclaró que el sector no se opone a la prospección ni a la búsqueda de soberanía energética, pero advirtió que un proyecto idéntico ya fue rechazado por el Congreso en el año 2022.

Rodas argumentó que la ecorregión posee un ecosistema de dunas vegetadas sumamente frágil, donde cualquier alteración o contaminación de acuíferos provocaría un daño irreversible que no puede ser mitigado ni compensado.

“Cuando hay un impacto irreversible, la compensación no es una opción. Se pierde un elemento único e irremplazable”, advirtió Rodas.

El representante ambiental subrayó además que el propio Mades remitió un dictamen técnico y jurídico vinculante el pasado 12 de mayo, reiterando su rechazo a vulnerar el área protegida. Según el documento del Ministerio, permitir esta modificación sentaría una jurisprudencia peligrosa para todos los parques nacionales del Paraguay.

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Participación indígena en el debate

La audiencia pública cuenta con la presencia de líderes de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y el pueblo Guaraní Ñandéva, encabezados por el líder Isabelino Bogado. En una breve charla con periodistas, señaló que no están de acuerdo con la propuesta, ya que consideran que causará un perjuicio directo a cerca de mil nativos de tres pueblos.

Desde la Coalición recuerdan que, bajo normativas internacionales y constitucionales, el consentimiento y la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios no pueden ser omitidos en ningún proyecto que afecte sus territorios ancestrales.

La falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha alcanzado un punto crítico para los pacientes que padecen patologías autoinmunes. Los asegurados denuncian que cientos de personas con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoidea y dermatitis atópica llevan semanas e, incluso, meses sin recibir sus tratamientos, lo que pone en riesgo directo su integridad física y capacidad funcional.

IPS: Una crisis estructural de larga data

Hugo Bellasai, presidente de la APPEAP afirmó que es imperativo señalar que esta problemática no constituye un fenómeno aislado ni reciente. La carencia de insumos en el IPS es una crisis crónica que ha atravesado distintas administraciones, dejando a los asegurados en un estado de vulnerabilidad recurrente.

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Pese a los constantes reclamos de diversos gremios de pacientes, el sistema no ha logrado consolidar un mecanismo de provisión estable que garantice la continuidad de los tratamientos de alto costo y de mantenimiento.

Desde la asunción de Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración del IPS, se generaron expectativas sobre una posible reestructuración de la gestión de compras y licitaciones. Sin embargo, a pesar de las promesas de las nuevas autoridades de implementar cambios estructurales para optimizar la logística de la previsional, la realidad en las farmacias sigue siendo la misma por el momento, afirman los asegurados.

El pasado 4 de mayo, la APPEAP remitió una nota formal al despacho de Fretes detallando la urgencia de la situación. Hasta la fecha, los pacientes dicen que no han recibido una respuesta oficial ni un cronograma que asegure el restablecimiento del suministro de medicamentos críticos como:

• Adalimumab
• Upadacitinib
• Metotrexato

Riesgo inminente para la salud

Desde la asociación enfatizan que las enfermedades autoinmunes no permiten pausas. La ausencia de estos fármacos esenciales no solo implica el retorno del dolor, sino que desencadena brotes severos, daño articular progresivo y un deterioro profundo de la salud mental de los asegurados.

“Las enfermedades autoinmunes son crónicas, dolorosas e incapacitantes. No son padecimientos que se puedan pausar mientras el sistema se reorganiza”, expresaron desde la organización.

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Si bien desde la APPEAP reconocen la complejidad administrativa de la institución y la necesidad de una revisión profunda en los procesos de licitación, sostienen que los tiempos burocráticos no se condicen con las necesidades biológicas de los pacientes.

Los afectados piden que el Consejo de Administración implemente soluciones de carácter perentorio para garantizar la continuidad de los tratamientos mientras se resuelven los problemas estructurales de fondo, evitando así que el derecho a la salud de miles de asegurados siga dependiendo de la improvisación o la falta de insumos básicos.

Según expresó, lo que se busca es evitar una situación similar a la ocurrida el pasado 10 de mayo en el Mercado Municipal de Itauguá, donde un incendio provocó importantes pérdidas económicas y puso en riesgo viviendas cercanas.

El objetivo es prevenir una tragedia y garantizar la seguridad de los trabajadores, comerciantes y clientes del mercado, sostuvo el concejal.

El Mercado Municipal de Carapeguá, con más de 80 años de funcionamiento, alberga salones comerciales, carnicerías y puestos de venta de verduras y ropas, siendo uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.

Los concejales consideran prioritario conocer si el establecimiento cuenta con cobertura de seguro contra incendio y cuáles son los mecanismos de respuesta ante emergencias.

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Plan de control contra incendio está en proceso

Consultada sobre el tema, la ingeniera ambiental Natalia Benítez, de la Municipalidad local, explicó que actualmente se encuentra en proceso la elaboración un plan de control contra incendios para el Mercado Municipal local.

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Señaló que el plano de prevención y combate de incendios ya fue diseñado y que el documento está en proceso de presentación ante la Junta Municipal para su aprobación.

Finalmente, indicó además que la aprobación de dicho plan será fundamental para avanzar en los trámites relacionados con el control, prevención y mitigación de incendios dentro del mercado municipal.

Las oportunidades laborales corresponden a diez empresas del sector: Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA, UABL PY.

“Esta es la primera edición de la Feria de Empleo Fluvial del Paraguay y estamos muy contentos. Hay vacantes para diferentes cargos, este es un sector en expansión y lo ideal es que todos se vayan con un puesto de trabajo”, apuntó Bernd Gunther, presidente de Cafym.

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“Hoy tenemos vacancia de todos los niveles. De marineros y engrasadores, que son cargos iniciales, donde hay más rotación de personal como ocurre en cualquier empresa con los cargos iniciales”, mencionó.

También comentó que hay inversión en el rubro marítimo y naviero del Paraguay. “Cada vez más embarcaciones. Este año estamos hablando de más de 15 remolcadores nuevos, que son unas 800 personas más que vamos a necesitar en el rubro”.

En cuanto a la labor del marinero, Bernd Gunther señaló que es un estilo de vida diferente. “Uno está lejos de su casa por muchos días, luego vuelve y está de franco en la casa. Entonces es un estilo de vida diferente, no es un horario de oficina convencional el que se cumple, pero en contrapartida es un sector que remunera bien”.

“Esta es la primera edición de esta feria y nos dimos cuenta de que nos quedó un poco chico el espacio. Oportunamente vamos a publicar la fecha para realizar una segunda edición”, concluyó.

Cazal precisó que, en el caso del PLRA, los comicios se desarrollarán en las ciudades de Buenos Aires, La Matanza, La Plata y Lomas de Zamora, mientras que el PRF tendrá su jornada electoral en Buenos Aires.

El coordinador explicó que los maletines electorales reúnen todos los elementos necesarios para el trabajo de los miembros de mesa durante la jornada de votación.

Entre los materiales incluidos se encuentran actas electorales, boletines de voto, certificados de resultados, carteles informativos y diversos útiles, como bolígrafos, además de otros documentos indispensables para el desarrollo del proceso electoral.

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Distribución nacional de materiales comenzará el 31 de mayo

Cazal también adelantó que la distribución de materiales para las elecciones internas a nivel nacional comenzará el domingo 31 de mayo en las zonas de más difícil acceso, ubicadas en el Chaco y parte del departamento de Concepción.

Indicó que, en varios de esos sectores, el traslado se realizará por vía fluvial debido a la ausencia de caminos de todo tiempo, mientras que la entrega en Asunción y el área capitalina está prevista para el sábado 6 de junio, fecha en la que concluirá el operativo logístico.

Internas: más de 13.000 maletines electorales

De acuerdo con los datos proporcionados por Cazal, para las elecciones internas del 7 de junio se distribuirán en todo el país 13.031 maletines electorales y máquinas de votación destinadas a las mesas receptoras de votos.

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Asimismo, señaló que la Justicia Electoral remite un 10% adicional de máquinas de votación como contingencia en cada local electoral, con el objetivo de responder rápidamente ante eventuales inconvenientes técnicos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Este jueves se desarrolló en el Congreso Nacional una audiencia pública sobre el proyecto de ley, presentado por el diputado cartista José Ramón Rodríguez (ANR, Partido Colorado). Varias organizaciones ambientalistas han manifestado su rechazo al plan y piden que el proyecto sea rechazado.

A esa postura se suma también el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que emitió un dictamen recomendando el rechazo del proyecto, según comentó hoy a ABC Cardinal la diputada opositora Johanna Ortega (País Solidario).

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El Mades respondió así a un pedido de dictamen formulado por la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja del Congreso, de la que forma parte la diputada Ortega, quien recordó que un proyecto de ley similar al presentado por el diputado Rodríguez fue tratado y rechazado en el periodo legislativo anterior.

En aquella ocasión, el Mades también emitió un dictamen recomendando el rechazo, señaló.

Pedirán que Comisión de Ambiente también dictamine en contra

La diputada Ortega dijo considerar que el dictamen del Mades es motivo suficiente para solicitar que la Comisión de Ambiente emita su propio dictamen de rechazo y adelantó que hará ese pedido, acompañada por la diputada opositora Leidy Galeano (Yo Creo).

Además de la Comisión del Ambiente, el proyecto de ley del diputado Rodríguez fue girado también a las comisiones de Legislación y de Minas y Energías, que tampoco han emitido aún dictámenes.

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La diputada Ortega argumentó que la preservación del parque Médanos del Chaco como área silvestre protegida no se relaciona solo a la prevención de la deforestación, sino también a la conservación de comunidades de pueblos originarios que aún viven en aislamiento en esa zona del país, preservando sus formas ancestrales de vida.

Además, recordó que el Estado paraguayo ya recibió millonarios préstamos del exterior por la preservación del parque, fondos que ya han sido destinados a entidades como el propio Mades y el Instituto Nacional Forestal.

Desde el gobierno apuntaron que gracias a este control que se implementó está mejorando el serivicio y no se reporta falta de buses.

Sobre ex ruta Transchaco, las personas llegan a las paradas desde muy temprano para tomar ese ómnibus que los lleve hasta su lugar de trabajo, el colegio o algún otro destino.

Todos los entrevistados señalaron que todo sigue igual, que casi no hay unidades de transporte y por ello se espera mucho tiempo.

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“No hay nada. Yo a las 5:00 ya salí de Emboscada y se espera mucho para tomar un colectivo. Este es mi camino de todos los días y sinceramente no se ve ninguna mejoría”, apuntó el señor Emiliano.

Otra de las persona, la cual hacía frente al frío con mate en mano, señaló que en el pensamiento de las autoridades debe estar esa mejoría. “Nosotros todos los días pasamos una odisea para viajar. Yo vengo de Limpio y los buses nunca son suficientes, porque ya ves como están las personas en las paradas”.

Seguidamente, apuntó que a veces vienen los buses pero están llenos por la cantidad de personas que salen para ir a trabajar. “No dan abasto los buses que circulan, deberían salir más”, acotó el señor Teófilo Paredes.

Por su parte, la señora Sandra González aseguró que todo continúa igual. “Es lo mismo que igual. No hay más ómnibus y se espera mucho tiempo. Yo todos los días espero más de media hora, por eso puedo asegurar que no existe ningún cambio”.

Hospital de Clínicas, sin insumos básicos y con denuncias por precariedad en la atención

Medicinas costosas como son los antibióticos, analgésicos y otros insumos deberían estar en el vademécum, pero en lugar de ocupar los estantes de la farmacia, el mejor camino es tocar el bolsillo de los pacientes, denuncian.

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Carolina García contó que su mamá está internada en el hospital desde hace dos meses, y menciona que deben comprar absolutamente todo. Entre los medicamentos que debieron adquirir por su cuenta está: vancomicina; meropenem; tazonam; y otros medicamentos que no pudo precisar.

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“De entre todos los medicamentos que tuvimos que comprar ya habremos gastado más de G. 5.000.000, y este monto para una persona que no tiene como costear es difícil. Durante 15 días una fundación que están en este lugar nos facilitó los medicamentos que necesitábamos. Luego ya tuvimos que comprar. Por lo general hay personas dentro del hospital que ofrecen la venta de medicamentos. Es todo un negocio acá”, lamentó.

A esto se suma la falta de insumos en los laboratorios. El Hospital no cuenta con reactivos para realizar los diferentes tipos de análisis clínicos, por lo que los pacientes deben rebuscarse en los laboratorios externos, que están instalados en los alrededores del nosocomio.

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La infraestructura que ofrece el hospital es otro punto del cual se quejan los pacientes, ya que el hospital se encuentra lleno de basuras patológicas, y el basurero de residuos patológicos está expuesto y lleno de charco.

Los estacionamientos igualmente están con desniveles, agujeros que, con el paso de los vehículos, estos quedan dañados.

Versión del director

Sobre la preocupación de los pacientes, el director Jorge Giubi indicó que el Hospital de Clínicas, como centro de referencia nacional de alta complejidad, mantiene una demanda asistencial muy elevada y dinámica, lo que obliga a una reposición permanente de medicamentos, insumos y reactivos.

“Pueden presentarse faltantes puntuales o transitorios de determinados productos, situación que es monitoreada y gestionada continuamente por las áreas responsables a fin de garantizar la continuidad de la atención”, resaltó.

En cuanto a las condiciones edilicias y de limpieza, sostuvo que existen servicios y controles permanentes, sin perjuicio de que se realicen verificaciones y refuerzos cuando se detectan necesidades específicas en determinadas áreas.

“Toda observación concreta es importante y será verificada institucionalmente a través de los canales correspondientes”, concluyó.

De acuerdo con su versión, la ocupación irregular de las tierras y el supuesto robo de toda su producción yerbatera desde el año 2023 le ocasionaron pérdidas económicas estimadas en G. 75 millones durante los últimos tres años.

Aquino señaló que decidió trasladarse hasta la Capital ante la falta de respuestas por parte de las instituciones locales. En ese sentido, cuestionó la actuación de la jueza Liza Alfonso y del fiscal Rodrigo Vázquez, ambos del Guairá.

Comentó que también acudió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), donde le indicaron que la solución a su caso debe ser gestionada en Villarrica. Según sostuvo, esta situación lo obligó a realizar constantes trámites entre ambas ciudades, además de desembolsar cerca de G. 40 millones en honorarios y gestiones legales.

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“Esperanza” en la Fiscalía General

El productor agregó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General con la expectativa de que la institución impulse una solución al conflicto.

“Es mi propiedad, es para mi sustento alimenticio con mi familia y me invadieron Isaac y Fredy Caballero González”, lamentó.

El origen del conflicto por la propiedad

Según relató Aquino, la disputa se originó cuando Isaac Caballero vendió seis de las ocho hectáreas que poseía a Nidia Ovelar Benítez. Posteriormente, el productor adquirió esas mismas tierras de la compradora.

Indicó que, pese a esa operación, Caballero sostiene que Aquino no tiene derechos sobre el inmueble y, en consecuencia, inició acciones legales para recuperar la posesión de las tierras.

Además, afirmó que Caballero cuenta con un documento que calificó de irregular, firmado por una persona identificada como Roque Paiva, mediante el cual se certificaría una supuesta posesión sobre las tierras. Según Aquino, dicho documento sirvió de base para una denuncia presentada en su contra por una presunta invasión de inmueble.

Denuncia amenazas y expulsión de familiares

El productor también denunció que, a raíz del conflicto, ya no puede desarrollar actividades productivas en las tierras.

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“Muchos problemas me crearon, yo ahí ya no puedo trabajar. Tenía ahí una casa con seis piezas que le di a un familiar y los desahuciaron. Los amenazaban con armas de fuego y tengo yo las pruebas”, refirió.

Asimismo, aseguró que los presuntos invasores habrían amenazado con armas de fuego a integrantes de su familia para obligarlos a abandonar el lugar.

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Monseñor también se refirió a lo manifestado por el Papa en lo referente al uso de la inteligencia artificial, alertando sobre sus aspectos positivos y negativos, y advirtiendo que esta herramienta no puede suplir el afecto ni el relacionamiento entre las personas. En ese sentido, pidió a educadores y padres de familia acompañar a niños y jóvenes en el uso correcto de esta tecnología.

Atendiendo que los invitados especiales en este sexto día del novenario eran los escolares de la comunidad, el obispo pidió a las personas ayudar a niños y jóvenes en su formación como personas íntegras, siendo ejemplos en el accionar diario y coherentes entre lo que se dice y lo que se hace.

Títulos falsos o “truchos”

El obispo criticó con dureza a personas que ocupan cargos públicos ostentando títulos universitarios falsos o “truchos”, ya sea en funciones de fiscales, jueces u otros puestos, donde según señaló, además de la formación intelectual, debe primar una formación íntegra, algo que muchos ni siquiera poseen.

“Estas personas no son ejemplo para nuestros niños y jóvenes, sobre todo para aquellos que se encuentran en pleno ámbito universitario”, expresó el religioso.

Añadió además que existen personas que acceden a cargos públicos o bancas legislativas mediante la compra de votos, utilizando dinero de dudoso origen. En ese sentido, alertó que los cargos no deben comprarse con dinero, sino obtenerse a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

“Dios dinero”

Otra de las críticas realizadas por monseñor Gabriel Escobar estuvo relacionada con la venta de conciencia durante las elecciones. En ese sentido, pidió a los fieles no dejarse seducir por el “dios dinero”, que compra conciencias y termina generando malos gobernantes que se desentienden de sus responsabilidades con el pueblo.

En ese sentido, mencionó que elegir de esa forma a las autoridades provoca que actualmente no existan caminos transitables en el departamento de Alto Paraguay, donde numerosas personas no pueden entrar ni salir de la zona y prácticamente todo se encuentra paralizado.

El religioso lamentó además que las estaciones de servicio no cuenten con combustibles debido a que los camiones no logran llegar con las cargas a consecuencia del mal estado de los caminos.

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“Todos sufrimos la desidia de las autoridades que deben velar y cuidar de su pueblo, realizando buenas gestiones”, expresó el obispo, quien además pidió a la ciudadanía hacer una mea culpa, atendiendo que en varias ocasiones “votamos al propio verdugo” que luego hace sufrir al pueblo.

“A nadie debe gustarle sufrir por sufrir, pudiendo tener caminos de todo tiempo y, sin embargo, vivimos de forma permanente aislados por la falta de caminos, sobre todo sabiendo que existen recursos y dinero suficiente, pero que no se utiliza para el servicio del pueblo”, manifestó.

Monseñor Gabriel Escobar insistió en la necesidad de crear conciencia al momento de elegir autoridades. “¿Dónde está tu educación íntegra?”, cuestionó el religioso a los fieles, señalando que si se siguen cometiendo los mismos errores al votar, la población no debería luego quejarse de la miseria y pobreza en la que vive.

La homilía de monseñor Escobar se realizó durante la celebración religiosa desarrollada en la Catedral de Fuerte Olimpo, en la noche del miércoles, al término del sexto día del novenario de María Auxiliadora, patrona de esta comunidad chaqueña, ante la presencia de numerosos fieles.

Visitas periódicas a las distintas clínicas y hospitales de la previsional daban cuenta de un importante déficit en las farmacias, de donde los pacientes se retiraban resignados a comprar los fármacos que por derecho les correspondía recibir por sus aportes mensuales.

Este jueves, faltando un día para que se cumpla un mes de la llegada de Fretes a la dirección, un equipo de ABC estuvo recorriendo el Centro de Atención Ambulatoria, ubicado en el predio del Hospital Central del IPS, para saber si los asegurados están percibiendo algún tipo de mejoras, especialmente a la hora de retirar sus remedios.

Las respuestas varían de acuerdo al tipo de dolencia que aqueja a los pacientes y, a veces, hasta parece una cuestión de suerte, ya que hay asegurados que dicen encontrar siempre los medicamentos que les recetan, pero en el mismo lugar hay otros que no pueden decir lo mismo.

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Una de las personas que accedieron a dar su testimonio contó que, de los varios fármacos que debía retirar, le faltó uno, aunque no supo precisar cuánto costaría si debía comprarlo en una farmacia particular.

Otra asegurada, que por protocolo debe retirar una serie de remedios mes a mes, contó que este jueves no había ninguno. Entre ellos citó: calcio, losartán y atorvastatina.

“Me dijeron que puede ser la próxima semana o dentro de un mes”, dijo la mujer al retirarse de la farmacia con las manos vacías. Sobre sus expectativas respecto a la gestión de Fretes señaló que hay esperanzas, pero comprende que “es muy nuevo aún y seguro tiene muchas cosas que cambiar”.

Un adulto mayor que aguardaba a su hija que estaba haciendo fila en la farmacia aprovechó la ocasión para exigir un cambio real en la administración de la previsional y señaló que años atrás no existía este tipo de problemas en la atención de los asegurados.

“Primero, que salgan todos esos sinvergüenzas que estaban comiendo el fondo para pagar los medicamentos. Se comieron todo y todos esos tienen que volar de ahí, porque el IPS no puede estar con esa clase de personas. No puede andar así el IPS; antes funcionaba cien por ciento, 15 años atrás se le atendía a todos los que se le tenía que atender y en condiciones”, expresó.

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IPS busca agilizar compra de insumos

En un paso estratégico hacia la digitalización y la eficiencia administrativa, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó esta semana una medida clave para reestructurar sus mecanismos de adquisición de insumos.

La máxima autoridad de la previsional dio luz verde a la Gerencia de Abastecimiento y Logística a través de la Dirección Operativa de Contrataciones para realizar las gestiones y que se comience a operar activamente dentro del canal de compras electrónicas del Estado.

La resolución autoriza de forma expresa, que se podrán realizar todas las gestiones pertinentes para solicitar cotizaciones y concretar la adquisición de insumos para el IPS utilizando la plataforma de tienda virtual. Este sistema se encuentra plenamente habilitado en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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Ayer, miércoles, la Policía informó de la recepción de datos de inteligencia que insinuaban que un grupo de aproximadamente 20 personas estaría planeando un atraco en el Aeropuerto Internacional Guaraní, presuntamente apuntando a robar cargas de dispositivos electrónicos importados a través de esa terminal aérea.

La alerta llevó al despliegue de unos 40 agentes policiales del Grupo Especial de Operaciones y efectivos militares al aeropuerto.

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El comisario Vega dijo que también se reforzó el resguardo en otros lugares “donde posiblemente podría haber robos agravados”, como entidades bancarias que ya cuentan con custodia de “elementos tácticos” de la Policía.

Incidente en casa de cambios

Si bien hasta ahora ningún asalto armado al aeropuerto Guaraní o a un banco de la zona ha sido reportado, un incidente se registró en la madrugada de hoy en una casa de cambios de Ciudad del Este, donde se activó una alarma por la rotura de un cristal ‘blíndex’ del local.

Guardias de seguridad privados contratados por la casa de cambios hicieron una verificación y no encontraron indicios de que personas hayan ingresado al local, manifestó el jefe policial.

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Según dijo el comisario, la alarma habría saltado alrededor de la 1:30. Sin embargo, la Policía no fue notificada de lo ocurrido hasta dos horas después.

La Policía está trabajando en recolectar filmaciones de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido, dijo el comisario Vega.

Su mamá, Marta Riveros, emprendió entonces la angustiosa tarea de búsqueda, tropezando una y otra vez con la burocracia del sistema, hasta que una semana después le confirmaron que Elías fue encontrado, pero sin vida bajo el Puente Héroes del Chaco, donde murió ahogado.

“Soñaba con abrazarlo una vez más, con escuchar su risa, con que me contara cómo le fue en el día, con seguir construyendo juntos esos pequeños momentos que para nosotros lo eran todo. Pero no fue así. Un protocolo fiscal, hecho para casos generales y no para personas con discapacidad, me robó esa oportunidad”, escribió Marta en una carta abierta días después de haber recibido la noticia más dolorosa de su vida.

Autismo: familias exigen el fin de promesas e inclusión real en Paraguay

Elías Giménez, cronología de una muerte que pudo evitarse

Esta semana la asociación de padres y/o tutores de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA PY) usó sus redes para rememorar este caso y enviar un mensaje a los órganos pertinentes acerca de la necesidad de conocer esta condición que afecta al neurodesarrollo de las personas volviéndolas más vulnerables.

Este es el recuento publicado por la asociación desde el momento de la desaparición de Elías hasta el hallazgo final de su cuerpo.

• 20 de mayo: Marta realiza la denuncia en la Comisaría Décima Central y comienzan a circular los flyers
• 21 de mayo: Marta recorre el barrio por su cuenta y pide acceso a imágenes de cámaras de seguridad
• 22 de mayo: la familia vuelve a la Fiscalía para corregir un oficio emitido de forma incorrecta
• 23 de mayo: la empresa de telefonía Tigo informa que debido a un “colapso” no podía emitir un reporte; mientras que Bolt, pese a la condición de Elías, responde que no podía actuar más rápido
• 24 de mayo: se entrega un mapa con una ubicación amplia de la última señal del celular de Elías, pero la Policía dice necesitar una ubicación más precisa y apela al apoyo ciudadano
• 25 de mayo: continúa la búsqueda en la zona del barrio Universo de Mariano Roque Alonso
• 26 de mayo: Fiscalía se presenta en la vivienda para retirar cámaras y pertenencias. Marta se entera de que recién ese día tomaron declaración a la conductora de Bolt
• 27 de mayo: Elías Gabriel Giménez Riveros es encontrado sin vida en aguas del río Paraguay

TEA PY señala que el caso de Elías los marcó profundamente y como comunidad los unió en la búsqueda de respuestas, verdad y humanidad. “Cada fecha refleja no solo hechos, sino también la desesperación de una familia que nunca dejó de buscar y la fuerza de una madre que recorrió cada camino posible”, dicen en su comunicado.

Afirman que la historia pudo haber sido diferente si las personas responsables de actuar conocían el autismo y hubieran empatizado desde el inicio, entendiendo que las personas autistas no comprenden el peligro ni dimensionan ciertas situaciones, lo que las hace mucho más vulnerables.

“Entender el autismo no es opcional, es urgente; porque la empatía también salva vidas. Por Elías. Por su mamá. Y por todas las personas dentro del espectro autista que merecen respuestas rápidas, humanas y capacitadas”, señala la asociación.

TEA en Paraguay: dónde acudir para diagnóstico y atención especializada en la red pública

El joven pidió auxilio en una vivienda de la zona, cuyos ocupantes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Tras la comunicación, agentes policiales acudieron al lugar y confirmaron que se trata del joven raptado.

Según comentó a ABC Cardinal el comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, el menor no presentaba lesiones aparentes ni manifestó haber sido agredido. Sin embargo, el adolescente fue trasladado a un centro de salud para una inspección médica.

El caso genera una intensa movilización policial en toda la zona norte de Alto Paraná. Agentes de distintas dependencias, con apoyo de efectivos enviados desde Ciudad del Este, continúan realizando rastrillajes para tratar de ubicar a los autores del asalto, quienes hasta el momento no fueron localizados.

El asalto

El hecho ocurrió en el supermercado El Campo, ubicado en la zona céntrica de Itakyry. Cuatro hombres armados, con rostros cubiertos, llegaron a pie a una vivienda situada en la parte posterior del local comercial, donde redujeron a toda la familia.

El atraco se inició cerca de las 02:00 y se prolongó hasta aproximadamente las 03:30. Durante ese tiempo, los delincuentes revisaron la vivienda y el comercio, logrando apoderarse de 45 millones de guaraníes guardados en una caja fuerte y otros 5 millones de la caja registradora.

También obligaron a las víctimas a realizar una transferencia bancaria de 14 millones de guaraníes, comentó el comisario Vega.

Además, se llevaron seis teléfonos celulares y el dispositivo de almacenamiento del sistema de cámaras de circuito cerrado del local.

Antes de retirarse, los asaltantes habrían manifestado a la familia que se llevarían al adolescente para evitar que alertaran de inmediato a la Policía, alegando que lo liberarían una hora y media después.

Sin embargo, al no tener noticias del menor, los familiares decidieron denunciar el hecho.

Durante ese tiempo, los asaltantes revisaron todas las dependencias de la vivienda y del supermercado, para apoderarse de G. 45 millones guardados en una caja fuerte y otros G. 5 millones de la caja registradora.

Posteriormente, los autores escaparon a bordo de un automóvil Toyota Allex perteneciente al dueño del establecimiento. También llevaron seis teléfonos celulares y el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado.

El hecho más grave del caso es que los delincuentes se llevaron a un adolescente de 15 años, quien sería hijo adoptivo del propietario del supermercado, según confirmó el subcomisario Fredy García.

Pasan las horas y no localizan al menor

El jefe policial mencionó que agentes de varias dependencias aledañas, con apoyo de efectivos llegados desde Ciudad del Este, realizan intensos rastrillajes para intentar localizar al menor y dar con los responsables del hecho. Sin embargo, pasan las horas y no se tienen rastros del adolescente ni del vehículo utilizado para la fuga.

El legislador insistió en que estas presentan vulnerabilidades que, según afirmó, podrían ser aprovechadas para alterar resultados electorales.

“Fraude ya es el resultado de aprovecharse de la vulnerabilidad de la máquina. Aquí, lo que se plantea es que las máquinas son vulnerables, que tienen fallas y que una mano maliciosa puede aprovecharse de la vulnerabilidad de las máquinas y podría haber fraude”, manifestó.

Según Villalba, especialistas consultados concluyeron que los equipos no cumplen plenamente con los estándares de seguridad requeridos para garantizar la transparencia del proceso electoral. Además, señaló que no se realizó una auditoría integral de las máquinas.

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Cuestiona designación de Carlos Díaz Casabianca

En ese contexto, cuestionó la designación de Carlos Díaz Casabianca, quien descartó la vulnerabilidad de las máquinas, como apoderado informático del PLRA, y aseguró que se trata de un funcionario vinculado al cartismo.

Villalba afirmó que Díaz Casabianca es un “infiltrado” que respondería políticamente al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, al recordar que se desempeña como funcionario de la Cámara de Senadores. Además, sostuvo que antes de su nombramiento no lo conocía y que ni siquiera forma parte de las filas liberales.

De acuerdo con el parlamentario, la nominación fue impulsada por el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

“No puede ser que en la cocina o en el quincho de Ricardo Estigarribia se decidió quién debe ser el apoderado informático. Es un manejo mínimamente discrecional y, por otro lado, interesado. Para mí, es un funcionario de ‘Bachi’ Núñez (sobre Carlos Díaz Casabianca)”, cuestionó.

Críticas a la conducción del PLRA

El senador también apuntó contra la dirigencia liberal encabezada por Hugo Fleitas, a la que calificó de “mediocre y pusilánime” por no convocar a todos los movimientos internos para debatir las dudas existentes sobre las máquinas de votación.

A su criterio, dentro del partido existen sectores que no muestran interés en aclarar los cuestionamientos técnicos porque ya se consideran ganadores de futuras elecciones.

“En mi partido hay muchos que no les interesa, se creen los churros, intendentes o presidentes, pero no hay 2026 o 2028 si no hay seguridad en las máquinas”, expresó.

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TSJE “mintió” a la ciudadanía

Villalba también criticó la postura del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respecto al funcionamiento de las máquinas de votación.

Según afirmó, desde la institución se intentó instalar una “mentira” al sostener que los equipos son simples “impresoras bobas” y, por lo tanto, imposibles de manipular. Sin embargo, insistió que los técnicos de la oposición concluyeron que se trata de computadoras con capacidad de almacenamiento de información y que, por esa razón, podrían ser susceptibles de alteraciones.

Se trata de un caso de posible contrabando, que se filtró esta semana luego de más de un mes de haber ocurrido el hecho, del que estaba en conocimiento también el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De Canindeyú al Chaco

De acuerdo con lo que se lee en la solicitud del gremio rural, los animales estaban siendo trasladados desde Curuguaty (Canindeyú) con destino a Boquerón (Chaco). Además, de las nueve cargas, cinco pasaron a “recontrol” en el puesto de Control de Colcat-ARP- Senacsa denominado Cerrito. Mientras que cuatro quedaron en el puesto Colcat de 25 de Diciembre de San Pedro, bajo investigación por posible contrabando, informaron los agentes.

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Según el documento remitido, comunicaron que las nueve tropas fueron retenidas los días 7 y 8 de abril de 2026, y se señala en la nota del gremio rural como propietaria del ganado a Bianca Judith Noria, quien supuestamente sería pariente del senador colorado por Canindeyú, Alfonso Noria, y pareja del hermano del gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez.

Cuatro camiones en San Pedro y cinco en Cerrito, Chaco

En conversación con ABC esta semana, el fiscal Irán Suárez confirmó que fueron nueve los camiones retenidos, pero que bajo su control, para investigación posterior, quedaron cinco transportes en el puesto de control de Cerrito (zona del Chaco), tras presentar inconsistencias en algunos documentos que estaban siendo verificados por la Colcat, y aseguró que espera el informe de dicha asociación.

En cuanto a los cuatro camiones restantes (de los nueve), el fiscal detalló que quedaron retenidos en el puesto de control de tránsito de Colcat de San Pedro, ubicado en 25 de Diciembre, San Estanislao. Esto derivó en otra causa que investiga por su lado el fiscal Alexander Argüello, bajo la figura de presunto contrabando de ganado, explicó Suarez.

15 animales retenidos

Por su parte, el fiscal Alexander Argüello manifestó a nuestro diario que, de los camiones con destino al Chaco retenidos, se constataron 15 animales que en ese momento no contaban con la documentación necesaria.

En ese sentido, indicó que se dispuso la incautación de los bovinos, los cuales quedaron bajo depositario judicial (en un establecimiento ganadero) mientras avanza la investigación. Los ejemplares tendrían marcas en el costado derecho consideradas presuntamente contrabando.

Asimismo, señaló que se investiga a la supuesta propietaria Bianca Judith Noria, nombre que figura en el documento remitido por la Asociación Rural del Paraguay al agente fiscal. “Estamos solicitando informes al Senacsa y llamando a indagatoria a la propietaria, además de librar oficios”, explicó sobre los pasos en curso.

Respecto a la figura de presunto contrabando de ganado, Argüello aclaró que “aún no puede confirmarse el delito” hasta contar con los resultados de la Colcat y del Senacsa, por lo que se encuentran a la espera de los informes correspondientes.

Pedido de informe al Senacsa tras consulta de este medio a fiscales

Todos estos hechos ocurrieron a inicios de abril de este año. Según contó el fiscal Irán Suárez, en este lapso de tiempo solicitaron las informaciones necesarias tanto a la Colcat como al Senacsa, para determinar el stock de animales de la propietaria y precisar la titularidad de las marcas consignadas en las guías de traslado.

En la misma línea, este medio intentó obtener la versión de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Sin embargo, desde el gremio señalaron que aguardan los datos oficiales del Servicio veterinario oficial del país para fijar postura, ya que los animales retenidos en la localidad 25 de Diciembre, bajo investigación del fiscal Argüello, presentarían marcas en el costado derecho, presuntamente vinculadas a contrabando.

Refuerzan controles contra el abigeato en todo el país

En ese contexto, ABC consultó al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) si la Colcat o los fiscales del caso realizaron pedidos de informe. Su titular, José Carlos Martín, indicó inicialmente que no había recibido ninguna solicitud y que la institución está abierta a colaborar, ya que a través del Sistema de Identificación Animal (SIAP) se puede rastrear el origen de cada ejemplar.

No obstante, posteriormente a nuestra consulta Martin Camperchioli comunicó que recién en la tarde de ayer miércoles 20 de mayo ingresó al Senacsa una solicitud de informe relacionada a los camiones retenidos que transportaban ganado.

En este sentido, Duque apuntó que la captura en Bolivia y extradición a EE.UU. en marzo pasado del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al que la Justicia de Paraguay acusó de liderar una red que enviaba cocaína a Europa, ayudará a las autoridades a encontrar “más evidencia” del crimen.

“La captura de este narcotraficante Marset va a permitir que se llegue al fondo de todo lo que hay detrás del asesinato del fiscal Pecci”, insistió el exjefe de Estado.

Marcelo Pecci: a cuatro años del crimen

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba su luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

No obstante, cuatro años después, la Justicia no ha procesado a los autores intelectuales del asesinato que sacudió a la sociedad paraguaya.

Al respecto, Duque, que era presidente de Colombia cuando ocurrió el asesinato de Pecci, dijo hoy que entregó a Paraguay “todo el aporte necesario” para “llegar a los autores intelectuales”.

“Esperamos que ahora la justicia del Paraguay pueda llevar a la cárcel a los autores intelectuales de este crimen, donde muy seguramente nos vamos a encontrar con vínculos entre el narcotráfico, el contrabando y el crimen transnacional” añadió líder opositor de derecha.

Riera: “Marset está metido”

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la “convicción particular” de que Marset está “metido” en el asesinato de Pecci, aunque no ofreció pruebas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci lideraba el equipo que investigaba a Marset y a otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas ‘A Ultranza Py’, la mayor en la historia de Paraguay, y que su muerte trató de enviar “un mensaje” a los demás funcionarios que hacían parte de esta investigación.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, enfatizó que mantener el esquema al día es una responsabilidad fundamental para quienes asistan a este encuentro deportivo masivo, identificando cuáles son los biológicos sugeridos y los tiempos necesarios para su aplicación.

Sarampión: la prioridad epidemiológica para los viajeros

El sarampión es la enfermedad que hoy genera mayor atención en los tres países anfitriones del Mundial. Aunque no se trata de una exigencia obligatoria de ingreso por parte de esas naciones, es la vacuna más recomendada para el viajero.

“No es una vacuna obligatoria, obligatoria. Es una vacuna recomendada para el viajero, especialmente para los nacidos después de 1936”, expresó Cousirat.

A diferencia de otras dosis, la vacuna contra el sarampión es a virus vivo atenuado. Esto significa que el cuerpo necesita tiempo para generar la respuesta inmunológica. “Si falta una dosis, entonces puede vacunarse por lo menos dos semanas antes del viaje, porque es una vacuna a virus vivo, así como la vacuna de la fiebre amarilla, entonces necesita el cuerpo dos semanas de tiempo para generar esta barrera inmunológica", indicó a ABC el director del PAI.

Influenza: protección para los estadios

La otra inmunización clave recomendada por el PAI para los viajeros es la vacuna contra la influenza. Al tratarse de eventos que concentran a miles de personas en espacios compartidos, el riesgo de contagio de virus respiratorios se eleva considerablemente.

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El Ministerio de Salud cuenta actualmente, en todos sus vacunatorios del país, con dosis de protección con un alto perfil de seguridad y eficacia, disponibles de forma gratuita. Esta vacuna no requiere de tiempo de espera para tomar un vuelo, es decir, se puede aplicar horas antes de despegar.

Covid-19: dosis actualizadas desde junio

Para quienes deseen viajar con la máxima protección, el PAI confirmó que en la primera semana de junio arribará al país un lote de 100.000 vacunas del laboratorio Moderna contra el Covid-19. La vacuna con la composición química actualizada para la temporada 2026 no es una exigencia actualmente, pero en algunas situaciones pueden ser requeridas.

A diferencia del sarampión, la vacuna contra el Covid-19 no requiere dos semanas de anticipación, por lo que podés vacunarte el mismo día del vuelo y viajar sin inconvenientes.

Fiebre Amarilla ¿Es necesario?

Respecto a este biológico, Cousirat aclaró que los viajeros paraguayos no tendrán inconvenientes en los países en que se disputarán los partidos de la Albirroja, ya que estos destinos no presentan circulación del vector ni corresponden a regiones boscosas o amazónicas que requieran esta cobertura de forma obligatoria.

¿Tenés un carnet viejo? Digitalizalo para el viaje

El director del PAI resaltó que si se conserva la tarjeta de vacunación de la infancia, por más vieja o desgastada que esté, se puede presentar en cualquier vacunatorio para que el personal de salud transcriba los datos al sistema de vacunación electrónica.

Certificado electrónico internacional de vacunación: cómo obtenerlo antes de viajar

Cousirat indicó que esto permitirá descargar el certificado oficial en formato digital desde el Portal Paraguay utilizando tu identidad electrónica.

Muchos familiares de pacientes atendidos en el área de Urgencias se ven obligados a pernoctar en ese albergue y algunos de ellos coincidieron en indicar problemas de higiene y comodidades básicas.

En conversación con ABC, Guido Morel, quien dijo estar en el albergue desde el pasado domingo, indicó que falta limpieza en el albergue y en especial en los baños.

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Además, señaló que faltan frazadas para abrigar a las personas ante el intenso frío y que el sistema de calefacción del albergue no está funcionando.

“Pasamos frío y hambre”

Una mujer que dijo estar quedándose en el albergue pendiente de su madre, quien debe someterse a un procedimiento médico, se hizo eco de esos reclamos.

“Pasamos frío y hambre”, dijo.

Agregó que la falta de insumos y medicamentos, que deberían ser proveídos de forma gratuita por la previsional, también es un problema grave. Dijo haber gastado 7 millones de guaraníes solo en insumos que su familia tuvo que comprar.

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Familiares de pacientes en otros albergues del IPS, como el de Terapia Intensiva, han hecho reclamos parecidos en el pasado. En marzo, en época de calor extremo, ese albergue estuvo cuatro días sin suministro de energía eléctrica.

Al deducir ese pasivo, el costo total para generar el 100% de la Energía Garantizada y los excedentes se reducía a US$ 1.291.012.000. Con una potencia anual de 145.620.000 Kw-mes y una Energía Garantizada anualmente de 75.134.520 Mwh, la tarifa de potencia oficial se estableció en US$ 22,60/Kw-mes, mientras que la tarifa de energía quedó en US$ 43,80/Mwh, vigentes hasta 2023.

El problema radicaba en que la demanda de potencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN-PY) era ínfima en ese entonces. La tarifa oficial resultaba sumamente onerosa para la ANDE. Ante este escenario, el costo de energía excedente, fijado en aproximadamente US$ 5,69/Mwh —siete veces menos que la tarifa oficial—, se convirtió en la pieza clave para auxiliar las finanzas de la empresa estatal paraguaya.

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El origen de la tarifa preferencial

Para subsanar el inconveniente financiero, los negociadores determinaron la aplicación del Acuerdo Operativo. Este mecanismo permitió a la ANDE contratar potencia por aproximadamente el 70% de su demanda real al costo oficial de US$ 22,60/Kw-mes. El restante 30% se completaba con la energía excedente barata de US$ 5,69/Mwh.

Esta combinación de costos, conocida como el mix de compra, posibilitó que el ente estatal accediera a una tarifa preferencial ponderada de entre US$ 24, US$ 27 y US$ 29 por Mwh. El único año en que la ANDE abonó un monto elevado fue en 2016, alcanzando los US$ 32/Mwh, debido a que Itaipú batió su récord de generación con cerca de 103.000.000 Mwh.

Benítez Sosa explica que cada año, generalmente en octubre, las autoridades fijan la tarifa de potencia y de energía para el periodo siguiente, denominado año base. Estos acuerdos bilaterales incluyen planillas de cálculos con proyecciones a siete años, donde constan las reducciones presupuestarias conforme avanza la amortización de la deuda. Como ejemplo, cita el acuerdo de 2015 para el año base 2016, cuyas planillas acompañan al Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) mediante resoluciones del Directorio y del Consejo de Administración.

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Los costos reales sin el peso de la deuda

Con la deuda completamente amortizada, el costo real de producción cae drásticamente. El análisis técnico indica que la tarifa de potencia real sin el componente del pasivo se sitúa en unos US$ 8,90/Kw-mes, mientras que la tarifa de energía real desciende a aproximadamente US$ 17,20/Mwh. Sin embargo, la central hidroeléctrica ingresó a una etapa de Actualización Tecnológica (AT) planificada a 14 años que requiere financiamiento.

Para cubrir este proceso, el analista calcula que el presupuesto ideal debe ser de US$ 1.456.200.000. Bajo esta premisa, la tarifa ideal de potencia sube a US$ 10/Kw-mes y la tarifa ideal de energía se acomoda en unos US$ 19,40/Mwh. Este escenario técnico debió aplicarse de manera regular a partir del año 2022.

Este presupuesto anual sin deuda ya incluye los compromisos legales de la binacional: el 12% por capital aportado para la ANDE y ENBPAR, las compensaciones por supervisión y control, los royalties para Paraguay y Brasil, y los gastos operativos, que contemplan los fondos socioambientales convencionales por US$ 150.000.000 divididos entre ambas márgenes.

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El impacto del acuerdo trienal actual

La conclusión del exfuncionario es que con una tarifa basada en el costo real de US$ 1.456.200.000, la ANDE ya no necesita el Acuerdo Operativo. El precio base resulta lo suficientemente beneficioso por sí solo. Además, con la mitad de ese presupuesto asignado a la margen paraguaya (US$ 728.100.000), el país puede contratar las 10 turbinas en 50 Hz —el 100% de la energía paraguaya— y retirar toda la potencia asociada, logrando un ahorro directo de unos US$ 200.000.000 en la compra de su demanda.

No obstante, Benítez Sosa advierte que el actual acuerdo tarifario trienal 2024/2025/2026, consensuado entre los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, perjudicó a la ANDE en aproximadamente US$ 308.000.000. Afirma que el pacto obligó al ente paraguayo a adquirir electricidad a una tarifa sobrefacturada, cuya diferencia se derivó para inflar el presupuesto de gastos sociales de la Itaipú Margen Derecha.

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Finalmente, el técnico jubilado defiende sus proyecciones y cuestiona las declaraciones recientes del exconsejero Eduardo Viedma en la sección económica de este diario. Sostiene que las posturas que minimizan el rol del Acuerdo Operativo demuestran un profundo desconocimiento técnico del sistema y corren el riesgo de distorsionar la percepción de la opinión pública sobre la soberanía energética del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está preparando el sistema de drenaje y la base de lo que será un nuevo viaducto “intercambiador vial” con el que se busca descomprimir las frecuentes congestiones de tránsito que se observan en el cruce.

En consecuencia, un tramo de 300 metros de la autopista Silvio Pettirossi -entre General Aquino y la avenida Ñu Guasu- está parcialmente clausurado, explicó a ABC Cardinal el inspector Mario Ledesma, jefe de la Patrulla Caminera.

Según el Ministerio de Obras, esa clausura parcial se extendería hasta el próximo 26 de mayo.

Circulación por la banquina

Ledesma explicó que el tránsito aún fluye en ambos sentidos sobre ‘Tape Tuja’ y que la situación se fue normalizando tras unos días iniciales de confusión de los conductores.

“Los primeros días tuvimos inconvenientes; la gente parece que no se informó de la situación. Después reforzamos los lugares de flujo y se estaba subsanando de a poco”, dijo el inspector. “La gente está adelantando sus viajes y se está organizando”.

Los vehículos que circulan por el tramo parcialmente clausurado son desviados a la banquina de la ruta, con acompañamiento constante de personal de la Patrulla Caminera, agregó.

Ledesma indicó que los conductores que van de Luque a Asunción y quieran evitar el cruce Las Residentas tienen la alternativa de utilizar la autopista Ñu Guasu para dirigirse al centro de la capital por medio de la Costanera Norte.

¿Cuántos vehículos pasan por el cruce Las Residentas?

El jefe de la Caminera estimó que en la zona del cruce Las Residentas circulan “aproximadamente 7.000 vehículos por hora” durante el periodo considerado “hora pico”, entre las 6:30 y las 8:00.

Activistas exigen a ediles de Capiatá revocar distinción de “hijo dilecto” a Erico Galeano

Los concejales hasta la fecha habían eludido el tema de retirar la distinción pese a que la Junta Municipal de Areguá, donde Galeano tenía numerosos operadores en la política, en la comuna y en entidades deportivas, ya revocó la misma mención en marzo último ante la presión ciudadana.

A 20 días de las internas partidarias, los cartistas le soltarían la mano a Erico Galeano en cuanto a su distinción hecha por la Junta Municipal en 2017.

Esto considerando que de los actuales 12 miembros de la Junta Municipal, dos ediles buscan la intendencia.

A esto se suma que, entre los 10 ediles restantes, seis cartistas y tres liberales buscan otro período en el órgano municipal.

El Presidente de la Junta Municipal es Braulio Riquelme (ANR) y el vicepresidente es David Llano (PLRA).

El concejal José Riquelme (ANR), busca la intendencia por Fuerza Republicana y su colega Luis Garcete (ANR) por la lista 45 Somos Capiatá.

Igualmente los concejales cartistas Mario Mármol, Américo Barreto, Ramón Sosa, Fernando Jiménez, Braulio Riquelme y Raquel Argüello buscan el rekutú.

Entre los liberales también buscan otro periodo Carlos Denis, David Llano y Belém Melgarejo buscan otro periodo.

Hoy no se esperan lluvias ni tormentas eléctricas en ninguna zona del territorio paraguayo, pero mañana, viernes, sí podrían registrarse precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.

El ambiente se mantiene frío en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados antes del amanecer y se esperan máximas de 19 grados en la capital y Encarnación, 20 grados en Ciudad del Este y hasta 19 en el Chaco.

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En algunas zonas como Caazapá la mínima hoy sería de 5 grados.

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.

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La falta de iluminación afecta al límite del barrio Santo Domingo de Guzmán y el barrio San Roque y el barrio San Roque de la ciudad de Areguá. En ese sentido, los pobladores de esta zona piden a las autoridades de la ANDE realizar el cambio, ya que temen que el ambiente sea propicio para hechos delictivos.

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Reclamos sin respuesta

Al respecto, José Luis Tone refirió que hasta ahora realizaron más de seis veces los reclamos, y lamenta la falta de respuesta por parte de las autoridades encargadas de la administración de energía eléctrica.

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“Son más de seis veces las reiteraciones hechas desde hace más de una semana. Hay que tener en cuenta que la semana pasada fue fin de semana largo, pero ya estamos miércoles, y parece ser que no tienen repuestos de los focos. Eso es lo que escuchamos en un programa", refirió.

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Intentamos contactar con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, pero este no respondió las llamadas y los mensajes. Dejamos abierto el canal de comunicación para referirse a las quejas hechas por los pobladores de Areguá.

Los participantes reclamaron públicamente a la Corte Suprema de Justicia que estudie y revoque la sentencia emitida por un Tribunal de Apelación que condenó a Clyfsa a pagar más de G. 65.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por diferencias tarifarias acumuladas desde 2017.

El conflicto judicial entre ambas entidades se arrastra desde hace casi una década y gira en torno a modificaciones tarifarias impulsadas por la ANDE mediante el Pliego Tarifario N.º 21, aprobado en marzo de 2017. Según sostiene la empresa guaireña, la ANDE la recategorizó de manera arbitraria como consumidora en alta tensión, pese a que históricamente cumple funciones de distribuidora de energía eléctrica en Villarrica.

De acuerdo con la posición de la compañía, ese cambio generó un incremento del 94% en el costo de compra de energía, mientras que el aumento permitido para trasladar a los usuarios no superaba el 20%. La firma sostiene que esa diferencia produjo un desbalance financiero cercano al 74%, situación que, según advierten, colocó a la empresa en riesgo de quiebra técnica.

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La controversia se originó luego de la implementación del nuevo esquema tarifario en marzo de 2017, cuando Clyfsa promovió un recurso de amparo que permitió congelar temporalmente los precios de compra y venta de energía mientras se analizaba el fondo del conflicto.

Posteriormente, la ANDE promovió una demanda de cumplimiento de contrato para exigir la aplicación del nuevo pliego tarifario y reclamar las diferencias acumuladas durante los años de vigencia del amparo. En primera instancia, la justicia ordenó aplicar la tarifa vigente, aunque no reconoció inicialmente la deuda reclamada por la estatal eléctrica.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Quinta Sala de la Capital, mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 16 del 5 de marzo de 2026, resolvió condenar a la empresa al pago de G. 65.061.597.943 correspondientes a diferencias tarifarias acumuladas entre marzo de 2017 y setiembre de 2021.

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A esa suma se agregan intereses legales del 2,6% mensual, además de nuevas diferencias acumuladas hasta la fecha de liquidación final, cifra que según estimaciones ya superaría los G. 91.346 millones adicionales.

Confían en la justicia

Durante la caravana, el presidente de Clyfsa, Luis María Ocampos, expresó confianza en que la Corte Suprema analizará detalladamente el expediente y fallará a favor de la empresa. “Tenemos mucha esperanza, tenemos mucha fuerza. Este acompañamiento de la ciudadanía guaireña nos renueva el compromiso justamente con la ciudadanía”, manifestó.

Ocampos confirmó que la acción ya se encuentra actualmente en estudio dentro de la Corte Suprema de Justicia y que aguardan una resolución de los ministros encargados de analizar el caso.

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El directivo sostuvo además que el caso trasciende la disputa económica y se relaciona directamente con la seguridad jurídica y la imagen institucional del Paraguay ante potenciales inversionistas. “Cuando la ANDE y Clyfsa firman algo, eso tiene que ser respetado. Eso es justamente la seguridad jurídica que tiene que transmitir el país”, expresó.

Ocampos también aseguró que mantuvieron conversaciones con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, quienes —según indicó— manifestaron preocupación por el impacto que el caso podría generar sobre la percepción de estabilidad jurídica del país.

Desde la empresa advirtieron además que la eventual confirmación de la sentencia podría afectar a cerca de 18.000 usuarios del sistema eléctrico en Villarrica y poner en riesgo más de 200 puestos de trabajo directos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:00, luego de que un transeúnte alertara a patrulleros sobre la presencia de personas que transportaban aparentes armas largas ocultas en bolsas y mochilas.

Los intervinientes verificaron la denuncia y encontraron en poder de los sospechosos varias armas de fabricación casera, cartuchos y armas blancas.

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Sospechan de un posible hecho de abigeato

El suboficial Vicente Maldonado, del Departamento de Seguridad Turística, señaló que las armas incautadas serían utilizadas habitualmente para hechos de abigeato.

Entre las evidencias halladas figuran rifles de aire comprimido modificados para calibre 22, una escopeta calibre 28, machetillos y una chaira para afilar cuchillos.

“Generalmente, estos tipos de armas caseras son utilizadas para lo que nosotros llamamos abigeo”, manifestó el uniformado.

La Policía presume que los ahora detenidos se dirigían a cometer algún hecho delictivo en la zona baja del puente, aunque esa hipótesis sigue en investigación.

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Alegaron que iban de pesca

Los aprehendidos afirmaron ante los agentes que se dirigían a una jornada de pesca. Sin embargo, los policías señalaron que no llevaban cañas, reels, anzuelos ni otros elementos propios de esa actividad.

“Solamente tenían estos tipos de elementos que estamos observando”, indicó Maldonado.

Los detenidos fueron identificados como Juan Bareiro Benítez, de 68 años; Víctor Fabián Aquino Portillo, de 32 años; y Eduardo Ramón Mallorquín Gómez, de 69 años.

Según el informe policial, ninguno de ellos registra antecedentes penales.

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Incautaron cartuchos y armas modificadas

Durante la inspección, los agentes hallaron un rifle de aire comprimido adaptado para disparar calibre 22, otra arma larga modificada, una escopeta calibre 28 y un total de 27 cartuchos sin percutir.

También fueron incautados machetillos de gran tamaño y otros elementos que llamaron la atención de los intervinientes.

Los tres hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la fiscal de turno, Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal Nº 2 de Asunción.

La Policía continúa investigando el destino real de los sospechosos y el posible uso que pretendían dar a las armas incautadas.

Asimismo, dependencias como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) impulsaron capacitaciones para docentes sobre neuroeducación y estrategias inclusivas. No obstante, especialistas sostienen que las medidas actuales aún resultan insuficientes ante el aumento sostenido de diagnósticos.

La problemática ya no se limita al ámbito educativo: también tiene importantes consecuencias económicas.

El acceso en el país a tratamientos especializados continúa siendo limitado y costoso. Muchas personas neurodivergentes requieren acompañamiento multidisciplinario permanente, incluyendo psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, neurología infantil, psicopedagogía y, en algunos casos, apoyo farmacológico.

Cuando las personas no obtienen la atención necesaria dentro del sistema público de salud, los servicios deben ser cubiertos en el sector privado, donde la carga financiera puede volverse insostenible para muchas familias. Asociaciones de padres y organizaciones vinculadas estiman que los costos terapéuticos mensuales oscilan entre G. 2.000.000 y G. 3.000.000.

En efecto, un niño con TEA puede necesitar entre tres y cuatro terapias semanales para recibir un acompañamiento adecuado. Las sesiones frecuentes de psicoterapia pueden costar entre G. 150.000 y G. 200.000 cada una, lo que vuelve prácticamente imposible mantener tratamientos continuos para numerosos hogares, más aún si se considera que gran parte de los hogares paraguayos dependen de ingresos iguales o inferiores al salario mínimo.

Datos sobre el alcance real del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) muestran que apenas el 15,5% de los trabajadores asalariados percibe exactamente ese ingreso, mientras que alrededor del 40,2% cobra incluso menos. La realidad es todavía más crítica en sectores vulnerables como el empleo doméstico, donde solo el 3,6% de los trabajadores accede al salario mínimo legal.

En consecuencia, muchos hogares terminan recurriendo a préstamos, venta de bienes, múltiples empleos o incluso a la suspensión parcial de tratamientos por falta de recursos. Para numerosas familias con integrantes neurodivergentes, los costos terapéuticos mensuales pueden representar una parte considerable o hasta superior a sus ingresos totales. A esto se suma otro factor silencioso: en numerosos casos, uno de los padres debe reducir su jornada laboral o abandonar completamente el mercado de trabajo para dedicarse al acompañamiento terapéutico y educativo del hijo neurodivergente.

La presión financiera también ocurre en un contexto internacional marcado por crecientes dificultades en los sistemas de salud. En abril de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el 70% de sus oficinas reportó problemas en los servicios sanitarios, especialmente en países de ingresos bajos y medios, debido a reducciones en la financiación destinada a salud pública.

Algunas entidades privadas y organizaciones civiles como Fundación APAMAP, Esperanza para el Autismo y Aso TEA Py, cumplen actualmente un papel fundamental tratando de paliar las necesidades de numerosos hogares.

Actualmente, en Paraguay se estima que entre 45.000 y 133.000 personas se encuentran dentro del espectro autista, cifra que probablemente aumente con mejores mecanismos de detección y diagnóstico.

Otro de los principales problemas es que el mercado laboral paraguayo aún funciona bajo estructuras rígidas y poco inclusivas.

La manera en que Paraguay responda a esta realidad en los próximos años definirá si miles de personas neurodivergentes podrán integrarse plenamente a la sociedad y al mercado laboral, o si continuarán enfrentando barreras que limiten su autonomía, su bienestar y su aporte al país. Porque detrás de cada persona neurodivergente que hoy queda fuera del sistema educativo o laboral, existe también una oportunidad perdida para el desarrollo económico y social del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 65ª Calle’i, tras una llamada ingresada al sistema 911 alrededor de las 15:30.

Según el reporte policial, el cuerpo estaba tendido boca abajo en el suelo de la vivienda ubicada sobre las calles Los Tucanes y Los Jazmines. Por los rastros físicos y la vestimenta, los intervinientes presumen que se trataría de una mujer.

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Vecino alertó por fuerte olor

El comisario Benito Vega explicó que un vecino dio aviso a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente del inmueble.

De acuerdo con el jefe policial, el hombre ya había notado el olor desde horas de la mañana, pero decidió ingresar recién cerca de las 15:20, momento en que encontró el cuerpo.

“El médico forense mencionó que tendría aproximadamente siete días en ese estado”, señaló el comisario.

La víctima vestía un pantalón jeans azul y un abrigo rojo, según detalla el informe policial.

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No lograron identificar a la víctima

Hasta el momento, la persona fallecida no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

El comisario indicó que personal de Criminalística no logró obtener datos a través del sistema AFIS, por lo que el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para estudios forenses más detallados.

Los investigadores buscan determinar tanto la identidad de la víctima como la causa de muerte.

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Sospechan consumo de drogas en el lugar

Vecinos de la zona manifestaron a los intervinientes que la vivienda abandonada suele ser frecuentada por personas adictas, principalmente durante la madrugada.

Según datos recabados por la Policía, el propietario de la casa reside en España desde hace aproximadamente diez años y el inmueble quedó prácticamente abandonado.

Consultado sobre posibles signos de violencia, el comisario Vega indicó que, a simple vista, no observaron heridas ni rastros de sangre, aunque aclaró que el estado del cuerpo dificulta cualquier evaluación preliminar.

“Podría haber sido una sobredosis, pero eso se va a determinar con los estudios”, expresó.

Fiscalía y Criminalística intervienen en el caso

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Nº 7, Viviana Riveros, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística y del médico forense.

Los investigadores también confirmaron que en la zona no existen cámaras de circuito cerrado que puedan ayudar, por ahora, a reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sustentó el escrito en el artículo 44 de la Ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas en Paraguay, en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, que tipifica el lavado de dinero.

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Fiscalía apunta a empresa vinculada a Marset

De acuerdo con la investigación fiscal, García Troche habría constituido la sociedad “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía era “Total Cars”, con el objetivo de introducir en el circuito financiero dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Según la tesis del Ministerio Público, la empresa fue utilizada como una estructura para aparentar operaciones legales y justificar movimientos económicos vinculados al entorno de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

La Fiscalía sostiene que García Troche, en su condición de pareja de Marset, actuó para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína.

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Certificado laboral “aparentemente falso”

La acusación también refiere que la uruguaya habría abierto una cuenta en el Banco Visión utilizando un certificado de trabajo aparentemente falso.

En el documento se hacía constar que era propietaria de un tractocamión Volvo, con chapa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la firma “Kuarahy SRL” para realizar viajes internacionales al Mercosur.

El certificado señalaba además que el vehículo generaba ingresos mensuales aproximados de US$ 7.500 mediante dos o tres viajes por mes. Para la Fiscalía, estos documentos habrían servido para justificar fondos de origen ilícito bajo apariencia de actividades comerciales legales.

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Empresa fue creada en 2021

La sociedad “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital integrado de G. 1.000 millones, según los antecedentes de la causa.

La acusación detalla que García Troche poseía el 75% de participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma. El restante 25% correspondía a Alexis Vidal González Zárate, quien figuraba como vicepresidente.

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Jueza deberá definir si el caso va a juicio

La causa está a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien deberá convocar próximamente a una audiencia preliminar para analizar la acusación presentada por el Ministerio Público.

En esa diligencia, la magistrada resolverá si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público contra Gianina García Troche en el marco del caso A Ultranza.

Durante su recorrido, una asegurada filmó el momento en que estaba acercándose el doctor Isaías Fretes y en un momento dado le dijo que existe faltante de medicamentos en la farmacia del IPS en Concepción.

Por su parte, el médico le contestó que hace un mes está al frente de la previsional y que en poco tiempo se tendrá la farmacia con los medicamentos requeridos por los asegurados.

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Existen muchas falencias en Concepción

En una entrevista brindada en la ciudad de Horqueta, donde se está construyendo un parque de la salud del IPS, el titular del IPS, aseguró que existen muchas falencias en Concepción. Agregó que le es imposible resolver todo, como por ejemplo la falta de anestesistas, porque el país produce muy pocos especialistas en esa área.

Finalmente, expresó que ha iniciado las gestiones para poder paliar algunas de las falencias que se tienen en el hospital regional del IPS en Concepción.

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Fue detenido en la vía pública

Agentes de la Comisaría 2ª de Asunción asignados al operativo de seguridad desplegado en el principal coliseo deportivo de nuestro país, con motivo del partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, interceptaron al joven y ante la actitud sospechosa, se acercaron a él para exigirle la presentación de sus documentos de identidad.

Luego, consultaron al Sistema Informático de la Policía, donde se informaron de la orden de captura pendiente y lo arrestaron.

Benítez mencionó que, por lo general, la gente cree que los beneficios que llegan a las asociaciones de productores de Misiones son solamente para un grupito de personas.

“En Misiones hay muchos que se hacen agricultores y no lo son; algunos dirigentes dicen que tienen 3.000 personas en sus asociaciones, pero no se ve dónde está la producción si es que hay tantos productores. Es necesario realizar un censo para depurar los padrones. Esto permitirá que los recursos alcancen y lleguen a quienes realmente corresponden”, indicó.

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Hambre Cero

En otro momento, el dirigente se dirigió al gobernador Ramírez para solicitar más oportunidades para proveer productos de horticultura a Belmac SA, empresa responsable del servicio de alimentación escolar a través del Programa Hambre Cero. Benítez explicó que ningún productor de San Patricio está proveyendo a la firma debido a que la empresa no acepta pagar el precio justo y, muchas veces, se debe esperar más de un mes para recibir el pago, generando pérdidas diarias.

Por su parte, Richard Ramírez señaló que el gobierno departamental trabaja y coordina con el sector productivo. Agregó que siempre escucha las sugerencias y reclamos de los productores, y destacó que la empresa responsable del servicio tiene apertura para colaborar con los agricultores de la zona.

Entrega de maquinarias

Durante el acto, el MAG realizó la entrega del tractor con sus implementos a la Asociación de Pequeños Productores Jaiko porâve rekavo de la compañía Potrerito Ybate. La inversión es de aproximadamente G. 800.000.000. Luis Benítez señaló que las gestiones se realizaron con el acompañamiento del senador Derlis Maidana (ANR – HC), quien mencionó que este sería el sexto tractor entregado en Misiones.

Mec se compromete en reparar techo colapsado de escuela en Pilar

Durante casi un año, los estudiantes debieron desarrollar clases en condiciones improvisadas dentro del tinglado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, “Azules”, mientras aguardaban una solución definitiva.

Docentes, padres y alumnos debieron adaptarse a espacios no preparados para la enseñanza, exponiendo una vez más las carencias históricas en materia de infraestructura escolar.

La nueva construcción demandó aproximadamente de 1.400 millones de guaraníes, financiados con recursos provenientes del FONAES, royalties y aportes genuinos de la Municipalidad de Pilar, según explicó el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR).

El nuevo pabellón cuenta con dos plantas, seis aulas, salón multiuso, cocina comedor, sanitarios sexados y renovación total del sistema eléctrico, además de otras obras complementarias.

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En el acto de inauguración participaron también el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR); las concejalas Marita Campias (PLRA) y Maida Fernández (ANR); además de la concejal departamental Eleuteria López (ANR).

El jefe comunal agradeció especialmente a los directivos del cuartel de bomberos por haber cedido sus instalaciones para el desarrollo de clases durante el periodo más crítico.

Sin embargo, varios padres señalaron que la respuesta institucional llegó tarde y que la comunidad tuvo que soportar durante años las consecuencias de una infraestructura deteriorada que ya presentaba señales de riesgo antes del colapso del techo.

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El director de la institución, Lilio Verón, expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones y se comprometió a trabajar junto con los alumnos para preservar las mejoras realizadas.

La exdirectora de la escuela, Erika Vargas, emocionada, recordó los inicios modestos de la institución.

“Comenzamos con una sola sala y gracias al apoyo de vecinos, padres y comerciantes la institución fue creciendo. Hoy emociona ver cómo aquella semilla se convirtió en esta gran escuela”, expresó.

Según los datos de Inteligencia, el objetivo sería robar mercaderías electrónicas de gran volumen provenientes del extranjero durante los procedimientos de descarga en el aeropuerto, principalmente en horario nocturno.

El comisario principal Arnaldo Irala, jefe de Prevención de la Dirección de la Policía Nacional en Alto Paraná, explicó que la alerta fue recibida a las 16:30 de este miércoles a través del Comando Tripartito, tras lo cual se activó inmediatamente un operativo preventivo.

De acuerdo con el jefe policial, fueron desplegados entre 30 y 40 efectivos policiales, conformados por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), patrulleras y dos vehículos blindados. A estas tareas también se sumaron militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Irala explicó que desde hace tiempo las cargas de alto valor que salen del aeropuerto ya eran escoltadas por al menos cinco patrulleras, pero que con esta amenaza se decidió reforzar la seguridad tanto dentro del aeropuerto como en el traslado y posterior descarga de las mercaderías.

El informe solicita reforzar especialmente la vigilancia los días miércoles, sábados y domingos, entre las 19:00 y las 05:00, horario considerado de mayor riesgo conforme a los datos manejados por inteligencia. No obstante, la presencia del refuerzo policial será las 24 horas, confirmó Irala.

“Nosotros presentamos nuestra respuesta a la nota que habían presentado el sector sindical y nos ratificamos en que el reajuste tiene que ser tiene que hacerse en base al IPC. Seguramente el próximo miércoles vamos a tratar a fondo esa nota; es la misma posición que la vez pasada”, refirió al respecto Enrique Vidal, representante del sector empresarial.

Por su parte, desde el sector sindical, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sostuvo que los estudios técnicos realizados por su sector arrojan una pérdida del poder adquisitivo del 22.3%.

Asimismo, según Rojas, para “buscar el camino”, el reajuste debería ser de aproximadamente G. 647.000 “para recuperar el costo de vida del paraguayo”, aunque también recalcó que existe una “negociación política” en torno al reajuste. “Vamos a recurrir a todas las instancias que corresponden”, aseguró Rojas.

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Ministerio de Trabajo convocará a técnicos

Por su parte, el viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que para la reunión del próximo miércoles, la cartera estatal prevé convocar a técnicos de empresariales y sindicales para continuar las discusiones.

También detalló que además de continuar con la negociación, se prevé alcanzar para el 15 de junio próximo una “posición consensuada o de mayoría” en torno al reajuste, ya que el tiempo límite es el 30 de junio.

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Según los datos oficiales, el salario mínimo vigente es de G. 2.899.048 y la normativa actual establece su ajuste conforme al IPC, que determina la inflación. La revisión se realiza cada año.

En las condiciones actuales, conforme a datos del Banco Central, la variación del IPC tras el último ajuste ronda el 2,4% y considerando los meses que aún faltan incorporar al cálculo, se estima que el incremento del SML rondaría G. 87.000.

El exlegislador colorado cartista ingresó hoy al Centro Nacional de Prevenidos, exPenitenciaría de Tacumbú, donde guardará reclusión mientras continúa el proceso al que está sometido. La condena fue ratificada en segunda instancia, pero el exparlamentario -hoy preso número 1.645 del penal- recurrió a la Corte Suprema de Justicia en un último intento de revertirla.

Sobre el punto, el presidente Santiago Peña fue consultado hoy en la ciudad de Concepción, donde realizó una jornada de gobierno. El mandatario dijo, aludiendo a Erico Galeano, que “la justicia hizo su trabajo”.

En varias ocasiones, Peña defendió a Erico Galeano, como en el 2024 en Uruguay cuando defendió la restitución de fueros al entonces senador colorado cartista.

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“Nosotros tenemos que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Mi posición es que claramente sentimos que a veces la vara no es la misma para todas, la justicia no es la misma para todas. Por un lado, vemos hoy a un exsenador del Partido Colorado, que ha sido condenado, que está cumpliendo ya una pena; pero por otro lado, vemos a intendentes, exintendentes, autoridades de otro partido político donde la justicia no es tan rigurosa con ellos”, manifestó Peña, sin dar nombres.

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“Yo no soy el Poder Judicial”

Seguidamente, el presidente Santiago Peña dijo que se necesita “que la vara sea la misma para todos”. Consultado si considera que el caso Erico Galeano es una injusticia, respondió: “No, yo no soy el Poder Judicial”. “Yo soy el poder ejecutivo. El poder judicial es el que tiene que administrar la justicia. Yo respeto la autonomía que tiene este sistema republicano de equilibrio de poderes. Cada uno con su responsabilidad, el poder ejecutivo hace esto que estamos haciendo, hace obras, progreso, desarrollo, el poder legislativo aprueba las leyes y el poder judicial administra la justicia”,

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Para acceder a su medicamento, el paciente promovió un amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción hizo lugar a la acción mediante la Sentencia Definitiva N° 15, dictada el 10 de marzo de este año.

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La resolución ordenó al Estado suministrar de forma inmediata el medicamento prescripto por la oncóloga del paciente. No obstante, según la abogada Katia Guedes, hasta la fecha la cartera sanitaria no cumplió la disposición judicial.

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“La Justicia ya habló. Ahora le corresponde al Ministerio obedecer. Es por eso que estamos recurriendo a los medios para que se hagan eco de esta situación”, expresó la abogada Katia Guedes, quien presentó el amparo constitucional en representación del paciente.

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La profesional señaló que el fallo dejó en claro que el derecho a la salud y a la vida no puede quedar supeditado a cuestiones presupuestarias o administrativas.

“Cada día que transcurre sin el suministro del medicamento no es una demora burocrática: es una amenaza concreta e inaceptable contra la vida de Luis Carlos”, advirtió Guedes.

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La abogada también responsabilizó al Ministerio de Salud y al Estado paraguayo por cualquier agravamiento en el estado del paciente y anunció que, de persistir el incumplimiento, impulsará nuevas acciones judiciales, incluso en el ámbito penal.

Familiares del afectado iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar el caso y solicitar apoyo ciudadano, con el objetivo de que el medicamento sea entregado sin más demoras. Según indicaron, el plazo estimado por los médicos para iniciar el tratamiento ya fue ampliamente superado.

La empresa adjudicada es el Grupo Belmac SA, representada legalmente por Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson. El monto estimado de la inversión por el contrato plurianual es de G. 9.902.880.000, con vigencia desde el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.

La provisión del servicio consta de un promedio de 1.000 platos diarios, distribuidos en cinco comidas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena.

Los representantes de la empresa lamentaron la situación, pero refirieron que asegurarán la provisión de los alimentos para los pacientes, a pesar de varios meses de falta de pago por parte del Estado.

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Del orgullo a la mora

El sistema es similar al utilizado en el programa Hambre Cero, en el que se computa y se paga por cantidad de platos servidos. La empresa montó una cocina en el hospital para hacerse cargo de este servicio.

En promedio, son 50 trabajadores quienes se encargan de la preparación y distribución de los alimentos por parte de la empresa encargada.

Estiman que, desde que se puso en funcionamiento el HGI el 25 de julio del 2025, habrían cobrado dos facturas, quedando más de nueve meses sin cobro por el servicio.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana posteaban con orgullo en redes el modelo de provisión tercerizado de alimentación en este nuevo centro hospitalario en octubre de 2025. Destacaban la variedad y calidad de los menús entregados a pacientes.

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Evalúan medidas

Habrían analizado la posibilidad de disminuir las raciones y asegurar solamente la provisión a pacientes, dejando fuera a funcionarios y médicos, para reducir la carga económica que debe sostener la empresa mientras la institución incumple con el pago.

Lamentaron la situación porque, en contrapartida, existen otras empresas que ante impagos cortan el servicio. En este caso reconocen la sensibilidad del área a la que proveen, según indicaron.

De viaje

Por su parte, el director del Hospital General de Itapúa (HGI), doctor Juan María Martínez, manifestó que se encuentra de

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El Hospital General de Itapúa

La obra de construcción del HGI, también llamada oficialmente Gran Hospital del Sur, fue aprobada, adjudicada e iniciada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en 2021. Representa una inversión de G. 275.493.027.119 y la ejecución fue encargada al Consorcio Hospitalario del Sur.

El consorcio está representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último extitular de la Essap (2002-2008).

Estuvo compuesto por la Sociedad Constructora del Chaco SA, representada por Marcial Manuel López Cano y Luis María Gulino Canese; la Constructora Díaz Martínez, representada por el ingeniero Ricardo Díaz Martínez; ASCENT SA, anteriormente conocida como Barrail y Hermanos SA, representada por Juan Esteban Carrón, Sebastián Cabello y Juan Carlos Ruggeri; y Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo.

El HGI cuenta con 160 camas de internación, 70 camas en urgencias, 72 camas de terapia intensiva, 58 consultorios, 9 quirófanos, 18 sillones de quimioterapia y 20 unidades de diálisis.

No obstante, el Gobierno ratificó el pago de los US$ 80 millones previstos para mayo y se comprometió además a desembolsar otros US$ 50 millones en junio y cerca de US$ 70 millones en julio.

Tras el encuentro con el ministro del MEF, Óscar Lovera, el presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, y el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Édgar Villalba, informaron a la prensa que se acordó conformar una mesa de trabajo y que las negociaciones continuarán la próxima semana.

Analizan varias herramientas financieras

Ávila explicó que, debido al elevado monto de la deuda, no será posible resolver la situación con un único mecanismo financiero. “Deben ser varias herramientas para poder llegar a un acuerdo mutuo”, sostuvo.

Indicó además que ya quedó conformado un equipo técnico y jurídico encargado de avanzar en modificaciones pendientes relacionadas con el decreto reglamentario y una resolución vinculada al proceso de cesión de créditos (una figura similar al “factoraje”, que es un concepto aplicado entre privados). “Ahora quedó el equipo técnico y jurídico trabajando con ellos, a ver si el próximo miércoles podemos tener un avance en el documento”, señaló.

En paralelo, agregó que el equipo financiero volverá a reunirse el martes para analizar nuevas alternativas. Según explicó, hasta ahora solo se había planteado la cesión de crédito, pero el sector busca otros mecanismos que permitan reducir la deuda sin trasladar mayores costos financieros a los proveedores.

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Eventual emisión de bonos y preocpuación por costo de intereses

Entre las opciones analizadas figuran una eventual emisión de bonos para cubrir compromisos pendientes desde 2023, reprogramaciones presupuestarias y ampliaciones de recursos.

Ávila señaló que el Gobierno también expresó apertura para negociar el impacto de los intereses financieros generados por la deuda. “Nosotros como cámaras no estamos de acuerdo en pagar una tasa muy alta de interés”, afirmó.

Agregó que el ministro Lovera manifestó igualmente la preocupación del Ejecutivo sobre el costo financiero de la operación. “Tenemos que tener más alternativas y más opciones para que el financiamiento pueda llegar a buen puerto para todos, para que ellos puedan pagar y nosotros podamos cobrar”, expresó.

Es que mientras se prometen pagos parciales, la deuda sigue creciendo porque cada mes se siguen proveyendo productos y servicios de salud.

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Garantizan provisión de medicamentos

En ese sentido, pese a la situación financiera, el vocero de la Cripfa, Édgar Villalba aseguró que continúan abasteciendo de medicamentos e insumos tanto al Ministerio de Salud Pública (Mspybs) como al Instituto de Previsión Social (IPS).

Aclaró que las entregas dependen de las órdenes de compra emitidas por las instituciones públicas y negaron que exista una suspensión general de provisión. “Nunca se dejó de proveer. Los proveedores seguimos acompañando al sistema de salud porque entendemos que la población no puede quedar sin medicamentos ni sin servicios esenciales”, remarcó.

Indicó además que las necesidades mensuales del Ministerio de Salud representan entre US$ 25 millones y US$ 30 millones, que son los montos que cada mes se van sumando a la deuda que se arrastra desde hace años.

Sin embargo, el proyecto fue postergado de nuevo por dos semanas, en medio de críticas por ser atentatorio contra los derechos de los menores, sobre todo en un país con un alto nivel de padres deudores alimentarios (2.276 en total hasta inicios de mayo, sin contemplar el subregistro).

La iniciativa de Jatar Fernández, que ayer alegó supuestamente ser un 3% más inteligente que sus colegas, genera críticas contra una Cámara Baja que en su mayoría dice ser “provida y profamilia” y que se embandera con el eslogan de “con los niños no”.

El proyecto de ley en cuestión establece que “dicha obligación (del pago de la pensión alimentaria) decaerá de pleno derecho el día que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante, con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".

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La iniciativa cuenta con dictámenes divididos. Por el rechazo se pronunciaron las comisiones de Equidad Social e igualdad entre el Hombre y la Mujer y la de Niñez y Adolescencia. A favor la de Legislación y la de Justicia.

El “más inteligente”, pero con poca capacidad comprensiva

Ayer en la sesión ordinaria de Diputados, el diputado Jatar “Oso” Fernández intentó confrontar con sus colegas Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) queriendo darles cátedra de cómo hacer política y declarando ser más inteligente que ellos, sin embargo, terminó ridiculizado.

Jatar Fernández rápidamente olvidó “humilde” pasado y sus promesas de campaña

“Querida diputada (Ortega) hay muchos jóvenes que están viendo y van a tomar tu camino. También, apreciado Raúl (Benítez) hay muchos jóvenes que miran tu trayectoria política y van a aprender la forma de hacer política que tienes. Ya tuvimos una mala experiencia con Paraguayo Cubas y mucha gente que trajo él”, le reprochó Jatar a sus colegas por hacer oposición y no ser oficialistas como él.

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Lo que parece que olvidó al hablar de la “mala experiencia” con los que trajo Payo Cubas, metiendo a “gente sin educación, sin escrúpulos, sin códigos, sin palabra, desleales”, es que él es uno de esos.

Jatar fue electo por Cruzada Nacional; a los días de jurar, se hizo aliado de los cartistas, algo que le recordó en la sesión la diputada Ortega.

“No voy a dejar que hable de estafa electoral un estafador electoral que tardó 3 días para cambiarse de bando”, le dijo Ortega, remarcando que Fernández ni siquiera tiene capacidad comprensiva, ya que la acusó de hablar del diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) sin siquiera haber insinuado su nombre.

En otra parte, ya hasta jocosa por lo absurdo, Jatar pidió “cordura, racionalismo -razonen un poquito-, ustedes, la generación que bajó 3% su IQ, será porque la tecnología seguramente le sacó el razonamiento, mi generación tiene 3% más de IQ y probablemente vamos a tener 10% más de los que vienen”.

El diputado Benítez directamente se rindió en intentar entender el “javorai” de ideas que supuestamente quiso transmitir Jatar, a la par de insistirle que es el menos indicado para querer dar cátedra de política.

Le remarcó que nada puede enseñarle alguien que “llega a una banca y se entrega en el primer dia a la mayoría porque le conviene a él para invadir alguna propiedad y una aguatera".

“Hoy empezamos un polo que incluye un puerto fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso, infraestructura logística que serán la columna vertebral de un ecosistema industrial sin precedentes”, dijo en un discurso el director ejecutivo de Paracel, Flavio Deganutti.

El empresario indicó que la infraestructura prepara “el camino para la fábrica de celulosa de Paraguay”, una planta que, según dijo, “transformará la producción forestal” que el mundo demanda.

Asimismo, destacó que en 2027 se iniciará la construcción de la planta y en 2028 arrancará la primera fase de sus operaciones.

Inversión en la fábrica de celulosa

Hasta ahora, Paracel ha invertido en este proyecto unos 1.500 millones de dólares, “la mayor inversión privada de Paraguay”, afirmó Deganutti, que se ha destinado a obras previas, expansión de la masa forestal y proyectos socio ambientales.

La empresa ha incorporado al proyecto alrededor de 203.000 hectáreas, de las cuales unas 100.000 están plantadas y representan unos 110 millones de árboles en siete años, detalló el directivo.

Además, Deganutti anunció que el grupo brasileño Sudati, el mayor fabricante y exportador de contrachapados del vecino país, “se integra al polo industrial de Paracel con una inversión de más de 200 millones de dólares” a lo largo de 5 años.

Paracel y Sudati plantarán 30.000 hectáreas adicionales y juntos buscarán el aprovechamiento integral de la madera y sus subproductos, añadió.

Este proyecto tiene el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de 165 millones de dólares.

Creada en 2019 para desarrollar una planta de celulosa de “clase mundial” en Concepción, Paracel está compuesta por el Grupo Zapag de Paraguay, Heinzel Group de Austria y Girindus Investments de Suecia, según su página web.

Ahora, activistas sociales buscan el mismo procedimiento en Capiatá donde fue declarado “ciudadano ilustre” en junio de 2016, a iniciativa del exconcejal Oscar Barreto, por su labor como presidente del club homónimo al distrito.

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“Mantener este reconocimiento a alguien que hoy se encuentra en prisión por delitos graves como lavado de activos y narcotráfico es un insulto a la dignidad de cada capiateño”, expresó el activista Alejo Ventura en sus redes sociales tras hacer entrega del pedido en compañía del abogado Miguel Fernández.

Ventura sostuvo que el título de “Ciudadano Ilustre” no es un papel cualquiera, sino un reflejo de los valores que queremos dejarles a nuestros hijos.

“Capiatá es una ciudad de gente trabajadora, honesta y de bien”, agregó Ventura, ex candidato a diputado por el Partido Patria Querida (PPQ) en 2023.

Ventura sostuvo que “la pelota está en la cancha de los concejales” y que la nota debe ser tratada mañana, jueves, en la sesión ordinaria.

“La falta de acción previa de nuestras autoridades nos preocupa, pero mañana tienen la oportunidad histórica de demostrar de qué lado están: si del lado de la impunidad o de la coherencia y el saneamiento ético de nuestra comunidad”, aseveró.

Lamentó que mucha gente defienda a narcos

La publicación de Ventura; sin embargo fue copada por personas a favor de Galeano. En dicho contexto, el activista señaló que es fácil caer en la trampa de ver el “dinero rápido” como una solución a la pobreza, pero la realidad es que ese bienestar es un espejismo que sale carísimo a largo plazo.

“La asociación criminal, el narcotráfico y el lavado de dinero son, en realidad, un motor de destrucción social”, sostuvo.

Sostuvo que todo lo hecho por Galeano fue “Pan para hoy, hambre para mañana”. “El dinero del narcotráfico es como una inyección de adrenalina en un cuerpo enfermo: da una sensación de energía momentánea, pero termina agotando los órganos y matando al paciente. Una sociedad que acepta el dinero del crimen está canjeando su seguridad, su justicia y el futuro de sus hijos por una estabilidad económica falsa y violenta”, arremetió.

La pobreza monetaria se redujo de manera significativa en las últimas dos décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la incidencia de la pobreza total pasó de 46% en 2002 a aproximadamente 16% en 2025. Esta caída es real y consistente con mejoras en ingresos laborales y transferencias sociales.

Sin embargo, esa mejora, por sí sola, no describe completamente la estructura económica sobre la que se sostiene.

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Medición de pobreza se basa en ingresos

La medición oficial de la pobreza se basa en ingresos y establece un umbral: quien no lo alcanza es considerado pobre. En 2025, la línea de pobreza extrema se ubicó en Gs. 933.108 mensuales per cápita para zonas urbanas y en Gs. 681.839 para zonas rurales. El problema no es el umbral en sí, sino lo que ocurre alrededor de él.

La distribución del ingreso muestra que una proporción importante de la población se concentra en niveles cercanos a esos límites apenas por encima de la línea de pobreza, según datos recientes del INE y estimaciones utilizadas en análisis nacionales sobre vulnerabilidad económica. Esto implica que pequeños shocks —como enfermedad, pérdida de empleo, endeudamiento o aumento del costo de vida— pueden empujar nuevamente a muchos hogares hacia situaciones de privación.

No se trata solamente de pobreza en sentido estricto. Se trata de fragilidad económica.

Ingresos de la población crecen, pero su composición condiciona lectura de la pobreza

El mercado laboral refuerza esta estructura. De acuerdo con el INE, alrededor de seis de cada diez ocupados en Paraguay se encuentran en situación de informalidad. A su vez, una proporción importante de los asalariados informales percibe ingresos por debajo del salario mínimo. Esto implica que una parte relevante de los trabajadores genera ingresos que, aun permitiendo superar la línea de pobreza, no garantizan estabilidad ni protección.

Las mipymes y su impacto en el PIB

La estructura productiva profundiza este patrón. Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), las micro, pequeñas y medianas empresas-mipymes representan aproximadamente el 98% de las unidades económicas del país y concentran cerca del 70–75% del empleo. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto continúa siendo relativamente reducida.

Más que representar un problema en sí mismas, estas características reflejan las limitaciones estructurales de una economía compuesta mayoritariamente por unidades productivas de pequeña escala, con baja capacidad de acumulación, productividad e incorporación tecnológica, que la mayoría de las veces surgen como opción para aquellos que no tienen otras oportunidades.

Adicionalmente, estimaciones de organismos internacionales como el PNUD indican que el número de unidades productivas informales supera ampliamente al de las formales.

El resultado es una economía con alta capacidad de absorción de empleo, pero limitada capacidad de generación de valor.

Mejores ingresos pero sin mejoras estructurales

En este contexto, la mejora de ingresos observada en los últimos años debe ser interpretada con cautela. Los ingresos de los sectores de menores recursos crecieron a tasas superiores al promedio, en parte impulsados por programas sociales y transferencias públicas.

Esta dinámica contribuye a la reducción de la pobreza monetaria, pero no necesariamente implica una transformación de las condiciones estructurales de generación de ingresos para una mejor calidad de vida.

Al mismo tiempo, el consumo muestra señales de expansión apoyadas en financiamiento. El ritmo de crecimiento del crédito al consumo y del uso de tarjetas, sugiere que una parte del bienestar observado se sostiene en endeudamiento y no exclusivamente en ingresos permanentes.

A esto se suma un entorno macroeconómico caracterizado por crecimiento heterogéneo, presiones sobre el sector formal y riesgos asociados a volatilidad externa y fiscal.

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Datos incompletos

En conjunto, estos elementos configuran una paradoja aparente: la pobreza disminuye mientras persiste una alta proporción de población en situación de vulnerabilidad económica.

No es que los datos estén equivocados. Es que son incompletos.

Es posible no ser considerado pobre en términos monetarios y, al mismo tiempo, enfrentar carencias en aspectos clave que afectan la calidad de vida y la capacidad de sostener el bienestar en el tiempo.

En este sentido, la reducción de la pobreza por ingresos puede coexistir con persistencias estructurales que no son capturadas por el indicador tradicional.

La pobreza, medida como insuficiencia de ingresos, se reduce, pero la vulnerabilidad, entendida como la incapacidad de sostener esos ingresos en el tiempo y de absorber shocks, permanece y, en algunos casos, se amplía bajo nuevas formas menos visibles.

Parte importante del debate económico ha tendido a ubicar la informalidad como el problema central. Sin embargo, esta mirada corre el riesgo de confundir causa con consecuencia.

¿Y si la informalidad no es únicamente el problema, sino también la forma en que el sistema económico se adapta a sus propias limitaciones?

Baja productividad y limitada capacidad de generar valor

En una estructura productiva caracterizada por baja productividad, alta fragmentación y limitada capacidad de generación de valor, la informalidad no aparece solamente como una anomalía, sino también como un mecanismo de ajuste: permite absorber mano de obra, generar ingresos mínimos y sostener niveles básicos de actividad en contextos donde el sistema formal no logra expandirse al mismo ritmo.

En ese sentido, la informalidad no desaparece porque cumple una función. El problema no es únicamente su existencia, sino las condiciones estructurales que la hacen necesaria.

Si bien existen grandes esfuerzos tanto desde el sector público como desde las organizaciones, orientados a la formalización, profesionalización y fortalecimiento empresarial, gran parte de las unidades económicas aún enfrenta restricciones de escala, financiamiento, incorporación tecnológica, capacitación y acceso a mercados. En una economía compuesta mayoritariamente por emprendimientos de pequeña dimensión, muchas veces surgidos como mecanismo de subsistencia o autoempleo, estas limitaciones condicionan la capacidad de generar valor y sostener procesos de crecimiento.

Mientras estas condiciones estructurales persistan, la mejora en los indicadores convivirá con una base económica todavía vulnerable.

La pobreza persiste, cambiando de forma

En ese escenario, la pobreza no desaparece completamente: cambia de forma. El indicador puede mejorar, aunque la vulnerabilidad permanezca dentro del sistema.

Si la pobreza puede reducirse en el indicador, pero la vulnerabilidad económica permanece, entonces la pregunta deja de ser cuántos son pobres, y pasa a ser cuán estable es la vida económica de quienes logran salir de esa condición".

“La medicina más cara es la que no hay. Pedimos encarecidamente que sean empáticos y repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar de nuestro bolsillo”, expresó la paciente.

Martínez dijo que en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas, si bien reponen los medicamentos, no alcanzan para cubrir la demanda de personas hipertensas que dependen diariamente de estos tratamientos.

“Somos muchas personas las que necesitamos ese remedio y la situación ya es preocupante, porque parece que se reparte de forma privilegiada. Ya no sabemos qué pensar ni a quién recurrir”, expresó.

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Respuesta regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, aseguró que actualmente cuentan con medicamentos como amlodipina y enalapril.

Explicó que la reposición de fármacos se realiza del 1 al 5 de cada mes y posteriormente se distribuyen a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Agregó que, si en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas existen faltantes, los responsables del servicio deben realizar el pedido correspondiente y retirar los medicamentos del parque sanitario.

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Mafia de los pagarés: abogada y asociados van a juicio por cobrar una misma deuda dos veces

Esto mediante la ejecución vía judicial y descuentos automáticos de su salario principalmente a funcionarios públicos, utilizando un mismo pagaré de manera casi infinita, con la connivencia de la justicia.

Es decir, el origen del esquema delictivo se sustenta en no devolver los pagarés tras la cancelación de la deuda, y ejecutarlos una y otra vez con la complicidad judicial, que incluso permitía iniciar juicios de cobro con simples copias “autenticadas” y en paralelo en diferentes juzgados.

Es por ello que ayer, Diputados aprobó en general y comprometió su estudio en particular como primer punto de la sesión del próximo martes 26 del proyecto de ley "que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que ya tiene la media sanción del Senado.

Así como ya está sancionada y se espera la promulgación por parte de Santiago Peña del proyecto que obliga a que los pagarés y otros documentos de cobro originales queden depositados en los Juzgados, y una vez cancelada la deuda se devuelvan al deudor, falta esta otra pata para obligar a las empresas a la devolución bajo amenaza de sanciones.

“Se establece un plazo de 5 días hábiles como tiempo máximo para que el acreedor devuelva al deudor este instrumento tan famoso (pagarés) por este esquema rotulado por la ciudadanía como ‘Magia de los pagarés’”, comentó el diputado Néstor Castellano (ANR, HC) sobre una de las disposiciones principales del proyecto.

Esto con el fin de eliminar las excusas para la devolución, incluso a veces el extravío del documento, lo cual al final termina en sorpresa para la víctima, ya que tiempo después se entera de que utilizaron ese pagaré para ejecutarle el cobro por una deuda que ya canceló.

Castellanos acotó que como forma de obligar a los acreedores a la devolución, “se establece una sanción del pago del 20% del total de la deuda imputable al acreedor cuando no proceda a la entrega del pagaré”.

No obstante, el líder de la bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto pidió postergar hasta este martes 26 el estudio en particular, alegando querer hacer pequeños cambios que aún no fueron especificados.

“Se van nuestros compatriotas a la playa de autos (u otra empresa de otro rubro) y les dicen: Señor, su pagaré aún no está disponible, está en el departamento de créditos. Vuelve nuevamente y le dicen: No está disponible, está en tesorería, vuelva la próxima semana, o que está en la escribanía... un sinfín de excusas que hacen que el pobre paraguayo (...) se canse y termine dejando de reclamar este documento que luego, evidente, es utilizados por grupos delictivos, mafiosos” para luego “estafar, engañar y arruinar la vida de muchos paraguayos/as”, insistió Castellanos.

En el caso de sufrir modificaciones, el proyecto deberá retornar al Senado para su tercer trámite legislativo.

La magistrada indicó que tomó dicha determinación teniendo en cuenta la gravedad del caso, la posible influencia del imputado en los hijos que fueron víctimas en la declaración y la falta de arraigo del sospechoso. Fuentes judiciales indicaron que el imputado será evaluado por un psiquiatra para determinar si tiene un trastorno mental; desde su entorno reportaron que padece un cuadro de depresión y que está en tratamiento.

Antecedentes del caso

El ahora procesado penalmente, el lunes último, recogió a sus dos hijos de la escuela y, en lugar de llevarlos a su casa, los dirigió a un área rural donde aparentemente les intoxicó con cocaína y un fármaco controlado, según la investigación penal. Posteriormente, los infantes fueron rescatados por un tío y llevados a un hospital cercano para los primeros auxilios, desde donde fueron derivados al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para una mejor atención.

A los mellizos se les practicó un test toxicológico, arrojando resultado positivo a las sustancias mencionadas, y permanecen internados.

Horas después, el padre de los niños fue detenido e imputado por la fiscala Sarita Bonzi, quien solicitó que sea remitido a prisión, lo que finalmente se dispuso este miércoles por orden de la jueza Vivian Quiñónez.

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Los nombres del procesado y las víctimas se omiten en virtud de la ley de protección de menores de edad vigente en nuestro país.

La Presidencia de la República informó que actualmente Paracel registra más de US$ 1.500 millones invertidos, alrededor de 203.000 hectáreas incorporadas al proyecto, y más de 100.000 hectáreas plantadas.

En su discurso, Santiago Peña dijo que Paracel “es un proyecto para los paraguayos”. Destacó que la iniciativa permitirá que el país deje de limitarse únicamente a la exportación de materia prima y avance hacia una economía con mayor capacidad industrial.

En su alocución, Peña recordó su viaje en mayo del año pasado a Singapur, país del sudoeste asiático. Ahí anunció la firma de un acuerdo histórico para impulsar la cooperación en proyectos de créditos de carbono.

“Uno de los tantos viajes, ustedes ya saben que eso es remanido. Los famosos viajes del presidente, mucho ya viajé y voy a seguir viajando, les aliento, no les cuento”, subrayó

“Y nos vamos a Singapur, ojo, porque Singapur ofrece mucho del camino que yo veo para el paraguayo. Porque mucho de esto, de una política pública, se sostiene sobre una política de Estado y una política de Estado se construye sobre la actividad política. Yo sé que hay mucha gente que le genera escozor o incomodidad hablar de política, pero es importante, es fundamental, hay que hablar de la política, hay que hablar de la buena política, de esa política que defiende un modelo, el modelo modelo de la libre empresa”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

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Peña, ahondó su discurso, con la mención del “modelo de Singapur”: “De los impuestos bajos que generan inversión y la inversión que genera empleo y el empleo que genera ingresos tributarios que después se invierte en salud, en educación, en seguridad. Crea ese círculo virtuoso. Y en Singapur se da un fenómeno muy parecido al de Paraguay”.

Recordó al “dictador Lee Kuan Yew ”

Seguidamente, Santiago Peña señaló que Singapur sembró las bases de un modelo político “bajo un régimen dictatorial de Lee Kuan Yew”.

“Si no lo conocen, lean. Y Lee Kuan-Yew en un momento dejó de ser presidente de Singapur, pero su partido político sigue ahí. 70 años de gobierno. Con elecciones cada 5 años”, expresó Peña, al aludir al primer ministro Lee Kuan Yew (1923-2015), quien fue el padre fundador y primer primer ministro de Singapur, cargo que ocupó desde 1959 hasta 1990.

Se le atribuye a Lee Kuan Yew la transformación de una pequeña isla sin recursos naturales en una de las economías más ricas, modernas y prósperas del mundo en una sola generación.

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Viaje a Finlandia “no solo para mirar Rally”

Seguidamente, el presidente Santiago Peña recordó su viaje a Finlandia, en diciembre del 2025, cuando le acompañó un grupo de empresarios, entre ellos su exsocio Miguel Vázquez, accionista de Ueno bank.

“Yo decía, yo más allá del PowerPoint tengo que ir a conocer un poco más y ahí nos fuimos en mayo del año pasado con una delegación del gobierno y con empresarios hasta Finlandia. Muchos creyeron que nos íbamos a ver el rally de Finlandia. Que de hecho nos fuimos a ver porque nos estábamos preparando para organizar el mejor rally del mundo, que en diciembre del año pasado fue reconocido el rally del Paraguay como el mejor rally del mundo", manifestó el mandatario.

Agregó: “Nos fuimos hasta Finlandia a ver una de las naciones más desarrolladas del mundo donde, cierto, Nokia es una empresa muy importante. Hoy ya no hace más celulares, pero sigue trabajando en tecnología, pero el 20% de la economía de Finlandia es el sector forestal. El 20% de una de las naciones más desarrolladas del mundo. El negocio forestal es uno de los principales motores del desarrollo. Y ahí nos fuimos”.

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“Incrédulos” y homenaje a Wasmosy

En otro momento, el presidente Santiago Peña también aludió que incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar, y decir que no se puede. Dijo que “de la mano de empresarios soñadores, cuando muchos incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar y decir que no se puede”.

“Quiero, y él se va a cansar de mí, pero voy a seguir haciendo esto, rendir, en mi opinión, un justo homenaje a un paraguayo que luchó y que ha hecho mucho por el Paraguay. Me refiero al ingeniero Juan Carlos Wasmosy, presidente de la República del Paraguay del periodo 1993 a 1998″, manifestó Peña

Los sospechosos serían presuntos integrantes de “la banda del Rolex”, que según la Policía, tenía un modus operandi de seguir a personas que tenían un reloj lujoso desde el aeropuerto o centros comerciales para luego interceptarlos en la vía pública.

“Son seguidas las potenciales víctimas y trabajan en forma coordinada. Uno de ellos está monitoreando, visualiza que se utiliza este tipo de relojes, saca una foto del brazo y avisa a las que están afuera. Ahí comienzan a realizar el seguimiento, en algunos casos simulan un accidente de tránsito, le chocan la parte trasera y cuando el conductor desciende, ellos con mucha violencia le despojan del Rolex”, detalló.

Asimismo, confirmó que hubo tres denuncias de forma consecutiva y una de ellas fue la del exsenador Armando Vicente Espínola Wiezell, quien fue asaltado a metros de su residencia en Asunción y efectivamente, su Rolex fue robado.

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Integrantes extranjeros de “la banda del Rolex”

De momento, tres sospechosos cayeron, dos paraguayos y un venezolano, aunque la Policía no descarta que el grupo también tenga integrantes colombianos, ya que operaría con “células”.

“Llegamos a la conclusión de que esos hechos eran cometidos por las mismas personas; estas personas son para nosotros los que cometieron los hechos”, detalló Maldonado.

Finalmente, el jefe policial confirmó que la investigación sigue en curso, mientras también se analizan evidencias incautadas, entre ellas, dos vehículos y un arma de fuego.

“No soy culpable de nada, no robé a nadie; no busco reloj de alta gama. No he robado a nadie, no salgo en ninguna imagen”, declaró brevemente a los medios Wilkeison Gabriel Acurero Ochoa, el venezolano detenido.

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Modus operandi del “Tren de Aragua”

Si bien la Policía no confirmó -aunque tampoco descartó- que el extranjero podría ser parte del Tren de Aragua, la banda criminal más poderosa de Venezuela, este modus operandi de robo de relojes o joyas es característico del grupo.

Los otros dos detenidos fueron identificados como Diego David Ferreira Barrios y Jorge David Centurión, ambos paraguayos.

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El análisis se basa en la utilización de los recursos que actualmente se denominan Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide. Los recursos provienen de lo que recibe Paraguay como excedente de energía de Itaipú; un porcentaje se destina a las municipalidades para la reparación de instituciones educativas públicas.

“Se evalúa si los fondos públicos entre 2020 y 2025 llegaron a las escuelas más necesitadas, priorizadas por el Ministerio de Educación Ciencias (MEC) y los municipios. En una escala del 1 al 100, se mide la inversión más urgente en aulas, sanitarios, equipamientos y otros espacios", explicaron desde la organización.

Entre los resultados principales, encontraron una pobre inversión en educación. El mejor resultado no llegó ni a los 50 puntos sobre 100 y el promedio general fue de apenas 14,2 puntos, según la tabla.

Asunción, entre las peores ciudades de la mano de Luis Bello y “Nenecho”

En el último lugar del ránking, en el puesto 17 está la Municipalidad de Fuerte Olimpo, con 1,4 puntos sobre 100, con el intendente Moisés Recalde Rolón (ANR-HC), como responsable entre el 2020 y la actualidad.

De G. 1.859.376.663 disponibles del ex Fonacide en cinco años, apenas invirtió G. 98.940.000 con una sola adjudicación. De 37 centros educativos con mayor necesidad, apenas 3 escuelas públicas recibieron obras de infraestructura.

A continuación, en el puesto 16 de la tabla, en el penúltimo sitio, figura la Municipalidad de Asunción, durante las administraciones de los colorados cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello. El agravante para el actual intendente Luis Bello es que justamente fue el director de Fonacide durante la gestión de Rodríguez.

Asunción tiene 3,5 puntos de 100. De G. 6.331 millones para obras y equipamiento, el monto ejecutado entre 2020 y 2025 es de tan solo G. 2.900 millones.

¿Por qué Asunción figura entre las peores ciudades en inversión escolar?

La organización reAcción, sostiene que Asunción está penúltima entre las peores ciudades del Paraguay en inversión de infraestructura escolar, debido a que solamente 13 de 157 instituciones educativas con mayor necesidad recibieron obras o equipamiento, en los últimos cinco años.

“El puntaje de 3,5 sobre 100 en la capital, refleja cuánta inversión llegó a las escuelas con mayor necesidad”, afirman.

En contrapartida, según el ránking educativo, la Municipalidad de Ciudad del Este está en el puesto número 1, es decir, es la que más invirtió en el país, bajo las gestiones de Miguel Prieto y Daniel Mujica, ambos de Conciencia Democrática Esteña (CDE).

Sin embargo, pese a que CDE es la que mejor invirtió, no llega ni a 50 puntos de 100, es decir, los recursos destinados a infraestructura escolar siguen siendo bajos en este caso.

Ránking del olvido: miles de millones de guaraníes “desperdiciados”

ReAcción emite tres conclusiones principales, dentro del análisis. La primera es la pobre inversión en educación, que implica que incluso la ciudad mejor posicionada, aprovechó “menos de la mitad” de su capacidad para invertir en las escuelas más necesitadas, dado el presupuesto que tuvo disponible.

Además, “miles de millones” de guaraníes desperdiciados en priorización. “Anualmente el MEC destina días de trabajo de sus supervisores y directores para que co-elaboren el listado de priorización con participación de la comunidad educativa y los municipios. Sin embargo, al final los municipios no respetan ese listado”, apuntan.

Por último, los recursos siguen siendo insuficientes. A nivel nacional los recursos para infraestructura educativa dependen casi totalmente de la venta del excedente energético de Itaipú a Brasil, remarcan.

Sin embargo, “con los planes del gobierno de Santiago Peña de instalar el primer gran polo de Inteligencia Artificial de América Latina, los recursos para educación se reducirán considerablemente. Lo que hoy ya no alcanza será peor”, concluyen.

El conductor, un brasileño de 25 años, declaró que se dirigía a Araucária para cargar piedra caliza. Sin embargo, la policía detectó contradicciones en su declaración.

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Los intervinientes sospechaban del verdadero destino del viaje y de la empresa responsable de la carga, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la verificación, el equipo encontró compartimentos ocultos en los laterales de la carrocería del vehículo. Allí estaban escondidas 1.288 ampollas de medicamentos para adelgazar, 2.670 unidades de esteroides anabólicos y otros productos ilegales, presumiblemente provenientes de Paraguay.

Según los agentes de la PRF, el conductor admitió estar al tanto de la carga ilegal. Fue arrestado y trasladado a la Policía Federal en Curitiba.

Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

Todos los días se detectan grandes cantidades de medicamentos para adelgazar a base de tirzepatida que ingresan de forma irregular desde Paraguay hacia Brasil. La gran diferencia de precio motiva tanto a grupos criminales como a particulares a contrabandear este producto, cuya utilización está en auge en ambos países.

Señalaron que las personas de la tercera edad necesitan una atención digna y adecuada. En muchas ocasiones, no reciben el cuidado necesario por parte de los profesionales del hospital debido a la falta de equipamiento y especialistas, indicaron.

Potrerito aguarda con expectativa la construcción de su Unidad de Salud Familiar

También piden la apertura de una sección de geriatría en el nosocomio, considerando que dentro del municipio hay más de 2.000 adultos mayores que, en su mayoría, viven en extrema pobreza y con problemas de salud.

Asimismo, pidieron la habilitación inmediata de dos Unidades de Salud de la Familia (USF) en las comunidades de Potrerito y Yvy Marane’y, además de la ampliación del horario de atención en la Unidad de Salud de la Familia de la compañía 3 de Noviembre, incluyendo los servicios durante los fines de semana, debido a que muchos pobladores tienen dificultad para trasladarse a lugares alejados para su atención médica en caso de urgencia, explicaron.

Se quejó de la atención

Pedro Martínez, principal protagonista de la medida de protesta, se quejó de la atención que reciben. Es lamentable que las personas mayores no tengan un trato especial en los hospitales públicos por el desinterés de las autoridades nacionales, enfatizó.

Criticó manejo de la pensión de la tercera edad

Martínez también hizo un fuerte cuestionamiento sobre el manejo de la pensión de los adultos mayores. Hasta el momento hay miles de personas que todavía no han cobrado nada, supuestamente porque no hay suficientes fondos, mientras que los parlamentarios y funcionarios de los entes binacionales están percibiendo millones de guaraníes mensualmente, pero para los adultos mayores no hay recursos para acceder al beneficio, subrayó.

Trabajando para mejorar la atención

El director del hospital, doctor Nery Cáceres, manifestó que desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año se encuentra trabajando con la Dirección de la Segunda Región Sanitaria para poder mejorar la atención.

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El Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Primera Sala, en lo Civil, Comercial y Laboral, el pasado 13 de mayo, resolvió declarar desierto el recurso de nulidad planteado por el intendente cartista.

Además, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Luque contra la Resolución 150/26 del juez de Primera Instancia, Ignacio Pane, que ordenó la realización de la audiencia pública.

Trabas a la transparencia

Los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron al intendente cartista los datos sobre los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.

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Además de qué se hizo del dinero recibido de los contribuyentes para la ejecución de obras o proyectos que mejoren la calidad de vida de los luqueños.

Carlos Echeverría hace once años está al frente de la administración municipal y, en estos últimos cinco años, debido a un “pacto de impunidad” entre cartistas y cuatro liberocartistas, anualmente se aprueba en la Junta Municipal su rendición de cuentas, pasando por encima de la exigencia de la audiencia pública.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para acceder a datos que por ley el intendente debe darlos de manera anual.

Carlos Echeverría apadrina la precandidatura a intendente, del actual diputado Diego Candia (ANR-HC), incluso en todos los actos oficiales de la municipalidad el parlamentario cartista aprovecha para “colarse” en las obras ejecutadas con dinero público para posicionar su figura.

Por su parte, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, destacó que el documento final es fruto de un trabajo de alta coordinación técnica e institucional. En la elaboración participaron los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones—a través del Viceministerio de Minas y Energía—, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la propia DNCP, debido a que la legislación exceptúa ciertos criterios de la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas. El proceso contó además con el respaldo y asesoramiento técnico de especialistas del Banco Mundial.

La empresa estatal planea realizar la próxima semana una audiencia pública virtual para transparentar las condiciones y recibir sugerencias del mercado local e internacional sobre el primer pliego de bases y condiciones de generación a gran escala, según adelantó el Ing. Sosa en una entrevista concedida a su colega, el expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, en radio Ñandutí.

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Cuatro figuras comerciales para dinamizar el mercado eléctrico

La nueva reglamentación establece cuatro figuras jurídicas y comerciales para la participación en el sistema. Las dos primeras corresponden al autogenerador y al cogenerador, orientadas principalmente al consumo propio. Los clientes residenciales o comerciales podrán instalar paneles solares en sus techos y los excedentes que no utilicen serán inyectados a la red de la ANDE. La empresa estatal remunerará esta energía tomando como base una tarifa de referencia equivalente al costo medio de generación, la cual será fijada y actualizada anualmente por la autoridad de aplicación.

En el caso de las industrias, la figura del cogenerador les permitirá aprovechar los residuos de sus procesos productivos para el autoabastecimiento. Si estas plantas industriales garantizan una entrega de energía firme, la estructura de compensación incluirá variables adicionales como potencia y servicios auxiliares de regulación de tensión.

El Ing. Sosa aclaró que para ninguna de estas dos modalidades se requerirá un proceso de licitación pública ni contratos de exclusividad, facilitando el trámite administrativo para los usuarios.

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La tercera modalidad, denominada puramente generador, constituye el verdadero núcleo de atracción de inversiones a gran escala. Bajo este esquema, empresas privadas construirán y operarán centrales de generación con el único fin de vender su producción total a la ANDE. Estas plantas se adjudicarán mediante concursos públicos de precios, donde la firma del contrato respectivo se extenderá por un plazo de hasta 30 años, de acuerdo con las proyecciones de demanda contempladas en el Plan Maestro de la ANDE hasta el año 2043.

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El plan piloto de esta apertura se asentará en la Región Occidental. La ANDE confirmó que la primera licitación del sector buscará instalar una capacidad de 140 MW - equivalentes al 64% de la capacidad de la central Acaray - de fuente solar en la zona de Loma Plata. Para blindar el proyecto de riesgos e imprevistos inmobiliarios, la empresa estatal suscribió un contrato de arrendamiento por tres décadas con la cooperativa menonita local, asegurando una superficie estratégica de 200 hectáreas, ubicada a solo 5 kilómetros de la subestación eléctrica regional.

El pliego de bases no evaluará las propuestas en función a la tarifa de costo medio de la ANDE, sino mediante un precio de referencia máximo calculado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este precio tope ponderará los costos actuales de la tecnología fotovoltaica y la tasa de retorno mínimo requerida por los inversionistas. “En la construcción de esta metodología está ayudando el BID a través de una cooperación técnica, y nuevamente la autoridad de aplicación va a documentar a través de una resolución, por ejemplo, la metodología que se va a implementar, y en cada licitación va a tener un precio de referencia diferente”, explicó el Ing. Sosa.

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Los cronogramas técnicos de la institución prevén que las tareas de adjudicación concluyan este año, luego vendrá el periodo de construcción y montaje electromecánico en aproximadamente 24 meses entre los años 2027 y 2028. De esta manera proyectan que la planta solar de 140 MW empiece a inyectar energía comercial a partir del año 2029.

El titular de la estatal pública adelantó que este evento servirá como una prueba operativa para el comportamiento del sistema interconectado nacional, habilitando el lanzamiento posterior de licitaciones en serie para otras zonas. “A partir del 2029 ya estaría en en servicio esta primera planta solar, pero nosotros no vamos a esperar que entre en operación esta planta solar, vamos a comenzar a licitar en serie”, comentó.

Los desembolsos se iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

Seguidamente, el lunes 25 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el martes 26 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Continuará el miércoles 27 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

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Pagos de salarios y beneficios del mes de mayo

El jueves 28 proseguirá con servidores públicos del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales.

Para el viernes 29 de mayo se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se recuerda que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

El procedimiento fue realizado alrededor de las 09:40 sobre las calles 14 de Mayo y Padre Molas, por agentes de la Comisaría 31ª del barrio Azucena de Coronel Oviedo, tras varias quejas formuladas por trabajadores del mercado.

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De acuerdo con el reporte policial, los ciudadanos brasileños fueron denunciados por supuestos hechos de coacción, amenaza de hechos punibles y resistencia. Durante el operativo también fue incautado un vaso que contenía caramelos tipo “Freegels”, producto que ofrecían a los clientes.

Según los comerciantes, los extranjeros acudían frecuentemente en horarios de desayuno y almuerzo al sector del patio de comidas del mercado, donde insistían constantemente a los comensales para que compraran las golosinas.

Las trabajadoras del mercado señalaron, además, que, cuando se les cuestionaba por la forma en que actuaban, reaccionaban de manera prepotente tanto con clientes como con trabajadores del lugar.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Migraciones para el procedimiento correspondiente.

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“La intención es darle la mayor celeridad posible. Es un proyecto y una necesidad que tenemos en el tema de transporte público que arrastramos desde décadas. Y bueno, el pedido de la ministra (Claudia Centurión), del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que podamos aprobar ya en esta próxima sesión” señaló del Puerto.

Atendiendo a que necesitan como mucho 41 votos (puede ser menos, ya que necesitan solo mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes) y confiando en los 44 votos que posee la aplanadora cartista con sus satélites, dan como un hecho la sanción y remisión al Ejecutivo la próxima semana.

Esto sin tener en cuenta las grandes dudas en torno al proyecto, empezando por algo básico como el costo, que podría ascender a sumas siderales como US$ 450 millones solo en el tramo I Asunción hasta Luque (18 km).

“Se estima en USD 480 millones (el modelo financiero no tiene en cuenta impuestos aplicables). Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para optimizar el CAPEX a USD 400 millones o considerar otras medidas (relacionadas con exenciones fiscales, aumento de deuda, cambio en la distribución de capital, renuncia a dividendos, una combinación de dichas opciones o la exploración de cualquier otra alternativa)”, indica el numeral 4 de los términos del acuerdo.

Para colmo, aún no se tiene fuente de financiamiento definida, ni el costo fijo del tramo II, Luque-Ypacaraí que tendrá una extensión de 26 kilómetros.

El proyecto tampoco pasó por un concurso de ofertas, ya que será implementado bajo modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes.

“Tren en marcha” incluso antes de promulgarse la Ley

La propia titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, ayer al terminar la reunión con la Comisión de Presupuesto de Diputados, informó que, incluso sin la ley, ya están en marcha varias etapas de supervisión.

“Este tren ya está en marcha, no para y con el apoyo de los congresistas va a poder materializarse en mucho menos tiempo. Así es que, de parte del Ejecutivo y ya la parte más técnica, el equipo de Emiratos Árabes ya está instalado en Paraguay, ya está contratada la ingeniería de proyecto que es parte fundamental para que podamos avanzar hacia las obras", indicó ayer Centurión.

También reiteró que está contratada la supervisión total por empresas internacionales: una francesa (Grupo Systra), otra española (no especificó) “de altísima experiencia en el campo ferroviario”.

Respecto al cronograma que están implementando, Centurión señaló que “está en su fase de ingeniería, que esperamos que en el primer semestre del 2027 arranquen las obras” y que la estimación de pasajeros es de 40.000 personas al día.

En comunicación con ABC Cardinal, el maestro Lito Barrios, director de orquesta y autor del libro “Secretos del Himno Nacional”, desarmó la historia oficial para entender cómo y por qué cantamos lo que cantamos.

Una mentira que se volvió oficial

Durante décadas se repitió la romántica historia de que Don Carlos Antonio López buscaba un himno para el país y, al no poder costear el alto presupuesto exigido por el autor del himno argentino, recibió la obra como un obsequio desinteresado de Acuña de Figueroa. “Todo eso es una mentira que inventó Luis Cavedagni en 1903”, afirma tajante Barrios.

Según el investigador, Cavedagni publicó esa versión para encubrir que él mismo había modificado la música original en 1874 sin el debido conocimiento. De hecho, crónicas de la época de su publicación ya refutaban a Cavedagni acusándolo de intentar negar la verdadera paternidad de la música. A pesar de las advertencias, el mito sobrevive hasta nuestros días.

Pero la realidad histórica es muy distinta según Barrios. Don Carlos Antonio López nunca buscó un himno porque el Paraguay ya tenía uno, escrito por él mismo para el 25 de diciembre de 1842, fecha en que se juró la Independencia paraguaya.

“Para Don Carlos, esa fecha era el verdadero nacimiento de la independencia, por eso se festejaba más que el 14 y 15 de mayo”, explica el maestro. Aquella obra primigenia, conocida simplemente como Himno Patriótico, se cantó oficialmente hasta 1863.

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El “Regalo de Troya” uruguayo y la ocupación extranjera

¿Cómo llegó entonces la partitura de Acuña de Figueroa a convertirse en el Himno Nacional? La respuesta se encuentra en el tablero geopolítico de 1846. En medio del bloqueo del Río de la Plata por parte de Juan Manuel de Rosas, Inglaterra y Francia enviaron barcos a Montevideo e intentaron convencer a Don Carlos de que el ejército paraguayo atacara Buenos Aires.

Paraguay envió a los diplomáticos Atanasio González y Bernardo Jovellanos a Uruguay para negociar. Durante una recepción diplomática en Montevideo, a la que asistió el poeta Francisco Acuña de Figueroa, se entonó el sencillo himno paraguayo de la época. Inspirado, Acuña de Figueroa se esmeró en redactar una letra compleja de siete estrofas y la obsequió a la delegación paraguaya junto con una propuesta musical.

Sin embargo, Don Carlos Antonio López rechazó la música de inmediato y le devolvió la partitura a Jovellanos. Aquella melodía no era otra que la del himno uruguayo de ese entonces.

Barrios sugiere que el obsequio pudo haber sido un “Caballo de Troya” cultural ideado en el contexto de los planes secretos de Fructuoso Rivera (presidente uruguayo exiliado en Brasil), quien anhelaba crear la “Uruguay Mayor”, uniendo las provincias orientales.

El obsequio rechazado por Don Carlos regresó de forma fatídica tras la Guerra contra la Triple Alianza. Bajo la ocupación aliada en 1874, Salvador Jovellanos (hijo de Bernardo) impuso la música rechazada por Don Carlos. Paralelamente, en 1873, el poeta argentino Francisco Felipe Fernández y el músico militar brasileño Francisco Antonio do Nascimento intentaron imponer otra versión que finalmente no prosperó.

Remberto Giménez y la justicia histórica para Francesco Casale

No fue sino hasta 1933, en plena Guerra del Chaco, cuando el músico Remberto Giménez utilizó su influencia institucional para unificar los criterios y oficializar la versión que cantamos hoy, terminando con décadas de debates y partituras que se disputaban la identidad nacional por la prensa.

Sin embargo, la mayor revelación de la investigación de Lito Barrios descansa en la autoría de las notas musicales. Tras más de un siglo y medio de misterio, sus estudios confirman que el compositor de la melodía actual fue el italiano Francesco Casale, quien originalmente la creó para el Uruguay, y que luego fue introducida a Paraguay por el también italiano Luis Cavedagni.

“Mi objetivo final con respecto a esta investigación es que el decreto de oficialización se modifique. Durante 160 años se buscó quién compuso nuestro himno; ahora se sabe que fue el italiano Francesco Casale y es hora de que su nombre figure oficialmente”, manifestó Barrios en el cierre de la entrevista.

El documento original del Himno Nacional Paraguayo, como se puede observar en esta nota, se encuentra disponible en el Archivo Nacional, según compartió el director de dicha institución, Vicente Arrúa.

Revelan incógnitas del himno nacional

Según informaron los organizadores, el principal objetivo del evento es agradecer a Dios por el don de la movilidad y pedir protección para conductores y pasajeros, por la intercesión de San Francisco de Asís y San Pío de Pietrelcina.

La ceremonia contará con la participación de los Hermanos Capuchinos y miembros de la comunidad local. Cada vehículo participante recibirá una calcomanía conmemorativa y una estampilla con los “10 Mandamientos del Manejo Responsable”.

Cada año, numerosos conductores participan de esta actividad religiosa para recibir la bendición de sus vehículos y encomendar sus viajes diarios.

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Igualmente, el proyecto faculta al MEF a realizar las adecuaciones de códigos, conceptos y programación de montos, de acuerdo con el clasificador presupuestario vigente y las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, con el objetivo de garantizar la correcta registración, imputación y ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal correspondiente.

Durante el estudio en particular del proyecto, se introdujeron modificaciones, entre ellas la incorporación de un nuevo artículo que establece que la normativa entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.

Entre las argumentaciones, los proyectistas (mayormente cartistas) indicaron que la falta de pago oportuno por parte del Gobierno a estas empresas ha generado tensiones económicas y sociales, afectando la cadena de pagos en el sector de la construcción y perjudicando a proveedores de insumos, servicios y mano de obra vinculados a estas obras, especialmente de las más pequeñas y que este pago representará una inyección de liquidez importante para estas empresas.

Recordaron igualmente que actualmente hay varias obras paralizadas por la falta de pagos, e incluso muchas han quebrado, por lo que urgen esta medida de auxilio.

El proyecto de ley que consta de cuatro artículos fue discutido primero en sesión extra de comisión de Hacienda para dictaminar y luego en sesión ordinaria para su aprobación, y tras este primer trámite, pasa ahora a la Cámara de Diputados.

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Críticas al proyecto

En un extenso debate sobre el punto, varios legisladores como Líder Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDPP) entre otros, se manifestaron en contra del proyecto y advirtieron que lo aprobado por los legisladores raya lo inconstitucional. Argumentaron que ninguna ley debe ser retroactiva y consideran un despropósito aprobar una ley para modificar condiciones contractuales que fueron aprobadas en periodos anteriores.

Entre los más incisivos el senador Líder Amarilla lamentó la falta de datos e informes sobre estas obras el estado de las mismas. Dijo que tampoco se cuenta con un informe sobre el nivel de cumplimiento de las contratistas y cuestionó que se esté pagando por obras que ni siquiera se saben si están concluidas o si existen.

A su vez el senador Rafael Filizzola aseveró que la ley que aprobó el Senado es inconstitucional desde el principio hasta el final del texto. “No se puede alterar condiciones que ya establecieron en su momento y el que quiera demandar lo puede hacer tanquilamente. El Congreso no debe prestarse a estas cosas, no es el patio trasero para resolver la incapacidad de los burócratas”, afirmó.

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Cesión de deuda sigue esperando

Otro de los puntos que figuraba en agenda del senado es el modifica y amplia la cesión de derecho de deuda o factoraje, pero el mismo que ya no pudo ser tratado, debido a que se declaró cuarto intermedio para el almuerzo, pero luego ya no se retomó la sesión.

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Este proyecto pretende entre otros puntos, que el Gobierno asuma los gastos financieros de la operación de cesión de deuda y amplía el alcance en el rubro de salud, a los servicios que no están incluidos en plan vigente.

Los demás integrantes de la terna integrada el 3 de noviembre de 2025 para el referido cargo son Yanina Gricel Mosqueira Samaniego, con 517,6 puntos y Hugo Damián Leguizamón Arrúa, con 338,9 puntos. Si bien Francisco Goiburú tenía el puntaje más alto, de 540,72, al momento de la integración de la terna referida el mismo se encontraba en pleno juicio oral y público por supuesto prevaricato.

La acusación presentada por la fiscala de delitos económicos Natalia Cacavelos (actual jueza penal de sentencia) sostiene que el magistrado habría incurrido en prevaricato al dar trámite a una acción civil pese a que no estaban dadas las condiciones para ello.

Juicio a juez de Paz de Ybycuí por prevaricato sigue con testificales

En esta causa también están acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez, como autores de supuesta apropiación y como cómplices de prevaricato, atribuido al juez de Paz acusado.

El proceso abierto a estar personas se tramitó por separado y posteriormente, se dispuso la acumulación de ambas causas para el juicio.

Víctima relató “pecheo” y pago en el juzgado

Este juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que inició el mismo en octubre del año pasado.

En sus alegatos iniciales, el fiscal Guerrero destacó que los documentos bases de la demanda, recibo de dinero y contrato, no contienen la fuerza de ley necesaria para la admisión de una acción preparatoria de juicio ejecutivo y además, la firma obrante en el contrato privado de compra venta del camión Mercedes Benz, de fecha 13 de agosto del 2021, no corresponde al vendedor Reinaldo Benítez.

“El Sr. Rodolfo Vega presentó en la demanda un incidente de Tercería de Dominio acreditando con documentos que es el dueño del camión afectado de donde surge que adquirió del Sr. Inocencio Torres por contrato privado en fecha 17 de julio del 2017, quien, a su vez, había comprado del Sr. Miguel José Giménez Duchin en fecha 08 de abril del 2016″ explicó Guerrero.

En su declaración testifical, la víctima Rodolfo Vega explicó en juicio que compró un camión al contado de Irineo Torres, pero que fue despojado del rodado tras una falsa demanda promovida por Julio Martínez Isasi, en noviembre de 2021.

En ese sentido, explicó que compró su camión al contado de Irineo Torres, que nunca lo vendió y que ni siquiera conoce al demandante Julio Martínez Isasi.

El oficial de justicia le incauta el camión en noviembre del 2021 y en vez de entregarles a Martínez Isasi, le entrega a Reinaldo Benítez.

Entonces Vega pide asistencia al abogado Ernesto Garcete y con él acude al juzgado de Paz de Ybycuí, donde primeramente el letrado ingresa solo junto al juez.

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Minutos después el abogado sale y le comunica que “el juez necesita G. 1.500.000 para combustible y si estás de acuerdo, vamos a entrar junto a él". Vega dijo que no tenía problemas, le entregó el dinero y Garcete volvió a ingresar al despacho.

“Al salir del despacho, yo le di el millón y medio que pidió a mi abogado y él volvió a entrar al despacho. Al salir, me dijo ”ya está solucionado" declaró en juicio.

Advertencia complica situación de juez acusado por prevaricato y otros procesados

Ante la gravedad de los hechos expuestos en juicio, el Tribunal advirtió al juez Goiburú Martínez y a los otros dos acusados de que deben prepararse para responder por otro delito.

Esta posibilidad está prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal (CPP), que faculta a los jueces a dar otra calificación jurídica distinta a la de la acusación.

Advertencia complica situación de juez de Paz acusado por supuesto prevaricato

Así las cosas, Goiburú, acusado por supuesto prevaricato, también deberá defenderse del presunto delito de extorsión, en grado de autoría, mientras que los coacusados Martínez Isasi y Reinaldo Benítez deberán hacer lo propio por extorsión y prevaricato, en grado de instigación.

Ante esta circunstancia, la defensa de Goiburú recusó al Tribunal de Sentencia y también al Tribunal de Apelación que debe resolver la recusación, con lo que logró la paralización del juicio por más de 10 días. El fiscal Leonardi Guerrero, quien representa al Ministerio Público en el juicio, confirmó que no hay fecha para reiniciar el juicio, que por la situación mencionada anteriormente, vuelve a foja cero.

“Vivimos un momento de redefinición profunda del orden económico internacional. La economía global se desacelera, con elevada incertidumbre, tensiones comerciales y financieras, inflación persistente y tasas de interés que siguen condicionando la inversión productiva”, expresó.

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Añadió que la fragmentación y los conflictos geopolíticos están reconfigurando las cadenas de suministro y presionando los precios de la energía, los alimentos y otras materias primas estratégicas. “Lo que antes era volatilidad coyuntural, hoy es una condición estructural”, afirmó.

Indicó además que América Latina y el Caribe enfrentan este contexto con crecimiento insuficiente, baja inversión, brechas de productividad y desigualdades persistentes, por lo que consideró clave fortalecer el papel estratégico de la banca de desarrollo.

“La transformación productiva, la modernización económica y la inclusión social requieren visión, institucionalidad y financiamiento. La banca de desarrollo cumple esa función como complemento estratégico allí donde el mercado no llega”, apuntó.

Cuattromo mencionó que uno de los ejes de la Asamblea es innovar, no solo desde la adopción tecnológica, sino también mediante nuevos instrumentos financieros, para medir el impacto económico, social y ambiental.

Sostuvo igualmente que invertir implica orientar recursos hacia sectores que generen productividad, empleo de calidad y resiliencia económica.

Por su parte, el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y titular de la 56 Asamblea de Alide, Manuel Ochipintti, destacó que el encuentro constituye uno de los espacios más relevantes de América Latina para debatir sobre innovación, inversión e inclusión como motores del crecimiento transformador.

Ochipintti sostuvo que la banca pública de desarrollo debe asumir un rol activo ante los cambios geopolíticos y la creciente desigualdad. “No somos actores de última instancia; somos los primeros llamados a movilizar recursos hacia donde el mercado llegaría tarde o no llegaría”, expresó.

En ese sentido, afirmó que el BNF tiene el desafío de estructurar instrumentos financieros que permitan vincular inversiones con proveedores locales y generar empleos de calidad. “La nueva frontera de la banca pública de fomento no es solo prestar, sino construir cadenas de valor que duren generaciones”, manifestó.

Por último, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, destacó el valor del intercambio de experiencias dentro de Alide para acelerar los procesos de adaptación y modernización de las instituciones financieras de desarrollo.

Mencionó que, en un contexto regional marcado por desafíos estructurales y distintas realidades macroeconómicas, el crecimiento económico debe traducirse en empleo, productividad, inclusión y movilidad social.

“La banca de desarrollo tiene un papel estratégico e insustituible, porque no solo moviliza recursos, sino que articula soluciones, impulsa proyectos de alto impacto y acompaña procesos de transformación productiva”, concluyó.

El horario será confirmado en los próximos días.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para proteger y mantener viva la técnica tradicional de confección de esta emblemática prenda paraguaya, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023.

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Fortalecer conocimientos

El concurso apunta a fortalecer la transmisión de conocimientos entre generaciones y evitar que desaparezca esta técnica artesanal característica de Piribebuy.

El Poncho Para’i de 60 Listas se distingue de otros ponchos de la región porque su elaboración no depende de telares mecánicos.

El tejido se realiza manualmente con telar de cintura, una práctica en la que el artesano utiliza su propio cuerpo para sostener y tensar los hilos durante el proceso de fabricación.

Es una prenda de etiqueta, ya que por el tipo de hilo utilizado no es caliente como los tradicionales ponchos utilizados normalmente en invierno. Numerosos artistas lo lucen en escenarios festivales del país y en el extranjero.

La convocatoria está dirigida a artesanos mayores de edad residentes en Piribebuy que cuenten con registro actualizado como trabajadores del sector artesanal.

¿Cómo será la competencia?

Durante la competencia, cada participante trabajará de manera individual en su telar, con un tiempo límite de 15 minutos para avanzar la mayor cantidad posible del tejido.

El jurado calificará aspectos como la precisión técnica, la uniformidad de la trama y el correcto manejo de las herramientas tradicionales.

Además del reconocimiento cultural, los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo. El ganador obtendrá USD 644, mientras que el segundo y el tercer puesto recibirán USD 460 y USD 276, respectivamente.

Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con Adriana Cho al (0971) 978 484 o con Gustavo Agüero al (0971) 308 044.

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La prenda forma parte de la tradición cultural popular del Paraguay, aunque en los últimos años recobró notoriedad y se le otorgó importancia histórica y cultural.

Por ejemplo, en los detallados listados de envíos de materiales a las guarniciones del interior, de la época del dictador perpetuo de la República del Paraguay, Dr. Gaspar Rodríguez del Francia, aparecen grandes cantidades de ponchos para uso de la soldadesca. Así lo mencionó en una entrevista la profesora Beatriz González de Bosio, en el marco de la declaración del tejido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, en diciembre de 2023.

La organización informó que en esta edición participarán unas 900 marcas y más de 200 empresas distribuidas en alrededor de 300 stands. El cambio de sede constituye una de las principales novedades de este año, ya que por primera vez la exposición se realizará en el predio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tras más de dos décadas en otros espacios de Asunción.

Constructecnia es una feria orientada a la construcción, el desarrollo inmobiliario, la arquitectura, la ingeniería y la infraestructura. Además de la exposición comercial, el evento incluye conferencias, ruedas de negocios y paneles de debate con representantes del sector público, gremios empresariales, especialistas y referentes académicos.

Constructecnia 2026 anuncia networking y paneles debate

De acuerdo con los organizadores, la feria acumuló cerca de 700.000 visitantes a lo largo de sus distintas ediciones. Para este año, la expectativa está puesta en aumentar la asistencia respecto al año pasado y fortalecer los espacios de vinculación entre empresas, proveedores, desarrolladores y profesionales del sector.

En ese contexto, uno de los ejes de la edición 2026 será el networking empresarial. La organización señaló que el nuevo predio permitirá una mayor integración entre los distintos segmentos de la muestra, incluyendo áreas de maquinarias pesadas, materiales de construcción, acabados arquitectónicos y servicios especializados. La feria también prevé actividades orientadas a generar contactos comerciales y oportunidades de negocios entre actores del rubro.

La programación de este año incorpora discusiones sobre financiamiento de obras públicas, sostenibilidad energética, vivienda social, minería y recuperación de centros históricos urbanos.

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Mujeres que construyen

Uno de los paneles previstos es “Mujeres que Construyen: Rompiendo moldes, edificando realidades”, programado para el jueves 21 de mayo a las 16:00. Participarán la exministra de Turismo Angie Duarte; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Marys Guillén; la Arq. María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Arquitectos(FPAA), además de las arquitectas Paola Moure y Violeta Pérez.

Ese mismo jueves, a las 18:00, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) organizará la conferencia “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, con participación del economista peruano Milton Von Hesse La Serna. El encuentro abordará el financiamiento de obras públicas y la situación presupuestaria del sector.

En relación con ese debate, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi Corina, señaló que el presupuesto destinado actualmente a obras públicas representa alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que, según indicó, se encuentra por debajo de los niveles requeridos para sostener el crecimiento de infraestructura.

Energía eléctrica, minería y desarrollo urbano

La agenda también incluye un panel sobre energía y construcción organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel). La actividad analizará el impacto del crecimiento del sector privado sobre el sistema energético y los desafíos vinculados a sostenibilidad y expansión urbana.

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Participarán el presidente de Cecoel, Gianmarco Felippo; representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de Itaipú Binacional, además de consultores del sector energético. Será el jueves a las 16:30.

Otro de los ejes será el desarrollo inmobiliario y la vivienda social. El viernes 22 de mayo a las 18:30 se realizará un panel impulsado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), donde se debatirá sobre déficit habitacional, proyectos inmobiliarios y políticas públicas vinculadas a la vivienda.

El encuentro contará con la presencia del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, además de directivos del gremio inmobiliario y del economista Milton Von Hesse.

La minería también formará parte de la programación de este año. El panel “Minería: Construyendo un sector productivo en Paraguay”, previsto para el viernes a las 20:00, analizará el potencial del rubro como actividad económica y su impacto en la generación de empleo y demanda de infraestructura. Participará el exministro de Energía y Minas del Perú, Rómulo Mucho Mamani.

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Rueda de negocios, talleres de la UNA y conferencias magistrales

La feria incluirá además una rueda de negocios prevista para el viernes 22 de mayo, orientada a vincular constructoras, desarrolladores, estudios de arquitectura e ingeniería con empresas expositoras y generar acuerdos comerciales dentro del sector.

En paralelo, se desarrollarán conferencias sobre recuperación urbana y patrimonio histórico. Entre ellas figura la exposición del arquitecto colombiano Gustavo Restrepo sobre la transformación urbana de Medellín y otra a cargo del arquitecto peruano Luis Martín Bogdanovich, vinculada a la recuperación del centro histórico de Lima.

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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción también desarrollará talleres de planificación de proyectos dirigidos a estudiantes y participantes de la feria.

Según los organizadores, Constructecnia apunta a reunir a empresas, profesionales, gremios y representantes académicos vinculados al sector de la construcción y la infraestructura, en un contexto marcado por el debate sobre inversión pública, crecimiento urbano y desarrollo habitacional.

En el acto disidente, Abdo Benítez y el precandidato presidencial por Añetete para el 2028, Arnoldo Wiens, acompañaron la precandidatura de Rubén González a la Intendencia de Piribebuy.

El postulante es hermano del diputado disidente Roberto González (ANR). Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Abdo Benítez dijo que el 7 de junio “es la primera etapa para salir a votar”. Dirigiéndose a los adherentes presentes, señaló a quienes están “aquí a cara descubierta”, muchos de los cuales son funcionarios públicos.

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“Muchos amigos nuestros, no importa que estén allá, que estén siendo amenazados, callados en el cuarto oscuro, vamos nosotros a hacer justicia y a marcar un nuevo derrotero y un nuevo camino para la nación”, manifestó el presidente de la República y líder de Colorado Añetete.

Seguidamente, Abdo Benítez, agregó: “Vamos a ir en su vehículo, vamos a ir a su PC, vamos agarrar sus G. 100 000 pero en el cuarto oscuro jakastigata chupekuéra (vamos a castigarles a ellos), ya votata lista 6 pe en toda la República del Paraguay, para que aprendan de una vez por toda que con el pan los paraguayos no se juega”.

Lilian también pidió voto castigo

Esta mañana, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego se refirió a la interna colorada en Capital y anunció un “voto castigo” a Honor Colorado y su precandidato Camilo Pérez, de quien dijo que “no representa a los asuncenos”.

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“No sé de qué candidato nuevo habla, si él (Camilo Pérez) está impuesto por el mismo sistema; le eligió Santiago Peña para ser el candidato y es el candidato de él, de Latorre, de Bello, para seguir en lo mismo. Nadie explicó dónde están los G. 500.000 millones de la época de Nenecho, también candidato de ellos. ¿De qué nuevo me hablás, Camilo?”, expresó la legisladora colorada.

Jorge Emmanuel Cuevas Maciel (ANR Honor Colorado Lista 2), alto funcionario de la EBY, es el candidato del cartismo. Fue concejal departamental y asumió la gobernación en forma interina cuando su pariente Luis Benítez (ANR, HC), actual titular de Yacyretá, renunció para buscar la diputación en 2023. En su declaración de gasto de campaña dice tener G. 85 millones.

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Manuela González Vázquez (ANR Colorado Añetete Lista 6), docente del MEC y concejala municipal saliente, es la candidata del abdismo. Reporta G. 1 millón como gasto de campaña.

Alianza PLRA-PEN-Cruzada

Luis Alberto Riveros Sánchez, concejal departamental del PLRA 2023-2028 y docente de la Universidad Nacional del Pilar, es el candidato de una alianza entre el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores.

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En la interna, formalizará su candidatura en el PEN con lista única. Declara tener G. 150 millones para la campaña. Es propietario de Industria y Hogar SRL.

Yo Creo

Abel Isabelino Espinoza Díaz (Partido Yo Creo), veterinario y también docente de la Universidad Nacional del Pilar desde el 2018, es el candidato del presidenciable 2028 Miguel Prieto. Declara G. 0 como gasto de campaña.

El jefe de Gabinete, quien no dio detalles sobre la reunión, indicó que su país “se está posicionando como un ‘hub’ de negocios e inversiones en la región” y señaló que la conectividad aérea “juega un rol clave” para potenciar el turismo, el comercio y la llegada de nuevas inversiones.

Estas reuniones de trabajo tuvieron lugar después de que la aerolínea brasileña GOL postergó en abril pasado el inicio de los vuelos directos entre Asunción y Miami (EE.UU.), que estaba prevista para el 8 de junio próximo.

El director de la Dinac, Nelson Mendoza, justificó entonces que el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener “impacto” en las operaciones de esa ruta.

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En declaraciones a la radio local Monumental, Mendoza aseguró este martes que la semana pasada recibieron una llamada de directivos de GOL “para volver a hablar”.

“Ojalá (la reunión) sea la continuación de un camino ya iniciado”, expresó el funcionario, en referencia a una eventual reanudación de las negociaciones con GOL sobre la ruta Asunción-Miami.

La apertura de esta ruta generó expectativa en Paraguay pues, actualmente, ninguna aerolínea opera vuelos sin escalas desde la capital paraguaya hacia Estados Unidos.

Además, coincide con el retorno de Paraguay, tras 16 años de ausencia, a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El predio donde se desarrolla la obra es un local cedido en comodato, por un período de 30 años, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El propietario original es la Asociación Nacional Republicana (ANR), que tiene una subseccional en ese lugar.

Durante el evento de palada inicial, el diputado y precandidato a intendente Sebastián Remezowski (ANR-HC) dijo: “Quiero resaltar para que se entienda que esta inversión que va a hacer Yacyretá no es en el predio de la subseccional colorada, sino que ya es en el predio del Ministerio de Salud”, apuntó.

El predio está cedido en el marco de un “convenio de usufructo gratuito”, firmado entre la ministra María Teresa Barán y el presidente de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara, el 23 de diciembre de 2024. Mediante este documento se proyectó en el lugar una Unidad de Salud Familiar (USF), pero, tras publicaciones periodísticas que cuestionaban el proyecto, retrocedieron en la intención.

Agregaron una adenda en la que cambian el proyecto a un “Centro Comunitario”, el pasado 5 de junio de 2025. Sobre esto, el propio Remezowski describió en su discurso: “Con María trabajamos muy bien, y llevó mucho tiempo, mucho trabajo; y ella dice: ‘si no salió este proyecto, porque en realidad era con la ilusión de también generar otro impacto social, hagamos esto de la mano de este plan Sumar’”, indicó.

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Proyecto “político”

La intención de construir una USF fue cuestionada debido a que, en paralelo, la Municipalidad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa, con titulares no colorados, impulsaron la construcción de un Centro de Atención Médica en el mismo barrio, en un predio recuperado en la Costanera de la ciudad. Según los proyectistas, el Ministerio de Salud se negó a apoyar el proyecto, por lo que tuvieron que redireccionarlo para que sea una dependencia de la Dirección de Salud de la Municipalidad.

Tras los cuestionamientos, descartaron la intención de crear una USF paralela en la subseccional para convertir el proyecto en un Centro Comunitario. Un mes después de modificar el convenio con la ANR, la ministra Barán solicitó con “carácter de urgencia a la EBY que financiara el proyecto. En febrero de 2026 ya se abrieron los sobres de ofertas y este 19 de mayo se dio la palada inicial de la obra.

En el acto, la ministra destacó la figura del precandidato a la Intendencia. Dijo: “Querido diputado Sebastián Remezowski, cariñosamente ‘Cheva’, muchísimas gracias por soñar; soñar con este espacio”, sostuvo.

El proyecto impulsado por Remezowski se enmarca en su campaña como precandidato a la Intendencia por el oficialismo y, aparentemente, todo el aparato estatal estaría interesado en que la ANR recupere la administración municipal, que por segunda periodo consecutivo está a cargo de Luis Yd (Alianza). En ese sentido, las “gestiones” de ciertos grupos políticos progresan, mientras que otras iniciativas no son tenidas en cuenta debido a provenir del sector opositor.

Según datos de la municipalidad, el barrio Pacucuá cuenta con más de 6.100 habitantes. Estiman que actualmente este número estaría cercano a los 10.000 habitantes, debido a que la segmentación por barrios data de registros de 2001.

El populoso barrio es un sitio estratégico para pensar en la cantidad de población que puede definir una elección, por lo que se torna un terreno de interés para los actores políticos, previo a los comicios municipales.

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El proyecto

Se trata de una construcción de un nivel, de 542 m², en un predio de 1.200 m². Fue adjudicada, según el concurso de precios 21.643 de la EBY, a Ecoservice Group SA, empresa de Ciudad del Este. Está representada legalmente por el exsenador Nelson Darío Aguinagalde Gallinar y Luis Miguel Martínez Villar.

El plazo de la obra es de 270 días y, si bien en el cartel de la obra iniciada no figura el monto de la inversión, se estima que será de G. 3.000 millones.

El centro, según el proyecto, contará con recepción, sala de espera, consultorios psicológicos y psiquiátricos, sala de sesiones grupales y contención de crisis, oficinas administrativas, auditorio, farmacia, área recreativa y espacios de bienestar.

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En general, se plantearon la nulidad de la acusación, del auto apertura del juicio oral. Además la inclusión probatoria y exclusión de algunas pruebas.

Gustavo Rodríguez y las otras nueve personas desde, que fueron imputadas en el 2023 presentaron una serie de chicanas para dilatar el proceso judicial y hoy, en juicio se volvieron a plantear varios incidentes.

El Tribunal, conformado por los magistrados; Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás retomará mañana a las 8:00 el juicio y contestará los incidentes planteados.

Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres, quienes llevan adelante la investigación, cuentan con una lista de 18 testigos dentro de la causa penal. Se incluyen además cuatro tomos con más de 200 pruebas documentales para respaldar el proceso por un presunto perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú durante la gestión del cartista.

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Expectativa de cárcel

Gustavo Rodríguez y los otros acusados se exponen a una pena privativa de libertad de cinco años de cárcel, que podría ir hasta los diez años dependiendo de la gravedad de la responsabilidad en los hechos.

Están acusados también Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo José Luis Baruja Legal (contador),Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo),Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

Los residentes del barrio La Encarnación accedieron a imágenes de cámaras de seguridad en las que se puede observar claramente cómo un hombre arrastra el contenedor callejero para llevárselo con total impunidad a plena luz del día.

Ante este hecho, los vecinos afectados confirmaron que ya han formalizado la denuncia correspondiente tanto en la Policía Nacional como ante la Fiscalía a fin de que se identifique al responsable.

“Lastimosamente, hemos sido víctimas de un robo. Nos robaron contenedores callejeros de la Muni, a cuadras del Ministerio del Interior”, expresaron los denunciantes.

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La respuesta de la Municipalidad de Asunción

Tras el reporte del hecho a las autoridades municipales, los vecinos señalaron que la respuesta recibida por parte de la Comuna asuncena fue insuficiente.

Según detallaron, desde la Municipalidad les indicaron que, en caso de que se realice una nueva instalación del contenedor, este deberá ser "candadeado a un árbol o columna" de la cuadra para evitar futuros hurtos.

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La respuesta ha generado molestia entre los pobladores, quienes consideran que la solución al problema de inseguridad no debería recaer sobre la ciudadanía, sino en un mayor control y vigilancia en las calles céntricas de la capital.

Se trata de una humilde institución pública de la comunidad indígena La Paciencia, en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde la distribución está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que tiene como ministro a Tadeo Rojas, también tesorero del Partido Colorado.

El Gobierno se jacta de priorizar a los estudiantes con mayores necesidades con este programa, sin embargo, desde sus inicios en el 2023, comunidades indígenas del Chaco son las que más sufren por fallas en la distribución de alimentos. Incluso un informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido en abril del año pasado, había detectado desprolijidades y la entrega incompleta de los insumos para el almuerzo escolar en comunidades indígenas chaqueñas.

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Los niños de la comunidad indígena La Paciencia, en Puerto Pinasco, aguardan la llegada del programa Hambre Cero, desde el inicio del año escolar, el lunes 23 de febrero.

Recién tras la denuncia de las madres y los estudiantes, el MDS emitió un comunicado en el cual promete que regularizarán la situación en esta localidad, luego de 90 días sin proveer alimentación.

“Ante la denuncia sobre la falta de provisión alimentaria en la escuela “Riacho González”, el Ministerio de Desarrollo Social informa que la situación administrativa ya fue regularizada“, indican en un comunicado.

Raúl Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas confirmó que, desde este jueves 21, los estudiantes de la institución comenzarán a recibir la provisión correspondiente del Programa Hambre Cero, consistente en desayuno, almuerzo y merienda escolar.

Falta de entrega de alimentos, por falta del “RUE”

Desarrollo Social alegó que el centro educativo no contaba con datos del Registro Único del Estudiante (RUE) actualizado y tampoco con Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), motivo por el cual la escuela “no aparecía” para el MDS. Lo llamativo del caso es que el año pasado sí distribuyeron las comidas en esta institución pese a “no figurar en el sistema”.

Ante la gravedad del asunto, desde el MDS indicaron que reafirman su “compromiso” con la alimentación escolar y la atención “prioritaria” a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, en lugar de dar acceso a la información pública, la cartera decidió dejar afuera a los medios de prensa.

Según reportaron colegas de ABC y de otros medios de comunicación, los periodistas y reporteros fueron detenidos en la vereda del MEF, desde donde no le dejaron pasar ni siquiera a la oficina administrativa para aguardar el fin de la reunión que se desarrolla a puertas cerradas.

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Reunión con farmacéuticas, desde las 15:00

A las 15:00 puntualmente se inició la reunión de referencia y ante la solicitud de la prensa de ingresar a la sede, el jefe de seguridad, Ramón Benítez, les informó a los comunicadores que la instrucción que él tiene es la de no dejarles pasar.

Se intentó tener alguna información a través de la Dirección de Comunicación del MEF, pero no hubo respuestas. Además, se le solicitó el ingreso al menos a la antesala de la reunión, de tal modo a tomar las declaraciones de las farmacéuticas al término del encuentro, pero el pedido también fue negado.

Actualmente, equipos periodísticos de ABC Color y de otros medios permanecen en la vía pública.

Con esta determinación, el cuerpo comunal frenó de manera tácita el intento del Ejecutivo de blanquear la actual crisis financiera desatada en torno al pago de intereses vencidos de los bonos. La mayoría de estas emisiones fueron hechas bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista)

El concejal Álvaro Grau (PPQ) expuso las argumentaciones técnicas del caso y aclaró formalmente que no existe ningún “acuerdo” de partes suscrito por la institución. El legislador comunal enfatizó que el documento remitido constituye únicamente una propuesta unilateral de la representante de los bonistas, la cual jamás fue aceptada ni consentida por las autoridades de la Municipalidad de Asunción.

Grau calificó de “descabellado” y una “locura” desde el punto de vista financiero que la firma pretenda cobrar un 10% de interés moratorio sobre el 17% que la comuna ya abona por los títulos vigentes. El edil puntualizó que dicha adición elevaría la tasa total al 27%, situación que tildó textualmente como una “cachetada a la ciudadanía” asuncena que financia las arcas del municipio.

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El concejal opositor cuestionó bajo qué normativa legal específica, la mencionada firma pretende exigir ese cobro adicional a la comuna. Además, acusó directamente a la empresa de abusar de su posición de acreedor ante la crítica situación de iliquidez y asfixia financiera que experimenta actualmente la municipalidad.

Denuncian que casa de bolsa pretende cobrar interés del 27%

Como salida jurídica concreta ante el conflicto, Grau sugirió que, si la firma privada se niega a recibir el pago correspondiente bajo los términos legales, el dinero sea depositado de inmediato en una escribanía pública. El edil argumentó que la Comuna debe dirimir esta controversia directamente en el ámbito de la justicia ordinaria para frenar reclamos futuros y, proteger el patrimonio de los contribuyentes.

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda solicitó formalmente a la Intendencia que se remita a los términos del contrato original de emisión de bonos y proceda a su cumplimiento estricto. Grau sostuvo que la postura del bloque opositor representa un mensaje político claro de que la Junta Municipal no permitirá la convalidación de abusos financieros que comprometan los recursos públicos de la ciudad.

Asunción: Bello quiere acatar condiciones “inaceptables y abusivas” de los bonistas, reclaman

El legislador ratificó que la decisión aprobada hoy por el pleno parlamentario no autoriza al intendente Luis Bello a “patear” o postergar los intereses de los bonos de 2026 a marzo de 2027. La postura legislativa ratifica la exigencia de abonar los montos fenecidos bajo las cláusulas del contrato primigenio, bloqueando cualquier modificación.

Humberto Blasco (PLRA) calificó la nota de la casa de bolsa de “abusiva e irrespetuosa” en sus condiciones. Álvaro Grau (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA) y Ramón Ortíz (PLRA) dejaron constancia de su rechazo en los mismos términos expresados por Blasco. También se opusieron al dictamen los colorados Rosanna Rolón (ANR-independiente y Juan José Arnold (ANR-disidente).

El dictamen de la Junta que sepulta el “autobombo” de Bello

El desenlace en la Junta Municipal contrasta de forma directa con las acciones previas del intendente Luis Bello (ANR-cartista), quien había presentado este planteamiento mediante una conferencia de prensa.

En dicha ocasión, el jefe comunal utilizó una estrategia de autobombo para intentar vender el mecanismo financiero como una supuesta victoria de gestión, ocultando las condiciones gravosas que contenía el texto de la firma.

Asunción: la dura advertencia a concejales que avalen el diferimiento de bonos de Nenecho

Los antecedentes analizados por la Comisión de Hacienda demuestran que las condiciones reales que Bello pretendía que la Junta homologase implicaban una postergación de los intereses que vencen en el presente año 2026.

La prórroga de dichos compromisos financieros significaba heredar de forma directa al próximo intendente de Asunción una deuda acumulada de US$ 32 millones, monto calificado por la oposición como un “clavo” económico.

El desvío de G. 512.000 millones y los 11 incumplimientos financieros

La mayoría de estos títulos de deuda fueron emitidos bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El interventor, Carlos Pereira, documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una cuenta única, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), emitidos para obras, a gastos corrientes.

Pese a estos antecedentes, Rodríguez busca postularse nuevamente para el cargo de concejal en las próximas internas municipales.

Asunción: Junta rechaza balance 2025 de Nenecho y Bello y evita “blanqueo” automático

Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). El total es de G. 130.369 millones.

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez. Durante la intervención a la administración de su gestión, que duró de junio a agosto del año pasado y estuvo a cargo de Carlos Pereira, vencieron otros G. 20.694 millones. Desde que asumió Bello, en agosto, vencieron otras seis cuotas que suman G. 79.428 millones.

El lote previsto para la vacunación de este año para todo el territorio nacional, consta de 100.000 dosis del laboratorio Moderna, las cuales cuentan con la composición química actualizada para la temporada 2026.

Distribución de vacunas será inmediata, aseguran

El director del PAI aseguró que, una vez que el cargamento toque suelo paraguayo, la distribución e inicio de la vacunación se realizarán de manera inmediata.

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Si bien los biológicos estarán disponibles para cualquier ciudadano que los demande, la campaña estará fuertemente enfocada en la población de riesgo que cumple con las recomendaciones actuales de los organismos de salud:

• Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante.
• Pacientes con factores de riesgo: Personas con diabetes, cardiopatías o que se encuentren bajo tratamientos inmunosupresores, dado que son quienes presentan mayor tendencia a desarrollar formas graves de la enfermedad.

Cousirat aclaró que, bajo los lineamientos vigentes, una persona sana no tiene indicaciones médicas de recibir dosis anuales de esta vacuna, a diferencia de lo establecido en los primeros años de la pandemia.

Requisito para viajeros

Un punto destacado por las autoridades del PAI es la necesidad que manifiestan ciertos ciudadanos de regularizar su esquema para poder viajar al exterior. Países como Estados Unidos continúan exigiendo la inmunización contra el Covid-19 para la aprobación de visas o el ingreso a universidades.

“Nos están llegando pedidos de personas que van a ir de intercambio a ciertas universidades donde les piden una serie de vacunas, y entre ellas sigue figurando la del Covid-19. Esas personas van a tener la posibilidad de recibir la dosis en nuestro país”, explicó Cousirat, añadiendo que la misma recomendación corre para quienes prevean viajar a México, Canadá o Estados Unidos con motivo de los próximos eventos deportivos en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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Respecto a los tiempos de aplicación previos a un viaje, el director del PAI desmitificó la idea de que se deba guardar un periodo de cuarentena médica tras recibir la dosis. Indicó que la dosis contra el Covid-19 al no ser una vacuna a virus vivo —como ocurre con la de la fiebre amarilla—, no requiere de dos semanas de anticipación para poder abordar un avión.

“Uno puede vacunarse hoy contra el Covid-19 y a la noche viajar en su vuelo sin ningún inconveniente”, afirmó Cousirat, instando a la población objetivo a acudir a los vacunatorios apenas se distribuyan los nuevos biológicos actualizados.

Aumentan las consultas y hospitalizaciones por cuadros respiratorios

Las bajas temperaturas ya comienzan a pasar factura a la salud pública. El último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud encendió las alarmas al confirmar un incremento del 10% en las consultas por Enfermedades Tipo Influenza (ETI) y un repunte del 11% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) durante la última semana.

Según los datos oficiales, la curva de tendencia se mantiene firmemente por encima del umbral estacional. A nivel país, el acumulado de consultas por cuadros respiratorios ya asciende a 42.227 casos, reflejando una alta circulación comunitaria de diversos virus.

El informe detalla que se registraron 324 nuevos hospitalizados en la última semana, de los cuales un preocupante 17% requirió ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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En cuanto a los agentes causales, se identificó la co-circulación de varios virus en pacientes ingresados: Rhinovirus, Influenza A no Subtipificada, Parainfluenza, Influenza A (H3N2), Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus.

Trágico balance

En lo que va del año, ya se han confirmado 72 fallecidos por virus respiratorios a nivel nacional. Dos de estas muertes ocurrieron en la última semana, ambas asociadas a complicaciones por la cepa Influenza A H3N2.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud insiste en que la principal herramienta para frenar las complicaciones graves y la mortalidad es la inmunización. Bajo el marco de la Campaña de Invierno, se recuerda que están disponibles dos biológicos clave: la vacuna anual contra la Influenza y, la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La reunión se realizó ayer en el domicilio del productor Aurelio Ruiz, de la compañía Barrero Azul, donde, según la denuncia, se distribuyeron a un “seleccionado grupo de supuestos productores” semillas de locote y tomate, media sombra, cintas de goteo y abonos.

De la actividad participó el gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Ybycuí, dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ingeniero Ariel Silva. También acompañaron esta “campaña política de entrega de semillas agrícolas e insumos agropecuarios” el actual concejal municipal, Alfredo Yunhichi Uesugui, y los precandidatos a la concejalía Olga Cardozo, Lorenzo González, Juan Quiñónez y Claudio Sosa.

Luego de la reunión, se compartieron rápidamente en grupos y estados de WhatsApp mensajes atribuyendo la entrega al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, equipo del ministro Juan Carlos Baruja. La situación fue criticada y denunciada ante la prensa por ciudadanos indignados, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias.

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Entrega es del MAG y no al movimiento partidario

El gerente del CDA de Ybycuí, ingeniero Ariel Silva, aseguró que los implementos entregados forman parte de un proyecto denominado Pronaf, financiado por el MAG y gestionado a través del comité de productores “Ñemitỹrã” de este distrito, por lo que no corresponde a ningún movimiento partidario.

Consultado sobre las denuncias surgidas luego de que circularan fotografías y afiches en grupos de WhatsApp, atribuyendo la entrega de semillas e insumos al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, y al equipo político de Baruja, dijo desconocer qué hacían en el lugar y señaló que quizás fueron invitados por algún productor de la zona para participar.

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El ingeniero Silvio dijo, además, que el CDA de Ybycuí no participa en la selección de beneficiarios ni en decisiones relacionadas con la distribución de proyectos, limitándose únicamente al acompañamiento técnico y al seguimiento de los comités asistidos.

Finalmente, insistió en que la entrega fue realizada por el Ministerio de Agricultura y no por el movimiento Honor Colorado. Aclaró, además, que fueron los propios productores quienes solicitaron la asistencia y que este tipo de apoyo no se limita únicamente a La Colmena, ya que proyectos similares también fueron entregados en distintas localidades del departamento bajo programas dependientes del MAG.

Al respecto, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, resolvió aplicar la prohibición de innovar (bloqueo o congelamiento) sobre las cuentas, billeteras, activos digitales y productos financieros registrados en la plataforma Binance a nombre de los imputados en esta causa: Alex Junior Silva Báez (18) y Sergio Javier Sosa Melgarejo (35), quienes están con arresto domiciliario, y otra persona más cuya identidad se reserva a pedido de la Fiscalía, por razones de investigación.

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Sin embargo, el magistrado no hizo a lugar a la prohibición de innovar respecto a las cuentas de uno de los involucrados en las múltiples transferencias, otro de los imputados. Esta decisión de no aplicar la medida cautelar alcanza a otras 379 cuentas, registradas en Binance.

Por otra parte, el juez Rodrigo Estigarribia sí dispuso la preservación inmediata, resguardo y no alteración de los registros, logs, metadatos e información digital vinculada a las cuentas de Alex Silva, Sergio Sosa, y otros dos más, así como a las otras 379 cuentas financieras.

¿Qué efecto tienen las medidas judiciales sobre las cuentas?

De acuerdo con lo que refiere el escrito judicial, las medidas que pesan sobre las cuentas de los cuatro imputados, citados previamente, en esta causa abarcan los “datos de registro y suscripción” a la plataforma Binance, como fecha y hora de creación de la cuenta, correos electrónicos asociados, números telefónicos vinculados, cambios históricos de correo o teléfono, y otras informaciones más.

También aquellos “datos de conexión y acceso”, como direcciones IP históricas, logs completos de acceso, fechas y horas de conexión, geolocalización, user agents; los “datos transaccionales”, tales como el historial completo de depósitos y retiros, transacciones internas, transferencias entre usuarios Binance, operaciones P2P; así como los “datos complementarios”, como tickets de soporte, comunicaciones con soporte técnico y otros más.

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Más de 400 personas indagadas por megaestafa de G. 9.000 millones

La fiscala Irma Llano es quien tiene a su cargo una de las más importantes causas, en cuanto a volumen de involucrados, por estafa mediante sistemas informáticos, cometida contra una compañía telefónica, teniendo en cuenta que hay poco más de 400 personas en la mira de los investigadores, involucradas en el perjuicio de G. 9.015.046.663 contra la empresa.

En el marco de esta causa, inicialmente fueron detenidas 10 personas, pero hoy en día se tienen en total 13 sujetos ya imputados por los supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, asociación criminal y lavado de activos, en la modalidad de frustración del hallazgo, según el Código Penal.

En esta misma causa, hasta el momento hay unos 478.851 USDT (funciona como un dólar digital en el campo de las criptomonedas) incautados.

Entre las diligencias que lleva a cabo la fiscala Irma Llano, está la toma de declaración de indagatoria a cada una de estas personas que fueron identificadas en el marco de la pesquisa, además de la remisión de oficios a las entidades financieras de plaza, cuyos clientes recibieron en sus respectivas “cuentas mulas” las sumas de dinero producto de los desvíos.

Como líder de esta estructura fue identificado como Alex Silva, de 18 años, quien habría involucrado a sus compañeros y familiares dentro del esquema fraudulento. Según datos obtenidos, el indagado realizó transferencia de capitales en forma masiva a través de medios de pagos electrónicos, usando 8 líneas matrices de billeteras que disparó a más de 1.927 transferencias con montos máximos de hasta G. 499.000, para no levantar alertas, hacia 395 cuentas mulas.

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De acuerdo con la denuncia hecha por la compañía telefónica, entre el 20 y el 25 de marzo de 2026, Alex Silva habría vulnerado la seguridad de una compañía proveedora de servicios de pagos móviles.

Al respecto, la Fiscalía identificó que el joven explotó una vulnerabilidad en el sistema de pagos electrónicos de la firma, mediante la manipulación del segundo comando del proceso transaccional de cobro por código QR.

De esta forma se valían de los comercios o individuos que operaban con códigos QR para captar los pagos de usuarios a través de la billetera asociada a la firma víctima de esta estructura.

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Así, los investigados pusieron en marcha un mecanismo consistente en la manipulación del segundo comando del proceso transaccional, es decir, cuando un cliente escaneaba un código QR, el sistema reservaba el monto real en el banco clearing y lo debitaba íntegramente, pero al momento que impactaba en la billetera electrónica del comercio receptor, el valor registrado, era alterado a G. 1.

Es así que, la diferencia entre el monto real cobrado y el ínfimo valor registrado se desviada hacia las billeteras de los hoy imputados y sus asociados. Con esto, los fondos obtenidos se distribuyeron por 1.927 transacciones hacia 395 cuentas bancarias, insertándose en el sistema formal de pagos para aparentar licitud.

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Según se pudo constatar mediante las diligencias iniciales, los sospechados habrían recurrido a “granjas de pitufos” o “granjas de mulas”, que son individuos que prestan sus cuentas para las operaciones.

Dentro del esquema, desde las granjas vendían criptoactivos, que entonces estaban a un valor de G. 6.500, pero que los investigados ofrecían comprar por G. 13.000, y transferían esos valores a las cuentas de los estafadores.

Así, los investigados ofrecían hacer transferencias por código QR por la suma máxima de G. 499.000 a modo de que el criptoactivo les sea transferido a sus respectivas billeteras, registradas en la plataforma Binance.

En la fundamentación del proyecto, se recordó que la vivienda ubicada sobre la calle Luis Alberto de Herrera N.º 892 entre Tacuarí y Estados Unidos, en Asunción, posee un “indudable valor histórico, cultural y simbólico” para el país.

El documento presentado ante el Senado sostiene que, pese a anuncios oficiales realizados meses atrás, la propiedad continúa expuesta a riesgos de degradación irreversible, sin que exista claridad pública sobre las medidas implementadas por los organismos responsables.

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Según se expuso, distintos medios de prensa reportaron que el inmueble permanece en evidente estado de abandono, con daños estructurales cada vez más notorios e incluso con presencia de ocupaciones irregulares dentro de la propiedad.

Senado pide detalles sobre convenio firmado en 2025

Los legisladores también solicitaron informes precisos sobre el convenio interinstitucional firmado en junio de 2025 entre la Secretaría Nacional de Cultura, el Instituto de Previsión Social y la Procuraduría General de la República, que tenía como objetivo impulsar acciones de restauración y puesta en valor de la casa de Serafina Dávalos.

En ese contexto, el Senado busca conocer cuáles fueron las obligaciones asumidas por cada institución, el estado actual del proceso de recuperación patrimonial, los recursos destinados y las medidas efectivamente ejecutadas desde la suscripción del acuerdo.

Patrimonio cultural y memoria histórica

El proyecto remarca que la preservación del patrimonio histórico y cultural “no puede quedar reducida únicamente a declaraciones formales o anuncios institucionales”, sino que requiere acciones efectivas y coordinadas por parte del Estado.

Asimismo, se recordó la relevancia histórica de Serafina Dávalos, quien adquirió inicialmente el inmueble en 1914 y posteriormente unificó terrenos linderos en 1928, consolidando la propiedad que hoy forma parte de la memoria histórica nacional.

Los senadores advirtieron que la situación genera creciente preocupación ciudadana debido al deterioro visible del inmueble y a la falta de resultados concretos respecto a su conservación, pese a tratarse de un bien patrimonial ligado a una de las figuras más emblemáticas de la historia jurídica y social paraguaya.

Incluso ensayaron la posibilidad de solicitar una reprogramación presupuestaria para restaurar la vivienda de Dávalos.

En ese sentido, la institución refirie que la detección de los documentos supuestamente adulterados fue posible mediante la intervención ciudadana y las observaciones públicas, durante el proceso de concurso de los postulantes para las vacancias en el sistema de justicia.

Imputan a jueza y funcionarios por supuesta adulteración de documentos para aumentar puntajes en ternas

Desde el órgano se expuso que, ante la detección de irregularidades se impulsó una investigación interna con la intervención de una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas de la institución. Es así que, tras corroborar los indicios, se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

En forma paralela, el Consejo de la Magistratura adoptó medidas administrativas inmediatas, incluyendo sumarios, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica, según el escrito.

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Por último, señalaron desde el CM que “estos hechos corresponden a responsabilidades individuales”, empero el funcionamiento de los mecanismos de control de la institución permitieron detectar estas irregularidades.

Jueza, exjuez, funcionarios fiscales y del CM, imputados por escándalo

El fiscal Leonardi Guerrero imputó por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, a una exactuaria judicial de Curuguaty, un asistente fiscal de Coronel Oviedo, un exmagistrado judicial y a una actual jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero.

También son investigados, pero en calidad de cómplice, un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, y como instigador, un funcionario de la Escuela Judicial del CM.

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Se trata así de:

• Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de PJC;
• Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado;
• Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty.
• Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo;
• Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo con 15 años de antigüedad en el Consejo de la Magistratura y
• Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, con más de 20 años de servicio, pero que renunció hace pocos meses.

La causa se tramita en el juzgado penal de garantías N° 7, a cargo de Miguel Palacios.

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Modus operandi con los documentos e hipótesis

El fiscal Leonardi Guerrero sostiene como hipótesis inicial que con el fin de sumar puntos de cara a las evaluaciones y eventualmente integración de ternas para cargos judiciales, fiscales o defensores públicos, se utilizaron documentos académicos presuntamente adulterados.

Entre estos se citan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.

“Las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web”, cita la Fiscalía.

Finalmente, la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el Rafael Prieto y Tomás Ávalos, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.

Keun fue despojado de dos mochilas: una que contenía la suma de G. 24.000.000 en efectivo, además de cheques, y otra que contenía varias prendas de vestir. Los supuestos autores fueron dos sujetos, ambos armados con pistolas.

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La víctima relató a la Policía que se desplazaba sobre la mencionada avenida cuando fue interceptada por los desconocidos, quienes se encontraban a pie. Uno de ellos, con arma de fuego en mano, le exigió que entregara su mochila.

Inicialmente, el hombre se negó y uno de los supuestos autores le propinó un golpe en la cabeza para despojarlo de sus pertenencias.

La investigación del hecho fue comunicada a la fiscal de turno, Estela Ramírez, quien quedó a cargo del caso.

En algún momento de descuido de los docentes el adolescente sacó el arma y disparó. La bala impactó en el cuello de una de sus compañeras, que de milagro logró sobrevivir.

Estudiante de 16 años supuestamente disparó a su compañera de curso en Nueva Italia

En tanto que el sospechoso escapó inicialmente del centro educativo, pero luego fue detenido en la casa de su familia, en la misma ciudad de Nueva Italia.

Los representantes legales de la víctima presentaron una querella adhesiva por supuesto homicidio doloso en grado de tentativa, debido a que los peritos lograron demostrar que para disparar el arma utilizada en el hecho se debía imprimir una presión de casi cuatro kilos sobre el gatillo.

Sin embargo, el Ministerio Público imputó al adolescente por lesión grave, ya que el sospechoso afirmó en aquel momento que el disparo fue accidental en el momento que intentó tomar el arma que tenía en su mochila.

El juzgado en base a la imputación de la Fiscalía le otorgó la prisión domiciliaria a Facundo Mauricio después de cuatro meses de estar recluido en el Correccional de Menores. Pero el joven incumple todas sus medidas y hasta dejó de firmar el libro de comparecencia mensual, sin consecuencia alguna.

Tras arresto, feminicidio en Nueva Italia

Desde ese momento, el ahora presunto feminicida estuvo prófugo de la justicia, hasta que finalmente el viernes 8 de mayo último se presentó ante el Juzgado de Sentencia de Fernando de la Mora. El colegiado, integrado por los magistrados Ana Carolina Silveira, Leticia Frachi Vargas y Javier Sapena Bibolini, dejó sin efecto la rebeldía y nuevamente lo benefició conel arresto domiciliario, que debía cumplir en la una propiedad de la compañía Itaybateí de la ciudad de Nueva Italia.

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Once días después, el mismo joven Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, quien ya estaba procesado por haber baleado a una compañera de colegio, ahora aparentemente asesinó con un cuchillo a María Celeste Segovia Colmán (31), con quien supuestamente estaba manteniendo relaciones sentimentales.

“Si el Juzgado de Sentencia no hubiera actuado con tanta ligereza y concedido nuevamente medidas al joven que estuvo en rebeldía por varios años, esta mujer María Celeste Segovia Colmán seguiría viva”, aseguró el abogado Héctor Torres, quien representa a los familiares de la estudiante que fue baleada por Balbuena Villasboa.

Irónicamente, en la mañana de hoy miércoles 20 de mayo el mencionado Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora integrado por los mismos magistrados levantó las medidas alternativas a la prisión aplicadas al procesado Balbuena Villasboa y decretó su prisión preventiva.

El magistrado admitió la acusación ratificada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero; y rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y exclusión de los testimonios del Abg. Jorge Rolón Luna y los ex ujieres del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo Benítez y Nicolás Antúnez; y admitió la exclusión de la declaración del ex ujier Líder Rodrigo Benegas.

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Por otra parte, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos no admitió el testimonio del ex ujier Líder Benegas, quien también está procesado en la presente causa, aunque pendiente de que se le conceda la suspensión condicional del procedimiento a pedido del Ministerio Público.

Además, a pedido de la defensa Otazú aceptó incluir como prueba para el juicio oral, el informe sobre los movimientos bancarias de la exmagistrada, pero rechazó la inclusión del informe bancario sobre el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, quien en su declaración ante el Ministerio Público había afirmado que llegó a llevarle, hasta en una caja de zapatos, la suma de G. 25 millones a González de Bristot, cuando la misma ocupaba el cargo de jueza de Paz de San Roque.

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En atención al pedido del Ministerio Público el juez de Garantías también elevó a juicio oral a los actuarios Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz. En estos casos Otazú rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo que plantearon las defensas durante la audiencia preliminar.

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Otros acusados que afrontarán juicio oral son los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña, de la firma Litoral Trading SRL; Aníbal Cino Isnardi y Gerardo Stockel Duarte, representantes de la firma Nexo SA; Mario Gabriel Rojas Ayala, por la Cooperativa San Cristóbal Ltda.; Fátima Viola Ojeda González, en representación de Mi Paraguay SA; Eliana Rodríguez, de la firma Carsa; y la Abg. Marta Martinessi Culzoni, representante de la firma Chacomer SAE.

Por otro lado, Otazú imprimió trámite de oposición a la suspensión condicional del procedimiento para el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, la oficial de Justicia Paola Vargas, el Abg. Carlos Agüero León, de LAB SA; Abg. Félix Óscar Gill, representante de la firma Cobranzas Eficientes y Oportunas SA.; y el Abg. Pedro Olmedo Cano, representante de la empresa Serfin SA.

En relación al oficial de Justicia Óscar Frutos, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la aplicación del procedimiento abreviado y condenó al encausado a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, por el plazo de 3 años. En concepto de reparación social del daño, el mismo debe donar la suma de G. 1.000.000 mensual, por 36 meses, a una entidad de beneficencia.

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Acusada en el caso “mafia de los pagarés”

La ex jueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot, está acusada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en el caso “mafia de los pagarés”. Junto a la ex magistrada están procesados actuarios judiciales, ujieres notificadores y oficiales de Justicia de dicho Juzgado de Paz, además de profesionales abogados.

Según la acusación fiscal cuando era jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot dictó resoluciones judiciales supuestamente “violando el derecho y para favorecer a las partes actoras (empresas de cobranzas)”, y que pese a que habría sabido que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se realizaban, igual avanzó en el proceso, llegando en muchos casos al dictamiento de sentencias definitivas de remate y luego, los descuentos compulsivos de salarios como parte de los embargos dispuestos.

La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.

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A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.

Esquema de la “mafia de los pagarés”

La acusación fiscal detalla que entre los años 2022 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes legales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.

El Ministerio Público agrega que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.

Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado. Sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no eran diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos.

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Según el esquema que revela la acusación fiscal, dentro del proceso ejecutivo las intimaciones de pago y embargos ejecutivos eran también informados falsamente como realizados por los oficiales de justicia, consignando en muchos casos la misma fecha (e incluso hora) en lugares distantes unos de otros en los diversos expedientes pertenecientes a la misma empresa de cobranzas demandante por quienes habían sido contratados.

Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR, afirmó de forma categórica que un sistema de control deficiente es el terreno propicio para la comisión de irregularidades administrativas.

Auditor del IPS confirma vulnerabilidad en manejo de fondos durante gestión de Jorge Brítez

“Un sistema de control interno débil, puede propiciar eventualmente actos impropios, porque fallan los controles, fallan los sistemas”, alertó Fernández al ser consultada sobre las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo en relación a la contabilidad y el manejo de fondos del seguro social.

IPS: “El sistema hace agua y no se toman medidas”

Fernández fue enfática al señalar que las falencias del IPS no son una novedad para sus directivos, ya que el órgano superior de control emite dictámenes desfavorables de manera recurrente tras cada evaluación anual. Apuntó directamente a la responsabilidad de la cúpula del ente previsional para ejecutar las correcciones necesarias. Desde agosto del 2023, la administración del IPS estuvo a cargo de Jorge Brítez, quien presentó renuncia y fue reemplazo por Isaías Fretes el pasado 22 de abril.

“Año tras año nosotros venimos alertando a las autoridades del IPS que deben fortalecer sus sistemas de control interno, que su sistema de control interno es débil, y ese fortalecimiento tiene que partir de la máxima autoridad y su equipo gerencial”, sentenció.

Para la directora de Control Gubernamental, la inacción ante los reportes oficiales agrava la situación institucional de la previsional. “Si la entidad madre, la entidad fiscalizadora superior del Paraguay te está alertando que tu sistema hace agua, que tu sistema necesita ajustes, que no hay control adecuado, y no se toman las medidas, entonces ellos no pueden decir que no se les alertó”, cuestionó de forma directa.

Caos de sistemas y el debate de la “doble contabilidad”

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones sobre la existencia de una “contabilidad paralela” o el uso simultáneo de dos sistemas contables contrapuestos, Fernández aclaró que la CGR no cuenta actualmente con reportes de sus equipos que certifiquen una duplicidad intencional o fraudulenta, aunque reconoció que el IPS opera bajo una preocupante fragmentación tecnológica.

Según detalló, la institución maneja una multiplicidad de sistemas independientes por área (Aporte Obrero Patronal, caja, jubilaciones, fondos de inversión a través de la plataforma Data Tech, y stock de alimentos), cuyos informes sectoriales deben ser unificados posteriormente por el Departamento de Contabilidad en un balance consolidado.

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Si bien Fernández explicó que esta dispersión de plataformas es común en instituciones complejas, advirtió que la falta de un control interno robusto sobre el flujo de estos datos es lo que genera sospechas y desajustes.

Definición en julio

La veracidad y la transparencia del balance consolidado del IPS están siendo evaluadas a contrarreloj. Fernández explicó que actualmente, un equipo multidisciplinario de la Contraloría ejecuta un paquete de seis auditorías simultáneas dentro de la previsional, las cuales abarcan las áreas financiera, de fondos de jubilaciones, de activos fijos y bienes patrimoniales, de contrataciones públicas, tecnológica y de gestión ambiental (residuos hospitalarios).

Los resultados de esta fiscalización integral realizada anualmente por la Controlaría, que determinarán si el IPS registra íntegramente sus operaciones o si existen sesgos y errores materiales, están previstos para finales del mes de julio. “En este momento la auditoría está en proceso. El auditor tiene que cotejar la información de manera tal a que no haya sesgo. Al culminar, vamos a estar en condiciones de emitir una opinión basada en evidencia suficiente y competente”, concluyó Fernández.

El boletín remitido desde la cartera laboral detalla que, la iniciativa surgió en respuesta al crecimiento sostenido de la actividad naviera, que demanda la incorporación de mano de obra calificada para cubrir nuevos puestos de trabajo.

En ese marco, refiere el comunicado que, el sector articula acciones con el Servicio Público de Empleo para acercar oportunidades laborales a personas interesadas en insertarse en el mercado laboral, conforme a los perfiles requeridos por las empresas.

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Empresas cuentan con 87 vacancias laborales

Las oportunidades laborales corresponden a diez empresas del sector: Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA, UABL PY .

Se encuentran disponibles vacancias para los cargos de marinero (33), engrasador (18) y cocinero (11). También se buscan perfiles para patrón baquero (4), jefe de máquinas (3), marinero aprendiz (3), práctico sur (3) y práctico (2).

Además, hay oportunidades para analista de tecnología embarcada TL (1), jefe de máquina relevante (1), calderero/soldador (1), analista de planificación (1), capitán (1), representante comercial (1), asistente de operaciones Forwarding (1), chofer (1), engrasador aprendiz (1) y analista de HSEQ (1).

Entrevistas laborales

Durante la jornada se desarrollarán entrevistas laborales con representantes de las firmas participantes. Asimismo, se prevé la participación de alumnos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuyos perfiles serán evaluados para una eventual derivación a las empresas solicitantes.

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Las vacancias ya se encuentran publicadas en el portal EmpleaPy, donde las personas interesadas pueden acceder a los requisitos y condiciones salariales de cada puesto. Los salarios oscilan entre el mínimo legal vigente y unos 6 millones de guaraníes.

La convocatoria está prevista para este jueves 21 de mayo, desde las 08:00, en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada en avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción.

Bajo el lema #TodosSomosResponsables, la institución apela a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de prendas que se encuentren en buen estado. Entre los artículos solicitados se encuentran:

• Abrigos.
• Camperas.
• Pantalones.
• Remeras.
• Medias.
• Gorras.
• Calzados.

El punto de recepción es la sede central del Minna para la entrega de donaciones, ubicada en Ayolas 482 casi Oliva, en la ciudad de Asunción.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

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Además, el operativo cuenta con un alcance nacional a través de las oficinas regionales del Minna distribuidas en los siguientes departamentos:

• Sede en Central, en la Gobernación en Areguá, ruta D070, tramo Capiatá-Areguá, km. 24, Compañía Costa Fleytas.
• Sede en Alto Paraná, predio del Ministerio Público en Ciudad del Este, Avda. Los Sauces km 3 1/2.
• Sede en Itapúa, oficina Regional en Encarnación, Jóvenes por la Democracia Nº 1741 edificio Libra 4to piso.
• Sede en Concepción, en la Gobernación de Concepción, Carlos A. López, casi Brasil.
• Sede en Caaguazú, en la Gobernación de Caaguazú, Mcal. Estigarribia e/ Ytororo, Coronel Oviedo.
• Sede en Cordillera, en la Gobernación, Pozo de la Virgen c/ Dr. Pino, Caacupé.
• Sede en Guairá, en la Gobernación, Gral. Díaz c/ San Roque Gónzalez de la Santacruz, Villarrica.
• Sede en Caazapá, en la Gobernación, Mcal. Estigarribia, e/ Pedro N. Ciancio, Caazapá.
• Sede en Presidente Hayes, en la Gobernación, Avda. Dr. Pablo Contessi Pérez e/ Avda Laudo Hayes y España, Villa Hayes.
• Sede en Ñeembucú, Alberdi e/ 14 de Mayo y Gral. Díaz, Pilar.
• Sede en Misiones, en Santa Rosa, 14 de Mayo, c/ Alberdi.
• Sede en Canindeyú, subsede Curuguaty, Mca´. Estigarribia c/ Francisco Tarragó.
• Sede en Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Cerro León y Alejo García.

Desde el Ministerio destacan que cada aporte es de gran valor para proteger a los sectores más desfavorecidos durante el invierno.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante casos de niños o adolescentes en situación de riesgo por el frío, se puede contactar a la línea gratuita 147 (Fono Ayuda).

De Brum, de 32 años de edad, fue secuestrado el 22 de febrero pasado mientras trabajaba en una cosecha de soja en la localidad de Yerutí.

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En el lugar se hallaron algunos panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no han confirmado ni descartado la participación de ese grupo en el secuestro.

La familia del productor ha pedido a los captores que “actúen con humanidad”, al insistir en su solicitud de una prueba de vida.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Según el Gobierno paraguayo, esta guerrilla tiene 13 miembros activos.

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Sin embargo, Abed no asistió supuestamente por motivos de salud y envió de emisaria a Bettina Aguilera.

En tanto que, Yamil Esgaib tras un discurso rimbombante se retiró del recinto indicando que tenía otros compromisos.

“Es importante poner en el centro del debate un pilar fundamental de la República; el derecho a saber. Desde la comisión que me toca presidir entendemos que la justicia no solo se imparte en lo tribunales, sino que se construye cada vez que un ciudadano accede a información real de como se administran sus recursos”, dijo Yamil Esgaib durante su discurso de apertura.

Resulta irónico que Yamil Esgaib, uno de los parlamentarios más violentos con los trabajadores de la prensa y quien constantemente pide cierre de debate o bloquea los pedidos de informes de los opositores en la Cámara Baja esté como disertante con un discurso que podría catalogarse de falso.

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Habló sobre la justicia social, y de que con el acceso a la información el ciudadano puede saber que pasa con el dinero de su jubilación, el uso de los recursos públicos. Pero, en las últimas sesiones no acompañó los pedidos de informes IPS y otros pedidos de transparencia.

“No puede haber justicia social si el pueblo desconoce el actuar de sus representantes. La transparencia deben ser lo más eficaz contra la arbitrariedad y el camino más corto hacia la eficiencia de la gestión pública”, dijo en otra parte de su discurso el cartista.

“Otros compromisos”

Luego de su presentación, se retiró de la jornada al igual que la diputada Bettina Aguilera y el ministro de Justicia Rodrigo Nicora, todos alegaron compromisos previos.

Por otro lado, Clara Aquino, la directora de Transparencia de la Contraloría General de la Republica, envió una emisaria también por que tenía otro compromiso previo. No asistió tampoco Elida Acosta, asesora de la Dirección de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Dio una disertación casi tirando al hurrerismo la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidente, María Teresa Peralta, quien luego de saludar a todos sus “correligionarios y amigos” se dispuso a leer un resumen de lo que hizo la vicepresidencia, datos que cualquier ciudadano pueda acceder desde la web, sin necesidad de ir a una disertación. Es decir, no aportó nada nuevo en la jornada institucional.

A última hora fue agregada en la lista de disertante Laura Salinas, del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic).

De acuerdo con la institución, esta prohibición estricta busca mitigar riesgos tanto operativos como ambientales en el campo paraguayo.

Objetivos principales de la disposición

• Preservar la trazabilidad: asegurar el seguimiento del producto desde su origen hasta el consumidor final
• Garantizar la integridad: evitar adulteraciones o contaminaciones cruzadas que afecten la calidad de los insumos
• Seguridad en el etiquetado: asegurar que la información de uso, dosificación y advertencias permanezca visible y sea la correcta
• Mitigación de riesgos ambientales: reducir los peligros vinculados al manejo indebido y la disposición inadecuada de los envases vacíos

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Alineación con estándares internacionales

La DAG enfatiza que esta medida no es aislada, sino que responde directamente a las reglamentaciones institucionales internas y está plenamente alineada con el Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Las autoridades instan a los actores de la cadena de suministro a adecuarse estrictamente a la normativa para evitar sanciones y cooperar con la sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

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Las cuentas y los canales oficiales de comunicación de la comuna capitalina no emitieron ningún tipo de aviso previo respecto al corte de la calzada en la zona de las obras de pavimentación. Tras la publicación, la circulación volvió a habilitarse.

Nicolás Duarte, director de Vialidad informó que los trabajos en la zona continuarán hasta el lunes o martes, con cortes intermitentes del tránsito. Agregó que algunos trabajos, como la colocación del hormigón, se realizarían necesariamente en horario diurno, mientras que la regularización asfáltica se haría por la noche.

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La calle Azara constituye la principal vía de acceso para el transporte público que ingresa diariamente al centro histórico de la capital desde distintos puntos del área metropolitana. Debido al bloqueo de la calzada, decenas de automóviles y líneas de colectivos quedan completamente retenidas en una larga fila y deben desviar de forma improvisada girando hacia la calle Caballero.

El colapso de la circulación vehicular en el microcentro asunceno se agravó significativamente debido a la total ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el sector. Ningún inspector de la comuna fue desplegado para dirigir el flujo automotor ni para coordinar los giros forzosos en los puntos críticos establecidos para el desvío.

Tránsito en Asunción: Obras de Luis Bello repiten el desastre vial de Eusebio Ayala

Este escenario en el centro histórico repite el patrón de falta de planificación vial que la Municipalidad de Asunción ya registra desde hace varias semanas sobre la transitada avenida Eusebio Ayala. Allí, las máquinas del mismo plan de obras redujeron el tránsito automotor a paso de hombre, afectando severamente uno de los principales accesos a la ciudad.

La desorganización en la apertura de los frentes de trabajo del plan comunal también afectó de manera reciente a los usuarios de la avenida De la Victoria. Vecinos y automovilistas que circulan por dicha arteria y por la calle R.I. 18 Pitiantuta presentaron quejas similares debido a los cierres viales mal coordinados que afectan enormemente al flujo vial de la transitada Eusebio Ayala.

Caos en Eusebio Ayala: Obras de Luis Bello reducen el tránsito a “paso de hombre”

Los conductores y usuarios del transporte público que utilizan la calle Azara en el microcentro de Asunción manifestaron su disconformidad ante la colocación de carteles de desvío sobre la calzada sin una correcta planificación de contingencia previa.

La carencia de cronogramas claros de trabajo y de vías alternativas debidamente señalizadas por parte de la administración del intendente Bello continúa afectando el desplazamiento diario de los ciudadanos. Los problemas de movilidad urbana se extienden y se agudizan por la simultaneidad de obras viales ejecutadas sin el acompañamiento operativo de las direcciones municipales.

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Según explicó el jefe comunal, el traslado tradicional desde el puerto de Humaitá hasta la ciudad argentina de Las Palmas provincia del Chaco (Argentina)demanda más de una hora de viaje, mientras que desde Curupayty el recorrido fluvial se realiza en apenas entre 10 y 15 minutos, convirtiéndose en una alternativa mucho más práctica para pasajeros y transportistas.

Caballero indicó que del lado argentino ya operan organismos de control, como la Prefectura Naval y oficinas migratorias, pero que en territorio paraguayo aún falta la instalación de una dependencia de Migraciones que permita formalizar legalmente el tránsito internacional.

En ese contexto, sostuvo que la Municipalidad de Humaitá está dispuesta a invertir en infraestructura básica y firmar acuerdos institucionales para facilitar el funcionamiento del futuro puesto fronterizo.

Entre las mejoras previstas figuran la construcción de rampas, adecuación de accesos y acondicionamiento del embarcadero.

Las negociaciones cobraron fuerza tras una reunión realizada recientemente en Humaitá, donde participaron representantes de Las Palmas, autoridades chaqueñas y el diputado nacional Diosnel Aguilera.

Para los próximos días se prevé un nuevo encuentro con la intención de incorporar al Gobierno departamental del Ñeembucú y acelerar los trámites administrativos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es habilitar inicialmente una balsa destinada al transporte de camiones de carga, con la finalidad de descongestionar el intenso movimiento que actualmente soporta el paso fronterizo de Clorinda, por donde circulan diariamente cientos de vehículos pesados.

Las estimaciones preliminares indican que entre el 10% y el 20% del flujo de cargas podría ser redireccionado hacia este nuevo corredor internacional, lo que representaría un importante impulso económico para la región.

A largo plazo, autoridades y pobladores sueñan con la construcción de un puente internacional que consolide definitivamente la conexión entre ambos países.

El futuro paso fronterizo también se ve fortalecido por el avance de las obras de la denominada Ruta Histórica, que une Pilar, Humaitá y Paso de Patria.

Los trabajos ejecutados en los lotes correspondientes permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad luego de las intensas lluvias registradas en la zona.

El intendente remarcó que, mediante gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las empresas constructoras encargadas de la obra vial, se realizaron intervenciones para garantizar la circulación vehicular en un tramo considerado estratégico para el desarrollo turístico, comercial y logístico del sur del país.

Al respecto, informaron que la Gobernación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) han prometido la entrega de los kits de víveres y la transferencia de los recursos destinados al programa productivo.

El acuerdo entre el sector campesinado de Misiones y el Gobierno Nacional, a través de la EBY, establece la entrega de kits de alimentos para unas 14.000 familias afiliadas a la OCM, en tres etapas durante el año; estas entregas debieron haberse iniciado en abril.

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La asistencia está orientada a paliar la baja producción agropecuaria que sufrieron los productores, provocada por factores climáticos, especialmente por la sequía registrada entre los meses de diciembre del año pasado y enero de este año.

Además, se contempla la transferencia de recursos para el programa productivo, que cubre la preparación de suelos, la compra de insumos como semillas y fertilizantes.

Para las familias que no cuenten con actividad agrícola, se prevé la adquisición de pollitos y otros insumos necesarios para su crianza.

“Las autoridades de la Gobernación y de la EBY nos han prometido que para el día 26 de mayo ya se habrán distribuido los kits de víveres y la transferencia de recursos para los proyectos productivos. Por esta razón mantenemos nuestro cuarto intermedio en la movilización: si el día 26 no se cumplen los compromisos, el día 27 iniciaremos una manifestación de carácter indefinido”, explicó Ramón Benítez, dirigente campesino.

Miembros del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), se reunieron el pasado 28 de abril con el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien prometió, entre otras cosas, una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de liberar los fondos.

No obstante, hasta la fecha, los directores siguen sin estos recursos. La semana pasada, el MEC habilitó la firma de las solicitudes a través del sistema de gestión interna (Sigmec).

“Si consideramos que normalmente el fondo viene después de dos semanas de la firma, recién en junio estaríamos recibiendo”, lamentó Elvio Daniel Argüello, director de la Escuela Básica N° 1334 Don Isaac Ortíz, ubicada en la ciudad de Zanja Pytã, en el departamento de Amambay.

Lo que debe repartir el MEC en concepto de gratuidad

Los recursos de gratuidad se dividen en dos tipos, los gastos corrientes, que sirven para la adquisición de insumos básicos de limpieza y compras menores como focos, picaportes, vidrios para ventanales, tizas o marcadores.

Los gastos corrientes son los que se entregan en el primer semestre del año lectivo, usualmente en marzo o abril, si hay retrasos. Considerando esto, la demora del Gobierno ya lleva dos meses de atrasos en lo que va del 2026.

Según datos del Sinadi, extraídos tras la reunión con el ministro Ramírez, el Gobierno tiene previsto entregar G. 3.233 millones para el nivel inicial y G. 9.631 millones para el primer y segundo ciclo de la escolar básica (primero al segundo grado).

Para el tercer ciclo, la deuda alcanza G. 4.618 millones y para los bachilleratos científicos, el monto es de G. 5.454 millones. Para los bachilleratos técnicos, la cifra alcanza G. 3.749 millones. En total, lo adeudado por el Gobierno es de G. 26.685 millones, o sea, casi G. 27.000 millones, aclarando que en algunos casos, este reparto se realiza en dos etapas.

Directores plantean protestas si no reciben recursos básicos

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, afirmó que preparan una protesta frente al edificio central del Ministerio de Economía, si es que para la próxima semana, siguen sin recibir una respuesta sobre los desembolsos de la gratuidad.

“Nosotros queremos la respuesta del MEF que es la entidad encargada de brindar los recursos al MEC, que luego transfiere a las instituciones educativas. Hasta ahora lastimosamente no tenemos retorno”, denunció.

Según datos, la víctima y otros familiares se encontraban compartiendo una ronda de tragos alrededor de una fogata cuando el joven solicitó dinero para continuar consumiendo alcohol. Ante la negativa de su madre, reaccionó violentamente, agarró una leña y golpeó en el rostro a su progenitora.

Posteriormente, el agresor se retiró del lugar hacia la comunidad indígena Jukyry, donde fue localizado y capturado por vecinos, quienes posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional.

No sería la primera vez

De acuerdo con los familiares, el joven presenta conductas agresivas recurrentes y no sería la primera vez que agrede a su madre.

El procedimiento se inició tras la denuncia radicada por la propia víctima, quien llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado.

Según el comunicado oficial de las autoridades, se ha detectado la venta clandestina de estos compuestos a través de internet, plataformas digitales y redes sociales.

Al no contar con el respaldo científico ni los controles de calidad correspondientes, su consumo implica un riesgo sanitario crítico.

Dinavisa instó a la población a no adquirir ni utilizar ninguna de las siguientes marcas identificadas en el mercado informal:

• VELTRANE - TIRZEPATIDE
• THERA - TIRZEPATIDE
• TIRZEPATIDE INJECTION
• TIRZEGEN

Estos productos se comercializan por canales no autorizados y su ingreso al país no ha sido supervisado por ningún organismo de control.

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Riesgos severos para la salud

El principal peligro de estos medicamentos falsificados o de contrabando radica en la total incertidumbre sobre su origen. Al carecer de registro sanitario, las autoridades advierten que estos viales podrían:

1. Contener ingredientes no declarados o sustancias directamente peligrosas y tóxicas.
2. Haber sido elaborados en condiciones de fabricación insalubres o desconocidas.
3. Provocar graves efectos adversos e irreversibles en el organismo.

La institución recuerda que la automedicación y la compra de fármacos en el mercado negro ponen en juego la vida de las personas.

Antes de adquirir cualquier tratamiento, se solicita a los pacientes verificar siempre que el producto cuente con el registro sanitario de Dinavisa de forma visible en su envase.

Alerta sanitaria por contaminación microbiológica de productos de limpieza

Para reportar la venta ilegal o falsificación de estos u otros fármacos, la institución ha habilitado los siguientes canales de denuncia:

• Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py
• Vía web: A través del botón de denuncias en la página oficial de Dinavisa.
• Presencial: Mediante una nota en físico presentada en las oficinas de la institución.
• Teléfono: (021) 45 36 66

Para obtener más detalles y acceder al documento oficial, puede visitar el portal institucional.

El organismo está presidido por Camilo Pérez, actual titular del COP y también precandidato a la intendencia de Asunción.

La resolución solicita a la Contraloría un informe detallado sobre todos los fondos transferidos desde instituciones del Estado al Comité Olímpico Paraguayo entre 2020 y 2022, incluyendo:

• Montos, fechas y entidades que realizaron las transferencias
• Conceptos específicos de cada desembolso
• Auditorías, controles y verificaciones realizadas por la CGR
• Copia de las rendiciones de cuentas presentadas por el COP
• Detalle de obras ejecutadas en el Parque Olímpico de Ñu Guasu
• Montos invertidos, empresas adjudicadas y modalidades de contratación
• Si las adjudicaciones fueron por licitación o contratación directa
• Eventuales denuncias o reclamos sobre la ejecución de los fondos

Además, el Senado pidió que la información sea remitida en formato digital y editable, junto con la documentación de respaldo.

El proyecto aprobado sostiene la necesidad de revisar el manejo de recursos públicos destinados a la organización de los Juegos Suramericanos 2022, considerando el alto volumen de inversión estatal.

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El documento señala que, pese al importante presupuesto asignado, se habrían registrado deficiencias durante la realización del evento, además de denuncias de atletas por problemas logísticos y operativos.

También se solicita revisar los procesos de licitación vinculados a las obras del Parque Olímpico, uno de los principales escenarios construidos para el evento en Asunción.

Transparencia y control del gasto público

Los legisladores Juan Afara y Luis Pettengill, colorados disidentes que impulsaron el pedido, argumentan que es necesario verificar si la Contraloría realizó auditorías completas sobre el uso de los fondos públicos transferidos al COP, en cumplimiento de las normas de control del gasto estatal.

El artículo aprobado establece un plazo de 15 días para que la Contraloría remita el informe requerido al Senado, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley 5.453/15.

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El pedido de informes también adquiere relevancia política debido a que el titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, se encuentra actualmente en la carrera política como precandidato a la intendencia de Asunción.

La revisión de los fondos de los Juegos ODESUR 2022 reabre el debate sobre la gestión de grandes eventos deportivos financiados con recursos públicos y el nivel de control institucional sobre su ejecución.

En una entrevista a ABC, el funcionario analizó las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo, centradas en la coexistencia de dos sistemas de control interno durante la gestión de Jorge Brítez como titular del ente, una situación que, según su criterio técnico, constituye una vulnerabilidad crítica para la transparencia de la institución.

Brítez inició su gestión en agosto del 2023 y presentó su renuncia al seguro social en abril. En su reemplazo fue nombrado el docente, militar y médico Isaías Fretes, el pasado 22 de abril. ​

​¿Por qué es una problemática la existencia de dos sistemas contables en IPS?

​Ante la confusión pública generada por las declaraciones previas del caso, Laguardia fue enfático en precisar la naturaleza de la irregularidad señalada: “No estamos hablando de dos cuentas, estamos hablando de dos sistemas de control interno donde se registran las operaciones”.

​El auditor detalló que el IPS utiliza, por un lado, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), exigido por la Ley 1.535/99 y su decreto reglamentario para todas las entidades estatales. Por otro lado, la institución emplea un software paralelo denominado SAP para el registro de sus operaciones.

​“Estamos hablando de dos sistemas de control interno. A prima facie, para mi conocimiento y experiencia en el área de auditoría, yo querría que sea un solo sistema. Eso tendría que ser el sistema integrado de información financiera del Ministerio de Economía“, sostuvo Laguardia.

​Riesgos operativos y legales

​Laguardia expresó que desde la institución se le argumentó que el SAP sirve como apoyo para la gestión administrativa y hospitalaria, dada la complejidad de los fondos de jubilación, salud y administración. No obstante, el auditor fue tajante respecto a los riesgos que esto conlleva:

• ​Diferencias en los saldos: Laguardia explicó que al registrar las operaciones en el SAP y luego migrarlas al sistema oficial del Estado, pueden generarse discrepancias inevitables en los registros de ingresos y egresos.

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• ​Debilidad en el control: “En una institución tiene que haber una sola cabeza y un solo sistema de control interno. Cuando hay dos, probablemente nos vamos a encontrar siempre con problemas en la registración de las operaciones y las cuentas”, enfatizó.
• ​Inobservancia de la Ley 1.535: El auditor recordó que la normativa vigente obliga a todas las entidades del Estado a registrar sus operaciones económicas exclusivamente en el sistema financiero oficial, garantizando así el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

​El funcionario calificó el escenario como una “debilidad del sistema de control interno” y confirmó que recomendó la unificación total de los registros para asegurar la transparencia de los fondos públicos.

​Compromiso de gestión

​Laguardia, quien cuenta con una trayectoria de 24 años en auditoría y el ámbito académico, aclaró que se encuentra en una etapa de análisis preliminar, interiorizándose sobre los informes previos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría del Poder Ejecutivo.

​“En base a las informaciones que estoy manejando y las auditorías que ya han culminado, puedo decir que hay una debilidad del sistema de control interno del IPS y eso arroja cuestiones que, evidentemente, hay que mejorar”, reconoció.

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​El nuevo auditor expresó su compromiso con la actual administración de Isaías Fretes, señalando que su labor principal será colaborar para que el IPS sea una institución más transparente, con el fin de demostrar a los asegurados que sus fondos públicos son manejados correctamente.

El líder de la comunidad, Silvio Duarte González, explicó que hace aproximadamente tres meses tuvieron que abandonar el predio que ocupaban en la zona de Guayakikua, debido a un conflicto registrado entre comunidades indígenas.

Comentó que desde entonces solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y también a representantes de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, buscando un lugar donde instalarse provisoriamente, además de carpas, frazadas y sábanas.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes.

Indicó que las mayores necesidades actualmente son carpas, víveres y abrigos para los niños, atendiendo las bajas temperaturas que se registran en estos días. Señaló que sobreviven gracias a la solidaridad de personas que diariamente llegan hasta el lugar para acercarles alimentos, ropas y leña.

El dirigente indígena manifestó que atraviesan una situación sumamente precaria e inhumana y pidió una rápida intervención de las instituciones responsables para garantizar condiciones dignas de vida a las familias afectadas.

Al respecto, el encargado de asuntos indígenas del Indi, Juan Garcete, señaló que los grupos nativos exigen la provisión de víveres para sus comunidades, pero actualmente el Indi no cuenta con recursos para proveer alimentos.

Indicó además que también solicitan tierras, pero sostuvo que los grupos se encuentran muy desorganizados, no tienen un líder fijo y constantemente se trasladan de una comunidad a otra, situación que —según afirmó— dificulta una gestión eficiente con los mismos.

Agregó que la Gobernación de Caaguazú suele asistirlos periódicamente con alimentos, aunque reconoció que para los nativos la ayuda nunca resulta suficiente.

En esa línea y de manera a actuar con cautela respecto a las predicciones, el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Édgar Mayeregger, comentó que El Niño “se está gestando” y que podría “comenzar a interactuar sobre nuestro país” a partir de la próxima primavera y verano.

En conversación con ABC, señaló que existen informes de evolución del fenómeno emitidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que alertan sobre un probable evento Niño de fuertees intensidad y duración.

El Niño: Tomar precauciones hoy

A partir de esa información, Mayeregger contó que técnicos del MAG elaboran recomendaciones y las comunican a la población para que se tomen las debidas precauciones.

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“El Niño siempre se caracterizó por generar mayores lluvias en épocas de precipitaciones y temperaturas normalmente más altas en ese mismo periodo. Veremos cómo evoluciona la intensidad del evento. Estaremos monitoreando porque aparentemente será un fenómeno fuerte”, reiteró.

Las diferentes características de El Niño

En cuanto a las particularidades de El Niño en Paraguay, el ingeniero explicó que dicho fenómeno no siempre presenta las mismas características, ya que no todos tienen igual intensidad ni comportamiento.

En ese sentido, recordó que el año antepasado se registró un fenómeno Niño que no tuvo un impacto significativo en Paraguay. Si bien generó lluvias en el norte argentino y el sur de Brasil, en el territorio paraguayo casi no tuvo incidencia, amplió.

No obstante, el especialista señaló que la región Oriental y el Bajo Chaco (región Occidental) suelen ser las zonas más afectadas por este tipo de eventos de lluvias, y que en términos generales, El Niño suele tener menos impacto negativo para el sector productivo en comparación con La Niña.

“Cuando hay mayor disponibilidad de agua (El Niño), las condiciones de producción suelen ser mejores mientras no sea en exceso; mientras que durante un evento La Niña, se caracteriza por la escasez de lluvias en época de cultivo”, amplió.

Incidencia de enfermedades en cultivos

De acuerdo con lo explicado, en contrapartida, más agua también significa riesgos específicos. “Podemos tener esa ventaja por un lado, pero también El Niño, al generar alta humedad y altas temperaturas, puede provocar mayor presión fitosanitaria (incidencia de enfermedades en cultivos)”, añadió.

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Además, alegó que durante la cosecha, el exceso de lluvias puede generar mucha humedad, lo que impide el ingreso de maquinaria y ocasiona pérdidas en los campos.

“Es crucial continuar con el monitoreo del fenómeno para determinar si finalmente será fuerte, débil o moderado”, concluyó el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG.

El vecino Héctor Cápdevila señaló que ya había realizado una queja a la prensa hace apenas 12 días, pero nada mejoró y aseguró que el panorama volvió a empeorar tras las precipitaciones registradas recientemente.

“Después de la lluvia la ruta quedó peor, ya es imposible circular con normalidad”, manifestó.

De acuerdo con los reclamos, los trabajos ejecutados por la cartera estatal se habrían limitado a un bacheo mínimo en el barrio Gral. Díaz, ubicado en zona alta de Arroyos y Esteros, intervención que los usuarios consideran insuficiente frente a la magnitud del deterioro que presenta la ruta.

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Peligro constante

El sector más afectado se encuentra entre los kilómetros 55 y 60 de la ruta PY02, donde se observan baches de gran profundidad, cráteres abiertos sobre la calzada y sectores donde el asfalto prácticamente desapareció, obligando a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar accidentes.

Los pobladores coinciden en que la situación representa un peligro constante tanto para automovilistas como motociclistas y transportistas que utilizan a diario esta vía estratégica de conexión entre las localidades de Tobatí y Arroyos y Esteros.

Aseguran además que la falta de una intervención integral genera una sensación de abandono, ya que los reclamos se repiten sin respuestas concretas, mientras el estado de la ruta continúa deteriorándose con cada lluvia.

Para consultar sobre el problema, esta corresponsalía intentó comunicarse con la Dirección del MOPC, pero no se obtuvo respuesta.

El medio está abierto a brindar espacio si desean referirse al respecto.

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La dimisión de la directora Gisela Vargas y del director médico René Sotomayor dejó sin un funcionario encargado de dirigir la unidad sanitaria de la previsional en esta localidad.

La coordinadora zonal del IPS, doctora Luci Zarza, señaló que la situación no afecta el funcionamiento de la institución, ya que la misma asume la dirección, hasta que se emita la resolución por la cual se nombren los reemplazos de estos profesionales.

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“La renuncia de la doctora Gisela Vargas se produjo hace dos semanas, y en estos últimos días, se sumó el director médico René Sotomayor. Las autoridades centrales ya conocen la situación; incluso el presidente Isaías Fretes ya está al tanto de lo ocurrido”, indicó Zarza.

Asimismo, explicó que probablemente por la demora en los trámites burocráticos y por la gran carga de trabajo del presidente, aún no se ha firmado la resolución que define el nuevo nombramiento.

“Sin embargo, la propuesta ya se encuentra en la sede central; solo falta que el presidente firme el documento para formalizar la designación”, agregó.

También aclaró que la salida de estos dos profesionales no afecta el desarrollo de las actividades de la unidad sanitaria, ya que la misma está interinando el cargo de directora la cual se encarga tanto de la parte administrativa como de la atención a los pacientes.

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La causa de la renuncia de la doctora Gisela Vargas se debe a motivos de salud, ya que sus condiciones no le permitían cumplir el cargo de la manera adecuada, por lo que decidió presentar su dimisión.

Por su parte, la salida del director médico obedece a que el profesional ya contaba con otras actividades laborales, la cual le dificultaba cumplir con sus funciones, además de que el cargo no contaba con beneficios remunerativos adicionales ni con condiciones horarias favorables.

Por ello, mientras desempeñaba sus tareas en la unidad de salud, debía asumir también las responsabilidades propias de la dirección médica.