“No es que los 9,5 millones es el salario de una limpiadora. El costeo del servicio incluye el costo de la mano de obra en donde el empresario tendría que tener en cuenta todos los costos, vacaciones, aguinaldos, cargas sociales, ausencias, reemplazos. Además de eso, el IPS en sus contratos prevé proveer ciertos equipamientos, insumos, dos vehículos", mencionó.

Asimismo, citó que entre los insumos se encuentran desinfectantes, alcohol, hipoclorito de sodio, detergentes y todo otro tipo de elementos de limpieza como repasadores, escobas, aspiradoras.

En referencia al contrato en sí, la funcionaria recordó que son del año 2024 -durante la presidencia de Jorge Brítez- y estos fueron adjudicados en octubre de ese año, mientras que la administración del actual presidente, Isaías Fretes, inició en abril de este año.

“Nos encontramos en la fase de ejecución de los contratos, difícilmente podemos decirte si los precios nos resultan costosos o no ya que no estuvimos en la etapa de evaluación de las ofertas”, alegó.

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Nueva licitación para limpieza

De igual manera, Flor, confirmó que ya se prevé una nueva licitación para el servicio nuevo llamado para el servicio en el área Central.

También dijo que el presupuesto estimado tuvo un importante ajuste tras una revisión financiera, ya que originalmente se presupuestaba un gasto de G. 139.000 millones, pero el monto se redujo a aproximadamente G. 90.000 millones, aunque reiteró que el monto es “estimado”.

Al respecto, estimó que el nuevo llamado podría tener una resolución de adjudicación para julio, probablemente para la quincena.

“El llamado ya ingresó al Consejo en la última sesión; quedó pendiente para un mejor análisis para adecuar los costos, presupuestados o estimados”, mencionó.

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Denuncias sobre incumplimiento de pago de salarios

Por su parte, María Luisa Espínola, directora de Servicios Administrativos, sostuvo que se realizan fiscalizaciones para confirmar el cumplimiento del contrato aún vigente.

Además, mencionó que en lo que refiere a los aportes a la previsional por parte de las empresas “no encontramos ninguna irregularidad”, pero sobre las denuncias sobre la falta de pagos de salario, alegó que “eso es competencia del Ministerio de Trabajo”.

“El Ministerio de Trabajo es el órgano rector de las relaciones laborales entre empleador y trabajador en el sector privado. No es competencia del IPS; lo que el IPS certifica es el aporte del seguro social”, agregó.

“Nosotros realmente no tenemos quejas del servicio propiamente dicho, las quejas que recibimos son en cuanto al salario de las limpiadoras”, reconfirmó.

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Alrededor de las 10:00 un bus de la línea 96 paró la marcha en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Rápidamente el chofer descendió del bus y se dirigió a los patrulleros de la comisaría 7a de Asunción apostados en el lugar para comunicar que ambos sospechosos estaban metiendo las manos en los bolsos de los pasajeros.

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Enciso y Cohener fueron rápidamente detenidos en el lugar y, una vez que los uniformados cotejaron sus antecedentes, los trasladaron a la mencionada sede policial, ubicada en Eusebio Ayala y Morquio.

El conductor del transporte público se comprometió que luego de completar su itinerario iba a llegar a la comisaría para efectuar la denuncia sobre el hecho punible y que también entregaría las imágenes captadas por las cámaras internas de la unidad, que captaron el accionar de los sospechosos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, sin embargo, aparentemente el conductor del ómnibus en cuestión aparentemente cambió de opinión y no se acercó a la comisaría para presentar una denuncia contra los presuntos “carteristas”.

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En comunicación telefónica el trabajador del volante habría explicado a los policías que los responsables de la empresa donde trabaja, la línea 96, aparentemente se negaron a que entregue las imágenes del circuito cerrado.

Sin denuncia y la filmación quedarán libres

Por su parte, los uniformados confirmaron que sin la denuncia del chofer y las imágenes de de las cámaras internas del ómnibus, se verán obligados a liberar a los sospechosos, pese a que testigos, principalmente vendedores ambulantes que trabajan sobre la avenida Eusebio Ayala, confirmaron que Enciso y Cohener son conocidos maleantes que delinquen principalmente a bordo de los buses que operan sobre dicha avenida capitalina.

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El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó la nota remitida por los representantes de los acreedores como una “patoteada”. El legislador opositor criticó el tono amenazante del planteamiento y señaló que el texto muestra una abierta intención de amedrentar a las autoridades de la Municipalidad, para forzar condiciones desproporcionadas aprovechando la crítica situación financiera de la capital.

El representante del bloque opositor ratificó su rechazo a las pretensiones de los tenedores de bonos y cuestionó la finalidad de la propuesta. “Esta gente quiere tomar de tonta o de estúpida a la ciudadanía”, dijo y agregó que lo que se busca es asfixiar el presupuesto mediante exigencias unilaterales.

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El principal cuestionamiento del sector opositor radica en los mecanismos establecidos para el recargo de la deuda. Grau alertó sobre la maniobra del sector financiero y denunció públicamente que los bonistas insisten en “querer cobrar interés sobre interés”. Este esquema de acumulación sobre saldos ya devengados genera el rechazo unánime del bloque, por carecer de justificación legal aceptable.

Según Grau, la propuesta plantea una modificación drástica de las tasas de interés originales mediante un cálculo que busca “promediar el porcentaje de interés de consumo que hay en el mercado financiero”. La aplicación de esta fórmula elevaría los compromisos municipales del 17% original a niveles cercanos al 30%, según el edil.

Grau calificó el planteamiento como una “avivada” que golpeará las finanzas municipales. Además, advirtió que el proyecto constituye “una locura gigantesca” que atenta de forma directa contra el patrimonio de los asuncenos.

La táctica de la Junta: “Tomar nota” para no aprobar la propuesta

El plenario de la Junta Municipal resolvió repetir la postura adoptada a finales de mayo ante la anterior intimación de pago de los acreedores. En aquella oportunidad, el intendente Luis Bello (ANR-HC) había presentado el expediente bajo la figura de un acuerdo de pago.

Al igual que en aquella oportunidad, la Comisión de Hacienda dictaminó solamente “tomar nota” del mensaje y devolver los antecedentes a la Intendencia. El dictamen encomienda a Bello que se remita estrictamente a los términos del contrato original de emisión de los bonos. Los legisladores recordaron que el jefe comunal tiene la obligación legal de pagar las cuotas vencidas sin firmar pactos paralelos.

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La decisión de la Junta Municipal se da una semana después de que el intendente Bello haya hecho alarde de haber pagado más de G. 50.000 millones de la deuda de bonos, tras llegar a un “nuevo acuerdo” con los acreedores, para evitar eventuales demandas judiciales.

El actual saldo rojo de la capital proviene de los compromisos financieros asumidos, en su mayoría, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La comuna acumuló caídas consecutivas en mora por el impago de cupones de intereses desde mayo de 2025 a febrero de 2026. El pasivo total acumulado por la Municipalidad con los inversionistas trepó hasta los G.145.493 millones.

El esquema de pagos: Cuotas millonarias y saldos diferidos

El plan de reestructuración propuesto por los bonistas establece un cronograma de desembolsos dividido en dos etapas principales. La primera fase requería el pago de G. 50.941 millones para cubrir cinco cupones de intereses compensatorios vencidos durante el año pasado. Según lo expuesto por el intendente Luis Bello, ese desembolso ya fue ejecutado.

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La segunda etapa de la propuesta establece el pago obligatorio de una cuota de G. 41.101 millones para el 15 de septiembre de 2026. El documento añade que el cumplimiento de este desembolso permitirá congelar las demandas en los tribunales. Los acreedores ofrecen diferir un saldo de G. 181.048 millones en concepto de capital e intereses hasta marzo de 2027.

Deudas acumuladas, desvíos y obras paradas

Mientras busca resolver la situación financiera, Bello prosigue el lento avance de las obras de infraestructura que su antecesor había prometido con la emisión de bonos G8 (2022). La semana pasada, negó que haya paralización de los trabajos, aunque admitió el desfinanciamiento en el desagüe pluvial de General Santos, cuya palada inicial se dio hace más de 14 meses, sin avances en el terreno.

Ese proyecto, así como los desagües de San Pablo, Abasto y Santo Domingo, fueron prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8, de G. 360.000 millones. Su gestión, sin embargo, desvió el dinero y provocó serios retrasos en los proyectos por falta de pago a las contratistas. De las 8 cuencas que prometió, apenas empezó 4.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos a salarios y otros gastos corrientes. Ante la contundencia del informe, Rodríguez renunció a la Intendencia en agosto, porque era inminente su destitución.

Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”. Pese a estas irregularidades, Nenecho intentó volver a la Junta como concejal, pero el electorado lo aplazó rotundamente.

El Consorcio Agrotech, cuyos representantes son José Pablo Penayo y Jorge Francesco Gattini, resultó adjudicado en la licitación para la gestión de recursos humanos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), por una oferta de G. 5.954 millones.

Según los términos del contrato, el monto global se divide en G. 2.477 millones catalogados como gastos no reembolsables y G. 3.476 millones en concepto de gastos reembolsables.

Demoras en pagos

En ese contexto, dos trabajadores denunciaron ante ABC supuestas demoras en el pago de las labores realizadas. Los afectados, debido a la sensibilidad del caso y a su relación laboral con la empresa, prefirieron no ser identificados.

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Si bien el tiempo estimado para la ejecución de la encuesta era de un mes, de acuerdo con los propios trabajadores contratados, las tareas se extendieron debido a las condiciones climáticas de la zona, por lo que recién concluyeron en mayo pasado. “Terminamos el 10 de mayo y desde esa fecha no recibimos ninguna bonificación ni comunicación hasta esta semana por parte de la empresa que nos contrató”, denunciaron.

Según detallaron, a un encuestador de lista le corresponde percibir aproximadamente G. 9 millones, aunque el monto varía según cada colaborador. Dijeron que alrededor de 210 trabajadores continúan aguardando el pago por los trabajos ejecutados.

Cuestionan posibles reducciones en los pagos

Además, ambos trabajadores señalaron que desde Agrotech se les alertó sobre posibles reducciones en los montos a cobrar.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde la compañía informaba que estaba revisando el trabajo realizado y que podría haber algunos descuentos”, relató uno de los denunciantes.

Indicó que recién una vez concluido el operativo fueron informados sobre las posibles deducciones. “El único mensaje que nos dieron es que estaban revisando porque había inconsistencias. La pregunta que nos hacemos los trabajadores es si Agrotech no tiene la capacidad de revisar más de 210 documentos de una cantidad similar de encuestadores en un mes. Queremos saber cuál es realmente el problema”, cuestionó.

Agrotech justifica que cumple los plazos

Por su parte, Francesco Gattini, representante legal del Consorcio Agrotech, manifestó a nuestro medio que el primer pago a los censistas de la ENA Chaco fue realizado en su totalidad y dentro del plazo establecido contractualmente.

Aseguró que actualmente se encuentra en proceso el pago final, cuya liquidación, según contrato, depende de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), autoridad competente del operativo.

“Si bien el trabajo de campo concluyó el 10 de mayo, el pago final no se activa con el cierre del relevamiento, sino una vez concluido el proceso de validación técnica oficial. Dicha validación fue recibida el 2 de junio y posteriormente socializada con la estructura censal, habilitándose un periodo de reclamos hasta el 10 de junio”, argumentó.

Gattini agregó que, tras el cierre de esa etapa, se inició el proceso administrativo para el pago final, incluyendo la emisión de facturas y la recepción de la documentación correspondiente por parte de los participantes.

Pago hasta 10 días hábiles

A su vez, conforme a las condiciones contractuales, explicó que el plazo de pago es de hasta diez días hábiles desde la recepción completa de la documentación requerida.

Por tanto, sostuvo que "no existe un pago retenido ni incumplimiento de plazos", sino un procedimiento administrativo y técnico que sigue el mecanismo previsto para este tipo de operativos.

“El pago final se realiza sobre la base de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), así como de la presentación de la documentación administrativa correspondiente por parte de cada censista, incluida la facturación”, amplió.

Agrotech niega descuentos

Sobre la deducción de pagos mencionada por los denunciantes, Gattini sostuvo que no se trata de descuentos, sino que los montos establecidos en la convocatoria fueron siempre topes máximos (hasta determinada cifra) y no montos fijos.

“El pago final se determina sobre la base de la producción efectivamente validada como la correcta cobertura del área asignada, la verificación de productores relevados, productores ausentes o unidades sin producción agropecuaria durante el período, cuyos valores de liquidación son diferenciados”, reiteró.

Pago tras validación oficial

En ese sentido, justificó que el Consorcio no modifica ni determina esos resultados técnicos y que la empresa procesa y abona los pagos conforme a la validación oficial remitida por la autoridad competente.

Estas condiciones, según indicó, fueron comunicadas desde la convocatoria, formalizadas contractualmente y aceptadas por cada participante al momento de su incorporación al operativo.

Asimismo, aclaró que los montos liquidados no corresponden a descuentos por errores de campo, sino a la aplicación de criterios técnicos de validación definidos por la DCEA. Subrayó además que todos los operadores recibieron capacitación previa al inicio del trabajo de campo, adecuada a su rol, cargo y responsabilidades dentro del operativo.

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Finalmente, los censistas resaltaron que en la última comunicación la empresa se comprometió a abonar los pagos entre el 15 y el 19 de junio. Al menos hasta este 17 del corriente mes aún no cobraron por el servicio realizado. Ante ello, el Consorcio Agrotech respondió que se encuentra dando cumplimiento a ese compromiso dentro de los plazos contractuales.

Este medio también intentó conversar con el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, pero desde el departamento de comunicación de la institución informaron que se encontraba cumpliendo una agenda de trabajo en la ciudad de La Colmena.

Como prosecución de esos procedimientos se incautaron los celulares del diputado Lalo Gomes y los de su hijo, los cuales fueron sometidos a pericia forense para extraer la información contenida en ellos. Los datos resultantes de la diligencia fueron puestos a disposición del juez de la causa, Osmar Legal, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado.

#LaMafiaManda: Fiscalía acusa y pide juicio para Orlando Arévalo

El magistrado verificó el contenido a modo de garantizar que se haya sido extraído lo que es netamente relevante y conducente para la pesquisa. En ese proceso detectó la posible comisión de hechos punibles a través de los chats que mantuvo Eulalio “Lalo” Gomes con legisladores, jueces, fiscales y otras personas más.

Entre esos chats de WhatsApp estaba el del entonces diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlado Gabriel Arévalo Zielanko. Esas conversaciones se filtraron y nuestro diario los expuso a través de la investigación denominada #LaMafiaManda, desde el 3 de febrero de 2025.

Orlando Arévalo fue procesado por sus chats con Lalo Gomes

Luego de que se hayan difundido las conversaciones del legislador Eulalio “Lalo” Gomes, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de causas penales y la conformación de un equipo fiscal con los agentes Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez.

Los agentes del Ministerio Público imputaron a Orlando Arévalo y a Guido Javier Díaz Domínguez el 12 de diciembre de 2025, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor y cómplice, respectivamente. Tras las diligencias y cumplido el plazo ordinario, presentaron acusación el 16 de junio de 2026 en contra de ambos.

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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, ahora debe resolver la admisión de la acusación y convocar para una fecha determinada a los acusados Orlando Arévalo y Guido Díaz.

Lalo Gomes actuó como acreedor de Arévalo a cambio de un favor

De acuerdo con lo que señala la acusación fiscal, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por valor total de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por Gomes, consistente en ayudar a una persona que estaba enjuiciada en el órgano.

Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió que le envíe fotos de los cheques, a lo que Arévalo le remitió imágenes de las hojas de cheque a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando G. 202.000.000.

El 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le consultó a Eulalio Gomes si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que este le respondió que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya endosados.

Lalo Gomes intercedió en favor de fiscala enjuiciada

Ese 11 de septiembre, Lalo Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le pidió que reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00 en su casa, ubicada en Lambaré. La fiscala Cano estaba enjuiciada y el 12 de ese mes se trataba su caso en el JEM.

Al tiempo en que Lalo Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz también le avisaba que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

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Posteriormente, 3 de noviembre de 2023, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Lalo Gomes para pedirle que interceda en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano felicitándole e informándole que se reunió con Orlando Arévalo. El 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano, pero al dictar sentencia resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento.

Orlando Arévalo lesionó su deber como juez, sostiene Fiscalía

Con base a la información reunida durante la investigación, los fiscales fundamentaron su acusación contra Orlando Arévalo por cohecho pasivo agravado (coima), señalando que el mismo reunía el requisito especial del autor para que su conducta se subsuma dentro del hecho punible.

Se debe señalar que Arévalo fue acusado por lo que penaliza el artículo 301 del Código Penal, cohecho pasivo agravado, inc. 1° -que refiere al funcionario- y inc. 2º -que refiere al juez o árbitro- en cuanto a la solicitud y aceptación de un “beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el futuro”.

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Así se tiene que, Orlando Arévalo era por entonces un diputado nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos del cual incluso fue presidente. En este sentido, se constituía como juez, en atención a que el art. 301, inc. 2° no distingue qué tipo de juez se refiere la norma, pudiendo comprenderse incluso en su acepción más amplia, según la Fiscalía.

En cuanto a las alternativas del tipo penal, de solicitar o aceptar, “se tiene corroborado que Orlando Arévalo, el 8 de septiembre de 2023 solicitó y posteriormente aceptó de parte de Eulalio Gomes, el endoso de tres cheques por valor de Gs. 202.000.000”, lo que está documentado en los chats de WhatsApp.

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Los fiscales señalan que “la doctrina considera beneficio a cada ventaja, cada mejora objetiva, material o inmaterial, de la situación del funcionario”, y en este caso en específico, “la ventaja proporcionada por Eulalio Gomes no se limitó a dicho endoso”, ya que también se contactó con Guido Diaz para que facilite el crédito a Arévalo.

A ello se suma que, tras pedir el endoso de los cheques por G. 202.000.000, accedió y se comprometió a intervenir en el enjuiciamiento de la fiscala Stella Mary Cano, con quien incluso se reunió a pedido de Eulalio “Lalo” Gomes. Todo ello se corrobora y se confirma –para la Fiscalía- con el mensaje de felicitaciones dirigido por Lalo Gomes a Stella Mary Cano por solamente ser apercibida por el JEM.

En tanto que, para el tipo penal del cohecho pasivo agravado, inciso 2°, se requiere que el acto de servicio a ser prestado lesione los deberes del juez o árbitro, es decir, que no actúe conforme lo exige las funciones del cargo cuyos deberes se establecen por norma y otros ordenamientos.

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Teniendo en cuenta todo ello, la Fiscalía sostiene que un juez toma su decisión, según le exige la ley exige, “el estudio del mérito de la prueba y la fundamentación fáctica y jurídica, es decir, exige una motivación basada en las circunstancias acontecidas en el proceso, por lo que, si la decisión de uno de sus miembros lo realiza como condición de un compromiso o acuerdo previo, sin el estudio de mérito, sin la valoración de todas las pruebas y la fundamentación correspondiente, es un acto que lesiona sus deberes”.

Con ello la Fiscalía concluyó que Arévalo lesionó sus deberes al asumir el rol de juzgador como miembro del JEM y, además, actuó con dolo porque “ha seleccionado los medios idóneos para alcanzar ese fin y han dado a sus acciones el impulso necesario para ello”.

Crisis en Neonatología del IPS: renuncias masivas ponen en riesgo el servicio

La medida, que ha sido formalizada tras varias semanas de conversaciones médicas y sociedades científicas, representa una reestructuración significativa en el suministro de insumos del ente previsional. El presidente del IPS, Isaías Fretes, aseguró en diversas ocasiones que con la exclusión de estos ítems que fueron catalogados como inútiles ante el avance médico, se logrará un ahorro significativo para la institución.

Insumos médicos quirúrgicos: estos son los ítems eliminados

La lista de artículos excluidos abarca una amplia gama de dispositivos médicos y suministros de laboratorio. Según el análisis de la lista consolidada, se han identificado afectaciones directas en servicios de complejidad como:

• Cardiocirugía: 38 ítems excluidos.
• Traumatología: 37 ítems excluidos.
• Cirugía Vascular: 30 ítems excluidos.
• Laboratorio: 44 ítems excluidos.

El análisis técnico revela que 272 ítems del total fueron catalogados sin una dependencia específica en el listado oficial, incluyendo diversos materiales de uso corriente como sondas, catéteres, hojas de bisturí y equipos de infusión, que supuestamente ya no se ajustan a la realidad médica moderna.

¿Qué medicamentos fueron excluidos del vademécum?

El Consejo de Administración del IPS aprobó también la exclusión de 23 ítems del vademécum de medicamentos. La lista incluye desde analgésicos y tratamientos respiratorios hasta componentes críticos del esquema nacional de vacunación.

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Entre los medicamentos y biológicos que ya no formarán parte de la cobertura se encuentran fármacos de uso común en diversas especialidades médicas:

• Tratamientos y alivio sintomático: La lista incluye la Betametasona, Ciclobenzaprina (relajante muscular), Ivermectina y el Mebendazol + Tiabendazol para el control de parásitos. También se eliminan fórmulas combinadas como Polimixina B + Neomicina + Dexametasona (usada habitualmente en afecciones oftálmicas/ópticas) y Serenoa Repens (utilizada para tratar síntomas urinarios relacionados con la próstata).
• Salud respiratoria y neurológica: Se han retirado los expectorantes y mucolíticos para niños (Ambroxol/Bromhexina), el Glicerofosfato y el Haloperidol Decanoato, un antipsicótico fundamental para pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos.
• Cuidados críticos: El vademécum también prescinde del Pancuronio Bromuro, un bloqueador neuromuscular de vital importancia en las unidades de terapia intensiva.
• Suplementación: La previsional dejará de suministrar Polivitamínicos con o sin minerales.

Quizás el punto más sensible de esta medida es la exclusión de una extensa lista de biológicos esenciales para la prevención de enfermedades infecciosas. La lista de vacunas que salen del vademécum del IPS incluye:

• Esquema infantil y general: La vacuna BCG, DPT, Sabin, Antisarampionosa, Antitetánica, Antivaricela y Antihaemophilus B.
• Vacunas específicas: La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la vacuna contra el Dengue (virus vivos atenuados), la vacuna Antigripal y la PVC 13 (Neumocócica conjugada).

Sobre la lista de vacunas que se consideran vitales y son parte del esquema básico de inmunización nacional, desde el IPS explicaron que desde hace tiempo estos biológicos son proveídos por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y, que su exclusión del vademécum tan solo representa una limpieza, no así una eliminación total de estos biológicos en los servicios del IPS. Aseguran que mediante Salud Pública, estas vacunas seguirán disponibles en el IPS.

¿Por qué el IPS eliminó 939 ítems de su vademécum?

La decisión, respaldada por el Consejo de Administración liderada por Isaías Fretes, fue tomada -según las autoridades- para la optimización del vademécum del instituto.

Al anunciar esta medida, el presidente había dicho que existe una gran lista de insumos y medicamentos que “se compran al santo botón”, debido a que el avance médico es constante y la utilización de al menos mil ítems de la lista era nula o casi nula en los servicios del IPS.

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Esta medida genera expectativas sobre cómo la institución suplirá la falta de estos insumos en los quirófanos y unidades de cuidados intensivos, donde especialidades como la neurocirugía y la cardiocirugía dependen de materiales especializados para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La resolución, que entra en vigor de manera inmediata, obliga a las dependencias hospitalarias a ajustar sus requerimientos y protocolos de atención ante la nueva configuración del vademécum.

IPS avanza en compras unificadas con Salud Pública

Además de oficializar la exclusión de 939 ítems del vademécum de insumos y medicamentos del seguro social, las autoridades del IPS ratificaron ayer, en sesión, la intención de avanzar con la unificación de criterios con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para optimizar las compras y la transparencia en la adquisición de fármacos de alto costo.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, enfatizó que la compra de medicamentos de alto costo, particularmente monoclonales y fármacos oncológicos, requiere un volumen mayor para obtener precios competitivos y condiciones más ventajosas para el Estado.

“No es lo mismo comprar mil galletas que cien mil galletas”, ilustró el titular del IPS al proponer una alianza estratégica para estandarizar las especificaciones técnicas entre instituciones.

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Fretes aseguró que al unificar criterios médicos, el IPS y el Ministerio de Salud pretenden reducir los procesos burocráticos y las protestas de empresas oferentes que, ante especificaciones técnicas divergentes, suelen impugnar procesos, retrasando la llegada de insumos esenciales.

El Consejo de Administración hizo hincapié en que la transparencia es el mecanismo más efectivo para asegurar el abastecimiento. Fretes mencionó que ya se están validando las especificaciones técnicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros centros especializados, como el Hospital de Clínicas, para garantizar que el llamado a licitación sea claro, competitivo y difícilmente cuestionable.

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Durante la sesión se enfatizó que al estandarizar las documentaciones y requerimientos, se busca que el proceso de licitación sea fluido. Se destacó que, ante las recientes protestas técnicas, el IPS ha logrado resolver conflictos en tiempos récord —como la resolución de una protesta en apenas 21 días— mediante una gestión directa y transparente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

De la improvisación a la planificación en IPS

Como resultado de esta mejora en la gestión administrativa y la planificación constante, la institución reportó un avance significativo en la disponibilidad de fármacos.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística aseveró que gracias a la emisión de órdenes de compra para productos críticos y la concreción de licitaciones en etapa de adjudicación, se proyecta que el faltante de medicamentos de alta rotación se reducirá a un 18%.

Fretes destacó que el instituto ha pasado de una etapa de improvisación a una fase de planificación. Resaltó que el objetivo final de estas compras conjuntas y la depuración de los procesos es que el asegurado encuentre sus medicamentos en las farmacias del seguro social sin sufrir la interrupción de sus tratamientos por deficiencias administrativas.

La defensa del funcionario municipal acusado, Marcos Isaías Meza Ortiz, alegó la existencia de una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver sobre la decisión judicial de reapertura de la causa.

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Sin embargo, para el juez Rodrigo Estigarribia, la providencia recurrida dispuso únicamente la convocatoria a audiencia preliminar.

Es decir, una de mero trámite cuyo único objeto es posibilitar la sustanciación de la audiencia preliminar, por lo que la misma no modifica la situación jurídica de los procesados, no restringe derechos, ni genera por sí misma, un agravio jurídicamente relevante.

El juzgado argumentó, además, que no se acreditó la existencia de resolución alguna emanada de la Sala Constitucional que disponga la suspensión de los efectos del fallo de la Cámara de Apelación que confirmó la reapertura de la causa.

Al rechazar la reposición, el juez Rodrigo Estigarribia remitió el expediente al Tribunal de Alzada por la apelación subsidiaria.

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En la causa por supuesta sobrefacturación y pago por obras fantasmas que ocasionaron un millonario daño patrimonial están acusados; el intendente Tomás Olmedo y los funcionarios municipales; Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza, Flavio Javier Duarte Vallovera y Arnaldo Gauna Martínez.

El documento señala que la medida se debió a un pedido del intendente renunciante de este municipio, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), quien comunicó que este miércoles se programaron trabajos de fumigación en el edificio municipal.

Sin embargo, concejales que participaron de la sesión realizada ayer aseguraron que la fumigación finalmente no se llevó a cabo y que el inmueble terminó siendo ocupado por simpatizantes del intendente renunciante Penayo Arce. Esa situación que impidió el normal desarrollo de las actividades legislativas.

Intendente de Caapucú renuncia y la Junta elige a un nuevo jefe comunal interino

Legitiman el juramento del intendente interino

Ante este escenario, los ediles decidieron sesionar frente a la Comisaría local para dar continuidad a las gestiones del deliberativo comunal y otorgar validez institucional al acto de juramento del concejal colorado Rubén Pedrozo, quien en sesión anterior fue electo intendente interino por mayoría de los ediles.

La sesión fue presidida por el vicepresidente de la Junta Municipal, Carlos Agüero (PLRA). Participaron además los ediles Rubén Pedrozo (ANR), Cayo Barboza (ANR), Mabel Schupp (PLRA), José Domingo Villalba (PLRA), Lucas Giménez (PLRA) y David Rojas (PLRA).

No admite renuncia

En un audiovisual difundido por las redes sociales, Penayo se refirió a lo acontecido ayer en la Junta Municipal. Señaló que, al realizar un análisis de la situación política de este municipio, existe una conspiración en su contra.

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Recordó que él se había constituido en la sesión de la Junta Municipal, del 3 de junio, y manifestó su intención de renunciar al cargo para abocarse a la campaña electoral por su reelección en el cargo, pero que lo hizo de manera informal. Su nota de renuncia la había devuelto la presidenta del órgano deliberativo.

Agregó que tiene tiempo para presentar su renuncia de manera formal, “que es lo que tanto está esperando el grupo de siete concejales, para irse con todo contra mí y poder destruirme desde adentro, porque tanto ya han intentado desde afuera pidiendo por mi cabeza y no han logrado, y ahora se han aliado por conveniencia”.

El último reporte de la Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, muestra que al cierre de mayo las exportaciones de las industrias acumularon US$ 594 millones. Dichas cifras representan un crecimiento interanual del 24% frente a los US$ 478 millones del año pasado.

Desglosando los datos oficiales sumistrados por el MIC, se evidencia la diversidad de los envíos del sector con relación a los principales rubros exportados. Sin embargo, al quinto mes, el 71% de las exportaciones de las industrias maquiladoras se concentró en cuatro principales rubros:

Las autopartes concentraron el 34% de participación; seguido por confecciones y textiles, con 18%, y los productos de aluminio y sus manufacturas, con el 15%. A su vez, se registraron envíos de productos alimenticios 7%.

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Respecto al destino de las manufacturas paraguayas, el 79% de los envíos tuvo como mercado a países del Mercosur, liderados por Brasil. No obstante, también se registraron exportaciones a Países Bajos, Estados Unidos, Chile y otros destinos internacionales.

Además, en estos cinco meses del año se autorizaron unas 4.998 operaciones de comercio exterior para este sector económico.

Ubicación de las industrias maquiladoras

El informe del MIC además muestra la concentración de las industrias maquiladoras en los principales polos productivos del país. Actualmente, el 92% de las empresas con programas de maquila aprobados se encuentra en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.

Balanza comercial positiva

En el acumulado a mayo de 2026, las industrias maquiladoras realizaron importaciones por un valor de US$ 321 millones, cifra que representa un incremento del 19% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Asimismo, la balanza comercial del sector mantiene un resultado positivo, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en un 85% durante los primeros cinco meses del año. Este desempeño evidencia la capacidad del régimen de maquila para transformar insumos importados en productos con mayor valor agregado destinados principalmente a mercados internacionales.

Cabe destacar que, al cierre de 2025, las exportaciones de las industrias maquiladoras representaron el 69% del total de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) del Paraguay.

Al cierre de la primera quincena de junio, las obras ya superan los 14 kilómetros de pavimento rígido ejecutado entre ambos lotes, consolidando el progreso de este proyecto estratégico que beneficiará a más de 400.000 habitantes del norte del país.

De acuerdo con datos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) proporcionó a ABC, a más de un año del inicio de los trabajos, el Lote A presenta un avance acumulado del 31,46% en el plazo mencionado, mientras que el Lote B registra un 18,92% de ejecución.

Para esta obra fueron adjudicados dos grupos de empresas. El Lote A está a cargo del Consorcio Avanza Chaco (Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A.), representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas, por un monto de G. 327.332 millones.

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En tanto, el Lote B fue adjudicado a Ecomipa S.A., representada por Edgardo Wasmosy, por G. 283.863 millones. En total, ambos lotes suman una inversión de G. 611.195 millones, equivalente a cerca de US$ 101,8 millones al cambio actual.

Avanza la construcción del nuevo pavimento

De acuerdo con los datos proporcionados, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en los dos frentes de obra habilitados sobre la ruta PY05, incorporando jornadas diurnas y nocturnas para mantener el ritmo previsto de ejecución en esta vía de 90 kilómetros que fortalecerá la conectividad y acompañará el crecimiento productivo de la región.

Además de la colocación de hormigón, la obra contempla una serie de tareas fundamentales para garantizar la resistencia y durabilidad de la futura ruta. Entre ellas se incluyen la preparación del terreno, el fortalecimiento de la base que sostendrá la calzada y la construcción de sistemas de drenaje que permitirán una adecuada evacuación de las aguas de lluvia.

Estas intervenciones son esenciales para asegurar una infraestructura más segura y preparada para soportar el tránsito constante de vehículos livianos y de cargas que circulan por este corredor estratégico.

En el Lote A, a cargo del Consorcio Avanza Chaco, los trabajos se concentraron en la ejecución de pavimento de hormigón en calzada y banquinas, además de la construcción de alcantarillas, cabeceras de drenaje y otras obras complementarias. A la fecha, ya se construyeron aproximadamente 8,76 kilómetros de pavimento rígido.

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Por su parte, en el Lote B, ejecutado por la firma Ecomipa S.A., continúan las labores vinculadas a la conformación de la estructura vial, la colocación de hormigón y los trabajos de drenaje. En este sector ya se alcanzaron cerca de 6,06 kilómetros de pavimento rígido.

Obra financiada por CAF y Fonplata

La nueva PY05 se posiciona como una de las intervenciones viales más importantes actualmente en ejecución en el norte del país. Una vez concluida, permitirá mejorar las condiciones de circulación para el transporte de personas y mercancías, fortaleciendo la integración entre el Chaco y la Región Oriental, según el MOPC.

Asimismo, la utilización de pavimento de hormigón permitirá contar con una infraestructura de mayor resistencia y vida útil, especialmente en un corredor que registra un importante movimiento de cargas vinculadas a la producción agropecuaria y otras actividades económicas de la zona.

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La obra es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), el proyecto apunta a consolidar una infraestructura moderna capaz de acompañar el desarrollo productivo y social de todo el norte paraguayo.

La actual obra avanza tras el fracaso de un plan anterior que buscaba la reconstrucción de 146,42 kilómetros de la misma ruta, adjudicado en tres lotes por un total de G. 541.128 millones. Sin embargo, solo uno de los tramos —de aproximadamente 50 km— fue concluido.

La reunión es para que la Junta de Gobierno, de mayoría cartista, escuche el “informe de gestión del correligionario presidente de la República, Santiago Peña Palacios, acompañado por los ministros del Poder Ejecutivo".

La rendición de cuentas ante Cartes, expresidente de la República, jefe del movimiento Honor Colorado y mentor político de Santiago Peña, es una repetición del 2024 y 2025.

En esos años, el titular del Poder Ejecutivo asistió a “la casa de los colorados” para exponer su informe anual de gestión de rango constitucional antes que el Congreso, previsto para el 1 de julio.

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La presencia de Peña y sus ministros del Poder Ejecutivo en la Junta de Gobierno ya se materializó en el 2024 y el año pasado. También fue a pocos días de su informe de gestión ante las dos cámaras del Congreso. Peña, al asistir a la ANR, recibió muchas críticas, y una de ellas fue que es Presidente de todos los paraguayos y no solo de un sector político.

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Peña, exafiliado al PLRA hasta octubre de 2016, exhibe últimamente un fuerte coloradismo. Recordemos que se afilió a las corridas a la ANR, en plena convención colorada, ante una inminente destitución de su entonces cargo de ministro de Hacienda.

“Van a ver en el acta: no hay acuerdo”, dijo en conferencia de prensa Jorge Rivas, presidente de Conasam, al explicar que el Consejo optó por enviar todos los antecedentes junto con una moción en mayoría sobre lo resuelto, presentada como recomendación.

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Tres puntos que ordenan la recomendación, según Rivas

De acuerdo con lo expuesto por Rivas, el Consejo elaboró una recomendación apoyada en tres ejes definidos en la sesión:

1. Dejar constancia del rol de Conasam El primer punto apunta a reafirmar la función del organismo como órgano técnico encargado de elaborar una propuesta sustentada en análisis, sin sustituir la decisión política final.
2. Incorporar la pérdida del poder adquisitivo El segundo eje es considerar la pérdida del poder de compra. Según precisó el titular de Conasam, esta línea fue aprobada por mayoría, aunque con un voto en disidencia.
3. Reajuste “equilibrado” ante la falta de acuerdo sobre un porcentaje En el tercer punto, el Consejo admite el núcleo del conflicto: no hubo acercamiento entre sectores y “cada sector se mantuvo en su posición original”. En ese marco, se resolvió remitir la totalidad de los antecedentes y recomendar un reajuste “equilibrado”, basado en los elementos técnicos estudiados por Conasam.

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Evolución del salario

Rivas detalló que, a lo largo de distintas sesiones, Conasam trabajó con estudios sobre la evolución del salario mínimo y el valor real de los salarios, entre otros indicadores. A ese conjunto de análisis, el Consejo pidió sumar como referencia la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el presidente de Conasam subrayó un límite institucional ya que el Consejo no fija el porcentaje. Según explicó, la atribución de determinar el incremento corresponde exclusivamente al presidente de la República, tal como establece la ley. En ese sentido, Conasam se posiciona como un cuerpo que sistematiza evidencia y propone criterios, no como la instancia que define la cifra final.

El salario mínimo actual llega a G. 2.899.048, y con el reajuste por IPC (2,4%), aumentaría apenas G. 69.577

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Posturas enfrentadas: 20% vs. ajuste por IPC

El desacuerdo se expresa con claridad en las posiciones que llegan al Ejecutivo y según Rivas, el sector trabajador sostuvo su pedido de incremento del 20%, mientras que el sector empleador planteó que el ajuste se limite al IPC, en línea con el mecanismo aplicado anteriormente.

El titular del Consejo, añadió, que se escuchó a todos los sectores y que se dejó registro completo y “absolutamente todas las posturas constan en las actas”. Además, anunció la preparación de un documento adicional con las memorias de Conasam, presentadas como un respaldo clave para entender el proceso, los argumentos y la evidencia revisada.

Con el acta sin acuerdo y el paquete de antecedentes técnicos, el Ejecutivo recibirá un expediente que combina: el debate interno del Consejo, la recomendación en mayoría y los criterios sugeridos, incluida la inflación anual y el deterioro del poder adquisitivo, junto con las posturas en conflicto de trabajadores y empleadores.

La decisión final sobre el porcentaje, según remarcó Rivas, quedará en manos del presidente de la República, que ya tiene en su poder el citado informe y se espera una definición en los próximos días, ya que el nuevo salario mínimo debe empezar a regir a partir de julio próximo.

Según consta en el expediente, el procesado Damián de Jesús Galarza Dárdano utilizó una estrategia dilatoria al designar un nuevo defensor y promover la recusación del juez Humberto Otazú minutos antes del inicio de la audiencia preliminar fijada para el pasado 3 de junio, logrando suspender el acto.

El juez Legal concluyó que existe una clara falta de voluntad de someterse a la justicia y ordenó su captura a la Policía Nacional.

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También, el abogado defensor Derlis Patrocinio Maciel Riveros fue citado a una audiencia disciplinaria para el próximo 29 de junio a las 08:30.

El letrado se expone a severas multas de comprobarse que actuó de mala fe con el único fin de obstaculizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Nuevo pedido de desafuero

El juez Legal asimismo remitió un nuevo oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), donde reitera el pedido de desafuero de su correligionario Esteban Samaniego para que pueda someterse al proceso por presuntamente malversar G. 1.108 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó.

El fiscal Silvio Corbeta imputó al parlamentario en el 2023, y a otras 14 personas incluyendo a su madre y su esposa, por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de coautor) y asociación criminal (en calidad de autor).

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Desde entonces, el juzgado envió compulsas íntegras de la investigación del Ministerio Público, pero el corporativismo en la Cámara Baja otorga impunidad al cartista Samaniego y no lo desafuera.

Mientras Esteban Samaniego sigue zafando su proceso judicial, su esposa, Patricia Corvalán y otras trece personas, entre ellas, la también candidata cartista a intendenta Ruth Mercedes Medinas Yegros, ya fueron acusadas en el 2024.

Tras resolverse múltiples chicanas que los procesados se turnan en presentar para dilatar el proceso, el tribunal fijó los días 29, 30 de junio y 1 de julio próximo a las 09:30 la audiencia preliminar.

Titular de Essap: “No tenemos ni un planillero”

Su nombre y número de cédula figuran como miembro de la Junta Municipal de Tacuaras por G. 1.120.000 y, al mismo tiempo como “contratado” de 7:00 a 15:00 en la ESSAP con un salario de G. 4.000.000.

Según el sistema de verificación de datos de la Secretaría de la Función Pública, el edil recibió este doble pago desde febrero último y hasta abril último.

Al verificar la nómina de funcionarios en la web de la ESSAP, dicho ente solo subió las planillas de empleados hasta abril de 2026 pero llamativamente en la nómina del ente no aparece ni el nombre ni la cédula del denunciado.

La denuncia ante el Ministerio Público, Fiscalía Regional de Pilar Zona XVI, fue presentada por el concejal del PLRA de Tacuaras, Julio Aceval, correligionario del intendente local, Lorenzo Irún.

En su denuncia, Aceval señala que Rojas Escobar, a más de la dieta asignada, percibe una remuneración proveniente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP). Sostiene que, si el hecho mencionado fuere confirmado, se estaría transgrediendo la prohibición prescripta en el Art. 105 de la C.N., y una violación a las disposiciones normativas de la Ley 1626/00.

Recalca que el edil vive y reside en la localidad de Tacuaras y que los hechos descriptos, vienen a configurar una violación al Art. 313 del C.P. “Artículo 313.- Cobro indebido de honorarios 1º El funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa.”

También pide librar oficio a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP), a fin de que, sirva informar al Ministerio Público.

De acuerdo con el informe técnico actualizado, el fenómeno meteorológico traerá consigo condiciones inestables, caracterizadas por lluvias persistentes y ráfagas de viento fuertes.

El pronóstico detalla dos niveles de severidad según la zona geográfica:

• Zonas de mayor impacto: Se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 70 mm, con la posibilidad de que se registren volúmenes superiores de forma puntual. Esta categoría abarca a los departamentos de Central, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Itapúa, Cordillera, parte de Presidente Hayes y Asunción.
• Zonas de menor impacto: Se estiman acumulados de lluvia entre 20 y 40 mm. Esta área incluye a los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Concepción, Canindeyú, Amambay, Boquerón y Alto Paraguay.
• Vientos
• Se anticipan ráfagas puntuales que podrían alcanzar los 90 km/h en toda el área de cobertura.

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La DMH resalta, además, la alta frecuencia de las tormentas sobre el área afectada, así como una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

El sistema de tormentas comenzará a manifestarse principalmente durante el jueves 18, extendiéndose en diversas regiones durante la mañana y tarde del viernes 19.

La cartera económica informó que las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) deberán consignar a sus socios, asociados, miembros e integrantes en el apartado “Datos de los Socios, Asociados, Miembros e Integrantes” del SIARA.

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Organizaciones con más de 50 integrantes

La cartera detalló que, en los casos en que la organización cuente con más de 50 integrantes, los registros adicionales podrán ser presentados mediante una planilla electrónica que deberá adjuntarse en la sección “Documentación”, seleccionando la opción “Listado de socios no declarados – OSFL”.

¿Cómo remitir documentos?

El archivo deberá remitirse en formato comprimido (.zip o .rar). La planilla modelo en formato Excel y el tutorial para completar correctamente el procedimiento se encuentran disponibles en el portal institucional del MEF.

Según precisó la institución, esta disposición tendrá carácter temporal y regirá hasta la implementación de mecanismos que permitan la carga masiva de registros dentro del sistema SIARA. Para consultas sobre este procedimiento, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico dgpejbf@mef.gov.py.

MEF desarrolla módulo dentro del SIARA

Por otra parte, el ministerio señaló que se encuentra desarrollando un módulo específico dentro del SIARA destinado a las organizaciones sin fines de lucro constituidas en el extranjero, con el objetivo de facilitar su inscripción en el Registro Complementario establecido por la Ley Nº 7363/2024, “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.

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Inscripción de OSFL extranjeras

A su vez, el MEF detalló que, hasta que dicha herramienta se encuentre disponible, las OSFL extranjeras alcanzadas por la normativa deberán solicitar su inscripción exclusivamente a través del correo electrónico registro_osfl@mef.gov.py, conforme al comunicado emitido el 29 de diciembre de 2025.

Para consultas adicionales, el MEF habilitó la dirección electrónica atencion_osfl@mef.gov.py.

Las sedes de los bancos Familiar y GNB fueron donde los delincuentes lograron detonar los explosivos, mientras que en las sedes de Ueno Bank y de una casa de cambios los explosivos no detonaron, por lo que fueron abandonados y permitió a los investigadores rastrearlos.

El sistema de trazabilidad de la Digemabel determinó que los explosivos fueron adquiridos en noviembre por la cantera Ita Bella, ubicada en Emboscada, por lo que la fiscala Rocío González se constituyó en la misma hoy para inspeccionar y recabar datos que puedan dar con los responsables del megaasalto.

“No hemos encontrado indicios de restos de material explosivo, pero sí tenemos el aparato de DVR que vamos a incautar en este momento para poder hacer la trazabilidad de las imágenes desde el tiempo que esté guardado en archivo hasta la fecha. Vamos a incautar el equipo de DVR y más otras documentaciones que puedan guardar relación con el hecho”, dijo en conversación con los medios.

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Cantera no usa explosivos desde octubre

Según la conversación que tuvo la agente con los trabajadores de la cantera, desde octubre del año pasado no utilizan explosivos en la misma, e incluso los obreros denunciaron que trabajan de manera precaria, ya que realizan la extracción de los minerales a mano.

Agregó que según los registros de la Digemabel, los explosivos se dieron de baja en febrero de este año, es decir, que debieron haberse utilizado los mismos en ese mes; sin embargo, no concuerda con lo que los trabajadores le manifestaron.

“Se dio de baja en febrero, como si fuera que se haya detonado en este lugar; sin embargo, conforme al testimonio que estamos tomando en este acto, ellos no estaban realizando ningún tipo de explosión desde más o menos octubre del año pasado”, precisó.

Hoy los intervinientes detuvieron a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos, que según la agente, uno es el encargado de dar de baja o ingreso a los explosivos y el otro es el explosivista.

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Buscan lote de 350 unidades de explosivos

Según la presunción de la Fiscalía, los detenidos enviaron los explosivos a terceras personas, lote que tendría 350 unidades relacionados al artefacto de 20 kilogramos incautado en el lugar del asalto que no detonaron.

“Tampoco nosotros podemos decir esto es algo chico, algo grande, es cuerda, es hilo, porque no tenemos a la vista. Sí tenemos uno incautado, pero eso se arma, ustedes saben que esa arma, lo que fue incautado, es un artefacto de 20 kg, entonces, tiene su proceso de preparación y eso significa para la Digemabel que son varias piezas. Ellos solamente van a poder darnos la información de cuántas unidades se utilizaron en realidad de lo que ellos le proveen”, concluyó.

Agregó que tienen varios sospechosos identificados, pero por una cuestión de no entorpecer la investigación, no puede dar más detalles.

La representante del Ministerio Público atribuye al profesional de Derecho, una serie de supuestas conductas de hostigamiento, intimidación y descalificación de la que fue víctima, durante una audiencia desarrollada en la sede del Ministerio Público.

La denuncia fue realizada ante el Juzgado de Paz de Paraguarí, donde la representante fiscal sostuvo además que los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio, durante diligencias de declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta invasión de inmueble ajeno.

Según la denuncia, Campuzano, en su carácter de defensor de los investigados, habría proferido expresiones en tono elevado y de manera reiterada contra la fiscal, cuestionando su actuación y conocimiento de la causa.

Rolón Verdún afirmó que las manifestaciones fueron realizadas frente a funcionarios y personas presentes en las audiencias, generando un ambiente de presión e intimidación.

La agente del Ministerio Público señaló además que el profesional del derecho habría advertido en varias ocasiones sobre la posibilidad de denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, situación que consideró parte de un patrón de hostigamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus funciones.

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La denunciante aclaró que promovió la acción por derecho propio y no en representación del Ministerio Público.

Asimismo, anunció que se inhibirá de intervenir en causas en las que el abogado denunciado actúe como representante legal de alguna de las partes.

Jueza dicta medidas urgentes

Tras analizar la presentación, la jueza de Paz Rosana Leticia Vouga de Villalba resolvió admitir la denuncia e iniciar el procedimiento especial de protección previsto en la Ley N.° 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia.

Como medida urgente, la magistrada dispuso prohibir a Jorge Luis Campuzano proferir insultos, amenazas, hostigamiento, acoso, descalificaciones o cualquier otra conducta que pueda constituir violencia verbal, psicológica, física o emocional contra la fiscal denunciante.

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Igualmente, ordenó al denunciado abstenerse de acercarse físicamente a la agente fiscal y a su domicilio particular ubicado en la ciudad de Lambaré.

La resolución judicial también fijó audiencias para escuchar a ambas partes. La fiscal fue convocada para prestar declaración el 18 de este mes.

Investigación paralela

En su escrito, la fiscal sostuvo que los hechos denunciados encuadrarían en las figuras de violencia psicológica y violencia contra la dignidad previstas en la Ley N.° 5777. Además, solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para determinar si las conductas denunciadas podrían constituir algún hecho punible.

La causa se encuentra en etapa inicial y las medidas adoptadas tienen carácter preventivo, mientras se sustancia el procedimiento y se reciben las pruebas ofrecidas por ambas partes.

Fiscal tomó represalias tras denuncia ante el JEM

Sobre el caso, abogado Campuzano afirmó que la agente fiscal habría tomado represalias en su contra luego de que unas 30 personas ocupantes de un campo comunal de la compañía Zorrilla, distrito de General Bernardino Caballero, departamento de Paraguarí, la denunciaran ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones.

Según explicó el profesional, la denuncia fue promovida por los ocupantes del inmueble bajo su patrocinio jurídico, tras la decisión de la fiscal de solicitar el sobreseimiento definitivo de Carlos Alberto Bóbeda y Oscar Hugo Maldonado, quienes habían sido imputados por una presunta agresión a los ocupantes del predio.

Indicó que la medida fue presentada ante el juez de Ybycuí, Rodolfo Vera Rodríguez, y posteriormente apelada por las partes afectadas. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Apelación.

Con relación a la supuesta agresión verbal denunciada por la agente fiscal, Campuzano negó categóricamente los hechos. Señaló que durante una audiencia uno de los ocupantes del campo estaba explicando que el inmueble cuenta con un decreto-ley de más de 80 años, momento en que la fiscal intervino para consultar sobre el título de propiedad.

Dijo “hubo un debate sobre el tema, pero en ningún momento existió agresión verbal hacia su persona. Soy respetuoso de la ley, estoy formado en Derecho y un abogado litigante tiene la obligación de defender a sus representados”, manifestó.

Añadió que, a su criterio, la reacción de la fiscal no estuvo relacionada con la discusión sobre el título de propiedad, sino con el hecho de que ya tenía conocimiento de la denuncia presentada en su contra ante el JEM.

Finalmente, sostuvo que la situación generada hace inviable que continúe litigando causas en la unidad fiscal a cargo de la mencionada agente. “Obviamente, ningún caso ya podrá ser tramitado por mi parte en su unidad fiscal”, concluyó.

Mientras las temperaturas descienden, cientos de personas continúan aguardando en carpas improvisadas sobre un piso flotante que se encuentra en franco deterioro, exponiéndose a las inclemencias del tiempo ante la falta de un refugio adecuado.

El proyecto de construcción y remodelación del albergue para familiares y acompañantes, que buscaba dignificar la espera de quienes cuidan a los pacientes, presenta importantes retrasos.

Según el cronograma inicial, los trabajos debían finalizar entre los meses de febrero y marzo; sin embargo, a esta altura del año, la obra sigue sin ser entregada.

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Sobre el estado actual de los trabajos, la arquitecta Gabriela Ramírez, jefa de Obras Civiles del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central del IPS, manifestó: “Las obras están en etapa de culminación. Esta semana estaríamos culminando lo que es la terminación de la obra y luego estaríamos habilitando el albergue una vez que se armen todas las camitas adentro”.

Según el plan, el nuevo albergue contará con 63 boxes. En cada uno se instalarán dos unidades de camas de dos pisos y un pequeño placard. “El tamaño del box se hizo en base a las camas, para optimizar el espacio y en total entrarían 126 personas”, explicó la profesional.

En cuanto a las instalaciones sanitarias, se han previsto dos sectores sexados, con cinco inodoros y cuatro duchas cada uno.

El proyecto de remodelación integral incluye:

• Incorporación de boxes individuales vinculados a cada paciente internado.
• Cerramiento de áreas que antes eran abiertas y climatización integral de todo el sector.
• Construcción de nuevos sanitarios y mejoras en el sistema eléctrico e iluminación LED.
• Adecuación completa de las áreas de cocina y lavadero.

Por ahora, los familiares de pacientes en el IPS siguen esperando que la obra se concrete para abandonar las carpas y contar con un espacio digno donde pasar la noche, una necesidad que se vuelve urgente ante el frente frío que afecta a gran parte del país

Hasta el momento, la Policía solamente detuvo a dos personas presuntamente vinculadas a la venta de los explosivos que fueron utilizados para detonar las sucursales bancarias atacadas. Ambos negaron tener conocimiento alguno sobre los hechos.

Según datos preliminares, un policía que recientemente fue identificado en un asalto en Paso Yobái fue reconocido también como cabecilla del megaataque contra tres bancos y una casa de cambios. Se trata de Néstor Yván Ramírez Marín (29), quien sería el que disparó con un fusil contra la casa de cambios.

Otro identificado en este hecho sería el supuesto secuestrador Osmar Javier Lezcano Sanabria (27), quien sería el que colocó una bomba en esta entidad, que al final no pudieron detonar, según las imágenes de circuito cerrado.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles respecto al dinero robado, pero varias cajas fuertes no fueron llevadas pese a la magnitud del atraco.

“Les aviso que Esgaib también tiene un título comprado. Su hijo creo que fue electo ya, ganó su interna. Y está bien, puede ganar, ser concejal sin tener título. Puede ser diputado sin tener título, pero déjense de comprar y vayan a estudiar”, expresó.

Tanto Yamil Esgaib como Nasser Esgaib aparecen entre los egresados que habrían obtenido sus títulos en plazos llamativamente cortos, lo que despertó cuestionamientos sobre la legitimidad de esas certificaciones académicas.

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La legisladora sostuvo que existen casos de figuras políticas que se habrían recibido en apenas tres años, situación que calificó como parte de una posible “rosca de los títulos”.

“Hay maestros que compraron títulos”

Durante su discurso, Amarilla amplió sus cuestionamientos y citó declaraciones de la fiscala Teresa Sosa sobre la existencia de aproximadamente 1.500 títulos presuntamente irregulares, de los cuales unos 250 ya habrían sido comprobados.

La senadora advirtió que el problema no se limita al ámbito político, sino que también alcanzaría al sistema educativo. “Decía ayer la fiscal Teresa Sosa que hay algunos y algunas con títulos de formación docente comprados que están hoy como directoras y directores de escuelas. Están como supervisores. Y con razón hay tantos maestros burros”, afirmó.

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Según Amarilla, la compra de títulos representa una de las mayores crisis educativas que ha enfrentado Paraguay. “Esta es una crisis gravísima de la educación en Paraguay. Gravísima. Nunca antes sucedió esto en Paraguay”, sostuvo.

Amarilla cuestiona la pérdida de la cultura y el estudio

La legisladora también aprovechó su intervención para lamentar lo que considera un deterioro de la formación académica y cultural de las nuevas generaciones.

Recordó que en su época de estudiante se impartían materias como química, biología, anatomía, literatura clásica e historia universal, conocimientos que, según dijo, contribuían a desarrollar una cultura general sólida.

En ese contexto, destacó la importancia de las bibliotecas y celebró los convenios impulsados por el Congreso para el intercambio cultural con instituciones de Italia y Francia, aunque insistió en que se debe fomentar una mayor cercanía de los jóvenes con la lectura.

“¿Qué ejemplo se les da a los jóvenes que ni pisan una biblioteca?”, cuestionó.

El evento abrirá al público desde las 8:00, con una feria gastronómica que tendrá como protagonista a alimentos derivados de la mandioca. Además habrá queso, pan, lomito, hamburguesa, mbeju de colores, helado, budín, pizza, entre otras delicias, todas hechas con base de mandioca.

El acto oficial está previsto para las 10:00, con presencia de autoridades locales, y se aguarda al ministro del MAG, Carlos Giménez. Para el mediodía realizarán asado a la estaca para el almuerzo.

Por la tarde, a partir de las 14:00, se esperan divertidos concursos, como el de pelar mandioca, acarreo de mandioca y el premio a la producción más pesada de la temporada. La celebración terminará con una fiesta bailable.

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Producción de mandioca

El director de la regional Sur en Itapúa del DEAg, ingeniero Diosnel Bareiro, manifestó que este año mejoró sustancialmente la producción del tubérculo. El año pasado los productores tuvieron problemas con plagas que generaron una baja producción.

El comité aglutina a 40 productores que tendrían aproximadamente 60 hectáreas de cultivos de mandioca.

El promedio de productividad estaría entre 30.000 y 35.000 kg por hectárea, según detalló Bareiro. Este ascenso tiene como número de referencia anterior los 20.000 kg por hectárea.

El referente local del MAG explicó que la producción alcanzaría las 1.000 toneladas, que son distribuidas en los mercados de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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La mandioca

La mandioca es una raíz tuberosa comestible —también conocida como yuca— proveniente de un arbusto perenne originario de América del Sur. Es una hortaliza rica en carbohidratos, versátil en la cocina y un alimento fundamental por su alto aporte de energía y bajo costo.

En regiones de América del Sur como Paraguay, Argentina y Brasil, se la conoce popularmente como mandioca (en guaraní: mandi’o). En el resto de América Central, el norte de Sudamérica y las Antillas, su nombre común es yuca.

Es un alimento altamente energético gracias a su contenido de almidones. Es ideal para dietas sin gluten, aunque es baja en proteínas y fibra. Se cocina de manera similar a la papa. Se puede hervir, freír, hornear o utilizar para hacer harinas y almidones.

Dicha rendición de cuentas se realiza 13 días antes de la que por ley el Presidente de la República está obligado a hacer cada año ante el Congreso Nacional, lo que generó la crítica de varios referentes y legisladores.

Para el senador del PDP, Rafael Filizzola, esto representa una humillación de Peña ante Cartes, ya que el titular de la ANR no ocupa ningún cargo en la función pública, ni tiene relevancia.

“Es una humillación, pero para él (Peña), no para el Congreso. Nosotros tenemos la obligación de recibir su informe, nosotros cumplimos, esperamos su informe, pero para él, como jefe de Estado, tener que ir a rendirle informes a una persona que en este momento no ocupa ninguna función pública, ni tampoco tiene la relevancia para recibir ese informe previamente. Constituye una humillación para él porque con esto se evidencia claramente dónde está el poder y que el poder no está en el Palacio de López”, refirió.

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Santiago Peña ya no tiene dignidad y actúa como “empleadito”

Para Filizzola, no solamente la imagen de Peña está desgastada, sino que también su dignidad y autoestima, ya que siendo jefe de Estado tiene una actitud genuflexa, y está “actuando como empleadito” siendo Presidente de la República.

Agregó que el Presidente de la República está destruyendo el país y si bien lo de sus constantes viajes es lo de menos, cuestan caro, no se justifican, no traen inversiones y si Peña quiere traer inversiones, debería apoyar a los paraguayos que viven en el extranjero, porque son los que están aportando a la economía paraguaya.

“Está destruyendo la economía del país para empezar, el país está sobreendeudado. Fíjense que hoy solamente en intereses estamos ya gastando más que en obras públicas. Está entregando los ahorros del Paraguay a una empresa, a un banco, a un banco que hace poco era una financiera, a un banco que tuvieron que cambiar todos los reglamentos para que califique”, criticó sobre los cambios de reglamento del Instituto de Previsión Social (IPS) para beneficiar a Ueno Bank.

Cuestionó que se utilicen los fondos provenientes de IPS para hacer varios negocios, entre ellos, el de internet con la banda 5G que se direccionó a una empresa de maletín sin experiencia que ni siquiera cubre todo Salta, Argentina, lo que la hace marginal.

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“Imagínense una empresa salteña que no cubre Salta, se tiene que ocupar de Paraguay. Una empresa que se presenta tarde, que no cumplió con los requisitos de capital, que no cumplió con los requisitos de clientela mínima en Salta, se tienen que ocupar de todo Paraguay. Con eso le dejaron al 70% de los usuarios de internet fuera”, lamentó.

Peña hace negocios con dinero del Estado

Acusó a Peña de hacer negocios con dinero del Estado y que en caso de que salgan mal, es el país el que paga. A esto se suma la adquisición de un canal de televisión de aire por parte de los grupos comerciales ligados al presidente de la República.

“Él (Peña) está haciendo administración en beneficio propio, además tráfico de influencias, además de enriquecimiento ilícito. Él, a través de esa empresa, ya no me van a decir ahora que él no está vinculado, no sigue vinculado con el grupo Vázquez, en este momento direccionan la adjudicación de un canal a Peña, pero fíjense lo más grave, por ejemplo, para que puedan quedarse con el canal, no piden experiencia”, denunció.

Dijo además que actualmente el mercado paraguayo de la transmisión de señal de televisión está saturado, ya que en países como Chile, Bolivia o Argentina, que tienen muchos más habitantes que Paraguay, tienen una media de seis a siete canales, mientras que en nuestro país tenemos 15 canales abiertos.

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Recordó La Red Desinformante, con la que se revelaron sospechas de que allegados al Gobierno, como Juan “Jimmy” Villaverde, a quien el propio Peña calificó de “militante”, y tanto él como autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) negaron que tenga un vínculo con el Estado, cuando fue funcionario de la misma institución e incluso hizo oficina en Mburuvicha Róga, lideraron campañas sucias contra medios de comunicación, periodistas y referentes políticos opositores.

Dijo que como la campaña sucia a través de las redes sociales mediante pautas en las mismas, no le funcionó, ahora compran medios de comunicación para difundir su agenda política.

“Ya no le salió el tema de seguir con las redes sociales persiguiendo a periodistas, persiguiendo a personas críticas, ahora quieren un canal de aire que se suma a otro conglomerado empresarial, obviamente para meter su agenda política, es decir, desinformar y tratar de vendernos, algo que nadie les cree, que solamente puede entrar en la cabeza de Peña que vivimos en un país de maravillas”, concluyó.

Los pobladores lamentaron que esta situación se prolongue desde hace varios meses y aseguraron que numerosas personas enfermas deben afrontar dificultades para acceder a atención médica oportuna debido a la ausencia de una ambulancia en la comunidad.

El poblador Milciades Sosa sostuvo que en reiteradas ocasiones se sienten relegados por cuestiones políticas y sociales, afirmando que, por ser opositores al partido de gobierno o activistas sociales, no reciben la misma atención que otras comunidades.

Durante la movilización, una comitiva fue recibida por autoridades de la Quinta Región Sanitaria, cuyos representantes se comprometieron a gestionar la llegada de la ambulancia entre este viernes y el próximo lunes.

Los manifestantes advirtieron que, si el compromiso no se concreta dentro del plazo anunciado, volverán a intensificar las medidas de fuerza hasta obtener el móvil sanitario para las comunidades afectadas.

Falta de chofer retrasa entrega de ambulancia

Por su parte, el director de la Quinta Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, manifestó que la ambulancia ya se encuentra disponible, pero que hasta el momento no se cuenta con un chofer asignado para operar el móvil.

Indicó que la ambulancia dispone de una tarjeta de débito para combustible, la cual debe ser administrada por el responsable del vehículo. Explicó además que una nueva disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) establece que los nuevos funcionarios deben ingresar mediante concurso público de oposición.

Comentó que, debido a la falta de un llamado a concurso, aún no se puede contratar al personal necesario para cubrir el puesto de conductor.

Finalmente, señaló que realizará gestiones con la Municipalidad de San Joaquín para que la institución pueda asignar un rubro de chofer y permitir que la ambulancia entre en funcionamiento lo antes posible.

Actualmente, la edificación presenta serios problemas estructurales que ponen en riesgo parte de su construcción.

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Hace dos años detectaron varias grietas, las cuales han ido aumentando con el pasar del tiempo a consecuencia del hundimiento de uno de los pilares principales del edificio.

El curador del museo, padre David Hernández, señaló que el deterioro se concentra en la última sala, que se encuentra en la parte trasera del edificio, y que peligra que en cualquier momento se pueda derrumbar, causando daños importantes a uno de los patrimonios históricos de nuestro país.

Según explicó, un pilar restaurado en la década de 1980 se está asentando por causas aún desconocidas, provocando el desplazamiento de la estructura, el agrietamiento de los muros y la separación de las vigas, situación que genera un riesgo real de colapso.

La edificación data de la segunda mitad del siglo XVII y posee un valor histórico excepcional. Además de haber sido declarada Patrimonio Nacional, fue el antiguo colegio del pueblo, donde funcionaron escuelas de lectura, escritura, pintura, música y diversos oficios durante los siglos XVII y XVIII.

El sacerdote destacó que el museo alberga una de las mejores colecciones de tallas policromadas del barroco jesuítico guaraní conservadas entre los 30 pueblos jesuíticos guaraníes.

Las imágenes pertenecían originalmente a la antigua iglesia de San Ignacio Guazú y representan aproximadamente la mitad de las tallas que se lograron preservar.

“Las primeras fisuras aparecieron hace más de dos años y, desde entonces, el deterioro se ha agravado. Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Gobernación, realizamos un apuntalamiento de emergencia, pero la estructura continúa cediendo y los puntales también presentan deformaciones”, señaló Hernández.

El padre David indicó que ya se cuenta con un protocolo de intervención elaborado por especialistas de la Secretaría Nacional de Cultura, concluido en diciembre de 2025, pero el principal obstáculo es la falta de financiamiento.

“La restauración demandaría una inversión aproximada de G. 1.300 millones e incluiría el desmontaje de parte del techo y el refuerzo de los muros y pilares. Ahora la restauración ya es muy urgente, porque la estructura de apuntalamiento no es suficiente y persiste el peligro de que esta parte de la edificación se venga abajo”, advirtió el padre David Hernández.

La sala en riesgo de colapso del Museo de Arte Jesuítico Guaraní alberga una de las colecciones de cerámica guaraní más importantes del país.

El padre Hernández advirtió que la pérdida de esta sección implicaría un grave daño al patrimonio histórico. E indicó que, ante la falta de una intervención urgente, están analizando trasladar las piezas para evitar su destrucción.

El museo no se encuentra clausurado en su totalidad y permanece abierto al público. Sin embargo, una de sus secciones está debidamente delimitada y restringida, con las señalizaciones correspondientes, para evitar el acceso de los visitantes al área afectada.

Actualmente, los ajustes anuales al salario mínimo se basan solo en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), un parámetro que los proponentes del proyecto de ley opinan es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos.

El proyecto planea introducir por ley a la fórmula para calcular los ajustes otras variables como la variación de los costos de productos de la canasta básica familiar.

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El debate se produce cuando se acerca el plazo para que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) emita su dictamen de recomendación sobre el ajuste de este año, que se cree será mínimo. Sin embargo, voces del oficialismo han insinuado que el presidente Santiago Peña podría ordenar un aumento del salario mínimo más alto que lo que recomendaría el Conasam.

“Necesitamos institucionalidad, no buena voluntad”

En conversación con ABC Color este miércoles, la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasu) calificó esas insinuaciones como una “picardía del Gobierno”, que probablemente buscará enmarcar el aumento como “un favor del Presidente”.

La senadora Martínez insistió en que es necesario establecer un “sistema institucional del Gobierno que, de manera científica, sistemática, permanente y regular, establezca el salario mínimo” y que una nueva ley para ese efecto es necesaria porque la que está vigente “no tiene ninguna de esas características”.

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“Lo que necesitamos es institucionalidad, no buena voluntad”, subrayó, señalando que esa aparente buena voluntad podría no existir en los siguientes años si los ajustes del salario mínimo siguen haciéndose de forma discrecional.

Ajuste “de acuerdo con el humor de Santiago Peña”

En líneas similares se expresó la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien dijo que el ajuste “arbitrario” que supuestamente pretende realizar el presidente Peña “va a ser un aumento antojadizo de acuerdo a variables que seguramente él maneja en su oficina”.

Calificó de “peligroso” que los ajustes al salario mínimo se definan “de acuerdo con el humor de Santiago Peña”.

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La senadora Paredes recordó que el año pasado la oposición ya presentó otro proyecto de ley similar al que se plantea hoy, que fue rechazado por el oficialismo cartista mayoritario en el Congreso.

Dijo creer que el proyecto a ser tratado hoy correrá la misma suerte.

“Creo que hoy van a volver a postergar, están tratando de evitar conversar de manera seria cómo podemos fijar el salario mínimo, lo que buscan es no estudiar nunca el proyecto”, dijo.

“Este proyecto nace más de un sector progresista. Entonces, va en contra de lo tradicional, de la familia y, hasta diría que va en contra de un proyecto de ley presentado en periodos anteriores por el entonces diputado Óscar Tuma”, declaró.

Antes de la postergación oficializada, dijo que la bancada oficialista incluso estaría apoyando el rechazo del proyecto.

Senado aplaza por una semana la ley del “divorcio exprés”

“Nosotros defendemos la familia históricamente de un modo u otro”, expresó cuando le plantearon si su postura es para defender al sector de los abogados, considerando que con la iniciativa no se necesitará contratar a un profesional del derecho para realizar el trámite.

Proyecto establece plazos para el divorcio, asegura Bachi

Núñez aseguró que el proyecto de Samaniego plantea que una persona deba esperar un año si se arrepintió inicialmente, para volver a plantear un pedido de divorcio.

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Finalmente, insistió en que la discusión en su bancada se centra en este punto, aunque reconoció que el proyecto incluye otros aspectos que no detalló en profundidad.

Senado aplazó el tratamiento del proyecto

La Cámara de Senadores aplazó esta mañana, por una semana, el proyecto de ley que busca simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial por mutuo consentimiento.

La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales.

El fiscal Fermín Segovia informó que uno de los primeros testigos en comparecer fue un hombre a quien una de las acusadas habría contactado poco después de la desaparición de la adolescente para solicitar instrucciones sobre cómo eliminar la información contenida en un dispositivo electrónico.

Según relató el agente fiscal, el testigo manifestó que recibió una llamada de la acusada Mikhaela Rolón Melgarejo, quien le pidió los pasos necesarios para bloquear o borrar un teléfono celular que, según sus dichos, le pertenecía.

“Ella le solicitó las instrucciones para el bloqueo o borrado del teléfono. El testigo refirió que no sabe si finalmente esos pasos fueron realizados, pero sí confirmó que recibió ese pedido”, explicó Segovia.

Forense habló sobre medicamentos hallados en la investigación

Otro de los testimonios considerados importantes fue el del médico forense Jorge Río, quien declaró sobre varios medicamentos mencionados en conversaciones incorporadas a la causa y otros que fueron incautados durante allanamientos realizados en una farmacia perteneciente a uno de los acusados.

De acuerdo con el fiscal, el profesional confirmó que los fármacos analizados son de venta bajo receta médica y que algunos de ellos tienen la capacidad de provocar abortos.

“Todos ellos, tal como refirió el médico forense, son medicamentos que requieren receta e inclusive pueden provocar aborto en mujeres”, señaló.

El representante del Ministerio Público sostuvo que estos elementos fortalecen la teoría presentada por la Fiscalía durante el proceso judicial.

“Lo que la Fiscalía considera es que esto robustece la acusación que está fundamentada en informes técnicos y que ahora se solventa con la declaración del propio médico que intervino”, expresó.

Defensa cuestionó cantidad de testigos

Durante la jornada también surgieron cuestionamientos por parte de la defensa respecto a la cantidad de testigos convocados por el Ministerio Público.

Segovia explicó que hasta el momento ya comparecieron unas 15 personas, cifra superior a la inicialmente prevista, situación que motivó el reclamo de los abogados defensores.

No obstante, indicó que el Tribunal resolvió otorgar un plazo razonable para que las defensas puedan prepararse adecuadamente para los interrogatorios.

El fiscal señaló que la Fiscalía no se opone a esa medida, siempre que permita continuar con la recepción de testimonios y evitar nuevas dilaciones, especialmente teniendo en cuenta que varios declarantes viajaron desde localidades alejadas para comparecer ante el Tribunal de Sentencia.

El juicio oral continúa con la producción de pruebas testimoniales y periciales en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de María Fernanda Benítez y determinar la responsabilidad de los acusados.

Pues todos mintieron, según admitió a la Cámara de Diputados el ministro Gustavo Villate en una respuesta a un pedido de informe ingresada ayer a las 18:06, que confirma que Villaverde estuvo comisionado a la institución por “2 meses y 20 días”.

Si bien Villate intentó minimizar el escándalo de la mentira, alegando que “el citado ciudadano y la firma comercial (Comunik, presuntamente vinculada a las cuentas de ataque a favor del gobierno) mencionada no han mantenido ni mantienen vínculo contractual alguno con el MITIC”, finalmente terminan reconociendo el comisionamiento de Villaverde en 2025.

“No obstante, se informa que el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui, fue comisionado a esta institución durante 2 meses y 20 días en el año 2023, entre el 01 de setiembre y el 20 de noviembre del 2023″.

Esta admisión se da de manera forzada a consecuencia de que nuestro diario publicó que el 9 de octubre de 2023, Villaverde formó parte de una comitiva de cobertura de actividades del presidente Santiago Peña en Paraguarí como “encargado de redes sociales” y en noviembre de 2023 se hizo el desembolso del viático correspondiente.

Sin embargo, Villaverde siguió cercano al Mitic y puntualmente con la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, ya que ambos formaron parte de una reunión en la misma sala de reuniones que usa el presidente de la República en Mburuvicha realizada el 28 de mayo de 2025.

Es decir, Villaverde, que supuestamente ya no tenía vínculo alguno con Mitic ni con la Presidencia, seguía formando parte de reuniones en Mburuvichá Roga.

Otra cuestión que el Mitic insistió en negar en este pedido de informes pese a las pruebas, fue el otorgamiento de credenciales de la Presidencia de la República a “Jimmy”.

Ahi de vuelta hay controversia sobre las fechas, ya que existe respaldo documental (Resolución Mitic N° 537/2023 del 25 de septiembre de 2023 y la Res. N° 591/2023, del 13 de octubre de 2023) donde Mitic acepta el comisionamiento de Villaverde desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en la segunda resolución lo eximen de la obligación de marcación del reloj biométrico. De hecho respaldaba el hecho de que se le haya otorgado un carnet de acceso a Mburuvicha Roga.

Sin embargo, ya supuestamente sin tener vínculo formal con el gobierno, en julio de 2025, se le vuelve a imprimir otro carnet de acceso a la residencia presidencial.

“Le digo al ministro de Educación: no se lave las manos de nuevo enviándole solamente al fiscal general (Emiliano Rolón). Haga su investigación interna. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes otorgaron? ¿Quiénes no hicieron la tarea o se hicieron del ñembotavy para que esto sucediera?”, reclamó.

Cerca de 100.000 títulos sin acreditación

La legisladora señaló que está recibiendo información y analizando publicaciones sobre la situación de la educación superior. En ese contexto, mencionó datos que revelan la magnitud del problema.

Según expuso, entre 2023 y 2025 fueron emitidos alrededor de 164.000 títulos universitarios de grado, de los cuales apenas el 39,2% corresponde a carreras acreditadas, mientras que el 60,8% proviene de carreras sin acreditación.

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“Estamos hablando de que entre el 2023 y el 2025 hubo casi 100.000 paraguayos que recibieron un título universitario de grado por una carrera que no pasó por un proceso de acreditación”, afirmó.

También alertó sobre la situación de los programas de posgrado. Indicó que la tasa de acreditación vigente alcanza apenas el 5,1%, con 101 posgrados acreditados frente a 1.970 habilitados.

“Los estudiantes no pueden ser el objetivo principal”

Martínez expresó preocupación por el enfoque que podría tomar la investigación sobre los títulos cuestionados y pidió evitar que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quienes cursaron estudios y obtuvieron los documentos.

La senadora sostuvo que la comisión buscará identificar a los verdaderos responsables detrás de las irregularidades. “No nos quede la idea de que ellos son el objetivo de esta investigación. Ellos no pueden ser el objetivo principal. El objetivo principal tiene que ser los dueños del negocio, sus cómplices y los que en este proceso están lucrando”, enfatizó.

Añadió que muchos jóvenes, docentes, técnicos, enfermeros, abogados, ingenieros y otros profesionales pudieron haber sido víctimas de un sistema que incluso los habría inducido a invertir recursos económicos para obtener títulos que finalmente no cuentan con la validez esperada.

Pide investigar a autoridades, funcionarios y conexiones políticas

La parlamentaria afirmó que la investigación debe apuntar a toda la estructura que permitió el funcionamiento de estas irregularidades. “Acá lo que hay que hacer es investigar a autoridades, funcionarios, empresa privada, conexiones políticas. ¿Quién está detrás de todo esto?”, cuestionó.

Asimismo, advirtió que no se debe optar por el camino más sencillo castigando únicamente a quienes poseen los títulos observados. “No mande otra vez a los que tienen el título y se queden las instituciones que hicieron esta rosca de negocios”, expresó.

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Martínez anunció que la comisión especial comenzará formalmente sus tareas la próxima semana y aseguró que existe una gran cantidad de información que deberá ser analizada.

La legisladora reiteró que el foco estará puesto en el sistema que permitió el negocio de los títulos irregulares y no solamente en las personas que hoy se encuentran ejerciendo profesiones con documentos cuestionados.

“¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la protección de este sistema? A eso vamos a apostar”, manifestó.

Para dicho evento, están invitados, en general, conductores y propietarios de todo tipo de vehículos, sean automóviles, motocicletas o bicicletas y de forma especial a los integrantes de asociaciones de taxistas, transportes escolares, además de motociclistas y ciclistas organizados en asociaciones y clubes en la zona, según contempla el programa elaborado.

Habilitan feria gastronómica

De acuerdo con el programa en el marco de la fiesta patronal en Pedro Juan Caballero, desde las 14:00 horas, quedará habilitada la feria gastronómica, con una cantina instalada en la explanada de la Parroquia Perpetuo Socorro en la que la feligresía y la comunidad en general podrán adquirir principalmente alimentos típicos de nuestro país como la combinación de cocido con mbeju, pastel mandi’o, pajagua mascada, entre otros productos que serán ofrecidos a precios accesibles, según informaron los organizadores.

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El lema de las celebraciones es “Promover el bien común para una vida digna”.

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“Es evidente que los directivos de la previsional podrían estar involucrados en el tema, porque no puede ser que cantidad de millones, incluso de dólares, se gasten en contrataciones de empresas de limpieza y seguridad; este es el negocio más grande que se tiene dentro del IPS y de otras instituciones con los servicios de limpieza”, expresó.

Proceso judicial

Al mismo tiempo, mencionó que lleva adelante un caso judicial contra una de las empresas que estaría vinculada al IPS. Según explicó, la firma hace firmar a sus trabajadores documentos en que figura el cobro de salarios superiores al mínimo legal vigente (G. 2.899.048); sin embargo, al momento de la transferencia, solamente se les desembolsa G. 1.200.000, monto muy inferior al salario mínimo.

“Como representante legal de cuatro trabajadoras del IPS Ayolas presenté una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, el cual no hizo lugar a la demanda, por lo que se apeló la sentencia definitiva y actualmente la definición se encuentra en la Cámara de Apelaciónes”, indicó.

Cáceres anunció además que, en caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso presentado, impulsará una denuncia ante el Ministerio Público. Indicó que se trata de una situación que debe ser investigada para identificar a los responsables de un esquema que, según denunció, permite adjudicar licitaciones a empresas presuntamente vinculadas al entorno del consejo de IPS para posteriormente concretar millonarios negociados.

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Las entidades afectadas fueron el banco GNB, de donde supuestamente se robaron 1.800 millones de guaraníes y unos 30.000 dólares; el banco Familiar, de donde supuestamente se llevaron 1.200 millones de guaraníes y unos 70.000 dólares; banco Ueno, de donde no llegaron a robar dinero, y la casa de cambios Santa Rita Cambios, de donde tampoco sustrajeron dinero.

Los delincuentes volaron con bombas las bóvedas de los bancos GNB y Familiar, pero porque estaban apurados no llegaron a accionar los explosivos que colocaron en el banco Ueno y en la casa de cambios Santa Rita Cambios.

De hecho, los explosivos que no se accionaron fueron recogidos y analizados por militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), quienes al introducir a su sistema informático los números de serie de dichos elementos descubrieron que figuraban ya como utilizados en la cantera Itá Bella de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Con estos datos, anoche se hicieron allanamientos justamente en Emboscada. La comitiva fue liderada por la fiscala de Santa Rita, Rocío González, e integrada justamente por militares de Digemabel y policías de Investigaciones de Cordillera.

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En los procedimientos fueron capturados José Cuevas Yegros, de 57 años, quien figura como responsable de la cantera y de los explosivos, y Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años, gestor informático de la misma cantera y a la vez agente penitenciario de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Esta mañana, la misma comitiva revisó la cantera Itá Bella en busca de más evidencias.

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Según el director de Dimabel, los ahora detenidos declararon falsamente ante la oficina militar haber utilizado los explosivos en la cantera de Emboscada, en una explosión controlada, pero al final esos mismos elementos aparecieron en el asalto múltiple de Santa Rita.

Es decir, habrían vendido los explosivos a los asaltantes y luego simularon haberlos utilizado para que la Digemabel los diera de baja.

Los casos anteriores

El 30 de octubre de 2025, el que sería el mismo grupo tomó la ciudad de Katueté, en el departamento de Canindeyú, en un asalto contra el banco Itaú.

Se usaron explosivos que salieron de la cantera Petters SA de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Explosivos usados en el banco de Katueté salieron de una cantera de Minga Guazú

El dueño y el explosivista de este establecimiento fueron imputados. Estos dijeron que se les habría robado el lote utilizado en el golpe.

El 10 de febrero de 2026, la que también sería la misma banda tomó la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra la agroexportadora Algisa.

Se usaron explosivos que salieron de la cantera Candelaria de la localidad de Vallemí, departamento de Concepción.

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El dueño de la cantera y su hija fueron detenidos como responsables, ya que tampoco pudieron justificar cómo es que aparecieron esos elementos al otro lado del país.

Según explicó, una de las principales modificaciones plantea que los cónyuges deban esperar al menos un año de matrimonio para acceder al divorcio por mutuo consentimiento.

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“Cuando existen voluntades, el órgano jurisdiccional no puede poner trabas”, sostuvo Tuma al recordar los fundamentos de la reforma que impulsó años atrás. Señaló que actualmente una pareja que se casó y descubre pocos meses después que la relación no funciona puede solicitar el divorcio de común acuerdo sin necesidad de esperar plazos establecidos por ley.

Cuestiona que se vuelva a imponer un año de espera

El exlegislador explicó que la ley vigente eliminó la obligación de esperar varios años para divorciarse de común acuerdo, entendiendo que el Estado no debe obligar a las personas a permanecer en una relación que ambas desean terminar. Sin embargo, ahora se intenta volver a establecer plazos, señaló.

“Con la modificación que se está planteando, vos tenés que esperar un año”, aseguró.

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“¿Por qué una norma te tiene que obligar a permanecer en un lugar cuando ambos ya no quieren?”, cuestionó.

Indicó que, con los cambios propuestos, incluso las parejas que decidan suspender temporalmente un proceso de divorcio y posteriormente retomar la decisión deberían aguardar un año para volver a presentar la solicitud.

A criterio de Tuma, esta situación solo generará más conflictos y no contribuirá al fortalecimiento de la familia.

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Restricciones para quienes tienen bienes

El abogado también dijo que el procedimiento simplificado quedaría limitado a los matrimonios que no posean bienes o que se encuentren bajo régimen de separación de bienes.

Para Tuma, esta disposición carece de sentido y termina convirtiéndose en una especie de castigo para las parejas que cuentan con patrimonio común.

“Lo único que establece esta modificación es que el juez tiene que resolver en tres días, pero al mismo tiempo incorpora una serie de trabas que hoy no existen”, manifestó.

Añadió que, si el objetivo es acelerar los trámites judiciales, bastaría con fijar un plazo breve para que el magistrado dicte resolución, sin alterar las condiciones actuales del divorcio consensuado.

La voluntad de una sola persona ya es suficiente

El abogado también recordó que la legislación vigente permite que una persona solicite el divorcio aunque la otra parte no esté de acuerdo.

Explicó que antes era necesario invocar causales como injurias, malos tratos u otros motivos específicos, situación que muchas veces derivaba en conflictos innecesarios. Con la reforma actualmente vigente, basta con expresar la voluntad de divorciarse.

Según señaló, el juez debe respetar esa decisión individual porque nadie puede ser obligado por el Estado a continuar casado contra su voluntad.

Separación entre divorcio y bienes

Tuma indicó que, si existe algún aspecto que debería revisarse en la legislación actual, es la posibilidad de que las personas puedan obtener el divorcio mientras continúan discutiendo judicialmente la división de bienes.

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Explicó que muchas veces la disolución del vínculo matrimonial se retrasa justamente por desacuerdos económicos sobre el patrimonio común.

A su criterio, sería más útil avanzar en mecanismos que permitan a las personas divorciarse y reorganizar sus vidas mientras las cuestiones patrimoniales siguen su curso en los tribunales.

Finalmente, insistió en que el divorcio por mutuo consentimiento debe ser “simple, rápido y respetuoso de la libertad de las personas” y sostuvo que imponer nuevos requisitos legales solo provocará más conflictos familiares en lugar de resolverlos.

Mediante dicho fallo el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados Óscar Ariel Torres y Federico Hetter Garay, defensores de Eusebio Torres Romero, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 65 de fecha 25 de octubre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital.

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Dicho fallo, a su vez, había ratificado la Sentencia Definitiva N° 36 del 20 de febrero de 2024 dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Francisco Ortiz e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, que condenó al comisario retirado Eusebio Torres Romero por hechos de torturas contra a ex presos políticos durante la dictadura de Stroessner, específicamente en el año 1976.

“Tal como lo estableció de manera óptima el Tribunal de Mérito en el fallo de primera instancia, es imposible hablar de un Estado de Derecho mientras haya tenido lugar un régimen autoritario o dictatorial como el que gobernó el Paraguay por más de tres décadas”, resalta parte del fallo de la Sala Penal.

Corte ratifica que la tortura es imprescriptible

La Sala Penal señala que el agravio expresado por la defensa de Eusebio Torres Romero, en el escrito de casación, está relacionado con la prevalencia entre los artículos establecidos por la Constitución Nacional –uno de los cuales hace referencia al hecho punible de tortura y su imprescriptibilidad, y el otro alude a la aplicación irretroactiva de la ley– no constituye una cuestión novedosa ni en el ámbito del derecho interno ni en el del derecho internacional.

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Al respecto la ministra Carolina Llanes resalta que desde la sanción de la Constitución Nacional de 1992 y la transición hacia la democracia en el Paraguay, empezamos a construir ese viejo anhelo de vivir en un estado de derecho. En consecuencia, votó por confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 65 de fecha 25 de octubre del 2024 dictado por el Tribunal de Apelaciones, manteniendo la condena impuesta en 30 años de pena privativa de libertad para Torres Romero.

Por su parte el ministro Manuel Ramírez Candia puntualiza que la defensa alega la prescripción del hecho punible de tortura, por el cual fue condenado Eusebio Torres Romero, alegando la supuesta antinomia que existe entre dos normas constitucionales, la primera, el Artículo 5 de la Carta Magna y la segunda, el Art. 14 que establece la aplicación no retroactiva de la ley. Con dicho fundamento los casacionistas sostiene que a la fecha de comisión de los hechos, el tipo penal de tortura no era imprescriptible.

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“Esta cuestión de la prescripción de los delitos de lesa humanidad excede del ámbito del derecho interno porque tiene una regulación internacional y en donde la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, incorporada al orden jurídico paraguayo en el año 2003, expresa en forma categórica que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”, remarca Ramírez Candia en su voto.

Torres Romero, con dos condenas, afrontará tercer juicio

Además de la condena a 30 años de cárcel, que ahora queda firme; el comisario retirado Eusebio Torres Romero tiene otra sentencia a 25 años de pena privativa de libertad, dictada en febrero de este año, por las torturas sufridas por el preso político Domingo Guzmán Rolón (fallecido).

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La segunda condena fue emanada del Tribunal de Sentencia presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, que estableció idéntica pena para el también policía Fortunato Lorenzo Laspina (81); y la de 20 años de prisión para el también policía Manuel Crescencio Alcaraz (83).

Por otra parte, Torres Romero afrontará un tercer juicio oral por las torturas cometidas durante la dictadura de Stroessner. En esta tercera causa la víctima es la arpista Celsa Ramírez Rodas, cuyo esposo Derlis Villagra Arzamendia desapareció durante el régimen autoritario.

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En este último caso también estuvieron procesados los torturadores Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel, Agustín Belotto Vouga y Juan Aniceto Martinez Amarilla, pero el primero está con paradero desconocido y los demás ya fallecieron.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que, G. 17.816 millones se pagaron con Fuente 10, G. 403 millones se abonaron con Fuente 20 y G. 10.077 millones con Fuente 30.

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Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Desarrollo Social, de la Mujer, de Defensa Pública, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Tecnologías de la Comunicación e Información, la Universidad Nacional de Asunción, Presidencia de la República, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

MEF pagó cerca de US$ 10 millones a proveedores del Estado

Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca facultar al IPS a realizar acciones administrativas y financieras extraordinarias para responder a una crisis que afecta a miles de asegurados en todo el país.

Yolanda Paredes: “Hay que dar las armas necesarias”

Durante la fundamentación de su pedido, Paredes sostuvo que la situación de la previsional requiere una respuesta urgente del Poder Legislativo y defendió la necesidad de otorgar mayores herramientas de gestión al actual presidente del IPS, Isaías Fretes.

“Me parece más que oportuno que nosotros, como Poder Legislativo, podamos dar las armas que necesita el presidente actual del IPS. Vemos a diario cómo recorren los distintos locales que tiene el Instituto de Previsión Social a lo largo y ancho del país”, expresó.

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La legisladora cuestionó que los problemas detectados en los relevamientos realizados por las nuevas autoridades sigan afectando directamente a los asegurados.

“Muy bueno el relevamiento administrativo, pero la ciudadanía sigue sin tener medicamentos y sigue arriesgando su salud en el día a día. Ahí ya entramos nosotros, los legisladores para darle las armas que el doctor Fretes necesita para comprar medicamentos, insumos y reparar infraestructura”, afirmó.

Denuncian goteras en quirófanos y carencias básicas

Paredes relató además una reciente visita al Hospital Periférico 12 de Junio, donde observó graves deficiencias edilicias.

“Estuve acompañando la visita que hizo el doctor Fretes al hospital periférico 12 de Junio. La sala de UTI y la sala de cirugía tienen goteras. ¿Acaso vamos a permitir que nuestras familias sean sometidas a una cirugía en una sala con goteras?”, cuestionó.

La senadora insistió en que el IPS necesita una “infusión de emergencia” para atender problemas que van desde la infraestructura hasta la provisión de medicamentos básicos.

“Que la gente no siga esperando en los pasillos una jeringa, una gasa. No tienen enalapril. Estamos hablando de medicamentos básicos que la ciudadanía necesita”, manifestó.

¿Qué plantea el proyecto de emergencia del IPS?

La propuesta aprobada por Diputados declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social por: desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, fallas en ascensores y equipamientos del Hospital Central y déficit de personal en áreas críticas.

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La iniciativa faculta además la realización de adquisiciones, obras y contrataciones necesarias para afrontar la crisis, incluyendo mecanismos excepcionales de compras directas.

Según los impulsores del proyecto, el objetivo es acelerar las respuestas ante la situación que atraviesa la previsional y mejorar la capacidad de gestión de las nuevas autoridades.

Sin embargo, se anunció que hoy lo hará primero ante el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien además es el mentor del mandatario, ya que fue quien lo afilió para impulsar su carrera a la presidencia de la República en dos ocasiones, incluso tras perder en la primera oportunidad contra Mario Abdo Benítez.

Para la senadora Celeste Amarilla, del PLRA, esto solo evidencia lo débil que es el gobierno de Peña, ya que siempre responde al exmandatario Horacio Cartes antes que a la República.

“Me preocupa que con una presidencia débil, donde hay una presunción de que quien manda está sobre la calle España (Cartes), el hecho que primero vaya a la ANR es como ir a pedirle al patrón que apruebe el borrador. Eso es lo que molesta en el caso de un presidente débil como tenemos”, refirió.

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Peña debilita aún más su imagen

La legisladora recordó que cuando Federico Franco fue presidente también rindió cuentas primero ante el PLRA, por lo que el problema no es que se realice un acto como este ante la instancia partidaria a la que uno responde; lo que sí molesta es que Peña no tenga independencia de su partido y sobre todo de Cartes.

“Debilitan la imagen cuando ya sos débil, porque si hubiera sido un presidente que se planta, que tiene la lapicera, que el pueblo está conforme con las decisiones que toma, no nos importaría que se vaya primero a la ANR. Acá lo cuestionable es un presidente casi aéreo, porque usa mucho las vías aéreas, sin fuerza, sin empuñar la lapicera como debe ser”, criticó.

En cuanto a la calificación del gobierno de Peña, dijo que el mismo es mediocre, por lo que le da cinco puntos de diez, ya que consideró que algunas instituciones funcionan a medias, como el Ministerio de Educación de Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez, a quien le dieron casos como el del presunto título falso del exsenador Hernán Rivas, lo que obligó al cartista a renunciar a su banca ante una inminente pérdida de investidura.

“Ahora el Ministerio de Educación encuentra 250 títulos de docentes, pero, ¿cuánto tiempo hace que estamos y cuánto tiempo le defendieron a Rivas? Y por defenderle a Rivas se permitió que otra vez haya no sé, miles de maestros en esas condiciones”, cuestionó.

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Corrupción se consolidó con el gobierno de Peña

Agregó que desde la oposición enviaron miles de datos al Poder Ejecutivo sobre las irregularidades de los títulos y de los centros de formación docente, lo que el Gobierno ignoró adrede para proteger a Hernán Rivas.

Sostuvo que la corrupción durante el gobierno de Peña se consolidó, por lo que hoy permea las paredes de las instituciones y es casi imposible controlar, por lo que, pese a cambiar la cabeza, sigue instalada, como ocurre en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el doctor Isaías Fretes.

“No pasa de cinco, entonces aplazado, mediocre, mediocre, del uno al 10, mediocre (...) Él (Peña) desde que entró fue sumiso a la calle España (...) Se debilitan más los presidentes y este directamente creo que ya no va a existir”, concluyó.

Criticó que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, esté sometido también al poder de turno, ya que tampoco da respuesta ante las denuncias que realizan.

El procedimiento se realizó en el domicilio de la persona detenida, ubicado en la compañía Punta Suerte, a unos 200 metros de la ruta PY08 de esta jurisdicción. Se trata del suboficial ayudante Julio César López, de 23 años, afincado en el lugar del allanamiento, quien presta servicios en la unidad motorizada con sede en la Comisaría 8ª de Santaní.

El aprehendido fue denunciado por Ángel Daniel Jaime, de profesión abogado y vecino del uniformado, quien, según la acusación presentada, señaló que el agente de Lince le había sustraído dinero en efectivo por valor de G. 1.500.000 y un aparato celular en la vía pública, tras un altercado ocurrido en un local de venta de comidas.

Allanamiento

La comitiva fiscal y policial interviniente estuvo integrada por efectivos de la Comisaría de Tacuara, con apoyo de personal de Investigación Regional San Estanislao, encabezado por el agente fiscal de la causa, Rusbell Benítez. Al término de la intervención, el representante del Ministerio Público dispuso que el detenido sea trasladado hasta la sede de la Comisaría de Santaní para ponerse a disposición del Juzgado.

Imagen de circuito cerrado

En una imagen captada a través de una cámara de circuito cerrado, a la que accedieron los investigadores, se observa que efectivamente en el local de venta de comidas estaban cuatro personas, entre ellas el denunciante y el personal de Lince, quien en un momento dado le propinó un golpe de puño a Daniel Jaime.

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Esto aparentemente se habría producido luego de una acalorada discusión que mantuvieron ambos protagonistas. Sin embargo, el presunto robo de dinero no se produjo en este lugar, sino en la vía pública, cuando ambas personas ya se habían retirado del recinto donde aparentemente comenzó el problema.

Con respecto a la denuncia y a su detención, el aprehendido negó categóricamente que haya robado al denunciante y dijo que, en su momento, va a estar aclarando todo lo sucedido.

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El evento central se llevará a cabo el próximo 16 de agosto, Día del Niño, fecha en la que se busca asegurar obsequios y alimentación para los más pequeños, por lo que los organizadores apelan a la solidaridad ciudadana.

Solidaridad ciudadana: metas de la campaña y costos de referencia

Para la jornada festiva y de atención comunitaria programada en Vaquería, la meta para este año es la recaudación de 150 regalos individuales, estimados en un costo de G. 50.000 cada uno. Asimismo, se proyecta la distribución de 60 kits de alimentos destinados a las familias de la zona, con un valor de G. 100.000 por unidad , además de la logística integral para ofrecer un Karu Guasu para 300 personas.

Colaborar con un obsequio equivale a una inversión de G. 50.000, mientras que la donación de cinco regalos representa G. 250.000 y diez obsequios significan G. 500.000. Cada una de las transferencias suma de manera directa para transformar la realidad de los agasajados, bajo la premisa institucional de que “detrás de cada regalo, hay un niño viviendo un día inolvidable”.

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El éxito de este festejo en Caaguazú dependerá exclusivamente de la articulación y la ayuda ciudadana recibida en los próximos días. Quienes deseen sumarse activamente a esta noble causa social, pueden canalizar sus contribuciones económicas de manera directa a través de los datos de transferencia oficiales.

¿Cómo contribuir?: Datos oficiales para realizar las donaciones

• Banco: Itaú Paraguay
• Cuenta corriente N°: 100004007
• Titular: Fundación Natán
• RUC: 80094128-4
• Contacto telefónico: 0981 175 830
• Sitio web: fundacionnatan.org

El impacto en la comunidad indígena Mbokaja’i: más allá del festejo

Esta organización civil, constituida desde el año 2014, lleva 12 años trabajando de manera sostenida con diversas comunidades nativas en el territorio nacional. Su labor pretende mantener una presencia permanente en las zonas de acción y desarrollar sus proyectos basándose en la continuidad y en la construcción de vínculos sólidos de confianza con los pobladores locales.

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La labor de la fundación se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la alimentación, la educación y el fortalecimiento del tejido social. Como un claro ejemplo del impacto de fondo y superación en Mbokaja’i, la organización acompaña actualmente a ocho jóvenes de la comunidad que cursan carreras universitarias como Docencia, Química Farmacéutica y Lengua Guaraní. A ellos se les provee soporte para costear sus gastos de estudio, materiales didácticos y el transporte necesario.

El refulado es el proceso de extracción de arena del fondo del río para rellenar el terreno hasta una cota no inundable. Esta etapa forma parte de un plan integral que contempla el ensanchamiento y refuerzo de 3,9 kilómetros del muro de protección existente.

El área de intervención se divide en dos tramos: un sector norte de 2,4 kilómetros, desde la calle Primero de Marzo hasta la descarga de Zanja León, y un sector sur de 1,5 kilómetros, entre Coronel Martínez y el astillero Desvars.

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Precio por km de la obra

De acuerdo con los datos de la cartera, la obra fue adjudicada a la empresa LT S.A., representada por Omar Bustos, por un monto de G. 88.809.640.992, unos US$ 14,8 millones al cambio actual, lo que equivale a un costo aproximado de US$ 3,8 millones por kilómetro para los 3,9 kilómetros de intervención previstos, ya que el proyecto también incluye la futura avenida costanera y el parque lineal.

En esa línea, según el cronograma, se prevé un plazo de 12 meses para la ejecución de los trabajos en ambos frentes. Una vez consolidada la base hidráulica, se continuará con la construcción de 2 kilómetros de avenida costanera y el desarrollo del parque lineal.

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En el frente norte, las tareas se concentran entre los kilómetros 5 y 5,3, donde ya fueron concluidos los trabajos preliminares para la instalación de maquinaria pesada.

En paralelo, en el sector sur, a la altura del kilómetro 2,2, avanzan el montaje de tuberías y las conexiones eléctricas de una segunda draga, cuya puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana, con el objetivo de duplicar la capacidad operativa.

“El inicio del refulado en el sector norte representa la conformación efectiva del suelo para fortalecer la defensa costera de la ciudad”, señaló el ingeniero Adolfo Semidei, jefe de obra de la empresa contratista. Agregó que la incorporación de una segunda draga en el sector sur permitirá optimizar los plazos de ejecución.

El proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley N° 45/91 “Que establece el divorcio vincular del matrimonio“ que figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria de la fecha será tratada en la próxima sesión del Senado como primer punto del orden del día.

Divorcio exprés: ¿Qué plantea el proyecto?

La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales.

Según la exposición de motivos, la reforma busca garantizar procesos más simples en aquellos casos donde ambas partes están de acuerdo en poner fin al vínculo matrimonial.

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Los proyectistas sostienen que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la libertad y la seguridad consagrado en el artículo 9 de la Constitución Nacional y destacan que el divorcio constituye una herramienta legal que permite a las personas recuperar su independencia emocional, económica y personal cuando la relación matrimonial se vuelve disfuncional, abusiva o violenta.

Asimismo, argumentan que la modificación fortalece la autonomía personal, facilita la protección frente a situaciones de abuso, contribuye al bienestar emocional y favorece oportunidades de independencia económica.

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Entre los aspectos más relevantes del proyecto figuran:

• Se mantiene el requisito de haber cumplido al menos un año de matrimonio para solicitar el divorcio.
• Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante el juez, quien intentará inicialmente una reconciliación.
• Se establece una audiencia de ratificación entre los 30 y 60 días posteriores para confirmar la decisión.
• Si no existe ratificación de la voluntad de divorciarse, el expediente será archivado y no podrá reabrirse hasta después de un año.
• La sentencia solo podrá dictarse cuando exista consentimiento mutuo y perseverante de ambas partes.
• Se exigirán documentos como certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y copias de cédula de identidad.
• Como condición de admisibilidad, los cónyuges no deberán poseer bienes comunes o deberán encontrarse bajo el régimen de separación de bienes.
• El proceso no impondrá costas judiciales a las partes.
• Una vez cumplidos todos los requisitos y presentada la documentación exigida, el juez deberá dictar sentencia en un plazo máximo de tres días.

Buscan procesos más rápidos y sin costos

De aprobarse la modificación de la Ley 45/91, los matrimonios que decidan separarse de común acuerdo podrían acceder a un procedimiento más rápido y sin gastos judiciales.

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Los proyectistas sostienen que la reforma apunta a garantizar derechos fundamentales, reducir cargas procesales consideradas innecesarias y ofrecer una vía más ágil para la disolución matrimonial cuando existe acuerdo entre las partes.

La feria se realizó en el local de Turista Roga, sitio ubicado sobre la avenida Costanera Padre Bolik y la Ruta PY01, en la capital departamental. Se ofertaron 410 puestos para más de 50 perfiles, principalmente técnicos y de servicio.

Los organizadores indicaron que estuvieron 29 empresas locales ofertando empleos de temporada, en el marco del aumento de la necesidad de mano de obra, debido al desarrollo del Mundial de Rally, que se desarrollará en Itapúa entre el 27 y el 30 de agosto de este año.

Riquelme manifestó que, en esta ocasión, la mayoría de los postulantes estaba inscrita en la plataforma de bolsa laboral Emplea Py. Sostuvo además que la demanda de empleo es muy grande en la región.

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Empleos temporales

La ciudad de Encarnación se caracteriza por tener una marcada temporada alta, donde la necesidad de trabajadores para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios aumenta durante los tres meses de verano.

La referente regional del MTESS explicó que las ferias de empleo se realizan habitualmente a fin de año para acercar a los buscadores de empleo a las empresas. El evento del Mundial de Rally abrió una necesidad laboral en temporada baja, por lo que desde el año pasado implementan esta feria de empleos temporales.

La mayoría de los buscadores de empleo son jóvenes, según refirió Riquelme. También sostuvo que la plataforma Emplea Py está habilitada todo el año.

Si bien la demanda laboral es superior a la oferta, indicó que esta bolsa de empleos notifica a los buscadores de empleo cuando existe una oportunidad laboral, dependiendo del perfil solicitado.

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Test psicolaboral

Esta nueva feria contó con un filtro previo que consta de un test psicolaboral, que fue realizado a cada interesado antes de las entrevistas con las empresas. La directora de Trabajo resaltó que este test lo realizaban anteriormente en la plataforma, pero en esta oportunidad lo realizaron con profesionales para ajustar los resultados a los requerimientos de las empresas.

El objetivo principal de un test psicolaboral es medir aptitudes cognitivas, rasgos de personalidad y competencias laborales para determinar si un candidato es compatible con las exigencias del puesto y la cultura de la empresa.

Este requerimiento hizo que se retrasara el proceso de entrevista, según manifestó la referente del MTESS.

En el albergue, ubicado en la Escuela de Oficios municipal, los beneficiarios reciben alimentación, abrigo, camas para el descanso y acceso a instalaciones para la higiene personal, además de acompañamiento por parte de funcionarios municipales encargados de la asistencia social.

Las autoridades informaron que la asistencia también contempla soluciones permanentes para quienes deseen acceder al traslado voluntario al Hogar Cristo Rey, ubicado en el departamento de Caaguazú.

En dicho centro, los residentes cuentan con alojamiento estable, atención médica y alimentación diaria. Asimismo, participan en actividades relacionadas con el cuidado de huertas, animales y el desarrollo de sus habilidades.

La Municipalidad solicitó además la colaboración de la ciudadanía para reportar casos de adultos mayores expuestos al frío, a fin de facilitar una rápida intervención de los equipos sociales. Para obtener más información o coordinar ayudas, se encuentra habilitado el número telefónico (0986) 937 891.

El albergue funcionará todos los días, de 18:00 a 09:00 del día siguiente, en el Centro Comunitario San Jerónimo, ubicado sobre la avenida Stella Maris y Agustín Barboza, ofreciendo un lugar seguro, cálido y digno para pasar la noche.

“Ya tenemos habilitado un albergue transitorio para personas en situación de vulnerabilidad, para que puedan pasar estos días de frío y puedan dormir bien abrigados”, comentó Eduardo Olmedo, jefe operativo de la Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción.

El sitio cuenta con un lugar para mujeres, para niños y para hombres. “El sitio está bien equipado con un lugar donde se preparan los alimentos, una zona de lavandería y baños bien equipados con ducha caliente y todo lo necesario para que tengan la mejor estadía”.

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Las personas que lleguen al lugar recibirán abrigo, ropa limpia, cena y desayuno caliente, además de servicios de higiene, peluquería, barbería y acompañamiento social, con el objetivo de brindar una atención integral y humana.

En lo que respecta a la capacidad, comentó que pueden albergar hasta 40 personas, pero que están preparados para aumentar esa cantidad en caso de que sea necesario.

Ayer, tras la habilitación del albergue ya tuvieron las primeras personas que llegaron para pasar la noche y para el viernes tendrán preparado un televisor para poder ver el partido de Paraguay contra Turquía.

Con esta decisión de los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal; los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Silvana Luraghi son confirmados como integrantes del tribunal de alzada que debe estudiar el recurso planteado por Volpe Mazó, en contra de su sentencia a 3 años de prisión por frustración de la persecución y ejecución penal y prevaricato.

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En su voto el ministro Benítez Riera (preopinante) resaltó que la pretendida separación de los camaristas carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia, teniendo en cuenta que el escrito de recusación hace más bien “alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades.”

Por su parte la ministra Llanes señaló que el exfiscal Hugo Volpe no explicó y mucho menos acreditó en qué sentido se encuentra comprometida la independencia e imparcialidad del órgano colegiado; así como no se explican en qué consistirían los motivos graves en que se hallan incursos los magistrados como expresamente lo indica la norma procesal invocada.

Condenado por “bolígrafos de Minotauro”

El 24 de setiembre de 2025 el exfiscal y exviceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia fue condenado por frustración de la persecución penal realizado por funcionarios, por parte del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel.

En el juicio quedó probado que el exfiscal antidrogas dispuso el archivo de la investigación al capo mafioso Sergio De Arruda Quintiliano, alias Minotauro, quien operaba en Pedro Juan Caballero. “Con esta decisión paralizó las investigaciones impidiendo que Minotauro sea procesado por hechos punibles graves como tráfico de drogas de armas y otros delitos conexos”, señaló la jueza Karina Cáceres.

La presidente del Colegiado de Sentencia explicó que Volpe utilizó en forma indebida la figura del archivo fiscal que requiere que exista una imposibilidad de individualizar al imputado.

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Sin embargo, Hugo Volpe tenía individualizado a Minotauro ya que ordenó su detención preventiva, de acuerdo con lo señalado por la magistrada al momento de dar a conocer la sentencia.

Absolución para exfiscal Armando Cantero

El segundo acusado con relación al caso, el exagente fiscal Armando Martín Cantero Fassino fue absuelto. El mismo fue acusado por supuesto soborno agravado y también enjuiciado por presunto prevaricato.

Para el tribunal, quedó probado que Cantero facilitó el número de teléfono del fiscal Volpe al abogado Edison Sánchez, representante de Minotauro y le indicó como tenía que proceder para contactarlo.

Pero para las juezas, con este solo hecho no se demuestra que haya tenido la intención de incidir en Volpe para favorecer a Minotauro.

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A inicios del juicio oral el Tribunal de Sentencia había advertido a las defensas que los acusados también se exponían a ser condenados por los hechos de prevaricato y realización del hecho por funcionario público, con base en los elementos probatorios presentados por las fiscalas Laura Giacummo y Luz Guerrero, quienes precisamente solicitaron penas de 4 años y 6 meses para Volpe y 1 año y 6 meses para Cantero.

Informe de Brasil motivó investigación a exfiscales

La investigación a los exfiscales se inició a raíz de una documentación remitida por autoridades brasileñas, basada en una conversación entre María Alciris Cabral, esposa de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, Minotauro, y su abogado de nombre Edson, posteriormente identificado como Edison Francisco Sánchez Benítez. Las autoridades brasileñas accedieron a dichas conversaciones tras la extracción de datos de los mensajes del celular de María Alciris, tras su aprehensión en agosto de 2019.

En un diálogo desarrollado el jueves 18 de junio de 2019, a partir de las 11:14, el abogado Edson informa que ya se encuentra en Asunción y María Alciris le pide mantenerla informada de la reunión con Volpe. La mujer también pregunta si ya compró el bolígrafo para regalar al fiscal a lo que Edson dice que lo hará en otro momento.

Acto seguido, ambos comentan las publicaciones sobre Minotauro y que pretendían pagar a los diarios, para cesar las publicaciones sobre el caso. También hablaron de cerrar la mayor cantidad de procesos abiertos a nombre del narcotraficante, para poder eliminar de internet este tipo de información sobre él. Edson informa que se está yendo a la Fiscalía en Úber y la conversación queda en suspenso.

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Horas después, Edson pregunta qué tipo de lapicera Montblanc debería comprar, le envía fotos y la mujer elige una de US$ 900. Según dijo, era para que Volpe aceptara su regalo “de corazón” y se acordara de ella y su esposo cada vez que lo usara. Incluso bromearon que Volpe debería usarlo para archivar el proceso al narco. Edson comentó que al regresar a Pedro Juan Caballero, también regalaría otro Montblanc al fiscal Cantero.

Concluida la reunión, Edison envió foto de la resolución por la cual se archivó el proceso a Minotauro por uso de documento falso.

Viceministro renunció y fiscal no fue confirmado

Cuando las autoridades brasileñas informaron sobre la conversación, Volpe, quien se desempeñó como fiscal antidrogas y de Crimen Organizado, se desempeñaba como viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, cargo que se vio obligado a renunciar el 20 de enero de 2020 como consecuencia del escándalo.

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Por su parte, el agente Armando Cantero fue trasladado a la Capital y con el avance de la investigación en la presente causa penal, no fue confirmado en su cargo.

El defensor Edison Sánchez fue igualmente procesado (por soborno agravado) con los exfiscales pero optó por una salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento.

Es una de las pocas celebraciones dedicadas al nacimiento de un santo, junto con la Navidad de Jesús y la Natividad de la Virgen María.

En ese contexto, la capital del departamento de Misiones —cuyo patrono protector es este santo— lo celebrará con toda la feligresía y la comunidad en general; se realizarán diversas actividades, tanto religiosas como tradicionales.

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Las actividades religiosas comprenden el novenario en honor a San Juan Bautista, que se inició el pasado 14 de junio y se extenderá hasta el día 22.

La víspera se celebrará el 23 de junio, mientras que la jornada central, el 24, comenzará con la tradicional serenata al santo patrono a las 7:00.

Por la tarde, a las 17:00, se oficiará la santa misa presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Al término de la eucaristía, se llevará a cabo la procesión con la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

Entre las celebraciones tradicionales y culturales que se desarrollan en toda la ciudad se encuentran las fiestas del sanjuanaso en los distintos barrios.

Uno de los eventos más destacados tendrá lugar el día 20 de junio, a partir de las 20:00, en el auditorio Agustín Barrios: se trata de “Noche de Raíces y Serenatas”.

La propuesta incluye un espectáculo musical en vivo, con la participación de artistas y músicos locales reconocidos, además de invitados procedentes de Asunción. El repertorio reunirá géneros tradicionales y populares —boleros, polkas, guaranias, valses, tangos y chamamés—, con especial protagonismo para los jóvenes talentos de la zona.

Otra actividad organizada para los festejos es el San Juan Ara Guasu, que se realizará el día 23 de junio como actividad previa a la festividad, en la plaza Boquerón desde las 18:00.

Allí habrá cantinas con distintas comidas típicas de la región: batiburrillo, chorizo sanjuanino, chatasca, y platos propios de la temporada como el pastel mandi’o, pajagua mascada, caburé y mbeju, entre otras delicias culinarias.

Para cerrar el programa patronal, el 28 de junio se llevará adelante el tradicional desfile de caballería y la fiesta campestre del Club 24 de Junio desde las 9:00. En esta actividad participarán diversas agrupaciones, tanto del departamento de Misiones como de otras zonas del país.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39).

Durante el asalto de ayer, los atracadores detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita.

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Los asaltantes también irrumpieron en un local de Ueno Bank y de una casa de cambios, pero no pudieron hacer detonaciones allí y abandonaron explosivos sin estallar, lo que permitió a los investigadores hacer la trazabilidad.

Niega estar vinculado a desvío de explosivos

Luego de su detención, Ramón Bogado hizo declaraciones a medios de comunicación en las que negó estar involucrado en el aparente desvío de los explosivos.

Bogado afirmó que él y el otro detenido forman parte de una “asociación” que se dedica a gestionar con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) la compra de explosivos para empresas que explotan canteras. Dijo que no se dedica a la manipulación directa de los explosivos.

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Según manifestó, su rol era recibir informes de los usuarios sobre cada uso de un explosivo y registrarlo en el sistema de la Digemabel, que exige que se mantenga un registro de cada artefacto explosivo utilizado en la explotación minera.

Bogado comentó que fue abordado ayer por personal de la Digemabel que le informó que los explosivos utilizados en Santa Rita son “de un lote que compramos”, pero afirmó estar en “total desconocimiento” sobre cómo los explosivos llegaron a manos de los asaltantes.

De acuerdo con los datos, el 26 de septiembre de 2025 el abogado Walter Cardozo, quien ejerce la defensa de César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal de Asunción y exintendente interino de la municipalidad capitalina, recusó inicialmente a los miembros del Tribunal de Apelación, Primera Sala, Mario Camilo Torres y Silvana Luraghi.

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Cabe señalar que, al mismo tiempo, el exintendente de Asunción Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, conocido como Nenecho, y Wilfrido Adrián Cáceres Flores, también habían recusado a los miembros del Tribunal de Apelaciones. La resolución del recurso está a cargo de la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.

Ese incidente se presentó el marco de la tramitación del recurso de reposición interpuesto contra la providencia del 9 de setiembre de 2025, la cual convocaba a audiencia preliminar, por lo que la Cámara debía pronunciarse al respecto. Igualmente, el 30 de septiembre de 2025, el abogado Walter Cardozo también recusó al camarista Paublino Escobar, ante la tramitación del mismo recurso.

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El recurso de recusación se encuentra pendiente de resolución desde el mes de septiembre de 2025, es decir 9 meses. Por esta razón, los fiscales del caso “formula respetuosamente el urgimiento de la resolución de la recusación interpuesta en contra de Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay”.

Añadieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, que “resulta necesario contar con la decisión respectiva y consecuentemente que los órganos jurisdiccionales correspondientes puedan resolver todos los planteamientos de las partes que están pendientes y así proseguir con las etapas del proceso penal iniciado”.

Preliminar pendiente para Nenecho, Wilfrido Cáceres y otros

El 22 de septiembre de 2025, juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó los recursos de reposición planteados por el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y el exconcejal colorado César Ojeda Figueredo, contra la providencia que admitió la acusación fiscal.

En su resolución, Estigarribia expuso que las defensas “se han limitado a formular consideraciones generales sobre la supuesta falta de incorporación de determinados elementos probatorios o sobre incidentes pendientes, sin explicar cómo la fijación de la audiencia preliminar les genera un perjuicio procesal concreto.

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El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

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La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

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Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Adelantó que la Comisión de Equidad y Género ya emitió un dictamen favorable para su aprobación con modificaciones y la Comisión de Niñez y Adolescencia hizo lo mismo. Aseguró que la de Legislación hará lo propio, pero con modificaciones.

Sobre el cambio que se pretende, explicó que se busca agilizar los trámites de las parejas que “de mutuo acuerdo” deciden disolver el vínculo matrimonial. “Busca darle esa libertad que el ser humano necesita una vez que haya decidido terminar con el vínculo”, detalló.

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La senadora resaltó que el objetivo de la ley también es permitir que personas de recursos económicos limitados accedan al divorcio, puesto que en varias ocasiones varias personas le señalaron que no podían separarse legalmente por falta de recursos. “Por el precio inaccesible que significa todo el proceso”, manifestó.

Samaniego agregó, en ese sentido, que con este proyecto se busca evitar aranceles judiciales y acortar los tiempos, puesto que solo se necesitará el consentimiento mutuo ante un juez jurisdiccional.

“El juez debe convocar en un plazo máximo de 60 días y tiene que haber una descarga de ambos, para luego en menos de 15 días tener ya el resultado”, precisó ante la prensa esta mañana.

Durante la primera intervención, realizada en una vivienda de Hernandarias, que sería del médico Efraín Casco, los investigadores incautaron frascos, cajas y otros insumos que presuntamente estarían relacionados con la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos sin autorización sanitaria. Entre los elementos hallados figuran compuestos identificados como Veltrane Retatrutide, Lyophilized Peptides y Tirzepatide 20 mg, además de agua bacteriostática.

Posteriormente, la comitiva fiscal se trasladó hasta la clínica Bionova, situada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. En el lugar fueron encontrados diversos kits y ampollas utilizados en supuestos tratamientos de salud y estética.

Entre las sustancias incautadas hay vitamina C, vitamina D3, DMSO al 99,9 %, MSM (metilsulfonilmetano) y solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Asimismo, se localizaron productos promocionados para tratamientos de inmunidad, aumento de masa muscular, alopecia androgenética, menopausia, disbiosis intestinal y procedimientos estéticos.

Frente al establecimiento también fueron incautadas del poder de un hombre varias bolsas que contenían medicamentos.

En un tercer allanamiento efectuado en otra vivienda de Ciudad del Este, no hallaron indicios relevantes para la investigación.

Origen de la investigación

La investigación se inició el 9 de junio pasado luego de la detención de Luis Fernando Bobadilla Andino (21), en las avenidas Monseñor Rodríguez y del Lago, en esta capital departamental. Durante el procedimiento fueron encontrados 720 frascos de medicamentos adelgazantes presuntamente falsificados, entre ellos unidades del producto T.G. 15 (Tirzepatida 15 mg/0,5 ml), que no tenían documentación que acreditara su procedencia.

A raíz de este hallazgo, el joven fue imputado por la supuesta violación de derechos de marcas, hecho previsto en la Ley N.º 3440/08.

Una comitiva fiscal-policial detuvo hoy a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes los investigadores señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos utilizados en el atraco en Santa Rita.

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En uno de los allanamientos efectuados hoy en Emboscada, la Policía Nacional incautó documentos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) relacionados con la entrega de explosivos para explotación minera a una cantera ubicada en el departamento de Presidente Hayes.

Trazabilidad de los explosivos

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el general Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó que efectivos de su institución ayudaron a los investigadores del Ministerio Público a establecer la trazabilidad de los explosivos utilizados por los asaltantes, que fueron rastreados a una empresa unipersonal que adquirió el material a través de la Digemabel, que regula la comercialización de explosivos para la explotación minera en canteras en Paraguay.

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Durante el asalto de ayer, los atracadores detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita.

Los asaltantes también irrumpieron en un local de Ueno Bank y de una casa de cambios, pero no pudieron hacer detonaciones y abandonaron explosivos sin estallar, lo que permitió a los investigadores hacer la trazabilidad.

Asaltos con explosivos de uso comercial

En los últimos años se han registrado varios asaltos en los que fueron utilizados explosivos adquiridos para la explotación minera. Según los registros de la Digemabel, se han registrado siete casos de ese tipo desde 2017.

El general Servín explicó que en Paraguay se comercializan dos tipos de explosivos de uso comercial para la explotación en canteras.

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Uno de ellos es la denominada ‘emulsión explosiva bombeable’, un explosivo en formato semilíquido de muy alto costo y generalmente adquirido solo por grandes empresas, que es acompañado por personal de la Digemabel desde su ingreso al país hasta su uso en canteras.

El otro tipo es la denominada ‘emulsión explosiva encartuchada’, coloquialmente conocida como ‘banana’, cartuchos de explosivos de costo más bajo que se venden en volúmenes más pequeños y suelen ser adquiridos por empresas unipersonales, pequeñas o medianas.

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Ese segundo tipo de explosivo es el que se ha utilizado en asaltos en Paraguay en los últimos años, incluyendo el de ayer en Santa Rita.

Plantearán reforzar seguimiento de explosivos

El general Servín explicó que la Digemabel no tiene la capacidad logística para dar seguimiento también a todos los explosivos encartuchados que son vendidos, pero afirmó que solicitará al Gobierno la implementación de medidas para ese fin.

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Explicó que se han registrado casos en que las personas que compran los explosivos “fingen documentalmente” que estos han sido utilizados en canteras y acaban desviando los materiales para su uso en hechos delictivos.

“Esta decisión la tomamos porque actualmente estamos sin licitación en cuanto a reactivos y equipamientos. La licitación que estábamos utilizando era del año 2022. En los años 2023 y 2024 tuvimos una ampliación del 20 por ciento y con eso pudimos trabajar en el 2025″, explicó la profesional.

Indicó que en el 2024 comenzaron un proceso licitatorio y esta es la hora que esta licitación aún no salió. Según las informaciones que manejan, están sin certificado de disponibilidad presupuestaria. “Ese es el motivo por el cual esta licitación aún no sale”, explicó.

Hoy en día están derivando muestras y pacientes al Alfonso Godoy, un centro de especialidades de atención ambulatoria. “Estamos haciendo maravillas para no decirles que no a nuestros ancianos, nuestras embarazadas y nuestros niños, esperando que esta situación se solucione lo antes posible”, sostuvo.

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“La respuesta que tenemos es que se va a solucionar en la brevedad, pero esta palabra ‘brevedad’ nos la están diciendo desde el año pasado”, remarcó.

Para finalizar, sostuvo que esta situación no solo les afecta a ellos, sino que varios hospitales de diferentes ciudades están pasando por lo mismo.

Según lo informado por la citada cartera, el resultado de los primeros cinco meses del año refleja, por un lado, el crecimiento leve de los ingresos fiscales, afectado principalmente por menores ingresos no tributarios (provenientes de las binacionales) y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

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Ingresos tributarios en caída

El director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez refirió que los ingresos tributarios totales se vieron atenuados por el desempeño negativo de los recursos recibidos de las binacionales.

“La caída de los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá, en el acumulado, está en el orden del 31%, seguida también por la caída de las donaciones”, resaltó.

Sostuvo que los ingresos tributarios en mayo tuvieron una caída leve del 1,2%. En términos del PIB, dijo que se ubican en 4,6%, levemente por debajo del acumulado del ejercicio fiscal anterior.

En cuanto a la dinámica de los ingresos tributarios, afirmó que los impuestos internos continúan mostrando un desempeño muy positivo, con un crecimiento de 7,7% en mayo y de 12,3% en el acumulado.

Impuestos externos frenan el crecimiento tributario

Asimismo, indicó que lo que está frenando el crecimiento tributario son los impuestos externos, ya que en lo que va del año presentan una variación negativa de 11,8% y en mayo experimentaron una caída del 24%.

“El efecto del tipo de cambio hace que la base imponible de los impuestos recaudados del sector externo sea cada vez menor y representa un gran desafío para la recaudación tributaria total”, resaltó.

En cuanto al desglose de los ingresos tributarios por impuesto, dijo que en el acumulado de enero a mayo se explican principalmente por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), seguido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y luego por el Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU), reflejando claramente los vencimientos registrados en este periodo.

Por otra parte, precisó que el desempeño negativo de los impuestos externos estuvo explicado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 6,8%; los aranceles, con 2,6%; y otros ingresos, con 1,7%.

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Crecimiento de sectores primario y secundario

Sobre la actividad económica del país, la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, destacó el crecimiento de casi todos los sectores, que “han tenido una expansión positiva”.

Respecto al sector primario, se resaltó la variación interanual a abril de 3,4%, motivo por el cual casi no hay diferencia entre el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) total y el IMAEP sin incluir agricultura y binacionales.

En tanto, en el sector secundario, la funcionaria dijo que de enero a abril de este año tuvo una expansión del 4,5%, seguido del sector primario con 3,6%, el sector terciario con 2,7% y el sector manufacturero con 2%.“Eso es lo que explica el IMAEP del 3,4%, que sin incluir agricultura ni binacionales registra una variación de 2,7%”, resaltó.

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Lideran ventas: productos físicos, químicos y farmacéuticos

En cuanto al indicador que mide la dinámica de las ventas, el Estimador de Cifra de Negocios (ECN) del Banco Central del Paraguay (BCP), Rodríguez señaló que al mes de abril mostró una variación del 3% respecto al mismo mes del año anterior y acumula una variación del 5,5% en lo que va del año.

Indicó que el dinamismo de la actividad económica se explica por las ventas de productos físicos, químicos y farmacéuticos, con una variación del 12,9%; la venta y mantenimiento de vehículos, con 12,4%; y las grandes tiendas, con 10,4%.

“Estas ventas muestran una expansión de dos dígitos al observar el promedio móvil de los últimos 12 meses”, refirió.

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Exportación de soja y maquila

Señaló que las exportaciones registraron un superávit comercial positivo y volúmenes acumulados favorables entre febrero y mayo de este año.

“Las exportaciones totales aumentaron 22,6% interanual y 16,4% en lo que va del año, mientras que las importaciones observaron al mes de mayo una variación del 0,8% respecto a mayo del año pasado y acumulan una expansión del 9,7% en lo que va del año”, refirió.

Indicó que la dinámica de las exportaciones se explica principalmente por las ventas de granos y harina de soja al exterior durante este primer cuatrimestre.

Asimismo, señaló que los productos exportados bajo el régimen de maquila vienen mostrando una dinámica interesante, ya que se observó una expansión del 30% respecto al año anterior.

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Importaciones crecen 9,7% a mayo

Por otro lado, hizo referencia a las importaciones y acotó que, en términos de dólares o valor, estas acumulan hasta mayo un crecimiento del 9,7%, mientras que en volumen la expansión se explica en el orden del 3,7%.

“Este valor de importaciones equivale a -10,4% de lo que observábamos el año pasado. Esto se da en un contexto en el que los precios de los commodities agrícolas vienen estabilizándose, mientras que el precio del petróleo sigue una trayectoria más volátil”, finalizó Rodríguez.

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Asimismo, indicó que la intensidad del Fenómeno del Niño se proyecta entre moderada y fuerte durante la campaña agrícola 2026-2027, situación que podría representar riesgos para el sector productivo. El exceso de precipitaciones puede afectar el desarrollo normal de los cultivos, además de favorecer la proliferación de plagas y enfermedades fúngicas.

Agregó que la fase más crítica para el rendimiento agrícola se presentará en diciembre, periodo en el que se requiere una distribución equilibrada de lluvias para garantizar una adecuada floración y el correcto llenado de granos. Posteriormente, será necesaria una disminución gradual de las precipitaciones para favorecer la maduración final de los cultivos y el desarrollo de la cosecha.

Adoptar medidas preventivas

Por otro lado, manifestó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su unidad de Gestión de Riesgo, recomienda a los productores adoptar medidas preventivas que permitan mitigar los posibles efectos negativos del fenómeno climático.

El técnico destacó que, siempre que no se registren anegamientos extremos, el Fenómeno del Niño suele resultar más favorable para la producción agropecuaria que el Fenómeno de La Niña.

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Finalmente, recordó que cada episodio del Niño presenta características diferentes en cuanto a duración, intensidad y distribución de lluvias. En ese sentido, afirmó que el éxito de la zafra dependerá no solo de las condiciones climáticas, sino también de la capacidad de los productores para anticipar estrategias de manejo de siembra y control fitosanitario.

Confirmó que dos mujeres son investigadas por presunta violación del artículo 132 del Código Penal, luego de que se viralizaran videos en los que aparecen bailando y mostrando parte de sus glúteos en una estación de servicios ubicada sobre la ruta PY03, en Mariano Roque Alonso.

La agente del Ministerio Público aclaró que no ordenó la captura de las involucradas, sino su detención para que comparezcan ante la Fiscalía en el marco de la investigación.

Según indicó, la causa se inició tras una denuncia remitida por la Comisaría 10ª, acompañada de videos obtenidos de redes sociales.

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“Yo recibí la denuncia de la Comisaría Décima. En dicho informe policial no se especificaba el domicilio de las citadas y se solicitaba luego la detención de las mismas a los efectos de que ellas puedan ser sometidas al proceso de investigación fiscal”, señaló.

¿Qué dice el artículo 132?

La fiscala explicó que la investigación se basa en el artículo 132 del Código Penal, referente a actos exhibicionistas. “Dicho artículo refiere claramente: ‘El que realizara actos obscenos que ofendan al pudor’”, sostuvo.

Consultada sobre si el caso encuadra dentro de esa figura penal, respondió que sí. “Si vamos a entrar a analizar, perfectamente sí se encuadra. ¿Por qué? Porque dice: ‘El que realizara actos obscenos que ofendan al pudor’”, reafirmó.

¿Por qué se presentó la denuncia?

Zárate Zaracho indicó que la Policía recibió quejas de personas que se encontraban en el lugar y que se sintieron ofendidas por la conducta de las mujeres.

“Esta denuncia policial refiere que ellos recibieron quejas del dueño del local y de otras personas más que estaban en ese momento dentro del establecimiento”, manifestó.

Añadió que, según el Código Penal, cualquier ciudadano puede denunciar un hecho que considere punible.

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“No era el lugar apropiado”

La fiscala relató que quienes denunciaron el hecho consideraron inapropiado que el comportamiento se realizara en una estación de servicios, donde circulaban otras personas.

“Ellos se sintieron ofendidos porque las chicas estaban mostrando prácticamente toda su parte íntima”, expresó.

Más adelante, describió que las mujeres “se bajan el pantalón en el momento de ciertos ritmos y se quedan con la tanguita y con la cola al aire”.

Según explicó, las quejas se centraron en que el hecho ocurrió en un espacio público frecuentado por familias. “Lo que la gente cuestiona es que no era el lugar apropiado. Eso es lo que la gente que se siente agraviada había manifestado”, indicó.

La pena prevista

La fiscala reconoció que se trata de una figura penal con una expectativa de pena reducida y que será la Justicia la que determine finalmente la responsabilidad de las investigadas.

“El marco de pena, la expectativa de pena de este hecho punible es muy ínfima”, afirmó.

El mencionado artículo prevé textualmente que el “el que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa”.

El anuncio se produjo en medio de las persistentes quejas de los pasajeros del transporte público, quienes denuncian largas esperas en las paradas y deben aguardar durante horas, incluso en medio de las bajas temperaturas, debido a la regulada de buses.

“Los vehículos cuentan con aire acondicionado, mayores estándares de seguridad y condiciones de confort orientadas a mejorar la experiencia de viaje, en línea con el proceso de renovación gradual de flota que impulsa el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte”, informó la institución.

La incorporación de estos 20 buses a combustión (gasoil) para la línea 44 se suma a los 70 buses eléctricos que actualmente operan en las líneas E1, E2, E3, 165 y 27, a la empresa de la tan anunciada reforma.

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El Viceministerio de Transporte sigue sin informar los detalles de la primera licitación que se realizará para la implementación de la ley Nº 7617/2026 y su decreto reglamentario Nº 5969/2026, orientados a mejorar gradualmente la calidad del servicio para la ciudadanía.

Reforma sigue a la espera

A través de sus redes sociales, la ministra Claudia Centurión informó hace algunos días que la primera unidad funcional en ser licitada será la correspondiente al corredor de la avenida Mariscal López, pero sin dar mayores detalles.

Justamente, una de las principales innovaciones de la reforma es justamente la creación de las denominadas unidades funcionales, que servirán de base para las futuras licitaciones del transporte público.

El nuevo modelo dejará atrás el esquema actual de líneas individuales para organizar el servicio mediante agrupaciones de rutas definidas con criterios técnicos. Con ello, se proyecta pasar de las actuales 36 líneas a aproximadamente 10 operadoras, además de incorporar la integración tarifaria, que permitirá realizar varios viajes dentro del sistema con un único pasaje.

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Según el artículo 29 del Decreto Nº 5969, reglamentario de la Ley Nº 7617/2026, las unidades funcionales son agrupaciones de rutas estructuradas en función de la interacción de los viajes diarios, las características territoriales y geográficas, la ubicación de actividades económicas y de servicios, así como la organización del área metropolitana.

El decreto aclara que estas unidades no constituyen divisiones administrativas rígidas ni se limitan a trayectos específicos o zonas preexistentes. Por el contrario, se trata de ámbitos operativos flexibles que podrán modificarse conforme evolucionen los patrones de movilidad, la expansión urbana y la oferta de transporte.

En la práctica, las unidades funcionales agrupan rutas que funcionan como un solo bloque operativo, definido según la forma en que las personas se desplazan realmente dentro del área metropolitana, y no en función de recorridos aislados.

Según un informe de la Policía, los procedimientos llevaron a la detención de dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39).

Los allanamientos, encabezados por la fiscal Rocío González, fueron realizados en simultáneo a las 20:00 del martes en dos viviendas ubicadas en los barrios Sol Naciente y Nazaret.

Ambas personas detenidas fueron trasladadas a la Comisaría 1ª de Caacupé, donde quedarán recluidas a disposición del Ministerio Público, informó la Policía.

Habrían adquirido los explosivos

En conversación con ABC Color este miércoles, el comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de la Policía en Cordillera, comentó que las viviendas fueron allanadas siguiendo la línea de trazabilidad de los explosivos utilizados ayer por los asaltantes en Santa Rita.

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Una veintena de personas con armas largas y equipadas por explosivos atacaron ayer sucursales en Santa Rita de los bancos Familiar, GNB y Ueno, además de una casa de cambios.

Los atracadores detonaron explosivos en los locales de Familiar y GNB, pero los investigadores hallaron explosivos sin detonar en los otros sitios asaltados.

Los detenidos hoy en Emboscada son señalados como posibles responsables de la adquisición de esos explosivos, dijo el jefe policial.

Mochila de una cantera y documentos de Digemabel

En una de las viviendas fue incautada una mochila con inscripciones que hacen referencia a una cantera de la empresa TOCSA S.A. en Villa Hayes.

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También fueron incautados en uno de los allanamientos de hoy documentos relacionados a los explosivos, emitidos por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), que regula la venta de explosivos para canteras en Paraguay.

“El presidente de la República hace un buen tiempo viene comunicando que no está de acuerdo con estos ajustes casi miserables que se vienen dando al reajuste salarial y que podría, por primera vez, saltarse la propuesta que salga del Consejo de Salarios Mínimos para poder enviar una señal a los trabajadores”, expresó Meza en ABC Cardinal

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El legislador aclaró que sus declaraciones se basan en conversaciones mantenidas con Peña y que el objetivo sería responder a las expectativas de los trabajadores que consideran insuficientes los aumentos anuales registrados hasta ahora.

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Consultado sobre el monto que podría alcanzar el reajuste, Meza señaló que aún no existe una cifra definida, aunque manifestó su deseo de que el incremento supere ampliamente los ajustes de años anteriores.

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“Ojalá no se quede en esos G. 69.000 o menos de G. 100.000, como siempre sucedió, sino que finalmente se acerque un poco más a lo que los trabajadores vienen reclamando”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la intención sería encontrar un punto intermedio entre el pedido sindical de un aumento del 20% y la propuesta técnica que presente el Conasam.

“Somos animadores de que se busque un punto intermedio entre lo que reclaman los trabajadores y la propuesta que salga de la Comisión de Salarios Mínimos”, agregó.

“No alcanza mirar solamente el IPC”

Meza defendió la necesidad de revisar los criterios utilizados para calcular el salario mínimo y sostuvo que la percepción ciudadana sobre el costo de vida difiere de los indicadores oficiales.

“Tenemos que ver otros parámetros y no solamente el IPC para medir el impacto en la economía nacional y en las canastas familiares de los trabajadores”, afirmó.

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Asimismo, señaló que muchas familias sienten que han perdido capacidad de compra pese a los datos oficiales de inflación. “La gente te dice que no le alcanza la plata en el mes, que ya no puede comer carne tres veces a la semana”, comentó.

Debate debe ampliarse

Durante la entrevista, también se abordaron los cuestionamientos sobre el impacto que tiene el aumento del salario mínimo en tasas, multas, alquileres, servicios y otros costos indexados al jornal mínimo.

Ante esos planteamientos, Meza admitió que el debate no debería limitarse únicamente al salario mínimo y reveló que existe interés en avanzar hacia una revisión más amplia de la política salarial.

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Meza se comprometió a promover una comisión más amplia para revisar no solo el salario mínimo, sino también otros aspectos vinculados al sistema salarial y a los efectos que generan estos reajustes en la economía.

El diputado indicó además que escuchó al presidente Peña plantear en varias ocasiones la necesidad de construir un mecanismo diferente al actual para analizar la evolución de los ingresos de los trabajadores paraguayos.

Qué decidirá finalmente Peña

Aunque insistió en que no conoce cuál será la cifra final que propondrá el Ejecutivo, Meza reiteró que el Presidente considera insuficientes los reajustes habituales y que existe una preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de quienes perciben salarios más bajos.

“El Presidente no está de acuerdo con la fórmula porque no alcanza y estamos preocupados por cómo hacer que el bienestar llegue a todos los sectores”, concluyó.

La notificación fue recibida formalmente por los fiscales de la causa. Desde el Ministerio Público adelantaron que presentarán un recurso contra la nueva fecha asignada, debido a que el plazo establecido por el tribunal es extenso y genera inconvenientes con los plazos de reclusión del acusado.

Según el cómputo oficial de las medidas cautelares, el adolescente procesado compurgará la pena mínima privativa de libertad el próximo 26 de julio. Esto significa que el encausado podría obtener su libertad ambulatoria días antes del inicio del juicio, afectando las condiciones actuales de su sujeción al proceso penal.

La agente fiscal asignada a la causa, Laury Vázquez, explicó que, en caso de otorgarle la libertad al menor antes de que comience el juicio de fondo, se presentará un riesgo procesal derivado del peligro de fuga, lo que podría impedir la culminación del proceso judicial.

Vázquez detalló que el tribunal de sentencia notificó que para el 17 de junio a las 8:00 ya se había fijado la continuación de otra causa penal por violencia familiar. Al coincidir el horario y la fecha con la apertura del juicio por el feminicidio, el tribunal resolvió postergar el caso de Melania por un periodo de casi dos meses.

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La fiscal de la causa señaló que la resolución judicial ya se encuentra bajo análisis técnico para la interposición del recurso legal correspondiente. El Ministerio Público argumentará que los plazos de las medidas cautelares exigen una atención prioritaria para evitar la liberación del imputado antes del fallo definitivo.

Debido a que el acusado principal es un menor de 16 años de edad, el juicio oral se desarrollará bajo las disposiciones especiales contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay. Por este motivo, la ley prohíbe la publicación de datos, nombres o imágenes que permitan identificar al procesado.

La oposición manifiesta que hay indicios de que el Gobierno financió con fondos públicos esa “campaña sucia” emprendida a través de cuentas en redes sociales que, según señaló el diputado Benítez, pautaban publicidad del Estado en paralelo con publicaciones de desinformación y ataques contra adversarios del gobierno del presidente Peña.

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“Estamos debatiendo si el Gobierno pagó con dinero público una agencia o pautas digitales en una campaña contra opositores, disidentes y periodistas”, subrayó el legislador opositor, que agregó que “hay indicios graves” de que esa campaña fue financiada con fondos públicos.

“Grave sería que esto se orqueste desde el Estado”

El diputado Benítez enfatizó que la objeción no se basa en la existencia de una “campaña sucia” de insultos e intentos de desprestigio contra opositores en redes e indicó que tal campaña existe desde hace años.

El foco de la cuestión y el motivo del pedido de informe al Mitic es concretamente la posibilidad de que esa campaña pueda haber sido financiada con dinero público, dijo.

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“Acá hubo muchas difamaciones, pero lo grave sería que esto se orqueste desde el Estado, desde (la residencia presidencial) Mburuvicha Róga o el Mitic”, declaró.

‘Jimmy’ Villaverde

Parte de la controversia en torno a la “campaña sucia” gira en torno a la figura de Juan Roberto ‘Jimmy’ Villaverde, un exfuncionario del Mitic, a quien los indicios señalan como el orquestador del esquema y quien supuestamente incluso hacía oficina en la residencia presidencial.

Gustavo Villate, ministro del Mitic, describió a Villaverde como simplemente un “militante” del Partido Colorado, a pesar de que luego se comprobó que fue funcionario de ese ministerio.

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“Hablan de ‘Jimmy’ Villaverde como un militante más, pero había sido el tipo hasta se sentaba a merendar en Mburuvicha Róga, tenía acceso a lugares a los que el resto de los medios no”, señaló el diputado Benítez.

“Cuando uno mira la línea de poder detrás de estas cuentas, encuentra al Gobierno nacional”, declaró el parlamentario. “Cuando hay ocultamiento, tengo el derecho a pensar mal”, concluyó.

El titular de Educación había anunciado el lunes que remitieron a la Fiscalía un listado de 250 casos sospechosos de títulos apócrifos en Ciencias de la Educación. Afirmó que hay otros 300 diplomas universitarios en la mira y cuyos casos serían también remitidos a la Justicia.

La fiscala encargada del caso es Teresa Sosa Laconich, quien aseguró que sospechan que existen unos 1.500 títulos falsos de docentes. Detalló que la investigación inició luego de que el MEC recibiera denuncias de que profesores se habían inscripto al último Concurso Público de Oposición (CPO), sin haber realizado la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica (EEB).

El modus operandi: ¿Cómo operaba la red de títulos falsos en el MEC?

Entre las 12 personas que están imputadas en el caso, dos son docentes que se hacían pasar por directores de institutos de educación. Se trata de Sergio Pera, Herminia Fretes Vázquez y Alberto Antonio Ríos Ayala.

Tanto Pera como Fretes Vázquez, fungían de directivos de los centros educativos y eran quienes entregaban los cartones falsificados a los profesores. En todos los casos, se comprobó que los diplomas universitarios no eran auténticos porque la propia universidad emisora confirmó que los supuestos alumnos jamás pisaron un aula y no existen registros de inscripciones ni pagos de matrícula.

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Los 9 docentes que están en proceso de imputación, por lo que la Fiscalía aún no revela sus datos, se dividen en dos grupos. El primero, se trata de educadores que directamente compraban sus diplomas.

Luego, está el segundo grupo que incluye a estudiantes que se inscribieron en institutos, pagaron matrícula, cuotas y participaron en clases y exámenes durante cuatro años, pero resultó que sus títulos no sirven porque los locales de enseñanza no estaban habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ni reconocidos por el MEC.

Tercer imputado era quien presuntamente metía documentos falsos en el MEC

El tercer imputado en el caso de títulos falsos es Alberto Antonio Ríos Ayala. Según la carpeta fiscal, esta persona era la que habría realizado los trámites y entregado la documentación no auténtica, certificados de estudio y título falso en las oficinas del MEC.

Así, Ríos conseguía supuestamente que una persona obtenga la matrícula de docente e incluso que sea designada como profesor contratado en escuelas públicas.

“A raíz de estas denuncias, se solicitó que se realice una auditoría en el MEC, por lo que se obtuvo como resultado 250 títulos falsos y otros 300 títulos sospechados de no auténticos que también fueron derivados ante la Fiscalía General del Estado”, sostuvo la fiscala Sosa.

La agente del Ministerio Público afirmó que hoy ya se sospecha de la existencia de 1.500 títulos falsificados, solo en el área de Educación. “Hay que poner énfasis también en los institutos de enseñanza no habilitados por el Cones, pero que pululan en el interior”, manifestó.

El monto del reajuste suele acaparar la atención y el debate de los actores involucrados (sectores empleador, trabajador y Gobierno), pese a que la normativa vigente establece que la variación se dé conforme al Índice de Precio del Consumidor (IPC).

No obstante, la exministra de Trabajo y actual vicepresidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), Carla Bacigalupo, sostuvo que el debate “debe ir más allá del porcentaje” de aumento y abarcar cambios estructurales en la política salarial.

En conversación con ABC, Bacigalupo destacó la importancia de consensuar una nueva fórmula para el pago básico, más allá de la variación del IPC, reportado por el Banco Central.

Precisamente, consideró que cualquier modificación debe contemplar algunos aspectos fundamentales: garantizar un salario justo para los trabajadores y preservar el empleo, teniendo en cuenta que las mipymes concentran gran parte de los puestos laborales del país.

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Foco en la productividad

Para la exministra, es necesario que los aumentos estén acordes con la capacidad de pago de las empresas, especialmente de las mipymes, así como con la productividad de los trabajadores.

En ese sentido, resaltó el papel de la Conasam, conformada por representantes de los empleadores, empleados y el Gobierno. “Es crucial el diálogo. Los años en que estuve al frente del Ministerio de Trabajo siempre tratamos de instalar las conversaciones y no es fácil a veces, pero es muy importante que se logre ese acuerdo”, expresó.

Reducción de gastos del trabajador

Asimismo, Bacigalupo afirmó que el debate no tiene que limitarse al reajuste anual del salario mínimo, sino que debe formar parte de una política salarial integral orientada a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según lo explicado, esto implica analizar los gastos que enfrentan las familias y desarrollar políticas públicas que reduzcan “los gastos de sus bolsillos para que les rinda más el sueldo que están percibiendo”.

En esa línea, mencionó la necesidad de impulsar iniciativas que dote al trabajador de una vivienda para disminuir la dependencia del alquiler, además de fortalecer el transporte público, la educación y la salud.

“Hay que impulsar un programa de transporte que proteja a los trabajadores formales. A su vez, mejorar la educación pública para que sea de calidad y el trabajador no tenga que pagar de su bolsillo. Ni qué decir de la salud”, señaló.

Formalización del trabajador

Por otro lado, la exministra indicó que la seguridad social debería garantizar una adecuada cobertura médica, lo que implicará mejorar la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que a menudo deja “mucho que desear”. En consecuencia, se obliga a los trabajadores a asumir gastos adicionales al igual que las empresas a contratar seguros médicos privados, acotó.

“Eso es lo que debemos cuidar. Eso se llama política salarial, no es solamente un aumento del salario mínimo; hay que ponerse el lugar del trabajador si realmente queremos fomentar el trabajo formal”, argumentó.

Además, añadió que se deben fortalecer los incentivos para la formalización laboral, de modo que los trabajadores perciban beneficios concretos, como acceso a mejores servicios de transporte, cobertura efectiva de salud y garantías jubilatorias.

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Plantea desindexar el salario mínimo

Como último punto, Bacigalupo analizó lo que ocurre cuando el salario mínimo se incrementa: “automáticamente sube el resto de los precios en Paraguay”.

Por ello, propuso avanzar en una ley que permita “desindexar” el sueldo base de otras variables económicas, ya que hoy hasta las tasas judiciales están vinculadas a este indicador.

“Al aumentar el salario mínimo también suben las tasas judiciales. Aumenta incluso el Presupuesto General de la Nación y se reajustan automáticamente muchos salarios públicos. Tenemos que hacer que esta suba del pago básico beneficie solamente a los trabajadores y no al resto de los sectores que no forman parte de la ecuación”, explicó.

Añadió que, si no se avanza en la desindexación, existe el riesgo de seguir generaando -como hasta ahora- una “espiral inflacionaria” y una suba sostenida de precios.

“Hay que trabajar en ese aspecto: en una fórmula consensuada, en una política salarial real y en la desindexación del salario mínimo”, resumió.

Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones dispersas principalmente en el centro y sur del país -incluyendo a Asunción- y el viernes las lluvias se extenderían a gran parte del resto del país, acompañadas por tormentas.

Temperaturas cambiantes

Aunque la mañana de hoy aún registra un ambiente frío -con una temperatura de 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer–, se espera un leve aumento de la temperatura con relación a días anteriores.

Las máximas anunciadas para hoy son de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

Los índices serían aun más altos mañana, con una máxima de 24 grados en Asunción. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a bajar y se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en la capital.

La doctora Rosa Vega, coordinadora de la Unidad de Endocrinología del Hospital IPS Ingavi, señaló que estos alimentos pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se consuman con moderación y dentro de una planificación adecuada.

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El problema no son las comidas típicas, sino los excesos

Según explicó la profesional, muchas de las preparaciones tradicionales contienen elevadas cantidades de almidón, harina de maíz, queso y grasas. Además, varias de ellas se elaboran mediante frituras, lo que incrementa su aporte calórico.

Por ese motivo, recomendó optar por versiones horneadas cuando sea posible y evitar consumir varias porciones de distintos platos en una misma comida, una práctica habitual durante las celebraciones de San Juan.

La especialista enfatizó que no es necesario privarse completamente de estos alimentos. La clave está en controlar las cantidades y evitar que una noche de festejo se convierta en una jornada de excesos.

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Entre las recomendaciones más importantes figura no llegar con hambre a las reuniones familiares o comunitarias. Consumir previamente una comida equilibrada con verduras, proteínas y suficiente agua puede ayudar a controlar mejor el apetito.

También aconsejó elegir una sola porción de las comidas típicas, evitar repetir y no acumular varios alimentos ricos en harinas o almidones en el mismo plato.

“Una porción pequeña puede aportar una cantidad importante de calorías y carbohidratos”, advirtió Vega, al insistir en que la moderación es fundamental, especialmente para las personas con diabetes o con factores de riesgo metabólico.

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Qué tomar durante los festejos

Las bebidas también juegan un papel importante durante las celebraciones. La recomendación principal es utilizar el agua como fuente de hidratación.

En contrapartida, los especialistas sugieren limitar el consumo de gaseosas azucaradas, jugos industrializados y bebidas alcohólicas, ya que pueden favorecer aumentos bruscos de glucosa y sumar calorías innecesarias.

Una caminata puede marcar la diferencia

Otro aspecto que suele quedar relegado durante las festividades es la actividad física. Sin embargo, mantener el movimiento ayuda a compensar parte de los excesos alimentarios.

La endocrinóloga indicó que realizar una caminata después de las comidas favorece el control de la glucemia y mejora el aprovechamiento de la glucosa por parte del organismo.

Además, recordó que quienes siguen tratamientos médicos deben respetar los horarios de medicación o de aplicación de insulina, incluso durante las celebraciones.

Tradición sí, pero con equilibrio

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) destacan la importancia de preservar las costumbres nacionales sin descuidar los hábitos saludables.

El mensaje de los especialistas es que disfrutar del mbejú, la pajagua mascada o el pastel mandi’o no tiene por qué convertirse en un problema. Con porciones moderadas, buena hidratación y algo de actividad física, es posible celebrar San Juan y disfrutar de sus sabores más tradicionales sin que la salud pague las consecuencias.

Los funcionarios concentran G. 1,154 billones, alrededor del 34,4%; revelando que la previsional se convirtió en un financiador importante del consumo o liquidez de sus propios beneficiarios, en especial de quienes ya dependen de ingresos previsionales.

El IPS presta a una población con ingresos relativamente previsibles, ya que las cuotas pueden descontarse de salarios, jubilaciones o pensiones. Ese mecanismo reduce el riesgo de mora y vuelve atractiva la operación para la institución. Sin embargo, también plantea una tensión: una entidad previsional, cuya función central es garantizar prestaciones de salud y jubilaciones, destina una masa considerable de recursos a créditos personales.

La pregunta económica de fondo es si esta cartera maximiza el uso social y financiero del dinero previsional o si desplaza recursos que podrían fortalecer servicios, reservas o inversiones de largo plazo.

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Otro punto llamativo es la composición por tipo de préstamo. Los créditos para vivienda y vehículos tienen una participación marginal. Los préstamos para la vivienda suman unos G. 2.390 millones entre las tres tasas observadas, todos dirigidos a funcionarios. Los préstamos para vehículos 0 km totalizan G. 468,7 millones.

En conjunto, vivienda y autos representan una fracción mínima frente al total de G. 3,353 billones. En la práctica, la cartera está casi totalmente explicada por préstamos ordinarios.

Esto reduce el impacto estructural del crédito. Una cartera previsional orientada a vivienda podría contribuir a formación de patrimonio, estabilidad familiar y dinamización de sectores productivos. En cambio, una cartera dominada por préstamos ordinarios tiende a financiar necesidades de corto plazo, refinanciaciones o consumo corriente. No necesariamente es negativo, pero sí limita el aporte de estos recursos a objetivos de desarrollo más duraderos.

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La tasa promedio de rendimiento es de 11,29%, con un plazo promedio de 8 años. Desde el punto de vista financiero, el rendimiento parece atractivo para el Instituto de Previsión Social, sobre todo ante una base de cobro relativamente segura. No obstante, desde la óptica del afiliado o jubilado, tasas de entre 11% y 14% en varios tramos pueden significar una carga importante sobre ingresos fijos.

La mayor concentración se observa en la tasa de 11%, donde el saldo supera G. 2,111 billones, 63% de toda la cartera, confirmando que el grueso del negocio crediticio se ubica en préstamos ordinarios de mediano plazo y rentabilidad relevante.

En síntesis, los datos del IPS revelan una cartera rentable, grande y concentrada en préstamos ordinarios, con fuerte presencia de jubilados y pensionados. El aspecto crítico no está solo en el volumen, sino en la finalidad económica de esos recursos.

Si la previsional administra dinero de trabajadores, empleadores y beneficiarios, la política crediticia debe evaluarse no solo por su rendimiento, sino también por su impacto social, su riesgo acumulado y su coherencia con la sostenibilidad del sistema.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

Sin embargo, detrás de las millonarias cifras oficiales se esconde una realidad de presunta explotación.

Dos denuncias formales ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que el Consorcio Hospiclean estaría pagando salarios muy por debajo del mínimo legal vigente (G. 2.899.048). El contraste, sin embargo, muestra que esa misma firma fue adjudicada con el Lote 2 por G. 75.847 millones (el 60% del total de la licitación), justificando un costo de entre G. 8,9 y G. 9,5 millones mensuales por cada trabajador.

El detalle de los millones

El contrato 255/2024, firmado el 7 de noviembre de 2024 con el consorcio integrado por Mimbi SA y Consermar, detalla la cobertura en varias zonas del Hospital Central: Unidad de Terapia Intensiva, Emergencias, Quirófano Central, Nefrología, entre otras dependencias. En total, el requerimiento era de 445 limpiadores, concentrando el Hospital Central en si la mayor dotación con 297 trabajadores.

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Originalmente, el acuerdo fue pactado por 18 meses y debió expirar el pasado 7 de mayo. Sin embargo, la firma continúa prestando servicios a la previsional. No se conoce el detalle de esta ampliación de contrato del IPS, que actualmente está bajo la presidencia de Isaías Fretes.

La denuncia ante la DNCP es categórica y señala que la empresa supuestamente abona sueldos de “miseria” a sus trabajadores, pero declara montos muy superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS para simular legalidad.

“El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente a sus trabajadores (...) no presenta las documentaciones exigidas en las bases de la licitación para acreditar el cumplimiento del pago”, reza textualmente el documento.

El desglose de precios desnuda la brecha debido a que mantener a un solo limpiador en el Hospital Central le cuesta al IPS un promedio de G. 9.548.492 al mes. Si se contrasta solo con el salario mínimo legal (G. 2.899.048), existe una diferencia no explicada de G. 6.649.444 por cada empleado.

El servicio más caro pagado por IPS

Los precios de Hospiclean devoran el presupuesto y son, por lejos, los más caros del paquete. A modo de comparación, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi (Lote 3) quedó a cargo del Consorcio 2C (representado por Santiago Agustín Gadea) por un monto de G. 930 millones mensuales para 120 operarios.

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Esto representa un costo (igualmente elevado) de G. 7.750.000 por mes por cada trabajador; es decir, casi dos millones de guaraníes menos por personal que lo facturado por Hospiclean.

Fiscalización “exprés”

El IPS remitió el lunes último a la DNCP su descargo oficial sobre las denuncias contra el Consorcio Hospiclean, las cuales no solo apuntan a la explotación laboral, sino también al presunto uso de químicos diluidos y reetiquetados, lo que arriesga la bioseguridad de pacientes en terapias y quirófanos.

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Lejos de tomar medidas drásticas, la previsional tuvo una tibia reacción y se limitó a informar que derivará los antecedentes a Aporte Obrero Patronal para “verificar”.

No obstante, más llamativa fue su respuesta sobre los insumos médicos porque el IPS afirmó haber realizado una inspección in situ en los depósitos de la firma, concluyendo que todo estaba en regla. Lo curioso es el factor tiempo debido a que este control estatal se ejecutó el lunes último, un día después de que se conociera la denuncia.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 17:00 del lunes y fue comunicado por la Comisaría 4ª Metropolitana. Según el informe oficial, las sustancias fueron encontradas en celdas del pabellón nuevo ocupadas por tres internos.

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Drogas halladas durante la intervención

De acuerdo con el reporte policial, fueron incautadas 10 dosis de supuesta cocaína, envueltas en bolsitas de polietileno blanco, con un peso total de 0,9 gramos.

Además, los intervinientes encontraron tres dosis de supuesto crack con un peso de 0,5 gramos y una bolsita de marihuana que arrojó un peso de 0,8 gramos.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de control dentro del establecimiento penitenciario, donde las fuerzas de seguridad verificaron las celdas de los reclusos señalados.

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Internos involucrados

Las sustancias fueron encontradas en las celdas utilizadas por Enrique Antonio Barreto, quien registra antecedentes por hurto agravado; Pablo Ariel Dávalos Vargas, también con antecedentes por el mismo hecho punible; y Rafael Enrique Espinel Niebles, ciudadano colombiano de 35 años con antecedente por homicidio doloso, según datos de la Policía Nacional.

Intervención de Antinarcóticos y Fiscalía

Las sustancias fueron sometidas a un análisis primario de campo por personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Tras la verificación preliminar, los agentes comunicaron el procedimiento al Ministerio Público, específicamente a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, que deberá impulsar las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer cómo los estupefacientes llegaron hasta el interior del recinto.

También asistieron el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres y la diputada colorada cartista Liz Acosta. Llamo la atención la presencia del gerente de Tabesa, José Ortiz Escauriza.

“No me voy a abrazar con esa gente”, tras vencer al clan Zacarías

La visita a Cartes, quien es jefe del movimiento Honor Colorado no es un dato menor. Se da luego de la ajustada victoria del equipo de Landy Torres al polémico clan Zacarías en las pasadas internas municipales del 7 de junio.

Es la segunda derrota consecutiva de la familia Zacarías en menos de un año. En noviembre del año pasado, Daniel Pereira Mujica, delfín del posible presidenciable Miguel Prieto de YoCreo, vapuleó en las elecciones complementarias en Ciudad del Este. Fue para completar el periodo de Prieto, quien fue destituido en un controversial proceso en la Cámara de Diputados, tras un informe de intervención.

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El clan Zacarías lo integran el director general paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías; la diputada colorada cartista Rocío Abed; el senador colorado cartista Javier Zacarías; y la esposa de éste, Sandra McLeod, destituida exintendenta de Ciudad del Este.

Diferencia de 880 votos

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR concluyó el juzgamiento de las actas electorales en Ciudad del Este correspondientes a las internas municipales.

De acuerdo a los guarismos, el precandidato a intendente Magno Álvarez (ANR-HC) y apoyado por el clan Zacarías, obtuvo 13.898 votos.

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En tanto, Rigoberto Chamorro (ANR-HC) logró 14.018 sufragios.

La diferencia fue de 880 votos.

Lista de concejales logró más votos de Álvarez

Otro dato llamativo, es que la lista de precandidatos a concejales del equipo apoyado por el clan Zacarías alcanzó 17.174 sufragios. La diferencia fue de 3.276 votos. Es decir, obtuvo más votos que el precandidato a intendente Magno Álvarez.

Según relató, la impunidad con la que operaban estos esquemas comenzó a resquebrajarse en 2024 con la creación del Registro Único de Estudiante de la Educación Superior (RUE). Mediante una investigación con el Ministerio Público, se constató que 250 titulos eran falsos.

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A partir de las respuestas remitidas por el Ministerio Público, el análisis del ministro divide el problema en dos realidades distintas

Hubo personas que no pudieron presentar un solo papel, recibo o registro que avale una trayectoria en las aulas. En este grupo existen casos de compra directa de cartones, universidades que denuncian que el alumno jamás estuvo ahí o diplomas idénticos con firmas clonadas pero con fechas adulteradas. Para el ministro, el escenario aquí es penal. Se exponen a un mínimo de dos años de cárcel y a la destitución inmediata de sus cargos públicos o privados, ya que al anularse el título, todo lo actuado se retrotrae.

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Por otro lado, hubo ciudadanos que sí cursaron, rindieron tesis y pagaron cuotas, pero fueron engañados en su buena fe. El ministro analizó que muchas universidades dictaban carreras sin habilitación legal mediante alianzas “fantasma” con institutos terciarios. El alumno creía recibir un título universitario, pero el cartón real era de nivel técnico inferior. Para este sector, el MEC evalúa una salida excepcional que reconozca su esfuerzo académico sin convalidar la trampa de las instituciones.

Exigencia de acreditación depuró 1.080 facultades “garaje”

El ministro Ramírez manifestó que el reordenamiento del sistema superior no dará marcha atrás, a pesar de la fuerte resistencia de ciertos sectores. El MEC ratificó que para el año 2028, toda universidad que no esté debidamente acreditada no podrá registrar un solo título en el país.

Ante las quejas de algunos rectores que acusan al Ejecutivo de una “intromisión” y de otorgar un plazo muy corto, Ramírez fue tajante en su contraanálisis.

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“Nos dicen que les damos poco tiempo, pero hace 20 años que está la ley y se debía cumplir. Al contrario de lo que afirman, estamos ordenando el sistema para que haya buena competencia y nivelar para arriba. De hecho, desde que empezamos a exigir la acreditación, ya se cerraron 1.080 facultades que estaban abiertas sin ningún rigor académico. Para eso está el sistema, para cerrarlas si no funcionan”, replicó con firmeza.

Según Ramírez, el MEC apunta a que el sistema educativo se ponga a niveles globales. Dijo que, mientras el mundo moderno se rige y dialoga bajo el “idioma” de los créditos universitarios, para permitir la convalidación internacional, el sistema paraguayo sigue estancado y midiéndose por cantidad de horas cátedra.

MEC se reúnes este jueves con la Fiscalía

Este jueves se desarrollará una reunión entre el MEC y el Ministerio Público. El objetivo es determinar en qué instancia penal se encuentran las 250 causas de titulación falsa y definir las acciones del MEC.

Paralelamente, Ramírez confirmó que está en marcha una auditoría dentro del MEC, cuyos resultados se oficializarán entre esta semana y la próxima.

Según el cronograma dado a conocer por la entidad, la primera fase se llevará a cabo el 19 y 20 de junio. Otras dos jornadas están previstas para el 4 y 18 de julio, el 1 y 22 de agosto y la etapa final, el 12 y 19 de septiembre.

La directora del festival, Shirley Núñez, informó que en total se prevé G. 17 millones en premios entre los artistas destacados. Agregó que son cinco las categorías en las que participarán cantantes de todas las edades, desde los 5 años.

Mostrar el talento de nuestros artistas

Shirley Núñez señaló que el objetivo del evento es mostrar el talento de los artistas de la zona, dándoles una oportunidad en un escenario. Valoró, además, que una actividad cultural o artística contribuye a alejar a los jóvenes de situaciones negativas, como la adicción a las drogas, entre otros males.

El Festival Canta Pedro Juan, en su XVII edición, fue declarado de interés tanto por la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero como por la Junta Departamental de Amambay.

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El acto de posesión de cargo se realizó en la mañana de este martes en la sede central de la previsional, en Asunción. Estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración del IPS, doctor Isaías Fretes.

La medida se produjo tras la inspección realizada el pasado 29 de mayo por el doctor Fretes, quien constató una serie de falencias que afectan el funcionamiento del centro asistencial.

Entre los principales problemas detectados figuran la falta de medicamentos, escasez de especialistas, ausencia de equipos tomográficos, deficiencias en el servicio de lavandería y otras carencias consideradas esenciales para una atención eficiente.

Plan de fortalecimiento de la gestión

La institución informó que la medida forma parte de una estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión y a la mejora continua de los servicios de salud destinados a los asegurados del departamento.

Durante el acto, Fretes pidió a las nuevas autoridades priorizar una administración basada en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la protección de los recursos públicos. Asimismo, destacó la necesidad de promover el compromiso de los funcionarios y recuperar la confianza de los asegurados mediante una gestión eficiente y honesta.

Consciente de los desafíos

Por su parte, Cerdán señaló que asume el cargo con plena conciencia de los desafíos existentes en la Unidad Sanitaria de Caaguazú. Indicó que una de sus principales prioridades será transparentar los procesos administrativos y trabajar de manera coordinada con todos los sectores del hospital para corregir las falencias detectadas.

El nuevo director agregó que ya dispuso la articulación de acciones conjuntas entre las distintas dependencias del centro asistencial con el objetivo de encontrar soluciones rápidas y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los asegurados.

El accidente se registró a las 15:40 sobre un camino público ubicado a unos 50 metros de la ruta PY01, en inmediaciones de la compañía Chararã. El uniformado viajaba a bordo de un automóvil Ford Fiesta de color negro, con matrícula BBN 256.

Como acompañante se encontraba Felipe Ramón Miño Aguilar, de 27 años, jornalero domiciliado en la compañía Rincón de la ciudad de Quyquyhó, quien sufrió lesiones y fue auxiliado por los equipos de emergencia.

Tras el siniestro acudieron al lugar bomberos voluntarios de Caapucú y Quiindy, quienes realizaron las tareas de rescate y asistencia. Asimismo, fueron convocados agentes del Departamento de Criminalística, el médico forense y representantes de la Fiscalía Zonal de Quiindy para los procedimientos de rigor.

De acuerdo con el reporte policial, el acompañante, Felipe Ramón Miño, relató que el conductor intentó desviar un bache y perdió el control del rodado.

El cuerpo de la víctima fatal fue inspeccionado por un médico forense y diagnosticó como la causa probable de muerte es politraumatismo cerrado de cara y cráneo con estallido de órganos internos. El cuerpo del suboficial inspector fue sometido a los procedimientos legales de rigor antes de ser entregado a sus familiares.

Honor Colorado a través del diputado César Cerini (ANR, HC) y secundado por el líder de bancada cartista, Miguel Del Puerto, pretendió volver a postergar por 15 días el tratamiento de este proyecto que viene siendo dilatado hace un año.

Viendo claramente que la postergación era una burda excusa para no tratar el proyecto, ya que contaba con dictámenes y ni siquiera había controversia, una de las proyectista, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) rechazó rotundamente la postergación.

“Basta de oponerse sin fundamentos. ¿Cuál lo que es el problema para establecer más requisitos para ser miembro del JEM ¿o queremos más rivas en el JEM? ¿Cuál lo que es el problema o es porque yo propongo o porque quieren que sigan unos bandidos en el JEM?“, cuestionó duramente Vallejo.

La misma remarcó que incluso cedió en comisiones con el único aspecto en controversia y sigue “jodiendo”.

“No voy a llegar a ningún punto intermedio, porque esto es una falta de respeto a esta altura del campeonato. Después de todo lo que le aprobaron a Rivas y le mantuvieron hasta el final, siguen impidiendo la transparencia en el JEM. Títulos nomás lo que queremos. ¿Cuántos títulos falsos más hay en esta cámara?. Basta, presidente”, fustigó Vallejo que se negó rotundamente a un nuevo aplazamiento.

El diputado Roberto González (ANR, Añeteté) se sumó al apoyo del proyecto mencionando que lo único que plantea es que “el que quiere ser representante de la Cámara de Diputados por lo menos nos demuestre que es abogado”

“¿A ustedes no les genera vergüenza que alguien de esta Cámara haya ido a presentarnos ante el JEM y llegado a ser presidente (teniendo título falso)“?, fustigó a sus colegas cartistas, que no desistieron con la postergación, sino que incluso plantearon patear hasta dentro de un mes (30 días).

El proyecto en cuestión simplemente planteaba que, además de título de abogado, el que sea candidato a miembro del JEM en representación de algunas de las Cámaras del Congreso, pueda demostrar al menos 10 años de ejercicio previo de la profesión, ya sea como docente, juez, fiscal o como abogado particular.

Opositores ofrecen su cabeza ante nueva amenaza

Otro que se sumó a remarcar que la propuesta de aplazamiento era un burdo intento de no tratar el tema fue el diputado Raúl Benítez (Independiente), que ya venía en la mira del cartismo por ser crítico al gobierno.

La semana pasada amenazaron con suspenderlo, ahora directamente con proponer su pérdida de investidura.

“Lo que demuestra esto es que para ustedes Hernán Rivas no es un accidente, Hernán Rivas es de la costilla de ustedes... de la costilla de Honor Colorado. La esencia de Honor Colorado está representada por un tipo estafador sin título que ocupó un cargo por salamero”, fustigó Benítez.

Esto motivó la reacción del líder de bancada de Honor Colorado que fuera de micrófono, le habría dicho: “Ya que no tenemos los votos para suspenderle, vamos a echarle”.

Esto ya que paradójicamente, para suspender a un colega se requiere de mayoría absoluta de dos tercios (53 votos), mientras que para echarlo, se necesita una simple mayoría de los presentes (La mitad más 1).

“Si tiene los pantalones para gritar eso, yo le pido que tenga los pantalones para redactar”, respondió Benítez, quien remarcó que el cartismo “tiene todo el derecho y tiene al Corte (Suprema de Justicia) para avalar”, haciendo referencia al caso Kattya González, donde el Poder Judicial fue cómplice del Senado.

También otra víctima semanal de las amenazas cartistas, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) se sumó aofrecer curul si tanto quiere el cartismo acallar a los críticos

“Nosotros tenemos la misma inmunidad que ustedes tienen y no corresponde que recibamos amenazas cada vez que hablamos; acaba de recibir el colega una amenaza de expulsión. Les pido que lo hagan”, retó Ortega.

“Incluso, se ofreció a redactar ella misma el libelo acusatorio contra ella misma. “Si quieren el texto de mi suspensión o la de Raúl Benítez yo tengo el texto de expulsión o suspensión preparado: por decir verdades, por incomodarles, por no querer ser nuestros amigos en nuestras posiciones políticas o incluso por decirles al oído lo que no quieren escuchar”, sostuvo harta Ortega.

Finalmente se llevó a votación y ganó la postergación por 30 días. En la primera votación hubo controversia, ya que empataron a 30 votos cada uno, pero en una segunda votación, terminaron ganando los cartistas por 32 votos a 29.

Ahora, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, formularon la acusación en contra del exlegislador colorado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado. La misma medida también afecta a Guido Javier Díaz Domínguez en carácter de cómplice. Asimismo, los investigadores de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitan al juez Humberto Otazú que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Según lo investigado, Arévalo solicitó y aceptó que el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes endosara tres cheques por un total de Gs. 202.000.000 para servir como garantía de un crédito personal que el procesado no podía obtener por su cuenta, a cambio de utilizar su posición en el JEM para favorecer a la agente fiscal Stella Mary Cano en un proceso disciplinario.

Asimismo, la investigación que fue sustentada en la extracción de chats de WhatsApp del teléfono de Gomes, determinó que “el pacto” se cumplió mediante el voto a favor de un apercibimiento para la fiscal. Asimismo, se apunta a Guido Díaz como cómplice y gestor de la operación crediticia.

#LaMafiaManda: Nuevo revés para Orlando Arévalo en proceso por supuesta coima

Lalo Gomes pidió a Arévalo por fiscala enjuiciada

El caso de los cheques data del 8 de septiembre del 2023, mientras que 3 días después, el 11 de septiembre de ese año, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada en eso.

Mientras “Lalo” intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional. Cano renunció este año al Ministerio Público y se encuentra imputada por presunta persecución de inocentes.

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Recordaron que el “patético” caso de los adultos mayores que fueron desalojados por orden judicial y algunos de sus dirigentes detenidos días pasados “contradiciendo totalmente a la Constitución Nacional” en el marco de las protestas para acceder a beneficios.

También repudiaron la “total falta de seriedad en cuanto a la explotación energética con una firma extranjera llamada Atome donde en parte el desgobierno ejecutivo hizo una reculada ante la presión de la Sitrande (Sindicato Nacional de la ANDE)”.

Sostuvieron que el país cuenta con una “Democracia de papel” pero que la realidad brutal es diferente.

En el caso del IPS, añadieron que queda mucho por realizar en cuanto a limpiar administrativamente dicha institución, “porque no se informa qué sucedió con los fondos que transfirió la Previsional a un banco privado que opera en el país y al inicio del periodo del actual primer mandatario”, en alusión a Ueno Bank.

También lamentaron que en el interior del país hay zonas aún recubiertas de forestación cuya explotación de madera enriquece a unos pocos en perjuicio de los demás.

En cuanto a la delincuencia, indicaron que a pesar del aumento del personal de la Policía Nacional, “el estado social de derecho es una mentira”.

Hambre Cero no llega a varias localidades, afirman

Sobre la educación, dijeron que siguen sin solución los casos de escuelas y colegios públicos con pésimas infraestructuras. Añaden que el programa estrella del gobierno de Peña, el plan Hambre Cero, no llega a varias localidades.

Agregan que los hospitales públicos siguen con las mismas indiferencias en general para la atención sanitaria pues están “plenamente politizados y copados por el llamado cartismo“.

“La propuesta del bienestar campesino o reforma agraria ni les importa ni menos les preocupa a los actuales mandamases. El analfabetismo real es del 5% aun y ni hablemos de los analfabetos intelectuales con falsos diplomas académicos”, lamentaron.

Albirroja: falso exitismo

Afirmaron además que en el plano deportivo nacional “se creó un falso ambiente de exitismo, sobre todo con la albirroja que, según parece, publicaciones de medios extranjeros fue a menos en el partido inaugural por razones políticas y económicas”.

Finalmente, agradecieron a los medios de comunicación “aun honestos y que informan sin respaldo ni temor alguno, a pesar de la persecución creándose falsos informes el desgobierno ejecutivo con una red creada para ese efecto”.

Como responsables del comunicado se presentaron Carlos Duarte Torres, exdiputado; Enrique González Quintana exsenador del Unace, Wulfran González Degli Uberti como presidente del movimiento.

Así también Natalia Samanta Romero Muñoz, Ricardo Martínez, José María Melgarejo Duarte; el Gral. Dr. Rogelio Cano Mendoza (SR) y el Gral. Calixto Moral Ortega (SR).

Una decena de feriantes de los distritos del Área Metropolitana de Encarnación ofertarán comidas típicas desde las 8:00 hasta el mediodía de ese 24 de junio. Además, se programan números artísticos para deleitar al público.

El atractivo principal es la oferta de la gastronomía típica en un horario matutino, a diferencia de la tradicional fiesta que se celebra de noche.

La festividad se caracteriza por su gastronomía típica de invierno, a base de almidón, maíz y mandioca, ofreciendo delicias como el mbeju, el pastel mandi’o, la pajagua mascada, la chipa asador y la butifarra.

San Juan Ára (Día de San Juan) representa una de las máximas expresiones de la identidad paraguaya, donde el fuego purifica el invierno y la tradición une a las familias en una celebración comunitaria única.

La secretaria de Turismo de la Gobernación, Verónica Stefani, detalló que “más allá de pretender ser un gran evento, tiene como finalidad mantener nuestras tradiciones”.

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Fiesta de San Juan Ára

El San Juan Ára, celebrado cada 24 de junio en Paraguay, es una de las festividades culturales más vibrantes y tradicionales del país. Fusiona las creencias religiosas cristianas de la época colonial con el rico folclore y misticismo guaraní.

Durante todo junio, comunidades, escuelas, iglesias y clubes se organizan para recrear una colorida feria nocturna, cuyo eje central es la convivencia y el desafío al peligro a través de juegos tradicionales con fuego.

Entre las atracciones más populares e infaltables destacan los juegos de San Juan, como la “pelota tata”, una bola de trapo encendida que se patea entre la multitud. También, el “toro candil”, un armazón que emula a un toro con cuernos en llamas que persigue a los presentes; el “tata ári jehasa”, el acto ritual de caminar descalzo sobre brasas al rojo vivo; y el “Judas kái”, que consiste en la quema de un muñeco relleno de pirotecnia que representa a personajes impopulares del momento.

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El titular de la petrolera estatal aclaró que, si bien la tendencia internacional es a la baja, el impacto en las estaciones de servicio locales no ocurre de forma automática. Esto se debe a los plazos de la cadena logística y a que actualmente la institución sigue recibiendo y consumiendo en base a los costos elevados de la época del conflicto bélico.

¿Por qué la rebaja no es inmediata?

Wilka detalló que existe un proceso logístico complejo. El producto debe viajar desde las zonas de origen hasta el Río de la Plata, para luego ser transportado en barcazas hasta la planta de Villa Elisa.

“Apenas tengamos un margen para poder bajar, vamos a hacerlo. Estamos ya con cargas que se van a empezar a cotizar con esta nueva tarifa más competitiva. Una vez que ese combustible ingrese a nuestros tanques y hagamos los análisis, estaríamos viendo si existe el margen interesante para trasladarlo de forma inmediata a la ciudadanía”, explicó Wilka.

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El titular de la petrolera estatal remarcó que las próximas semanas serán importantes para monitorear los balances internos y verificar el comportamiento del crudo en el exterior.

"Vamos a ver cómo cierra esta segunda quincena de junio. Queremos ser muy cautos, primero debemos precautelar que la empresa mantenga los márgenes suficientes para estar sana y, segundo, asegurar que no lleguemos a fin de mes con un nuevo repunte. Si todo sigue estable, para julio tendremos novedades”, dijo en conversación con la 1080 AM.

De acuerdo con la información oficial, “ambas autoridades conversaron también sobre los avances de los proyectos de cooperación en curso y las perspectivas de trabajo conjunto orientadas a continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Taiwán”.

El informe oficial refiere que el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, mantuvo una reunión con su homólogo taiwanés “durante la cual reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y el compromiso de ambos Gobiernos con el fortalecimiento de una alianza estratégica sustentada en valores democráticos compartidos, la cooperación tecnológica y el desarrollo sostenible”.

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Asimismo, Verdún y Chen Ming-chi realizaron un repaso de los avances registrados tras la visita del presidente Santiago Peña, a Taiwán, en mayo pasado, en materia comercial, jurídica, tecnológica y de cooperación, entre los que destacan los proyectos en ciberseguridad e inteligencia artificial.

En el ámbito económico, las autoridades resaltaron el sostenido crecimiento del intercambio comercial bilateral y “la consolidación de Taiwán como uno de los principales socios del Paraguay en Asia y un mercado estratégico para las exportaciones nacionales”.

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Evaluación de la cooperación

El reporte de la Cancillería indica que los viceministros de RR.EE. de Paraguay y Taiwán “evaluaron los avances” de los principales proyectos de cooperación en ejecución”, entre ellos la construcción del Hospital General de Asunción, el desarrollo del campus de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán y la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS), iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en áreas prioritarias para el desarrollo.

Conforme a los datos oficiales, el primer desembolso de Taiwán fue de US$ 20 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el financiamiento del proyecto Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción.

Los recursos serán destinados a la ejecución del proyecto, cuyo monto total asciende a US$ 62 millones.

En tanto, la construcción de la Universidad Politécnica Paraguay -Taiwán asciende a un total de US$ 27 millones.

La nueva sede estará ubicada en la avenida Ñu Guasu, de Asunción, entre el hospital San Jorge y el arroyo Itay, al lado del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Las obras se prevén que culminen en agosto de 2027.

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En tanto, el Sistema de Información en Salud (HIS) el monto total del proyecto ascendió a US$ 14.992.733.

De acuerdo a información oficial, el financiamiento permitirá continuar la expansión del Sistema de Información en Salud (HIS, por sus siglas en inglés) a más servicios en todo el país. Esta plataforma se implementa en las 18 regiones sanitarias de Paraguay y en más de 200 servicios en todos los niveles de atención médica.

El Conasam funciona con una integración tripartita: representantes de los trabajadores, del sector empleador y del Estado. Sin embargo, en las reuniones previas no logró un acuerdo entre las posturas, lo que deja el dictamen en un terreno políticamente sensible.

La distancia entre las posturas sigue siendo amplia, ya que el sector trabajador sostiene un pedido de incremento del 20%, mientras que el sector empleador insiste en “respetar las condiciones legales actuales”, es decir, limitar el reajuste a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es del 2,4%, desde el último aumento del año pasado.

Bajo este último criterio, el ajuste estrictamente indexado a la inflación, el aumento resultaría de apenas 69.577 guaraníes, una cifra totalmente insuficiente para cubrir el encarecimiento que ha sufrido la canasta familiar. De confirmarse este reajuste el nuevo salario pasaría a G. 2.968.625

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Señales desde el Ejecutivo

En ese contexto, el diputado Hugo Meza (ANR-cartista) fue abordado por la prensa sobre el tema, y detalló que el presidente Santiago Peña no estaría de acuerdo con los cálculos que se vienen aplicando para el reajuste del salario mínimo, a lo que agregó que el presidente podría anunciar una información “demasiado importante” y que, a su juicio, sería una “señal enorme” de reconocimiento al trabajador, dando a entender que el reajuste podría darse en un monto superior a la variación del IPC. Sin revelar detalles, el diputado vinculó esa expectativa con una discusión más amplia sobre los criterios de fijación salarial.

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El legislador planteó que el presidente “tiene la potestad” de fijar el salario teniendo en cuenta otros parámetros que dispone la ley además del IPC, que según su lectura, la comisión encargada de recomendar el reajuste podría no estar incorporando plenamente.

De la inspección participaron los concejales departamentales Óscar Miranda, Arnaldo Ferreira, Darío González y Nelson González, todos de la ANR, quienes estuvieron acompañados por representantes del sector sanitario de la localidad.

Durante el recorrido, los ediles constataron que la obra permanece prácticamente abandonada desde hace varios meses, pese a que el edificio original ya fue parcialmente desmantelado para dar paso a la intervención proyectada.

El concejal departamental Óscar Miranda, oriundo de San Salvador, manifestó que la situación genera una preocupación constante en la comunidad, debido a que el proyecto fue iniciado hace aproximadamente 17 meses y solo registró avances durante los primeros meses de ejecución.

Según explicó, tras retirar el techo, realizar algunos trabajos de revoque, pisos y mejoras estructurales, la empresa encargada abandonó la obra y desde entonces no se observan movimientos en el lugar. Miranda señaló que durante varias semanas insistió ante la IV Región Sanitaria para obtener información oficial sobre la situación del proyecto y las causas de la paralización.

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Finalmente, la Junta Departamental recibió un informe remitido por el director de la IV Región Sanitaria, doctor Rigoberto Alarcón, en el que se indica que la obra se encuentra detenida debido a la falta de recursos financieros. El edil cuestionó que la respuesta haya llegado después de reiterados pedidos y aseguró que todavía existen numerosas interrogantes sobre el estado del contrato y los compromisos asumidos con la empresa constructora.

Asimismo, señaló que la suspensión de los trabajos afecta directamente la calidad de la atención médica brindada a la población de San Salvador. Actualmente, el Centro de Salud de San Salvador funciona en una vivienda alquilada por la Municipalidad, que representa un gasto mensual cercano a los G. 3 millones, considerando el pago del alquiler y los servicios básicos, según el edil denunciante.

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De acuerdo con Miranda, el inmueble utilizado de manera provisoria no reúne todas las condiciones adecuadas para prestar los servicios que demanda la comunidad, por lo que tanto funcionarios como pacientes deben desenvolverse en condiciones limitadas.

Indicó además que la dirección del centro asistencial, el municipio e incluso la Gobernación de Guairá remitieron notas al Ministerio de Salud en las que solicitan explicaciones y gestiones para la reactivación de la obra, sin obtener respuestas concretas.

Ante este escenario, los concejales anunciaron que plantearán formalmente una solicitud de audiencia con la ministra de Salud, María Teresa Barán, a fin de conocer la situación real del proyecto y exigir una hoja de ruta para su culminación.

Miranda adelantó que toda la documentación, fotografías e informes recabados durante la visita serán presentados en la próxima sesión de la Junta Departamental como respaldo del reclamo institucional. El concejal advirtió que, de no existir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades nacionales, no descartan impulsar movilizaciones ciudadanas para exigir la reactivación de la obra.

Aclaró que incluso no hace las mismas denuncias que los referentes políticos de la oposición.

Justificó sus denuncias y reclamos al señalar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente presidido por Jorge Bogarín (Ind) le negó el acceso al código fuente del sistema de votación antes que se hagan las elecciones internas municipales del 7 de junio.

No obstante, advirtió que, tras el primer rechazo a su reclamo, ya pidió una reconsideración al TSJE y que solo espera la misma respuesta antes de pelear ante las máximas instancias judiciales del país.

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“Voy a exigir la aplicación de la ley, de la Constitución y del marco legal vigente sobre el tema de la transparencia total y absoluta del sistema electoral, algo que el TSJE no está cumpliendo hoy. También hice otros pedidos al MITIC y a la Contraloría General de la República”, acotó.

Pedidos de Informes a otras instituciones

Agregó que su petitorio ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), cuya titular es Lorena Franco, surge al sostener que se están violando las licencias que se compraron desde el pliego de bases y condiciones del alquiler de las máquinas de votación.

Dijo además que también recurrió al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), cuyo titular es Gustavo Villate, ya que el ente cuenta con dos resoluciones que deben ser cumplidas por el TSJE, una relacionada al software libre y otra está relacionada a ciberseguridad.

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Sostuvo que las leyes de ciberseguridad exigen al TSJE entregar una copia de todas las fuentes al MITIC y que busca saber si el ente electoral cumplió este requisito.

“Yo quiero saber, le pregunto al MITIC, si es que tienen evidencia que demuestre que el TSJE cumplió con los estándares internacionales referentes a ciberseguridad. Eso por el lado del MITIC, software libre y ciberseguridad”, resumió.

En cuanto a su reclamo a la Contraloría, dijo que hace el mismo pedido ya que ahí se hace el control del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), que exige una auditoría informática.

“Le estoy preguntando a la Contraloría qué evidencia me pueden mostrar de que esa auditoría se dio antes de que se hagan las elecciones internas. Porque eso se tendría que haber hecho”, aseveró.

Sostuvo que por ello mantiene sus cuestionamientos y que el TSJE no ha levantado ninguna de sus observaciones.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, aproximadamente ocho niños y una docente manifestaron náuseas, mareos, dolor de cabeza, sequedad en la boca y episodios de vómitos, por lo que requirieron asistencia inmediata.

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En una primera intervención, los afectados fueron atendidos por docentes y directivos de la institución educativa hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, los pacientes fueron trasladados al Centro de Salud de Ypané para una evaluación médica más exhaustiva.

La situación generó preocupación entre padres y familiares, quienes acudieron rápidamente a la escuela para interiorizarse sobre el estado de salud de los alumnos.

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El sargento Edson Rubira, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, informó que “en total fueron trasladados ocho estudiantes y una docente a centros médicos cercanos”.

“Nosotros realizamos la asistencia a tres estudiantes, pero nos dijeron desde la dirección que los otros cinco fueron igualmente asistidos y trasladados”, explicó.

Refirió, además, que “el origen de la intoxicación hasta ahora lo desconocemos. Si bien hicimos el rastrillaje alrededor de la institución, no hallamos ninguna fábrica que tenga sus instalaciones alrededor, pero sí constatamos que había vertederos clandestinos cerca de la institución”.

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Mencionó, igualmente, que además de los ocho atendidos oficialmente, otros alumnos habrían presentado los mismos síntomas, pero se desconoce la cantidad exacta, ya que muchos padres se acercaron a la institución para asistir a sus hijos.

Según los datos preliminares, aún se desconoce el origen de la posible intoxicación. Algunas versiones señalan que los síntomas habrían aparecido tras la presencia de algún elemento en el ambiente que habría ingresado a través de la ventana de las aulas del quinto y sexto grado.

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Las autoridades sanitarias y los organismos de emergencia continúan con el procedimiento correspondiente para determinar las causas del hecho y descartar riesgos para el resto de la comunidad educativa.

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Cuando se concretó la integración entre los servicios del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) y los del Centro de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el propósito era mejorar la atención a la población ayolense. Sin embargo, desde la fusión, realizada en 2016, hasta la actualidad, la prestación no ha registrado mejoras significativas, expresó un paciente.

Agregó que, si bien se logró contar con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), el área sigue careciendo de especialistas, como cardiólogos. Además, tampoco cuenta con profesionales capacitados para el manejo de equipos de diálisis, un aspecto considerado fundamental para la atención de pacientes internados en la UTI y que se encuentran en delicado estado de salud, expresó el paciente, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Expresó que la integración de los servicios de ambas instituciones unificó las carencias existentes y que son los pacientes, asegurados o no, quienes deben soportar diariamente las deficiencias del Hospital Integrado.

Intentamos hablar sobre las quejas con la directora del IPS, doctora Elizabeth Achucharo, pero ante nuestra consulta vía telefónica manifestó que se encontraba en una reunión.

El director del Ministerio de Salud, doctor Abel Fletes, acusó recibo de nuestro mensaje, pero no contestó nuestras preguntas.

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La controversia central en este caso era sobre los años máximos, ya que en su tercera vuelta, el Senado se ratificó en elevar incluso a 15 años el máximo, pero finalmente, por 43 votos, Diputados impuso su versión de los 10 años.

La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) argumentó el dictamen a favor de la ratificación, reconociendo la existencia de hechos graves que involucran a menores, pero que también contempla otro aspecto de esta realidad, que es que se trata de menores de edad.

“La propuesta aprobada por Diputados busca encontrar ese equilibrio, ya que por un lado establece consecuencias más claras y proporcionales para aquellos casos donde hay agravantes, pidiendo llegar hasta 10 años de pena privativa de libertad. Pero al mismo tiempo entiende que estamos hablando de adolescentes y que el objetivo de la justicia especializada no puede ser solo castigar; sino también trabajar para que no vuelvan a cometer hechos que dañen a otros o a ellos mismos”, dijo Estigarribia.

Acotó que la versión Diputados también establece otros protocolos de acompañamiento y evaluación psicológica para los menores infractores, a fin de buscar la reinserción de los mismos, ya que “una sociedad no puede limitarse a encerrar problemas”.

Finalmente, dijo que el objetivo perseguido por Diputados busca una justicia que “responsabiliza, educa y previene” otros hechos de violencia vinculados a menores.

Estigarribia fue la única interviniente, por lo que no hubo argumento a favor de la versión Senado. De los 45 presentes, solo los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) optaron por la abstención.

Esta iniciativa de endurecer las sanciones contra menores de edad surgió tras el brutal asesinato hace un año de la adolescente María Fernanda Benítez (Mafe) de 17 años, que, para más estaba embarazada al momento del crimen.

Este último dato es relevante, ya que habría sido el motivo que impulsó al presunto asesino, también menor de edad (supuestamente en complicidad con su familia), para asesinarla e intentar deshacerse del cuerpo, quemándolo en un predio baldío.

El contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas como atrasos en pago a proveedores del Estado, baja de las recaudaciones son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la incertidumbre sobre incremento del salario mínimo son también elementos evaluados los usuarios.

Así el ICC de mayo de 38,21 puntos resultó inferior al registrado en abril de 2026 de 40,17 puntos (ya en zona de pesimismo) y al observado en mayo de 2025 de 53,46 puntos, según el reporte oficial que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Situación y expectativa

Del informe oficial se desprende que la evaluación se realiza además en dos aspectos. Por un lado, el Índice de Situación Económica (ISE) que recoge la percepción de los consumidores sobre la situación actual de la economía familiar y del país. Este indicador que prácticamente se hundió en mayo con un valor de 27,04 puntos, una cifra inferior en 2,29 puntos respecto al mes previo y menor en 12,75 puntos al dato registrado en mayo de 2025, registrando mínimos históricos

Por otra parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE), que mide la percepción de los consumidores hacia el futuro, también registró retrocesos y alcanzó un resultado de 49,38 puntos, cifra inferior a la del mes anterior y a la del mismo mes de 2025, en 1,62 y en 17,75 puntos, respectivamente. Este indicador (ISE) que se ha mantenido por mucho tiempo en optimismo, para el mes de mayo también cayó en terreno de pesimismo, de acuerdo con el reporte oficial.

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También bajó la predisposición para el ahorro y compra de bienes durables

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de apenas 11%. Este resultado fue inferior en 4,50 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior y también representó una reducción de 14,75 puntos porcentuales respecto al dato de mayo de 2025.

Por otro lado, en la predisposición a adquirir bienes durables, a pesar de la baja del dólar, se registraron reducciones mensuales en todas las categorías, a excepción de electrodomésticos, que se mantuvo constante. En términos interanuales, todas las categorías de bienes registraron resultados inferiores respecto a mayo de 2025.

Específicamente, la máxima instancia judicial resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados Ricardo Estigarribia, Sandra Elizabeth Barrios y Víctor Raúl Estigarribia, en representación de Gustavo Adolfo Florentín Silva, contra el Acuerdo y Sentencia N° 107, del 17 de noviembre del 2025 dictado por Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala; y Sentencia Definitiva N° 151, del 11 de abril del 2025, emanada de un Colegiado de Sentencia.

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“Fácil y diáfanamente se constata que los casacionistas no han cumplido –ni por asomo- exigencia procedimental de autosuficiencia racional de agravios. No es atendible pretender análisis ante exposición subrepticia de argumentos contra el fallo de primera instancia, lo que se traduce en ausencias insanables de exposiciones de motivos”, resalta parte del voto del ministro César Garay para declarar inadmisible el recurso.

El suboficial de Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva fue sentenciado a 24 años de pena privativa de libertad, tras ser declarado autor material del asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido durante el atropello de la Policía Nacional a la céntrica sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la madrugada del 1 de abril de 2017.

Condena por crimen de Rodrigo Quintana

Por unanimidad, el 11 de abril de 2025 el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre declaró probada la acusación presentada por el fiscal Hernán Galeano, que en juicio representó el Ministerio Pública en forma conjunta con su colega Marlene González.

El ingreso policial al local partidario se dio luego del incendio de la sede del Congreso Nacional, en el marco de las protestas en contra del proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección de Horacio Cartes como presidente de la República.

La presidenta del Tribunal destacó el daño observado a la puerta del local partidario, lo cual coincide con el el testimonio de Diego Armando Garcete, amigo de Rodrigo Quintana, quien relató que estuvo sosteniendo la puerta para ingresar al local partidario.

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El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa, pero el 17 de noviembre del año pasado el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro resolvió, por unanimidad, confirmar la sentencia dictada en juicio oral.

Policía condenado por homicidio doloso agravado

Al dar a conocer la sentencia, la presidenta del Tribunal destacó el daño observado a la puerta del local partidario, lo cual coincide con el el testimonio de Diego Armando Garcete, amigo de Rodrigo Quintana, quien relató que estuvo sosteniendo la puerta para ingresar al local partidario.

Rodrigo Quintana recibió nueve densidades metálicas que provocaron su muerte, “paro cardio respiratorio por asfixia mecánica por neumotórax bilateral y meoneumotórax bilateral por heridas de fuego, munición múltiple”, de acuerdo a los resultados de la autopsia firmada por los médicos forenses Dr. Hugo Lachi y el Dr. Pablo Lemir.

Además, la jueza Lourdes Garcete resaltó que en el juicio oral quedó probado, con “absoluta claridad”, la responsabilidad del suboficial Gustavo Florentín en el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

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Como agravante, se tuvo en cuenta el incumplimiento de las reglas previstas en propio reglamento de la Policía Nacional y en este caso específico, también se consideró las especializaciones que el acusado tenía sobre el manejo de disturbios.

Gustavo Florentín no tenía orden para participar del operativo

Otro punto destacado por la titular del Tribunal es que Gustavo Florentín no tenía ninguna orden escrita para participar del operativo, pero sus jefes estaban en conocimiento de que formó parte del pelotón policial. Tampoco tenía orden de retiro de arma.

“Gustavo Florentín dejó la sede de la Comandancia, desconocemos por orden de quién”, expresó la jueza Garcete, al explicar que no se aclaró cómo fue que el acusado integró el pelotón policial que atropelló la sede del PLRA.

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El 1 de abril de 2017 a las 00:33 el suboficial Gustavo Florentín junto a otros colegas llegaron a la sede del PLRA, ingresaron tras violentar la puerta del local, donde estaba un grupo de personas.

La magistrada explicó que cinco armas que utilizaron los policías fueron sometidas a análisis físico químico y que del resultado de dichos estudios, se descartó que el suboficial Arnaldo Báez haya disparado la bala que acabó con la vida de Rodrigo Quintana tal como sostuvo la defensa, ya que su escopeta tenía balines de goma.

Derlis León, gerente de Salud del IPS había asegurado que esta modalidad permitirá a los asegurados recibir atención médica mediante videollamadas en tiempo real, eliminando la necesidad de traslados innecesarios y optimizando el tiempo de espera.

La iniciativa, desarrollada con el soporte técnico de Copaco, tiene como objetivo principal brindar un seguimiento continuo a pacientes con diabetes, hipertensión y otras patologías crónicas de alta prevalencia.

Capacitación intensiva y operativa

Los profesionales seleccionados, especialistas en Clínica Médica y Medicina Familiar, iniciaron esta mañana un programa de 72 horas de formación. El entrenamiento abarca:

• Competencias técnicas: Manejo de la plataforma de teleconsultas.
• Protocolos clínicos: Actualización en el manejo de enfermedades crónicas y prescripción electrónica.
• Procesos asistenciales: Organización de las cabinas equipadas para la atención remota.

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El gerente de Salud del IPS indicó que tras finalizar esta etapa teórica y las prácticas supervisadas, el servicio tiene previsto comenzar las atenciones durante las primeras semanas de julio. El Hospital Virtual operará de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

Hospital Virtual y los beneficios para el asegurado

León destacó que la primera población objetivo serán asegurados de 55 años en adelante que ya están empadronados por sus condiciones de salud. Con esta implementación se busca:

1. Continuidad en medicamentos: Facilitar la renovación periódica de protocolos sin acudir presencialmente cada seis meses.
2. Gestión eficiente: La prescripción de fármacos será electrónica, permitiendo su retiro en el centro asistencial más cercano al domicilio del paciente.
3. Descongestionamiento: Al trasladar el seguimiento crónico a la modalidad virtual, se libera capacidad operativa en los hospitales físicos para atender urgencias y otras necesidades presenciales.

Una vez que el sistema alcance su plena operatividad, el IPS estima realizar entre 10.000 y 13.000 consultas mensuales. Para acceder a este servicio, León anunció que el IPS contactará directamente a los asegurados mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas para explicar el funcionamiento y obtener su consentimiento.

Según datos de la DMH, en Asunción al igual que Saltos del Guairá se espera una mínima de 10 °C, mientras que ambas máximas se sitúan en 22 °C.

Por otra parte, en otras localidades se espera más frío con mínimas por debajo de los 10 °C:

• 7 °C: Caazapá y Encarnación.
• 8 °C: Villarrica, Coronel Oviedo, San Juan Bautista, Ciudad del Este y Pilar.
• 9 °C: Caacupé y Paraguarí.

Miércoles con neblina

Otro punto que se detalla en el pronóstico extendido es que prácticamente a nivel país se espera neblina durante las primeras horas de la mañana, pero ya en horas de la tarde se espera un ambiente más cálido con vientos variables.

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El cierre vial coincidió con el horario de salida de colegios ubicados en la zona, como el María Auxiliadora, en Herrera y Tacuarí. Cientos de vehículos que intentaban ingresar al microcentro quedaron atrapados en un embotellamiento con filas desde la avenida Perú.

¿Por qué cierran constantemente Azara?

El corte responde a los trabajos de pavimentación hidráulica que la comuna realiza como parte del denominado Plan Asu 400 cuadras. Este programa consiste en un rejuntado de proyectos “reciclados” de la gestión anterior que no se habían ejecutado.

Las obras son parte del contrato de mejoramiento vial identificado bajo el ID 421.591 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las firmas adjudicadas bajo la modalidad de contrato abierto son Constructora Feldmann SA y Covipa SA, por G. 9.000 millones cada una.

Los proyectos viales debían financiarse con parte de los bonos G7 (2021), emitidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Dichos recursos debían ser destinados originalmente a la modernización de la Estación de Buses. A más de 5 años de la emisión de esos bonos, las cuentas donde debía estar el dinero ni siquiera aparecen en los balances de la comuna.

Tránsito en Asunción: desvíos improvisados y falta de información oficial

La nula difusión previa y la total falta de información oficial hicieron que los automovilistas se toparan con el desastre de frente. Sin avisos, los conductores quedaron atrapados en el embotellamiento sin posibilidad de buscar vías alternativas de desvío.

Alrededor de las 12:30 de este mediodía, el colapso del tránsito ya afectaba de forma directa a las vías paralelas a Azara. Calles neurálgicas como Mariscal Estigarribia, Eligio Ayala y Teodoro S. Mongelós se convirtieron también en trampas vehiculares.

La crisis se agravó debido a la ausencia total de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para ordenar la circulación. El acceso al microcentro se convirtió en una selva donde primó la ley del más fuerte frente a colectivos.

La situación de descontrol y el embotellamiento generalizado en los puntos más conflictivos se mantuvieron por el lapso de una hora. El calvario para los conductores cesó parcialmente alrededor de las 13:00, cuando se habilitó media calzada.

El mapa del caos en el microcentro: los antecedentes de la calle Azara

Este escenario repite exactamente el descalabro del pasado 20 de mayo, cuando la comuna clausuró sorpresivamente el tramo entre Caballero e Iturbe. En aquella oportunidad, la falta de comunicación previa forzó desvíos caóticos en pleno centro histórico.

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Asimismo, apenas cinco días después, el 25 de mayo, el microcentro volvió a colapsar por bloqueos intermitentes a la altura de la calle Antequera. El retiro de escombros obligó a colectivos a desviar por Presidente Franco, donde quedaron varados.

Actualmente, la empresa estatal eléctrica procesa las sugerencias que recabó en la audiencia pública del 1 de junio. “Estamos en la fase de trabajar los aportes al borrador del pliego con el Banco Mundial y sus consultores en este mismo momento”, detalló Escudero.

Cabe recordar que durante la audiencia pública participaron más de 380 representantes nacionales e internacionales de empresas, consultoras, inversionistas y actores del sector energético interesados en el proyecto y medios de comunicación. En la ocasión fueron presentados los aspectos técnicos, financieros, comerciales, legales, ambientales y contractuales contemplados en el pliego, además de los requisitos de experiencia, capacidad financiera y criterios de evaluación y desempate que deberán cumplir los oferentes.

ANDE envía a Contrataciones pliego de bases para la primera gran licitación solar: 140 MW

Ante la incertidumbre sobre el calendario definitivo de este megaproyecto, el director de Planificación señaló que esperan poder hacer el llamado en el segundo semestre del año. “Sí, le corresponde a la ANDE llamar. Ojalá lo podamos hacer en este segundo semestre”, insistió.

Este plan piloto contempla una inyección de 140 MW en Loma Plata, departamento de Boquerón. La cifra es significativa, porque equivale prácticamente al 64% de la capacidad operativa que hoy tiene la central hidroeléctrica Acaray.

El pliego exigirá la construcción integral del parque, el montaje de una línea de transmisión de 220 kV. de 7 kilómetros, y la ampliación de la Subestación Loma Plata, punto donde la energía ingresará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Blindaje de tierras y nuevo modelo tarifario

Para evitar los clásicos contratiempos de expropiaciones que encarecen las obras del Estado, la ANDE aseguró el terreno. La institución firmó un contrato de arrendamiento por 30 años con una cooperativa menonita, asegurando 200 hectáreas estratégicas a solo 5 kilómetros de la subestación.

Asimismo, el pliego de bases no evaluará las propuestas en función a la tarifa de costo medio de la ANDE, sino mediante un precio de referencia máximo, calculado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, había aclarado que este tope contemplará el costo de la tecnología y la tasa de retorno exigida por el sector privado. “En cada licitación va a tener un precio de referencia diferente”, anunció.

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Energía comercial recién para el 2029

Si la institución logra superar sus propios tiempos burocráticos y adjudica la obra antes de fin de año, el montaje en la Región Occidental tomará unos 24 meses. Estiman que la fase de construcción abarcará íntegramente los años 2027 y 2028.

Con esos plazos, la planta solar fotovoltaica empezará a inyectar energía comercial al Paraguay recién a partir del 2029, poniendo a prueba el comportamiento de todo el tendido eléctrico chaqueño.

La administración actual planea usar este parque como un gran laboratorio de ensayo técnico. Según adelantó Sosa, la institución no esperará su conclusión para ir avanzando en otros proyectos similares: “No vamos a esperar que entre en operación esta planta, vamos a comenzar a licitar en serie”, prometió.

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Para evitar el desabastecimiento y acompañar la reconversión del mercado, el plan maestro que presentó la ANDE recientemente contempla la convocatoria a licitaciones anuales, sucesivas. Los objetivos técnicos establecidos en las proyecciones institucionales prevén la incorporación progresiva de un promedio de 800 MW (equivalentes a casi cuatro veces la capacidad de la Central Acaray) de generación fotovoltaica por año, un volumen que combina plantas de energía solar y sistemas de almacenamiento por baterías.

Otra bofetada de Esteban Samaniego: Ahora quiere “nepo ruta” con nombre de su padre

La postergación fue un pedido del propio proyectista, el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) quien busca que el citado tramo lleve el nombre de su progenitor, el exsenador 1999-2003 Esteban Samaniego Alemán, asesinado en 2006.

Este llegó a la Cámara Alta en 1999 siendo suplente de la ANR tras el arresto de varios parlamentarios oviedistas procesados luego del “Marzo paraguayo”. El proyectista dijo hoy que pedía la postergación ante la necesidad de contar con los dictámenes correspondientes.

Dicho proyecto, llamativamente, se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria.

Pese al conflicto de intereses, el único proyectista es el polémico diputado Samaniego, que registra un total de cuatro pedidos de desafuero cajoneados en Cámara Baja, el más antiguo de ellos data de 2019.

El padre del legislador había sido asesinado el 8 de noviembre de 2006 en un ataque a tiros en su estancia por trasfondos políticos, según determinó un Tribunal en el juicio en el que fue condenado el atacante Héctor Lugo Villalba.

Samaniego Alemán fue durante mucho tiempo activista y presidente de la seccional 11 de la capital, y cercano al expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Samaniego Alemán, en julio de 2006, ya se había salvado de un atentado en el que los sicarios fallaron dejando como evidencias varios impactos de bala en la pared de la casa de Samaniego, situada en la zona del distrito de Quyquyhó.

Samaniego Alemán reconocía públicamente que estaba en la mira de importantes políticos que buscaban ultimarlo por el enfoque que daba a sus comentarios radiales.

Por su parte, Esteban Samaniego tiene pendiente un pedido de desafuero para poder ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era intendente de Quyquyhó, proceso en el cual están en puertas de ir a juicio su esposa, la también exintendenta Patricia Corvalán, y otros familiares del legislador.

A esto hay que sumarle otros tres casos por presunta agresión física y atropello de la residencia, el más antiguo ya data de 2019, siendo apañado por sus colegas durante dos períodos legislativos distintos.

El precio de referencia de la convocatoria asciende a G. 355.160 millones (más de US$ 59 millones al tipo de cambio actual). Las consultas podrán realizarse de manera virtual a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta el 30 de junio de 2026, a las 12:00. En tanto, la recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el 6 de julio de 2026, a las 09:00 y 09:30, respectivamente, en el Edificio Central del MOPC.

El financiamiento del proyecto, un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue promulgado en noviembre de 2019. Sin embargo, pese a que transcurrieron más de seis años desde su aprobación, recién ahora la institución licitó la construcción de las viviendas. Mientras tanto, el Estado ya enfrenta el pago de intereses por el empréstito.

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Viviendas sostenibles en un predio rellenado en el Bañado Sur

Las viviendas deberán construirse en un terreno de 66 hectáreas que fue refulado (rellenado) en el marco del proyecto Costanera Sur. No obstante, hasta la fecha solo se contrataron millonarias consultorías, cuya utilidad fue cuestionada, aunque el MOPC sostuvo que su contratación responde a las “políticas del BID”.

Al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para consultorías relacionadas con diseño, estudios de impacto ambiental, comunicación y apoyo técnico y logístico.

En cuanto a las obras propiamente dichas, hasta ahora solo se adjudicaron los trabajos correspondientes a los equipamientos públicos y comunitarios que actualmente se construyen en el predio rellenado de la Costanera Sur.

Estas obras, adjudicadas en febrero del año pasado, están a cargo del Consorcio TYCIV II S.A., integrado por Topografía y Caminos S.A. y Constructora Isacio Vallejos S.A., por un monto de G. 181.498.015.121 (equivalentes a más de US$ 30 millones al tipo de cambio actual), bajo la representación de Francisco Griñó.

La empresa ejecuta trabajos viales que incluyen la conformación de calles, veredas y bicisendas, además del movimiento de suelo en las manzanas. También desarrolló obras de infraestructura eléctrica, como redes y alumbrado público. En paralelo, avanzó con la colocación de adoquines y se prevé el inicio del pavimento de hormigón en las avenidas circunvalatorias del nuevo barrio, con el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad del área.

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Asimismo, se ejecutan obras del sistema sanitario y de desagüe, que incluyen alcantarillado, cañerías, registros y estaciones de bombeo, componentes considerados clave para la posterior construcción de las viviendas y de la infraestructura pública del barrio.

Hoy se realizó una visita técnica en el marco de la nueva licitación

Técnicos del MOPC coordinaron este martes la visita técnica correspondiente al llamado en curso para la construcción de viviendas sociales en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú. La actividad reunió a representantes de empresas interesadas en participar del proceso y constituye un paso previo para avanzar en la futura edificación de unas 2.500 viviendas en una zona no inundable y con infraestructura básica completa.

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Durante el recorrido, las empresas conocieron en detalle el área donde se ubicarán las viviendas y observaron el avance de la infraestructura urbana actualmente en ejecución. Además, se interiorizaron sobre aspectos relacionados con la logística de la obra, los accesos, la ubicación de los lotes y demás condiciones técnicas necesarias para la presentación de sus ofertas.

Según el MOPC, la alta participación registrada refleja el interés del sector constructor en formar parte de una de las intervenciones urbanas y sociales más relevantes que impulsa actualmente el Gobierno, orientada a brindar soluciones habitacionales definitivas a familias históricamente expuestas a condiciones de vulnerabilidad e inundaciones.

Las futuras viviendas sociales estarán integradas a un barrio planificado, dotado de calles, servicios básicos, sistemas sanitarios, espacios públicos y equipamientos comunitarios, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida a sus futuros habitantes.

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La iniciativa, conversada esta mañana durante la sesión del Consejo, busca articular alianzas con empresas privadas que tienen contratos vigentes con la previsional, con el fin de transformar espacios que, históricamente, han sido foco de incontables quejas por parte de los asegurados debido a sus condiciones precarias e inhumanas.

Albergues del IPS: un espacio de dolor olvidado

Durante décadas, los familiares de pacientes internados en el Hospital Central y otros centros del IPS han convivido con la indignación y la impotencia.

Los testimonios de los asegurados sobre estos espacios —destinados a quienes esperan noticias de sus seres queridos o acompañan tratamientos de larga duración— han sido una constante histórica: falta de higiene, ausencia de mobiliario básico, hacinamiento y una total deshumanización del entorno.

La improvisación, producto de la falta de una planificación presupuestaria adecuada, convirtió a estos lugares en un reflejo del descuido institucional. Ante esta realidad, el presidente del IPS reconoció que es imperativo dar un trato “más digno, más humano y más sensibilizado” a quienes atraviesan el momento más difícil de sus vidas.

La propuesta: padrinazgo como modelo de gestión

La estrategia planteada por el Consejo consiste en invitar a las empresas proveedoras de la institución a sumarse como “padrinos” de los albergues, bajo un esquema de responsabilidad social. La idea es que estas firmas aporten los recursos necesarios para reacondicionar los espacios mediante convenios, sin que esto signifique comprometer a la institución en acuerdos comerciales irregulares.

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“Hay demasiadas empresas que tienen trabajos acá y permanentemente están utilizando los recursos del IPS; están ganando mucha plata con la institución. Plantearía tener un padrinazgo para los albergues e iniciar como un plan piloto”, fue el planteamiento que realizó la consejera Mirtha Arias, representante de los trabajadores aportantes del ente.

Buscan eliminar parches con presupuesto

El Consejo enfatizó que, aunque el padrinazgo busca una solución inmediata y práctica para mejorar la infraestructura, el desafío de fondo sigue siendo la inclusión de estas necesidades en el presupuesto institucional para el 2027. La meta es dejar atrás los “parches” temporales y garantizar que la dignidad del asegurado y su entorno familiar deje de ser una deuda pendiente en el IPS.

El tema generó un consenso unánime sobre la urgencia de humanizar la atención. “Hay que presupuestar para el año que viene para que los familiares tengan un lugar más digno. La improvisación hizo que no estén en las condiciones adecuadas”, expresó Fretes.

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Se decidió en sesión que el plan piloto se pondrá en marcha tras la socialización de la propuesta con las cámaras farmacéuticas y de proveedores.

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“Su pensamiento y acción representaron un aporte fundamental en la defensa de la igualdad, la educación y los derechos civiles de las mujeres paraguayas”, dijo la diputada cartista Cristina Villalba en representación de la Comisión de Presupuesto.

El inmueble, ubicado sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico; sin embargo, se encuentra en ruinas a merced de indigentes que lo utilizan como refugio.

La creación de la comisión interinstitucional permitirá articular esfuerzos entre organismos del Estado, gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la preservación patrimonial y a la promoción de los derechos de las mujeres.

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El proyecto establece que la comisión nacional de restauración estará integrada por representantes de varias instituciones que durarán en sus funciones un año.

El inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS), sin embargo nunca se preservó adecuadamente.

Tras la aprobación, por unanimidad, el documento fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.

Agentes de la Comisaría 10ma Central lograron detener a la primera, pero aún buscan dar con Liz Flor.

La orden de la fiscala se basa en videos subidos por las propias procesadas en sus cuentas de la red social Tik Tok donde se las ve bailando en la calle, detrás de un auto al ritmo de la conocida canción “Dança do Créu” de MC Créu.

En el material audivisual se ve como ambas mujeres se bajan parte de los pantalones y muestran las nalgas al aire.

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En Paraguay, el exhibicionismo está tipificado en el Artículo 132 del Código Penal Paraguayo.

La legislación castiga los actos obscenos que ofendan el pudor de manera que inquieten o agravien de forma relevante a terceros.

“Artículo 132.- Actos exhibicionistas. 1°.- El que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 2°.- Se podrá prescindir de la ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo. Será aplicable, en lo pertinente, el articulo 49”, indica el citado artículo de la legislación paraguaya.

Según trascendió, el acto de exhibicionismo se realizó sobre la Ruta PY03 en Mariano Roque Alonso.

El fiscal Osvaldo Zaracho, titular de la Unidad Especializada N° 3 en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando de Alto Paraná, lideró tres allanamientos este lunes 15 de junio, tras una investigación que pone en foco la salud pública y la propiedad intelectual.

Los operativos, autorizados por la jueza penal de garantías Teresita Cazal, contaron con el despliegue de personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y técnicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

En la primera intervención, realizada en una vivienda de Hernandarias, la comitiva incautó insumos de alta peligrosidad, entre ellos:

• Veltrane Retatrutide y Tirzepatide (20 mg).
• Lyophilized Peptides.
• Agua bacteriostática y otros componentes utilizados para la elaboración clandestina de fármacos.

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Posteriormente, la comitiva se trasladó a la clínica Bionova, ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Allí se hallaron diversos kits destinados a tratamientos de inmunidad, hipertrofia muscular, alopecia androgenética, menopausia y estética.

Entre las sustancias confiscadas destacan vitamina C, vitamina D3, DMSO al 99,9 %, MSM y cloruro de sodio, además de bolsas con medicamentos halladas en la vía pública frente al local. Un tercer allanamiento en otra residencia de la capital del Alto Paraná resultó negativo.

Origen de la investigación

El caso se originó el pasado 9 de junio, cuando fue detenido un joven de 21 años en la intersección de las avenidas Monseñor Rodríguez y Del Lago. En aquella ocasión, fueron confiscados 720 frascos del producto T.G. 15 (Tirzepatida), el cual carecía de cualquier documentación legal que acreditara su origen.

El detenido fue imputado formalmente por presunta violación de derechos de marcas, en virtud de lo dispuesto en la Ley n.° 3440/08.

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El fiscal Zaracho confirmó que, con el objetivo de profundizar las diligencias, solicitará informes técnicos y periciales a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a Dinavisa y al Ministerio de Salud.

Estas instituciones deberán determinar el alcance del daño sanitario y la trazabilidad de los productos incautados, fundamentales para avanzar en la causa contra los responsables de este esquema de contrabando y falsificación.

La convocatoria fue formalizada por el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Gustavo Bernal, y el acto oficial de proclamación incluirá la entrega de títulos habilitantes.

Puntualmente se hará entrega de los títulos al Presidente entrante del PLRA, el intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, el vicepresidente primero el diputado Antonio Buzarquis; y la vicepresidenta segunda, Julia Rivas así como los miembros del Directorio Nacional y departamental del periodo 2026 -2031.

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El titular saliente de la agrupación es Hugo Fleitas, electo como chapa de Efraín Alegre en 2021 en la renovación de autoridades partidarias. Fleitas asumió el mando tras la destitución de Alegre en agosto de 2023, por la Convención Liberal, en represalia por su tercera derrota electoral como candidato a la Presidencia de la República en 2013, 2018 y 2023.

Con esto se inicia el periodo hegemónico del líder del movimiento Nuevo Liberalismo, el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia.

Su sector ganó la presidencia del PLRA; 19 de 30 lugares en el Directorio Nacional y la presidencia de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) así como en la mayoría de las candidaturas a la intendencia con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Solo resta que el TEI divulgue los resultados sobre los 585 miembros electos de la Convención del PLRA, máxima instancia partidaria que refrenda las propuestas de líneas políticas y alianzas electorales con miras a las elecciones generales y presidenciales.

Según la denuncia, los delincuentes se hicieron pasar por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para obligar al conductor, Douglas Martínez Medeiros, a detener la marcha del vehículo.

Acto seguido, anunciaron el asalto y, a punta de armas, redujeron a Martínez y a sus acompañantes, Ángel Samuel Martínez y Matías de Jesús Colmán, a quienes obligaron a subir al vehículo utilizado por los autores.

Los malvivientes se apoderaron de tres conservadoras y unas 35 cajas de mercaderías que contenían productos anabólicos. Posteriormente, abandonaron a las víctimas con el vehículo en la zona del Área 8.

Asaltados a pocas cuadras de la empresa

Uno de los empleados de la firma, Fredy Gregorio Prieto Gayoso, indicó que los asaltantes interceptaron el rodado poco después de su salida del centro de distribución, ubicado en inmediaciones del Lago de la República.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 1ª y también intervino el personal técnico de la Policía Nacional para iniciar la investigación.

“Estamos en un momento histórico en el IPS, un presidente que por fin sale a ver la realidad de su institución. Lastimosamente, siguen dos consejos cómplices de todo lo que ocurrió anteriormente, empotrados en sus cargos y cobrando sus millonarios haberes sin salir de sus oficinas”, dijo Vallejo en referencia a los consejeros representantes de los aportantes y jubilados.

Agregó que ambos consejeros, con sus votos, apañaron todas las desprolijidades encabezadas por Jorge Brítez, por lo tanto también deben irse.

El pedido de destitución ya lo había formalizado mediante nota al Presidente Santiago Peña la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.

Los jubilados habían solicitado la destitución de Emilio Argaña y José Jara Rojas, al considerar que ya no representan los intereses de los aportantes y jubilados.

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“El doctor Fretes está desnudando lo que hace mucho tiempo nosotros denunciábamos. Las condiciones deplorables de la institución, los malos servicios a los asegurados. También lo que reclama el personal de blanco, la gente que trabaja en condiciones lamentables”, dijo Vallejo.

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La parlamentaria lamentó también que en la Cámara de Senadores quedó paralizado el proyecto de ley que declara en emergencia la previsional y, de esa manera, agilizar las compras de medicamentos e insumos que ya tiene media sanción de Diputados.

“Es una pena que en el Senado se quede durmiendo el proyecto de ley para simplificar las compras del IPS. Es un excelente proyecto que aprobamos, pero está paralizado”, dijo Rocío Vallejo.