Desde el INE aclararon que las encuestas de hogares son herramientas permanentes y fundamentales para medir la realidad socioeconómica del Paraguay, por lo que instan a la población a no caer en engaños y a conocer las medidas de seguridad vigentes para recibir a los encuestadores con total tranquilidad.

https://www.abc.com.py/nacionales/2026/07/13/ine-inicia-la-encuesta-permanente-de-hogares-como-identificar-a-los-funcionarios/

Para evitar que personas extrañas o malintencionadas utilicen el nombre de la institución con fines delictivos, el INE recordó que todos sus trabajadores en campo cumplen con un protocolo de identificación visual y digital.

Los encuestadores visten un chaleco gris que lleva bordado el logotipo oficial del Instituto Nacional de Estadística. Portan una credencial colgada al cuello con la firma del director nacional. Esta tarjeta incluye un código QR que el ciudadano puede escanear con su celular para ingresar directamente a la web institucional y confirmar que esa persona trabaja allí.

Al llegar a una vivienda seleccionada, los técnicos entregan una nota física firmada por el director nacional de la institución, donde se explica el objetivo de la encuesta y figura el nombre específico del encuestador asignado. Asimismo, toda la papelería y carpetas utilizadas en las entrevistas llevan los sellos del INE de forma clara.

El INE aclaró que sus encuestadores bajo ninguna circunstancia toman fotografías a los ciudadanos, a sus documentos de identidad o a las fachadas de sus viviendas. Tampoco solicitan firmas de huellas dactilares ni ningún otro dato biométrico. Si alguien le pide esto, no es personal del INE.

Las dos encuestas que están activas en las calles

Actualmente, los técnicos del INE se encuentran desplegados realizando dos estudios de gran importancia nacional.

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El primero es la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que se realiza durante todo el año. No es un censo general (que se hace cada 10 años a todo el país), sino una encuesta por muestreo que abarca a unas 21.000 viviendas seleccionadas al año de forma aleatoria. Sirve para medir trimestralmente el desempleo, el trabajo informal, los ingresos de las familias y la subocupación.

Por otro lado, se realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025-2026. Es un operativo especial que se ejecuta actualmente en Asunción y el departamento Central. Los datos recopilados servirán al Banco Central del Paraguay (BCP) para actualizar la “canasta básica” con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se mide la inflación en el país.

INE tiene canales de verificación y resguardo legal

Para dar mayor tranquilidad a los hogares, el INE mantiene una coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Todas las comisarías del país están informadas semanalmente sobre los barrios, distritos y cuadrantes donde trabajarán los encuestadores de la institución. Ante cualquier duda, los vecinos pueden llamar a la comisaría de su zona para verificar el operativo.

Asimismo, la ciudadanía puede corroborar la veracidad de las visitas y los nombres de los trabajadores a través de los canales de atención directa como la página web oficial, la línea telefónica (021) 729 5400. Además de contacto de WhatsApp 0986 800506.

Finalmente, el INE recordó que toda la información brindada por las familias paraguayas está estrictamente protegida por el secreto de confidencialidad estadística, bajo el amparo de la Ley N° 6670/2020.

Estos datos se procesan de forma anónima y global para diseñar políticas públicas de empleo y desarrollo social.

La reunión se desarrolló en el tinglado de la comunidad Atinguy, en el distrito de San Cosme y Damián, en el departamento de Itapúa.

Señalaron que los hurtos les ocasionan importantes perjuicios y que, en algunos casos, delincuentes ingresaron a una misma vivienda en más de cinco oportunidades. Asimismo, manifestaron su preocupación por la escasa respuesta policial para esclarecer los casos.

Además, solicitaron al comisario principal Hilario Godoy mayor equipamiento para el personal policial, una patrullera en condiciones y el aumento de la dotación de agentes. También pidieron una mayor presencia del Grupo Táctico Lince, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la comunidad, donde residen aproximadamente 600 familias.

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Compromiso de cambio

El comisario Godoy señaló que, lamentablemente, tuvo que trasladarse hasta la comunidad para escuchar de primera mano los reclamos de los pobladores.

Indicó que algunos vecinos solicitaron el cambio de los efectivos policiales asignados a la zona, una medida que consideró viable, al sostener que, cuando un comisario deja de contar con la confianza de la ciudadanía, resulta difícil desempeñar su labor con eficacia.

El jefe policial se comprometió a buscar renovar la totalidad del personal policial en el lugar y reforzar la dotación con más recursos humanos.

También afirmó que se gestionará la puesta en condiciones de la patrullera para dotar a los agentes de las herramientas necesarias que permitan garantizar una mayor seguridad a los pobladores.

Al respecto, precisó que los inyectables pueden tener más de 45 días de elaboración, ya que “los fabricantes no es que tenemos en estantería” para las entregas, mientras que también otros factores como los insumos importados pueden retrasar aún más el proceso.

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“Con una orden de compra, existe un plazo de entrega, pero ese plazo no siempre condice con lo que es el proceso de elaboración de medicamentos”, detalló.

Además sostuvo que tanto la previsional como el Ministerio de Salud “redujeron su compra” durante los últimos meses, por lo que los proveedores también ajustaron su nivel de producción, aunque esto “no se debe a un problema de falta de pagos”, sino, sería por cuestiones de coordinación.

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Regularización de medicamentos

En lo que refiere a la falta de medicamentos, Ávila precisó que de 120, unos 30 ya fueron regularizados entre el viernes y hoy, mientras que el resto “se seguirá cumpliendo dentro de esta semana” y la próxima.

“Dejamos en claro también que seguimos abiertos para trabajar en conjunto para que la población y los asegurados no sufran el desabastecimiento, pero necesitamos previsibilidad en cuanto a los requerimientos del IPS”, precisó.

Asimismo, detallo que existe una “buena apertura” por parte de la previsional y mediante una mesa de trabajo entre ambas partes se espera que se faciliten los requerimientos del IPS para los próximos 90 días, ya que actualmente se vive “el momento más crítico” ante muchas órdenes.

“Es muy importante trabajar a mediano y largo plazo; se entendió esa realidad. Pago y presupuesto no es un problema, seguimos trabajando para encontrar una salida al pago de la deuda, que con IPS es de 400 millones de dólares. Se comprometieron en enviarnos un plan de pago para los próximos meses; una cosa es la demanda, otra la rotación y otra es el stock de seguridad que le permita evitar estos quiebres”, concluyó.

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El tiroteo ocurrió en la rotonda Acevedo Cue, a la salida de la ciudad, cuando Cáceres y sus cómplices intentaron atropellar una barrera policial a bordo de una ambulancia.

Como antecedente, Cáceres Ojeda ya había sido detenido por varios casos de asaltos, uno de ellos en la mencionada ciudad, en la madrugada del 27 de enero del 2025, donde tomaron de rehenes a unos comerciantes.

En esa ocasión, quedó detenido en su intento de fuga y fue puesto a cargo del Ministerio Público, pero un Juzgado de la ciudad de Pilar benefició al uniformado con medidas alternativas a la prisión.

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Corona de flores de la Comandancia en velorio

Ahora se dio a conocer que en el velorio del asaltante se encontraba una corona de flores con inscripción de la Comandancia de la Policía Nacional, una situación que generó un rechazo entre un grupo de alberdeños y en las redes sociales.

Al respecto, desde la Comandancia de la Policía Nacional indicaron que la corona de rosas fue enviada por la empresa privada que maneja el seguro de vida de los uniformados, establecido por contrato.

Según las autoridades policiales, la propia familia del policía abatido solicitó el servicio fúnebre a través de dicho seguro – que además incluye un ataúd-, razón por la cual la corona de rosas con la frase “Comandancia de la Policía Nacional” estaba en el velatorio.

Sobre la situación procesal de Richard Cáceres Ojeda antes de su muerte, desde la Comandancia dijeron que el presunto “polibandi” no estaba condenado por la justicia, por lo cual su seguro de vida seguía vigente y se activó “de forma automática” tras el pedido de sus familiares.

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La legisladora aprovechó el acceso recuperado a su cuenta oficial de Instagram para hacer referencia a la tensa disputa que tuvo con el jugador Kylian Mbappé, que trascendió la esfera deportiva para convertirse en un conflicto diplomático internacional.

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El sugestivo “silencio” en Instagram

Amarilla compartió una publicación en su red social utilizando un formato de animación GIF en el que se observa a una niña pequeña haciendo un ademán con la mano, simulando el gesto de cerrar la boca con un cierre. A la imagen le sumó un texto simple pero directo: “España 2 Francia 0”.

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Este posteo es luego de que su cuenta fuera vulnerada y hackeada la semana pasada, justo en el momento más fuerte del escándalo internacional. Tras recuperar el control de su perfil el viernes pasado, Amarilla ya había advertido desafiante: “Avísenles a los franceses que pueden seguir molestando”, haciendo alusión a la lluvia de críticas y reportes que recibió de usuarios europeos.

El origen de un escándalo que dio la vuelta al mundo

El ensañamiento de la parlamentaria con el jugador Kylian Mbappé comenzó tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final del Mundial, donde Paraguay cayó dignamente por 1-0 ante Francia con un gol de penal convertido, precisamente, por Mbappé.

Molesta por la supuesta “prepotencia” del delantero, Amarilla utilizó sus redes para descargar una serie de descalificaciones con una fuerte carga discriminatoria y xenófoba. Entre sus expresiones más polémicas, catalogó al capitán francés de “camerunés colonizado, resentido y feo” y lanzó: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

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Las declaraciones de la senadora generó repudio generalizado en el viejo continente y en organismos multilaterales.

El propio futbolista rompió el silencio para responderle directamente a la legisladora, tratándola de “persona desagradable y que no representa al pueblo paraguayo”, lo que provocó que Amarilla le exigiera disculpas públicas bajo amenaza de una demanda judicial.

El primer allanamiento se realizó en la vivienda de Bárbara Riveros Arrúa, de 27 años, quien sería pareja sentimental de Ignacio Cubilla, interno que cumplía una condena de 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

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Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un aparato celular marca Nokia, modelo TA-1190, de color negro, activado a la línea Tigo, que será sometido a los análisis y pericias correspondientes para determinar si contiene información relacionada con la fuga.

La segunda vivienda allanada pertenece a Luci Natividad Villamayor Báez, de 26 años, también residente en la compañía San Juan Berchmans.

De este lugar fueron incautados dos aparatos celulares: uno de la marca Redmi Note 12, de color azul, con estuche rosado y activado a la línea Tigo; y otro equipo con un chip dentro del estuche, activado a la línea Personal.

Según los datos preliminares, la mujer también tendría relación con el entorno de la pareja sentimental de Cubilla, motivo por el cual se procedió al allanamiento de su vivienda.

Los investigadores consideran de suma importancia la incautación de estos aparatos celulares, debido a que los análisis y pericias podrían arrojar información relacionada con la fuga de los dos internos.

Ignacio Cubilla cumplía una condena por tráfico de drogas, mientras que Pascual Benítez estaba recluido por homicidio doloso. La Policía Nacional continúa con los trabajos de búsqueda y recaptura de ambos reclusos.

La incautación se realizó esta mañana durante un control de rutina efectuado por funcionarios de la Receita Federal, quienes interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes.

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Durante la inspección se constató que una de las pasajeras transportaba los teléfonos inteligentes ocultos junto a su cuerpo, debajo de la ropa. La mujer llevaba un amplio vestido largo y, cuando fue obligada a descender del vehículo, comenzó a caminar de manera extraña.

Al ser cateada, se comprobó que debajo del vestido llevaba un pantalón ajustado tipo calza, en el que ocultaba los teléfonos celulares de alta gama. Otros dos pasajeros también transportaban mercaderías ingresadas irregularmente a Brasil, presuntamente desde Paraguay.

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Tras ser descubiertos con la carga ilegal, confesaron que las mercaderías serían trasladadas hasta el municipio de Cascavel, en el estado de Paraná.

Las mercaderías incautadas fueron trasladadas a la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú para los procedimientos legales correspondientes.

Según relataron los afectados, el conductor se negó a aceptar las monedas como importe del pasaje. Ante la situación, decidieron bajar nuevamente del colectivo y grabar un video para dejar constancia de lo ocurrido.

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En la filmación, los pasajeros cuestionan la actitud del chofer y sostienen que no pretendían viajar sin pagar. Además, recordaron que las monedas de G. 100 y G. 500 tienen curso legal y son aceptadas en comercios.

“Ñaimo’a ko rojupi rei mba’e (como si nos fuéramos a subir gratis). Ndenteko la recrea problema -vos nomás sos el que creas problemas-”, reclama una de las pasajeras en el video. También le reprocha al conductor que la propia empresa suele entregar monedas como vuelto.

Los usuarios lamentaron el episodio y manifestaron que acudirían a una comisaría cercana para denunciar formalmente lo sucedido, al considerar que el conductor no podía rechazar el dinero presentado para el pago del servicio.

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Consultado sobre el caso, el propietario de la empresa de transporte, Óscar Castillo, aseguró que la firma no tiene inconvenientes en recibir monedas como parte del pago del pasaje.

“Nosotros no tenemos problema en recibir monedas. El problema fue que el señor que se subió tiró las monedas. Eso nos dijo el chofer, pero nosotros no tenemos problema”, expresó el empresario al ser consultado sobre la denuncia realizada por los pasajeros.

En la ocasión, se analizaron las principales dificultades que afectan a supermercados, comercios e inversionistas en Asunción.

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Los representantes de CAPASU señalaron la necesidad de avanzar hacia una administración municipal más ordenada, eficiente y previsible.

Entre los principales desafíos mencionaron la falta de claridad en las normas, las jurisdicciones y los mecanismos de control, así como la limitada capacidad institucional para responder de manera oportuna a las necesidades del sector privado.

También plantearon la importancia de contar con una atención especializada para los grandes contribuyentes, mediante la creación de una oficina destinada a acompañar, coordinar y agilizar los trámites municipales.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de generar mejores condiciones para incentivar la apertura de supermercados y otros negocios en Asunción.

Ni obras y menos fumigación, en la actualidad

Los participantes manifestaron su preocupación por la escasa previsibilidad para la realización de inversiones y obras, la falta de garantías jurídicas y las deficiencias en la prestación de determinados servicios municipales.

En particular, señalaron que el servicio de recolección de residuos no es confiable ni constante y destacaron la necesidad de reformar y mejorar los servicios de fumigación.

Sole prometió trabajar con transparencia y gestión

Por su parte, Soledad Nuñez asumió el compromiso de construir una Municipalidad confiable, moderna, eficiente y profesional, que coloque a la ciudadanía en el centro de su gestión.

En ese sentido, expresó que una de sus prioridades será simplificar y agilizar los trámites, reducir la burocracia y brindar respuestas claras y oportunas.

Asimismo, propuso la conformación de una mesa de trabajo permanente con el sector privado, orientada a proteger y fomentar las inversiones, promover la creación de empleos y avanzar hacia una ciudad más competitiva.

También planteó la creación de una Agencia de Inversiones que acompañe a emprendedores, empresarios e inversionistas, facilite los procesos administrativos y contribuya al desarrollo económico de Asunción.

El encuentro reafirma el compromiso de Soledad Nuñez de mejorar la relación entre la Municipalidad y el sector privado, fortalecer los servicios municipales y generar un entorno favorable para las inversiones, el empleo y el crecimiento de la ciudad.

Nancy Cañiza, funcionaria del hogar, señaló que desde este martes reanudaron la manifestación pacífica con el objetivo de exigir el pago de los haberes adeudados. Indicó que solicitaron información a la administración del Hogar de Ancianos, actualmente a cargo del concejal municipal Víctor Espíndola (ANR-HC), así como a representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del Gobierno departamental.

Sin embargo, afirmó que no obtuvieron ningún tipo de respuesta, situación que motivó la decisión de retomar la medida de fuerza.

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La EBY realizaba aportes económicos para el funcionamiento del Hogar de Ancianos y para cubrir el pago de los salarios de las funcionarias. Según informaciones brindadas en su momento por Yacyretá, las transferencias fueron suspendidas debido a la crisis económica heredada de la administración anterior.

Posteriormente, se anunció la intención de suscribir un convenio con la Gobernación de Misiones para agilizar las gestiones relacionadas con las transferencias de recursos.

Situación delicada

En otro momento, Cañiza manifestó que la situación que atraviesan ya no da para más. Explicó que los créditos en las casas comerciales, que les permitían acceder a víveres para alimentar a sus familias, fueron suspendidos.

“Necesitamos nuestra plata; esta situación es insostenible. Queremos que las autoridades nos den una solución. Incluso pedimos la presencia del Ministerio de Trabajo para que intervenga y se encuentre una salida a nuestros reclamos”.

Firma de convenio

Por su parte, Víctor Espíndola señaló que el próximo jueves se desarrollará una reunión del comité de Yacyretá, ocasión en la que se prevé que el director argentino de la EBY, Diego Luis Adúriz, firme el convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá y la Municipalidad de Ayolas.

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El acuerdo permitirá garantizar recursos para todo el 2026. La transferencia se realizará en dos etapas: la primera, correspondiente a los primeros seis meses, se ejecutará una vez concretada la firma del convenio. Posteriormente, tras la presentación de las rendiciones de cuentas, se realizará el segundo desembolso. El Hogar necesita G. 22.050.000 mensuales para cubrir el pago de salarios de sus funcionarios.

Para cubrir la deuda correspondiente al 2025, equivalente a aproximadamente ocho meses de salarios, se recurrirá a una colecta solidaria. Para ello, desde hace aproximadamente 15 días se viene trabajando con padrinos y personas que formaron parte de la fundación del Hogar.

La actividad se llevará a cabo los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026. Además, existe un pedido de aporte presentado a la Gobernación de Misiones y se aguarda una respuesta para cubrir la deuda del año pasado.

El lema elegido para esta ocasión es “Llamados a cultivar la esperanza vocacional”. Durante la celebración eucarística que dio inicio al encuentro, monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, tuvo a su cargo la homilía. “Debemos re-encantarnos de nuestra vocación para poder dar ese paso de motivarles a tantos jóvenes con inquietudes vocacionales que vale la pena entregar la vida por los demás”, dijo a los presentes.

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Agregó que están llamados a pasar del lamento pasivo al acompañamiento creativo y audaz, “como las distintas experiencias que ya se ha iniciado en la Conferpar, como el acompañamiento a los Pueblos Indígenas y campesinos en Marina Cue, donde el Estado no está presente, como la comunidad intercongregacional en Bahía Negra”, remarcó.

Religiosos del Paraguay: la realidad que “desafía”

“¿Cómo vivo hoy la llamada de Dios ante la realidad que nos desafía?“, es una de las preguntas que intentarán responder en una actividad prevista para este miércoles 15 de julio.

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“Iniciamos este trayecto con un espíritu profundamente sinodal, sabiendo que la tarea de hacer germinar el llamado de Dios no pertenece a unos pocos, sino que es una misión de toda la comunidad eclesial”, dijo sobre el tema, durante su mensaje de bienvenida monseñor Gabriel Escobar.

La eucaristía de este miércoles será presidida por el cardenal Adalberto Martínez Flores, a partir de las 18:00.

El encuentro se cerrará este jueves, al mediodía, con la eucaristía de clausura, presidida por Mons. Vincenzo Turturro, nuncio apostólico. Como es costumbre, se espera que las religiosas y religiosos publiquen luego un manifiesto con las conclusiones a las que llegaron en la semana.

El antecedente: Las duras críticas de los religiosos al Gobierno de Peña

En el marco de la 66ª Semana Nacional de la Conferpar, realizada también a mediados de julio, del año pasado, habían emitido un manifiesto con duros cuestionamientos ante la falta de mejores políticas sociales por parte del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

“Denunciamos con dolor la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Las leyes, que deberían proteger a todos, son manipuladas para beneficiar a unos pocos, dejando al pueblo desamparado y sin voz”, expresaron.

Cuestionaron, además, la corrupción, la impunidad y el desinterés por el bien común, que hieren profundamente el alma de nuestra nación.

Esta desidia institucional transformó a un espacio recreativo fundamental en una zona de alto riesgo para los ciudadanos. La oscuridad reinante, consecuencia directa de una deficiente iluminación en gran parte del predio, genera una profunda sensación de vulnerabilidad entre los usuarios frecuentes de un lugar donde ya se registraron hechos de inseguridad en el pasado.

Parque Carlos Antonio López: Infraestructura en estado de ruina

El parque infantil presenta hoy un triste escenario de ruinas, caracterizado por hamacas completamente oxidadas y desprendidas. Los toboganes metálicos exhiben un nivel de óxido avanzado y superficies sumamente peligrosas, representando un riesgo físico constante para los niños que intentan utilizarlos.

La infraestructura deportiva muestra un panorama de destrucción similar al área de juegos infantiles. El pasto sintético instalado en la cancha de fútbol se encuentra prácticamente inutilizable en diversos sectores. Los tejidos perimetrales presentan roturas de gran magnitud o se encuentran directamente caídos sobre la superficie de juego.

Vendedores ambulantes en Asunción: La crisis de control en la gestión de Luis Bello

Los equipos destinados al entrenamiento de calistenia se encuentran mayoritariamente rotos o con tablones de madera desprendidos debido a la falta total de reparaciones. Esta crítica situación impide la práctica de ejercicio físico de manera segura, alejando a los deportistas que anteriormente frecuentaban este predio para sus rutinas diarias.

El clima de abandono se extiende a los camineros internos, y las veredas y los muros perimetrales, que registran un avanzado estado de rotura y desmoronamiento progresivo. La ausencia de un mantenimiento básico es evidente al observar las escalinatas y baldosas faltantes, factores que completan un entorno de riesgo constante para los peatones que transitan diariamente por allí.

Inseguridad y abandono: El Parque Carlos Antonio López en crisis

La nula gestión municipal se refleja con nitidez en la acumulación constante de residuos. Hay basura esparcida en en el interior, pero sobre todo en la parte posterior del predio, donde hace años se formó un vertedero irregular a la vista de todos. En general se verifica un entorno carente de condiciones mínimas de salubridad, como la ausencia de grifos en los bebederos, dejándolos totalmente inoperativos para quienes realizan actividades físicas.

Los usuarios denunciaron además el aumento de la presencia de marginales y personas en situación de indigencia en el predio del parque. Reclaman que el que debería ser un sitio de esparcimiento se convierta en un dormitorio.

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Aseguran que esta situación es consecuencia directa del retiro de los controles que, anteriormente realizaban agentes del Grupo Lince. Entre las consecuencias de esta ocupación, mencionan el saqueo de elementos y claros actos de vandalismo cometidos sin ningún tipo de control o vigilancia municipal efectiva.

Gestión municipal 2026: Millones en tasas sin inversión real

El actual estado del emblemático parque contrasta directamente con la alta presión tributaria a los contribuyentes de Asunción. Durante el 2025, la comuna capitalina recaudó la suma de US$ 1,3 millones exclusivamente en concepto de tasas de conservación de parques, jardines y paseos públicos. Pese a contar con este importante capital financiero, la gran mayoría de los espacios recreativos de Asunción permanecen sumidos en un estado de ruina.

Entre enero y abril de 2026, el intendente Luis Bello recaudó casi G. 5.000 millones bajo el mismo concepto de tasas municipales. La ciudadanía exige respuestas concretas y transparentes ante la ausencia total de mejoras, iluminación adecuada y condiciones de seguridad mínima para disfrutar de un entorno urbano hoy abandonado.

El enigma de los bonos G6: Fondos desaparecidos en Asunción

La situación de los espacios públicos es alarmante al considerar que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), contó con más de G. 10.000 millones de los bonos G6 (2020), que debieron ser destinados a la revitalización de espacios verdes. Sin embargo, a más de 6 años de esa emisión, el dinero y hasta las cuentas donde debía estar ese dinero ya no existen.

ABC reveló recientemente que el exintendente jamás planificó hacer las obras que prometió con ese dinero. Documentos oficiales e inéditos de la Municipalidad de Asunción, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por ABC, expusieron las propias direcciones de la comuna confirmaron este 2026 que no poseen ningún registro, plano ni antecedente que demuestre que dichas obras existieron alguna vez en los papeles de la municipalidad.

De las 10 plazas que Nenecho prometió revitalizar con ese dinero, la única que empezó, pero no terminó, fue la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones, de los más de G. 2.300 millones por la que fue adjudicada. Nenecho renunció en agosto del año pasado, presionado por los contundentes resultados de una intervención a su gestión. En su reemplazo asumió Luis Bello.

Durante la reunión, realizada este martes, el director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, defendió la propuesta al señalar que busca subsanar una omisión en el Presupuesto General de la Nación 2026, ya que la Ley de EDRI fue aprobada con posterioridad.

“Lo que hace básicamente este proyecto es actualizar todas las exenciones tributarias sobre disposiciones específicas para los eventos deportivos de relevancia internacional”, explicó.

Orué sostuvo que la Dirección de Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recomienda la aprobación de la iniciativa porque permitirá incorporar exoneraciones para importaciones vinculadas a estos eventos que actualmente no están contempladas. Agregó que el costo fiscal estimado asciende a G. 10.000 millones, tomando como referencia el volumen de importaciones registrado en 2025.

“El gasto tributario es de aproximadamente G. 10.000 millones, pero corresponde porque incentiva la realización de estos eventos y genera un impacto económico en hotelería, turismo y gastronomía”, afirmó.

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¿El Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales?

La senadora Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cuestionó la conveniencia de ampliar beneficios tributarios en medio de la crisis financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) y consultó si el Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales.

“No creo que estemos en condiciones de perdonar impuestos si después vamos a tener que aumentar impuestos a la ciudadanía”, expresó.

En respuesta, Orué indicó que el monto de la exoneración es “marginal” respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN) y reiteró que la política del Gobierno es combatir la evasión antes que elevar la carga tributaria.

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¿Por qué no crece la seguridad social en su base?

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) cuestionó los resultados de las reformas implementadas en los últimos años y afirmó que persisten altos niveles de informalidad y una baja cobertura de la seguridad social.

“Con tanta inversión, con tanta maquila y con tanto crecimiento económico, ¿por qué no crece la seguridad social en su base?”, planteó.

En su intervención final, Orué defendió la gestión de la DNIT y aseguró que, desde la creación de la institución, se incorporaron 250.000 nuevos contribuyentes y se logró una recaudación adicional de US$ 1.500 millones sin aumentar impuestos.

No obstante, reconoció que este año la recaudación se vio afectada por la apreciación del guaraní frente al dólar. “Hoy tenemos una caída por el efecto dólar, pero en impuestos internos seguimos creciendo. En el IVA tenemos aumento y estamos fortaleciendo los controles para combatir la evasión”, señaló.

Tras el debate, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por aprobar el proyecto, ahora pasa al pleno su discusión este miércoles en el orden del día para continuar su trámite legislativo.

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La deuda con las empresas proveedoras se alzó como el desafío más apremiante, revelando una brecha estructural que, en palabras de las autoridades, compromete gravemente la previsibilidad en la adquisición de insumos y fármacos.

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Ya desde hace meses, los aportantes del seguro social denuncian a diario el desabastecimiento de medicamentos. Según lo expresado esta mañana, la crítica situación incluso podría empeorar, dejando a los pacientes que requieren de sus fármacos a la deriva.

Un abismo financiero: IPS debe G. 2,33 billones

El informe presentado por Máximo Pérez, encargado de la Tesorería del IPS detalla que la deuda acumulada con el sector proveedor farmacéutico sin incluir deudas financieras, alcanza actualmente la cifra de G. 2,33 billones, lo que al tipo de cambio actual representa aproximadamente US$ 384 millones.

El contraste con la realidad operativa es drástico. Pérez detalló que la capacidad de pago promedio del IPS para el ejercicio 2026 se sitúa en apenas G. 87.312 millones al mes, equivalentes a unos US$ 14 millones. Esta asimetría fue calificada durante el debate como el origen de la “falta de previsibilidad”.

La propuesta de “oxigenación”: cesión de crédito por G. 500.000 millones

Para intentar aliviar esta presión, se propuso al Consejo de Administración una operación de cesión de derecho de cobro por G. 500.000 millones. Según la dirección de Tesorería, este mecanismo permitiría a los proveedores obtener liquidez inmediata mediante entidades bancarias, otorgando al IPS un periodo de gracia de 10 meses antes de empezar a pagar la primera cuota.

Pérez afirmó que con este mecanismo, una vez llegado el momento, el IPS tendrá que pagar G. 18.000 millones mensualmente, con cero intereses al menos por tres años. “Cuando se lanzan este tipo de productos, hay interesados, porque saben que el IPS es buen pagador”, aseguró el responsable de la Tesorería.

Piden listado de deudas del IPS

No obstante, el consejero José Jara, representante de Jubilados y Pensionados, puso reparos sobre la sostenibilidad del plan, recordando que el IPS ya enfrenta cuotas de cesiones anteriores.

Jara presentó un análisis estadístico para cuestionar la viabilidad de la propuesta de cesión de derechos de cobro, contrastándola con la capacidad de pago real de la institución. Cuestionó la falta de sustento legal y financiero de la medida, presentando datos que ponen en duda su eficacia a largo plazo.

El consejero señaló que la cuota mensual promedio que el IPS deberá pagar por esta operación, en un plazo de 26 meses, ascenderá a G. 18.115 millones.

Mirtha Arias, representante de los Trabajadores Aportantes, precisó que el expediente era insuficiente al mencionar, por ejemplo, que de los 500.000 millones propuestos, el único detalle claro en el documento es una deuda con la firma Vicente Scavone por G. 149.000 millones, dejando el resto de los fondos sin una explicación clara.

“Esto no es la solución a nuestros problemas financieros, es una medida paliativa, un auxilio que tenemos para ir reestructurando, pero esto es llevar la deuda para más adelante”, advirtió por su parte Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo. Además, denunció que la propuesta invocaba decretos ya derogados.

La consejera exigió un listado de las deudas vencidas y pendientes para cada proveedor, argumentando que no se puede regularizar una suma total sin saber exactamente qué empresas la componen y en qué estado se encuentran.

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Se cuestionó de este modo las condiciones financieras de los proveedores, mencionando que algunos exigen que el IPS absorba el 50% de los intereses bancarios, mientras otros piden que el instituto cubra intereses moratorios y punitorios, lo cual contradice la propuesta presentada en sesión de una operación “sin costo”.

Impacto en los fondos del IPS y el costo de la mora

Durante el análisis, se expusieron cifras alarmantes sobre la proyección de la deuda. La consejera Albertini afirmó que si no se contienen los gastos, el pasivo institucional podría incrementarse un 183% en cuatro años, superando incluso el presupuesto anual de ingresos del Fondo de Salud y Maternidad.

“El flujo de caja proyecta una deuda pendiente de pago al cierre de 2026 de más de G. 3.000 millones al cierre del ejercicio del 2026, llegando a más de G. 10.324 millones al año 2030”, se advirtió Albertini.

IPS postergó cesión de crédito

La sesión concluyó con la decisión de postergar la aprobación definitiva de la cesión de crédito hasta el próximo jueves. El Consejo exigió:

1. Un dictamen jurídico ajustado a la Ley 7021, específicamente a su artículo 68, y no a decretos derogados.

2. Un informe detallado que contemple los montos adeudados por cada proveedor.

3. La aclaración sobre cómo se integran al flujo de caja los pagos derivados del fideicomiso autorizado por la Ley 7037.

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Con la postergación de la medida, el IPS se da un breve margen para ajustar sus fundamentos legales y contables. El desafío es mayúsculo: lograr que el mecanismo de cesión de crédito sea el punto de partida de una reforma estructural y no simplemente una prórroga de la crisis en un sistema que no admite más errores de cálculo.

Según se detalla en el informe mensual del ECN, el resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables de las ventas en los sectores de comercio, las manufacturas y determinados servicios.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el ritmo de la ventas, de acuerdo con las declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Principales impactos por sectores

Según el reporte oficial, en la actividad comercial se observaron incrementos en las ventas y mantenimiento de vehículos, ventas al por menor de tecnologías, ventas al por mayor de maquinarias y equipos, ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, venta al por mayor de materias primas agrícolas y pecuarias, ventas de combustibles, productos para el equipamiento del hogar, grandes tiendas y prendas de vestir.

En contrapartida, se observaron resultados negativos en las ventas al por mayor de tecnologías, ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y afines y las ventas al por mayor de otros productos químico-farmacéuticos.

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En lo que respecta al sector manufacturero, se registraron variaciones positivas en las ventas de aceites, productos químico farmacéuticos, minerales no metálicos, metales comunes, cueros y calzados, papel y productos del papel. Sin embargo, estos resultados fueron mitigados por variaciones negativas en las ventas de productos cárnicos, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, maderas, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Finalmente, en el sector servicios, se verificaron desempeños positivos en las ventas de restaurantes y hoteles, servicios de información y los servicios inmobiliarios. No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por las reducciones registradas en los servicios de transportes y los servicios a los hogares.

Así refiere un informe proporcionado por el equipo de campaña de Pérez, actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), quien aspira a la Intendencia capitalina en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

En su discurso, Camilo Pérez habló de su visión sobre el rol que debe asumir una gestión para acompañar el desarrollo de la ciudad de Asunción. Indicó que es necesaria la modernización, reingeniería de recursos humanos, eficiencia, transparencia y cercanía al sector productivo.

El postulante a jefe municipal capitalino señaló que Asunción “debe convertirse en un aliado de las inversiones, promoviendo reglas claras, procesos ágiles y una planificación urbana que permita un crecimiento ordenado y sostenible”.

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“Nuestra gestión va a ver a las desarrolladoras inmobiliarias como socios estratégicos para el desarrollo de Asunción, no solo como contribuyentes. La Municipalidad cuenta con más de 9.000 terrenos que pondremos en valor junto al sector privado para atraer inversiones, generar nuevas cuentas catastrales y fortalecer los ingresos del municipio”, expresó.

En otro momento, Camilo Pérez prometió que en “los primeros 100 días de su administración nos enfocaremos en una ciudad sin baches, limpia y segura”. “Paralelamente, impulsaremos la revitalización del Centro Histórico mediante manzanas piloto, trabajando con las desarrolladoras para recuperar esa zona y convertirla en un polo de inversión y desarrollo”, manifestó el candidato colorado.

En otro momento, el candidato a intendente de Asunción remarcó que el desarrollo inmobiliario "representa una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleo y revitalizar distintos sectores de la capital, siempre en articulación entre el sector público y privado".

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Pérez prometió “compromiso” para mantener un diálogo permanente con los actores del desarrollo urbano para construir una Asunción con mayor capacidad de gestión, infraestructura y oportunidades para todos.

Se trata del denominado corredor humanitario, que permite evitar las largas filas en el Puente de la Amistad durante el traslado de niños con condiciones especiales y de pacientes críticos que deben someterse a tratamientos médicos.

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Los beneficiarios están acreditados en una lista cerrada, a la que accedieron tras presentar documentos que certifican el estado o la condición del paciente. El sistema beneficia principalmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves o de alta complejidad y casos que requieren atención médica especializada.

Mediante este sistema, la Receita Federal de Brasil permitía el ingreso por el Puente de la Amistad, habilitando un acceso en la cabecera del puente y evitando la extensa fila sobre la BR-277. En el lado paraguayo, el paso se realizaba a través del predio de la Base Naval.

Sin embargo, desde el 26 de junio pasado, las autoridades brasileñas informaron la cancelación del paso prioritario. Esto motivó la movilización, esta mañana en Foz de Yguazú, de un grupo de padres, madres y tutores de niños y jóvenes con TEA.

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Elaine Oliveira explicó que el paso prioritario es utilizado tanto por paraguayos como por brasileños, por lo que solicitaron a las autoridades la rehabilitación del corredor humanitario.

En Ciudad del Este ya se había aprobado una ordenanza para facilitar la habilitación del paso prioritario. Sin embargo, en esta ocasión el obstáculo se encuentra en el lado brasileño, por lo que la movilización se llevó a cabo en la ciudad vecina.

Los cargos que se le imputan al detenido son proxenetismo, trata de seres humanos y asociación de delincuentes, ya que el mismo integraría una red delictiva que se dedica a este tipo de hechos a nivel internacional. Los dos primeros cargos son considerados que fueron realizados “en banda organizada”, es decir, no se trataría de un solo individuo que integra la red criminal.

La orden de detención fue firmada por el juez penal de garantías Yoan Paul López. Su detención se dio en la vía pública, en la calle Soldado Desconocido casi Paz del Chaco de Lambaré, departamento Central, aproximadamente a las 15:30 de ayer, lunes.

Según indicaron desde Interpol Paraguay, la investigación incluyó patrullajes cibernéticos realizados por la Policía de Francia que permitieron obtener información clave para la localización del prófugo.

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Mediante un trabajo coordinado de inteligencia, vigilancia e intervención entre las autoridades francesas y paraguayas, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia para dar inicio al proceso de extradición.

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El caso se denomina “Operativo Sexemodel.com”, el cual trata de una investigación por trata de personas y proxenetismo agravado que permitió desmantelar una red criminal de explotación sexual de alcance internacional.

El mismo se inició en junio del 2025 cuando fueron procesados siete ciudadanos chinos, que serían cinco mujeres y dos hombres.

Agregaron que la red operaba en varias ciudades francesas alquilando departamentos para la explotación sexual. Las mismas serían Lille, París, Estrasburgo, Lyon, Marsella y Burdeos.

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Las autoridades europeas identificaron a decenas de víctimas, más de 20 inmuebles alquilados en distintas ciudades, anuncios publicados en el portal sexemodel.com e importantes sumas de dinero obtenidas por la explotación sexual.

¿Cómo funcionaba el esquema?

Explicaron que para captar a las víctimas, los miembros de la banda criminal hacían ofertas de trabajo engañosas de modelaje, masajes, servicios, etc., mediante contactos por redes sociales, aplicaciones y/o intermediarios.

Organizaban viajes a Francia con fines aparentes de turismo o empleo y documentación, y reservas gestionadas por la red. Alquilaban departamentos en distintas ciudades que eran administrados por miembros de la red.

Tras capturar a sus víctimas, publicitaban anuncios con fotos y datos de las víctimas en el sitio web sexemodel.com., los cuales los renovaban constantemente.

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Para controlar a las víctimas realizaban un sistema de vigilancia permanente mediante la dependencia económica con supuestas deudas, restricción de movimientos, amenazas y coerción para mantener la explotación sexual de las víctimas y obtención de grandes beneficios económicos por parte de la organización.

Estructura criminal de trata de personas funcionaba en Paraguay

La estructura de la organización criminal funcionaba con líderes, webmasters, operadores telefónicos, gestores de alquileres y encargados logísticos.

Los investigadores detectaron la red debido a las ofertas laborales que se presentaban como demasiado atractivas y sin requisitos claros, además de los viajes al exterior pagados por terceros o con fines poco claros, aislamiento, control y vigilancia constante, retención de documentos, deudas impuestas por supuestos “gastos de viaje o alojamiento”, publicación de anuncios con fotos en sitios de contenido para adultos, entre otros.

Desde la Policía Nacional recomiendan verificar siempre la autenticidad de ofertas laborales, no entregar documentos personales a terceros, informar a familiares sobre viajes al exterior, contactar a embajadas y/o consulados ante dudas, desconfiar de promesas de dinero fácil y denunciar cualquier situación sospechosa.

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Las denuncias se pueden realizar a la línea 137, “SOS Mujer” (Paraguay) que es gratuita y confidencial, con atención 24/7. A la Policía Nacional de Paraguay al 021 441 600 o al correo de Interpol Asunción: interpol.ocn@policia.gov.py.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), que es uno de los promotores de establecer relaciones diplomáticas con China, lo que implicará indefectiblemente el quiebre con Taiwán, pidió responsabilidad en la denuncia del gobierno.

“Queremos saber por qué el Mitic ha acusado a un gobierno con el que no tenemos obviamente relaciones diplomáticas -específicamente a China- de ciberespionaje. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tiene, presidente, para sostener eso?“, fundamentó Vaesken sobre su pedido.

El legislador es uno de los que abiertamente se reconoce pro China, e incluso ha acompañado en el Congreso la visita del diplomático chino, Xu Wei, que terminó siendo expulsado del país por el gobierno.

“Es muy irresponsable una acusación sin ningún fundamento que pueda sustentar (un supuesto ciberataque), y de ser así, presidente, que la justicia se encargue y que podamos tener seguridad dentro del ámbito informático”, acotó Vaesken.

El pedido de informes requiere los siguientes datos:

• Copia íntegra del comunicado oficial emitido por el Mitic, en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el cual se denunció la presunta infiltración de actores vinculados a China en los sistemas cibernéticos del Estado paraguayo.
• Informe detallado y fundamentado de los “elementos suficientes” que permiten atribuir a China las amenazas de ciberseguridad contra los sistemas estatales, especificando: a) La naturaleza y el alcance de los incidentes de ciberseguridad detectados; b) Los sistemas, dependencias y datos que habrian sido vulnerados: c) La fecha y el modo en que se produjeron las presuntas infiltraciones; d) Los indicadores técnicos (direcciones IP, firmas digitales, herramientas utilizadas, etc.) que vinculan los ataques con grupos que operan para el Gobierno chino; e) Los informes periciales o técnicos que respaldan dicha atribución.
• Copia de todos los informes técnicos, auditorias, monitoreos y estudios realizados por el Mitic o por terceros contratados al efecto, que hayan servido de base para la denuncia pública formulada.
• Informe sobre la cooperación con agencias de inteligencia o ciberseguridad de los Estados Unidos en el marco de esta investigación, detallando el alcance de dicha cooperación y los acuerdos que la sustentan.
• Copia de la comunicación remitida a la Fiscalía General del Estado sobre el ciberataque.
• Informe sobre las medidas adoptadas por el Mitic para mitigar los riesgos y fortalecer la ciberseguridad del Estado paraguayo tras la detección de estos incidentes.

El requerimiento extrañamente no encontró la oposición habitual del cartismo, que se encarga de bloquear todo pedido de datos que sea incómodo para el gobierno.

“Nos preocupa presidente porque más allá de que esto sea real o no, creo que la geopolítica está muy fuerte presidente y hoy nuestro gobierno es herramienta de otros países como Taiwán o Estados Unidos para acusar a un país tan grande y poderoso como China. Por eso queremos saber cuáles son los fundamentos por los cuales se acusó al gobierno de China de ciberespionaje", sostuvo el diputado opositor.

Pese a no tener relaciones formales con nuestro país, China ha realizado acercamientos, sobre todo con representantes del legislativo, organizando una serie de viajes a su país a legisladores que posteriormente han planteado esta posibilidad del cambio de la línea histórica de relacionamiento con Taiwán.

El acercamiento chino no se limitó a disidentes, sino que incluso ha abogado en su línea el actual vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza.

Para desalentar estos acercamientos trascendieron supuestas amenazas de retiro de visa por parte de los EE.UU. a legisladores prochina, lo cual no ha sido confirmado ni desmentido por la embajada, algo común por tratarse de una información personalísima.

El pedido surgió luego de que la semana pasada delincuentes ingresaran a robar a una vivienda ubicada frente a la caseta policial. Los pobladores señalaron que hechos similares también ocurrieron en otras casas del barrio, situación que volvió a generar preocupación entre las familias.

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Según recordaron, el puesto policial fue habilitado hace más de diez años como respuesta a los asaltos y robos que ocurrían anteriormente. En aquel entonces, la propia comunidad impulsó la construcción y el equipamiento del lugar para facilitar la permanencia de los efectivos policiales.

Indicaron que la caseta cuenta, hasta donde saben los vecinos, con heladera, cocina, mesa, camas y otras comodidades para los uniformados, pero actualmente permanece abandonada y sin presencia policial permanente.

De acuerdo con los vecinos, anteriormente el puesto era cubierto por agentes de la Comisaría 31ª y de la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Con el paso del tiempo, el servicio dejó de prestarse y el inmueble que fue construido en la vereda quedó prácticamente sin uso.

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Los pobladores manifestaron que, de manera esporádica, algunas patrulleras llegan hasta el sitio y los uniformados utilizan momentáneamente la caseta, aunque no existe una guardia fija que brinde protección a los habitantes del barrio.

“Vamos a pedir a la jurisdicción que corresponde, que ahora es la Comisaría 1ª, para que esta caseta se vuelva a habilitar. Solicitamos eso porque hay muchos asaltos y robos en nuestro barrio, y nosotros habíamos construido este lugar y pusimos todas las comodidades para que la Policía Nacional nos resguarde”, expresó la vecina Carmen Vallejos.

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Por su parte, el jefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, comisario Alcides Gaona, respondió al reclamo ciudadano y anunció que establecerán una fecha para reunirse con los vecinos a fin de reorganizar el funcionamiento del puesto policial y evaluar su reactivación para fortalecer la seguridad en la zona.

Esto ya que, mientras pretendían colgarse de nuestra albirroja, que cayó peleando hasta lo último en octavos de final contra Francia, esta Cámara de Diputados ni siquiera es capaz de lograr quórum para sesionar una vez a la semana, y el poco tiempo que sesionan lo usan para censurar y bloquear pedidos de informes.

Hoy se tuvo que convocar a una extraordinaria y, de vuelta no terminaron el orden del día. Los cartistas tranquilamente pueden ser el equivalente negativo de nuestros defensores Gustavo Gómez, Omar Alderete, José Canala y nuestro contención, Andrés Cubas, ya que como todas las semanas, se encargan de bloquear y despejar pedidos de informes básicos en busca de transparencia.

“Esto no puede seguir así... La Cámara de la vergüenza otra vez somos, mucho tiempo dejamos de ser, pero yo creo que ya nos merecemos el mote de vuelta. Pasamos todos los límites, haciendo hurras y festejando cuando estamos 41 de 80 (quorum mínimo) para iniciar una sesión, rechazando pedidos de informes que son nuestras atribuciones constitucionales”, refirió la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Sigue bloqueo a la transparencia

Esto luego de que la mayoría cartista mandara al congelador un simple pedido de informes dirigido a Itaipú Binacional para que remita la nómina de abogados externos de la institución, ya que Vallejo comentó haber recibido denuncias de que la Binacional tiene a su servicio personas con graves antecedentes penales.

“¿Porqué no dejan que sepamos la verdad y que venga la lista para que sepamos qué hace cada uno de estos inútiles que están ahí con sueldos astronómicos?” y reclamó que “mientras en esta cámara se debatía que el sueldo mínimo no alcanza para nada, los delincuentes en este país terminan como reciclados en las binacionales".

Finalizó diciendo que “ese no es el país de maravillas que algunos pintan, es el país de la desigualdad, el prebendarismo y la protección a sus pares delincuentes”.

Los proyectos bloqueados hoy son:

• Proyecto de declaración, “que declara de interés nacional la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones de mantenimiento y jardinería en la Itaipú Binacional”
• Proyecto de Declaración, “que expresa preocupación por la calidad y regularidad del programa “Hambre Cero” y exhorta al Poder Ejecutivo, a reforzar el control estricto sobre las empresas adjudicadas”
• Resolución que pide informes a la Entidad Itaipú Binacional, si cuenta con abogados contratados quienes no forman parte del plantel permanente de funcionarios, en caso afirmativo, remitir listado de los mismos contratados bajo esta modalidad, proceso de adjudicación para la contratación, y nomina de funcionarios permanentes del área jurídica de la entidad.

Conforme al informe de los intervinientes, como es habitual todos los días, estaban controlando los vehículos que circulaban por la zona. Uno de los verificados era un tractocamión de la marca Scania, modelo 144/1999, año 1999, color blanco, chapa Nº NBB045, Py, con semirremolque de la marca NOMA, modelo SR-BV-GR, color azul, guiado por Reinaldo Teixeira Do Nascimento, de 38 años, domiciliado en Naranjal, Alto Paraná.

El comisario Alcaraz reportó que, en principio, creyeron que el camión traía alguna carga lícita, cuando se percataron de que el acoplado del vehículo tenía un doble fondo que contenía varios panes de presunta marihuana. Ante esa situación, procedieron a demorar al chofer y a dar aviso a las instancias correspondientes sobre el procedimiento realizado.

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Posteriormente, llegó al lugar el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de San Pedro, Jorge Encina, acompañado por personal de la misma sección, para proceder a la verificación del cargamento y contabilizar la cantidad exacta de la mercadería que estaba siendo transportada en forma clandestina, mencionó el jefe policial.

Al término del procedimiento se constató que el camión estaba trasladando 868 panes de marihuana prensada, totalizando 1.918 kilos, que estaban escondidos en el doble fondo de la carrocería del camión, indicó el comisario Alcaraz.

Enviados a Santa Rosa

Por orden del fiscal interviniente, Jorge Encina, el camión con la carga fue llevado a Santa Rosa del Aguaray, donde quedará en resguardo en la sede de la Fiscalía, mientras que el conductor quedó recluido en la Comisaría 18ª de la misma ciudad, a disposición del Juzgado.

Desde la semana pasada, la legisladora opositora es protagonista de una polémica mundial tras sus comentarios racistas hacia el futbolista Kylian Mbappé.

Si bien en su “canción” no menciona tal episodio, sostiene que ella es “una reina de los 80″ con un “coeficiente de 190″ al igual que “atrevida, valiente, directa”.

“En el Congreso canta las 40, una Barbie de 60 que a todos deja con la boca abierta; poderosa, hermosa, intensa. A nadie tiene que rendirle cuentas”, agrega.

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“Del Congreso la más perra”

Entre la letra Amarilla también se califica como “la señora, la fucking reina” y que su “imperio” es el Congreso y del Congreso “la más perra”.

“La verdadera maestra. Hago lo que quiero, lo que me da la gana, hago lo que quiero, nadie me reclama, hago lo que quiero, yo soy la que manda, hago lo que quiero. Yo soy la puta ama. Salgan del camino que llegó la puta ama. Salgan del camino que llegó la que manda", termina.

Por la polémica, la senadora había denunciado que su cuenta de Instagram fue hackeada, hasta que la pudo recuperar para ahora compartir el mencionado contenido.

Como otras publicaciones suyas, hay varios comentarios de rechazo y banderas francesas. Inclusive el semanario francés Charlie Hebdo la publicó en dos ocasiones como parte de su “dibujo del día”.

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Los datos oficiales de la institución muestran que en mayo el MOPC había ejecutado G. 400.000 millones para el pago de certificados de obras. Sin embargo, en junio el desembolso descendió a G. 300.220 millones.

La diferencia representa G. 99.780 millones menos para el circuito financiero de las empresas constructoras y sus proveedores. En términos porcentuales, equivale a una reducción del 24,95% en el ritmo mensual de pagos.

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Primer semestre cerró con una ejecución del 42%

La menor ejecución de junio impactó en el resultado acumulado del primer semestre, un período que históricamente resulta clave para el avance de las obras debido a las condiciones climáticas más favorables.

Para todo el 2026, el Plan Financiero (PF) destinado a inversión física asciende a G. 4.884.691 millones. Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó G. 2.042.045 millones, equivalente al 42% del total previsto.

El MOPC, por su parte, destaca una “ejecución operativa” del 46% (G. 2.244.852 millones). No obstante, desde el sector de la construcción señalan que este indicador incluye compromisos que ni siquiera fueron obligados, por lo que todavía no cuentan con desembolsos efectivos debido a las restricciones del plan de caja administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mientras tanto, el Gobierno mantiene como objetivo cerrar el año con un déficit fiscal del 1,5% del PIB, aunque el déficit anualizado hasta la fecha alcanza el 2,4%, de acuerdo con los datos oficiales.

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Contratistas siguen atentos a la cadena de pagos

El desfase entre los certificados emitidos y los recursos efectivamente desembolsados e incluso obligados continúa generando preocupación en el sector de la construcción.

Con un saldo pendiente de ejecución de G. 2.842.646 millones dentro del Plan Financiero para obras, el MOPC deberá acelerar significativamente el ritmo de ejecución durante el segundo semestre si pretende acercarse a los niveles registrados en años anteriores.

De lo contrario, resultará difícil alcanzar porcentajes de ejecución superiores al 80% al cierre del ejercicio, como ocurrió en años anteriores.

A inicios de julio, el Estado mantenía una deuda que asciende a unos US$ 340 millones con las empresas contratistas, de los cuales US$ 190 millones corresponden a certificados de obras pendientes de pago y otros US$ 150 millones a intereses acumulados, que sigue aumentando cada vez más por la falta de pago.

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La ejecución general también permanece rezagada

El panorama tampoco mejora al observar la ejecución presupuestaria global del MOPC, que incluye inversiones, remuneraciones, servicio de la deuda y gastos corrientes.

Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó apenas el 42% del Plan Financiero.

De los G. 7.060.636 millones habilitados para este año, el MOPC ejecutó G. 2.972.474 millones durante los primeros seis meses, por lo que aún resta ejecutar G. 4.088.162 millones.

Si se considera la denominada “ejecución operativa”, que incorpora compromisos que aún no fueron obligados ni mucho menos pagados por falta de disponibilidad en el plan de caja, el porcentaje asciende al 45%, equivalente a G. 3.209.329 millones.

Según el informe del equipo técnico de la banca matriz y que se detalla en el comunicado de prensa, la ausencia de un régimen tarifario integral genera asimetrías de información, baja comparabilidad de costos, riesgos de cobros ambiguos o duplicados y posibles distorsiones competitivas entre servicios de pago similares.

Gremios cuestionan cobro de comisión para nueva funcionalidad del Sipap

Según indicaron, la medida se enmarca en la Ley Nº 7.503/2025, “Sistema Nacional de Pagos”, y en la Ley Nº 5.476/2015, estableciendo de esta manera, reglas de transparencia informativa, denominaciones autorizadas de cargos y topes tarifarios para comisiones, gastos y penalidades vinculadas a servicios de pago.

De acuerdo con el documento, el nuevo marco alcanza a participantes y proveedores que operan servicios cursados por el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), adquirencia, redes y procesamiento de tarjetas, sistemas propietarios y otros servicios de pago autorizados.

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Estos son son los principales topes en el Sipap:

Proveedores de Servicios de Inicio de Pagos (PISP), Solicitud de Pago, Débitos Directos/Domiciliación y transferencias interbancarias en sistemas propietarios: hasta 1,5% del monto de la operación, IVA incluido.

Participante Patrocinador: hasta 1% del monto de la operación, con un máximo de G. 5.500.

Asimismo, la regulación dispone que los pagos iniciados mediante QR que utilicen como mecanismo subyacente transferencias de crédito, independientemente de que operen sobre infraestructuras públicas o privadas, estarán sujetos a una comisión máxima del 1,5 % del monto de la operación, IVA incluido.

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Se busca condiciones igualitarias en el mercado

Según la disposición del BCP, esta medida garantizará condiciones más igualitarias para servicios comparables y favorecerá un entorno competitivo en beneficio de comercios y usuarios finales.

Añaden igualmente que la transparencia es el eje central del reglamento, ya que los proveedores deberán publicar tarifarios actualizados, informar con claridad comisiones, gastos y penalidades, justificar técnicamente los cargos y asegurar que cada cobro sea verificable y corresponda a un servicio real.

Con esta decisión, el BCP estima que da un paso hacia un ecosistema de pagos más transparente y competitivo, en beneficio de la ciudadanía y los comercios.

Operaciones en Sipap aumentaron 114% en un año

Entre las estadísticas más sobresalientes del SIPAP se encuentran la duplicación de operaciones liquidadas por año y la cuadruplicación de operaciones diarias entre 2023 y 2025, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de operaciones por día. Asimismo, en 2025 el SIPAP alcanzó un volumen equivalente al 323% del PIB, con más de 381 millones de operaciones en el año, lo que representa un aumento del 114% con respecto a 2024.

Los evadidos son Pascual Benítez Miranda (43), condenado a 26 años de cárcel por homicidio doloso, e Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

Según el informe del comisario Ramón Bacigalupo, jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, ambos reclusos lograron forzar las rejas de sus respectivas celdas para salir de las mismas y llegar hasta el patio del penal. Los dos se encontraban recluidos en el pabellón de admisión.

Dos reos se fugan de la Penitenciaría Regional de Misiones

Tras salir de sus celdas y abandonar el pabellón, los internos atravesaron el patio del establecimiento penitenciario sin que, aparentemente, ningún guardia haya logrado visualizarlos.

Posteriormente, llegaron hasta el cercado perimetral, donde lograron cortar el tejido de alambre que da hacia la calle ubicada frente al penal.

Los reclusos recorrieron aproximadamente 80 metros dentro del predio penitenciario hasta lograr salir a la vía pública, sin que el personal de seguridad se percatara del escape.

El punto utilizado para la fuga se encuentra a unos 20 metros del acceso principal del penal y aproximadamente a 10 metros de una de las garitas de seguridad ubicada en la esquina del establecimiento.

En ese contexto, la fiscal que investiga el hecho, Mirtha Valle, señaló que la garita ubicada en la esquina del penal no contaba con la presencia del guardia en ese momento, debido a que este habría acudido a acompañar a un interno enfermo en la parte trasera del establecimiento. La agente fiscal indicó que esta situación será objeto de investigación.

Asimismo, Valle explicó que la garita ubicada en el acceso principal del penal tampoco contaba con la cobertura de un guardia en ese momento, debido a la falta de personal, según los datos proporcionados a la representante del Ministerio Público.

Antecedente de Benítez Miranda

Pascual Benítez Miranda, conocido con el alias de “El Sicario”, cuenta con un historial delictivo. El 18 de febrero de 2016, los suboficiales de Investigación de Delitos Denis Aguiar y Jorge Luis López intentaron detenerlo cuando viajaba en un ómnibus de la empresa La Yuteña, en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

Los agentes, quienes vestían de civil, contaban con información sobre su paradero y una orden de captura vigente en el marco de investigaciones relacionadas con hechos de sicariato, entre ellos un atentado ocurrido en 2015 contra el entonces concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, en Yuty.

Durante el procedimiento, Benítez Miranda habría reconocido a los policías y reaccionó efectuando disparos dentro del transporte público, ocasionando la muerte de ambos agentes.

Tras el ataque, logró escapar rompiendo una ventanilla del ómnibus y permaneció prófugo durante casi cuatro años, hasta que fue detenido en enero de 2020 en la localidad de Alto Verá, departamento de Itapúa.

Posteriormente, fue sometido a juicio oral por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, ocurrido el 14 de septiembre de 2019 en Cruce Kimex, distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa.

En marzo de 2023, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 26 años de prisión como autor material del crimen del comerciante. Tras la condena, fue recluido y posteriormente trasladado a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Prontuario de Ignacio Cubilla

Ignacio Cubilla cuenta con antecedentes vinculados al tráfico internacional de drogas. En diciembre de 2021, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 13 años de prisión en el marco del denominado “Caso Fox”, una investigación que permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico de marihuana desde Paraguay hacia mercados de Argentina y Uruguay.

La causa involucró a una organización con operaciones principalmente en el sur del país, con zonas de influencia en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

Durante su permanencia en el sistema penitenciario paraguayo, Cubilla protagonizó un violento incidente en diciembre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Según los reportes, atacó con un arma blanca a dos guardiacárceles que cumplían funciones en el lugar. Ante la situación, los custodios intervinieron para reducirlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Encarnación bajo custodia. Posteriormente, fue trasladado al Penal de Misiones.

Descontrol en el microcentro: El reclamo de los comerciantes formales

La falta de respuestas de la administración municipal se evidencia en la multiplicación de puestos callejeros ante la ausencia de políticas de ordenamiento. Los comerciantes consideran que el sistema de cánones actual fracasa al regular esta proliferación, permitiendo que la informalidad se instale sin planificación ni criterios técnicos.

La falta de coordinación entre las dependencias de la comuna profundiza la crisis comercial en el casco histórico capitalino, reclaman los denunciantes y aseguran que la inacción institucional fomenta la ocupación arbitraria del espacio público, forzando a los negocios formales a abandonar definitivamente el centro.

Vacío legal y recaudación: La normativa ignorada por la Municipalidad de Asunción

La falta de control efectivo sobre los informales se refleja en el incumplimiento de sus propias normativas. Las ordenanzas N° 16/92 y N° 39/93 diferencian legalmente al vendedor ambulante del vendedor estacionado. Mientras el primero debe mantener movilidad propia, el segundo requiere una estructura física fija que debe estar debidamente autorizada por la comuna.

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Para autorizar la presencia de un vendedor estacionado, la comuna debería exigir obligatoriamente la autorización escrita del frentista antes de instalarse frente a cualquier comercio. Testimonios recabados por ABC confirman que este requisito se incumple sistemáticamente, en distintos puntos de Asunción, sin que la Policía Municipal de Vigilancia aplique las sanciones legales.

Otro indicio que confirma el descontrol es la raquítica recaudación que registra la Municipalidad en concepto de tasas a este sector durante 2025 y lo que va de 2026. Según consta en los informes oficiales de la gestión de Bello, en todo el 2025, en concepto de patente a vendedores callejeros, se recaudó G. 3.989.000. En tanto, en 2026, de enero a abril, en el mismo concepto, se recaudó apenas G. 2.603.400.

Policía Municipal de Vigilancia: Gestión sin datos y operativos insuficientes

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Ángel Stampf, admitió que la dependencia no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de vendedores informales. El funcionario señaló que solo cuentan con estadísticas de vendedores habilitados durante eventos masivos como conciertos o finales deportivas internacionales.

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Stampf, quien asumió el cargo en septiembre, casi al inicio del mandato de Bello, admitió que los operativos actuales todavía son insuficientes para frenar el desborde, aunque afirmó que su gestión está ejerciendo los controles y que planean incrementarlos, incluso de madrugada. Señaló que desde que asumió el cargo, se registra un aumento de la formalización de la mayoría de los vendedores, frente a la presión de esos controles.

El estudio consideró muestras de los elementos estructurales de la construcción, la documentación, el análisis del circuito cerrado que captó el momento y un estudio geotécnico del suelo.

El documento ratifica que los aspectos evaluados en conjunto refuerzan la teoría que sostiene el motivo por el que la estructura se desplomó.

No obstante, indica que los modelos aplicados para el análisis todavía se pueden precisar con estudios más profundos, pero el resultado, sin esas consideraciones, ya sería desfavorable para la estabilidad de la estructura. Es decir, considerar los aspectos omitidos, como la acción del viento, evidenciaría aún más las carencias de la construcción.

Los fiscales que encabezan la causa son Enrique Fornerón, Rocío Valdez y Francisco Martínez. También existe una querella adhesiva promovida por los familiares de las víctimas fatales, representada por los abogados Rolando Ortega y Perla Riveros.

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¿Por qué se derrumbó?

El informe pericial indica que el edificio presentó una pérdida de soporte vertical en niveles inferiores, en la zona derecha, de iniciación localizada y propagación rápida. Esto terminó con un volcamiento lateral repentino de toda la estructura.

Los indicios apuntan a que se debió a la baja resistencia del hormigón en los pilares. Según las comparaciones, en el caso de los pilares, el nivel de resistencia estaba por debajo de lo declarado en los planos, a diferencia de las vigas y losas, que sí se ajustaban a este estándar (210 kg/cm²).

La diferencia sustancial señalada es que la mezcla de hormigón para los pilares fue elaborada in situ, mientras que para las vigas y losas fue elaborada en planta. Atribuyen a este factor la diferencia entre las resistencias.

Otro detalle no menor es que la obra presentó dos ampliaciones, en las que, a partir del piso seis, no se documentó ningún refuerzo estructural en los niveles inferiores por el aumento de carga.

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Planos modificados

También se evidenció que se declaró la construcción de la circulación vertical (escaleras y ascensor) hacia la derecha, mientras que en la práctica se hacía a la inversa, lo que podría denotar una falta de control.

El primer permiso municipal (120/2023) estipulaba cinco niveles de construcción con circulación vertical a la derecha.

En los siguientes permisos de ampliación, (51/2024) para los pisos 6 y 7 y (205/2024) para el piso 8, los planos hacían figurar la circulación vertical a la izquierda, hecho que fue comprobado con la inspección del edificio derrumbado.

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La investigación

Los responsables del Ministerio Público investigan a los cinco imputados por homicidio culposo, exposición a lugares de trabajo peligrosos y actividades peligrosas en la construcción.

Los imputados en la causa son el intendente municipal, Luis Yd (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.

Las víctimas fatales fueron Hermelinda Báez (55) y Montserrat Brítez (15), su nieta, domiciliadas en la compañía Cerrito, de Encarnación. Las mujeres eran trabajadoras de la Feria de la Avenida Japón.

En principio, los investigadores parten de que los involucrados actuaron con conocimiento de los riesgos que, penosamente, causaron dos muertes.

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Siniestro fatal

Hermelinda tenía un puesto en la Feria de la Avenida Japón, a media cuadra de la construcción. Habitualmente, junto a su nieta, preparaban las viandas de comida para los trabajadores de esta construcción.

La tarde de ese miércoles 2 de abril de 2025, pidieron de favor a Roberto Montiel, el sereno, quedarse en la obra para pernoctar, porque no tenían cómo volver a su casa, en la zona rural de Encarnación.

Cerca de las 22:00, mientras Montiel realizaba un recorrido por el exterior de la obra, el edificio se desplomó con ambas mujeres dentro. Luego de varias horas de trabajo de varias compañías de bomberos voluntarios, hallaron los cuerpos sin vida de las víctimas.

La construcción que se derrumbó era de ocho pisos y estaba ubicada sobre la calle Molas, casi avenida Japón, en el barrio San Roque, a pocas cuadras de la Costanera República del Paraguay. Estaba destinada a ser un Apart Hotel, de cara al evento del Mundial de Rally 2025, que prometía un gran movimiento de visitantes en la ciudad.

Estos trabajos avanzan como parte del “Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción”, impulsado por la institución, financiada con un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, empréstito aprobado en el 2023, pero que recién está en ejecución de las primeras obras.

En el caso del Parque Caballero, según la institución, comenzó la ejecución del Frente I, que constituye el primer hito de la Fase 1 de la transformación integral del parque.

El objetivo principal de estas acciones es devolverle protagonismo a uno de los espacios públicos de mayor valor histórico, patrimonial, cultural y ambiental de Asunción. En esta primera etapa se prioriza la intervención de sectores emblemáticos y de alta afluencia de visitantes.

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Las mejoras previstas en el parque Caballero

Una de las principales mejoras previstas será la puesta en valor del Paseo de las Palmeras, donde se renovarán los pavimentos, la iluminación, el mobiliario urbano y el paisajismo. A esto se sumará la construcción de una nueva zona de juegos, equipada con elementos modernos, inclusivos, seguros y accesibles para niños y familias, integrando elementos existentes al nuevo diseño.

También serán restaurados y mejorados el Pórtico y el Acceso Andrés Barbero, con el propósito de facilitar la circulación peatonal, reforzar la accesibilidad y renovar la imagen urbana de uno de los principales ingresos al parque.

Patrimonio, naturaleza y encuentro ciudadano

La transformación del Parque Caballero no se limitará a la infraestructura. El plan contempla la protección y conservación de los elementos patrimoniales, procurando que cada intervención respete el valor histórico del lugar.

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Asimismo, se incorporarán mejoras paisajísticas e infraestructura verde orientadas a elevar la calidad ambiental, ofrecer mayor confort urbano a los visitantes y fortalecer la resiliencia del parque.

La intervención también permitirá poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y paisajístico, fortalecer la infraestructura verde y reactivar el Parque General Bernardino Caballero como uno de los principales espacios públicos de Asunción.

Primeros espacios se habilitarán este año

La estrategia incluye la ejecución de los trabajos por frentes, lo que permitirá habilitar gradualmente los sectores terminados para el disfrute de la ciudadanía, sin necesidad de esperar la finalización de la totalidad de las obras.

Según el cronograma previsto, el Paseo de las Palmeras y la nueva zona de juegos serán habilitados en agosto de 2026, mientras que la apertura del renovado Pórtico y acceso Andrés Barbero está prevista para septiembre del mismo año.

Todo esto corresponde al llamado MOPC N.º 50/2025 para el diseño ejecutivo de las fases 1 y 2, la construcción de la Fase 1 y la gestión de operación y mantenimiento del Parque Bernardino Caballero, identificado con el ID 469.504.

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Los trabajos están a cargo de Tecnoedil S.A. Constructora mediante el Contrato MOPC N.º 395/2025, por un monto de G. 61.025 millones financiado por el Banco Mundial.

Las obras que deben ejecutarse con el plan de US$ 100 millones

Una de las obras que ya está concluyendo en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera es el soterramiento de la línea de alta tensión, que era la única obra en ejecución y está a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con financiamiento del Banco Mundial por G. 67.091 millones.

Para la implementación del programa, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprobó el financiamiento.

El plan busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad del área central y costera de Asunción, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuyo avance aún se encuentra pendiente.

En relación con las obras previstas para el Parque Caballero y el Centro Histórico, el MOPC informó que las empresas responsables ya cuentan con contratos firmados para la ejecución de la Fase 1.

Según lo último que informó, avanzan en el diseño final y en la elaboración del proyecto ejecutivo de las infraestructuras, cuya aprobación se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura.

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Conflicto con vecinos que denuncian intensión de talar árboles

La contratación del diseño ejecutivo y la construcción de obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción fue adjudicada al Consorcio Palma, integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L., por G. 40.505 millones.

Justamente, en el marco de este contrato, se está ejecutando los trabajos de revitalización de la Plaza Uruguaya, donde según los vecinos se prevé la tala de 37 árboles en el espacio verde de la capital, lo que movilizó hoy a las autoridades del MOPC que acudieron hasta el sitio hoy para brindar explicaciones. Cuando las mismas aseguraron que comunicaron a los vecinos de la intervención, los vecinos los desmintieron.

En lo que respecta a las viviendas y la infraestructura del denominado “Distrito Eco-Inclusivo”, se prevé lanzar el llamado a licitación este mes.

El proyecto tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la integración urbana, promoviendo soluciones habitacionales eficientes y espacios públicos de calidad.

En cuanto al componente correspondiente a la Reserva del Banco San Miguel, se informó que el llamado a licitación se encuentra en proceso de elaboración, en coordinación con las instituciones y entidades rectoras. El objetivo es fortalecer la conservación del área, proteger su biodiversidad y promover un manejo ambiental sostenible.

Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

Los aspirantes a la intendencia volvieron a expresar su predisposición a unificar la candidatura opositora pero todavía no se define la metodología a ser utilizada, ni la fecha de la medición.

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La fecha límite es el 7 de agosto, plazo final que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) permite para aceptar renuncias de candidatos o pedidos de sustituciones y para que estos no aparezcan en la pantalla de votación en los comicios municipales del 4 de octubre.

Unidad contra el candidato cartista

El objetivo de la oposición es no dividir los votos frente al candidato del cartismo y del Partido Colorado, Hugo “Hugui” Farías. El intendente saliente es Carlos Echeverría (ANR) quien ocupa el sillón municipal desde hace dos periodos, electo por primera vez en 2015 y reelecto en 2021.

En la interna del PLRA, el concejal Achucarro Gill venció al exintendente César Meza Bría (1996-2001 y 2010-2015).

Por su parte, Maldonado también es concejal electa por el PLRA pero ella decidió competir por fuera de su agrupación en la alianza Luque Democrático.

A su turno Chilavert, exguardameta del Sportivo Luqueño, Vélez Sarsfield y otros clubes, fue candidato presidencial en 2023 por el Partido de la Juventud.

Belén Maldonado informó que tras la segunda reunión, se acordó para mañana un tercer encuentro entre técnicos de los tres candidatos a fin de avanzar en la metodología a ser implementada para elegir al candidato único de la oposición en Luque.

El proyecto, impulsado por el Arzobispado de Asunción, prevé la inauguración de la estructura el próximo 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de la patrona del Paraguay.

A través de sus redes sociales, el Arzobispado informó el inicio oficial de los trabajos. “Anunciamos que oficialmente ya iniciaron los trabajos para la construcción del monumento a Nuestra Señora de la Asunción, que será inaugurado el 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de nuestra Madre y Patrona”, refiere.

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Lugar histórico para la identidad nacional

Por su parte, el presbítero Erwin Soto, coordinador del proyecto, destacó la relevancia del sitio elegido para la instalación del monumento.

“Lugar histórico e importante para la identidad nacional”, expresó.

La obra se construye en la Bahía de Asunción, frente al Palacio de López, sobre la Costanera Norte.

Inicio de las obras coincide con una fecha histórica

El Arzobispado señaló que los trabajos comenzaron el 13 de julio, una fecha de especial significado para la Iglesia Católica en Paraguay.

Ese mismo día, pero de 1951, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de la Asunción como patrona de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La institución también convocó a los fieles y a la ciudadanía a apoyar la construcción del monumento mediante aportes voluntarios.

El único cambio publicado hasta ahora, a través de un decreto presidencial del 9 de junio, fue el de Zulma Díaz Penayo, quien fue separada como directora general de Universidades e Institutos Superiores. En su lugar asumió Carmen Paredes.

No obstante, en medio del revuelo trascendió en redes sociales que además, Luis Carísimo, un funcionario de carrera, fue designado como director de Universidades e Institutos Superiores. Esta clave dependencia se encuentra un escalón por debajo de la dirección que ocupa Carmen Paredes, ambos dependientes del Viceministerio de Educación Superior.

Carísimo asumió el puesto en lugar de Natalia Ortiz Benítez, una de las jefas separadas del cargo por el ministro de Educación, en el marco de la causa de los documentos universitarios apócrifos.

Títulos falsos: el “premio” de Luis Ramírez para la funcionaria separada del cargo

Si bien Natalia Ortiz Benítez fue separada del cargo de directora de Universidades luego del escándalo por los diplomas no auténticos, finalmente el ministro de Educación, Luis Ramírez, decidió “premiarla” con otro alto puesto y encima dentro de la misma dependencia, o sea, el Viceministerio de Educación Superior.

Natalia Ortiz es ahora directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior, lugar de confianza dentro de las oficinas del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene. Percibe mensualmente G. 18.886.660, de los cuales G. 9.958.460 son en concepto de bonificaciones y “otros gastos” del personal.

Pero, ¿quién es Natalia Ortiz Benítez? La funcionaria es hermana de Rossana Estrella Ortiz Benítez, directora general de Cooperación, representante del MEC ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Además hay otra familiar en el MEC, Gabriela Nicole Rivaldi Ortiz, hija de Rossana, por ende, sobrina de Natalia.

Según fuentes en la cartera educativa, las hermanas Ortiz son parte del equipo del presidente de la Cámara de Diputados, el colorado cartista Raúl Latorre, pero se desconoce si el legislador ejerció algún tipo de influencia a favor de la flamante directora de Gabinete de Educación Superior.

MEC: “premiada” estuvo apenas seis meses en el cargo

Natalia Ortiz había sido nombrada como directora de Universidades en el MEC el 17 de diciembre del 2025, y tras seis meses, fue cambiada nuevamente. En ese momento, se mencionaba en la entidad que la misma había sido beneficiada por favores políticos, debido a la campaña realizada para que Romina Medina, esposa del jefe de Gabinete Aníbal Zapattinni, ganara las internas coloradas para ser candidata a concejala, aunque después perdió.

Un dato no menor con respecto a lo partidario es que Luna Abigail Velázquez Ortiz, quien sería igualmente pariente de las hermanas Ortiz, trabaja como secretaria en la oficina del diputado Raúl Latorre.

“El respaldo político que tiene la familia Ortiz es fuerte, no se les puede tocar a ellas”, afirmó una fuente del MEC a ABC.

Títulos falsos: la “conexión” Orlando Arévalo en el MEC

Las hermanas Ortiz, Rossana y Natalia, también aparecen en eventos públicos y privados como fiestas de cumpleaños de funcionarios del MEC en compañía del exdiputado Orlando Arévalo, dueño de varios Institutos de Formación Docente (IFD), que ya estuvieron en la mira por presuntas irregularidades.

El 6 de febrero del 2025, este diario publicaba un artículo titulado “Peña premia a cercana de Orlando Arévalo con alto cargo en el MEC”, en relación con el nombramiento de Rossana Ortiz como representante del MEC ante la Unesco.

En la misma nota, se publicó la foto de la fiesta de cumpleaños del funcionario Marcelo Duprat, en compañía de varios trabajadores de la cartera educativa. En el festejo también estuvo Orlando Arévalo.

Zulma Díaz Penayo, también desvinculada de su puesto de directora de nivel, era la secretaria de Orlando Arévalo cuando este tenía rango de director en el MEC, en el 2017, de la mano del exministro de Educación y actual ministro del Interior, Enrique Riera.

Según Lovera, el pedido de su salida supuestamente se originó por parte de un asesor de la presidencia de la República al que identificó como “JJ”.

“El asesor del Presidente de la República, JJ, le pidió (a Fretes) mi renuncia. 'Me voy yo o te vas vos’, me dijo; si ese es el problema, yo hago la renuncia. Soy jubilado, no hay drama”, detalló.

Asimismo, mencionó que él cometió “varios pecados institucionales”, en el sentido de denunciar millonarios “fatos” que vendrían de la administración pasada -la de Jorge Brítez- y hasta ahora no serían investigados o abordados.

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Isaías Fretes es “vendehúmo”, según Lovera

Según relata el exasesor, Fretes había ido a su domicilio para proponerle “limpiar el IPS” y con esa promesa aceptó el cargo, pero luego él se encontró con que supuestamente era “JJ” quien mandaba dentro de la previsional.

“Isaías Fretes no puede cambiarle a nadie, no disponía nada y no mandaba en el IPS. Yo iba sumando pecados, intervengo, el famoso container, estructuras, extensiones... nada se hizo. Encontré más fatos, 50 millones de dólares de la administración anterior; no nos recibieron, instrucciones de dejar sin efecto”, agregó.

Sobre su salida, aseguró que él no planeaba ser un asesor para “callarse” o “prestarse”, por lo que sostiene que ahora su renuncia es “con la frente alta” luego de más de 25 años de antigüedad en el IPS.

“El vendehúmo Isaías Fretes jamás presentó una denuncia penal, jamás hizo una separación de cargo, no hizo sumario porque no le da el cuero. Yo soy leal a la institución, a los cotizantes, a los jubilados, a la patria. Isaías me pide la renuncia por orden de JJ", reiteró.

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“Varias bombas” dentro de IPS

Finalmente, Lovera también denunció que “se están preparando varias bombas” dentro del IPS, entre asesores externos, fideicomisos, préstamos y bonos, con la supuesta intención de que el dinero de la previsional vaya al exterior.

“Ahí no podemos controlar nada y ahí IPS se funde. Hay diferencias profesionales que tuve con sus asesores, entre comillas, que son asaltantes. Están los mismos gerentes de Brítez. Yo molestaba en el IPS; me pidieron la renuncia, renuncié y aquí estoy firme”, sentenció sin descartar tampoco presentar una eventual denuncia penal en la que se mencione a Fretes como “cómplice”.

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Así expresó el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en una plenaria colorada en Atyrá, departamento de Cordillera. El postulante con miras a las elecciones generales del 2028, reencaminó su campaña tras una breve pausa tras las internas municipales del 7 de junio pasado.

Wiens, en primer término, aludió a la decisión de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público que pidió días atrás al Juzgado Penal de Garantías el cierre de la causa abierta en marzo de 2025 por el presunto delito de lesión de confianza en la compra de mobiliarios para 1.380 centros educativos, a un costo superior a 310.600 millones de guaraníes (32 millones de dólares) provenientes de Itaipú Binacional, cuyo director general paraguayo es Justo Zacarías Irún.

Fiscalía dice que pupitres chinos no fueron sobrefacturados y pide desestimar causa

El hecho fue denunciado por parlamentarios opositores que adujeron una “sobrefacturación grosera”: el costo de importación desde China sería de 15 a 30 dólares por conjunto (mesa y silla), pero se pagó un promedio de 96 dólares.

En otro momento de su discurso ante adherentes en Atyrá, Wiens se preguntó: “¿Ustedes no creen que estamos preocupados por la situación del país que nos van a entregar? Un país quebrado económicamente. Un IPS (Instituto de Previsión Social) en el cual están los recursos de los aportantes. Hoy está en riesgo la sostenibilidad económica. Ni hablemos de la parte médica. Una justicia entregada al poder de turno".

Luego, el exsenador y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez, recordó la comentada “reunión secreta” de los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña y el titular y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, que se realizó el año pasado.

Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

“No me voy a olvidar que soy uno de los primeros en sufrir las consecuencias de esa reunión secreta. Ahí se decidió que Marito tiene que ir preso o ser imputado, y que yo tengo que ser imputado. No nos van a encontrar siendo cómplices de ese sistema que quiere hacernos el cháke o asustarnos con las cosas para que nos alineemos como delita a ellos. No, nosotros no le tenemos miedo a esos anticolorados que creen que somos un número más para su sistema, que somos parte de ese algoritmo que ellos van a manejar”, aseveró Arnoldo Wiens.

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Dijo que ahora “hay un punto bisagra” en su carrera a la presidencia con miras a las generales de 2028.. “He caminado un año y seis meses. Ahora me toca caminar otro año y seis meses y seré electo candidato a presidente de la República por el Partido Colorado”, manifestó el presidenciable de Colorado Añetete.

Pero al ser insistido si no le llamaba la atención que desde que asumió el gobierno de Santiago Peña, dicho banco haya recibido US$ 800 millones de fondos públicos, Amarilla dijo que considera a Miguel Vázquez como un “disruptor”.

“Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”, dijo el economista y exadministrador de la UNA.

Respecto a si no ve favoritismo estatal, insistió que a su criterio Vázquez es “un disruptor en el sistema financiero” y que este último “abrió la cancha y los bancos han tenido que salir a hacer también promociones y esfuerzos para seguir sosteniendo a su clientela”.

Amarilla sostuvo incluso que Ueno no solo capta fondos públicos ya que “hace poco colocó 350 millones de dólares en el exterior”. También rechazó que exista una centralización de fondos públicos y afirmó que la entidad solo capta “un porcentaje relevante” pero que no es el total.

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El Consorcio Arapoty, representado por Dionisio Amarilla González –padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla– y Ueno Seguros, del Grupo Vázquez SAE –exsocios del presidente Santiago Peña–, no reembolsa hasta la fecha a la ANDE más de G. 4.853 millones en concepto de anticipo y garantía por incumplimiento de un contrato.

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El crecimiento no es pecado ni delito, afirma ZI

A su turno, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), exintendente de Ciudad del Este, primero eludió hacer comentarios argumentando que no estudió el fondo de la cuestión pero luego defendió el crecimiento de Ueno Bank.

“El crecimiento por el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito. Ojalá que todos los empresarios de la República del Paraguay estén y hayan crecido en este gobierno. Yo creo que eso es lo que espera este gobierno, el crecimiento de todos para que a su vez, los empresarios puedan generar fuentes de trabajo para todos los paraguayos”, aseveró.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que “si ese crecimiento es legal o no, eso ya es otra cuestión que se debiera analizar. Pero el crecimiento por el crecimiento nomás no es un delito”.

“No tengo nada que decirte porque no estudié técnica, ni jurídica, ni administrativa, ni contablemente. Y yo no quiero hablar de algo que no conozco, de algo que no se ha profundizado”, concluyó.

Resultó víctima una trabajadora de la farmacia. Los autores fueron dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta. El conductor tenía puesto un casco protector de color verde, mientras que el acompañante, quien descendió e ingresó al local, tenía el rostro descubierto y portaba una pistola.

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Uno de los asaltantes ingresó hasta el sector de caja para apoderarse de todo el dinero, mientras mantenía encañonada a la trabajadora. Su rostro quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado, por lo que ya fue plenamente identificado por la Policía Nacional.

Otra farmacia atacada

Esta mañana, otra farmacia de la misma cadena, también ubicada en Presidente Franco, pero en otro punto de la ciudad, fue blanco de un intento de asalto que finalmente no llegó a consumarse.

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El hecho ocurrió alrededor de las 07:30, en el barrio Las Mercedes. La víctima manifestó que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta roja, tipo cobrador. El acompañante descendió simulando ser cliente y dio la voz de asalto, pero al escuchar el grito de “¡Guardia!”, huyó junto con su cómplice sin lograr consumar el hecho.

Sin embargo, las autoridades alertan que se podrían registrar ráfagas puntuales que superen los 80 km/h, afectando con mayor intensidad a la región Occidental (Chaco) y a sectores del centro de la región Oriental.

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Pronóstico por días y zonas afectadas:

• Miércoles 15: se espera el inicio del evento con vientos de entre 30 y 60 km/h cubriendo mayormente el Chaco, el centro-norte y el suroeste de la región Oriental.
• Jueves 16 y Viernes 17: la intensidad aumentará notablemente. En gran parte del territorio chaqueño (especialmente el oeste y centro) los vientos podrían alcanzar velocidades que superarán los 60 km/h. El resto del país mantendrá vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h.
• Sábado 18: las condiciones de vientos fuertes y del sector norte persistirán, manteniendo el núcleo de mayor intensidad (más de 60 km/h) sobre el norte del Chaco. El norte y centro de la región Oriental experimentará vientos más moderados superiores a los 40 km/h; en tanto que en el sur, la velocidad prevista se ubica entre los 30 y 40 km/h.

Cabe resaltar la importancia de tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cables del tendido eléctrico o estructuras ligeras, así como evitar las quemas, ya que las altas velocidades del viento facilitan la rápida propagación de incendios.

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Ozorio, Chamorro y Portillo fueron condenados en el primer juicio oral y público del caso Cecilia, junto a otros nueve acusados por el caso.

Condenan a 35 años de cárcel a principales acusados en el caso Cecilia Cubas

El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García Hulskamp e integrado por Víctor Medina y María Luz Martínez estableció una medida de seguridad de 6 años para Chamorro y Portillo y de 3 años para Ozorio, según la sentencia definitiva (SD) N° 417 del 1 de diciembre de 2006.

El control del cómputo de esta sentencia está a cargo del juzgado de Ejecución Penal de Sentencia del primer turno a cargo de Luz Rossana Bogarín, quien dictó tres resoluciones al respecto.

Condenados compurgarán medidas de seguridad en 2027 y 2029

El cómputo definitivo establecido para Sebastián Ozorio González, de 45 años, en el auto interlocutorio AI N° 1.089 señala que el mismo compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 13 de mayo de 2024, por lo que a partir del día siguiente empezó a cumplir la medida de seguridad de 3 años, que tendrá por compurgada el 14 de mayo de 2027.

Secuestró y luego decidió la muerte de Cecilia Cubas, según la acusación fiscal

En el AI N° 1085, Bogarín detalla que Pedro Chamorro Melgarejo, alias “Emilio”, de 43 años, cumplió su condena de 18 años y 9 meses de cárcel el 27 de diciembre de 2023. En consecuencia, a partir del 28 de diciembre de 2023, dio inicio al cumplimiento de la medida de seguridad establecida por la justicia, que tendrá compurgada el 28 de diciembre de 2029.

Idéntico cómputo estableció el juzgado para Manuel Portillo Gómez, alias “Saúl’’, de 43 años, quien compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 27 de diciembre de 2023 y al igual que Chamorro, compurgará su medida de seguridad el 28 de diciembre de 2029, según el AI N° 1.090.

Secuestro y crimen de Cecilia Cubas

El 21 de setiembre del 2004, Cecilia Mariana Cubas Gusinky, de 31 años, fue secuestrada cuando se dirigía a su residencia en San Lorenzo. Los criminales cerraron el paso de la camioneta de Cecilia con otro rodado y abrieron fuego contra el vehículo. Posteriormente, rompieron con un mazo la ventanilla y la sacaron a rastras.

Cecilia Cubas: 20 años del secuestro que conmocionó al Paraguay

Los captores pidieron US$ 5 millones, pero luego bajaron sus pretensiones. El 12 de noviembre de 2004 la familia pagó un rescate de US$ 300.000 en Caaguazú, pero la joven no fue liberada.

El 16 de febrero del 2005, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado en un túnel de una vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby, donde fue enterrada viva según concluyeron posteriormente estudios forenses. La propiedad quedó conocida como la “casa del horror” a raíz del lamentable hallazgo.

Condenados en distintos juicios

El primer juicio por el crimen de Cecilia Cubas concluyó el 1 de diciembre del 2006 con 12 condenados a penas de 5 a 35 años de cárcel, entre ellos los nombrados anteriormente.

Las penas más altas fueron para Osmar Martínez y Anastacio Mieres, ex secretario y ex activista del partido Patria Libre, recibieron las penas más elevadas, de 35 años de prisión, de los cuales 25 corresponden a la pena máxima y 10 a medidas de seguridad. La exreligiosa Francisca Andino fue condenada a 30 años de reclusión (22 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad).

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Los demás condenados son: Roberto Otazú Busto a 25 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 7 años de medidas); Vaciano Acosta y el expolicía José Hidalgo a 24 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas); Aldo Meza a 15 años de cárcel; Lidia Samudio y Rosalba Jara a 5 años de prisión.

El segundo juicio tuvo como protagonista a Casildo Acosta, condenado a 7 años por asociación criminal y frustración de la persecución penal el 31 de mayo del 2007.

Prófugos fueron capturados en el Brasil y en la Argentina

Tras la extradición desde el Brasil y de la Argentina, de algunos de los procesados que se habían fugado del país al inicio del proceso, se realizaron otros tres juicios.

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Asi las cosas, en el tercer juicio, que concluyó el 15 de julio de 2012, los acusados Aristides Vera Silguero, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales y Carlos Ramón Espínola. fueron condenados a 35 años de reclusión ((25 de prisión y 10 de medidas de seguridad).

El 29 de junio de 2021 Óscar Luis Benítez alias “Male’i” fue sentenciado a 34 años de reclusión ((24 años de pena privativa de libertad y 10 años de medidas de seguridad) y el 20 de diciembre de 2024 Lorenzo González Martínez fue condenado a 28 años de cárcel.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en coordinación con la Sociedad Paraguaya de Dermatología, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud de la Piel 2026.

Las actividades se desarrollaron en el campus de la Universidad Católica de Villarrica, donde especialistas brindaron atención gratuita a pacientes provenientes de distintos distritos del departamento de Guairá.

De acuerdo con el informe oficial, durante la campaña se realizaron 461 consultas dermatológicas especializadas y 75 procedimientos médicos destinados al diagnóstico y tratamiento de diversas patologías de la piel.

Además, fueron practicados 29 estudios microbiológicos, 30 radiografías para la detección de tuberculosis y 80 pruebas de sífilis y VIH. Como resultado de estos análisis se confirmó un caso positivo de tuberculosis, mientras que todas las pruebas para sífilis y VIH arrojaron resultados negativos.

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Entre los hallazgos más relevantes figuran dos nuevos casos de lepra, enfermedad que continúa presente en Paraguay pese a los avances registrados en materia de control epidemiológico.

Asimismo, los especialistas detectaron 11 casos de carcinoma basocelular, un caso de melanoma y un caso de carcinoma espinocelular, patologías consideradas entre los principales tipos de cáncer de piel. Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes recibieron la intervención médica correspondiente durante la jornada.

Paralelamente a la asistencia médica, la campaña desarrolló un programa académico dirigido a médicos de atención primaria, licenciados en enfermería y otros profesionales del sistema de salud.

En total participaron 180 profesionales y estudiantes, quienes recibieron actualización sobre diagnóstico y tratamiento de lepra, leishmaniasis, infecciones cutáneas, micosis, cáncer de piel, uso racional de antimicrobianos y enfermedades tropicales desatendidas.

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El programa Pire Porã Rekávo, cuyo nombre en guaraní significa “En busca de una piel sana”, se centra en la detección precoz de enfermedades dermatológicas, acercando especialistas y estudios diagnósticos a departamentos donde el acceso a este tipo de atención suele ser limitado.

Desde su implementación, la iniciativa ya benefició a 3.975 personas en distintos puntos del país y permitió capacitar a 942 profesionales de la salud, fortaleciendo la capacidad diagnóstica de los servicios públicos.

La campaña comenzó entre 2016 y 2018 en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Misiones. Posteriormente fue reactivada en 2023 en Caazapá, continuó en Ñeembucú durante 2024 y en Concepción en 2025, llegando este año al departamento de Guairá.

Junto al cuerpo fue hallado un pedazo de cartón con un manuscrito en el que se lee “Justicieros de la frontera, No robar + 1 aviso”, lo que hace presumir que el hecho pudo haber sido autoría de los integrantes de un supuesto grupo criminal que atenta contra personas a las que consideran que cometen robos y hurtos en la zona.

Indagarán si la mujer tiene antecedentes en Brasil

Desde la Comisaría 15 de la colonia Cerro Cora’i, informaron que al no tener aún la identidad, no hay registros de antecedentes penales, pero sí la referencia de que la víctima era adicta a las drogas que deambulaba por las calles y, por ende, no se descarta que haya tenido participación en algún hecho punible, según fuentes policiales.

El cuerpo de la mujer fue derivado a la morgue del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero a la espera de familiares.

Los investigadores de la Policía Nacional informaron que en el marco de una tarea coordinada tienen el apoyo de sus pares de Brasil para identificar a la víctima y avanzar en las pesquisas del caso.

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En ese sentido, las autoridades policiales solicitarán informe a sus pares de la ciudad de Ponta Porã para tener un panorama más claro sobre el perfil de la víctima.

Destacan como importante que la DGJP no solicita números de cuentas bancarias, tarjetas, PIN, contraseñas, códigos de verificación ni otro dato confidencial.

Agregan que este procedimiento busca garantizar la continuidad de los beneficios con seguridad y transparencia.

Piden en el mismo que en caso de fallecimiento, se podrá solicitar únicamente la remisión del Certificado de Defunción.

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Verificación de vivencia de jubilados y pensionados

Se recuerda que para la Comunicación de Beneficiarios Fallecidos está disponible la aplicación oficial, accesible mediante el QR del flyer o ingresando a la página web https://censos.hacienda.gov.py/informar-defuncion

Ante cualquier duda y para verificar la autenticidad de la comunicación, piden utilizar siempre los canales oficiales del MEF.

Tiroteo en Alberdi lo que se sabe del presunto delincuente abatido

Los trasladados son Fabio Luis Gavilán (51), domiciliado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; Diego Alberto Valdez Morales (34), residente en Fernando de la Mora, departamento Central; y Eladio Muñoz García (49), domiciliado en la colonia Vaca Hu, departamento de San Pedro.

El procedimiento fue realizado por disposición del Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca, en cumplimiento de los oficios judiciales Nº 318, 320 y 322, todos de fecha 12 de julio de 2026, dentro de la causa N.º 337/2026, caratulada “Fabio Luis Gavilán, Diego Alberto Valdez Morales y Eladio Muñoz García s/ Robo Agravado y Otros”.

La entrega de los detenidos fue comunicada mediante un memorándum remitido por el subcomisario Romeo Escobar a la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Ñeembucú.

Cuatro delincuentes prófugos

El fiscal de la Unidad Penal Nº II de Alberdi, Diego Benítez, informó que al menos cuatro presuntos delincuentes que habrían participado en el asalto a mano armada al Autoservicio Liz II continúan prófugos y son buscados intensamente por las fuerzas de seguridad en la zona de Villa Oliva y áreas aledañas.

El representante del Ministerio Público señaló que los operativos de búsqueda y rastrillaje siguen desarrollándose con apoyo de efectivos policiales de distintas dependencias, con el objetivo de localizar y detener a los sospechosos que lograron escapar tras el millonario golpe perpetrado días atrás en la ciudad de Alberdi.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía, especialmente de los pobladores de la zona y propietarios de establecimientos ganaderos, para aportar cualquier información que pueda contribuir a la captura de los prófugos, ya que, según los investigadores, los supuestos delincuentes avanzan hacia el departamento Central a pie y, por ahora, se encontrarían por la zona de Villa Oliva.

El fiscal Benítez instó a los vecinos a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o con el sistema de emergencias de la Policía Nacional en caso de observar movimientos sospechosos o identificar a personas que coincidan con las características de los buscados.

La investigación continúa y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas, mientras las autoridades intentan desarticular por completo a la organización criminal vinculada al asalto tipo comando que generó gran preocupación entre comerciantes y pobladores de Alberdi.

La presidenta de la Comisión de Salud, Noelia Cabrera (PLRA, aliada cartista), explicó que durante la reunión participaron técnicos del Ministerio de Economía y del IPS, quienes analizaron los aspectos legales y administrativos del proyecto.

“Tratamos un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social. Estuvimos trabajando, escuchando propuestas, pero el 28 de julio tendremos una reunión con el presidente del IPS y el ministro de Economía para definir cómo se va a accionar con este proyecto”, señaló.

Buscan habilitar compras directas de medicamentos

Según explicó la legisladora, durante la mesa técnica se discutieron los mecanismos legales que permitirían convertir la declaración de emergencia en una herramienta efectiva para atender la crisis.

La intención es que el IPS pueda realizar compras directas de medicamentos, además de adquirir equipamientos y contratar profesionales de la salud para responder a la situación crítica que afecta a los asegurados.

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Cabrera indicó que todavía no existe una postura definitiva sobre el texto, ya que el objetivo fue intercambiar propuestas técnicas antes de tomar una decisión política.

“Estuvimos tocando los mecanismos jurídicos y administrativos para darle un programa legal a este proyecto, de modo que el IPS tenga la herramienta para ejecutar compras directas de medicamentos, además de incorporar equipos técnicos y profesionales que puedan dar respuesta a esta situación emergente”, afirmó.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, estaba convocado a participar de la reunión de este martes, pero se excusó alegando compromisos asumidos con anterioridad.

Fretes acudirá el 28 de julio, cuando también participará el ministro de Economía en una reunión conjunta entre varias comisiones del Senado.

El proyecto fue postergado por pedido del oficialismo

El tratamiento del proyecto de ley había sido postergado el 24 de junio, cuando la bancada cartista impulsó aplazar por 30 días el estudio de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción.

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En aquella oportunidad, legisladores oficialistas argumentaron que el propio presidente del IPS, Isaías Fretes, solicitó el plazo adicional para presentar su posición sobre la propuesta.

Ahora, con la reunión prevista para el 28 de julio, el Senado buscará definir si el proyecto avanza con modificaciones o si se plantean nuevas alternativas para enfrentar la crisis que afecta a la previsional. La norma ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Morales detalló que la imputación es por tenencia sin autorización de drogas prohibidas, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel. Agregó que pidió la prisión preventiva del procesado, que se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, principalmente teniendo en cuenta la gravedad del hecho punible que se le atribuye.

Buscan a otros implicados

El fiscal Celso Morales indicó que la investigación recién comienza y que están en plena tarea de identificar a otros partícipes de un esquema de venta de drogas en el interior del establecimiento penal de Pedro Juan Caballero.

“Estamos iniciando la etapa investigativa, tratando de profundizar todo lo que respecta al detenido y a otras personas, si es que hubo otros implicados”, expresó Morales.

Agregó que pedirá un informe sobre la situación de Ramírez González en el proceso por la fuga masiva de presos ocurrida en el 2020, en el que el hoy detenido también está entre los casi 30 procesados.

Agentes de Investigaciones de la Policía Nacional detuvieron el lunes al guardiacárcel Alcides Ramírez González en inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde prestaba servicios.

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El mismo conducía un automóvil Volkswagen Golf de su propiedad. En el interior del rodado fueron hallados 2 kilos y 400 gramos de marihuana que el sospechoso pretendía comercializar en la población penal de su lugar de trabajo.

Uno de ellos es el narcotraficante Ignacio Cubilla, de 51 años, alias Nacho, capturado el 25 de abril de 2018 en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en la operación Fox de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se hizo bajo la supervisión de la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara.

Ignacio Cubilla después fue condenado a 13 años de cárcel. Su primo, Juan Vidal Cubilla Martínez, quien cayó con él aquel día, fue sentenciado a 12 años de encierro. Reinaldo Cubilla Martínez, primo de Ignacio y hermano de Juan Vidal, detenido el 23 de marzo de 222, fue castigado con 11 años de reclusión.

Los Cubilla integraban una organización criminal que enviaba principalmente marihuana a Argentina y Uruguay, en vehículos con doble fondo, en embarcaciones a través del río Paraná y en avionetas que despegaban desde pistas clandestinas situadas en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

De hecho, en su momento, fueron señalados como los mayores exportadores de marihuana de Paraguay al mercado del Río de la Plata.

El 18 de diciembre de 2022, Ignacio Cubilla, alias Nacho, apuñaló a dos guardiacárceles en la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, tras lo cual fue reducido con un disparo de escopeta en la pierna.

Después de ese incidente, fue trasladado al penal de San Juan Bautista, departamento de Misiones, de donde ahora se escapó. Le quedaban aún 5 años de su sentencia por narcotráfico.

Fugado del penal de Misiones es uno de los más peligrosos del Sur

El otro fugado hoy es el sicario Pascual Benítez Miranda, de 43 años, alias El Sicario, quien fue trasladado el 18 de junio de 2025 de la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, a la prisión de San Juan Bautista, departamento de Misiones.

Su transferencia se produjo luego de que fuera sorprendido en posesión de una pistola y un revólver con los que supuestamente debía asesinar al supuesto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del diputado colorado fallecido Eulalio Gomes, alias Lalo.

Pascual Benítez Miranda fue capturado por última vez el 8 de enero de 2020 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa, y después de eso sentenciado a 26 años de cárcel por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo, ocurrido el 14 de setiembre de 2019 en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.

Como autor moral de ese crimen fue señalado el entonces concejal departamental de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón, del Partido Colorado, quien supuestamente fue el que contrató a El Sicario para matar a Carlos Gordo, según la imputación que presentó en su contra el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Marcelo Daniel Pecci Albertini.

De hecho, un día antes de morir, el propio Carlos Gordo denunció ante la Policía y la Fiscalía que Benjamín Adaro Monzón lo mandaría a matar, aunque tras permanecer un tiempo en prisión el citado político colorado fue absuelto en este caso.

Supuestamente, también por orden de Benjamín Adaro Monzón, el ahora fugado Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, habría ejecutado un atentado a tiros en la Junta Departamental de Caazapá, en la ciudad de Caazapá, el 8 de agosto de 2019.

Atentatos contra político y policías

En ese ataque intentaron matar al concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, del Partido Liberal, y de paso culpar del hecho al comerciante de la misma región, Jorge Baeza, ambos coincidentemente rivales políticos de Benjamín Adaro Monzón.

Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, increíblemente también fue favorecido por la justicia paraguaya en el caso del asesinato de dos policías de Investigaciones de Caazapá, perpetrado el 18 de febrero de 2016 dentro de un colectivo de la empresa La Yuteña, en la zona de Yegros, departamento de Caazapá.

Las víctimas fueron el el suboficial primero Denis Aguiar Ortellado y el suboficial segundo Jorge Luis López Figueredo, quienes fueron acribillados supuestamente por el ahora fugitivo Pascual Benítez Miranda y el padre de este, Matías Benítez, que presuntamente abrieron fuego cuando intentaron atraparlos.

Pascual Benítez Miranda era buscado en esa época para ser interrogado por el atentado contra el político liberal Nelson Javier Vera Villar, cometido el 1 de noviembre de 2015 en la zona de Yuty, departamento de Caazapá. Ese ataque fue supuestamente ordenado por Benjamín Adaro Monzón.

Si bien el legislador pretendió disgregar su rol de legislador y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

“La semana pasada salió la desestimación de la denuncia. El Ministerio Público hizo un trabajo donde desmenuzó y desglosó el contrato y la denuncia que hicieron contra el director Justo Zacarías sobre lesión de confianza y este ‘cuento’ inició un 22 de enero de 2024 cuando el ministro de Educación, Luis Ramírez solicita la compra de 330.000 mesas y sillas pedagógicas”, comenzó mencionando Aguilera.

El mismo hizo referencia a la adjudicación de la licitación de Itaipú por US$ 32 millones a la empresa proveedora de frazadas, Kamamya S.A., del empresario chino ligado profundamente al gobierno actual, Long Jiang.

Aguilera alegó que la Fiscalía supuestamente hizo todas las comparaciones de precios y otras diligencias donde supuestamente comprobó que no hubo sobrefacturación.

Declaraciones pueden ser presión dice Benítez

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

“La persona que tiene que juzgar el trabajo de Fiscalía de forma objetiva no puede venir a usar su curul para defender abiertamente este tremendo negociado. O sea, estos pupitres que se pidieron, la empresa que ganó, la que se le adjudica, pidió antes de que se le adjudicara y eso se demostró... está documentado", señaló Benítez.

Llamativamente, la empresa ganadora, antes de la adjudicación, ya había adquirido un lote idéntico al que necesitaría Itaipú y supuestamente no hubo sobrefacturación pese a que ante Aduanas, Kamamya declaró un costo 3 veces menor al que pagó la binacional.

El Ministerio Público tampoco indagó los claros nexos entre Long Jiang y las cabezas del Ejecutivo, que aún en época de campaña le prestó su avión privado al presidente de la República, Santiago Peña (para vacacionar) y el vicepresidente Pedro Alliana (para hacer campaña).

“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.

Aguilera volvió a responder diciendo que por su condición de miembro del JEM no pierde su condición de legislador, sin embargo, en varias ocasiones argumentó no opinar sobre ciertos temas que involucran al cartismo, para no “preopinar” ante una eventual intervención en el JEM.

Aguilera se puso el “sayo” cuando se especuló con negociados

Durante su intervención, Raúl Benítez también recriminó el hecho de que el Gobierno de Santiago Peña prefirió la compra de pupitres chinos, ignorando la industria local y se cuestionó: "¿Qué viene después? ¿Vamos a traer constructoras extranjeras que nos hagan todas las obras públicas? Eso no creo No creo que eso hagan. Y todos sabemos por qué no van a hacer eso", dijo, especulando con que es una fuente de negociado de varios legisladores.

Llamativamente, el que reaccionó en ese momento fue el diputado Alejandro Aguilera, que incluso interrumpió el uso de la palabra en ese momento.

“El colega se tomó por aludido a las constructoras. No sé, capaz hay cosas que sabe. Se puso el saco, yo no le mencioné pero se puso el saco así perfecto y le quedó probablemente centímetro por centímetro perfecto el saco”, dijo Benítez, que luego volvió a ser amenazado con el reglamento, advirtiéndole que supuestamente no podía cuestionar a su colega.

La denuncia trata supuestos hechos de acceso indebido a sistemas informáticos del Estado.

Para las tareas y diligencias de investigación designó a la agente fiscal especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano.

El caso estaría relacionado a la reciente denuncia realizada por el Mitic y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que se conoció a raíz de una revisión conjunta de ciberseguridad que detectó múltiples actores de amenaza informática que lograron vulnerar los sistemas del Estado paraguayo. Las administraciones de ambos países emitieron una declaración alertando sobre las supuestas operaciones maliciosas vinculadas al Gobierno chino, lo cual este negó y acusó de calumnia.

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Abren investigación por supuesto hackeo a sistemas del Estado

Desde la asunción de Gustavo Villate al frente del Mitic se registraron varios ataques cibernéticos a los sistemas del Estado.

Incluso, varios grupos de hackers anónimos se jactaron del robo de datos de miles de ciudadanos paraguayos a través de los sistemas del Mitic en reiteradas ocasiones.

El portal de acceso a la información pública fue uno de los últimos afectados por este tipo de ataques.

El comercio siniestrado es un local de venta de relojes y lentes, denominado “El Petiso”, ubicado sobre la calle Abogada Mercedes Sandoval, casi Juana María de Lara.

La rápida acción de Bomberos Voluntarios de Encarnación permitió un rápido control del fuego y continúan ahora con el enfriamiento de la zona.

El edificio cuenta con varios locales pegados entre sí, por lo que el fuego constituye un peligro potencial en el lugar. Además, los productos de bazar, en su mayoría de plástico, son altamente inflamables, según detallaron los intervinientes.

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Sin afectados

Los voluntarios manifestaron que, por fortuna, no hubo afectados por el humo que requirieran atención. El humo emitido se esparció por gran parte del sector comercial durante los minutos en que duró el incendio.

No obstante, hablan de cuantiosos daños materiales y de la pérdida total de la mercadería que estaba en el depósito.

La iniciativa amplía el artículo 244 para incorporar a los eventos deportivos internacionales dentro de las actividades exoneradas del pago de determinados tributos.

Al responder consultas sobre el impacto de las exoneraciones en las finanzas públicas, Orué aclaró que esos beneficios fiscales no afectan directamente al IPS. “El tema del IPS, ninguno de estos tributos va a financiar el presupuesto del IPS porque el IPS es una entidad autónoma y autárquica”, explicó.

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No obstante, aprovechó el debate para plantear la necesidad de abrir una discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

“El IPS hace 40 años que no tiene una reforma y nosotros ya tenemos cinco reformas tributarias en 40 años. Creo que podemos empezar a estudiar como país una reforma que actualice, modernice y sea mucho más equilibrada financieramente”, sostuvo.

Esperanza Martínez: “No sirven reformas para las métricas”

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), respondió que el problema del IPS no pasa por la falta de reformas legales, sino por la escasa formalización del empleo y el incumplimiento de las obligaciones patronales.

Afirmó que, pese a las sucesivas reformas económicas impulsadas desde 2013, el número de trabajadores que aportan al IPS prácticamente no creció. “Tenemos leyes que obligan a los empresarios a cotizar al IPS, pero eso no se cumple. Empresas que contratan con el Estado deberían estar al día con sus trabajadores y tampoco sucede”, cuestionó.

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Como ejemplo, citó los sectores de limpieza y seguridad privada, donde -según dijo- persisten incumplimientos laborales incluso en contratos financiados con recursos públicos.

La legisladora sostuvo que el país continúa con elevados niveles de informalidad laboral, pese al crecimiento económico, la expansión del régimen de maquila y las distintas reformas impulsadas por los últimos gobiernos.

“¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está el empleo real que genera la maquila si no aumentan los aportantes del IPS?”, preguntó.

Cuestiona baja presión tributaria e informalidad

Martínez sostuvo que Paraguay mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y que ello limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.

A su criterio, las reformas implementadas priorizaron indicadores económicos sin resolver problemas estructurales.

“Vamos a hacer reformas para las métricas, pero seguimos con una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y sin resolver la salud, la educación ni la infraestructura”, afirmó.

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También denunció elevados niveles de evasión en el ámbito laboral y reclamó mayor control sobre empresas que prestan servicios al Estado.

Además, mencionó investigaciones relacionadas con el sector de los juegos de azar y cuestionó supuestos beneficios tributarios otorgados en administraciones anteriores, señalando que esos recursos deberían destinarse al financiamiento de gastos catastróficos en salud.

DNIT defiende resultados de la reforma institucional

En respuesta, Orué defendió los resultados obtenidos tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Indicó que desde la unificación de Tributación y Aduanas se registraron 250.000 nuevos contribuyentes inscriptos, lo que -según afirmó- refleja un avance en la formalización.

También destacó que la DNIT presentó denuncias ante el Ministerio Público por hechos de corrupción, subvaloración de mercaderías y evasión tributaria.

El titular de la institución aseguró además que la recaudación aumentó US$ 1.500 millones adicionales en los últimos tres años, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes.

Según sostuvo, ese monto incluso supera los recursos que aportan actualmente las entidades binacionales al Estado paraguayo.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa no solo moderniza las relaciones bilaterales, sino que establece un grupo de trabajo ejecutivo, que será presidido por Paraguay a través de la Dinac.

El nacimiento del “cielo único sudamericano”

Durante el acto de apertura, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, calificó la jornada como un “histórica” que busca consolidar un mercado aerocomercial más competitivo, abierto y eficiente, sin perder de vista la soberanía y las leyes de cada país.

Estos instrumentos introducen un sistema de rutas abiertas y la ampliación de los derechos de tráfico hasta la séptima libertad del aire para pasajeros y carga, lo que multiplicará exponencialmente las opciones de viaje en la región.

¿Qué significa en la práctica para el pasajero?

Para comprender el impacto real de este convenio, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Barros Monteiro da Franca, ofreció un ejemplo de cómo operará la recién adquirida séptima libertad del aire:

“Hoy en día, una aerolínea paraguaya como Paranair solo puede realizar rutas de Paraguay a Brasil y viceversa. Con este nuevo acuerdo, la firma paraguaya podrá operar, por ejemplo, un trayecto internacional directo entre Río de Janeiro y Buenos Aires, o enlazar Bariloche con São Paulo sin necesidad de que el vuelo se origine o termine en Paraguay”.

Del mismo modo, las aerolíneas argentinas y brasileñas ganan la potestad de operar vuelos directos cruzados entre los distintos territorios firmantes.

El ministro brasileño añadió que el objetivo a mediano plazo del grupo de trabajo es alcanzar la “novena libertad” (la máxima libertad del aire), lo que permitiría el cabotaje pleno; es decir, que una aerolínea extranjera pueda realizar vuelos domésticos internos entre distintas ciudades de otro país sudamericano (por ejemplo, que una aerolínea paraguaya cubra una ruta interna entre São Paulo y Río de Janeiro).

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Asunción, la “piedra basal” de un nuevo hub regional

Consultado sobre el potencial geopolítico de Paraguay, el subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez, fue categórico al afirmar que Asunción reúne las condiciones ideales para constituirse en un nodo de distribución de vuelos (hub):

“Técnicamente, la República del Paraguay tiene todas las condiciones para ser un hub. Si uno mide las distancias geográficas entre Asunción y São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile o Lima, se nota su ubicación estratégica. Sin embargo, la construcción de un hub requiere un marco regulatorio que lo sostenga: una política de cielos abiertos. Este memorando es la piedra basal para que Asunción logre consolidarse como tal con el correr del tiempo”.

Gómez comparó este paso con los cimientos que se colocaron en Europa hace unas décadas antes de alcanzar el modelo actual que unificó no solo la aviación, sino también las fronteras migratorias.

Sin burocracia y con liderazgo paraguayo

Ante la consulta sobre la posible creación de un ente regulador supraracional, las autoridades aclararon que no se busca añadir cargas burocráticas al sistema.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, recordó que mientras en Argentina, Brasil y Chile las funciones de regulación y explotación de aeropuertos están divididas en entes autónomos, en Paraguay la Dinac continúa ejerciendo ambos roles.

Por su parte, Hernán Gómez aclaró que el equipo de ALAS no será una superestructura costosa. “No queremos crear comisiones burocráticas, sino sumar acciones específicas desde las agencias que ya tenemos. Se conformará una comisión de carácter ejecutivo para dar impulso práctico, y todos los países hemos acordado que el liderazgo de esta comisión ejecutiva esté en manos de Paraguay, liderado por la Dinac”, remarcó.

Un espaldarazo para el turismo y la economía

El ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, celebró el acuerdo destacando que el turismo es un motor social indiscutible que genera empleo rápido y distribución de riqueza a todo nivel.

“La conectividad y el transporte de pasajeros es uno de los vectores que dinamizan la economía. Este acuerdo nos traerá más vuelos, más frecuencias, más destinos y mejores tarifas, beneficiando no solo al gran empresario hotelero, sino también de manera directa a la camarera del hotel o al mozo del restaurante”, concluyó el funcionario.

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La propuesta presentada esta mañana, busca formalizar el procedimiento para recuperar pagos indebidos de jubilaciones, pensiones y subsidios, garantizando la protección del patrimonio institucional. Cubas afirmó que la institución gestiona más de 90.500 pensiones y procesa cerca de 560.000 certificados de reposo anuales, con un presupuesto que supera los US$ 700 millones.

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Durante su informe ante Isaías Fretes, presidente del IPS y los consejeros, la gerente de Prestaciones Económicas subrayó un cambio fundamental en la estrategia. Aclaró que si bien hasta agosto de 2023 se trabajó de manera exhaustiva en la recuperación de haberes pagados erróneamente, desde esa fecha, el enfoque se trasladó hacia la prevención.

“Cambiamos el enfoque en la gestión administrativa: ya no concentrarnos en recuperar, sino en pagar bien”, explicó la gerente. Afirmó que para materializar esto, se han impulsado convenios con el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), buscando sanear el listado de beneficiarios mediante el intercambio de datos.

Procedimiento detallado de recuperación del IPS

La propuesta presentada ante el Consejo define pasos claros para actuar una vez que se tiene noticia de un fallecimiento o cambio de estado civil:

1. Bloqueo preventivo: Ante la sospecha de fallecimiento o cambio en el estatus civil, se procede al bloqueo automático del beneficio.
2. Gestión bancaria: Una vez confirmado el cambio, el IPS solicita al banco la devolución de los fondos depositados que aún no hayan sido retirados por el beneficiario o apoderado.
3. Acción sobre haberes pendientes: Si el dinero ya fue retirado, la institución espera el plazo de dos años —tiempo que tienen los herederos o derechohabientes para reclamar beneficios— para compensar saldos.
4. Judicialización: Si no se presentan reclamantes, el caso pasa a la Dirección Jurídica para la emisión de un certificado de deuda y posterior demanda judicial.

“El objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”, enfatizó Cubas. La gerente fue clara al señalar que el IPS debe analizar cada caso bajo un criterio legal, pues no todas las deudas son siempre exigibles judicialmente debido a las causales de extinción de obligaciones.

La importancia vital del plan de control de jubilaciones

La presentación de este informe y el nuevo plan de recuperación representan una necesidad estratégica y legal para la supervivencia y transparencia del IPS, aseguraron las autoridades del seguro social. La importancia de esta propuesta se puede desglosar en tres pilares fundamentales:

1. Protección del patrimonio institucional: En palabras de la gerente Cubas, “el objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”. Cada pago indebido —ya sea por el fallecimiento de un beneficiario no reportado a tiempo o por cambios de estado civil no comunicados— constituye una fuga de dinero que pertenece a todos los asegurados. Al estandarizar el proceso, el IPS busca reducir al mínimo la brecha entre el pago realizado y el derecho efectivo, blindando los fondos de jubilación contra el drenaje financiero.
2. Cumplimiento ante los Organismos de Control: Este plan cobra una relevancia inmediata ante las actuales auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). La gerente reveló que, de las más de 30 consultas recibidas recientemente por el ente auditor, entre el 70% y el 75% guardan relación directa con los procedimientos de recupero. Aseguró que formalizar este reglamento es, por tanto, una medida de defensa institucional para evitar observaciones de la Contraloría, demostrando que la administración actual cuenta con procesos documentados, legales y sujetos a normas de control interno.
3. Seguridad jurídica y eficiencia administrativa: Actualmente, el IPS opera con procedimientos que carecen de una aprobación reglamentaria definitiva. Esto genera un vacío legal que complica la judicialización de los cobros indebidos. Cubas afirmó que al dotar de un marco normativo claro a las direcciones de Jubilaciones y de Riesgo Laboral, la institución gana capacidad operativa. El plan permite que, si un pago indebido ocurre, el Estado tenga un camino trazado —desde el bloqueo bancario preventivo hasta la acción legal— que sea previsible, ordenado y, sobre todo, defendible ante los tribunales, evitando así la pérdida definitiva de recursos por falta de gestión.

Cubas resumió su informe resaltando que la propuesta presentada define pasos claros: bloqueo automático ante sospechas, solicitud de reintegro bancario, compensación con derechos habientes y, finalmente, la judicialización mediante certificados de deuda. Ante la solicitud de los consejeros, se estableció un plazo de ocho días para completar el expediente con estas exigencias técnicas.

Los senadores José Oviedo (Yo Creo) y Ever Villalba (PLRA) sostienen que el Congreso debe ejercer su función de control ante la gravedad de las denuncias formuladas por la nueva administración y el impacto que estas tendrían sobre el patrimonio institucional y la atención de los asegurados.

Uno de los pedidos está dirigido al IPS y solicita un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para investigar y corregir las irregularidades denunciadas desde el 22 de abril de 2026, cuando asumió Isaías Fretes.

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Entre los 18 puntos requeridos figuran: listado completo de las irregularidades detectadas, detalle de los sumarios administrativos abiertos, copia de auditorías internas y externas y denuncias penales promovidas.

Asimismo, el estado de las 38 causas judiciales anunciadas por la administración, la situación del stock de medicamentos, la cantidad de pacientes afectados por el desabastecimiento, el estado financiero del IPS y la recuperación del patrimonio institucional.

Los legisladores también exigen información sobre casos específicos que generaron polémica durante los últimos meses, como la compra de miles de bolsas de ostomía pediátrica que vencerían antes de ser utilizadas, los equipos médicos valuados en aproximadamente USD 20 millones que permanecían almacenados sin uso, la contratación de médicos sin la especialización requerida y las licitaciones cuestionadas en diversas áreas.

Crisis de medicamentos, una de las principales preocupaciones

Uno de los apartados centrales del pedido de informes apunta directamente a la crisis de abastecimiento de medicamentos que afecta actualmente al IPS.

Los senadores solicitan conocer el stock actualizado de medicamentos esenciales, incluyendo oncológicos, biológicos, antibióticos y antihipertensivos, además de la nómina de aquellos productos que registran “stock cero”.

Asimismo, requieren que el IPS informe cuántos asegurados han visto interrumpidos sus tratamientos por falta de medicamentos, qué patologías son las más afectadas y cuáles son las medidas de emergencia implementadas para garantizar el acceso a los fármacos mientras se normaliza el abastecimiento.

También piden detalles sobre las compras de urgencia, provisiones autorizadas mediante resoluciones especiales y medicamentos entregados por orden judicial.

Pedido de informes también alcanza a la Fiscalía

El segundo proyecto de resolución está dirigido al Ministerio Público. En este caso, los legisladores solicitan conocer el estado de todas las denuncias penales presentadas por la nueva administración del IPS como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas.

El Senado pretende saber cuántas investigaciones se encuentran abiertas, qué fiscalías intervienen, las diligencias realizadas hasta el momento y el estado procesal de cada una de las causas promovidas.

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El documento aclara que el requerimiento busca acceder a información oficial sin interferir en la independencia del Ministerio Público ni en la reserva propia de las investigaciones penales.

Buscan fortalecer el control parlamentario

Los proyectistas sostienen que las denuncias realizadas por la administración de Isaías Fretes tienen una alta relevancia institucional, económica y sanitaria, por lo que consideran necesario que el Congreso reciba información documentada y actualizada sobre las acciones emprendidas para determinar responsabilidades y corregir las irregularidades.

Si ambos pedidos son aprobados por el pleno del Senado durante la sesión ordinaria de este miércoles, tanto el IPS como el Ministerio Público deberán responder dentro del plazo de 15 días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 2648/05.

La mujer relató que cada mes acude a la farmacia del servicio de salud para retirar el medicamento, pero cuando llega ya no encuentra existencias. “Dicen que del 1 al 5 reparten los medicamentos, pero cuando voy ya no alcanza”, manifestó, al tiempo de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar el acceso al tratamiento.

La situación preocupa debido a que la interrupción de la medicación puede poner en riesgo la salud de los pacientes hipertensos, quienes dependen de estos fármacos para mantener controlada su presión arterial.

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Respuesta regional

Sobre este problema, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, había explicado anteriormente que los medicamentos son enviados a los establecimientos de salud entre los días 1 y 5 de cada mes para su posterior distribución a los pacientes.

Además, señaló que cuando se registran faltantes, los responsables de cada unidad sanitaria deben comunicar la situación y gestionar nuevos pedidos para reponer el stock.

Sin embargo, las quejas de los usuarios persisten y reflejan que el abastecimiento continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda. Los pacientes cuestionan que, pese a las explicaciones oficiales, la escasez de medicamentos básicos se repite mes tras mes, obligándolos en muchos casos a comprarlos por cuenta propia o a interrumpir sus tratamientos.

Ante esta situación, los pobladores exigen al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias una solución de fondo que garantice la provisión permanente de medicamentos esenciales en los servicios públicos y evite que más pacientes queden sin tratamiento.

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El edil refiere que, supuestamente, por no apoyar la candidatura del intendente Silverio Adorno, del Partido Colorado, quien buscaba su reelección, aunque sin éxito, este se encargó de no pagarle la dieta que le corresponde como concejal.

“Voy a permanecer el tiempo que sea necesario”, manifestó el concejal en relación con la medida de protesta que realiza frente al local municipal. “Es decir, hasta que el intendente Silverio Adorno se digne a pagarme lo que por ley me corresponde”, sostuvo.

“Es el concejal quien debe a la Municipalidad”

Así respondió el intendente Adorno al reclamo realizado por el concejal, quien alega que se le adeudan tres meses de dietas. Según el jefe comunal, es Lorenzo Sosa quien adeuda dinero a la Municipalidad, atendiendo a que se le entregó un monto específico en calidad de adelanto, conforme a una solicitud realizada por el propio edil.

“En el mes de mayo le entregamos G. 27 millones en calidad de adelanto. El concejal solicitó que se le adelantara ese monto en concepto de dietas, supuestamente para cubrir gastos de su campaña electoral, ya que se postulaba nuevamente al cargo de concejal", afirmó el intendente.

Agregó que si bien el concejal sostiene que no firmó las planillas correspondientes al cobro de las dietas de los meses que reclama, la Municipalidad cuenta con pruebas de la transferencia del dinero.

“Tenemos pruebas concretas de que le transferimos el monto señalado. Si bien no fue a una cuenta bancaria de su propiedad, fue a la cuenta que el propio Sosa indicó para que se realizara la transferencia”, refirió.

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El intendente criticó duramente la actitud del concejal, calificándola de “poco caballerosa”, al intentar percibir un dinero que, según afirmó, no le corresponde.

“Por el monto que se le entregó en calidad de adelanto, es él quien actualmente mantiene una deuda con la Municipalidad", concluyó.

La comunidad de Carmelo Peralta se encuentra a unos 700 kilómetros de la capital del país y actualmente es beneficiada con las obras del Corredor Bioceánico, entre ellas el nuevo puente internacional que unirá esta localidad con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

El senador Soroka explicó que el proyecto que planea presentar en la Cámara Alta del Congreso eleva el porcentaje mínimo de producción nacional que debe incluirse en el llamado licitatorio de Hambre Cero del 10 por ciento actual hasta el 40 por ciento.

Específicamente, el proyecto plantea elevar primero ese porcentaje al 20 por ciento en 2027 y llegar al 40 por ciento mínimo en 2028.

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El legislador colorado dijo que su proyecto será presentado con urgencia, luego de que trascendiera que el Gobierno planea adelantar el llamado licitatorio de Hambre Cero para el periodo 2027-2030.

“Queremos que la agricultura familiar esté presente en ese itinerario”, dijo.

“La producción ya no es un impedimento”

Tanto el senador Soroka como los representantes de los gremios productores que lo acompañaban coincidieron en señalar que los agricultores que se dedican al rubro familiar han demostrado tener la capacidad de producir la cantidad de alimentos necesaria para llegar al 40 por ciento que pretenden establecer por ley.

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“La producción ya no es un impedimento, estamos capacitados para producir lo requerido en calidad y cantidad”, dijo el parlamentario.

El senador agregó que, además de elevar el porcentaje de adquisición de productos nacionales, el proyecto de ley plantea también modificar el método de comercialización, proponiendo que las compras se realicen a través de comités, asociaciones o cooperativas de productores en todo el país.

¿Quién es Diosnel Miranda?

Su historia es casi increíble. A inicios de los 2000, mientras una familia japonesa hacía florecer un negocio que 30 años atrás arrancó como un hospedaje, Diosnel Miranda se dedicaba a colocar mármol y granito para una importante empresa del rubro.

El hospedaje estaba evolucionando a un hotel de varias habitaciones y Diosnel se encontraba trabajando en el lugar, sin imaginar que pronto dejaría el rubro de la construcción para adentrarse en la gastronomía, algo que si bien le gustaba, implicaba un desafío muy particular al tratarse de una cultura totalmente ajena.

El propietario del restaurante Sukiyaki vio en Diosnel una particular dedicación al trabajo, tranquilidad y respeto, cualidades que lo hacían la persona ideal para convertirse en sushiman, aunque de sushi no hubiera siquiera oído hablar. Observándolo trabajar con el granito, supo que tenía esa mano que simplemente se tiene o no se tiene.

Fue así que luego de unos meses de capacitación, el hombre, que antes trabajaba en las más importantes construcciones del centro de Asunción, pasó a dedicar su vida a la elaboración del plato más emblemático de la cocina japonesa.

Diosnel necesita ayuda

Hoy, el propio restaurante, con el respaldo de toda la comunidad gastronómica, apela a la colaboración ciudadana para costear el tratamiento de Diosnel Miranda, ampliamente reconocido en el ámbito gastronómico nacional como el primer sushiman paraguayo, quien se encuentra librando una difícil batalla por su salud.

Ante los elevados costos de su internación y tratamientos, el tradicional restaurante japonés donde Miranda deleita a comensales hace más de 25 años, inició una campaña solidaria para convocar a amigos, clientes y a la ciudadanía en general en este complejo momento.

“Él dedicó décadas de su vida a deleitarnos, abrir caminos y enseñar con pasión. Hoy, su mayor batalla no la da frente a una barra, sino en una cama de hospital, y los costos médicos son muy elevados”, señala la publicación del Restaurante Sukiyaki en Instagram, donde los seguidores reaccionaron dejando sus comentarios de apoyo a Diosnel Miranda, quien, según todos coinciden, marcó la vida de muchos, no solo a través de sus platos, sino de su trato como persona.

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“Yo le conocía de otro contexto, de cuando esperábamos el último colectivo que venía a Limpio; en ese tiempo estaba en la facu, año 2017. Regresaba a casa en colectivo que salia de Azara y Brasil a las 00:30; a veces no iba el colectivo y don Miranda se encargaba de llamar al chofer y gestionar para que vaya otro. Y cuando se compro un auto llevaba a las personas que vivían camino a Limpio. Un tipazo”, recordó uno de los usuarios.

Don Miranda se encuentra internado en el sexto piso del Hospital Central del IPS, institución a cuyos funcionarios habrá alimentado con sus platos por años, ya que el restaurante se encuentra ubicado frente a la Caja Central sobre la calle Constitución.

En conversación con ABC Color, uno de los hijos informó que hasta el momento la previsional está proveyendo los fármacos, a excepción de un antibiótico: Vancomicina 1g.

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¿Cómo colaborar con Diosnel Miranda?

Quienes deseen extender una mano solidaria al histórico sushiman pueden realizar sus aportes y donaciones directamente a la siguiente cuenta bancaria:

• Banco: Itaú
• Titular de la cuenta: Diosnel Miranda
• Número de Cuenta: 720103411
• Tipo de Cuenta: Corriente
• C.I. N°: 892.378
• Alias: 892378
• Teléfono de contacto / Giros: +595991285877

Tanto los responsables del restaurante Sukiyaki como los familiares y allegados agradecen profundamente cualquier colaboración. Asimismo, instan a la ciudadanía a compartir la campaña en redes sociales para expandir su alcance.

En busca del sake perfecto

El consorcio Palma es el encargado de las obras en la plaza Uruguaya, el cual habría analizado el estado de 37 árboles del espacio verde y solicitó el permiso a la Municipalidad de Asunción para talarlos, según indican desde el MOPC, institución que coordina el proyecto.

Esto generó la molestia de los vecinos y usuarios de la plaza, quienes ayer se movilizaron para exigir explicaciones y se reunieron con representantes del consorcio y del MOPC para expresarles su rechazo a esta determinación. Hugo Arce, viceministro de obras, afirmó que el Pliego de Bases y Condiciones del contrato establece como condición realizar un inventario forestal y también un análisis fitosanitario de todos los árboles que se encuentran en el área de influencia del contrato.

“Ese trabajo es lo que realizó el contratista y presentó al municipio y también obviamente a la contratante al ministerio para su estudio y evaluación. Actualmente esa documentación obra tanto en la municipalidad como en la Dirección de Gestión Socioambiental del ministerio evaluando todo ese informe que en su momento será dada una solución al respecto”, señaló.

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Insistió en que el MOPC evalúa la solicitud y que la idea es no tocar ningún árbol, salvo que esa situación ya sea algo de un peligro inminente para la ciudadanía, pero que existe un compromiso de hacer todo lo posible para preservar todas las parte de árboles que existen en la zona.

Detalló que el informe del consorcio Palma indica que algunos de los árboles tienen termitas y otros tienen algún problema de riesgo de caída.

Por su parte, Verónica Martínez, directora de obras, dijo que la puesta en valor de la plaza Uruguaya implica todo lo que es el mejoramiento de los pisos, el paisajismo, equipamiento e iluminación, así como también el mejoramiento de los programas que ofrece como el área niños, gimnasio al aire libre, entre otros.

“La indicación que tenemos es de en lo posible tratar de no talar ni un solo árbol, así también en caso que implique un riesgo a la seguridad de los usuarios, se definirá por los especialistas encargados del tema, que son todos los ingenieros y especialistas ambientales, forestales”, refirió.

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Vecinos desmienten a autoridades del MOPC

Según la arquitecta, el MOPC realizó varias audiencias con usuarios y vecinos de donde se tomaron en cuenta sus peticiones y pedidos sobre las áreas verdes y zonas de esparcimiento común; sin embargo, cuando estaba afirmando esto, fue interrumpida por los vecinos que estaban en ese momento de la entrevista, quienes la desmintieron al respecto, ya que sostienen que nunca recibieron comunicación alguna.

“Nosotros somos vecinos y no nos avisaron nada, todo esto que está pasando es porque nos enteramos que estaban por talar 37 árboles, porque si esto estaba todo organizado, yo me pregunto, nosotros tuvimos que sacar fotos y viralizar para que ahora vengan a darnos explicaciones. Ahora yo quiero saber, supongamos que talan o saquen o lo último que hagan es sacar los 37 árboles, ¿qué va a pasar de esos espacios verdes? ¿Van a poner cemento? ¿Van a poner asientos de cemento? Porque están matando un espacio verde para que no crezca absolutamente más nada", denunció una de las vecinas.

Criticó que hasta ahora no recibieron explicaciones de los expertos que realizaron el inventario y análisis de los árboles, como tampoco el destino de los espacios.

“Además, estamos indignados porque la jefa acaba de decir ‘con los vecinos. Nosotros tuvimos talleres con los vecinos, le informamos a los vecinos lo que va a suceder’; sin embargo, eso es una total mentira. Total mentira, nosotros no sabemos nada de lo que van a hacer. Un día vinieron un 5 de junio a las 3 de la tarde hicieron un taller, un horario en donde nadie podía participar, un horario laboral, hicieron un taller para informar lo que se va a hacer. Supuestamente nos escucharon y si el lunes siguiente, el lunes 7 ya amaneció cerrada la plaza. Ya nos cerraron la plaza, estuvo un mes parada la obra”, denunció otro de los vecinos presentes.

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Vecinos no estaban enterados de obras en la plaza Uruguaya

Reclamó que realizaron los reclamos por los canales correspondientes de por qué estaba parada la obra, ya que fueron 100% afectados con el cierre y recién tras la manifestación de los vecinos fue que las autoridades empezaron a comunicarse con ellos.

“Hoy después de la movilización que hicimos ayer es la primera vez que vemos esta cantidad de obreros acá en la plaza. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron acá a hacer esta entrevista. Nosotros nunca recibimos ningún tipo de información sobre lo que están haciendo en la plaza, no sé si tuvieron en cuenta lo que nosotros sugerimos, lo que pedimos para que mantengan eh para mantener esa plaza", concluyó.

El mandatario señaló que mantiene reuniones periódicas con el presidente del IPS, Ricardo Isaías Fretes, y aseguró que existen acciones concretas para fortalecer las finanzas de la institución y mejorar la provisión de medicamentos.

“Hay medidas que se están llevando adelante para poder, de alguna manera, disponibilizar más recursos para que puedan hacer las compras de medicamentos que son necesarios”, expresó.

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Sin embargo, aclaró que aumentar las compras sin un respaldo financiero también podría incrementar las deudas del ente previsional.

La recuperación del IPS “no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”

Peña sostuvo que el IPS enfrenta un deterioro que se arrastra desde hace muchos años y que las soluciones no serán inmediatas. “Lo que llevó décadas de deterioros no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”, afirmó.

En ese contexto, pidió respaldar la gestión del actual titular de la previsional. “Tenemos que darle todas las herramientas para que él pueda implementar los cambios”, manifestó.

El mandatario recalcó además que brinda “todo el apoyo político” que sea necesario al doctor Fretes, para avanzar con las reformas.

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Aumento de cotizantes y mayor presión sobre el sistema

En una rueda de prensa brindada este martes, Peña destacó que el país alcanzó un 40% de empleo formal, lo que permitió incorporar cerca de 100.000 nuevos cotizantes al IPS durante el último año.

Según explicó, este crecimiento representa una buena noticia para el sistema previsional, aunque también implica un aumento constante de la demanda de servicios médicos.

“Vamos a tener cada vez más cotizantes y esos cotizantes van a estar demandando cada vez más servicios”, señaló.

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Peña evita prometer soluciones inmediatas

Consultado sobre la falta de recursos para medicamentos y la necesidad de adoptar medidas urgentes, el Presidente aseguró que ya existen avances tras una reciente reunión con las autoridades del IPS.

“Les puedo asegurar que nosotros no estamos de brazos cruzados”, afirmó. Además, agregó que recibió informes “alentadores” sobre el trabajo que desarrolla la administración de Fretes y valoró especialmente los recorridos en los centros asistenciales.

“Estoy muy entusiasmado con los cambios que se están haciendo, con la gestión y principalmente ese trabajo en el terreno. Los problemas no están en una oficina, los problemas están en el terreno”, expresó.

Deuda del Estado con el IPS sigue en discusión

Respecto a la millonaria deuda que mantiene la administración central con el IPS, Peña indicó que se trata de una cuestión que continúa siendo analizada desde el punto de vista legal y financiero.

Explicó que los recursos estatales también deben destinarse al fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, que enfrenta un incremento sostenido de la demanda de atención y medicamentos.

Evitó hablar sobre una eventual posibilidad de pago.

El titular de la DNIT sostuvo que el efecto se concentra en los ingresos aduaneros y que la recaudación de los impuestos internos mantiene una evolución favorable. “El consumo y todo lo relacionado con el impuesto a los dividendos, utilidades y rentas muestran una buena recaudación”, señaló este martes en entrevista con ABC Color.

Los datos de la DNIT reflejan esa diferencia. Entre mayo y junio de este año, la recaudación total cayó 2,4% y 5,9%, respectivamente, frente a los mismos meses de 2025. En ambos casos, el resultado estuvo explicado por el fuerte retroceso de los ingresos aduaneros, que disminuyeron 22,5% en mayo y 18,2% en junio.

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En esa línea, Orué explicó que la DNIT participa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estimación de los ingresos tributarios que servirán de base al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), mientras que las proyecciones macroeconómicas corresponden al MEF y al Banco Central del Paraguay (BCP).

Agregó que las previsiones deberán actualizarse para incorporar el nuevo escenario cambiario.“Eso hay que actualizar ahora con el tipo de cambio, que creemos que va a mantenerse y no va a modificarse tanto. Entonces se tienen que buscar niveles de equilibrio en la base fiscal”, expresó.

Orué no precisó cuál sería el ajuste que podrían aplicar a las estimaciones de ingresos ni el impacto esperado sobre el proyecto presupuestario.

Recordó que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto del PGN al Congreso Nacional el 1 de septiembre de cada año.

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Sin respuesta del MEF sobre la meta fiscal

Consultado sobre si una prolongación de la caída de la recaudación podría dificultar el cumplimiento de la meta fiscal de este año, Orué evitó responder. “Esa es una pregunta para el ministro de Economía y Finanzas; no es ámbito de competencia de la DNIT”, afirmó.

ABC Color remitió hace dos semanas consultas al departamento de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas y al ministro del MEF Óscar Lovera para conocer la evaluación oficial sobre el efecto de la menor recaudación en el resultado fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La meta vigente del Gobierno es cerrar 2026 con un déficit fiscal equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). Según los últimos datos oficiales, correspondientes a mayo, el déficit acumulado de la Administración Central asciende a G. 3,4 billones, equivalentes al 0,9% del PIB, mientras que el déficit anualizado se ubica en 2,4% del PIB.

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Formalización e inteligencia artificial

Sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fortalecer los ingresos públicos sin aumentar impuestos, Orué afirmó que la estrategia de la DNIT sigue centrada en reducir la evasión y ampliar la formalización.

Indicó que los controles sobre las reservas facultativas ya muestran resultados. Según dijo, la recaudación del impuesto a los dividendos y utilidades registra un incremento cercano al 30%, variación que atribuyó a un mayor cumplimiento de las empresas.

También destacó el aumento de contribuyentes inscriptos, que relacionó con los programas de formalización impulsados por la institución.

En forma paralela, la DNIT desarrolla un sistema de gestión de riesgos que incorporará herramientas de inteligencia artificial para cruzar información de distintas bases de datos y detectar inconsistencias entre la actividad económica de los contribuyentes y los impuestos declarados.

Informó que ese proyecto será financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con los que adquirirán una nueva plataforma tecnológica, mediante licitación pública internacional. Según Orué, el sistema fortalecerá los procesos de fiscalización tributaria mediante el análisis automatizado de información.

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“Familias de muy escasos recursos de la compañía Perulero 14 de mayo están viendo comprometidas sus tierras debido a solicitudes de compra ante el Indert presentadas por personas con alto poder adquisitivo. Específicamente estoy hablando de Rosana Beatriz Sosa Fariña, Adela Beatriz Sosa Fariña y Guido Luis Cristaldo Montiel, con número de expediente y todo, del año 2023″, comenzó denunciando Benítez.

El dato relevante es que Rossana Beatriz y Adela Beatriz Sosa Fariña son hermanas del actual gobernador cartista “Cesarito” Sosa Fariña, a quienes incluso en las pasadas internas las ubicó en la lista de suplentes de concejales municipales de Villarrica.

La misma señala que los pobladores tienen toda la documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras en cuestión, pero que los allegados del gobernador estarían pretendiendo comprar supuestos excedentes en el sitio, en contubernio con funcionarios del Indert.

“Solicito formalmente al presidente del Indert (Francisco Carlos Ruiz Díaz López) que investigue de inmediato y verifique con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos legales de estos expedientes. Así como también el trabajo que está realizando el director del Indert (en Guairá), abogado Alcides Mercado, personas de confianza del gobernador, quien facilita estos atropellos", denunció la legisladora.

Diputada expuso documentos

La misma expuso documentación sobre las solicitudes presentadas por las hermanas del Gobernador el mismo año en que este asumió, y sostuvo que una vez que tenga la documentación concreta analizaría una denuncia más concreta, a la par de recordar a las autoridades del Inder que “la tierra debe cumplir sus funciones sociales y no convertirse en un privilegio político y económico”.

“Ahí está que la propiedad tiene título del año 73. La gente tiene y está teniendo (su título) y está su plano”, expuso, aunque remarcó que los más triste es que la familia Sosa Fariña es “gente pudiente y les quieren despojar de su tierra a esta gente”.

La diputada María Constancia Benítez terminó su intervención exigiendo al Indert investigar el caso y dirigiéndose directamente al Gobernador cartista y con aspiraciones a la vicepresidencia en 2028.

“Le pido de corazón a la familia Sosa Fariña y especialmente al gobernador Cesarito Sosa, que deje en paz a esta gente necesitada, porque ellos no necesitan. Tova oî pende ayurare (frase en guaraní para referirse a la falta de vergüenza) familia Sosa Fariña para hacerle este desalojo y, aparte, están pidiendo excedente de esta gente”, sostuvo.

El ministro de de Agricultura, Carlos Giménez, anunció que se intensificarán las reuniones de la comisión técnica de evaluación de riesgos y proyección productiva. Explicó que el equipo analizará permanentemente los distintos eventos climáticos, que puedan afectar cultivos, como sequías, heladas o la eventual incidencia del fenómeno de El Niño.

“Lo que queremos es profundizar nuestro análisis para emitir alertas oportunas que orienten a los productores sobre los eventos climáticos que puedan presentarse y los riesgos que estos podrían implicar para los cultivos”, expresó.

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Reunión de la mesa técnica será más frecuente

Giménez explicó que la comisión técnica ya existe desde hace tiempo, pero que ahora se reforzará la frecuencia de las reuniones para definir con mayor precisión la tipología agroclimática de cada departamento, elaborar recomendaciones técnicas y evaluar los daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

En ese sentido, sostuvo que también se busca contar con un diagnóstico más preciso de las pérdidas, ya que, según indicó, en ocasiones personas que no son productores intentan aprovechar este tipo de situaciones para ejercer presión sin contar con fundamentos técnicos.

“Con esta mesa técnica realizaremos una evaluación más precisa y certera junto con nuestros especialistas. Trabajaremos con los productores asistidos por el Ministerio y también con aquellos que no están ligados a la institución, quienes igualmente pueden sufrir daños y muchas veces son los más vulnerables”, afirmó.

Ya iniciaron las reuniones

Este lunes, el ministro Carlos Giménez, junto con los viceministros y técnicos especializados de distintas dependencias del MAG, encabezó una reunión para analizar la situación actual del campo y avanzar en la implementación de la mesa técnica.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las condiciones agroclimáticas registradas en las principales zonas productivas del país. Según informó la cartera de Estado, se analizaron las últimas precipitaciones y las bajas temperaturas, que hasta el momento ocasionaron solo daños leves en algunas localidades, aunque en otras el impacto fue mayor.

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El secretario de Estado agregó que, actualmente, las principales dificultades están relacionadas con el exceso de humedad más que con las bajas temperaturas.

“Existen algunos daños leves en determinadas zonas productivas y otros de mayor impacto, aunque, en términos generales, representan un porcentaje aún reducido”, concluyó.

Según indicaron durante el lanzamiento, los bibliobuses recorrerán los 17 departamentos y brindarán servicios como biblioteca infantil, materiales didácticos, juegos, recursos para estimulación temprana y actividades artísticas, además de brindar orientación a madres, padres y cuidadores, en las zonas donde no llegan los centros de atención a la primera infancia.

Leticia Ocampos, Primera Dama de la Nación, afirmó que con la inauguración del primer centro de atención a la primera infancia hace unos meses, tras más de tres años en el gobierno, se percataron que detrás de cada niño hay una historia y una familia entera que necesita acompañamiento y presencia del Estado con la que no cuentan actualmente.

“Entendimos que no todos los niños viven cerca de un centro de atención a la primera infancia, que muchas familias están lejos y que hay comunidades a las que todavía tenemos que llegar. Por eso nació esta idea de los Bibliobuses. Cada uno de ellos va a llevar historias, juegos, aprendizaje y espacios para compartir. Va a llevar momentos que fortalecen los vínculos entre padres e hijos y experiencias que van a acompañar el desarrollo de nuestros niños en una etapa decisiva de su vida”, aseguró.

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Peña criticó ausencia de gobernador liberal

Por su parte, durante su intervención, el Presidente de la República, Santiago Peña, enfatizó que el proyecto de los bibliobuses forma parte de la descentralización del gobierno para que acompañen los 50 centros de atención integral a la primera infancia construidos en los 17 departamentos y en capital.

Recordó que los bibliobuses se financiaron con parte de los US$ 650 millones anuales que forman parte del acuerdo tarifario de US$ 19,28 por Kw/h entre Paraguay y Brasil establecido en mayo de 2024 por la cesión de energía de la Itaipú Binacional y que se integran como parte de sus fondos sociales.

Si bien durante su discurso aseguró que ningún departamento y ningún gobernador sería ignorado por el gobierno, indistintamente del signo político, destacó la presencia de los representantes del Partido Colorado y criticó la ausencia del Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien es del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y potencial candidato de la chapa presidencial opositora del 2028.

“Hoy quiero destacar la presencia del gobernador del departamento de Itapúa. Te agradezco mucho, Javier, junto con todos los gobernadores, representantes del Partido Colorado. Lamento que una vez más el gobernador del departamento de Central no esté acompañando, pero de todas maneras le vamos a enviar un bibliobús también para el departamento Central”, concluyó.

El encuentro, calificado por Fretes como “muy agradable”, marcaría el inicio de una fase de reingeniería profunda con el respaldo explícito del Poder Ejecutivo para afrontar la delicada situación económica que atraviesa la institución.

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Fretes aseguró que Peña está profundamente involucrado en la realidad del IPS. Según las palabras del titular de la previsional, el primer mandatario “está al tanto de lo que pasa en la institución”.

“Es un compañero más de trabajo y también un preocupado más por la situación”, enfatizó Fretes durante la sesión ante el Consejo de Administración.

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Esta proximidad, según explicó Fretes, se traduce en un respaldo concreto para las medidas que se están implementando. El presidente del IPS destacó que la institución cuenta con el aval y la guía del mandatario para ejecutar los cambios necesarios. “Tenemos el apoyo para que consolidemos el plan de reingeniería financiera que estamos haciendo para poder quitar a la institución de esta difícil situación en la cual está pasando”, sostuvo.

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En cuanto a la estrategia para superar el bache financiero, el titular del IPS señaló que el apoyo de Peña ha sido vital tanto en la visión estratégica como en la táctica. “Bajo su direccionamiento y también consejería es que estamos avanzando para refinanciar la deuda de la institución con dos de nuestras entidades bancarias”, detalló Fretes.

Según el titular del IPS, este proceso es la piedra angular para lograr la tan necesaria “oxigenación” que permita cumplir con los compromisos pendientes, principalmente la compra de fármacos, y garantizar así que “los asegurados puedan tener los medicamentos”.

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Fretes concluyó que el mensaje recibido de parte de Santiago Peña es de acompañamiento constante y trabajo coordinado. La visión del mandatario, según Fretes, no es solo salir al paso con medidas paliativas, sino sentar las bases para una solución estructural. “Hay que darle una solución definitiva a esto”, dijo.

De esta manera, el titular del IPS aseguró que la hoja de ruta actual cuenta con la venia y la supervisión directa del Poder Ejecutivo.

Representantes del gremio de trabajadores de enfermería mantuvieron allí una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes, pero manifestaron que la respuesta que recibieron a su reclamo no fue favorable.

“No tuvimos la respuesta que queríamos escuchar”, dijo a ABC Color Marina Ayala, representante del gremio, quien manifestó que el titular del IPS alegó que la institución no cuenta con los fondos necesarios para equiparar los salarios de 4.300 enfermeros contratados, como reclaman los manifestantes.

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Según relató Ayala, el presidente del IPS manifestó que los fondos para la equiparación no fueron incluidos en el pedido de la previsional al Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto de Gastos de la Nación de 2027, por lo que se envió una adenda solicitando 40.000 millones de guaraníes adicionales para ese fin.

Sin embargo, el gremio no confía en que el MEF lo apruebe, ya que históricamente los pedidos de adenda presupuestaria del IPS han sido rechazados, dijo Ayala.

Posible paro

Si bien afirmó que las negociaciones con las autoridades del IPS y del Ejecutivo continuarán, la representante de los trabajadores de enfermería advirtió que no se puede descartar la posibilidad de un paro o incluso una huelga general de enfermeros de la previsional.

El reclamo de equiparación salarial para los trabajadores de enfermería llega en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.

Indicó que uno de los condenados que se escapó tiene residencia en San Pedro del Paraná, por lo que mantienen en alerta la zona.

Se trata de Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de cárcel por un caso de tráfico de drogas del año 2018.

Junto a su primo, también condenado, lideraba un esquema de narcotráfico hacia la Argentina. En diciembre de 2022 había sido herido de bala en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, tras apuñalar a dos guardiacárceles.

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Reo conocido

El otro fugado sería Pascual Benítez Miranda (42), condenado a 26 años de prisión en la causa por el homicidio de un comerciante en Cruce Kimex (Carlos Antonio López), Itapúa.

Se presume que era el sicario, pero nunca se comprobó la autoría moral del crimen. En la causa investigada, el tribunal de sentencia absolvió al político y exconcejal departamental Benjamín Adaron Monzón.

Pascual sería oriundo de Yuty, por lo cual no descartan que pase por el departamento. También estuvo recluido en el Cereso de Itapúa.

Las comisarías locales realizan controles ruteros en las principales vías de acceso al departamento, según detalló. Las zonas custodiadas serán San Cosme y Damián, General Delgado, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná.

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Los condenados

Ignacio Cubilla fue detenido en San Pedro del Paraná, en abril de 2018, durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una lujosa vivienda de la compañía Guazú Yguá.

De acuerdo con los investigadores, eran en ese entonces los mayores “exportadores” de droga hacia el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, países a los que periódicamente remesaban toneladas de la hierba, tanto por vía aérea como en embarcaciones.

Aparentemente, la red mafiosa tenía distribuidas pistas clandestinas en varias partes de Caazapá e Itapúa, desde donde enviaban en pequeñas avionetas unos 500 kilos de droga hacia el sur del continente.

Pascual Benítez Miranda fue condenado en 2023 como autor material del sicariato de Carlos Jorge Delvalle Lugo.

Este fue acribillado el 14 de setiembre de 2018 en su comedor San Jorge, que funciona sobre la Ruta PY06, en el Cruce Kimex, límite entre Itapúa y Alto Paraná. Había sido detenido en Alto Verá, por lo que no descartan que busque refugio en la zona de Itapúa.

Según el relato de la dueña de la vivienda, Fidelina Agüero, el suceso ocurrió el pasado fin de semana, mientras ella y su esposo Lucas Díaz, fueron a una consulta médica en el Hospital Distrital de Santaní. A su regreso, se encontraron con la sorpresa de que la casa ya se había convertido en cenizas, quedándose con las ropas puestas y sin ninguna de sus pertenencias que tenían dentro de las piezas.

Con respecto a la solidaridad de la gente, doña Fidelina comentó que no puede quejarse de los vecinos y de muchas otras personas que la están acompañando desde el primer momento de la desgracia, especialmente con la provisión de víveres, ropas, camas y algunos materiales de construcción, pero que hasta el momento no han podido completar lo que falta para iniciar la reconstrucción de la vivienda, por lo que cualquier ayuda de la ciudadanía será bienvenida, indicó.

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Pedido a la Municipalidad y a la Gobernación

Por otra parte, comentó que también ya recurrieron a la Municipalidad de Santaní y a la Gobernación de San Pedro, donde en ambas instituciones se comprometieron a ayudar a la familia, pero que hasta el momento no ha llegado la asistencia solicitada, consistente en materiales de construcción, como piedras, chapas de zinc, ladrillos, cemento y varillas de hierro.

“Por ahora ya contamos con algunos materiales; sin embargo, todavía nos faltan muchos para comenzar con la reconstrucción de nuestra vivienda. Mientras tanto, nosotros, mi esposo y nuestra hija de 10 años nos estamos acomodando como sea, mediante la ayuda de los vecinos que nos están asistiendo de acuerdo con sus posibilidades”, subrayó.

Las personas que quieran ayudar a esta familia pueden comunicarse al 0984 736 753 con la señora Fidelina Agüero.

Prometen ayuda

Sobre el caso, nos comunicamos con el secretario general de la Municipalidad de Santaní, Ramón Niz, y con el coordinador de la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación en Santaní, Cristian D´Eclessis, quienes informaron que se está previendo acercar algunos materiales de construcción a esta familia que está necesitanda de la asistencia de todos.

Édgar Villalba, vicepresidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), admitió en entrevista con ABC que el factoraje es el único método que encuentran factible para poder bajar la deuda que se encuentra en 1.000 millones de dólares de saldos vencidos del 2025 y gastos del presente ejercicio.

“Nosotros vamos a tener que asumir lastimosamente los intereses; en ese sentido, debo reconocer que el Ministerio de Economía nos dio una mano para negociar las tasas de intereses con los bancos para poder nosotros asumir”, señaló.

Lo que no cubre el factoraje

Villalba explicó que, de acuerdo con la reglamentación de la normativa, esta cesión de derechos de cobro solo incluye el Objeto del Gasto 350, que se refiere estrictamente al rubro de medicamentos, algo que el gremio ya había anticipado cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaba la propuesta. En ese sentido, indicó que esta modalidad no cubre las diálisis, recursos de amparo y servicios, por lo que “muchas empresas van a quedar fuera”.

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El representante de Cripfa dijo que, de acuerdo con sus cálculos, a finales de este año la deuda que se arrastra del 2025 podría reducirse a la mitad.

“Creemos que vamos a quedar con una deuda casi de 500 millones de dólares todavía del año 2025 sin pagar, ya que los 360 (millones de dólares) más los pagos mensuales, creemos que va a amortizar el 50 por ciento nada más”, explicó.

Actualmente, el Estado está desembolsando de forma mensual 40 millones de dólares, aunque “no alcanza”, según dijo Villalba, teniendo en cuenta las compras de este año. “El Ministerio de Salud compra entre 15 y 20 millones de dólares por mes, lo cual va a llegar al presupuesto que tiene este año, que son 450 millones de dólares” precisó.

En cuanto al Instituto de Previsión Social (IPS), Villalba afirmó que, si bien también la situación es complicada, la previsional tiene más posibilidades de saldar su deuda a través de la obtención de préstamos o emisión de bonos, algo que el Estado no se puede permitir debido a los límites del déficit fiscal.

“Tanto en el IPS como en el Ministerio de Economía realmente la predisposición es excelente; el tema es que si vamos a esperar que con la recaudación mensual podamos pagar la deuda atrasada, en el primer semestre ya no se pudo, creemos que el segundo semestre tampoco porque no se está recaudando lo que se recaudó el año pasado”, manifestó.

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Finalmente, aunque dijo que no cree que la red de suministro esté en riesgo, cuestionó la política aplicada por el Ministerio de Salud Pública.

“El tema es la política que está teniendo el Ministerio de Salud, que en vez de comprar 50 millones de dólares que compraba el año pasado, ahora está comprando 15 a 18 millones de dólares por mes, sí o sí se va a quedar desabastecido”, dijo.

Señaló que esto está causando lo que vemos en los hospitales de la red pública, donde se reportan faltantes de medicamentos para la presión, así como fármacos oncológicos y otros.

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La fiscala Silvia González Vester formuló apelación general el 13 de mayo de 2025 contra ese fallo. Ante la falta de resolución en esta causa penal, la agente del Ministerio Público presentó este 13 de julio un escrito instando a la máxima autoridad judicial que destrabe el caso.

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Señaló en su escrito la fiscala González Vester que, “desde la interposición del recurso, hasta la actualidad, el trámite ha sufrido sucesivas dilaciones como consecuencia de recusaciones, inhibiciones y cuestiones de competencia, las cuales incluso debieron ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”.

En su escrito, la fiscala también refiere que por AI N° 169, del 11 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte dispuso la remisión inmediata de los antecedentes a la Secretaría del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, para la reasignación de la causa con los miembros naturales de esta sala.

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Esto fue en atención a que la camarista Adriana Giagni, había expuesto su desacuerdo para intervenir en la causa, indicando que los expedientes correspondientes a la Primera Sala debían ser resueltos por los jueces naturales que habían sido designados por la Corte.

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El camarista Mario Camilo Torres Leguizamón se inhibió de analizar el expediente y, entonces fue integrada la camarista Adrina Giagni, quien el 24 de junio de 2026, impugnó el apartamiento de su colega. Esto, para la Fiscalía, significa actualmente un obstáculo procesal que a la fecha no puede resolverse y, por ende, la apelación sobre la prescripción de la acción penal tampoco puede ser estudiada.

Como consecuencia de dicha impugnación de Giagni, el 26 de junio de 2026, el camarista Paublino Escobar, único integrante de la Cámara que aceptó estudiar el recurso, remitió otra vez los antecedentes del caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la impugnación de la inhibición, y determine la competencia de los magistrados sobre esta causa.

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“En atención a las reiteradas inhibiciones, recusaciones, cuestiones de competencia y, recientemente, a la impugnación planteada”, el recurso de apelación hasta hoy no puede ser estudiado, cuyo agravio principal según expuso la Fiscalía versa sobre la prescripción de la acción penal”, refiere el escrito de la fiscala González Vester.

Por esta situación que se presentó, es que la representante del Ministerio Público solicitó respetuosamente a la Corte que arbitre las medidas necesarias para lograr la pronta integración del tribunal competente y el dictado de la resolución que en derecho corresponda”.

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Este conflicto de competencia entre camaristas se encuentra en poder de la Sala Penal de la Corte desde el mes pasado, y hasta hoy no hay resolución al respecto.

La causa por reparación de comisarías

Esta causa tiene relación con obras realizadas en distintas comisarías, adjudicadas en 2010 a la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, por un total de G. 1.131.812.500.

Según contrato firmado el 2 de diciembre de 2010, las obras se iniciarían el 25 de enero de 2011 y debían concluir en 60 días en 23 comisarías y en 90 días en la comisaría 19ª, ubicada en barrio Jara.

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La empresa cobró el monto total el día fijado para el inicio de la obra, pero no la concluyó.

La fiscala Josefina Aghemo acusó a Filizzola y a Fernández, exdirector financiero del Ministerio del Interior, por lesión de confianza.

La fiscala peticionó salidas alternativas para los procesados Andrea Adle, exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior, y para el propietario de Todo Verde y destinatario del millonario pago, Alejandro Giménez.

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El Tribunal de Apelación, integrado por José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos, realizó el cómputo de plazos y alega que descontando el periodo de suspensión (5 años 5 meses 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el exministro Filizzola se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).

Este caso tiene que ver con la contratación de la empresa Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país.

La firma en cuestión recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no completó los trabajos a cabalidad.

Inclusive, pese a las irregularidades, el 26 de abril de 2011 fue aprobada la ampliación del contrato Nº 79/10 por el monto de G. 219.860.772, pero esta adenda ya no se llegó a pagar.

La comunidad educativa, integrada por 220 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la Educación Media, debe convivir diariamente con mesas pedagógicas y sillas deterioradas, muchas de ellas prácticamente inutilizables.

Ante esta situación, los estudiantes se ven obligados a improvisar para poder escribir y realizar las actividades académicas, mientras los docentes intentan sostener el proceso de enseñanza en medio de las limitaciones.

La institución es una de las más importantes de la colonia Blas Garay; sin embargo, los problemas de infraestructura y mobiliario persisten sin recibir una respuesta de las autoridades.

La directora Escuela Básica N.º 2647, Aurelia Torres, explicó que en reiteradas oportunidades solicitaron la provisión de nuevos muebles escolares a las instituciones competentes, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta favorable.

Pidió a las autoridades del área educativa intervenir con urgencia para dotar a la escuela del mobiliario necesario, señalando que las actuales condiciones dificultan el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado y afectan directamente a los estudiantes.

Por su parte, el director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ariel López, manifestó que todas las necesidades están en el microplanificación de necesidades y que están siendo atendidos según el orden de prioridad. Indicó que la parte de los inmobiliarios están a cargo de las municipalidades y de las Gobernaciones y solicitó a la dirección de la escuela enviar una nota revindicando el pedido de inmobiliario con el fin de hacer las gestiones con las autoridades locales competentes.

Según el análisis de la CGR, se detallan las irregularidades detectadas en esta Municipalidad durante el periodo investigado, razón por la cual no se puede otorgar una aprobación limpia a los estados financieros, fundamentadas en múltiples erogaciones que carecen de respaldo documental legal.

Supuestas irregularidades

El ente contralor visualizó que la Municipalidad, durante el periodo investigado, efectuó el pago de más de G. 260 millones por reparación de calles y caminos dentro de la población; sin embargo, no pudo constatar en el legajo el compromiso de contratación por los trabajos realizados.

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Tampoco se cuenta con el certificado de cumplimiento con el seguro social ni con el compromiso de contratación en el pago de G. 70.500.000, correspondiente al alquiler de maquinarias. En este mismo escenario de falta de documentos, se pagaron G. 24 millones en concepto de consultorías.

También se comprobó el depósito con retraso, fuera del plazo establecido, de las transferencias efectuadas a la Gobernación de Alto Paraguay, correspondientes al 15% del total recaudado en concepto del impuesto inmobiliario al cierre del ejercicio fiscal 2024, por un monto superior a G. 188 millones.

Asimismo, se pagaron más de G. 330 millones en concepto de servicios de limpieza, aseo y fumigación durante el ejercicio fiscal 2024, sin que se contara con el certificado de cumplimiento tributario ni con el compromiso de contratación.

Las irregularidades detectadas por los responsables de esta auditoría hablan, sobre todo, de desvíos y retrasos en las transferencias de recursos públicos, erogaciones sin respaldo tributario ni previsional y obras públicas en situación de vulnerabilidad durante la administración del intendente Ferreira.

Pueblo en situación de abandono

La comunidad de Bahía Negra presenta un marcado aspecto de abandono, siendo la precariedad de sus calles una de las mayores preocupaciones para los pobladores, sobre todo en los días de lluvia, cuando transitar por ellas se convierte en toda una odisea.

La población posee poco más de 2.000 metros de calles de tierra, cuyo mal estado ha sido siempre el principal reclamo de los contribuyentes hacia las autoridades municipales, debido a la situación de dejadez en la que se encuentran.

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Esta localidad, ubicada a unos 870 kilómetros de la capital del país y fronteriza con Bolivia y Brasil, cuenta con una población cercana a los 4.000 habitantes, incluidas las comunidades indígenas. Es una de las más afectadas por los aislamientos que se producen debido a la falta de caminos de todo tiempo.

El aeropuerto de la población es utilizado por el avión militar que llega una vez por semana transportando pasajeros y cargas. Sin embargo, el servicio está supeditado a las condiciones climáticas, ya que basta un pequeño aguacero para que la pista de tierra no permita el aterrizaje o despegue de las aeronaves.

La comunidad cuenta con un moderno local del Instituto de Previsión Social (IPS), donde también funciona el hospital del Ministerio de Salud. Sin embargo, debido a la precariedad de los equipamientos y a la falta de médicos especialistas, los pacientes deben ser derivados de manera permanente a otras regiones del país.

Asimismo el magistrado dispuso la incorporación del exgerente de Créditos del Indert a un programa específico, ya sea laboral y/o de capacitación, previa información y consentimiento del mismo, debiendo el Organismo Técnico Criminológico comunicar al reo las consecuencias negativas de la no participación en los programas de reinserción.

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“Si bien es cierto que la representación del Ministerio Publico se opuso a la promoción a tratamiento solicitada por la defensa, corresponde promover al periodo de tratamiento penitenciario que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reinserción social de los internos; el cual deberá ser integral y de carácter educativo, terapéutico, espiritual, asistencial y disciplinario”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 132 dictado por Mendoza Peña este martes 14 de julio de 2026.

El juez de Ejecución resalta que el periodo de tratamiento para Soler Cano se implementará mediante programas específicos en el área de convivencia, educación, trabajos, recreación, asistencias espiritual, sanitaria y psicosocial.

Soler seguirá cumpliendo condena en la cárcel

A inicios de abril del presente año el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital rechazó el recurso planteado por la defensa del exdiputado Carlos María Soler y ratificó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el condenado a 4 años de cárcel, quien cumple su sentencia desde julio de 2025 en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú.

La defensa de Soler argumentó que dentro de la penitenciaría el exgerente de Créditos del Indert no recibe la atención médica adecuada, para las enfermedades que padece, y que, en consecuencia, corre peligro de muerte. Por esta razón apeló la resolución del juez de ejecución Carlos Mendoza, quien en febrero pasado resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria.

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Sin embargo, los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres concluyeron que no se verifica una desprotección del derecho a la salud de Carlos Soler, como tampoco a los demás derechos fundamentales del condenado, y por esos motivos ya el juzgado de ejecución había resuelto no hacer lugar al beneficio de la prisión domiciliaria.

Para el tribunal de alzada, el juzgado de ejecución consideró correctamente que el tratamiento que recibe Carlos Soler dentro de la cárcel resulta suficiente y efectivo, siempre que la administración penitenciaria garantice el monitoreo constante ya constatado por el juez Carlos Mendoza, quien exhortó al Ministerio de Justicia a disponer de todos los medios para asegurar la atención médica al interno.

Exdiputado condenado por corrupción

El exdiputado por el Partido Patria Querida (PPQ) y exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler cumple, desde julio de 2025, su condena a 4 años de cárcel por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

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La condena a 4 años de cárcel para Soler quedó firme el 24 julio de 2024 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Garay, rechazó el recurso de casación planteado por la defensa.

El otro condenado en la presente causa es el exdirector regional del Indert en el Chaco Pedro Enrique Gómez de la Fuente, sentenciado a 3 años y seis meses de cárcel por los hechos de cohecho pasivo agravado y extorsión. El mismo fue beneficiado con la prisión domiciliaria el 9 de marzo pasado, luego de un periodo en la granja penitenciaria de régimen semiabierto, en Tacumbú.

En el auto interlocutorio N° 45 de la fecha indicada, el magistrado Mendoza alegó motivos de salud para otorgar el beneficio a Gómez de la Fuente, a quien autorizó a cumplir su pena en su residencia en el barrio Santísima Trinidad, de Asunción.

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En el juicio oral, que finalizó en julio de 2022, quedó probado que en el año 2019 los ahora condenados solicitaron 125.000 dólares americanos al estanciero Albino Méndez para anular la revocación de adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas ubicado en el Chaco y titular dicho inmueble junto a otro lote.

El jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, comisario Ramón Bacigalupo, informó que ambos internos habrían logrado salir de sus respectivos pabellones tras cortar la reja de seguridad ubicada en el sector administrativo de la penitenciaría.

Posteriormente, atravesaron el patio del establecimiento y llegaron hasta el cerco perimetral.

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Los datos preliminares señalan que los reclusos cortaron el tejido de alambre del perímetro externo, ubicado hacia la calle del establecimiento penitenciario, y escaparon hacia una zona boscosa cercana.

La fuga habría ocurrido aproximadamente a las 02:30 de la madrugada de este martes.

Según la Policía Nacional, Pascual Benítez es de Yuty, Caazapá y Ignacio Cubilla, oriundos de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Tras conocerse la fuga, agentes policiales del departamento de Misiones desplegaron un operativo de búsqueda para intentar localizar y recapturar a los fugados.

En el procedimiento interviene la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de San Juan Bautista, Mirtha Valle.

El ministro Rodrigo Nicora estimó que, considerando el número de reos que tiene esa cárcel, se puede indicar que al menos el 30% de la población tenía un teléfono. “Después hay que ver si esos teléfonos celulares tenían un chip, tenían dos chips. Hay mucho todavía por hacer”, declaró.

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Penal intervenido y director apartado

En consecuencia, todo el plantel de la penitenciaría fue apartado de su cargo y sometido a sumario, manifestó.

“Evidentemente, eso ya ameritó una intervención”, manifestó. Según el ministro, el operativo comenzó a las 5:30 y concluyó cerca del mediodía. Añadió que no existen antecedentes de una requisa integral de esta magnitud en ese establecimiento penitenciario.

Nicora indicó además que los aparatos fueron lacrados, inventariados e identificados según la celda donde fueron hallados para ser puestos a disposición de los departamentos de Delitos Económicos y Cibercrimen de la Policía Nacional.

“Todo eso va a ser puesto a disposición del Departamento de Delitos Económicos, de Cibercrimen de la Policía Nacional. Ellos tienen la tecnología y las capacidades para hacer un trabajo pormenorizado”, manifestó.

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Falta de inhibidores de señal

En otro momento, confirmó que hasta ahora el Ministerio de Justicia no posee inhibidores de señal, lo cual permite que se utilicen teléfonos dentro de las cárceles.

Nicora explicó que la implementación depende de la ubicación de cada establecimiento, ya que en zonas urbanas estos equipos pueden afectar el servicio de telefonía de la población.

El ministro sostuvo que el Gobierno avanza en la adquisición de tecnología para impedir el funcionamiento de celulares dentro de los recintos penitenciarios, especialmente en establecimientos alejados de centros urbanos.

“El problema de fondo es cortar esa posibilidad, desalentar el ingreso de estos equipos, ya entendiendo que no van a ser útiles dentro de estos recintos”, consideró.

Agregó que el proceso de compra ya se encuentra en trámite y estimó que los nuevos equipos podrían comenzar a utilizarse en aproximadamente un mes y medio a dos meses, si el procedimiento administrativo avanza sin contratiempos.

Ingreso de celulares, un problema recurrente

Nicora reconoció que la presencia de teléfonos celulares constituye una problemática recurrente dentro del sistema penitenciario y la vinculó con hechos de corrupción.

Añadió que el Ministerio continúa aplicando rotaciones de personal, sumarios administrativos y desvinculaciones de funcionarios para fortalecer los controles y reducir las vulnerabilidades dentro de las penitenciarías.

El operativo fue ejecutado luego de tareas de inteligencia que permitieron identificar la vivienda donde presuntamente se encontraban los sospechosos.

Según los intervinientes, la intervención se realizó en el momento en que ambos se disponían a movilizarse, lo que facilitó su captura.

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Recuperaron dos vehículos robados

Durante el procedimiento fueron detenidos Cristhian David Flecha Florentín (47), quien contaba con una orden de captura pendiente por una causa de robo agravado, y Paolo Andrés Morínigo Gamarra (31), quien quedó aprehendido.

La Policía también incautó una camioneta y un automóvil, ambos denunciados como robados el 24 de junio de 2026. Además, fueron requisadas cuatro matrículas vehiculares, una ganzúa de fabricación casera, un estilete, un destornillador, sogas, un quepis, cinta de embalaje y documentos relacionados con vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, los ocupantes de los vehículos intentaron escapar al percatarse de la presencia policial e incluso habrían embestido contra los agentes, por lo que los intervinientes utilizaron la fuerza para reducirlos y concretar la detención.

Sospechan de vínculos con otros hechos de robo agravado

El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores, señaló que la investigación continúa y que no se descarta la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

Asimismo, indicó que existen sospechas de que los investigados también habrían participado en el asalto al depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ubicado en Mariano Roque Alonso.

En cuanto a los objetos sustraídos de la joyería, la Policía informó que fueron robadas joyas, principalmente de oro, aunque el valor total de lo sustraído aún no fue determinado.

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Uno de los detenidos rechaza las acusaciones

Tras su detención, Cristhian David Flecha Florentín manifestó que trabaja como mecánico y aseguró que es señalado como sospechoso debido a sus antecedentes judiciales.

Los investigadores, sin embargo, lo identifican como un presunto “levantador de vehículos” y sostienen que habría participado en el asalto a la joyería Victoria, además de cumplir un rol dentro de la logística de la organización criminal.

De acuerdo con el relato de los denunciantes, Aníbal Cabañas residió durante más de 50 años en el inmueble, donde desarrolló actividades agrícolas y estableció su vivienda. Señalan que el conflicto comenzó en 2013, cuando Elena Colmán, media hermana de Cabañas, habría iniciado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acceder a la adjudicación del inmueble.

Según afirmó Ruth Cabañas, esa solicitud fue anulada debido a supuestas incompatibilidades para acceder a tierras destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, sostuvo que en 2020 Elena Colmán ingresó al inmueble mediante una medida cautelar, situación que dio inicio a una serie de enfrentamientos y procesos judiciales.

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Cuestionamientos al manejo del expediente

Los denunciantes aseguran que detectaron presuntas irregularidades en la tramitación del expediente administrativo dentro del Indert. Según la hija del denunciante, existía un dictamen técnico que planteaba como alternativa la división del inmueble en dos parcelas, pero afirmó que posteriormente el curso del trámite cambió.

También cuestionó las dificultades que, según indicó, enfrentan para acceder a la documentación del caso y conocer el estado actual del expediente dentro de la institución. “La documentación no es clara y no sabemos qué pasó con el expediente. Pedimos transparencia para conocer cómo se tomaron las decisiones”, sostuvo.

Reclamo contra la intervención del presidente del Indert

Ruth Cabañas cuestionó la actuación del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y afirmó que el rumbo del expediente habría cambiado luego de que el titular del ente recibiera a representantes de la contraparte.

Además, señaló que Ruiz Díaz acudió al lugar acompañado de funcionarios de la institución, pero que no escuchó la versión de Aníbal Cabañas ni la de los vecinos que respaldan su reclamo.

“Francisco Ruiz Díaz fue a coaccionar a mi papá. Además, dijo que con Elena hablaría por separado y mencionó a un supuesto policía de apellido Ortiz, que supuestamente le dijo a mi papá que peleara por la tierra y que lo iba a ayudar. Eso es mentira. Que el presidente del Indert presente pruebas de esa afirmación”, manifestó.

La postura difundida por el Indert

Meses atrás, el Indert difundió a través de sus redes sociales una publicación en la que el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, se refirió al caso y lo calificó como un conflicto vecinal.

Según la versión difundida por el ente, en la disputa estaría involucrado un suboficial mayor de la Policía Nacional, de apellido Ortiz, quien supuestamente tendría interés en acceder al inmueble para realizar un loteamiento comercial.

Asimismo, la institución señaló que Aníbal Cabañas no residía en el lugar, sino en el Chaco. Esta afirmación fue rechazada por Ruth Cabañas, quien sostuvo que su padre vivió durante décadas en la propiedad.

Denuncias ante organismos de control

Ruth Cabañas afirmó además que realizaron gestiones ante el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), donde, según manifestó, funcionarios les habrían informado que el expediente no fue localizado.

Por su parte, Aníbal Cabañas cuestionó la falta de transparencia en el manejo del caso y los obstáculos para acceder a información pública relacionada con el proceso. Indicó que presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República y otras instancias competentes para solicitar una investigación sobre las actuaciones administrativas.

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“Con este reclamo buscamos que se esclarezcan los hechos denunciados y que se garantice un proceso transparente respecto a la situación de la propiedad que me pertenece”, expresó.

ABC intentó obtener la versión del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien informó que se encontraba en una reunión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible acceder a su descargo al igual que con Elena Colmán.

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“La presencia del fenómeno será gradual, sobre todo a finales del invierno, y se extenderá hasta inicios del verano del 2027. Los puntos críticos serían entre octubre, noviembre y diciembre”, dijo.

En el marco de esta situación, desde el Gobierno Departamental se trabaja para que todos los distritos conformen sus respectivos Centros de Operaciones de Emergencia (COE). Con ello se busca fortalecer el trabajo con cada comunidad, teniendo en cuenta que cada distrito conoce su realidad y presenta necesidades diferentes.

La función del COE es reunir a todas las instituciones que puedan brindar apoyo preventivo, así como coordinar acciones en casos de emergencia. Los municipios deben avanzar en la elaboración de un plan de contingencia que permita dar una respuesta rápida a los afectados y evitar esperar a que se registren situaciones de emergencia para solicitar asistencia.

Afectación

Las ciudades de Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, además de las lluvias, también se verán afectadas directamente por las crecidas de los ríos Paraná y Tebicuary. Las precipitaciones constantes también afectarán, de una manera u otra, a los distritos restantes de Misiones. Los municipios deben trabajar en la limpieza de los canales de desagüe, el mantenimiento de caminos, prever asistencia alimentaria y sanitaria, además de brindar apoyo a los productores.

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“Los municipios deben elaborar sus respectivos planes de gestión de riesgos para hacer frente a las crisis que se irán presentando. Crear un mapa de riesgo de cada zona que permita conocer su realidad y, en base a eso, elaborar un plan departamental para gerenciar los recursos a través de instituciones a nivel nacional”, señaló Amarilla.

Según explicó el secretario de Estado, la pesquisa comenzó con títulos del magisterio, pero permitió descubrir un esquema mucho más amplio. “La cabeza de la investigación fueron los maestros, pero ahí descubrimos un montón de otras cosas”, sostuvo.

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Ramírez sostuvo que la situación “es grande, es profunda y afecta a todas las áreas del saber, lastimosamente”.

MEC detectó 130.000 transacciones presuntamente irregulares

El ministro informó que la auditoría interna que viene realizando la institución permitió identificar 130.000 transacciones presuntamente irregulares realizadas mediante 550 códigos de acceso que permanecían habilitados pese a que sus titulares ya no cumplían funciones en esas áreas.

Explicó que esos usuarios seguían activos en el sistema de registro de títulos y eran utilizados para efectuar cargas en horarios en que las oficinas permanecían cerradas, como madrugadas, fines de semana o días no laborables.

No obstante, aclaró que esas operaciones aún están siendo investigadas. “Todavía no podemos decir si está directamente vinculada a títulos falsos, pero hay una presunción muy grande de que eso terminaba en inscripciones irregulares”, indicó.

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Detectaron un sistema que impedía rastrear el origen

Durante la auditoría, el MEC también encontró un mecanismo que impedía identificar desde qué dirección IP o computadora se realizaban determinadas cargas al sistema.

Ramírez afirmó que esa herramienta ya fue desinstalada y que actualmente se implementó un mecanismo transitorio que combina controles digitales y verificación humana mientras se desarrolla una nueva plataforma.

El objetivo, explicó, es contar antes de fin de año con un sistema que se integre con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Esa actualización permitirá verificar automáticamente si las carreras están habilitadas y acreditadas antes de registrar un título.

Más de 280 funcionarios fueron sumariados

El titular del MEC señaló que, desde el inicio de las investigaciones a finales de 2023, 283 funcionarios fueron sumariados por su presunta vinculación con irregularidades relacionadas con títulos. Además, 13 personas fueron apartadas de sus cargos: siete directores y seis jefes.

Sin embargo, señaló que los sumarios administrativos no implican responsabilidad penal y que todos los documentos fueron remitidos al Ministerio Público, que es el encargado de investigar a profundidad.

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Varias universidades aparecen entre las irregularidades

Ramírez comentó que la auditoría detectó diversas modalidades de presuntas falsificaciones. Entre ellas, mencionó títulos con firmas de rectores que no correspondían a la fecha de emisión y documentos de personas que, según las propias universidades, nunca estuvieron matriculadas.

También relató que algunas instituciones confirmaron que ciertos estudiantes abandonaron sus carreras antes de graduarse, pese a que posteriormente aparecieron con títulos registrados.

Según los datos dados a conocer anteriormente, algunas de las que serán intervenidas por el Cones son la Universidad Privada del Guairá (UPG), Unichaco, Unisal (Universidad privada San Lorenzo) y el Instituto Técnico Superior “San Expedito”.

Para el ministro, depurar el sistema permitirá recuperar la confianza en los títulos universitarios. “Vamos a darle valor al título. Vamos a ordenar esto para que cuando haya alguien con un título, todo el mundo sepa que realmente hizo la carrera”, concluyó.

La jornada inaugural contará con un show artístico, presentaciones culturales, desfile de las delegaciones participantes y la disputa de los primeros encuentros del campeonato. La organización prepara una verdadera fiesta para recibir a jugadores, familias y aficionados del fútbol de salón.

Luego de una intensa fase eliminatoria, ocho federaciones lograron clasificar a la etapa final y llegan con el objetivo de conquistar el campeonato nacional. Las selecciones fueron distribuidas en dos grupos para la competencia.

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En la Serie A competirán San Pedro de Ycuamandyyú, como anfitrión del torneo, además de Hernandarias, Limpio y Ayolas. Mientras que la Serie B estará integrada por Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Ñeemby y Colonias Unidas.

La organización espera una importante presencia de aficionados desde esta noche para acompañar el inicio de la competencia nacional. La capital sampedrana vuelve a convertirse en punto de encuentro del deporte nacional.

San Pedro de Ycuamandyyú ya tiene antecedentes recientes como sede de grandes eventos de fútbol de salón, luego de albergar a finales del año pasado el Campeonato Nacional C20, donde la selección local se consagró campeona.

La ilusión sampedrana vuelve a encenderse bajo la conducción técnica del profesor Pedro Ramón Codas Libardi, quien nuevamente asume el desafío, esta vez al frente de la selección C11. La comunidad espera repetir la alegría del título y celebrar una nueva hazaña deportiva.

Este nuevo aumento de las cotizaciones se produce luego de un periodo de tendencia a la baja en los precios a finales de junio, luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un ‘memorando de entendimiento’ que apuntaba al cese de los enfrentamientos iniciados en febrero y a la reapertura de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial, por la que pasa un gran porcentaje de todo el petróleo que se comercializa en el planeta.

En Paraguay, la tendencia a la baja en los precios internacionales de finales del mes pasado llevó a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a bajar el precio de uno de sus combustibles –el diésel común- por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, a principios de este mes.

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Sin embargo, la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y el cierre de Ormuz pondrían pausa a nuevas reducciones de precios, al menos en el corto plazo.

No más ajustes en julio

En comunicación con ABC Cardinal este martes, William Wilka, presidente de Petropar, dijo que la empresa estatal no va a realizar “ningún ajuste” adicional a los precios de sus combustibles durante lo que queda del mes de julio.

Manifestó que en la primera semana de agosto se analizarán las reposiciones de combustibles que la empresa reciba en la segunda quincena de julio y se estudiará “cómo quedan los márgenes” para ver si es necesario o posible realizar nuevos ajustes.

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“Si el mercado permite hacer una baja, lo vamos a hacer”, dijo, pero enfatizó que la idea de la empresa es tener “cautela” ante la volatilidad de la situación en Oriente Medio y su impacto en el mercado internacional.

“La idea es ver cómo sería la segunda quincena de julio y lo que se viene para agosto”, subrayó. “Va a depender todo de las negociaciones y el cumplimiento del acuerdo”, acotó.

De aprobarse, el control administrativo volvería a depender principalmente de cada municipio, invocando el principio de autonomía municipal, mientras que la Contraloría General de la República mantendría el control posterior de los recursos.

El proyecto fue impulsado, según la senadora Valiente, tras reclamos de coordinadores de comisiones vecinales, quienes sostienen que las exigencias documentales impuestas por la normativa vigente dificultan la ejecución de proyectos de mejoramiento barrial.

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Actualmente la normativa vigente establece como requisitos: la presentación de actas notariales de constitución, estatutos protocolizados, inscripción tributaria, apertura de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Fomento, registro de autoridades con antecedentes judiciales, constancias de la Abogacía del Tesoro e inscripción en el identificador de acreedor presupuestario.

Oposición advierte riesgo de volver al antiguo esquema

El punto ya fue debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ocasión donde varios senadores opositores advirtieron que eliminar estos controles podría representar un retroceso en materia de transparencia y facilitar nuevamente mecanismos utilizados en el pasado para desviar recursos públicos mediante comisiones vecinales.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó tanto la forma como el fondo del proyecto. En primer lugar, sostuvo que, al tratarse de una legislación sobre asuntos municipales, la iniciativa debió haberse originado en la Cámara de Diputados por mandato constitucional.

Filizzola afirmó que cuando existen hechos de corrupción, suele producirse una colusión entre autoridades municipales y determinadas comisiones vecinales constituidas específicamente para canalizar recursos públicos de manera irregular.

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Según señaló, el problema no radica en las organizaciones comunitarias que trabajan legítimamente por sus barrios, sino en aquellas creadas para facilitar maniobras de defraudación en complicidad con administraciones municipales.

El legislador también criticó la práctica de modificar o dejar sin efecto el Presupuesto General de la Nación mediante la ley de presupuesto, calificándola como una de las prácticas “más perversas” del sistema legislativo.

Filizzola propone revisar toda la “ley garrote”

No obstante, Filizzola reconoció que la normativa vigente impone exigencias excesivamente rigurosas no solo para las comisiones vecinales, sino también para numerosas organizaciones civiles. Indicó que se busca favorecer a “comisiones vecinales amigas”.

En ese sentido, sostuvo que, en lugar de excluir únicamente a las comisiones vecinales, el Congreso debería revisar integralmente la legislación que regula a las organizaciones sin fines de lucro.

Afirmó que la denominada “ley garrote” fue diseñada para limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos y planteó que, si realmente existe voluntad política de flexibilizar los requisitos, corresponde modificar esa legislación en general y establecer un régimen más razonable para todas las organizaciones, sin sacrificar los mecanismos de control sobre los recursos estatales.

Nakayama alerta sobre menor transparencia

El senador Eduardo Nakayama (independiente) también manifestó su rechazo al proyecto al advertir que toda entidad que administre dinero proveniente del Estado debe rendir cuentas sin excepciones.

Sostuvo que la obligación de controlar el destino de los recursos públicos debe ser “absoluta, universal y simétrica”, independientemente de la naturaleza de la organización beneficiaria.

Además, alertó que una flexibilización de los requisitos podría incentivar la creación masiva de comisiones vecinales para canalizar recursos públicos sin que existan responsables claramente identificados ante la ciudadanía.

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Por su parte, la proyectista, la senadora Lizarella Valiente, defendió la iniciativa argumentando que la Constitución garantiza la libertad de asociación y que las comisiones vecinales constituyen una herramienta de participación ciudadana.

Afirmó que las municipalidades ya cuentan con mecanismos suficientes para verificar la conformación y funcionamiento de estas organizaciones y sostuvo que las actuales exigencias burocráticas terminan frenando obras de infraestructura y proyectos comunitarios que cuentan con aprobación municipal.

La legisladora insistió en que el objetivo es facilitar la organización vecinal y fortalecer el protagonismo de los ciudadanos en el mejoramiento de sus barrios.

El proyecto de ley cuenta con dictamen a favor y en contra de la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control, se aconseja su aprobación. A inicios del mes de junio la senadora Esperanza Martínez (PPC) ya había solicitado la postergación de la norma.

La víctima relató a la Policía que, a la hora indicada, se encontraba en el interior de su domicilio y, en un momento dado, escuchó ruidos en el exterior de la vivienda, por lo que salió a verificar lo que ocurría. En ese momento, los desconocidos ingresaron por la puerta principal, la interceptaron y le exigieron en todo momento la entrega del dinero.

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Los asaltantes revolvieron toda la casa, le ordenaron que se tendiera en el suelo y lograron encontrar el dinero en efectivo. Además, se llevaron un aparato celular, las llaves de la vivienda y el control remoto del portón. Asimismo, arrancaron una cámara de circuito cerrado junto con su tarjeta de memoria y también se la llevaron.

El robo fue reportado por la pareja de la víctima, quien al momento del hecho se encontraba trabajando, ya que se desempeña como cajero en un puesto de peaje de la empresa Tapé Porã.

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La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, quien convocó a personal técnico del Departamento de Investigaciones y de Criminalística de la Policía para realizar el procedimiento de rigor.

“Todo configura un caso de negligencia criminal. Podían haber disparado a la cubierta, podían haber interceptado y evitar este daño irreversible", manifestó y recalcó que será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades penales.

Con respecto al argumento de que el joven fallecido, Federick Nahuel Cáceres Sosa, no se quedó en el retén policial instalado, Riera admitió que esa conducta constituye un hecho punible.

“Es una infracción menor. Yo te diría que no es un delito. La recomendación es que se queden, pero no es un delito”, respondió.

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Con respecto a la desconfianza de la población ante las barreras, insistió en que, debido al contexto de búsqueda de presuntos asaltantes en la zona, la Policía había instalado controles en los accesos a la ciudad. Señaló que no se podía alegar desconocimiento porque es una comunidad pequeña.

El ministro también admitió que el procedimiento no respetó el protocolo establecido. “Hay un manual de uso proporcional de la fuerza y esas son las cosas que van a tener que ser evaluadas no solamente por la Fiscalía, sino también por la Policía”, expresó.

“Ese equipo no estaba preparado” y “pagará las consecuencias”

Con respecto a la crítica generalizada a las fuerzas policiales, sobre todo por el corto periodo de capacitación impuesto por este gobierno, Riera señaló que la actuación de los policías involucrados no debe trasladarse al conjunto de la institución. Pidió evitar generalizaciones sobre el desempeño de la Policía Nacional.

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“No todo el 100% reacciona de la manera que nos gustaría” (...) Ese equipo, evidentemente, no estaba preparado o cometió un error fatal y va a pagar las consecuencias”, manifestó.

El ministro insistió en que la institución colaborará plenamente con la investigación y rechazó cualquier posibilidad de encubrimiento. “El tema es grave, se equivocaron y pagarán las consecuencias”, prometió.

Riera pide disculpas a la familia del joven fallecido

Durante la entrevista con ABC Cardinal, el ministro también rectificó sus declaraciones previas sobre el caso, debido a que ayer dijo que “son cosas que pasan”. Admitió que corresponde ofrecer disculpas a los familiares de la víctima.

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“Corresponde pedir a las familias las disculpas desde el punto de vista de la responsabilidad institucional”, manifestó y agregó que se generó “una sensación de frustración e impotencia” dentro del Ministerio del Interior.

Asimismo, indicó que desde el primer momento ordenó que las máximas autoridades policiales se trasladaran a Alberdi para ponerse a disposición del Ministerio Público y garantizar que no existiera “ninguna interferencia política” en la investigación.

Marina Ayala, representante del gremio de Enfermería del IPS, comentó a ABC Color que unos 4.500 trabajadores de la previsional en esa área están en “situación precaria” y ganan menos del salario mínimo.

Agregó que desde el año pasado su gremio ha estado trabajando en lograr que el IPS impulse una equiparación salarial para Enfermería.

“Plan de emergencia salarial”

Los representantes del gremio solicitaron una reunión hoy con el presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien solicitarán un “plan de emergencia salarial”, comentó Ayala.

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“Los compañeros de enfermería ya no pueden sostener esta situación tan precaria”, subrayó.

Estos reclamos llegan en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.

Arévalos Irala fue detenida en la vía pública de la localidad de Yaguarasapa, del distrito de Pirapó, en Itapúa, cerca de las 20:40 de este lunes.

El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N° 88/2025, emitido el 22 de enero de 2025, firmado por el Juzgado Penal de Garantías N° 7, a cargo de la jueza Claudia Yanina Vallejos López.

En el vecino país es requerida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones (Argentina). Es investigada en una causa calificada como “contrabando e importación de estupefacientes agravado por la cantidad de cocaína secuestrada que se presume estaba inequívocamente destinada a ser comercializada”.

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Cayó con drogas

El pasado 29 de setiembre del año 2022, Arévalos Irala fue detenida por agentes de la Prefectura Naval del Destacamento de Puerto Maní (municipio de Corpus Christi), en el lado argentino de la frontera, en el kilómetro 1700,4 del río Paraná.

Según la investigación, la joven intentó ingresar con 2,092 kg de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban distribuidos en dos paquetes rectangulares adheridos a su cintura. Los intervinientes manifestaron que, al momento en que fue interrogada, mostró nerviosismo y contradicciones, por lo que fue inspeccionada y hallaron la droga en su poder.

La joven cumplía con un régimen de prisión domiciliaria en la residencia de un familiar en el municipio de Jardín América (Misiones), con control cada 15 días. En febrero de 2023 se constató que la joven se fugó y probablemente cruzó al Paraguay por algún puerto clandestino de la zona.

La causa en la que es investigada la expone a una pena privativa de libertad de 12 años. Además, el tipo penal no prescribe, según la legislación del vecino país.

El titular del Mitic, Gustavo Villate, respondió a los cuestionamientos sobre la omisión de dicho convenio al Congreso. Afirmó que la institución informó a los legisladores únicamente sobre aquellos contratos y proyectos administrados con recursos propios.

“PNUD administró fondos que nosotros transferimos desde Mitic y eso está transparentado. Hay varios convenios. Lo que reportamos, según los pedidos del Congreso, lo que nosotros administramos. Yo no puedo responder por otra institución”, declaró.

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Villate justifica continuidad de convenio con el PNUD

El ministro explicó que la cartera recurrió a la figura de convenios con el PNUD para dar continuidad a proyectos iniciados en la administración anterior y evitar demoras derivadas de nuevos procesos licitatorios.

“Nosotros continuamos un convenio ya que contenía la administración anterior y realizar de vuelta un proceso de licitación lleva su tiempo, de 6 a 9 meses, y por la necesidad que teníamos ya era continuar con el convenio vigente, entonces teníamos que inyectar fondos para esa continuidad. Ese convenio no está relacionado con publicidad ni pautas”, declaró.

Asimismo, sostuvo que desconoce los convenios mencionados por ABC Color y reiteró que, si estos no son administrados por el Mitic, no correspondía remitirlos al Congreso.

“Te aseguro que si no se envió es porque no forma parte de los recursos administrados por el Mitic”, respondió.

Mitic niega contratos con influencers y pautas

En relación con los documentos a los que accedió ABC Color, cuyos pliegos contemplan reportes sobre el alcance de campañas de comunicación en medios digitales e incluso la contratación de influencers, Villate negó que el Mitic tenga contratos vigentes de ese tipo.

Según el ministro, un proyecto vinculado a influencers que iba a ejecutarse a través del Parque Tecnológico Itaipú no llegó a concretarse.

“No tenemos fondos que se hayan transferido relacionados a campañas de pautas de publicidad ni de influencers que sean administrados por terceros”, declaró.

Villate acusa una campaña de desprestigio contra su gestión

Durante la entrevista, Villate también cuestionó las publicaciones de ABC Color sobre su gestión y aseguró que forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno de Santiago Peña.

“Es una campaña de desprestigio. Lo publicado en ABC por un ‘periodista’, que utiliza la profesión para poner su tinte político, que sabemos que es un activista político del lado izquierdo, comunista”, declaró.

El ministro agregó que estas publicaciones surgieron después de que el Gobierno excluyera a “proveedores no confiables”, relacionados —según afirmó— con productos de origen chino, en el marco de la licitación para la explotación de la red 5G lanzada la semana pasada.

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Documentos revelan convenios no reportados al Congreso

En junio de 2026, el Mitic informó oficialmente al Congreso que no administraba pautas digitales por fuera de los procesos regulares y públicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Sin embargo, el análisis de documentos oficiales realizado por ABC Color identificó un segundo esquema de ejecución de recursos canalizado mediante el PNUD, además de los convenios ejecutados a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Entre los documentos figuran el Convenio Nº 4500076699/2024, suscrito entre la Itaipú Binacional, el PNUD y el Mitic, así como los proyectos Nº 00116283 y Nº 00119945, denominados “Fortalecimiento de los medios del Estado” y “Apoyo a la estrategia comunicacional de las acciones del Estado Paraguayo”, respectivamente.

En el aviso, la institución del Estado explicó las causas de los retrasos en la expedición de documentos y defendió el proceso de integración entre la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Ley debe alcanzar a ciudadanos y al Estado

Si bien el Colegio reconoció el desafío que representa la unificación de estas instituciones y valoró el esfuerzo realizado por funcionarios y autoridades para concretar una reforma estructural sin precedentes, afirmó que el cumplimiento de la Ley Nº 7424/2025 debe alcanzar tanto a los ciudadanos como al propio Estado.

En ese sentido, señaló que la normativa obliga al Estado a implementar la infraestructura geodésica nacional sobre la cual deben elaborarse los planos georreferenciados. Sin embargo, indicó que hasta el momento no se informó si esa infraestructura, prevista en el artículo 52 de la ley, se encuentra plenamente operativa en todo el país.

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Solicitan implementación efectiva del Código Único de Identificación

El gremio también manifestó que el RUN aún no comunicó la implementación efectiva del Código Único de Identificación Catastral Registral, herramienta considerada esencial para integrar la información física y jurídica de los inmuebles.

Otro de los cuestionamientos apunta a la auditoría de las bases de datos realizada durante la transición al nuevo sistema. Según el Colegio, las inconsistencias detectadas actualmente hacen dudar de que ese proceso haya concluido antes de la puesta en marcha del RUN.

Agregó que la existencia de una resolución que exime a la institución de responsabilidad por errores históricos genera incertidumbre sobre la confiabilidad de la información registral.

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Siguen expidiéndose certificados catastrales con errores

En materia operativa, el CEP afirmó que continúan expidiéndose certificados catastrales registrales con errores, incluso respecto de inmuebles cuyos planos ya se encuentran registrados. Estas situaciones, indicó, obligan a los usuarios a presentar recursos de revisión y solicitudes de corrección, incrementando los costos y retrasando operaciones inmobiliarias.

Además, sostuvo que la expedición de certificados continúa excediendo los plazos previstos en la ley y que, cuando se detecta un error, los tiempos para obtener una respuesta pueden duplicarse o triplicarse, afectando directamente a compradores, vendedores y acreedores.

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Solicitan detalle de certificados y uniformidad de criterios

El Colegio también cuestionó que el RUN destaque únicamente la cantidad de documentos expedidos sin publicar indicadores sobre la calidad del servicio.

Entre otros datos, reclamó conocer cuántos certificados fueron emitidos con errores, cuántos recursos de revisión fueron presentados, cuántas certificaciones fueron modificadas posteriormente y cuántas solicitudes de corrección debieron tramitarse.

Otro de los puntos señalados es la falta de uniformidad en los criterios técnicos. El gremio afirmó que existen cambios permanentes en las interpretaciones administrativas y citó como ejemplos diferencias en la certificación de inmuebles respecto de la Zona de Seguridad Fronteriza, inconsistencias en la clasificación de zonas urbanas y rurales y la constante emisión de resoluciones y circulares que, según sostuvo, incrementan la burocracia en lugar de simplificar los procedimientos.

Asimismo, advirtió que el aumento de errores provocó un crecimiento de los recursos de revisión, pero que en numerosos casos estos son resueltos cuando el certificado ya perdió su vigencia de 30 días, dejando sin efecto práctico el mecanismo administrativo.

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Principal desafío sigue siendo la integración cartográfica

Respecto de los planos registrados, el Colegio afirmó que su inscripción no garantiza actualmente que un inmueble no presente futuras superposiciones gráficas.

Incluso señaló que existen casos en los que parcelas visibles en el visor catastral posteriormente reciben certificaciones negativas por supuesta inexistencia de planos, situación que, según indicó, genera incertidumbre sobre la estabilidad de la base de datos.

El gremio sostuvo que el principal desafío del RUN sigue siendo la integración cartográfica del territorio nacional. Recordó que Paraguay aún no cuenta con un Catastro Nacional Integral y que la cartografía continúa construyéndose con planos elaborados en distintas épocas y bajo diferentes metodologías.

Por ese motivo, consideró técnicamente imposible garantizar que no existan futuras superposiciones gráficas únicamente mediante el procedimiento de cotejo implementado por el nuevo sistema.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, explicó que la evaluación será realizada árbol por árbol, considerando criterios técnicos como el estado sanitario, la presencia de cavidades, inclinaciones peligrosas o riesgos de caída.

“Vamos a analizar la salud de cada árbol. Son criterios de tala o no que esté hueco, con inclinación peligrosa o riesgo de caída”, sostuvo.

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Barreto indicó que durante las inspecciones preliminares encontraron ejemplares de gran antigüedad que podrían conservarse mediante trabajos de recuperación.

“Vimos árboles añosos pero que podríamos mantener con algunos remedios, podas y saneamiento”, señaló.

Revisarán todos los árboles solicitados

El funcionario explicó que el pedido del consorcio alcanza a 37 árboles dentro de una plaza que alberga alrededor de 400 ejemplares. Sin embargo, señaló que la empresa todavía no identificó cuáles son específicamente los árboles que pretende talar.

“Vamos a analizar caso por caso, uno por uno. Si corresponde que se tale, de ser así vamos a pedir la compensación correspondiente”, expresó.

Añadió que la Municipalidad tiene identificados algunos árboles que presentan mayores problemas estructurales, aunque aclaró que eso no significa que coincidan con los ejemplares incluidos en la solicitud privada.

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Tala sería el último recurso, prometen

Barreto insistió en que la tala no será la primera alternativa y recordó que existen distintas medidas para prolongar la vida útil de los árboles.

Entre ellas mencionó podas de saneamiento, aplicación de insecticidas, medicamentos y otros tratamientos fitosanitarios, dependiendo de las condiciones particulares de cada ejemplar.

Garantizan compensación, pero no prometen que sea en la misma plaza

En caso de que el análisis técnico determine que alguno de los árboles debe ser removido, la Municipalidad exigirá la compensación ambiental establecida en la normativa vigente.

Según explicó Barreto, por cada árbol autorizado para tala deberán plantarse diez nuevos, como indica la ley.

Primeramente, señaló que la compensación podrá realizarse en distintos puntos de Asunción. No obstante, luego aseguró que la prioridad será concretarla en la propia Plaza Uruguaya, atendiendo también los planteamientos realizados por los vecinos que se movilizan en defensa del espacio verde.

Finalmente, hizo énfasis en que hasta que concluyan las inspecciones técnicas, la Municipalidad reiteró que no otorgará ninguna autorización para la tala de los árboles solicitados por el Consorcio Palma, que fue adjudicado para las obras en este espacio verde.

¿Qué harán en la Plaza Uruguaya?

El consorcio es conformado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las obras incluyen la renovación de senderos “con pavimentos más confortables y accesibles”.

También el área de juegos infantiles será reacondicionada con nuevos equipamientos y se habilitarán sectores de descanso y estancia.

También se debe hacer la renovación del mobiliario urbano y mejoras en los sanitarios públicos, incluyendo instalaciones adaptadas para personas con discapacidad.

A partir de la tarde de hoy se prevén vientos moderados del norte y noreste, que podrían intensificarse y alcanzar valores puntualmente fuertes, principalmente durante las jornadas del jueves 16 y viernes 17.

Clima en Paraguay: Pronóstico de ambiente cálido

Para los próximos días, las temperaturas irán en aumento, por lo que se esperan mínimas de entre 10 y 16 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 23 y 27 °C.

Para mañana, miércoles, se pronostica un ambiente frío en las primeras horas y cálido por la tarde, con cielo escasamente nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C.

En cuanto a las lluvias, para hoy y, al menos hasta el viernes, la probabilidad se mantendrá baja.

Actualmente, la calle Independencia Nacional permanece bloqueada entre Piribebuy y Manduvirá, frente al MUVH, desde donde los manifestantes iniciaron su recorrido por las instituciones públicas. Los campesinos irán luego al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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La manifestación se da pocas semanas después de que organizaciones campesinas cuestionaran el informe de gestión del presidente Santiago Peña sobre la situación del sector rural, al denunciar que el campo continúa enfrentando problemas estructurales relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda y la producción.

Exigen soluciones para viviendas, tierras y agricultura familiar

Esther Leiva, dirigente de la CTCU y oriunda de San Pedro, explicó que la movilización busca abrir una mesa de diálogo con las autoridades. Indicó que uno de los principales reclamos es la agilización de numerosos expedientes para acceder a viviendas sociales que, según afirmó, llevan años esperando respuesta.

“El campesino tiene derecho a acceder a una vivienda digna”, sostuvo. Añadió que existen proyectos pendientes en departamentos como Caazapá, Caaguazú, Itapúa y Paraguarí, donde, según dijo, la documentación ya fue presentada hace tiempo, pero las soluciones nunca llegaron.

Además, señaló que solicitarán al MAG fortalecer el acompañamiento a la agricultura familiar campesina y generar mejores condiciones para la producción.

Campesinos denuncian abandono y miseria, tras discurso de Peña

“La migración masiva del campo hacia Brasil, Argentina o España demuestra el abandono que vive el sector. No hay mercado para la producción y las familias terminan desintegrándose”, lamentó.

También reclaman debido a escuelas rurales y problemas de tierras

Dentro del recorrido previsto para este martes figura una visita al MEC, donde la organización pretende presentar reclamos relacionados con la infraestructura escolar y la falta de docentes.

Leiva afirmó que existen escuelas rurales “que se están cayendo a pedazos” y denunció la falta de rubros para profesores, situación que —según indicó— afecta el acceso a la educación en numerosas comunidades.

Campesinos exigen mesa de diálogo y advierten con protestas en Asunción

Posteriormente acudirán al Indert para insistir en soluciones a conflictos por la tenencia de tierras.

“Tenemos compañeros con muchos problemas de tierras y necesitamos sentarnos a conversar para encontrar una solución”, expresó.

“No venimos a crear problemas”, afirman dirigentes

Por su parte, el dirigente Fabio Aguirre señaló que unas 600 familias de nueve departamentos participarán de la movilización si no obtienen pronta respuesta.

Explicó que el objetivo no es generar enfrentamientos, sino lograr que los ministros reciban a la delegación y atiendan los reclamos.

“No venimos a pelear ni a perjudicar a los trabajadores. Venimos a conversar con los ministros porque siempre somos nosotros los que escuchamos y nunca nos escuchan a nosotros”, afirmó.

También cuestionó la paralización de programas habitacionales y sostuvo que existen empresas constructoras que aún no cobran por obras ejecutadas, lo que, según dijo, afecta la continuidad de proyectos de viviendas sociales.

Protestas podrían extenderse por dos días

Los dirigentes advirtieron que las movilizaciones continuarán este martes y miércoles, dependiendo de las respuestas que obtengan de las autoridades.

Aunque reconocieron las molestias ocasionadas por los cierres parciales de calles, pidieron comprensión a la ciudadanía.

“Tenemos derecho a reclamar. Ojalá podamos volver pronto a nuestras comunidades con compromisos concretos y respuestas para nuestro pueblo”, expresó Leiva.

Desde la organización señalaron que, si son recibidos por las autoridades y se logran acuerdos, las manifestaciones podrían levantarse antes de lo previsto.

Lamentan discriminación

Por otra parte, en medio del debate que recientemente se instaló en el país sobre la existencia de discriminación, a raíz de la polémica generada por las declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé y Celeste Amarilla, los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) aseguraron que el sector campesino enfrenta prácticas discriminatorias cuando se moviliza hasta la capital para reclamar sus derechos.

El vocero Fabio Aguirre sostuvo que los manifestantes sienten que son tratados de manera diferente apenas llegan a Asunción.

“Apenas venimos ya nos piden despejar y retirarnos, cuando lo único que buscamos es que los ministros nos reciban para conversar. No venimos a crear problemas ni a perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Además, señaló que el cierre de las plazas públicas deja a las delegaciones sin espacios donde permanecer durante las jornadas de protesta, por lo que consideran que la movilización en las calles es la única alternativa para hacer visibles sus reclamos.

Osorio señaló que, como en todas las instituciones del Gobierno, se han realizado “ajustes” de gastos en la Secretaría para Repatriados, pero enfatizó que las repatriaciones con asistencia del Estado paraguayo aún se están realizando en un cien por ciento.

“Seguimos cumpliendo con nuestros connacionales”, subrayó.

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Sin embargo, el nivel de asistencia económica del Estado en cada caso de repatriación, al menos de aquellos fallecidos cuyos cuerpos son traídos enteros -no cremados- sí ha disminuido.

Desde hace unos meses, Secretaría cubre solo el traslado del cuerpo

Desde hace unos meses, una resolución indica que la Secretaría para Repatriados solo cubre los gastos de traslado de un cuerpo traído del exterior, mientras que los costos funerarios –que antes también eran cubiertos por el Estado– ahora quedan a cargo de las familias.

Como ejemplo, Osorio dijo que, antes de los ajustes, el Estado gastaba aproximadamente 2.000 dólares en traer el cuerpo de un ciudadano paraguayo fallecido en Argentina. Ahora, cubriendo solo el costo de traslado, el Estado gasta unos 1.200 dólares y “el resto cubre la familia”, indicó.

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El representante de la Secretaría para Repatriados añadió que la repatriación de personas vivas en situación de vulnerabilidad continúa con normalidad.

Alrededor de 400 fallecidos repatriados cada año

Osorio comentó que, en promedio, Paraguay repatria cada año alrededor de 400 connacionales fallecidos en el extranjero, además de retornar al país a entre 100 y 120 personas vivas. En ambos casos, la mayoría de los repatriados provienen de Argentina, con España como segundo país en el ‘ránking’.

En lo que va de este año han sido repatriadas 169 personas fallecidas y 40 con vida.

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Osorio comentó también que recientemente se ha observado un aumento de las repatriaciones específicamente por trata de personas, con al menos seis casos que pasaron por la Secretaría para Repatriados este año.

Entre enero y junio, las exportaciones totales alcanzaron US$ 10.162,8 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 9.416,2 millones. Esa diferencia explica el saldo favorable informado por el BCP.

En términos de actividad total, el intercambio con el exterior movilizó US$ 19.579 millones en los primeros seis meses del año, resultado de sumar envíos y compras realizadas por el país.

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Exportaciones aumentan 23,6%

El desempeño exportador fue especialmente dinámico: el valor total enviado al exterior de US$ 10.162 millones se ubicó 23,6% por encima del registrado en el mismo periodo de 2025, cuando las exportaciones habían alcanzado US$ 8.219,1 millones.

Dentro del total exportado, las exportaciones registradas concentraron la mayor parte: representaron el 64,5% del total y sumaron US$ 6.553,4 millones, un avance de 19,3% interanual.

Según el detalle oficial del BCP, el aumento de estas exportaciones registradas estuvo explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y bebidas, incluyendo líquidos alcohólicos y vinagre. La composición sugiere un impulso relevante tanto del complejo sojero —tradicional motor externo del país— como de rubros industriales o agroindustriales específicos.

El informe también muestra que el crecimiento no se concentró en un único canal.

• Régimen de Maquila: las exportaciones bajo este esquema alcanzaron US$ 716,7 millones, con un incremento de 29,6% frente al mismo semestre de 2025.
• Reexportaciones: representaron el 25,6% del total exportado, con US$ 2.600,9 millones, y crecieron 16,3% interanual.
• Otras exportaciones: con una participación de 9,9%, sumaron US$ 1.008,5 millones y registraron un aumento de 105,4%, el salto más marcado entre las categorías reportadas.

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Importaciones también con fuerte repunte

Las importaciones, en tanto, también crecieron en 9,6% más que en el primer semestre del año pasado (US$ 8.592,9 millones a junio de 2025), lo que ayudó a inclinar la balanza hacia un resultado superavitario.

Del lado de las compras externas, el BCP reportó que las importaciones registradas dominaron ampliamente el total y representaron el 97,9%, con US$ 9.220,4 millones, lo que implica un crecimiento de 10,4% respecto del primer semestre de 2025.

En contraste, las otras importaciones, el 2,1% restante, totalizaron US$ 195,8 millones y mostraron una disminución de 18,3% en comparación con el acumulado a junio del año anterior.

Víctor Martínez, director suplente de Conatel, confirmó a ABC que solo en caso de este incumplimiento iniciarán un sumario administrativo, que podría derivar en sanciones a la empresa vinculada con el Grupo Vázquez, exsocios del presidente Santiago Peña. Explicó que las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación de la licencia.

Hasta ahora, ni siquiera Conatel, que elabora las estadísticas del mercado de telecomunicaciones, conoce cuántos clientes tiene Nubicom Paraguay SA, .

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Actualmente, según el ente regulador, la empresa ofrece servicios comerciales en un reducido sector de Villa Morra, Asunción, con una sola radiobase habilitada, mientras persisten dudas sobre el alcance real de su operación.

En este sentido, incluso la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza sobre la adjudicación, aclara que no pudo corroborar el funcionamiento efectivo del servicio. Este trabajo del ente de control sigue en curso.

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Consultado sobre los clientes de Nubicom y sobre la lentitud del despliegue de la empresa, Martínez manifestó que el regulador debe ceñirse estrictamente a las obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y que este documento no exige que la empresa tenga abonados dentro de los primeros meses de operación.

“La labor regulatoria también consiste en brindar seguridad jurídica al sector. Nosotros nos atenemos a hacer cumplir las obligaciones que están en el pliego de bases y condiciones. En ninguna parte del pliego se obliga a tener abonados”, afirmó.

Martínez señaló que el primer objetivo obligatorio consistía en poner a disposición una oferta comercial dentro de los 180 días posteriores al otorgamiento de la licencia, requisito que, según Conatel, Nubicom ya cumplió.

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Controlarán despliegue en octubre: “no somos garantes del éxito del negocio”

El funcionario recordó que el siguiente hito regulatorio será el 13 de octubre, cuando la empresa deba demostrar que instaló al menos 22 estaciones radiobases, equivalentes al 10% de la infraestructura comprometida para la primera etapa del proyecto.

“Al cabo de los doce meses de otorgada la licencia tienen que tener instaladas, como mínimo, veintidós estaciones radiobases. Eso es lo que se va a controlar en su momento”, explicó.

Añadió que Conatel no actúa como administrador de los negocios de las empresas, sino únicamente como organismo regulador encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.

“Nosotros somos garantes del cumplimiento de las disposiciones del pliego, pero no somos garantes del éxito del negocio”, enfatizó.

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Conatel no sabe aún cuántos clientes tiene Nubicom

Ante las consultas sobre la cantidad de usuarios que actualmente posee la empresa, Martínez indicó que Conatel todavía no dispone de esa información.

Explicó que ninguna operadora de telecomunicaciones está obligada a informar permanentemente sobre el número de clientes, sino que esos datos forman parte de los reportes estadísticos semestrales que todas las compañías presentan al regulador.

“No solamente Nubicom; tampoco Tigo, Claro o Personal informan permanentemente su cantidad de abonados. Todos presentan informes semestrales y allí figura esa información”, indicó.

Según precisó, esos reportes correspondientes al primer semestre del año deben ser entregados a finales de este este mes julio y que Nubicom también tendrá que hacerlo.

Despliegue gradual

Respecto a las críticas por el lento avance de Nubicom, Martínez sostuvo que el despliegue de una red móvil de quinta generación es un proceso gradual, incluso para empresas con amplia infraestructura instalada.

Como ejemplo mencionó a Claro, filial del grupo América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, que también avanza progresivamente con su red 5G. Esta fue la única empresa que participó del primer llamado 5G adjudicado junto a Nubicom.

“América Móvil es una de las empresas más importantes del mundo y hoy está con alrededor de las cincuenta radiobases. Es natural que estos procesos tengan gradualidad”, afirmó.

Agregó que, durante las mesas técnicas previas a la licitación, los propios operadores coincidieron en que la rentabilidad de la tecnología 5G se alcanza lentamente, por lo que las inversiones suelen ejecutarse por etapas.

Recordemos que en esta primera licitación 5G habían participado AMX Paraguay (Claro), que abonó US$ 2.021.200 por la licencia. Por su parte, Nubicom también pagó US$ 2.000.000, por lo que el ente regulador recaudó más de US$ 4 millones.

Cada radiobase debe ser inspeccionada

Martínez explicó además que Nubicom ya presentó a Conatel la ingeniería de detalle de su proyecto y la planificación general del despliegue.

Indicó que, cada vez que una empresa termina de instalar una nueva radiobase, debe solicitar una inspección técnica antes de habilitarla comercialmente. Hoy la empresa pidió solo la inspección de su única radiobase en Villamorra, específicamente en el data center de Teisa.

“Ese procedimiento es normal y se aplica a todos los operadores. Incluso el regulador no necesita conocer anticipadamente dónde estarán todas las radiobases porque puede tratarse de información vinculada a la estrategia comercial de cada empresa”, señaló.

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Recordó que el plan de expansión comprometido por Nubicom contempla la instalación de unas 900 radiobases durante los próximos cinco años, pero hasta ahora, sigue con una sola.

Si incumple, Conatel abrirá un sumario

Consultado sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento en octubre, Martínez respondió que el procedimiento está previsto en la legislación vigente.

“Si no cumplen, se abre un sumario administrativo, se garantiza el derecho a la defensa y luego se aplican las sanciones correspondientes”, indicó.

Precisó que las sanciones pueden ir desde un apercibimiento o multas económicas hasta la cancelación de la licencia, dependiendo de la gravedad del incumplimiento que eventualmente se determine durante el proceso administrativo.

“No necesariamente la sanción será la pérdida de la licencia. Eso dependerá de la evaluación que se haga caso por caso dentro del sumario”, concluyó.

Paralelamente, Conatel avanza con la segunda licitación para adjudicar licencias 5G. En este segundo llamado participan Telefónica Celular del Paraguay SAE (Tigo) y Núcleo S.A. (Personal). El ente regulador prevé definir esta semana si ambas son precalificadas y si la adjudicación se realizará mediante una subasta o por un procedimiento simplificado.

El tiempo mantendría condiciones estables mañana, miércoles, y al menos durante lo que queda de la semana.

Se avecinan días cálidos

El inicio de la jornada de hoy presenta temperaturas bajas, similares a las de ayer, con 10 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y mínimas anunciadas de 9 grados en la capital, 7 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco. Las máximas se ubicarían hoy entre 20 y 28 grados.

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Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a subir hacia la parte final de la jornada de hoy y que en los próximos días se registre un ambiente más cálido, con máximas que en Asunción llegarían a 27 grados mañana y 31 grados el jueves, y mínimas que rondarían los 20 grados hacia la parte final de la semana.

Las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta Kenton Dakar cuando impactaron contra un automóvil que realizaba un giro hacia la izquierda. Ambos circulaban sin casco de protección, según confirmó la Policía Nacional.

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Cámaras captaron que la motocicleta circulaba a alta velocidad

El comisario Darío Ledesma, jefe de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, informó que los motociclistas viajaban en dirección Luque-San Lorenzo cuando, al llegar a la intersección con una calle sin denominación, chocaron contra el costado de un automóvil Toyota Raum que circulaba en sentido contrario e intentaba ingresar a dicha vía.

De acuerdo con el jefe policial, imágenes de circuito cerrado muestran que la motocicleta circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Tras la colisión, ambos ocupantes cayeron violentamente sobre el pavimento.

Bomberos voluntarios acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron a los heridos hasta el Hospital General de Luque. Posteriormente, uno de los jóvenes fue derivado al Hospital de Traumas debido a la gravedad de su estado.

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Uno permanece grave y el conductor dio negativo al alcotest

Las víctimas fueron identificadas como Enzo Mathías Cáceres Duarte, conductor de la motocicleta, y Francisco Fabián Miranda Estigarribia, ambos de 18 años y domiciliados en Luque.

El conductor del automóvil, identificado como Aurelio Ramírez Benítez, de 56 años, fue sometido a la prueba de alcotest por disposición policial. El examen arrojó resultado negativo, con 0,000 mg/L de alcohol en sangre.

El fiscal de turno dispuso la incautación preventiva de ambos vehículos, que quedaron depositados en la sede de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

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La falta de casco agrava las consecuencias

El comisario Ledesma confirmó que ninguno de los ocupantes de la motocicleta utilizaba casco al momento del choque, un elemento de seguridad obligatorio cuya ausencia incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en accidentes de tránsito.

La Policía Nacional continúa con la investigación del caso y analiza las imágenes de circuito cerrado que registraron el momento de la colisión para determinar la dinámica del siniestro.

Pochiñec, agricultor oriundo de Fram, departamento de Itapúa, explota una propiedad ubicada en la compañía Rincón, distrito de Borja en el departamento de Guairá, donde asegura sufrir desde hace varios años constantes conflictos con vecinos asentados al otro lado de la ruta, en un inmueble que ellos identifican como un campo comunal. Según su denuncia, animales vacunos ingresan frecuentemente a sus cultivos de arroz y chía, ocasionando importantes pérdidas económicas al destruir las plantaciones.

El productor sostuvo que los animales pertenecen principalmente a un reducido grupo de personas, entre quienes identificó a un agente policial y a otro poblador de la zona. Afirmó además que el ganado carece de marcas de identificación y que, en ocasiones, sería llevado deliberadamente a pastar dentro de su propiedad.

Autoridades ignoran sus denuncias

Pochiñec aseguró que durante los últimos dos años presentó alrededor de 50 denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público sin obtener, según dijo, una respuesta efectiva que permita poner fin al conflicto. En ese contexto manifestó públicamente que ya comunicó tanto a la Policía como a la Fiscalía que, si vuelve a encontrar a estas personas dentro de su propiedad, “las matará”, afirmando que ya no soporta la situación.

“Yo mañana le encuentro a los tipos en mi propiedad, le mato, así de sencillo va a ser la cosa. Este (la entrevista telefónica) yo te estoy grabando ahora con otro teléfono para que quede constancia. Al comisario le dije, a la fiscalía le dije y a vos te digo, porque ya no aguanto más. Yo tengo dos millones de dólares de deudas”, manifestó el productor.

El agricultor también denunció que su hermano habría sido amenazado con armas de fuego y obligado a descender de un tractor por personas con quienes mantiene el conflicto. Además, aseguró que el parabrisas de la maquinaria fue destruido durante el incidente. Asimismo, acusó a efectivos policiales de no intervenir pese a que, según su versión, dos patrulleras se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos.

El productor atribuyó la supuesta falta de avances en sus denuncias a una presunta protección política y policial hacia las personas que señala como responsables.

Conflicto de larga data

El conflicto entre ambas partes no es nuevo, puesto que meses atrás, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales intervino el establecimiento agrícola tras denuncias formuladas por pobladores de la compañía Rincón. En aquella ocasión, vecinos acusaron a Pochiñec de haber realizado canalizaciones y modificaciones sobre un cauce hídrico que, presuntamente, dejaron sin agua a un campo comunal utilizado para la cría de ganado.

Durante el procedimiento participaron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), quienes realizaron verificaciones e iniciaron peritajes para determinar si existieron daños ambientales.

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Además de esa investigación, los mismos vecinos presentaron denuncias por supuestos hechos de abigeato, agresiones e incluso atentados contra la vida, acusaciones que el agricultor rechazó categóricamente.

Pochiñec sostiene, por el contrario, que es él quien resulta víctima de amenazas, ataques y daños patrimoniales ocasionados por personas que ingresan a su propiedad junto con animales sueltos.

El lanzamiento se realizó en el salón de actos de la Gobernación de Caaguazú y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Soto (ANR HC) y la primera dama departamental, Laura Samudio, con la presencia de autoridades departamentales, municipales e integrantes de las instituciones organizadoras.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades destacaron que la feria busca seguir consolidándose como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del interior del país, promoviendo la lectura, la ciencia, la innovación y el arte entre niños, jóvenes y adultos.

Los atractivos de la feria

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping, mediante el cual la empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental El Cerrito con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva para el público.

En el área científica, una de las apuestas más ambiciosas será Misión Caaguazú, un programa impulsado en conjunto con Arapy, que prevé el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos. La actividad busca despertar la curiosidad de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales a través de una experiencia práctica.

La agenda también incorporará el certamen de canto “A través de tu voz”, impulsado por la Academia Tres Verbos, que estará abierto a participantes desde los 15 años de edad.

Como parte de la identidad de la feria, este año se presentarán nuevos personajes que acompañarán las distintas actividades. A la ya conocida mascota Aguara’i se sumará Leo, el Libro, mientras que Doctor Teo Partículas será el encargado de interactuar con los visitantes durante las propuestas relacionadas con la ciencia.

Durante los cuatro días de la feria, los asistentes podrán recorrer una variada programación que abarcará lanzamientos de obras literarias, charlas con escritores y especialistas, talleres, espectáculos culturales, espacios interactivos y diversas experiencias vinculadas a la innovación y la tecnología, con ingreso completamente gratuito.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, invitó a las familias de todo el departamento y del país a participar de la feria, señalando que esta edición ofrecerá una experiencia diferente que, según expresó, “quedará en la memoria y en el corazón” de quienes asistan. El gobernador sostuvo que el objetivo es convertir nuevamente a Caaguazú en un punto de encuentro para la cultura, la educación y la innovación durante los cuatro días de actividades.

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el funcionario sostuvo que el Gobierno trabaja en varios frentes para garantizar el abastecimiento y acompañar el crecimiento industrial, en un escenario muy distinto al que históricamente caracterizó al país como exportador de energía gracias a Itaipú, Yacyretá y Acaray.

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Diversificar la generación para sostener el crecimiento

Giménez señaló que el Ejecutivo analiza distintas alternativas para ampliar la oferta energética. Entre ellas mencionó centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, la repotenciación de las hidroeléctricas existentes, proyectos de energía solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

A su criterio, todas estas opciones deberán complementarse para sostener la expansión de la industria y responder al aumento sostenido de la demanda eléctrica.

En ese contexto, destacó especialmente el potencial de la energía solar. Reveló que, desde el Consejo de Itaipú, se impulsó un plan piloto con paneles solares flotantes sobre el embalse de la binacional, cuyos primeros resultados arrojan costos inferiores a los previstos inicialmente.

Según explicó, los estudios estimaban una generación cercana a los US$ 60 o US$ 70 por megavatio, pero las primeras mediciones ubicarían ese costo entre US$ 30 y US$ 35 por megavatio, lo que considera un cambio significativo para futuros proyectos de gran escala.

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El jefe de Gabinete también confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con Argentina para estudiar la posibilidad de traer gas desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta Paraguay.

Indicó que ya existe una comisión técnica integrada por autoridades de ambos países para analizar la viabilidad del proyecto, que contempla distintas alternativas de trazado, tanto por el Chaco como por Formosa hasta Villa Hayes.

El objetivo, explicó, es utilizar ese combustible para generar electricidad mediante centrales termoeléctricas, ofreciendo una producción más estable que las fuentes renovables intermitentes.

Asimismo, mencionó la posibilidad de avanzar en la repotenciación de las unidades generadoras de las represas binacionales y en el desarrollo de proyectos eólicos, principalmente en zonas de mayor altura como Pedro Juan Caballero y Mbaracayú, además del aprovechamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas en diversos afluentes del río Paraguay.

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Gobierno apuesta a inversiones privadas

Más allá de las alternativas técnicas, Giménez insistió en que el país deberá avanzar en reformas institucionales para atraer inversión privada al sector energético.

Sostuvo que existe interés de capitales extranjeros en desarrollar nuevas fuentes de generación, aunque advirtió que será necesario crear condiciones que permitan la participación de esos inversores en un mercado históricamente concentrado en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca consolidar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones mediante un clima de negocios favorable, reglas claras y menor burocracia.

Para Giménez, el desafío energético forma parte de una estrategia más amplia orientada a sostener el crecimiento económico y evitar que el país pierda competitividad cuando el excedente de energía deje de estar disponible.

En comunicación con ABC, el director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, señaló que, hasta el momento, la Municipalidad no autorizó la tala de un solo árbol dentro de la plaza y que el proyecto se encuentra bajo un análisis técnico.

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El origen de la polémica radica en una solicitud presentada por el consorcio encargado de las obras en la zona. La firma alegó en su nota que existen varios ejemplares que representan un peligro inminente para los transeúntes debido a su deterioro físico.

Muchos de los ejemplares señalados tienen décadas de antigüedad. La contratista afirma que estos árboles dañados están riesgo de que caigan sobre personas o destruyan la infraestructura de la plaza.

Saneamiento antes que la motosierra

Barreto aclaró que la cifra inicial de 37 árboles en la mira no es definitiva y podría reducirse drásticamente, incluso a cero, tras las verificaciones que realiza la Municipalidad de Asunción.

“Nosotros vamos a verificar los árboles uno por uno. Si encontramos que el problema se puede solucionar mediante medidas de saneamiento para que el árbol se recupere, se va a mantener. Podríamos podar solo la parte que tiene riesgo de caer y aplicar tratamientos para salvar el resto del ejemplar”, explicó el director de Gestión Ambiental.

Técnicos municipales ya realizaron dos relevamientos en el sitio y tienen previsto un tercer análisis para identificar con precisión cada árbol afectado.

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Según los primeros mapeos generales, la gran mayoría de los árboles señalados muestra condiciones viables para ser recuperados mediante poda controlada y el uso de productos químicos y agrodefensivos que ayuden a sanar la madera.

El informe técnico estará listo esta semana

La comuna asuncena prevé concluir el análisis de campo en los próximos días. Barreto adelantó que un equipo de inspectores volvió a recorrer la plaza y que el informe final con la decisión técnica definitiva estará listo en el transcurso de esta semana o la próxima.

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El director también relativizó el impacto del pedido en caso de que algún árbol deba ser retirado. Señaló que esos 37 ejemplares representan menos del 10% de la masa forestal total de la Plaza Uruguaya. No obstante, insistió en que buscarán preservar el paisaje verde característico del lugar.

“El mensaje para la ciudadanía que está preocupada es que no se va a talar ni un solo árbol que no corresponda. Todo pasa por nuestra estricta revisión técnica; si nosotros no autorizamos, sencillamente no se puede hacer y no va a pasar”, concluyó.

La aspirante, en su mensaje a los electores, señaló que en unos meses su hija Ana tendrá la edad para jugar en los parques municipales. “Realmente me indigna que no hayan plazas en buenas condiciones en nuestra ciudad. Es hora de ponerle solución a esto”, aseveró.

“Mi compromiso es trabajar con las comisiones vecinales y con el sector privado para recuperar 100% de las plazas en Asunción”, prometió.

Desvían fondos y traban para pedir coimas

Desde sus redes sociales, Núñez también reflotó sus dichos en que denuncia que los impuestos de los contribuyentes se usan para pagar las campañas electorales de los candidatos a concejales de la ANR.

Hizo alusión a la gestión del intendente interino Luis Bello, la lista de 24 candidatos a concejales de la ANR encabezados por Gerardo Benítez y al intendentable cartista Camilo Pérez.

“En este momento, la campaña de muchos candidatos a la junta se está financiando con plata los contribuyentes, y lo digo con mucha seguridad y no me queda ningún tipo de duda que hoy la municipalidad está haciendo botín para financiar campañas políticas”, expresó Núñez en un clip de su entrevista en el programa Mirando Lejos de CN9.

En el clip Núñez promete que en sus primeros 30 días de gobierno “va a acabar la fiesta en la municipalidad”.

“Hoy esa institución está financiando a operadores políticos. Hoy el modelo de las cajas paralelas es lo que reina, es de lo más pequeño, de lo micro a lo más macro. Son los recursos que ya existen en la ciudad, que circulan, que deberían parar a la cuenta de la municipalidad, pero no van a parar, sino que funciona un modelo de las cajas paralelas”, sostuvo.

Hacen que se pague “por afuera”

Núñez agregó que también persiste un sistema de coimas y cajas paralelas en que la comuna hace el trámite “tremendamente tortuoso” para que el contribuyente impulse sus reclamos “por afuera”.

Añadió que dicho dinero debería ser usado en financiar obras y mejorar los servicios “pero hoy se desvían para otros fines”, manifestó.

“Ojalá que la gente se dé cuenta de que este modelo ya no puede continuar y que nos pueden cambiar el rostro, nos pueden poner discursos distintos en las elecciones, pero mientras sigamos apostando por lo mismo de siempre, las cosas no van a cambiar”, sentenció.

Denuncian a director de la VIII Región Sanitaria por hostigamiento político

La indignación salió a la luz tras la entrega de pergaminos de gratitud impresos a los trabajadores de blanco por su desempeño electoral. La legislación vigente prohíbe de forma taxativa toda actividad político-partidaria dentro de las instituciones del Estado, restricción que es todavía más rigurosa en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, segun denunció González.

Las evidencias compartidas en las redes sociales muestran certificados titulados “El equipo de Salud - Lista 2A - Pergamino de Reconocimiento”. En los documentos se lee el nombre de cada funcionario premiado al lado de las siglas “HDSI”, en directa alusión al Hospital de San Ignacio.

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El texto del pergamino expresa: “Gratitud por el trabajo en equipo, apoyo incondicional, responsabilidad y empeño que se tuvo durante las elecciones acompañando a la Dra. María Gloria Rodríguez”. Las firmas que avalan este reconocimiento partidario pertenecen al Dr. José María Mereles, director de la VIII Región Sanitaria, y al Dr. Manuel Aquino.

“Esto llega al colmo de todos los colmos. ¡Es incorrecto, es ilegal! Se prohíbe el proselitismo político en nombre de instituciones públicas. Me siento avergonzada de mis colegas. No debe existir ningún color en los hospitales. Una cosa es que se reúnan como amigos a título personal y otra que lo hagan a nombre de un hospital. ¡Basta por favor, ya pasaron todos los límites!”, descargó con la titular de Sinamed.

Candidatura bajo la lupa

La beneficiada por la campaña de los médicos es la doctora María Gloria Rodríguez, quien era recandidata para la intendencia de San Ignacio en las elecciones internas del Partido Colorado bajo la Lista 2A, del cartismo.

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En dicha jornada electoral, Rodríguez se impuso tras cosechar un total de 3.704 votos (el 39,10% del electorado colorado local), lo que le dio el pase oficial para disputar las elecciones de octubre.

Director de VIII Región Sanitaria, denunciado

En marzo de este año, un grupo de funcionarios del mismo Hospital de San Ignacio ya había denunciado la existencia de un esquema de fuerte presión política encabezado por el director regional, José María Mereles, a quien acusaron de condicionar la permanencia o beneficios de médicos y enfermeros a cambio de sumarse a su línea partidaria.

En su momento, Mereles negó las acusaciones y argumentó que las denuncias provenían de personal descontento con los nuevos controles administrativos de su gestión.

Sin embargo, el propio director regional compartió recientemente en sus redes algunas imágenes de una merienda con funcionarios del hospital acompañada de la frase: “Compartiendo una merienda y hablando ya por el gran trabajo que se viene”. De acuerdo con las denuncias, fue en ese mismo evento donde se procedió a la entrega de los cuestionados pergaminos políticos.

Sinamed pide seperación de la salud con la política

La doctora Rosanna González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), habló con ABC y expresó que este caso es un esquema estructural que se replica en los centros asistenciales de todo el país.

“Con esta clase de actitudes se comprueba que los directores no son más que operadores políticos. En el 90% de los casos, los cargos de directores regionales u hospitalarios son boteos políticos. No existe concurso de méritos y aptitudes; son colocados directamente para hacer este trabajo de arreamiento”, expresó la médica.

La doctora explicó que cada departamento tiene un “jefe máximo” del cartismo que decide quiénes ocupan los puestos de dirección en los hospitales.

“Hasta ahora no lo hacían de forma tan alevosa como para entregar certificados impresos. Eso ya es documentar el delito. ¿Qué es lo que sigue? Exigimos que dejen libres a los hospitales y que no se metan con la salud de la gente”, concluyó.