Ante el hallazgo, lacraron el bus y lo remitieron a la Receita Federal, cuyos agentes realizaron este martes una revisión exhaustiva y encontraron productos ilegales en los ductos del aire acondicionado, en los tapizados y hasta en las cabeceras y respaldos de los asientos.

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Prácticamente todos los rincones posibles del bus fueron reacondicionados para el transporte ilegal de mercaderías. En total, se incautaron 3.834 medicamentos, incluidas 3.102 unidades de medicamentos para adelgazar. La carga total fue valorada en 1.337.155 reales, que al cambio local equivalen a más de 1.600 millones de guaraníes.

Para los investigadores, existe una fuerte sospecha de que responsables de la empresa, o al menos algunos funcionarios, tengan participación en el contrabando, considerando que los escondites debieron demandar varias horas de cuidadoso trabajo.

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La investigación buscará determinar a cuáles de los pasajeros pertenecía cada carga. Estos podrían responder por delitos de contrabando e importación ilegal de medicamentos.

Según López, la falta de medicamentos es prácticamente total, ya que afecta desde analgésicos básicos o fármacos para la presión arterial e inclusive otros de “alta gama” para pacientes trasplantados o con enfermedades catastróficas.

Asimismo, confirmó que ahora se busca que el Poder Ejecutivo decrete una emergencia sanitaria con el objetivo de que la nueva administración -a cargo de Isaías Fretes- pueda realizar compras y contrataciones directas vía excepción.

Este pedido busca dar un “golpe de timón”, ya que para los asegurados esta sería la única salida para enfrentar el desabastecimiento que alcanzaría un 90%, según lo denunciado, al igual que el Estado honre su deuda con la previsional.

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Reunión con Isaías Fretes

En lo que refiere a la gestión del Dr. Isaías Fretes en el IPS, López reveló que hubo una “incomodidad”, ya que desde el 26 de abril pasado se solicitó una audiencia entre los asegurados y él, aunque la fecha para este encuentro fue pactada recién para el 17 de junio.

Sin embargo, tras las quejas de los asegurados, el IPS adelantó la reunión para este lunes 1 de junio a las 11:30 en el despacho de Fretes.

En esta audiencia, la asociación planea proponer formalmente la declaración de emergencia sanitaria y la creación de una mesa de trabajo permanente donde los representantes de los trabajadores puedan aportar su experiencia y canalizar las denuncias diarias sobre la falta de insumos.

“Este Gobierno es responsable de la debacle que vive el IPS; la desastrosa gestión de Brítez (Jorge, expresidente del IPS). El Ejecutivo lo mantuvo pese a todos los cuestionamientos; Fretes es consecuencia de una situación de hartazgo total”, sentenció.

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Mafia de los Pagarés: Sancionan ley pero que no contempla documentos electrónicos

Comenzaron modificando totalmente el primer y segundo artículo, eliminando aspectos relevantes como por ejemplo el plazo máximo para la entrega del pagaré, que en la versión Senado es de 5 días hábiles.

La redacción aprobada del primer artículo señala: “La presente ley tiene por objeto establecer la obligación del portador del pagaré a la orden de entregar el título al deudor una vez verificado el pago total de la obligación cambiaria, con constancia del pago hecho en puesta en el mismo, todo ello conforme a la presente ley, en el Código Civil y leyes complementarias”.

Además de eliminar el plazo de 5 días, testaron la parte donde se remarca que para la presente ley, el “ámbito de aplicación comprende a todas las personas físicas y jurídicas que intervengan en la emisión, recepción y gestión de pagarés dentro del territorio nacional”.

Por otra parte, unificaron en un solo artículo lo referente a la “restitución del pagaré y la prueba del pago”.

En tal sentido “la restitución del pagaré deberá ser concomitante con el pago total y su inobservancia determinará la aplicación de lo previsto en la presente ley. La posesión del pagaré por parte del deudor, hará presumir el pago de la deuda, respecto de sus obligados cambiarios posteriores, salvo pacto en contrario”.

En caso de pérdida o extravío del pagaré, se establece que “carecerá de legitimación para el cobro de la obligación cambiaria, conforme a la disciplina general de los títulos de crédito establecida en el Código Civil”.

¿Habrá multa por retención?

Respecto a las sanciones por retener pagarés por parte del acreedor, se mantiene la aplicación de “una multa administrativa equivalente al 20 % (veinte por ciento), del monto de la obligación, la cual será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia de la persona afectada y sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente”.

Sin embargo, se eliminó lo establecido en el artículo 8º de la versión del Senado, que establece que “sin perjuicio de las sanciones administrativas, el deudor afectado podrá iniciar un juicio sumario de acreditación de pago y devolución de título, conforme al Código Procesal Civil”.

Dicho artículo testado también habilitaba al deudor afectado por la retención de su pagaré, poder iniciar un juicio por “reclamación de los daños y perjuicios”, pudiendo usar la denuncia en Sedeco a su favor.

Finalmente mantuvieron el arículo que hace irrenunciable la aplicación de esta ley, a fin de evitar evadirla mediante una cláusula contractual privada.

La propia Medina compartió imágenes y vídeos de los funcionarios posando a sus espaldas, al costado del Panteón de los Héroes. Según el reclamo, el evento comenzó entre las 13:30 y las 14:00 cuando todavía es horario laboral de los funcionarios que cumplen sus trabajos en oficinas de la administración central.

“Es lamentable el arreo de los funcionarios, en horario de trabajo para hacer campaña por la esposa del Jefe de Gabinete. Hace muchos años que esto no pasa en el MEC”, denunciaron empleados de la entidad, que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

En una de las imágenes compartidas con ABC, se observa posando a Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec). También aparece Mabel González, jefa en la Dirección de Bienestar Personal.

¿Quiénes son los funcionarios denunciados por arreo en el MEC?

Además de Irala y de González, en la imagen también se identifica a Cecilia Almirón, una docente catedrática de Luque, con varias horas cátedra en colegios de esta ciudad, que fue comisionada al Viceministerio de Culto, ahora a cargo del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, quien también es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior y rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

“No sabemos cómo hizo (Cecilia Almirón) o si se cubrió todas las horas cátedra que tenía en las instituciones educativas de esta ciudad”, indicaron desde Luque. El abogado Ronaldo Urunaga, también funcionario del Viceministerio de Culto es otro que aparece en la imagen. Daniel Rivas, es uno más de los trabajadores que fueron identificados junto con la “candidata del MEC”.

Casi todos los funcionarios vistieron remeras con logos alusivos a la candidatura de Romina Medina.

Otros actos de arreo en el MEC de Luis Ramírez

No es la primera vez que funcionarios son utilizados por el jefe de Gabinete para participar en la campaña de su esposa. La directora departamental de Educación de Capital, Erika Vargas, también apareció liderando actos en favor de Medina. Vargas había sido sumariada y separada del cargo en el MEC por un caso de nepotismo, registrado en el 2024.

Fue repuesta en el cargo tras el sumario, sin que se aclare la situación de su sobrino, quien había sido nombrado sin concurso público y de forma permanente en una escuela pública, presuntamente por la directora departamental.

En octubre del año pasado, directores de instituciones educativas asuncenas habían sido utilizados por Zapattini para el acto de lanzamiento de la candidatura de su esposa, en un evento partidario realizado en la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), ubicado en Lambaré.

El coordinador de ese evento de campaña era el conocido Américo Ramírez, supervisor de apoyo técnico pedagógico de Asunción, zona 6. Lidia Barrios, directora de Gestión Educativa de la capital, también estuvo entre los presentes y es recurrente en las actividades proselitistas de Medina.

Altos funcionarios del MEC también priorizan campaña electoral

El 27 de enero, altos directivos del MEC también fueron vistos tras una reunión con la candidata a concejala Romina Medina, en un local en Asunción, a solo un mes del inicio de clases.

Marcelo León Nogués, director de Infraestructura del MEC y Juan Manuel Arce Leiva, asesor jurídico de la entidad estatal estaban entre los participantes, ambos sonrientes y gesticulando la “V” de victoria, con amplias sonrisas, mientras las escuelas públicas pasaban por enormes dificultades de infraestructura.

Además, no se puede olvidar que el operativo de kits escolares fue otro fracaso de gestión, por tercer año consecutivo. Miles de estudiantes no recibieron los útiles tras meses de iniciadas las actividades académicas. Adalberto Gustavo Rodas, secretario general y exdirector jurídico del MEC, es otro de los participantes asiduos en la campaña electoral.

El IPC que se compone de 465 productos se encuentra en plena etapa de actualización, esto después de 10 años, ya que el vigente data del año 2017, informó ayer Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay (BCP) durante una charla informativa en ABC Color.

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Debido a que el IPC es un índice general no particular ni focalizado por nivel de ingresos, no debe ser tenido en cuenta como un indicador de la canasta básica de consumo, que tiene otra finalidad, por lo que muchas veces surge la confusión y mala interpretación sobre los resultados de la inflación, detalló el técnico.

Según informó el funcionario de la banca matriz, la actualización del IPC sigue un cronograma establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cual incluye en primer término la encuesta de Presupuesto Familiar que está en pleno proceso. Esta encuesta que está a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrancó en octubre del 2025 y se extenderá hasta octubre del presente año. En segunda etapa, se procesarán y agruparán los datos que surjan de dicha encuesta y todo este trabajo, se desarrollará durante el 2017, para que finalmente el nuevo IPC entre en vigencia en el año 2018.

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Son 3.000 hogares encuestados

Ortiz detalló igualmente que para el trabajo de campo, fueron seleccionadas unas 3.000 familias que van a ser entrevistadas sobre la evolución de su consumo en el hogar en el lapso de un año. Según precisó el funcionario, este insumo es muy valioso para la construcción del IPC por lo que instan a la ciudadanía a colaborar con los encuestadores ya que de esa forma se podrá construir un indicador efectivo no solo para la política monetaria, sino para el bienestar.

Según el funcionario, esta muestra de 3.000 hogares en Asunción y Central sería suficiente para la construcción del índice. Recordemos que solo en Central hay unos 505.000 hogares, según el último censo de Población y Viviendas 2022.

Sobre reajuste del salario mínimo

Si bien el objetivo central del IPC es medir la inflación, este indicador igualmente es utilizado como una referencia en varios ámbitos, y el más relevante es el reajuste anual del Salario Mínimo Legal (SML).

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“El Banco Central tiene instrumentos que son idóneos para poder orientar la política monetaria y tratar de trabajar con las variables monetarias del país, pero, no idóneos para cuestiones de tipo social”, explicó Ortiz, a lo que agregó que el Banco Central no tiene, ni instrumentos, elementos, ni tampoco el mandato constitucional de atender a ese tipo de, de cuestiones relacionadas al reajuste del SM.

Ortiz indicó que si debe utilizarse el IPC para el reajuste del SML debe ser dirigida al Ministerio de Trabajo, que es la institución encargada de estudiar ese tipo de, de variables teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes,

Según los datos oficiales, en el encuentro “analizaron el desarrollo de la campaña y el contacto permanente con la ciudadanía en los distintos barrios de la capital”.

Latorre es jefe de campaña de Camilo Pérez, de cara a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

“Hablamos de los trabajos que fueron realizados, las visitas y caminatas en los diferentes barrios, así como las reuniones y encuentros con las bases del Partido Colorado y distintos sectores de la sociedad (...) Compartimos con él (Cartes) el gran entusiasmo que vemos en la calle, con los vecinos, el entusiasmo que genera la candidatura de Camilo Pérez y la esperanza puesta en él respecto a la transformación de la ciudad de Asunción”, expresó Latorre.

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Cartes envió mensaje de “Concordia”

En otro momento, Raúl Latorre mencionó “el mensaje de concordia” transmitido por Cartes durante la reunión. Insistió “en la importancia de mantener la unidad partidaria de cara a las internas coloradas”.

“El presidente del partido (Cartes) nos transmitió su experiencia e insistió en la necesidad de caminar por un camino de concordia dentro del Partido Colorado, entendiendo que nuestros adversarios en esta interna partidaria son adversarios coyunturales”, sostuvo.

Latorre señaló que el principal desafío del movimiento y de sus dirigentes es trabajar al servicio de la ciudadanía y fortalecer el compromiso con el país.

“Nuestro verdadero desafío es servir a nuestra comunidad, servir a nuestro partido y servir a nuestro país”, manifestó el titular de Diputados.

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Beto dijo que Camilo es candidato de Latorre

En noviembre pasado, el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, cuando fue consultado sobre la confirmación de la precandidatura de Camilo Pérez, señaló que solo conoce su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). “Es el candidato del Presidente (Raúl) Latorre y vamos a ver si tiene tanto tino, le voy a atribuir el éxito... si Camilo llega quiere decir que Latorre es un brillante estratega político”, dijo con una sonrisa incrédula.

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Agregó, “Tengo muchos años de vida política y yo les conozco a los actores políticos, que son aves de nuestro plumaje, entonces no quiero opinar en abstracto, no lo conozco. Conozco su gestión muy buena en el Comité, pero su cuestión política no podría juzgar”, manifestó Pérez.

El plan estratégico busca mitigar la total dependencia que tiene la central de los regímenes de lluvias y del caudal del río Paraná, permitiendo un agresivo crecimiento eléctrico sin necesidad de inundar nuevas tierras ni alterar el acuerdo tripartito de navegación.

“El embalse de Itaipú es un embalse de 134.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de 134.000 canchas de fútbol, una superficie bastante grande. Si tan solo consideramos un escenario de 10% para hacer ese aprovechamiento hidroenergético pareado, hidrosolar, estamos hablando prácticamente de casi otra Itaipú solar en potencia también instalada, es decir, casi 14.000 megas más de potencia instalada”, reveló Domaniczky.

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Mitigar la evaporación y ganar eficiencia

Este modelo de generación hidrosolar plantea una sinergia perfecta con la represa tradicional, asegura el ingeniero. Durante las horas de mayor radiación solar —cuando el consumo se dispara en Paraguay debido al uso masivo de acondicionadores de aire—, los paneles operarían a su máxima capacidad, equilibrando la carga y permitiendo “ahorrar” agua en los embalses para los momentos de alta demanda nocturna.

Además, Domaniczky destaca que la colocación de estas estructuras flotantes reduce hasta en un 70% la evaporación puntual del agua cubierta. Al mismo tiempo, el propio vapor del lago y el viento generan un efecto de enfriamiento natural que optimiza la producción de los paneles entre un 10% y 12% más en comparación con las plantas construidas en tierra firme.

Los números reales de la planta piloto

Para demostrar que este proyecto no se queda solo en simulaciones teóricas de papel, el superintendente de Energías Renovables de la binacional destacó que Itaipú ya opera una planta piloto de 0,75 hectáreas en la que se despliegan 1.584 paneles solares de última generación (tecnología tipo N / Topcon). Dijo que el sistema genera 1.116 kilovatios (kW), energía suficiente para abastecer a unas 700 viviendas de escasos recursos, y actualmente cubre de forma directa el 40% de todo el consumo interno de la propia central hidroeléctrica.

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Esta instalación representa hoy la tercera mayor planta solar flotante de Sudamérica (superada por un complejo en San Pablo, Brasil) y utiliza los cuatro inversores de corriente eléctrica más grandes de la región paraguaya.

Licitación de banco de almacenamiento

Para contrarrestar la intermitencia propia de la energía solar (causada por el paso de nubes o días de tormenta), el expositor confirmó que ya se encuentra en pleno proceso licitatorio para la compra y acople de un banco de almacenamiento de baterías de 4,4 MW, asegurando la estabilidad total de la inyección energética.

El objetivo final de documentar esta experiencia a escala real es validar los costos y el rendimiento técnico para plantear no solo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sino también al sector privado, bajo el nuevo marco regulatorio nacional, para replicar este modelo en zonas críticas del territorio, como el Chaco paraguayo, donde la escasez de agua y el calor extremo urgen soluciones tecnológicas de vanguardia.

Este martes, el gremio llevó adelante otra edición de “Charlas que inspiran”. En la ocasión, el lema del encuentro fue “Del contrato al valor: estrategias de leasing que transforman resultados”.

En ese sentido, el presidente de la CCCPy, Andrés Kemper, mencionó que la jornada reunió a destacados referentes nacionales e internacionales del sector, quienes compartieron tendencias, herramientas y experiencias sobre consumo, inteligencia comercial, innovación, negociación estratégica y crecimiento de los centros comerciales en América Latina.

Experiencias de centros comerciales de otros países

Asimismo, se abordaron las etapas que atravesaron distintos mercados durante el crecimiento del sector, considerando que las inversiones en el rubro “son apuestas de largo plazo y que, generalmente, se desarrollan en etapas bien consolidadas”, Kemper apuntó como ocurrió en Colombia, México y Brasil.

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Añadió que cada una de estas etapas viene acompañada de circunstancias diferentes. “Aprender de lo que sucedió en otros países y entender cuál es el contexto de nuestra industria hoy son claves para tomar las mejores decisiones, con la mayor información posible”, resaltó.

Pagos digitales y el comportamiento del mercado

En esa línea, explicó que el evento inició con una charla a cargo de representantes de la procesadora Bancard, quienes brindaron insights (hallazgos) sobre el comportamiento del mercado paraguayo a los pagos digitales y su evolución.

Este espacio estuvo a cargo de Carlos Pérez, quien, en representación de Bancard, desarrolló el tema “Retail Intelligence: consumo, métricas, eventos y crecimiento de los centros comerciales del Paraguay”.

Luego, la charla profundizó acerca del panorama de las 27 empresas socias del gremio y en cómo aumentó la participación de los pagos digitales en los últimos años en el sector. Además de realizar comparaciones por rubros como tiendas, gastronomía, ocio, entretenimiento y supermercados.

“Vimos el ticket promedio, cómo creció el market share y una gran cantidad de datos que servirán para tomar las mejores decisiones”, alegó.

Espacio de análisis e innovación

Otro de los puntos profundizados fue el tema “Smart Leasing: estrategia, IA y rentabilidad en centros comerciales”. Marcelo Rennó, desde Brasil, brindó información sobre cómo implementan tecnologías en sus operaciones y en qué etapa se encuentra la industria brasileña de centros comerciales, considerada un mercado mucho más desarrollado.

Asimismo, desde Colombia participó Carlos Hernán Betancourt con la charla “Latinoamérica Retail: de mercados emergentes a jugadores estratégicos”, quien comentó que en ese país existen 667 centros comerciales y que, en los últimos quince años, se abrió uno por mes de manera sostenida.

Evolución sobre a las industrias más desarrolladas

Para hacer una referencia entre el mercado colombiano y el paraguayo, Kemper explicó que en Paraguay existen 27 shoppings y comparó esa realidad con la evolución de otras industrias más desarrolladas, que atravesaron ciclos similares, aunque en diferentes momentos.

“Pasó con Perú, con Colombia y con Brasil, e intentamos identificar las consecuencias que tienen los distintos ciclos. Creo que probablemente Paraguay está en una etapa de crecimiento y posteriormente vendrá un periodo de saturación para luego llegar a una fase de madurez. Hoy, por cómo lo identificamos, estamos en esa etapa de crecimiento”, remarcó.

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Panel e intercambio de conocimientos

Asimismo, se realizó el panel “Negociar para ganar: el verdadero poder del centro comercial para transformar sus resultados”, con la participación del presidente y vicepresidente del gremio Andrés Kemper y Jorge Mendelzon, además de los disertantes invitados.

La actividad generó un espacio de actualización estratégica para directivos, gerentes, operadores, marcas y profesionales vinculados al ecosistema retail, promoviendo la evolución de los centros comerciales paraguayos mediante el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales.

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El encuentro, que fue definido como un espacio espontáneo y despojado de intereses particulares, tuvo como eje la búsqueda de transparencia en la gestión de la previsional y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores paraguayos.

Empresarios alertan sobre la sostenibilidad futura del IPS

Los líderes gremiales destacaron que su presencia responde a la necesidad de trabajar conjuntamente con la administración del IPS. Los empresarios enfatizaron que la productividad del país depende directamente de un sistema de salud eficiente para los colaboradores.

“Nuestro interés es la patria, nuestro interés son los empleados. Venimos a ofrecer nuestro hombro para trabajar en las cosas bien hechas, sin buscar peleas, sino soluciones”, destacó Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

No obstante, los representantes del sector privado manifestaron su profunda preocupación por las proyecciones actuariales de la previsional. Según los datos expuestos por los empresarios, la institución enfrenta un panorama crítico a largo plazo. Advierten que en el año 2036 se producirá una descapitalización del fondo de pensiones, derivando en la quiebra técnica del IPS para el año 2046 de no mediar medidas correctivas inmediatas.

El grupo de empresarios subrayó que, si al país y a la seguridad social le va bien, el sector privado se fortalece, beneficiando así a toda la nación.

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Entre los empresarios y líderes gremiales presentes se encontraban por ejemplo, Miguel Carrizosa presidente de la CADAM (Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias); Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP); Gerardo García, presidente de Cifarma (Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay); Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativistas de la Producción; Gustavo Eguez, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP); entre otros.

Compromiso con la transparencia y rendición de cuentas

Isaías Fretes, presidente del IPS agradeció el respaldo gremial y reafirmó que el “rumbo” de su administración es la transparencia absoluta. Durante su intervención, el titular de la institución expuso un diagnóstico crudo sobre la situación actual, revelando un déficit operativo significativo.

Según los datos resaltados por el presidente del IPS, la institución requiere aproximadamente de G. 12 billones anuales para cumplir con sus obligaciones, pero actualmente solo cuenta con G. 6 billones. Además, informó sobre la actualización del vademécum de medicamentos, del que se eliminarán alrededor de 900 ítems que estaban desfasados o desactualizados, pero que se seguían adquiriendo de forma ineficiente.

Fretes señaló que el objetivo de esta nueva etapa es realizar una “reingeniería” institucional que permita superar la crisis, erradicar la corrupción y garantizar la sostenibilidad del servicio para los asegurados, jubilados y trabajadores.

Vecinos acusan al MOPC y al Mades de imponer una planta de tratamiento sin estudio ambiental

Durante su exposición, Maida Fernández sostuvo que el principal cuestionamiento gira en torno al cambio de ubicación del proyecto.

Recordó que inicialmente la planta debía construirse en un predio alejado del casco urbano, perteneciente al fallecido Raúl Ántola, sitio que contaba con estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Sin embargo, la obra fue trasladada a una zona urbana, contigua al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez y cercana a sectores residenciales del barrio Villa Aeropuerto.

La edil advirtió sobre posibles consecuencias ambientales, sanitarias y urbanísticas, además de cuestionar que la Municipalidad aún no cuenta con un Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) aprobado. También señaló que los trabajos técnicos relacionados al ordenamiento territorial se encuentran paralizados desde marzo.

El planteamiento fue respaldado por las concejales Manuela González (ANR), Irma Rivas (PLRA), Marita Campias (PLRA) y el concejal Mario Ferreira (PLRA).

Los concejales que acompañaron el pedido remarcaron que, aunque existan autorizaciones de instituciones como el MADES y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), eso no exime al municipio de su responsabilidad en materia de planificación urbana y resguardo ambiental.

El momento más tenso se produjo cuando la concejal Manuela González se encontraba en uso de la palabra.

En ese instante, los concejales Lucía Silva (ANR-HC), Lorenzo Bottino (ANR-HC) y Néstor Velázquez (ANR-HC) abandonaron la sesión.

Segundos después, el presidente de la Junta, Gerardo Valoriani (ANR-HC), también se retiró abruptamente del recinto, dejando sin quórum la reunión y evitando que el pedido llegue a votación.

De acuerdo a versiones surgidas en el propio recinto, el retiro de los oficialistas respondió a una cuestión numérica: los concejales Marcos Benítez (ANR-HC) y Nilsa Torres (ANR-HC) estaban ausentes, por lo que el bloque oficialista no contaba con mayoría suficiente para rechazar el pedido impulsado por la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado.

La polémica en torno a la PTAR no es nueva. A inicios de este año, el propio intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), había solicitado la suspensión de los trabajos tras las protestas de vecinos del barrio Villa Aeropuerto, quienes se movilizaron en rechazo a la construcción de la planta al costado del aeropuerto local.

Los pobladores sostienen que la obra fue “trasladada” del lugar originalmente previsto, que sí contaba con estudios ambientales aprobados.

Ahora hacia un sector urbano donde están preparando, según denuncian, no existen garantías suficientes sobre el impacto ambiental y sanitario que podría generar la planta.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) forma parte del proyecto de la defensa costera de Pilar fase B, una de las obras de infraestructura más costosas ejecutadas en la ciudad, con una inversión estimada en 50 millones de dólares.

Señaló que la mejora en el funcionamiento de esta institución permite aliviar considerablemente la presión sobre los servicios del sistema de salud pública.

“Considero que para nosotros es un alivio de gran importancia que el IPS pueda funcionar adecuadamente, ya que hoy en día prácticamente más del 30% de las consultas, más del 30% de los diagnósticos y más del 30% de las internaciones que se registran en los servicios de salud corresponden a personas aseguradas por la previsional”, indicó.

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Explicó que esta alta demanda puede hacer que quienes no cuentan con un seguro queden sin acceso oportuno a la atención médica.

“Por eso hoy es muy positivo para nosotros contar con un IPS que funcione y pueda dar respuestas a sus asegurados. Porque, en la medida en que esta institución atienda adecuadamente a sus afiliados, también se alivia la carga del sistema público y nosotros podremos brindar una mejor asistencia a quienes más lo necesitan”, agregó.

En relación con los insumos y medicamentos, la ministra señaló que se han registrado avances sustanciales en el abastecimiento en todos los servicios de salud.

Asimismo, reconoció que aún se presentan algunas interrupciones en la provisión, aunque aclaró que, en muchos casos, estas situaciones no se deben a la falta de productos a nivel central, sino a problemas de coordinación con las instituciones locales.

En ese sentido, destacó la implementación del sistema HIS en cerca de 1.300 centros de salud, una herramienta que permite monitorear en tiempo real el consumo y la disponibilidad de medicamentos e insumos.

Barán realizó una gira por el departamento de Misiones, donde visitó varias localidades donde se están realizando obras públicas que serán usadas en beneficio del Ministerio de Salud, como es el caso en San Ignacio: el Hospital Día Oncológico; en San Juan Bautista, el Centro de Rehabilitación de Equinoterapia; y la inauguración de las mejoras introducidas en el Centro de Salud de la ciudad de Villa Florida.

Esta mañana, estudiantes del Bachillerato de Diseño Gráfico protestaron hasta llegar a la avenida Eusebio Ayala - realizaron un cierre intermitente de la arteria-, reclamando que siguen sin aulas y sin equipamientos para esta especialidad.

“Hace dos meses que Diseño Gráfico está sin clases, nosotros creemos que debe hacerse una redistribución de las salas de clase, porque aulas que eran para Diseño Gráfico le entregaron a otras especialidades”, manifestó Belén Chaparro, presidenta del centro de estudiantes.

La joven explicó que hay aulas que están sin ocuparse, pero que desconocen si están terminadas o si necesitan todavía alguna refacción, porque no reciben respuestas por parte de las autoridades de la institución, incluido el director, Blas Dubrez.

Alerta en el CNC: Diseño Gráfico tenía clases en laboratorio de Química

Cansados de las promesas, los jóvenes decidieron salir a las calles ante la falta de los salones. Los del segundo año de Diseño Gráfico, daban clases en un laboratorio de Química, sin muebles ni equipos necesarios para desarrollar el área técnica de esta especialidad.

“Hace dos meses que estamos así, es muy incómodo para los compañeros dar clases en el laboratorio; no tienen espacio para las materias de Diseño, y tampoco tienen los muebles adecuados ni las herramientas para esta especialidad”, lamentó Belén Chaparro.

Hay tres movimientos estudiantiles fuertes en el Nacional de la Capital. Los tres apoyan la medida de los bachilleres de Diseño. Los jóvenes también denunciaron que luego de la ruidosa inauguración por parte del Gobierno, los equipos para este bachillerato específico siguen sin llegar.

Director admite falta de equipos en el CNC

El director del CNC, Blas Dubrez, admitió que siguen sin equipos para Diseño Gráfico. Lo grave del asunto es que afirmó que sí cuentan con las herramientas, sin embargo, las mismas permanecen guardadas en un depósito en la institución.

“No es que los estudiantes estén sin aulas, el tema es que están en un espacio que no es adecuado para el énfasis, pero para mañana ya se va a estar regularizando eso”, prometió.

Según el director, el aumento en el número de la matrícula -cuentan con 900 matriculados-, afectó a la organización del centro educativo, por lo que tuvieron el inconveniente con las salas para Diseño. Sobre los equipos, dijo que la empresa adjudicada debe todavía ensamblar y distribuir los accesorios pendientes en el colegio público.

En el CNC ya hubo problemas apenas se dio la reapertura, pues docentes afirmaron que no habían sido capacitados para el uso de las pizarras inteligentes que el ministro de Educación, Luis Ramírez, exhibió ese día. Decenas de estos pizarrones permanecieron también guardados en un depósito, sin usarse por varias semanas.

Estudiantes denuncian que director casi no asiste al colegio

Los estudiantes denunciaron también, que Blas Dubrez, director del CNC, nombrado poco antes de la pomposa reapertura, apenas aparece por la institución. Además, remarcaron que en dos meses, los alumnos de Diseño no recibieron respuesta alguna ante la falta de espacios.

En el 2016, Dubrez ya había sido denunciado por supuesto planillerismo cuando fue comisionado del MEC a la entonces Dirección de Migraciones. Finalmente, el caso terminó y el funcionario no llegó a sumario alguno.

“Es falso de toda falsedad. Hace 20 días justamente estamos con gente de la Dirección de Educación Departamental de capital. Ellos pueden corroborar esto, pero entiendo que es un colegio muy político y hay cosas que se manejan así”, afirmó.

Sobre las denuncias de planillerismo en Migraciones, indicó que también eran falsas, por lo que no se llegó al proceso sumarial.

El discurso de Santiago Peña para los estudiantes del CNC

El presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso en la reapertura del colegio, aseguró a los jóvenes que “ustedes son el Paraguay que nos genera el mayor orgullo. Sueñen en grande. Sueñen cuando nadie les dice que va a ser posible. Sueñen gigante”. Sobre la obra, prometió que el “CNC está de vuelta, más fuerte que nunca”. A dos meses de este discurso, siguen los problemas de infraestructura en el local educativo.

La apertura también tuvo un fuerte tufo a proselitismo. El director del CNC, Dubrez, había hurreado al vicepresidente Pedro Alliana, presente en el lugar.

“Antes de culminar, muchas veces la emoción nos traiciona, porque realmente la honra que tengo en dirigirme a ustedes es superior a cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso quisiera saludar a un gran hombre, gran compañero del presidente, al señor vicepresidente don Pedro Alliana y para darle un caluroso aplauso”, afirmó el director.

Obras siguen en el CNC

Los trabajos en el centro educativo comenzaron hace casi dos años, en el segundo semestre del 2024, financiadas por Itaipú, cuyo director es Justo Zacarías Irún, - parte del clan Zacarías Irún en Alto Paraná - por US$ 3,7 millones.

Fue adjudicada la constructora Implenia SA, cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller y Tatiana Mikelj. Los trabajos continúan principalmente en el sector de las canchas y el tinglado.

Durante el acto, los ediles se mostraron hostiles con la activista, incluso un secretario de la Junta Municipal intentó arrebatar el micrófono a la ciudadana e impedirle que siga hablando.

Mientras tanto, la concejal liberocartista Francisca Franco intentó impedir la entrega de documentos y comenzó a gritar “payasa, payasa” en plena sesión demostrando así su falta de empatía hacia el genuino pedido de transparencia.

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Los miembros de la Contraloría Ciudadana hace meses solicitan la realización de una audiencia pública de rendición de cuentas, pero el intendente Carlos Echeverría se niega a realizarlo, incluso presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar transparentar su gestión.

Paralelamente, la Junta Municipal, donde siete colorados se aliaron con los cuatro liberocartistas, para que año tras año se conviertan en cómplices de la pésima gestión y aprueban las rendiciones de cuentas sin informar a la ciudadanía.

Categoría al silencio

Los certificados contaban con categorías, por ejemplo, los liberocartistas; Rómulo Pérez, Francisca Franco y José Meza, quienes buscan su reelección en el cargo fueron galardonados por la “mejor categoría al silencio”.

Similar premiación se llevó el concejal liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien es candidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

También los colorados tuvieron cada uno sus “merecidos certificados” por poner trabas a los pedidos de transparencia. Los colorados, entre ellos Juan Ángel Marecos, Arnaldo Baeza, Enrique Quintana e Iván Velázquez, quienes buscan su reelección en el cargo, tuvieron sus certificados.

La Contraloría Ciudadana tampoco se olvidó de los ediles colorados; Ramón Servín, Eliseo Maldonado y Diego Romero, quienes recibieron también su cartón.

La única concejal que no recibió el certificado fue la concejal Belén Maldonado (PLRA), quien mantiene una postura crítica hacia la gestión municipal y viene acompañando los reclamos ciudadanos.

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Intendente también tuvo galardón

Mirian Franco, luego de asistir a la sesión de la Junta Municipal de Luque y entregar los certificados a los ediles fue hasta el despacho del intendente cartista para entregar también el reconocimiento. Sin embargo, una secretaria le indicó que Echeverría no se encontraba, pero igualmente le hizo llegar el “galardón”.

Carlos Echeverría fue galardonado por su “destacada labor para impedir la realización de la audiencia pública, demostrando así su firme compromiso con la falta de transparencia”.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para exigir la audiencia pública, un requerimiento al que están obligados por ley los municipios.

Un juzgado de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación ya ordenaron a Echeverría la realización de la audiencia, pero se recurrió a una acción de inconstitucionalidad que debe definir la Corte Suprema de Justicia.

La acción de inconstitucionalidad se presentó contra la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Cordillera que rechazó incluirlo como querellante adhesivo en el proceso judicial. El tribunal aceptó el argumento presentado por la defensa de Sanabria Vierci, de que el derecho a participar en un proceso se distribuye como una herencia, por lo que la única persona para intervenir como querellante adhesiva es una hija menor de edad de la víctima.

La diputada por el PPS, Johanna Ortega, se hizo eco de la denuncia planteada por la familia y recordó otros dos casos en los que los ministros de la Corte se expidieron en el mismo sentido: el caso del exfical Marcelo Pecci, en el que excluyeron al padre, al hermano y a la viuda del fiscal asesinado, Claudia Aguilera, y del caso de Rodrigo Quintana, que excluyó a los padres del dirigente asesinado la madrugada del 1 de abril de 2017 durante un asalto de la Policía Nacional en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Esto empezó con el caso de Rodrigo Quintana y ahí, para impedir la participación de sus padres en el proceso, se inventó una lógica ajena al derecho penal y es que solo puede intervenir en el proceso quien tenga el mejor derecho hereditario. Como si la búsqueda de la justicia fuera una sucesión patrimonial, como si el dolor pudiera clasificarse en un orden de herencias”, condenó la legisladora.

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Ortega advirtió que en todos estos casos no fue un detalle técnico por el que se excluyó a los familiares de las víctimas fatales de los procesos como querellas adhesivas, sino que fue “un mensaje, ya que hay víctimas que incomodan más que otras”.

Insistió en que en el caso del fiscal Marcelo Pecci, un crimen de alto impacto regional, la familia sigue reclamando acceso pleno a la información del proceso; sin embargo, persisten las limitaciones, las barreras, la falta de transparencia y el derecho a la verdad, administrado, dosificado y condicionado por una justicia que retrasa el proceso de búsqueda de la verdad, la cual no es justicia.

“De esa verdad que imaginamos que alguien con mucho poder está detrás del crimen de Marcelo Pecci, una verdad que imaginamos, pero que no podemos concluir, porque no hay ni siquiera derecho para los familiares de la víctima”, criticó.

En el caso que investiga a Eugenio Sanabria Vierci, dijo es una tragedia que debería haber activado toda la maquinaria institucional del Estado para garantizar la verdad, la justicia y la reparación, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario.

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“Eugenio Sanabria Vierci, un borracho que llevó una familia entera a una tragedia, la muerte de tres, de cuatro de sus integrantes. Yo les pido, colegas, que miren esta imagen, les pido, por favor, esta imagen refleja la imagen de una niña que llegó a ese mismo aeropuerto tres meses antes de esta foto con su mamá, con su papá y con su hermano menor y tres meses después se va de Paraguay a Alemania, porque su mamá era alemana, sola, en una silla de ruedas después de que un borracho le haya arrebatado su familia”, fustigó al mostrar una foto de la hija de Osvaldo Jacquet, única sobreviviente del accidente y que quedó huérfana tras la muerte de sus padres en el accidente.

“Un irresponsable y un borracho” goza de complicidad

Cuestionó que lo que ocurre hoy con la familia Jaquet es algo que es todo lo contrario a lo que debería suceder, considerando que “un irresponsable y un borracho” goza de la complicidad de quienes están en el poder y dirigen el poder judicial a su antojo.

Cuestionó si es constitucional que se utilicen reglas del derecho civil pensadas para herencia y patrimonio en el derecho sucesorio, para decidir quién puede participar en un proceso penal en representación de una víctima fallecida.

Agregó que están usando el derecho de sucesiones para limitar el derecho a la justicia y eso no es una interpretación inocente de los ministros de la Corte, es una decisión con consecuencias reales que deja familias afuera del proceso.

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“El caso de Rodrigo Quintana, el caso de Marcelo Pecci y hoy el caso de la familia Jacquet, restringe el acceso al expediente, limita la posibilidad de investigar y sobre todo posterga el acceso a la verdad de lo que sucedió. Pero lo más grave es lo que esto revela, un sistema judicial que decide quién puede preguntar, quién puede saber y quién puede llorarle a sus familiares con legitimidad ante la justicia”, refirió.

Diputada critica selectividad judicial

Insistió en que esto no es un Estado de derecho, es selectividad judicial y cuando la justicia se vuelve totalmente selectiva, como es el caso de Paraguay, deja de ser justicia y este patrón se repite siempre en casos donde hay poder político o poder económico involucrado.

“Un país donde la impunidad se impone por vía judicial, no es un país plenamente democrático. Por eso lo que está en juego en el caso de la familia Jaquet no es solo un expediente, es un principio. El derecho de las víctimas a participar, a preguntar y al saber, el derecho de esa niña que salió de Paraguay sin sus padres y sin su hermano menor. Y si perdemos eso, no estamos ante una simple interpretación del derecho, estamos ante un retroceso democrático”, concluyó.

Eugenio Sanabria Vierci fue procesado por supuesto homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre luego del múltiple choque ocurrido el 10 de noviembre de 2024 cuando la camioneta Volkswagen que conducía a alta velocidad –quien se hallaba bajo los efectos del alcohol- impactó contra un automóvil Kia. Los tres ocupantes de ese automóvil -Osvaldo Jacquet (39), su esposa Kristin María Blumenröther (40) y una hija de ambos, Philipe Jacquet Valdez (2)- fallecieron.

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A causa del impacto, la camioneta de Sanabria Vierci volcó e impactó contra otro vehículo, un Hyundai, del cual, una de las ocupantes de ese rodado, Nancy Angeluz Chena, también perdió la vida.

• Rolando Benito “Roly” Gaona Osorio (ANR Colorado Añetete Lista 6), busca la intendencia de Coronel Oviedo por la disidencia colorada en la interna partidaria. Es concejal departamental aliado del senador Mario Varela. Tiene el apoyo del expresidente Mario Abdo Benítez y del presidenciable Arnoldo Wiens.

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• Elvio Ramón Castro López (ANR HC Lista 2M), actual secretario general de la Gobernación de Caaguazú, pugnar por la intendenciade la mano del gobernador local, Marcelo Soto, y del diputado nacional Édgar Olmedo.

• Marcos Antonio Benítez Velázquez (ANR HC Lista 2A), intendente saliente, busca el rekutú y es el candidato de Honor Colorado (HC), dentro del sector liderado por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).

Opositores

• Francisco René Avalos Aldama (PLRA Frente Radical Lista 9), pugna la intendencia dentro del a interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Actualmente es el segundo suplente en la diputación de Caaguazú y fue secretario departamental durante la gestión de Alejo Ríos Medina (PLRA). Tiene el respaldo del movimiento liderado por el senador Ever Villalba (PLRA).

• Eva Rosana Bogado Vera (PLRA Nuevo Liberalismo Lista 3), concejal municipal saliente, busca la intendencia dentro del movimiento liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) y además tiene el respaldo del Clan Buzarquis y de Miguel Prieto (Yo Creo), presidenciable del 2028.

• Darío Agustín Britos Cardozo (Tekojoja Lista 99), se presenta con lista única en la interna del Partido Popular Tekojoja, el cual lidera el exsenador Sixto Pereira.
• Antonio Aquino Pérez (PRF Lista 3) también se presenta por lista única dentro del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

Tras las elecciones internas del 7 de junio habrá cuatro candidatos a la intendencia local del 4 de octubre, uno de la ANR, otro del PLRA, de Tekojoja y del PRF.

El pronunciamiento se dio durante el panel “Energía y construcción en Paraguay, desafíos para la sostenibilidad”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Eléctricas (Cecoel) en el marco de Constructecnia, 26.ª edición, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Conmebol, Luque. Allí, el funcionario reconoció las limitaciones del mercado actual frente a los cambios tecnológicos.

A pesar de que el marco legal de energías renovables fue actualizado el año pasado y que ya cuenta con decreto reglamentario desde la semana pasada, la realidad financiera es otra. La normativa ampara a quienes deciden convertirse en autogeneradores para abastecer su propio consumo e inyectar su excedente a la red pública, pero el incentivo económico es casi nulo.

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“Si empezamos a ver el tema de la inversión a nivel de escala reducida, el payback (retorno) de esa inversión con los niveles tarifarios que tenemos hoy día, no justifica”, explicó Escudero de forma tajante.

El director de planificación de la estatal apuntó la falta de cultura de la eficiencia energética en el país, muy ligada al costo del servicio. “Nos quejamos, reclamamos que viene la cuenta cara en los meses de calor, pero igual seguimos usando aire acondicionado, dejamos aire prendido, luces prendidas. O sea, cuando la energía valga lo que tenga que valer, eso va a fomentar que exista la generación distribuida a nivel de rooftop o paneles solares", señaló.

Obligados por ley a comprar energía barata

Un punto crítico revelado por Escudero es que la legislación actual obliga a la ANDE a comprar de manera exclusiva hasta 1 megavatio de potencia a los autogeneradores. Sin embargo, la trampa para el inversor privado se encuentra en el precio que la estatal está autorizada a pagar.

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“La ANDE está obligada a comprar por ley ese megavatio, solo que va a remunerar el costo medio de generación. Hoy día el costo medio de generación es barato”, informo.

No obstante, el panorama podría cambiar a mediano plazo. Según el técnico, el día de mañana, a medida que el país agote su excedente de las binacionales e incorpore nuevas fuentes con precios mayores, ese costo medio de la ANDE va a subir. “Por lo tanto, se puede volver más atractiva la inversión en la autogeneración”, vaticinó.

El peligro del espejo Brasil

Escudero confesó que hace diez años ni se imaginaban las “cargas gigantescas” y los pedidos que aparecen hoy en día. Si bien los planes a 20 años contemplan la expansión de energía renovable no convencional (fotovoltaica) y almacenamiento a gran escala, no prevén una incorporación masiva de generación distribuida residencial o comercial.

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El funcionario miró de reojo la experiencia de los países vecinos para justificar la cautela local. Mencionó que la generación distribuida empieza siendo una solución, pero en mercados grandes ya se convirtió en un dolor de cabeza.

“Brasil, por ejemplo, tiene 45.000 gigavatios de generación distribuida, equivalentes a tres Itaipú. Y Brasil está enfrentando problemas con reversión de flujo con el fenómeno de curtailment, que es corte de energía; en vez de tomar la energía que se produce, se desperdicia porque no hay demanda o no hay capacidad de transmisión”, alertó.

Redes obsoletas para el flujo bidireccional

El desembarco de los paneles solares particulares exige un cambio radical en la infraestructura paraguaya. El flujo eléctrico tradicional cambiará de sentido: la energía ya no irá solo de la ANDE al usuario, sino que vendrá del consumidor hacia la red pública.

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Esta bidireccionalidad exige millonarias inversiones estatales en digitalización y automatización de redes, un proceso que, según Escudero, la institución ya viene encarando hace unos años pero que “va a demorar un tiempito”.

El director de planificación concluyó aclarando que este lento avance de los techos solares no impactará en gran medida en los planes de inversión de la estatal, los cuales siguen enfocados en proyectos de gran escala para resolver el crecimiento vegetativo de la demanda local.

Primo de Pedro Alliana ya “está mejor” en la EBY, tras ser rajado por “planillero”

Disponen así del dinero de los contribuyentes para amenazar a empleados públicos con perder sus puestos y a toda la ciudadanía con sufrir la falta de fondos. Todo con miras a las elecciones internas municipales del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de junio.

En este caso, Ricardo Torres Alliana, jefe de gabinete de Yacyretá y primo de Pedro “Mangui” Alliana, presidenciable de Honor Colorado, exige a enfermeros de Gral. Díaz que trabajen como “operadores políticos” y convenzan a referentes molestos e incluso a los pacientes que acuden a los nosocomios de la zona a votar por el intendentable cartista “Naito” Barrios (ANR, HC).

En el audio, Torres Alliana se jacta que Honor Colorado ganaría en todos los distritos de Ñeembucú y que recuperaría incluso las comunas liberales. Sin embargo, expresa frustrado que la única excepción sería General Díaz. “No puede ser que un equipo con menos trayectoria nos gane”, grita molesto.

Torres, posteriormente, pide a los enfermeros ignorar por ahora la mala gestión o las promesas incumplidas del intendente cartista saliente Carlos Romero (ANR, HC).

“Nosotros no somos los culpables de que un intendente haya hecho una mala administración o no le haya ido bien”, dijo emulando a lo ocurrido en Asunción con Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).

En otro punto, el primo del vicepresidente advierte a los presentes que todos ingresaron por contactos políticos a la función pública y que si el intendentable abdista Juan Ramón Ibarra (ANR, Añetete) gana la interna y la elección municipal, este mandará barrer los rubros de enfermería con sus propios operadores.

Amenaza con ruina a toda una ciudad

Torres Alliana señala durante su discurso que, aunque el abdista Ibarra gane las elecciones municipales, este eventualmente será forzado a unirse al movimiento Honor Colorado.

Sostiene que esto es “normal” en política y que no habrá intendentes que se mantengan fieles al presidenciable abdista Arnoldo Wiens en las elecciones generales del 2028.

No obstante, advirtió que si Ibarra no se pasa al cartismo, toda la ciudad y sus habitantes sufrirían las consecuencias porque el Gobierno central de Santiago Peña y, eventualmente, Pedro Alliana mandarían al “freezer” a la comunidad.

“Y yo les puedo asegurar, como les digo, que Mangui Alliana va a ser presidente de la República. Y lo que nosotros no queremos es que General Díaz se quede afuera porque tiene un intendente que no es de nuestra línea”, dijo.

“¿Y qué vamos a hacer? le vamos a dejar en un freezer al tipo si no viene. Porque no le vamos a dar nada a General Díaz. Esa es la verdad", sentenció.

La propuesta autoriza la implementación del proyecto a través de un acuerdo suscrito con la empresa estatal emiratí Etihad Rail PJSC, que conformará una Sociedad de Objeto Específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Con esta modificación legal, el oficialismo habilita la adjudicación directa del proyecto al grupo emiratí, dejando de lado el esquema de licitación pública prevista en la normativa anterior para este tipo de emprendimientos.

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Oficialismo defendió el acuerdo G2G

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), sostuvo que el proyecto representa “un avance trascendental” para modernizar el marco normativo del tren de cercanías.

Indicó que el sistema será “100% eléctrico”, con una ejecución prevista de entre tres y cinco años y una concesión de operación y mantenimiento por 30 años.

Según detalló, la primera etapa abarcará el tramo Asunción-Luque, con 18 kilómetros y nueve estaciones, con una inversión estimada en US$ 400 millones. La segunda fase prevé extender el servicio hasta Ypacaraí, sumando otros 26 kilómetros y cuatro estaciones adicionales. Empero, el costo total del proyecto sigue siendo un misterio.

Villalba explicó además que el financiamiento se estructurará mediante una sociedad mixta, con un capital de US$ 200 millones —75% aportado por Emiratos Árabes Unidos y 25% por el Estado paraguayo, a través de Fepasa— y otros US$ 200 millones provenientes de financiamiento internacional.

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Por su parte, el diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, Paraguarí), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, destacó que el esquema permitirá garantizar la “bancabilidad” del proyecto mediante mecanismos de cesión de flujos futuros y garantías para inversionistas.

Añadió que el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos permitirá acceder a financiamiento estatal y transferencia de tecnología ferroviaria. “Este proyecto abre el camino para acuerdos G2G y contempla ya a un socio estratégico específico, que son los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó.

Cuestionamientos por exclusión de leyes y falta de transparencia

En tanto, desde la oposición surgieron fuertes críticas al proyecto, principalmente por excluir la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Concesiones y la normativa de Alianza Público-Privada (APP).

El diputado Raúl Benítez (independiente) cuestionó que se pretenda aprobar “un cheque en blanco de US$ 400 millones” sin contar aún con estudios definitivos de ingeniería, costos de expropiación ni detalles sobre el financiamiento.

“El patriotismo no se demuestra aprobando proyectos a ciegas o bajo prisa, sino protegiendo las arcas del Estado”, expresó.

También advirtió sobre posibles similitudes con el fallido proyecto del metrobús y sostuvo que rechazar la iniciativa “no significa enterrar el tren de cercanías, sino salvarlo de futuras demandas e incertidumbres legales”. Cuestionó la falta de licitación para una adjudicación millonaria.

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Esgaib trató de “boludeces” las críticas

Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, cartista), quien calificó de “boludeces” y “disparates” los cuestionamientos opositores.

“Este es uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país y que por fin se va a hacer realidad”, afirmó.

Esgaib defendió además los viajes internacionales del presidente Santiago Peña, señalando que gracias a esas gestiones Paraguay consiguió inversiones estratégicas.

“Nadie te trae a tu casa la plata, tenés que salir a buscarla”, manifestó.

Rubín cuestionó costos y gestión del MOPC

El diputado Rubén Rubín (independiente) anunció su voto en contra y expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar la obra.

Recordó que el anterior proyecto impulsado con Corea del Sur quedó sin efecto y criticó la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien liderará el plan

“El proyecto en papel puede ser espectacular, pero otra cosa es quién lo ejecuta”, sostuvo.

Rubín advirtió además que el costo total podría superar ampliamente los US$ 450 millones anunciados inicialmente, debido a las transferencias anuales previstas para sostener la operación del sistema.

“Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares a largo plazo”, señaló, al advertir que el Estado paraguayo tendrá que asegurar un pago anual de US$ 50 millones al fideicomiso que se creará para costear el plan a largo plazo.

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Guillermo Rodríguez: “Los coreanos se fueron corriendo por la corrupción”

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) también lanzó fuertes críticas al Gobierno y al nuevo esquema planteado para el tren de cercanías, recordando que anteriormente había apoyado el proyecto impulsado con Corea del Sur.

“Hace 130 semanas yo levantaba mi voz y acompañaba el megaproyecto del tren de cercanías con Corea. Confiaba en este gobierno, creía que Santiago Peña iba a sorprender gratamente al país”, expresó.

Sin embargo, afirmó que el proyecto original fue abandonado y reemplazado por una propuesta “completamente desvirtuada” con Emiratos Árabes Unidos.

“Los coreanos volvieron asustados a Asia. Muy corrupto tu Gobierno, presidente, muy corrupto, muy coimero. Salieron corriendo porque no hay forma de trabajar con este Gobierno”, sostuvo.

Rodríguez señaló que inicialmente creyó en la propuesta oficialista, pero aseguró que ahora desconfía del nuevo acuerdo por la falta de transparencia y por el antecedente del proyecto frustrado con Corea.

El legislador indicó además que teme que el tren de cercanías termine siendo utilizado como una “herramienta electoral” de cara a los próximos comicios generales.

“Deseo de corazón que Santiago Peña sorprenda gratamente, pero para mí esta es una gran estafa que se avecina nuevamente”, manifestó.

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Johana Ortega: “Por tercera vez el Gobierno viene a decirnos que fracasó”

La diputada Johana Ortega también anunció su voto en contra del proyecto y cuestionó duramente la credibilidad del gobierno de Santiago Peña en torno al tren de cercanías.

La legisladora señaló que inicialmente no pensaba intervenir en el debate porque se sentía representada por las posturas de los diputados Rubén Rubín y Raúl Benítez, pero decidió tomar la palabra tras las declaraciones del cartista Yamil Esgaib.

Sobre el proyecto ferroviario, sostuvo que el Ejecutivo ya fracasó en dos ocasiones anteriores con la iniciativa y cuestionó que vuelva al Congreso con una nueva propuesta.

“Desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024 el Gobierno lo único que nos pudo venir a decir es: ‘Fracasamos’. Y ahora, enviando por tercera vez un proyecto sobre el mismo tema, otra vez nos dice que fracasa”, afirmó.

La diputada indicó que no encuentra motivos para confiar en que esta vez el plan será concretado. “¿Por qué tengo que creerle al Gobierno de que esta vez va a funcionar y no va a ser otro fracaso?”, cuestionó.

Diputados del interior reclamaron centralismo

El diputado Carlos Pereira (PLRA, Nuevo Liberalismo) cuestionó que nuevamente una millonaria inversión pública se concentre en Asunción y Central.

“Esto no es un regalo de Emiratos Árabes. Ellos vienen a hacer negocios y a recuperar la inversión con intereses”, afirmó.

También pidió que el debate contemple las necesidades de transporte del interior del país.

En la misma línea, la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) expresó desconfianza sobre el nuevo esquema tras la caída del proyecto con Corea del Sur.

“Con tan poco nos enseñaron a soñar que creemos que esto es lo mejor que nos merecemos”, cuestionó.

Persisten dudas sobre costo final

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que la primera etapa del proyecto, correspondiente al tramo Asunción-Luque, tendrá un costo estimado de entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

El monto no incluye aún la eventual extensión hasta Ypacaraí, cuyos costos continúan en evaluación.

La precisión del MOPC contrasta con estimaciones anteriores de Fepasa, que habían señalado que el monto de hasta US$ 450 millones contemplaba originalmente el proyecto completo hasta Ypacaraí.

Según informaron, esta dependencia técnica se encuentra subordinada a la Gerencia Administrativa y Financiera de la institución.

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Villasanti Capurro asume la Dirección de Aporte Obrero Patronal en reemplazo de Marcelo Rubén Bordón Leiva, quien dejó la titularidad de dicha oficina tras la promulgación del documento institucional.

Conforme a lo expresado en la resolución del IPS, Bordón Leiva pasará a cumplir otras funciones dentro del instituto.

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Asimismo, el Consejo de Administración dejó constancia en el acta para dar las gracias formalmente al director saliente por el desempeño mostrado durante el tiempo en que ejerció sus funciones.

Una muestra de obras de arte estará disponible hasta el próximo 26 de junio, con acceso libre y gratuito al público de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.

Los organizadores destacaron que presentarán una agenda de actividades que realizarán para promocionar la nueva galería e invitaron al público a apoyar la iniciativa de fomentar el arte en el distrito.

Además, las autoridades comunales indicaron que el objetivo es utilizar un espacio en desuso y, de a poco, convertirlo en un sitio turístico, así como el anfiteatro, ambos construidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la costanera, que actualmente son poco utilizados.

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Fomentar el arte

El presidente de Aspecart, Rubén Sykora, expresó que es de crucial importancia habilitar este tipo de espacios, donde el público puede conectar con los artistas y la creatividad.

Los organizadores manifestaron que el proyecto estipula que se desarrollen diversas muestras en el lugar. En paralelo, desarrollarán talleres, cursos y demás actividades con relación al tipo de obras que estarán en exposición.

Por su parte, desde la Municipalidad de Cambyretá expresaron que la intención es rehabilitar el Mirador como un espacio turístico de expectación, con las maravillosas vistas a orillas del arroyo Poti’y.

La infraestructura es actualmente sede de la Junta Municipal de Cambyretá y cuenta con varios niveles sin uso, que tienen balcones 360°, diseñados para ser un atractivo público.

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El Mirador

La obra forma parte del tratamiento costero del subembalse de los arroyos Poti’y y Santa María, que conforma la zona noreste del área metropolitana de Encarnación, unida a Cambyretá con sus barrios residenciales.

La binacional realizó una inversión de G. 8.182.939.908 para la construcción de las obras de infraestructura, que contemplan el mirador, el anfiteatro, los baños públicos y los vestidores.

El primer piso cuenta con un área de 280 metros cuadrados aproximadamente, que está compuesta por un espacio equipado para cocina y una cafetería con capacidad para 120 comensales, con vista panorámica. En los pisos 3° y 8° se encuentran los balcones de 75 metros cuadrados cada uno, en donde se hallan los miradores principales. En los pisos 4° y 6° están los balcones cubiertos de 5 metros cuadrados cada uno, que albergan los miradores secundarios.

El edificio cuenta con escaleras revestidas con granito para el acceso a los niveles superiores, un ascensor panorámico con cuatro paradas, con vista al subembalse del arroyo Poti’y, con capacidad para 13 personas o 1.000 kilogramos.

Complementan estos atractivos los sistemas de iluminación interior y exterior con tecnología LED, climatización con aire acondicionado tipo casete, sistema de detección de incendios y combate con polvo químico, así como el sistema de señales débiles, entre otros.

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El proyecto fue presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien indicó que la iniciativa ya fue ampliamente debatida y que tiene múltiples dictámenes a favor, pero nada dijo sobre los cuestionamientos de los profesionales del derecho.

Por ejemplo, la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy), sostiene que el proyecto no solo carece de sustento estadístico, sino que ignora totalmente la realidad del sistema penitenciario y presenta errores en su estructura jurídica.

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Por otro lado, representantes del Ministerio Público sugirieron una redacción más precisa en cuanto a otras medidas que afecten al denunciado falsamente, como ser una medida cautelar de carácter personal, real o condena firme, entre otras recomendaciones.

Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta durante la sesión de este martes, y los diputados aprobaron la iniciativa sin mucho debate.

El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores para su segundo trámite parlamentario.

El anuncio se da a pocos días de la promulgación de la ley que aprueba el memorando de entendimiento con Estados Unidos para la compra de equipos y servicios de defensa. La normativa habilita procedimientos especiales y excluidos para las contrataciones vinculadas a programas militares estadounidenses.

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El documento es complementario al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), entendimiento de cooperación con EE.UU.

En su artículo 1, el decreto establece que el “objetivo general es coordinar las tareas de los distintos organismos y entidades del Estado en el fortalecimiento de las capacidades preventivas, operativas e investigativas para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, para asegurar el combate eficaz de vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos, garantizando así la seguridad y la soberanía nacional”.

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El artículo 3 indica que la Comisión “deberá elaborar un Programa Nacional que contendrá la asignación de responsabilidades de cada una de las instituciones que la componen, conforme con sus respectivas competencias, así como los procedimientos de coordinación dispuestos en el presente Decreto, para asegurar así el logro de los objetivos propuestos de combatir los vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y garantizar la soberanía aérea nacional plena”.

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Integran la comisión:

-Ministerio de Defensa Nacional

-Ministerio del Interior

- Comando de las Fuerzas Militares Ejército Paraguayo

-Armada Paraguaya

- Fuerza Aérea Paraguaya

- Comando de Operaciones de Defensa Interna

-Policía Nacional

-Secretaría Nacional Antidrogas

-Secretaría Nacional de Inteligencia

-Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

-Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

-Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

- Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados

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Programa se creó en el 2015

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, informó que el decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2020. Señaló que el programa utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. Dijo que la reactivación contará con nuevos radares que se adquirirán de EE.UU. y que estarán operativos a inicios de 2027, además de la participación de los aviones Super Tucano adquiridos del Brasil para la interceptación de los vuelos irregulares a un costo total de US$ 101 millones, mediante un préstamo descontado de Itaipú.

En otro momento, Fullaondo recordó que el programa “Cielo Guaraní Soberano” tiene su origen en la oficina de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de EE.UU, que tiene su sede en Key West, Florida. “Es una doctrina que ha sido implementada a través de esa oficina de los Estados Unidos. Nosotros acá ya se inició este programa en el 2015, por algún motivo paró, y se desactivó el programa. Y hoy día nosotros estamos volviendo a activar. Creemos que, la mejor forma de combatir el narcotráfico es el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del Estado. El trabajo consiste en que cada institución haga su trabajo conforme a su jurisdicción y atribuciones en su área”, expresó el jefe militar.

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El general Fullaondo señaló que para la interceptación de aeronaves irregulares, se necesita la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a despegar.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González, indicó que es “una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente, al narcotráfico”.

Las autoridades recordaron, además, que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permiten la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

Canciller advierte que Paraguay aún no está en condiciones para derribo de aviones

“Hombro a Hombro”, dice diplomático de EE.UU.

En tanto, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, señaló que en el marco de la cooperación internacional, Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

“Cuando el aliado tiene una visión así integrada y clara, eso nos permite sentarnos a la mesa e identificar el granito de arena que nosotros podemos aportar para hacer avanzar los objetivos y esa visión paraguaya. Y es lo que se hizo en este caso. Entonces estamos trabajando hombro a hombro, como bien mencionó anteriormente, con la venta de ese sistema de radar, con asesoramiento técnico y con el compartir de información y mejores prácticas sobre estos asuntos para que la visión y los objetivos paraguayos se logren”, manifestó el diplomático norteamericano.

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Paraguay: Sin ley de derribo

La actual legislación paraguaya no permite el derribo, pero los Super Tucano de la FAP pueden responder si existen amenazas latentes.

En su momento, la Embajada de EE.UU. en Paraguay opinó que está en contra de una ley de derribo de aviones ilegales. Argumentó que está en contra de estándares internacionales.

La postura contra el derribo de aeronaves del crimen organizado no es nueva. El 13 de junio de 2022, la Embajada norteamericana advirtió al Senado paraguayo que, de aprobarse la ley de derribo de aviones, cesaría la cooperación norteamericana en materia aeronáutica.

En julio de 2025, la Embajada de EE.UU. volvió a pronunciarse respecto a la intención de algunos sectores políticos en el Parlamento sobre una ley de derribo. En ese entonces, la sede diplomática expresó. “Acompañamos al Paraguay en su compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, refiere el posteo en X.

IPS implementará “Hospital Virtual” con cabinas de teleconsulta, anuncian

El punto de mayor debate fue la adquisición de medicamentos monoclonales con stock crítico, proceso que actualmente enfrenta una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido a exigencias técnicas en el pliego de bases.

Isaías Fretes, presidente del IPS enfatizó que, dado que el monto del llamado ronda los G. 400 mil millones, la institución ha buscado el respaldo de sociedades científicas externas para asegurar criterios técnicos objetivos. “Estamos recurriendo, en aras de la transparencia, al dictamen técnico de las sociedades científicas de modo tal a que nosotros estemos respaldados en criterios científicos y no en intereses económicos”, manifestó.

La Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, advirtió sobre la urgencia de estos fármacos. “Son fármacos que nosotros denominamos vitales para la vida de los pacientes. Tanto para mejorar su calidad de vida como para evitar desenlaces no deseados“, explicó.

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Con el fin de establecer reglas claras que no perjudiquen al asegurado, la propuesta de realizar una audiencia pública previa al proceso de licitación surgió durante el debate del Consejo, como una medida correctiva y preventiva ante las recurrentes protestas en las licitaciones de medicamentos. “Es para entrar a la cancha con reglas de juego claras y que no haya más protestas”, afirmó Fretes.

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El Consejo enfatizó que las disputas entre empresas o las observaciones a los pliegos no deben terminar perjudicando al beneficiario final, es decir, al aportante del IPS.

El desafío de los amparos judiciales

Además, se abordó nuevamente la viabilidad de un convenio con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) para financiar medicamentos ordenados mediante amparos judiciales que no sean parte del listado básico de fármacos o vademécum del seguro social.

Sobre el punto, se decidió avanzar en la creación de mesas técnicas interinstitucionales que incluyan al IPS, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y eventualmente al Poder Judicial.

El último posteo de Vázquez Acosta data de febrero de este año, cuando estuvo por el balneario Camboriú, en Brasil. “Sol, arena y buena vibra!”, escribió en el epígrafe de una serie de fotografías en las que se lo ve solo.

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Reiteradas fotos con Peña y Cartes

Si bien en el perfil público se pueden encontrar fotos del ámbito familiar, aún más que estas abundan las que se tomó con políticos, personas con las cuales mantenía un contacto frecuente debido a la actividad de sus padres. Juan José Vázquez y Perla Acosta de Vázquez. Ambos, además de haber sido parlamentarios, son referentes de peso de su partido en el departamento de San Pedro.

Curiosamente, ni JJ Vázquez, ni Perla Acosta, y tampoco su hermana “Perlita” Vázquez, una médica acusada por cobro indebido de honorarios y abandono, aparecen en el Instagram del detenido tantas veces como Cartes, Peña y Alliana.

De ahí que para José Emilio haya sido fácil acceder a figuras de la política, como el mismo presidente Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes, a quien incluso se refiere como “amigo” en una antigua publicación subida a su red en el año 2014, pero asegura que data del 2009.

Candidato a concejal

La mayor actividad en la red social del joven, hoy detenido por presuntamente distribuir cocaína en su feudo familiar, San Estanislao, data del 2021, año en que anunció su candidatura al cargo de concejal, presentándose como el “candidato más joven del Partido Colorado”.

Ese año, la retahíla de fotos con Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes se desgrana a lo largo de su feed.

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Además de sus fotos con los mencionados políticos, Vázquez Acosta compartió en sus redes instantáneas con otros personajes como el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonzo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Marco Trovato, expresidente del Club Olimpia.

También se lo ve junto a Jonathan Fabbro, el exfutbolista argentino que jugó en Paraguay, destacándose en su paso por Cerro Porteño y Guaraní, y quien actualmente se encuentra preso en su país cumpliendo una condena por abuso sexual.

En otras publicaciones compartidas aparece junto al expresidente Federico Franco y el exdiputado César Ariel Oviedo, en fotografías que muestran a un joven José Emilio que por esos años gustaba de mostrarse con personajes famosos.

Una foto con “la madrina” Dalia López

Otra foto especialmente llamativa es una en la que se lo ve posando con la recientemente detenida empresaria Dalia López, a quien se refiere como “la madrina”. La fotografía data del 27 febrero de 2020, día en que se inauguraba el “Circuito Dalia López Troche” en el Centro Santaniano de Volantes.

Esta publicación se encuentra fijada en primer puesto en el perfil de José Emilio Vázquez Acosta, quien por lo que muestran sus publicaciones a lo largo de los años, encontró cierto disfrute en parecer cercano a personas con peso en la política, pensando quizá que este roce le otorgaría impunidad.

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En atención a dicha denuncia, a mediados de abril el fiscal general del Estado Emiliano Rolón remitió el caso sobre presunto enriquecimiento ilícito a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que en ese entonces estaba a cargo de la cuestionada fiscal adjunta María Soledad Machuca, a fin de iniciar las pesquisas, entre ellas el estudio de correspondencia al político colorado.

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El pasado 18 de mayo el fiscal general Emiliano Rolón sacó de UDEA a la fiscal adjunta Soledad Machuca y en su reemplazo designó a la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, quien asumió en el cargo este martes 26 de mayo.

La investigación contra Hugo Farías, que no presenta avances desde su apertura, saltó nuevamente tras la detención de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal por el sector del movimiento Honor Colorado que postula a Hugo Farías. El detenido es sindicado como el principal articulador y “coordinador” del ocultamiento de bienes del extinto exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Investigación contra Hugo Farías no avanza

El 27 de marzo pasado la fiscal de Luque Sophia Galeano solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que se investigue el aparente enriquecimiento ilícito del intendentable cartista Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl.

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La agente realizó dicho pedido en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del precandidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Los parlamentarios indicaron que estarán “atentos” a su actuación desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A mediados de abril el fiscal general Emiliano Rolón confirmó que la solicitud de la fiscala Sophia Galeano ya había sido remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis; y adelantó que se realizaría un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano. Sin embargo, hasta ahora el caso no avanza.

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Denuncia de fiscala contra Farías

De acuerdo con el escrito remitido por la agente Sophia Galeano a la Fiscalía General del Estado, existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados por el precandidato a intendente de Luque. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la agente del Ministerio Público al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

En su nota al titular del Ministerio Público, Dr. Emiliano Rolón Fernández, la agente Sophia Galeano resaltó dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

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Asimismo la fiscala incluyó un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el intendentable promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.

El relevamiento de datos realizado por los propios afectados identificó un total de 42 establecimientos gastronómicos en funcionamiento dentro de la zona residencial. La denuncia indica que la mayoría de estos comercios opera bajo la modalidad de “hechos consumados”, habilitando sus instalaciones y colocando mesas en las veredas sin contar con la Licencia Municipal de apertura.

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Esta denuncia formal se da frente a la falta de respuestas de la comuna a las manifestaciones públicas de los pobladores del barrio a finales de marzo. En ese periodo, los vecinos ya denunciaron los niveles de ruido y la ausencia de fiscalizaciones efectivas.

El barrio Las Mercedes atraviesa un proceso de transformación urbana calificado por especialistas, como la arquitecta Melin Pekholtz, como de gentrificación. Para la urbanista, este fenómeno se caracteriza por la “reconversión urbana en áreas vitales que incrementan el valor del suelo a través del desplazamiento de los habitantes originales”, lo que altera la fisonomía y la densidad de ocupación del barrio original.

Proliferación va en contra del Plan Regulador de Asunción, reclaman

Los vecinos de Las Mercedes reclaman que, de acuerdo con el Plan Regulador de Asunción, este territorio se encuentra catalogado bajo la categoría de Área Residencial AR3b. Esta zonificación establece de forma taxativa que el uso del suelo debe ser prioritariamente habitacional, limitando las actividades comerciales de alto impacto.

Los vecinos afirman que, mientras ellos cumplen con el pago de altos impuestos inmobiliarios correspondientes a esa clasificación, en el barrio se registra la proliferación de estos establecimientos que generan niveles elevados de polución sonora, que persisten de manera habitual hasta la madrugada. A esto se suman problemas de salubridad pública derivados de la acumulación de basura en las calles colindantes a los negocios.

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Asimismo, advierten de dificultades en la movilidad urbana debido al estacionamiento incorrecto de vehículos sobre las aceras peatonales, lo que interrumpe el libre tránsito y bloquea los accesos de los garajes particulares. Mencionan como agravante la presencia de cuidacoches y la emisión constante de humo u olores a través de chimeneas que no cumplen con los requisitos técnicos de filtrado.

Los pobladores de Las Mercedes sustentan su reclamo en los artículos constitucionales que garantizan el derecho a la calidad de vida y a un ambiente saludable. Los residentes exigen la aplicación inmediata del artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal que, aseguran, faculta a la Intendencia a ordenar la clausura preventiva o inhabilitación de los locales infractores.

Vecinos se movilizan ante la Junta Municipal para exigir clausuras

El perímetro afectado por la proliferación comercial abarca el cuadrante comprendido entre las avenidas España y Perú y las calles Defensa Nacional y General Santos. El petitorio exige suspender el otorgamiento de nuevas patentes comerciales en dicho sector urbano. De igual modo, los vecinos requieren controles nocturnos rigurosos mediante la utilización de decibelímetros debidamente calibrados y certificados.

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Como medida de presión política, la organización barrial convoca a una movilización pacífica para mañana miércoles, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción. El objetivo de la convocatoria es exponer la problemática ante los concejales y conseguir un dictamen legislativo que ordene el cese de las actividades irregulares.

Debate técnico: gentrificación o “subida de estándares”

En conversación con ABC, la arquitecta Melina Pekholtz sostuvo que Las Mercedes sufre un incipiente proceso de gentrificación, que incrementa el valor del suelo mediante el desplazamiento de los habitantes originales. Advirtió que la sustitución de comercios históricos por locales orientados al consumo “global” destruye la identidad de los barrios.

Frente a estas críticas, el jefe de Uso de Suelos de la Municipalidad, Carlos Schroeder, rechazó el diagnóstico de gentrificación y afirmó que se trata de una subida de estándares. Aseguró que el proceso es positivo debido al desarrollo comercial impulsado por la demanda universitaria y gastronómica.

Respecto a las molestias reportadas, el representante municipal deslindó la responsabilidad de su departamento y argumentó que existe un abuso por parte de ciertos locales nocturnos. El funcionario señaló que las tareas de control corresponden a la Policía Municipal Fiscalizadora.

Schroeder había defendido la sustitución de casas antiguas, por torres de departamentos, afirmando que la arquitectura moderna ejerce un filtro de seguridad. Declaró textualmente que el edificio trae vivienda al barrio y no “gente vai”.

Se repite así la larga práctica del Partido Colorado de afiliar en forma fraudulenta a las personas inscriptas en el Padrón Electoral. Esta práctica queda en evidencia cada vez que la ANR pone su padrón partidario a disposición de la ciudadanía en su sitio web con miras a las elecciones municipales o generales.

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Ayala Amarilla dijo que, por esta razón, presentó una nota a la ANR exigiendo su desafiliación y reservándose el derecho de accionar judicialmente si su solicitud no prospera.

“El fraude y las diversas formas de manipulación electoral propias del partido de gobierno tienen muchas manifestaciones”, advirtió.

“Les recomiendo que verifiquen sus nombres; si figuran de forma irregular, háganlo público y soliciten su exclusión. Este tipo de hechos, además de ser una ofensa para quienes siempre hemos militado en la oposición, debería ser investigado a profundidad por el Ministerio Público”, exigió.

En su nota dirigida a Horacio Cartes, presidente de la ANR, Amarilla advierte que, de procederse a lo solicitado con la mayor brevedad, se verá en la obligación de iniciar las acciones legales que en derecho le corresponden ante la Justicia para obtener la exclusión judicial

Así también, advierte a Cartes que formulará la denuncia penal ante el Ministerio Público para la investigación y castigo de los responsables de este hecho, “el cual configura a primera vista un hecho punible contra los órganos electorales y la fe pública”.

Para el doctor Felino Amarilla, la forma en que se manejó el proceso es, cuando menos, cuestionable. No ocultó su extrañeza al observar cómo se procesaron los datos.

“Eso es muy llamativo, porque la Contraloría debería haber analizado directamente los documentos presentados por el presidente de la República. Él tiene una declaración jurada en el 2017, otra en el 2023 y otra en el 2025. Es decir, él tiene una serie de documentos presentados, todos ellos bajo la fe de juramento”, apuntó, sugiriendo que el ente contralor pudo haber actuado en complicidad con el Ejecutivo.

Uno de los puntos que mayor incertidumbre genera es la construcción de una lujosa residencia en San Bernardino, valorada en más de un millón de dólares. Amarilla plantea dudas sobre la titularidad del bien y la capacidad de pago del mandatario.

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“¿Cómo el Presidente Santiago Peña obtiene un crédito de 600 mil dólares del Banco Ueno para construir una residencia lujosa en San Bernardino, en un terreno que no es suyo?“, se preguntó.

Seguido añadió: “Hay escritura pública que dice que el Presidente de la República es propietario de esa finca, pero esa finca aparece en el informe a nombre de un señor Ruiz Díaz y de una señora esposa de Ruiz Díaz”.

Deudas con proveedores del Estado

Más allá de la propiedad, la estructura financiera del Presidente pone en evidencia una serie de relaciones con empresas que proveen servicios al Estado paraguayo.

Sobre esto, Amarilla es tajante al señalar lo que él denomina un riesgo sistémico. “A mi criterio, el Presidente de la República está en una colusión con proveedores del Estado que se benefician de las decisiones políticas tomadas por él”.

“Él es deudor de Ueno Bank y Ueno Bank es deudor del Estado paraguayo con los fondos del IPS. El Presidente le debe a la constructora Gómez Abente y Gómez Abente es contratista del Estado. Entonces no es un problema ético, es un problema de qué está pasando acá”, recordó.

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¿Crecimiento legítimo o enigma financiero?

El informe presentado por los opositores compara los inicios de Peña en la función pública con su llegada a la presidencia. Mientras que en 2017 su patrimonio neto era de 1.007 millones de guaraníes, en agosto de 2023 la cifra ascendió a 23.000 millones.

Para Amarilla, el Presidente tiene la obligación de demostrar que este crecimiento, que incluye la revalorización de acciones de la Serie K de Credicentro S.A., es sostenible en el tiempo.

“El Presidente Santi Peña tiene que pagarle a Ueno Bank 300 mil dólares. Hay que hacer el flujo de caja del Presidente Santi Peña porque es una obligación de él explicar cómo va a pagar. Porque si él no tiene forma de pagar, estamos ante la posibilidad de un soborno encubierto”, concluyó el doctor Amarilla.

MEF paga hoy a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF refiere que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La cartera económica señala que los desembolsos se realizarán por medio de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF), están habilitados para los funcionarios del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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La lista prosigue con los funcionarios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Igualmente, percibirán sus salarios los funcionarios del Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

El listado sigue con la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Cooperativismo, el Instituto Paraguayo de Artesanía, el Instituto Forestal Nacional, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

También están habilitados para cobrar los funcionarios de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Educación Superior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.

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Finalmente, el comunicado detalla que están habilitados para cobrar los servidores públicos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Dirección Nacional de Migraciones, la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios y el Instituto Superior Nacional de Música.

León detalló que la junta está compuesta por siete ediles colorados y cinco liberales. La sesión contó con once de los doce concejales presentes. La elección de Cristian León se confirmó por siete votos, una abstención y tres votos en contra.

La nota de renuncia fue presentada el viernes, detalló y refirió que los motivos que expuso el exjefe comunal fueron que se encuentra en periodo de campaña de cara a los comicios internos, con la intención de ser el candidato por el PLRA para las elecciones municipales.

El intendente interino manifestó que la renuncia responde a una “estrategia política”, debido a que el exintendente estaba en un proceso electoral y requerían que la intendencia permanezca en manos “aliadas”.

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Aprovecharon “descuido”

Arriola explicó que tomaron la decisión tras conversaciones en las que aseguraron dos votos de colorados disidentes en el contexto de las internas. El objetivo era no “darles oportunidad de reacción” al bloque colorado, que tiene mayoría en la junta municipal.

La renuncia fue presentada en un momento que no esperaban, sin que tuvieran un candidato definido para contrarrestar la propuesta de los liberales.

Para las internas coloradas, el candidato por el movimiento Colorado Añeteté es el concejal actual Celso Egidio Troche Casco. Además, compiten por Honor Colorado Aldo José Aguilera Rodríguez y, por Actitud Republicana, Ariel Velázquez.

Entretanto, por las internas del Partido Liberal, Arriola es candidato por Nuevo Liberalismo, contra Julio César Trinidad Bareiro, del movimiento Diálogo Azul.

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General Artigas

El distrito de General Artigas es el segundo más extenso de Itapúa, con una superficie de 1.530 km² y una población de 8.623 habitantes.

La ciudad está situada a 360 kilómetros de Asunción y a 80 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, sobre la línea del Ferrocarril Central del Paraguay.

La fecha para la celebración del aniversario del distrito fue adoptada en el año 1992, por una ordenanza. El municipio se fundó en el mes de mayo de 1789 y no existen registros precisos de la fecha exacta.

Por esa razón eligieron el 31 de mayo, puesto que en esa fecha del año 1985 se inauguró el servicio de abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público en la comunidad.

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Manifestó que el daño a las instituciones y a la imagen del país es tremendo debido a que toda una generación cree normalizado la impunidad y el hurrerismo.

“El daño es tremendo, ¿quién va a seguir estudiando, formándose?. Los jóvenes van a decir ¿por qué no nos dedicamos a la política no más, en hurrear y nos conformamos con un zoquete.? El mal ejemplo de los gobernantes es tremendo por que nos están sometiendo a una corrupción galopante”, dijo el diputado.

Emiliano Rolón también blanquearía

El diputado indicó que no le sorprendió el dictamen del examen de correspondencia que emitió la Contraloría General de la República por que el contralor Camilo Benítez ya había pre opinado a favor del presidente Santiago Peña.

“No nos sorprende por que él ya había preopinado que Santiago Peña era inocente. Ya sabíamos cuál iba a ser la respuesta”, sostuvo el diputado liberal.

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Agregó que el Ministerio Público también blanquearía al presidente por que el fiscal general Emiliano Rolón ya adelantó que no tenía peritos y que aguardaría el examen de correspondencia de la CGR para seguir con su investigación.

“La fiscalía va a decir el mismo camino, si Emiliano Rolón nos dijo que no tenía peritos y que esperaban a la Contraloría. Va a seguir el proceso de blanqueo a Santiago Peña“, dijo el diputado.

En la madrugada del sábado, Dionicio Vázquez, consumía bebidas frente a una bodega del barrio, en compañía de unos vecinos, cuando pasó por el sitio Báez a bordo de una moto.

Alguien del grupo lanzó un objeto a Báez, quien perdió el equilibrio y cayó en medio de la calle con su motocicleta. Este al verse superado en número montó nuevamente el biciclo y regresó junto a su jefe para informarle aparentemente que no pudo efectuar la entrega a causa de una agresión.

Miranda tomó un machetillo y junto a Báez abordaron nuevamente la moto y regresaron hasta la bodega para ajustar cuentas con los jóvenes. Al llegar al sitio repartieron golpes y estocadas, hasta que finalmente el presunto capo encaró a Vázquez, le tiró un par de golpes con su arma hasta que la víctima cayó boca arriba en la vereda, donde sufrió el golpe mortal.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cuando el joven sufrió una puñalada en medio del pecho, lo que acabó con su vida en cuestión de minutos, mientras que los atacantes aprovecharon la desesperación de los otros para escapar del sitio.

Manifestación de vecinos, tras crimen en Guarambaré

En la noche del lunes centenares de vecinos se reunieron frente mismo a la base del Grupo Lince de la Policía, que está ubicada en medio del barrio San Miguel, los pobladores exigieron justicia y denunciaron que los agentes del orden reciben dinero a cambio de brindar protección a los narcos.

Los vecinos aseguraron que pese a la presencia de los Lince, el barrio está completamente bajo el control de los distribuidores de drogas. En medio de la protesta, los familiares del jóven asesinado exigieron justicia en medio de llantos lo que exaltó el ánimo de algunos jóvenes que reaccionaron atacando a pedradas el cuartel policial.

Igualmente los jóvenes intentaron prender fuego a las motocicletas y otros vehículos que estaban estacionados en la base del Grupo Lince, pero la oportuna intervención de las madres calmaron los ánimos y las cosas no pasaron a mayores.

Anuncian movilización ciudadana ante inacción policial en el barrio San Miguel de Guarambaré

Finalmente esta mañana se presentaron los presuntos asesinos en la comisaría 22° Central de la ciudad de Guarambaré, donde fueron detenidos y luego por disposición del Ministerio Público ambos fueron llevados por precaución a la comisaría 12° de la ciudad de Itá.

Algunos vecinos aseguran que tanto Miranda como su presunto cómplice Báez se presentaron ante las autoridades por orden de sus jefes, que serían traficantes de mayor poder que operan en la región, pues la situación generada tras el crimen, incluyendo la movilización de vecinos llenó de policías la ciudad, situación que no es propicia para que los narcos puedan seguir con sus negocios.

“IPS no es beneficencia”: en Villa Santo Domingo, viviendas se ocupan gratis desde 2012

Tras años de negligencia y procesos judiciales estancados, las autoridades del seguro social han decidido intervenir para recuperar el patrimonio de los jubilados, marcado por ocupaciones irregulares, cánones irrisorios y una gestión judicial calificada por Isaías Fretes, presidente del IPS, como ineficiente.

Villa Santo Domingo, un patrimonio subutilizado y en litigio

El inventario presentado ante el Consejo revela un panorama crítico. De las 40 viviendas del complejo, 26 casas se encuentran en procesos judiciales iniciados hace más de una década; 11 están arrendadas con contratos actualizados recientemente y el resto se destina a dependencias institucionales como el Centro de Regulación Médica y Gestión de Ambulancias (CAMIPS) y Medicasa.

Durante la sesión, los consejeros expresaron su frustración al analizar la falta de avances en los desalojos y la recuperación de deudas, señalando que el principal obstáculo reside en la ineficiencia del Poder Judicial, donde los juicios ejecutivos se prolongan durante años sin una resolución definitiva.

“Justicia” en los cánones y el futuro del predio

Gladys Vera, gerente Financiera del IPS informó que, desde abril de 2026, se notificó a los arrendatarios un cálculo actualizado de los alquileres —promediando G. 1.4 millones—, ajustado al valor de mercado, ya que anteriormente se pagaban montos “irrisorios” que no habían sido actualizados en una década.

Vera explicó que en algunos casos, los montos apenas son de entre G. 600 mil a G. 800 mil, aclarando que son de vieja data. “Se hizo el cálculo de cuánto deberían de pagar hoy y se les notificó para regularizar la situación. La última notificación es del 25 de abril del 2026, conforme al precio del mercado”, indicó.

Hugo Díaz, director de Inversiones detalló que tras la notificación, se brindó un plazo de cinco días y que en ese tiempo una sola persona respondió aceptando el canon actual remitido por el IPS. “Tenemos que ir pensando en la venta de toda esa zona que es muy costosa. Nuestra renta es muy baja; creo que una venta del terreno o una construcción de otro tipo va a rendir mucho más”, señaló el consejero Jimmy Jiménez.

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El consejero José Jara Rojas sugirió ir más allá de la vía civil tradicional e iniciar sumarios administrativos a aquellos funcionarios activos del IPS que ocupan inmuebles de la institución y mantienen deudas en sus obligaciones como locatarios.

Exigencia de responsabilidades

El presidente del IPS, Isaías Fretes exigió un informe detallado sobre el estado de cada uno de los 26 juicios en proceso y cuestionó duramente la actuación de los abogados encargados de las causas judiciales. “Quiero saber quiénes son los abogados encargados de esto para individualizar a ese profesional; si el inconveniente ha sido por una falta de diligencia, tomaremos las medidas”, sentenció.

La Villa Santo Domingo se encuentra dentro del distrito de Santísima Trinidad. Su territorio está delimitado por las calles y avenidas Doctor Manuel Peña y avenida Santísimo Sacramento.

Durante la sesión, el director de Inversiones, Hugo Díaz, recordó que el predio de la zona de Santo Domingo proviene de un terreno de 49 hectáreas adquirido por el IPS en 1945 por un valor irrisorio de G. 138 mil.

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Diaz explicó que, de esa superficie original, 10 hectáreas fueron vendidas al Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que el resto fue distribuido entre diversos proyectos e instituciones, tales como el FIPSA (actualmente alquilado al Club Olimpia), el Parque de la Salud, el Parque Urbano y el laboratorio de producción.

El Consejo concluyó que, antes de desarrollar cualquier proyecto estratégico en el lugar —que se perfila como una zona clave para futuras expansiones del Hospital Central—, es imperativo sanear la situación legal del predio.

En sus alegatos conclusivos los defensores públicos María Fernanda Laíno y Carlos Arce Letelier afirmaron que toda la hipótesis fáctica del Ministerio Público cayó, debido a que se violó la cadena de custodia de los celulares incautados a las acusadas, en el Laboratorio Forense de la Fiscalía, ya que según la propia declaración del perito Rubén Fleitas, los aparatos quedaron conectados en el lugar, sin ninguna supervisión.

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Arce Letelier afirmó que el profesional, a quien calificó como el “perito estrella del Ministerio Público”, mintió durante su declaración en el juicio oral y que su informe técnico no puede ser valorado, no solo porque se violó la cadena de custodia, sino debido a su clara falta de idoneidad para el trabajo pericial, según expresó el defensor.

“Nos pasamos cinco o seis meses escuchándole a Fleitas, en todo lo que decía se contradecía. Tan bochornoso fue su exposición que la Fiscalía ni siquiera lo mencionó (en sus alegatos finales)”, resaltó Arce Letelier en parte de sus alegatos finales.

Comparó con Hernán Rivas a perito del caso Ana Girala

El defensor público que representa a dos de las acusadas en la presente causa incluso comparó al perito Rubén Fleitas con el exsenador colorado Hernán David Rivas Román, señalando que el hecho de que cuente con varios certificados no lo convierte en técnico perito ni mucho menos en alguien idóneo para extraer los datos de un teléfono celular y realizar el análisis de los mismos.

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“Durante el desarrollo de su exposición quedó más que claro que el señor Fleitas no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por nuestra legislación que lo equipare para que él sea idóneo. La idoneidad no se mide por el cartón sino por la capacidad de resolver problemas y exponer el trabajo que realizó, y eso no lo pudo hacer”, remarcó el letrado.

Finalmente, junto a su colega defensora pública María Fernanda Laíno solicitaron la absolución de culpa y reproche de las acusadas Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, con el argumento que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez no han logrado probar ninguno de los hechos por los que piden que ambas encausadas sean condenadas.

El juicio oral y público continuará el próximo martes 2 de junio, desde las 8:00, con la presentación de los alegatos finales de las defensas de los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles; según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside Yolanda Morel e integran Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón.

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Fiscalía pide 12 años de cárcel para Ana Girala

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez piden que Ana Girala sea condenada a 12 años de cárcel por asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, todos en calidad de autor.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en 22 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles, para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

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Para la Fiscalía estos tres letrados cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

Al respecto, el legislador fue abordado hoy por la prensa y primeramente contestó que “es una manera coloquial de hablar con alguien que es dirigente del partido”.

“Yo acostumbro siempre a hablar con los dirigentes en una manera bastante amigable. No me arrepiento en el sentido de haber hablado con él de esa manera, como hablo también con muchos otros dirigentes. Soy un dirigente, así como me ven acá, senador, a lo mejor con saco y corbata, soy un dirigente del Partido Colorado de calle", mencionó.

En lo que refiere a la contratación del hermano del operador político aseguró que no hubo orden de servicio para iniciar los trabajos, por lo que el contrato no se llevó a cabo “por A, B o C motivo” que debería ser consultado a la Itaipú Binacional.

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ZI consulta “en cualquier institución”

Como parte de su defensa reiteró que el contrato no contaba con orden de servicio y precisó que tampoco “recomienda” a personas.

“No hay autorización de servicio, no existe, tienen que preguntar bien, saber bien. No existe orden de servicio, sencillo. A veces consulto en cualquier institución del Estado situaciones en la que se encuentra alguna persona, a veces no es correligionario e igual consulto", agregó.

Incluso sostuvo que “no abogué, no solicité su contratación” en referencia a Sánchez o su hermano, mientras que también dijo que el operador “no tiene ni tuvo vínculo laboral con Itaipú Binacional”.

“Casi, casi es casi porque no se concretó. ¿Por qué mi hermano? (Justo Zacarías) habla poco con relación a temas políticos, yo no consulto mucho con él“, subrayó.

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Aliado contratado en Itaipú

Por otra parte, en referencia a un aliado suyo que sí está contratado en Itaipú, Silvio Darío Morel López, manifestó que su orden de servicio se dio antes de que asuma el Gobierno de Santiago Peña.

“Silvio Morel está contratado desde la época de Mario Abdo Benítez, desde el 2022; pregúntele a Mario Abdo. Son medias verdades que confunden a la ciudadanía. Hay dos verdades, el hermano de Osvaldo Sánchez no tuvo ni fue funcionario de Itaipú Binacional y Silvio Morel desde el 2022 está en Itaipú. ¿Dónde está el delito, qué hay de malo?“, cuestionó, dando a entender que poco o nada le preocupan los cuestionamientos hacia su actuar y figura.

Finalmente, se defendió diciendo que “no cometí ningún hecho irregular, no solicité nada fuera de lugar a nadie y no cometí ningún hecho que atente contra la ley o la Constitución Nacional”, tanto así al punto de que supuestamente la filtración del audio le “beneficia” porque supuestamente demuestra que “Javier Zacarías, yo, o mi hermano, no nos prestamos a la extorsión, al chantaje o manipulación política de nadie”.

“Por eso ocurrió lo que ocurrió, o si no Osvaldo Sánchez no hubiera mostrado la grabación si él estaba feliz, contento, y si su hermano estaba contratado, él hubiera estado en nuestro movimiento y hoy ya no está en nuestro movimiento; Osvaldo Sánchez se fue ofuscado, enojado, porque no consiguió lo que quería”, sentenció mientras se despedía de la prensa aunque en eso también contestó sobre la “deuda de 7.000″ que se escucha en el audio y la calificó como “disparate”.

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Corte insta a jueces a estar “atentos y vigilantes” ante pedidos de la Fiscalía

En la sesión plenaria ordinaria de la máxima instancia judicial de hoy, presidida por Alberto Martínez Simón, lo que empezó como el anuncio de una jornada de capacitación, siguió como un cuestionamiento general hacia el Ministerio Público y terminó con una crítica directa al fiscal que investiga el fraude denunciado por el propio CM.

Capacitación de la Corte Suprema de Justicia

El primero en abordar el tema fue el ministro Víctor Ríos Ojeda, quien recordó que presentará el módulo de especialización en razonamiento probatorio, el jueves en el Palacio de Justicia de Paraguarí y el viernes, en San Juan Bautista, Misiones.

“Vamos a estar hablando específicamente de la importancia de los estándares probatorios en la práctica judicial y cuando digo judicial, incluyo también al Ministerio Público. Necesitamos que tengan estándares, en el sentido de pautas de actuación para imputar, para pedir sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo o de lo contrario caemos siempre en el ámbito de la arbitrariedad”, explicó.

A continuación, Ríos Ojeda expuso la necesidad de que la ciudadanía conozca las pautas mínimas para la imputación y la necesidad de dar a conocer reglas básicas que aporten mínima seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas.

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A modo de ejemplo, comentó el caso de un abogado que le comentó que cuando consultó a un fiscal la razón porque no imputó a otras personas involucradas en un caso, este le contestó: “porque yo no quiero”.

“Entonces es complicado”, dijo el ministro de la sala constitucional, para luego pasar a referirse al caso denunciado por el Consejo de la Magistratura.

Jueza imputada dice que no pudo acceder a carpeta fiscal

“Hoy no más le recibimos a una magistrada que recibió la información de su imputación a través de los medios de comunicación, de la tapa de un diario, y hasta hoy el fiscal no se digna en presentale la imputación”, dijo Ríos, tras resaltar que hasta la fecha, a una semana de su imputación, la jueza no pudo acceder aún a la carpeta fiscal, pero ya recibió el “escarnio público”.

“Entonces la pregunta es: ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales? ¿Primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después cuando se le antoja, comunica la imputación a la persona afectada? Es más, la magistrada nos estaba comentando que vino a pretender conversar con el agente fiscal y este le hizo esperar hasta las 15:00, desde las 08:00 y no la recibió nunca. Por lo tanto, la pregunta es, si este es el trato que le dan a una magistrada, obviamente no generalizo, algunos agentes fiscales tratan de esta manera a una magistrada, uno se imagina cómo ha de ser el trato a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes", agregó Ríos.

Ríos Ojeda “disparó” contra fiscal

A partir de ahí, siempre tomando por cierta la versión de la magistrada imputada, el ministro Víctor Ríos ya le puso nombre al reclamo y disparó: “Por lo tanto, le quiero decir al doctor Guerrero, creo que es el apellido del fiscal, Leonardi Guerrero, que ni Federico el Grande de Prusia se la creyó tanto”.

“Porque Federico el Grande, según esta historia, le comunicó al dueño de un molino que quería comprarle su molino:“Me molesta su molino, me va a tener que vender usted” y ¿Por qué? Porque me molesta su molino. Y le dio la posibilidad al dueño del molino de decidir y cuando le dijo el dueño que no, le dijo: “Mire que soy Federico el Grande”, y le contestó: “Sí, pero hay jueces en Berlín que me van a proteger”. No hay jueces en Berlín que te protejan si están siendo de esta manera manoseados por agentes fiscales", expresó Ríos.

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Finalmente, reiteró la versión de la jueza de que supuestamente no ha accedido aún a la carpeta fiscal y recordó al fiscal general del Estado Emliano Rolón, que así como cuando él u otro agente fiscal es recibido con deferencia por los ministros, también es necesario un “mínimo gesto de reciprocidad” hacia los integrantes del Poder Judicial.

Ramírez Candia insta a no confirmar a responsables de situaciones irregulares

Posteriormente, el ministro Manuel Ramírez Candia se sumó al reclamo de Ríos y recordó que estas situaciones irregulares deben ser consideradas al momento de estudiar la confirmación o no de los fiscales.

“(...) esta Corte es responsable por la designación de estos agentes fiscales y creo que estas actuaciones irregulares hay que tener en cuenta, registrar y tener en cuenta al momento de la confirmación; porque de nada sirve que hagamos un reclamo de estas actuaciones irregulares y después, posteriormente llegado el caso, confirmemos a estos funcionarios”, resaltó Ramírez.

Corte insta al Consejo de la Magistratura a modificar reglamento para conformar ternas

A su turno, el ministro Gustavo Santander Dans repitió la versión de la jueza de que supuestamente hasta hoy la Fiscalía no le permitió el acceso a la carpeta fiscal del caso.

“(...) ella manifestó que todavía no pudo acceder pese a la insistencia, hoy tuvimos otra reunión y dijo que aún no pudo acceder y realmente, ¿cómo ella puede defenderse de algo que no conoce?“, agregó Santander.

Imputados por supuesto fraude, tras denuncia del Consejo de la Magistratura

La magistrada a la que se refieren los ministros es Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada el pasado por supuesta producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en calidad de autora, al igual que la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Paola Irala Leite, el asistente fiscal de Coronel Oviedo Adán Fredy Rolón Villareal y el exmagistrado judicial Mario Brítez Ruiz Díaz.

También son investigados por la presunta comisión del mismo delito, pero en calidad de cómplice, el funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto Quintana y como instigador, el funcionario de la Escuela Judicial. Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria.

Imputan a jueza y funcionarios por supuesta adulteración de documentos para aumentar puntajes en ternas

Estas personas fueron imputadas por Guerrero por presuntamente manipular certificados y constancias utilizados en concursos públicos del Consejo de la Magistratura (CM), con el objetivo de inflar puntajes a postulantes, según denuncia presentada por el CM.

Para los cartistas como el diputado Yamil Esgaib, “no está mal eso, completamente al contrario, pero yo le felicito por recibirle en su casa a un correligionario y escucharle".

Se le aclaró que los audios y la documentación posterior confirman que Zacarías Irún no solo lo “escuchó”, sino que efectivamente operó tal como se había ofrecido, como “secretario” para conseguir un contrato de Itaipú para el hermano del candidato, Avilio Gumercindo Acuña Jara.

La Autorización de servicio (A.S.) de Itaipú se firmó al día siguiente de la reunión, pero posteriormente se frenó debido a que Sánchez cortó con el clan Zacarías.

Esgaib mencionó que “es normal que uno trate de ayudar a los correligionarios” y que incluso él lo hace. De hecho, en el caso de Esgaib no solo - según confesó - “ayuda” a sus correligionarios, sino a su hija, Magida Esgaib, bachiller que fue contratada sin concurso, sin escalafón diplomático y con un millonario salario en la embajada paraguaya en el Reino Unido.

Ni siquiera al ser increpado por su descarada defensa a la práctica prebendaria, demostró un mínimo atisbo de moralidad, diciendo que es su rol hacer los pedidos, y que “es responsabilidad del administrador” ceder o no a los pedidos.

“A mí no me afecta y no voy a cambiar. Yo siempre voy a tratar de ayudar al correligionario, a la gente que se mata por mí en la campaña y viene a tocar mi puerta, ¿cómo no le voy a recibir?“, dijo Esgaib.

Pese a audios claros, Rodrigo Gamarra habla de “fake news”

El diputado cartista Rodrigo Gamarra alegó que los audios cuya veracidad no negó ni el propio Javier Zacarías Irún son un “fake news” (noticia falsa) y que, supuestamente, el que no hace lo mismo que él, es decir, operar a favor de sus dirigentes, no es político.

“El dirigente que no recibe pedidos de trabajo, ayuda, gestiones u oportunidades, probablemente no representa a nadie”, afirmó Gamarra intentando justificar el pecheo de cargo.

De hecho, la postura de Gamarra no extraña, ya que ubicó a su hermano Félix Arturo Gamarra Krayacich como funcionario en la Embajada en Emiratos Árabes Unidos y a su primo y precandidato a intendente de Villeta, Juan Luis “Trini” Alberto Gamarra como miembro de Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).

“¿Qué hace Javier? Lo que hace cualquier dirigente político todos los días, escuchar reclamos, recibir pedidos y ofrecerse como gestor para tratar de ayudar. Para ser tráfico de influencias, debería nacer de él (Javier) algún pedido y coacción hacia un funcionario o ente público para obtener un beneficio indebido propio", alegó Gamarra.

En este caso, el beneficio era claro y lo admiten en el propio audio, hacer que el operador político trabaje por la campaña proselitista del clan Zacarías, pero financiado con fondos de la binacional.

Según Aguilera, Zacarías Irún es la “víctima”

Para el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera invirtió la culpa, y pretendió pintar al senador cartista Javier Zacarías Irún como la “víctima”.

“Aquí lo que hay es un personaje que se fue a querer extorsionar a un senador y encima lo cuenta alegremente. Y al final, el malo de la película es un senador (Javier Zacarías) o un director de una entidad binacional (Lucho” Zacarías) que no concretó absolutamente ningún hecho”, afirmó Aguilera.

Esto es una falacia, ya que al día siguiente de la reunión, Lucho Zacarías firmó la Autorización de Servicio (A.S.), pero luego se frenó debido a que finalmente el candidato se cambió de carpa.

“Ninguno se salvaría”, alega Del Puerto

El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto por su parte apeló a la generalización, diciendo que posiblemente ni uno de los 80 diputados se salvaría de incurrir en la práctica del clan Zacarías Irún.

“Es un tema netamente electoral. Si es que nosotros nos guiamos por qué dirigentes nos llevan o nos ayudan en un proceso electoral. Bueno, creo que ninguno de los 80 nos salvamos acá. O sea, es normal este tipo de trato”, dijo Del Puerto.

Al ser insistido si es normal que se ofrezcan cargos a cambio de apoyo proselitista, Del Puerto trató de suavizar, diciendo: “Nosotros tenemos que reconocer que recibimos todo tipo de pedidos, de espacios laborales y que nosotros de repente vemos la posibilidad de gestionar alguna posibilidad de informarle sobre algún llamado a concurso en alguna institución, pero principalmente lo que recibimos son pedidos comunitarios".

Se trataba de una cría de “Yapok” o “Y’apo”, cuyo nombre científico es Chironectes minimus. En Argentina y Brasil lo conocen como “cuica de agua” y en Venezuela como “faro de agua”, por sus ojos que brillan de noche.

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“Es la única especie de marsupial acuático, los encuentros son extremadamente raros y se desconoce su estado de conservación, fíjense en las patas palmeadas”, destacó Recalde al mostrar el video.

El especialista agregó que su nombre en guaraní, “Y’apo”, viene de “y” agua y la raiz “apo” de “hacer”, por lo que una traducción sería “el que trabaja en el agua”.

Se desconoce si el animal fue rescatado y trasladado hasta un sitio seguro, pero al tratarse de una cría, muchas personas señalaron la importancia de protegerlo.

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Una especie “potencialmente vulnerable” en la región

Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Argentina, este animal habita en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú y norte Bolivia. Además, en el este Paraguay, sudeste de Brasil y noreste de Argentina y Uruguay.

Tiene costumbres nocturnas, solitarias y hábitos semiacuáticos. De día generalmente se oculta en cuevas, de unos 0,5 metros de profundidad, que construye en las márgenes de los cursos de agua justo por encima del nivel de la corriente. También suele descansar en nidos que construye con hojas y pasto sobre el suelo al lado del agua.

En países vecinos esta especie está declarada como “potencialmente vulnerable” o de “preocupación menor”. En Uruguay incluso es “muy vulnerable e insuficientemente conocida”.

El comisario principal Pedro Giménez, jefe de la Comisaría 4ª, explicó que los empleados de la distribuidora Renacer, Édgar Cantero y una compañera de trabajo, fueron interceptados por ocupantes de un automóvil Kia Río, color blanco, cuando se dirigían a un banco para realizar depósito de G. 185 millones.

Según el relato de las víctimas, del vehículo descendieron tres hombres armados con armas largas, quienes se apoderaron del dinero que transportaban para luego huir del lugar. El monto robado aún se desconoce.

El jefe policial explicó que, debido a que en la zona ya se realizaba un rastrillaje tras el millonario asalto ocurrido poco antes contra un funcionario de la importadora Vía Brasil, agentes policiales lograron ubicar a los sospechosos sobre la avenida Perú.

A partir de allí se inició una persecución que se extendió hasta el kilómetro 12 Acaray, donde los delincuentes abandonaron el automóvil utilizado inicialmente y continuaron la fuga a bordo de un Toyota Vitz.

Durante la huida se produjo un intercambio de disparos con los intervinientes hasta que capturaron Juan Carlos Gaona García, uno de los delincuentes más buscado de la zona Este del país. También es requerido por la Justicia brasileña por un hecho de homicidio.

Del poder del detenido fue incautado un fusil calibre M4, además de un fajo de billetes que totalizó G. 10 millones.

Tras la captura de Gaona, los investigadores localizaron a otros miembros de la banda en una vivienda. Allí detuvieron a César Leonardo Ramírez, Diego Ocampos González y César Adrián Britos Estigarribia, quien habría actuado como rescatista luego del asalto. Durante este segundo procedimiento, recuperaron G. 47.900.000.

Dos buscados por asalto mortal

Juan Carlos Gaona García, quien sería el líder de la banda, y César Leonardo Ramírez, registran orden de captura por el asalto registrado el pasado 23 de marzo en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde fue asesinado el guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro (51).

En aquel atraco, ocurrido entre las 08:43 y 08:45, tres delincuentes armados ingresaron al establecimiento y uno de ellos disparó contra el guardia de seguridad, quien recibió dos impactos de bala y falleció en el lugar.

La falla técnica -avería de switchers- había paralizado la expedición de documentos y los controles de seguridad en todo el país.

“El sistema se encuentra operativo tras el mantenimiento físico realizado por los técnicos en los equipos del Datacenter de la DITIC, garantizando así la conectividad”, comunicó la institución.

Los servicios de consulta y procesamiento de datos, incluyendo el sistema Quantum y Carga Cap, han retomado su flujo normal de trabajo.

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¿Cuáles son los servicios rehabilitados en Identificaciones?

Con la normalización de la plataforma digital, los ciudadanos ya pueden acceder nuevamente a los trámites en Identificaciones que estuvieron suspendidos por casi un día completo. La institución confirmó que los siguientes servicios están activos:

• Expedición de cédulas de identidad para mayores de 14 años.
• Trámites de pasaportes: gestión y entrega normalizada.
• Antecedentes policiales: verificación y emisión inmediata.
• Controles en rutas: se retoman los procedimientos de fiscalización de personas y vehículos.

Impacto en otros organismos del Estado

El alcance de la caída del sistema no se limitó únicamente a las comisarías y oficinas de Identificaciones.

Entre los servicios afectados se encontraba la verificación de chapas de vehículos, utilizada diariamente por la Dirección General de los Registros Públicos.

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Tras el mantenimiento realizado por los técnicos, este servicio de interconexión también ha quedado restablecido.

La interrupción se originó ayer lunes a las 17:00 y dejó “pausada” la capacidad operativa de la Policía Nacional.

El agente del Ministerio Público señaló que se trata de una causa ya formada y que, en horas de la mañana de este martes ingresó a través de mesa de entrada una copia del informe de Examen de Correspondencia hecho y remitido por la Contraloría General de la República (CGR), sobre las declaraciones juradas presentadas por Peña.

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Así también, una copia de la denuncia presentada por los ocho congresistas: los senadores Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (Frente Guazú), Rubén Velázquez (Yo Creo) y Ignacio Iramain (Alianza Encuentro Nacional – EAN); además de los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Leidy Paola Galeano Chávez (Cruzada Nacional), Raúl Benítez (Encuentro Nacional) y Adrián Darío Vaesken (PLRA).

Al ingresar por mesa de entrada del Ministerio Público, el sistema informático es el encargado de asignar la causa penal a un agente fiscal.

Legisladores denunciaron a Santiago Peña por varios ilícitos

Los legisladores de la oposición al Partido Colorado (ANR), denunciaron al mandatario Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado (coima), tráfico de influencias y asociación criminal. La misma fue presentada ya en octubre de 2025.

Sobre la causa, el fiscal Jorge Arce señaló “vamos a tomar todos los recaudos correspondientes, llevar a cabo el análisis y la valoración de la información presente en la denuncia para ver cómo avanzar con la investigación”.

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Reiteró en otro momento que esta es una causa ya formada y a la cual fue asignado para realizar diligencias, teniendo en cuenta que ya tiene en su poder tanto la denuncia de los senadores y diputados y también el examen de correspondencia de la Contraloría.

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Cabe recordar que, la denuncia expone supuestas inconsistencias de las declaraciones juradas de Santiago Peña, presentadas cuando ingresó a la función pública y cuando salió del ámbito. En ese sentido, los legisladores refirieron un llamativo crecimiento patrimonial de más del 1.600%, que habría experimentado entre los años 2014 y 2023, además de su vinculación con el Grupo Ueno y el escándalo de los “sobres del poder” en Mburuvicha Róga.

El referido porcentaje relacionado al incremento patrimonial de Santiago Peña, representa el aumento de su fortuna de aproximadamente G. 1.351 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023.

Para Contraloría hay correspondencia

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría comentó que el análisis de correspondencia, que concluyó luego de casi ocho meses, implicó el análisis de cinco declaraciones juradas presentadas por el presidente Peña entre 2014 y 2017, cuando fue primero funcionario del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda; y entre 2023 y 2025, tras su llegada al Palacio de López.

Un análisis de las finanzas del presidente durante su primer periodo como funcionario público, el plazo de tiempo en que fue ciudadano privado –desde 2017 hasta 2023– y su segundo periodo en la función pública al ocupar la Presidencia dio como conclusión que “existe correspondencia” entre sus ingresos y su patrimonio declarado, dijo Torres.

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Sobre la construcción de la mansión en San Bernardino, Torres dijo que la Municipalidad de esa localidad no respondió a un pedido de informes de la Contraloría, pero que documentos presentados por la empresa constructora permitieron cruzar información con las entidades financieras involucradas.

Torres señaló que el inmueble en San Bernardino no está a nombre del presidente Peña en los registros públicos, pero dijo que “hay documentación con certificación de firma” que certifica que él compró el terreno y este está en su declaración jurada.

Hoy, en cambio, se le atribuye la posesión de “una mansión de un millón de dólares, otros inmuebles y otra calidad de vida, todo gracias a un crecimiento patrimonial de 1.600% en unos años”.

Martínez también mencionó la aparición de acciones, préstamos, rescates financieros y estructuras de inversión complejas en el entorno patrimonial del presidente.

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“En el camino aparecen acciones, préstamos, rescates y un holding financiero cuyo nombre salta en cada gran negocio con el Estado”, cuestionó.

“Al Contralor, en proceso de ser reelecto, le cuadró la planilla y caso cerrado”, dijo en alusión a Camilo Benítez, quien según Martínez, buscaría ser reelecto en el cargo.

La senadora sostuvo que el informe de la Contraloría General de la República se limita a validar la coherencia formal de los datos, pero no responde a las preguntas de fondo sobre el origen del patrimonio.

Rol de la Fiscalía y debate abierto

Esperanza Martínez también planteó expectativas sobre el rol del Ministerio Público tras el informe de la Contraloría.

Cuestionó si la Fiscalía profundizará en posibles conflictos de interés, trato preferencial o eventuales usos del poder político para generar ventajas económicas.

En ese sentido, advirtió que una auditoría administrativa no sustituye una investigación penal ni agota el análisis sobre posibles irregularidades.

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La legisladora opositora insistió en que el debate central no está en el volumen del crecimiento patrimonial, sino en su origen.

Las preguntas que plantea incluyen:

• ¿Quién lo financió, con qué garantías, bajo qué condiciones y qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo.?
• ¿Quién financió ese crecimiento patrimonial?
• ¿Bajo qué condiciones?
• ¿Qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo?

Para la legisladora, estas interrogantes no pueden quedar fuera de una investigación seria sobre la transparencia pública.

Como candidato presidencial

Martínez también recordó una publicación durante su etapa como candidato presidencial, donde se afirmaba: “Peña no tiene casa y si es presidente, vivirá en Mburuvicha Róga. Actualmente, reside en la casa de su hermano”.

La senadora utilizó este antecedente para remarcar el contraste entre el discurso de entonces y la situación patrimonial actual del mandatario.

Sin embargo, la experiencia clínica describe un cuadro menos visible y más progresivo, en el que el impacto no siempre se anuncia con un síntoma fuerte al inicio. Lo que parece inofensivo en los primeros usos puede convertirse, precisamente por su discreción, en un factor de daño sostenido.

Inflamación, tos y caída del rendimiento

En el aparato respiratorio, el mensaje es directo: el tejido pulmonar no se adapta al vapor; se inflama. Según información difundida por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el consultorio se observa con frecuencia jóvenes con un conjunto de signos compatibles con irritación y la funcionalidad comprometida.

Síntomas a tener en cuenta:

• Hiperreactividad bronquial: vías respiratorias responden de manera exagerada a estímulos inofensivos
• Tos crónica
• Disnea (falta de aire)
• Pérdida de capacidad pulmonar

La publicación también advierte sobre un riesgo específico: EVALI, la lesión pulmonar aguda asociada al vapeo. Se la describe como una condición grave en la que se inflaman los alvéolos y se bloquea el paso de oxígeno, un mecanismo que puede traducirse en cuadros respiratorios severos.

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Efectos del vapeo en el corazón y los vasos

El impacto no se limita al pulmón. La nicotina y otros químicos alteran la hemodinamia de forma inmediata, con efectos medibles sobre la circulación:

• Aumento de la frecuencia cardíaca
• Vasoconstricción: estrechamiento de los vasos sanguíneos
• Elevación de la presión arterial

A esa respuesta cardiovascular se suma un punto de fondo: la alta biodisponibilidad de estas sustancias, que acelera la dependencia neurobiológica. En otras palabras: no solo hay efectos fisiológicos rápidos, sino también condiciones que pueden favorecer un patrón de consumo más difícil de interrumpir.

Un daño que puede pasar desapercibido

Un aspecto distintivo es la forma en que el vapeo “camufla” señales de alarma. A diferencia del tabaco tradicional, no hay combustión, y por lo tanto no aparece el rechazo inmediato asociado al humo. Esa diferencia tiene una consecuencia clínica relevante: se retrasan defensas naturales como la tos, lo que puede posponer la percepción de riesgo.

En ese escenario, la consulta médica tiende a llegar cuando ya hay limitaciones funcionales como la dificultad para sostener actividad física o deporte, o palpitaciones que actúan como aviso de que algo no está bien.

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El mensaje de los profesionales es claro: “ningún aerosol es completamente seguro” y plantean una advertencia práctica para quienes consumen o consumieron estos dispositivos y es no naturalizar la tos diaria ni la intolerancia al esfuerzo.

En términos de control de salud, proponen dos medidas concretas como forma de prevención y detección temprana de daño. Una de ellas es la espirometría para evaluar función respiratoria y el chequeo cardiovascular para valorar el impacto circulatorio

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En las elecciones municipales del 2015 estuvo en el movimiento Colorado Añetete, de manos de Mario Abdo Benítez; sin embargo, no pasó ni siquiera el primer filtro en las internas.

Su segundo intento de llegar a ocupar una banca en la Junta Municipal de Luque fue en el 2021 de manos del movimiento Frente Independiente de Colorados Luqueños, pero tampoco obtuvo los votos. Como premio consuelo el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) lo cobijó y asumió como director de Catastro en noviembre del 2021 en carácter de contratado.

Roberto Cubilla presentó una declaración jurada de asunción en el cargo ante la Contraloría General de la República en donde indicó que tenía un patrimonio neto de G. 2.775 millones.

Sin embargo, se desconoce si sigue siendo funcionario municipal, pues no aparece en la planilla de salarios de la Municipalidad de Luque, tampoco está en la nómina de funcionarios públicos, y no presentó su bajada del cargo ante la Contraloría.

Consultamos al respecto al intendente Carlos Echeverría y nos indicó que Cubilla dejó de pertenecer a la institución el 7 de marzo del 2023, pero nunca entregó su DD.JJ. de baja al cargo.

En tanto que ahora sería su tercer intento para ser concejal municipal de Luque de manos de un sector del cartismo cuyo precandidato a intendente es Hugo Farías, quien es apadrinado por los senadores cartistas Silvio “Beto” Ovelar y Derlis Maidana, y el diputado Rodrigo Gamarra.

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Roberto Cubilla está en la opción 4 de una de las listas de precandidatos a concejal de Hugo Farías, quien presentó dos listas para la Junta Municipal.

La foto eliminada

Es más, unas horas antes de su detención en el marco del operativo Copia Fiel 2.0, el senador Silvio “Beto” Ovelar se reunió con todos los precandidatos a concejal de dicha lista y los trató como “soldados fieles del coloradismo”.

Incluso levantó en sus redes sociales la foto junto con Roberto Cubilla, pero tras su detención procedió a eliminar dicha fotografía.

Por otro lado, según publicaciones periodísticas del 13 de febrero del 2003, Roberto Cubilla Sanabria había sido detenido durante un operativo del Departamento de Automotores de la Policía Nacional por su supuesto nexo entre autotraficantes y el Registro Único de Automotores, por el cual fue imputado.

En tanto que su actual detención sería como el presunto líder de un esquema criminal dedicado a ocultar y “blanquear” bienes millonarios pertenecientes a la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, con el fin de evitar su comiso judicial.

“Yo estuve hablando con varios colegas. No hay ninguna posibilidad de que esto configure una pérdida de investidura a ningún colega”, sostuvo Núñez al ser consultado sobre el caso que involucra al legislador cartista.

Según dijo, incluso conversó con parlamentarios de distintos sectores y afirmó que no existe consenso ni dentro del oficialismo ni en la oposición para avanzar con una eventual expulsión.

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“Estuve hablando con varios colegas de la disidencia y de la oposición y dicen lo contrario”, expresó en referencia a versiones que apuntaban a un eventual desgaste interno del senador esteño.

Bachi Núñez también relativizó la gravedad política del caso y sostuvo que las gestiones de los dirigentes forman parte de la dinámica cotidiana de la representación política. “Yo creo que en este caso no configura un uso indebido de influencia”, afirmó.

En otro momento, rechazó que Honor Colorado evalúe tomar distancia del clan Zacarías en Alto Paraná y calificó como “totalmente erróneas” las versiones sobre un eventual desligamiento político por la carga que les podría significar.

“Acá los espacios tienen que ganarse en las elecciones”, señaló, al insistir en que las municipales serán la verdadera medición del peso de cada dirigente en sus departamentos.

Bachi felicita a Contraloría por informe sobre Peña

Consultado además sobre el examen de correspondencia patrimonial realizado por la Contraloría General sobre Santiago Peña, el titular del Senado defendió el trabajo del ente contralor y celebró el resultado. “Yo celebro el trabajo del contralor, que ha terminado, y del presidente Peña, que ha transparentado esto”, manifestó.

La declaración se dio en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la revisión patrimonial, especialmente por observaciones de sectores opositores que señalan que el informe no analizó el periodo en el que Peña registró el mayor incremento de patrimonio.

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Ante esas críticas, Núñez evitó profundizar en el análisis técnico del documento. “Es una cuestión de números. Yo no te puedo decir el trabajo técnico que hicieron los de la Contraloría. No tuve el tiempo para mirar”, respondió.

No obstante, insistió en que el informe representa un avance y sostuvo que cualquier sospecha deberá ser derivada al Ministerio Público. “Yo celebro que haya salido bien y que la Fiscalía tenga después la última palabra”, concluyó.

Proliferación de algas y bajante del río generan crisis pesquera en Ayolas

Durante la protesta, el dirigente Agustín Segovia señaló que la situación que atraviesan los trabajadores del sector es consecuencia directa de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Asimismo, advirtió que, si los afectados permanecen en silencio, desde la EBY continuarán tomando decisiones que perjudican al sector pesquero.

El dirigente explicó que la regulación constante de la cota mediante las compuertas del vertedero Aña Cua, utilizada para generar una mayor cantidad de energía, provoca el alejamiento de los peces. A esta situación se suma la pronunciada bajante del río Paraná, fenómeno que favoreció la formación y proliferación de algas acuáticas, afectando la pesca comercial y la navegación aguas abajo de la represa.

“Por culpa de la represa los peces se terminaron en esta zona; por eso necesitamos permanecer unidos y que se entienda bien por qué salimos a la calle para reclamar nuestros derechos”, expresó Segovia.

Además, indicó que agotaron todas las instancias antes de iniciar la manifestación. Según explicó, desde diciembre de 2025 presentaron reiteradas notas ante la EBY solicitando limpieza del río Paraná, entrega de kits de víveres, trabajo temporal y reposición de elementos de pesca. Sin embargo, afirmó que hasta el momento solo recibieron productos básicos de la canasta familiar y no obtuvieron respuestas sobre los demás pedidos.

“Pedimos sobre todo una audiencia con el director de Yacyretá porque creemos que sus colaboradores no le hacen llegar la información completa”, manifestó.

A raíz de una disposición interna de la EBY que prohíbe brindar información institucional, no fue posible obtener la versión oficial de la binacional sobre los reclamos de los pescadores. No obstante, este medio permanece abierto a incluir su postura.

Dirigente de Ayolas cuestiona uso de maquinas de votación en elecciones

Santiago Peña parchó sus DD.JJ. en pleno examen de Contraloría

Ante esto, el diputado Raúl Benítez (Independiente) solicita informes sobre cómo se justifica la mansión de Peña en “San Ber” y si se tuvo en cuenta su origen, donde el propio Santi decía hasta 2017 “no tener ni un peso”.

El pedido de informe - que habrá que ver si pasa la censura de la aplanadora cartista - va dirigido a la Contraloría y precisamente pretende indagar sobre ese pasado “franciscano” de Peña.

En el punto 2, se requiere a la Contraloría el “detalle de los egresos efectivamente documentados y los estimados por presunción en el Período 1 (2014-2017), con la justificación técnica de la aplicación del método de margen residual del 35%”.

Esto es clave no solo para la Fiscalía, ya que sin ese dato no puede dar por cerrada la investigación penal.

“Contraloría no examinó el tiempo en el que él hizo su disparo patrimonial, que fue del 2017 al 2023. ¿Por qué menciona esto?, Fiscalía no puede tomar el examen de Contraloría como algo determinante para poder desestimar la causa que nunca abrió con respecto a Santiago Peña, que hicimos nosotros los opositores", enfatizó.

Y puso como ejemplo el caso del extitular de Petropar, Eddie Jara, cuya fortuna también fue examinada por la Contraloría y en cuyo caso, para determinar correspondencia patrimonial incluyendo su periodo fuera de la Función Pública, solicitaron informes sobre su actividad tributaria a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“No hay manera de diferenciar lo de Eddie Jara y lo de Peña. Tiene que tener el mismo criterio la Contraloría. Ellos no pueden variar su criterio de acuerdo a la cara del cliente. Y acá lo que se demuestra es que se hizo un dictamen con nuevas reglas para Santiago Peña. A él no se le examina en el momento que fue 1600% entre 2017 y 2023″, remarcó Benítez.

Otra parte sustancial, apunta a la mansión de Peña en San Bernardino, valuada en cerca de US$ 1 millón, que supuestamente para la Contraloría no tiene objeciones, pese a que hay cuestiones que no encuentran explicación, como el hecho de que supuestamente su banco “amigo”, Ueno Bank le prestó la plata sin siquiera tener el título de propiedad a su nombre.

Es por esto que se solicita además “copia de los documentos que respaldan las dos fases de pago verificadas de la construcción en San Bernardino: contrato con Gómez Abente Construcciones S.A. (USD 900.000), extractos de UENO Bank (Fase 1) y actas de UENO Holding S.A.E.C.A. (Fase 2)“.

Además del hecho de que la constructora Gómez Abente está ligada a Peña, ya que pertenece al suegro de su hermano, también se solicitan las actas de Ueno Holding Saeca, donde Peña fue accionista hasta abril del año pasado.

Sin embargo, lo más escandaloso es que la empresa Gómez Abente ejecutó la obra sin requerir ni un adelanto, en una propiedad cuyo título en ese entonces no estaba a nombre de Peña.

Uno de los aspectos más sustanciales del pedido de informe también se refiere al título de propiedad de la mansión, donde Benítez solicita “constancia de si la Municipalidad de San Bernardino respondió o no al oficio de la CGR, y en caso negativo, qué documentación alternativa fue utilizada para verificar la regularidad de la edificación en la Finca N° 12598″.

Supuestamente, según Peña y la Contraloría, parte de la deuda de unos US$ 300.000 se hizo con el préstamo de Ueno abonado el 16 de mayo de 2024, y otros US$ 300.000 por la construcción de la mansión se hizo con la venta de sus acciones en Ueno Holding el 21 de abril de 2025 y quedaba un saldo pendiente de US$ 300.000.

Al respecto, se pide que se “informe sobre el estado actual de la Fase 3 del contrato con Gómez Abente (USD 300.000), registrada como pasivo pendiente al 30/09/2025, e indicación del origen de los fondos utilizados para su cancelación”.

Pasa para la próxima semana

Debido a que la sesión ordinaria de Diputados quedó sin quórum en la fecha y que la extraordinaria posterior no contempla el estadio de “Sobre Tablas”, el pedido de informes no fue sometido aún a consideración del pleno.

Se deberá esperar hasta la próxima semana y ver si la mayoría cartista permite su aprobación o lo censura, como ya se volvió costumbre en Diputados.

Las autoridades brasileñas son cada vez más estrictas en los controles, tanto por agua como por tierra, en zonas aduaneras, rutas y puestos clandestinos. Como resultado, cientos de ampollas de medicamentos de diversas marcas paraguayas son decomisadas por la Receita Federal de Foz de Iguazú (la agencia tributaria y aduanera) y otros organismos como la Policía Federal, militares y la Policía Rodoviaria Federal.

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Flavio Bernardino de Carvalho, auditor-fiscal de la Receita Federal, manifestó que los medicamentos mantienen en alerta a todos los organismos de control y ya son considerados como el nuevo “commodity” de los contrabandistas.

“Los medicamentos generan alerta en la Receita Federal y en la salud pública. Se han convertido en la nueva ‘commodity’ del contrabando. Estamos encontrando mucho en los ómnibus y también en vehículos particulares. Son cápsulas muy pequeñas y fáciles de transportar”, expresó.

Ahora utilizan buses regulares para el contrabando de tirzepatida

Anteriormente solo los ómnibus alquilados con fines de transporte turístico eran los utilizados para el traslado de contrabando, pero en los últimos meses los buses regulares de pasajeros también pasaron a “prestarse” a los contrabandistas.

Esta mañana, en el predio de la Receita Federal de Foz de Iguazú, prácticamente desmantelaron una unidad de transporte público interestatal que estaba repleta de mercaderías prohibidas, entre ellas medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida.

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El bus fue retenido el 12 de mayo pasado en la ciudad de Céu Azul, estado de Paraná, a unos 80 kilómetros del Puente de la Amistad. Durante la revisión, agentes de la Policía Rodoviaria Federal detectaron un fondo falso al costado del sanitario, donde estaban escondidas cuatro mochilas repletas de contrabando.

Ante el hallazgo, lacraron el bus y lo remitieron a la Receita Federal, cuyos agentes realizaron esta mañana una revisión exhaustiva y encontraron más productos ilegales en los ductos del aire acondicionado, en los tapizados y hasta en las cabeceras y respaldos de los asientos.

Prácticamente todos los rincones posibles del bus fueron reacondicionados para el transporte ilegal de mercaderías. Para los investigadores, existe una fuerte sospecha de que responsables de la empresa, o al menos algunos funcionarios, tienen participación en el contrabando, considerando que los escondites debieron demandar varias horas de cuidadoso trabajo.

La investigación buscará determinar a cuáles de los pasajeros pertenecía cada carga. Estos podrían responder por delitos de contrabando e importación ilegal de medicamentos.

El mismo se dio luego de que varios legisladores opositores denunciaron ante la Fiscalía al mandatario por supuesto enriquecimiento ilícito, en el que argumentaban que G. 10.000 millones del patrimonio del Presidente de la República no tenían justificación. Tras esta denuncia, la Fiscalía solicitó el examen de correspondencia a la CGR, la cual fue entregada el 13 de mayo con varios “parches” realizados por Peña.

Para el líder de la bancada cartista del Senado, Natalicio Chase, si el examen de correspondencia hubiera salido de otra forma, los opositores hubieran estado más felices, pero “lastimosamente la Contraloría no encontró nada”.

“Yo creo que está 100% justificado y hay otro escenario que pueden volver a presentarse esos datos si hay alguien que duda”, sostuvo.

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Para Chase, crecimiento se dio cuanto Peña no era funcionario público

Parte de la justificación de la CGR para concluir la evolución patrimonial “sustentable” de Peña es que la institución no tiene competencia para revisar la legalidad o no del crecimiento patrimonial que tuvo desde que dejó de ser ministro de Hacienda hasta que se incorporó como Presidente de la República.

Chase reforzó esta teoría y aseguró que como Peña no era funcionario público en ese periodo, la contraloría no puede revisar las finanzas o el estado patrimonial de un civil que no tiene cargo en el Estado.

Al ser consultado sobre si no le resulta llamativo que Peña construya su casa sin tener el título de propiedad en San Bernardino o que un banco le financie la misma, se excusó al responder que no analizó esos casos, tarea que corresponde a la CGR.

“Nosotros no hicimos ningún análisis, porque ni siquiera conocemos el fondo de lo que se estaba estudiando. Yo creo que hay correspondencia de bienes y es el informe de la Contraloría y le digo, hay otras instancias si alguien opina lo contrario, que puede hacer su reclamo o su denuncia”, afirmó.

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Con respecto a la casa de San Bernardino, el presidente Peña declaró que realizó un primer pago de US$ 300.000 -de un total de US$ 900.000- a la empresa constructora Gómez Abente SA en mayo de 2024, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, proveedor del Estado y suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios, con un préstamo de una entidad financiera y dijo que los fondos para el segundo pago -también de US$ 300.000, hecho en abril de 2025- provinieron de un rescate de acciones que el mandatario tenía en el grupo empresarial ueno Holding.

Senaduría vitalicia “activa” sin plazo definido

El proyecto de ley que busca reglamentar las senadurías vitalicias y habilitar a expresidentes a competir por bancas activas en el Senado, cuestionada por los mismos colorados, está con planes de avanzar, pero sin plazos definidos, según dijo Chase.

“Hay todavía que hacer unas cuantas consultas a nivel partidario, a nivel del Congreso, entonces yo creo que va a tomarse su tiempo. Yo creo que los números siempre tenemos por el momento. Dentro del mismo equipo hay análisis que no están 100% aprobados por todos y entonces estamos en ese estudio”, respondió ante la consulta de cuando se trataría.

Al consultarle si son conscientes de que podría repercutir negativamente al movimiento Honor Colorado, respondió que es una situación aprobada de facto del momento que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que así lo respalda.

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Agregó que de aprobarse la propuesta, se sumarían competidores al Senado que ocuparían espacios que hoy día son solamente para los senadores activos.

Anuncia también que los interesados deben contar con un promedio general mínimo de 3,5 y pertenecer a alguna de las universidades con carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y con las cuales la cartera de Estado tiene suscripto y vigente un Acuerdo de Cooperación Académica.

La cartera especificó además que las pasantías son remuneradas y que los seleccionados percibirán mensualmente G. 1.500.000 por el lapso de un año.

Carreras requeridas

El MEF detalla que pueden participar estudiantes de las carreras de: economía, administración, contabilidad, ingeniería comercial, comercio exterior, derecho, trabajo social, psicología laboral, ciencias de la comunicación y comunicación audiovisual.

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La lista prosigue con diseño gráfico, ciencias informáticas, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería ambiental y/o forestal, ciencias matemáticas y ciencias políticas.

Instituciones con convenio vigente

La cartera detalla que las instituciones con convenio vigente con el Ministerio de Economía son: Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, Universidad de la Integración de las Américas, Universidad Tecnológica Intercontinental y Universidad Iberoamericana.

Igualmente figuran la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, Universidad Metropolitana de Asunción, Universidad Central del Paraguay, Universidad Interamericana, Universidad Columbia del Paraguay, Universidad María Serrana y Universidad San Ignacio de Loyola.

La lista prosigue con la Universidad San Lorenzo, Universidad Autónoma del Paraguay, Universidad Autónoma de Encarnación, Universidad Americana, Universidad Gran Asunción, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad del Sol, Instituto de Desarrollo, Universidad del Cono del Sur de las Américas (UCSA) y Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS).

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Postulación

La cartera ministerial explica que la postulación debe hacerse a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt, en el que los interesados deben completar los datos requeridos y adjuntar los documentos solicitados, por ejemplo, cédula de identidad y certificado de estudios o constancia universitaria expedida en el año 2026, en la que conste la carrera y el semestre cursado actualmente, además del promedio general universitario.

El MEF sostiene que estas documentos deben estar en formato PDF y ser legibles, además de no superar el tamaño de 30 MB. Quienes se postulen sin el documento que acredite los datos académicos podrán enviarlo al correo pasantia@mef.gov.py.

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Pasantía con duración de un año

El comunicado del MEF refiere que el programa de Pasantías Universitarias 2026/2027 cuenta con una duración de doce meses, con una carga horaria de cinco horas por día, de lunes a viernes, y se circunscribe exclusivamente al ámbito académico.

Así también detalla que la lista de estudiantes habilitados para las evaluaciones de ingreso prevén publicarla en la página web del MEF el jueves 11 de junio del corriente año.

Evaluación de preseleccionados

Por último, el boletín explica que, se prevé que la evaluación de los preseleccionados se realice de manera presencial el martes 16 de junio del corriente año, en el Salón Principal de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la ciudad de Lambaré, sobre Cacique Lambaré casi Cerro Corá.

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El MEF dispuso canales de consulta sobre el programa de Pasantías: el número telefónico 414-6420 interno 420 y el correo electrónico pasantia@mef.gov.py.

La carátula judicial del caso es por supuesto hecho de violación de la patria potestad, feminicidio, violación de las normas de convivencia y aborto en grado de tentativa, hechos por los cuales el joven será juzgado por el Tribunal de Sentencia.

Este jueves está previsto el tercer intento de inicio del juicio oral

De la misma forma, para las 8:00 de este jueves, está previsto el tercer intento de inicio del juicio oral y público para todos los adultos acusados en el caso de María Fernanda Benítez, luego de dos suspensiones anteriores por incidentes procesales.

Sobre la causa, son cinco los adultos imputados. Entre ellos se encuentran los padres del principal sospechoso, quienes afrontan cargos por supuesta simulación de hechos punibles y exposición al peligro en el tránsito terrestre, atendiendo a que habrían entregado la motocicleta utilizada por el adolescente para buscar a María Fernanda antes del crimen.

Asimismo, se encuentra imputado el abogado Franco Acosta Céspedes, sospechoso de haber proveído medicamentos abortivos al joven con el objetivo de suministrarlos a María Fernanda.

También está imputado el suegro del principal sospechoso, debido a que presuntamente tenía conocimiento del hecho punible y no lo denunció ante las autoridades. Por último, se encuentra procesada en el caso Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles y otros delitos conexos.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, indicó que este jueves ya debería realizarse el inicio del juicio oral y público para los adultos procesados, pese a las dos ocasiones anteriores en que se presentaron chicanas jurídicas que terminaron dilatando el proceso.

Manifestó que la Fiscalía se mantiene tranquila porque considera que tarde o temprano todos los acusados deberán responder ante el Tribunal de Sentencia.

Segovia señaló además que tanto la Fiscalía como el Tribunal ya advirtieron a las partes sobre evitar nuevas maniobras dilatorias, atendiendo a que este tipo de acciones buscan perjudicar el normal desarrollo del juicio oral y público y constituyen incluso una violación a las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal.

Indicó igualmente que las partes se exponen a sanciones por parte del Tribunal en caso de volver a incurrir en incidentes dilatorios que afecten el avance del proceso judicial.

El caso entra en una etapa decisiva, a casi un año de un crimen ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del hallazgo del cuerpo ocurrido el 31 del mismo mes, que conmocionó a Coronel Oviedo y que sigue generando expectativa en la ciudadanía.

En consecuencia, reiteró que no tramita ni aprueba préstamos personales bajo ningún concepto ni modalidad.

Además, insistieron en que el BCP no contacta a particulares para ofrecer servicios.

“El Banco Central del Paraguay no realiza llamadas ni envía comunicaciones a personas particulares con fines de ofrecer servicios, beneficios ni gestionar trámites de ninguna naturaleza”, sostienen.

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BCP no pide datos ni contraseñas

Agregan además que la institución no solicita contraseñas ni información personal de las personas.

También que ningún funcionario del BCP está autorizado a requerir claves, contraseñas, tokens ni información sensible a través de ningún canal de comunicación.

Ante mensajes o comunicación alguna que reciba la ciudadanía, pusieron a disposición el canal de reportes ante contactos irregulares.

“Ante cualquier contacto sospechoso o utilización indebida del nombre del Banco Central del Paraguay, se solicita a la ciudadanía reportar el hecho al siguiente correo electrónico: info@bcp.gov.py”, puntualizaron.

Ante la magnitud del patrimonio inmobiliario del IPS —que suma aproximadamente G. 1,9 billones representados en 776 inmuebles titulados—, las autoridades de la institución han solicitado modificaciones clave para evitar riesgos de corrupción y especulación en futuras ventas.

IPS rechaza la “venta directa” y concursos cerrados

Durante la sesión de esta mañana, Vanessa Cuba, de la Gerencia de Prestaciones Económicas, expuso las observaciones institucionales. El punto de mayor tensión fue la propuesta de la Superintendencia de permitir modalidades como el “concurso cerrado” o “venta directa”.

El Consejo rechazó categóricamente cualquier mecanismo que no sea la subasta pública. Al respecto, se vertieron fuertes críticas sobre la posibilidad de invitar a privados a participar de concursos cerrados.

Isaías Fretes, presidente del IPS, advirtió que esto facilitaría irregularidades. “O sea, entre gallos y medianoche, yo le invito a mi amigo y le digo, acá hay un inmueble que se quiere vender. Eso es un concurso cerrado ofrecido”, expresó Fretes, calificando la propuesta de la Superintendencia como peligrosa.

Se establecen garantías contra la especulación

Otra de las recomendaciones fundamentales es la exigencia de una garantía de mantenimiento de oferta del 10%. Según explicó Cubas, este requisito es vital para evitar que los oferentes retiren sus propuestas tras ganar una subasta.

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Asimismo, Fretes cuestionó duramente la propuesta de aplicar descuentos sobre la tasación inicial en caso de que los llamados sean declarados desiertos (llegando al 75% o hasta el 50% del valor original). El presidente advirtió sobre el riesgo de manipulación de estos llamados: “¿Quiere decir que se puede hacer una pequeña publicación en un diario que nadie lee, le aviso a mi socio y espero que la tasación baje el 50% y ahí le doy al socio? Dejate de joder”, expresó Fretes.

Estándares de ética y honorarios

El Consejo también instó a fortalecer el régimen de inhabilidades, prohibiendo la participación en subastas a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades de IPS, en línea con la Constitución Nacional y las normas de contrataciones públicas.

Para asegurar la transparencia en los pagos a rematadores y tasadores, el Consejo acordó que el reglamento debe remitirse supletoriamente a la Ley 2196/2005 y al Código Procesal Civil, eliminando cualquier ambigüedad que permitiera discrecionalidad en los honorarios.

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La nota institucional, que incluye un cuadro comparativo con todas estas observaciones, será remitida de inmediato a la Superintendencia de Pensiones. El Consejo de Administración dejó claro que, dada la delicadeza de los activos en juego, la institución no admitirá normas que flexibilicen la venta de su patrimonio, reafirmando que el objetivo de estas modificaciones es “enriquecer ese reglamento” para garantizar que cualquier futura enajenación se realice bajo estrictos estándares de transparencia.

Dichas autoridades confirmaron tres modificaciones principales en el programa habitacional:

• Aumento del monto financiable: pasa de G. 609 millones a G. 652 millones para familias de hasta 6 salarios mínimos
• Nuevo rango de beneficiarios: se incorpora a familias con ingresos de entre 6 y 9 salarios mínimos, antes excluidas del programa, con una tasa preferencial del 9,9% y plazos de financiación de hasta 30 años
• Ampliación territorial: El programa también amplía su alcance territorial para proyectos habitacionales en Asunción y el área metropolitana. Antes, en Asunción el tope era G. 725 millones, hoy en Capital y el departamento Central es de hasta G. 797 millones.

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Otra innovación es la incorporación de PRODESI – Che Róga Porã, un mecanismo destinado al financiamiento de desarrolladores inmobiliarios, con una tasa del 9,9%, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas dentro del programa.

Más de 5.500 viviendas y expansión del programa

De acuerdo con los datos oficiales, Che Róga Porã ya registra:

• Más de 5.500 viviendas entre créditos aprobados y en análisis
• Presencia en 17 departamentos
• Articulación con 33 entidades financieras
• Más de 40.000 empleos generados

La presidenta de la AFD aseguró además que el programa ya alcanzó en mayo la meta de colocación prevista para todo el 2026, con US$ 86 millones colocados en lo que va del año y US$ 185 millones acumulados.

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Gobierno gestionará nuevo préstamo

Durante la conferencia de prensa realizada desde Mburuvicha Róga se confirmó además que el Ejecutivo gestionará un nuevo préstamo de US$ 200 millones para sostener la expansión del programa habitacional.

Las autoridades argumentaron que las modificaciones responden al aumento del valor de la tierra y a la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda para sectores de clase media.

El ministro Baruja afirmó que las mejoras buscan ampliar el acceso real a la vivienda propia, duplicando plazos y reduciendo tasas frente al sistema financiero tradicional.

La víctima desenfundó un arma, lo que provocó un intercambio de disparos, en el que uno de los supuestos asaltantes resultó herido.

Los maleantes habrían alcanzado a huir, pero la víctima refirió que logró herir al conductor de la moto con un disparo.

El joven que fue asaltado sería un efectivo del Grupo de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince), quien se dirigía a la base en Encarnación para iniciar su guardia. El mismo estaba de particular con su motocicleta.

Utilizó su arma reglamentaria para repeler a los asaltantes. Fue identificado como Mariano Serrati Ayala, quien tiene el grado de Suboficial Primero de Prevención y Seguridad.

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Aprehendido en el hospital

Poco después de que agentes de la Comisaría 62ª reportaron el hecho, tras la denuncia comunicada por la víctima, un hombre llegó hasta el Hospital Distrital de Fram con una herida de arma de fuego.

Según constataron los intervinientes, la lesión coincidiría con el impacto provocado por el disparo del suboficial asaltado. El impacto fue recibido a la altura del tórax, del lado derecho.

El herido fue identificado como Emigio Rolón Delvalle (33), quien tendría antecedentes por abigeato y es oriundo de San Pedro del Paraná.

Rolón quedó bajo custodia policial, a disposición del agente fiscal de turno, Rolando Ortega. El herido fue derivado hasta el Hospital General de Itapúa (HGI) para continuar su tratamiento.

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Investigan el caso

Personal técnico levantó de la escena del asalto tres vainas servidas y percutidas; dos de un calibre similar al .22 mm y una de 9 mm, esta última correspondería al arma reglamentaria del agente policial.

Además, tras un rastrillaje por la zona, hallaron una mochila de color negro que contenía una bolsita con marihuana, un desodorante, un par de medias y un bóxer. También, al costado de la mochila, fue encontrado un pasamontaña de color negro.

Posteriormente, a 1.000 metros aproximadamente, fue hallada una motocicleta marca Star, tipo trail, color rojo, modelo 150 cc, sin chapa, que habría sido la utilizada por los asaltantes, según la víctima.

El agente fiscal de turno ordenó la incautación del arma de fuego reglamentaria del personal policial, que sería una Glock, serie ACVD151, perteneciente al Estado.

Pese a la importancia de la obra y al tiempo transcurrido desde su habilitación, los usuarios denuncian que la falta de iluminación convierte el trayecto en un peligro constante, aumentando el riesgo de accidentes y exponiendo a los pobladores a situaciones de inseguridad.

Maribel González, vecina de la zona, lamentó que hasta ahora no exista una solución concreta, pese a los reiterados reclamos realizados por los habitantes afectados.

Los pobladores también alertan que la oscuridad favorece hechos delictivos. Según denunciaron, delincuentes aprovechan los sectores sin iluminación para cometer robos, generando temor entre quienes transitan o residen en las inmediaciones.

Indicaron además que ya presentaron varias notas ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero hasta el momento solo recibieron promesas sin resultados visibles. Consideran inadmisible que una obra inaugurada hace más de un año siga sin un servicio básico como el alumbrado público.

Respuesta regional

Por su parte, el ingeniero Luis Rodríguez ya explicó varias veces que los pedidos para la instalación de las luminarias ya fueron realizados a la empresa contratista correspondiente y que actualmente solo se aguarda la ejecución de los trabajos.

Sin embargo, hasta ahora no existe una fecha oficial para el inicio de las obras ni explicaciones claras sobre los motivos de la demora.

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Sin respuesta de la Central

También intentamos comunicarnos con la ingeniera Cinthia Prendesky, encargada de estas gestiones dentro de la institución, pero no atendió las llamadas.

Asimismo, desde este medio buscamos obtener una postura oficial de la Central de la ANDE, aunque tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, miles de personas continúan transitando cada noche por una ruta completamente oscura, en medio de reclamos, promesas y una solución que sigue sin llegar.

Desde este medio, queda abierta la posibilidad para que las autoridades mencionadas puedan referirse al caso.

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La profesional del derecho Susan Sánchez fue propuesta por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien resaltó la experiencia de 14 años que tiene la misma en la profesión, así como haber realizado un diplomado en Derecho Electoral, que para este cargo resulta relevante.

Ternas con la cuñada y hermana de Dionisio Amarilla están en manos de la Corte

Jiménez Rolón señaló al momento de proponer a la profesional, que se trata de “una terna un tanto especial porque es para la Justicia Electoral, lo que presenta ciertas connotaciones diferentes respecto de los casos, cuando tenemos que elegir a juzgadores de litigios ordinarios, litigios comunes”.

Añadió: “He realizado análisis de los antecedentes y en consideración a los mismos, tanto académicos como personales, que en algunos casos afectan y en otros reditúan a los postulantes, propongo después de un intercambio de ideas a Susan Adriana Sánchez Delgado”.

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La moción de Jiménez Rolón tuvo el apoyo de los demás ministros de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón (presidente), Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes Ocampos, César Manuel Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y César Antonio Garay Zuccolillo.

Cuñada de senador Dionisio Amarilla estaba en terna

El 26 de febrero pasado, el Consejo de la Magistratura había conformado la terna para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de Concepción.

Para dicho cargo fue ternada la defensora pública de la Circunscripción Judicial de Concepción, Marissa María Rosaly Valiente Martínez (645,2 p), hermana de Analy Rossana María Valiente Martínez, quien es la esposa del senador liberal, pero que responde al cartismo, Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland.

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Junto con Valiente Martínez también pugnan por el cargo de miembro del Tribunal Electoral el agente fiscal de Concepción Pablo René De Jesús Zárate González (592,76 p) y también la abogada Susan Adriana Sánchez Delgado (427,1 p), quien anteriormente fue ternada para fiscala electoral de Capital.

Ternas de la hermana de Amarilla y suegra de Alliana están pendientes

Otra de las ternas que el Consejo de la Magistratura (CM) remitió a la Corte para su tratamiento es para los cargos de miembro del Tribunal de Cuentas, Juzgado Penal de Garantías y para la Defensoría Adjunta. Para esta última fueron ternadas la suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana y la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla.

Para ocupar el cargo de Defensor Adjunto dentro del Ministerio de la Defensoría Pública, fueron ternados los defensores públicos Martín Patricio Muñoz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), hermana del senador Amarilla, y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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Cabe señalar que la Dra. Nancy María Diana Amarilla Guirland se había postulado para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, en el año 2024. La misma es relatora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un sueldo de G. 10.800.000 y figura como comisionada a la Itaipú Binacional.

Por otra parte, para el cargo de Defensor Adjunto de la Niñez y la Adolescencia está ternada la defensora pública especializada en la Ley N° 5777/16, Nancy María Ortiz de Souto (560,64 p), suegra del vicepresidente de la República Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. La abogada percibe un salario de G. 18.205.600, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Acompañan dicha terna, las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).

Los gremios obreros rechazan el reajuste oficial basado en la inflación del Banco Central del Paraguay (BCP) y solicitaron una audiencia urgente con el presidente Santiago Peña para negociar directamente un aumento del 22,3%.

La decisión de quebrar la mesa de diálogo se adoptó tras la tercera reunión de la Conasam. Según los dirigentes obreros, no existe apertura de los empresarios para analizar un incremento superior al porcentaje legal vigente, por lo que el conflicto salarial se trasladará ahora directamente al Poder Ejecutivo.

“Esta no es la primera medida que tomamos ahora, la de suspender nuestras conversaciones con el sector empresarial sobre el tema salarial. Eso no significa que nos retiramos de las negociaciones. Vamos a seguir negociando, pero directamente con el Gobierno y vamos a plantear para que el reajuste sea lo que nosotros planteamos”, declaró Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A).

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Gremios aprueban cuatro resoluciones clave contra Feprinco

Ante la falta de avances en la Conasam, las organizaciones de trabajadores aprobaron un plan de acción inmediato que consta de cuatro resoluciones políticas:

• Rechazar la propuesta económica presentada por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco)
• Desconocer el cálculo de inflación del BCP por considerar que no refleja el costo real de la canasta básica
• Suspender las conversaciones con los empresarios hasta que exista voluntad real de debate
• Continuar las negociaciones del salario mínimo mediante una audiencia urgente con el jefe de Estado

Exigen reajuste de G. 647.000 frente a inflación del BCP

Los representantes sindicales sostienen que el incremento automático derivado de la inflación oficial, estimado en poco más de G. 60.000, resulta totalmente insuficiente frente al encarecimiento diario de la vida en Paraguay.

En contrapartida, los trabajadores defienden un reajuste del 22,3%, equivalente a un aumento de G. 647.000. Esta cifra surge de un estudio técnico propio elaborado con apoyo de economistas a partir de datos históricos del consumo real.

Exigen reunión con Santiago Peña

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Ramón Álvarez, señaló que la postura empresarial prolonga la incertidumbre de los trabajadores. El dirigente consideró que el Gobierno debe demostrar con decisiones concretas su reconocimiento de que el ingreso legal actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

En la misma línea, el titular de la Confederación Paraguaya del Trabajo (CPT), Francisco Brítez, informó que las centrales ya presentaron la solicitud formal de audiencia al presidente Peña para que adopte una definición política sobre el caso.

Por su parte, el vicepresidente de la CUT-Auténtica, José Pineda, defendió la propuesta sindical argumentando que está sustentada en datos técnicos y convocó públicamente al sector empresarial a debatir los criterios utilizados para calcular el aumento solicitado.

Cuestionan la canasta del BCP

Los dirigentes cuestionaron nuevamente la metodología empleada por el BCP para medir la inflación. Afirmaron que la canasta utilizada contiene bienes y servicios que no representan el consumo cotidiano de las familias obreras, por lo que los resultados no reflejan la pérdida real del poder adquisitivo.

Además, ratificaron su intención de impulsar cambios estructurales en el sistema de fijación salarial paraguayo.

Entre las alternativas planteadas figura crear el Instituto Nacional de Salario Mínimo o reformar la Conasam para convertirla en un organismo permanente de estudio del salario y del costo de vida, con capacidad de elaborar sus propios indicadores económicos.

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Conasam presentará informe al Ejecutivo el 15 de junio

Pese a la ruptura del diálogo con los empresarios, las centrales aclararon que seguirán participando de las instancias formales de Conasam mientras avanza el proceso legal. El cronograma institucional debe concluir el próximo 15 de junio con la presentación del informe final al Poder Ejecutivo.

No obstante, los trabajadores advirtieron que mantendrán firme su reclamo de un reajuste superior al propuesto por el sector empresarial y que la última palabra la tendrá el presidente de la República.

Bernardo Rojas también cuestionó duramente la posición empresarial al sostener que el salario mínimo vigente resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

“El salario mínimo que actualmente está establecido no cubre las necesidades básicas del trabajador. No alcanza 15 días con ese salario. Y los empresarios saben bien también, pero son los que manipulan los precios de los artículos de primera necesidad, son los que juegan con la suerte de los trabajadores. Tenemos que discutir de acuerdo a los números que tenemos y eso no quieren discutir. Entonces, no tenemos nada que hablar con ellos”, expresó.

El actual titular interino de la institución es el abogado Rubén Elidio Gaona Gaona, quien se desempeña en el cargo de encargado de Despacho.

La diputada Rocío Vallejo se expresó sobre la problemática que se genera al no tener alguien fijo a la cabeza de la Procuraduría e indicó que es algo sumamente grave.

“Imaginate que la Procuraduría General de la República es la que representa los intereses del Paraguay en las instancias judiciales y estar tanto tiempo sin una autoridad definitiva. El Ejecutivo debería explicar por qué está sucediendo esto”, apuntó la legisladora.

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Seguidamente, remarcó que se necesita una persona de manera definitiva y con un compromiso definitivo. “Que se sepa realmente quién es el que está al frente, porque esto del interinazgo es algo irregular para una institución demasiado importante”.

La Procuraduría está presente en todas las demandas contra el Estado. Demandas contra jueces, contra fiscales, contra un montón de cosas tiene que estar interviniendo para proteger los intereses del Estado.

“Por eso es que esta situación es sumamente irregular, con todos los problemas que existen en este país, con todos los escándalos que en el día a día van surgiendo”, comentó.

A renglón seguido, Vallejo remarcó que urge la designación de una persona fija a la cabeza de una institución tan importante como la Procuraduría, la cual no puede quedar con un interino a la cabeza de por vida.

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“Voy a hablar con los colegas para preparar algo que no tenían en la agenda, pero que es algo muy preocupante y delicado, para pedirle informe al Ejecutivo qué está pasando”, concluyó.

En la última sesión de la Cámara Baja incluso argumentaron que “ya es demasiado tarde para tratarlos” por que la gestión municipal culmina este año. De esa manera, entierran la posibilidad de conocer si existe o no malversación del dinero de los contribuyentes.

Ya es muy tarde para la intervención municipal. Que los electores decidan

Miguel Del Puerto, diputado cartista.

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Cuestionados buscan el rekutu

Los intendentes que tuvieron su “pase de impunidad” por los diputados y buscan su reelección en el cargo a pesar de sus nefastas gestiones son:

Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) intendente de Tomás Romero Pereira y padre del ahora ex-senador Hernán Rivas. El cartista fue denunciado en el 2024 por un presunto desvío de G. 2.000 millones. Ya había sido salvado de un primer pedido de intervención en el 2023, pero hasta la fecha el Ministerio Público no lo imputó a pesar de las múltiples denuncias de los concejales.

César Machuca (ANR-HC), intendente de Ybyrarobaná, busca su reelección de manos del movimiento Integración Colorada. El pedido de intervención ingresó en el 2024. En enero pasado un agente fiscal allanó la sede municipal, pero hasta la fecha no hay avances en el caso.

Tomás Olmedo (ANR- FR), intendente de Ñemby, busca su reelección de manos de Fuerza Republicana tras ser ninguneado en el cartismo. El jefe comunal había sido salvado de un primer pedido de intervención en 2023. Actualmente está imputado en dos causas, una por una presunta lesión de confianza de G. 700 millones y otra por G. 4.000 millones.

Elvio Coronel (Alianza), intendente de Juan León Mallorquín, quien busca su reelección. El pedido de intervención data del 2024, en base a un informe de la Contraloría General de la República que detectó un presunto daño patrimonial de G. 1.900 millones.

Del congelador a la impunidad y de la impunidad al rekutú.

Roberto González, diputado Colorado Añetete.

Los blanqueados

Mientras que los intendentes que también fueron salvados, pero que ya no buscan su reelección en el cargo son:

• Juan Manuel Ávalos (Alianza), intendente de Lima.
• Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada.
• Vidal Argüello (Alianza), de Yby Yaú.

Los que otorgaron impunidad

La impunidad es uno de los peores males que socavan los cimientos de la democracia, y lo más cuestionable, es que viene de manos de la Cámara de Diputados, sitio que en teoría representa al pueblo.

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Además, la lentitud de la Justicia ampara a que cuestionados intendentes sigan atornillados al poder e incluso se presenten nuevamente a las urnas.

Los diputados que otorgaron el pase de impunidad son: los cartistas Arturo Urbieta, Bettina Aguilera, Carlos Arrechea, Carmen Giménez, Christian Brunaga, David Jara, Esteban Samaniego, Fabiana Souto, Francisco Petersen, Germán Solinger, Jatar Fernández, Johana Vega y Jorge Barressi.

La lista de cartistas sigue con José “Mino” Adorno, José Rodríguez, Cristina Villalba, María Ida Cattebeke, Miguel Del Puerto, Néstor Castellano, Pedro Ortíz, Raúl Latorre, Saúl González, Héctor Figueredo, Virina Villanueva, Yamil Esgaib y Rubén Roussillon.

Se sumaron los colorados de Fuerza Republicana: Carlos Núñez Salinas, Edgar Olmedo, JuanMa Añazco y los liberales; Pastor Vera Bejarano y Marcelo Salinas.

Vázquez Acosta es hijo de la exdiputada colorada Perla Acosta de Vázquez, importante referente de su partido en esa zona del país.

¿Qué encontraron los intervinientes durante el allanamiento?

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento -además de la detención- permitió la incautación de importantes evidencias entre las que se cita:

• Supuesto clorhidrato de cocaína: 7,1 gramos, que una vez distribuidos equivaldrían a unas 40 dosis
• Supuesta marihuana: 390,8 gramos, distribuidos en seis porciones medianas
• Sustancia blanquecina a determinar: 70,3 gramos
• Dinero en efectivo: G. 21.192.000 y US$ 1.100
• Celulares
• Documentos varios
• Dos balanzas de precisión
• Camioneta de la marca Toyota modelo Fortuner, color negro, año 2021, sin matrícula
• Automóvil marca Volkswagen modelo Gol, color gris, con matrícula HCT104PY
• Arma de fuego, tipo pistola, replica de Glock

El fiscal asignado al operativo es Jorge Isaak Encina Alder, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de San Pedro.

Según datos del Ministerio Público, José Emilio fue acusado por la Fiscalía en 2022 por los delitos de apropiación, asociación criminal y reducción, proceso que afrontó junto con uno de sus hermanos y otros dos hombres.

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Según datos, Alcides Villalba Giménez (61) se encontraba a bordo de un vehículo Citroën con matrícula AANP 317, empleado de la importadora Vía Brasil, quien salió de la zona céntrica y se dirigía hasta un banco de plaza para realizar el depósito del dinero cuando fue interceptado por los asaltantes.

Villalba fue obligado a entregar el dinero, cuyo monto aún no fue confirmado oficialmente, aunque preliminarmente se maneja que rondaría los 200.000 dólares.

Camioneta fue robada en Asunción

Los autores del atraco se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner, color negro, modelo 2019, con chapa Mercosur AEWV 128, que posteriormente fue abandonada en inmediaciones de la Asociación Japonesa del barrio San José.

Agentes del Departamento de Automotores informaron que el vehículo había sido denunciado como robado el pasado 21 de abril en Asunción y que en el momento del atraco utilizaba una matrícula falsa.

“El artículo 33, inciso f), establecía que las compañías aéreas estaban obligadas a pagar una comisión no menor al 6% de la tarifa del pasaje. Esa disposición constituía un pésimo mensaje que Paraguay enviaba a los inversores del exterior”, señaló.

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Añadió que la derogación busca dejar en claro que “el Gobierno considera inadmisible este tipo de intromisión pública en cuestiones que deben ser libremente pactadas entre empresas”.

Explicó que la estrategia oficial de la Senatur se centra en aumentar el turismo receptivo para generar más demanda de vuelos y, con ello, mejorar las condiciones del mercado aéreo paraguayo.

Una norma que ya no se aplicaba

El debate surgió luego de que la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) y la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (Aavip) difundieran un comunicado en el que aclararon que ese 6% no representaba un impuesto ni un recargo para el pasajero, sino una comisión mínima fijada por ley para las agencias de viajes.

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Ambos gremios recordaron además que, desde la pandemia, las agencias ya no percibían esa comisión y apuntaron que la derogación no necesariamente implicará una reducción en el precio de los pasajes.

En esa línea, Santa María reconoció que la figura prácticamente había quedado sin efecto en la práctica y coincidió también con la postura de Asatur y Aavip sobre los precios de los boletos aéreos.

El desafío de la conectividad

Para el Ejecutivo, el principal problema del mercado aéreo paraguayo sigue siendo la baja conectividad y el reducido flujo de pasajeros internacionales.

“Tenemos poca conectividad porque todavía no tenemos el flujo suficiente de turistas del exterior que justifique que más aerolíneas vengan a operar aquí”, explicó.

Agregó el titular de Turismo que el Gobierno busca romper lo que calificó como un “círculo vicioso”: pocos turistas generan menos vuelos y menor competencia, lo que termina impactando en tarifas más elevadas y menos opciones para los viajeros.

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Ante ese escenario, la estrategia oficial apunta a atraer grandes inversiones turísticas. “Decidimos apostar por la atracción de grandes inversiones que vengan a crear parques temáticos de última generación y complejos de entretenimiento de alta tecnología, que atraigan masivamente a los turistas”, indicó.

De acuerdo con Santa María, el aumento del movimiento turístico permitiría que más compañías aéreas operen en Paraguay y que la competencia genere mejores precios.

Más turismo traerá más vuelos

Consultado si la eliminación de la comisión podría derivar en nuevas rutas internacionales o en la llegada de más aerolíneas, el funcionario que, lo único que permitirá atraer nuevas aerolíneas y abrir más rutas hacia Paraguay “será la ampliación y diversificación de nuestra oferta turística”, afirmó.

El funcionario agregó que el Gobierno mantiene conversaciones permanentes con aerolíneas, operadores turísticos y otros actores del sector.

“El principal efecto que tuvo la promulgación de esta ley fue generar más confianza en el sentido de que el Estado no va a intervenir en cuestiones que son de libre negociación entre empresas privadas”, dijo.

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Reconoció que Paraguay enfrenta desventajas regionales debido al bajo movimiento de pasajeros y a la limitada conectividad aérea.

“La escasa conectividad repercute no solo en el costo de los pasajes para venir al Paraguay, sino también en las dificultades de conexión, al no tener más vuelos directos”, finalizó.

Posteriormente, siendo ya presidente de la República, y en el mismo año, volvió a llegar a esta población el 10 de noviembre. En ese momento, al brindar declaraciones, Peña se ratificó nuevamente sobre su intención de asfaltar este camino, luego de participar de una reunión con pobladores y productores de la zona.

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La tercera promesa de llegar con camino de todo tiempo al Alto Paraguay la hizo en mayo del 2024 en la localidad de Loma Plata, en el Chaco Central, durante la inauguración de la Expo Pioneros. Decía entonces el mandatario: “sabemos que en el Alto Paraguay hay un Paraguay entero que todavía está esperando que lleguemos con infraestructura vial”.

Insistía diciendo: “la ruta Bioceánica dio a esta región los primeros kilómetros de camino de todo tiempo, pero todavía tenemos gran parte del Alto Paraguay aislado; por eso tenemos que seguir ampliando la red vial. En esta parte del Chaco los pobladores están esperando que les demos una oportunidad”, sostenía Santiago Peña.

El año pasado, cuando los pobladores del Alto Paraguay padecían uno de los más catastróficos aislamientos que duró más de 100 días, el presidente Peña visitó la comunidad de Carmelo Peralta para verificar el avance de la construcción del puente de la bioceánica que unirá a nuestro país con el Brasil, específicamente el 3 de octubre del 2025.

Al dirigirse al gobernador Arturo Méndez, en aquella oportunidad, textualmente decía el presidente: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay; del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, mencionaba por entonces.

Era la cuarta promesa realizada por el presidente de la República Santiago Peña, quien finalizaba su discurso mencionando: “vamos a desarrollar socialmente a ese pueblo, que hoy en la ribera del río está aislado 6 meses por inundaciones y 6 meses aislado por sequía; vamos a sacar al Alto Paraguay del aislamiento”, finalizaba diciendo el primer mandatario.

El presidente Santiago Peña prometió públicamente en cuatro oportunidades construir caminos de todo tiempo en el Alto Paraguay; sin embargo, y según lo manifestó el jefe departamental Arturo Méndez, cuando visitó al primer mandatario en la capital del país, en el mes de agosto del 2025, nuevamente volvió a ratificarse en que asfaltaría los caminos de la zona.

Con esta breve descripción, Peña prometió en cinco oportunidades sacar del aislamiento al Alto Paraguay construyendo caminos de todo tiempo; sin embargo, a casi 3 años de mandato, el Gobierno del primer mandatario no logró colocar ni siquiera un centímetro de asfalto en todo el departamento.

Consecuencias de los aislamientos

Los permanentes aislamientos que se dan en la zona, a consecuencia de la precariedad de los caminos de tierra que nunca son reparados como se debe, producen consecuencias catastróficas para toda la región, y sin duda el sector de la producción es uno de los más perjudicados con millonarias pérdidas.

Los productores ganaderos no pueden comercializar sus animales, ya que debido a la falta de caminos no se cumplen los compromisos asumidos con los frigoríficos. Esto se vio precisamente en los últimos días, con la escasez de varios cortes de carne a consecuencia de la disminución del faenamiento vacuno.

Algo similar sucede con el rubro agrícola, actividad que se desarrolló bastante en los últimos años, sobre todo en la zona norte del departamento. Los agricultores no realizaron la cosecha de sus productos, ya que la precariedad de los caminos impedía que las grandes máquinas cosechadoras pudieran llegar hasta las fincas.

El Alto Paraguay es actualmente el segundo departamento ganadero más productivo del país, con casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno, y el 30% de esta producción es exportada, generando divisas para el fisco, lo que representa un incremento en la recaudación; sin embargo, la paralización hace que se pierdan todas estas divisas por varios meses.

Transporte público

Los aislamientos paralizan también el servicio del transporte público, perjudicando a las personas, sobre todo a las familias humildes que dependen de este medio para trasladarse de un lugar a otro. En Fuerte Olimpo, cuando el camino lo permite, se tienen dos viajes semanales hacia la capital del país, mientras que en Bahía Negra solo se cuenta con una frecuencia semanal.

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Las personas utilizan con mucha frecuencia este servicio, en especial cuando los viajes se relacionan con temas de salud, atendiendo la tremenda precariedad sanitaria existente en el Alto Paraguay. El servicio, por lo general, se interrumpe por varios meses hasta tanto termine el aislamiento.

Desabastecimiento

Los aislamientos producen también desabastecimiento en los comercios de las comunidades, por lo que los comerciantes deben traer sus productos a bordo de pequeñas embarcaciones que llegan a la zona. Esto representa un encarecimiento de los productos debido al sobrecosto del flete.

Las estaciones de servicio también son afectadas por la falta de caminos, como sucede actualmente desde hace varios días en las poblaciones de Bahía Negra, María Auxiliadora, Toro Pampa y Fuerte Olimpo, donde se acabaron las reservas de combustibles, mientras los camiones cisterna no pueden llegar debido a las malas condiciones de los caminos.

La falta de inversión estatal en obras de infraestructura, sobre todo en lo relacionado a caminos de todo tiempo, hace que el Alto Paraguay, con todo su potencial económico, sea actualmente el departamento más pobre del país. Al menos así lo certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que al no contar con caminos de todo tiempo no puede sacar su producción hacia los mercados.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Filizzola apunta a que la propia Contraloría reconoce que el tramo comprendido entre 2017 y 2023 constituye un “intervalo privado” no sometido a control patrimonial directo.

Según la observación del senador, es precisamente en ese lapso donde se registra el salto patrimonial más significativo: de alrededor de ₲ 1.300 millones a más de ₲ 23.000 millones.

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Para Filizzola, allí radica la principal debilidad del informe. “El crecimiento patrimonial más importante y más discutido es justamente el que no fue reconstruido de manera exhaustiva”, remarcó y afirmó que a su criterio, el documento termina enfocándose principalmente en lo ocurrido después de que el patrimonio ya estaba consolidado.

La diferencia, sostiene, no es menor: una vez que existe un patrimonio multimillonario y acceso al mercado de capitales, resulta más sencillo generar rendimientos financieros, dividendos y valorizaciones que administrativamente pueden justificar nuevos incrementos.

En cambio, afirmó, la discusión central es cómo se produjo originalmente esa acumulación de capital.

“Que los números cierren no responde al origen real del dinero”

Otro punto señalado por el senador del PDP es que la Contraloría se apoyó principalmente en documentación formal: contratos, registros, trazabilidad bancaria e instrumentos financieros.

Filizzola advierte que la existencia de documentación y bancarización no equivale necesariamente a una explicación integral sobre el origen económico del capital.

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Según sostuvo, en estructuras financieras modernas, los circuitos de acumulación pueden desarrollarse precisamente dentro de mecanismos formales y regulados.

Por eso, considera que el informe puede mostrar consistencia administrativa, pero no necesariamente esclarecer cómo se generó el patrimonio que permitió ingresar a ese circuito financiero.

Reconstrucción del gasto real: otra observación

Filizzola también cuestionó que el informe no exponga una reconstrucción profunda del nivel real de gasto y consumo. De acuerdo con la propia Contraloría, para el período inicial se utilizó una fórmula presuntiva basada en que el 65% de los ingresos se destina a gastos y el 35% puede ser ahorrado.

El senador remarca que eso no implica una verificación empírica del nivel de vida, gastos personales o erogaciones efectivas. Además, señala que del informe no surge un desarrollo concreto sobre herramientas tributarias más profundas como declaraciones de IVA, consumos bancarios, movimientos de tarjetas, información del IRP o facturación electrónica.

A criterio del parlamentario opositor, una auditoría rigurosa también debe determinar cuánto gasta realmente una persona y si ese nivel resulta compatible con sus ingresos conocidos.

Dudas sobre rendimientos financieros y flujo efectivo

Otro de los aspectos observados es el tratamiento dado a los rendimientos financieros. Filizzola indicó que el informe parece asumir que, si una inversión existe y genera dividendos o intereses, esos rendimientos pasan automáticamente a integrar la capacidad económica del examinado.

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Sin embargo, señaló que el documento no deja claro si se verificó exhaustivamente que esos flujos hayan sido efectivamente percibidos, acreditados y disponibles. En otras palabras, plantea que existe una diferencia entre rendimientos teóricos, dividendos declarados y dinero efectivamente ingresado y utilizable.

El componente de Personas Expuestas Políticamente

El senador también considera llamativo que la Contraloría no haya desarrollado de forma más profunda el componente vinculado al régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Recordó que, incluso después de dejar el Ministerio de Hacienda, Peña seguía bajo un régimen reforzado de monitoreo financiero conforme a las normas de prevención de lavado de activos.

De acuerdo con esa observación, la condición de PEP se mantiene hasta dos años después del cese de funciones públicas relevantes.

Por eso, Filizzola considera que parte de las operaciones realizadas en ese período debieron permanecer bajo controles reforzados y que esa dimensión no aparece desarrollada en el informe.

“La Contraloría no reemplaza a la Fiscalía”, afirma

En la parte final de sus observaciones, Filizzola remarca que el examen administrativo de correspondencia patrimonial no puede convertirse en sustituto de una investigación penal.

Afirmó que una conclusión de consistencia patrimonial no equivale automáticamente a la inexistencia de delito ni descarta hipótesis relacionadas con conflictos de interés, acceso privilegiado a oportunidades financieras, tráfico de influencias u otras líneas que forman parte de una investigación más amplia.

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Por eso, sostuvo que el Ministerio Público debe avanzar con herramientas propias de auditoría forense penal para reconstruir el origen económico y financiero integral del patrimonio cuestionado.

Y concluyó que el propio informe de la Contraloría reconoce límites metodológicos relevantes: uso de métodos presuntivos, dependencia de documentación formal y exclusión del período en el que ocurrió el mayor salto patrimonial.

En ese contexto, advirtió que utilizar ese documento como argumento definitivo para cerrar una investigación sería, a su criterio, insuficiente.

Según explicó Orué, el ámbito de los impuestos internos muestra una sólida expansión impulsada de forma directa por la estabilidad del consumo local y por el cumplimiento en el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).

Este buen desempeño interno es el que está logrando equilibrar la balanza frente al sector aduanero, que todavía siente el freno provocado por la baja cotización del dólar (que promedia entre los 5.900 y 6.000 guaraníes).

“En términos generales, la economía está bien, vemos el consumo bastante estable (…) En la recaudación hay una leve mejoría, pero podíamos haber estado en una situación mejor si el dólar no estaba tan bajo”, enfatizó el titular de la DNIT.

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Plan de pagos y alivio para el segundo semestre

La consolidación de esta tendencia al alza está permitiendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estructurar soluciones financieras para compromisos pendientes del Estado. Orué confirmó que la leve mejoría actual se está traduciendo de manera directa en la ejecución de un plan de pagos acordado para saldar deudas con sectores clave, como las empresas viales y las proveedoras farmacéuticas.

Los técnicos tributarios prevén que el panorama sea aún más favorable a partir de julio. Debido a que el dólar bajo comenzó a registrarse en el segundo semestre de 2025, la base de comparación estadística se igualará en los próximos meses, lo que permitirá que el crecimiento de la recaudación se refleje con mayor fuerza en la segunda mitad del año, explicó.

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La norma fue aprobada por el Congreso Nacional el 17 de marzo pasado, con varios cambios, debido a la presión de los gremios de educadores que organizaron masivas protestas en todo el país. El 18 de marzo, la ley fue promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña.

El proyecto original promovido por el Ejecutivo planteaba que los profesores accedan a jubilarse desde los 57 años de manera extraordinaria y, desde los 62 años de edad, de manera ordinaria. Finalmente, por la presión de educadores, la edad mínima se estableció en 53 años de edad, con un mínimo de aporte de 25 años.

Además, se estableció el aumento de los aportes. Antes, los maestros debían aportar el 16% de sus salarios a la caja. Ahora, con la reforma, el porcentaje aumentó al 19%. Este punto fue el más rechazado por los profesores, que denuncian tener descuentos salariales de más de G. 500.000, desde abril.

La propuesta de los docentes en la acción de inconstitucionalidad

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), explicó que plantean la acción debido a que la reforma es perjudicial en lo económico, por el incremento del porcentaje de los aportes y además es perjudicial al establecer una edad mínima que antes no existía en la ley de la Caja Fiscal. La nota con el pedido de inconstitucionalidad fue entregada formalmente poco después de las 9:00.

El gremialista aseguró que “en un estado social de Derecho, en el que se basa el Paraguay, una normativa basada en los derechos sociales, como la jubilación, debe ser progresiva y no regresiva, como lo es esta ley con estos cambios”.

Para los gremios, el artículo 11 es “confiscatorio”, pues, establece que uno puede retirar sus aportes si renuncia y no se va a jubilar, excepto las cuentas deficitarias. “O sea, tú puedes aportar 23, 24 años que por ahí dejas de optar por alguna otra actividad, otra función, no puedes retirar tu aporte porque tu cuenta es deficitaria”, agregó.

Blanca Ávalos, de la Otep - SN, explicó que ahora deben esperar a que la Corte Suprema de Justicia resuelva la admisión o el rechazo. También, si admite el análisis de cada uno de los artículos y si la misma es o no constitucional, según la visión de los miembros de la Corte. “Esperamos que se actúe con independencia”, agregó.

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Gabriel Espínola recordó que cuentan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en este caso y que, con lo presentado, aguardan contar con al menos una medida cautelar hasta que la Corte resuelva la aprobación o el rechazo.

“Esperamos que exista la medida cautelar, que de momento frente la vigencia de la ley, a fin de que nos lleve a discutir de una vez por todas, en una mesa de negociación con el Poder Ejecutivo, que hasta ahora no se ha producido”, remarcó.

En caso de darse la medida cautelar, podría frenar el reajuste del 19% que fue aprobado con la nueva norma, hasta tanto la Corte Suprema resuelva sobre la acción.

Jubilación docente: Caja Fiscal sigue en “saldo rojo”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó la semana pasada que, el monto pagado ingresado y abonado por las jubilaciones del sector público, en el primer cuatrimestre del año, dio una diferencia del 42% entre los ingresos y egresos del fondo, lo que representa un déficit de unos US$ 143 millones.

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes, magistrados judiciales y docentes universitarios representan los sectores deficitarios, con una diferencia del 72%, 58%, 48%, 20 y 23% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de abril último.

En cuanto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 448.599 millones, pero sus gastos llegaron a G. 865.841 millones, generando un saldo rojo de G. 417.242 millones.

“Diosito, te pido humildemente que algún día me reveles la fórmula del éxito de Santiago Peña. El fiscal general volvió a demostrar que el Ministerio Público no investiga al poder: lo protege. Presentamos una denuncia contra Santiago Peña con indicios serios. En vez de investigar, la Fiscalía le pasó la pelota a la Contraloría”, sostuvo en su cuenta de la red social “X”.

Para Ortega, el problema no es solo el “crecimiento patrimonial obsceno, sino la impunidad descarada”.

Señaló que en 2017 Santiago Peña decía no tener casa propia y apenas dos autos usados, mientras que hoy tiene una mansión en San Bernardino y otros tres inmuebles. “Amén a los milagros patrimoniales”, manifestó.

¿Qué concluyó la Contraloría?

Según se divulgó ayer, lunes, los analistas de la Contraloría “hallaron correspondencia” entre el crecimiento patrimonial declarado por el presidente Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.

En la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, los legisladores opositores indicaban que el presidente Peña dejó el Ministerio de Hacienda en 2017 con un patrimonio aproximado de 2.300 millones de guaraníes y que el mandatario declaró un patrimonio de unos 23.000 millones de guaraníes al asumir la Presidencia, según las declaraciones juradas de ambos periodos.

Esa denuncia fue presentada cuando saltó el escándalo de la construcción de su lujosa mansión en la ciudad de San Bernardino y, además, se difundió el caso de los “sobres de dólares” que aparecían o desaparecían en Mburuvicha Róga, tras la declaración de una exfuncionaria.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron una pistola niquelada con cargador largo y diez cartuchos vivos, cinco teléfonos celulares de distintas marcas, varias carteras y una motocicleta Kenton de color gris plomo, cuyas características coinciden con el biciclo utilizado en el asalto al secretario del cambista.

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, explicó que Marín López es investigado en la causa abierta por el asalto agravado perpetrado el pasado 7 de mayo contra funcionarios cambistas sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este.

En aquel hecho, Diego Armando Ríos Ocampos, secretario de un cambista, fue despojado de G. 150 millones luego de retirar dinero de una entidad bancaria.

En el marco de esta causa, el pasado 11 de mayo fueron detenidos otros dos sospechosos durante cuatro allanamientos simultáneos realizados en Ciudad del Este. En esos procedimientos fueron capturados Diego Fernando Báez Paniagua (21), y Celso Andrés Duarte Araujo (18).

Asimismo, el ahora detenido también era buscado por el ataque a tiros registrado el 18 de febrero pasado en el barrio San Alfredo. Durante ese episodio, el suboficial mayor Víctor Benicio Cuellar Quiroga y su hijo Rodrigo José Cuellar Benítez, se salvaron de milagro.

Orué detalló que el informe enviado a la CGR incluyó las declaraciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP) del jefe de Estado, así como los registros electrónicos de comprobantes de los periodos en que se desempeñó como funcionario público, abarcando su época como ministro de Hacienda (actualmente de Economía) y su gestión actual como presidente.

Al ser consultado sobre si la DNIT detectó alguna irregularidad en dichos documentos, el director aclaró que la competencia del órgano fiscal se limita estrictamente al pago de impuestos.

“Nosotros nos encargamos del pago de impuestos. La presunción de un posible enriquecimiento ilícito o la posibilidad de cualquier hecho punible es algo que la Contraloría debería analizar dentro de su ámbito de competencia”, puntualizó.

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El patrimonio en el sector privado y el rol de la Fiscalía

Santiago Peña, al dejar el Ministerio de Hacienda, reportaba un patrimonio de G. 1.300 millones, cifra que ascendió a aproximadamente G. 22.000 millones al momento de asumir la Presidencia de la República tras su paso por el sector privado entre 2017 y 2023.

Respecto a este punto, Orué explicó que, según su conocimiento, la Contraloría no cuenta con las atribuciones para verificar de forma directa ese periodo en el sector privado, razón por la cual la DNIT solo proveyó los datos de sus etapas en el servicio público.

Sostuvo que, bajo el escenario actual, el Ministerio Público es la única entidad con la facultad legal para requerir los datos impositivos de Peña correspondientes a esos años. “La Fiscalía debería ser el ente que solicite esa información para ese periodo. Creo que es el único que puede tener esa atribución. Nosotros estamos a disposición para remitirle toda la documentación”, subrayó.

Gastos de la primera dama y facturación a terceros

Otro de los puntos abordados fue la filtración de audios atribuidos a la primera dama, Leticia Ocampos, en los que presuntamente solicitaba que compras millonarias en efectivo fueran facturadas a nombre de terceras personas.

Orué, como ya había hecho en anteriores entrevistas, aseguró que esta práctica no constituye una falta. “Solicitar facturas a nombre de terceros no es ilegal, eso hay que aclarar en primer lugar. Cualquier persona puede pedir; vos le podés enviar a tu secretario y pedir en nombre tuyo la factura”, defendió.

Ante la insistencia sobre cómo controlar el origen y destino del dinero bajo esta modalidad, el titular de la DNIT desmarcó a la institución de las tareas de control de lavado de activos o movimientos financieros. “Nosotros no somos órganos de verificación de trazabilidad de dinero. Somos un órgano que se encarga de recaudar los impuestos. Eventualmente, hay otras instituciones que deberían verificar esa situación si hay alguna irregularidad respecto a eso”, dijo.

Finalmente, el director aseguró que la DNIT cuenta con un sistema automatizado de gestión de riesgos que procesa de manera electrónica los comprobantes de todos los contribuyentes por igual. Afirmó que, si existieran inconsistencias de relevancia fiscal en las declaraciones de la familia presidencial o de cualquier otro ciudadano, el sistema las detectará de manera oportuna para abrir una fiscalización, descartando cualquier tipo de trato preferencial.

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Asimismo, otras tres personas algunos serían ex alumnos del mismo colegio, cuyos nombres no fueron divulgados por reserva de la investigación, fueron también imputados y están siendo investigadas por su presunta participación en la agresión a un jugador del colegio del otro colegio.

La grave agresión ocurrió durante la final de los JEEN, disputada el pasado viernes. En medio del encuentro, estudiantes y parte del público protagonizaron una pelea dentro de la pista del Polideportivo Municipal de Paraguarí.

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Violenta agresión

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se observa el momento en que uno de los jugadores cae al suelo y recibe violentos golpes en la cabeza con puntapiés por parte de una turba, situación que generó indignación y preocupación entre los presentes.

Se visualiza también a una sola docente correr en medio de la pista para evitar que sigan agrediendo al estudiante.

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En relación con el caso, el padre del menor agredido y su hermano presentaron formal denuncia ante la Comisaría de Paraguarí para que se investigue el hecho de “tentativa de lesión grave y perturbación de la paz pública” y que los responsables sean castigados conforme a la ley.

Antecedentes

Según los antecedentes, el incidente se originó tras una falta durante la disputa del balón y la reacción de uno de los atletas —presuntamente de uno de los colegios—habría pateado al jugador rival.

La situación derivó en la expulsión de un jugador, hecho que habría desencadenado los incidentes dentro del campo de juego. A raíz de la agresión, el joven presentó escoriaciones y dolores en todo el cuerpo, además de fuertes dolores de cabeza y mareos.

La Fiscalía ya cuenta con el diagnóstico médico y aguarda el resultado de una tomografía para determinar la gravedad de las lesiones. “Se sigue investigando quiénes más participaron de esta agresión”, señaló finalmente el fiscal de la Unidad Penal N.° 3, Alfredo Ramos Manzur.

La Fiscalía pidió solo 2 meses para llevar a cabo la investigación, plazo que fijó el juzgado penal de garantías tras su detención; ahora, los agentes piden que se les otorgue el plazo restante, consistente en casi 4 meses, para así completar los 6 meses de la etapa preparatoria. Esto teniendo en cuenta que, entre la imputación en 2021 y la declaración de rebeldía de Dalia López, también transcurrieron algunos días.

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En ese tenor, los fiscales refirieron en su escrito que “debido a la complejidad de los hechos investigados, obliga a requerir realización de diligencias el exterior del país, así también diligencias de rigor técnico”.

Los investigadores, de esta forma enumeraron como diligencias pendientes la respuesta a la Asistencia Jurídica solicitada al Brasil para localizar a Paula Regina Oliveira Moura Lira, en Salvador Brahia, para que dé testimonio; extracción de datos de los celulares incautados de Dalia López al ser detenida; y la declaración testimonial de Amanda Marina Rivarola Amarilla, gestora que solicitó los antecedentes de Interpol de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, de Wilmondes Sousa Lira, cuyo informe recién fue remitido por Interpol el 6 de diciembre de 2021, luego que la causa ya fue elevada a Juicio Oral y Público.

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El pasado 13 de mayo, el juez penal de garantías N° 12 Francisco Acevedo resolvió atender el pedido de Dalia López Troche y resolvió otorgarle el arresto domiciliario con monitoreo a través del uso de la tobillera electrónica.

Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Dalia, a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, había ofrecido una de fianza real sobre cuatro inmuebles -propiedad de terceras personas- por un total de US$ 1.672.276.

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Las propiedades ofrecidas son las siguientes:

• Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania, valuado en US$ 242.616.
• Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva, valuado en US$ 279.660.
• Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira, valuado en US$ 750.000.
• Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.

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La novedad en este caso fue que se agregó el informe de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec), la cual informó que estában dadas las condiciones de realizar el monitoreo en la residencia ofrecida para cumplir la medida cautelar, ubicada en Guillermo Enciso Velloso N° 2.259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, Recoleta, propiedad de José Félix Legal Yegros.

Desde la noche de ese 13 de mayo, Dalia López fue trasladada a su domicilio desde el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), de Emboscada.

Ubicado estratégicamente dentro del circuito histórico de las Misiones Jesuíticas, el MUVA surge como un espacio dedicado a la exhibición, la investigación y la contemplación artística, que integra el arte, la historia, la espiritualidad y la educación en una propuesta contemporánea orientada a fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural paraguaya.

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Uno de sus principales atractivos es la muestra permanente, formada por 78 murales creados por el artista Manuel Viedma, instalados en las tres naves principales del recinto.

Estas obras representan una importante inversión y un valor agregado para el ámbito cultural, con escenas que reflejan la vida cotidiana, el trabajo comunitario, las tradiciones y la espiritualidad propias de la experiencia guaraní-jesuítica.

El museo cuenta además con salas de exposiciones temporales, biblioteca especializada, auditorio, tienda cultural, restaurante y espacios verdes recreativos, elementos que enriquecen la visita de los asistentes y mantienen una programación dinámica durante todo el año.

El espacio fue fundado por Manuel de Jesús Viedma Romero, profesor de artes plásticas egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quien fue alumno de destacados maestros italianos como Roberto Holden Jara y Remo Paccapello.

Viedma Romero es reconocido por crear una obra donde convergen la historia, la fe y la interpretación cultural del universo guaraní-jesuítico.

Su producción incluye pinturas, esculturas y murales monumentales que rescatan valores humanos, espirituales y comunitarios surgidos de este encuentro, y todas estas piezas se exhibirán en el museo que se inaugura próximamente.

Los autores fueron al menos seis hombres, casi todos con armas largas, quienes tomaron de rehenes a los guardias y otros empleados que se encontraban en la planta.

Los delincuentes buscaban una gran carga de oro que supuestamente había en el lugar, pero como no la encontraron, optaron por llevar unos 1.000 kilos de carbonilla utilizada para la lixiviación, que es un proceso químico y físico mediante el cual se obtiene justamente el metal precioso.

La banda permaneció en la empresa minera por una hora, aproximadamente. Usaron un furgón blanco y un coche gris para escapar.

A las 03:30, el furgón blanco fue interceptado en la zona de la compañía Potrero del Carmen, camino a la ciudad de Independencia, por un vehículo policial en el que estaban el propio director de Policía, comisario general Martínez, y su chofer, suboficial primero Gustavo Maidana.

Del furgón bajó un hombre armado que se dirigió directamente al suboficial primero Gustavo Maidana y que le dijo “ha upei, Arma”, que es un saludo habitual entre policías.

Después, se dirigió al comisario general Martínez y le dijo “mi comisario principal”, todo esto según el propio director de Policía.

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De hecho, el comisario general Martínez confirmó que ese hombre que bajó del furgón y les habló a él y a su chofer es el suboficial primero Néstor Yván Ramírez Marín, de 29 años, personal de la comisaría de 11ª del municipio de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná.

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El director de Policía dijo que reconocieron al suboficial primero Ramírez porque coincidentemente es camarada de su chofer, el suboficial primero Maidana.

Al ser descubierto, el supuesto polibandi optó por correr hacia un lugar oscuro, seguido por sus cómplices que estaban adentro del furgón.

Este vehículo entonces quedó abandonado con la carga de carbonilla adentro.

El director de Policía de Guairá informó que el suboficial sospechoso, Néstor Iván Ramírez Marín, no se presentó ayer para tomar su guardia en la comisaría de O’Leary y que coincidentemente el furgón usado en el asalto en Paso Yobái se robó en la jurisdicción de la comisaría de O’Leary.

Según fuentes, estos detenidos serían presuntos prestanombres de Roberto Cubilla Sanabria, considerado por los investigadores como la cabeza de una estructura dedicada al blanqueo y ocultamiento de bienes para evitar su eventual comiso judicial.

Con estas aprehensiones, ascienden a tres los detenidos en el marco del operativo, luego de que durante la madrugada fuera arrestado Cubilla Sanabria en su vivienda ubicada en la ciudad de Luque.

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Fiscalía prepara imputación

El fiscal Alejandro Cardozo informó que la imputación contra los detenidos será formalizada en el transcurso de la jornada, aunque indicó que todavía se encuentran definiendo los hechos punibles que serán atribuidos a cada uno de los involucrados.

El representante del Ministerio Público agregó que los procedimientos continúan y que los allanamientos siguen desarrollándose dentro de la investigación abierta para identificar a todos los integrantes de la supuesta organización.

El operativo “Copia Fiel 2.0”, ejecutado este martes, permitió la captura de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato cartista a concejal de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR) e integrante del equipo político del aspirante a la intendencia Hugui Farías.

Roberto Cubilla, señalado como pieza clave de la estructura

De acuerdo con los investigadores, Cubilla sería una pieza clave dentro de una red que operaba para ocultar inmuebles y otros activos pertenecientes a personas procesadas por narcotráfico y lavado de dinero, incluyendo bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Desde la Policía informaron que los procedimientos forman parte de la segunda etapa de la investigación conocida como “Copia Fiel”.

En esta fase, agentes fiscales especializados en Crimen Organizado encabezaron cinco allanamientos simultáneos, entre ellos el realizado en la residencia de Cubilla Sanabria, con el objetivo de recolectar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

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Según explicaron, las investigaciones apuntan a que el esquema investigado no solamente habría operado para la familia Gomes, sino también para otras organizaciones criminales cuyos bienes estaban bajo la mira de las autoridades.

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Explicó, en ese sentido, que la molestia de sectores internos del Partido Colorado surgió porque esa auditoría realizada previamente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contó con la participación de los partidos políticos “a nivel macro”, pero no de los movimientos internos colorados.

“Los representantes fueron designados por el Ejecutivo Colorado, no por el TEP”, declaró en ABC Cardinal Seifart al ser consultada sobre la presencia de un delegado en las verificaciones técnicas.

Según explicó, esta situación motivó el reclamo de los movimientos internos, que pidieron formalmente una nueva instancia de control técnico. El Tribunal Electoral Partidario canalizó ese pedido ante la Justicia Electoral, que finalmente habilitó dos jornadas de revisión.

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Movimientos internos recién revisan hardware y software

Seifart confirmó que la participación de los movimientos internos en la verificación de las máquinas de votación estaba contemplada dentro del cronograma partidario. Explicó que el pedido de revisión fue realizado justamente en el marco de una resolución del Tribunal Electoral Partidario (TEP), con respecto al calendario interno de la ANR, que preveía una auditoría con presencia de los sectores que competirán en las internas.

Por ello, señaló que el reclamo de la disidencia fue “fundado”, por lo cual se inició ayer el proceso de verificación técnica de las máquinas utilizadas para las internas partidarias.

Detalló que la primera jornada estuvo centrada en el análisis del hardware de los equipos, mientras que la segunda quedó enfocada en el software, con presencia de técnicos acreditados por la Justicia Electoral y representantes de distintos movimientos internos.

Seifart sostuvo que hasta el momento de la primera jornada la experiencia había resultado satisfactoria para los participantes, aunque aclaró que todavía restan observaciones técnicas por parte de especialistas de algunos movimientos.

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Observaciones serán elevadas a la Justicia Electoral

Respecto a las críticas planteadas por sectores disidentes, como el movimiento liderado por la senadora Lilian Samaniego, Seifart evitó desacreditar los cuestionamientos y afirmó que las observaciones técnicas serán recibidas formalmente.

Indicó que los técnicos de los movimientos internos deberán presentar informes sobre eventuales dudas o irregularidades detectadas durante la revisión, documentos que luego serán remitidos a los técnicos de la Justicia Electoral para su respuesta.

El profesional señaló además que actualmente existen 30 niños internados de entre 1 y 5 años que no recibieron la vacuna contra la influenza.

Explicó que, en Alto Paraná, apenas el 6% de los niños de entre 1 y 5 años recibió la dosis antigripal, mientras que en personas mayores de 50 años la cobertura llega solo al 9%, pese a tratarse de grupos vulnerables y con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Schrodel indicó también que durante el fin de semana se registraron cerca de 250 consultas en clínica médica en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de las cuales 189 estuvieron relacionadas con cuadros respiratorios.

Ante esta situación, insistió en la importancia de la vacunación y recordó que la inmunización es la herramienta más efectiva para prevenir formas graves de influenza y reducir la mortalidad.

¿Dónde están disponibles las vacunas?

Asimismo, informó que Alto Paraná recibió unas 120.000 dosis contra la influenza, distribuidas en 144 establecimientos de salud habilitados para la vacunación. Las dosis están disponibles de lunes a lunes, de 07:00 a 17:00, en las 111 Unidades de Salud Familiar, puestos y centros de salud, hospitales distritales, el Hospital Regional de Ciudad del Este y dispensarios municipales.

Finalmente, Schrodel instó a la ciudadanía a inmunizarse cuanto antes, atendiendo a que la vacuna requiere aproximadamente cuatro semanas para alcanzar una protección completa frente a las formas graves de la enfermedad, especialmente antes de la llegada de las temperaturas más bajas previstas para junio y julio.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario José Martínez, director de la Policía Nacional en Guairá, hizo un relato de los hechos.

Según el reporte policial, alrededor de las 2:00, cuatro personas que portaban armas largas ingresaron a la sede de la empresa Master Gold y redujeron a un guardia de seguridad y a dos empleados.

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Más asaltantes ingresaron luego al sitio en una furgoneta y en otro vehículo cuyos detalles no son conocidos. En total, los atracadores habrían sido seis.

Los asaltantes cargaron carbonilla que estaba a punto de ser procesada para la extracción de oro, la cargaron en bolsas que fueron llevadas a la furgoneta y huyeron.

Seguimiento e interceptación

La comisaría jurisdiccional fue alertada del hecho alrededor de las 2:30, según relató el comisario Martínez. En ese momento, él y otro agente policial estaban circulando por la zona, haciendo un recorrido de comisarías, afirmó.

Según su relato, cerca de la localidad de San Gervasio, el jefe policial y su subalterno se cruzaron con una furgoneta blanca sin chapa, por lo que le dieron seguimiento hasta que ese rodado salió a un camino ubicado al costado de la ruta y dos personas descendieron de la furgoneta y se acercaron al vehículo del comisario.

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Sin embargo, cuando este descendió arma en mano de su camioneta, los dos sospechosos huyeron, internándose en una zona boscosa, agregó el comisario.

No había otras personas dentro de la furgoneta, de la que fueron recuperadas bolsas de carbonilla.

Uno de los sospechosos sería un policía

El policía que acompañaba al comisario Martínez habría identificado a uno de los sospechosos como un agente de la Policía: el suboficial primero Iván Ramírez, de la comisaría de la ciudad de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, quien no se habría presentado ayer para su guardia en esa dependencia policial.

Se elaboró una orden de captura contra el suboficial Ramírez.

Las primeras indagaciones lograron verificar también que la furgoneta en que viajaban los sospechosos fue reportada como robada precisamente en Juan E. O’Leary.

Plazas emblemáticas ubicadas en los barrios Rodríguez de Francia, Pettirossi y Republicano se han transformado en verdaderas zonas de peligro para los ciudadanos, exhibiendo un alarmante paisaje de senderos destrozados, montículos de basura y juegos infantiles completamente en ruinas.

Juegos rotos y peligro latente en la plaza Rodríguez de Francia

La plaza Rodríguez de Francia, ubicada en el barrio homónimo, presenta hoy un estado crítico de abandono. Entre juegos infantiles deteriorados, mobiliario urbano en ruinas y acumulación de basura, los residentes exigen una intervención urgente de las autoridades municipales para recuperar este espacio público esencial.

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Lo que debería ser un punto de encuentro para la recreación y el esparcimiento familiar en la ciudad se ha convertido en un escenario de descuido y peligro. La plaza Doctor Rodríguez de Francia presenta actualmente un panorama desolador, con una infraestructura que evidencia falta de mantenimiento.

La situación más alarmante se observa en el área de juegos. El columpio central no solo luce desgastado, sino que presenta una estructura que pone en riesgo a los niños que acuden al sitio.

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A esto se suma el balancín, cuyos materiales muestran claros signos de fatiga y falta de reparación. Lo que debería ser un entorno seguro para la infancia se ha transformado en un área de peligro constante.

El deterioro no se limita a los juegos. Los senderos peatonales muestran tramos de pavimento roto y levantado, representando un riesgo de tropiezos para los transeúntes. Por otro lado, los bancos de madera, característicos del lugar, se encuentran gravemente dañados por el paso del tiempo y la falta de pintura, perdiendo su función como puntos de descanso.

Focos de insalubridad y desidia municipal en pleno parque

La imagen se completa con la acumulación de desechos en diversos puntos del predio. Montículos de basura y restos de hojas no recolectados no solo afectan la estética del parque, sino que generan focos de insalubridad que preocupan a los vecinos de la zona.

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Los ciudadanos que frecuentan habitualmente este espacio vienen denunciando hace tiempo que la falta de intervención municipal permitió que la plaza caiga en un estado de desidia.

La comunidad reclama con urgencia un plan de reacondicionamiento integral que incluya la reparación del mobiliario, la reposición de los juegos, el bacheo de las caminerías y un servicio constante de limpieza.

Destrucción y baldosas levantadas en la plaza Julio César Franco del barrio Pettirossi

El descuido municipal también se evidencia con fuerza en la plaza Julio César Franco, en pleno barrio Pettirossi de Asunción.

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Este espacio, que debería ser un punto de encuentro vecinal, exhibe un preocupante deterioro en su explanada central y sus monumentos, los cuales se encuentran vandalizados con grafitis, con el revoque totalmente caído y mostrando los ladrillos desnudos debido a la humedad.

Caminar por esta plaza representa hoy un verdadero reto y un peligro para los adultos mayores que intentan recrearse.

Los senderos peatonales sufrieron el desprendimiento masivo de las baldosas, dejando al descubierto pozos de tierra y escombros cortantes que evidencian la falta absoluta de mantenimiento.

Asimismo, la mampostería perimetral de las escalinatas se encuentra desmoronada, con pedazos de hormigón desparramados por el suelo.

Aguas estancadas y tejidos oxidados en la plaza Tava Porá de barrio Republicano

La crisis de los espacios públicos se traslada al barrio Republicano, donde la plaza Tava Porá ofrece una postal deplorable. El acceso principal al parque se ve obstaculizado de manera constante por la acumulación de agua estancada sobre el asfalto.

Al ingresar, la bienvenida al predio consiste en grandes montículos de ramas secas, hojas acumuladas y bolsas de residuos domiciliarios.

La infraestructura recreativa y deportiva de la plaza también se encuentra en ruinas, representando un riesgo severo para los niños de la zona.

La cancha de fútbol de campo y los perímetros de los juegos exhiben un tejido de alambre totalmente oxidado, roto y desprendido de sus postes, con puntas metálicas expuestas que podrían causar graves heridas.

Los vecinos lamentan que un predio con tanto potencial verde esté hoy sumido en la desidia municipal.

Las nuevas audiencias de verificación de las máquinas, que comenzaron ayer, lunes, se realizan a pedido de los movimientos internos de los partidos, que han expresado preocupación por posibles vulnerabilidades en los dispositivos.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Sergio Coscia, apoderado político del movimiento disidente Colorado Añetete de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), explicó que en febrero de este año se realizó una auditoría de los equipos en la que no tuvieron participación los movimientos internos de cada partido, solo los partidos en sí.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fijó una fecha para otra auditoría con participación de los movimientos, pero “esa fecha nunca se cumplió”, dijo Coscia, quien agregó que funcionarios del TSJE luego hicieron una “presentación” de la máquina de votación en la sede de la ANR, el pasado 28 de abril.

En esa presentación se llevó solo una máquina, por lo que los apoderados técnicos de los movimientos no pudieron hacer una comparación con otros dispositivos ni un análisis profundo del hardware y el software. Añadió que el código almacenado un ‘pendrive’ que sirve para encender la máquina fue copiado y no funcionó cuando fue probado en otra ocasión.

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Para corregir ese error y lograr encender la máquina se agregó un programa al ‘pendrive’, pero en la auditoría judicial de los maletines electorales los técnicos de los movimientos señalaron que no podían saber exactamente qué hacía ese nuevo programa, por lo que el mismo tuvo que ser desarrollado de nuevo “en abierto”, con la participación de los apoderados.

¿Es segura la máquina de votación?

Luego de todo ese proceso, esta semana comenzó la auditoría prometida por el TSJE en febrero.

Ayer y hoy son los días designados para apoderados de los movimientos del Partido Colorado, mientras que mañana y el jueves harán sus verificaciones los apoderados de movimientos del opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

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Coscia comentó que los apoderados de la ANR analizaron ayer el hardware del equipo, desarmando la máquina y verificando su funcionamiento y posibles vulnerabilidades. Hoy se analizará el funcionamiento de la máquina cerrada y se compararán varios equipos.

El resultado preliminar reportado por los técnicos de Añetete, a falta de la segunda ronda de auditoría de hoy, es que “tiene las medidas de seguridad para que no le ataquen desde afuera”, afirmó Coscia.

El apoderado de Colorado Añetete subrayó la importancia del “control mutuo” y dijo creer que el sistema que será utilizado en las elecciones de este año va a funcionar si esos controles son adecuados.

La Policía Nacional sindica a Cubilla como el presunto líder de una estructura criminal dedicada a ocultar bienes millonarios para evitar su comiso judicial, entre ellos los vinculados al fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes.

El abogado Óscar Tuma, involucrado en la causa, refirió que hace cuatro meses presentó declaraciones ante la Fiscalía y señaló a Cubilla como el responsable directo de estas maniobras.

Tuma enfatizó que tanto él como Alexandre Rodrigues Gomes -hijo de “Lalo” Gomes- y una funcionaria de Registros Públicos han sido señalados erróneamente por la Fiscalía debido a una serie de operaciones realizadas sin su consentimiento, originadas por el accionar de Cubilla.

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Roberto Cubilla y el levantamiento de medidas cautelares

Según los detalles brindados por el abogado Tuma, la supuesta confusión penal, que llevó a la imputación de Tuma y los otros dos procesados, se gestó cuando Cubilla operó para facilitar la transferencia de un vehículo vendido por Alexandre Rodrigues a un tercero, sin la debida formalización previa a la muerte de “Lalo” Gomes.

“Este Roberto Cubilla es el que operó para levantar una medida cautelar, no por pedido de Alexandre, sino por pedido de las personas a quienes se habían vendido unos móviles”, explicó.

El abogado aseguró que la transferencia de inmuebles, objeto de la investigación penal en su contra y la de Alexandre Gomes, respondía exclusivamente a conceptos de honorarios profesionales.

“Copia Fiel 2.0”: esquema de blanqueo con experiencia técnica

Tuma subrayó que Roberto Cubilla, al ser un funcionario con experiencia en el área de transferencia de inmuebles, utilizaba su conocimiento para articular el esquema de ocultamiento.

“Esto se produjo por interés de una tercera persona a quien ni siquiera conocemos. Alexandre, yo y la funcionaria de Registros somos víctimas. Se hizo chorizo de todos nosotros por una situación que creó este Roberto Cubilla por interés de una tercera persona a quien se le había vendido un vehículo hace años y no hizo la transferencia”, declaró.

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Al ser consultado sobre el avance de la investigación, el abogado manifestó su tranquilidad al saber que la Fiscalía ya manejaba la figura de Cubilla como pieza clave de la red criminal. “Me pone contento porque esta información ya la pasamos hace cuatro meses”, aseveró.

Inclusive, Tuma señaló que el precandidato cartista presuntamente “ofrecía” como un servicio especializado la gestión para levantar medidas cautelares y concretar operaciones de manera ilícita.

Roberto Cubilla y su historial con la Justicia

Roberto Cubilla ya cuenta con un historial en la justicia paraguaya. Archivos de ABC Color confirman que, en el año 2003, fue imputado por la comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso y alteración de datos.

En aquel proceso, Cubilla fue acusado de funcionar como un eslabón entre organizaciones de autotraficantes y el Registro Único de Automotores. Su labor, según la acusación de ese entonces, consistía en inscribir fuera de plazo vehículos que habían ingresado al país de manera irregular.

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El detenido es parte del equipo político que impulsa la candidatura a intendente del cartista Hugui Farías, quien es investigado por enriquecimiento ilícito ante indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.

Detalló que todas las instituciones que utilizan el sistema Quantum para su trabajo diario no podrán operar hasta que se solucione el problema. “Desde ayer, los técnicos trabajan para reponer el servicio; a la par, se está viendo para reemplazar esos equipos”, detalló.

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Agregó que esperan que no pasen muchas horas para restablecer el sistema, pero acotó que no puede brindar ningún tiempo estimativo.

¿Qué servicios se ven afectados?

Ante este inconveniente, no se están realizando los siguientes servicios en Identificaciones:

• Expedición de cédulas para mayores de 14 años
• Expedición de pasaportes
• Verificación y expedición de antecedentes policiales
• Controles en las rutas

El director de informática detalló que el sistema Quantum se utiliza para verificar antecedentes policiales y ese proceso es necesario para expedir cédulas y pasaportes a mayores de 14 años.

Además, el sistema es utilizado a diario por Registros Públicos, para la verificación de chapas de vehículos. Por ese motivo, tampoco ese servicio está disponible esta mañana.

¿Qué servicios sí se hacen hoy?

Paralelamente, aclaró que sí se están realizando entregas de cédulas y documentos gestionados con antelación. Además, se están expidiendo cédulas a menores de 14 años, pues para ellos no se necesita verificar los antecedentes policiales.

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Licitación desierta

El comisario García destacó que los switchers ya deberían haber sido cambiados. Sin embargo, el año pasado la licitación abierta para la compra fue declarada desierta por la falta de oferentes.

Explicó que el personal técnico de Identificaciones se encargaba del soporte y mantenimiento, pero confirmó que ya se encontraban cerca del fin de la “vida útil”.

Por ello, señaló que buscarán insistir con la compra.

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Este proyecto, diseñado para modernizar y agilizar los servicios de salud, se apoyará en cabinas de atención online (teleconsultas) y tiene como meta inicial asistir a unos 15.000 asegurados por mes durante su primera etapa de ejecución, explicó Derlis León, gerente de Salud.

Hospital Virtual ¿Un alivio para pacientes crónicos y adultos mayores?

La estrategia del Hospital Virtual estará enfocada principalmente en los sectores más vulnerables y con mayor demanda de seguimiento continuo, indicó León. Afirmó, que en esta fase de arranque se buscará de forma proactiva a pacientes crónicos y asegurados mayores de 55 años para incorporarlos al sistema.

León detalló que las primeras pruebas operativas de las cabinas de teleconsulta están programadas para la tercera semana de junio. El plan contempla el desarrollo de espacios equipados, donde un equipo inicial de más de 20 médicos atenderá a los asegurados a través de las pantallas.

“Entendemos que por experiencia en el mundo, el 50% de las consultas se pueden resolver a través de esta estrategia”, afirmó el gerente de Salud, haciendo énfasis en el impacto inmediato que tendrá la medida para descomprimir las históricas y saturadas salas de espera del Hospital Central.

Inteligencia Artificial y retiro local de medicamentos

Uno de los puntos más atractivos de esta nueva infraestructura digital es su conectividad logística, según explicaron las autoridades del seguro social. Los pacientes que realicen sus consultas a través de las cabinas virtuales tendrán la posibilidad de que se les carguen sus recetas directamente en el sistema informático.

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De esta manera, podrán retirar sus medicamentos en las clínicas periféricas más cercanas a sus respectivos domicilios, evitando traslados innecesarios y costosos hasta la capital.

Además, se anunció que el IPS firmará un convenio con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para integrar herramientas de Inteligencia Artificial a la gestión hospitalaria y de control.

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A la par, se confirmó la asesoría ad honorem de uno de los mayores referentes mundiales en medicina virtual. “Está llegando al país el que fuera uno de los hombres más prestigiosos a nivel mundial de la medicina virtual. Les voy a invitar para que lo conozcan; viene para asesorarnos en esta área muy necesaria de esta institución”, expresó Isaías Fretes.

El espacio que ocuparán los médicos en el Edificio Boquerón del IPS, donde también funciona el Call Center del seguro social, está siendo acondicionado para arrancar el servicio.

El presidente del IPS resaltó que con este despliegue, se busca convertir al Hospital Virtual en una opción confiable y eficiente, para dar comodidad al asegurado mediante el uso estratégico de la tecnología.

El fiscal Alcides Agustín Giménez Zorrilla demostró durante el debate público la existencia de una conexión clandestina utilizada para alimentar equipos de criptominería.

El caso se remonta a un procedimiento efectuado el 11 de abril de 2023 en un inmueble del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, donde técnicos de la ANDE detectaron una desviación irregular conectada directamente a una línea trifásica de media tensión antes del medidor, por lo que el consumo de electricidad no era facturado por el ente eléctrico.

Durante el allanamiento realizado con autorización judicial y acompañamiento del Ministerio Público, los intervinientes constataron que la instalación abastecía un transformador de 300 kVA y varios equipos destinados a criptominería, actividad que requiere una alta demanda energética.

Asimismo, la Justicia ordenó el decomiso de diversos elementos utilizados en la conexión irregular, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.

“Nos parece altamente progresivo que sea el propio presidente de la previsional el que esté destapando ollas y denunciando irregularidades”, expresó.

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No obstante, López manifestó preocupación por la situación en áreas sensibles como la escasez de medicamentos, insumos médicos y la mala atención profesional. Afirmó al respecto que las condiciones no han mejorado y, por el contrario, empeoraron en las últimas semanas.

“Vivimos un momento histórico de desabastecimiento de medicamentos”, afirmó. Hizo énfasis en que esta situación impacta directamente en los asegurados y pone en riesgo la vida de los asegurados. Por ese motivo, indicó que el problema requiere una respuesta inmediata.

Proponen emergencia sanitaria temporal en el IPS

Como alternativa para afrontar la crisis, la Asociación Nacional de Asegurados plantea la declaración de una emergencia sanitaria temporal en el IPS, con el fin de agilizar la adquisición de medicamentos e insumos.

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López explicó que esta medida excepcional debería estar acompañada de mecanismos estrictos de control institucional y participación de organizaciones de asegurados para garantizar transparencia.

“El control de las organizaciones de asegurados es lo que va a garantizar la transparencia”, sostuvo en ABC Cardinal.

Asimismo, señaló que la emergencia debería contemplar fuentes de financiamiento, entre ellas el pago de la deuda que el Estado mantiene con la previsional.

La reunión con Fretes

El dirigente comentó que la audiencia había sido solicitada el pasado 23 de abril, poco después de la asunción de Fretes, pero no habían recibido respuesta hasta esta semana.

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Según relató, desde la presidencia del IPS les informaron que la demora se debió a una sobrecarga de trabajo y que finalmente el encuentro fue adelantado para el próximo 1 de junio.

“Queremos plantearle nuestras propuestas para enfrentar el grave problema de desabastecimiento”, indicó López.

Según se divulgó ayer, lunes, los analistas de la Contraloría hallaron correspondencia entre el crecimiento patrimonial declarado por el presidente Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, explicó que el examen de correspondencia comenzó en septiembre de 2025, luego de que el presidente Peña hiciera una “actualización” de la declaración jurada que presentó en 2023, cuando asumió la presidencia de la República.

Denuncias y sospechas sobre Peña

Esa actualización se produjo luego de que trascendieran casos que sembraron dudas en la opinión pública sobre las finanzas del Presidente, entre ellos la construcción de una lujosa mansión en la ciudad de San Bernardino y una denuncia realizada por una exfuncionaria de Mburuvicha Róga, quien dijo que sobres con miles de dólares en efectivo solían pasar por la residencia presidencial.

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La denuncia presentada ante el Ministerio Público por los legisladores opositores alegaba que unos 10.000 millones de guaraníes del patrimonio del Presidente no tenían justificación.

En enero de este año, la Fiscalía solicitó a la Contraloría que le remita el examen una vez que este concluya, pedido al que el ente contralor respondió el pasado 13 de mayo.

Evolución patrimonial “sustentable”

Torres explicó que el examen de correspondencia analizó cinco declaraciones juradas del presidente Peña presentadas en dos periodos, el primero de los cuales transcurrió entre 2014 y 2017, cuando Peña fue primero director del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

La Contraloría no constató un “crecimiento patrimonial importante” en ese periodo y la evolución patrimonial de Peña durante ese plazo de tiempo es “sustentable” y tiene correspondencia, dijo Torres.

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Entre 2018 y 2023, Peña estuvo fuera de la función pública y durante ese periodo sí se registró un “incremento patrimonial significativo”, de unos 21.000 millones de guaraníes.

“Verificamos que la mayoría de ese crecimiento se encontraba alojado en el sistema financiero formal y suponemos que el sistema financiero ya realizó la debida diligencia, la verificación del origen del dinero, porque (las entidades financieras) son sujetos obligados (ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero)”, agregó.

Torres añadió que se realizó un análisis “mensual” de flujo de caja, de ingresos, gastos e inversiones del presidente Peña desde agosto de 2023, cuando asumió la Presidencia, hasta septiembre de 2025, cuando fue actualizada su declaración jurada.

“Accedimos a registros de compras y ventas que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) remitió, eso se cruzó con las cuentas bancarias, se verificaron las ganancias, los rendimientos de capital del Presidente”, explicó.

La mansión en San Bernardino

La Contraloría, según comentó Torres, también analizó la construcción de la mansión en San Bernardino y cómo fue pagada.

Torres recordó que el presidente Peña manifestó haber realizado un primer pago de 300.000 dólares -de un total de 900.000 dólares- a la empresa constructora en mayo de 2024 con un préstamo de una entidad financiera y dijo que los fondos para el segundo pago -también de 300.000 dólares, hecho en abril de 2025- provinieron de un rescate de acciones que el mandatario tenía en el grupo empresarial ueno Holding.

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La “coherencia” de esos pagos fue verificada con registros de transferencias bancarias, dijo Torres.

La Contraloría concluyó que el crecimiento patrimonial del presidente Peña durante el periodo 2023-2025 es “sustentable”, subrayó el funcionario.

Omisiones y actualizaciones

Al consultársele sobre la actualización de la declaración jurada del Presidente y si la admisión de que elementos fueron omitidos podría configurar declaración falsa, Torres dijo que “en todos los casos aceptamos las documentaciones aclaratorias”.

Agregó que en todos los casos en que el declarante manifiesta omisiones o la propia Contraloría las detecta, los datos son remitidos a la Fiscalía.

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Torres mencionó dos omisiones específicas en las declaraciones de Peña: acciones de la empresa privada Corpus S.A. que no incluyó en sus declaraciones juradas de 2014 a 2017, enajenadas antes de que Peña asumiera la Presidencia, y una cuenta bancaria en dólares que fue declarada como cuenta en guaraníes.

El representante de la Contraloría argumentó que “si se omite un bien, pero este se encuentra justificado con los ingresos o inversiones, no sé por qué un funcionario ocultaría”.

“No consideramos de ninguna manera un blanqueo”

Finalmente, Torres negó que la conclusión del informe de Contraloría sea un “blanqueo” al Presidente.

“Es un análisis totalmente documentado, el informe está respaldado con documentaciones de instituciones públicas y privadas, no consideramos de ninguna manera un blanqueo”, dijo. “Para nosotros está justificado el crecimiento patrimonial que tuvo el Presidente, por lo menos el documental”, concluyó.

Aunque los datos en general muestran una desaceleración en comparación al año pasado cuando el crédito venía creciendo cerca del 20%, hay segmentos como el consumo y comercio que siguen creciendo a tasas muy aceleradas.

Consumo, agro y comercios lideran la cartera de créditos en los bancos

Consumo lidera financiamiento y crece 40% anual

Según los datos, tres son los segmentos acaparan casi el 50% de la cartera bancaria, destacándose el financiamiento al consumo como el principal rubro financiado por los 18 bancos que componen el sistema, con un saldo de G. 34,68 billones, unos US$ 5.685 millones al cierre de abril último, que representa un salto del 40,63% en el monto de la cartera en comparación al mismo mes del año pasado, cuando el saldo de crédito en este rubro representó unos G. 24,66 billones.

Este segmento que concentra el financiamiento de gastos personales, viajes, estudios, tarjetas de créditos y otros viene incrementando sostenidamente su participación en el sistema y actualmente representa el 19% del saldo de préstamos otorgado por los bancos.

En lo que respecta específicamente al saldo financiado con tarjetas de crédito también viene incrementando considerablemente y al cierre de abril llegó a G. 6,41 billones (US$ 1.051 millones) que significa un incremento del 30% con respecto al saldo financiado en abril del año 2025, cuando el saldo llegó a G. 4,94 billones.

Segmento de consumo se afianza y lidera cartera de crédito en bancos

Crédito al agro y al comercio

En segundo orden de importancia en cuanto al financiamiento otorgado por los bancos, figura el crédito a la agricultura, cuya cartera global totalizó G. 27,17 billones (US$ 4.455 millones) en abril y tiene una participación del 15% en el global de créditos.

El tercer sector que figura entre los rubros de mayor financiamiento por el sistema bancario es el de comercio al por mayor, que al cuarto mes del año 2026 totalizó G. 24,86 billones (US$ 4.076 millones), con una participación del 14% en la cartera crediticia de los bancos.

Otro rubro en crecimiento es el sector de servicios que exhibió una expansión del 38% en sus líneas de financiamiento cerrando a abril último con un saldo en cartera de G. 23,72 billones, de acuerdo con los datos oficiales de la banca matriz.

Ganancias con leve desaceleración

Al cierre de abril último, el sistema bancario registró utilidades por G. 1,85 billones, casi US$ 302 millones, lo que representa un repunte del 6% con respecto al mismo mes del año pasado, según se desprende del informe de boletín financiero del BCP.

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A pesar de la desaceleración en los resultados, la demanda de créditos sigue creciendo, aunque se notó una disminución con respecto a meses anteriores.

El detenido es señalado como la pieza clave en una red criminal que operaba para ocultar inmuebles de procesados por narcotráfico y lavado de activos, específicamente los bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, confirmó que este procedimiento es la continuación de la investigación denominada “Copia Fiel”. En esta segunda fase, las autoridades ejecutaron cinco allanamientos simultáneos -uno de ellos en la vivienda del detenido- bajo la dirección de diversos agentes fiscales especializados en Crimen Organizado.

El objetivo principal de estos operativos fue la búsqueda de evidencias en la residencia del precandidato. Según indicó el jefe policial, el esquema no solo operaba para la familia Gomes, sino que también gestionaba activos para otras organizaciones criminales que ya estaban bajo investigación.

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Nexo con Registros Públicos y escribanías

La investigación apunta a que Roberto Cubilla actuaba como el articulador principal entre los interesados en ocultar bienes y los funcionarios encargados de legalizar dichas transacciones.

“Para nosotros es el articular y coordinador quien hacía de nexo con funcionarios, de Registros Públicos principalmente, y con escribanos en general a los efectos de hacer las transferencias para ocultar los bienes objetos de la investigación”, declaró el comisario López.

De acuerdo al jefe policial, el esquema liderado por el ahora detenido se especializaba en transferir inmuebles que contaban con inhibiciones judiciales a nombres de terceros, dificultando así la recuperación de activos por parte del Estado.

Las autoridades buscan establecer vínculos concretos entre Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de “Lalo” Gomes —quien fue imputado en la primera fase del caso— y esta estructura operativa. La Policía no descarta que tras estos allanamientos surjan nuevas aristas y nombres involucrados en el esquema.

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Un perfil marcado por irregularidades en documentos

Roberto Cubilla Sanabria ya cuenta con un historial en la justicia paraguaya. Archivos de ABC Color confirman que, en el año 2003, fue imputado por la comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso y alteración de datos.

En aquel proceso, Cubilla fue acusado de funcionar como un eslabón entre organizaciones de autotraficantes y el Registro Único de Automotores. Su labor, según la acusación de ese entonces, consistía en inscribir fuera de plazo vehículos que habían ingresado al país de manera irregular.

El detenido es parte del equipo político que impulsa la candidatura a intendente del cartista Hugui Farías, quien es investigado por enriquecimiento ilícito ante indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.

Pese a todas las dudas en torno al proyecto, sobre todo referentes a la financiación, el costo posiblemente variable de los tramos y la potencialmente conflictiva liberación de la franja de dominio, existe casi nula oposición al proyecto.

Entre otros, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) dijo que el proyecto es sumamente necesario y que opta por confiar en las explicaciones dadas por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para que el proyecto no se convierta en “otro Metrobus”.

La iniciativa fue ingresada apenas hace un par de semanas y hoy pasaría sin más. Con la media sanción previa de Senado, del aprobarse, pasará al Ejecutivo para su promulgación.

Otro proyecto “anti mafia de pagarés”

Como primer punto del orden del día figura y esperando su aprobación en particular el proyecto de ley “que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que busca complementar otra ley similar sancionada la semana pasada.

La semana pasada se sancionó un proyecto para obligar a devolver pagarés judicializados (es decir, que estén con proceso de cobro en Juzgados de paz), sin embargo, esta otra iniciativa pretende extender esta obligación a las empresas privadas (casas de electrodomésticos, casas de crédito, etc), es decir, deudas canceladas y no judicializadas.

La intención es que ninguna empresa use excusas para dilatar por más de 5 días la devolución de pagarés cancelados, a fin de que no puedan usarlos más adelante, para cobrar esa misma deuda como hacía la “mafia de pagarés”.

Matrimonio infantil podrá a prueba a los “provida”

También figura en el orden del día un proyecto de ley que pretende eliminar las ambigüedades legales y prohibir el matrimonio con menores de edad.

Si bien el Código Civil prohíbe los casamientos legales antes de la mayoría de edad (18 años), la misma ley se contradice al establecer excepciones, como la de permitir una boda con un/una menor desde los 16 años siempre que haya consentimiento de uno de los padres, tutor o un juez.

El proyecto, llamativamente tiene dictamen de rechazo por parte de la Comisión de Justicia, con firma casi en su totalidad de cartistas, que dicen llamarse “provida y profamilia” y se embanderan con el discurso de “con nuestros niños no”.

El proyecto de ley “que modifica el artículo 17 de la Ley N° 1183/1985, ‘Código Civil, modificado por Ley N° 1/1992 y Ley N° 5419/2015”, figura en el punto 15 del orden del día.

También hay otros proyectos controversiales, como el que plantea elevar a la categoría de crimen (hasta 6 años de prisión) los casos de “denuncia falsa”, que tuvo críticsa de actores del sistema de justicia por ser ambiguo y prestarse a mala interpretación.

Varias zonas del país, entre ellas Asunción, podrían registrar lluvias dispersas durante la jornada de hoy, especialmente en la primera parte del día. En zonas del norte y este del país como Alto Paraná y Canindeyú podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana, miércoles, y no se esperan lluvias al menos hasta el jueves.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas mínimas entre 14 y 18 grados centígrados, y máximas de 22 grados en Asunción y Encarnación, 23 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco.

Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 25 grados en la capital mañana y 28 grados el jueves.

Según la denuncia, delincuentes ingresaron al sitio durante la madrugada y prácticamente vaciaron la propiedad, llevándose desde electrodomésticos hasta instalaciones eléctricas completas.

Diego Samudio, allegado a la propietaria, relató que los autores del robo forzaron ventanas, treparon la muralla y luego abrieron la puerta principal desde el interior.

“Vaciaron completamente la casa”, afirmó.

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Se llevaron aires, heladera y cableado

Entre los objetos robados figuran tres acondicionadores de aire, una heladera, un microondas, ventiladores de techo, una cocina y un juego de sillas.

Además, los delincuentes arrancaron cables eléctricos, llaves térmicas, fichas y otros componentes de la instalación.

“Todo lo que podían llevar quitaron”, lamentó Samudio.

El hombre sostuvo que el robo habría requerido tiempo y logística, debido a la cantidad de objetos sustraídos.

“Es un trabajo de profesionales”, señaló.

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Sospechan que usaron un camioncito

Los afectados creen que los autores utilizaron un vehículo utilitario para transportar los objetos robados.

“Calculamos que en un camioncito pudieron llevar todo”, indicó el denunciante.

El portón principal también fue violentado, aparentemente para facilitar la salida de los delincuentes con los electrodomésticos y demás pertenencias.

La denuncia fue presentada luego de que el dueño del inmueble fuera alertado de que el acceso principal permanecía abierto.

Local estaba abandonado hace meses

El inmueble había dejado de funcionar como funeraria aproximadamente ocho meses atrás y permanecía desocupado, aunque conservaba todos sus equipamientos.

Según el informe policial, la víctima fue identificada como Adolfo Ricardo Torres Bernal, de 25 años.

El afectado manifestó a los agentes que regresó a la vivienda después de unos 15 días y encontró el portón forzado y todas las habitaciones revueltas.

Personal de Criminalística acudió al sitio para levantar evidencias y realizar el trabajo de campo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Escobar.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 17ª Central de Lambaré.

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 del domingo sobre las calles Pedro Céspedes y Niño Salvador, en Lambaré.

La víctima fue identificada como Eduardo Alejandro Rabuifetti, de 61 años.

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Sospechoso tenía antecedentes

El aprehendido es Brahian Nicolás Insaurralde Gómez, de 23 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en 2022 y 2025, según datos policiales.

El subjefe de la Comisaría 17ª, Jorge Arbo, explicó que tras la denuncia se realizó un rastrillaje en la zona y los agentes encontraron al sospechoso con dos llaves mecánicas denunciadas como robadas.

“Con estas evidencias ya tenemos algo para demostrar que él es el autor del hecho”, señaló el comisario.

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Forzaron portón y dejaron rastros

De acuerdo con la investigación preliminar, el acceso al taller fue violentado mediante la rotura de dos candados colocados en el portón principal.

Además, los intervinientes hallaron rastros de consumo de bebidas alcohólicas en el lugar.

“Se violentó la entrada y se ingresó en el taller. Inclusive dejaron rastros de bebidas alcohólicas”, relató Arbo.

La Policía sospecha que el detenido no habría actuado solo, aunque hasta el momento no hay cómplices identificados.

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Objetos fueron escondidos en un baldío

Tras ser aprehendido, el sospechoso indicó a los agentes dónde se encontraban otros objetos robados.

Los policías recuperaron una hidrolavadora, una batería de vehículo, una bomba de agua, un motor de arranque de camión, herramientas mecánicas y partes de un aire acondicionado.

Los objetos estaban ocultos en un terreno baldío ubicado frente al depósito afectado.

Sin embargo, aún faltan tres baterías denunciadas como hurtadas y la Policía presume que ya habrían sido comercializadas.

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Investigación sigue abierta

La Policía analiza imágenes de cámaras de circuito cerrado de viviendas vecinas para determinar si hubo participación de otras personas.

El caso fue comunicado a la fiscala Cynthia Huespe, quien ordenó que el detenido permanezca bajo custodia policial y sea trasladado este martes al Ministerio Público.

La “colombiana”, como se la conoce en pasillos del Mitic y el Poder Ejecutivo, ocupó el cargo de responsable de cuentas de Paraguay para la agencia. Antes de esto, ella venía trabajando como especialista en anuncios para Google.

Según los rastros dejados en su perfil de LinkedIn (eliminado tras la publicación de la serie La Red Desinformante), Tatiana ocupó tales funciones hasta 2024.

En ese mismo año, mientras su “gran amiga” asumía el viceministerio, ella pasaba a trabajar como project manager en una “Consultoría Digital para Gobierno”, sin dar más detalles en la red social laboral.

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Una relación construida

Tras el encuentro de marzo, el 3 de julio de 2018, Tatiana publicaba en la red social Facebook varias fotos con el texto: “Cumpleaños de mi gran amiga... te adoro y que sean muchos años más celebrando juntas.. gracias por todo y por tanto” (sic). Luego de esto, avanzó la constitución de la sociedad en Paraguay, con dirección O’Leary 966, Asunción.

El 16 noviembre de 2022, a solo dos días de la interna partidaria donde se definiría la candidatura presidencial de Santiago Peña por la Asociación Nacional Republicana (ANR), parte de la cúpula de Azafrán vino a Paraguay y realizó un taller en un ciclo de charlas organizado por la agencia Prana, denominado Sinergia, organizado principalmente por la actual viceministra.

En tal actividad, Tatiana González estuvo en calidad de disertante junto con su compañero de la agencia, Daniel Ambrosini.

Además, también asistieron el ahora encargado de comunicaciones de la ANR, Mariano Mercado, y la actual directora de medios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Guillermina González.

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Sepulcral silencio

Desde el sábado intentamos obtener la versión, tanto de Tatiana González al teléfono con terminación 245, así como la de la viceministra Duarte. Sin embargo, ambas no responden a las llamadas y mensajes.

Nexo con campaña sucia

O’Leary 966 es la dirección correspondiente a Yecika Bracho, titular de la línea celular ligada a Despierta Paraguay, página usada para atacar a medios, periodistas y críticos al Gobierno de Peña.

En la misma dirección opera Azafrán SA, agencia que también brindó servicios en los juegos ASU 2025.

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Confirman rol de Tatiana

Laura Leguizamón, directora de Prana, reconoció a ABC que González era ejecutiva de cuentas de la agencia Azafrán. Sin embargo, aclaró que desconoce hasta cuándo trabajó allí, diciendo que hace mucho tiempo dejaron de operar con dicha agencia. Además, aseguró no tener el número de teléfono de Tatiana ni de ninguna otra persona vinculada a Azafrán.

Por otra parte, Larissa Schaerer, del Comité Olímpico Paraguayo, confirmó la contratación de Azafrán para crear un chatbot que operó durante los juegos ASU 2025, aunque dijo que fue con “fondos propios” y por un monto pequeño.

leonardo.gomez@abc.com.py

Sin embargo, el 15 de abril de 2026 –a solo semanas de que se entregara ese informe final a la Fiscalía–, el ente de control realizó ajustes llamativos a partir de una “nota aclaratoria” donde el presidente pretendió normalizar la omisión de inmuebles, acciones, bonos y groseros errores de cálculo en sus manifestaciones de bienes. El blindaje se activó seis meses después de su última presentación oficial y en el momento de mayor presión sobre su patrimonio.

Bajo el argumento de “coadyuvar” con el órgano de control, Peña admitió que tuvo que hacer un cruce de datos con auxilio de sus asesores financieros. Aunque el mandatario intentó vender la presentación de su manifestación de bienes en octubre del año pasado como un acto espontáneo de “transparencia”, la cronología lo desmiente, ya que coincidió con el estallido del escándalo de los presuntos “sobres con dinero” en Mburuvicha Róga y la filtración de su ostentosa casa de verano en San Bernardino.

En la nota, Peña ensayó una justificación preventiva al asegurar que los activos omitidos tienen “trazabilidad completa” y que el parche “no altera la consistencia” de su evolución, intentando pautar de antemano el criterio que debía adoptar la CGR para dictaminar a su favor.

Sincronización exprés

Uno de los ajustes del presidente apunta directamente a blindar el costo real de su residencia veraniega. Peña forzó los números para hacerlos calzar exactamente con el contrato de US$ 900.000 presentado el 12 de noviembre de 2025 a la Contraloría por la Constructora Gómez Abente SA, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, proveedor del Estado y, casualmente, suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios.

Según el justificativo del Ejecutivo, en su declaración de seis meses atrás asentó un valor erróneo de G. 6.300 millones utilizando un tipo de cambio referencial y redondeado de G. 7.000 por dólar. En su corrección de última hora, admitió que la cotización real era de G. 7.002 y “blanqueó” que ya desembolsó US$ 600.000 en favor de la constructora, arrastrando un saldo pendiente de US$ 300.000.

A la par del reajuste de la mansión, el mandatario tuvo que revivir un activo que había “desaparecido” de sus registros. Se trata de un bono corporativo de las firmas ligadas a Cementos Concepción (Cecon) por G. 250 millones, sumado a sus intereses devengados por más de G. 63 millones.

Esta inversión figuraba cuando asumió el cargo, pero fue borrada en la actualización patrimonial de septiembre pasado, según dijo Peña en “nota aclaratoria”.

Cuentas infladas

Las inconsistencias detectadas también salpican su pasado como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y ministro de Hacienda de Horacio Cartes. En su “rectificación” tardía, Peña reconoció que ocultó dos inmuebles ubicados en Villa Hayes y una participación accionaria de G. 33 millones en la firma Corpus SA de Mandatos, de la cual afirma haberse desvinculado recién en 2022.

El desorden en las cuentas del economista llegó al extremo de inflar sus depósitos bancarios por un supuesto error matemático. Peña declaró tener G. 72.508.241 en una cuenta del Banco Basa al asumir la conducción del país; sin embargo, ahora sostiene que se confundió de divisa al realizar una conversión errónea sobre un saldo real que apenas alcanzaba los G. 9.997.

Finalmente, el documento arrastra un último blanqueo de fondos. Se trata de un ingreso extra de US$ 40.000 percibido en septiembre de 2023, inmediatamente después de tomar las riendas del Estado.

Peña justificó este caudal como el cobro de una “cuenta a cobrar” a la firma Real Viviendas EAS, empresa de la que es accionista, buscando justificar las variaciones y los movimientos de dinero en sus cuentas personales antes de que los auditores cerraran el dictamen final de correspondencia.

Ajustes en silencio

El punto más sugestivo de esta maniobra es que la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, consintió las modificaciones en silencio y evitó reportar a la Fiscalía pese a que el propio Santiago Peña confesó que omitió bienes en sus declaraciones juradas. Como prueba del blindaje, las declaraciones juradas del mandatario publicadas en el portal web del ente de control siguen intactas, sin ninguna tacha ni registro oficial de rectificación; sin embargo, las nuevas cifras y registros fueron usadas para sustentar el examen de correspondencia favorable para el presidente de la República.

San Ber: la complicidad municipal

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó ayer que la Municipalidad de San Bernardino –dirigida por el intendente cartista Emigdio Ruiz Díaz– no respondió a los requerimientos del órgano de control. Esta omisión podría ser un abierto encubrimiento a graves irregularidades delatadas por los documentos porque la casa veraniega del presidente Santiago Peña se levantó de forma “clandestina”, sin permisos municipales previos e incluso violando normativas ambientales.

La cronología del blanqueo de papeles es demoledora. El 31 de enero de 2025 –apenas cuatro días después de que ABC revelara la existencia de la lujosa residencia–, el intendente Ruiz Díaz emitió la Resolución Nº 69/2025 para aprobar a las apuradas los planos y el reglamento del complejo inmobiliario Las Piedras, en la zona de Ciervo Cua.

El proyecto figura a nombre de Walter Ruiz Maciel y María Teresa Quevedo, pero en ese exclusivo barrio cerrado el mandatario ya tenía edificada y habitada su residencia desde mediados de 2024.

El blindaje político local se completó recién el 12 de marzo de 2025, cuando la Junta Municipal convalidó la resolución para otorgar los permisos. Para sumarle opacidad al caso, Torres confirmó que, durante el examen de correspondencia, los auditores comprobaron que las tierras donde Peña fijó su residencia de verano siguen inscriptas a nombre de Ruiz Maciel y Quevedo, pero que llamativamente “validaron” un contrato privado de compra de inmueble presentado por el mandatario.

Pisoteo ambiental

El esquema de impunidad expone también la inacción deliberada de la Contraloría General de la República (CGR), que evitó cruzar datos clave con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La propiedad de 14 hectáreas donde está el barrio cerrado Las Piedras se asienta sobre un “Área Silvestre Protegida de dominio público y privado”, catalogada como Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí y sus Humedales, según la Ley Nº 5256/14.

De acuerdo con la legislación vigente, cualquier obra en la zona exige de forma obligatoria y previa un estudio de impacto ambiental (EIA), conocida como licencia ambiental, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”.

En este caso se ignoró este requisito ineludible para la obra. Incluso, la Municipalidad había confirmado a nuestro diario que los planos de fraccionamiento del barrio cerrado se aprobaron luego de la licencia ambiental.

El propio Mades confirmó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue expedida recién el 29 de enero de 2025; es decir, la licencia ambiental se otorgó como un “salvavidas” de última hora, posterior a las publicaciones periodísticas y con la lujosa mansión ya totalmente terminada.

Auxilio de Ueno Bank

El informe de la CGR esconde otro beneficio inexplicable para el jefe de Estado por parte de la Constructora Gómez Abente SA. Según los informes, el contrato para edificar la casa por US$ 900.000 en San Bernardino se firmó el 17 de octubre de 2023, fijando un plazo de ejecución de 23 meses. Sin embargo, la obra avanzó a una velocidad inusual porque estuvo prácticamente terminada a finales de 2024, mucho antes del vencimiento, y la familia presidencial ya disfrutaba de las instalaciones.

Pero el dato más escandaloso radica en el esquema financiero, ya que la constructora, proveedora del Estado, inició y ejecutó gran parte de la megaobra sin cobrar un solo guaraní de adelanto. El primer desembolso de Peña llegó recién el 16 de mayo de 2024 –siete meses después de la firma del contrato– y se ejecutó gracias a un préstamo de US$ 300.000 otorgado por Ueno Bank, entidad financiera estrechamente vinculada a los exsocios comerciales de Peña. El segundo pago, por otros US$ 300.000, se concretó recién el 21 de abril de 2025, quedando un saldo final pendiente de US$ 300.000.

Pese a este escenario, en los últimos meses comenzaron a observarse avances en el proceso de regularización de pagos por parte del Ministerio de Salud. Desde el sector farmacéutico destacaron que, tras la conformación de una mesa de trabajo integrada por el MEF, el MSPyBS y representantes de los acreedores, se logró, por primera vez, establecer un canal permanente de diálogo y transparencia sobre la situación financiera del sistema.

Como parte de ese proceso, el Ministerio de Economía reconoció formalmente la deuda acumulada y presentó un esquema inicial de pagos. El compromiso incluyó un desembolso de US$ 100 millones en abril y otros US$ 80 millones en mayo. El primer pago ya fue ejecutado y el segundo se encuentra en proceso de cobro. Además, el Gobierno prevé continuar con transferencias durante los próximos meses. La intención expresada por las autoridades es realizar pagos por alrededor de US$ 40 millones en junio y US$ 80 millones en julio, montos que superan ampliamente el promedio mensual abonado durante 2025, cuando los pagos rondaban aproximadamente US$ 30 millones por mes.

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Desde la industria consideran que estos avances representan una señal positiva, principalmente porque los pagos recientes se realizaron con recursos genuinos provenientes de la recaudación tributaria, impulsada por los vencimientos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y los anticipos tributarios.

No obstante, el saldo total de la deuda continúa prácticamente estable debido a que el Ministerio de Salud mantiene elevados niveles de compra de medicamentos e insumos médicos. Aunque se aplicaron medidas orientadas a optimizar adquisiciones y regular procesos de compra, no hubo una paralización de las adquisiciones sanitarias.

En paralelo, uno de los principales mecanismos planteados para aliviar la situación financiera es la “cesión de derechos”. Sin embargo, el sistema enfrenta importantes dificultades. Actualmente, los bancos mantienen alrededor de US$ 300 millones en documentos vinculados a obligaciones del IPS con proveedores farmacéuticos. El problema radica en que las tasas de interés actuales para este tipo de operaciones rondan entre 9,5% y 10% anual, mientras que las empresas sostienen que solamente podrían soportar tasas cercanas al 5% anual.

El elevado costo financiero termina impactando sobre toda la cadena sanitaria, ya que incrementa los costos operativos y eventualmente repercute en el precio final de los productos adquiridos por el Estado. Por ello, desde el sector farmacéutico sostienen que la solución estructural no pasa únicamente por ampliar el instrumento financiero, sino, principalmente, por lograr que las instituciones públicas operen con flujos de caja previsibles y cumplan los plazos de pago establecidos en los contratos, que contemplan un máximo de 60 días para cancelar facturas.

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A esto se suman limitaciones legales que dificultan ampliar el esquema financiero a toda la deuda existente. La normativa vigente excluye pagos vinculados a servicios de diálisis y compras realizadas mediante amparos judiciales.

Ambos componentes representarían alrededor de US$ 250 millones del total adeudado. Por ello, actualmente se analiza un proyecto de modificación legislativa orientado a ampliar el alcance del mecanismo. Sin embargo, la discusión se encuentra trabada debido a diferencias respecto a quién asumiría el costo financiero de los intereses derivados del instrumento.

Aunque el Ministerio de Salud muestra señales de avance en la regularización de pagos, el panorama del Instituto de Previsión Social continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para la industria farmacéutica.

Representantes del sector indicaron que todavía no existe un esquema claro para afrontar la deuda acumulada por la previsional, mientras que el sistema financiero, utilizado anteriormente para sostener parcialmente la liquidez de los proveedores, actualmente se encuentra prácticamente paralizado.

La consecuencia directa ya comienza a sentirse en la provisión de medicamentos. Desde el sector señalaron que el IPS redujo considerablemente la emisión de órdenes de compra en las últimas semanas, en un contexto donde la institución ya manejaba niveles bajos de stock.

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El impacto trasciende al sector farmacéutico. Muchos contratos con el Estado son plurianuales y determinados medicamentos, especialmente los inyectables, requieren al menos 60 días para su producción o importación. Por ello, cualquier interrupción en el flujo financiero termina repercutiendo posteriormente en el abastecimiento del sistema sanitario.

Dentro de la industria sostienen que la regularización progresiva de la deuda y el cumplimiento de los plazos de pago permitirían no solamente reducir los costos financieros, sino también mejorar las condiciones de provisión, obtener precios más competitivos y otorgar mayor estabilidad al sistema de salud paraguayo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la noche del domingo en el sector San Felipe, donde efectivos policiales realizaron patrullas y controles preventivos en pasillos y sectores de difícil acceso.

El comisario Isidro Gamarra explicó que el procedimiento busca aumentar la presencia policial en la zona baja y fortalecer el contacto directo con los vecinos.

“Tenemos la intención de marcar mayor presencia en la zona baja para desalentar cualquier hecho punible”, afirmó.

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Detenido con orden de captura

Durante el operativo, los agentes detuvieron a César Leonardo González Melgarejo, de 37 años, quien contaba con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario.

Según el informe policial, el hombre había sido declarado rebelde por disposición judicial mediante un oficio firmado en noviembre de 2025 por autoridades judiciales de Coronel Oviedo.

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Operativo a pie y control de transeúntes

El comisario Gamarra detalló que la incursión se realizó principalmente a pie debido a las características del barrio, donde existen numerosos pasillos y solo un acceso vehicular principal.

“La particularidad de la Chacarita es que solamente hay un acceso vehicular. Nosotros incursionamos a pie para llegar a todos los sectores”, señaló.

Durante el procedimiento, los policías verificaron a varias personas que se encontraban en la vía pública, aunque solo una terminó detenida.

El jefe policial indicó además que, en comparación con otros operativos, hubo menos movimiento en las calles, situación que atribuyó al frío o a que los pobladores ya tenían conocimiento previo de la incursión.

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Policía asegura reducción de hechos punibles

Desde la Comisaría 5ª sostienen que los controles constantes ya muestran resultados en la disminución de hechos delictivos y en el acercamiento con la ciudadanía.

Gamarra aseguró que el intercambio de información con vecinos facilita las tareas investigativas y preventivas en la zona.

Sin embargo, la Chacarita continúa siendo uno de los puntos más sensibles de Asunción en materia de inseguridad, microtráfico y violencia, pese a los reiterados operativos policiales realizados en el sector.

El siniestro movilizó a varias compañías de bomberos de Central y Asunción, debido a la intensidad de las llamas y al riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

El capitán mayor Diego Vera, de la Quinta Compañía de Lambaré, explicó que el fuego se produjo en el patio de una vivienda donde se almacenaban aceites y combustibles utilizados para el proceso de reciclaje.

“Trabajaban con aceite para destilar y sacar aceite limpio nuevamente”, indicó.

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Sospechan de falla eléctrica

Según relató el bombero, los encargados del lugar mencionaron que el incendio se habría originado a raíz de una falla en el sistema eléctrico.

“Había una falla en la parte eléctrica y allí se habría originado”, detalló Vera.

El fuego consumió totalmente el aceite almacenado, además de leña y otros materiales inflamables utilizados para cocinar y destilar el producto.

Bomberos lograron contener las llamas dentro del predio y evitar que alcanzaran casas vecinas.

“Se pudo contener para que no pase a las viviendas aledañas”, afirmó el capitán Vera.

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Sin heridos, pero con dudas sobre el funcionamiento

Pese a la intensidad del incendio, no se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Hasta el momento, no trascendió si el lugar contaba con habilitación municipal o permisos ambientales para operar.

Según explicó, las empresas que exportan y cobran en dólares reciben hoy menos guaraníes al liquidar esas divisas en el mercado local. “Hay una afectación definitivamente negativa para los sectores exportadores”, admitió.

Sborovsky señaló que la caída de la moneda estadounidense redujo la competitividad de algunos rubros. Incluso mencionó que ciertos sectores perdieron cerca de 20% de competitividad en el último año.

“Perder veinte o veintipico por ciento de competitividad en un año es mucho, no es poco”, afirmó.

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Defensa de la libre flotación

Pese al reclamo del sector exportador, el viceministro dejó en claro que el Gobierno no prevé cambios en la política monetaria aplicada por el BCP.

Sostuvo que Paraguay mantiene un esquema de tipo de cambio libre, en el que el valor del dólar se define por la oferta y la demanda, sin intervención artificial del Estado.

“El valor del dólar está determinado por la oferta y la demanda en el mercado”, indicó. Añadió que el comportamiento actual de la divisa “corresponde a precios reales”.

En ese sentido, descartó que el Banco Central ceda a presiones para sostener el dólar mediante intervenciones. “Yo no creo que el Banco Central cambie de política”, expresó.

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Preocupa la volatilidad

Aunque defendió el esquema de libre mercado, Sborovsky reconoció que los movimientos bruscos del dólar generan incertidumbre y afectan la previsibilidad de los negocios.

Recordó que hace unas semanas la divisa estadounidense cayó entre 300 y 500 puntos en pocos días, situación que golpeó especialmente a exportadores y sectores vinculados al comercio exterior.

“No es sano para nadie que haya una volatilidad muy grande en un tiempo corto”, afirmó.

El funcionario insistió en que el problema no pasa únicamente por el nivel del dólar, sino por la velocidad de las variaciones.

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Más dólares por inversiones y exportaciones

Sborovsky también atribuyó la caída del dólar al fuerte ingreso de divisas al país, tanto por exportaciones de commodities como por inversiones extranjeras.

Destacó el crecimiento de industrias instaladas bajo el régimen de maquila y el aumento de la inversión extranjera directa, factores que incrementan la oferta de dólares en el sistema financiero paraguayo.

“Son dólares genuinos que entran al circuito financiero paraguayo”, sostuvo.

A esto sumó factores externos, como la estrategia de Estados Unidos de mantener un dólar más competitivo para abaratar sus productos en el exterior.

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“No se debe empujar un dólar irreal”

Finalmente, el viceministro reiteró que no comparte la idea de sostener artificialmente el precio del dólar, aunque dijo comprender la preocupación del sector exportador.

“Definitivamente sí están recibiendo menos guaraníes”, reconoció.

No obstante, insistió en que el desafío de fondo pasa por mejorar la competitividad real de la economía paraguaya y no por manipular el tipo de cambio.

Hoy se inicia verificación técnica de máquinas de votación

Relató que el proceso se enfocó en el análisis del hardware (la estructura física de los equipos), para luego dar paso a la revisión del software (los programas informáticos). Esta verificación es considerada clave por las autoridades con miras a las elecciones internas partidarias fijadas para el 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre.

Equipos desarmados componente por componente

Brizuela detalló en una entrevista con ABC TV que la actividad de control fue profundamente didáctica. Expresó que técnicos de la empresa proveedora desarmaron los equipos frente a los representantes de todos los movimientos. Mientras, se explicaba la función específica de cada pieza y se aclaró cualquier cuestionamiento sobre su funcionamiento.

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“Fue una jornada sumamente ilustrativa. El cronograma de la ANR se cumple con esta verificación técnica al 100%”, enfatizó el titular del TEP.

Agregó que los cuatro miembros del tribunal que asistieron quedaron completamente conformes con la apertura y la claridad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al facilitar este acceso.

Transparencia para disipar dudas políticas

El titular del TEP aclaró que, como organismo colegiado, ellos ya estaban convencidos de la seguridad e integridad del sistema, pero que decidieron impulsar la revisión técnica para responder a una necesidad de madurez política y dar tranquilidad a las bases.

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“No fue intención del Tribunal Electoral prestarse al juego de un sector, sino que lo vimos como una situación a zanjar y cubrir para, de una buena vez, despejar cualquier tipo de dudas”, explicó Brizuela.

El reporte oficial indica que el sistema de tormentas avanza sobre el este y noreste de la región Oriental, lo que provocará lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de consideración.

Zonas afectadas por el sistema de tormentas

Hasta el momento, las áreas que se encuentran bajo alerta directa por el avance de este frente de inestabilidad son el noreste de Caaguazú, norte de Alto Paraná, este de Amambay, centro y oeste de Canindeyú.

Según explicó la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti, para lo que resta de la jornada se prevén lluvias dispersas en gran parte del país. Sin embargo, únicamente hacia el este de la región Oriental estas precipitaciones estarán acompañadas de una fuerte actividad eléctrica.

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Esta condición climática inestable podría persistir hasta las primeras horas de la mañana del martes 26, para luego dar paso a una mejora paulatina en el estado del tiempo.

Para el miércoles, las probabilidades de lluvia disminuirán notablemente en casi todo el territorio, limitándose las precipitaciones al norte del país.

Temperaturas agradables entre martes y miércoles

En cuanto al comportamiento del termómetro, Sanguinetti adelantó que durante los próximos dos días se mantendrá un ambiente fresco por las mañanas y cálido por las tardes en ambas regiones del país.

Las temperaturas mínimas estimadas se ubicarán entre los 13 y 18°C, mientras que las máximas rondarán entre los 22 y 28°C, garantizando un clima agradable tras el paso del sistema de tormentas de esta noche.