El gremio expresó su preocupación por la situación que atraviesa Paraguay y exigió a las nuevas autoridades medidas concretas para recuperar la confianza ciudadana. A través de un comunicado emitido este lunes el gremio ganadero reclamó que se investiguen las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y que los organismos responsables actúen sin interferencias políticas.

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Piden remover a funcionarios vinculados con presuntas irregularidades

Uno de los principales reclamos de la asociación apunta a la permanencia en cargos públicos de personas cuya actuación esté seriamente cuestionada.

Appec solicitó al nuevo Gobierno que utilice los mecanismos establecidos por la ley para separar de sus funciones a quienes tengan indicios fundados de participación, complicidad, encubrimiento u omisiones graves relacionadas con el caso.

La entidad fue contundente sobre la necesidad de adoptar medidas dentro de la administración pública. “No puede recuperarse la confianza manteniendo en posiciones de responsabilidad a quienes estén seriamente cuestionados por su actuación”, señala el comunicado.

Caso Ueno Bank: exigen una investigación sin privilegios

La asociación también dirigió sus reclamos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Solicitó a la Fiscalía que examine la posible participación de personas relacionadas con las presuntas irregularidades, siempre que existan elementos suficientes para justificar una investigación.

El pedido incluye a funcionarios públicos y a personas vinculadas con la conducción o la propiedad de la entidad bancaria, así como a integrantes de su entorno cuando existan motivos fundados.

Sobre el papel de la Justicia, Appec sostuvo: “La Justicia debe convertirse en una garantía efectiva contra la impunidad, sin privilegios ni excepciones”. El gremio reclamó que los jueces actúen con independencia y que las sanciones previstas en la ley se apliquen a los responsables.

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Proponen expertos internacionales para investigar Ueno Bank

Otro planteamiento de la organización es que el Gobierno y el Congreso Nacional promuevan la contratación de especialistas extranjeros e independientes con experiencia en investigaciones financieras complejas.

Appec mencionó específicamente la necesidad de contar con conocimientos en auditoría forense, una técnica que permite examinar documentos y movimientos financieros para identificar posibles hechos ilícitos.

El gremio también considera necesario rastrear los recursos involucrados en el caso, con el objetivo de determinar su destino y establecer eventuales responsabilidades.

Productores y ahorristas: Appec reclama respuestas

La asociación advirtió sobre las consecuencias de posibles hechos de corrupción pueden tener para distintos sectores de la sociedad. Defendió la necesidad de proteger a quienes desarrollan actividades económicas y a las personas que depositan su dinero en el sistema financiero.

“Los productores, trabajadores, ahorristas y ciudadanos no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones irresponsables o de eventuales hechos de corrupción”, expresó Appec.

Para la organización, el esclarecimiento de lo ocurrido debe permitir que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y que se restituyan los recursos cuando corresponda.

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Appec advierte que el cambio de autoridades no es suficiente

La entidad considera que, además del cambio de autoridades, Paraguay necesita respuestas concretas frente a los hechos denunciados y que los cambios políticos, por sí solos, no resuelven los problemas institucionales.

“No bastan los cambios de autoridades. Es necesario esclarecer los hechos, recuperar los recursos que correspondan y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia”, concluyó la Comisión Directiva de Appec.

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Uno se pregunta por qué no cargan en otro surtidor o que busquen otra hora de abastecimiento. Pero esto no ocurre. Se esperaba que la situación sea revertida en la administración de Soledad Núñez, pero sigue generando inconvenientes a los automovilistas. Hasta roce de vehículos hubo en el lugar.

Para colmo ni los semáforos funcionan en onda verde sobre esa arteria muy utilizada. Un conductor viene por Azara llega a Brasil y ya se encuentra con la cola que viene desde Tacuarí. Pasa Brasil en la creencia que avanzará en la fila. Al llegar a EEUU de nuevo da rojo, pasando esta esquina ya se encuentra con la fila y para colmó te da otro color rojo en Tacuari. Y así se transita a paso de tortuga.

Sería interesante que la intendenta Núñez o su directo de Transito visite ese lugar para ver cómo se atormenta a los conductores.

Durante su anuncio, Recalde explicó que el Gobierno prioriza la atención a las familias afectadas y que la institución ya ha desplegado operativos rápidos de control.

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“Nosotros el jueves y el viernes ya hicimos inspecciones en casi todas las empresas y constatamos que efectivamente está cerrada, no está abierta ninguna de las empresas vinculadas al grupo y a partir de ahí les recibimos a los trabajadores armamos una hoja de ruta y ya atendimos a más de 3.050 personas; todo lo que se canalice nosotros estamos trabajando para centralizar todo”, detalló la secretaria de Estado.

Situación afecta a unas 7.000 personas, señala ministra

Asimismo, la ministra aclaró que, aunque los locales se encuentren cerrados, los afectados siguen figurando legalmente en las planillas oficiales, que involucra de forma directa e indirecta a unas 7.000 personas.

“Hoy todos estos trabajadores que te menciono siguen activos o sea no fueron desvinculados, yo les veo en nómina, están todos registrados. ¿Qué pasa? No hay representante legal, la empresa no les puede desvincular, no están abiertos, ellos no pueden ir a presentar su renuncia porque no saben a quién le van a presentar; todas estas cuestiones es lo que se analizaban a través del Ministerio del Trabajo”, puntualizó.

Fin de la exclusividad y libertad para buscar nuevo empleo

Uno de los puntos más agobiantes para los empleados era la conocida cláusula de exclusividad firmada en sus contratos, la cual les prohibía buscar otras fuentes de trabajo. Al respecto, la ministra explicó:

“Esos trabajadores, la mayoría son la de exclusividad, ¿qué significa eso? Que no puede buscar trabajo incluso 6 meses después, y ahí entran las normas constitucionales, la libertad de trabajo, la igualdad del derecho, el acceso efectivo a una ocupación”, aseguró.

Para dar solución a este problema, el Ministerio de Trabajo emitió un dictamen técnico respaldado en la legislación vigente para liberar inmediatamente a los afectados de dicha restricción contractual.

“El Ministerio de Trabajo se expidió a través de un dictamen, en el cual se recomienda que por una falta de ocupación efectiva, quedan liberados de esta”, señaló.

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Esta ley los libera para que puedan postularse a nuevas ofertas laborales, afirma la ministra y destaca que ya se coordinaron acciones concretas con los 37 representantes jurídicos de las firmas involucradas.

“Ya estamos trazando esta hoja de ruta con los 37 representantes jurídicos, incluidos los de VMedia que también estuvieron por acá, ellos que puedan ser liberados para buscar otro trabajo, que cobren su liquidación y que accedan al crédito privilegiado como lo establece el código”, refirió.

Pago de indemnizaciones y cobertura de IPS a trabajadores afectados

Ante la preocupación por la pérdida de la cobertura médica debido a la inmovilización y embargo de las cuentas de las patronales, el MTESS indicó que se busca garantizar “que la cobertura de IPS le siga cubriendo, porque la patronal no está pagando, porque sus cuentas han sido inmovilizadas y embargadas, hay una serie de situaciones que para nosotros vulnera y debemos ir destrabando”, explicó.

En ese contexto, recordó que el Código Laboral paraguayo, en sus artículos 247 y 248, reconoce a las indemnizaciones laborales como créditos privilegiados, lo que otorga a los trabajadores prioridad para cobrar las sumas que les corresponden, incluso frente a otros acreedores de la empresa.

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Esta disposición también contempla la posibilidad de vender los bienes de la firma para cubrir las deudas laborales, una vez reconocidos los créditos por la autoridad competente. “Vamos a tener que vender los activos para pagar las indemnizaciones, lo que nosotros consideramos los créditos privilegiados, contemplados en el Código Laboral”, concluyó.

Al respecto, recordó que tras la crisis bancaria de los 90, se tardaron casi dos décadas en consolidar la confianza en el Banco Central, un proceso debilitado considerablemente en los últimos tres años desde la gestión del actualmente imputado expresidente Carlos Carvallo.

Además, sostuvo que la situación actual no obedece a un fallo estructural del sector financiero privado, sino a un esquema deliberado de corrupción pública.

“Esta es la consecuencia de una organización criminal montada y liderada por el presidente de la República (en referencia a Santiago Peña) para defraudar al Estado, para usar dinero del Estado y de los asegurados del IPS para sus propios negocios. No es un problema que sea del sistema financiero. Es importante que haya un nuevo directorio y que los interventores hagan lo que tienen que hacer”, agregó.

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Filizzola apunta a la Fiscalía y Contraloría

Sobre denuncias previas, el legislador sostuvo que la oposición presentó denuncias por enriquecimiento ilícito contra el Ejecutivo ya hace 13 meses. Sin embargo, afirmó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, “cajoneó” las investigaciones.

“Emiliano Rolón cajoneó 13 meses nuestra denuncia; denunciamos a Peña por enriquecimiento ilícito en base a estas maniobras de Ueno”, citó.

Por esto último aseguró que tanto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres deben renunciar o ser removidos del cargo. “Se tienen que ir”, mencionó.

Finalmente, el senador calificó a los representantes del Poder Ejecutivo como “el Gobierno de los cómplices” mencionando directamente al actual presidente, Pedro Alliana. “Esta gente no es que huyó cuando se hundió el barco, huyó después. Cartes mismo le puso a Peña, le puso a Alliana, el Partido Colorado acompañó a Peña... ¿hace cuánto tiempo venimos denunciando eso?“, sentenció.

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Sobre las razones de la salida de Sosa, el sindicalista sostuvo que “se cortó el mandato” por no haber firmado el contrato de tarifa vinculado a Atome, la firma de hidrógeno verde. Aseguró que a él le consta que Alliana, cuando era vicepresidente, apoyó esa negativa y que el propio Sosa se lo contó.

Villalba valoró que el nuevo presidente sea un profesional de la institución. Explicó que los funcionarios de la ANDE siempre prefieren a alguien con carrera dentro de la empresa. “Es una empresa muy técnica que ofrece un servicio muy delicado”, señaló. A su criterio, conviene que esté al frente alguien que sepa cómo se maneja, “más en este momento tan delicado”.

Sosa asumió la ANDE por primera vez en agosto de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y Santiago Peña lo confirmó en agosto de 2023. Dejó el cargo en julio de 2026, en medio de la polémica por el estudio de una tarifa preferencial para Atome, aunque él no explicó públicamente los motivos. Igualmente, siguió como consejero en Itaipú.

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Consultado sobre qué esperan de Sosa, Villalba respondió con una sola palabra: “Gestión”. Para el sindicalista, la prioridad es definir qué se hará con los fondos que quedaron atrapados en Ueno Bank.

Opinó que el Gobierno debe respaldar a la ANDE, probablemente a través de Itaipú, aunque dijo no saber por qué vía. Recordó que parte del dinero congelado en el banco en resolución provenía de préstamos destinados a obras.

Según Villalba, la estatal tiene trabajos urgentes en Valenzuela, en estaciones y en líneas de transmisión que deben terminarse para este verano. De lo contrario, advirtió, habrá “momentos muy difíciles de tener que cortarle a la gente la luz”.

“Va a necesitar el apoyo del Gobierno, porque tiene que tapar ese agujero del dinero que se perdió, que se esfumó en el banco Ueno”, afirmó. Reconoció que el anuncio de nuevas fuentes de generación apunta a más largo plazo, pero consideró que el titular de la ANDE debe concentrarse primero en las obras de emergencia.

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Lo que informó Sosa sobre Ueno

Al asumir, Sosa detalló la situación de los fondos de la ANDE en la entidad intervenida. Informó de un saldo a la vista de 153.152 millones de guaraníes, proveniente de fondos de Itaipú y de recaudaciones por servicios.

Agregó US$ 21,03 millones a la vista del préstamo BID-Taiwán y una carta de crédito irrevocable por US$ 46,91 millones eran para proveedores internacionales de obras. Sobre las denuncias penales para recuperar el dinero y reuniones con el BID, dijo que es para garantizar el flujo financiero de las obras de transmisión y distribución.

También afirmó que el Gobierno no prevé privatizar la ANDE ni subir las tarifas a corto plazo. Sobre Atome, sostuvo que la empresa no cumplió las condiciones contractuales y descartó reclamos o arbitrajes internacionales: “Ellos fueron los que no cumplieron con la ANDE”.

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La evaluación de Báez

Villalba también calificó la gestión del saliente, que fue designado por Peña en julio para reemplazar a Sosa. Contó que, al principio, los gremios estaban preocupados, porque Báez llegó “con un chip de obediencia total” a Javier Giménez, exjefe de Gabinete de Peña.

Sin embargo, dijo que el rumbo “se fue enderezando” y que terminó bien. Lo felicitó porque, dijo, Báez no se prestó a firmar el acuerdo con Atome, pese a las presiones que, a su entender, recibió hasta el final.

Añadió que Báez incluso iba a aplicar la cláusula de multa que la ANDE tenía contra la empresa, lo que habría llevado a rescindir el contrato.

Para Villalba, la salida de Báez se explica por su origen. Señaló que llegó de la mano de Giménez y que era “claro” que el nuevo presidente de la República debía tener a su hombre de confianza en la institución. Por eso, concluyó, volvió Sosa, a quien definió como alguien “de la confianza de Alliana”.

El adolescente iba al mando de una motocicleta Leopard HT150 roja, sin matrícula, en tanto que otro chico de 14 años, quien iba de acompañante en el mismo vehículo logró sobrevivir, pero resultó con graves lesiones en todo el cuerpo.

En tanto que el toro de la raza Cebú prácticamente resultó ileso y en el momento en que llegaron los policías de la comisaría jurisdiccional, la 30° de Villa Mercedes encontraron al animal parado a metros de donde quedaron tendidas las dos víctimas.

De acuerdo con el relato de los policías, alrededor de las 22:30 del domingo los dos adolescentes circulaban a gran velocidad por la ruta PY22, que a esa hora de la noche no tenía mucho tránsito.

Pero cuando los chicos alcanzaron un sector extremadamente oscuro del trayecto, no se sabe con certeza si el animal estaba parado sobre el pavimento o les salió al paso en su intento de cruzar la ruta.

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Lo cierto es que los dos adolescentes, quienes iban a gran velocidad sobre la moto impactaron de lleno contra el corpulento animal, que causó que ambos sufrieran graves lesiones, las que al final llevó a la muerte a Juan David, quien expiró en el mismo lugar.

El otro ocupante del biciclo, el de 14 años logró sobrevivir, pero quedó con golpes y excoriaciones en todo el cuerpo, por lo que fue derivado a bordo de una ambulancia hasta un centro asistencial de la ciudad.

Horas después del percance llegó al sitio el ciudadano Miguel Fernando Román (44), quien dijo ser el dueño del animal y la fiscala del caso Ines Galarza ordenó a la Policía que le entreguen el toro.

A pesar de los innumerables inconvenientes que se presentaron y que afectaron en gran medida el avance de los trabajos, actualmente la parte edilicia se encuentra prácticamente terminada. Solamente falta instalar los equipos en las respectivas áreas para ponerlo en funcionamiento, según señalaron.

El presidente de la organización sin fines de lucro Yataity del Norte Solidario, el cura párroco Cristian Paiva, cuyos miembros fueron los principales promotores para conseguir el mejoramiento del hospital, indicó que desde hace varios meses vienen insistiendo ante las autoridades del Ministerio de Salud para que prioricen la compra de los equipos que requiere el hospital, especialmente para las salas de quirófano, internación, laboratorio, Rayos X y odontología, entre otras áreas.

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El sacerdote Paiva mencionó que la terminación de la obra está a cargo de la Constructora JL y Compañía SA, representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia. En estos momentos, la empresa está enfocada en la colocación del mobiliario en las diferentes salas de los dos nuevos pabellones que forman parte de la nueva infraestructura del nosocomio, refirió.

“Los habitantes de Yataity del Norte están esperando que el Ministerio de Salud priorice la instalación de los equipos, con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, no solamente para la gente de este distrito, sino para todas las poblaciones aledañas que también utilizan el servicio de esta institución”, indicó el presbítero Cristian Paiva.

Ministerio ya adjudicó el equipamiento, según director de la Región Sanitaria

El director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, informó que el Ministerio de Salud ya cuenta con las empresas ganadoras de la licitación que serán las encargadas de equipar el hospital básico de Yataity del Norte.

Sin embargo, esta presentación llegó tarde, cuando el daño por la flexibilización de la ley “contra puertas giratorias” llevaría al país a la crisis financiera.

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Dos anteproyectos de ley fueron presentados hoy por el contralor Camilo Benítez, y el subcontralor Armindo Torres, al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 que había sido impulsada por el oficialismo colorado para mutilar la Ley N.º 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

La CGR propone ahora restablecer el texto original recuperando dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

En abril de 2023, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, fue promulgada la ley contra puertas giratorias, pero lamentablemente fue mutilada en el 2024.

Apenas llegó al poder Santiago Peña, el oficialismo en el Congreso Nacional mutiló la ley, lo que facilitó que profesionales ligados a “empresas amigas” lleguen a la función pública y accedan a documentación privilegiada del Estado.

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Ahora se busca nuevamente establecer un plazo de dos años para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, y los Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores para que no puedan ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.

Nueva ley para la CGR

El segundo proyecto plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República para poder reaccionar de manera más temprana ante las denuncias de corrupción y contar con más herramientas legales.

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La Contraloría alega que, en el ejercicio de las atribuciones legales, siempre se dispusieron las actividades de control. Sin embargo, durante su desarrollo, encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.

Para tratar de minimizar las críticas, Camilo Benítez dijo que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido, deslindar las responsabilidades y promover las acciones contra los funcionarios públicos responsables.

Por lo cual, propone varias mejoras a la carta orgánica como, por ejemplo, el acceso a los datos del Estado en tiempo real, no solo de manera documental, sino también digitalizado.

Además, propone el cobro de multas y el uso de inteligencia artificial con garantías para habilitar el uso de analítica de datos para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.

Asimismo, se buscan declaraciones juradas sin vacíos, lo que permitirá el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.

Se busca consolidar también la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se busca incorporar la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.

Según el documento, el proceso se originó el 16 de octubre de 2025, cuando el Comité de Administración y Control advirtió sobre la falta de colocación financiera del 36,56 % del patrimonio del fondo de reserva del Complemento Jubilatorio.

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Posteriormente, agrega, el Comité de Inversiones realizó el análisis técnico de las propuestas y seleccionó la presentada por Valores Casa de Bolsa S.A. para invertir en CDA de Ueno Bank S.A., porque creían que cumplía con las calificaciones normativas.Además, ofrecía un plazo razonable de 18 meses y la mejor tasa de interés trimestral (6,90% anual).

En noviembre de 2025, instruyeron al banco fiduciario (Banco Continental S.A.) la colocación de dos CDA por US$ 8.500.000 y US$ 1.500.000, respectivamente. Ambos instrumentos tienen como fecha de vencimiento el 24 de mayo de 2027.

La EBY justifica su decisión con este argumento: en el momento de concretarse las operaciones, no existían registros ni información pública que pusieran en duda la solvencia de la entidad emisora.

Garantía en los pagos y diversificación

Con la intención de despejar especulaciones y transmitir tranquilidad a los beneficiarios del sistema, la administración de la EBY ratificó que las inversiones se realizaron dentro del marco legal y reglamentario vigente.

Asimismo, aseguró que cuenta con plena disponibilidad de recursos financieros para garantizar la cobertura oportuna de los haberes jubilatorios.

El informe también destaca que el Sistema Complementario dispone de una cartera de inversiones diversificada en el mercado local, que comprende Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en Banco Sudameris y Banco Continental; fondos mutuos a través de Avalon Casa de Bolsa S.A.; y bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.).

Finalmente, las autoridades instaron a los jubilados a manifestar sus consultas, dudas o sugerencias mediante los canales institucionales habilitados. Además, reafirmaron el compromiso institucional con la transparencia y la defensa de los intereses del sector.

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Recordemos que Vázquez se desempeñaba como CEO y vicepresidente 1º de Ueno Bank; Gustale era el presidente, Rey, vicepresidente 2°, Gómez Abente y Duarte directores titulares y Almada, síndico.

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle, contestaron la apelación a la resolución judicial que dictaba la prisión preventiva a los imputados, que fue planteada por los distintos defensores. El pedido de que la medida se ratifique fue elevado al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

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Según los antecedentes, la defensa de los encausados al momento de apelar el AI N° 359 señaló que “la resolución sería infundada, arbitraria y contradictoria”, además, alegó que “el Juzgado no habría realizado un análisis suficiente de los elementos de convicción ni de la participación atribuida a su defendido”.

La defensa también atacó el argumento del peligro de fuga, señalando “que la gravedad de los hechos, la expectativa de pena y la disponibilidad de recursos económicos no demostrarían por sí solas la intención de sustraerse”, y sobre el riesgo de obstrucción, “la prueba sería principalmente documental, estaría bajo custodia del Banco Central del Paraguay y que Ueno Bank SA, se encontraría intervenido”.

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Por su parte, los representantes del Ministerio Público sostuvieron al momento de contestar la apelación de la defensa que, “el artículo 242 del Código Procesal Penal exige la concurrencia conjunta de tres presupuestos: elementos de convicción suficientes sobre un hecho punible grave; necesidad de la presencia del imputado y sospecha razonable de su participación; y hechos suficientes para suponer peligro de fuga o posible obstrucción de un acto concreto de investigación”.

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En ese sentido, los fiscales señalaron que la “conjunción alcanza a esos tres requisitos; dentro del tercero, la norma contempla riesgos alternativos. Por ello, acreditado razonadamente el peligro de fuga, no es necesario demostrar además un peligro autónomo de obstrucción”.

En ese sentido, los fiscales indicaron que la resolución judicial “examinó los dos primeros presupuestos a partir del acta de imputación y de informes de supervisión del Banco Central del Paraguay, así como documentación de operaciones crediticias de los años 2025 y 2026”.

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Ello teniendo en cuenta que “la hipótesis provisional describe préstamos y sobregiros otorgados a sociedades vinculadas, transferencias de fondos y operaciones de venta de cartera cuya realidad económica estaría cuestionada” y las intervenciones de los imputados en dichas operaciones.

Sobre la cuestión del peligro de fuga y de obstrucción, “la presentación voluntaria y la colaboración alegada merecen consideración, pero no determinan por sí solas que el riesgo futuro esté neutralizado ni obligan a sustituir la prisión preventiva”.

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Mientras que sobre las cauciones reales ofrecidas, los fiscales señalaron que, cuando el juzgado procedió a “valorar conjuntamente el riesgo y la eficacia de las cauciones, entendió que la propuesta no bastaba en el estado de los antecedentes, pues no se había acreditado una garantía patrimonial verificable y efectiva para neutralizar el riesgo apreciado”.

Ueno Bank ocultó vinculaciones empresariales con las que operó

Con relación a las empresas MOWI SA, GRUPO HENDY SA y GRUPO M SA, inicialmente Ueno Bank SA las tenía clasificadas como empresas vinculadas a su grupo, principalmente por la existencia de accionistas en común. En octubre de 2025 solicitó la desvinculación de ellas, pero sin remitir las documentaciones respaldatorias.

Como la desvinculación empresarial solo habría sido en papeles, entre setiembre de 2025 y mayo de 2026, Ueno Bank SA otorgó préstamos a MOWI SA, GRUPO HENDY SA y GRUPO M SA, como también sobregiros en cuentas corrientes que las empresas tenían en la entidad bancaria.

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En ese contexto, la Superintendencia de Bancos constató que las operaciones se dieron con ciertas irregularidades como:

• Análisis de riesgo de crédito débiles.
• Importes de los créditos desproporcionados con relación a la capacidad financiera de las empresas.
• Condiciones de financiamiento laxas (plazos extensos).
• Otorgamientos de crédito a sola firma, sin ninguna garantía a pesar de los montos.
• Inconsistencia entre el destino declarado de los créditos con relación a su destino real.

Dichas irregularidades revisten de gravedad porque, según el análisis hecho por la autoridad bancaria, la trazabilidad del destino de los fondos no se vincula de manera principal con la actividad propia de las empresas, sino con el sostenimiento de otras sociedades del grupo.

Así, entre los años 2025 y 2026, MOWI SA obtuvo créditos de Ueno Bank SA por un total de G. 254.157.320.385, que quedó como deuda pendiente.

También en la imputación se destaca que, los desembolsos efectuados por Ueno Bank SA a MOWI SA, a su vez habrían sido transferidos casi de inmediato, a cuentas de ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, entidades vinculadas al grupo económico del banco, observándose así que los recursos provenientes de los créditos o sobregiros, fueron utilizados por estas empresas para la reducción de sobregiros, pagos de factura o pago de cheques con cargo a otros bancos.

Operaciones entre Ueno Bank, Hendy SA y Grupo M

El banco Ueno también otorgó créditos a la empresa Grupo Hendy SA, en el periodo 2025 a 2026, por un total de G. 252.521.261.384. En total fueron tres, los cuales se dieron en el primer año y con características que no se ajustarían a las condiciones normales de mercado, como montos elevados frente a la capacidad de la empresa.

En cuanto al destino de los fondos, se observó que estos provenían de las líneas de sobregiro que a su vez habrían sido transferidos a REDIPRO SA e ITTI SAECA, y luego fueron canalizados a cuentas de REDIPRO SA y REDISA que estas firmas tenían en otras entidades financieras a través de transferencias Sipap.

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También se verificó que el repago de la única operación de préstamo con amortización registrada se habría efectuado con fondos provenientes de REDIPRO SA, que a su vez, se originaron en transferencias recibidas de ITTI SAECA. Es así que, los repagos de los sobregiros de Hendy SA, habrían sido hechos con fondos transferidos de Vinanzas SA, REDIPRO SA, REDISA E ITTI SAECA a través de SIPAP.

En el marco del proyecto entre Ueno y el Grupo M SA, a la última entidad se le habrían otorgado créditos por un total de G. 237.105.585.238, sin garantía real alguna y sin que se evidencie una estructura de repago proporcional a la magnitud de los desembolsos comprometidos.

La imputación destaca aquí que, sobre la capacidad de repago, la deuda de largo plazo superó al menos 11,85 veces los ingresos del período analizado, es decir, G. 10.576.000.000, lo que refleja un nivel de endeudamiento significativamente elevado en relación con la generación de recursos de la empresa.

Otras operaciones hechas por Ueno con irregularidades, según la Fiscalía

Entre 2025 y 2026, se observaron también operaciones crediticias con tres empresas: TUIU SA, FRANEDE SA y AIME Corredores de Seguros. Si bien estas no fueron identificadas como vinculadas, a diferencia de las tres inicialmente citadas, tras un análisis de la Superintendencia de Bancos se constataron elementos que permitían concluir su vinculación entre sí.

También se destaca que, aunque varias de las operaciones fueron canceladas, estas no eliminan la relevancia de las condiciones en que fueron concedidas, particularmente en cuanto estas evidencian un patrón de otorgamiento de créditos a entidades vinculadas, caracterizado por deficiencias en los controles de riesgo y en la administración prudente de los recursos captados del público.

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Además, a través del análisis de la autoridad bancaria, se identificaron otras operaciones con las firmas NUEVO MUNDO ENTERTAINMENT SA.; NUBICOM SA; GSR EAS; OFFICE DESIGN SRL; GRUPO BERILO SA y GALADRIEL SA, las cuales evidenciarían de igual forma un patrón de actuación, similar a los otros dos.

Ueno buscó sanear sus balances con venta de cartera

Ante el hecho de que persistía de la Superintendencia de Bancos de considerar a MOWI SA, GRUPO M SA y GRUPO HENDY SA, como empresas vinculadas a al grupo financiero de Ueno Bank, esta última optó por transferir su cartera de clientes a la firma Vinanzas SA, la cual también sería una empersa vinculada.

Dicha vinculación, reviste una circunstancia de especial relevancia, ya que el artículo 7 de la Resolución N° 15, Acta N° 24 del 30 de mayo de 2024, prohíbe la venta financiada de cartera a personas físicas o jurídicas vinculadas, por lo que la operación fue instrumentada como venta al contado.

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Esa operación hizo suponer que Vinanzas SA debía disponer de los fondos para adquirir dichas carteras, sin embargo, al realizar la trazabilidad de los fondos utilizados por la empresa para concretar la adquisición se advirtió que varias de las empresas que proporcionaron recursos a Vinanzas SA habrían obtenido, a su vez, financiamiento de Ueno Bank SA.

Cabe destacar que el precio de la operación por la cartera de las empresas vinculadas a Ueno fue por un total de US$ 74.418.418,12.

El comunicado de los dirigentes de seccionales presenta la continuidad de Zacarías como una cuestión estratégica para Alto Paraná. No obstante, el respaldo de un reducido grupo de referentes colorados no responde a los cuestionamientos sobre el manejo de los millonarios recursos de la binacional ni a las denuncias que salpican su administración.

Desde la asunción de Justo Zacarías, el Clan ZI utiliza la estructura de la entidad para favorecer a operadores políticos leales, tanto mediante nombramientos con jugosos salarios como a través de millonarias contrataciones a firmas para servicios externos.

En mayo pasado, se filtró un audio atribuido al senador Javier Zacarías Irún, en el que conversaba con Osvaldo Sánchez Jara, entonces precandidato a concejal y presidente de una seccional colorada de Ciudad del Este. En la grabación, el legislador prometía gestionar un contrato para el hermano de su interlocutor.

Posteriormente, salieron a la luz registros de remuneraciones anuales de entre G. 204 millones y G. 300 millones percibidas durante 2024 y 2025 por operadores políticos vinculados al entorno familiar.

Ya se había pedido su destitución

El año pasado, los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega y Guillermo Rodríguez impulsaron un proyecto para instar al presidente Santiago Peña a destituir a Zacarías. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría cartista en la Cámara Baja.

Entre los cuestionamientos expuestos figuraban denuncias y sospechas de irregularidades que se remontan a su gestión como gobernador de Alto Paraná (2013-2018) y que, según los legisladores, continuaron en Itaipú. También citaron la polémica adjudicación de casi 330.000 muebles escolares importados de China por unos US$ 32 millones.

Villasboa es viceministro de Vivienda e Infraestructura del MUVH y en el documento oficial aclara que su nombramiento como ministro interino se da sin perjuicio de sus actuales funciones.

El nombramiento se da luego de la designación de Juan Carlos Baruja al frente del MOPC tras la renuncia de Claudia Centurión de la cartera estatal, que se dio luego de la destitución de Santiago Peña vía juicio político de la Presidencia de la República por el caso Ueno Bank.

El exmandatario fue imputado y cuenta con prisión preventiva que cumple en el Regimiento Escolta Presidencial por lesión de confianza y administración en provecho propio por el caso del banco de sus exsocios.

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Los nombramientos de Alliana

Entre las designaciones realizadas por Pedro Alliana se encuentra la de Eduardo Ariel González Báez, hombre de confianza de Horacio Cartes, como asesor jurídico de la Presidencia de la República. González además es apoderado del Partido Colorado y funcionario nombrado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se nombró al viceministro de Tecnología Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino de dicha secretaría de Estado, en reemplazo de Gustavo Villate.

También en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se oficializó la designación de Víctor Andrés González Bedoya como ministro interino de esta cartera ambiental, luego de que el cargo quedó vacante con la designación de Rolando de Barros Barreto como jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

Estas designaciones siguen a las ordenadas por Alliana durante el fin de semana con la vuelta de Ariel Martínez al Ministerio del Interior en reemplazo del comisario Carlos Benítez, quien estuvo apenas 48 horas en el cargo luego de la renuncia de Enrique Riera.

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La vuelta de Félix Sosa a la ANDE y otros ministros confirmados

Este lunes se oficializó la designación y vuelta de Félix Sosa al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en reemplazo de Miguel Báez Reyes.

Por otra parte, fueron reconfirmados en sus cargos, Rodrigo Nicora en la cartera de Justicia, Óscar González en Defensa Nacional, Marco Riquelme en Industria, Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar Lovera en Economía y Finanzas, Tadeo Rojas en Desarrollo Social e Isaías Fretes en Salud Pública.

Alliana también pidió acuerdo para nombrar a Jorge Luis Schreiner Marengo, quien fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) durante la crisis bancaria de los 90, como presidente del BCP, y a Fernando Rivarola, quien fue el autor del informe sobre excesos y faltas de las operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas, como miembro del directorio. Rivarola fue comisionado por Santiago Peña a la AFD el mismo día que envió el informe al directorio.

Los educadores señalaron que la suspensión de la reunión postergó momentáneamente las medidas de protesta, pero no modificó la postura del sector. Según indicaron, volverán a manifestarse durante el próximo tratamiento legislativo, especialmente cuando el proyecto llegue a la Cámara de Senadores.

“Rohota roju” (vamos a volver, en guaraní) es la consigna con la que los docentes expresaron su intención de continuar la movilización para defender el presupuesto destinado a educación y reclamar mayores recursos para mejorar la calidad educativa.

Marcial Martínez, referente regional de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-Auténtica), explicó que recibieron la información sobre la suspensión de la sesión a través de sus compañeros de la capital del país. También manifestó que esperan una nueva instancia de debate parlamentario para volver a las calles y defender sus reivindicaciones.

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Los docentes sostienen que el sistema educativo paraguayo ya enfrenta dificultades por la falta de recursos y que los recortes presupuestarios anunciados podrían profundizar las carencias en las instituciones públicas. Por ello, reclaman que se garantice una mayor inversión para atender las necesidades del sector.

Entre sus principales reivindicaciones mencionaron el fortalecimiento de los programas educativos, la provisión de recursos para mejorar las condiciones de enseñanza y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero.

Durante la entrevista, el representante también vinculó los reclamos educativos con la situación de los fondos de la Caja Fiscal y del Instituto de Previsión Social (IPS). Sostuvo que el sector exige la recuperación de los recursos que, según denuncian, fueron utilizados indebidamente y que debían estar destinados a las jubilaciones y a la atención médica de los asegurados.

En ese contexto, los docentes manifestaron su satisfacción por el compromiso atribuido al presidente Pedro Alliana de devolver esos recursos, aunque insistieron en que todavía mantienen pendientes sus reivindicaciones relacionadas con el financiamiento de la educación pública.

Así lo refiere una nota firmada por el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Rolando de Barros Barreto, dirigida a ministros del Poder Ejecutivo y titulares de entes y empresas públicas.

La disposición indica que la solicitud del Jefe de Estado “alcanza únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza ”en los términos de la Ley N.° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”. “Es decir, puestos de libre disposición cuya designación y remoción dependen de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el ámbito del Poder Ejecutivo según el artículo 25 de la Ley N.° 7278/2024 “Que regula la Organización Administrativa del Estado”.

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“Esto es, aquellas entidades cuyas autoridades son designadas directamente por el Presidente de la República, sin intervención de otros organismos constitucionales. Quedan fuera de su alcance las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a un período legal, a acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, solo pueden ser removidas previa configuración de causales legalmente establecidas”, refiere la nota.

Conforme a la nota, “esta solicitud no implica interrupción alguna en el ejercicio de sus funciones, por lo que les agradeceremos prever los recaudos necesarios para asegurar la normal continuidad del funcionamiento institucional, conforme a las disposiciones de la Circular PR/GC/2026/05379″.

Pedido luego de la debacle de Ueno y la caída de Peña

La disposición del presidente Alliana, quien asumió el cargo el viernes pasado, luego de la destitución del entonces presidente Santiago Peña, vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de sus funciones. La salida abrupta de Peña fue por su vinculación con el derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de constatar que la entidad de Grupo Vázquez, operaba por debajo de la solvencia mínima y de advertir préstamos a empresas vinculadas, entre otros.

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Peña actualmente está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank.

Un dato no menor es que varios ministros de la gestión Peña siguen en sus cargos. Se verá en las próximas horas si permanecen o son relevados.

Schreiner obtuvo 31 votos a favor, uno en contra, de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), y una abstención de Celeste Amarilla (PLRA).

Por su parte, Fernando Rivarola consiguió el acuerdo constitucional por unanimidad, con los 33 senadores presentes en sala.

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En la sesión extraordinaria del Senado se cuestionó la actuación de los anteriores responsables de la banca matriz, las advertencias sobre el crecimiento, la situación financiera de Ueno Bank y las exigencias de recuperar la confianza de los ahorristas.

Senadores de la oposición y de la disidencia colorada felicitaron especialmente a Rivarola por haber impulsado las alertas que derivaron en el actual escenario de intervención y resolución bancaria. Le pidieron mantener su independencia, actuar con integridad y no ceder ante eventuales presiones políticas o económicas.

En contrapartida, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el oficialista Derlis Maidana señalaron que alertar sobre las irregularidades era parte de las responsabilidades que le correspondían como funcionario de la Superintendencia de Bancos.

Schreiner admite que se llegó tarde y cuestiona falta de independencia del BCP

Durante su intervención ante el pleno, Schreiner reconoció que la respuesta de las autoridades llegó tarde frente a la situación de Ueno Bank.

Acá hubo un problema de no decirle no al poder de turno, eso faltó al Banco Central, así de sencillo es.

Jorge Luis Schreiner Marengo

El economista sostuvo que el crecimiento de la entidad financiera presentó características que le recordaron a un esquema Ponzi y cuestionó que no se hayan tomado decisiones oportunas para evitar que la situación llegara a este punto.

“Es el típico diseño de Ponzi”, expresó, al referirse a la forma en que, según su análisis, se desarrolló el negocio financiero. Aclaró que no podía calificar a sus responsables de estafadores hasta que la Fiscalía lo demostrara.

También cuestionó que una entidad bancaria utilizara actividades promocionales y deportivas para construir una imagen de prestigio, algo que consideró ajeno a las prácticas habituales de una institución bancaria seria.

Schreiner consideró que la prioridad inmediata debe ser resolver la situación de los depositantes y evitar que el problema se extienda al resto de la economía. “El punto central acá es que se llegó muy tarde”, insistió.

El nuevo presidente del BCP también planteó recuperar la credibilidad de la institución, que, según dijo, se construye durante años de comportamiento correcto, pero puede perderse rápidamente por decisiones equivocadas. “Recuperar la credibilidad del Banco Central nos va a llevar un buen tiempo”, advirtió.

Dudas sobre sus antecedentes judiciales y posibles conflictos de intereses

La nominación de Schreiner también generó preguntas de la senadora Yolanda Paredes (CN) y sus colegas Rafael Filizzola (PDP) y Walter Kobylanski (ExCruzada Nacional), quienes le consultaron sobre sus antecedentes judiciales y sus vinculaciones empresariales.

Paredes recordó que el economista estuvo involucrado en procesos judiciales relacionados con el auxilio financiero al Banco Nacional de Trabajadores y el Banco Oriental. Le pidió aclarar las circunstancias de la causa por lesión de confianza que, según explicó, terminó por prescripción.

La senadora sostuvo que la ciudadanía necesita garantías sobre la idoneidad de quien asumirá la conducción de la banca matriz. “Tenemos una responsabilidad moral, ética muy grande con toda la ciudadanía y ningún candidato debe tener la más mínima duda en cuanto a su idoneidad para el ejercicio del cargo”, manifestó.

Schreiner respondió que no tiene causas judiciales pendientes y explicó que el proceso relacionado con el Banco Oriental llegó a juicio oral, pero terminó por prescripción, luego de que el tribunal hiciera lugar al planteamiento de sus abogados.

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Aseguró que los créditos otorgados por el Banco Central contaban con garantías hipotecarias suficientes y que la entidad recuperó posteriormente el dinero.

En cuanto a sus actividades empresariales, explicó su participación en las firmas Alcy y Contel. Sobre esta última, reconoció que continúa vinculado desde 2019 y se comprometió a cortar cualquier actividad de la empresa con el BCP. “Si eso existe, le aseguro, señor senador, que va a cortarse”, respondió ante las consultas sobre posibles conflictos de intereses.

También cuestionó las denominadas puertas giratorias entre el sector privado y las autoridades regulatorias. Propuso revisar las reglas que permiten pasar de cargos en el Banco Central a entidades financieras privadas y planteó tomar como referencia el modelo chileno, que contempla un periodo de espera.

Rivarola recibió felicitaciones por sus alertas sobre Ueno Bank

A diferencia de las preguntas dirigidas a Schreiner, la presentación de Fernando Rivarola fue reconocido por legisladores opositores y colorados disidentes. El economista, quien se desempeñó como gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos entre 2024 y 2026, fue destacado por su participación en las alertas que terminaron exponiendo la situación de la entidad financiera.

La senadora Yolanda Paredes fue una de las primeras en reconocer su actuación. “Realmente, no tengo ningún cuestionamiento con relación al señor Rivarola. Es más, le agradezco por su trabajo anterior que nos ha servido evidentemente de plataforma para lograr los objetivos”, expresó.

La legisladora consideró que su designación representa una oportunidad para recuperar la institucionalidad del Banco Central y estabilizar el sistema financiero.

El senador Rafael Filizzola (PDP) también lo felicitó por su actuación, a la que calificó de valiente, y solicitó conocer la hoja de ruta que implementará el nuevo Directorio.

Eduardo Nakayama (PLRA), por su parte, destacó su desempeño y manifestó que espera que, una vez incorporado al Directorio, pueda identificar quiénes ejercieron presiones y quiénes impidieron que los controles funcionaran adecuadamente. También preguntó qué responsabilidad tuvieron las calificadoras de riesgo en el escenario que derivó en la situación actual.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) se sumó a los reconocimientos y destacó la preparación académica del joven economista. “Tenemos que levantarle un monumento porque ha hecho con claridad su trabajo”, recordó que había escuchado decir a una periodista, en alusión a Mabel Rehnfeldt al referirse a Rivarola.

Sin embargo, el propio nominado evitó atribuirse méritos individuales y sostuvo que simplemente cumplió con sus obligaciones. “Acá no hubo nada más que un funcionario que hizo lo que tenía que hacer”, manifestó.

Rivarola reconoció que recibió presiones, pero pidió cautela

Rivarola respondió a los senadores sobre las presiones que pudo haber recibido durante su gestión en la Superintendencia de Bancos. Confirmó que existieron, aunque aclaró que es necesario contar con documentación y elementos suficientes antes de realizar denuncias públicas.

Claro que hubo presiones, pero es difícil e irresponsable salir a denunciar presiones, pues las presiones son muy difíciles de documentar.

Fernando Rivarola.

Explicó que el memorando que se convirtió en una de las piezas centrales de las alertas fue remitido mediante correos institucionales cuando todavía cumplía funciones en el Banco Central.

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Detalló que el 9 de julio se trató en el Directorio la resolución que dispuso su traslado a la Agencia Financiera de Desarrollo y que fue notificado el 10 de julio. En ese contexto, comunicó a su superior y a su reemplazante las circunstancias que había encontrado, junto con sus recomendaciones.

También aclaró que, cuando anteriormente había manifestado que no recibió presiones, se refería al proceso de aprobación de la fusión bancaria, en el cual él no tenía la facultad de tomar la decisión final. “Quien tomaba la decisión de aprobar la fusión, con las concesiones que se hayan hecho, fue el Directorio del Banco Central en ese entonces”, explicó.

Esperanza Martínez exige investigar la cadena de responsabilidades

La senadora Esperanza Martínez (PPC) planteó que la recuperación del sistema financiero no puede limitarse a resolver la situación de los depositantes. Exigió identificar a los responsables de las decisiones que permitieron el crecimiento y la situación de la entidad.

Pidió a Schreiner trabajar coordinadamente con el Ministerio Público y promover investigaciones internas en el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. “Necesitamos integridad. Necesitamos independencia de cualquier poder fáctico (...) y necesitamos valor para tomar decisiones”, expresó.

Martínez pidió priorizar tres líneas de investigación: identificar a los responsables dentro del Banco Central y la Superintendencia de Bancos; determinar qué instituciones públicas inyectaron recursos a la entidad en los días previos al estallido del escándalo; y establecer quiénes retiraron sus depósitos antes de que se conociera la situación.

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La legisladora también reclamó investigar a las empresas y entidades financieras que participaron en las operaciones y determinar si existieron complicidades. “Acá hubo un sistema que se organizó con complicidad de estas instituciones y necesitamos saber esos cómplices en este sistema”, afirmó.

Además, cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público y reclamó que no haya impunidad. “No puede ser que se queden impunes”, insistió.

El senador Ignacio Iramain (independiente) también advirtió sobre la necesidad de investigar las conexiones de la estructura que, según sus expresiones, se habría apoderado del Banco Central.

Una estructura mafiosa se apoderó del Banco Central y tenemos que ver perfectamente bien todas sus conexiones.

Ignacio Iramain (independiente).

Pidió que Schreiner garantice la continuidad de las investigaciones y que los responsables sean identificados.

Los compromisos de Schreiner: investigaciones, independencia y reformas

Ante los legisladores, Schreiner expuso varios compromisos que marcarán su eventual gestión al frente del BCP. En primer lugar, sostuvo que la prioridad será atender la situación de los depositantes y avanzar en el proceso de resolución de la entidad intervenida.

Utilizó una comparación para explicar que primero se debe controlar la emergencia y luego investigar sus causas. “¿Usted cree que un bombero pregunta quién provocó el incendio? Usted apaga el incendio, después hace la investigación”, expresó.

Sobre la investigación de la Contraloría General de la República, Schreiner manifestó sus dudas acerca de la capacidad técnica del organismo para comprender y evaluar las decisiones regulatorias de la Superintendencia de Bancos.

Sostuvo que la Contraloría puede controlar la gestión administrativa del BCP, pero distinguió esa función de las atribuciones técnicas y regulatorias de la Superintendencia.

También planteó revisar la política cambiaria y cuestionó que se haya utilizado el argumento del libre mercado para justificar la falta de intervención ante movimientos bruscos del tipo de cambio.

Rivarola promete resolver el problema de los ahorristas

Por su parte, Rivarola comprometió su gestión a trabajar en la solución de la situación de los depositantes y en la modernización de los mecanismos de supervisión bancaria.

Explicó que el proceso inmediato debe concentrarse en el desembolso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y en proporcionar al equipo interventor las herramientas necesarias para elaborar el denominado balance de exclusión.

Este procedimiento permitirá identificar los activos y pasivos que pueden conformar una unidad de negocio transferible a otra entidad financiera o a un eventual comprador. Advirtió que determinar el valor real de los activos será uno de los mayores desafíos y que será necesaria una auditoría forense de máxima calidad.

Rivarola también advirtió que las consecuencias más importantes podrían extenderse al mercado de valores y no limitarse al sistema bancario.

Respecto a las reformas, señaló que el proceso de resolución debe ser seguido por una revisión de la Carta Orgánica y de los mecanismos institucionales que permitieron las falencias de supervisión. “Primero abocarnos a lo crítico, luego abocarnos a que esto no vuelva a suceder”, resumió.

Schreiner cuestiona a las calificadoras y advierte sobre el grado de inversión

Otro de los momentos destacados de la audiencia fue cuando Schreiner respondió sobre el papel de las calificadoras de riesgo y su relación con el sistema financiero paraguayo. El economista reconoció que tuvo una vinculación profesional con una calificadora, a la que prestaba servicios de revisión de informes y proyectos de calificación.

Aseguró que sus observaciones advertían sobre riesgos, estructuras empresariales y operaciones que consideraba cuestionables. También cuestionó el modelo en el que las propias empresas calificadas pagan por sus evaluaciones, porque puede generar incentivos para evitar calificaciones negativas. “De alguna forma tenemos que hacer que la calificación sea pública”, sostuvo.

Además, lanzó una crítica al uso del grado de inversión como herramienta de promoción del país.

Usamos grado de inversión como un spot publicitario, pero no es el concepto que yo comparto profesionalmente.

Jorge Luis Schreiner Marengo.

Diferenció el riesgo soberano del riesgo país y cuestionó que Paraguay pueda considerarse un destino de grado de inversión sin resolver problemas estructurales relacionados con la administración de justicia, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad.

Los senadores exigen integridad y que no se repitan las fallas

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) respaldó la designación de Schreiner y sostuvo que su voto no representa un cheque en blanco. “Mi respaldo, señor doctor Schreiner, no es concederle un cheque en blanco”, manifestó.

Pidió independencia técnica, autoridad moral y transparencia, además de exigir que el Banco Central actúe sin privilegios ni presiones políticas o económicas. También instó a que los funcionarios de la institución no permanezcan indiferentes ante la situación de los ahorristas. “Que no duerman los funcionarios del Banco Central”, reclamó.

Los educadores se concentraron inicialmente frente al teatro del barrio Mil Viviendas y posteriormente se trasladaron hasta el cruce Santa María de Fe, donde se sumaron a otros grupos de docentes para realizar una manifestación sobre la ruta PY1. La movilización tuvo como objetivo reclamar reivindicaciones urgentes y advertir sobre la situación financiera del sistema previsional, que enfrenta un déficit millonario.

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El presidente de la Asociación de Educadores Ayolenses (AEA), profesor Alfredo Fleitas, explicó que la medida de fuerza se sustenta en tres ejes fundamentales. El principal reclamo es la reposición y garantía de los fondos de la Caja Fiscal, que, según los educadores, están “vacíos y saqueados” y registran un déficit que rondaría los 60 millones de dólares.

Como segundo punto, los docentes exigen agilizar los trámites jubilatorios. Denunciaron que numerosos educadores ya cuentan con sus respectivas resoluciones de jubilación, pero siguen aguardando la desvinculación administrativa por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta situación genera incertidumbre y demoras para los trabajadores que esperan acceder a su jubilación.

Asimismo, expresaron su preocupación por el riesgo que representa la crisis financiera para el sistema previsional de unos 90.000 docentes activos, a quienes mensualmente se les aplican importantes descuentos salariales destinados al fondo de jubilaciones.

La movilización forma parte de una jornada de protesta del sector docente, que reclama respuestas urgentes ante la situación de la Caja Fiscal y advierte sobre las consecuencias que podría tener el déficit millonario para los futuros jubilados.

Finalmente, Fleitas manifestó que los docentes siguen atentos al tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) en la Cámara de Diputados. En ese ámbito, exigen elevar del 5 % al 8 % el reajuste presupuestario destinado al sector, con el propósito de compensar los descuentos adicionales sufridos durante el año.

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“Yo voy a ir solucionando el tema de las intervenciones. Voy a hacer una junta con los fiscales ahora y luego vamos a decidir los cursos de acción en adelante. Yo tampoco tengo ningún deseo de menoscabar la necesidad de información de la gente, ni tampoco de menoscabar el trabajo que hacemos, así es que, por favor, hablemos dentro de esos límites”, respondía Emiliano Rolón a la consulta realizada en la AM 1080 sobre el caso y el último descubrimiento de la investigación fiscal.

Ante las repreguntas, simplemente dijo que las especulaciones primero deben justificar que eso (el dinero) existió y que era una realidad posible. “Hoy tenemos más aristas porque del caso se desprenden algunas evidencias y eso hay que procesar. Yo les aseguro con absoluta franqueza que tenemos el mejor de los propósitos, yo no vine aquí a a taparle a nadie”, aseguró la cabeza del Ministerio Público.

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La denuncia ingresó al Ministerio Público en octubre del 2025 y para mayo del 2026, aún no había un equipo asignado a la investigación. “Esos momentos eran de pocas consistencias. Se hablaba de existencia de sobres, pero no había evidencia material de que realmente existían. Hoy tenemos más base porque tenemos perspectivas que se trazan, aspectos que se mencionan, cuestiones que se logran encontrar en cada uno de los registros, de los allanamientos etc.”, dijo Rolón Fernández.

Desmintió que hayan cometido negligencias y omisiones sobre los casos referentes a Santiago Peña y su entorno. “Esa insinuación (la inacción) a veces nos cae pesado porque nos sentimos incomprendidos porque hacemos el mejor de los esfuerzos, pero la gente vuelve a ciertos temas que requieren evidencias”, insistió.

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Falta de personal en Fiscalía, dice Rolón

Consultado sobre por qué aún no se realizaron allanamientos en Mburuvicha Róga, Rolón dijo que van a evaluar si realmente suma a la investigación. “No tenemos tantos medios para hacer todo al mismo tiempo. Son 350 fiscales en todo el país y no tenemos medios, ni siquiera aspectos básicos de logística tenemos a veces”, lamentó.

El fiscal general responsabilizó a la falta de presupuesto y de disposición de recursos el no poder avanzar más rápido y proceder a tiempo en este caso. “Hacemos lo que se puede dentro de los límites que nos permite. Ese es el reclamo vehemente que hago hace tres años. No se previeron gastos de inversión, no se previeron tecnologías, no se previeron personales, entonces es difícil el tema”, cuestionó.

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Emiliano Rolón aseguró que todo trabajo será insuficiente si no se logra el objetivo final, que es centralizar el sistema que el acontecimiento penalmente relevante con todas sus aristas que están llevando adelante. “Hay que entender que en esta ocasión, y en A Ultranza también, hubo una intervención mayúscula, pero no a la cantidad de 100 (agentes fiscales) como dice. Solamente tenemos entre 300 y 350 fiscales en todo el país, así que es imposible esa cifra”, aseguró.

Agregó que cuando se juntan una gran cantidad de intervenciones, indefectiblemente se necesitan más personas para poder cumplir con todo. “Yo pido un poco de paciencia, un poco de consideración a nuestra situación, existe buena voluntad, tenemos un compromiso con la patria, y creo que lo vamos cumpliendo con todo esfuerzo”, dijo.

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El trabajo de UDEA

En ese punto, aprovechó para elogiar el trabajo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). “Siempre es complejo. No es un acontecimiento cotidiano, no es uno más del montón que ocurre en el país. Esta unidad especializada, con pocos agentes fiscales, está haciendo todo lo que puede. Los dos equipos de trabajo son cuatro personas, más una buena cantidad de asistentes fiscales y relatores, son los que colaboran, cooperan en forma permanente con esta gestión”, subrayó.

Rolón Fernández reconoció que están sobrepasados. “Hace tres días que los agentes fiscales no duermen el tiempo necesario. Están trabajando con todo el equipo, me consta y estoy apoyándolos. Pero también queremos un poco de comprensión ante difícil situación”, clamó la cabeza del Ministerio Público.

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“Estamos sobrepasados en posibilidades, en tecnologías y en todo lo que es movimiento. Un solo escrito de denuncia tiene 200 hojas. Hay otros de 300, otros de 400, y todo eso hay que procesar. Hay que entender la dimensión de la tarea y una vez procesados se sacan las conclusiones”, añadió Emiliano Rolón Fernández.

“Mi reclamo es que 350 fiscales es insuficiente para todo el país, mi reclamo de falta de tecnología, de medios, sigue latente y es muy fácil alcanzar resultados rápidos con tan muy poca perspectiva de acompañamiento a la actividad”, se descargó.

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El teléfono de Peña

Por otro motivo, reconoció que pudo haber falencias en el proceder y que por eso no le requisaron a tiempo el teléfono celular a Santiago Peña una vez que se decretó su prisión en el Regimiento Escolta Presidencial. Aseguró que “se les perdió de vista” en los registros.

“Ayer se le requisó, es posible que haya algunos errores en los manejos. La primera recomendación fue que se le registre y que se logre asegurar el aparato celular. Eso, recién ayer a la tarde se logró tener. El teléfono se perdió de vista, esa es la cuestión principal con el cúmulo de información que había. De todos modos, estamos con deseos de hacer bien las cosas y también pedimos comprensión”, se disculpó.

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En el caso Carlos Carvallo, que aún continúa utilizando su teléfono dentro de la Agrupación Especializada, dijo que falta el marco jurídico. “Los recursos son muchísimos y no tenemos raíces con el Ejecutivo, no tenemos raíces con el legislativo y no tenemos raíces con el Poder Judicial. Nadie se hace cargo de un proyecto de fiscalía para el crecimiento y apoyo tecnológico, que es lo que precisamos”, finalizó.

La víctima fue identificada como Brígido Isaac Torres Gamarra (25), hijo de la comisario principal Esmelda Lucía Gamarra Almada, actual jefa de la Subcomisaría 2ª del barrio Fátima de Ciudad del Este. El joven sufrió una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del pecho y permanece internado en estado grave en el Hospital Distrital de Presidente Franco.

El hecho ocurrió en una vivienda perteneciente a Rosana Bogado Martínez (24). En el mismo hecho también resultó herido de refilón en el brazo izquierdo José David Bogado Martínez (18), hermano de la propietaria de la casa.

Según el relato proporcionado a la Policía, Torres Gamarra se encontraba sentado en la vereda, frente a la vivienda, cuando llegaron dos desconocidos a bordo de una motocicleta GTR de color rojo. Al percatarse de la presencia de los sujetos, el joven corrió hacia el interior de la casa, pero uno de los atacantes descendió del biciclo, lo persiguió y efectuó varios disparos contra él. Uno de los proyectiles habría impactado en el pecho del joven.

Tras consumar el ataque, los desconocidos escaparon del lugar. Uno de ellos sería conocido con el alias de Rapai, según testigos.

No es la primera vez que atacan al joven

No sería la primera vez que el hijo de la jefa policial es víctima de un ataque violento. El 19 de enero de 2024, el joven ya había sido agredido por un grupo de cinco hombres que irrumpieron en la vivienda de su madre, ubicada en el barrio San Miguel, en el km 5,5 Monday de Presidente Franco. En aquella ocasión, los atacantes lo golpearon y le provocaron heridas cortantes.

El gremio emitió un comunicado titulado «¡De pie, Paraguay!», en el que cuestionó la actuación de las instituciones públicas ante los recientes acontecimientos que afectan al país.

Sostuvo que las autoridades deben asumir las consecuencias de sus acciones y también de las decisiones que dejaron de tomar. Afirmó que el Estado necesita mejorar sus controles para evitar nuevas crisis y garantizar que los responsables respondan por sus actos.

La organización empresarial reclamó, además, una respuesta rápida para las personas perjudicadas por la situación. Advirtió que las demoras pueden aumentar las pérdidas económicas y afectar la confianza en el país.

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CIP exige que errores del Estado no queden impunes

Uno de los principales reclamos del Centro de Importadores es que las investigaciones no se limiten a determinar qué ocurrió. Para el gremio, también es necesario identificar las fallas de los organismos públicos y establecer medidas que impidan su repetición.

En ese sentido, la organización lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias que enfrentan los ciudadanos cuando las instituciones no cumplen sus funciones.

“Los errores del Estado no pueden seguir pagándolo los ciudadanos y nadie debe quedar impune”, señala el comunicado.

El CIP propuso reforzar los organismos encargados de fiscalizar la gestión pública. También reclamó sistemas capaces de detectar problemas antes de que causen daños y mecanismos que permitan sancionar las faltas de los funcionarios.

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El gremio manifestó especial preocupación por quienes sufren las consecuencias económicas de la crisis. Solicitó que las autoridades aceleren las soluciones para restablecer la normalidad y reducir los perjuicios.

El reclamo incluye a las familias y a las personas que tienen ahorros afectados por la situación. También abarca a las empresas cuya actividad económica enfrenta dificultades.

Sobre este punto, el CIP advirtió: “Cada día de demora significa más incertidumbre y más perjuicios para personas que necesitan respuestas concretas”.

La organización sostuvo que la búsqueda de responsables debe avanzar junto con las medidas de asistencia. Su postura es que las investigaciones no deben retrasar las soluciones para quienes necesitan respuestas inmediatas.

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Seguridad jurídica y estabilidad económica en Paraguay

El Centro de Importadores también vinculó la calidad de la gestión pública con las condiciones necesarias para sostener la actividad económica.

Según el comunicado, la confianza de los inversionistas y de las empresas depende de que existan normas claras, decisiones públicas previsibles y respeto a la ley.

El gremio señaló que las autoridades tienen la obligación de atender los planteamientos del sector productivo. Consideró que las propuestas basadas en datos y criterios técnicos deben recibir una respuesta oportuna.

En esa línea, dejó un mensaje sobre el papel de quienes ocupan cargos públicos: “Quienes ejercen funciones públicas no son propietarios del Estado: son administradores temporales de los recursos que genera el esfuerzo de toda la sociedad”.

La declaración refleja la exigencia empresarial de una administración pública que responda a los intereses del país y no a los de quienes ocupan temporalmente los cargos.

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Anuncian vigilancia sobre los tres poderes del Estado

Otro de los puntos centrales del comunicado es la decisión del Centro de Importadores de asumir un papel más activo en el control de la gestión de las autoridades.

El gremio anunció que observará las decisiones del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y del Poder Judicial. También invitó a otras organizaciones empresariales a adoptar una postura más firme frente a los problemas institucionales.

En ese contexto, expresó: “Nuestro compromiso no es con personas ni gobiernos, sino con el Paraguay y su futuro”.

El CIP también dirigió un mensaje a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, de quienes espera una gestión que contribuya al bienestar de la población.

La entidad ofreció colaborar con propuestas para el desarrollo nacional, aunque aclaró que mantendrá su independencia para cuestionar las decisiones que considere perjudiciales.

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Piden cambios en la gestión pública

El comunicado concluye con un llamado a recuperar la credibilidad de las instituciones mediante resultados concretos.

Para el CIP, la transparencia debe formar parte de la gestión diaria del Estado. La organización considera que las autoridades tienen que demostrar con sus acciones que administran correctamente los recursos públicos.

“La confianza no se reclama: se construye con hechos. La institucionalidad no se proclama: se demuestra”, sostuvo el gremio.

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Al momento de llegar hasta las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa, los intervinientes constataron que se encontraban en el lugar cuatro personas que aparentemente seguían llevando a cabo labores.

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Sin embargo, lo más grave que hallaron los fiscales Corbeta y Adle fue el intento de destrucción de documentos, los cuales aparentemente solo minutos antes del ingreso de ellos al establecimiento habían sido impresos a las 11:45 de hoy lunes 9 de noviembre, y posteriormente rasgados y arrojados a una de las papeleras.

Los fiscales actualmente, con apoyo policial, se encuentran uniendo los pedazos de papel que encontraron en el basurero.

Documentos tendrían datos de operaciones de Santiago Peña en Ueno

Llamativamente los documentos que habían sido arrojados a la papelera, contendrían información clave vinculada principalmente al expresidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios y sus operaciones con el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad Ueno Bank.

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En cuanto a las personas encontradas en el sitio, sobre quienes se presumen habrían cometido el acto de intentar destruir los documentos impresos, fueron puestas a disposición del agente fiscal de turno, quien los podría investigar por frustración de la persecución y ejecución penal.

Los agentes fiscales Corbeta y Adle, además de los papeles que rescataron en el lugar, también incautaron copia del circuito cerrado de las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa.

¿Quiénes figuran en los correos?

En lo que respecta a las direcciones de correo electrónica que figuran en los documentos rasgados, se pueden citar a varias personas que ocupaban cargos de relevancia en las empresas integrantes del conglomerado.

Entre ellas se hace mención a María José Benítez García, profesional del ámbito financiero cuyo rol no se especifica, pero está estrechamente vinculada a la firma Ueno Casa de Bolsa SA; así como Cyntia Liliana Barrios Espínola, quien, según su perfil de LinkedIn, sería la encargada de relaciones con el mercado de Ueno Casa de Bolsa SA.

Así también aparece otra persona, identificada solamente como Delcy Ozuna, quien se desempeñaba como Oficial de Cumplimiento en Ueno Casa de Bolsa.

También hay correos que figuran con el remitente de Liz Raquel Vázquez Benítez, conocida en el ámbito empresarial como Raquel Vázquez, quien se desempeñaba últimamente como directora de V-Media, que manejaba el holding de medios de comunicación del Grupo Vázquez.

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Raquel Vázquez además, se desempeñó hasta el 4 de septiembre de 2025, como presidenta de Ueno Casa de Bolsa SA, según su propia nota de renuncia a la cual accedimos.

Igualmente figura Vanina Alexandra Flecha Ramírez, quien según la red social LinkedIn se desempeñaba como Jefa de Secretaría General en Ueno Bank SA, donde era la encargada de la gestión corporativa y de relaciones con accionistas. Otro nombre que salta es el de Alejandro Ayala Ottaviano, quien desde el 2024 se desempeño como gerente administrativo de la firma ITTI SAECA, anteriormente ocupó igual cargo en Ueno Holding.

El licenciado Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), manifestó que una vez más se vieron obligados a salir a las calles, esta vez incorporando a sus reivindicaciones la situación de ueno bank, que afecta a todo el país.

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Detalló que unos 60 millones de dólares de la Caja Fiscal estaban depositados en ueno bank y que exigen garantías y transparencia con relación al manejo de esos fondos.

“Queremos saber dónde está ese dinero y cómo está, porque nos va a afectar enormemente. Como gremio, tampoco podíamos permanecer indiferentes ante esta situación y teníamos que organizarnos y movilizarnos. Imaginate, vos querés jubilarte y ahora estamos con esa incertidumbre, porque no sabemos si vamos a cobrar ese dinero el día que cumplamos la cantidad mínima de años de servicio”, expresó.

También recordó que piden la renuncia o destitución del ministro de Educación, Luis Ramírez, pues afirmó que hizo mucho daño al sector docente. “Haciendo un balance general, estuvo más en contra que a favor del sector docente”, sostuvo.

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Mencionó que cientos de docentes que tenían sus títulos en regla fueron incluidos en la nómina de títulos sospechosos, lo que generó perjuicios a educadores con mucha trayectoria, según afirmó.

Los docentes cerraron de forma intermitente ambos carriles de la ruta PY02, aproximadamente a la altura del kilómetro 334, generando largas filas de vehículos y congestionamiento en el tránsito. Afirmaron que esta es la única forma de hacer visible su reclamo y lograr que las autoridades nacionales escuchen su postura respecto a la crisis generada por la quiebra de ueno bank.

Entre lo incautado, destaca un Lamborghini Gallardo Superleggera a nombre de Ueno Holding SAECA. Un automóvil con las mismas características en la página LUSSO dedicada a la publicación de ofertas de vehículos de lujo está actualmente valuado en US$ 407.471. Lo llamativo es que en los documentos el color del auto dice que es de color naranja, pero está pintado en negro, al igual que los autos incautados en la casa de Miguel Vázquez.

Además del Lamborghini, incautaron un vehículo UTV de la marca Polaris modelo RZR XP 1.000 y una camioneta de la marca Toyota, modelo Tacoma, color negro, a nombre de Grupo Vázquez SAE, además de un camión de golf de la marca Ezgo.

El taller está ubicado en la calle Gral. Delgado 537 y Sacramento del Barrio Trinidad de la ciudad de Asunción.

Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

Allanamiento a las empresas de Vázquez

El equipo de trabajo compuesto por los fiscales Jorge Arce, Yeymy Adle y Silvio Corbeta realizó un allanamiento a la sede de la empresa Vinanzas S.A. (ex Credicentro) vinculada a la investigación por el caso Ueno Bank, ya que según los fiscales, habría adquirido al contado una cartera crediticia de Ueno Bank SA por US$ 74.418.418,12 pese a no contar con fondos propios suficientes.

Esta empresa presumiblemente sería del papá del señor Miguel Vázquez, el principal investigado, según señaló el fiscal Corbeta esta mañana.

Añadió que la búsqueda está relacionada a bienes que eventualmente aún no han sido descubiertos, pero que mediante esta diligencia, se pueden encontrar ya que no están dentro del radar de la investigación.

El edificio ex Credicentro cuenta con cuatro pisos y a criterio del equipo interviniente, en toda la estructura existen documentaciones como facturas, constancias de pago y otras referentes a créditos anteriores a la creación de Vinanzas, cuando aún se denominaba Credicentro.

Al llegar a la sede de la empresa vinculada a la estructura de Ueno, los intervinientes tuvieron que destruir una puerta de vidrio para ingresar ya que el acceso se encontraba con candados. El fiscal dijo que el edificio se encontraba vacío al momento de su llegada y no había funcionarios en su interior.

El caso se enmarca en la imputó de la Fiscalía a los directivos de Ueno Bank y otras personas por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos, tras la resolución de esa entidad bancaria por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

En total son 26 las personas imputadas, entre las que se encuentran:

• Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, grupo empresarial del que forma parte Ueno Bank y del que el expresidente de la República, Santiago Peña, fue accionista estando en funciones.
• Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank).
• Julio Daniel Rey.
• Diana Leticia Mongelós.
• Mariana Torres Rubiani.
• Alejandro Gómez Abente.
• Diego Fernando Duarte.
• Miguel Ángel Almada.

En el marco de esta investigación también fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio el destituido de la Presidencia de la República a través de un juicio político Santiago Peña Palacios, quien guarda reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial de manera preventiva.

La primera propuesta fue presentada por diputados liberales opositores que, desde un inicio vienen denunciando el caso Ueno Bank, como los diputados Diosnel Aguilera y Adrián “Billy” Vaesken y su colega María Constancia Benítez. (PLRA, Frente Radical).

Estos proponen “crear la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio sobre el fraude bancario causado por el Banco Ueno, sus autoridades, el presidente de la República, las autoridades del Banco Central del Paraguay y demás altos cargos públicos responsables del fraude”.

A esta se suma la propuesta del diputado oficialista Carlos Núñez Salinas (ANR, B), uno de los fiscales acusadores durante el juicio político, aunque antes de que estallara el caso no se había pronunciado alertando como sí lo hicieron Aguilera y Vaesken y otros pocos colegas.

Núñez Salinas propone crear la “Comisión Bicameral Especial de carácter transitorio de investigación sobre la crisis de Ueno Bank SA, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión”.

Ambas iniciativas tienen diferencias tanto en la integración como en los objetivos. La propuesta de los liberales opositores es que haya 3 miembros por cada cámara (en total 6, preferentemente opositores), mientras que Núñez Salinas propone que sean 5 por cada cámara (10 en total).

“El pueblo paraguayo debe saber toda la verdad, Santiago Peña fue el primer eslabón (sabemos que nunca fue el jefe) de un gran engranaje de vaciamiento sistemático e impío del Estado, pero queda todo el esquema; toda la rosca mafiosa que si no se desarticula va a continuar”, dijo el diputado Aguilera fundamentando su iniciativa.

En la argumentación del planteamiento, señala que, si bien “seguir la ruta del dinero” debe ser una prioridad, no hay que dejar de lado el desarticular a todos los que fueron cómplices junto a Peña.

“El Estado paraguayo debe recuperar la totalidad de la plata, pero de los delincuentes, no del fondo de garantía, como también los ahorristas. Mucha gente confió el sacrificio de toda una vida y es absolutamente injusto que pierdan años de sacrificio por culpa de este esquema piramidal”, remarca el escrito presentado.

De hecho, varios opositores hicieron énfasis en que cualquier Comisión Bicameral de Investigación no puede estar encabezada y mucho menos copada por el cartismo (que volvió a ser mayoría).

“Si vamos a crear una comisión de investigación en el Congreso, NO puede estar controlada por el cartismo. Si la idea es conformar un espacio para el blanqueo, NO sirve para absolutamente nada ese espacio”, dijo el diputado Raúl Benítez (independiente).

El proyecto de Núñez Salinas plantea los siguientes objetivos:

1. Las operaciones crediticias, sobregiros, ventas de cartera, compraventas de títulos y transferencias realizadas entre Ueno Bank SA y personas físicas o jurídicas vinculadas o relacionadas, en el período 2023-2026.
2. La estructura de propiedad y control de la entidad y de su grupo económico, incluidas las sociedades constituidas en el extranjero y sus beneficiarios finales.
3. La actuación del Banco Central del Paraguay, de la Superintendencia de Bancos y de los demás órganos de supervisión y control respecto de la entidad.
4. Las decisiones de colocación de fondos de organismos y entidades del Estado, entes autónomos, entidades binacionales y del Instituto de Previsión Social en depósitos e instrumentos emitidos por Ueno Bank SA.
5. La actuación de auditores externos, calificadoras de riesgo, casas de bolsa y colocadores de títulos de la entidad.
6. La situación de los ahorristas, inversionistas y acreedores afectados, y los activos disponibles para la restitución de sus recursos.

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En una entrevista exclusiva con ABC Color, el reconocido oncólogo apuntó directamente contra los millonarios privilegios sanitarios que el Estado financia a una minoría privilegiada, mientras la gran mayoría de la ciudadanía sobrevive en un sistema colapsado y carente de insumos básicos.

El análisis y aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, previsto para ser debatido esta misma tarde en una sesión de la Cámara de Diputados, fue repentinamente suspendido a pedido de Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de la República el viernes último, tras el escándalo de Ueno Bank que involucra al exmandatario y actualmente preso, Santiago Peña.

El doctor Galli renunció a su cargo como director médico del Incan en septiembre de 2023 y dejó por completo la institución un mes después, acusando al entonces director general del Incan, Raúl Doria de persecución, conspiración, autoritarismo y prácticas carentes de ética, además de criticar lo que consideró una “invasión del sector privado” en la salud pública. Doria fue nombrado por el expresidente Peña en agosto del 2023, pero renunció a su cargo en julio de 2024, tras diversos escándalos y la exigencia de los pacientes que incluso se encadenaron a las rejas del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Polémica por el Seguro Vip en Presupuesto 2027

Con la mirada puesta en el debate legislativo y el análisis del PGN 2027, Galli fue contundente al señalar que el Estado destina anualmente más de US$ 100 millones para subsidiar coberturas médicas privadas a un sector que no representa ni el 0,2 % de la población total del país.

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“No es justo que 6 millones de paraguayos le paguemos un seguro privilegiado a unos pocos. Eso no es igualdad, estamos viviendo en un Estado que genera una desigualdad”, sentenció el médico con firmeza, recordando que menos de 50.000 funcionarios públicos, parlamentarios y allegados, disfrutan de sanatorios privados con dinero público.

El exdirector enfatizó que estas prácticas ensanchan la brecha social y vulneran los principios constitucionales más básicos. “La Constitución dice perfectamente que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos en acceder a una salud que sea igualitaria y equitativa para todos. Entonces el mismo Estado, que hace años viene discriminando a la mayoría de los paraguayos sometiéndoles a un sistema precario, no puede financiar seguros privados”, enfatizó el médico.

Para Galli, aunque las empresas de medicina prepaga tienen todo el derecho de comerciar en el mercado, el Estado no puede actuar como cómplice ni destinar fondos que son vitales para la salud pública.

La grave crisis del Incan y el gasto estatal

La salida de Galli del Incan estuvo marcada por profundas controversias políticas y cuestionamientos a gestiones pasadas, especialmente tras la llegada de figuras vinculadas a la ley de puertas giratorias.

“A mi me arruinaron mi carrera médica porque yo quería jubilarme en el Incan como corresponde, pero no puedo dejar de luchar por lo que considero justo, pese a al perjuicio que me hicieron”, lamentó el especialista, quien rememoró el tiempo que viene denunciando esta situación.

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El médico detalló casos específicos dentro del aparato estatal para ilustrar la dimensión del despilfarro. Mencionó que instituciones como la Entidad Binacional Yacyretá destinan más de US$ 6 millones bianuales a través de aseguradoras como Asismed para cubrir pólizas de funcionarios que ya perciben salarios sumamente elevados y cuentan con plena capacidad de solventar sus propios gastos médicos. “Esos funcionarios son todos nombrados, asalariados, ganan muy bien. Pues bien, que paguen de sus propios bolsillos. Esos contratos colectivos cuando dicen que son derechos adquiridos, pero no existe ningún derecho que esté por encima de la Constitución Nacional”, enfatizó.

Un llamado a la austeridad y la empatía social

Ante el crítico panorama que atraviesa el sistema sanitario, donde miles de pacientes oncológicos aguardan meses por medicamentos y cirugías, Galli instó a las autoridades del nuevo gobierno y a los legisladores a redirigir los recursos públicos hacia donde realmente se necesitan.

“La nación paraguaya cayó en una desgracia y todos juntos tenemos que empeñarnos en sacarla adelante. Eso significa renunciamiento y empezar un proceso de austeridad, que significa no gastar donde no es necesario”, reflexionó.

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El especialista subrayó que los fondos liberados de los denominados esquemas VIP deben ser inyectados directamente al fortalecimiento de los hospitales públicos y a la mejora salarial de los profesionales de la salud. Recordó las movilizaciones gremiales recientes protagonizadas por médicos que reclamaban salarios dignos frente al abandono sistemático heredado de administraciones anteriores.

Durante el encuentro, los gremios manifestaron su indignación y exigieron “que paguen los responsables” de la crisis financiera y que no se quede solo en la prisión del expresidente Santiago Peña y los directivos de la entidad bancaria. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), reclamó que la Procuraduría General de la República accione judicialmente contra los involucrados en el perjuicio patrimonial.

Los montos que están en riesgo y motivaron la protesta de los profesores:

• US$ 40 millones (G. 250.000 millones de la Caja Fiscal): Monto depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hoy en riesgo tras el proceso de resolución del banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).
• US$ 19,81 millones (G. 123.838 millones en intereses no cobrados): Rendimientos pendientes de devengar hasta el 2030 vinculados al capital de la Caja Fiscal, cuya recuperación solicitó formalmente el MEF a la Fiscalía.
• US$ 516 millones (G. 3,2 billones del IPS comprometidos): Representa la colocación del Instituto de Previsión Social en la misma entidad financiera intervenida, lo que posiciona al IPS como el mayor ahorrista afectado dentro del esquema de crisis.

Al respecto, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), explicó con respecto a la Caja Fiscal y los fondos jubilatorios que “lo depositado en Ueno representa el 8% nada más de lo que posee la reserva de la caja de jubilados. Es decir, hay un 92% que están en otros bancos. Entonces está totalmente garantizado el pago de haberes”.

Crisis financiera y Ueno: Las garantías del Gobierno sobre y el futuro de las jubilaciones

Según los sindicatos, el Ejecutivo se comprometió a impulsar un proyecto de ley para garantizar que la recuperación de los recursos de las cajas jubilatorias sea una prioridad absoluta, que fue uno de los pedidos, específicamente de la FEP. Además, exigen garantizar el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el 2027.

Sobre los fondos del IPS, los dirigentes gremiales señalaron que durante la reunión con el presidente en ejercicio se abordó la preocupación por el monto millonario comprometido en la entidad financiera intervenida.

“La segunda parte que van a recuperar, según el presidente actual, va a ser la Caja Fiscal y el tema del IPS. Pero nosotros planteamos la confiscación de bienes de todas las personas que están involucradas, el expresidente de la República, así también el equipo que estuvo en esa situación”, apuntó Blanca Ávalos, de la Otep-SN.

También planteó que los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá sean centralizados en el Presupuesto General de la Nación para evitar manejos descentralizados, exigiendo además la instalación de una mesa de trabajo permanente.

Jubilaciones de docentes, salida de desvinculados y el presupuesto del MEC

Silvio Piris (FEP) indicó que se garantizó la salida de una lista de 1.000 profesores desvinculados para fin de año, además de señalar que las inscripciones para que más maestros puedan iniciar sus trámites de jubilación se estarían abriendo durante el transcurso de este mes de noviembre.

Sobre el destino del PGN y el temor a nuevos recortes que afecten al sistema educativo en el 2027, los referentes sindicales manifestaron que el Ejecutivo se comprometió a que los ajustes no recaigan en áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Según explicó Gabriel Espínola, la premisa del Gobierno es focalizar los recortes en otros ministerios mediante la eliminación de viáticos, viajes al exterior y gastos superfluos.

“Nosotros no queremos que el presupuesto de educación sea recortado, porque se está hablando de recortes y ya sufrió un recorte de 56% en la creación vegetativa para los grados, entonces va a ser un año negro si es que sigue habiendo recursos y recortes en el presupuesto de gasto de la educación principal”, dijo al respecto Blanca Ávalos.

Los sindicatos anunciaron que mañana, martes 10 de noviembre, las clases retornan a la normalidad en las instituciones educativas públicas de todo el país.

¿Luis Ramírez seguirá al frente del MEC? Esto fue lo que dijo

Durante la conferencia posterior al encuentro en Palacio de Gobierno, el ministro de Educación, Luis Ramírez, abordó los rumores sobre una eventual renuncia o cambio en la titularidad del MEC, tras la puesta a disposición de cargos en el gabinete.

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“Todos los ministros tenemos el cargo a disposición del Presidente de la República desde el primer día. Nosotros estamos trabajando con la misma fuerza y el mismo compromiso de siempre, y la decisión de la continuidad o no en el gabinete es una atribución exclusiva del Mandatario”, agregó.

Luego dijo sobre el presidente Alliana que “él conoce el proyecto, conoce a dónde vamos, conoce lo que estamos trabajando y nosotros seguimos trabajando día a día. Estamos dándole tranquilidad a todos los maestros. Eso es lo que nos tiene que ocupar hoy”.

MEC: prometen gratuidad y presupuesto para maestras mochileras

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), aseguró que quienren dar tranquilidad a los miles de directores sobre el tema de la gratuidad, que este año tuvo un tijerazo de casi 70%.

“Empezamos una reunión esta semana ya con el ministro de Economía, para ajustar eso. Para que podamos mejorar la situación de las escuelas”, manifestó. Agregó sobre las profesoras, maestras mochileras, psicólogas y auxiliares de primera infancia que “van a pelear para que eso se mantenga, atendiendo a las cifras de casos de violencia en el ámbito educativo”.

Los docentes marcharon desde la plaza hasta el Monumento a la Madre. Durante la caminata, exhibieron una enorme bandera paraguaya y entonaron cánticos.

Agentes de la Policía Nacional acompañaron la movilización.

De acuerdo con el dirigente de la base Concepción de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional (OTEP-SN), Pedro Martínez, los docentes están preocupados por los últimos acontecimientos políticos que sacudieron al país.

“Nosotros salimos hoy a las calles para que pueda garantizarse la continuidad de los proyectos y programas educativos en este año 2026”, sostuvo.

En otro momento, señaló que la movilización también tiene como objetivo decirle al actual Gobierno que el dinero de los ahorristas depositados en Ueno Bank les sea devuelto en su totalidad.

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La movilización de los docentes también se registró este lunes en los distritos de Azotey y San Lázaro, en Vallemí.

Adultos mayores exigen aumento de la pensión estatal que perciben

Mientras tanto, un grupo de adultos mayores bloqueó de forma intermitente la ruta PY22 en el distrito de Paso Horqueta.

Eran entre 20 y 25 personas que realizaron el cierre de la vía a 34 kilómetros al norte de la capital del primer departamento. Manifestaron que precisan un aumento del monto de la pensión estatal que perciben mensualmente por parte del Estado.

Asimismo, expresaron que no están de acuerdo con la designación de Pedro Alliana como presidente de la República ni con la del actual presidente de la Cámara de Senadores, Bachi Núñez.

El 13 de mayo pasado, la CGR entregó al Ministerio Público su informe sobre el examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas de Santiago Peña luego de que fuera denunciado por parlamentarios opositores que hablaban de supuesto enriquecimiento ilícito.

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Según los analistas de la Contraloría, hallaron correspondencia entre el crecimiento patrimonial declarado por Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.

“No olvidar que la Contraloría blanqueó las declaraciones juradas del presidente, sacando un dictamen diciendo que sí había correspondencia”, escribió el diputado Benítez.

El parlamentario cuestionó también a Armindo Torres, quien ahora ocupa el cargo de subcontralor impulsado por el cartismo, pero que antes estuvo a cargo de la Dirección de Declaraciones Juradas y tuvo a su cargo el estudio de correspondencia de Peña.

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“Posterior al informe, es confirmado como subcontralor de la República Armindo Torres, que se encargaba del área de declaraciones juradas”, dijo el diputado Benítez.

La gestión de Camilo Benítez fue muy cuestionada por parlamentarios opositores; sin embargo, los oficialistas impulsaron su reelección por otro periodo ante la CGR.

Además acompañaron la designación de Armindo Torres como subcontralor; de esta manera coparon dicha institución extrapoder.

Al respecto, la agente fiscal coordinadora Nancy Salomón precisó que las pesquisas se centran en operaciones financieras irregulares del Grupo Vázquez y en el uso de créditos bancarios obtenidos por empresas vinculadas para saldar dichas operaciones.

Asimismo, detalló la organización del equipo fiscal interviniente, dividido en tres áreas de acción:

• Equipo de Trabajo N° 1: bajo la coordinación del agente fiscal Francisco Cabrera.
• Equipo de Trabajo N° 2: bajo la coordinación de la agente fiscal Silvia González.
• Área de Cooperación Internacional: liderada por el fiscal adjunto Manuel Doldán.

Salomón incluso remarcó que se trata de una de las investigaciones más complejas llevadas a cabo por el Ministerio Público en los últimos tiempos, por lo que también se incorporarán otros agentes para apoyar al equipo investigador y también acompañar los distintos procedimientos en simultáneo.

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Caso ueno: pilares del proceso

El fiscal Francisco Cabrera recordó que la causa penal se inició formalmente el 3 de noviembre tras recibir una comunicación oficial sobre hechos irregulares remitida por el BCP.

Tras las primeras diligencias de urgencia, la Fiscalía emitió órdenes de detención y formuló imputaciones iniciales, no obstante, las evidencias recabadas en los días posteriores permitieron dimensionar la masiva amplitud del esquema.

Actualmente, la investigación identificó alrededor de 37 empresas jurídicas y 35 personas físicas involucradas en la red. Por este punto, Cabrera anticipó que se formularían nuevas imputaciones y se solicitarán medidas cautelares adicionales sobre los bienes de los investigados.

Asimismo, mencionó que hay cuatro pilares estratégicos referentes a la investigación del caso:

1. Determinación de hechos y conductas.
2. Investigación patrimonial.
3. Recuperación de activos.
4. Procedimientos en el terreno

De igual manera, hay un “quinto componente” que también pretende atender la comparecencia de personas voluntarias y exempleados para declarar.

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Investigación internacional por caso ueno

Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, detalló el trabajo de inteligencia financiera internacional desplegado para rastrear, congelar y repatriar los activos que habrían sido desviados al extranjero por la red.

Sobre el punto, enfatizó que la Fiscalía General del Estado está haciendo uso de los convenios marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de canales de asistencia mutua. El esquema de cooperación internacional abarca tres frentes principales:

1. Gran Ducado de Luxemburgo: contacto directo y continuo desde el inicio del caso con las autoridades judiciales de dicha plaza financiera europea para identificar bienes y preparar exhortos orientados al decomiso de fondos.
2. República Argentina: trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina a fin de cruzar información sobre personas físicas, sociedades jurídicas y bienes inmuebles o financieros.
3. Estados Unidos: el Departamento de Justicia de EE.UU. ofreció una colaboración.

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Causa contra Santiago Peña

Además, la fiscala Silvia González precisó que la causa contra el expresidente de la República se originó en denuncias de legisladores de ambas cámaras del Congreso.

Además, ante el riesgo de fuga tras el juicio político y la destitución, se ordenó la detención de ambos expresidentes (Peña y Carvallo). Luego se presentaron las imputaciones y se tomaron las declaraciones dentro de los plazos legales.

Peña fue imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza, mientras que Carvallo por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.

Finalmente, González agregó que con autorización judicial, se allanó la vivienda del exmandatario San Bernardino, donde se halló una bóveda de seguridad de gran complejidad, que se abrirá con un equipo adecuado. Otros elementos localizados fueron computadoras, dispositivos y documentos que “podrían ser importantes”.

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Los docentes reclaman principalmente un reajuste salarial del 8%, en coincidencia con el estudio del Presupuesto General de la Nación. Además, exigen una rápida resolución de los trámites de desvinculación de los educadores que ya cuentan con resoluciones de jubilación.

Otro de los motivos de la protesta es el repudio al escándalo financiero que afecta al país, particularmente por el supuesto vaciamiento de la caja fiscal y de otras instituciones a través de ueno bank.

El profesor Guillermo Martínez, presidente de la Asociación de Educadores de Coronel Oviedo (ADECO) y representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), señaló que la movilización busca defender las reivindicaciones del sector y exigir respuestas de las autoridades nacionales.

Explicó que la convocatoria reúne a varios gremios, entre ellos la UNE, OTEP, SINTE, FEP y ADECO, cuyos integrantes decidieron unificar sus reclamos en esta jornada.

Martínez manifestó que, además del pedido de aumento salarial, los educadores buscan expresar su indignación por los hechos que afectan a las instituciones públicas y reclamar la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Cierres intermitentes en el km 125 de la ruta PY02 realizan los profesores

En cuanto a la medida de fuerza, el dirigente gremial indicó que los cierres de la ruta se realizan de manera intermitente y que los manifestantes tienen previsto respetar las reglamentaciones vigentes para este tipo de movilizaciones. También anunciaron intervenciones de varios oradores y la elaboración de una nota formal que será presentada a las autoridades con los reclamos del sector.

Respecto a la duración de la protesta, Martínez señaló que inicialmente está prevista para esta jornada, pero aclaró que los gremios evaluarán la posibilidad de prolongarla dependiendo de las respuestas y de las decisiones que adopten sus representantes.

Mientras tanto, los docentes permanecen en el kilómetro 125 de la ruta PY02, donde continúan las manifestaciones y las interrupciones intermitentes del tránsito.

¿Cómo funcionará la prórroga y la suspensión de cortes en servicios básicos?

El punto de mayor interés ciudadano pasa a ser la instrucción del mandatario de priorizar “más prestaciones a la ciudadanía”. El Ejecutivo insta a su Gabinete a “adoptar medidas como horarios extendidos, prórroga sin multas de vencimientos y pagos y suspensión de cortes de servicios básicos para aquellos afectados por la situación de Ueno Bank, y canales de orientación a los afectados”.

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Se entiende por ello que la orden apunta directamente a la provisión de servicios esenciales, como los entregados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios

Esta disposición se suma al anuncio de que los contribuyentes afectados no pagarán multas, recargos ni intereses por incumplimientos derivados del problema. Alliana ya instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué —a quien mantiene en el cargo—, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con dicha entidad.

¿Cuáles son las nuevas restricciones para ministros y funcionarios públicos?

Para garantizar una respuesta inmediata y eficiente, la circular establece los siguientes puntos obligatorios de gestión:

1. Disponibilidad fuera de horario: Todas las instituciones deberán prever los recursos y funcionarios necesarios para atender cualquier requerimiento, incluso fuera del horario habitual.
2. Viajes al exterior: Las máximas autoridades restringirán los viajes al exterior, tanto propios como de sus funcionarios, priorizando la presencia territorial y en el interior del país.
3. Contrataciones públicas: Se ordena suspender toda contratación no esencial y no vinculada directamente a la prestación de servicios públicos.
4. Informe urgente: Las dependencias deben remitir a este Gabinete Civil, en un plazo máximo de 72 horas, un informe detallado sobre las contrataciones públicas realizadas y planificadas en 2026.
5. Foco único: Se solicita la colaboración absoluta de todas las instituciones con un solo objetivo: resolver la crisis y garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Sixto Ramírez, docente de Caacupé, manifestó su preocupación e indignación ante la realidad de los fondos jubilatorios del sector educativo y cuestionó que se hayan utilizado recursos que pertenecen a los trabajadores de la educación. Sostuvo que los educadores exigen honestidad y transparencia en la administración de estos recursos, así como garantías de que sus aportes sean resguardados y destinados exclusivamente a asegurar sus futuras jubilaciones.

“Saquearon a todos los paraguayos. Estamos muy indignados, no podemos sobrevivir así. No se puede jugar de esta manera con el dinero de los trabajadores, que durante años aportaron pensando en tener una jubilación digna”, expresó.

Por su parte, Wilma Ferreira, también docente de Caacupé, expresó su indignación y afirmó que con esta situación se ha tocado la dignidad de todos los educadores. Remarcó que la presencia de los docentes en las calles responde a la necesidad de defender los derechos del sector y evitar que sus reclamos sean ignorados.

“Estamos aquí para defender a los docentes de Cordillera”, fue el mensaje de Ferreira, quien insistió en la importancia de mantenerse unidos frente a las decisiones que afectan al magisterio.

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Temen por sus aportes jubilatorios

Los educadores cuestionan que, mientras cumplen con sus responsabilidades dentro de las aulas y sostienen el sistema educativo, sus derechos y la seguridad de sus aportes jubilatorios estén expuestos a decisiones que generan incertidumbre.

Consideran que no se puede exigir compromiso y sacrificio al sector mientras no existan garantías sobre el destino de los recursos que les corresponden.

La movilización también representa un reclamo contra la falta de respuestas concretas a las reivindicaciones docentes. Los manifestantes exigen que las autoridades asuman su responsabilidad, transparenten el manejo de los fondos y den soluciones que permitan recuperar la confianza del sector.

Los docentes enfatizaron que no se trata únicamente de una discusión económica, sino de la defensa de la dignidad, la estabilidad y el futuro de miles de trabajadores de la educación. Por ello, insistieron en que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos, y no quedar reducidos a promesas o compromisos sin resultados.

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En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el presidente Alliana anunció que propuso al Congreso Nacional la incorporación de Rivarola al directorio del BCP, calificándolo como “un joven comprometido y valiente”.

“La institucionalidad y el rigor técnico vuelven a ocupar el lugar que les corresponde”, escribió el mandatario.

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La Cámara de Senadores fue convocada a una sesión extraordinaria este lunes a las 11:00 para votar sobre el pedido del presidente Alliana de acuerdo constitucional para incorporar al directorio del BCP a Rivarola y a Jorge Schreiner, a quien el mandatario anunció ayer como su elegido para ocupar la presidencia de la banca matriz.

Advirtió de irregularidades en torno a Ueno

En un informe de fiscalización, Rivarola advirtió, meses del estallido del escándalo bancario, sobre severos descalces patrimoniales, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados por Ueno Bank a empresas de su propio grupo corporativo.

Sin embargo, las autoridades del BCP en ese momento archivaron esa advertencia sin tomar medidas correctivas.

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Un decreto del entonces presidente Santiago Peña - quien fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 - decretó en julio de 2026 el traslado de Rivarola de la Superintendencia de Bancos del BCP a la Agencia Financiera de Desarrollo.

La caída de Ueno Bank

El pasado martes, el Banco Central anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatar el deterioro de sus índices de solvencia.

La banca matriz denunció, entre otras irregularidades, que Ueno había concedido grandes créditos a empresas vinculadas a su grupo empresarial, uno de los aspectos señalados en el informe de Rivarola.

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Tras el cierre de Ueno Bank, los miembros del directorio de ese banco y representantes de las empresas que recibieron esos créditos fueron detenidos e imputados.

Igualmente fueron capturas e imputados el expresidente Peña - momentos después de haber sido destituido por el Congreso en un juicio político - y el expresidente del BCP, Carlos Carvallo.

“Estamos comprometidos con nuestra sólida y duradera asociación bilateral con Paraguay que impulsa la seguridad y la prosperidad económica en todo nuestro hemisferio y felicitamos al presidente Alliana por asumir la presidencia”, escribió.

En el mismo posteo compartió un link de una publicación de la página oficial de la Secretaría de Estado en la que se menciona la conversación que mantuvieron Alliana y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer.

Rubio felicitó a Alliana por asumir la presidencia y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una alianza sólida y duradera con el pueblo paraguayo.

Alliana reafirma en diálogo con Marco Rubio compromiso de Paraguay de trabajar con EEUU

Lo que dijo Alliana a Rubio

Pedro Alliana dijo este lunes que reafirmó durante la llamada telefónica con Rubio el compromiso del país de “seguir trabajando juntos”, e indicó que el funcionario le invitó a una “próxima reunión” de la que no dio más detalles.

En un mensaje en sus redes sociales, Alliana aseguró haber conversado con Rubio “sobre las excelentes relaciones” entre ambos países. “Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, agregó en su mensaje.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la llamada tuvo lugar este domingo. Paraguay estrechó sus lazos con la Casa Blanca durante la Administración de Peña, quien se sumó, por invitación del mandatario Donald Trump, a la coalición militar Escudo de las Américas, y asistió, en octubre de 2025, a la Cumbre de Paz en Sharm el Sheij (Egipto), donde se firmó un acuerdo para acabar con dos años de guerra en la Franja de Gaza.

También, de la mano de Peña Paraguay se convirtió en un fuerte aliado de Washington, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán, cuestionado por varios sectores de la sociedad por posicionarse en contra del paso de asistencia humanitaria en Gaza y recientemente contra el desbloqueo que mantiene Estados Unidos a Cuba.

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Alliana, quien se entrevistó personalmente con Rubio en agosto pasado en Washington, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense su invitación “para una próxima reunión y su disposición de seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos”.

La destitución de Peña

La destitución de Santiago Peña se dio tras la intervención de sus exsocios Ueno Bank por parte del BCP tras un sumario en el que se constató una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Esto causó la paralización de más de 3.000.000 de cuentas y una crisis financiera sin precedentes.

Ueno Bank percibió US$ 850 millones de recursos estatales durante la Administración de Peña, quien tras ser destituido, fue imputado y detenido por presunta lesión de confianza, como instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor dentro de la investigación por la caída de Ueno Bank.

Poco después de las 12:00, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), emitió la resolución Nº 4723 por la cual se dispuso la sesión prevista para hoy a fin de tratar el PGN 2027.

Esta había sido convocada este fin de semana, bastante opacada por la turbulencia política y económica generada por el caso Ueno, la destitución de Peña vía juicio político y las revelaciones que fue haciendo la investigación penal.

Según se comunicó escuetamente a los legisladores, la suspensión de la convocatoria fue a consecuencia de que “el presidente de la República (Alliana) desea plantear cambios al proyecto del PGN”.

Alliana “se inauguró” en el cargo planteando una administración pública con menos derroche, lanzando un dardo incluso al expresidente Peña haciendo referencia a su intención de dejar de viajar tanto y ocuparse más del país.

Pese a esta suspensión, el tiempo apremia ya que el PGN 2027 tiene fecha de sanción ficta este sábado 14 de noviembre, es decir, si no se aprueba la versión retocada antes de dicha fecha, quedará sancionada la versión original del gobierno de Peña.

En esta instancia, ese no sería un problema insalvable, ya que de todos modos podría modificarse en su segundo trámite en el Senado, pero implicaría puentear a una de las cámaras.

Lo concreto es que con estos cambios que se pretenden introducir quedan en la nada todo el debate previo y la comparecencia de autoridades, lo cual ahora se deberá apurar antes del sábado 14.

Como parte de esas medidas de austeridad, el nuevo jefe de Gabinete Civil de Alliana y exministro del Ambiente de Peña, Rolando de Barros Barreto, emitió una circular dirigida a todos los entes en la que entre otras medidas, exigía que los viajes al exterior se restrinjan al mínimo posible.

Las intervenciones se concentraron en el centro de monitoreo de la firma, dedicada principalmente a la gestión y cobro de deudas morosas.

La representante del Ministerio Público señaló: “Estamos incautando partes de módulos que se encontraban en el centro de monitoreo de esta entidad financiera, específicamente circuito cerrado, carteras de clientes que van a ser analizados”.

Asimismo, la fiscala destacó el valor probatorio de las grabaciones obtenidas para reconstruir los movimientos recientes dentro del edificio: “El circuito cerrado es nuestro testigo principal”.

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Seguidamente aseguró: “Por lo que pudimos verificar, esto no fue alterado. Pudimos entrar forzando la la puerta del centro de monitoreo y encontramos de que dicho servidor no fue alterado a diferencia de otros locales”.

Entre la documentación física incautada se encuentran registros comerciales y títulos de crédito vinculados a personas e investigaciones previas.

Al ser consultada sobre los papeles hallados, Benítez explicó: “Aparte documentaciones varias, encontramos pagarés de empresas como Pasfin, LC, RK, que pertenecían al señor Carlos Oleñik, al señor Montanaro y y compañía”.

Uno de los principales ejes del peritaje informático será establecer si existió extracción indebida de bienes o archivos antes del ingreso de las autoridades. “Acá lo importante es el circuito cerrado, lo que podamos obtener de los mismos. Si se han extraído documentos o u otros objetos desde desde este lugar”, remarcó.

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Al ser requerida sobre si personas ajenas habrían retirado evidencias horas antes de la llegada de la comitiva, indicó que no puede afirmar nada de forma anticipada. “Yo no voy a caer en especulaciones”.

Sobre el modo de funcionamiento general de la firma, puntualizó que “era un centro un centro de recuperación de créditos, más que nada se dedicaba a eso por lo por los documentos que hemos encontrado”.

En este sentido, manifestó que esta decisión busca garantizar que las entidades financieras cuenten con la liquidez suficiente para abastecer sus operaciones rutinarias.

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Cabe resaltar que estas nuevas piezas no reemplazan de forma inmediata a los billetes que ya estaban circulando en las calles. La nueva remesa convivirá con la familia anterior de billetes y la sustitución completa ocurrirá de manera paulatina, a medida que las unidades más antiguas sufran desgaste natural por el uso diario.

Medidas de seguridad esenciales: toque, mire y gire

Para evitar engaños y comprobar rápidamente si un billete de 100.000 guaraníes es auténtico, las autoridades recomiendan aplicar una regla básica compuesta por tres pasos: tocar, mirar y girar.

El primer paso consiste en tocar el billete para comprobar la calidad de su papel a base de algodón. Al pasar los dedos por los bordes laterales del ejemplar, el cual mide 160 milímetros de largo por 67 milímetros de ancho, es posible percibir una textura áspera y con poritos que caracteriza al papel moneda legítimo.

“En los costados ven la textura, un poco de porosidad ahí en los extremos del billete. Tiene 160 mm de largo y 67 mm de ancho. Pero aquí lo más importante es mirar, entonces, el tocar el sustrato, que es de algodón, en los extremos del billete; luego el mire, hay que mirar ahí la marca de agua a trasluz, por ejemplo, uno ve la marca de agua del billete; y el gire, al girar el billete de un lado, digamos que al girar de ángulo, uno observa la tinta que es ópticamente variable”, explicó.

El segundo y tercer paso requieren observar la pieza con mayor atención visual. Al colocar el billete a trasluz, se puede ver claramente la marca de agua integrada, mientras que al girarlo en distintos ángulos se activa la tinta Spark, un componente de alta tecnología que cambia de color y le otorga gran seguridad al diseño.

Serie de billetes nuevos llevarán firma del expresidente del BCP

Al ser consultado sobre la posibilidad del cambio de firma con la del actual presidente del BCP, debido al escándalo que envuelve a Carlos Carvallo, expresidente de la entidad bancaria ahora detenido e investigado por el caso Ueno Bank y que grabó su firma en los nuevos billetes, explicaron que la inclusión del nombre del extitular responde a que la compra e impresión de este lote en particular se adjudicó durante su periodo al frente de la institución.

En este sentido, aseguró que las firmas impresas solo se actualizan cuando el banco encarga una serie completamente nueva.

“Cuando haya una reimpresión, de acuerdo al movimiento de nuestras existencias, del inventario, lógicamente eso va a llevar la firma del nuevo presidente del banco”, refirió.

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Por esta razón, se estima que esta remesa mantendrá la firma actual durante los próximos tres o cuatro años, tiempo promedio que toma agotar el stock disponible. De igual manera, las demás denominaciones de 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 guaraníes irán saliendo paulatinamente al mercado bajo este mismo esquema de distribución gradual.

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El parlamentario pedirá remover a los altos funcionarios que hayan participado en la aprobación, autorización, renovación o mantenimiento de depósitos e inversiones de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank.

El pedido también incluye a las autoridades de las entidades binacionales y de las instituciones previsionales.

En su proyecto de declaración, el diputado Espínola también insta al presidente Alliana a promover las investigaciones y los sumarios administrativos tras identificar a los responsables.

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“Insto a promover las investigaciones y los sumarios administrativos pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso”, reza parte del proyecto.

Este proyecto ingresará mañana a la sesión de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La disminución del nivel del agua beneficia especialmente a las familias del barrio Manga Yvyra, donde el río ya estaba llegando a los patios de varias viviendas.

Sin embargo, los oleros del barrio San Francisco continúan afectados por la inundación. Su zona de extracción de materia prima para la elaboración de ladrillos permanece bajo agua.

Incluso si el nivel del río desciende lo suficiente para liberar el terreno, deberían esperar aproximadamente un mes para que se seque y puedan volver a extraer tierra.

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Además, parte de las olerías también continúa inundada. Las familias ya recibieron una primera asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), pero, si persisten las consecuencias de la crecida, podrían necesitar una nueva provisión de kits de víveres. En esta zona son 56 las familias afectadas.

Al respecto, la nueva intendenta de Villa Florida, Susana Verza (ANR-HC), mencionó que ya mantuvieron una primera reunión con las fuerzas vivas de la ciudad y que están planificando la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Señaló que este organismo no llegó a conformarse durante la administración anterior y que su puesta en funcionamiento permitirá coordinar los trabajos y encaminar las asistencias necesarias para las familias afectadas.

Durante su presentación, el titular de la ANDE llevó tranquilidad a la población al confirmar que el Gobierno nacional no contempla la privatización de la empresa eléctrica ni prevé un aumento en las tarifas del servicio a corto plazo. Manifestó que la indicación expresa del presidente de la República es fortalecer a la ANDE como una institución estratégica para el desarrollo productivo e industrial del país.

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En ese sentido, remarcó el compromiso institucional con los usuarios: “La ANDE tiene un compromiso con la población paraguaya de satisfacer la demanda de energía eléctrica para el sector productivo y para toda la ciudadanía”, dijo.

Plan maestro hasta 2043 y la apuesta por la energía solar

Al detallar las prioridades de su gestión, el profesional explicó que el Paraguay avanza rápidamente en el uso de la energía disponible en las centrales binacionales, por lo que resulta urgente incorporar de forma oportuna nuevas fuentes de generación. Al respecto, destacó que la institución cuenta con un Plan Maestro de Obras en Generación bien definido con proyección hasta el año 2043 para orientar las inversiones de las próximas dos décadas.

El plan estratégico enfoca sus esfuerzos principalmente en el desarrollo de generación solar, la instalación de bancos de baterías y la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en ríos internos. En el marco de la Ley 7599/2025 de energías renovables no convencionales, el titular anunció que la prioridad absoluta para este año será concretar la primera licitación de 140 MW en el Chaco paraguayo, sumada a licitaciones anuales de al menos 500 MW a partir del próximo año. Además, se impulsará un proyecto fotovoltaico de 400 MW en la localidad de Valenzuela mediante la Ley 7452/2025 de modernización institucional.

En relación con las fuentes binacionales, Sosa señaló que se mantendrá en agenda la posibilidad de ampliar la generación en Itaipú y Yacyretá, así como evaluar proyectos futuros de Itá Corá–Itatí aunque recordó que estas obras dependen de los acuerdos con los países vecinos.

Anexo C

Según el titular de la ANDE, la revisión del Anexo C de la Itaipú Binacional se consolida como la prioridad estratégica fundamental para el Gobierno Nacional y el sector eléctrico paraguayo. Con el propósito de definir el futuro energético del país, el presidente Pedro Alliana tiene previsto viajar este año a Brasilia para encabezar las negociaciones oficiales. Durante este encuentro se abordarán aspectos centrales como la determinación del nivel tarifario y la continuidad del acuerdo operativo, dos factores clave para la planificación y previsibilidad de la ANDE.

En paralelo, las autoridades reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional de la ANDE, subrayando su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico de la nación.

La situación de los fondos de la ANDE en Ueno Bank

Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue la situación de los recursos financieros de la ANDE depositados en el intervenido Ueno Bank.

Sosa detalló que la institución cuenta con 153.152 millones de guaraníes a la vista provenientes de fondos de Itaipú y recaudaciones por servicios, además de 21,03 millones de dólares a la vista del préstamo BID-Taiwán y una carta de crédito irrevocable por 46,91 millones de dólares emitida para proveedores internacionales de obras.

Frente a este escenario, la ANDE inició acciones inmediatas para mitigar posibles impactos negativos en la ejecución de la infraestructura eléctrica nacional. Además de las denuncias penales correspondientes impulsadas para recuperar los fondos, las autoridades mantendrán reuniones de trabajo con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de garantizar el flujo financiero de las obras de transmisión y distribución en curso.

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“Estamos trabajando con todas las instituciones afines para buscar recuperar estos montos de todas las formas posibles”, afirmó el presidente de la ANDE con relación a los depósitos retenidos en la entidad bancaria.

Asimismo, enfatizó que las gestiones actuales apuntan a resolver el aspecto financiero “a los efectos de no interrumpir el proceso de ejecución de estas obras tan importantes para el sistema eléctrico”, dijo.

Postura firme en el caso Atom y revisión de contratos

Sosa también fue consultado sobre los motivos de su salida anterior de la ANDE, vinculados al desacuerdo con la empresa Atom. Explicó que en su momento conversó sobre la situación con Pedro Alliana, entonces vicepresidente, quien respaldó de forma categórica la posición de no firmar acuerdos que pudieran resultar perjudiciales para la empresa estatal o el patrimonio público.

Al respecto, el titular de la ANDE fue enfático al señalar que la firma en cuestión no cumplió con las condiciones contractuales establecidas con la entidad, por lo que descartó cualquier fundamento para eventuales reclamos o arbitrajes internacionales.

“Esa empresa Atom no tiene el mínimo motivo de reclamo a la ANDE, considerando que ellos fueron los que no cumplieron con la ANDE y no la ANDE con ellos“, aseveró.

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Finalmente, reiteró que la prioridad estará puesta en fortalecer las redes de transmisión y distribución para acompañar el crecimiento del consumo eléctrico en todo el país.

Además de Vallejo, los diputados Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo), Carlos Pereira Rieve (PLRA, NL), Raúl Benítez (Independiente), Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) y Roberto González (ANR, Añeteté) firmaron la denuncia penal, que apunta a los siguientes puntos:

1. Retiros Anticipados antes de la caída de Ueno
2. Depósitos realizados por Entidades Públicas
3. Rol de la Seprelad de Liliana Alcaraz
4. Presunta manipulación de la cotización del dólar
5. Datos Biométricos en poder de ITTI.

En lo que se refiere a los retiros anticipados de millonarias sumas antes de que en la madrugada del martes se inicie el proceso de resolución de Ueno Bank, ya la semana pasada Vallejo afirmó haber recibido denuncias de personas físicas y jurídicas que, presuntamente valiéndose de información privilegiada, procedieron a vaciar lo poco que ya queda del banco de Grupo Vázquez, encabezado por el ahora detenido Miguel Vázquez.

“Ante este escenario de colapso previsible habrían procedido de manera selectiva a permitir retiros anticipados, millonarios y privilegiados. De ser cierta la información, estas extracciones se realizaron sustrayendo dichos capitales de la masa común de acreedores y ahorristas, que hoy abarca a miles de depositantes y fondos públicos, y vaciando de forma dolosa el activo liquidable de la entidad provocando un grave quebranto patrimonial a la masa societaria”, señala parte del escrito de denuncia.

Los legisladores remarcan que esas no son simples faltas administrativas, sino que constituirían delitos penales, y adjuntaron en los anexos algunos de los casos de público conocimiento.

En lo que se refiere a los depósitos de instituciones públicas en Ueno, si bien varias instituciones ya presentaron denuncias particulares, como ser el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Itaipú Binacional, el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros, con el fin de investigar el destino de su dinero, los legisladores apuntan a investigar la responsabilidad de estos administradores.

Los mismos exigen que el Ministerio Público investigue las responsabilidades de encargados de entes que desde el 7 de septiembre de 2026, cuando se presentó el Pedido de Informes en el Senado sobre Ueno, siguieron depositando dinero público en una institución que ya tenía alertas graves.

“Esta arista debe ser investigada, para analizar la responsabilidad de los administradores públicos que dispusieron del dinero de su entidad, aun sabiendo la inestabilidad ya existente con relación a este banco”, acota la denuncia.

Seprelad de Liliana Alcaraz

Un punto relevante de la denuncia es el rol de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, a fin de indagar si cumplió con los controles sobre reportes de operaciones sospechosas en este caso, donde se habla del vaciamiento de al menos unos US$ 855 millones solo en fondos públicos conocidos, es decir, pueden ser mucho más.

“Solicitamos al Ministerio Público, requiera informes a SEPRELAD, sobre operaciones sospechosas que hubiesen sido reportadas por los sujetos obligados establecidos en el art. 13 de la Ley 1015/97 y sus modificatorias, relacionadas a UENO BANK como así mismo a todas las personas físicas y jurídicas vinculadas”, señala la denuncia.

Como ya es de público conocimiento, el Ueno movió millonarios montos entre empresas vinculadas al Grupo Vázquez, mediante “préstamos” en condiciones paupérrimas a empresas que no tenían la forma real de devolver esos créditos.

Todo esto, con el fin de triangular estas sumas (en su mayoría provenientes de fondos públicos y jubilatorios), para que otra vez terminen en bolsillos del mismo grupo.

“La SEPRELAD debe informar si realizó los informes de inteligencia respectivo. Por otro lado, solicitar a la SEPRELAD, activar los protocolos de solicitud de informes a nivel de unidades de inteligencia financiera del mundo sobre los movimientos de personas relacionadas a todos estos hechos”, remarca como segundo punto del requerimiento en relación con Seprelad.

Algo que también alertan los legisladores es una aparente estrategia vinculada a devaluar artificialmente el dólar con el fines de sacar réditos económicos por parte del gobierno de Peña, sin importar que esto afectase a sectores económicos como el de la exportación de nuestros productos.

“Debe analizarse en este contexto la cotización del dólar. La llamativa caída del dólar en un porcentaje mayor al 25% debe ser explicada por las autoridades del Banco Central del Paraguay si tiene vinculación con todos los hechos acaecidos en el sistema financiero, y con las acciones u omisiones realizadas que hubiesen favorecido a este esquema criminal”, refieren.

Si bien no forma parte de la denuncia de los legisladores, hoy el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, reveló que existe colaboración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América por los bonos que colocó Ueno en EE.UU., donde varios también fueron afectados.

En este caso, para colmo, los fondos no están cubiertos por el Fondo de Garantías estatal y la recuperación se peleará en estrados de ese país.

Lo relacionado al dólar podría tener relación con estos bonos, ya que, al tener un guaraní muy apreciado con relación al dólar, obtenían ventaja al tener un tipo de cambio bajo para el pago de los intereses en la moneda norteamericana.

Finalmente, también piden indagar sobre el uso de datos biométricos, que el Grupo Vázquez fue colectando de manera indiscriminada gracias al copamiento de actividades masivas públicas y privadas.

“Otra arista a ser investigada, es la referente a la captación de datos biométricos y la utilización de los mismos, ya que incluso existen datos de menores de edad entre estos, ya que para validar la identidad se solicitaban datos biométricos, además de la captación de datos de millones de personas en el contexto de las diferentes actividades realizadas por estas empresas”, señala.

Esta operación ya levantó alertas desde el momento en que se exigía ceder datos biométricos para acceder a eventos privados como la Expo de Mariano Roque Alonso o incluso a los partidos de fútbol local, así como a los de la Selección Paraguaya de Fútbol.

“La utilización indebida de estos datos puede acarrear consecuencias gravísimas para las personas y configurar, en su caso hechos punibles”, señala la denuncia, atendiendo a que recientemente se aprobó también la Ley de Protección de Datos Personales.

La propia empresa Itti (a través de una filial en Texas, EE.UU., parte del Grupo Vázquez, había reportado poseer datos biométricos y sensibles alojados en servidores de dicho país sin dar mayores detalles.

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Durante todo el día sábado, en distrito de Fuerte Olimpo, el servicio era totalmente inestable, pues el voltaje subía y bajaba de manera peligrosa. Esto produjo nuevamente la quema de electrodomésticos de aquellas personas que no se encontraban en sus viviendas y, por ende, no pudieron desenchufar a tiempo estos aparatos.

Una usuaria reportó la quema de dos aparatos de aire acondicionado dentro de su vivienda. Lamentó lo ocurrido, ya que deberá hacerse cargo del costo de reparación de estos artefactos, tan necesarios en esta zona, atendiendo a las altas temperaturas que se registran a diario.

Poblaciones a oscuras

Ya en horas de la noche se produjo un corte que afectó a varias poblaciones que dependen del tendido eléctrico que cruza a orillas del río Paraguay. Esta situación obligó a cambiar el suministro de energía que llega a Fuerte Olimpo a la otra línea de media tensión para restablecer el servicio.

Sin embargo, como es común en estos casos, a pesar de contar nuevamente con energía eléctrica, el voltaje era muy bajo, pues no llegaba a los 200 voltios. De esta manera, las personas tenían luz, pero no podían utilizar sus electrodomésticos, en especial los acondicionadores de aire.

En tanto, en comunidades como Carmelo Peralta, Puerto Guaraní y Puerto Sastre, el servicio de energía eléctrica se restableció casi a la medianoche, después de cinco horas de interrupción. Ya el domingo, alrededor de las 6:00, se produjo nuevamente otro apagón que se prolongó por unas cuatro horas.

Suministro de agua potable interrumpido

La inestabilidad del voltaje también afectó a la Junta de Saneamiento de Fuerte Olimpo, que tuvo que suspender la distribución de agua potable a la comunidad por más de 12 horas, hasta tanto se restableciera normalmente el suministro de energía eléctrica.

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La aguatera emitió un comunicado en el que explica a los usuarios los motivos de la interrupción del servicio. La medida fue adoptada para proteger los equipos de bombeo de la planta de tratamiento, atendiendo a que podrían resultar dañados por la inestabilidad del voltaje, como ya ocurrió en otras ocasiones.

El domingo, casi al mediodía y después de más de 12 horas, el agua potable volvió a llegar a las canillas de las viviendas, luego de que se normalizara el servicio eléctrico de la ANDE.

El problema de la inestabilidad del voltaje y de los permanentes cortes de energía eléctrica proveída por la ANDE llevan años sin solución. Los usuarios esperan que finalmente se concrete la construcción de la subestación, la primera en todo el Alto Paraguay, que ayudará a mejorar el servicio. Se espera que con el retorno de Félix Sosa se concrete este anhelado proyecto, atendiendo a que conoce de cerca esta realidad.

Los primeros en cobrar son los ahorristas con depósitos de hasta G. 10 millones que no tienen deudas con Ueno y cumplen las condiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

No es necesario registrarse ni realizar trámites para recibir el dinero. Para consultas y reclamos, el BCP habilitó el correo pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

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¿Cuándo y cómo cobro?

El BCP inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre de 2026. A partir de esta decisión, se activó el mecanismo legal de protección de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

El primer grupo de beneficiarios está integrado por personas que reúnen tres condiciones: tienen depósitos de hasta G. 10.000.000, no mantienen deudas con Ueno y poseen una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

Quienes integran este grupo recibirán la totalidad de sus depósitos si el saldo no supera los G. 10 millones. El BCP comunicará las siguientes etapas de pago conforme avance el procedimiento. Los clientes que tengan depósitos superiores o no cumplan las condiciones del primer grupo deberán consultar las próximas instrucciones oficiales.

La Ley N.º 2.334/03 establece que la garantía debe honrarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad. El Directorio del BCP puede extender ese periodo por otros 15 días mediante una resolución fundada. Para este caso, el primer plazo vence el 17 de noviembre y la eventual prórroga llegaría hasta el 2 de diciembre de 2026.

¿Cómo sé qué banco me paga?

El BCP habilitó una plataforma de consulta para que los depositantes puedan verificar la información relacionada con el procedimiento de pago de la garantía.

Los ahorristas deben ingresar a la página oficial del Fondo de Garantía de Depósitos y consultar los enlaces habilitados para conocer la entidad financiera asignada y los datos correspondientes a su caso.

La información se incorporará de manera gradual, a medida que se ejecuten los pagos de los distintos grupos. Por eso, si todavía no aparecen los datos del depositante, deberá volver a consultar los canales oficiales.

La consulta puede realizarse a través de la plataforma oficial de pagos del FGD del BCP.

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¿Tengo que registrarme o hacer algún trámite?

No. Los beneficiarios no necesitan registrarse ni realizar trámites para recibir los fondos. El pago se realiza mediante acreditaciones que el BCP comunica a los bancos y financieras designados.

Para saber dónde cobrar, el ahorrista debe ingresar a la plataforma oficial del BCP. Allí podrá consultar qué entidad le fue asignada. Si sus datos todavía no aparecen, deberá volver a consultar más adelante.

Es importante distinguir entre la consulta y el cobro: ingresar a la página no significa que haya que completar un formulario de inscripción ni pagar por una gestión. Tampoco se debe contratar intermediarios para recuperar el dinero.

¿Cuánto cubre la garantía y qué pasa con lo que excede?

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica y por entidad financiera. El límite se aplica sobre el total de los depósitos de cada titular, no por cada cuenta que tenía en Ueno.

La cobertura incluye depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito de ahorro (CDA), tanto en guaraníes como en moneda extranjera. La devolución de los depósitos en dólares se realizará en guaraníes, conforme a las condiciones establecidas para el procedimiento.

El segundo grupo de pagos comprende a los titulares de depósitos a la vista superiores a G. 10 millones y hasta G. 121.760.000, siempre que no tengan deudas con Ueno y dispongan de una cuenta en otra entidad financiera. Los CDA serán atendidos en una etapa posterior.

¿Y qué pasa con el dinero que supera G. 228.300.000? Esa diferencia no está cubierta por el FGD. El BCP debe analizar los activos y pasivos de Ueno para determinar los mecanismos de compensación y transferencia que permitan recuperar la mayor cantidad posible de los saldos no cubiertos. No existe una garantía de recuperación total de esos excedentes.

¿Qué pasa si tengo deudas con Ueno?

Las deudas pendientes con Ueno Bank pueden afectar el monto que recibirá el ahorrista. El BCP informó que los compromisos vencidos serán descontados antes de efectuar el pago de la garantía.

Además, para acceder a los primeros grupos de pago, el depositante debe cumplir la condición de no tener deudas con la entidad. Esto incluye obligaciones derivadas de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos financieros.

La situación de los préstamos y las tarjetas será tratada dentro del procedimiento de resolución. El BCP también informó que la cartera de tarjetas de crédito será objeto de una negociación posterior con otra entidad financiera.

Por lo tanto, tener dinero depositado en Ueno no significa necesariamente que se recibirá ese mismo monto de manera íntegra si existen obligaciones pendientes.

¿Y si no tengo cuenta en otro banco?

No tener una cuenta en otra entidad financiera no significa perder el derecho a la garantía. El BCP estableció un mecanismo para que estos ahorristas también puedan recibir el dinero.

La banca matriz explicó que, si el cliente no tiene una cuenta habilitada en otro banco o financiera, se abrirá una cuenta de ahorro a su nombre en una entidad del sistema financiero nacional.

El objetivo es facilitar la acreditación de los fondos sin obligar al depositante a realizar una gestión de apertura por su cuenta.

Alrededor de 262.000 clientes estaban en esta situación. Este grupo requiere un procedimiento adicional y no debe confundirse con los beneficiarios de las primeras etapas de acreditación.

¿Qué pasa con mi tarjeta, la app y los débitos automáticos?

Desde el inicio del procedimiento de resolución, el 2 de noviembre, Ueno Bank dejó de operar. Por lo tanto, sus tarjetas, aplicación móvil y servicios bancarios quedaron inhabilitados.

Esto significa que los clientes no pueden seguir utilizando normalmente sus tarjetas de débito ni realizar operaciones desde la aplicación de Ueno. Tampoco deben contar con esas cuentas para pagos o transferencias habituales.

En cuanto a las tarjetas de crédito, el BCP informó que su cartera será negociada en una segunda etapa con otra entidad financiera. Los préstamos y demás obligaciones también serán tratados dentro del proceso de resolución.

Si tenías servicios asociados a débitos automáticos, como plataformas digitales, suscripciones o pagos de servicios, conviene cambiar el medio de pago para evitar interrupciones o atrasos. El BCP todavía no publicó un procedimiento individual para migrar todos los débitos automáticos.

¿Cobran los jubilados?

Sí. El BCP aseguró que los pagos de jubilaciones se mantendrán y que se establecerán mecanismos para que los beneficiarios que cobraban a través de Ueno puedan seguir percibiendo sus haberes en otras entidades financieras.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que unos 32.000 jubilados y pensionados que utilizaban Ueno Bank serán trasladados a otras entidades para recibir sus pagos.

La previsional aseguró que los haberes y aguinaldos están garantizados. El calendario habitual contempla el inicio de los pagos el día 17 de cada mes, y el IPS trabaja en coordinación con el sistema financiero para habilitar las nuevas cuentas.

Los jubilados deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del IPS para conocer cuál será su nueva entidad de cobro y cómo se implementará el cambio.

¿Qué hago si soy empresa o comercio?

Las empresas y personas jurídicas también están comprendidas en el régimen del Fondo de Garantía de Depósitos. La cobertura alcanza hasta G. 228.300.000 por titular y por entidad financiera, bajo las condiciones establecidas por la Ley N.º 2.334/03.

Por lo tanto, si una empresa tenía depósitos en Ueno Bank, debe considerar el mismo límite legal que se aplica a las personas físicas. Los saldos que superen ese monto no cuentan con cobertura automática del fondo.

Las empresas que tengan cuentas corrientes, cajas de ahorro u otros depósitos deberán consultar la plataforma del BCP y verificar las instrucciones correspondientes. También deberán considerar las obligaciones pendientes con la entidad, porque las deudas vencidas pueden descontarse de los fondos a devolver.

Las empresas vinculadas a Uenoestán sujetas a las exclusiones previstas en la legislación. No todas las personas jurídicas tienen necesariamente derecho a cobrar la garantía.

¿Qué pasa con fondos mutuos, CDA y bonos?

Es fundamental distinguir entre un depósito bancario y una inversión en el mercado de valores. El Fondo de Garantía de Depósitos protege determinados depósitos bancarios, pero no garantiza las inversiones realizadas en fondos mutuos, bonos u otros instrumentos del mercado de capitales.

• Certificados de Depósito de Ahorro (CDA): están comprendidos en la garantía de depósitos. El BCP confirmó que la cobertura alcanza tanto a los depósitos a la vista como a los depósitos a plazo. Sin embargo, los tenedores de CDA cobrarán en una etapa posterior del cronograma.
• Fondos mutuos: la situación es diferente. La Superintendencia de Valores dispuso medidas temporales sobre determinados fondos que tenían inversiones vinculadas a Ueno Bank. Estos fondos tienen un patrimonio independiente del banco y de su administradora. Por eso, la resolución de Ueno no significa que todos los activos de los fondos hayan desaparecido. La suspensión temporal de rescates busca permitir la valoración de las inversiones y proteger a los participantes. El BCP informó que la normalización se realizará progresivamente, mientras se trabaja en mecanismos para transferir la administración de los fondos afectados.
• Bonos: los títulos del mercado nacional e internacional no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su recuperación dependerá de las condiciones particulares de cada instrumento y de los mecanismos que correspondan.

¿Cuándo vence el plazo de la garantía?

La Ley N.º 2.334/03 establece que la garantía debe honrarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad financiera.

El Directorio del BCP puede ampliar ese periodo por otros 15 días, siempre que exista una resolución fundada que justifique la prórroga.

En el caso de Ueno Bank, la resolución fue aprobada el 2 de noviembre de 2026. Por eso, el primer plazo legal vence el 17 de noviembre. Si se utiliza la prórroga, el periodo adicional se extendería hasta el 2 de diciembre.

Estos plazos corresponden al cumplimiento de la obligación legal de honrar la garantía. No significan que todos los productos financieros, inversiones o saldos que superen el límite garantizado deban estar restituidos en esas mismas fechas.

Cuidado con las estafas

El caso de Ueno Bank puede ser aprovechado por personas que intenten engañar a los ahorristas con supuestas gestiones para recuperar el dinero. Por eso, el BCP recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales.

Hay algunas precauciones fundamentales:

• No compartas contraseñas, claves, PIN ni códigos de verificación OTP.
• No ingreses a enlaces enviados por desconocidos mediante WhatsApp, SMS o redes sociales.
• No instales aplicaciones por indicación de terceros.
• No pagues comisiones a supuestos gestores que prometan acelerar la devolución de tus ahorros.
• No transfieras dinero a cuentas particulares para liberar fondos.
• Consultá siempre la página oficial del BCP antes de proporcionar información personal.

Los mensajes que prometen devolver los fondos a cambio de una comisión o transferencia a terceros deben generar desconfianza.

La plataforma oficial para consultar el procedimiento es www.bcp.gov.py/fgd-pagos.

¿Quiénes quedan excluidos?

La garantía de depósitos no alcanza a todos los titulares sin excepción. La Ley N.º 2.334/03 establece exclusiones para determinados depósitos y personas vinculadas a las entidades financieras.

Entre los casos contemplados por la normativa se encuentran los depósitos constituidos por directores, ejecutivos y empleados de la entidad que ocupen cargos gerenciales, así como otros casos de vinculación que puedan ser determinados por el BCP.

También pueden rechazarse solicitudes de cobertura cuando los depósitos no cumplan los requisitos formales o sustanciales exigidos, o cuando existan elementos que permitan considerar que se trata de operaciones simuladas, fraudulentas o ilegales.

El BCP informó específicamente que las personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank están excluidas de la cobertura, conforme a la legislación. Si alguna de ellas recibe fondos de la garantía, deberá devolverlos al FGD dentro de las 24 horas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes.

La exclusión de la garantía no elimina necesariamente el derecho a reclamar créditos contra la entidad en el procedimiento judicial que corresponda.

¿Qué pasará con el banco?

El BCP inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La medida implica el cese de las operaciones habituales de la entidad y la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar su situación patrimonial, preservar los activos y determinar las obligaciones pendientes.

El proceso contempla la posibilidad de transferir activos y pasivos a otras entidades financieras mediante mecanismos previstos en la legislación. El objetivo es proteger a los depositantes y procurar la mayor recuperación posible de los fondos.

Hasta el 9 de noviembre de 2026, el BCP no había anunciado una entidad que sustituya definitivamente a Ueno Bank ni una fecha para la conclusión de todo el procedimiento. Por eso, los clientes deben diferenciar entre el pago de la garantía, que ya está en marcha, y el futuro de la entidad bancaria, que sigue bajo resolución.

¿Dónde presentar consultas y reclamos?

El Banco Central del Paraguay habilitó una dirección específica para recibir consultas, dudas y reclamos relacionados con las acreditaciones del Fondo de Garantía de Depósitos:

• Correo electrónico: pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py

Según la información difundida, la atención de consultas y reclamos por este medio comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026.

Para verificar los datos sobre el pago, los grupos de beneficiarios y las entidades asignadas, se debe ingresar a la plataforma oficial del Fondo de Garantía de Depósitos.

También se puede consultar la recopilación de todos los comunicados oficiales del BCP sobre Ueno Bank, publicada por ABC Color.

La manifestación se realizó en coincidencia con el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Entre los principales reclamos del sector figuran el aseguramiento de los fondos previsionales y jubilatorios, además de una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.

Los educadores también exigen que la gratuidad escolar sea efectiva y no dependa de los aportes económicos de las familias ni de los propios docentes, quienes, según denuncian, terminan cubriendo necesidades que corresponden al Estado.

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Valentín Benítez, delegado sindical de la UNE-SN, señaló que la movilización busca que las autoridades escuchen los reclamos del sector antes de definir los recursos destinados a la educación para el próximo año.

“Solicitamos los recursos necesarios para garantizar que la educación sea obligatoria y gratuita. Actualmente, esto no se cumple, porque los padres deben cubrir muchos gastos con sus propios recursos. Lo mismo ocurre con los docentes, quienes terminan solventando necesidades que el Estado debería garantizar”, expresó.

Condiciones de la educación inclusiva

Otro de los reclamos apunta a la falta de condiciones adecuadas para garantizar una educación inclusiva. Benítez señaló que las instituciones educativas carecen de profesionales especializados, como psicólogos y psicopedagogos, además de infraestructura y recursos para atender a estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje.

“En las escuelas no tenemos las condiciones para brindarles una buena atención, tampoco contamos con apoyo profesional, como psicólogos, psicopedagogos y otros especialistas que necesitamos. Además, nos falta infraestructura y los docentes de educación escolar básica no tenemos la capacitación suficiente para atender a estos chicos. La educación inclusiva no debe ser solamente incorporar al niño a la escuela, sino garantizarle la atención y el acompañamiento que necesita”, manifestó.

Jubilaciones demoradas por burocracia

Los sindicalistas también reclamaron la agilización de los trámites jubilatorios y la desvinculación de los educadores que ya cuentan con la resolución correspondiente.

Según Benítez, los procedimientos administrativos pueden prolongarse hasta dos años, situación que obliga a los docentes a continuar trabajando pese a haber cumplido los requisitos para acceder al beneficio.

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“Existe demasiada burocracia para la desvinculación. El trámite puede prolongarse hasta dos años. Uno ya cuenta con la resolución de jubilación, pero no puede retirarse. Por eso, exigimos que la jubilación sea automática”, sostuvo.

Preocupación por los recortes presupuestarios y los fondos jubilatorios

El delegado sindical manifestó además su preocupación ante la posibilidad de recortes presupuestarios que afecten los recursos destinados a la gratuidad escolar y la infraestructura educativa. Advirtió que una reducción de fondos agravaría las dificultades que enfrentan los docentes y las instituciones educativas.

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También cuestionó la acumulación de proyectos educativos que, según afirmó, no siempre cuentan con los recursos prometidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Indicó que, en numerosas ocasiones, los docentes y padres deben utilizar dinero de sus propios bolsillos para sostener esas iniciativas.

Finalmente, advirtió que la falta de respuestas a las reivindicaciones del sector podría complicar el inicio del año lectivo 2027. Por ello, los gremios insistieron en la necesidad de que sus planteamientos sean atendidos durante el tratamiento del presupuesto nacional.

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Por otro lado, mediante la Resolución N.º 4518, la FGE amplió también el equipo interinstitucional que interviene en las causas penales N.º 91/2026 (“Federico Miguel Vázquez Villasanti s/ estafa”) y N.º 92/2026 (“Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”).

En ese equipo, se designó a las agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, María Verónica Valdez (Unidad n.º 12) y Laura Mercedes Giacummo (Unidad n.º 13).

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Con estas medidas, el Ministerio Público busca dar un abordaje multidisciplinario a las investigaciones que involucran a uno de los actores más importantes del sector financiero y a un expresidente de la República.

Es en el marco del proceso de reposición del anticipo del FG a los depositantes afectados por la caída de Ueno Bank SA, en proceso de resolución.

De acuerdo con lo indicado por el BCP, los clientes que se incorporan desde hoy son:

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A aquellos que depositantes sin deudas que tenían depósitos mayores a G. 121.760.000 se les otorgará el pago máximo del anticipo que es de G. 121.760.000.

También fueron habilitados a cobrar los clientes con deudas: A los mismos se les descontará la parte vencida de la deuda siempre y cuando no sean operaciones con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El BCP aclaró además que los pagos a los primeros grupos se siguen realizando, es decir, de aquellos con depósitos inferiores a G. 10.000.000 y G. 121.760.000 que fueron habilitados entre el viernes y sábado.

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También es importante señalar que el pago de los anticipos de la garantía continuarán hasta este miércoles 11 de noviembre conforme al plazo legal establecido en la Ley 7455/26.

Los depositantes con recursos superiores a lo establecido para el anticipo deberán esperar el proceso que establece la Ley de Garantías para la devolución total de hasta 75 salarios mínimos, que es el tope del FGD, unos G. 228.300.000 por depositante.

En el departamento, los educadores se concentran en cinco puntos: San Pedro de Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Liberación, Santaní y Capiibary. Las actividades académicas quedaron suspendidas en las instituciones públicas debido a la adhesión de los docentes a la convocatoria nacional.

El director de Policía de San Pedro, comisario principal Nicolás Cardozo, informó que las movilizaciones se desarrollan de manera pacífica. Indicó que la Policía Nacional mantiene un operativo de seguridad para garantizar el derecho a la manifestación, la libre circulación y el orden público.

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Reclaman garantías para fondos jubilatorios

La protesta nacional tiene como uno de sus principales motivos la preocupación de los gremios por la situación de los fondos de la Caja Fiscal, tras la caída de ueno bank. Los educadores exigen garantías para la restitución de los recursos jubilatorios que estaban depositados en la entidad financiera.

Durante la jornada, una comitiva de dirigentes gremiales tiene previsto reunirse con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien recibirá a los representantes del sector para escuchar sus reclamos, según confirmó el presidente de la FEP, Silvio Piris.

Los gremios anunciaron que presentarán una propuesta de ley especial para garantizar la recuperación de los fondos afectados. Entre sus reclamos también figuran la devolución de unos US$ 60 millones de la Caja Fiscal y US$ 350 millones correspondientes al IPS, además de otros recursos comprometidos.

Otros reclamos del sector docente

La jornada de protesta también incluye pedidos relacionados con la situación laboral y salarial de los educadores. Entre ellos se encuentran un aumento salarial del 8%, la desvinculación de docentes que ya accedieron a la jubilación y una mayor inversión para el sector en el Presupuesto General de la Nación 2027.

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Gobernación suspende el almuerzo escolar

Por su parte, la Gobernación de San Pedro comunicó oficialmente la suspensión del servicio de almuerzo escolar del programa Hambre Cero durante este lunes.

La institución justificó la decisión señalando que busca resguardar los recursos públicos y evitar el desperdicio de alimentos, considerando la masiva adhesión de los docentes al paro y la ausencia de alumnos en los establecimientos educativos.

Los educadores de San Pedro permanecen atentos a las directivas que puedan surgir de sus organizaciones gremiales y al resultado de las negociaciones con el Gobierno. En principio, las actividades educativas y los servicios escolares se normalizarían desde el martes 10 de noviembre, sujetos a las decisiones que adopte el sector.

Villalba señaló que “diferentes irregularidades” en el proceso adjudicatorio fueron detectadas por la Contraloría en la etapa precontractual, que derivaron en un análisis documental cuyo resultado fue emitido por el ente contralor en febrero de este año, con recomendaciones a la Conatel.

“No se ha dado cumplimiento al procedimiento debido a la laxitud en el proceso de adjudicación”, dijo el representante de la Contraloría.

Flexibles con infraestructura crítica

Señaló como una de las irregularidades detectadas que la Conatel aceptó una declaración jurada como elemento para acreditar que Nubicom, de origen argentino, tenía el mínimo de 100.000 clientes en el país vecino que requería el pliego de bases y condiciones del llamado licitatorio para la adjudicación de las sub bandas del espectro 5G.

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“La Contraloría dijo a la Conatel y al Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) que estaban siendo flexibles”, dijo Villaba, quien señaló que ambas instituciones tenían la obligación a ser rigurosos en el control de la ejecución de un contrato relacionado a “-”infraestructura crítica para el país".

“Riesgo evidente” en mantener la licitación

Mencionó que la Contraloría no pudo corroborar que se realizó la inversión y el despliegue de radio estaciones que al que Nubicom se había comprometido. Además, señaló que la matriz en Argentina de Nubicom Paraguay acabó desvinculándose de la filial paraguaya, con lo que los 100.000 clientes que la empresa se atribuyó en el proceso de adjudicación “ya no existen”.

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“Hay un riesgo potencial muy evidente en mantener esta licitación con una empresa que no tendría la solvencia ni las condiciones para llevar adelante la inversión”, dijo.

Villalba enfatizó que, a la luz de todos los hechos mencionados, corresponde que Conatel extinga el contrato, y agregó que “al Ministerio Público le corresponde investigar responsabilidades de las entidades involucradas y sus titulares”.

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En el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se nombró al viceministro Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino de dicha secretaría de Estado, en reemplazo de Gustavo Villate.

También en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se oficializó la designación de Víctor Andrés González Bedoya como ministro interino de esta cartera ambiental.

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Todas las documentaciones oficiales fueron refrendadas por el Ministerio del Interior, dando cumplimiento formal a las facultades constitucionales del Presidente de la República en la conformación y administración de su equipo de gobierno.

Una lista de cambios

Estas designaciones siguen a las ordenadas por Alliana durante el fin de semana; primero con la vuelta de Ariel Martínez al Ministerio del Interior en reemplazo del comisario Carlos Benítez, quien estuvo apenas 48 horas en el cargo luego de la renuncia de Enrique Riera.

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Posteriormente se oficializó la llegada de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en reemplazo de Claudia Centurión y este lunes, la designación de Félix Sosa al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en reemplazo de Miguel Báez Reyes.

Además de estos cambios, fueron reconfirmados en sus cargos, Rodrigo Nicora en la cartera de Justicia, Óscar González en Defensa Nacional, Marco Riquelme en Industria, Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar Lovera en Economía y Finanzas, Tadeo Rojas en Desarrollo Social e Isaías Fretes en Salud Pública.

La decisión se basa en “los incumplimientos sustanciales que resulten acreditados respecto de las obligaciones derivadas del PBCG y de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes”, según el ente de control, cuyo trabajo inició en febrero de este año.

El organismo también remitió sus hallazgos al Ministerio Público, en atención a los vínculos financieros de la firma con Ueno Bank y a la causa penal que involucra a sus directivos.

La recomendación está contenida en el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), aprobada mediante la Resolución CGR Nº 533/25. La Contraloría considera que las irregularidades detectadas justifican que Conatel analice la extinción de la licencia, conforme al artículo 71, inciso e), de la Ley Nº 642/95, de Telecomunicaciones.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, dispuso además remitir los antecedentes al Ministerio Público para que sean incorporados a la investigación penal en curso relacionada con Ueno Bank.

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Entre los principales cuestionamientos de los auditores de las direcciones de Control de la Administración Descentralizada y de Contrataciones Públicas de la CGR figura la falta de verificación de la experiencia y la cantidad de abonados declarados por Nubicom.

Según el informe, Nubicom SRL, que pasó a denominarse Nubicom Paraguay SA tras la adjudicación, obtuvo la calificación operativa mediante una declaración jurada en la que afirmó contar con más de 100.000 abonados en Argentina. Sin embargo, Conatel no habría realizado una comprobación fehaciente de esa información antes de la precalificación.

Las consultas efectuadas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina no permitieron confirmar la cantidad de usuarios declarada, debido a las restricciones derivadas del secreto estadístico vigente en ese país. De esta manera, la evaluación se habría sustentado en la manifestación de la propia empresa, sin una verificación independiente.

Otro cuestionamiento apunta a la presentación fuera de plazo de documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). La firma adjudicataria entregó parte de esos documentos el 22 de agosto de 2025, pese a que la fecha límite para la recepción y apertura de ofertas había sido fijada para el 8 de agosto de ese año.

Los auditores señalaron que la falta de presentación oportuna de esos documentos encuadraba en la causal de no precalificación establecida en el artículo 9, literal e), del pliego.

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La fiscalización también observó deficiencias en el control del despliegue de infraestructura. Según la Contraloría, Conatel no acreditó un seguimiento integral y verificable de los compromisos asumidos por Nubicom para el primer año, entre ellos, la instalación de estaciones radiobase y el inicio efectivo de la prestación comercial del servicio dentro de los plazos establecidos.

“El hito del año 1 no es accesorio, hace al objeto de la licitación, que es el acceso efectivo de la población a la tecnología 5G y la no comprobación fehaciente de aspectos centrales como la inversión y puesta en operación verificable de la infraestructura, constituye una falta grave”, resalta la CGR.

Garantía de Ueno Bank y causa penal

Uno de los aspectos que motivaron la remisión de los antecedentes a la Fiscalía es la relación financiera entre Nubicom y Ueno Bank.

De acuerdo con los documentos examinados, Nubicom SRL presentó una garantía de mantenimiento de oferta por US$ 75.000, emitida por Ueno Bank SA en agosto de 2025, durante el proceso de licitación del espectro para la tecnología 5G.

Además, los informes recabados por los auditores señalan que Nubicom figura como beneficiaria directa de operaciones crediticias otorgadas por la entidad bancaria.

La Contraloría también hizo referencia a la causa penal que lleva adelante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción por operaciones vinculadas a Ueno Bank, en la que fueron imputadas 27 personas, entre ellas, directivos de Nubicom Paraguay SA.

La coincidencia entre los vínculos financieros de la empresa, la garantía presentada para participar en la licitación y la situación procesal de sus directivos fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que los hallazgos de la fiscalización sean considerados en el marco de las investigaciones en curso.

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Contraloría ya puso al tanto al presidente Pedro Alliana, al Congreso y a directivos de Conatel

La Contraloría distribuyó las conclusiones de su fiscalización mediante cinco comunicaciones dirigidas a las principales instituciones del Estado.

Mediante la Nota CGR N.º 6000/26, el contralor general remitió el informe final a Pedro Alliana Rodríguez, en su carácter de presidente de la República del Paraguay.

También remitió informes a ambas cámaras del Congreso: a Basilio Gustavo Núñez Giménez, presidente de la Cámara de Senadores, mediante la Nota CGR N.º 5998/26, y a Raúl Luis Latorre Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, mediante la Nota CGR N.º 5999/26.

Además, la Nota CGR N.º 6001/26 fue remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para poner a disposición del Ministerio Público las actuaciones y los hallazgos detectados, con miras a su incorporación a las causas tramitadas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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Por su parte, la Nota CGR N.º 5997/26 fue dirigida al presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, con las conclusiones de la auditoría y las recomendaciones correspondientes. Hasta ahora, el presidente de Conatel y los demás integrantes de su directorio no han brindado explicaciones públicas sobre los cuestionamientos y las irregularidades detectadas.

ABC advirtió sobre los vínculos de Nubicom con el Grupo Vázquez

ABC viene advirtiendo sobre los vínculos de Nubicom Paraguay SA con el Grupo Vázquez, cuyas empresas hoy están paralizadas tras la resolución de Ueno Bank por parte del BCP.

Apenas se adjudicó la licencia, Osmar Coronel, fundador y exdirectivo de Ueno Bank, ya aparecía públicamente como CEO de la compañía en eventos internacionales del sector.

Posteriormente, se conoció que en el directorio de la firma a nivel local figuraban Guillermo Vázquez, como director presidente (director suplente de Ueno Bank); César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular.

La víctima fue identificada como Raquelina Rojas, de 22 años, domiciliada en la comunidad indígena Mbokaja’i, quien recibió una herida en el pecho, propinada con un cuchillo, según informaron los intervinientes.

El supuesto autor del ataque sería Milciades Rojas Zabala, indígena de 26 años, quien le habría propinado la mortal herida a la víctima tras una discusión que se produjo durante una ronda de tragos.

El sospechoso fue detenido

El principal sospechoso del hecho, Milciades Rojas Zabala, fue detenido minutos después del crimen cuando intentaba cruzar la frontera e ingresar a territorio brasileño, según informó la Policía Nacional.

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Del poder del detenido se incautó un cuchillo con manchas de sangre, presumiblemente utilizado para el crimen, además de la motocicleta en la que se movilizaba el sospechoso, según el informe policial.

Para realizar los depósitos, se modificaron las leyes y normas que establecían los límites de cada insitución, como por ejemplo las del Instituto de Previsión Social (IPS), que depositó aproximadamente US$ 350 millones de los fondos jubilatorios.

Para el senador del PLRA, Lider Amarilla, el contralor general de la República, Camilo Benítez, recientemente reelecto en el cargo, debería renunciar, considerando que no fiscalizó oportunamente las inversiones de las instituciones públicas y no advirtió del riesgo de concentración de fondos públicos.

“La renuncia inmediata del Contralor General de la República y el vicecontralor por los siguientes: el Contralor General hizo algunas omisiones importantes para la gente, no fiscalizó oportunamente las inversiones de IPS, y ANDE y demás entidades. No advirtió del riesgo de concentración de fondos públicos, US$ 855 millones”, señaló.

Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

Amarilla cuestiona conclusión de la correspondencia patrimonial de Peña

El expresidente de la República Santiago Peña, destituido por juicio político e imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, fue accionista del grupo empresarial del banco estando en funciones.

La CGR realizó un examen de correspondencia de los bienes de Peña cuyo resultado presentó en mayo de 2026 ante el Ministerio Público en el que concluyó que existía correspondencia entre los ingresos y bienes del entonces mandatario.

Para el senador liberal, la Contraloría no esclareció operaciones claves, préstamos, rescate de acciones y reaccionó tardíamente a toda la crisis que eran ya evidentes.

“Él llegó tarde en el IPS porque él es contralor hace ya ocho años, nueve años que es contralor de la República. Cada año iba aprobando la gestión en diferentes instituciones. Llegó tarde a lo del IPS, llegó tarde a lo de, imaginate, el MEF, Ministerio de Economía puso plata y se supone que el Ministerio de Economía es el órgano más técnico que tenemos. Ese informe que ellos reciben para poder hacer depósitos en los bancos, depósito de seguridad, probablemente se adulteró, se falsificó. Todo esa investigación se va a tener que hacer”, refirió.

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Insistió en que los responsables directos de realizar estos depositos son los que encabezaban las instituciones, pero quien les controla es la CGR; sin embargo, Benítez “no hizo nada”.

Recordó que el artículo 7 de la ley de la Contraloría dice que el contralor tiene responsabilidad personal por acción o por omisión en en su trabajo de fiscalización, por lo que insistió que debe ser destituido e investigado él y sus bienes.

“Riene que renunciar si tuviera un poquito de dignidad, si tuviera un poquito de decencia, no puede estar ni un minuto. Es como si fuera que yo soy el dueño y no sé, el auditor de mi empresa no ve nada. Él no vio nada, no sintió nada, no escuchó nada. El daño está causado para los paraguayos. El daño está causado. Se robó US$ 860 millones y él no vio nada”, indicó.

El préstamo de Peña para construir su mansión

Para Amarilla, uno de los casos más escandalosos de la omisión de la contraloría tiene que ver con la mansión de Santiago Peña en San Bernardino. La construcción de la residencia de verano tuvo un costo aproximado de G. 7.700 millones que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

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El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por G. 3.548.000.000 para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

“Cuando nosotros todos sabemos que hacemos un préstamo y hasta el 25% de tu salario normalmente podés, te aprueban un préstamo, pero él mucho más de eso tenía préstamo y no vio, el tema de los sobres, ¿se acuerdan del tema de los sobres? Hablando del tema de los sobres, (Óscar) Orúe, el ministro de tributación, dijo que no había problema que la primera dama pida una factura a nombre de un tercero, mientras que a todos nosotros los paraguayos nos exigen que tenemos que tener factura a nombre nosotros", criticó.

Adelantó que pedirá tratar en mesa directiva de la Cámara de Senadores la renuncia o destitución de Camilo Benítez ya que “no puede seguir ni un minuto ese señor que él eso luego ya era un contralor irregular. Yo siempre denuncié que el contralor no tenía que volver a ser más contralor porque era amigo de Santiago Peña, se manejaban a nivel de de farra, de trucos. Hay fotos que ellos compartían, no le podía controlar a un amigo”.

El hallazgo se produjo durante el procedimiento de revisión realizado ayer por una agente penitenciaria, quien encontró entre las prendas íntimas de la mujer un paquete envuelto en polietileno que contenía marihuana.

Tras el descubrimiento, personal de la Comisaría 1ª acudió al lugar y comunicó el hecho al fiscal especializado en Narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez. Posteriormente, fue convocado personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los agentes realizaron la prueba de narcotest a la sustancia incautada, cuyo resultado fue positivo a marihuana, con un peso total de 101,2 gramos.

Finalmente, por disposición del agente fiscal interviniente, Liz Andrea Peralta Torres quedó detenida y fue trasladada a la Comisaría 25ª de Mujeres, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Casi todas las víctimas coincidieron en que los autores tenían acento extranjero, justamente venezolano o colombiano, y además había un patrón común en todos los casos, que los afectados fueron “fichados” y seguidos por los delincuentes desde el aeropuerto de Luque o desde shoppings de Asunción.

Es decir, los miembros de esta banda hacían “oficina” en el aeropuerto o en los centros comerciales, donde observaban los movimientos de las personas y cuando detectaban a alguien que usaba un reloj costoso la seguían y la asaltaban.

Uno de los golpes más trascendentes perpetrados por esta gavilla internacional fue el 14 de noviembre de 2025, contra una joyería y relojería del barrio Recoleta de Asunción.

En ese caso, fueron identificados varios venezolanos, cuyo aguantadero fue localizado posteriormente en Lambaré, pero los integrantes de la gavilla escaparon en medio de una balacera.

Tras aquel procedimiento, los delincuentes extranjeros desaparecieron por un tiempo, hasta que en mayo de 2026 comenzaron a operar de nuevo, con otros asaltos en Asunción.

Tras un paciente seguimiento, policías del Departamento de Investigaciones de Asunción finalmente capturaron el 19 de mayo pasado a tres supuestos miembros de la gavilla, Diego David Ferreira Barrios, paraguayo, de 36 años, con antecedente por prestación alimentaria; Jorge David Centurión, paraguayo, de 31 años, con antecedente por extorsión, y Wilkeison Gabriel Acurero Ochoa, venezolano, de 28 años, quien tendría antecedentes penales en su país.

Luego de ese procedimiento, los policías descubrieron que la mayoría de los miembros venezolanos de este grupo estaban afiliados en su país a la temible organización terrorista Tren de Aragua.

En las últimas semanas, otra vez después de un periodo de inactividad, los venezolanos de la “banda del Rolex” empezaron a asaltar de nuevo en la capital.

El 19 de octubre pasado, asaltaron en la calle a un matrimonio que bajaba de un vehículo, en Teniente primero Rivarola y Teniente López, donde robaron un reloj valuado en 22.000 dólares e incluso dispararon un tiro en su huida.

El 22 de octubre pasado, atacaron dentro de la cafetería Pederzani, ubicada en Nuestra Señora del Carmen casi avenida San Martín, donde robaron dos relojes a dos clientas que estaban merendando.

El 25 de octubre pasado, aparecieron dentro de la heladería Doña Angela, en la avenida España esquina Nelson Mandela, donde golpearon y tumbaron a un señor de 85 años en un intento por robarle su reloj.

Simulaba ser un delivery

Uno de los supuestos miembros de esta gavilla, Samir Alejandro Ascanio Coa, venezolano, de 28 años, fue capturado por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, el sábado último (7 de noviembre), en una operación en la ciudad de Ñemby.

El extranjero fue interceptado cuando manejaba una motocicleta, que sería la misma que se usó en los últimos asaltos.

Es más, el venezolano estaba vestido de la misma manera en la que aparece en uno de los robos.

Samir Alejandro se movilizaba simulando ser un delivery, con lo que eludía los controles.

El caso fue comunicado a la fiscala de Asunción, Karina Caballero.

Según datos, tres delincuentes que se desplazaban en un automóvil Toyota Premio, presumiblemente de color gris, interceptaron al guardia de seguridad de la empresa SAG Security Group SA, quien se encontraba realizando cobertura en la cuadra. Los asaltantes lo redujeron y le despojaron de su revólver reglamentario.

Posteriormente, los desconocidos se dirigieron hasta la farmacia, donde cortaron los candados de la persiana metálica y rompieron el blíndex para ingresar al local. Una vez dentro, se apoderaron del dinero que había en la caja registradora, cuyo monto todavía se desconoce, además de un lote de medicamentos a base de tirzepatida.

El subjefe de la Comisaría 1ª, comisario Jorge Villalba, manifestó que fueron alertados casi dos horas después del asalto y que esta mañana están trabajando en la búsqueda de imágenes de cámaras de circuito cerrado de establecimientos comerciales de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de los delincuentes.

La fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, solicitó la intervención del personal de Criminalística y del Departamento de Investigaciones para los procedimientos.

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Leite pide al presidente Pedro Alliana la barrida de Roberto Ilo Moreno, exasesor jurídico de la Presidencia, Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía; y Claudia Centurión, exministra de Obras. Estas personas siguen siendo consejeros en la binacional.

“Me llama la atención que aún no hayan sido destituidos Roberto Ilo Moreno, Carlos Fernández Valdovinos y Claudia Centurión de Itaipu”, escribió el senador cartista.

El parlamentario también indicó que Rafael Lara, quien ocupa el cargo de director financiero de Itaipú debe irse lo antes posible.

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“Tampoco Lara, que fue quien depositó el dinero de Itaipú en UENO”, dijo Gustavo Leite.

No solo ser, sino parecer

El senador, en pocas palabras, indicó al presidente Pedro Alliana que no basta con tener buenas intenciones, sino que también es necesario proyectar y demostrar esas cualidades a través de la conducta.

“Debemos ser y parecer al mismo tiempo. Entiendo que hay mucho que cambiar, pero debemos hacerlo cuanto antes”, sostuvo Gustavo Leite.

La decisión del máximo tribunal se dio mediante Acuerdo y Sentencia N° 808, dictado este lunes 9 de noviembre de 2026, que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por las abogadas Daniela Cuevas y María Fernanda Laino Guanes, en representación de los condenados Armando Javier Rotela y Carlos Damián Fernández.

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Dicho recurso fue interpuesto en contra del Acuerdo y Sentencia N° 9 de fecha 20 de abril del 2026, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado; que a su vez ratificó el fallo dictado en primera instancia el 7 de marzo de 2025, en el marco de caso Chacal, por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Inés Galarza (presidente), Pablino Barreto y Juan Dávalos.

Además de esta condena, actualmente Armando Rotela cumple en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada otra sentencia a 19 años de cárcel y 8 años de medida de seguridad, dictada en 2020; y otra de 8 años de prisión dictada en 2022. Según la resolución que unificó ambas penas, el encausado cumpliría esa condena el 23 de julio de 2038 y la medida de seguridad en julio del año 2046.

Defensa de Rotela no justificó supuestas violaciones

En el Acuerdo y Sentencia N° 808 la Sala Penal de la CSJ señala que la defensa de Armando Javier Rotela argumentó que el juicio oral duró seis meses y que esta situación le causó indefensión. Sin embargo, resalta el máximo tribunal, los representantes del encausado solo se quejan genéricamente del lapso de tiempo que duró el juzgamiento, pero no justifica por qué se vieron afectados los principios de inmediación y concentración, de manera tal que le causara un perjuicio.

La defensa también fundamentó que el Tribunal de Apelaciones justificó la lectura tardía de la sentencia de mérito, sin embargo no explica las razones jurídicas por las que considera que la respuesta brindada por el Tribunal de Apelaciones es incorrecta, solo se limitó a transcribir parte de los argumentos expuestos en el fallo impugnado y cuestionó genéricamente, según resalta el máximo tribunal en su resolución.

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Además de Armando Rotela, en el caso Chacal también fueron condenados los demás integrantes del esquema de microtráfico y sicariato: Juan Javier Rodas Román, alias Pacholi, a 19 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad; Vicente Ignacio Chase Lauseker, alias Peko, a 18 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad y Carlos Damián Fernández González, a 14 años de prisión.

La lista de condenados continúa con el guardiacárcel Christian Mario Martínez Medina (13 años de prisión), Fredy Magdaleno Pérez Montiel (12 años de cárcel), Ronald Herminio Cantero Ibáñez (12 años) y Carmen Carolina Ortiz Figueredo a 10 años de pena privativa de libertad.

Operación Chacal desbarató esquema criminal

La denominada “operación Chacal” se inició en enero de 2021, con interceptaciones de comunicaciones telefónicas, previamente autorizadas, vía judicial. Los procedimientos fueron realizados por inteligencia del Departamento Antinarcóticos de la Policía, mediante el cual se obtuvo información relevante sobre las funciones y miembros del grupo criminal.

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Estos datos confirmaron que Rotela era el principal elemento de la logística del grupo criminal, y que, estando en prisión, seguía operando de forma continua en el tráfico y comercialización de sustancias, tanto dentro como fuera del penal.

De acuerdo con los alegatos finales de los fiscales Christian Ortiz y Luis Said, Rotela contaba con la colaboración de guardiacárceles o agentes penitenciarios, quienes facilitaban la introducción de sustancias y la posterior entrega de la droga a terceros en lugares coordinados anteriormente; también que los custodios colaboraban con la introducción al penal de armas de fuego y sus municiones a cambio de beneficios.

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Incluso, los guardiacárceles habrían recibido órdenes de Rotela para no registrar en los libros de novedades los datos de ciertas visitas que recibían él y los demás miembros de la estructura, según lo demostrado por la fiscalía.

Rotela y sus principales colaboradores

En el juicio oral el Ministerio Público probó que Vicente Chase Lauseker era uno de los principales intermediarios con los proveedores, quienes transportaban la sustancia en vehículos modificados para ocultarla, bajo la modalidad de “doble fondo”.

Por su parte el ahora condenado Juan Javier Rodas era el brazo derecho y persona de confianza de Armando Javier Rotela Ayala y, según lo probado por el Ministerio Público en el juicio oral, ambos llevaban a cabo el balance financiero.

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Además, Rodas era el encargado de verificar, controlar y confirmar la correcta distribución de la sustancia a otros proveedores de la zona.

Juan Rodas también tenía a su cargo la comercialización al menudeo de las sustancias, operando desde la zona conocida como San Felipe, dentro del barrio Ricardo Brugada, en colaboración con Carlos Damián Fernández, alias Tingui.

Las propuestas llegan en un momento particularmente delicado para el organismo regulador, tras la crisis de Ueno Bank, que provocó una profunda reestructuración de sus principales autoridades y derivó en la destitución de Santiago Peña mediante juicio político.

La Cámara de Senadores fue convocada a una sesión extraordinaria para las 11:00, en la que se prevé avanzar con el tratamiento de las nominaciones. Ambas nominaciones tendrían el apoyo legislativo.

La designación de Rivarola adquiere especial relevancia por sus antecedentes en la Superintendencia de Bancos. El funcionario fue quien suscribió el informe técnico que dejó documentadas las alertas sobre la situación financiera de Ueno Bank, antes de que la entidad terminara sometida al proceso de resolución bancaria.

Alliana destaca a Rivarola y habla de rigor técnico

A través de sus redes sociales, Alliana anunció la propuesta de incorporación de Rivarola al Directorio del BCP y destacó su perfil profesional.

La institucionalidad y el rigor técnico vuelven a ocupar el lugar que les corresponde. He presentado ante el Congreso Nacional la propuesta de incorporación de Fernando Rivarola al Directorio del Banco Central del Paraguay. Un joven comprometido y valiente. Confío en que el Congreso acompañe esta designación para seguir fortaleciendo nuestras instituciones.

Pedro Alliana

Rivarola fue apartado del área de Supervisión del BCP durante el gobierno de Santiago Peña, después de haber dejado constancia de sus observaciones técnicas sobre las operaciones de Ueno Bank.

Fernando Rivarola, el funcionario que dejó las alertas sobre Ueno Bank

Fernando Rivarola se desempeñaba como gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del BCP. Su nombre tomó notoriedad pública tras conocerse el informe técnico que llevaba su firma y que advertía sobre operaciones de riesgo y problemas en los indicadores financieros de Ueno Bank.

El documento, de 25 páginas, describía las observaciones técnicas sobre la entidad y sus operaciones, entre ellas los descalces patrimoniales, las exposiciones crediticias de riesgo y los sobregiros sin garantías suficientes vinculados a empresas del mismo grupo económico.

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Las advertencias adquirieron especial relevancia cuando la situación de la entidad desembocó en su resolución bancaria y dejó expuesta la actuación de las autoridades responsables de la supervisión financiera.

Sin embargo, antes de que el caso adquiriera toda su dimensión política, Rivarola había sido apartado de la Gerencia de Supervisión.

De la Gerencia de Supervisión a la AFD

Mediante el Decreto N.º 6329, del 6 de julio de 2026, firmado por el entonces presidente Santiago Peña, se dispuso el traslado de Rivarola al Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

La decisión lo sacó de una de las áreas centrales de fiscalización del sistema financiero, en un contexto en el que ya existían observaciones técnicas sobre Ueno Bank.

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Posteriormente, el contenido del informe y las circunstancias de su traslado cobraron relevancia en el debate político y legislativo sobre la responsabilidad de las autoridades del BCP en la crisis.

Ahora, con Alliana en la Presidencia de la República, el mismo funcionario es propuesto para regresar al Directorio de la institución en la que había desarrollado buena parte de su carrera profesional.

El perfil académico y profesional de Rivarola

Rivarola es licenciado en Administración de Empresas por la Webber International University de Florida, Estados Unidos, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude.

Cuenta además con un máster en Administración Pública y Política Económica por la London School of Economics, del Reino Unido; un máster en Gestión Pública y Derecho Económico por la Universidad de Salamanca, y un diplomado en Políticas Macrofinancieras por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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También registra experiencia en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en el Ministerio de Hacienda, donde se desempeñó como asesor principal y coordinador del gabinete técnico ministerial, y como docente universitario.

En el BCP ocupó diferentes cargos técnicos y gerenciales, entre ellos jefe de Desarrollo de Mercados Financieros, gerente de Análisis y Regulación y gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Jorge Schreiner, propuesto para presidir el Banco Central

En paralelo, Alliana solicitó el acuerdo constitucional para designar a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central del Paraguay.

Schreiner cuenta con antecedentes en la propia institución: fue miembro del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y presidió la Comisión Nacional de Valores entre 2003 y 2013.

Es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con especialización en Política Monetaria y Crediticia por la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, Alemania. También es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Tributario.

En el ámbito privado, se desempeñó como vicepresidente de ACI S.A. y posteriormente asumió la presidencia y dirección ejecutiva de Comtel S.A.

Su eventual designación se produce tras la salida de las anteriores autoridades del BCP, en medio de la crisis que dejó la resolución de Ueno Bank y de los cuestionamientos sobre la actuación del organismo regulador.

La conformación de una nueva conducción de la banca matriz será clave para recuperar la confianza en la supervisión financiera y esclarecer las responsabilidades institucionales que quedaron bajo cuestionamiento tras el colapso de la entidad.

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Depósitos en Ueno Bank: ¿hasta cuánto cubre la garantía?

Borda señaló que la Ley del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de 2003, protege hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228,3 millones por persona y por entidad. La cobertura también alcanza a los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hasta ese mismo límite.

Para quienes tienen montos superiores, la recuperación del dinero que exceda esa cobertura dependerá del proceso de resolución del banco, explicó.

El exministro sostuvo que la entrega de tarjetas de crédito permitió que más personas accedieran a servicios financieros, pero consideró que esa experiencia tuvo un desenlace doloroso. Situó el mayor impacto entre trabajadores y microempresarios, además de familias de clase media baja. “¿Cómo reparar el daño causado a personas, empresas y asociaciones?”, planteó.

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Bonos por US$ 350 millones y riesgo para la confianza en Paraguay

El alcance del problema también llega al exterior, según Borda. Indicó que Ueno Bank emitió bonos por US$ 350 millones en Nueva York y que su valor cayó abruptamente tras el inicio del proceso de resolución.

A su criterio, la pérdida de confianza podría encarecer las próximas emisiones de bonos soberanos, es decir, la deuda que coloca el Estado para obtener financiamiento.

En el plano político, el economista afirmó que la crisis provocó la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo y desembocó en la destitución del presidente de la República.

“La poca seriedad de la clase política en la conducción del Estado daña la reputación del Paraguay, en detrimento de los esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil”, expresó.

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Gobierno 2026–2028: las leyes económicas pendientes de aplicación

Borda recordó que, según su análisis, el nuevo presidente Pedro Alliana asumió con el compromiso de atender a los ahorristas afectados y afrontar la falta de medicamentos en los hospitales. También prometió frenar el derroche del gasto público y recuperar la confianza ciudadana.

Sin embargo, el exministro sostuvo que las tareas del período 2026–2028 exigen aplicar las leyes económicas aprobadas por la administración anterior.

Entre ellas citó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2023, que absorbió a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública. “Hasta ahora no veo cambios, excepto la mudanza de la oficina del ministro”, cuestionó.

Tampoco observó mayores resultados de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, creada en 2023, ni de la Ley de Organización Administrativa del Estado, de 2024, cuyo objetivo es reorganizar sus organismos y entidades.

Respecto de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, de 2025, recordó que fijó reglas para el ingreso, la promoción y la evaluación de funcionarios. Su reparo apunta a la distancia entre esas normas y su cumplimiento. “En la práctica, el padrinazgo político sigue operando”, afirmó.

Sobre la reforma de la Caja Fiscal, de 2026, sostuvo que aún no frenó el aumento del déficit.

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Salud y educación: Borda pide una hoja de ruta pública

Ante el corto plazo disponible para grandes reformas, Borda consideró urgente que el Gobierno defina una nueva hoja de ruta y la haga pública.

Reclamó más recursos para salud y educación, además de inversiones contra la pobreza y la desigualdad. Esos fondos, señaló, deben mejorar las capacidades y las condiciones de vida de las personas, con transparencia y rendición de cuentas.

Asignó esa responsabilidad a los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, de Educación y Ciencias, y de Desarrollo Social. “El dinero del Estado debe administrarse como patrimonio de todos”, remarcó.

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Sociedad civil y Estado: cómo recuperar la confianza

El economista vinculó las movilizaciones ciudadanas con el reclamo de derechos básicos y el rechazo a la corrupción. También señaló el descontento ante la impunidad y el uso de recursos públicos en beneficio de grupos particulares.

Para Borda, reparar los daños exige que el nuevo presidente abra espacios de diálogo y alcance acuerdos con distintos sectores. La capacidad de reconocer las diferencias, sostuvo, será parte de la recuperación de la confianza en las instituciones. “Pongamos al país en primer lugar y a la sociedad civil como contrapeso al Estado”, concluyó.

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El fiscal Christian Benítez informó que, hasta el momento, los investigadores únicamente consiguieron abrir la primera puerta para llegar a la bóveda, pero no pudieron superar la segunda barrera de seguridad. Aseguró que harán todo lo posible para ingresar a la estructura.

Al ser consultado sobre la posibilidad de trasladar a Peña hasta su vivienda para que utilice sus mecanismos de seguridad y abra la bóveda, Benítez descartó que esa alternativa esté siendo considerada por ahora. “De momento, (llevar a Peña) todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, declaró.

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Fiscalía analiza trasladar a Leticia Ocampos para abrir la bóveda

En cambio, reveló que una de las posibilidades que estudia la Fiscalía es trasladar a la ex primera dama para comprobar si cuenta con autorización de acceso mediante los sistemas de reconocimiento de iris instalados en el compartimento.

“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, dijo.

Benítez también mencionó que se podría consultar a otros familiares para determinar si alguno tiene acceso a la bóveda. No obstante, aclaró que estas personas no están obligadas a colaborar con los investigadores.

“El único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible”, sostuvo.

Detonación controlada: otra opción para acceder a la estructura

Otra de las alternativas que maneja el Ministerio Público es recurrir a una detonación controlada para abrir la estructura, aunque esta posibilidad todavía está sujeta a la evaluación de especialistas. “Inclusive, nosotros estamos analizando la posiblidad de arma una detonación controlada, si es que no hay otra manera de abrir”, refirió.

El fiscal mencionó que los investigadores manejan la hipótesis de que el compartimento podría funcionar como una habitación de seguridad. “Se sostiene que podría ser una habitación de pánico”, mencionó.

Reconoció que la posibilidad de una explosión genera interrogantes sobre los eventuales daños que podría ocasionar en los elementos guardados en el interior, además de las características de la construcción. Sobre la bóveda se encuentra una piscina y la propiedad está asentada en una zona de terreno elevado.

Detonación, solo sí aprueban especialistas

Al respecto, Benítez aclaró que la detonación es solamente una alternativa en análisis y que serán los expertos quienes determinen el procedimiento más seguro para ingresar.

“(La detonación) es un análisis nada más, los expertos van a ser los que nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso. Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta”, expresó.

Fiscalía mantiene reserva sobre otros aspectos de la investigación

Por otra parte, el fiscal evitó adelantar si Leticia Ocampos será incluida en la investigación abierta, alegando que existen cuestiones de reserva que deben ser precauteladas para no comprometer el desarrollo de las diligencias.

Tampoco brindó detalles sobre una eventual constitución o allanamiento de la Fiscalía en la vivienda de Peña ubicada en Asunción.

Asimismo, descartó que exista un “impasse” entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno y el proceso penal contra Peña.

En cuanto a los aproximadamente US$ 834 millones de dinero público depositados en Ueno Bank, monto consignado en las imputaciones contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Benítez aclaró que se trata de cifras “provisorias”, sujetas a los cálculos de los organismos financieros encargados.

Caso Ueno: Fiscalía se refiere a posibles afectados en el extranjero

El agente fiscal también señaló que las personas que se consideren afectadas por el caso Ueno en Estados Unidos u otros países pueden presentar sus denuncias en sus respectivas jurisdicciones o en Paraguay, a través de representantes legales.

En este último escenario, las denuncias podrían incorporarse a las investigaciones que ya se encuentran en curso en el Ministerio Público.

Bóveda en casa de verano de Santiago Peña

La Fiscalía allanó ayer la residencia de verano del expresidente en San Bernardino, donde encontró una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Los investigadores lograron superar esa primera barrera de seguridad, pero no pudieron abrir la segunda compuerta.

De acuerdo con los datos de la investigación, la bóveda contaría con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí, que incluiría un sistema de reconocimiento de iris.

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La propiedad está valuada en US$ 2 millones y fue construida entre 2024 y 2025 con financiamiento de Ueno. Según la investigación, las cuotas mensuales de los préstamos eran seis veces el salario que Peña percibía como jefe de Estado.

El allanamiento ejecutado es parte de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno. Peña, destituido vía juicio político, permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, agregó en su mensaje.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la llamada tuvo lugar este domingo.

Paraguay estrechó sus lazos con la Casa Blanca durante la Administración de Peña, quien se sumó, por invitación del mandatario Donald Trump, a la coalición militar Escudo de las Américas, y asistió, en octubre de 2025, a la Cumbre de Paz en Sharm el Sheij (Egipto), donde se firmó un acuerdo para acabar con dos años de guerra en la Franja de Gaza.

También, de la mano de Peña Paraguay se convirtió en un fuerte aliado de Washington, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.

En ese contexto, Alliana, quien se entrevistó personalmente con Rubio en agosto pasado en Washington, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense su invitación “para una próxima reunión y su disposición de seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos”.

Paraguay quedó sumido en una crisis política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicara, el martes pasado, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que percibió millonarios recursos estatales durante la Administración de Peña, quien fue destituido por el Senado señalado por sus vínculos con la intervenida entidad.

Peña permanece bajo detención preventiva tras haber sido imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno, que golpeó a unos 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.

Esos temores apuntan principalmente al hecho de que Ueno Bank – cuyo cierre se produjo luego de que el BCP detectara que el banco dio grandes créditos de forma irregular a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial –, emitió unos 350 millones de dólares en bonos en Estados Unidos, bajo la legislación de Nueva York, en marzo de este año.

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Los precios de esos bonos se desplomaron tras el inicio del procedimiento de resolución del banco y los tenedores de estos podrían recurrir a tribunales estadounidenses.

Sin datos de una investigación en Estados Unidos... por ahora

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán comentó que el pasado viernes estuvo en contacto con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero afirmó que en la conversación no hubo mención de alguna investigación abierta en el país norteamericano sobre Ueno Bank.

“No me informaron de ninguna investigación abierta en EE.UU. con respecto a este caso por ahora”, dijo el fiscal Doldán.

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Sin embargo, enfatizó que el hecho de que no se haya informado aún de alguna investigación en curso no significa que esas indagaciones no puedan existir ya en esferas como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) u otras agencias de Estados Unidos “para preservar intereses de sus bancos o ciudadanos”.

Colaboración de EE.UU. y pedido a la Unión Europea

El fiscal Doldán afirmó que hay detalles de lo que conversó con el Departamento de Justicia estadounidense que no puede revelar por “cuestiones de confidencialidad”, pero dijo que las autoridades norteamericanas le manifestaron su voluntad de colaborar con Paraguay en la “identificación y localización” de bienes relacionados al caso Ueno en el sistema financiero norteamericano.

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En paralelo, el fiscal de Asuntos Internacionales comentó que el Ministerio Público ya ha enviado un pedido de cooperación interinstitucional a la Fiscalía Europea ante eventuales indagaciones en jurisdicción de la Unión Europea, teniendo en cuenta que U Holdings, la sociedad matriz que controlaba el ecosistema de Ueno Bank, fue constituida en Luxemburgo.

Crisis bancaria y la caída de un presidente

El cierre de Ueno Bank la semana pasada dejó congelados los fondos de cientos de miles de ahorristas, además de los activos de numerosas instituciones del Estado paraguayo que estaban depositados en esa entidad bancaria.

El escándalo tuvo como consecuencia la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República. El mandatario – quien fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo del año pasado – fue luego detenido e imputado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio.

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El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

La DNIT informó que el presidente Pedro Alliana mantuvo una reunión de trabajo con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Ouré, para analizar la situación de los contribuyentes que utilizan la entidad bancaria para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Según el comunicado institucional, durante el encuentro el mandatario instruyó la adopción de todas las medidas posibles, dentro del marco legal vigente, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que los afectados deban afrontar gravámenes extraordinarios.

Entre las disposiciones anunciadas por la DNIT se encuentra el diferimiento del calendario impositivo, que contempla la reprogramación de los plazos de vencimiento para los sectores afectados por esta situación.

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DNIT prevé eliminar multas e intereses por la contingencia

Otra de las medidas comunicadas por la institución es la exoneración de recargos. De acuerdo con la DNIT, se prevé la eliminación, a pedido de parte, de las multas por contravención, mora e intereses que se hayan generado como consecuencia del “procedimiento de resolución” de Ueno.

La institución también anunció medidas de contención operativa y documental dirigidas a los contribuyentes que, debido a la indisponibilidad temporal de sus fondos, no puedan realizar inmediatamente el pago de sus tributos.

En estos casos, la DNIT prevé brindar atención diferenciada a quienes necesiten gestionar el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) en controversia, además de habilitar los timbrados correspondientes para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales.

La DNIT señaló que las medidas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes afectados, sin que la situación derive en penalizaciones extraordinarias.

DNIT anunciará los procedimientos para acceder a los beneficios

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios indicó que dará a conocer próximamente las reglamentaciones específicas y los canales habilitados para que los contribuyentes afectados puedan acogerse a los beneficios.

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Por el momento, el comunicado no precisa las fechas de los nuevos vencimientos ni el procedimiento para solicitar la eliminación de multas, mora e intereses. Estos detalles serán establecidos mediante las reglamentaciones que publique la institución.

Caso Ueno: juez bloquea bienes de otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez

“Esta empresa presumiblemente sería del papá del señor Miguel Vázquez, el principal investigado. Venimos a recabar documentaciones que hagan en relación expresamente a algunos bienes y cualquier otro tipo que pueda ser relevante para la presente investigación conforme al mandamiento otorgado por el juzgado del doctor Rodrigo Estigarribia”, comenzó diciendo Corbeta.

El rol de Vinanzas

Según la trazabilidad expuesta por la fiscalía, el precio se habría integrado indirectamente mediante créditos concedidos por el propio banco a otras empresas. “Parte de estos fondos habría transitado por operaciones de compraventa de cartera y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo, hasta llegar a VINANZAS SA”, resaltó el Ministerio Público en su pedido al juzgado de Garantías.

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En esa línea investigativa, Corbeta dijo que están analizando qué documentaciones van a servir para la investigación. “Se está haciendo un filtro, considerando que hay muchísima documentación que hacen al movimiento financiero de la empresa. No está relacionado directamente a la investigación”, precisó el agente del Ministerio Público.

Añadió que la búsqueda está relacionada a bienes que eventualmente aún no han sido descubiertos, pero que mediante esta diligencia, se pueden encontrar ya que no están dentro del radar de la investigación. “Al ser una empresa financiera, hay muchos bienes que quedan como deuda y pasan a la empresa. Entonces estamos haciendo una búsqueda exhaustiva de esos bienes”, dijo Corbeta.

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Posible ocultamiento

Silvio Corbeta evitó referirse a un posible ocultamiento de bienes a través de esta empresa. “Todavía no quiero aventurarme a realizar ninguna aseveración, pero conforme a la imputación, justamente esta empresa habría participado en el esquema de los préstamos realizados principalmente entre los investigados”, resaltó.

El edificio ex Credicentro cuenta con cuatro pisos y a criterio del equipo interviniente, en toda la estructura existen documentaciones como facturas, constancias de pago y otras referentes a créditos anteriores a la creación de Vinanzas, cuando aún se denominaba Credicentro. “Estamos buscando también documentaciones relacionadas a la venta de cartera de créditos y otras relacionadas a bienes, que es lo que también nos interesa”, agregó Corbeta.

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Al llegar a la sede de la empresa vinculada a la estructura de Ueno, los intervinientes tuvieron que destruir una puerta de vidrio para ingresar ya que el acceso se encontraba con candados. El fiscal dijo que el edificio se encontraba vacío al momento de su llegada y no había funcionarios en su interior. “Tuvimos que ingresar con la ayuda de la Policía Nacional y posteriormente este lugar va a ser resguardado por la policía”, finalizó el representante de la Fiscalía.

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Una trayectoria técnica y regulatoria

Schreiner cuenta con una extensa formación académica y experiencia tanto en el ámbito público como en el sector privado.

Es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con una maestría en Política Monetaria y Crediticia realizada en la Julius Maximilian Universität de Würzburg, Alemania. Asimismo, posee el título de abogado, un máster en Derecho Tributario y cursa el doctorado en Derecho en la Universidad del Norte.

Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

Su vínculo con el sistema financiero nacional no es nuevo, pues fue miembro del Directorio del BCP entre 1997 y 1999. Se desempeñó como asesor del Superintendente de Bancos de 1999 a 2003. Presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003–2013).

En el sector privado, ocupó la vicepresidencia de ACI S.A. y desde abril de 2019 se desempeña como presidente y director ejecutivo de Comtel S.A. Además, ha sido autor de diversos estudios sobre el estatus del BCP, el sistema financiero nacional y el régimen de seguridad social en América Latina

Espera el visto bueno del Congreso

En una publicación realizada en redes sociales, Pedro Alliana manifestó su expectativa de que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento a la nominación. La designación del presidente del BCP requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la legislación que regula la institución.

Según detalló la cartera sanitaria, la empresa fue adjudicada en procedimientos licitatorios correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Actualmente, la prestación del servicio se enmarca en la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 108/2025 (ID Nº 474523, Contrato Nº 537/2025), que contempla la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos y farmacológicos, tanto sólidos como líquidos, por un monto contractual de 16.188.299.160 de guaraníes.

Respecto a las operaciones financieras concretadas el sábado 31 de octubre de 2026, el Ministerio aclaró que se ejecutaron en el marco del cierre administrativo, contable y presupuestario mensual, siguiendo los procedimientos y plazos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Esta normativa establece que el cierre de obligaciones debe efectuarse hasta las 23:59 del último día del mes, independientemente de si coincide con sábado, domingo o feriado.

En esa jornada, se generaron 438 Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) para 156 proveedores por un valor aproximado de 144.563.622.416 de guaraníes, lo que representó el 40 % de las 1.088 solicitudes procesadas en todo el mes de octubre (que alcanzaron un total de G. 361.409.056.042 para 415 proveedores).

En el caso puntual de WELS S.A., las operaciones abarcaron tres STR por un monto total de 2.454.070.924 de guaraníes, cifra que equivale al 0,67 % del total obligado durante el mes.

Desde el MSPBS enfatizaron que la gestión administrativa responde a la obligación de garantizar la continuidad de un servicio sanitario clave. Una eventual interrupción en el tratamiento y disposición de residuos hospitalarios podría provocar la acumulación de materiales patológicos, riesgos de contaminación y serias afectaciones a la bioseguridad en los establecimientos de salud, comprometiendo al personal sanitario, a los pacientes y al medio ambiente.

La suba del dólar en Paraguay responde, según el analista, al nerviosismo que existe en el mercado financiero tras los recientes acontecimientos que afectan al sistema bancario. A su criterio, el tipo de cambio se mantuvo durante un tiempo por debajo de un nivel razonable, por lo que el repunte era un riesgo que ya se podía prever.

El especialista sostuvo que, ante situaciones de incertidumbre, las personas y las empresas suelen buscar refugio en la moneda estadounidense para proteger el valor de su dinero.

“Hace tiempo el Banco Central debía de haber intervenido, porque en cualquier momento, ante cualquier evento común u otro factor que nunca sabemos que puede ocurrir, el rebote iba a ser muy rápido y muy alto”, expresó en entrevista con ABC Color.

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¿Por qué sube el dólar en Paraguay y hay escasez de divisas?

Insfrán explicó que el aumento de la cotización del dólar se debe a un cambio en las decisiones de quienes poseen dinero en guaraníes y ahora prefieren comprar la moneda estadounidense.

Cuando más personas quieren comprar dólares, aumenta la demanda. Esto ejerce presión sobre el precio, aunque exista suficiente cantidad de divisas para realizar las operaciones.“Es un proceso normal, dólares hay mucho, el mercado tiene”, aseguró.

Para el economista, la situación financiera que atraviesa el país por la resolución de intervención del BCP a Ueno Bank fue el detonante de este cambio de comportamiento. La incertidumbre impulsó la búsqueda de una moneda que los agentes económicos consideran más segura.

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Crisis de confianza en el BCP: ¿qué efecto tiene sobre el dólar?

El especialista vinculó el repunte cambiario con las recientes decisiones del BCP en el ámbito bancario. Afirmó que estos acontecimientos afectaron la percepción de seguridad de los agentes económicos y provocaron una reacción en el mercado de cambios. “Fue el disparador de la incertidumbre que en el mercado se refleja en dólares”, manifestó.

A criterio de Insfrán, el comportamiento de la moneda estadounidense es una señal de cómo las personas perciben la estabilidad económica del país. Por eso, consideró necesario que las autoridades monetarias transmitan certezas sobre sus decisiones.

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Fondo de Garantía de Depósitos: ¿los pagos a ahorristas harán subir el dólar?

Ante la próxima devolución de recursos a los ahorristas afectados por la situación bancaria, Insfrán señaló que la mayor disponibilidad de guaraníes podría generar algún movimiento en el mercado cambiario, pero no sería la causa principal de un eventual aumento del dólar.

Explicó que buena parte de los fondos recuperados podría pasar a cuentas de otras entidades financieras. En el caso de las personas con menores ahorros, estimó que el dinero tendría como destino la compra de productos necesarios para el hogar. “Yo no creo que ese sea el principal factor, porque la gente, especialmente los que tienen pocos ahorros, no creo que estén comprando dólares con eso”, sostuvo.

Asimismo, pidió tranquilidad a los depositantes y recordó que el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) cuenta con recursos para responder a las obligaciones que le corresponden. “El Fondo de Garantía tiene suficientes recursos y va a responder, ha respondido en numerosas ocasiones ya antes”, afirmó.

Presupuesto 2027: ¿debe revisarse el dólar previsto en G. 6.458?

Otro punto que podría requerir atención es el tipo de cambio utilizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año, que contempla una cotización de G. 6.458 por dólar.

Insfrán consideró conveniente revisar esa estimación ante el comportamiento reciente de la moneda estadounidense. Sin embargo, aclaró que una cotización presupuestada por debajo del valor real podría tener consecuencias menos desfavorables para las finanzas públicas que una estimación demasiado alta.

Esto se debe a que ciertos ingresos del Estado vinculados al comercio exterior, como los aduaneros, podrían representar un monto mayor en guaraníes si el dólar supera el nivel previsto.

“Si no se corrige, no estaría mal, porque lo que va a pasar es que cuando entren los ingresos, por ejemplo, de aduana, lo que sea, en guaraní se va a tener más dinero del que se estaba presupuestando”, explicó.

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¿Qué debe hacer el Banco Central para recuperar la confianza?

Insfrán consideró que la recuperación de la credibilidad institucional dependerá de la capacidad del BCP para actuar con rapidez y cumplir los compromisos que comunica a la ciudadanía. “El BCP tiene que ser un centro de certeza”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la conformación de un directorio pleno, con autoridades de trayectoria intachable y preparación técnica, sería una señal positiva para el mercado.

También defendió la necesidad de una mayor coordinación entre el Banco Central y las demás instituciones responsables de la política económica, sin perder de vista los efectos que las variaciones del tipo de cambio pueden causar sobre la economía.

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Grado de inversión de Paraguay: el riesgo de una menor perspectiva

Los acontecimientos recientes también generan preocupación por sus posibles efectos sobre la evaluación internacional de Paraguay. Insfrán advirtió que la pérdida de credibilidad podría influir en las decisiones de las agencias calificadoras de riesgo.

El economista manifestó su expectativa de que el país conserve su calificación crediticia, aunque reconoció la posibilidad de un cambio desfavorable en la perspectiva si las autoridades no logran resolver los problemas con rapidez.

Para reducir ese riesgo, consideró necesario que las nuevas autoridades financieras transmitan información confiable y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente cifras que reflejen la situación real del país.

“Creo que acá hay que actuar de frente, decir lo que estuvo mal y decir cuál es el plan para evitar que vuelva a ocurrir”, concluyó.

De Barros delantó que este lunes se comunicarán nuevas designaciones y confirmó que todos los cargos están bajo evaluación, incluidos los de los ministros.

“Van a seguir los cambios. Vamos a dar un mensaje claro a la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía sepa que acá hay una mano dura. Alliana es una persona con firmeza y determinación, no le va a temblar el pulso para hacer los cambios correspondientes”, sostuvo.

El jefe de Gabinete adelantó que durante la jornada se darán a conocer las nuevas modificaciones en el Ejecutivo. “Tenemos ya varios cambios confirmados que vamos a anunciar en el transcurso del día. No puedo adelantar nada”, añadió.

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Ningún ministro tiene el cargo asegurado

Asimismo, señaló que todos los ministerios recibieron la solicitud de poner sus cargos a disposición del presidente.

“Hemos solicitado a todos los ministerios sus cargos a disposición. Ningún cargo hoy en día está asegurado, aparte de los que ya hicimos que hoy van a jurar. El resto de los cargos están siendo evaluados y muchos de ellos van a ser cambiados”, mencionó.

Cambios en Gobierno: también evaluarían las binacionales

Respecto a las entidades binacionales, como Itaipú, que tenía depositados más de US$ 150 millones en Ueno Bank, De Barros evitó adelantar decisiones.

“No te quiero dar ninguna respuesta sobre las binaciones”, sostuvo. No obstante, explicó que primero se analizarán los cargos en los entes nacionales y posteriormente se avanzará con las binacionales.

El funcionario insistió en que la nueva administración buscará apartar a quienes no cumplan con sus responsabilidades. “Vamos a hacer un cambios fuerte, vamos a dar un mensaje claro a la ciudadanía: se va a cambiar al que no trabaja, al que no llega a sus objetivos y al que no convenza a la ciudadanía”.

IPS y los cambios confirmados

En ese sentido, dijo que también se evaluará la actuación del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar si se requieren cambios, considerando que el ente tiene depositado, como inversión, más de US$ 350 millones en Ueno Bank.

Hasta el momento, los cambios confirmados son el de Ariel Martínez al Ministerio del Interior, el de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el retorno de Félix Sosa a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Además, tras el cambio de mando, el presidente Alliana ratificó a Rodrigo Nicora y Óscar González como ministros de Justicia y de Defensa, respectivamente.

Por otra parte, De Barros señaló que una de las principales prioridades del Gobierno de Alliana es completar el pago a los ahorristas afectados por la crisis vinculada a Ueno Bank. Indicó que actualmente ya se superó el 90% de los desembolsos y adelantó que el presidente anunciaría datos favorables durante la jornada.

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Gobierno prepara recortes en el PGN para fortalecer la salud pública

Como segunda medida, el Ejecutivo apunta a reducir gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y reorientar los recursos hacia áreas prioritarias, principalmente el sistema de salud. En ese contexto, el ministro de Economía, Óscar Lovera, fue convocado para avanzar en una reestructuración presupuestaria.

“Ya fue convocado el ministro de Economía para una reestructuración total del PGN. Vamos a hacer un recorte importante para poder revertir y recortar beneficios, viajes y destinarlos o reprogramarlos a la adquisición de medicamentos, queremos fortalecer el sistema de salud”, dijo.

El jefe de Gabinete reconoció que, además de devolver el dinero a los ahorristas afectados, la atención de la salud pública constituye una de las deudas pendientes del Gobierno. También indicó que un equipo jurídico trabaja en las alternativas para recuperar los fondos del IPS que estaban depositados en Ueno.

En cuanto al programa Hambre Cero, aseguró que continuará ejecutándose y que su funcionamiento no está en riesgo. “El programa Hambre Cero sigue funcionando, no hay ninguna dificultad para que siga llevando a ejecución. Estamos trabajando con los gobernados y esta semana nos reunimos para hacer un análisis más detallado”, mencionó.

Caso Ueno: Ejecutivo afirma que colabora con la Fiscalía

De Barros también mencionó que el Poder Ejecutivo está colaborando con todo lo que requiera el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre el caso Ueno y el expresidente Santiago Peña.

En ese contexto, confirmó que Alliana suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Taiwán “para abocarse y dar un solución a esta problemática que estamos viviendo”.

Por otra parte, indicó que el Ejecutivo ya mantuvo reuniones con el ministro de Economía y que prevé encuentros con legisladores para avanzar en la reducción de gastos superfluos del PGN 2027. “Ya hay un diálogo con senadores y diputados para modificar el plan de gastos de la nación”, dijo.

“La idea es que todas las reprogramaciones vayan al bienestar de las familias paraguayas. Ya es una línea contundente que se ha bajado. El Congreso ya está colaborando. Esta semana habrá reuniones claves para poder avanzar y vamos a dar muestras claras con acciones concretas para que el PGN sea lo más austero posible y que todos los ejes se fortalezcan”, añadió.

Gobierno asegura que la crisis financiera está bajo control

Sobre la situación generada por Ueno Bank, el jefe de Gabinete sostuvo que el nuevo Ejecutivo reaccionó rápidamente y que las medidas adoptadas permitieron encaminar la crisis.

“Como otros países están diciendo, nuestro país ha reaccionado en cinco días de turbulencia, se está reencaminando el curso y se está controlando todo”, declaró.

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Asimismo, adelantó que durante la jornada se podrían conocer novedades sobre los recortes previstos en el Presupuesto General de la Nación.

De Barros también mencionó que otro de los principales temas abordados por el nuevo Ejecutivo es garantizar los recursos necesarios para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos a los funcionarios públicos.

El exmandatario es investigado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, en el marco de una causa relacionada al cierre de Ueno Bank, entidad vinculada a exsocios comerciales del expresidente.

El juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien tiene a su cargo la causa por la que el exmandatario fue imputado, dispuso que el expresidente Peña guarde prisión preventiva en el Regimiento Escolta y no en una cárcel del sistema penitenciario con el argumento de que, debido a su rol de exjefe de Estado, maneja información sensible relacionada a la lucha contra el crimen organizado.

“En libre comunicación”

En conversación con ABC Color este lunes, el general César Moreno, comandante de las Fuerzas Militares, dio algunos detalles sobre las condiciones de reclusión del expresidente Peña en el Regimiento Escolta.

El jefe militar enfatizó que el régimen de reclusión del mandatario, incluyendo horarios de visitas, comunicaciones y esparcimiento, o el acceso a dispositivos electrónicos, es decidido por el Juzgado que tiene a su cargo la causa. Es por disposición del Juzgado que el expresidente Peña se encuentra “en libre comunicación”, añadió.

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Luego de que se reportara que el expresidente Peña tenía acceso a un teléfono celular en su lugar de reclusión - algo prohibido a otras personas en prisión preventiva -, una comitiva fiscal se presentó ayer en el Regimiento Escolta e incautó un dispositivo de la habitación en la que el exmandatario está siendo albergado.

El general Moreno recordó que el Regimiento Escolta “no tiene una estructura de penitenciaría” y, por lo tanto, no tiene celdas. El expresidente Peña está siendo recluido en una habitación en el pabellón de oficiales del recinto.

Comentó que el expresidente puede recibir visitas de su abogado o de parientes “dentro de los horarios de actividad normales” de un cuartel militar.

Segundo expresidente preso en el Regimiento Escolta

Santiago Peña no es el primer expresidente paraguayo que es recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

En 2006, el expresidente Luis González Macchi (1999-2003) estuvo recluido en esa dependencia militar durante poco menos de un mes, luego de haber sido procesado por una causa de enriquecimiento ilícito.

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El general Moreno recordó que, durante su reclusión, González Macchi tenía libertad de hacer “alguna actividad física” en el predio del cuartel.

Sin embargo, reiteró que las condiciones de reclusión deben ser fijadas por el Juzgado y que este aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el expresidente Peña tenga periodos de esparcimiento, por lo que este ha permanecido en su habitación.

Imputado por la crisis de Ueno Bank

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, con cuyo grupo empresarial el exmandatario estuvo directamente vinculado como accionista hasta marzo de 2025.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

¿Qué hay en la bóveda?

Durante el procedimiento realizado ayer, se descubrió que detrás de una pared falsa, se encontraba una bóveda equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí, que la comitiva no ha podido abrir.

Dicha bóveda cuenta con un sistema tecnológico de origen israelí que requiere códigos de acceso y múltiples verificaciones, incluyendo el reconocimiento del iris ocular del propietario, que aún no pudieron ser desbloqueadas.

Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino

La construcción de la residencia de verano del expresidente tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. Se trata de dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano.

Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800. Santiago Peña está bajo prisión preventiva y guarda reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

🔴 FISCALÍA Y POLICÍA CONTINÚAN ALLANAMIENTO E INTENTAN ABRIR BÓVEDA DE SEGURIDAD EN LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA

Fiscales y agentes de la Policía Nacional continúan con el procedimiento de allanamiento en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo… pic.twitter.com/SnIXy01hdy

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) November 9, 2026

Sosa había dejado la titularidad de la ANDE en julio de este año, en medio de la polémica por el estudio de una tarifa eléctrica preferencial para la empresa extranjera Atome. En su reemplazo, Peña había designado a Báez Reyes, quien permaneció en el cargo hasta la nueva disposición del Ejecutivo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba, había señalado que las presiones relacionadas con la tarifa preferencial para Atome habrían sido el motivo de la salida de Sosa.

Sin embargo, el propio ingeniero no hizo pública una explicación sobre las razones de su alejamiento de la presidencia de la institución.

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Alliana prepara más cambios en el Gobierno

El ingeniero había asumido por primera vez la titularidad de la ANDE en agosto de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Posteriormente, Santiago Peña lo confirmó en el cargo tras asumir la Presidencia de la República en agosto de 2023, hasta que en julio de este año resolvió reemplazarlo por Báez Reyes.

El retorno de Sosa se suma a los movimientos realizados por Pedro Alliana en distintas instituciones del Estado desde que asumió la Presidencia de la República.

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Según adelantó el jefe de Gabinete, Rolando De Barros, el mandatario anunciaría más cambios durante esta jornada. Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente los nombres de otras autoridades que podrían dejar sus cargos.

Soto explica por qué la confianza, la liquidez y la gestión de riesgos son determinantes para proteger las inversiones. A continuación, su análisis íntegro.

Cuando la confianza se pone a prueba: lecciones sobre liquidez, fondos mutuos y gestión de riesgos

Los acontecimientos recientes pusieron al sistema financiero paraguayo en el centro de la atención pública. Lo que comenzó como un problema asociado a una institución financiera específica (Ueno Bank) terminó generando preocupación entre miles de inversionistas de fondos mutuos.

Algunos fondos mantenían exposición a activos vinculados con dicha institución y/o con sus empresas relacionadas, y debieron reflejar las pérdidas de dichas posiciones. Como consecuencia, inversionistas acostumbrados a observar rendimientos relativamente estables, especialmente en los fondos de liquidez, se enfrentaron a una realidad que los mercados suelen recordarnos periódicamente: toda rentabilidad está asociada a algún nivel de riesgo, aun cuando este no sea evidente durante los períodos de estabilidad.

Sin embargo, el fenómeno más interesante no fue la pérdida en sí misma, sino la reacción posterior. La incertidumbre se extendió rápidamente hacia inversionistas cuyos fondos no tenían exposición directa a los activos afectados, generando rescates y presiones de liquidez en distintos segmentos de la industria. Lo que comenzó como un problema financiero localizado terminó convirtiéndose en una prueba de confianza en la industria de fondos mutuos.

¿Cómo un problema puntual terminó afectando a participantes que nunca estuvieron expuestos al riesgo original?

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La economía de la confianza

En 2022, los economistas Douglas Diamond y Philip Dybvig recibieron el Premio Nobel de Economía por demostrar que los sistemas financieros funcionan gracias a la confianza entre sus participantes. Cuando los participantes creen que otros podrían retirar sus recursos antes que ellos, tienden a replicar ese comportamiento. La confianza, por tanto, no es solo una percepción individual; es un fenómeno colectivo que influye sobre decisiones económicas reales. Esta lógica no se limita a los bancos. También puede observarse en la industria de gestión de activos, donde las decisiones de los inversionistas están condicionadas por sus expectativas y por las acciones de otros participantes. Cuando la confianza se debilita, incluso temporalmente, pueden aparecer reacciones que exceden ampliamente el hecho que las originó.

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Del riesgo financiero al contagio de expectativas

Los acontecimientos recientes no pueden explicarse únicamente por las pérdidas asociadas a determinados activos. También deben entenderse a través de un fenómeno conocido como contagio de expectativas: cuando los inversionistas dejan de reaccionar únicamente a los riesgos observables y, ante la creciente incertidumbre y mayor desconfianza, comienzan a tomar decisiones en función de lo que creen que harán los demás participantes del mercado.

George Akerlof demostró que las asimetrías de información -donde algunos participantes disponen de mejor información que otros- pueden alterar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar decisiones defensivas ante la incertidumbre. Los inversionistas menos informados suelen actuar de manera más conservadora para evitar pérdidas potenciales, porque no logran diferenciar adecuadamente entre portafolios buenos y malos. Este comportamiento también encuentra explicación en las finanzas conductuales. Daniel Kahneman demostró que las personas experimentan las pérdidas con una intensidad emocional significativamente mayor que las ganancias equivalentes, lo que tiende a reforzar decisiones defensivas en escenarios de incertidumbre.

La incertidumbre inicial se vio amplificada por un segundo canal de transmisión: liquidez. La suspensión temporal de algunos fondos directamente expuestos limitó la disponibilidad inmediata de recursos para ciertos inversionistas, especialmente institucionales. Como consecuencia, algunos de ellos recurrieron a otros fondos que continuaban operando normalmente para obtener liquidez, generando rescates incluso en fondos que no compartían el mismo riesgo. Y ante la dificultad de distinguir entre fondos expuestos y no expuestos, muchos inversionistas optaron por reducir posiciones de manera generalizada. En otras palabras, el problema dejó de transmitirse a través de los activos afectados y comenzó a propagarse a través de las expectativas de los propios inversionistas.

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Cuando las redes sociales amplifican la incertidumbre

La información circula en tiempo real, pero no siempre acompañada del contexto necesario para interpretarla. Como resultado, rumores, opiniones y hechos verificados compiten por la atención del público. En este entorno, muchos inversionistas reaccionan no solamente a los riesgos reales, sino también a la percepción de riesgo. Y cuando la incertidumbre aumenta, esas percepciones pueden extenderse más rápido que los fundamentos que las originaron. La experiencia de Silicon Valley Bank en Estados Unidos mostró cómo la velocidad de transmisión de la información contribuyó a su colapso.

Hay que dejar claro que, pese a la incertidumbre, los indicadores disponibles continúan reflejando un sistema financiero paraguayo con adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad. En otras palabras, el sistema financiero paraguayo sigue mostrando solidez. La experiencia internacional demuestra que incluso sistemas financieros robustos pueden atravesar tensiones en instituciones individuales sin que ello implique una crisis sistémica.

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La verdadera lección para los inversionistas

Episodios como este dejan una enseñanza importante: riesgo e inversión son conceptos inseparables. Ninguna inversión está libre de riesgos y ningún gestor profesional puede anticipar todos los eventos adversos. Sin embargo, eso no significa que todos los riesgos sean inevitables ni que todas las decisiones de inversión tengan la misma calidad. La diferencia entre una buena y una mala gestión rara vez se observa durante los períodos de bonanza. Se hace visible cuando los riesgos finalmente se materializan. Después de todo, la rentabilidad suele ser observable por todos; la verdadera calidad de una gestión se revela en las decisiones tomadas antes de que aparezcan los problemas. Por ello, los inversionistas deberían prestar tanta atención a los procesos de gestión como a las rentabilidades obtenidas. Cómo se construye una cartera, qué criterios se utilizan para evaluar emisores, cómo se monitorean concentraciones y cómo se administra la liquidez, suelen ser preguntas más importantes que el rendimiento observado en un período determinado.

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Gestión profesional y deber fiduciario

La función de un gestor profesional, como una administradora de fondos mutuos o de inversión, no consiste únicamente en buscar rentabilidad. También implica analizar emisores, evaluar escenarios adversos, monitorear riesgos y proteger los intereses de los inversionistas.

Este principio se encuentra recogido en estándares internacionales como el Código de Ética y los Estándares de Conducta Profesional del CFA Institute, que exigen actuar con diligencia, competencia, independencia y objetividad, siempre en beneficio de los clientes. La debida diligencia no garantiza que nunca existan pérdidas. Lo que exige es que las decisiones se adopten sobre la base de análisis razonables, información suficiente y procesos consistentes de evaluación y monitoreo de riesgos.

En mercados relativamente pequeños, como el paraguayo, donde las oportunidades de diversificación son naturalmente más limitadas, la calidad de esos procesos adquiere una relevancia aún mayor.

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El desafío paraguayo: diversificar en un mercado pequeño

Harry Markowitz demostró que la diversificación efectiva reduce riesgos. Sin embargo, su aplicación en Paraguay presenta desafíos particulares. Un mercado con pocos emisores, alta concentración y menor profundidad obliga a mirar más allá del número de activos que componen una cartera. La verdadera diversificación consiste en evitar que múltiples inversiones dependan de una misma fuente de riesgo, aun cuando aparenten ser distintas. Por ello, la gestión de concentraciones y el análisis de interrelaciones entre emisores deberían ser especialmente relevantes para los inversionistas locales.

Reflexiones finales

Lo ocurrido recientemente deja una enseñanza importante. Los mercados financieros no se mueven únicamente por balances, indicadores o estados financieros. También se mueven por percepciones, expectativas y confianza.

Lo que comenzó como una dificultad asociada a una institución específica (Ueno Bank) terminó convirtiéndose en una prueba para la industria de fondos mutuos y para miles de inversionistas. No porque todos compartieran el mismo riesgo, sino porque la confianza rara vez distingue entre quienes estaban expuestos y quienes no lo estaban.

Cuando la confianza se pone a prueba, la liquidez, la diversificación y la disciplina en la gestión de riesgos dejan de ser conceptos teóricos y vuelven a ocupar el lugar que siempre debieron tener: el centro de toda decisión de inversión. Porque, en última instancia, los mercados financieros no distinguen entre optimistas y pesimistas; distinguen entre quienes comprendieron los riesgos que asumieron y quienes los descubrieron demasiado tarde.

Por ello, los inversionistas siempre deben tener presente estos cinco principios antes de que los tiempos de incertidumbre afloren y amenacen su patrimonio:

1. Diferenciar liquidez de solvencia. No todo problema de liquidez implica insolvencia. Mientras la liquidez se refiere a la capacidad de disponer de recursos de forma inmediata, la solvencia refleja la fortaleza patrimonial o deterioro de sus activos. Confundir ambos conceptos puede conducir a conclusiones equivocadas y amplificar innecesariamente la incertidumbre.
2. Evitar decisiones impulsivas en contextos de incertidumbre. Daniel Kahneman demostró que tendemos a reaccionar emocionalmente frente a escenarios de pérdida e incertidumbre.
3. Analizar las exposiciones reales y priorizar la diversificación efectiva. No basta con contar instrumentos; es necesario comprender los riesgos subyacentes. La diversificación aparente puede ocultar exposiciones comunes.
4. Buscar información verificable y fuentes confiables. En tiempos de incertidumbre, las fuentes oficiales y los análisis rigurosos son más valiosos que los rumores.
5. Evaluar la calidad del gestor, no solo la rentabilidad. Los retornos son importantes, pero también lo son la reputación, la independencia de criterio, la disciplina, la gestión de riesgos y la consistencia de los procesos de inversión. Como referencia, los inversionistas pueden considerar si las administradoras y profesionales que gestionan sus recursos se adhieren a estándares reconocidos internacionalmente, como los promovidos por el CFA Institute.

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Para él, la disparada del dólar, entre otros factores, hacen que haya que volver a revisar los documentos. “Estábamos hablando de un dólar a 6.800; hoy tempranas horas verifiqué esos datos y está a 6.600. Si bien nos acercamos bastante a lo que podría ser el dólar, realmente tenemos que volver a replanteárnoslo todo según mi punto de vista”, alegó Franco.

Rumbo incierto

En su posición como opositor, Franco se mostró preocupado por lo que Pedro Alliana vaya a marcar como nueva pauta para el rumbo de su gobierno. “Al término del juicio político ya estábamos comentando y hablando sobre esos desfases que vamos a tener, especialmente en la caja fiscal. Es el momento oportuno de hacer los cambios y no luego andar con ampliaciones o reprogramaciones presupuestarias”, recalcó.

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Para él, sería bueno que el nuevo presidente de la República, de más prioridad a los temas de salud y haga ya los cambios en este momento. “No quiero hablar de ampliaciones presupuestarias porque el golpe que se dio al banco y al bolsillo de la persona más común, fue muy fuerte. Creo que va a hacer que la economía se retrotraiga un poco y no vamos a crecer al ritmo que estábamos planificando”, analizó.

Agregó que varios eventos de distinta índole que estaban planificados para el cierre de año, se cancelaron. “Eso es lo que estuve recibiendo como información a través de los medios. Informaciones que me llegaron hablan de que conciertos y eventos de fin de año ya están siendo suspendidos. En un programa de televisión de sábado a la noche, una organizadora de eventos había informado que ya tenía 10 eventos programados para fin de año y esos ya fueron totalmente cancelados”, refirió.

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En esa línea, opinó que el discurso realizado por Alliana al momento de su juramento, fue lo que la gente deseaba escuchar en ese momento. “La verdad que era un discurso muy político y en un corto tiempo en donde tuvo que confeccionar y expresar lo que seguramente la gente quiere escuchar en el momento. Ahora, quiero ser un poco positivo: espero que lo realice, porque realmente la pasamos muy mal”, resaltó.

No es el fin del mundo

A pesar de la deteriorada imagen que queda del Paraguay luego del escándalo, Freddy Franco ve una oportunidad para recostruir. “De todas maneras, le doy un pequeño voto de confianza en el manejo del presupuesto al presidente Pedro Alliana. Que no se olvide que tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que debería ajustarse el cinturón, realizar las inversiones donde más corresponden y, por supuesto, no olvidarnos de los jubilados”, dijo.

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Añadió que nuestro país quedó destrozado para la opinión pública internacional. “Quedamos bastante mal en el gobierno de un presidente que se supone era el mejor preparado en el conocimiento de cómo funcionan los bancos. Tampoco es el fin del mundo a pesar que quedamos con esta imagen desastrosa en el manejo financiero bancario por parte de un solo banco”, expresó.

Aún así, destacó la rápida reacción de todos los estamentos involucrados para activar el Fondo de Garantías y proceder a los reembolsos. “Vuelvo a insistir, el sistema funcionó, nuestro airbag nos protegió de un accidente con peores consecuencias. Ahora tenemos que buscar dónde está el rol, y luego del juicio político que realizamos me quedé con muchas ganas de reclamarle a los abogados defensores de Santiago Peña: ¿dónde está la plata? Que devuelvan la plata”, afirmó.

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En ese sentido, solicitó a los exdirectivos del Grupo Vázquez que indique donde están los fondos para devolver a los ahorristas. “Se puede acercar esta gente del grupo Vázquez a decir: ‘No es como ustedes lo están planteando, no es así como nos están acusando, y la plata está en este lugar, o está resguardada en esta institución, o está en Luxemburgo, o en algún paraíso fiscal’. ¿Pero dónde está esa plata? Eso puede generar de vuelta confianza en el Ministerio Público, en los organismos de control, en la Seprelad. Hoy tenemos una desconfianza total en dichas instituciones”, finalizó.

El crédito se habría otorgado bajo el argumento de financiar el proyecto conocido como “Puerto Madero” de Asunción. Sin embargo, el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita, mientras las obras permanecen paralizadas y el banco se encuentra bajo un proceso de resolución dispuesto por el BCP.

Al momento de la adjudicación, Nuevo Mundo Entertainment SA pertenecía en los papeles al empresario Rodrigo Luis Nogués Bazán, conocido como “Coto”. Sin embargo, posteriormente Ueno Bank compró la mayoría de las acciones y asumió el control de la empresa, según confirmó el presidente de la ANNP, Julio Vera Cáceres.

Consultado sobre el millonario préstamo, Vera Cáceres señaló que el dinero no fue destinado en su totalidad a financiar las obras de los galpones del puerto. Además, reconoció que desconocía la operación hasta que tomó conocimiento de ella a través de publicaciones periodísticas.

“Por la prensa me enteré de que fue objeto de un préstamo de ese banco del orden de 33 millones de dólares. Obviamente no estaban destinadas a las obras en el Puerto”, manifestó Vera Cáceres.

“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas

Puerto Madero de Asunción: ¿dónde está la plata?

El crédito de aproximadamente US$ 33 millones contrasta con el compromiso de inversión que Nuevo Mundo había asumido ante la ANNP para desarrollar el proyecto. Según Vera Cáceres, la firma se comprometió contractualmente a desembolsar US$ 5.160.000.

No obstante, el presidente de la institución aseguró que la inversión realizada por la empresa superó ampliamente ese monto.

“Lo que yo me atrevería a decir es que lo que han invertido supera en exceso el monto comprometido en nuestro contrato”, sostuvo.

También consultamos a Coto Nogués sobre el préstamo de US$ 33 millones. El empresario afirmó que ese dinero definitivamente no está en los galpones y que ellos mismos quieren saber dónde fue a parar.

“Nosotros no firmamos ni pedimos nada de esos montos publicados y, de hecho, ya no nos sentíamos lo más cómodos con la sociedad que tenía la mayoría, porque no teníamos visibilidad ni participación en sus decisiones. Nosotros negociamos ya nuestra salida, no formamos luego más parte de la sociedad”, manifestó.

Nogués señaló que, hasta el último corte del que tuvo conocimiento, se habían invertido aproximadamente US$ 7 millones y que el proyecto requería un desembolso total de unos US$ 10 millones.

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Sobre la continuidad de las obras, expresó su deseo de que el proyecto pueda concluirse, teniendo en cuenta el impacto que tendría en el centro de Asunción.

Titular de la ANNP defendió las obras, hoy abandonadas

Por su parte, Vera Cáceres defendió los trabajos ejecutados por Nuevo Mundo y mencionó, entre las inversiones adicionales, las reparaciones estructurales realizadas en la zona del muelle, debajo de los depósitos A, B y C.

Según explicó, se realizó un relevamiento de las losas, vigas y pilares, cuyas condiciones requirieron intervenciones que fueron absorbidas económicamente por Nuevo Mundo.

Esta mañana, el titular de la ANNP insistió en que la empresa invirtió mucho más de lo establecido contractualmente.

“Ellos (Nuevo Mundo) han invertido mucho más de lo comprometido... casi el doble de los US$ 5.160.000 establecidos en el contrato. El galpón G está con 98% de ejecución y los otros tres con 70%, sin contar el refuerzo del muelle, que les costó más de un millón de dólares”, afirmó.

Pese a estas afirmaciones, Vera Cáceres no precisó el monto exacto que finalmente se invirtió en el proyecto ni presentó un detalle de los desembolsos realizados por la empresa.

Estos son los rubros que quiere desarrollar la “mimada” de la ANNP para convertir el Puerto en referencia

Obras paralizadas y posible rescisión

La revelación del préstamo se produce en un momento crítico para el proyecto portuario. La constructora Codas Vuyk, subcontratada por Nuevo Mundo para ejecutar las obras, abandonó recientemente la zona de trabajos, aparentemente por atrasos en los pagos.

La firma constructora había suscrito un contrato por aproximadamente G. 82.000 millones, equivalentes a unos US$ 14 millones, según informó Vera Cáceres. El funcionario señaló que solicitó explicaciones a Nuevo Mundo y un cronograma actualizado para concluir los trabajos.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, la ANNP analiza la posibilidad de rescindir el contrato. En ese escenario, la institución tendría que recurrir a una nueva licitación para terminar los galpones pendientes y asumir directamente la explotación de los galpones y estacionamientos.

Está prevista para este lunes una movilización de jubilados y pensionados que protestarán primero frente a la sede de la Caja Municipal y luego en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Los jubilados exigen que las actuales autoridades de la Caja Municipal, encabezada por su presidente Venancio Díaz, sean separados de sus cargos. Señalan que el mandato de Díaz ya feneció.

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La Asociación de Jubilados denuncia también lo que considera una “política de segregación y discriminación” en el pago de los haberes jubilatorios, para el cual - según manifiesta el comunicado – se utilizan “criterios arbitrarios e inhumanos” que parecen privilegiar a personas cercanas a las actuales autoridades de la Caja Municipal, dejando a otros jubilados con meses de retraso en el desembolso de sus haberes.

Apuntan también a Griselda Figueredo, titular de la Superintendencia de Jubilaciones, a quien acusan de “insensibilidad y falta de empatía” hacia los jubilados, manifestando que “no ha impulsado las medidas necesarias para transparentar el manejo patrimonial de la Caja ni para corregir los abusos denunciados”, sino que “ha terminado legitimando, por acción u omisión, una situación que viene causando un enorme sufrimiento a quienes deberían ser los principales protegidos de la institución”.

“No estamos pidiendo privilegios: estamos reclamando nuestros propios derechos, el dinero que aportamos durante años de trabajo y la dignidad que merecemos después de toda una vida de servicio”, concluye el comunicado.

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Entre las propuestas de la Asociación de Jubilados para resolver la crisis de la Caja Municipal se menciona la creación de un “fondo fiduciario blindado, con mecanismos de control y transparencia” que garantice el pago de los haberes. También piden que se elabore un plan para la devolución de los recursos que el Estado debe aportar a la Caja.

Y solicitan que el Ministerio Público lance una investigación sobre el manejo de los fondos de la Caja Municipal.

Municipalidad de Asunción, la que más debe a la Caja Municipal

Varias municipalidades de algunas de las mayores ciudades del país deben grandes montos de dinero a la Caja Municipal, que deben ser transferidos por las distintas comunas como aporte patronal por cada uno de sus funcionarios.

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Entre ellas, la municipalidad con la deuda más grande – con mucha diferencia - es la de Asunción, que adeuda más de 36.000 millones de guaraníes.

Itaipú precisó que “inició sus operaciones con Ueno Bank en el mes de enero de 2025” y que esos fondos equivalen al 7,6% de los recursos ingresados al país por remesas desde Brasil entre 2024 y 2026, que superan los US$ 2.409 millones. Según el comunicado, los montos comprenden “ingresos recibidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y transferencias entre cuentas de la Entidad”.

La binacional informa además que “ha iniciado las acciones legales ante la Fiscalía General del Estado tendientes a la recuperación de los fondos” y que siguen los procedimientos del BCP “a los efectos de agotar todas las gestiones legales y administrativas de rigor”. Sobre el impacto, afirma que “esta situación no afecta el desarrollo normal de las actividades” de la entidad.

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Más de lo que mostraban los promedios

El antecedente es la publicación de Itaipú en X del 13 de octubre, con su “Tabla de promedios de saldos finales”. Allí, Ueno aparecía como su tercera entidad en ambas monedas, con un promedio de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones. En ese texto, la binacional defendía su política de colocación como una forma de “reducir la dependencia de una única institución”.

Los saldos al 3 de noviembre superan esos promedios: el monto en dólares es 3,3 veces mayor y el de guaraníes, 4,2 veces. En total, es más del triple de los US$ 54 millones que ABC había estimado con los datos de octubre. Los promedios van desde agosto de 2023 y los saldos son de una fecha puntual, aunque Itaipú dice ahora que recién empezó a operar con Ueno en enero de 2025.

En el nuevo comunicado, Itaipú sostiene que “existe una diversificación efectiva de las disponibilidades entre los bancos con los que opera la Entidad”. No informa, en cambio, cuánto tiene hoy en cada uno de ellos. El 13 de octubre había dicho que los fondos estaban “en su totalidad en cajas de ahorro a la vista bajo modalidad de cuentas combinadas”.

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Lo que dijo Rodríguez Tornaco

ABC consultó por WhatsApp al superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, tras difundirse el comunicado, si los rendimientos financieros del orden de US$ 450 millones que menciona el texto correspondían solo a Ueno o a todos los depósitos. Su respuesta fue una palabra: “sumatoria”.

Sobre el destino del dinero que quedó en Ueno, dijo que “no tenían asignaciones específicas aún” y que “se utilizan conforme plan de caja y avance de ejecución de proyectos varios”. ABC le preguntó entonces si era plata de los fondos sociales y no obtuvo una respuesta directa sobre ellos.

En cambio, explicó el origen: “Una parte es plata que la ANDE le paga a Itaipú por compra de energía, otra es una parte de la rentabilidad y el resto parte de los gastos de explotación de giro corriente y diario”.

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Lo que sigue sin respuesta

El comunicado no menciona la resolución del Directorio Ejecutivo que habilitó a Ueno, aunque afirma que los bancos “deben ser previamente aprobados” por ese órgano. Tampoco informa las tasas pactadas ni los plazos, datos que ABC consultó desde el 6 de octubre y que pidió por escrito el 8 de octubre a través de la Defensoría General de Itaipú.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta G. 228,3 millones por depositante en cada entidad. El saldo que Itaipú informa equivale a unas 5.200 veces ese tope, y aún no se sabe cómo se tratarán sus depósitos en la resolución. El BCP tiene hasta 15 días, desde el 3 de noviembre, para elaborar el balance de exclusión.

Itaipú no es la única entidad pública con dinero en el banco. El presidente de la ANDE, Miguel Báez, habló de US$ 21.030.796 y G. 115.887 millones, además de G. 37.285 millones de fondos propios, y el IPS reportó US$ 355 millones. A diferencia de ellos, Itaipú recién ahora puso su cifra sobre la mesa.

A eso se suman G. 37.285.076.292 de fondos propios, que según Báez corresponden a lo que los clientes pagan por su consumo de energía a través de la plataforma del banco.

Los números difieren de los que el propio Báez dio el martes último, cuando habló de unos US$ 46 millones para obras y unos G. 36.000 millones de fondos propios. En esta conversación no se aclaró a qué se debe la diferencia ni si ambas cifras son comparables.

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El desglose y la licitación

Consultado sobre cuánto corresponde al BID y cuánto a Taiwán, Báez dijo que lo del BID corresponde a US$ 19.325.958.

Sobre cómo llegaron los fondos al banco, el titular de la ANDE afirmó que la institución hizo una licitación para evaluar la mejor opción de depósito de esos préstamos y que “ganó Ueno”. El comunicado de la ANDE publicado el sábado último habla de concursos de ofertas de tasas de interés convocados conforme a sus procedimientos para la habilitación de cuentas bancarias.

Ni Báez ni el comunicado detallaron cuándo se hizo el concurso, quiénes participaron ni qué tasa ofreció Ueno.

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Reunión en el BCP

Báez contó que el viernes asistió a una reunión en el Banco Central del Paraguay, con el presidente de la institución, Pedro Acosta. Según relató, la ANDE expresó su preocupación por la retención de los préstamos internacionales adquiridos por el Estado para obras de infraestructura “que no pueden parar”, dada su importancia para el sistema interconectado nacional.

El titular de la estatal describió el encuentro como “amena” y “con reglas claras”. De parte del BCP, indicó, la respuesta fue que “la devolución será de acuerdo a la disponibilidad de los activos”. Consultado sobre el plazo, respondió que todavía no se sabe.

Esto significa que la recuperación de los fondos de la ANDE quedará sujeta a lo que se logre con los activos de Ueno. Báez también remarcó que la ANDE opera con varios bancos de plaza “justamente para evitar este tipo de debacle”.

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Denuncia penal

En paralelo, la ANDE presentó el viernes 6 de noviembre una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de Ueno Bank SA y demás personas que pudieran resultar responsables, según su comunicado, que ABC publicó ayer.

La institución solicitó medidas cautelares para resguardar los recursos comprometidos y procurar su recuperación, y puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes, documentos e informes necesarios. Dijo además que seguirá con las acciones legales para proteger los fondos destinados a sus obligaciones y a la ejecución de obras para el sistema eléctrico nacional.

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En este sentido, el destituido presidente de la República, Santiago Peña, jugó con la ilusión de las humildes personas de esta región, teniendo en cuenta que en cinco oportunidades realizó promesas en actos oficiales de que asfaltaría los caminos del departamento. Sin embargo, hasta que dejó el Gobierno, no logró colocar ni medio centímetro de asfalto.

Permanentes odiseas

Con cada lluvia, aunque esta sea pequeña, las personas que desean viajar por tierra pasan verdaderas odiseas tratando de evitar quedar empantanadas en las cunetas. En varias ocasiones fuimos testigos de cómo unidades del transporte público quedaban atrapadas en el barro, sin poder avanzar.

Los pasajeros, entre ellos niños, mujeres y personas de la tercera edad, cuando se producen estas situaciones, quedaban expuestos durante varias horas o, inclusive días, a sufrir los ataques de los molestosos mosquitos y otros insectos propios del Chaco. En algunas ocasiones, inclusive, quedaron sin alimentos antes de ser rescatados.

Cumplir el sueño

El ahora presidente del Paraguay, Pedro Alliana, conoce a la perfección esta triste realidad que soportan los pobladores chaqueños, ya que en varias ocasiones visitó la región y vivenció las problemáticas con las que deben lidiar desde hace décadas estas familias.

Es por eso que tiene el doble compromiso de revertir este sufrimiento y proceder a ordenar la licitación para asfaltar el camino de 140 kilómetros entre la nueva ruta Bioceánica y Fuerte Olimpo. Si eso no fuese posible, al menos debería lograr que el asfaltado llegue hasta la localidad de Toro Pampa, distante a 75 kilómetros, lo que ayudaría mucho a evitar el permanente aislamiento que se vive en la zona.

Se sabe que el país soporta numerosas necesidades, más aún ahora, luego de la crisis financiera en la que se encuentra debido a la irresponsabilidad del expresidente Peña y su camarilla de delincuentes. Pero en el Alto Paraguay no se puede seguir esperando: urge contar con caminos de todo tiempo.

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Asfaltar los 140 kilómetros para llegar a la capital departamental tiene un costo estimativo de US$ 200 millones, una suma que no representa ni el 5 % de toda la cantidad de dinero que se robó en nuestro país con esta crisis bancaria.

Solo falta el dinero

Desde hace años, este trazado de 140 kilómetros cuenta con todas las documentaciones requeridas para iniciar el proceso licitatorio. En este sentido, se dispone del estudio de factibilidad ambiental, uno de los primeros procedimientos requeridos para este tipo de obra.

Además, ya se tiene registrado el código SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo falta la fuente de financiación, lógicamente lo más importante, pero esto depende absolutamente de la voluntad política del presidente de turno, pues queda en evidencia que existe suficiente dinero público si se utiliza de forma honesta y no se roba.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana, martes. El miércoles se podrían registrar precipitaciones dispersas en algunas zonas del país, entre ellas Asunción, pero la parte final de la semana volvería a tener clima estable.

La semana arranca con temperaturas oscilando entre frescas y cálidas, con una máxima que hoy llegaría a 28 grados centígrados en Asunción y una mínima de 14 grados.

Los índices irán subiendo al trascurrir los días, con máximas que irán de 31 grados mañana y el miércoles a 34 grados el jueves y 36 el viernes en la capital.

La licitación para la adquisición, implementación y desarrollo del core bancario (ID 480.207) se encontraba virtualmente despejada para Itti, luego de que el directorio del BNF, hace mes y medio, descalificara a su única competidora, Softshop SA, presidida por Juan Cazenave. Sin embargo, la reciente desarticulación judicial del grupo empresarial controlador de la tecnológica obliga a las autoridades bancarias a revisar su postura.

De acuerdo con los datos del llamado, en este proceso que ya lleva dos años de fallidos resultados, Softshop ha sido competencia de Itti, perteneciente a los exsocios comerciales del ahora expresidente de la República, Santiago Peña, y en donde este tuvo inversiones hasta marzo de 2025. Numerosas instituciones del Estado venían otorgando millonarios contratos a Itti en el gobierno del destituido Peña y el BNF no fue la excepción, que además de adjudicar procesos a la citada firma tecnológica, también había otorgado importantes préstamos vigentes, cuya devolución ahora también se encuentra en incertidumbre.

BNF descalifica a única competencia de Itti y deja cancha libre a firma de exsocios de Peña

Esto respondió BNF ante consultas sobre la licitación del core

Ante la insistencia de ABC Color sobre si la banca matriz mantendría la licitación o tomaría una medida de oficio frente a la inoperatividad de la oferente presentada como favorita, el gerente del BNF, César Vargas, abrió la posibilidad a un giro institucional. Al ser preguntado sobre las acciones que adoptará el banco estatal, el funcionario respondió textualmente: “el lunes (por hoy) habrá novedades”.

El breve adelanto del gerente dejó entrever un pequeño cambio respecto a sus declaraciones iniciales brindadas a este diario horas antes. En una primera serie de respuestas escritas, César Vargas había señalado a ABC que el banco del Estado aguardaría el trámite administrativo iniciado por Softshop en Contrataciones, antes de adoptar una decisión sobre el concurso.

En ese momento, al ser consultado sobre el estado del llamado y la protesta planteada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el alto ejecutivo del BNF manifestó: “El llamado sigue su curso legal. Hasta la fecha, la protesta se encuentra en trámite en la DNCP. Una vez que la misma sea resuelta y la decisión sea notificada al BNF, el Directorio resolverá lo que más convenga a los intereses institucionales”.

BNF dice que llamado no está direccionado, aunque sus decisiones benefician a Itti

Sin embargo, ante el hecho público de que Itti formaba parte del esquema investigado por la Fiscalía, con directivos en prisión, créditos sin respaldo y su plantel de informáticos desvinculado, se le repreguntó al gerente si el BNF no tomaría una determinación independiente.

Sin animarse a brindar una respuesta con más detalles de la decisión del BNF, el funcionario había contestado: “Con respecto al llamado, vamos a esperar el proceso”. No obstante, la posterior confirmación de que “el lunes habrá novedades” insinuó que el Directorio presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana sopesa qué otra salida se puede dar a este procedimiento.

La descalificación de la competencia y el reclamo en la DNCP

La licitación del core bancario se tramita bajo la modalidad de doble sobre. Mediante la Resolución N.º 4 (Acta 69 del 30 de septiembre de 2026), el Directorio del BNF aprobó el dictamen del Comité de Evaluación Ad Hoc N.º 1/2026 y descalificó la propuesta técnica de Softshop SA.

El argumento oficial del banco público fue que la competidora incurrió en un “defecto sustancial” al declarar como “nativos” 782 de 786 requerimientos funcionales, cuando supuestamente algunos no lo eran. Paralelamente, el comité otorgó 97,69 puntos a Itti y la dejó como única habilitada para la apertura del Sobre N.º 2, correspondiente a la oferta económica. Esa parte del proceso hasta ahora no llegó a culminarse.

Softshop SA interpuso una protesta ante la DNCP, que logró frenar el proceso según establece la ley de Contrataciones. Desde la empresa alegaron que las objeciones del banco público representaban apenas 1,5 puntos sobre 100 y que esos otros 98,5 puntos ni siquiera fueron evaluados. Dijeron que la puntuación de su compañía, aún si fuese cierta la objeción del BNF, superaba ampliamente el piso mínimo de 75 puntos para competir por precio.

Con ello, denunciaron que así los cosas, todo indica que se pretendía forzar una adjudicación en solitario para la firma del Grupo Vázquez.

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Antecedentes de direccionamiento y nexos políticos

Pero las críticas al proceso no son nuevas. El concurso por el core bancario del BNF arrastra serios cuestionamientos desde 2024. El primer llamado (ID 445.258) fue anulado tras descalificaciones cruzadas (las dos únicas competidoras en todo este tiempo han sido Softshop e Itti), mientras que la segunda convocatoria de 2025 fue cancelada por el Directorio tras exigir la inclusión de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuestas por el BCP.

En el actual llamado relanzado en junio de 2026, surgieron denuncias de “cancha inclinada”. El BNF negó a los oferentes datos del sistema de facturación electrónica (Factury), propiedad de IDL S.A. (del mismo Grupo Vázquez), lo que obligó a competidores externos a cotizar a ciegas, mientras Itti, representada entonces por César Astigarraga, conocía el código fuente.

BNF modificó exigencias y exoneró gastos a Itti en un millonario crédito que le otorgó

A ello se sumaron nexos de financiamiento e influencia política. Los balances expuestos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) revelaron que el BNF actuaba como prestamista de Itti.

Asimismo, la exgerente de la tecnológica, Laura Adriana Brítez Roa, fue contratada como asesora de sistemas del BNF, mientras el presidente Santiago Peña nombró en el Directorio a Gerardo Manuel González Báez, hermano del apoderado de la ANR, antes de consumarse la descalificación.

¿Se retractará BNF de esa descalificación de Softshop o cancelará nuevamente el llamado de esta accidentada licitación? La respuesta, según promesa de César Vargas, se daría a conocer este lunes 9 de noviembre.

En ese contexto, numerosas familias exponen sus sueños y proyectos, heredados y adoptados como es el caso de José Sosa que está en el rubro hace 15 años de la mano de la familia de su esposa.

“Nosotros en familia nos encargamos de pintar las piezas y exponer al público. Entre todos los artesanos compartimos experiencias para que entre todos podamos sobrellevar la venta de la artesanía”, expresó Sosa.

José Sosa, sentado en su silla, pinta de colores pasteles, y tonos nubes las piezas que este año pasarán en las casas de sus clientes. Mientras que su hija lo acompaña con la pintura llevando adelante la sacrificada labor artesanal familiar.

Pesebres pequeños y gigantes

A lo largo de la avenida empedrada, la variedad de pesebres es abundante e interesante. Así como los precios se ajustan a todos los presupuestos y estilos también.

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Para coleccionistas o instituciones, se exhiben “verdaderas obras monumentales”, como las piezas de 1,20 metros de altura, cuyo precio puede ascender hasta G. 35 millones. También hay pesebres exclusivos, hechos totalmente a mano con diseños originales, valorados en G. 4 millones.

De manera general, un pesebre completo cualquiera sea su tamaño tradicionalmente tiene 17 piezas, incluyendo a José, María, el Niño, los tres Reyes Magos, sus camellos, ovejas, el ángel, el gallo, la vaca y el burro.

En Arte Vida atiende Doña Vidalia Rolón y sus colaboradores. Para este año tiene más de 500 piezas de pesebres de todos los tamaños.

G. 35 millones

“Hay como 10 tipos de tamaños. El precio más accesible es de G. 35mil y el precio más alto es de 35 millones. Dos de las piezas ya vendimos. Estamos esperando enviar a sus dueños”, cuenta la artesana.

Además, preparan pesebres pequeños, ideales para rincones o regalos que se llevan para las oficinas como también aquellas familias que viven en departamentos.

Para este estilo de clientes los diseños son de caricaturas y también los tradicionales. Algunos con su árbol de navidad, y luces con adornos de de sombreros piris.

Entre estás piezas se encuentra a la Sagrada Familia, que por lo general son los más chiquitos, algunos medianos, que según los artesanos son los más solicitados.

La tradicional Expo Feria iniciará a mediados del mes de noviembre. Los artesanos esperan tener una buena receptividad en las ventas pese a que actualmente se pasa por una crisis económica tras la caída de Ueno Bank y los cambios que se dan en el área de la política. Pese a toda esta situación auguran un fin de año comercial alentador para cerrar el año de manera positiva.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:55, luego de una llamada al Sistema 911 que alertó sobre un pedido de auxilio en el establecimiento, ubicado sobre la calle Juan Manuel Iturbe casi Bernardino Caballero.

El detenido fue identificado como Andreas Skov, de nacionalidad danesa, quien se encontraba hospedado en la habitación 303. La víctima, John Freddy Castaño García, de nacionalidad colombiana, estaba alojada en la habitación 305 junto a su pareja.

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Una discusión por música a alto volumen

Según el relato de la víctima a los agentes de la Comisaría 10ª Central, el conflicto comenzó cuando escuchó gritos y música a volumen elevado provenientes de la habitación contigua.

Ante esta situación, salió para solicitar que bajaran el volumen. En la habitación 303 fue atendido inicialmente por una mujer identificada como Mille Lizzi Skov, de 52 años, madre del ahora detenido.

Posteriormente, el joven salió de la habitación y comenzó a insultarlo. Según la denuncia, también le arrojó una sustancia similar a gas pimienta en el rostro, lo que provocó un forcejeo en la zona del ascensor.

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Lo persiguió con un hacha de mano

La víctima intentó escapar hacia la planta baja, donde fue auxiliada por guardias de seguridad del hotel. Sin embargo, el supuesto agresor habría regresado a su habitación y salido nuevamente con un hacha de mano de aproximadamente 50 centímetros.

De acuerdo con la denuncia, el joven intentó atacarlo nuevamente, pero fue interceptado por los guardias de seguridad. El arma también habría sido utilizada para violentar la puerta de la habitación 305, donde se alojaba el ciudadano colombiano.

Agentes policiales llegaron al establecimiento y procedieron a la aprehensión de Skov. El hacha fue incautada como evidencia.

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Dio positivo al alcotest

El comisario Juan Servián, de la Comisaría 10ª Central, explicó que el joven no presentó su pasaporte al momento del procedimiento y manifestó desconocer dónde lo había dejado.

Ante esta situación, se convocó a personal de Interpol para verificar su identidad y situación internacional. Según el jefe policial, no registraba orden de captura internacional.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado hasta la sede de la Patrulla Caminera, en la cabecera del Puente Remanso, donde se le practicó la prueba de alcotest. El resultado fue positivo, con 0,324 mg/L de alcohol en aire espirado. También fue llevado al Hospital Distrital para una evaluación médica.

Intervención fiscal

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, Sandra Fariña, quien dispuso que el ciudadano danés permanezca detenido en la sede policial bajo segura custodia.

El procedimiento fue caratulado inicialmente como un supuesto hecho punible de tentativa de lesión. Las actuaciones policiales y las evidencias incautadas deberán ser remitidas a la unidad fiscal para continuar con la investigación.

Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la exposición de recursos públicos en Ueno Bank. Aproximadamente US$ 850 millones pertenecientes a instituciones estatales estarían colocados en la entidad, incluidos alrededor de US$ 350 millones del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, se plantearon interrogantes sobre operaciones crediticias con empresas vinculadas, cuyos montos podrían alcanzar US$ 628 millones, aunque esta cifra todavía requiere confirmación mediante la evaluación patrimonial correspondiente.

La recuperación de estos recursos dependerá, principalmente, de la calidad de los activos del banco. En este sentido, la cartera crediticia constituye un componente fundamental, debido a que representa derechos de cobro cuyo valor económico puede diferir del registrado contablemente. Por tanto, el resultado del procedimiento de resolución estará condicionado por la capacidad de recuperar préstamos, transferir activos y atender las obligaciones pendientes. La exposición financiera no constituye necesariamente una pérdida definitiva, pero introduce incertidumbre sobre los recursos disponibles para las instituciones afectadas.

Las consecuencias también alcanzan a los usuarios del sistema financiero. Alrededor de 32.000 jubilados del IPS mantenían cuentas en Ueno Bank. El traslado de estos clientes hacia otras entidades plantea dificultades operativas, especialmente para personas mayores con menor familiaridad con las herramientas digitales. A esto se suma la necesidad de garantizar la continuidad de los pagos y evitar interrupciones que afecten los ingresos cotidianos de los hogares.

En el mercado cambiario también surgieron cuestionamientos sobre la evolución del dólar y sus efectos en la competitividad. A decir, la prolongada apreciación del guaraní y sus consecuencias sobre los ingresos en moneda local de los exportadores. Particularmente, se destacó la situación de las empresas maquiladoras, cuyos ingresos dependen, en gran medida, de las ventas externas, mientras que una proporción importante de sus costos se encuentra denominada en guaraníes.

En este contexto, existiría una pérdida aproximada de 3.000 empleos en la maquila, cifra que requiere contrastarse con estadísticas oficiales para determinar su alcance y las causas correspondientes. No obstante, el planteamiento permite identificar un desafío relevante: preservar la competitividad de los sectores exportadores sin comprometer la estabilidad de precios ni la credibilidad de la política monetaria.

Más allá del impacto inmediato de la crisis bancaria, el nuevo escenario político plantea la necesidad de revisar distintos componentes de la política económica. Uno de los principales desafíos corresponde al fortalecimiento de la institucionalidad financiera, particularmente del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos. La calidad de la supervisión, la independencia técnica y la transparencia de las decisiones constituyen elementos esenciales para recuperar la confianza de depositantes, empresas e inversionistas.

La experiencia reciente también pone de manifiesto la importancia de mejorar los mecanismos de control sobre las inversiones de fondos públicos. La concentración de recursos en determinadas entidades puede aumentar la exposición patrimonial de instituciones encargadas de financiar prestaciones esenciales. Por ello, resulta necesario fortalecer los criterios de diversificación, liquidez y evaluación de riesgos, especialmente en el caso de los fondos previsionales.

La revisión de la política fiscal también deberá considerar la sostenibilidad de los compromisos asumidos por el Estado. El desafío consiste en compatibilizar la continuidad de los programas prioritarios con una utilización eficiente de los recursos disponibles, sin generar presiones adicionales sobre el déficit y el endeudamiento público.

En el plano institucional, la nueva Administración enfrenta la necesidad de restablecer la previsibilidad de las decisiones económicas. La incertidumbre puede modificar el comportamiento de hogares y empresas, aumentar la preferencia por activos considerados más seguros y retrasar proyectos de inversión. Si estas condiciones se prolongan, sus consecuencias podrían extenderse al empleo, el crédito y la actividad productiva; sin embargo, el escenario también presenta elementos favorables. Los avances macroeconómicos alcanzados por Paraguay durante las últimas décadas constituyen una base para afrontar las dificultades actuales. La conservación del Grado de Inversión y la continuidad de las políticas que favorecen la estabilidad pueden contribuir a contener la percepción de riesgo y preservar el acceso al financiamiento internacional. En definitiva, Paraguay enfrenta una etapa que exige respuestas tanto inmediatas como estructurales. La resolución ordenada de Ueno Bank, la recuperación de los recursos públicos, el fortalecimiento de la supervisión financiera, la mejora de la política cambiaria y una mayor eficiencia del gasto serán aspectos determinantes para los próximos meses. El principal desafío será transformar la incertidumbre actual en una oportunidad para corregir debilidades institucionales, preservar los fundamentos económicos y recuperar la confianza de los agentes nacionales e internacionales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El mandatario informó que recibió a Schreiner junto al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, antes de plantear formalmente su designación ante el Congreso Nacional.

Alliana destacó la trayectoria del economista en el sistema financiero y sostuvo que su eventual incorporación será importante para fortalecer la institucionalidad de la banca matriz y recuperar la confianza de la ciudadanía.

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¿Quién es Jorge Schreiner?

Schreiner cuenta con antecedentes en la conducción del sistema financiero paraguayo. Fue miembro del Directorio del Banco Central entre 1997 y 1999 y presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2003 y 2013.

Es economista con especialización en Política Monetaria y Crediticia por la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, Alemania. También cuenta con formación en Derecho y una maestría en Derecho Tributario.

Su experiencia en la banca matriz y en la regulación del mercado de valores constituye parte de los antecedentes invocados para respaldar su candidatura.

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La designación debe pasar por el Congreso

En su publicación, Alliana manifestó su expectativa de que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento a la nominación. La designación del presidente del BCP requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la legislación que regula la institución.

César Barreto, de Banco Familiar, explicó que el proceso lo conducen la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Garantía de Depósitos. Ambos depuran las bases de datos de los depositantes y las cruzan con las de otros bancos, para saber quiénes de ellos tenían también cuentas en otras entidades. Los pagos se acreditan por etapas, según se define qué parte corresponde a cada ahorrista.

Barreto afirmó que todos los depositantes cubiertos por el Fondo recibirán su dinero “en los próximos días”. Según dijo, el pago empezó por los montos más pequeños, y el promedio del primer grupo rondaba los G. 300.000.

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Las cifras del reembolso

Según Barreto, cerca de 1,2 millones de cuentas ya recibieron su dinero en menos de una semana. Estimó en alrededor de 1,8 millones las personas con saldos en Ueno y calculó que, al terminar el proceso, el total pagado rondará los US$ 850 a 900 millones.

Juan Carlos Martin, de Banco Atlas, coincidió con él. Recordó que la ley original preveía 15 días para el pago, con una prórroga posible de otros 15. La nueva norma permitió adelantar parte del pago, una figura que no estaba contemplada antes. Según dijo, los desembolsos llegaron a 1.196.000 cuentas en apenas unos días.

Martin explicó que se priorizó a quienes tienen saldos bajos y necesitan el dinero para el día a día. Estimó que durante esta semana debería completarse el anticipo del 40%. Después quedaría un grupo reducido de ahorristas, con montos más altos y casos particulares, como clientes con deudas con la entidad.

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Los cuestionamientos al BCP

Las críticas fueron para el supervisor. Barreto dijo que el sistema institucional del país “está en proceso de construcción” y que, al no haber enfrentado una crisis crítica en 20 años, no se notó que todavía no estaba maduro. Añadió que esperaba una reacción más rápida y que el BCP “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Martin fue más lejos. Dijo que, por lo ocurrido, está claro que algo falló en el proceso. Según indicó, debieron levantarse alertas antes para investigar a fondo y evitar daños mayores. También pidió analizar con más profundidad los ratios del sistema, no quedarse en el número, y entender las variables que los explican.

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Alertas que llegaron tarde

Martin recordó que la Asoban, en su momento, elevó comentarios con prudencia. Sin embargo, dijo que las medidas necesarias llegaron tarde.

El BCP cerró Ueno Bank el martes pasado por el deterioro de su solvencia, y la banca matriz lo atribuyó en parte a créditos concedidos de forma irregular a empresas del propio grupo.

Barreto reconoció que los avances fueron sustanciales, pero pidió aprender del caso y corregir lo que no funcionó. La crítica de la banca, que es parte interesada, apunta a una pregunta clave: por qué no se actuó antes.

El mandatario dio a conocer el contacto a través de su cuenta oficial en la red social X. Según señaló, durante la comunicación abordaron temas relacionados con seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo.

Alliana destacó las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos y reafirmó su compromiso de profundizar la alianza estratégica con Washington.

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Rubio invitó a Alliana a una próxima reunión

En su publicación, el jefe de Estado también agradeció la invitación de Rubio para mantener una próxima reunión, aunque no precisó la fecha ni el lugar en que se realizaría el encuentro.

“Recibí la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien conversé sobre las excelentes relaciones entre nuestros países y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, expresó.

El mandatario agregó que agradeció la invitación y la disposición del funcionario estadounidense para continuar fortaleciendo la relación estratégica entre ambas naciones.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X. Además, informó que instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con dicho banco.

“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, expresó Alliana en su publicación.

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Reclamos de contadores por la situación de Ueno Bank

La decisión presidencial se produce luego de varios reclamos de organizaciones del sector contable, que advirtieron sobre las dificultades que enfrentan miles de contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias debido a la imposibilidad de acceder a sus fondos.

El proceso de resolución de Ueno Bank dejó a numerosos clientes sin disponibilidad inmediata de su dinero. Esta situación también generó inconvenientes para quienes dependen de los servicios de la entidad para realizar operaciones vinculadas a sus actividades comerciales y administrativas.

En ese contexto, el Movimiento Resistencia Contable había solicitado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que adopte medidas excepcionales para los contribuyentes afectados, incluidos aquellos con dificultades para disponer de sus recursos o emitir facturas electrónicas.

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DNIT había anunciado medidas para la facturación

El viernes, la DNIT informó que los contribuyentes con inconvenientes para emitir comprobantes electrónicos podrían solicitar autorización para utilizar facturas preimpresas o autoimpresas como alternativa.

Sin embargo, respecto a los vencimientos de las obligaciones tributarias, la institución había adelantado que tomaría una decisión este lunes.

El anuncio de Alliana se adelanta a esa definición y establece una directriz para evitar que los afectados acumulen sanciones económicas por incumplimientos vinculados a la situación del banco.

Ahora resta conocer cómo la DNIT instrumentará la disposición presidencial y cuáles serán los mecanismos para identificar a los contribuyentes alcanzados por la medida.

La iniciativa fue impulsada por la Embajada de Azerbaiyán en Argentina, concurrente ante Paraguay, y el Consulado Honorario de ese país. La representación diplomática está a cargo del embajador Ramzi Teymurov, mientras que la coordinación local estuvo encabezada por el cónsul honorario Oscar Brelles Mariño.

La campaña visual buscó acercar a la ciudadanía paraguaya una de las fechas más significativas de la historia reciente de Azerbaiyán, mediante imágenes representativas de su cultura, historia e identidad nacional.

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¿Qué se recuerda el 8 de noviembre?

Azerbaiyán celebra cada 8 de noviembre su Día de la Victoria, en conmemoración de la recuperación de la ciudad de Shusha, en 2020, durante la Segunda Guerra de Karabaj, un conflicto armado de 44 días entre Azerbaiyán y Armenia.

La fecha tiene un significado especial para el pueblo azerbaiyano, que considera aquel acontecimiento un símbolo de soberanía, unidad nacional e identidad histórica. En 2026 se cumplen seis años de aquel episodio.

Difusión en Paraguay

Como parte de las actividades conmemorativas, las pantallas digitales exhibieron fotografías y mensajes relacionados con la celebración, con el propósito de dar visibilidad a esta fecha histórica fuera de las fronteras de Azerbaiyán.

El embajador Ramzi Teymurov, quien representa a su país ante Paraguay desde Buenos Aires, y el cónsul honorario Oscar Brelles Mariño impulsan actividades de intercambio diplomático y cultural entre ambas naciones.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por difundir la historia y las tradiciones de Azerbaiyán en Paraguay, así como fortalecer los vínculos culturales y de cooperación entre los dos países.

La propuesta busca promover una revisión de los procedimientos y decisiones administrativas adoptadas por la Municipalidad administrada por Emigdio Ruiz Diaz (ANR), así como verificar si las actuaciones de la Intendencia se ajustan a las normativas vigentes.

A través de esto, se pretende contar con información clara y documentada sobre los permisos, autorizaciones y demás actuaciones municipales relacionadas con los emprendimientos inmobiliarios, además de determinar si existen eventuales irregularidades en materia de planificación urbana, cumplimiento de obligaciones tributarias y protección ambiental.

La intención es que las instituciones competentes puedan analizar la situación, brindar las explicaciones correspondientes y garantizar la transparencia en los procesos administrativos vinculados al crecimiento inmobiliario de San Bernardino.

El pedido cobra relevancia en medio de las investigaciones sobre la lujosa residencia de Santiago Peña, que este domingo fue allanada por una comitiva fiscal y policial en el marco de la causa penal que involucra al exmandatario.

El procedimiento se realizó en San Bernardino, departamento de Cordillera.

Berdoy, especialista en Delitos Económicos y Procedimiento Penal, realizará la presentación en su carácter de vecina de la ciudad y profesional del Derecho, con la adhesión de otros ciudadanos.

Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

Pedirán respuestas al jefe comunal

Entre los principales objetivos figuran obtener respuestas por escrito, acceder a documentos públicos, verificar las actuaciones municipales y solicitar la preservación de expedientes administrativos.

La presentación también contempla remitir copias a la Junta Municipal de San Bernardino, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el equipo fiscal que interviene en la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de Confianza y otros”.

La abogada sostiene que busca una constatación documental de las actuaciones municipales, sin atribuir responsabilidades penales anticipadas, y que las instituciones competentes cuenten con los antecedentes para evaluar eventuales intervenciones.

La bóveda de la mansión de Santiago Peña

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El procedimiento se realizó alrededor de las 16:30 en la sede de la Comisaría 29ª de Yvy Pohyi, hasta donde llegó voluntariamente el sospechoso, identificado como Jorge Gaspar Leite Cáceres(30).

En el lugar, agentes del Departamento de Investigaciones de Ñeembucú dieron cumplimiento a una orden de detención firmada por el agente fiscal César Riquelme, en el marco de la causa N.º 516/2026.

Según el informe policial, la víctima fue identificada como Víctor Antonio Monges, de 37 años, de profesión jornalero y domiciliado en la misma compañía.

El hombre recibió varias heridas cortantes en el lado izquierdo del abdomen, presumiblemente producidas con un cuchillo.

Hallan arma presuntamente utilizada en el hecho

En el marco de las diligencias investigativas, alrededor de las 18:00, un funcionario del establecimiento rural Itañu, por indicaciones del detenido, entregó a los intervinientes el arma blanca que habría sido utilizada en el hecho.

Se trata de un cuchillo con una hoja de aproximadamente 10 centímetros y su respectiva funda de cuero, que quedó incautado como evidencia.

El detenido, quien se desempeñaba como personal de la estancia Itañu y fijaba domicilio en Yataity del Norte, quedó a cargo del Departamento de Investigaciones para su traslado a la Comisaría 26ª de Alberdi, donde permanecerá recluido a disposición de las autoridades competentes.

Previamente, será sometido a un diagnóstico médico en el Hospital Distrital de Alberdi. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, a cargo del fiscal César Riquelme, quien dispuso la remisión de los antecedentes a su unidad fiscal.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que se produjo el violento episodio.

Los agentes se toparon con una puerta blindada y con un sistema de seguridad de nivel 7. Para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves distintas: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. Al término del operativo, se confirmó que los fiscales no lograron abrirla.

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Fiscales y policías en Ciervo Kua

Poco antes de las 19:00 de este domingo, agentes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y de la Policía Nacional ingresaron al terreno de la propiedad, en la zona de Ciervo Kua. El operativo sigue en curso.

La diligencia forma parte de la causa por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso lo destituyera en juicio político el viernes pasado.

Requisan celular a Santiago Peña en su lugar de reclusión

La casa, en el centro del caso Ueno

La vivienda no es un detalle menor en la investigación. Según datos revelados por ABC, su construcción costó unos G. 7.700 millones, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por G. 3.548 millones. Las cuotas mensuales, de G. 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

Peña, bajo prisión preventiva

Peña está bajo prisión preventiva y recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Los agentes fiscales no hicieron declaraciones al término del allanamiento ni informaron cómo intentarán abrir la puerta, si recurrirán a peritos o si pedirán una orden adicional.

Al día siguiente, tras abstenerse de prestar declaración indagatoria y participar posteriormente en la audiencia de imposición de medidas, regresó a las 19:00 al REP, para cumplir la prisión preventiva decretada por el juez penal de Garantías Humberto Otazú.

Hoy, en declaraciones a la prensa, el comandante de la unidad, coronel José Dayub, brindó detalles sobre las condiciones en las que se encuentra recluido el exmandatario, ubicado en la Avda. Mariscal López y Avda. General Santos.

¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?

El REP no está preparado para personas privadas de libertad

El jefe militar explicó que el cuartel no está adecuado para albergar a personas privadas de libertad y por ende carece de celdas. Comentó que el exmandatario ocupa una de las habitaciones.

Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

“En realidad que nosotros lo que tenemos son dormitorios, no tenemos algún local con rejas ni cosas así. Un dormitorio con una puerta normal, con llave, eso administramos nosotros. Y así como para decir que tenemos un salón específico para ese tipo de situaciones con rejas, no. Solamente es un dormitorio más”, afirmó Dayub.

“Infidencia” del comandante del REP movilizó a fiscales

En otra parte de la entrevista, el jefe militar dijo que el expresidente Santiago Peña no cuenta con restricción alguna y puede recibir visitas y utilizar su celular.

“Lo que menciona acá este oficio N° 315 donde se decreta la prisión preventiva, menciona en libre comunicación y eso consulté a mi asesor jurídico y mencionó de que sí, puede recibir visita, hablar por teléfono, entonces no hay restricción en cuanto a eso", declaró el jefe militar a radio Ñandutí.

Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular

Esta sorpresiva revelación, además de generar fuertes críticas en redes sociales, motivó la intervención de los agentes fiscales que imputaron a Peña por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio.

Comitiva fiscal se constituyó en el REP para incautar celular a Santiago Peña

Los fiscales que imputaron a Peña, al interiorizarse de la situación irregular, acudieron al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos de turno, a cargo de Humberto Otazú.

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Posteriormente, acompañados de una actuaria judicial, los fiscales Cristhian Benítez, Ruth Benítez, Silvia González y Elena Fiore se constituyeron en la sede del REP y requisaron un iphone del poder del expresidente.

En términos jurídicos, la expresión “libre comunicación” para una persona privada de libertad, se refiere al acceso a su abogado, a su familia, a la Fiscalía y al Juzgado. De ninguna manera incluye el uso de teléfonos celulares que, de hecho, está expresamente prohibido para cualquier persona con prisión preventiva.

El viernes último, tras decretar la detención de Peña, la Fiscalía dispuso que permanezca en su casa en el barrio Mbocayaty, pero esto no fue posible debido al rechazo de los vecinos. En medio a insultos y huevazos, el exmandatario fue trasladado bajo fuerte custodia al REP.

Se trata de una diligencia que se enmarca en la causa de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio por la cual el expresidente Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso Nacional lo destituyera de su cargo en un procedimiento de juicio político el pasado viernes.

Datos preliminares indican que los intervinientes habrían hallado oculta detrás de una pared falsa una bóveda equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí, que la comitiva no ha podido abrir.

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A pesar de que Peña fue destituido de la Presidencia el pasado viernes, este domingo aún había personal del Regimiento Escolta Presidencial montando guardia en torno a residencia de verano del exmandatario en San Bernardino, según constató ABC Color.

Mansión financiada con préstamos de Ueno Bank

El expresidente Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

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La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

Expresidente Peña, imputado y detenido

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

El expresidente Peña, mientras tanto, está bajo prisión preventiva y guarda reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

Los vecinos pudieron volver a ingresar al predio de la Plaza Uruguaya luego de las 18:00 de hoy, cuatro meses después del inicio de las obras de revitalización en uno de los principales pulmones verdes que le quedan al microcentro de Asunción.

En conversación con ABC Color, la arquitecta Evelyn Madelaire, coordinadora del Consorcio Palma – compuesto por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO S.R.L., que tuvo a cargo la ejecución de las obras – explicó que aún quedan pendientes algunos “trabajos menores” en la plaza, pero enfatizó que esta ya es apta para recibir visitantes.

¿En qué consistió la obra de renovación de la Plaza Uruguaya?

Entre los trabajos realizados, Madelaire mencionó la renovación total de los pavimentos de la plaza y la instalación de nuevos elementos de mobiliario como basureros, bancos y bebederos.

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Resaltó también la restauración de elementos del patrimonio histórico de la plaza como las esculturas y las farolas, algunas de las cuales datan de la década de 1920.

Finalmente, la arquitecta mencionó la colocación de nuevos elementos de iluminación, nuevos juegos para niños y aparatos de ejercicio para adultos mayores, además de la instalación de un canil, un espacio cerrado en el que los perros pueden estar sin correa.

¿Cuánto costó la obra?

La inversión aproximada de las obras de revitalización de la Plaza Uruguaya es de aproximadamente 6.000 millones de guaraníes, explicó Madelaire.

La mejora de la Plaza Uruguaya forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana, en el marco del Subproyecto Centro Histórico de Asunción – Fase 1, financiado por el Banco Mundial.

Crecida del Parana genera millonarias perdidas económicas en Cerrito

La asistencia llegó a las comunidades de Paso Tajy, Curuzú Ava e Yrybucuá, distrito de Cerrito. Desde que inició la crecida, esta es la segunda entrega que hace las autoridades a los afectados en estas tres comunidades mencionadas.

Si bien el nivel del río Paraná experimentó un descenso importante durante la última semana, las consecuencias de la inundación siguen afectando duramente a las familias de la zona.

Los pobladores perdieron sus cultivos agrícolas y hortícolas, mientras que pequeños productores ganaderos también sufrieron importantes pérdidas por la muerte de animales que quedaron atrapados por las aguas.

El impacto económico es considerable para estas comunidades rurales, donde numerosas familias dependen de la agricultura, la ganadería y otras actividades para su subsistencia.

A las pérdidas de producción se suma la interrupción de fuentes laborales, lo que agrava la situación de los afectados.

Asimismo, los trabajadores dedicados a la pesca atraviesan dificultades debido al inicio del periodo de veda pesquera, que limita temporalmente sus posibilidades de generar ingresos.

En este contexto, los pobladores consideran que la asistencia alimentaria representa un alivio, aunque todavía resulta insuficiente frente a las pérdidas económicas y materiales que dejó la inundación.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Prefectura Naval de Cerrito, el nivel del río Paraná en el puerto local registraba 5,78 metros en la tarde de este domingo, lejos aún del nivel normal que es de 1,50 a 2 metros.

El descenso permitió mejorar las condiciones de transitabilidad y habilitar nuevamente varios caminos rurales y vecinales que habían quedado afectados por el avance de las aguas.

La modalidad mencionada se trata de un acto procesal de carácter excepcional, mediante el cual se recibe y practica una prueba durante la etapa de investigación ante el temor de que no pueda ser realizado en el futuro.

En este caso específico, la querella argumentó que el supuesto autor Aldo Alexis Duarte Moreira manifestó su intención de quitarse la vida en más de una ocasión.

Reconstrucción y reconocimiento del lugar de los hechos

El juez penal de Garantías de Lambaré Rodrigo Duré, con anuencia de la fiscala Amelia Bernal, fijó la reconstrucción del asesinato para el martes 24 del corriente mes, a las 22:00. En la ocasión, también se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos.

“(...) esta magistratura considera que ambas diligencias resultan compatibles y complementarias, toda vez que las circunstancias que puedan verificarse durante el reconocimiento del escenario servirán de referencia para la constatación de los acontecimientos”, indicó.

Deisy Paola Giménez: solicitan reconstrucción de feminicidio en Lambaré

“De esta manera, la práctica conjunta permitirá una apreciación más completa de las condiciones fisicas del lugar, las posiciones, los desplazamientos, las distancias y demás circunstancias que pudieran guardar relación con los hechos investigados. facilitando igualmente la intervención de los peritos que correspondan, quienes podrán efectuar las observaciones técnicas necesarias para responder los puntos de pericia oportunamente propuestos por las partes”, agrega el magistrado.

Testigos del feminicidio, obligados a comparecer

Para la hora indicada, las partes así como los peritos y testigos deberán presentarse a la hora indicada en la vía pública Ybyra Pytã casi Diego García, del barrio Santa Lucía de Lambaré. En caso de inasistencia, el juzgado advierte que procederá al uso de la fuerza policial para asegurar su comparecencia.

“Igualmente deberá hacerse saber a los testigos debidamente citados que su comparecencia constituye una obligación procesal y que, en caso de incomparecencia injustificada, podrán ser conducidos por medio de la fuerza pública, conforme a lo establecido en el artículo 162 del Código Procesal penal, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que pudieran corresponder”, refiere el auto interlocutorio (AI) N° 2.617.

Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

El magistrado encargó a la Fiscalía la realización de la filmación completa del acto procesal y solicitó acompañamiento policial a la Comisaría 15ª, a efectos de que arbitre los medios necesarios para brindar cobertura y resguardo durante la realización de las actuaciones, en coordinación con la dependencia policial local.

Daisy Paola Giménez denunció a su ex casi 20 días antes del crimen

Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a balazos minutos después de las 22:00 del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo, un local de la cadena Biggie, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

La joven fue interceptada sobre la calle Ybyra Pytã casi Diego García, a una cuadra de su destino. El presunto autor -su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años- habría llegado en un automóvil Toyota Runx blanco, con el que le cerró el paso antes de descender del vehículo, según imágenes de circuito cerrado que registraron parte de la secuencia.

La joven había denunciado ante la Policía Nacional el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira.

Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia que fue derivada al juzgado de Paz local, cuya actuación no estuvo acorde a la gravedad del caso, con el consecuente resultado ya conocido.

Los extranjeros estaban hacinados en un edificio con fachada de hotel, denominado Betel, ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este. Allí habría sido montado un centro de operaciones informáticas, donde presuntamente eran obligados a trabajar.

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Este fin de semana, la fiscala Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente de Ciudad del Este la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba, a fin de tomar declaración testifical a los 62 ciudadanos orientales rescatados durante un procedimiento contra la presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

La investigación se inició tras un allanamiento en el que los intervinientes detectaron indicios de una posible estructura dedicada a la explotación laboral. Según las sospechas, en el inmueble intervenido se utilizarían computadoras para producir material pornográfico y los ciudadanos extranjeros habrían sido obligados a operar estos equipos. Estas circunstancias son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Tras el procedimiento, los ciudadanos fueron trasladados al predio de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Ciudad del Este, donde quedaron bajo resguardo. Hasta ese lugar acudió el juez de turno para recibir sus declaraciones en el marco del anticipo jurisdiccional de prueba.

Recurrieron a intérpretes

Los testimonios fueron recogidos con la intervención de intérpretes y la asistencia de representantes del Consulado General de la República de China (Taiwán) en Ciudad del Este. También acompañaron la diligencia integrantes de la Fundación Los Ángeles, de la Asociación China y agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.

Posteriormente, los extranjeros fueron trasladados hasta el puesto del Migramóvil de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se realizaron los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria. Una vez concluidas las diligencias, la representante del Ministerio Público les restituyó sus documentos personales.

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La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se habría producido la presunta explotación laboral, identificar a los responsables y determinar las posibles conexiones de la estructura investigada.

Durante el procedimiento también fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos, además de varios documentos.

El Regimiento Escolta no cuenta con celdas, por lo que el expresidente Peña está siendo albergado en una habitación común en la que tiene permitido usar un teléfono celular y recibir visitas. El exmandatario es la única persona privada de su libertad recluida en esa instalación castrense.

El comandante del Regimiento Escolta, coronel José Dayub, comentó cómo fue la llegada del expresidente Peña a esa dependencia luego de su detención y qué fue lo primero que le dijo el exjefe de Estado.

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“Cuando llegó, le recibí y me dijo: ‘Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo’, y me mostró una sonrisa”, dijo el coronel Dayub en una entrevista con Radio Ñandutí.

¿Por qué Peña no fue a una cárcel?

Ayer, sábado, el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso que el expresidente Peña guarde prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial y no en una cárcel del sistema penitenciario con el argumento de que, debido a su rol de exjefe de Estado, maneja información sensible relacionada a la lucha contra el crimen organizado.

El coronel Dayub dio más detalles sobre las circunstancias en que el expresidente Peña está detenido en el Regimiento Escolta.

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Explicó, por ejemplo, que al exmandatario se le ofreció la provisión de desayunos, almuerzos y cenas preparados en la institución, pero comentó que el mandatario solicitó que sus comidas le sean provistas por su familia.

La imputación a Santiago Peña

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, con cuyo grupo empresarial el exmandatario estuvo directamente vinculado como accionista hasta marzo de 2025.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

Alliana ratifica a González y Nicora al frente de los ministerios de Defensa y Justicia

Pérez advirtió que jueces, fiscales del caso “A Ultranza Py”, agentes especiales, la exministra de la SENAD y funcionarios penitenciarios que continúan con vida reciben constantes amenazas de muerte. Según expone, las órdenes de ataque salen directamente de las penitenciarías, que están bajo el control de las autoridades que el Ejecutivo acaba de ratificar.

Una cárcel de “máxima seguridad” bajo sospecha

La exministra detalla irregularidades en el penal Martín Mendoza de Emboscada, presentado públicamente como de máxima seguridad pero que, en la práctica, funcionó como un condominio privado para reclusos privilegiados, según su comunicado.

Entre las anomalías señaladas figuran fugas concretadas con sábanas y frazadas, audios sobre sobornos para frenar traslados de internos, así como el procesamiento judicial del propio director del penal y del jefe de Inteligencia Penitenciaria.

Exdirectivos de Ueno Bank inauguraron módulos recién terminados del Centro Nacional de Prevenidos

Pérez cuestiona que, durante casi tres años, Nicora contó con recursos extraordinarios como presupuesto asignado, tres nuevos centros penitenciarios, cientos de agentes y el respaldo directo del gabinete de seguridad. A pesar de contar con estos elementos, la gestión penitenciaria derivó en un colapso institucional encubierto tras campañas publicitarias.

La custodia en el caso Ueno Bank

Otro aspecto señalado en la carta abierta abarca el caso Ueno Bank y sus orígenes en la financiera Credicentro, grupo económico ligado a figuras del entorno político actual. Pérez recordó que la Fiscalía investiga a los socios de dicha entidad y que el directorio de Ueno Bank permanece bajo custodia del Ministerio de Justicia.

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Ante este escenario, la exministra sostiene que no existen garantías de una custodia imparcial y libre de privilegios mientras el Ministerio de Justicia permanezca bajo una conducción elogiada y sostenida por el propio gobierno.

La memoria del coronel Moral

La carta rememora el sicariato del coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho, un mes después de que su testimonio judicial permitiera condenar a quienes intentaron sobornarlo mientras ejercía como jefe del reclusorio de Viñas Cue. Pérez enfatizó que el Estado no le brindó protección al jefe militar a pesar del riesgo evidente.

En la conclusión del texto, Cecilia Pérez traslada la responsabilidad de cualquier nuevo ataque contra la integridad de los amenazados al presidente Pedro Alliana.

La exministra solicita la inmediata revocación del nombramiento de Rodrigo Nicora, la designación de una autoridad sin vínculos con la gestión penitenciaria saliente ni con el Grupo Vázquez, y la evaluación urgente del esquema de protección a los operadores de justicia. El documento finaliza con un pedido explícito: “Señor Presidente: no permita que nos maten a todos”.

El nombramiento trae polémica, atendiendo que el exfiscal fue viceministro del Interior (gobierno de Horacio Cartes) durante el aciago 31 de marzo y 1 de abril de 2017, cuando la Policía atropelló la sede del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y asesinó al dirigente Rodrigo Quintana. El exsuboficial Gustavo Florentín fue condenado por homicidio doloso agravado a 24 años de prisión.

En su comunicado, el JLRA señala que “Ariel Martínez cumplió funciones como viceministro del Interior durante el gobierno de Horacio Cartes, en el periodo en que, en la madrugada del 1 de abril de 2017, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en la sede central de nuestro partido y asesinaron a nuestro correligionario Rodrigo Quintana, dirigente del PLRA. A día de hoy, la justicia sigue incompleta, Rodrigo partió, y también su padre, don Fidelino, sin obtener esa respuesta”.

Por ello, consideramos que esta designación constituye una ofensa a la memoria de Rodrigo Quintana, a su familia, al Partido Liberal Radical Auténtico y a la democracia paraguaya. Recordamos al presidente Alliana que asume en un momento de crisis institucional y que tiene la obligación de gobernar para Todos los Paraguayos, no solo para los de su partido. Exigimos inmediatamente la revisión de esta designación. Un gobierno que pretende traer “paz, orden y seguridad” no puede empezar reabriendo heridas dolorosas de nuestra historia", refire la nota.

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“La memoria no se negocia”

Por su parte, mujeres activistas del PLRA, en un comunicado, también lamentaron la designación de Ariel Martínez, quien es muy cercano a Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Señala que “la memoria no se negocia. La impunidad y el encubrimiento de asesinos no pueden ser política de Estado. La designación de Ariel Martínez como ministro del Interior es una provocación a la memoria.

”Durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, bajo el gobierno de Horacio Cartes, Rodrigo fue asesinado en la sede del PLRA el 31 de marzo de 2017. Un crimen que marcó nuestra democracia y que sigue interpelando a las instituciones. Hoy, mientras su hija Sol Quintana vuelve a las calles, como lo hizo su padre, tenemos la obligación de no mirar hacia otro lado. No podemos naturalizar que quienes estuvieron al frente de instituciones durante episodios tan graves vuelvan a ocupar espacios de poder sin que la memoria y la justicia sean parte del debate público. Porque la democracia también se defiende recordando, reclamando justicia y enfrentando la impunidad.Rodrigo no está. Sol sigue de pie. Y el pueblo no olvida", refiere la nota.

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“Todos los cómplices permanecen en el poder”

Por otra parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) manifestó en su cuenta de X, que la ANR no aprende a pesar de la caída del entonces presidente Santiago Peña. “En serio no aprenden.Peña cayó a pesar del cartismo, no gracias a ustedes. Abandonaron el barco cuando ya se hundió y el inmenso daño se produjo. Si nuestras denuncias de hace años se escuchaban a tiempo el perjuicio iba a ser mucho menor”, cuestionó el senador opositor.

En otro apartado de su posteo, Filizzola expresó que “siguen los mismos en el poder”. “Ahora veo que siguen en lo mismo, todos los cómplices permanecen en el poder. Sean al menos humildes y convoquen a personas decentes para sacar adelante a un país que ustedes llevaron a la ruina. Caso contrario el pueblo les demandará”, aseveró.

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Fiscales y ministros de Cartes

El nuevo ministro, Ariel Martínez, fue agente fiscal del Ministerio Público (MP) hasta que el 10 de noviembre de 2016 fue designado viceministro de Asuntos Políticos por el entonces presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara.

Después, el 2 de febrero de 2018, Ariel Martínez asumió ya como ministro del Interior, en reemplazo de Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, quien a su vez pasó a ser cuando eso ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). Cuando terminó el mandato de Cartes, el 15 de agosto de 2018, Martínez pasó a trabajar como abogado independiente e incluso integró la Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, mientras que Lezcano regresó a la Fiscalía, primero como fiscal de Crimen Organizado y actualmente como fiscal de Antisecuestro.

Florentín actuó por cuenta propia, según Martínez

En los días que siguieron a la quema del Congreso Nacional y la muerte de Rodrigo Quintana, autoridades como el entonces viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, insistieron en que el entonces suboficial Florentín no debía estar en ninguno de los pelotones policiales que operaron en el microcentro en la noche del 31 de marzo y la madrugada de 1 de abril. El viceministro Martínez dio la inverosímil versión de que el 31 de marzo Florentín escapó de su lugar de reclusión, se equipó y armó, y se coló con el pelotón policial que asaltó el PLRA.