Como punto central del reporte, la estación de Asunción registró un descenso de 3 centímetros, llegando así a un nivel de 0,85 m.

La capital continúa experimentando los efectos de la bajante en su curso hídrico, marcando una diferencia relevante frente a sus marcas históricas y parámetros medios.

La gran mayoría de los puertos del río Paraguay reflejaron una tendencia a la baja en sus lecturas en las últimas 24 horas:

• Bahía Negra: nivel actual de 3,69 m. (-3 cm)
• Fuerte Olimpo: 3,78 m. (-1 cm)
• Vallemí: 2,70 m. (-2 cm)
• Concepción: 1,95 m. (-2 cm)
• Rosario: 1,43 m. (-2 cm)
• Villeta: 1,23 m. (-3 cm)
• Alberdi: 2,31 m. (-7 cm)
• Pilar: 2,52 m. (-7 cm)

¿Y El Niño? Continúa el marcado descenso del río Paraguay

Las autoridades instan a los sectores vinculados a la navegación fluvial y a las comunidades ribereñas a mantener las precauciones necesarias ante este ciclo de bajante sostenida que impacta en los puertos nacionales.

El funcionario detalló que la aeronave de la compañía española debió ser desviada temporalmente hacia territorio boliviano. Respecto al procedimiento de retorno, Báez explicó que la reanudación de las rutas depende de la evolución del clima en pista.

“Dependiendo de la meteorología, ellos consultan de vuelta en el METAR (informe meteorológico aeronáutico de rutina) y de acuerdo a esto, si se dan las condiciones y los mínimos requeridos, operan acá y hacen esa aproximación”, precisó Báez.

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Conexiones estacionales para la temporada veraniega

Báez también se refirió a las proyecciones de conectividad aérea para los meses de vacaciones, confirmando la reapertura de trayectos directos hacia destinos turísticos de la región.

Ante la consulta sobre la reanudación de los vuelos entre Asunción y la ciudad brasileña de Florianópolis entre enero y febrero, el titular de Aeropuertos confirmó que están previstos para la temporada, aunque no pudo precisar la fecha con exactitud.

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A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, los profesionales expresaron su “total y absoluto apoyo y respaldo” a los médicos que decidieron renunciar, señalando que la medida es consecuencia de la falta de apertura al diálogo y de respuestas a los reclamos impulsados.

Crisis sanitaria: ocupación al límite y renuncias masivas

La eventual renuncia masiva afectaría a varias especialidades fundamentales del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, entre ellas Pediatría y Neonatología, Clínica Médica, Ginecoobstetricia, Cirugía General, Anestesiología, Traumatología, Cardiología, Psiquiatría y Neumología.

Los médicos advierten que la situación podría generar un fuerte impacto en la atención sanitaria de todo el norte del país, especialmente por la dependencia que tienen los hospitales del interior de los especialistas y centros de referencia de Asunción para las derivaciones de pacientes de mayor complejidad.

En el comunicado, los profesionales sostienen que no quieren ser “cómplices del deterioro progresivo” de las condiciones laborales, cuestionando además la falta de insumos, medicamentos, infraestructura adecuada y garantías para ejercer la medicina en condiciones dignas.

El plantel médico considera que el agotamiento de los profesionales llegó a un límite insostenible y que la falta de especialistas termina perjudicando principalmente a los sectores más vulnerables.

Los profesionales responsabilizan al Estado y a las autoridades sanitarias por el eventual desabastecimiento de médicos y la posible paralización de los servicios de especialidad en el norte del país.

Como salida al conflicto, exigen la instalación inmediata de una mesa de negociación con el SINAMED, donde se puedan plantear soluciones concretas para los trabajadores de blanco y para garantizar la atención de los pacientes.

La situación genera especial preocupación en San Pedro, donde el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray constituye uno de los principales centros de referencia del departamento. Una eventual salida masiva de especialistas podría complicar aún más las derivaciones y la atención de pacientes que requieren servicios de mayor complejidad.

El plantel médico mantiene firme su respaldo a los especialistas que ya renunciaron y evalúa ahora si adopta la misma medida de manera coordinada, mientras aguarda una respuesta de las autoridades nacionales.

El gerente de Operaciones de Essap, Richard Heurich, confirmó que actualmente se registra un “descenso importante” del nivel del río Paraguay, situación que impacta principalmente en la captación de agua cruda utilizada para el proceso de potabilización.

“La bajante principalmente afecta en la captación de agua cruda. El nivel del río desciende y complica cuando por las compuertas no ingresa agua de forma normal. Es ahí donde nosotros metemos en servicio nuestras bombas arroceras”, explicó.

Según detalló, la institución ya tiene preparadas estas bombas especiales, que son utilizadas cada vez que el nivel del río alcanza cotas críticas y se dificulta el ingreso normal del agua a las plantas de tratamiento.

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Bombas entrarán en funcionamiento si persiste la bajante

Heurich indicó que las constantes bajantes registradas en los últimos años llevaron a Essap a fortalecer sus protocolos de contingencia.

En ese sentido, apuntó que las denominadas bombas arroceras están listas para entrar en operación de manera inmediata si las condiciones hidrológicas continúan empeorando.

Essap descarta cortes y problemas de presión

Pese al descenso del río, el gerente de Operaciones aseguró que la situación no tendrá repercusiones en la provisión de agua potable para la población.

“En absoluto, por eso estamos trabajando para evitar que suceda esto”, afirmó al ser consultado sobre eventuales problemas en el suministro o disminuciones de presión en la red.

De acuerdo con proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las precipitaciones más significativas que podrían contribuir a la recuperación del nivel del río Paraguay se registrarían hacia finales de septiembre.

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No obstante, Heurich advirtió que, si la tendencia actual se mantiene, Essap podría ingresar en una etapa crítica en aproximadamente 20 días, plazo en el que sería necesario activar plenamente las bombas de contingencia.

El mismo vehículo fue nuevamente localizado transitando por el citado distrito por agentes de la Patrulla Caminera, en el Destacamento de Trinidad.

A raíz de los antecedentes registrados en el video y por denuncias ciudadanas recibidas, el conductor fue sancionado por la infracción contemplada en el Art. 66 inc. de la Ley Nº 5016/2014, que dice: “Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas”, con una sanción de 10 jornales, equivalentes a G. 1.170.770.

El propietario del camión semirremolque de la marca Scania fue identificado como Laudelino Weber, oriundo del municipio de San Cristóbal (Alto Paraná).

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Denuncia del hecho

El pasado 20 de agosto, el video fue captado en el distrito de Trinidad, sobre la ruta PY06, y difundido por redes sociales.

Varios medios de comunicación digital se hicieron eco del caso, que causó indignación, debido a que en ese sitio se encuentra un destacamento de la Patrulla Caminera a pocos kilómetros.

Tras más de diez días, los agentes de tránsito retuvieron el camión cuando volvió a pasar por ahí, para notificarle de la multa impuesta por la institución.

El operativo, denominado Arma Mortal por la Senad, resultó en la detención de los hermanos Blas Antonio Figueredo (33) y Fredy Alberto Figueredo (38), en cuya vivienda en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero fueron hallados 30 fusiles de calibre .7,62 procedentes de Alemania y España.

Los intervinientes hallaron también en el sitio tres kilogramos de marihuana prensada y picada.

¿Armas para grupo criminal de Brasil?

Las autoridades creen que los hermanos Figueredo planeaban trasladar las armas a Brasil, presumiblemente para entregarlas a un grupo criminal en Río de Janeiro.

Si bien los hermanos fueron imputados en Pedro Juan Caballero por supuesto narcotráfico, por la droga incautada, el proceso por presunto tráfico de armas fue trasladado a Asunción.

Los investigadores creen que los 30 fusiles de guerra incautados en Pedro Juan Caballero forman parte de un lote que también integraban 20 fusiles de las mismas marcas y calibres que fueron confiscados el pasado 29 de julio pasado, también por la Senad, en Santa Rosa del Monday, Alto Paraná.

Fue identificado como Niño Miguel Araújo Cáceres (39), residente en Encarnación. El policía viajaba a bordo de un automóvil tipo Volkswagen, color negro, con matrícula NBC929.

La colisión ocurrió en el kilómetro 55 de la ruta PY08, en el distrito de José Leandro Oviedo. El automóvil impactó de manera frontal contra un motociclista que falleció en el sitio, a las 19:20 aproximadamente.

Agentes de la Patrulla Caminera, a cargo del inspector Lorenzo Flores, sometieron al conductor del vehículo al alcotest, con resultado positivo de 0,606 mg/l de alcohol en sangre. Por disposición del Ministerio Público, fue detenido y derivado a la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná.

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Motociclista falleció

Manuel Acosta Guaricuyu (32) fue la víctima fatal en el siniestro vial. Era oriundo del barrio San Juan del distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá.

El fallecido viajaba a bordo de una moto Kenton GTR, color rojo, con patente 965 ABSN, según el informe policial de la Comisaría 31ª de la zona. El mismo viajaba con dirección hacia Caazapá, mientras que el rodado del policía lo hacía con dirección hacia José Leandro Oviedo.

El médico forense, Dr. Raúl Vega, determinó la posible causa de muerte como un «shock hipovolémico». Por disposición fiscal, el cuerpo fue entregado a los familiares.

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El accidente

Según declaró el agente de la Policía involucrado, la motocicleta habría cruzado al carril contrario para esquivar a una vaca que estaba en la ruta, por lo que terminaron colisionando de manera frontal.

El funcionario de la institución no estaba de servicio, según declaró a sus colegas intervinientes.

¿Habrá otra huelga de médicos? Esto dicen los gremios

Una ola de renuncias presentadas por jefes de servicios y médicos especialistas en diversos centros asistenciales del país ha encendido las alarmas sobre una inminente parálisis operativa en la atención médica, en el marco de una dura disputa con el Gobierno nacional por mejoras salariales y la implementación de una carrera sanitaria justa.

El conflicto, impulsado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), se intensificó tras la falta de acuerdo en las negociaciones para elevar el salario base profesional a 8 millones de guaraníes.

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La postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumenta una imposibilidad financiera para cubrir dicho monto, mientras que el gremio médico sostiene que la asignación actual —reducida a unos 4.100.000 a 4.200.000 guaraníes netos tras recientes descuentos previsionales por 12 horas semanales— resulta insostenible para profesionales con más de 15 años de formación académica y alta especialización.

Descontento en el interior: el caso del Hospital General de Itapúa

Uno de los focos de mayor tensión se registra en el departamento de Itapúa. La Dra. Eliza Núñez, representante departamental de Sinamed y jefa del área de Urgencias Pediátricas en el Hospital General de Itapúa, confirmó la renuncia colectiva de 13 jefes de servicio de dicho centro asistencial.

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El Hospital General de Itapúa es un centro asistencial de referencia e institución-escuela donde se forman decenas de médicos residentes en especialidades clave como traumatología, cirugía, anestesiología y pediatría.

La salida de sus coordinadores amenaza con dejar acéfalos servicios críticos para todo el sur del país. “No podemos seguir callando y ser cómplices de un sistema de salud criminal. No hay insumos básicos, faltan antibióticos y reactivos en urgencias. Trabajamos en una precariedad absoluta donde el único perjudicado es el paciente pobre”, dijo la doctora, que es especialista en emergencias pediátricas.

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Núñez, la única especialista en urgencias pediátricas del sector público en el interior del país, enfatizó la gravedad de la escasez cotidiana en los hospitales regionales, donde con frecuencia se carece de insumos básicos como sueros, antibióticos específicos (como ceftriaxona o cefotaxima) o ambulancias de derivación inmediata.

La guerra de cifras: mesa de entrada vs. discurso oficial

El conflicto ha derivado en una agria batalla dialéctica sobre la cantidad real de renuncias efectivizadas. Mientras representantes del Ministerio de Salud Pública y sectores de prensa afines a este gobierno afirman que las dimisiones contabilizadas no superan las 30 a escala nacional, la dirigencia de Sinamed asegura que la cifra sobrepasa las 300 notas presentadas y proyectan un éxodo masivo que podría alcanzar a miles de profesionales.

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Los representantes médicos argumentan que existe una estrategia institucional de “cajoneo” y minimización de los expedientes presentados para restarle fuerza al reclamo social.

🔶 Crisis en salud: Jefes de servicios del Hospital General de Itapúa ponen a disposición sus cargos

🔶 "Nosotros presentamos la renuncia al director general del Hospital de Itapúa. Tuvimos un conversatorio todos los jefes de servicio y decidimos en forma consecuente con los… pic.twitter.com/ZIDUFp8XQU

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 2, 2026

Evolución de la crisis sanitaria en cifras

• Reivindicación salarial: Solicitud de salario base de G. 8.000.000 para profesionales médicos.
• Salario neto actual: G. 4.100.000 a G. 4.200.000 por vínculo de 12 horas (post descuento 16% jubilación).
• Dimisiones en Itapúa: 13 jefaturas de servicio dimitidas en el Hospital General de Itapúa.
• Discrepancia oficial: Salud reporta menos de 30 renuncias formalizadas; el gremio afirma tener más de 300 en proceso.

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Tensión política y futuro del servicio de salud

La polarización del debate ha escalado a acusaciones cruzadas sobre gastos públicos en la estructura del Estado, nepotismo y mala gestión presupuestaria versus la responsabilidad ética del personal médico de no abandonar a la población doliente.

Con servicios vitales en riesgo de desarticulación en hospitales emblemáticos como el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y el Ineram, la sociedad paraguaya observa con profunda preocupación el desenlace de esta crisis, donde la salud comunitaria y la estabilidad del gasto público se encuentran en un delicado equilibrio.

Según manifestaron, se ven obligados a trasladarse desde distintas ciudades, incluso ubicadas a menos de 50 kilómetros de Asunción, debido a las dificultades para acceder a una atención médica adecuada en sus localidades de residencia.

Los usuarios señalaron que la escasez de especialistas, la demora para obtener turnos y las limitaciones de infraestructura en los servicios de salud locales los obligan a buscar asistencia en la Capital.

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Areguá: pocos especialistas y largas esperas

Uno de los padres consultados relató que viajó desde Areguá debido a las dificultades para acceder a consultas médicas en su ciudad.

Además, sostuvo que la cantidad de especialistas es insuficiente para cubrir la demanda existente, lo que genera largas esperas para obtener atención y obliga a muchas familias a trasladarse a otros centros asistenciales.

“En Areguá debería mejorar mucho. Hay un solo centro de salud en el centro de la ciudad”, expresó.

Desde Limpio también buscan atención en Trinidad

Las quejas sobre la disponibilidad de turnos también fueron compartidas por usuarios provenientes de Limpio.

Según indicó la madre de un paciente, la dificultad para acceder a consultas en su ciudad la llevó a recurrir al centro asistencial de Trinidad, donde considera que la atención es más eficiente.

“Acá nomás me atienden bien. En Limpio te vas y ya no conseguís más turnos”, afirmó.

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Entre los aspectos mejor valorados por los familiares figura el sistema de atención implementado en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. “Acá atienden bien. El agendamiento es presencial, atienden desde las 07:00 y son muy puntuales”, comentó otra madre de pacientes.

Usuarios provienen del área Metropolitana e interior

El director del hospital, Diego Brítez, indicó que el centro asistencial atiende a aproximadamente 110.000 usuarios al año.

Según precisó, entre el 60% y el 70% de esos pacientes corresponden a personas provenientes del área Metropolitana o del interior del país, lo que refleja la alta dependencia de la población respecto a este establecimiento sanitario.

Hospital reconoce déficit de especialistas en algunas áreas

Brítez sostuvo que actualmente se logra cubrir la demanda de consultas, aunque admitió que todavía existe una brecha de recursos humanos que debe ser atendida para garantizar una asistencia de mayor calidad.

Detalló que el hospital requiere incorporar, al menos, cinco ginecobstetras para consultorios, además de tres pediatras para reforzar la grilla de urgencias.

“Están cubiertas, pero estaríamos trabajando más organizadamente si tenemos recursos humanos en esas áreas”, afirmó.

El director reconoció que esta situación repercute en los tiempos de atención y puede generar retrasos para los pacientes, especialmente en momentos de alta demanda.

Medicamentos disponibles, pero con déficit a nivel central

En cuanto a la provisión de medicamentos, los usuarios destacaron que generalmente encuentran los tratamientos requeridos, aunque señalaron que ocasionalmente algunos fármacos no están disponibles.

Sobre este punto, Brítez aseguró que el hospital cuenta con todos los insumos contemplados dentro del parque sanitario proveído por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, aclaró que existen faltantes que responden a un déficit a nivel central y que no afectan exclusivamente al Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad.

El informe de la Policía Nacional sobre el incidente identifica a los fallecidos como Mauricio Eduardo Ramírez y Braian Damián Pereira, ambos de 19 años.

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Los cuerpos sin vida de ambos y la motocicleta Taiga TL 200 CR1 en la que ambos se desplazaban fueron hallados por personal policial de la Comisaría 25 Central en el cauce del arroyo Héroes de Ytororó, cerca de la intersección de la avenida Bernardino Caballero y la Ruta PY01.

Circunstancias desconocidas

Las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho aún son desconocidas. En su informe, la Policía señala que en la zona del incidente no hay cámaras de circuito cerrado.

Luego de la espesa neblina de la mañana, no se esperan precipitaciones o tormentas eléctricas hoy ni mañana en ninguna zona del territorio paraguayo.

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Sin embargo, las lluvias y tormentas podrían regresar desde el viernes y extenderse durante el fin de semana en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

La temperatura sube y baja

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 16 grados.

Los índices serían levemente más altos mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, pero volverían a bajar el viernes, cuando la temperatura máxima no superaría los 23 grados en Asunción.

También está convocada para declarar en la séptima audiencia del debate oral la funcionaria Nilda Rojas Melgarejo, una de las que participaron en la auditoría del Ministerio de Educación y Ciencias, ordenada por el entonces ministro Eduardo Petta tras el dictamen del Abg. José Casañas Levi (fallecido en noviembre de 2024), que recomendó al MEC anular el registro del titulo de abogado de Hernán Rivas.

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El Tribunal de Sentencia a cargo del juzgamiento de la causa está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta; Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, como miembros titulares.

Por parte del Ministerio Público, la acusación contra Rivas por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, es sostenida por los fiscales Patricia Sánchez Luz Guerrero y Christian Benítez.

Testigos refuerzan sospechas contra Hernán Rivas

Hasta el momento todos los testigos avalaron aún más la teoría del Ministerio Público de que Hernán Rivas tenía título falso de abogado y que con ese diploma representó a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), incluso llegó a ser presidente siendo senador en el 2023.

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Tanto autoridades como funcionarios y egresados de la Universidad Sudamericana señalaron ante el Tribunal de Sentencia, que no recuerdan a Hernán Rivas como alumno de la carrera de Derecho de la institución universitaria.

Incluso en la última audiencia del juicio oral, realizada el 25 de agosto pasado, la jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del Ministerio de Educación y Ciencias Andrea Estigarribia afirmó que el título de abogado de Hernán David Rivas Román fue registrado por el MEC en apenas seis minutos, en fecha 9 de junio de 2020; por una “orden superior” del entonces ministro Eduardo Petta, por la cual flexibilizaron los filtros de control exigidos por la norma.

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Luego declaró el exministro Petta, quien negó la supuesta “orden superior”, y argumentó que el MEC no anuló el registro del título de Hernán Rivas, como había recomendado un dictamen del asesor José Casañas Levi, porque dicho análisis “fue insuficiente”, según señaló el también exsenador colorado en su declaración por medios telemáticos.

Fechas claves en juicio a Rivas

• 3 de junio de 2020: la Cámara de Diputados designa a Rivas como nuevo representante ante el JEM.
• 8 de junio de 2020: a las 17:00 ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de abogado de Rivas, firmado por Euclides Acevedo.
• 9 de junio de 2020: a las 12.56 el MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de abogado de Rivas.
• 9 de junio de 2020: a las 13.55 Rivas jura como representante de Diputados ante el JEM.
• 11 de junio de 2020: Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justicia su matrícula de abogado.
• 7 de julio de 2021: Hernán Rivas juró ante la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de abogado.

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Hernán Rivas fue electo como senador para el 2023-2028 y al inicio del periodo fue electo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuerpo colegiado que llegó a presidir.

El argumento utilizado de forma reiterada por la dirección de Ueno Bank S.A. para justificar semejante cifra apunta directamente a su propia naturaleza operativa: que se trata de una entidad basada en un modelo de negocios eminentemente digital (no hay otro banco nativo digital en Paraguay), la cual requeriría de una gigantesca infraestructura tecnológica para dar soporte a su creciente volumen de transacciones de mercado.

Tres megacuentas de Ueno superan en 77% todo su patrimonio neto

Ueno ante los números de los colosos brasileños: Nu e Inter

Precisamente, a través de una carta formal remitida a la dirección de este diario, el presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, argumentó que en los últimos 18 meses la compañía destinó un total de US$ 120 millones a tecnología, incluyendo sistemas de procesamiento, nube, ciberseguridad, biometría, onboarding digital, pasarelas de pago y otras herramientas de soporte.

Según el argumento de la entidad, esa inyección de recursos resulta indispensable para sostener de forma segura una operación diaria que abarca a más de 3 millones de clientes y supera las 70 millones de transacciones mensuales.

Sin embargo, esa explicación contrasta con los números que presentan bancos gigantes digitales de Brasil, cuyos balances también son de acceso público. A continuación, realizamos un repaso de los números del balance general de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento —una de las principales entidades del gigante brasileño Nubank con 113 millones de clientes— y el reporte consolidado de Inter&Co Inc., la matriz de Inter de Brasil.

La millonaria suma inmovilizada en “Sistemas”

Primeramente, recordemos que al cierre del ejercicio contable 2025, el balance de Ueno reportó la suma de G. 761.444 millones asentada bajo la cuenta “Bienes Intangibles – Sistemas” (Nota c.9 – Cargos Diferidos e Intangibles). Este saldo tecnológico sin precedente en el sistema financiero local —que se abultó tras registrar incorporaciones brutas por más de G. 654.799 millones solo durante el último año— equivale al 3,61% de todos los activos del banco (los cuales totalizan G. 21,095 billones) y representa un 35,96% de su propio Patrimonio Neto (que cerró en G. 2,118 billones).

En otras palabras, por cada G. 100 de capital propio que declara poseer Ueno, casi G. 36 corresponden únicamente a licencias de software y códigos informáticos intangibles. Los números de la entidad del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente Santiago Peña, ya contrastan a nivel local con los de otros banco de plaza.

De hecho, nuestro diario viene publicando el cálculo: El monto de Ueno es tres veces la suma de los saldos en la cuenta software de nueve bancos de plaza juntos (Itaú, Continental, GNB, Familiar, Basa, Bancop, Atlas, Interfisa y Sudameris).

Inter: tecnología a gran escala, pero con menor peso que Ueno

El caso de Inter&Co, holding de la entidad bancaria Inter, nos muestra otra referencia relevante. Al cierre de 2025, la compañía reportó activos totales por R$ 98.611,5 millones (US$ 19.000 millones aproximadamente, al cambio actual), un patrimonio de R$ 10.396,2 millones (US$ 2.000 millones) y activos intangibles por R$ 2.023,9 millones (US$ 390 millones).

Participación de Ueno en otras entidades se disparó 8.000%

De acuerdo con la Nota 14 – “Intangible Assets” de sus estados financieros consolidados -disponibles en la web del banco y también proveídos a ABC por fuentes de la misma compañía-, los intangibles incluyen goodwill, costos de desarrollo, derechos de uso y cartera de clientes, entre otros conceptos. El saldo equivale al 2,05% de los activos totales y al 19,47% del patrimonio de Inter&Co.

La escala tecnológica detrás de esos números también puede observarse en el reporte de resultados del cuarto trimestre de 2025. Es un dossier donde la compañía reportó 43,1 millones de clientes, de los cuales 25 millones eran usuarios activos, y afirmó que su infraestructura tecnológica procesaba 32 millones de operaciones financieras por día, frente a 25 millones diarios en diciembre de 2024. También registró un promedio de 21,5 millones de logins diarios durante el cuarto trimestre de 2025.

La dimensión de esa infraestructura también aparece en el apartado “Performance Financeira – Despesas” del mismo informe. La entidad atribuye parte del aumento de sus gastos de depreciación y amortización a la amortización de inversiones en “Core Banking” y en su “Super App”. Al mismo tiempo, la compañía señala que espera que los intangibles como proporción de los activos totales continúen con una tendencia descendente a medida que crece.

Aun con una base de clientes unas 14 veces superior a la declarada por Ueno y con inversiones explícitamente vinculadas a su tecnología, Inter mantiene una relación entre intangibles y patrimonio significativamente menor: 19,47%, frente al 35,9% de Ueno.

Nubank: Un servicio a 113 millones de clientes

Por su lado, a nivel global, el holding Nubank culminó el ejercicio fiscal 2025 con 131 millones de clientes tras incorporar 17 millones de usuarios en doce meses. De ese total, 113 millones de clientes son únicamente de Brasil. Según datos oficiales recopilados por el Banco Central de Brasil, la firma ya es oficialmente la mayor institución financiera privada del mercado brasileño por volumen de clientes.

Es decir, el ecosistema brasileño de Nubank administra una base de ahorristas y usuarios que es decenas de veces superior a los 3 millones de clientes declarados por Ueno en Paraguay.

Intangibles ínfimos al lado de Ueno

En este caso, el Balance Patrimonial de Nu al 31 de diciembre de 2025 reporta activos totales por R$ 252.950,7 millones (unos US$ 49.000 millones) y un Patrimonio Neto de R$ 13.109,5 millones (US$ 2.550 millones). Dentro de esta gigantesca estructura, la cuenta expuesta bajo la denominación general de “Intangível” declara un saldo neto de apenas R$ 336,8 millones (US$ 65 millones).

Esto significa que el citado registro constituye el 0,13% del total de activos de Nu Financeira y el 2,57% de su patrimonio neto.

¿Ueno ignora disposiciones del BCP sobre inversiones en software?

Al cruzar de forma directa estas relaciones porcentuales con el balance de Ueno, la brecha resulta abismal: la cuenta de sistemas de ueno pesa unas 27 veces más sobre sus activos totales que todo el rubro de intangibles de la financiera brasileña de Nubank sobre los suyos.

Asimismo, el peso de la cuenta tecnológica de la firma paraguaya sobre su capital propio de respaldo es 14 veces superior al que exhibe Nu en el gigante mercado brasileño.

La matemática muestra diferencias abismales

La escala de clientes de la entidad paraguaya versus las gigantes de Brasil contrasta con simples cálculos matemáticos el argumento de Ueno. También reabre la pregunta: ¿La cantidad de transacciones y de usuarios explica por sí sola por qué la cuenta de software de Ueno inmoviliza una participación nunca antes vista dentro de su propio balance?.

El contraste se evidencia al calcular qué porción del patrimonio neto de cada entidad representa este activo intangible, al cierre de 2025. En Ueno, Bienes Intangibles-Sistemas - (Nota c.9) 35,96%, en Inter ( Nota 14) 19,47% y en Nu (Intangible total - Balance General), 2,57%.

En términos relativos, el peso de la cuenta contable de software de Ueno es 14 veces superior al de la financiera brasileña de Nubank y casi el doble (1,85 veces) del indicador de la matriz del banco Inter.

El silencio del BCP ante las cifras

Por otro lado, la comparación de estos indicadores (peso del software sobre activos y patrimonio) deja al descubierto la tolerancia de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay (BCP), sobre un millonario monto de software sin detalle dentro del balance del banco privado que más dinero público ha captado.

En ese sentido, recordemos que Ueno captó G. 5,152 billones (US$ 862 millones) de recursos públicos y fondos de jubilaciones del IPS —un monto que supera en G. 2,9 billones todo el Patrimonio Efectivo de G. 2,2 billones de la propia entidad—.

Nuestro diario volvió a consultar ayer al presidente del BCP, Carlos Carvallo, si al ante regulador no le llama la atención las cifras analizadas. Sobre todo, considerando el contraste incluso frente a gigantes brasileños de la banca digital. Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

Asimismo, ABC sigue aguardando la respuesta a una solicitud de entrevista hecha a Ueno, sobre los siguientes ejes: Clasificación y transparencia de intangibles tecnológicos, Solvencia y estructuras fiduciarias de reorganización, Criterios de excepción contable en fusiones, Operaciones con vinculadas e ingeniería de resultados, y Concentración de activos no líquidos y sostenibilidad de la solvencia. Días atrás, el presidente de la entidad, Juan Gustale, se limitó a decir que consultará al respecto al directorio y al área de comunicación.

En ese contexto, Paraguay cerró marzo de 2026 con un indicador de 2,3%, equivalente a 0,48 puntos porcentuales menos que el promedio latinoamericano de 2,78%. La posición paraguaya adquiere relevancia no solo por ubicarse por debajo del promedio regional, sino también por la trayectoria que presenta frente a los otros dos puntos de comparación incluidos por Felaban.

En diciembre de 2019, la morosidad del sistema paraguayo se situaba en 2,4% y posteriormente aumentó hasta 2,9% en diciembre de 2023. Para marzo de 2026, el indicador retrocedió nuevamente hasta 2,3%. De esta manera, se encuentra 0,6 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2023 y 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de diciembre de 2019.

IPS exonera unos G. 3.900 millones en su campaña de morosidad

La comparación entre países muestra, además, que Paraguay ocupa una posición intermedia dentro del grupo relevado.

Por encima de su 2,3% se encuentran Argentina (7,3%), Brasil (4,3%), Colombia (3,7%), Ecuador (3,1%), Perú (3,0%), Panamá y Chile, ambos con 2,4%. Guatemala registra el mismo nivel que Paraguay con 2,3%.

En el otro extremo aparecen con 2,2% México y Costa Rica; Honduras (2,1%), Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%).

La fotografía regional también muestra trayectorias marcadamente diferentes. Argentina y Brasil presentan uno de los movimientos más notorios. Para el caso argentino, pasó de 5,4% en diciembre de 2019 a 3,7% en diciembre de 2023 y 7,3% en marzo de 2026. Mientras que Brasil de 2,9%; 3,2% a 4,3%. Colombia, pese a reducir su ratio frente al 4,9% de diciembre de 2023, se mantiene en un nivel elevado con 3,7%, por debajo del 4,3% registrado en 2019.

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Perú también exhibe una corrección respecto de 2023. Su indicador había pasado de 3,0% en 2019 a 4,3% en 2023, para regresar a 3,0% en marzo de 2026. Ecuador, en tanto, se ubicó en 3,1%, frente a 3,2% en 2023 y 2,7% en 2019.

Otros mercados presentan niveles inferiores a los de Paraguay, aunque con comportamientos diversos. El Salvador redujo la morosidad desde 1,8% en 2019 y 2023 hasta 1,4% en marzo de 2026, mientras Uruguay pasó de 3,2% a 1,8% y posteriormente a 1,7%. República Dominicana registró 1,1%, frente al 0,7% de 2023 y 1,5% de 2019.

Para Paraguay, los datos de la Federación muestran una dinámica diferente de la tendencia agregada regional: mientras la morosidad latinoamericana alcanzó 2,78% y el volumen de cartera vencida aumentó con fuerza, el sistema local exhibe un ratio de 2,3%, menor al de 2023 e incluso ligeramente inferior al de 2019. La evolución coloca al país en una posición intermedia frente a sus pares, pero con un nivel por debajo del promedio latinoamericano al cierre de marzo de 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

El ente de control señaló que esta situación evidenció la utilización sistemática de procedimientos excepcionales para la regularización de obligaciones derivadas de servicios ejecutados fuera de la vigencia contractual, eludiendo así la aplicación del régimen ordinario de contrataciones previsto para la ejecución y pago a proveedores.

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El periodo analizado por los auditores corresponde a la presidencia del imputado Jorge Brítez y a la etapa en que se desempeñaba como director jurídico José “José’i” González Maldonado, investigado por la fiscalía.

Entre los pagos efectuados utilizando esta maniobra figuran la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, limpieza e higienización, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos hospitalarios en todo el territorio nacional, además de la provisión de alimentos a pacientes y funcionarios de hospitales regionales y unidades sanitarias del interior del país, y los servicios tercerizados de ambulancia para los asegurados.

Según el informe detallado de la CGR, la previsional ejecutó de forma recurrente contratos de servicios públicos ya vencidos, lo que posteriormente derivó en la suscripción de acuerdos extrajudiciales y en la posterior imputación de los pagos al Objeto del Gasto 915, correspondiente a “Gastos Judiciales”.

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Sin homologación

El hallazgo más grave detectado por la Contraloría –incluso tras analizar el descargo presentado por el IPS– es que, de los G. 104.226 millones (alrededor de US$ 17,3 millones) analizados, más de G. 1.688 millones se desembolsaron sin que existiera una homologación ni una sentencia judicial que respaldara el trámite. Se trata de los pagos por la contratación de servicios médicos tercerizados para el Chaco Central y la contratación de servicios de auditoría externa para la propia institución.

En el primer caso, los desembolsos beneficiaron a la Asociación Civil Chortitzer Komitee, a la Asociación Civil Mennonita Colonia Fernheim y a la Asociación Colonia Neuland Chaco. En el segundo ítem, el pago fue dirigido a la empresa Audicon-Auditores, Contadores & Consultores, cuyos socios principales son el exministro de Turismo, Jacinto Santamaría, y su esposa, la exviceministra de Tributación durante el gobierno de Horacio Cartes, Marta González.

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A partir de esta severa observación, la Contraloría recomendó al IPS adoptar de inmediato las medidas administrativas y de control necesarias para garantizar que tanto la ejecución de los servicios contratados como sus correspondientes pagos se realicen estrictamente dentro del periodo de vigencia de los contratos. Asimismo, instó a la administración de la previsional a abstenerse de recurrir a mecanismos excepcionales o de regularización fáctica de obligaciones, asegurando que cualquier erogación se encuadre de forma rigurosa dentro del régimen ordinario previsto en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas.

Por último, exigió impulsar una investigación interna a efectos de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los involucrados.

Según del portal de funcionarios del Poder Judicial, el salario de Bordenave está presupuestado en los G. 8.210.000, con una carga horaria de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, aunque no se especifica los días de atención. Además, figura como contratada en el Instituto de Previsión Social (IPS), con una remuneración de G. 3.939.915, por atender los lunes y viernes de 7:00 a 13:00.

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Ante las sospechas por la superposición horaria, el medio digital El Observador accedió a un registro en el cual figura que Bordenave trabaja efectivamente de 7:00 a 13:00 en el Poder Judicial, pero solo los días martes. Es decir, solo seis horas semanales y veinticuatro horas mensuales, dato confirmado por fuentes anónimas.

La División de Asistencia Médica depende de la Dirección de Bienestar de Personal, cuya titular es la psicóloga Nury Llanes, hermana de la ministra de la Corte Suprema de Justicia María Carolina Llanes.

De acuerdo con el sitio web de la Corte, en la División de Asistencia Médica atienden urgencias clínicas, consultas por patologías específicas y controles generales en las áreas de clínica médica, medicina familiar, reumatología, traumatología, psiquiatría, gastroenterología y hematología.

Nuera de Benítez Riera cobró incluso sin trabajar

La funcionaria judicial Laura Geraldine Bordenave Gamarra había obtenido una licencia con goce de sueldo para capacitarse en México, donde vivió junto a su marido entre 2014 y 2018, y cobró más de G. 200 millones sin trabajar.

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Al retornar, ambos consiguieron cargos en el IPS. Marido y mujer fueron nombrados en la misma fecha, 9 de abril del 2018, y asumieron también en la misma fecha, 16 de abril del 2018, a través de la Resolución Nº 215/2018.

En sus últimas declaraciones juradas publicadas en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), Bordenave no consignó que es funcionaria en el Poder Judicial y solo anotó su cargo como médica contratada en el IPS.

Hijos y esposa de Benítez Riera, con “jugosos salarios” del Estado

Los cuatro hijos del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera poseen cargos en la función pública, la mayoría con sueldos envidiables. Su hijo mayor, Luis María Benítez Sienra es médico de IPS y de Salud; María Monserrat Benítez Sienra es fonoaudióloga del IPS; María Verónica Benítez Sienra es asistente en el Ministerio Público y María Sofía Benítez Sienra es funcionaria de Yacyretá.

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Entre el ministro Benítez Riera, sus cuatro hijos y su esposa, la directora general de Garantías Constitucionales María Verónica Lina Sienra Bertón; cobran del Estado alrededor de G. 132.128.126 todos los meses, lo que por año representa la suma de G. 1.717.665.638.

En primer lugar, su cónyuge, María Verónica Lina Sienra Bertón, es directora de Garantías Constitucionales, desde el año 2012; sin embargo, pese a que no posee grado universitario, cobra un salario mensual de G. 22.399.791.

Su hijo mayor, Luis María Benítez Sienra, es médico cardiólogo y ocupa cargos tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el Ministerio de Salud (Hospital Militar y Hospital San Jorge). Entre ambas instituciones cobra G. 27.738.830 por mes. Aparte, ejerce su profesión en el sanatorio La Costa.

Su hija María Monserrat Benítez Sienra es fonoaudióloga del IPS, donde cobra G. 2.899.048 por trabajar tres días a la semana, según datos abiertos.

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Su otra hija, María Verónica Benítez Sienra, es asistente en el Ministerio Público, con un salario de G. 14.181.000; mientras que su también hija María Sofía Benítez Sienra es funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá, donde en el 2023, ya cobraba G. 17.906.690.

Clan Benítez Riera cuesta casi G. 1.500 millones al año

Otro miembro de su clan del ministro Luis María Benítez Riera es su hermano, Santiago Eduardo Benítez Riera, quien es funcionario judicial con salario de G. 15.060.000, de acuerdo con la nómina de funcionarios del Poder Judicial.

A su vez Sara Araujo de Benítez, consuegra del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera, también es funcionaria del Poder Judicial y su sueldo es de G. 5.796.745. Es la madre de Eduardo Benítez Araujo, “yerno de oro” de Benítez Riera, la semana pasada renunció al cargo director de Planificación y Selección del Personal ante los escándalos que involucran a su suegro.

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La hermana del yerno, Sofia Coral Benítez Araujo, también integra el grupo y su remuneración es de G. 9.967.670.

El actual vicepresidente primero de la Corte igualmente consiguió que sean nombrados su nuera, Laura Bordenave Gamarra (gana G. 8.210.000) y el hermano de esta, José Bordenave Gamarra, con sueldo de G. 4.723.000.

En conclusión, el clan familiar del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera se embolsa al mes la suma G. 175.885.541, lo que al año hace un monto total de G. 2.286.512.033 (aguinaldos incluidos).

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes. Aproximadamente a la 1:22, personal de la empresa de seguridad Protek alertó a la Policía sobre la presunta intrusión en el establecimiento.

Agentes de la Comisaría 12ª de Asunción acudieron al lugar y constataron que una de las puertas de blindex, ubicada en uno de los accesos laterales, había sido forzada.

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Violentó la caja, pero no encontró dinero

Tras la llegada de los agentes, fue localizada la encargada del establecimiento, Karen Dahiana Vera Franco, quien verificó el interior del local.

La mujer constató que la caja registradora también había sido violentada. Sin embargo, el presunto autor no logró llevarse dinero, ya que no había efectivo en el lugar. Tampoco fueron sustraídas las dos máquinas POS que se encontraban en el establecimiento.

Los agentes accedieron posteriormente a las imágenes del circuito cerrado, que permitieron obtener características del sospechoso.

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Lo encontraron durante un rastrillaje

Con los datos proporcionados por las cámaras, agentes policiales realizaron un rastrillaje por la zona. Cerca de las 5:23, motociclistas de la Comisaría 12ª visualizaron a un hombre cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes.

El sospechoso llevaba una mochila azul y un kepi marrón con negro. Durante la verificación, los agentes encontraron en su poder tres destornilladores, dos cuchillos de mesa y un mazo, elementos que fueron incautados.

El hombre fue identificado como Arnaldo André Saucedo Martínez, de 31 años, quien fue trasladado hasta la comisaría y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

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Tiene cinco antecedentes

Según el informe policial, Saucedo Martínez cuenta con cinco antecedentes, relacionados con hechos de hurto agravado, hurto y reducción.

Los antecedentes consignados corresponden a los años 2013, 2015, 2020, 2023 y 2024.

El caso fue comunicado al Ministerio Público. Por disposición de la Fiscalía, el aprehendido permanece en la Comisaría 12ª de Asunción, a cargo de la unidad fiscal interviniente, mientras prosigue la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, sobre la calle Juan E. O’Leary casi Francisco Dupuys. Según la denuncia policial, el adolescente fue interceptado por un hombre que descendió de un automóvil Hyundai HB20 gris, acompañado por otra persona.

El delincuente, que llevaba una campera con capucha de color oscuro y un machete, le arrebató el celular Samsung A15 y, pese a que la víctima no habría ofrecido resistencia, le propinó un golpe con el arma blanca en el rostro.

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El ataque quedó registrado en cámaras

Las imágenes de circuito cerrado muestran al automóvil siguiendo al adolescente al menos una cuadra antes del ataque. Posteriormente, el vehículo se detuvo y uno de sus ocupantes descendió para interceptar al menor.

Según relató Arturo Caselli, padre de la víctima, su hijo se encontraba esperando a su compañero frente a una tienda cuando fue atacado. El hombre cuestionó especialmente la violencia utilizada durante el robo.

“Él no puso resistencia, le pasó bien el teléfono celular e igual le metieron un machetazo por la cara”, manifestó el padre.

Tras el ataque, el adolescente quedó tendido en el suelo. Posteriormente, recibió asistencia médica. Su padre señaló que presenta el rostro hinchado y una marca producto del golpe.

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“Gracias a Dios le pegaron de canto”

Caselli manifestó su preocupación por el nivel de violencia empleado por los delincuentes. Señaló que el machetazo impactó de manera lateral y que, de haber sido diferente, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

“Gracias a Dios le pegaron de canto, porque si le pegaban del otro lado, iba a ser otra historia”, expresó.

El padre pidió que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia. También destacó el trabajo inicial de agentes de la Comisaría 2ª de Asunción y del Departamento de Investigaciones.

Policía busca identificar a los responsables

El caso fue denunciado ante la Comisaría 2ª y los investigadores analizan las imágenes de circuito cerrado y otros datos que podrían ayudar a identificar al automóvil y a sus ocupantes.

La Policía informó que prosiguen las averiguaciones para esclarecer el hecho y determinar la identidad de los responsables.

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La medida alcanza a personal de distintos rangos y responde a dos escenarios. Por un lado, la expulsión de agentes salpicados en esquemas delictivos graves, y por el otro, una estampida de solicitudes de retiro voluntario impulsada por la reciente reforma de la caja fiscal.

Entre las bajas firmadas por el Ejecutivo resaltan casos con peso judicial y policial. Figura de manera destacada la expulsión del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva (Decreto N° 6727), cuya condena a 24 años de cárcel por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana, ocurrido en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en marzo de 2017, quedó firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

El listado expone igualmente la penetración del crimen organizado dentro del propio cuadro policial. Mediante el Decreto N° 6773 se dio de baja al suboficial mayor Valvino Melgarejo Galeano, arrestado a comienzos de 2025 por la Armada tras ser sorprendido con un cargamento de marihuana en Canindeyú.

En esa misma línea se oficializó la baja del suboficial mayor José Isacio Peralta Martínez (Decreto N° 6706), condenado por narcotráfico y a quien el año pasado habría estado involucrado en el hallazgo de un arsenal de drogas, incluyendo cocaína, marihuana y pastillas, dentro de la propia Agrupación Especializada.

El esquema de “polibandis” e infiltrados en el narcotráfico suma además nombres como el del suboficial Richard Adolfo Barrientos Agüero (Decreto N° 6709), detenido por el secuestro de un supuesto narco en Luque en un procedimiento irregular con 50 kilos de cocaína.

También el suboficial Bonifacio Fabián Britos Benítez (Decreto N° 6720), salpicado en la extorsión a ciudadanos orientales y en el despojo de otro importante lote de droga en Alto Paraná. También fue dado de baja su hermano, el suboficial Miguel Alejandro Britos Benítez (Decreto N° 6721).

De asaltantes a ausentes injustificados

La nómina de policías de baja revela cómo agentes policiales incurrieron en asaltos y robos violentos. Destaca el caso del oficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez (Decreto N° 6705), castigado con 15 años de prisión por robo con resultado de muerte.

También fue dado de bajoel suboficial Ever Daniel Ayala Lesme (Decreto N° 6774), quien en 2024 baleó a cuatro personas en una gresca, provocando la muerte de una de ellas.

Asimismo, se dio la salida del oficial primero Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez (Decreto N° 6785), procesado por faltar a los deberes policiales. Este mismo fue denunciado por un propio camarada por el robo de más de G. 53 millones.

En el ámbito del abigeato a gran escala en el Chaco, se confirmó la baja del suboficial mayor Marcial Martínez (Decreto N° 6779), implicado en la operación “Sequimur Vestigia”.

A estos expedientes se suman bajas por faltas administrativas que encubren aparente ausencias sistemáticas por más de 5 y 15 días sin justificación.

Alumnos de la Academia también fueron expulsados

Se dio además la expulsión de alumnos de los institutos de formación, como la Academia General Díaz y el Colegio de Policía, vinculados al tráfico, tenencia y consumo de estupefacientes o faltas de conducta.

Se resalta la baja deshonrosa de cuatro cadetes de la Academia Nacional de Policía “Gral. José Eduvigis Díaz”: Alexander Nahuel Vega Felauher (de cuarto curso), Diego Ángel Mario Correa (de tercer curso), Alan Matías Ayala González (de tercer curso) y Emilio Javier Escobar Espínola (de segundo curso).

Estos fueron sumariados y expulsados tras comprobarse su implicancia en el tráfico, tenencia, comercialización o consumo de drogas peligrosas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes dentro y fuera de la institución académica

Ola de pedido de retiro, efecto de la caja fiscal

En paralelo a las expulsiones por sumario, se oficializó el pase a retiro voluntario de 42 efectivos policiales de diversos rangos. Se trata de comisarios principales, suboficiales superiores y personal de sanidad que solicitaron su desvinculación.

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Esta seguidilla de salidas a pedido de los uniformados responde al impacto de la reestructuración y reforma de la caja fiscal, situación que precipitó que un importante cupo de efectivos con años de servicio opte por asegurar sus haberes antes de la entrada en vigencia de nuevas exigencias de permanencia en la institución policial.

Según relató su padre, Augusto González Castagnino, Emma abordó un colectivo alrededor de las 14:30, frente al Colegio Experimental Paraguay-Brasil (CEPB), en Asunción. Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ella.

El padre explicó que, durante el trayecto por la avenida Carlos Antonio López, la adolescente se comunicó con una compañera y manifestó que se sentía mal. Posteriormente, habría descendido del colectivo en una estación de servicio, aunque la familia desconoce la ubicación exacta.

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Último contacto con su familia

González Castagnino contó que intentó comunicarse con su hija y que aproximadamente a las 17:00 ella atendió una llamada, pero la comunicación se cortó casi inmediatamente.

“Escuché la voz de ella”, relató el padre, quien señaló que solo percibió una especie de balbuceo y que Emma no llegó a decirle dónde se encontraba. Posteriormente, el teléfono continuó sonando hasta que, alrededor de las 18:30, ya apareció apagado.

La familia recorrió distintos sectores de la zona en busca de la adolescente. También se comunicó con el Ministerio de Defensa, donde confirmaron que Emma no llegó a sus clases de inglés. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros pudo aportar información sobre su paradero.

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Denuncia y localización a nivel nacional

De acuerdo con el padre, una ubicación asociada al teléfono habría señalado San Lorenzo, aunque aclaró que no consideran que ese dato sea suficientemente preciso porque no cuentan con acceso a la cuenta de correo electrónico vinculada al dispositivo.

La desaparición ya fue denunciada ante la Comisaría 1ª de Asunción y se dispuso la localización de la adolescente a nivel nacional.

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre Emma o que la haya visto desde esta tarde que se comunique al 0971 161612, número proporcionado por su padre, o que informe a la comisaría más cercana.

La búsqueda continúa y cualquier dato que pueda ayudar a establecer su paradero resulta relevante para la familia y las autoridades.

La respuesta oficial llega después de que el gremio, a través de su vocero Roberto Riveros, denunciara que decenas de expedientes de renuncia habrían quedado retenidos en direcciones de hospitales, sin ser derivados formalmente al ministerio.

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“Una denuncia muy temeraria”, según Salud

Estigarribia explicó que, cuando el doctor Riveros se acercó ayer a la mesa de entrada del ministerio, la documentación fue recibida y se le asignó número de expediente sin inconvenientes. Según el funcionario, la ventanilla estuvo abierta durante toda la jornada, de 7:00 a 17:00, y recibió trámites de todo tipo. Por eso, dijo, no entiende el uso del término “cajonear” para describir el proceso.

El director de Gabinete fue enfático al señalar que el ministerio no negó en ningún momento el acceso a la mesa de entrada ni retuvo documentos presentados allí. Planteó, además, que cualquier médico o grupo de médicos puede presentar su renuncia de manera directa —incluso por un tercero—, tal como lo hizo el propio Riveros el día anterior, sin necesidad de canalizarla a través de un director de hospital.

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Solo 62 renuncias formalizadas, según la cartera sanitaria

En el centro de la controversia está la cifra. Mientras el gremio médico sostiene que existen unas 196 renuncias firmadas —y hasta 430 si se suman los reportes preliminares de distintos hospitales—, el Ministerio de Salud insiste en un número mucho menor: 62 renuncias recibidas formalmente hasta el momento, todas presentadas el lunes.

Estigarribia remarcó que en el transcurso de este martes la mesa de entrada de la Secretaría General no recibió ninguna renuncia adicional, ni de médicos individuales ni de algún grupo que buscara formalizar un nuevo bloque de dimisiones.

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El respaldo documental: sello, timbrado y número de expediente

Consultado sobre cómo puede el gremio comprobar que sus documentos fueron efectivamente entregados, el vocero ministerial remitió al propio procedimiento administrativo: cada renuncia presentada en mesa de entrada recibe sello, timbrado con fecha y número de expediente, lo que constituye prueba de que existe un trámite abierto dentro del ministerio.

Ese mismo argumento fue el que usó Estigarribia para cuestionar la versión del gremio médico. Si los profesionales cuentan con esa constancia, sostuvo, no hay razón para hablar de documentos “cajoneados”: el trámite queda formalmente registrado desde el momento en que se entrega.

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Una versión que contradice al gremio médico

La cartera sanitaria fue tajante al calificar de “no muy creíble” el testimonio del gremio sobre expedientes retenidos en direcciones hospitalarias, en momentos en que la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica sostiene lo contrario: que hospitales como Acosta Ñu, el Hospital del Trauma o el Hospital Nacional de Itauguá concentran decenas de renuncias que no fueron derivadas al nivel central.

El propio Estigarribia se comprometió a mantener la vigilancia sobre las presentaciones que puedan llegar en los próximos días, en momentos en que el gremio médico anuncia que nuevos bloques de profesionales —entre ellos anestesiólogos del Hospital de Luque— se preparan para sumarse a la ola de renuncias.

Esa decisión, más que el número en sí, es la clave para entender por qué el déficit se dispara este año y el próximo, y por qué el equipo económico insiste en que se trata de un fenómeno transitorio y no de un descontrol estructural de las cuentas públicas.

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Pagar antes de irse: la lógica detrás del salto del déficit

Según relató Lovera, al asumir el frente del Ministerio de Economía hace cinco meses recibió una instrucción directa del presidente de la República: resolver los atrasos acumulados con las constructoras viales (US$ 220 millones) y con los proveedores del sector salud (US$ 1.050 millones), una deuda combinada de US$ 1.270 millones que el Estado arrastraba sin reconocer plenamente en ejercicios anteriores.

La opción más sencilla, políticamente hablando, hubiera sido diferir ese ajuste. En cambio, el equipo económico decidió incorporar el pago dentro de la trayectoria fiscal del PGN 2027, lo que dispara el déficit a 3,9% este año, pero —según el ministro— permite que Paraguay retorne a la meta legal de 1,5% del PIB en 2028, el último año de esta administración. Es, en los hechos, una apuesta a cerrar la gestión con las cuentas ordenadas y sin dejarle ese pasivo al gobierno que asuma en agosto de ese año.

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El riesgo de leer mal una partida presupuestaria

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista tuvo que ver con la forma en que se interpretan públicamente los números del presupuesto. Lovera puso como ejemplo una partida que, aislada de su contexto, genera sospechas: “alquiler de equipos de computación”. Tomada de manera literal, la denominación sugiere gasto en notebooks o computadoras de oficina. En los hechos, corresponde a los pagos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) hace por las máquinas de votación, necesarias porque en noviembre de 2027 Paraguay tendrá elecciones internas.

El ejemplo no es menor: expone cuán fácil es que una crítica al presupuesto se construya sobre una lectura superficial de sus rubros, sin cruzar la denominación contable con la institución y el destino real de los fondos. Es un llamado de atención tanto para el debate público como para la forma en que el propio Estado comunica sus partidas.

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Salud: de la improvisación a un mecanismo estructural

Lovera contó que, junto a las ministras de Salud María Teresa Barán, y de Obras, Claudia Centurión, se trabajó durante meses en determinar cuál es el “nivel óptimo” de recursos que el Ministerio de Salud Pública necesita para no volver a generar atrasos: unos US$ 750 millones, según el cálculo conjunto entre ambas carteras económicas.

La novedad estructural, más que el monto en sí, es el mecanismo: por primera vez el presupuesto separará en dos líneas diferenciadas la compra de nuevos medicamentos e insumos y el pago de la deuda acumulada. Hasta ahora, ambos conceptos competían por los mismos recursos dentro de una sola partida, lo que explica en parte por qué los atrasos con farmacéuticas y proveedores se acumularon en primer lugar.

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Una reforma silenciosa: planificar cuánta gente necesita el Estado

El otro dato que no apareció en la cobertura numérica del presupuesto es la mención, casi al pasar, de un cambio de fondo en la gestión de recursos humanos del Estado. Al amparo de la nueva Ley del Servicio Civil, el Ministerio de Economía desarrolla una herramienta de “planificación de la fuerza laboral”: determinar, a partir de las funciones de cada institución, cuántas personas necesita realmente cada nivel del Estado para prestar sus servicios.

El dato de contexto que dio Lovera ilustra la magnitud del desafío: solo docentes (90.000) y funcionarios de Salud (70.000) suman 160.000 personas; sumando policías y militares, la cifra supera los 210.000, más unos 80.000 cargos administrativos. Es, en la práctica, el primer paso hacia una discusión pendiente en Paraguay desde hace años: si el tamaño y la distribución del empleo público responden a una planificación racional o a la acumulación histórica de cargos.

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La apuesta y su riesgo

El propio Lovera reconoció el límite de su argumento: la trayectoria de retorno al 1,5% de déficit en 2028 depende de que el Congreso no reasigne recursos de manera que altere el esquema, y de que no vuelvan a generarse nuevos atrasos mientras se cancelan los viejos. Es, en definitiva, una apuesta de mediano plazo que la actual gestión hace a costa de mostrar hoy un déficit más alto, con la promesa de dejarle a la próxima administración un Estado sin la mochila de deuda que ella misma recibió en 2023.

Los efectivos sorprendieron a una banda de cuatreros cuando intentaba cargar cuatro animales vacunos a la orilla del río. Al notar la presencia policial, los delincuentes emprendieron la huida a bordo de dos embarcaciones. El intento de fuga derivó en una persecución fluvial en dirección a la Isla Apipé Grande, extendiéndose hasta las cercanías de Puerto San Antonio.

Durante el seguimiento se registraron disparos de arma de fuego. El operativo combinado, que contó con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y la Armada Paraguaya, finalizó sin personas heridas y con la detención de dos hombres de nacionalidad paraguaya, de 27 y 37 años, a quienes se les incautaron lazos, cuchillos, machetes, pinzas y linternas.

Evacuación por creciente agrava la vulnerabilidad

Tal como detalló LT7 Noticias, el abigeato golpea en un momento crítico para los pobladores locales. Ante la crecida del río Paraná impulsada por el fenómeno climático de El Niño, los pequeños productores se vieron obligados a trasladar preventivamente su hacienda desde el área de las islas hacia tierra firme, utilizando predios prestados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Esta concentración de ganado en las costas facilitó el accionar de las bandas transfronterizas.

El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, declaró al citado medio que los sospechosos ya habían sido registrados por cámaras de seguridad en el sector de Ombú Chico. El jefe comunal expresó su preocupación por el perjuicio económico ocasionado a familias de escasos recursos, que gastan sus ahorros para poner a salvo su único sustento.

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Refuerzo de la seguridad y coordinación binacional

Frente a la vulnerabilidad del sector ribereño y la zona conocida como La Mosca, las autoridades dispusieron un plan de contingencia integral. De acuerdo con lo publicado por el diario El Litoral, la Policía Rural de Corrientes, la Unidad Regional VI y la Prefectura Naval Argentina mantuvieron reuniones operativas en la sede de Prefectura y en la Municipalidad de Ituzaingó para optimizar el intercambio de información y establecer alertas tempranas con los productores de las islas Apipé.

El esquema busca articular la vigilancia de los propios ganaderos con los patrullajes preventivos de las fuerzas de seguridad de ambos lados del río. Asimismo, el intendente Nicolás confirmó a LT7 Noticias que está prevista una reunión con mandos de las Fuerzas Armadas de Paraguay con el objetivo de establecer patrullajes binacionales conjuntos que pongan un freno definitivo al cuatrerismo en la frontera.

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El escritor Jorge Benítez señaló que uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación de una obra dedicada al reconocido artista de San Ignacio Guazú, Koki Ruiz.

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Obras sobre la historia de los pueblos

Jorge Benítez tendrá a su cargo la presentación de “Santiago. Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe. Crónicas Rescatadas (1884-1903)”, mientras que Stella Bogarín Frutos lanzará “Suenan los Secretos de Santiago. Historia de una Reducción Jesuítica del Paraguay”. Ambas publicaciones llevan el sello de la editorial El Lector.

También participarán la escritora de Santa Rosa, Misiones, Ruth Almada, autora de “Santa Rosa de Lima. Tierra de las Misiones Jesuíticas”; Camilo Cantero Cabrera, escritor y jurista, con “Bajo el cielo de Yaguacaramigta”; y Juan Escobar Schaerer y Domingo Del Puerto, quienes presentarán en forma conjunta “8vo. Departamento. Misiones - Paraguay: Historia, Distritos, Vivencias y Familias”.

Homenaje central a Koki Ruiz

Como acto principal de la velada, el periodista y escritor Andrés Colman Gutiérrez presentará la obra “Koki Ruiz. Un artista en el alma de su pueblo”, dedicada a la trayectoria y al legado del reconocido artista ignaciano.

Jorge Benítez manifestó que este homenaje constituirá uno de los momentos centrales de la denominada “Noche Misionera”, que reunirá a escritores y lectores en torno a la historia, la cultura y la identidad del departamento de Misiones.

Sede y programación de la feria

La 22ª Libroferia de Encarnación fue inaugurada este lunes 1 de septiembre y permanecerá abierta al público hasta el domingo 6 del corriente. El recinto ferial funciona en la calle Kreusser, entre Honorio González e Independencia.

El evento de inauguración oficial fue desarrollado desde las 18:00, con presencia de autoridades locales y nacionales. Destacaron que la actividad fue declarada de interés por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur, la Gobernación de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.

Nació en el año 2000 como una iniciativa de promoción lectora en las aulas, la Libroferia tuvo su primera edición comunitaria en 2005 en la Plaza de Armas de Encarnación, detalló la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk. Con los años, se ha consolidado como el mayor evento cultural de la región. Actualmente, la fiesta cultural reúne a escritores, estudiantes, docentes y familias en un espacio de integración ciudadana.

Uno de sus pilares es el trabajo previo en las escuelas del departamento de Itapúa. Este año, 65 proyectos participan del concurso “Vamos a la Libroferia Encarnación”, permitiendo a los niños y jóvenes trabajar las obras en clase y conocer a los autores en persona.

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Autores, libros y cultura

Participarán reconocidos autores, investigadores y referentes de Paraguay, Argentina y Estados Unidos.

En la 22ª edición de la Libroferia Encarnación se presentarán artistas musicales como Purahéi Soul, Ricardo Flecha, Lizza Bogado y el Encarnación Taiko Club. Además, participarán otros artistas locales en una nutrida agenda musical.

En el acceso al patio central, está ubicada la exposición itinerante “Niños de la guerra”, del Consulado Honorario de Ucrania en Paraguay, que acercará al público una mirada especialmente sensible en consonancia con el lema “Lectura y cultura para la paz”.

Se trata de una colección de dibujos realizados por niños de Ucrania, quienes crecieron en medio de la guerra.

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Libroferia de Encarnación

Cada año, la Libroferia Encarnación atrae a más de 20.000 personas, consolidándose como un pilar cultural en el departamento de Itapúa.

Durante seis días intensos, la Libroferia ofrece más de 100 actividades culturales y educativas, llenando cada jornada de mañana, tarde y noche con eventos gratuitos para todos.

También los proyectos de animación lectora involucran anualmente a más de 1.500 lectores infanto-juveniles, fomentando el amor por la lectura en nuestra comunidad.

La semana pasada, por unanimidad, con 29 votos a favor, la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, dio el acuerdo constitucional a la candidata a embajadora paraguaya en Estados Unidos de América (EE.UU.) Estefanía Laterza de los Ríos, diplomática de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La votación a favor de la candidata a embajadora ante la Casa Blanca fue unánime de los senadores presentes en la sala de sesiones.

En el debate legislativo, el presidente de la comisión, senador Antonio Barrios (ANR-HC), resaltó que la candidata trabajará sobre el programa presentado y señaló que este dará continuidad a las acciones impulsadas por el anterior embajador, Gustavo Leite, actual senador colorado cartista (no duró un año en el cargo), especialmente en materia de inversiones que puedan desarrollarse en el país y que contribuyan a mejorar significativamente la situación económica.

Varios senadores destacaron el perfil técnico, la trayectoria en la Cancillería nacional, el servicio público y multilateral de la candidata.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Celeste Amarilla (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) valoraron el currículum de la postulante a jefa diplomática ante la administración de Donald Trump.

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La relación con EE.UU. pasa por un “momento dorado”

Horas antes de obtener el acuerdo de la Cámara de Senadores, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Antonio Barrios, recibió a la entonces candidata a embajadora en EE.UU. Estefanía Laterza, para que exponga su programa de trabajo y relate los principales ejes que prevé desarrollar durante su gestión en el país del norte. Durante la entrevista, Laterza presentó su programa de trabajo, que contempla diversos proyectos y acciones a ser desarrollados durante el periodo de representación diplomática.

En su exposición, manifestó que Paraguay ha mantenido históricamente excelentes relaciones con los Estados Unidos y sostuvo que actualmente ambos países atraviesan un “momento dorado” en sus relaciones bilaterales, basado en valores compartidos, una oportunidad histórica, una hoja de ruta común, un enfoque orientado a resultados, beneficios para Paraguay y relevancia regional.

En ese sentido, la diplomática de carrera explicó que su programa de trabajo se estructura en diversas dimensiones. La primera corresponde al relacionamiento político, que contempla visitas y encuentros de alto nivel, diálogos estratégicos, diplomacia parlamentaria e institucionalización de las relaciones.

En materia de economía y comercio, planteó la atracción de inversiones, el TIFA como mecanismo de trabajo permanente, la diversificación comercial, así como el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad.

Respecto a seguridad y defensa, Laterza señaló que el programa contempla la cooperación para la construcción de capacidades, el fortalecimiento de la seguridad pública integrada y la defensa y control del espacio aéreo.

En cuanto a energía y minerales, la candidata destacó la importancia de transformar el potencial energético del país en competitividad, atraer nuevas industrias para el desarrollo y mejorar el conocimiento geológico de los minerales críticos y estratégicos.

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Asimismo, Laterza se refirió al eje de tecnología, innovación y capital humano, sobre el cual enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades en transformación digital y ciberseguridad, impulsar la generación de centros de datos, la inteligencia digital y la economía digital. También planteó el fortalecimiento del capital humano mediante becas, intercambios y programas de enseñanza del idioma inglés en áreas estratégicas.

Otro de los aspectos abordados fue el mejoramiento de la calidad y accesibilidad de los servicios consulares para la comunidad paraguaya residente en los Estados Unidos, mediante una interacción constante entre los ciudadanos paraguayos y organizaciones académicas, universidades, centros de pensamiento y entidades filantrópicas.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es lograr que la relación entre Paraguay y Estados Unidos trascienda en el tiempo. En ese contexto, afirmó que “los diplomáticos somos articuladores, somos quienes abrimos la puerta, pero el éxito final de la gestión no es nuestro, es de todo el Paraguay”.

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Amplio currículum y primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en Relaciones Internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.

¿Cómo sigue el proceso ?

Con el decreto en la mano, ahora la embajadora Estefanía Laterza de los Ríos debe prestar juramento ante el presidente Santiago Peña en el Palacio de López.

Luego, el siguiente paso es que la embajadora presente sus copias de credenciales ante el Departamento de Estado, y seguidamente, los originales de cartas credenciales ante el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca.

martin.riveros@abc.com.py

Entre estos parlamentarios también están integrantes el movimiento Nuevo Liberalismo liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial Ricardo Estigarribia.

Los diputados que acompañaron la reelección del Contralor son:

• Ariel Villagra
• Pastor Vera
• Graciela Aguilera
• Constancia Benítez
• Del Pilar Vázquez
• Jorge Avalos Mariño
• Roya Torres
• Marcelo Salinas
• Dalia Estigarribia
• Rodrigo Blanco
• Luis “Freddy” Franco
• Pedro Gómez
• Manuel Ayala Acevedo
• Cleto Giménez

Los legisladores adoptaron esta decisión pese a que el Directorio del PLRA, presidido por Alcides Riveros, había resuelto reivindicar el cargo de Contralor y Subcontralor para la oposición. Así también había instado a todos los aspirantes vinculados a fuerzas electorales opositoras a retirar sus candidaturas para no legitimar el copamiento oficialista.

En el apartado final, Riveros quedaba encomendado a transmitir esta resolución a los diputados y senadores liberales.

El PLRA no bajó línea a los diputados, dice Riveros

Consultado al respecto, Alcides Riveros negó que los 14 diputados hayan ninguneado a la Directorio. “Nosotros bajamos línea a que los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico puedan renunciar si esa terna no estaba conformada por la oposición paraguaya”, aclaró.

Sostuvo que en la resolución del Directorio no pide que los legisladores una decisión en particular. Agregó que en caso de controversia, el PLRA tiene un nuevo Tribunal de Conducta que podría estudiar alguna sanción o medida.

“No dice eso, la resolución es clara”, sentenció.

Arrúa Adorno se encontraba acompañado por su hermano, Diego Armando Arrúa Adorno, y otro hombre cuya identidad se desconoce, transportando mercaderías. De acuerdo con las informaciones preliminares, al llegar a la costa argentina, los tres habrían sido emboscados por desconocidos que abrieron fuego contra ellos.

A raíz del ataque, Carlos Daniel resultó gravemente herido. Sus acompañantes lo trasladaron de urgencia en una lancha hasta la costa paraguaya. Posteriormente, fue llevado en un vehículo particular al sanatorio San Camilo, de Presidente Franco, donde los médicos constataron que llegó sin vida.

Ya había sido víctima de violento asalto

Carlos Daniel Arrúa Adorno también había sido víctima de un violento asalto ocurrido el año pasado en su vivienda del barrio San Damián, en Presidente Franco.

En aquella ocasión, siete delincuentes irrumpieron en la propiedad con armas de fuego y redujeron a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Durante el atraco fueron robadas 19 cajas de cigarrillos, cuatro teléfonos celulares nuevos, vasos térmicos, una computadora portátil y perfumes árabes, además de otras mercaderías pertenecientes a terceros.

Este escenario genera una oportunidad para que el producto paraguayo gane terreno en la cotizada cuota del Mercosur; sin embargo, el sector advierte sobre un peligroso “efecto dominó” que podría golpear directamente a los envíos nacionales hacia Sudamérica y Estados Unidos.

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El gerente general de la CPC, Daniel Burt, explicó que la inhabilitación de Brasil por el uso de sustancias no autorizadas por los estándares europeos cambia el tablero comercial.

Por un lado, los compradores e importadores europeos tendrán un proveedor menos en la región, lo que otorga a Paraguay mayor oxígeno para posicionar su producción y pelear por una distribución más justa de las 99.000 toneladas del cupo logrado en el acuerdo de libre comercio, donde nuestro país aspira a capturar al menos el 25%.

Además, la sanción al Brasil ratifica el estatus bioseguro de la ganadería paraguaya, que supera con éxito las rigurosas auditorías internacionales.

El peligro del “efecto rebote” sobre el mercado chileno

Al quedar excluido de Europa y mantener límites de volumen en el mercado chino, Brasil se verá obligado a buscar destinos alternativos para colocar de forma agresiva sus excedentes de producción.

Carne: menores aranceles en la UE impulsarán competitividad local

Este escenario pone en alerta a Chile, destino estratégico que absorbe casi el 30% de todas las exportaciones de carne paraguaya y donde los frigoríficos locales podrían enfrentar una dura competencia de precios imposibles de igualar si el vecino país decide rematar sus cortes.

Asimismo, Brasil ajustaría sus negociaciones con miras a sostener la presencia en la cuota de emergencia de los Estados Unidos.

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Ante esta situación, el mercado interno paraguayo se mantiene estable, favorecido por una mayor faena y un guaraní fortalecido que ayuda a amortiguar los costos para el consumidor local.

La medida responde a que el contrato vigente entre ambas instituciones alcanzó el techo del cupo presupuestario establecido. Esta medida deja a cientos de familias sin un lugar donde consultar o realizarse estudios en la zona.

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La interrupción de las prestaciones mantendrá su vigencia hasta que el IPS apruebe una ampliación presupuestaria o habilite un nuevo cupo contractual que permita destrabar la deuda operativa.

Desde el sanatorio chaqueño aclararon que brindarán orientación y apoyo para los trámites de derivación dentro de sus posibilidades.

ABC Color no tuvo respuesta del IPS para conocer su plan de acción ante el cese del servicio por parte del sanatorio privado, que deja a los asegurados de la previsional de la zona chaqueña a la deriva.

El aspecto más controvertido no es solo el resultado. Es la tensión interna del propio razonamiento: la sentencia admite que no se demostró la falsedad de todas las publicaciones, reconoce que varias estaban relacionadas con investigaciones o procesos judiciales efectivamente existentes al tiempo de su difusión y, aun así, termina ordenando que desaparezcan definitivamente de los archivos digitales.

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El propio fallo admite que la procedencia parcial del hábeas data “no deriva de la demostración de la falsedad de las publicaciones”.

Una contradicción que surge del mismo fallo

En sus fundamentos, Alvarenga reconoce que “no resulta posible afirmar categóricamente” que todas las informaciones cuestionadas sean erróneas o inexactas. También acepta que varias noticias estaban vinculadas con hechos concretos, investigaciones abiertas o causas judiciales existentes cuando fueron publicadas.

La sentencia va todavía más lejos: al confrontar los sobreseimientos presentados por Franco de Oliveira con las noticias cuya eliminación pretendía, concluye que esas resoluciones penales no guardaban relación directa con buena parte de las publicaciones. Pese a ello, la orden final alcanza incluso a noticias referidas a acontecimientos distintos.

Esa secuencia deja una cuestión difícil de soslayar: si no se estableció que las noticias fueran falsas y si los propios sobreseimientos no correspondían a todos los hechos informados, la supresión definitiva termina descansando esencialmente en la antigüedad de las publicaciones, la ausencia de condenas firmes y el efecto actual que produciría su permanencia en internet. En términos materiales, el fallo se aproxima al denominado “derecho al olvido”, figura que tribunales paraguayos han diferenciado del hábeas data y que no cuenta con regulación específica en el país.

Un diario no es una central de antecedentes personales

El punto jurídico central es la interpretación del artículo 135 de la Constitución. El hábeas data se refiere a datos que obren en registros oficiales o privados de carácter público. ABC Color sostuvo que un medio periodístico no reúne esa condición porque su función es informar sobre acontecimientos de interés público, no recopilar antecedentes personales para elaborar perfiles de ciudadanos.

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Lo llamativo es que la propia jueza reconoce inicialmente esa diferencia. En su sentencia admite que los medios masivos no son bancos de datos creados específicamente para proporcionar antecedentes personales. Sin embargo, concluye luego que el hecho de conservar noticias en archivos digitales accesibles por internet permite incluirlos dentro del concepto de registro privado de carácter público.

Esa extensión interpretativa altera la naturaleza de una hemeroteca: un archivo periodístico documenta lo que fue publicado en un momento histórico. No funciona como una central de riesgo, una base comercial de antecedentes ni una oficina dedicada a recopilar información personal. Que una noticia pueda consultarse en internet no transforma por sí solo a un periódico en un banco de datos.

Un criterio que se aparta de precedentes paraguayos

La S.D. N.º 104 no aparece acompañada por una línea jurisprudencial dominante que autorice a depurar archivos periodísticos mediante hábeas data. Por el contrario, existen decisiones reiteradas en sentido opuesto.

En 2013, la Segunda Sala del Tribunal de Apelación de Alto Paraná, mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 50 del 19 de diciembre, sostuvo que la página digital de ABC Color no constituye un registro privado de carácter público, sino una fuente periodística, y que su contenido no puede ser modificado o eliminado mediante esta garantía constitucional. El dato es especialmente significativo: se trata de un precedente emanado de la misma Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

En 2022, un Tribunal de Apelación Penal de la Capital confirmó el rechazo de otro hábeas data contra Última Hora con el criterio de que una publicación periodística no constituye un registro oficial ni privado de carácter público, sino el recuento de hechos acontecidos.

Y en junio de 2026, pocas semanas antes del fallo de Alvarenga, otro Tribunal de Apelación Penal ratificó por unanimidad el rechazo de una acción contra Última Hora y sostuvo que el llamado derecho al olvido no está legislado en Paraguay y no puede obtenerse utilizando el hábeas data como mecanismo sustitutivo. Frente a esos antecedentes, la S.D. N.º 104 aparece como un criterio jurídicamente aislado y difícil de conciliar con decisiones anteriores de segunda instancia.

El Observador: un fallo reciente en sentido contrario

La divergencia se hizo todavía más visible el 1 de agosto de 2026, cuando El Observador informó sobre la S.D. N.º 53 de la jueza penal Cynthia Paola Lovera Brítez. En ese caso se rechazó el hábeas data de una persona que pretendía borrar una noticia sobre una causa penal que posteriormente terminó con sobreseimiento definitivo.

El criterio fue claro: las hemerotecas y archivos digitales de los medios no son bases de datos personales susceptibles de depuración, sino fuentes documentales de valor histórico. Además, una decisión judicial posterior no vuelve falsa una noticia que reflejó correctamente la existencia de una investigación cuando fue publicada.

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La diferencia con el criterio de Alvarenga es evidente. Un sobreseimiento posterior puede exigir actualización o contextualización cuando corresponda; otra cosa es ordenar que desaparezca el registro de que la investigación efectivamente existió.

El criterio de la Corte Interamericana: la libertad de prensa exige la menor restricción posible

El estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza el cuestionamiento a una orden de supresión total. En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, la Corte recordó que la libertad de expresión posee una dimensión individual y otra social: no protege solamente a quien informa, sino también el derecho colectivo de la sociedad a recibir informaciones, relatos y noticias. En ese mismo fallo destacó que ABC Color y Noticias actuaron como vehículos esenciales para el ejercicio de esa dimensión social de la libertad de expresión.

La Corte Interamericana estableció además un límite especialmente relevante para este caso: toda restricción a la libertad de expresión debe responder a un interés público imperativo, ser necesaria y proporcional y, cuando existan varias alternativas, debe escogerse la que restrinja en menor medida el derecho protegido. Las limitaciones no pueden ir más allá de lo estrictamente necesario ni transformarse, directa o indirectamente, en mecanismos de censura.

Ese estándar no resuelve automáticamente un litigio sobre hábeas data ni significa que la honra carezca de protección. Pero obliga a una pregunta que la S.D. N.º 104 debía responder con particular rigor: si la propia sentencia no declaró falsas las noticias y existían medidas menos intensas como actualización, rectificación o contextualización, ¿por qué era necesario ordenar su eliminación definitiva? La supresión completa de una publicación es la medida más severa posible y, bajo el criterio interamericano, exige una justificación reforzada sobre su necesidad y proporcionalidad.

El mismo enfoque aparece en Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, donde la Corte Interamericana examinó el conflicto entre vida privada y libertad de expresión y concluyó que una sanción judicial impuesta por publicaciones de interés público había vulnerado el artículo 13 de la Convención Americana. La jurisprudencia interamericana, por tanto, no autoriza a privilegiar automáticamente la honra frente a la libertad de prensa: exige una ponderación concreta y especialmente cuidadosa cuando la información posee relevancia pública.

Fuente: Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrs. 77-79, 86, 94-98 y 103; Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Sentencia de 29 de noviembre de 2011.

Una medida extrema: borrar en vez de actualizar

La sentencia también merece cuestionamiento por la intensidad de la medida elegida. Incluso aceptando la necesidad de proteger la honra o actualizar información antigua, existían alternativas menos restrictivas: agregar el resultado final de los procesos, enlazar la réplica ya ejercida por Franco de Oliveira, incorporar una aclaración o contextualizar las noticias.

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La jueza optó, en cambio, por la “supresión definitiva”. Es la respuesta más severa posible frente a publicaciones que la propia resolución no declaró falsas. El problema no es menor: actualizar preserva la historia completa; borrar elimina una parte de ella.

Antecedentes ante el Jurado de Enjuiciamiento

La actuación jurisdiccional de Nélida Alvarenga ya había sido objeto de cuestionamientos formales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Los registros públicos permiten identificar al menos dos expedientes vinculados con su desempeño.

El antecedente de mayor entidad fue la Causa N.º 321/2019, relacionada con el amparo de la empresa Itá Paraná contra la Municipalidad de Ciudad del Este por la administración de la Terminal de Ómnibus. También figura la Causa N.º 439/2019, originada en otra denuncia contra su actuación jurisdiccional. En 2022 el JEM resolvió inadmitir la acusación particular y rechazar la acusación. Estos antecedentes no equivalen a sanciones firmes, pero muestran que decisiones de la magistrada ya fueron sometidas en más de una oportunidad al control del órgano constitucional encargado de examinar el desempeño de jueces y fiscales.

La nueva controversia en torno a la S.D. N.º 104 vuelve a colocar bajo examen público la calidad y consistencia de su razonamiento judicial, esta vez en un terreno especialmente sensible: la libertad de prensa y la preservación de archivos de interés público.

La Cámara tiene ahora la responsabilidad de corregir

La segunda instancia tendrá un papel decisivo. Si los agravios demuestran que la resolución confundió una hemeroteca con un banco de datos personales, aplicó el hábeas data como sustituto de un derecho al olvido no legislado o impuso una restricción desproporcionada, la Cámara no puede limitarse a una convalidación formal: deberá corregir los errores que constate mediante la revocación o modificación del fallo, dentro del ámbito del recurso.

El control de alzada resulta particularmente importante porque el precedente podría proyectarse mucho más allá de este expediente. Si la sola antigüedad de una noticia y la ausencia de una condena posterior bastaran para ordenar su eliminación, cualquier persona mencionada en antiguas investigaciones o procesos judiciales podría intentar borrar retrospectivamente información que fue verdadera y de interés público al momento de su publicación.

Lo que está en juego es la memoria periodística

La protección del honor es un derecho constitucional. La libertad de prensa también lo es. El desafío judicial consiste en armonizarlos sin transformar una garantía destinada a proteger datos personales en un mecanismo de eliminación de la historia periodística.

Un sobreseimiento no hace desaparecer la investigación que existió. Una noticia antigua no se vuelve falsa por el solo paso del tiempo. Y un periódico no se convierte en una base de antecedentes personales simplemente porque conserva sus ediciones en internet.

La discusión que abre la S.D. N.º 104 es, por eso, mucho más seria que un conflicto entre un particular y ABC Color: plantea si un juez puede decidir qué parte de la memoria informativa de una sociedad debe seguir disponible y cuál debe ser borrada, aun cuando no se haya probado que la noticia fuera falsa. Esa es precisamente la cuestión que la Cámara deberá examinar con el rigor que exige la libertad de prensa.

Con la medida, la magistrada ordenó la captura de ambas para que cumplan sus respectivas condenas por la muerte de la joven registrada en 2021 por una sobredosis de flúor.

Este martes, la Comisaría 13 de Asunción reportó que la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez (60) se acercó a la mencionada dependencia policial para preguntas referentes a sus datos, pero al momento de la consulta, el sistema informático alertó sobre la orden de captura en su contra.

Tras permanecer detenida, en horas de la tarde se produjo su traslado al Departamento Judicial femenino, lugar donde permanecería recluida hasta que se disponga su traslado a una penitenciaría en cumplimiento a la orden judicial.

Noticia en desarrollo.

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Daniel Ríos, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), calificó el encuentro como positivo. “Fue una reunión muy bien lograda. Estuvo gente del sector privado, expertos del tema energético, empresas dedicadas al rubro y pudimos hablar principalmente de lo que se necesita en materia de planificación de inversiones en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y el fortalecimiento institucional”, señaló.

Según Ríos, los participantes coincidieron en la importancia de esos tres ejes. Lo que resta definir, indicó, es “el cómo avanzar, las acciones a realizar para lograr que esos ejes cobren vida”, tema que se abordará en un nuevo encuentro dentro de 10 días. El funcionario adelantó además que se encuentran en proceso de elaborar el acta de la reunión y de gestionar la autorización para compartir la documentación generada.

Gremios de ANDE: ¿qué dicen sobre los proyectos que crean el Ministerio de Energía y el Ente Regulador?

Rechazo mayoritario entre personal de la ANDE

El Ing. Javier Villate, invitado en calidad de experto del sector eléctrico, comentó tras la reunión que el titular de la ANDE, Ing. Miguel Báez Reyes, reiteró en la reunión que la empresa estatal enfrentará problemas eléctricos en 2031, además de una “abultada necesidad de capital”.

Tanto exempleados como funcionarios activos de la ANDE se habrían manifestado mayoritariamente en contra de la iniciativa de creación del Ministerio de Energía y el Ente Regulador. Se leyeron incluso comentarios publicados en la página web institucional, entre ellos los del ingeniero Juan José Encina y de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), ya que ninguno de los cuales estuvo presente físicamente.

En tanto que los exfuncionarios Pedro Ferreira (ex titular de la ANDE) y Fabián Cáceres (ex gerente técnico) también se habrían pronunciado en contra del Ente Regulador.

Exautoridades de ANDE alertan que creación de nuevas instituciones no resuelve la crisis eléctrica

Cuestionan el enfoque del proyecto oficial

De acuerdo a lo comentado por Villate, el consultor Guillermo López Flores habría cuestionado no el ente regulador en sí, sino la forma en que el Gobierno encara la reforma. Su objeción central fue que el proyecto oficial no constituye una ley eléctrica integral, sino que crea el Ente Regulador como un apéndice, sin incorporar figuras como el operador del sistema o el operador del mercado.

Señaló Villate que esa función integral sí estaría contemplada en el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica presentado por el senador Salyn Buzarquis.

Por su parte, López Flores habría remarcado además que la propuesta del Ejecutivo mantiene intacto el monopolio de la ANDE sobre la exclusividad del abastecimiento, establecido en el artículo 64 de la Ley N° 966/1964.

Sobre la revisión tarifaria, el equipo argentino de consultores del CEARE habría recomendado un aumento de tarifas sin abordar, según el relato, los resultados deficitarios registrados en los últimos balances de la ANDE.

Grandes consumidores de energía piden reglas claras hasta 2037

En tanto que Victorio Oxilia y Cecilia Llamosas habrían aportado observaciones técnicas sobre esa misma presentación, mientras que Horacio Cañiza, del MITIC, habría hecho señalamientos puntuales sobre los parámetros utilizados.

En contraste con las posturas críticas, Enrique Duarte, representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se habría mostrado a favor de la creación del Ente Regulador, respaldando la iniciativa del Ejecutivo.

Las partes deberán reunirse nuevamente dentro de 10 días para definir el plan de acción sobre los tres ejes acordados: inversión en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y fortalecimiento institucional.

La actividad comenzará a las 8:00, frente a la Catedral Inmaculada Concepción de María de Carapeguá. Contará con presentaciones artísticas en vivo, venta de comidas tradicionales y sorteos de premios.

El Sueño Sinfónico de Carapeguá rinde homenaje a los Niños de Acosta Ñu

La comunidad educativa invita a las familias, ciudadanos, empresas y organizaciones de Carapeguá y alrededores a participar de la jornada y colaborar con los jóvenes que buscan llevar el talento artístico de la ciudad al escenario internacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas, la Aldea de Niños Villa del Sol, el Colegio San Alfonso y Sonidos de la Tierra.

Representarán a Paraguay en Argentina

La actividad solidaria se realiza debido a que el Coro Juvenil de la Escuela de Música Villa del Sol fue formalmente invitado a representar a Paraguay en el Encuentro Latinoamericano de Coros “LATE 2026”, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Ezeiza, Argentina.

Carapeguá es sede del concierto intercultural “Melodías que unen culturas: Paraguay–Chile”

La delegación estará bajo la dirección académica de la licenciada Delia Matilde González y la dirección artística del profesor Carlos Quiñónez. El encuentro es organizado por el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante su estadía, los jóvenes también compartirán un encuentro cultural con el Centro Social, Cultural y Deportivo Carapegüeños Residentes en Buenos Aires y el Centro Social y Cultural Paraguayo Silvio Morínigo, donde ofrecerán una serenata a carapegüeños y compatriotas residentes en Argentina.

La organización de “LATE 2026” cubrirá hospedaje y alimentación de los participantes, pero la delegación debe solventar los gastos de traslado y otros costos del itinerario.

Desde la Escuela de Música Villa del Sol ya se solicitó apoyo a diferentes instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad de Carapeguá y la Gobernación de Paraguarí, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta positiva, explicó la licenciada González.

Por ese motivo, impulsan la maratón y otras actividades de recaudación para lograr que todos los integrantes de la delegación puedan viajar y cumplir el sueño de representar a Carapeguá y a Paraguay a través de la música. Contacto para donaciones: 0975 284 849 – Escuela de Música Villa del Sol.

Los dos autores abordaron el coche a las 19:00 en Fulgencio Yegros y Nueva Asunción del barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora, según los datos del GPS de la cámara interna del vehículo.

Los jóvenes pidieron al español que los trasladara hacia Asunción, pero a las 19:27 lo asaltaron cuando llegaron a la calle Cristo Rey, frente mismo al predio de la Asociación de Exalumnos del Colegio Cristo Rey, en el barrio Santa Librada del Bañado Sur de Asunción, muy cerca del vertedero Cateura.

Cámara confirma condena por violento asalto a un conductor de Bolt

El atraco fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo. En las imágenes se ve que los pasajeros repentinamente le colocaron un cuchillo en el cuello al español y le sacaron su celular y el dinero que había juntado hasta ese momento, que era unos 300.000 guaraníes.

El conductor extranjero no opuso resistencia. Incluso, les dijo a los agresores que no iba a reaccionar. Finalmente, los malvivientes escaparon con el teléfono y el dinero.

Policías de la comisaría 8ª de Asunción tomaron la denuncia al trabajador, que entregó el video como evidencia de lo ocurrido.

Las imágenes fueron entregadas también a policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, que ahora buscan a los responsables.

A nueve días del inicio de la huelga, la cúpula del PLRA analizará la crisis de salud

Al término del encuentro, Riveros señaló que el PLRA responsabiliza desde ahora al gobierno de Santiago Peña por lo que puediera pasar en el sistema de Salud Pública.

Dijo que, en segundo lugar, exigen la destitución inmediata de la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Porque hemos llegado a esta crisis por culpa justamente de que no haya previsto esta situación que estamos pasando”, aseveró Riveros.

Dijo que no solamente la responsabilizan por las reivindicaciones del personal de blanco, sino también por el desabastecimiento y la precariedad con los insumos.

Agregó que también reivindican los reclamos de los médicos movilizados.

Formarán equipo técnico de soluciones

Finalmente, anunció que el PLRA formará un equipo técnico compuesto por economistas y doctores del Partido Liberal Radical Auténtico, y presentará una propuesta de solución para este tema específico, relacionado con el sistema de salud.

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“Le responsabilizamos al Gobierno Nacional. Por lo tanto, exigimos la destitución inmediata de la Ministra de Salud”, dijo Riveros.

Las acciones concretas del PLRA contra Barán

Aunque la falta de fondos e insumos no cambiará con la destitución de la ministra de Salud, Riveros dijo que apuntan contra ella porque “uno cuando es ministro o ministra tiene que prever ciertas situaciones y la salud no es joda. La salud es lo más importante para todos los paraguayos”.

Indicó que no daban fecha límite o ultimátum para que el Gobierno escuche sus reclamos y que no habría acciones concretas del PLRA hasta que el equipo técnico partidario presente su plan para paliar el sistema de salud.

También descartó cualquier intento de reflotar un proyecto de voto censura o juicio político contra la ministra de Salud.

“Ya se presentó en su momento en el Parlamento, pero no tenemos el voto necesario. Para poder realizar eso necesitamos también de la mayoría absoluta”, admitió.

La reunión fue encabezada por el presidente del PLRA Alcides Riveros y estuvieron presentes el senador Ever Villalba y los diputados Freddy Franco, Delia Estigarribia y Arnaldo Valdez entre otros.

La convocatoria será este miércoles para las 11:30 en la explanada del Hospital Central de la previsional en Asunción.

Asimismo, la profesional confirmó que la convocatoria reúne a la Asociación Médica del IPS y a médicos agremiados y no agremiados, quienes buscan visibilizar la realidad laboral similar que enfrentan los profesionales en los distintos hospitales públicos del país.

“Es una medida de solidaridad y de apoyo, de fortaleza a nuestros colegas; decirles que que nosotros también estamos con ellos. Nuestra realidad es similar a la de ellos; no estamos divorciados. Todos somos médicos, todos vivimos una misma realidad”, apuntó.

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Médicos del IPS no aceptarán cargos

Otro punto que confirmó la anestesióloga es que los médicos del IPS aseguraron que no aceptarán ninguna oferta de contratación para cubrir los puestos vacantes que dejaron los médicos que renunciaron a sus cargos.

También detalló que el gremio de la previsional busca constituirse en una red de soporte y fortaleza para sus compañeros. “Nosotros no ocuparemos esos lugares; valoramos la ética médica”, concluyó.

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De acuerdo con el anuncio realizado por el gremio, los jefes del servicio de Terapia Intensiva de Adultos mantuvieron conversaciones y el plantel habría tomado de manera unánime la decisión de avanzar con la presentación de sus renuncias.

A esta medida también se sumarían los anestesiólogos del Hospital Regional. Según el SIMEG, los siete profesionales que integran este servicio manifestaron su intención de adherirse a la eventual renuncia colectiva.

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En el caso de los terapistas, se trata de 11 médicos, mientras que el plantel de anestesiólogos está integrado por siete profesionales. De concretarse ambas medidas, serían 18 médicos especialistas los que dejarían sus funciones.

Sin embargo, desde el sindicato aclararon que la decisión todavía debe ser formalizada. Los profesionales dependen de sus respectivas sociedades científicas, por lo que las conversaciones continúan con la Sociedad de Anestesiólogos y la sociedad que nuclea a los médicos intensivistas.

El anuncio se produce apenas un día después de que los médicos del Hospital Regional de Villarrica retomaran las consultas y cirugías programadas, luego de cinco días de huelga nacional, desarrollados entre el 24 y el 28 de agosto.

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El lunes, los profesionales nucleados en el SIMEG realizaron una manifestación simbólica en el Hospital Regional y posteriormente retornaron a sus puestos de trabajo para restablecer los servicios que habían sido suspendidos durante la huelga.

No obstante, el levantamiento de la medida de fuerza no significó el fin del conflicto. Los médicos sostienen que el Gobierno todavía no presentó una propuesta concreta que permita responder a sus principales reivindicaciones.

El presidente del SIMEG, doctor Ever Giménez, había señalado que durante los últimos meses se desarrollaron varias mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, pero que hasta ahora no recibieron una respuesta favorable.

Entre los principales reclamos del sector se encuentra un reajuste salarial, debido a que los profesionales sostienen que sus remuneraciones no acompañaron el incremento del costo de vida registrado durante los últimos años. A esto se suman exigencias relacionadas con la desprecarización laboral, la disponibilidad de medicamentos e insumos y el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales públicos.

Al término de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), las tropas brasileñas capturaron el cañón como trofeo de guerra. Actualmente, la reliquia se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

La reunión del canciller con su colega Mauro Vieira será al margen de una reunión informal de cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), cónclave que se realizará este 2 de setiembre en el anfiteatro “Reinaldo Gargano” de la Cancillería uruguaya, en Montevideo.

El miércoles pasado, el canciller Ramírez Lezcano visitó la Cámara de Diputados, donde dialogaron para continuar la gestión oficial para la vuelta al país del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes bélicos que Brasil retiene desde el final de la Guerra contra la Triple Alianza.

Al término de esa reunión en la Cámara Baja, el canciller Rubén Ramírez informó que la Cancillería nacional en su momento, solicitó formalmente al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio de Carvalho, abordar la restitución del cañón Cristiano y otros bienes capturados por el vecino país durante la Guerra contra la Triple Alianza.

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“Vuelta de página”, expresó el canciller

Ramírez Lezcano señaló que el Gobierno paraguayo “viene trabajando” en la recuperación del Cañón Cristiano desde el inicio de su mandato. Opinó, además, que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra.

Refirió que el proceso debe atravesar una serie de etapas, inicialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo del Brasil y posteriormente en el Congreso Nacional del vecino país, debido a que estos bienes forman parte del patrimonio brasileño, de acuerdo con su legislación.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, el Paraguay no ha recibido ningún documento oficial del Brasil respecto a la eventual devolución del cañón. “Con los diputados que conforman esta Mesa Directiva también hemos acordado trabajar de manera conjunta, de modo que la diplomacia parlamentaria pueda activarse y podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestro patrimonio histórico”, manifestó.

Finalmente, el canciller refirió que el Paraguay continúa trabajando para lograr la recuperación del Cañón Cristiano y de otros bienes de valor histórico. “La diplomacia tiene sus medios, sus tiempos y sus procesos, y este es un reclamo histórico”, concluyó.

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Dichos de Lula crearon polémica

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva decidió devolver a Paraguay el cañón Cristiano. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

La recurrente solicitud de Paraguay, lo desempolvó el presidente de Brasil tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

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Asimismo, el vicepresidente Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había firmado el 26 de setiembre del 2025 la resolución N° 1.578 por la cual se obliga a las universidades a acreditar todas sus carreras en los próximos tres años. La normativa indica que la cartera educativa ya no registrará títulos de grado y de posgrado de carreras no acreditadas, a partir del 2028.

Esta nueva revelación se suma a la denuncia previa realizada por el propio titular del MEC, quien admitió la existencia de un fuerte “lobby de garaje” por parte de autoridades universitarias. Según el titular del MEC, estos sectores buscan utilizar influencias políticas para frenar la aplicación estricta de la resolución que exige la acreditación obligatoria de las carreras a nivel nacional.

Ramírez, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), había apuntado en una sesión del estamento contra la actitud dilatoria del sector: “Hace 20 años no cumplen la ley. Se les dio tres años más para que cumplan la ley y piden otra vez tres años más; 23 años hace que tienen que cumplir la ley y no cumplen. No creo que los estudiantes se enojen porque nuestro pedido como Cones sea que las universidades y sus carreras estén habilitadas y acreditadas”, subrayó.

La revelación de Aneaes: el argumento de la “seguridad nacional”

José Duarte y una comitiva de la Aneaes se reunieron esta tarde con el viceministro de Educación Superior y vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, justamente para tratar sobre la resolución del MEC que obliga a las universidades a acreditar todas su carreras.

Tras este encuentro, el presidente de la Agencia evaluadora afirmó que “es innegable que las universidades ejercen presión, mucha presión, fuerte presión, sobre todo desde el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores fue a plantear al Ministerio del Interior esta cuestión como un asunto de seguridad nacional, porque según ellos, esto puede desembocar en un caos y movilización”.

Luego, agregó: “Ellos siguen bajando esa línea a la Presidencia de la República. Esa es la apuesta de las universidades: consolidar esa narrativa”. Con esto, dejó constancia de que el lobby del Consejo de Rectores - tanto de universidades públicas como de universidades privadas-, llegó hasta el presidente Santiago Peña.

Sobre la reunión con Cohene, indicó que desde la entidad lo que plantean es contar con mayor claridad sobre el alcance de las acreditaciones. “Queremos saber si es que ya vamos a tener que brindar constancia a las universidades que recién iniciaron sus trámites para acreditar”, manifestó.

En esa línea, Elías Saba, presidente AmCham (siglas en inglés) fue consultado sobre si los inversionistas estadounidenses están encontrando previsibilidad para llegar con sus capitales al país, manifestó que, en materia del dólar, sin duda el sector exportador “no lo está encontrando”, al igual que los capitales enfocados en la construcción y el real estate.

“Todos los sectores deben aprender de esta coyuntura, de blindar cláusulas de adaptación o de ajuste sujeto a este tipo de volatilidad, al que no estamos acostumbrados”, resaltó.

Saba sostuvo que las empresas del sector exportador están siendo afectadas por el tipo cambiario, principalmente aquellas que ya tienen contratos firmados y deben cumplir compromisos a precios establecidos con anterioridad. También dijo que quizás, así como se interviene cuando el dólar se fortalece, se realice también cuando la moneda se deprecia, para que la caída no sea tan gradual.

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Previsibilidad para planificar inversiones

En ese sentido, consideró que, más allá de determinar dónde queda el tipo de cambio, el principal desafío es contar con una mayor previsibilidad y que las fluctuaciones no sean del 20% (como el acumulado que ya se tiene), de manera que las empresas puedan planificar sus inversiones y operaciones comerciales.

“Hay sectores productivos que no tienen márgenes de 20%, como el agro y otros que están honrando compromisos a precios cerrados de tres o seis meses o más. Es decir, el precio ya está fijo y, en vez de entrar un dólar a G. 8.000, lo está haciendo a G. 6.000”, sumó.

Sectores piden un “colchón” ante caída del dólar

Asimismo, añadió que los sectores más perjudicados están pidiendo un “colchón” para que la curva sea un poco más predecible. Remarcó que esto no significa cuestionar la fortaleza e independencia del Banco Central y que una intervención hará que la política sea más “predecible en materia de inversión”.

El presidente de AmCham Paraguay explicó que el efecto de la cotización del dólar también alcanza a sectores como la construcción y el real estate, que tienen estructuras de costos mayoritariamente en moneda local y contratos pactados en dólares.

Por otro lado, Saba señaló que existe la percepción de que el sector importador directamente baja el precio al público en guaraníes cuando cae el dólar, pero sostuvo que esto no ocurre de manera automática.

Explicó que en los países de origen -de donde se trae el producto- también existe una inflación industrial, además de un aumento en los costos logísticos de las cadenas productivas. Por ello, consideró que los efectos de la cotización de la divisa norteamericana deben analizarse junto con el comportamiento de los costos.

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“Por un lado, están los factores de la devaluación de la moneda y por el otro los incrementos de costo. Sin duda ayudaría mucho tener previsibilidad a ambos sectores, importador y exportador, para que uno pueda fijar políticas de inversión o políticas comerciales con un largo plazo”, reiteró.

Además, se habilita el esperado paso de vehículos livianos (automóviles), entre las 07:00 y las 13:00, para los ciudadanos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (departamento de Alto Paraná, Paraguay) y de Foz de Iguazú (estado de Paraná, Brasil).

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No estará permitido el transporte transfronterizo de mercaderías, permitiéndose únicamente aquellas consideradas de subsistencia.

Los particulares que circulen por el Puente de la Integración deberán contar con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de expedición y podrá ser renovado por igual período.

Este documento no sustituye al pasaporte ni a otro documento de viaje válido y tampoco exime del control migratorio. Sus titulares deberán presentar el DTVF junto con su documento de viaje y registrar sus ingresos y egresos en los puestos de control habilitados.

Requisitos para los paraguayos

Los paraguayos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco o Hernandarias deberán solicitar el DTVF ante la Policía Federal de Foz de Yguazú. Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Rellenar un formulario de solicitud disponible en la página web de la Policía Federal.
• Una foto reciente, a color, de 3 x 4 centímetros, con fondo blanco, en papel normal y de vista frontal.
• Declaración de dirección de correo electrónico y otra información de contacto, preferiblemente acompañada de una copia simple del comprobante de domicilio.
• Documento de viaje o documento de identidad expedido por un organismo oficial de identificación del país de nacionalidad.
• Prueba de residencia habitual en un municipio fronterizo de un país vecino.
• Certificados de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad judicial competente del lugar donde haya residido en los últimos cinco años.
• Declaración, bajo pena de ley, de ausencia de antecedentes penales en cualquier país durante los últimos cinco años.
• Comprobante de pago de la tasa para la emisión de un CRNM (Certificado de Registro Fronterizo), cuyo importe es de 63,85 reales.

Adelgazantes de contrabando ya circulan por el Puente de la Integración

Desde la Policía Federal recuerdan que se considera delito, punible con prisión y multa, omitir, en un documento público o privado, una declaración que debería haberse incluido, o insertar o hacer insertar una declaración falsa o diferente de la que debería haberse escrito, con el propósito de perjudicar un derecho, crear una obligación o alterar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante.

Requisito para los brasileños

Los brasileños residentes en Foz de Iguazú que pretendan utilizar el Puente de la Integración bajo esta modalidad deberán solicitar el DTVF ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

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El arancel correspondiente a su expedición es de dos jornales mínimos, equivalentes actualmente a G. 234.154, dentro de la categoría “Otros Documentos”, conforme a lo establecido en la Ley N.° 6984/22 de Migraciones.

Para solicitar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), el extranjero interesado deberá presentar:

• Formulario de solicitud del DTVF, debidamente completado y firmado por el solicitante, el cual tendrá validez de declaración jurada.
• Original y una copia autenticada del pasaporte u otro documento de viaje.
• Original y una copia autenticada de la factura de servicios básicos a nombre del titular.
• Original del Certificado de Antecedentes Criminales, debidamente apostillado, que acredite la inexistencia de antecedentes penales en los últimos cinco años.
• Pago del arancel correspondiente.

En el comunicado, la entidad cuestionó las recurrentes propuestas surgidas desde sectores políticos para elevar la carga impositiva como mecanismo de respuesta a los desequilibrios fiscales. Esta presión se acrecentó con la crisis del sector médico que reclama mayores recursos por insumos y salarios.

La UIP afirmó que trasladar ese costo al sector productivo resulta inadmisible mientras no existan señales verificables de racionalización en la administración estatal.

“El problema es el gasto, no la inversión”, planteó el gremio, y añade que el Estado no cuenta con justificación fiscal ni moral para exigir nuevos sacrificios al sector privado si antes no cumple los compromisos de eficiencia asumidos por sucesivos gobiernos.

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Ineficiencia del gasto

El citado gremio empresarial sostiene que la necesidad de reformas estructurales no es nueva y que ha sido advertida de manera persistente desde el sector productivo. En ese marco, señaló que la discusión no debería centrarse en cómo recaudar más, sino en cómo utilizar mejor los recursos ya disponibles.

De acuerdo con la UIP, desde la reforma de 2003 se han sucedido acuerdos, discursos y promesas vinculados a una gestión pública más eficiente. Sin embargo, el gremio considera que esas transformaciones siguen postergadas y que las decisiones de mayor impacto continúan sin ejecutarse.

El comunicado vincula esta situación, al igual que la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) con el reciente intento fallido de reformar la Caja Fiscal, un debate que volvió a poner en evidencia las dificultades para introducir cambios en componentes sensibles de las finanzas estatales. Para la UIP, ese antecedente refleja una falta de resolución política frente a problemas que requieren medidas de fondo.

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Críticas al uso del presupuesto público

La entidad también cuestionó la administración del presupuesto nacional durante los últimos años. Según su evaluación, los recursos públicos han quedado expuestos al “mal gasto” y a decisiones administrativas que, aunque puedan resultar convenientes en términos políticos, terminan perjudicando al país.

Esa dinámica, advirtió la UIP, habría llevado a Paraguay a una “zona de riesgo” en materia de sostenibilidad fiscal. El gremio no detalló proyectos tributarios específicos, pero dejó claro que no acompañará propuestas que impliquen elevar impuestos sin una reforma previa y sustancial del gasto estatal.

La postura plantea una discusión de prioridades: mientras sectores políticos exploran mecanismos para fortalecer los ingresos del Estado, el empresariado industrial reclama que el foco se coloque primero en reducir ineficiencias, ordenar las cuentas públicas y revisar los compromisos que presionan el presupuesto.

La UIP convocó a impulsar un debate “serio, responsable y sin dilaciones” sobre la estructura del gasto público. En su planteamiento, esa reforma constituye la única vía aceptable para enfrentar las dificultades financieras del Estado sin deteriorar las condiciones de quienes producen, invierten y generan empleo.

La organización cuenta con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el Plan Forestal Apepu, según señalaron.

El objetivo principal de las mujeres emprendedoras es el fortalecimiento de las ferias agropecuarias que realizan los días lunes y jueves en su local recientemente construido y los sábados en la ciudad de Santaní, frente a la oficina de la DEAg. Venden productos extraídos de sus propias fincas, incluida una gran variedad de carnes de animales menores y otros alimentos.

La presidenta de la asociación, Teresa Giménez, se refirió a la tarea que están llevando adelante desde hace algunos meses con la asistencia de los técnicos de la DEAg y otras instituciones para que puedan lograr la construcción de su propio local de venta y mejorar la calidad y el rendimiento de los productos.

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“Para nosotras, incursionar en el rubro de las ferias es muy importante, teniendo en cuenta que mediante esto tenemos la posibilidad de vender más rápido los productos que ofrecemos a los clientes”, añadió la señora Teresa.

Apoyo técnico

El Ing. Miguel Ángel Rivas, funcionario de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Santaní, mencionó que la institución está asistiendo a las feriantes de este grupo y a las demás organizaciones que se dedican a este tipo de negocios.

La historia de Barlo, el gato tripulante, fue viral. Esta es una muestra del cariño que tienen a las mascotas en la tripulación.

El capitán de navío Livio Duarte describió que los marinos decidieron acercarle alimento y agua al pequeño can durante los días que estuvieron amarrados en Encarnación.

Muchos la habrán visto en el mismo lugar, pero nadie le dio esa atención que tuvo que venir desde lejos. Cada día esperaba con entusiasmo ese cariño, ese poco de comida, pero por sobre todo, atención.

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Triste despedida

Llegó el día de partir de retorno. Las embarcaciones desamarraron y empezaron a zarpar rumbo a Asunción. Al alejarse, la pequeña perra intentó embarcarse desde la costanera, lo que fue detenido por otros miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en tierra.

Mientras los buques se alejaban, ella quedó sola en el muelle, esperando un posible retorno. Siguió ahí a pesar de la llovizna, hasta que la imagen de esas estructuras metálicas se desvaneció en el horizonte.

Las imágenes de la cachorra lamentando la partida de los buques fueron enternecedoras y recorrieron las redes sociales.

El capitán Duarte, quien es comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), solicitó al comandante de las Fuerzas Armadas permiso para adoptar a la perrita. Refirió que tuvo una respuesta positiva de la superioridad, por lo que iniciaron la búsqueda de la nueva miembro del ANI.

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Rescate y nuevo comienzo

Tras conseguir el permiso, comenzaron a buscar a quien bautizaron como “Maruca”, para que se sume a la tripulación canina del Destacamento Naval de Mboika’e.

Al principio no la hallaron en la costanera; fue a través de posteos de amigos que la encontraron deambulando cerca de la catedral de Encarnación. Fue presentada a sus nuevos amigos caninos: Zeus, el pastor alemán; Rubia, que es de raza puro corazón; Floppy, que es mestiza de pitbull; y Maruco, el negro rescatado desde pequeñito.

El capitán manifestó que hoy llevaron a Maruca al veterinario, quien les confirmó que se trata de una cachorra de tan solo 10 meses.

La perrita estará en su nuevo hogar desde ahora, junto a los efectivos de las Fuerzas Armadas en el destacamento de Mboika’e, al costado de la playa del mismo nombre.

Adopción de animales

La historia de Maruca, con un final feliz, nos da pie para reflexionar sobre los otros cientos de canes que no corren con la misma suerte. En Encarnación existen alrededor de 10 organizaciones destinadas al rescate animal, todas que funcionan de manera solidaria.

La responsabilidad de la castración y el gesto de adoptar a los animales abandonados contribuirán a que esta clase de casos no se repitan. Los animales abandonados terminan en la mayoría de las veces muertos o enfermos, siendo un riesgo sanitario para todos.

Hablaron de cómo plantarse ante el grave conflicto bilateral entre Brasil y Argentina, que están sin embajadores a raíz de los graves insultos proferidos por Javier Milei a Lula da Silva -Lezcano tiene sus propios disgustos con el líder del PT porque no lo apoyó como secretario general de la OEA-. También conversaron sobre cómo abrir más el Mercosur y de asuntos bilaterales que le preocupan, y mucho a Paraguay: el peaje en la Hidrovía.

Para el caso, en paralelo a la visita que la Cancillería argentina cerró a la prensa y solo reflejó en las redes sociales con sonrisas y caminatas por el Palacio San Martín, en Buenos Aires estuvo este mismo lunes el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) de Paraguay, Bernd Gunther. Es uno de los empresarios a los que el presidente Santiago Peña les dio el poder para el reclamo.

El presidente de CAFyM se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y aunque fue en tono diplomático, planteó reparos sobre los cobros en la Hidrovía. Sostuvo que, mientras el peaje para el tramo del Río Paraná de Santa Fe a la Confluencia con el Río Paraguay se pagan hoy US$ 1,30 por tonelada de registro neto por el balizamiento en esa zona y en ida y vuelta de los convoy de barcazas, para Paraguay no debería superar los US$ 0,50. En Paraguay afirman que eso representa un costo de US$ 30 millones que no debe superar en los hechos los US$ 10 millones por año.

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“Hay que tener balizamiento en el río, pero no hay que exagerar con eso. Hay que cumplir con esa normativa para que los navegantes estén tranquilos, pero no llenar de balizas y sobrecostos a la logística”, afirmó Gunther semanas atrás.

Gunther dijo que toda decisión debía tratarse en el ámbito del Acuerdo por el Tratado de la Hidrovía (firmado en Santa Cruz de la Sierra), ratificado por todos los países para regular la navegación y el comercio fluvial en la región.

Son cinco los firmantes, la mayoría muy molestos con el gobierno de Alberto Fernández cuando en 2023 impuso de pronto el peaje entre Santa Fe y Confluencia como una forma para recaudar dólares, que puede ser justa- pero no fue conversada con todos los vecinos de la Hidrovía.

Eso motivó numerosas protestas no sólo de Asunción, pero al asumir el gobierno, Javier Milei lo mantuvo -contrariamente a lo que esperaban sus vecinos- y lo consolidó como mecanismo para hacer caja en la Hidrovía cuyo dragado acaba de ganar otra vez la belga Jan de Nul.

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El problema, se quejan en Paraguay, es que, pese a que está en la presidencia del Tratado hoy, la Cancillería argentina nunca convocó a una reunión de los países firmantes, lo que es casi obligatorio al menos una vez por año. La última reunión tuvo lugar con la presidencia del Tratado por parte de Uruguay, en octubre de 2025.

“Sturzenegger mostró interés en comprender nuestra posición sobre el peaje”, dijo Gunther a Clarín, pero no más.

Fuente: Clarin

La misiva expone la indignación generalizada ante un sistema estatal que demostró desplegar cobertura médica impecable, ambulancias de última generación y asistencia inmediata para un evento deportivo, mientras que en los centros asistenciales del país la gente se sigue muriendo por falta de insumos elementales.

“El despliegue de recursos, la logística e impecable cobertura médica vistos durante el evento demuestran de lo que somos capaces cuando existe voluntad política y gestión”, señaló Díaz López, quien además es candidato a concejal de Mariano Roque Alonso (Central) por la Lista 5.

“Vimos ambulancias de última generación perfectamente equipadas y asistencia inmediata apostada en los tramos. Sin embargo, al apagar los motores, la realidad del paraguayo de a pie vuelve a encenderse con crueldad. Señor Presidente, le pido raciocinio y piedad”, manifestó el profesional.

“Hoy tenemos a personal médico en huelga y marchando por reivindicaciones justas, sosteniendo un sistema precarizado mientras los enfermos se ven obligados a realizar rifas o polladas para costear insumos básicos”, lamentó.

Pide piedad por oncológicos

Díaz López también rogó por piedad, sobre todo, para los enfermos oncológicos.

“Resulta inhumano que compatriotas que libran la batalla más dura de sus vidas deban enfrentar además la angustia de la falta de medicamentos, sillones de quimioterapia o máquinas de radioterapia fuera de servicio. Para un paciente con cáncer, un día de demora en su tratamiento no es una cifra administrativa; es la diferencia entre la vida y la muerte”, aseveró Díaz López.

Finalmente, sostuvo que si el Paraguay tuvo la capacidad y los recursos para blindar la seguridad médica de un evento deportivo, debemos tener esa misma capacidad —y, sobre todo, la empatía— para dotar a nuestros hospitales públicos del equipamiento necesario todo el año.

“Le pido que mire a su pueblo con la misma prioridad y eficacia. Los médicos y Licenciados en Enfermería merecen condiciones dignas para curar, y los enfermos merecen la oportunidad de luchar por sus vidas con dignidad”, finalizó.

Según la planilla de Salud Pública hasta junio, Díaz López recibía un salario mensual como “permanente” y “contratado” de G. 10 millones de los cuales G. 5 millones es el sueldo; G. 300.000 es subsidio para la salud; G. 2 millones por labores insalubres y otros G, 3 millones como “contratado”. Según dicha planilla, el pago se ejecuta por turnos de 24 horas seguidas, los martes de 6:00 a 6:00.

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Esta arteria presenta un continuo deterioro tras las excavaciones iniciadas el pasado 20 de agosto. Aunque los trabajos en tramos como Venezuela y Francisco Zurbarán concluyeron la semana pasada, según los vecinos la pista no fue reacondicionada ni nivelada para restituir el paso vehicular de forma segura.

El perjuicio también golpea a los peatones, ya que las veredas quedaron totalmente intransitables. Ante los reclamos ciudadanos, ABC Color visitó la zona y constató que hasta las rampas de accesibilidad inclusiva se ven perjudicadas por la acumulación de escombros.

Sin avisos ni desvíos: la “trampa” que atrapa a los automovilistas

El caos vehicular se intensifica en cruces críticos como Sargento Gauto y Venezuela, donde se concentra la mayoría de los baches. Transitar por la zona representa un peligro constante de daños mecánicos y caídas graves, amenazando especialmente la seguridad de los motociclistas.

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Los conductores denunciaron la ausencia total de carteles o avisos previos que adviertan sobre el bloqueo de la calzada. Sin margen para tomar rutas alternativas a tiempo, los automovilistas ingresan a la arteria y quedan atrapados en una verdadera “ratonera” vial.

La nula gestión del tránsito frena la fluidez en todo el perímetro. Una señalización oportuna habría permitido desviar el tráfico por vías transitables como Teniente 2° Benigno Villamayor, evitando que los vehículos queden varados por los trabajos, sin alternativas asfaltadas.

La versión de la Essap: clima frena el asfaltado tras cambiar caños históricos

Frente a la ola de reclamos, la empresa estatal emitió un comunicado justificando las demoras. La entidad sostuvo que los trabajos de bacheo y reposición de pavimento en el tramo comprendido entre Francisco Goya y Venezuela están suspendidos temporalmente debido a las condiciones climáticas desfavorables.

Por su parte, el gerente de Redes, Juan Pablo Morínigo, justificó la urgencia de estas obras. Explicó que la red antigua requería reemplazo prioritario tras registrarse un promedio crítico de una rotura cada 11,6 metros de tubería durante los últimos cinco años.

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Según los reportes oficiales, la intervención contempla la renovación de 613 metros de tubería de conducción y 766 metros de ramales. Hasta el momento, las cuadrillas lograron avanzar en 246 metros del tramo principal y 168 metros de conexiones domiciliarias.

Desde la Essap aseguran que repondrán el 100% de la capa asfáltica y las veredas afectadas sin costo para los frentistas una vez que el terreno se seque.

De acuerdo con el informe difundido este martes por la institución, entre enero y agosto de 2026 la DNIT recaudó G. 28,9 billones, un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 595.991 millones adicionales.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 18,3 billones, con una expansión interanual de 10,5%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 10,5 billones, lo que representa una caída de 9,8% frente al mismo periodo del año anterior.

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Agosto mantuvo la misma tendencia

El comportamiento también se reflejó en los resultados correspondientes a agosto. La DNIT informó una recaudación total de G. 3,11 billones (US$ 527,8 millones), cifra que representa un crecimiento de 2,4% respecto a agosto de 2025 y un aumento absoluto de G. 72.587 millones. No obstante, el incremento fue impulsado exclusivamente por la recaudación de los impuestos internos, que alcanzó G. 1,76 billones, con un crecimiento de 9,3%.

Según la DNIT, este desempeño respondió principalmente al mayor aporte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por los sectores de comercio, electricidad y agua, servicios empresariales, servicios a los hogares, produción de carne, constucción y telecomunicaciones, información y comunicación.

En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,49 billones, lo que significó una disminución interanual de 3,5%.

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Guaraní fuerte redujo la recaudación aduanera

La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante agosto alcanzó el 19,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Según explicó la institución, esta variación cambiaria redujo en 5,4% el valor imponible expresado en guaraníes, afectando la recaudación efectiva de los tributos aduaneros. No obstante, refiere que medida en dólares, la base imponible se redujo en 1,9%, lo que evidencia que el menor ingreso respondió principalmente al efecto del tipo de cambio y no a una menor actividad comercial.

IPS tiene moderna urgencia pediátrica pero opera bajo precaria estabilidad laboral

La exposición ante el Consejo puso especial énfasis en los volúmenes de dinero captados, las sumas perdonadas en multas y los montos globales de la cartera morosa que arrastra la previsional.

Impacto de la campaña de IPS: Más de 17.000 patronales se pusieron al día

El informe técnico detalló que un total de 17.616 firmas patronales se acogieron a los beneficios de la promoción desde su arranque el pasado 24 de julio. Los flujos financieros ingresados a las arcas del IPS se dividieron de la siguiente manera:

• Pagos al contado y parciales: Concentraron el 62% de la recaudación generada por la promoción en concepto de cancelación del total de la deuda, y un 36% correspondiente a pagos sobre porciones parciales de las planillas pendientes. En conjunto, estas dos modalidades permitieron recuperar G. 128.670 millones, mientras que los recargos por mora exonerados a estas empresas sumaron G. 1.600 millones.
• Financiamiento y fraccionamiento de deudas: A pesar de representar un volumen menor en cuanto a cantidad de empresas adheridas (548 firmas, equivalente al 2% de lo ingresado), el fraccionamiento implicó un monto total reestructurado de G. 26.173 millones. De este total financiado, el IPS captó G. 3.150 millones en conceptos de entrega inicial y primeras cuotas, perdonando a su vez G. 2.317 millones en intereses moratorios acumulados para facilitar la estructuración de los pagos a plazo.

Los números que dejó la última tregua del IPS a empresas

Un aspecto destacado del informe fue el éxito financiero obtenido mediante campañas de comunicación directa automatizada. Se informó que mensajes de texto y correos electrónicos masivos fueron enviados a más de 65.000 contactos y 30.000 cuentas corporativas:

• En el sector de seguro doméstico, de una deuda inicial catastrada en G. 1.781 millones, la previsional logró recuperar G. 1.478 millones, representando una efectividad de cobro superior al 83%.
• En el segmento de servicios comerciales y al público, tras la emisión de avisos de cobro sobre una cartera morosa de G. 7.952 millones, se efectivizaron pagos por G. 6.674 millones. En total, la estrategia de mensajes de texto impulsada en áreas específicas detonó la regularización de más de G. 8.152 millones en pocas jornadas.

¿Negocio redondo o pérdida? El duro debate interno en el IPS por las multas perdonadas

A pesar de los montos inyectados a corto plazo, el informe desató un debate entre Isaías Fretes, presidente del IPS, y los consejeros respecto a la rentabilidad real de condonar multas. Se señaló que la reducción neta en el porcentaje global de patronales en mora apenas alcanzó un 1,95% en comparación con el periodo previo.

Contraloría advierte que IPS corre riesgo de tomar decisiones con fondos ficticios

Los miembros del Consejo cuestionaron la conveniencia financiera de resignar miles de millones de guaraníes en recargos punitorios si el impacto porcentual sobre la masa total de deudores es marginal, advirtiendo además sobre el riesgo de desincentivar a los empleadores que abonan sus planillas en fecha de forma regular.

Los pobladores denunciaron que llevan años solicitando a la Municipalidad de Caaguazú una solución al problema y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas ante la comuna, hasta ahora solo recibieron promesas.

El paso sobre el arroyo Yaguareté fue construido por los propios vecinos debido a la necesidad de contar con una vía de comunicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estructura se deterioró considerablemente y actualmente representa un peligro para quienes deben utilizarla diariamente.

La situación afecta especialmente a los estudiantes de la zona. En el sector se encuentran la Escuela Básica Santa María Goretti Nº 3196 y, en otro predio educativo, funcionan conjuntamente la Escuela Básica Nº 3197 Héroes del Chaco y el Colegio Nacional Guavirá, que cuentan con una importante cantidad de alumnos.

Estudiante sufrió una fractura

El poblador Liberato González manifestó que el riesgo no es solamente una preocupación, sino que ya se registró un accidente. Señaló que hace aproximadamente dos meses, una estudiante cayó mientras cruzaba el precario puente y sufrió una fractura en una de sus piernas.

Según relató, los pobladores construyeron el paso de manera provisoria ante la falta de una obra definitiva, pero actualmente el puente se encuentra totalmente deteriorado, por lo que temen que pueda ocurrir un accidente de mayor gravedad.

Los vecinos señalaron que niños y jóvenes deben utilizar el paso diariamente para acudir a clases, exponiéndose a las malas condiciones de la estructura.

Dificultades para sacar la producción

El problema también afecta directamente a las familias dedicadas a la producción frutihortícola.

Los pobladores explicaron que las condiciones del camino y del puente dificultan el traslado de sus productos hasta los caminos de todo tiempo. En algunos casos, deben acarrear manualmente la producción durante aproximadamente 1.000 metros para llegar hasta un tramo transitable.

Esta situación representa un perjuicio para los productores, quienes dependen de la comercialización de sus cultivos para generar ingresos para sus familias.

Municipalidad anuncia construcción de puente de hormigón

Ante el reclamo de los pobladores, el intendente de Caaguazú, José Ríos (PLRA), señaló que el problema ya está contemplado por la administración municipal y que actualmente el proyecto del puente se encuentra en etapa de ejecución.

El jefe comunal explicó que en los próximos días se tendría el llamado correspondiente para la adjudicación de la empresa que tendrá a su cargo la obra. Posteriormente, una vez cumplido el proceso administrativo, se prevé iniciar la construcción.

Ríos aseguró que el nuevo puente será construido de hormigón y tendrá características de todo tiempo, con lo que se busca dar una solución definitiva al problema de conectividad que afecta a los pobladores de Guavirá.

Vecinos esperan que la obra se concrete

Mientras se aguarda el avance del proyecto anunciado por la Municipalidad, los pobladores continúan utilizando el deteriorado puente construido por ellos mismos.

Los vecinos pidieron que el proceso de adjudicación y posterior construcción se concrete lo antes posible, teniendo en cuenta que el paso es utilizado diariamente por familias, productores y estudiantes.

Asimismo, insistieron en la necesidad de una intervención urgente para evitar nuevos accidentes, especialmente entre los niños y jóvenes que deben cruzar el arroyo para llegar hasta sus instituciones educativas.

Los pobladores esperan que el anuncio municipal se traduzca finalmente en una obra segura y permanente, después de varios años de reclamos y promesas de solución.

También este planteamiento surge tras el reclamo del sector médico que exige más recursos para insumos y salarios. Para responder a este y otros reclamos y para oxigenar las finanzas públicas, se plantearon algunas propuestas como elevar la tasa impositiva en IVA, IRE e IRP, también surgió un proyecto de Ley que crea un arancel adicional para el tabaco.

Según el pronunciamiento difundido por la CAP, trasladar una mayor presión tributaria hacia empresas, inversores y trabajadores formales no resolvería los problemas estructurales de las finanzas públicas. La entidad afirmó que quienes producen, invierten y generan empleo ya sostienen una parte relevante de la actividad económica y del cumplimiento fiscal del país.

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Gastos permanentes y recursos comprometidos

El gremio empresarial puso el acento en la creciente proporción de recursos públicos comprometidos en erogaciones rígidas. Entre ellas mencionó las remuneraciones del sector público, jubilaciones, programas de prestaciones sociales y pagos de intereses de la deuda.

Para la CAP, esta composición del presupuesto obliga a debatir no solo cuánto recauda el Estado, sino también cómo asigna y ejecuta sus recursos. La organización considera que antes de evaluar nuevos tributos debe existir una revisión de la calidad del gasto y de las estructuras que lo vuelven difícil de ajustar.

“El Estado aún no ha demostrado la misma determinación para corregir sus propias ineficiencias”, sostuvo el gremio al cuestionar que se solicite un esfuerzo adicional a los contribuyentes sin una estrategia visible de racionalización del gasto público.

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Seguros médicos privados y revisión de erogaciones

Entre los ejemplos citados, la Cámara de Anunciantes señaló el financiamiento de seguros médicos privados para una parte de los funcionarios públicos. De acuerdo con la información pública a la que alude la entidad, esos desembolsos rondarían los US$ 100 millones anuales.

La CAP sostuvo que este tipo de gastos merece una evaluación responsable sobre su pertinencia, alcance y sostenibilidad. El planteamiento no se limita a un rubro específico: la cámara propone revisar las erogaciones que puedan carecer de justificación suficiente o que representen compromisos difíciles de sostener en el tiempo.

También advirtió sobre obligaciones permanentes asumidas por el Estado que dependen de fuentes de financiamiento insuficientes o transitorias. A juicio del sector empresarial, estos desbalances deben ser examinados dentro de una discusión más amplia sobre la viabilidad fiscal de largo plazo.

Programas sociales y Caja Fiscal, en el centro del debate

El comunicado de la CAP incluye además un llamado a revisar periódicamente la focalización de los programas sociales. La organización remarcó que estas políticas deben conservar sus objetivos originales y dirigir los recursos hacia quienes efectivamente los requieren.

Asimismo, identificó el déficit de la Caja Fiscal como uno de los principales desafíos para el Tesoro. Ese sistema previsional requiere transferencias públicas relevantes para cumplir con sus obligaciones, una situación que, según la cámara, refuerza la necesidad de avanzar en reformas estructurales.

La Caja Fiscal administra jubilaciones y pensiones de distintos sectores del Estado, por lo que su déficit representa una presión persistente sobre las cuentas públicas. Para la CAP, cualquier debate sobre sostenibilidad financiera debería incorporar este componente y evitar soluciones basadas exclusivamente en ampliar la recaudación impositiva.

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La Cámara de Anunciantes propuso una hoja de ruta centrada en eliminar gastos injustificados, revisar privilegios, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

El gremio también reclamó mayor transparencia y responsabilidad en la ejecución presupuestaria. Su posición es que la corrección del déficit fiscal debe comenzar por ordenar las prioridades estatales y garantizar que cada partida pública tenga una justificación clara y resultados verificables.

Los dictámenes de las tres comisiones recomiendan acompañar los cambios, al considerar que se tratan principalmente de cuestiones conceptuales que otorgan mayor seguridad jurídica y se ajustan al ordenamiento jurídico civil.

Las modificaciones introducidas por Diputados afectan principalmente los artículos 1, 2, 4, 7 y 9 del proyecto aprobado inicialmente por el Senado.

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Entre los cambios, se establece que la restitución del pagaré debe realizarse simultáneamente con el pago total de la deuda, en concordancia con el artículo 570 del Código Civil. También se incorpora una presunción favorable al deudor cuando este tenga en su poder el pagaré.

En caso de extravío o destrucción del documento, Diputados se remitió expresamente al régimen previsto en el artículo 1384 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a las sanciones, se mantiene la posibilidad de aplicar una multa de hasta el 20%, mediante un sumario y respetando la competencia de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

¿Por qué quieren aceptar la versión de Diputados?

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Mario Varela, explicó que realizaron un cuadro comparativo entre ambas versiones y resolvieron acompañar las modificaciones de Diputados.

“Nos allanamos a esas modificaciones que Diputados plantea, que son más específicas, y generan mayor seguridad jurídica en el proceso civil”, afirmó.

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Varela sostuvo que el objetivo es avanzar con reformas que permitan agilizar y transparentar los procedimientos judiciales, tras los cuestionamientos al uso del sistema de justicia en los casos relacionados con la llamada mafia de los pagarés.

“Esta es una de las normativas que buscan justamente exigir la devolución, la restitución de los pagarés y la extinción de la obligación”, señaló.

Una mafia que se embolsa millones y arrastra a miles de víctimas

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que afirma representar a más de 17.000 afectados en todo el país, expuso -a inicios de este año- ante la Comisión Permanente del Congreso el impacto económico y social de los embargos derivados de este esquema.

Según los registros presentados por la organización, el sistema mueve más de US$ 92 millones anuales.

Los afectados también reiteraron su pedido de enjuiciamiento de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus reclamos por la actuación del sistema judicial frente a los casos de pagarés.

Héctor Squef, propietario de la firma subcontratada RICSOFAN S.A. para colocar los vidrios, parasoles y el revestimiento de chapas de aluminio en todas las torres nuevas del Gobierno, indicó que el Consorcio BTI, adjudicada por más de US$ 100 millones para construir estos locales, se encargará de financiar las refacciones.

Aclaró que este desprendimiento ocurre debido a que existe un problema en la pared del edificio, que cuenta con irregularidades de hasta cinco centímetros en el grosor del revoque. “Esto impide un anclaje firme de las láminas”, remarcó.

Ahora, preparan un nuevo revestimiento con cabos y otros materiales más gruesos, como para que las láminas puedan sostenerse y no ocurran más eventos de este tipo, según el empresario.

Nuevas chapas estarían listas en tres semanas

Squef explicó que los fuertes vientos registrados en la capital impiden trabajar en la altura por razones de seguridad. Debido a estas condiciones climáticas, el montaje de los balancines necesarios para la intervención, se pospondrá para los próximos días.

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“Es un trabajo de tres semanas más o menos, lo primero que se hará es cubrir los huecos que ahora se ven en el edificio; luego se aseguran los tornillos y se trabaja en reforzar toda la instalación”, remarcó.

Esta situación con el edificio generó temor y encendió las alarmas entre los funcionarios del MEC, que ya venían denunciando otras irregularidades como la falta de agua, la invasión de cucarachas y salidas de emergencia bloqueadas.

Desde el Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec), ya presentaron dos notas dirigidas al ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre este tema, sin embargo, hasta la fecha, no obtuvieron respuesta de la autoridad educativa.

Entre los afectados se encuentran trabajadores de aseo urbano, operarios de maquinaria, los que trabajan en recolección de residuos, matadero, vertedero y tractoristas. Algunos contratos ya fenecieron y tampoco recibieron información sobre su continuidad.

La trabajadora de Aseo Urbano, Elva Cabañas, manifestó que la situación es insostenible, ya que los funcionarios tienen familias que mantener y algunos ya no cuentan con dinero para comprar alimentos.

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Señaló que presentaron una nota a las autoridades y advirtió que dejarán de trabajar hasta que se regularice el pago. También cuestionó a la Junta Municipal porque dejan las sesiones sin quórum para no tratar el reclamo.

Promesa de pago

Elva Cabañas mencionó que el secretario general de la Comuna, Juan Carlos Martínez, a través de mensajería de texto informó que supuestamente el próximo jueves se concretaría el pago, pero los trabajadores dijeron que ya no confían en los anuncios debido a anteriores promesas incumplidas.

Los funcionarios estiman que la Municipalidad adeuda más de G. 100 millones en salarios a los trabajadores. A los concejales se les debería por dieta y gastos de representación ascendería a G. 50 millones.

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Intentamos obtener la versión del presidente de la Junta Municipal, Diego Morel (ANR), para conocer por qué no sesionan para tratar el problema de los operarios, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas.

El intendente Sergio Galeano (ANR) explicó que la falta de pago a los funcionarios y a concejales se debe a retrasos en las transferencias estatales. Adelantó que algunos contratos no serían renovados, mientras los trabajadores exigen el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

El intendente dijo que en los últimos meses los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los salarios. Además, para recibir las transferencias, se puso al día con el pago en la Caja de Jubilaciones, OPACI y el 15 por ciento a la Gobernación en concepto de impuesto inmobiliario, según explicó.

Finalmente, indicó que si esta semana reciben la transferencia, el viernes estarían realizando el pago a un sector de los funcionarios y a los concejales.

“Tuvimos la gracia, junto a mi familia, de compartir un encuentro con el papa León XIV. Le pedimos su bendición para nuestra querida Asunción, y él la bendijo junto con todo su pueblo”, detalló el jefe comunal.

Según informaciones de la Municipalidad, el intendente transmitió al Papa “las oraciones de muchos paraguayos” y también le dio a conocer su “deseo” de que pronto pueda visitar la capital de nuestro país. El mismo pedido al Sumo Pontífice también lo había hecho hace una semana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Asimismo, la familia del funcionario entregó unos de regalos al sumo pontífice, entre ellos, una estructura artesanal tallada en madera de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, al igual que tierra de la Costanera de Asunción, una fotografía de la Virgen, un rosario de filigrana paraguaya y también una biblia en guaraní.

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Visitas papales en Paraguay

En el año 2015, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, visitó nuestro país para desarrollar una gira pastoral de tres días.

El argentino fue el segundo Pontífice en visitar Paraguay, Karol Józef Wojtyła, -Juan Pablo II, ya elevado a la categoría de santo-, estuvo en mayo de 1988 por Paraguay.

De momento, desde Vatican News se confirmó una futura visita del papa León XIV a Latinoamérica, pero Paraguay no se encuentra en la lista.

El santo padre realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Inolvidable Juan Pablo II

El accidente fue hace un mes, pero en la Cámara Baja buscan enfriar el pedido de interpelación y que vaya como tantos otros al “opareí” aprovechándose del paso del tiempo y el olvido ciudadano.

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El pedido de interpelación a Claudia Centurión estaba en el punto siete del orden del día de la sesión de hoy, pero los cartistas y sus aliados del tercer espacio tras reelegir a Camilo Benítez como contralor en una sesión extraordinaria fueron abandonando el recinto parlamentario por lo cual no se pudo seguir con la agenda.

Como ya se volvió costumbre, la sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quórum sin tratar siquiera un punto del orden del día previsto para la fecha. Esta metodología la implementa generalmente el cartismo para salvar a cuestionados ministros, directores o funcionarios ligados al poder y otorgarles impunidad.

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Claudia Centurión acumuló sobre sus espaldas dos pedidos de interpelación tras el accidente en la zona de obras de Rutas del Este. En la Cámara Alta el pedido fue postergado por 22 días, mientras que en Diputados se sigue evitando incluso su tratamiento.

La ministra de Obras sí asistió a la mesa directiva de la Cámara de Senadores convocada por el cartista Basilio “Bachi” Núñez en donde cantinfleó por más de tres horas, según indicaron los senadores opositores al salir de la reunión.

Centurión, durante sus explicaciones culpó a todos menos a su gestión sobre los cuestionamientos de los datos técnicos en la construcción de la duplicación de la Ruta PY02, el retraso en la construcción del viaducto y el retiro del polémico semáforo que ya se cobró varias vidas inocentes.

¿Habrá otra huelga de médicos? Esto dicen los gremios

En una entrevista concedida a ABC Color, el doctor Roberto Riveros, vocero de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, abordó de manera directa el complejo escenario de las renuncias, poniendo especial énfasis en la discrepancia existente sobre el número total de renuncias.

Según el gremio médico, entre documentos formalizados y otros que están en proceso o cajoneados en los hospitales, la cifra de dimisiones suma unos 430 médicos en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que solo 62 renuncias fueron recibidas ayer en mesa de entrada.

ABC Color solicitó hoy un vocero que pueda brindar un informe detallado de las renuncias presentadas al Ministerio de Salud y, desde la cartera sanitaria se ratificaron en afirmar que tienen la formalización de 61 renuncias presentadas ayer por la mañana, más una renuncia formalizada por la tarde y, que del total, 41 están con firmas “fotoescaneadas”.

¿Se está ocultando el número real de médicos que abandonan los hospitales?

Uno de los ejes centrales de la aclaración brindada por el titular de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica radica en la diferencia abrumadora entre los reportes oficiales del Ministerio de Salud y los datos que manejan los gremios médicos. Mientras que las autoridades de Salud Pública han reconocido públicamente un número inicial reducido de renuncias, la realidad muestra un panorama numérico mucho más amplio.

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El doctor Riveros detalló a ABC que, de un universo inicial de 196 renuncias firmadas, la situación se divide de la siguiente manera:

• 105 renuncias: Son aquellas que ya cuentan formalmente con mesa de entrada y se encuentran presentadas de manera oficial.
• 91 renuncias: Corresponden a los documentos restantes que integran el bloque total de firmas recolectadas, pero que aún se encuentran en procesos de entrega, tránsito o enfrentando diversas barreras administrativas.

A este volumen se suman reportes específicos de centros asistenciales clave. Por ejemplo, Riveros mencionó que en el Hospital de Acosta Ñu se contabilizó la dimisión de 41 médicos, de las cuales 40 corresponden a terapistas pediátricas que presentaron sus dimisiones ante el doctor Héctor Castro. Sin embargo, asegura que el documento habría quedado retenida en una especie de limbo administrativo, lo que el doctor Riveros calificó como “cajoneadas”. El médico aseveró que el Ministerio de Salud está ocultando ciertos datos, con el fin de evitar un incremento visible en las estadísticas oficiales de bajas.

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Riveros sostuvo que una situación similar se reportó en el Hospital del Trauma, donde 17 terapistas pediátricas intentaron entregar sus renuncias a la dirección médica, recibiendo como respuesta la negativa de recepción y la instrucción de derivarlas directamente al nivel ministerial. Resaltó que casos similares ocurren en el interior del país.

Según la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, las renuncias en los hospitales del Ministerio de Salud se desglosa de la siguiente manera:

1. Renuncias firmadas:

• Terapia Pediátrica - Hospital Acosta Ñu: 41 renuncias.
• Terapia Pediátrica - Hospital Nacional de Itauguá: 24 renuncias
• Terapia Pediátrica - Hospital del Trauma: 19 renuncias
• Terapia Pediátrica - Ciudad del Este: 12 renuncias.
• Instituto de Medicina Tropical: 6 renuncias.
• Terapia Pediátrica Cardiológica - Hospital Acosta Ñu: 11 renuncias.
• Anestesiología - Hospital de Acosta Ñu: 21 renuncias.
• Traumatología Pediátrica - Hospital de Trauma: 4 renuncias
• Neurocirugía: 19 renuncias.
• Cirugía Pediátrica: 40 renuncias.

2. Reportes preliminares:

• Hospital San Pablo (Neonatología): 37 renuncias.
• Hospital Barrio Obrero: 26 renuncias.
• Hospital de Trinidad: 20 de 20 (renuncia total del plantel).
• Hospital de Itauguá: 44 renuncias.
• Calleí / San Lorenzo: 29 renuncias.
• Hospital de Luque: 18 renuncias.
• Hospital de Villa Elisa: 18 renuncias.
• Hospital de Caacupé (Neonatología): 18 renuncias
• Hospital de Pedro Juan Caballero (Neonatología): 5 renuncias.
• Hospital Regional San Ignacio Misiones: 10 de 10 renuncias (renuncia total del plantel)
• Hospital de Santa Rosa, Misiones (Neonatología): 9 de 11 renuncias.

Excusas burocráticas por firmas escaneadas, dicen médicos

Ante los cuestionamientos esgrimidos desde la cartera sanitaria respecto a la validez de algunos documentos —como el argumento de que ciertas firmas se encuentran escaneadas o presentan supuestos errores de forma—, la postura del gremio médico ha sido tajante. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica desestimó estos argumentos al señalar que se trata de tecnicismos burocráticos utilizados para restar peso a la medida de presión.

“Si realmente hay una intención de aceptar las renuncias y cuentan con un plan B, no estarían poniendo trabas formales ni buscando inconvenientes en las firmas”, expresó el doctor Riveros, sugiriendo que las objeciones ministeriales funcionan más como una estrategia de contención política que como un impedimento legal real.

Adicionalmente, el médico resaltó que nuevos bloques de profesionales se preparan para sumarse a las renuncias masivas en el transcurso de la semana. Entre ellos destacó el equipo de anestesia del Hospital de Luque que apunta a sumar unas 30 firmas.

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La dimensión más alarmante de esta crisis recae, posiblemente, sobre la especialidad de cirugía pediátrica, un área altamente especializada y con un margen de reemplazo prácticamente inexistente en el Paraguay.

De acuerdo con los registros oficiales de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, en el país existen actualmente 48 cirujanos pediátricos certificados. Al contrastar esta cifra con el volumen de profesionales movilizados, el doctor Riveros confirmó que el porcentaje de renuncia roza la totalidad de los especialistas activos.

“Tenemos 59 médicos asociados, pero solo 48 cirujanos pediátricos certificados; el resto del grupo está compuesto por residentes en formación”, aseguró.

Pacientes oncológicos exigen a Santiago Peña salvar la salud pública

Ante la pregunta sobre la posibilidad de cubrir estas vacancias de manera inmediata si el Ministerio de Salud acepta las renuncias, la respuesta fue contundente: no hay reemplazo posible. “Es imposible suplir estas bajas en el país, ya que los únicos profesionales fuera de este grupo son unos pocos exjefes de servicio que ya están jubilados”, dijo Riveros, evidenciando una escasez estructural de recursos humanos críticos que pone en inminente riesgo la cobertura de la salud infantil en todo el territorio nacional.

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Los técnicos que elaboraron el informe revelaron una diferencia acumulada entre lo recaudado y lo depositado en el último semestre de la administración del liberal Dimartino por más de G. 1.700 millones.

En un dossier, señalan que se detecta un patrón sistemático de atrasos en depósitos que oscilan entre 4 y 27 días. Agregan que existen descuadres, falta de comprobantes y depósitos de montos elevados con retraso significativo, lo que representa un riesgo para la gestión financiera de la Municipalidad.

También se denuncia que no fueron transferidos un total de G. 467 millones al Ministerio de Economía y a la Gobernación Departamental en concepto del 15% de los impuestos inmobiliarios recaudados para municipios de menores recursos y gobiernos departamentales

Finalmente se atribuye también una “probable sobrefacturación” de G. 1.004 millones en 12 obras puntuales. (Ver el cuadro)

No hubo votos para la denuncia

El informe fue puesto a consideración del pleno y de 12 concejales presentes, seis votaron por remitir la auditoría en forma institucional al Ministerio Público; otros tres ediles votaron por no remitir el informe y tres votaron por la abstención.

Como no se reunió la mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- es decir, siete votos, el informe quedará en secretaría de la Junta Municipal salvo que algún concejal lo presente ante la Fiscalía en forma personal.

Ediles que apoyan a Dimartino dijeron que dicho informe debía tomarse según el contexto electoral en que el exintendente, con el respaldo de todas las fuerzas opositoras, busca otro mandato mientras que el cartismo respalda al exdiputado Enrique Pereira como candidato a la jefatura municipal.

Estos contenidos fraudulentos utilizan la excusa de la conmemoración de la Victoria de Boquerón para prometer un supuesto regalo en efectivo de G. 500.000 dirigido a todos los ciudadanos en Paraguay.

La campaña engañosa simula estar vinculada al presidente de la República, Santiago Peña, e involucra de manera indebida a conocidas marcas de telefonía móvil con el fin de otorgarle una aparente credibilidad.

Sin embargo, se trata de una estafa conocida como phishing o suplantación de identidad digital.

Alerta por fake news: crean contenido falso utilizando el logo de ABC Color

El modus operandi consiste en invitar a las víctimas a hacer clic en un enlace de origen dudoso y no oficial, que no corresponde a ningún portal gubernamental, bajo la promesa de comprobar requisitos e ingresar un número telefónico para cobrar el beneficio.

Desde el sector oficial recuerdan a la ciudadanía la importancia de no ingresar a enlaces sospechosos, no compartir información personal o números de celular en sitios web no verificados, y desconfiar de este tipo de promesas económicas que solo buscan vulnerar la seguridad informática de las personas.

Asunción Benítez es una de las pacientes que llegó este martes al Hospital Regional de Concepción (HRC). Dijo que después de siete meses nuevamente consultó por problemas de salud. Aseguró que tuvo que comprar los medicamentos en una farmacia externa, porque en la del hospital no había.

“Campañagui aju aheka medio ha hospitalpe ndatopái mba’evete. Ajoguapaite, ojegasta millones ha la hospital nandi, aunque sea poha la gobierno omoivaerã” (Vengo del campo a buscar salud y en el hospital no hay medicamentos, el gobierno debería de proveer), lamentó la mujer que vive a 15 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Concepción.

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Tuvo que gastar G. 246.000 en la compra de los fármacos que precisa, precisó.

Ni guantes

Por otro lado, Ruth Benegas relató que debió comprar un par de guantes quirúrgicos porque su hermana tuvo un parto en la noche de ayer.

“Todo lo que compré de la farmacia alcanzó G. 398.000. Ahora me dieron la receta donde se indican tres cosas y en la farmacia del hospital solo hay uno de ellos”, mencionó.

Horario de la farmacia

Los usuarios del Hospital Regional de Concepción también se quejaron del horario de atención de la farmacia interna. Actualmente está abierta de 07:00 a 19:00, de lunes a domingo.

Muchos pacientes

El director médico del HRC, doctor José Silva, explicó que se reciben los fármacos, pero la cantidad de pacientes supera el stock que llega hasta el establecimiento sanitario. Mencionó que ayer se han recibido los medicamentos que se están distribuyendo a las diferentes dependencias sanitarias del primer departamento.

“La provisión de medicamentos con que contamos en el HRC muchas veces no da abasto. Tenemos muchos pacientes que llegan desde otros centros hospitalarios pidiendo los medicamentos y aquí se les provee”, refirió.

Pocos funcionarios

Sobre el horario de atención de la farmacia, una interna del hospital informó que no se cuenta con personal suficiente debido a que algunos funcionarios que trabajaban en el servicio se han jubilado y otros están con problemas de salud.

“El horario es para los pacientes ambulatorios, no así para los pacientes internados en los diferentes servicios, a quienes se les da los fármacos que precisan”, indicó el médico.

Se trata de Rocío Michelle Díaz Amarilla, de 29 años, y su hijo Ángel Isaac Rolón de tan solo tres meses, que hasta el momento se encuentran con paradero desconocido.

Según data en la denuncia, la mujer salió de su casa cerca de las 11:30 de la mañana, ya que tenía previsto trasladar a su bebé hasta el Hospital de Villa Elisa para una consulta médica. Antes de salir, dejó en la vivienda a su otro hijo de tres años.

Instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información

Ante la falta de rastros, la representante del Ministerio Público instruyó al Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional la realización de todas las diligencias investigativas necesarias, amparada en las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Código Procesal Penal.

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En este sentido, instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información a la comisaría más cercana o al número 0986 514 353, que pueda contribuir a la localización de Rocío Michelle Díaz Amarilla y el bebé de tres meses, Ángel Issac Rolón.

Asimismo, señalan que la investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso.

“Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, y a veces no tenemos nada”, expresó Wiens, aludiendo a la huelga de médicos que sacudió el país la semana pasada, en reclamo de un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, tras años de postergaciones.

Wiens calificó de insuficiente el paquete de medidas que anunció el gobierno de Santiago Peña tras la huelga de más de 12.000 médicos del sistema público, que reclaman un salario digno después de 14 años sin reajuste y además denunciaban la falta de insumos básicos para atender a la población.

Diputado fustiga a Barán para “lavarle la cara” a Peña: “El presidente hace el trabajo de la ministra”

“Tal vez el presupuesto no daba para el aumento salarial que se pedía de una sola vez, pero tampoco es que no había plata. Se encontraron 760 millones de dólares para insumos y dos mil nombramientos. Lo que no se encontró fue una sola propuesta sobre el salario, que era el reclamo central de los médicos”, expresó el precandidato presidencial colorado disidente.

Barán “no tuvo capacidad ni cintura política”, asevera Wiens

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones enfatizó sus críticas a la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien pidió que deje el cargo: “No tuvo la capacidad, ni la cintura política, ni la empatía que requiere este ministerio de Salud. No puede seguir un día más en el cargo””, afirmó.

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Wiens dijo que el gobierno de Peña debe apostar por el diálogo como método. “Conversar, y no cansarnos de conversar, antes de que los profesionales tengan que renunciar o la gente se quede sin atención especializada”, enfatizó.

Adelantó que su propuesta de gobierno es impulsar “una profunda reforma” del sistema de salud pública que vuelva a poner a la gente en el centro, y que valore al profesional.”

Galeano afirmó que el reclamo de los profesionales de la salud no debe reducirse únicamente a una cuestión salarial. Explicó que, además de un aumento, los médicos exigen condiciones adecuadas para trabajar, como disponibilidad de medicamentos, materiales e insumos para brindar una atención adecuada a la población.

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Asimismo, cuestionó al Gobierno Nacional por realizar conferencias de prensa y grandes anuncios mientras, según afirmó, cada día existen menos medicamentos, servicios y personal sanitario.

“No hay voluntad real de solucionar el conflicto. La gente no puede enfermarse, porque si va al hospital, no es atendida. Estamos ante un abandono total de la salud pública por parte del Gobierno nacional”, manifestó.

El concejal insistió en que no se puede pretender una salud pública de calidad cuando los médicos trabajan en medio de precariedades y los hospitales carecen de medicamentos, insumos y suficiente personal.

“Quienes sostienen el sistema tienen que salir a la calle para ser escuchados”, agregó.

Situación en Santa Rita

En otro momento, recordó que le tocó denunciar la situación del centro de salud en la comunidad de Santa Rita, que funciona prácticamente dentro de una iglesia. Explicó que se inició la obra de refacción de la Unidad de Salud Familiar, pero los servicios continúan funcionando en el salón parroquial.

La situación, según Galeano, se agravó debido a que ahora la iglesia exige el desalojo del lugar. A esto se suma el corte del suministro de energía eléctrica por parte de la ANDE.

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Críticas a la inequidad

Galeano también cuestionó la inequidad existente en el sistema sanitario y aseguró que la atención médica debe ser igual para todos, independientemente de sus vínculos o influencias.

“No es justo que el familiar de una autoridad o recomendado sea atendido de inmediato, con médicos movilizados y medicamentos conseguidos al instante, mientras el hijo de doña Juana o de don Julio, que viene del campo, espera horas en los pasillos sin atención ni insumos”, expresó.

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El denunciado habría abusado de su sobrina en la noche del sábado 30 de agosto en el interior de la vivienda donde también viven los padres de la menor.

Tras lo sucedido, la pequeña víctima le habría revelado el hecho a su madre, quien inicialmente procedió a echar de la casa a su hermano. Ya en la mañana de ayer, lunes, la niña relató lo ocurrido a su propia maestra, quien inmediatamente comunicó el caso a la profesional de salud que trabaja en la zona.

Tras esto, la menor fue derivada de forma inmediata al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, donde fue inspeccionada por personal de blanco, mientras que su madre realizaba la denuncia en sede policial de la localidad.

Atendiendo la gravedad de la situación y tratando de evitar que el sindicado como autor del abuso sexual escapara, los uniformados procedieron de forma inmediata a su captura. Posteriormente, informaron al representante del Ministerio Público, en este caso, el fiscal Luis Amado Coronel, quien dispuso su aprehensión y permanencia en sede de la comisaría.

Imputado y con prisión preventiva

Tras lo acontecido, el fiscal mencionó que en la noche del lunes se recibió la denuncia sobre este terrible caso y, de forma inmediata, se activó el protocolo correspondiente. Primeramente, se ordenó que el presunto victimario permaneciera detenido en sede policial y, en la mañana de este martes, se procedió a imputarlo por abuso sexual en niños.

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El supuesto autor será puesto a disposición del juzgado y ya se solicitó su prisión preventiva. El lugar de reclusión será determinado por el juez, aunque podría ser remitido a la Penitenciaría Regional de Concepción, donde por lo general son trasladados los reos que deben guardar reclusión y que son de esta zona del Chaco.

En caso de ser hallado culpable, se expone a una pena de entre 10 y 20 años de prisión, dijo el fiscal. Indicó que cuenta con suficientes indicios para sostener la imputación de abuso sexual, por lo que solicitará la pena máxima en un eventual juicio oral y público.

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por David Federico Rojas Dos Santos e integrado por María Luz Martínez Vázquez y Dina Marchuk Santacruz, dictaron las seis condenas y el comiso de bienes incautados mediante la Sentencia Definitiva (SD) N° 202, del 18 de mayo de 2026.

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A su vez, dicho fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, conformado por Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 22, del 28 de agosto de 2026.

El colegiado había ordenado el comiso de varios bienes como un establecimiento rural, vehículos y dinero que fueron incautados en procedimientos llevados a cabo, en el marco de la operación Navis, el 9 de enero de 2022 en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Narcogranja incautada en Navis fue entregada a Senabico

Uno de los bienes más importantes del cual fue despojado el líder del esquema y condenado por narcotráfico, Fernando Enrique Balbuena Acuña, es una granja situada en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Esta era utilizada como centro de acopio de sustancias estupefacientes que ingresaban a territorio paraguayo.

De hecho, al momento de la puesta en marcha de la operación Navis y el allanamiento, en esta estancia se encontraron en total 947 kilogramos de cocaína listas para su movida y posterior carga a contenedores para su remisión al exterior del país por la vía fluvial, modalidad usada y por la cual recibe el nombre el caso.

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El 7 de enero de 2022 los condenados Reinaldo Delvalle (cuñado de Balbuena) y Julio Acevedo Spaini se habían trasladado hasta la zona de Arroyos y Esteros para esperar la droga, que fue traída hasta ese lugar en dos aeronaves que bajaron, mediante que el terreno era propicio para ello.

El 8 de enero llegaron los cargamentos y ese mismo día, Delvalle y Acevedo Spaini fueron los encargados de trasladar las cargas de estupefacientes vía terrestre hasta el establecimiento de Fernando Balbuena, que a su vez estaba ubicado a unos 800 metros de su domicilio particular.

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La referida estancia se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Vehículos y dinero también fueron comisados

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso de cuatro vehículos que fueron incautados del poder de los integrantes de este esquema narcotraficante. La resolución judicial fue ratificada por el tribunal de alzada, pese a que queda aún una instancia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Son cuatro rodados, entre ellas un BMW 530D de color gris, con matrícula CAK 645, que pertenecía al principal acusado en el caso Navis, Fernando Enrique Balbuena Acuña, al igual que una camioneta Nissan March de color plata, con placa IFJ 722.

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Así como también una camioneta Volkswagen Amarok negra, con patente AADU 787, propiedad de Fernando Balbuena; y un coche Hyundai HB20X planteado, con chapa IFS 549, en el que fueron detenidos el exdirector de Tacumbú Julio Acevedo Hauron y su hijo Julio Acevedo Spaini.

De la misma forma se dispuso el comiso del dinero expresado en distintas boletas incautadas, que totalizaron la suma de G. 33.460.480; así como de US$ 12.600. También se habían encontrado en poder de los procesados billetes en monedas extranjeras que totalizaron 870 pesos bolivianos, 2.000 florines húngaros y 4500 liras turcas.

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Estos montos en dinero, que habría sido obtenido como ganancia de la venta de sustancias ilícitas, ya fueron depositados a una cuenta de la Senabico.

Caso Navis desmanteló la red de narcotráfico internacional

Datos obtenidos por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) daban cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que funcionaba en nuestro país, en la cual estaban involucrados paraguayos y un ucraniano.

El grupo paraguayo actuaba en coordinación con organizaciones extranjeras, siendo el primero el encargado de recibir las cargas en suelo nacional, puntualmente en la ciudad de Arroyos y Esteros para su posterior traslado a Eusebio Ayala, donde eran acopiadas para su remisión al exterior con productos lícitos, contaminados con la droga, siendo el destino final Europa.

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Siguiendo el esquema descrito, el 8 de enero de 2022, el grupo supuestamente dirigido por Fernando Balbuena recibió un cargamento en un predio de Arroyos y Esteros, que se habría concretado con dos vuelos irregulares, y para su posterior exportación se planificó la adquisición de empresas constituidas y modificarlas a fin de no levantar sospechas, para enviar la droga “contaminando” los contenedores con productos lícitos.

Es así que Fernando Balbuena, durante el tiempo de operación, actuó en concierto con varias personas, siendo el organizador de las actividades a llevar a cabo para concretar los negocios, tanto de recepción en Paraguay como el envío al exterior de sustancias. Llevaba realizando dichas actividades desde el 2019, siempre de acuerdo con la acusación.

Samaniego afirmó que existe preocupación ante la posibilidad de que la salida de especialistas termine abriendo paso a una mayor participación del sector privado para cubrir las necesidades que el sistema público ya no pueda atender.

“Me hablan de que esto puede ser un plan para que el sector privado actúe y cubra la necesidad del sector público, es decir, la tercerización, la privatización de la salud pública en nuestro país. Eso es inadmisible”, cuestionó.

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La senadora insistió en que el sistema sanitario estatal debe garantizar atención a toda la población, especialmente a las personas de menores recursos que dependen exclusivamente de los hospitales públicos.

“La salud pública en el Paraguay es para todos los paraguayos y paraguayas”, remarcó.

¿Qué cuestiona Samaniego al gobierno de Peña?

La legisladora también apuntó contra el Poder Ejecutivo por, según sostuvo, no haber instalado a tiempo una mesa de diálogo con los médicos.

Recordó que desde junio existía la posibilidad de iniciar conversaciones para buscar una salida al conflicto y cuestionó que, pese al discurso oficial sobre la voluntad de dialogar, hasta ahora no se ha presentado una contrapropuesta concreta a los planteamientos de los profesionales.

“Ellos tienen que hacer una contrapropuesta a la presentación de los médicos, que hasta hoy no se ha realizado”, afirmó.

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Samaniego también reclamó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía que analicen la propuesta que presentó para mejorar gradualmente las remuneraciones de los médicos.

Según explicó, su planteamiento contempla un proceso de siete etapas durante 14 meses, con el objetivo de establecer un piso salarial y avanzar posteriormente en la regularización de los vínculos laborales de los profesionales.

La senadora sostuvo que la propuesta fue elaborada con la participación de médicos y técnicos en economía y desafió al Ejecutivo a rechazarla formalmente si considera que no es viable, pero con argumentos.

“Quiero que me digan, Ejecutivo, quiero que me digan, ministra, ¿está bien o está mal? No podemos seguir así”, reclamó.

“No podemos aceptar la renuncia de ningún médico”

Samaniego puso especial énfasis en la salida de especialistas de áreas críticas y mencionó el caso de profesionales de cardiología, anestesiología y terapia intensiva del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

Advirtió que la pérdida de estos profesionales altamente capacitados podría generar un impacto grave en el sistema sanitario y, especialmente, en la atención de niños y recién nacidos. “No podemos aceptar la renuncia de ningún médico y, en particular, de estos médicos muy calificados”, sostuvo.

Para la senadora, el problema no puede ser postergado mientras se discuten soluciones estructurales como la carrera sanitaria.

Carrera sanitaria no resuelve la crisis inmediata

Samaniego reconoció que la carrera sanitaria y el escalafón pueden formar parte de una solución de fondo, pero consideró que no responden a la urgencia actual de los médicos. “Está bien, pero hoy los médicos quieren una solución a corto plazo”, manifestó.

La legisladora cuestionó además que el Ministerio de Economía haya argumentado que no existen recursos suficientes, sin presentar, según su denuncia, una cifra alternativa ni un cronograma para atender las demandas del sector.

En contrapartida, destacó que el proyecto de presupuesto contempla recursos para la adquisición de medicamentos y el pago de deudas del Ministerio de Salud.

Según los datos mencionados por Samaniego, el presupuesto total del Ministerio de Salud asciende a G. 18,2 billones, mientras que se prevén G. 2,4 billones para medicamentos, insumos y pago de deudas.

La senadora consideró necesario atender esas necesidades, pero cuestionó que no exista una respuesta similar para resolver el problema salarial de los médicos.

“Hay voluntad política cuando quieren”

Samaniego sostuvo que el conflicto podría encaminarse si existe voluntad política de ambas partes y volvió a insistir en que el diálogo debe comenzar cuanto antes. “Si hay voluntad política de ambas partes esto se soluciona con el diálogo”, afirmó.

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También criticó que el Gobierno haya dejado pasar dos meses sin instalar una mesa permanente de trabajo para discutir las reivindicaciones de los profesionales y evitar que el conflicto llegara al punto actual.

Mientras avanzan las renuncias de médicos nombrados y contratados, la senadora advirtió que la situación puede profundizarse si no se alcanza un acuerdo.

Su principal preocupación, sin embargo, apunta al efecto que la crisis puede tener sobre el carácter universal de la atención sanitaria. “Desde acá, desde la Cámara de Senadores, como integrante de la Comisión de Salud: la salud pública no se puede privatizar”, enfatizó Samaniego.

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, explicó que la medida fue adoptada tras el fracaso de las gestiones realizadas anteriormente.

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“Creemos que el director de Yacyretá, Luis Benítez, tendría toda la voluntad, pero sus subalternos no tienen intención de atender nuestros reclamos. El último cartucho que tenemos como organización es salir a la calle para exigir los compromisos asumidos”, señaló.

Reclamos concretos

El sector exige cupos laborales y participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cua, como compensación por la crisis que atraviesa la actividad pesquera.

Asimismo, reclama el cumplimiento de la ayuda nutricional y la entrega mensual de paquetes de alimentos, comprometidas mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná.

Los pescadores también solicitan la reposición de elementos de pesca dañados por la proliferación de algas.

Medidas se intensificarán

Ferreira anunció que este miércoles la movilización continuará con el cierre de media calzada en el puente de Atinguy y en la avenida ubicada frente a la sede de Yacyretá en Ayolas.

La medida de fuerza se mantendrá por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos del sector.

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Antecedentes

El reclamo del sector pesquero se prolonga desde diciembre de 2025, sin que hasta la fecha exista una solución concreta por parte de la EBY.

A finales de julio, los pescadores ya se habían manifestado y levantaron la medida en cuarto intermedio, a pedido de la entidad binacional, para avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, tras quince días sin respuestas ni reuniones, los dirigentes denunciaron que no fueron atendidos y que “no contestan llamadas ni mensajes”.

El 3 de agosto, el sector bloqueó el puente de Atinguy, pero tras nuevas promesas de diálogo levantó la medida.

“Yo no estoy de acuerdo con la ministra de Salud. Si no le tenía a un presidente como Santiago Peña, iba a estar en graves problemas. Tiene la suerte de tener un presidente que se involucra personalmente en la problemática”, dijo el legislador. Ante la pregunta de si el jefe de Estado termina haciendo la tarea que le corresponde a la cartera sanitaria, Aguilera asintió: “Y el Presidente hace el trabajo de la ministra”.

Al detallar las fallas de la gestión de Barán, el congresista señaló la falta de capacidad de negociación con los médicos en huelga. “Yo creo que este tema se podía haber evitado si se tenía cintura política, si había mayor apertura, si la señora se ponía a conversar más con los gremios médicos”, reprochó.

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Defensa a Peña y justificación de su presencia en el Rally

Las declaraciones de Aguilera buscan “lavar la cara” al presidente Santiago Peña, blanco de duras críticas ciudadanas luego de mostrarse bailando y disfrutando del Mundial de Rally en el departamento de Itapúa, en pleno apogeo del paro médico y la crisis hospitalaria.

Al ser abordado sobre la aparente indiferencia del mandatario ante el reclamo del gremio médico mientras participaba del evento deportivo, el diputado oficialista calificó la postura de la prensa como “una ridiculez total”.

“El Presidente de la República no puede dejar de gobernar por un conflicto que haya. Había un evento que es uno de los eventos de mayor importancia y trascendencia en todo el calendario, que el Presidente no podía estar ausente. Eso no significa que se haya desatendido el sector de salud”, justificó el parlamentario, asegurando que para ello están las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía.

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Postura sobre el presupuesto

Respecto a las exigencias de actualización salarial que reclaman los profesionales médicos y que derivaron en cientos de renuncias en el sector público, Aguilera defendió la postura del Ejecutivo de no ceder en el aspecto salarial y enfocarse únicamente en la compra de insumos.

El legislador calificó de “histórico” el anuncio sobre el incremento en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que pasará de US$ 105 millones a US$ 195 millones anuales para la adquisición de fármacos. Sin embargo, sobre el reclamo del salario piso para los médicos, remarcó que las pretensiones deben moderarse.

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“En una negociación alguien tiene que ceder (...) Hay una cuestión cierta: los recursos hoy no existen, entonces, les guste o no les guste, tenemos que ser graduales en este tema”, concluyó Aguilera.

Los afectados afirman que las alcantarillas del desagüe pluvial están trancadas debido a roturas y pérdidas registradas en la red del desagüe cloacal. El hedor en la zona resulta insoportable para los transeúntes y comerciantes que circulan a diario por el lugar. Los pobladores reclaman que ya hicieron reiterados reportes a la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), pero que no recibieron respuesta alguna.

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Ante la denuncia de los ciudadanos, ABC visitó el sitio y constató la presencia constante de fluidos estancados. Las aguas, de un color oscuro y de aroma insoportable, invaden el asfalto y taponan los registros destinados al drenaje de las calles. Esta acumulación permanente genera un foco de insalubridad frente a los inmuebles y comercios del área.

El temor principal de los pobladores radica en la eventual llegada de lluvias copiosas sobre la capital. Los vecinos advirtieron que, de no limpiarse el conducto, la red colapsará por completo. “Nos van a inundar con materia fecal”, manifestaron con preocupación al exigir intervenciones inmediatas en la zona.

Respuesta institucional de la Essap y deslinde de responsabilidades

Ante la consulta sobre la falta de respuestas a los reclamos a la Essap, desde su Dirección de Comunicación aseguraron que se derivaría la denuncia de forma inmediata al Departamento de Alcantarillado y que un equipo técnico acudirá hasta la intersección señalada para realizar la verificación correspondiente en el terreno.

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La inspección en el cruce de Mariscal Estigarribia y Antequera determinará el origen exacto del vertido acumulado. En caso de confirmarse que la falla corresponde a la red sanitaria, la reparación quedará a cargo de la Essap. Si se trata de agua acumulada por precipitaciones, el problema sería derivado a tareas de limpieza.

Desde la empresa estatal aclararon que la limpieza del drenaje pluvial no forma parte de sus funciones. Remarcaron que el mantenimiento y desobstrucción de los sumideros es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Asunción.

Desde la institución se comprometieron a remitir un reporte oficial tras completar las tareas de campo, en el que detallarán los hallazgos técnicos y las acciones requeridas para subsanar el problema denunciado.

Medina lanzó duras críticas contra la ministra de Salud, María Teresa Barán, y exigió su salida del cargo, al acusarla de mantener una actitud indiferente ante la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Esa sonrisa sarcástica de la ministra no podemos perdonar. Pedimos que renuncie ya; si no va a renunciar, que se le eche. Probablemente no solucionemos con eso, pero no podemos permitir que una persona que no piense en su población esté al frente de la institución”, manifestó.

“Es el peor de los gobiernos”

Medina afirmó que el Hospital Regional de Ciudad del Este atraviesa uno de los peores momentos de su historia y calificó al Gobierno del presidente Santiago Peña como “el peor de los gobiernos que hemos tenido”.

La dirigente sindical dijo que lleva aproximadamente 20 años vinculada al Hospital Regional, desde su etapa de formación, y aseguró que nunca había vivido una situación similar.

Para Medina, los médicos se vieron obligados a “remar contra la corriente” para evitar que los pacientes queden desamparados, pero aseguró que el desgaste físico y mental llegó a un límite.

En ese contexto, anunció incluso que puso a disposición su cargo como jefa del Servicio de Cirugía General, después de ocho años al frente del área. Asimismo, ayer fueron presentadas las renuncias de 12 cirujanos, 6 cirujanos infantiles y 12 especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica.

Pacientes respaldan a los médicos

Alicia Fernández, madre de un paciente pediátrico internado, relató las dificultades que enfrenta diariamente para conseguir los medicamentos recetados. Afirmó que muchas familias deben hacer enormes sacrificios para cubrir las necesidades de sus seres queridos.

“Llegamos al extremo de no desayunar, de no almorzar, para que a nuestra familia no le falte ningún medicamento”, expresó.

La mujer aseguró que la farmacia está vacía e incluso faltan elementos básicos para la atención médica, como jeringas y gasas.

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La presentación, encabezada por la doctora María Cristina Ghezzi, jefa del servicio de Pediatría ante la plenaria presidida por el doctor Isaías Fretes, puso sobre la mesa los avances en la descentralización asistencial, pero también expuso de manera cruda las deudas históricas con los profesionales de la salud.

​Pediatría del IPS: Moderna “casa nueva”

​El informe giró en torno a las nuevas instalaciones de la Urgencia Pediátrica del Hospital Central, cuya construcción inició en 2025 y concluyó con el traslado de los servicios entre los meses de marzo y abril de este año. El área cuenta ahora con 37 unidades de internación completamente nuevas, baños sexados, una sala de trabajo médico renovada y un espacio de enfermería optimizado para la atención directa de los asegurados.

​Entre los logros técnicos destacados por la doctora Ghezzi, ​se encuentra la consolidación del sistema RAC (Recepción, Acogida y Clasificación), un triage informatizado pionero en el Hospital Central que permite categorizar la gravedad de los pacientes pediátricos y derivarlos con precisión a consultorios o a la sala de reanimación.

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​Asimismo, resaltó el funcionamiento de la Sala de Observación Abreviada, un modelo asistencial de alta eficiencia con estancias de hasta seis horas que incluye carro de paro y stock de medicamentos propio, evitando que los familiares deban peregrinar hacia la farmacia interna. Ghezzi indicó que mediante este dispositivo se resolvió 3.674 consultas en su primer semestre y se proyecta replicarlo en centros asistenciales del interior para fomentar la descentralización.

​El reverso de la moneda: Déficit de personal y “maltrato institucional”

​A pesar de los elogios del Consejo de Administración hacia el compromiso del equipo médico, la exposición develó cifras preocupantes a la dotación de personal. Actualmente, el servicio cuenta con 61 médicos (53 contratados y apenas 8 nombrados) y 83 enfermeros (80 contratados y 3 nombrados).

​La jefatura del departamento advirtió que existe un déficit operativo inmediato de 10 médicos de guardia para cubrir la demanda real. Durante el debate, la situación escaló a un plano crítico cuando se analizó el perfil de estos profesionales: médicos especialistas que completan hasta cinco años de postgrado tras la carrera de grado y que continúan en condición de contratados.

​El presidente del Consejo, Isaías Fretes, calificó tajantemente esta situación como un ejemplo de “maltrato institucional”. Durante la sesión, Fretes cuestionó que profesionales con subespecialidades de alta complejidad no cuenten con estabilidad laboral, comprometiendo a la administración a gestionar reivindicaciones para el sector.

​Descentralización y proyección histórica

​El informe de Pediatría detalló también el avance del plan de descentralización iniciado hace un año en el Hospital 12 de Junio, replicando esquemas de internación y capacitando planteles en Encarnación y Ciudad del Este, con miras a sumar próximamente a Coronel Oviedo. Estas acciones buscan potenciar las consultas ambulatorias mediante telemedicina y unificar protocolos de derivación segura desde el interior del país.

​Para cerrar la presentación, el servicio propuso formalmente que la inauguración oficial de las nuevas instalaciones se realice el próximo 25 de noviembre, fecha en que la urgencia pediátrica cumplirá 30 años de labor ininterrumpida. La propuesta dio pie a un momento de reivindicación histórica impulsado por la presidencia del consejo, que sugirió vincular la fecha al legado de la doctora Melania Brítez Caballero, la primera médica pediatra del Paraguay y miembro fundadora de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, quien sirvió en el frente durante la Guerra del Chaco.

​El informe deja en evidencia que, si bien el IPS ha dado un salto cualitativo e indispensable en materia de infraestructura edilicia y modelos de atención rápida para la infancia, la sostenibilidad del sistema sigue pendiendo del esfuerzo sobrehumano de un plantel profesional subcontratado y numéricamente insuficiente, cuyos reclamos de estabilidad y equipamiento aguardan respuestas concretas del Consejo de Administración.

La propuesta solicita a los congresistas la autorización para elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB durante 2027. Cabe recordar que la LRF establece como regla un déficit máximo de 1,5% del PIB, sin embargo, el Gobierno plantea una excepción para 2027 y promete volver al límite desde 2028.

La deuda pendiente aparece en el centro del presupuesto

El Poder Ejecutivo explica que el mayor déficit responde, en parte, a obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores, ya que el Estado tiene cuentas pendientes y el presupuesto 2027 incorpora recursos para atenderlas. En el documento se considera que este efecto será extraordinario y temporal. El pedido llega en un momento en que la deuda pública alcanzó US$ 21.947 millones a junio de 2026, equivalente al 34,4% del PIB.

¿En qué se gastará el dinero?

El presupuesto coloca buena parte de los recursos en áreas como salud, educación, protección social, obras públicas, energía y seguridad .

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Salud recibe más recursos

En el desglose por entidad, el presupuesto detalla que, para el Ministerio de Salud Pública se contempla G. 18,2 billones (unos US$ 2.818,2 millones). El proyecto agrega otros G. 6,3 billones (unos US$ 975,5 millones) para compromisos financieros del sistema sanitario y G. 2,4 billones (unos US$ 371,6 millones) para medicamentos e insumos médicos.

También explica que para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se proyecta que tendrá G. 1,2 billones (unos US$ 185,8 millones), mientras atención primaria de la salud contará con G. 434.000 millones (unos US$ 67,2 millones).

Educación y Hambre Cero también ganan espacio

El proyecto entregado al Congreso también detalla que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendrá G. 10,4 billones (unos US$ 1.610,4 millones). El proyecto incorpora G. 194.000 millones adicionales (unos US$ 30 millones) para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones (unos US$ 9 millones) para el escalafón docente.

Para uno de los programas emblemas de esta administración denominada Hambre Cero se tendrá G. 3,2 billones (unos US$ 495,5 millones), con una meta de 986.194 niños y niñas y 335 millones de raciones para 2027.

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La apuesta por rutas, energía y seguridad

El proyecto presentado este martes al Congreso también proyecta que para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se contará con G. 9,2 billones (unos US$ 1.424,6 millones), incluidos G. 2,3 billones adicionales (unos US$ 356,1 millones) para rutas, mantenimiento, dragado, agua y saneamiento.

En tanto que, para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se calcula que tendrá G. 15 billones (unos US$ 2.322,7 millones) para proyectos eléctricos. Para seguridad, el Ministerio del Interior contará con G. 5,5 billones (unos US$ 851,7 millones), con recursos adicionales para comisarías, combustible y beneficios del personal policial.

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“Sin lugar a duda, el sistema de salud pública hoy atraviesa la crisis más profunda de la historia reciente. No hay medicamentos ni estudios en los hospitales, el IPS está desfinanciado, se adeuda a los proveedores de medicamentos”, dijo el diputado Adrián “Billy” Vaesken.

El parlamentario justificó la presentación del proyecto de ley, que de todos los impuestos que se tienen en el país, el impuesto selectivo al consumo del tabaco es el más injusto para el Paraguay.

Vaesken indicó que el tabaco genera más de 300 millones de dólares anuales de gasto al Estado, y solo ingresa 50 millones de dólares al arca del Estado por las ventas.

Según el proyecto de ley se establece incrementar en un 10% la tasa vigente en el artículo 115 de la Ley 6380/20, elevando el ISC al tabaco del 22% al 32% del precio final.

Vaesken indicó que se seguirá manteniendo muy por debajo del rango del 40% al 60% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) como media regional.

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En cuanto al sistema de distribución que se haría con dicho dinero que ingrese a las arcas del Estado, el proyecto propone que sea destinado al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos, al pago de deudas a proveedores farmacéuticos para restablecer la cadena de suministro, y un fondo de reivindicación salarial del personal de salud.

“Hemos presentado con un grupo de colegas. Buscamos la solución, miramos de dónde podemos sacar recursos, porque plata es lo que no hay. Consideramos que el tabaco gasta más en el Estado de lo que se recauda”, sostuvo el liberal.

Santi odia y desprecia a los pobres

Durante la presentación del proyecto de ley, Adrián “Billy” Vaesken indicó que Santiago Peña y su entorno, antes que buscar solucionar la crisis sanitaria se pasaron disfrutando del rally como unos ricos pyahū.

El liberal cuestionó que mientras las autoridades se paseaban por Itapúa demostrando su total desprecio hacia las necesidades de los pacientes en los hospitales se acentuaba la crisis con la renuncia de los médicos.

“El presidente se duplicó la cantidad de viáticos, pero no destinó dinero a salud. El presidente Peña y su entorno demostraron el odio y el desprecio que tiene a la gente que más necesita, a los médicos a sus pacientes. Ese odio y desprecio no tiene nombre”, lamentó el liberal.

Con 64 votos a favor (incluidos varios liberales), se dio la elección de Camilo Benítez para el periodo 2026-2031 al frente de la Contraloría. La candidata Mabel Bogado Oviedo (PLRA), propuesta por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, FR) obtuvo solo 2 votos.

En el caso de Armindo Torres, fue electo con 49 votos a favor, mientras que los liberales votaron de manera testimonial por Augusto Paiva, que tuvo 16 votos.

El mandato de ambos irá desde el 2 de noviembre de este año al 1 de noviembre de 2031.

Sobre todo, opositores cuestionaron la reelección de Camilo Benítez, al que tildaron como el “campeón del medallero cartista” de persecución a enemigos, “garrotero” contra opositores y “blanqueador” al servicio del cartismo.

Pese a tener claro que tenían ambas elecciones perdidas, la mayoría de los liberales igual se quedaron a simular “legitimidad” a una elección que la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) describió como un “show”, ya que el desenlace estaba cantado hacia el copamiento cartista.

Con esta reelección de Camilo, el cartismo “viene a premiar a un ordenanza”, dijo el diputado Raúl Benítez, quien consideró que el apoyo del cartismo es “la premiación del que juntó las medallas de persecución” a la oposición.

Mencionó puntualmente los casos del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro (sobreseído), la exsenadora expulsada Kattya González (denuncia desestimada) y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (en proceso de juicio oral), algo en lo que coincidió con varios de sus colegas opositores como Johanna Ortega (Partido País Solidario).

“Es más urgente reelegirle al garrotero político de la oposición (Camilo Benítez), a quien sistemáticamente se ha dedicado a responder con garrote a la oposición”, sostuvo Ortega

También instó en vano a los liberales a hacer el vacío para no legitimar una elección marcada por el autoritarismo y la falta de espíritu democrático.

“Yo me voy a retirar y respondo por mí, por supuesto. Pero apelo a la reflexión de los colegas (a que también se retiren). No es justo que esta mayoría use su mayoría para consolidar su poder en Contraloría, a través de Camilo Benítez y sus secuaces, para seguir persiguiendo opositores y que por migajas cuenten con otros (para legitimarlo)”, dijo Ortega.

Finalmente también cuestionó cómo es que supuestamente pretenden que el “compañero de padel” del presidente de la Repùblica, Santiago Peña supuestamente sea quién lo controle en su gestión.

Otra que apeló a no acompañar una “show” fue la diputada Vallejo, antes de la votación ya señaló que el resultado sería el copamiento colorado.

“No me voy a quedar a validar porque esto ya está decidido. Esto ya está decidido. La Contraloría va a ser 100% colorada. Por ende, todos los directores de todas las direcciones van a ser colorados 100%. Y el control es tan importante que sea plural, que haya objetividad y que puedan estar los técnicos de todos los colores, pero esto ya está decidido”, dijo antes de retirarse en protesta antes de la votación.

Lamentó igualmente que la mayoría cartista no haya entendido la importancia de la pluralidad en una democracia que ya de por si está muy debilitada.

“Es una pena que no se haya entendido la importancia que en una democracia tiene la pluralidad. Vuelvo a reiterar, ya lo decía en estos días, que está en el preámbulo de la Constitución, por si algunos no leen, la pluralidad. La constitución habla de democracia pluralista, eso no significa democracia colorada”, insistió.

“Entero vea presidente. No sé si entienden guaraní. ¿para qué pues vamos a quedarnos acá? A validar un show" concluyó la diputada Vallejo.

Entre sus argumentos a favor tanto de Camilo Benítez como de Armindo Torres los cartistas afirmaron que supuestamente no tenían críticas a su actual gestión, e incluso, para justificar el copamiento, el vicelíder de bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera, apeló a un argumento claramente falaz de que, supuestamente la oposición ya había tenido una contraloría afín en el gobierno de Fernando Lugo.

La diputada Ortega se encargó luego de remarcar la falacia, recordando que en el gobierno de Lugo, el contralor fue el oviedista Rubén Velázquez Gadea, que no era aliado del gobierno y en ese entonces Unace era tercera fuerza, por lo que no existió copamiento.

La “muerte de la democracia” y jugada detrás

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, FR) también apuntó que esto podría considerarse el “inicio del fin de la democracia” en nuestro país y adelantó una posible jugada detrás de este copamiento: que a mitad de mandato, vuelvan a premiar a Camilo Benítez.

“Probablemente esta decisión sea el inicio del fin de la democracia”, ya que el sistema democrático establece que quién gana las elecciones se encarga de adminsitrar y el que pierde de controlar a la gestión en el poder.

“¿Cómo es que este contralor de extracción colorada y el subcontralor a quien van a elegir también, quienes blanquearon a Santiago Peña (con un examen de correspondencia), probablemente sean su regalo, su premio por ese blanqueamiento, van a controlar a su mismo correligionario?“, cuestionó Vaesken.

Ante esto, alertó que la única explicación lógica es que los cartistas pretenden premiar más adelante a Camilo Benítez, presuntamente con el cargo de ministro de Corte, por lo cual es fundamental para ellos que otro colorado esté en la línea de sucesión en la Contraloría.

“Este señor Camilo Benítez no va a terminar su periodo constitucional de 2026-2031, que probablemente va a ir a otro cargo. Y la idea es que este señor (Armindo Torres) pueda quedarse con la titularidad de la Contraloría General de la República. Ese es el camino que hoy probablemente estén tratando, y consolidando, lo que confirma que este gobierno Cartes-Peña está prácticamente extinguiendo la institucionalidad de la República, la democracia y convirtiendo a los organismos de los tres poderes en un verdadero club de amigos”, sostuvo Vaesken.

Liberales terminaron siguiendo el juego de los colorados

El líder de la multibancada liberal, Rodrigo Blanco (PLRA), en vano y a sabiendas de que perderían intentó supuestamente apelar a la “conciencia” de los colorados cartistas, remarcando incluso extractos de las actas de la asamblea nacional constituyente que redactó la constitución de 1992.

En ese sentido, recordó que el espíritu de los constitucionalistas fue establecer un sistema de control mutuo y en equilibrio de poderes, lo cual ahora se quiebra con estos copamientos.

Sin embargo, igualmente varios liberales terminaron votando por Camilo Benítez y son los siguientes:

• Ariel Villagra
• Pastor Vera Bejarano
• Graciela Aguilera
• María Constancia Benítez
• Del Pilar Vázquez
• Jorge Avalos Mariño
• Roya Torres
• Marcelo Salinas
• Dalia Estigarribia
• Rodrigo Blanco Amarilla
• Luis “Fredy” Franco
• Juan Manuel Acevedo
• Cleto Giménez
• Pedro Gómez
• Alexandra Zena (Cruzada Nacional)

En la zona se registró un choque frontal entre un vehículo particular y un tractocamión. El conductor del vehículo más pequeño perdió la vida a raíz del hecho.

La víctima fatal fue identificada como Alfredo Javier Adaro Benítez (45), quien vivía en la mencionada ciudad y manejaba una SUV Hyundai Creta con chapa AAPT 595.

El otro vehículo involucrado fue un camión de la marca Scania, tipo tractocamión, guiado por Andrés Jara Irala (36), quien quedó aprehendido.

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Accidente en una curva

Según datos policiales, los uniformados intervinientes encontraron ambos vehículos con importantes daños materiales y al momento de inspeccionar el estado de Adaro Benítez, este ya se encontraba sin signos de vida.

Asimismo, según informaciones recopiladas y lo declarado por el conductor del camión, él iba con dirección a la ciudad de Encarnación y en una curva presentada en el trayecto se produjo el impacto frontal entre ambos vehículos. Además de la Policía, el Ministerio Público también tomó intervención en el caso.

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La aerolínea GOL Líneas Aéreas anunció la habilitación de una ruta estacional entre Asunción y Florianópolis, operada sin escalas durante la temporada estival. La conexión estará disponible hasta el 14 de febrero de 2027 y contará con dos frecuencias semanales, programadas para los días martes y sábados.

El enlace aéreo busca cubrir el notable incremento de pasajeros hacia el estado de Santa Catarina durante el verano. Según datos de la compañía, el trayecto entre la capital paraguaya y Florianópolis se posiciona en el quinto lugar de demanda entre ambos países, llegando a cuadruplicar su volumen de pasajeros durante los meses de enero y febrero.

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En abril de este año, la Dirección Nacional de Migraciones había reportado que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un total de 191.477 compatriotas tuvieron como destino declarado al país vecino, ya sea por turismo, trabajo o estudios.

Con esta oferta de vuelos directos, los veraneantes podrán reducir considerablemente los tiempos de traslado. Además de funcionar como acceso a la conocida “Ilha da Magia”, el aeropuerto de Florianópolis facilita el desplazamiento hacia otros destinos turísticos del litoral catarinense.

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La nueva oferta aérea directa también permitirá a los viajeros acortar tiempos de viaje evitando escalas, al tiempo que alivianará el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que durante las primeras semanas de enero llega a registrar más de 32.000 movimientos de salida.

La ruta también prevé fomentar la llegada de turistas brasileños hacia la capital paraguaya.

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Asunción-Floripa: horarios y frecuencias de vuelos de Gol

Los vuelos serán operados en aeronaves Boeing 737, con el siguiente esquema de itinerarios:

Martes

• Salida de Florianópolis a las 23:50 | Llegada a Asunción a las 02:05 (del miércoles).
• Salida de Asunción a las 02:55 | Llegada a Florianópolis a las 05:05.

Sábados

• Salida de Florianópolis a las 18:30 | Llegada a Asunción a las 20:45
• Salida de Asunción a las 21:45 | Llegada a Florianópolis a las 23:55

Avianca apuesta por Paraguay y anuncia vuelos diarios entre Asunción y Bogotá

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en Paraguay, que recientemente también ajustó sus frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro para mejorar las conexiones internacionales con destinos como Nueva York y otras ciudades del continente.

Tras recibir el expediente de la causa abierta por el millonario desvío descubierto en el año 2016, la magistrada Sostoa ordenó la captura de Cosme Roa y su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

Sala penal rechaza recurso contra condena a exdirectivos de APA

Orden de captura internacional contra Cosme Alcibiades Roa, desde 2024

La magistrada dio a conocer su decisión a través de a través del auto interlocutorio (AI) N° 410, del 7 de marzo de 2022 y ante la renuencia del condenado en presentarse ante la justicia, el 26 de enero de 2024, el Juzgado libra oficio al Departamento de Interpol de la Policía Nacional a fin de ordenar la captura internacional.

Posteriormente, el juzgado reiteró la orden de captura de Roa el 15 de enero de 2025 y el 2 de febrero de 2026, sin éxito.

Condenan a exdirectivos de APA por desfalco de G. 20.000 millones

“Con el objeto de procurar el cumplimiento efectivo de la condena que le fuera impuesta al condenado Cosme Alcibiades Roa, en razón a que, a la fecha se encuentra firme y en etapa de ejecución; y teniendo en cuenta, que ya se había librado oficio correspondiente a la Policía Nacional para la captura del mismo, no obrando comunicación alguna sobre la privación de libertad a la fecha; corresponde reiterar la orden de captura del condenado en todo el territorio de la República del Paraguay”, explica la jueza, en su AI N° 1.238.

APA tuvo perjuicio de G. 20.000 millones

Cosme Alcibiades Roa y Luis Barrientos, expresidente y exsecretario de Autores Paraguayos Asociados (APA), fueron condenados a 6 y 4 años de prisión por el desvío de G. 20.000 millones, ocurrido entre los años 2012 y 2016, en un juicio oral y público que concluyó en noviembre del 2019.

Confirman condenas a exdirectivos de APA

El Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Peña e integrado por Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga encontró culpable a Roa por haber cometido los hechos punibles de lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio.

Por su parte, Barrientos fue condenado por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas electrónicos en carácter de instigador, debido a que el día de la intervención judicial en APA se manipuló el sistema de circuito cerrado.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.016 del cauce hídrico, en jurisdicción de la provincia de Corrientes, Argentina. Aguilera León se encontraba cumpliendo tareas de monitoreo a bordo del remolcador junto a un compañero de labores. Durante el procedimiento, la embarcación auxiliar en la que se desplazaban sufrió un desperfecto mecánico y fue arrastrada por la corriente de la zona.

Poco tiempo después del hecho, el cuerpo de su compañero fue hallado sin vida por otros tripulantes. Sin embargo, de Ricardo no se ha obtenido ningún rastro hasta el momento. Ante la desesperante situación, cuatro familiares del marino viajaron hasta la provincia argentina para supervisar, acompañar y colaborar en los intensos rastreos que se realizan diariamente.

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Piden que la búsqueda no se detenga

En conversación con ABC, Elvio Aguilera, hermano de la víctima, manifestó su preocupación debido a la falta de respuesta y acompañamiento de las autoridades locales de nuestro país. Hasta ahora, según relató, la búsqueda está a cargo de la Prefectura Argentina, pero con el transcurrir de los días, los esfuerzos disminuyen, explicó.

La familia apela a la intervención del gobierno paraguayo y los organismos consulares para brindar asistencia institucional y garantizar que la búsqueda en aguas argentinas continúe de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de Ricardo.

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Los detenidos fueron identificados como Derlis Gustavo Almada Benítez, de 36 años, y Blasido Paredes Ojeda, de 44 años. Ambos fueron localizados durante un procedimiento realizado en un camino vecinal de la compañía Santo Domingo, distrito de Independencia.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la compañía Santa Cecilia de Independencia, donde un ciudadano alemán de 40 años fue despojado de dinero en efectivo y teléfonos celulares, según explicó el jefe de Investigaciones de Guairá, comisario Jorge Mazacotte.

A partir de ese hecho, los investigadores identificaron un inmueble donde presumían que podrían encontrarse elementos relacionados con el asalto. El lugar fue allanado durante la mañana del 28 de agosto, por disposición judicial.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la compañía Santo Domingo, también de Independencia, propiedad de Derlis Gustavo Almada Benítez. La comitiva policial ingresó al inmueble con una orden de allanamiento y procedió a verificar las diferentes dependencias.

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Durante la intervención fueron incautadas varias armas de fuego y de fabricación casera, además de armas de aire comprimido e imitaciones de pistolas. Entre las evidencias figuran una pistola calibre .45, una pistola Taurus, un revólver calibre .22 y un rifle calibre .22 de fabricación casera.

También fueron encontrados dos rifles de aire comprimido, una pistola de aire comprimido de procedencia taiwanesa y municiones para diferentes armas y calibres.

Los investigadores igualmente encontraron varios teléfonos celulares, una tablet, una memoria de 64 GB, un microchip, un binocular y una mochila, además de diversas herramientas.

Entre las prendas incautadas había dos pasamontañas, guantes, un quepis, pantalones oscuros, un pulóver verde y una campera negra. La Policía considera que estos elementos podrían aportar información para establecer la participación de los sospechosos en otros hechos.

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El comisario Mazzacotte señaló que algunas de las evidencias ya fueron reconocidas por personas afectadas por anteriores robos. Como ejemplo, mencionó un rifle de aire comprimido que habría sido sustraído de una ferretería de Independencia.

A esto se suman las imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas durante las investigaciones de hechos anteriores. Según el jefe policial, los investigadores revisaron fotogramas de los videos y encontraron coincidencias entre las prendas utilizadas durante los asaltos y las ropas incautadas durante el allanamiento.

Uno de los hechos que se busca esclarecer ocurrió en la compañía 3 de Noviembre de Paso Yobai, donde una familia alemana fue víctima de un robo agravado. Los investigadores también analizan un asalto ocurrido en una ferretería de la colonia Independencia.

Mazzacotte indicó que, hasta el momento, los dos detenidos estarían vinculados a al menos cuatro hechos delictivos. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los agentes revisan nuevas imágenes de cámaras de seguridad para determinar si los mismos individuos tuvieron participación en otros robos registrados en la zona.

Los procedimientos fueron realizados en prosecución de la causa caratulada como supuesto robo agravado en Independencia, bajo la dirección de la fiscal Rocío Rivas. La orden de allanamiento fue emitida por el juez Porfirio Martínez López.

Tras su detención, Almada Benítez y Paredes Ojeda fueron trasladados para una inspección médica en el Hospital Distrital de Independencia y posteriormente derivados a la Comisaría 14ª de Melgarejo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Carrillo y Correa fueron abatidos el pasado 14 de agosto en un confuso operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El Ministerio del Interior reportó inicialmente el hecho como un “enfrentamiento” y aludió a supuestos indicios de que los fallecidos estaban vinculados a la organización criminal liderada por el presunto narcotraficante Felipe Acosta, alias ‘Macho’.

Sin embargo, miembros de la comunidad Tekoha Y’apo niegan que haya habido un enfrentamiento y describen lo ocurrido como un ataque a traición. También disputan la alusión a supuestos vínculos de Carrillo y Correa con el crimen organizado y alegan que sus muertes están relacionadas a una disputa por tierras que la comunidad mantiene con propietarios de una estancia.

“Les ejecutaron”

Entre las personas que se pronunciaron hoy sobre el caso ante los senadores estuvo Esmilce Saucedo, esposa de Antonio Carrillo, quien afirmó que su pareja y Correa fueron “asesinados y torturados sin piedad”.

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“Les ejecutaron, no hubo enfrentamiento”, manifestó la mujer, quien alegó que luego hubo un “montaje” de evidencia para sustentar la versión de las fuerzas de seguridad sobre los hechos.

Advirtió que la comunidad no parará en su búsqueda de justicia.

Piden interpelar a “criminal y terrorista” Rachid

Por su parte, Mario Saucedo, nuevo líder de la comunidad originaria, hizo un llamado a que el Senado interpele al ministro de la Senad, Jalil Rachid, a quien calificó como “criminal y terrorista”.

Llamó también al presidente Santiago Peña a destituir al titular de la Senad y pidió que este sea investigado por lo ocurrido en Corpus Christi.

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Luego de la audiencia, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) publicó en redes sociales un mensaje diciendo que “el Estado debe responder con verdad, justicia y pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios”.

“La violencia y la impunidad no pueden ser la respuesta oficial ante los reclamos de las comunidades indígenas”, añadió.

La escena contrasta con el anuncio realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pasado 19 de agosto, cuando informó sobre la liberación de 12 inmuebles que, según la institución, permitiría ampliar el frente de obras del paso superior previsto en este punto de la ruta PY02.

La semana pasada, parte de la calzada derecha, en el sentido hacia Asunción, permanecía bloqueada debido a los trabajos y se observaba intervención sobre la vía. Sin embargo, este martes dicha afectación ya no se registra y el recapado de ese sector aparentemente culminó.

El punto que llama la atención ahora es la escasa presencia de trabajadores y la falta de actividad visible en el frente de obra, pese a que el MOPC había señalado que la liberación de los terrenos permitiría el ingreso de maquinarias y la continuidad de los trabajos.

MOPC anunció un nuevo frente de obras

El 19 de agosto, el MOPC informó que se concretó la toma de posesión de los 12 inmuebles mediante una orden judicial dictada dentro del proceso de expropiación. Los terrenos corresponden a MOCIPAR (Modelos de Ciclos Particulares S.A.), actualmente en proceso de quiebra.

De acuerdo con el Ministerio, la incorporación de estos terrenos permitiría disponer del área necesaria para avanzar con la infraestructura prevista en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo.

Tras la diligencia judicial, equipos de topografía realizaron la marcación del área y, según el anuncio oficial, se habilitó el ingreso de maquinarias y el inicio de los trabajos durante esa misma jornada.

El proyecto contempla la construcción de un paso superior que reemplazará al semáforo que se tenía, además de una pasarela peatonal elevada. La obra busca separar el tránsito vehicular del desplazamiento de peatones y reducir los puntos de conflicto en uno de los sectores de mayor circulación de la ruta PY02. Según el MOPC, la infraestructura beneficiará aproximadamente a 56.000 personas y permitirá mejorar la seguridad vial, la circulación y la conectividad.

Sobreviviente del trágico accidente en cruce de Pedrozo relata su testimonio

Rutas del Este asegura avances en Pedrozo

Carolina Pico, encargada de Comunicación de Rutas del Este, informó que los trabajos de pavimentación para la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración en el cruce de Pedrozo concluyeron el pasado viernes.

Según explicó, actualmente se avanza con la señalización horizontal y vertical del cruce, además de la construcción de veredas y cunetas revestidas. Paralelamente, se ejecutan tareas de mejoramiento en los caminos de las colectoras y trabajos de terraplenado en el sector del Paso Superior.

No obstante, pese a los avances anunciados por la empresa, el reducido movimiento de trabajadores observado en el sector genera cuestionamientos sobre el ritmo de ejecución de las obras, especialmente teniendo en cuenta la importancia de este punto de la Ruta PY02 y los reclamos existentes por las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Obras de Pedrozo: en el oparei?

El diputado Benítez mencionó que, lejos de plantear soluciones a los médicos, este gobierno claramente decidió apelar al ataque, usando la red de “campaña sucia” presuntamente ligada al gobierno de Peña, donde se sospecha que utilizaban recursos públicos para atacar a políticos opositores y disidentes, así como a medios de prensa y periodistas.

“Cuando el reclamo (de los médicos) no se pudo tapar, se los atacó. Cuentas truchas, ni siquiera son hurreros digitales, rastreros digitales. La misma operación de siempre, pagada para ensuciar a quien cura gente. Y no sería la primera vez que utilicen plata pública para financiar campañas de odio contra quienes incomodan”, refirió Benítez.

El mismo enfatizó que el gobierno recurre a estas estrategias, ya que está acorralado por su propia culpa, por ser “el peor gobierno”, ya que las únicas salidas reales que tiene son: o cortar sus privilegios o tocar intereses de su “patrón”, como ser por ejemplo el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco,

“Como el cartismo está encerrado en una esquina por los médicos; y por la izquierda, si salen, tienen que tocarle a su patrón (Horacio Cartes); por la derecha, si salen, tienen que tocarle a sus funcionarios, a su gente, a sus nepobabies, están encerrados entre la espada y la pared. Señores, ustedes se encerraron solos y hoy dicen: ‘Hay que dialogar’”, sostuvo.

El legislador respaldó uno de los argumentos centrales de la protesta de los médicos, que reivindicaban que “si no se robara tanto desde el Gobierno, la plata alcanza” para salud.

“¿Por qué no hay plata para salud pública? Porque está comprometida en otro lado. En una caja parlamentaria con un déficit millonario que algunos defienden como si fuera un derecho adquirido. En sueldos de las binacionales que multiplican por 10 lo que gana un médico de guardia. En cargos que se reparten por lealtad partidaria y no por mérito. Y también muy concretamente en un impuesto al tabaco que en Paraguay sigue como el más bajo de la región y que nadie se anima a tocar, porque tocarlo es tocar un negocio con nombre y apellido en este país. Ahí está la respuesta", sostuvo.

El “peor gobierno” de la historia

En otro momento, en respuesta al vicelíder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, que pretendió alegar como defensa de Peña que recibió un sistema de salud en ruinas y que supuestamente está empeñado en mejorarlo, le retrucó con números, ratificando que este efectivamente es el “peor gobierno de la historia democrática” en materia de salud.

“Ni en pandemia se vivió el nivel de falta de medicamentos y falta de insumos que se escucharon los 3 años que estuvimos acá, y que todos los días empeoran”, le señaló Benítez.

Ante el intento de Aguilera de culpar a los anteriores gobiernos y compararlos, Benítez ni siquiera hizo referencia a que parte de esos gobiernos fue el de su líder Horacio Cartes, sino que le retrucó con datos del gobierno de Fernando Lugo.

“Está superbien que compare con la gestión de la oposición que tuvo un periodo. En ese mismo periodo se aumentó 60 % el salario de los médicos. En ese mismo periodo se ahorraron US$ 11 millones en compra de medicamentos. Se bajó también el gasto del bolsillo de la gente en un 60 %. Busquen datos del Banco Central del Paraguay. Pero para eso hay que saber leer datos. No, es que hay que saber leer relatos”, señaló Benítez.

Otras localidades también tuvieron descenso como Humaitá, con una bajante de 7 cm quedando en 2,10 m, y Pilar, con una disminución de 6 cm alcanzando 2,59 m. En un segundo rango de mayor caída se ubican Bahía Negra, Concepción, Alberdi y Puerto Ladario, todas con una reducción de 3 cm en la última jornada.

Por otra parte, los distritos que presentaron la menor variación negativa, con una leve disminución de apenas 1 cm, fueron Fuerte Olimpo (3,79 m), Vallemí (2,72 m), Rosario (1,45 m) e Itá Enramada (1,35 m). Asimismo, los puntos de Puerto Murtinho (2,94 m), Isla Margarita (2,94 m) y Puerto Antequera (1,54 m) no experimentaron variaciones en sus niveles, manteniéndose sin cambios.

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El Niño estaba previsto para agosto, pero aún no llega

El fenómeno El Niño estaba previsto para los últimos días de agosto; sin embargo, el informe revela que el aumento en el nivel de los ríos se mantiene a la baja.

Según Meteorología se prevé que las lluvias intensas comiencen a darse en los últimos días de septiembre, lo que provocaría el aumento gradual en los niveles de los ríos.

En cuanto a la etapa crítica, podría darse entre septiembre y octubre, cuando las precipitaciones se presentarían por encima de los niveles normales, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y desbordes de ríos en zonas vulnerables y ribereñas.

Por el momento, no se registran aumentos significativos, lo que indica que sería la antesala al fenómeno que llegaría en días más.

Los médicos especialistas renunciantes son las terapistas neonatales, doctoras Cristina Gamarra, Laura Ibáñez y Mónica Denis, además del doctor Luis González, cirujano pediátrico.

La información fue confirmada por el doctor Lisandro Riveros, referente del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en la zona. Las dimisiones ocasionarían graves consecuencias teniendo en cuenta que eran los únicos en sus respectivas especialidades en Amambay.

¿Cuál es la postura institucional?

Hasta el momento, ninguna autoridad local de salud pública se pronunció sobre el caso por lo que se desconoce qué estrategias serán utilizadas para contener un eventual colapso del sistema de salud en esta parte del país.

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Agregó que quizás se pueda dar atención sin una infraestructura, pero no sin médicos, insumos y medicamentos y sugirió al presidente Santiago Peña que deje de construir hospitales si los médicos le están renunciando.

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“¿Cómo va a hacer con estos hospitales nuevos, sin insumos y sin médicos? ¿De qué le sirve a Santiago inaugurar hospitales nuevos si no tienen médicos? No sirve la hermosa infraestructura si no tenemos médicos. Nos estamos quedando sin médicos especialistas y esto no se inventa de la noche a la mañana", dijo la diputada Vallejo.

¿Cuánto se gastó en el rally?

La parlamentaria indicó que mientras los hospitales se quedaron desabastecidos se gastaron millones en la realización del Rally, y pidió que se transparente cuánto se entregó para la organización del evento.

“¿Cuánto se gastó para el rally, cuánto costó eso? ¿Será que no estaba allí el aumento de los médicos, de los insumos de esa persona que no disfruta de ese deporte?“, se preguntó la diputada opositora.

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La parlamentaria manifestó que, mientras las autoridades se sacaban fotos sonrientes y bailaban en el rally, los médicos estaban mendigando en las calles y los pacientes se quedaban sin atención e insumos.

“Se quedan esas caras sonrientes de esas altas autoridades, el presidente bailando y los médicos suplicando, pacientes sin atención. Esa es la triste historia del Paraguay”, manifestó Vallejo.

Le sugirió también al presidente Santiago Peña a dejar de construir hospitales si no cuenta con médicos capacitados para brindar atención.

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“No nos sirve tanta linda infraestructura, lo de seguir construyendo hospitales, solo es un gran negociado. Sin médicos no hay salud. Es triste ver cómo este gobierno no le dio respuesta a los médicos, no supo parar la crisis”, dijo la parlamentaria opositora.

Huelga de médicos: todos los cirujanos pediátricos y 90% de anestesiólogos están renunciantes

Para el parlamentario altoparanaense, la postura rígida del Poder Ejecutivo ante el gremio médico no es fruto de la casualidad ni de una imposibilidad financiera real, sino de un esquema de poder impulsado desde la cúpula partidaria.

“La verdad es que Horacio Cartes se está burlando del pueblo colorado. Él cree que puede hacer lo que quiere dentro del partido y con la plata. Peña está haciendo lo que Cartes le mandó a hacer. Hoy tenemos la salud en terapia intensiva y esto es doloroso porque hay especialidades que no se pueden sustituir”, aseveró Martínez.

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El diputado, quien recordó su trayectoria como integrante del Consejo Departamental de Salud en Alto Paraná, instó al Presidente de la República a reflexionar y corregir la postura oficial frente a las exigencias médicas.

“Yo siento mucho por esa gente que está sufriendo y por los médicos que están renunciando. Les pido a las autoridades que cambien de actitud, porque esto lo están haciendo a propósito por orden de Horacio Cartes”, lanzó.

El homenaje a Eligio Ayala y el contraste fiscal

Durante la entrevista, Martínez llamó la atención de los periodistas al vestir una prenda con la figura del expresidente liberal Eligio Ayala. Al ser consultado sobre el significado de la vestimenta, el legislador calificó a Ayala como un referente histórico de honestidad y austeridad que debería ser tomado como ejemplo por cualquier signo político.

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“Este es un homenaje al mejor presidente de Latinoamérica, un verdadero libertario en el sentido de que se obstinaba en tener déficit cero. Eligio Ayala demostró en los momentos más difíciles de la patria que, si se administra con honradez, se pueden lograr grandes cosas, como ganar una guerra gracias a una excelente gestión”, explicó.

A partir de este hito histórico, el diputado contrapuso la gestión hacendaria de los años 1920 con el escenario económico actual, advirtiendo sobre el nivel de endeudamiento del país y la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía.

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“Estamos ante una catástrofe fiscal de deuda y de todo. ¿Quién va a pagar esto? Con la inflación que hay hoy, la plata en el bolsillo ya no alcanza para nada. Nos enchufaron un espejismo de que todo estaba bien, pero la realidad muestra que todo era falso”, concluyó.

La medida de separación de la directora y de su hermana docente de la institución, fue dispuesta por la supervisora Florinda Caballero de Paredes y generó preocupación entre los padres y alumnos, quienes cuestionan la decisión y piden una solución al conflicto institucional.

El padre de familia Gabriel Ramírez calificó la situación como un atropello a la institución y manifestó su preocupación por la decisión adoptada contra las docentes.

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Asimismo, la madre de familia Natalia Chaparro manifestó que los padres de familia, docentes y la comisión de la ACE analizarán la situación y determinarán las acciones a seguir.

No acató invitación y fue separada del cargo

El conflicto se habría iniciado luego de que la directora comunicara al intendente local, Patrocinio Medina, que los estudiantes no participarían del desfile por el aniversario de fundación de la ciudad y la fiesta patronal de la Natividad de la Virgen María, organizado por la Municipalidad, para el próximo 8 de este mes.

En su nota alegó que no tendrán tiempo para ensayar teniendo en cuenta que también representa gasto para los estudiantes y agradeció la invitación.

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Durante la jornada de protesta, la supervisora Caballero de Paredes llegó hasta la institución para dialogar con los manifestantes y propuso que la encargada de despacho retome momentáneamente sus funciones, teniendo en cuenta que existe una denuncia presentada por una madre de familia por supuesto maltrato a una estudiante. La propuesta no fue aceptada por los manifestantes.

El abogado de la directora, Salustiano Ortíz, explicó que su defendida había observado a la alumna por ir a la institución fuera de su horario de clases a levantar firma de estudiantes que están a favor del desfile.

Esto sucedió, luego de la decisión asumida por la dirección y de eso se valieron para denunciarla ante la Comisaría local, explicó el abogado.

La medida de fuerza continua frente de la institución y decidieron conformar una comisión de negociación integrada por padres de familia, la supervisión, estudiantes, para buscar una salida al conflicto suscitado dentro de la comunidad educativa.

Según el legislador, el país se encuentra ante una decisión crucial sobre su futuro político y económico.

“Este presupuesto, para mí, es un punto de inflexión de nuestra democracia. Nosotros, en el 2027 vamos a ver si nos vamos hacia el lado de Maduro, Cristina Kirchner y compañía, o vamos a ser una derecha responsable”, sostuvo.

Rubin apuntó que las señales del oficialismo anticipan la consolidación de un perfil político afín al kirchnerismo (izquierda argentina), donde los sectores tradicionales optan por ignorar la delicada realidad financiera del Estado. En esa línea, fue enfático al denunciar la falta de responsabilidad fiscal.

“El partido tradicional sabe que no estamos bien financieramente, que no se puede seguir con el carnaval, pero ellos van a fingir demencia y van a continuar. Van a gastar mucho más de lo que tienen y luego te van a mandar la cuenta a vos”, remarcó el legislador.

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Asimismo, el parlamentario indicó que desde el Poder Ejecutivo se reconoce la crisis y la necesidad de aplicar recortes drásticos, comparándolo con la urgencia de utilizar medidas severas de contención del gasto.

Ante los rumores y propuestas de incrementar la recaudación fiscal, Rubin descartó que una mayor presión tributaria sea la solución ante el déficit estructural: “Si nosotros pasamos del 10 porciento al 60 porciento de impuesto, no va a ser suficiente para el hambre insaciable que tiene la clase política tradicional”.

Finalmente, el diputado cuestionó la legitimidad y el propósito de las instituciones si no se logra garantizar el bienestar básico de la ciudadanía, cerrando con una crítica frontal a las prioridades del presupuesto:

“Esto termina siendo un chiste si no podemos cumplir con la seguridad, educación y salud de los paraguayos”, enfatizando que la falta de recursos para médicos, policías y docentes desvirtúa el rol del Gobierno.

Sin embargo, la historia del festival también está marcada por momentos difíciles. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, este espectáculo fue considerado un evento “subversivo” y llegó a ser prohibido.

En 1986, por resolución del Ministerio del Interior, fueron suspendidas todas sus actividades. Pese a ello, la ciudadanía ypacaraiense mantuvo vivo el espíritu del festival y no permitió que la tradición desapareciera.

Dos años después, en 1988, gracias a la iniciativa del presbítero Benito Páez, el encuentro volvió a realizarse, esta vez en el predio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Aquella jornada del 13 de septiembre quedó grabada en la memoria de los ypacaraienses. Mientras cientos de policías rodeaban el lugar, los participantes entonaban con fuerza la consigna “Se va a acabar la dictadura militar”, convirtiendo al festival en mucho más que un encuentro artístico: pasó a ser también un símbolo de resistencia cultural y social.

Una tradición que sigue vigente

Más de cinco décadas después de su creación, el Festival del Lago Ypacaraí continúa firme y se mantiene como una de las celebraciones culturales más representativas de la ciudad y del país.

La 54ª edición fue presentada oficialmente el 28 de agosto y este año rendirá homenaje a Don Flaminio Arzamendia.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Eventos Municipal, con una programación que busca reunir a artistas, grupos de danza, músicos, poetas, artesanos y público de diferentes puntos del país.

El programa del Festival del Lago Ypacaraí 2026

• 1 de septiembre: Tarde de Teatro en homenaje al Sr. Juan Carlos Cañete a las 14:00. En el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
• 3 de septiembre: la Noche de Poesía en homenaje a la Sra. Gloria Esperanza Marecos a las 18:30 en el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
• 6 de septiembre: Noche de Jazz en homenaje a Alberto “Beto” Barsotti a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 8 de septiembre: La Noche Local de Danzas en homenaje a la Prof. Sonia Gennaro a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 9 de septiembre: Noche de Feria y la inauguración de la Feria Artesanal, homenaje a Adolfo Snead a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.
• 10 de septiembre: Festival Nacional de Danzas a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 11 de septiembre: Noche de Aficionados a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 12 de septiembre: Tradicional Noche Central en homenaje a Flaminio Arzamendia a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.
• 13 de septiembre: Festival de Rock, jornada en la que también culminará la Feria Artesanal. A las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

Así, el Festival del Lago Ypacaraí se alista para reunir arte, música, tradición y memoria, manteniendo viva una celebración que sobrevivió incluso a años de prohibición y que hoy continúa siendo parte fundamental de la identidad cultural de Ypacaraí y del Paraguay.

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“Gente muriendo, pero tenemos una gestión que no reacciona, y si reacciona, reacciona mal y tarde. Una hija denunció en el hospital que su padre murió porque primero no había ambulancia por el rally, después no había catéter y luego no había cama en el hospital San Jorge”, dijo el diputado Roberto González.

El parlamentario indicó, durante la sesión de hoy, que el gobierno aseguró que no quedó un solo sitio sin ambulancia y que garantizaba el servicio, pero la realidad desnudó la mentira.

“El gobierno envió 44 ambulancias para el Rally, hubo móviles para el espectáculo, pero no para un hombre que lo necesitaba”, dijo Roberto González.

Manifestó que la huelga médica se va agravando con la renuncia masiva de médicos hace que el sistema entre en un colapso donde los principales afectados son los pacientes.

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“Huelga médica y renuncia. El sistema se quedó sin especialistas, el sistema entra en colapso. Desde el 24 de agosto hay una huelga nacional por falta crónica de medicamentos e insumos y una gestión que solo da promesas y no acciones”, dijo el parlamentario.

Roberto González indicó que lo grave no solo fue la huelga, sino las renuncias por que no hay reemplazos, lo que se agrava porque también Argentina ahora ya no recibe a los pacientes extranjeros, algo que antes era utilizado como “válvula de escape” para nuestro precario sistema de salud.

“El dato más grave no es la huelga en sí, sino la renuncia. Si el Estado abandona las condiciones de trabajo el que termina pagando es el paciente, la frontera se cierra y se va la válvula de escape. Muchos compatriotas cruzaban el río porque aquí no encontraron respuestas”, dijo Roberto González.

El parlamentario manifestó que estas movilizaciones dejaron en evidencia un sistema que no se sostuvo con el tiempo, sino que se fue agravando.

“Quedó al descubierto nuestra propia precariedad, hospitales sin insumos, sin médicos y sin ambulancias. Y los oficialistas nos digan que no hay recursos. Este es el Congreso que más le dio a Salud, el problema no es el Congreso, sino la falta de gestión de la ministra que no ejecuta a tiempo su presupuesto”, dijo Roberto González.

En el escrito reivindican sus reclamos por reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo, insumos y pago de feriados trabajados.

Los especialistas del Hospital General de Itapúa que pusieron sus cargos a disposición son:

1. Jefa de servicio de Pediatría, Dra. Natalia Luraschi.
2. Jefa de servicio Terapia Neonatal, Dra. Marisol Riveros.
3. Jefa de servicio Terapia Pediátrica, Dra. Lurdes Thiebeaud.
4. Jefa de servicio Urgencias Pediátricas, Dra. Eliza Núñez.
5. Jefe de servicio Clínica Médica, Dr. Manuel Esteban Codas.
6. Jefa de servicio Terapia de Adultos, Dra. Lucía Vega.
7. Jefe de servicio Traumatología Adultos, Dr. Óscar Ramírez.
8. Jefe de servicio Cirugía General, Dr. Osmar Muñoz.
9. Jefe Departamento de Urgencias, Dr. Rafael Ramírez.
10. Jefe Departamento Quirúrgico y Servicio de Anestesiología, Dr. Herminio Martínez.
11. Jefe Departamento de Atención Ambulatoria, Dr. Walter Flores.
12. Jefe de servicio Área de Ginecología y Obstetricia, Dra. Clyde Núñez.
13. Jefe del Departamento de Servicios de Médicos Auxiliares, Dr. José Carlos Acosta.

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Preocupación por especialistas

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez, explicó que desde este lunes volvieron a atender los médicos tras la huelga realizada la semana anterior. Las atenciones ambulatorias fueron las afectadas, lo que generó que los turnos sean reagendados.

Entre los principales inconvenientes refirió que tienen que ver con las cirugías programadas, porque las que estaban para la semana pasada tuvieron que reagendarse. Además, detalló que algunos médicos actúan de brazos caídos tras la falta de acuerdo con el Gobierno.

La preocupación principal estaría por la posibilidad de la renuncia de anestesiólogos, situación que pondría en jaque al sistema de salud, según puntualizó. Sobre las afectaciones de las renuncias, aclaró que la atención no se vería afectada, pero si habrá un resentimiento en el área administrativa, puntualizó.

Pacientes del HGI manifestaron que los servicios se vieron retrasados, pero que apoyan el reclamo de los médicos. Algunos criticaron que no pudieron acceder a turno la semana pasada por la huelga.

El Gobierno se vio obligado a acelerar las obras en el cruce Pedrozo luego de un nuevo accidente fatal ocurrido a mediados de agosto en el semáforo instalado provisoriamente en el complicado cruce, que dejó seis personas fallecidas cuando un camión que perdió el uso de sus frenos embistió a vehículos que se hallaban esperando la luz verde del semáforo.

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En la mañana de este martes, medio mes después del accidente y la aceleración de las obras de construcción del viaducto, solo se observaba a cuatro o cinco obreros en el sitio.

Piden soluciones para los peatones

Vecinos de la zona han expresado disconformidad por las dificultades que tienen para cruzar la ruta mientras continúan las obras. El consorcio privado Rutas del Este, que administra ese tramo de la ruta PY02, ha habilitado minibuses para trasladar a los pobladores hasta los lugares de cruce.

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El MOPC sostiene que el viaducto permitirá ordenar los giros y cruces, reducir los riesgos y mejorar la circulación sobre ese punto de la ruta PY02.

Sin embargo, los pobladores de Pedrozo han cuestionado que el proyecto no contempla soluciones para la circulación y el cruce seguro de peatones.

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Uno de los puntos más agudos del comunicado del Arzobispado es la denuncia explícita de campañas orquestadas en redes sociales y medios de comunicación para desviar la atención y atacar la figura de los manifestantes.

“En torno a conflictos sensibles, como los reclamos y medidas de fuerza del sector salud, preocupa observar cómo han aumentado los recursos de descalificación y descrédito, especialmente en el ámbito digital. Aparecen publicaciones repetidas, cuentas anónimas, mensajes coordinados, recortes fuera de contexto, titulares insinuantes, memes y comentarios destinados a instalar una determinada imagen de personas, gremios o instituciones”, advierte el documento.

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La Iglesia catalogó y enumeró con precisión técnica los mecanismos utilizados en estas maniobras de comunicación defensiva y reactiva:

• Tácticas de manipulación: Uso de la repetición masiva (spam), selección interesada de datos (cherry-picking), ataques personales (trolling o ad hominem), perfiles automatizados (bots) y redes coordinadas (troll farms o granjas de trolls).
• Acoso e ilusión de consenso: Mencionaron el hostigamiento colectivo (dogpiling) y la simulación de apoyo popular espontáneo (astroturfing).
• Contraataque narrativo: Señalaron la retroalimentación entre redes y medios tradicionales: “Un contenido nacido en una red puede ser recogido por un medio tradicional y regresar luego a las redes con una apariencia de mayor legitimidad”.

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Invocando las escrituras para reflexionar sobre los riesgos de sembrar división, la institución recordó la advertencia bíblica: Siembran viento y cosecharán tempestades (Os 8,7).

“Lo que no deberíamos aceptar es que el debate sea sustituido por operaciones de descrédito, manipulación o ruido digital. Porque cuando se siembran sospechas, medias verdades y descalificaciones, esas tempestades terminan afectando no solo a quienes están en conflicto, sino también a la confianza de toda la sociedad”, asevera el comunicado.

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Los reclamos de fondo: “No es solo una discusión salarial”

Para el Arzobispado, la encrucijada actual abarca deficiencias estructurales del Estado paraguayo que van más allá del ajuste de sueldos exigido por los médicos.

“La cuestión de fondo es mucho más amplia. No estamos solamente ante una discusión salarial para los médicos. El problema comprende también las condiciones laborales, los recursos humanos, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura, los equipamientos, la organización de los servicios, la atención oportuna y digna y, en definitiva, la capacidad real del sistema para garantizar una salud integral para todos”, precisa el escrito.

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El llamado urgente a una política de Estado

Frente a respuestas gubernamentales calificadas como “fragmentarias” o de corto plazo, la Iglesia apela a la enseñanza social del papa León XIV en Magnifica Humanitas para urgir un proyecto integrador que no dependa del gobierno de turno.

“Paraguay necesita avanzar hacia una concertación nacional por la salud, entendida como la voluntad de construir un proyecto común que involucre a las estructuras del Estado, a los trabajadores de la salud, a las instituciones especializadas y a la ciudadanía”, subrayan.

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Finalmente, el Arzobispado enfatiza que la responsabilidad de salir del colapso asistencial no recae de forma exclusiva en el Ministerio de Salud, sino en los tres poderes del Estado de manera coordinada. “Todavía no es tarde. Es posible encontrar acuerdos sobre cuánto necesita invertir el país, cuáles son las prioridades sanitarias y cómo administrar responsablemente los recursos”, insisten.

“La salud integral es un derecho humano fundamental y un bien común. Un pueblo que no puede cuidar adecuadamente la salud de su gente es un pueblo herido; pero una nación que es capaz de escucharse, concertar y poner la dignidad humana en el centro todavía puede sanar sus heridas y construir esperanza”, finaliza la reflexión compartida a través de sus canales oficiales.

Lea el comunicado completo aquí.

Lamentan el mal estado del camino y puentes Cerrito - Villalbín

La situación financiera de la Municipalidad de Cerrito genera preocupación entre los funcionarios, quienes denunciaron atrasos en el pago de salarios y señalaron que la administración municipal mantiene deudas con los trabajadores y miembros de la Junta Municipal.

Funcionarios municipales que prefirieron mantener sus nombres en reserva, por temor a eventuales represalias, manifestaron que actualmente se les adeudan dos meses de salario.

Según sus testimonios, la situación llegó incluso a acumular cuatro meses de atraso, hasta que durante el fin de semana la intendenta interina, Carlina Carballo (ANR), dispuso el pago de dos meses.

Los trabajadores indicaron que, pese a este desembolso, todavía permanece pendiente el pago de otros dos meses de salarios.

A la preocupación de los funcionarios se suma, según las mismas fuentes, la situación de los concejales municipales, quienes supuestamente no perciben sus respectivas dietas hace aproximadamente un año. La última vez que cobraron fue en el mes de agosto del año pasado.

Cuestionamientos

Los funcionarios consultados relacionaron la situación con el contexto político que atraviesa el distrito y señalaron que el ex intendente municipal, Hugo Iván Ayala, se encuentra abocado a su campaña política con miras a la reelección al frente de la Municipalidad de Cerrito. Ayala es candidato del Partido Colorado, y pertenece al sector de Honor Colorado.

Los trabajadores cuestionaron que, pese a la importante presencia de turistas que llega a diferentes puntos del distrito, los ingresos genuinos generados por el municipio no se estarían reflejando, según ellos, en mejoras suficientes para la comunidad ni en el cumplimiento oportuno de las obligaciones salariales.

Los denunciantes sostienen que Cerrito cuenta con un importante potencial turístico y que, en determinadas épocas, registra una considerable presencia de visitantes, por lo que consideran necesario transparentar el destino de los recursos y mejorar la administración financiera.

Intendenta reconoce atraso

La intendenta interina, Carlina Carballo de Arce (ANR-HC), reconoció la existencia de una deuda de dos meses con los funcionarios municipales.

Explicó que el sábado se realizó el pago correspondiente a parte de los salarios atrasados, mientras que los concejales municipales todavía no pudieron percibir sus dietas.

Carballo señaló que la administración está trabajando en la generación de mayores ingresos para poder regularizar progresivamente las obligaciones pendientes, tanto con los funcionarios como con los integrantes de la Junta Municipal.

La jefa comunal interina también hizo referencia a las dificultades que enfrenta la Municipalidad para atender las numerosas necesidades del distrito, especialmente en materia vial.

Caminos y puentes

Carlina Carballo (ANR) manifestó que uno de los principales problemas de Cerrito es el deterioro permanente de los caminos rurales y puentes.

Explicó que después de cada lluvia varios tramos quedan seriamente afectados debido a la erosión provocada por el agua, obligando al municipio a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de manera constante.

Indicó que para estas tareas reciben apoyo de la Gobernación de Ñeembucú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aunque aclaró que la asistencia no siempre es suficiente para atender simultáneamente todos los puntos afectados.

La intendenta sostuvo que es consciente de las necesidades existentes en el distrito, pero afirmó que la limitada disponibilidad económica de la Municipalidad dificulta dar respuestas inmediatas a todos los reclamos de la población.

Esperanza en el corredor de exportación

La administración municipal también deposita expectativas en la concreción del tramo asfaltado del Corredor de Exportación Oeste, que contempla la conexión desde la zona de Yabebyry hasta Pilar.

Carballo consideró que esta obra puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo de Cerrito, una comunidad que durante décadas ha sufrido aislamiento y postergación debido a la falta de una conexión vial adecuada.

Sostuvo que la pavimentación permitirá mejorar la conectividad, facilitar el traslado de personas y productos y, principalmente, potenciar el turismo.

Cerrito cuenta con atractivos naturales y paisajísticos que, según las autoridades locales, podrían convertirse en importantes puntos de interés para el turismo interno si se logra mejorar la infraestructura vial y los servicios.

Mientras tanto, los funcionarios municipales aguardan la regularización de los salarios atrasados y los concejales reclaman el cumplimiento de sus respectivas dietas, en medio de una situación financiera que vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos de la comuna.

La diferencia entre uno y otro ejercicio equivale a G. 16,7 billones (US$ 2.586 millones) más, destinados a gastos a ser ejecutados en diversos sectores de la administración central y entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo plantea aumentar los recursos para salud, adultos mayores y otros programas sociales. El déficit fiscal previsto para 2027 será de 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), así lo afirmó el ministro Óscar Lovera en el transcurso de la presentación del PGN realizada este martes en la sede del Congreso Nacional.

Salud concentra la mayor parte del aumento del PGN

El ministro afirmó que del incremento total previsto para 2027, el 76% se destinará al Poder Ejecutivo. Lovera explicó que esto representa casi US$ 1.900 millones adicionales. Con este incremento, el Ministerio de Salud Pública concentrará el 62% de ese aumento, con más de US$ 1.200 millones adicionales.

Según detalló el jefe del equipo económico, de ese monto, el 78% será para cancelar deudas acumuladas. El 22% restante, unos US$ 260 millones, permitirá fortalecer la compra de medicamentos e insumos.

Con este aumento, dijo que el presupuesto destinado a medicamentos nuevos pasará de unos US$ 509 millones a US$ 772 millones.

Lovera señaló que los recursos para medicamentos e insumos casi se triplicarán frente a los US$ 250 millones previstos para ese concepto en 2023. “Este es un reajuste significativo”, resaltó.

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PGN 2027 no incluye aumento salarial general para médicos

El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla un aumento salarial general para los médicos. Lovera sostuvo que el pedido de elevar el salario mínimo de los médicos de 12 horas, de G. 5 millones a G. 8 millones, tendría un costo de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones.

El ministro afirmó que el Ejecutivo considera que un aumento generalizado no es viable en este momento. Planteó discutir la carrera y la profesionalización de los médicos.

También recordó que los médicos reclaman una actualización salarial desde 2012. Según explicó, ese año los salarios públicos tuvieron un incremento promedio del 30%, con un impacto de 1,7% del PIB y un costo de US$ 800 millones.

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Déficit fiscal será de 3,9% del PIB

El proyecto de PGN 2027 contempla un déficit fiscal de 3,9% del PIB. Lovera explicó que esa cifra incluye la gestión de las deudas acumuladas y el avance de obras públicas previsto para el próximo año.

Considerando que el PIB estimado para el 2027 es de US$ 67.063 millones, el déficit proyectado en término de valores ronda los US$ 2.615 millones.

Sin esos componentes, el déficit efectivo se ubicaría cerca del 1,9% del PIB, según la estimación presentada por el ministro.

Gobierno prevé US$ 2.100 millones de nueva deuda

Para 2027, el Ejecutivo estima que necesitará casi US$ 2.100 millones de nuevo endeudamiento. Si se suma el refinanciamiento de las deudas que ya existen, el monto total de financiamiento requerido rondará los US$ 2.800 millones, afirmó Lovera.

Según lo manifestado por el titular del MEF, los recursos estarán destinados al pago de atrasos de Salud Pública, al financiamiento de obras públicas, viviendas sociales y otros proyectos del Poder Ejecutivo.

Un total de 2.390 médicos serán desprecarizados

El Ejecutivo prevé la desprecarización de 2.390 médicos durante este año.

En ese sentido Lovera explicó que el Ministerio de Salud realizó un concurso para regularizar a profesionales contratados con al menos cuatro años de antigüedad. De 490 cargos vacantes, se presentaron 2.980 médicos.Tras el proceso afirmó que quedó una lista elegible de 2.390 profesionales, que ahora serán regularizados.

INCAN tendrá US$ 195 millones en 2027

En esa línea el ministro dijo que para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) se contempla un presupuesto de US$ 195 millones para 2027. Según Lovera, el presupuesto actual de la institución es de US$ 111 millones y para el próximo año se prevé sumar US$ 84 millones.

El ministro recordó que el presupuesto del INCAN era de US$ 60 millones cuando asumió la actual administración y que recibió aumentos de US$ 25 millones en dos años consecutivos.

Pensión para adultos mayores suma US$ 65 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tendrá US$ 65 millones adicionales para el programa de Adulto Mayor. Dijo que el Gobierno estima que la cantidad de beneficiarios pasará de 376.000 a más de 406.000 personas durante 2027.

Con el aumento, el programa de pensiones para adultos mayores tendrá un presupuesto total de US$ 564 millones.

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Recaudación tributaria crecería 8,6%

En cuanto a la proyección oficial dijo que establece un aumento de 8,6% en la recaudación tributaria para 2027 frente a la estimación de cierre de este año. “La presión tributaria se mantendría en 11,2%”, acotó.

Lovera explicó que este año la recaudación interna crece más de 11%, pero los ingresos provenientes de las operaciones aduaneras caen cerca de 13%. El resultado neto genera un crecimiento de alrededor de 2% en los ingresos tributarios. “Este escenario que nosotros estamos proyectando para el 2027 con el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la DNIT que va a ser fatible poder llegar a ese resultado”, afirmó.

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Docentes tendrán un ajuste de 2,4%

El proyecto incorpora un ajuste de 2,4% para el sector docente desde enero de 2027. El porcentaje responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según explicó Lovera.

El Gobierno también contempla los aumentos salariales establecidos por ley para las fuerzas públicas y otros sectores cuyos salarios están vinculados a disposiciones legales.

Ejecutivo espera que el Congreso respete el escenario fiscal

Lovera señaló que el Poder Ejecutivo presentará sus prioridades, pero reconoció que el Congreso tiene facultades para reasignar recursos durante el estudio del presupuesto.

El ministro dijo que el Legislativo respetó en los últimos años los escenarios fiscales planteados por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que esa práctica continúe con el PGN 2027.

El proyecto de presupuesto queda ahora a consideración del Congreso, que deberá estudiar por los próximos tres meses las asignaciones propuestas por el Ejecutivo antes de su aprobación final.

La importancia de la conformación e instalación de la comisión especial cobra relevancia tras las irregularidades que la propia Contraloría General de la República detectó en el IPS.

Ayer, el contralor general Camilo Benítez presentó ante el Senado el Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Una comisión creada, pero todavía sin integrantes

La Resolución N.º 1903, impulsada por el senador y líder de bancada del cartismo Natalicio Chase, establece la creación de una Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para investigar, hacer seguimiento y esclarecer los presuntos hechos punibles de corrupción detectados en el IPS y el Ministerio de Salud.

El proyecto fue acompañado por los senadores Ever Villalba (PLRA), José Oviedo (Yo Creo), Lizarella Valiente (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (PLRA, HC).

El documento establece expresamente que la comisión estará integrada por seis senadores, quienes deben ser designados por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, en acuerdo con las respectivas bancadas.

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Una vez instalada, la comisión deberá elegir de su seno a un presidente, un vicepresidente y un relator. La resolución le asigna una duración de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga por un plazo igual o menor, y establece que al concluir su misión deberá presentar al pleno del Senado un informe final o conclusión.

Contraloría revela nuevas irregularidades

El retraso adquiere mayor peso político después de la exposición realizada ayer por Camilo Benítez.

El contralor, quien busca su rekutu en el cargo, señaló al IPS como “por lejos” una de las instituciones más desordenadas del Estado. Según explicó, la previsional representa por sí sola alrededor del 40% del universo auditado.

La Contraloría realizó más de 2.000 actividades de control y 40 auditorías durante el periodo analizado. Sin embargo, Benítez expresó preocupación por la falta de avances y de sanciones contra los responsables de las irregularidades detectadas.

G. 625.000 millones en medicamentos e insumos sin explicación

Uno de los datos más graves expuestos por la Contraloría corresponde al ajuste realizado en los registros de bienes de consumo e insumos médicos del IPS.

Tras exigir la sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el sistema SAP, se produjo una reducción contable del 45%, generando una brecha de más de G. 625.000 millones que, según la explicación brindada por Benítez, no pudo ser aclarada.

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El contralor planteó dos posibilidades: que los bienes hayan sido registrados incorrectamente o, en el peor de los casos, que los medicamentos hayan desaparecido.

Se trata de un punto especialmente sensible porque el IPS enfrenta simultáneamente problemas de abastecimiento y millonarias deudas con proveedores de medicamentos.

Más de G. 50.000 millones pagados a jubilados fallecidos

Otro hallazgo expuesto por la CGR fue el pago de más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos.

Según el informe, el problema ya había sido advertido en ejercicios anteriores, pero el IPS no realizó un sencillo cruzamiento de datos con el Registro Civil que hubiera permitido detectar a los beneficiarios fallecidos.

La reiteración de las observaciones resulta particularmente relevante para una eventual investigación parlamentaria, considerando que la comisión creada por el Senado tiene entre sus objetivos precisamente el seguimiento y esclarecimiento de presuntos hechos punibles.

El mecanismo de “gastos judiciales” que esquivó licitaciones

La Contraloría también puso el foco en el denominado Rubro 915, correspondiente a gastos judiciales.

De acuerdo con lo expuesto por Benítez, el IPS utilizó acuerdos privados y posteriores homologaciones judiciales para pagar compromisos con proveedores cuyos contratos ya habían vencido, evitando de esa manera los procesos ordinarios de licitación y los controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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El monto involucrado supera los US$ 25 millones, equivalentes a unos G. 104.000 millones.

El hallazgo coincide además con investigaciones periodísticas que ya habían advertido sobre el uso recurrente de acuerdos transaccionales homologados judicialmente como mecanismo para cancelar deudas con proveedores del IPS.

Deuda superior a G. 1 billón y reservas que se agotarían en 2036

La previsional arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, situación que limita su capacidad para adquirir insumos con recursos correspondientes al ejercicio en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas mantienen deudas con el IPS por más de G. 10.000 millones, parte de las cuales habría prescripto por negligencia de funcionarios.

La Contraloría también observó una rentabilidad inferior al 1% en el arrendamiento de inmuebles del IPS y proyectó que las reservas financieras de la institución podrían agotarse hacia 2036.

La presentación del plan de gastos estatales se realiza en medio de una severa crisis en el sector de la salud pública, marcada por medidas de fuerza y renuncia de profesionales médicos tras la negativa del Gobierno a otorgar una actualización salarial.

Durante su diálogo con la prensa en la sede legislativa, Lovera defendió la viabilidad de los números proyectados y justificó la decisión de superar los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al tiempo de sostener una firme postura respecto a la contención del gasto salarial.

Suba del tope fiscal a 3,9 % y nueva emisión de deuda

Uno de los puntos resaltantes expuestos por el titular del MEF es el pedido de autorización parlamentaria para fijar el tope del déficit fiscal en un 3,9 % para el ejercicio 2027, superando el límite habitual del 1,5 %. Al ser consultado sobre esta medida, el ministro justificó el ajuste.

“El exceso por encima de la ley de responsabilidad fiscal está explicado por la gestión (...) de determinar cuál es el stock de deuda que se tiene, tanto vialeras como lo que hace a las deudas con las farmacéuticas y otros proveedores del Ministerio de Salud”, monto que cuantificó en alrededor de 1.270 millones de dólares.

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Para financiar estas obligaciones e impulsar proyectos de infraestructura, el plan presupuestario contempla una emisión de deudas. “Estamos hablando de dos mil cien millones de dólares”, precisó Lovera, indicando que estos recursos irán destinados al Ministerio de Obras Públicas, a viviendas sociales a través del MUVH y a cubrir atrasos en Salud.

Pese al nivel de endeudamiento, el ministro garantizó previsibilidad afirmando que “siempre, en todos los escenarios, estamos por debajo del cuarenta por ciento (de la deuda sobre el PIB)”.

En materia de ingresos, el secretario de Estado estimó una variación positiva del 8,6 % en la recaudación tributaria con respecto al cierre de este año. Explicó que actualmente se observa un comportamiento dual en los ingresos.

“Estamos viendo una recaudación interna que está creciendo más del 11 % y la recaudación proveniente de las operaciones aduaneras están cayendo alrededor del 13 %. En el neto nos da una variación de alrededor del 2 %”. Pese a este contexto, aseguró que “este escenario que estamos proyectando para el 2027 va a ser factible poder llegar a ese resultado”.

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Negativa rotunda al reajuste salarial médico

En relación con el conflicto con el gremio médico, Lovera reiteró la postura del Gobierno de no conceder un incremento salarial directo al piso presupuestario. “El aumento planteado de manera generalizada es lo que a nosotros nos imposibilita actualmente decir ‘podemos dar’, porque estamos hablando de un costo entre ciento treinta y ciento cincuenta millones de dólares”, remarcó ante la insistencia de los periodistas.

El ministro rechazó que la posición del Ejecutivo signifique indiferencia hacia los profesionales de blanco y abogó por enfocar la discusión en el mérito. “Nosotros no cerramos el espacio. Les mencioné que un aumento generalizado, así como están planteando, no es viable. Tenemos que discutir cuestiones que hacen a la carrera, a la profesionalización”.

En esa línea, señaló el impacto de medidas similares en el pasado: “En el año 2012 se aprueba un ajuste salarial promedio del treinta por ciento (...) Esa decisión costó ochocientos millones de dólares en esa oportunidad”.

En contraposición, el titular de Economía aseguró que el Gobierno dio viabilidad a otras demandas del sector, como el pago por días feriados, la desprecarización de 2.390 médicos que cumplieron con procesos de selección y el aumento de fondos para insumos.

“El presupuesto del Ministerio de Salud para insumos y medicamentos tiene doscientos millones de dólares adicionales (...) De los setecientos sesenta y dos millones de dólares para insumos y medicamentos, el INCAN va a tener un presupuesto de ciento noventa y cinco millones de dólares”, detalló.

La rigidez en materia de reajustes también se extendió al ámbito educativo superior. Al ser consultado sobre el pedido de 85 millones de dólares para la equiparación salarial de los docentes universitarios, Lovera manifestó: “No, no podemos en este momento”.

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Garantía para Hambre Cero y gastos del Estado

Respecto a la continuidad del programa social Hambre Cero, el ministro sostuvo que la gestión financiera está ordenada. “Estamos actualmente en un proceso de gestión que permite que básicamente estemos hablando de la cancelación de los servicios prestados con un máximo de sesenta días de atraso, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo Social como con las gobernaciones”, afirmó.

Finalmente, sobre las críticas por los privilegios de la masa de funcionarios públicos y el uso de seguros privados VIP en contraposición a las exigencias hacia los médicos, Lovera argumentó las responsabilidades patronales de la administración central. “Lo que el Estado tiene que hacer, así como cualquier empleador, es asegurarle a sus empleados la Seguridad Social (...) Entonces, no es que podemos eliminar, tenemos que ver las alternativas en todo caso”.

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Además de Ana Kim Jang, fueron imputados su hermana Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio; Namjun Kwon, vicepresidente; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular, y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.

Según la hipótesis del Ministerio Público, una de las situaciones cuestionadas se habría producido durante una asamblea extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2025, cuando se resolvió reducir el capital social de la empresa de G. 103.000 millones a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones.

En esa operación se habrían establecido pagos de G. 3.207,5 millones a Hsiao Hua Wang y G. 28.867,5 millones a Rosana Ming Kao, sumando G. 32.075 millones.

La Fiscalía sostiene que las sumas no habrían sido efectivamente entregadas a las accionistas, pese a que existirían documentos que acreditaban la retención de esos montos.

Aumento de participación de “Ana Coreana”

La investigación también se concentra en dos posteriores aumentos del capital social, realizados entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

De acuerdo con la imputación, estas operaciones habrían generado un importante cambio en la composición accionaria de K & K Shopping’s S.A, propietaria del Shopping París y del Edificio Shopping Bonita Kim. La participación de Ana Kim Jang habría aumentado del 50% al 61% y posteriormente al 71%.

Mientras tanto, la participación conjunta de Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habría disminuido del 50% al 39% y luego al 29%.

Para los aumentos de capital se habrían declarado aportes en efectivo por G. 10.500 millones y G. 28.000 millones, totalizando G. 38.500 millones.

La Fiscalía cuestiona que dichos aportes no contarían con respaldos bancarios que permitan confirmar que el dinero fue efectivamente integrado al patrimonio de la sociedad. También señala que no existiría una verificación de esos desembolsos por parte del síndico.

Cuestionan las convocatorias

Otro aspecto incorporado a la investigación tiene que ver con la forma en que se habrían realizado las convocatorias a las asambleas.

Según la Fiscalía, las accionistas Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habían comunicado domicilios y correos electrónicos para recibir las notificaciones societarias. Sin embargo, las convocatorias cuestionadas se habrían efectuado mediante publicaciones en la Gaceta Oficial.

Posteriormente, las actas fueron protocolizadas ante escribanía y presentadas para su inscripción ante el RUN y la Abogacía del Tesoro, incluyendo referencias a los supuestos aportes de capital que ahora son objeto de investigación.

“Ana Coreana” y los demás imputados deberán comparecer

Los cinco imputados deberán presentarse ante el juzgado el 8 de septiembre, a las 10:00, para la audiencia en la que serán oídos. El fiscal Zaracho pidió medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.

Sobre esta situación, la diputada Rocío Vallejo expresó que frente a este hecho, no tienen ninguna esperanza de que haya un contrapeso por lo menos del ala liberal.

“Nunca es lo mismo tener dos colorados que tener un colorado y un liberal. Pero esa es la realidad hoy y nos preocupa bastante, siendo que la contraloría es una institución que es fundamental para el equilibrio de los poderes del Estado”, mencionó.

Indicó que lamenta que los colorados pierdan la oportunidad de cumplir con lo que dice la constitución, que la democracia implica pluralismo.

Vallejo advierte riesgo de que la oposición pierda la Subcontraloría

“Las mayorías no significan democracia. Además, yo creo que estamos en una semidictadura en este momento, porque todo se decide por mayoría sin fundamentos y sin análisis”, remarcó la legisladora.

Vallejo sostuvo que tener un contrapeso es de alguna manera tener alguna garantía que pueda haber un pluralismo dentro mismo de la institución. “Acá vamos a tener 100% de colorados en la Contraloría y eso no es bueno para una democracia, sobre todo en un órgano como es la Contraloría, que debe estar en varios frentes”.