Confirman a Carlos Pereira como asesor “ad honorem” de IPS

Durante la reunión, liderada por el presidente del IPS, Isaías Fretes, los miembros del Consejo abordaron dos puntos críticos para la sostenibilidad de la institución: la transparencia y el ahorro en los procesos licitatorios, y la postergación necesaria de inversiones secundarias para priorizar el suministro de fármacos.

La optimización del gasto en IPS

Durante la presentación del informe de la Dirección Operativa de Contrataciones, dependiente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, se detalló los ahorros generados por la institución desde el inicio de la actual administración, que comenzó oficialmente el pasado 24 de abril.

Según lo expuesto, la Gerencia de Abastecimiento logró una gestión eficiente que se tradujo en un ahorro inicial de G. 17.204 millones entre abril y mayo. Sin embargo, se resaltó que a este monto había que sumar un ahorro adicional de G. 220.OOO millones logrado en las últimas semanas, alcanzando así una suma considerable de G. 237.204 millones, que aseguraron demuestra un cambio de paradigma en la administración de los recursos del seguro social.

En palabras de los miembros del Consejo, esta optimización de los procesos de compra —basada en la previsión y la planificación— tiene un impacto directo en la salud financiera de la previsional.

Millonario montó se destinará a compra de medicamentos

Tras conocer el informe, el Consejo de Administración tomó una decisión operativa de carácter urgente y unánime: la totalidad de los ahorros reportados por la Gerencia de Logística deberá ser reasignada y destinada, con exclusividad, a la adquisición de medicamentos.

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Isaías Fretes afirmó que este compromiso busca cerrar las brechas de desabastecimiento que han afectado a los asegurados y asegurar que el ahorro institucional se convierta en una mejora directa en la calidad del servicio de salud.

La austeridad como política ante la crisis

Tras la satisfactoria noticia de los ahorros obtenidos, la sesión tomó un tono de prudencia extrema al abordar el punto relacionado con la autorización de nuevos llamados a licitación.

Conscientes de la difícil coyuntura presupuestaria que atraviesa la institución, los consejeros debatieron sobre la pertinencia de mantener procesos que, si bien son necesarios en condiciones de normalidad, hoy deben ser evaluados bajo una lupa de la prioridad absoluta.

Uno de los llamados a licitación que quedó postergado para un mejor análisis es la compra de las válvulas TAVI para para pacientes cardiacos, con un costo unitario de G. 300.000 millones. “No desconocemos la importancia de este llamado, pero desgraciadamente el momento que estamos viviendo institucionalmente no nos permite. Vamos a hacer un mejor análisis y por supuesto tener en cuenta en otro momento”, afirmó Mirtha Arias, represéntate de los Trabajadores Aportantes.

También se postergó de manera temporal la propuesta de licitación para la renovación de licencias de antivirus y la protección de estaciones de trabajo. Se determinó que estos procesos serán postergados para el futuro, aguardando que las condiciones financieras de la institución sean más holgadas y permitan abordar tales mantenimientos sin comprometer la capacidad de pago del IPS.

Hacia un modelo de gestión previsible

Los consejeros enfatizaron que, aunque no desconocen la necesidad de renovar licencias o realizar mantenimientos constantes, la responsabilidad institucional obliga a jerarquizar. En este orden de prioridades, el medicamento ocupa la cúspide, por lo que todo recurso que no sea estrictamente indispensable para el funcionamiento básico y la atención médica deberá pasar por un filtro de rigurosidad financiera.

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El mensaje enviado por el Consejo a las gerencias fue inequívoco: se debe continuar con la búsqueda de eficiencias para seguir liberando fondos, siempre bajo la premisa de proteger el patrimonio del IPS y garantizar que los recursos lleguen, finalmente, a los bolsillos y a la salud de los asegurados.

“Durante las investigaciones, los agentes identificaron una posible conexión con un integrante de una estructura de financiamiento de la organización terrorista Al-Qaeda, según informó la Policía Civil”, publicó el medio brasileño Globo.

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Hasta la última actualización, habían sido detenidas 10 personas. Según la Policía Civil de Brasil, las investigaciones también revelaron que la red prestaba servicios al Terceiro Comando Puro (TCP) y ocultaba recursos vinculados al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC).

Capturas y allanamientos en Foz

En Foz de Iguazú se cumplió una orden de captura y cinco órdenes de allanamiento e incautación de evidencias.

Según las investigaciones, el grupo operaba como una especie de “prestador de servicios” para el crimen organizado, movilizando más de 100 millones de reales provenientes principalmente del narcotráfico y del comercio de productos falsificados.

El magistrado rechazó varios incidentes planteados por parte de Juan Arroyo, a través de los abogados Carlos Servín, José Dos Santos y Álvaro Arias; y de Francisco Acosta, mediante sus abogados defensores Álvaro Cáceres e Iván Rodríguez.

Imputan a funcionarios por esquema de coimas en la DNIT

De acuerdo con los datos, el acusado Francisco Javier Acosta Rolón, ocupó el cargo de jefe de División de la Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Luque, entre el 18 de abril de 2024 y el 15 de julio de 2025; en tanto que, Juan Andrés Arroyos Bázquez, fue administrador Interino de la Gerencia General de Aduanas en la Aduana del citado aeropuerto desde el 12 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025.

Tanto Acosta Rolón como Arroyos Bázquez fueron detenidos el 15 de julio de 2025, durante un procedimiento sorpresa llevado a cabo en las oficinas aduaneras de la principal terminal aérea del país, a cargo de la fiscala Verónica Valdéz, quien posteriormente formuló imputación en contra de ellos.

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La intervención se dio en el marco de la denuncia hecha por Julio César Silvano Delgado, quien es socio gerente de la firma remesadora “Geomil Express Py SRL”, sobre un esquema de coimas dirigido por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en el aeropuerto internacional.

Exigieron a empresario millonaria coima para retirar mercadería

De acuerdo con los datos de la acusación fiscal, el 3 de julio de 2025, Julio Silvano fue hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, para retirar una carga procedente de España, la cual consistía en remesas enviadas por ciudadanos paraguayos residentes en el territorio español.

Cuando Silvano se disponía a llevar a cabo el trámite de verificación de la carga, se presentó en el lugar Francisco Acosta, jefe de Resguardo de la DNIT, quien le exigió al funcionario denominado “vista” y al auxiliar de resguardo que se realice la verificación del cargamento y se aparte toda mercadería nueva que tenga valor a fin de que sea pesado.

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Luego, Francisco Acosta le pidió a Julio Silvano ir a hablar a su oficina, donde le indicó que todos los que traen compras por Internet, además de los US$ 2 que correspondían y ya abonó, debía pagar sumas extra, que totalizaban US$ 7 más por kilogramo de lo que ya fue abonado a través del sistema.

Posteriormente, Julio Silvano fue llevado hasta la oficina del hasta la oficina del administrador de la DNIT, Juan Arroyo, para que el mismo le explique cuál era el monto a pagar y en ese sentido, una vez en su oficina Arroyo le exigió abonar el monto de US$ 2.030 para retirar la carga que fue apartada, que además quedaría retenida hasta el pago total de la suma.

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Silvano y Arroyo prosiguieron la conversación, sobre el peso de las mercaderías y a la disponibilidad del denunciante. Luego Arroyo bajó el monto solicitado a US$ 1.700; sin embargo, Silvano pidió a los funcionarios abonar primero US$ 1.200 del total exigido y completar después los US$ 500 restantes con el próximo retiro, a lo que ambos funcionarios accedieron.

Funcionario acusado debía recibir el pago

Durante la conversación con los funcionarios de la DNIT, Juan Arroyo le había indicado al Julio Silvano que haga el pago directamente con Francisco Acosta; a lo que Silvano le consultó a Acosta si le podía hacer una transferencia de los US$ 1.200, pero el funcionario le dijo que debía ser en efectivo y que lleve los US$ 500 faltantes para la gente de Visturía en la siguiente semana con la siguiente carga.

Así, el 4 de julio de 2025, Julio Silvano fue nuevamente hasta la oficina de Resguardo de la DNIT para entregar la suma de dinero exigida de manera irregular y, en entregó G 9.360.000, en concepto de los USD 1.200 a Francisco Acosta, al cambio de esa fecha.

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Una vez cumplida la exigencia, Julio Silvano retiró su carga; después, el 11 de julio de 2025, acudió a las oficinas para retirar una nueva carga que llegó y explicó a Francisco Acosta que no tenía los US$ 500 que le quedó de saldo. Ante esta situación, Acosta le permitió retirar su carga, pero bajo la condición de que cuando llegara la próxima carga pague los US$ 500 pendientes, más US$ 1.078.

Sin embargo, dicha entrega de dinero finalmente no fue realizada por parte del denunciante.

Tras denuncia de extorsión y coima, allanamiento con detenidos y dinero incautado

El 15 de julio de 2025, durante el allanamiento en la oficina de la DNIT del aeropuerto, se incautaron sumas de dinero en moneda local y extranjera, además de anotaciones manuscritas, que estaban dentro de una mochila que tenía consigo Christian Luis Palacios Gómez, quien al ver a la comitiva interviniente intentó retirarse del lugar.

Dentro de la mochila se hallaron sumas de dinero consistentes en: US$ 50.395, G. 22.800.000, Una billetera marrón con G. 884.000, US$ 1 y papeles con anotaciones, una billetera negra con US$ 40, con dos cédulas verdes a nombre de María Romina Sanabria de Mendoza y de Ricardo Ruiz Díaz.

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También una billetera negra con documentos personales de Aldo Manuel Vera Vera con tarjetas y sumas de dinero que totalizan US$ 1.116, R 150 y 1 billete de 500 de los Emiratos Árabes y G. 140.000, documentos, cartuchera dentro de esta G. 1.372.000 y US$ 12.046.

El funcionario explicó que, tras una comunicación con el Consulado paraguayo, recibió el contacto de una encargada del grupo de víctimas y comenzó la coordinación para concretar el retorno de los pasajeros.

“Hablé con la gente del Consulado y me pasó contacto de una encargada del grupo. La empresa se está haciendo cargo para trasladar a la gente que está lista para volver. Eso está empezando”, mencionó.

El director de Desarrollo Humano de Repatriados indicó que ahora prevé comunicarse con la responsable del grupo para precisar la cantidad de personas que están en condiciones de viajar y agilizar el operativo de traslado hacia Paraguay.

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Víctimas fueron distribuidas en tres hospitales tras el accidente

Según explicó el funcionario, las personas afectadas por el accidente fueron distribuidas en tres hospitales. Un grupo corresponde a pasajeros con heridas leves, otro está integrado por pacientes con lesiones de mayor gravedad y un tercer grupo está compuesto por los tres fallecidos, quienes eran familiares entre sí.

Osorio señaló que la situación requiere un monitoreo permanente debido a las diferentes condiciones de salud y necesidades de las víctimas.

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“Va a ser un día a día, un hora a hora”, expresó al referirse al seguimiento del caso y a las gestiones que se realizan tras el accidente.

El documento aprobado por el Senado sostiene que, si bien el Ministerio Público ya lleva adelante la investigación y los efectivos involucrados se encuentran con prisión preventiva, resulta indispensable que el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo brinden toda la colaboración necesaria para garantizar un esclarecimiento completo, transparente y sin interferencias.

En la resolución aprobado por la Cámara Alta, los legisladores instan al Ministerio del Interior a poner a disposición de la Fiscalía todos los recursos, documentos, informaciones y elementos probatorios necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Asimismo, solicitan que esa colaboración institucional se realice con absoluta transparencia y celeridad, garantizando el acceso a la información pública dentro del debido proceso y priorizando los derechos de la víctima y de sus familiares a conocer la verdad y acceder a la justicia y a una eventual reparación integral.

Los senadores sostienen que la confianza ciudadana en la Policía Nacional y en el Estado de Derecho depende de que investigaciones como esta se desarrollen con independencia y pleno apego a la ley.

Plantean revisar de manera urgente el protocolo de uso de la fuerza

Además del acompañamiento a la investigación penal, el Senado resolvió instar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a revisar de forma urgente el Protocolo de Uso de la Fuerza.

El objetivo es adecuar las normas que regulan el accionar policial para garantizar que los efectivos actúen bajo criterios de racionalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos durante los procedimientos.

En la exposición de motivos, los proyectistas sostienen que el caso evidencia falencias estructurales dentro de la institución policial y cuestionan el sistema de formación acelerada conocido como “Policía Express”.

Según argumentan, la incorporación masiva de agentes con una preparación insuficiente afecta la disciplina institucional y aumenta el riesgo de procedimientos negligentes o del uso injustificado de la fuerza. “Es necesario revisar todo el modelo y, en particular, el protocolo de uso de la fuerza”, señala la fundamentación de la resolución.

Ocho policías fueron imputados por homicidio doloso

El caso tuvo un importante avance judicial luego de que el Ministerio Público imputara a ocho agentes de la Policía Nacional por el presunto hecho punible de homicidio doloso.

La imputación fue presentada por el fiscal Diego Benítez, con el acompañamiento del fiscal César Riquelme, quienes además solicitaron la prisión preventiva de los uniformados mientras continúan las investigaciones.

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De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la ruta PY19, entre Alberdi y Villa Oliva, luego de que el conductor de un automóvil Toyota Allion no detuviera la marcha en una barrera policial.

Según los primeros elementos reunidos por la Fiscalía, durante la persecución los efectivos realizaron aproximadamente 30 disparos contra el vehículo y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Federick Nahuel Cáceres Sosa, causándole la muerte.

La Dirección de Defensa Animal tiene en su sitio web (https://www.bienestaranimal.gov.py) un ‘catálogo’ de 17 perros adultos de distintas edades disponibles para adopción.

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Además, la institución también cuenta con gatos rescatados para adopción.

¿Cómo puedo adoptar?

Las personas interesadas en dar un nuevo hogar a uno de estos animales pueden contactar por medio del sitio web de la Dirección de Defensa Animal o al número de teléfono (0994) 341 696.

El edificio antiguo, ubicado en la avenida El Paraguayo Independiente, frente a las plazas del Cabildo y el Congreso Nacional, se convertiría en un museo, lo que generó el rechazo de los gremios de oficiales y suboficiales retirados de la Policía Nacional.

Estos gremios realizaron una marcha esta mañana a fin de expresar su repudio a la decisión del Gobierno, además de entregar una nota dirigida a las autoridades de la Policía Nacional en la que exigen explicaciones.

“Hoy estos badulaques están denigrando a la Policía Nacional, y digo como colorado y como policía. Mañana, y te digo, le responsabilizo a este Gobierno si el Partido Colorado cae, porque los votos están en la Policía, en los docentes, en los enfermeros, en los hospitales están”, indicó el comisario en situación de retiro Gaspar Mereles.

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Gobierno patea la olla de los que le están sirviendo

Mereles afirmó que hoy el gobierno de Santiago Peña está pateando la olla de los que le están sirviendo, ya que considera que el edificio donde funcionaba la Comandancia representa al Estado paraguayo.

“Tengo miedo que mañana ese edificio sea derrumbado, porque ese es un símbolo, es un patrimonio cultural. Imagínense, ese es el símbolo del Estado paraguayo. Hoy nos llevan a una oficina fría que no tiene representación. Este edificio tiene la representación del Estado paraguayo. Hoy no sabemos a quién y en manos de quién queda, porque la posesión es más que el título, hoy somos despojados de esa posesión sin ninguna orden judicial ni lo que fuese”, refirió.

“Inicialmente se habló de tres, pero probablemente sean cuatro personas. Probablemente se agregó debido a la gravedad de algunos accidentados”, expresó el ministro en comunicación con ABC Cardinal, aclarando que el consulado se encuentra en pleno proceso de reverificación de las identidades y la situación de las víctimas con las prefecturas y centros asistenciales locales. De los casi 70 pasajeros, Vera indicó que tiene el reporte preliminar de siete heridos.

El ministro precisó que el siniestro vial se registró aproximadamente entre la 1:20 y la 1:30 de este miércoles. El vehículo involucrado pertenece a la empresa de transporte La Guaireña y trasladaba a una delegación paraguaya, compuesta mayoritariamente por integrantes de una academia de danzas de Colonia Independencia (Guairá) y acompañantes, de los cuales 10 pasajeros serían oriundos de Villarrica y el resto de la mencionada colonia.

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Asistencia consular en camino y hospitales involucrados

Ante los reclamos de algunos pasajeros que manifestaron encontrarse en una situación de total desamparo y en estado de shock en los albergues de los centros médicos, Vera aseguró que comitivas de los consulados paraguayos “de carrera” de Curitiba y Foz de Iguazú ya se están dirigiendo a la zona del siniestro para brindar contención y asistencia directa.

Explicó que los heridos se encuentran distribuidos y asistidos por las prefecturas de dos distritos brasileños, siendo derivados específicamente a los hospitales de San Miguel, Santa Teresita y Maravillas.

Aguardan reporte formal de la empresa para iniciar plan de repatriación

Otro de los puntos señalados por el presidente de la Conare es la falta de comunicación por parte de la empresa transportista. “Con nosotros no se comunicaron para nada. Estamos intentando comunicarnos con la empresa a fin de que se puedan aplicar las cláusulas del seguro”, dijo el ministro, instando a la firma a colaborar activamente para facilitar el retorno seguro de los compatriotas que ya estén en condiciones médicas de viajar.

Respecto al operativo de repatriación de los sobrevivientes, Vera adelantó que lo más probable es que el traslado se realice por vía terrestre. Detalló que, en caso de persistir el silencio de la empresa, se recurrirá a la Secretaría de Repatriados.

Finalmente, sobre los pacientes que revisten mayor gravedad, el ministro explicó que primero se priorizará la estricta evaluación médica en territorio brasileño. “Apenas puedan tener la autorización por parte del hospital, haríamos todos los recaudos necesarios para que puedan retornar a nuestro país”, concluyó.

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Este año, anuncia, pondrán a disposición de la ciudadanía 1.140 vacancias laborales en más de 36 empresas de distintos sectores económicos. La jornada se desarrollará mañana, jueves 16 de julio, de 8:00 a 12:00, en el Salón Social Germán Ruiz, ubicado en el predio ferial de la ARP, en Mariano Roque Alonso.

Para las personas que llegarán a la feria la entrada es gratuita. Se ingresa directo al salón Germán Ruiz que está al lado del portón 1 ubicado sobre la Ruta PY3.

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¿Qué vacancias habrá?

La Expo Empleo ofrecerá vacancias para agentes de venta y e-commerce; asesores de atención al cliente, cobranzas, televentas y ventas; asistentes comerciales, de preventa y gourmet, y de turno; además de puestos de atención al cliente, auxiliares administrativos, comerciales, de barra, de cocina y de depósito.

También habrá oportunidades para ayudantes de cocina, bacheros, cajeros, carniceros, cocineros, confiteros, personal de crew (tripulación), delivery, gestores de cobranza, gondoleros, guardias de seguridad, jefes de sucursal, limpiadoras, mecánicos de maquinarias agrícolas, metalmecánicos y mozos.

La convocatoria incluye además cargos de oficial de cuenta corporativa, operadores de call center y de monitoreo, operarios de producción, panaderos, planificadores, playeros, prevencionistas, recepcionistas, repositores, personal para rostisería, supervisores y supervisores de producción.

La lista de vacancias se completa con técnicos en instalación y mantenimiento de generadores, personal para telecobranza, vendedores de farmacia, vendedores externos, vendedores y otros perfiles laborales.

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Dónde ver los requisitos para cada vacancia

Las vacancias ya se encuentran disponibles en la plataforma EmpleaPy, en la que las personas interesadas pueden consultar los requisitos de cada puesto y postularse de manera anticipada. Este servicio gratuito del MTESS permite registrar el currículum, acceder a ofertas laborales vigentes en todo el país y agilizar los procesos de selección.

Este año, las empresas participantes pertenecen a diversos sectores productivos e incluyen a Poll Par, Alimentos y Servicios Fritos, MTEL, Prosegur Paraguay, Farmacia Catedral, La Vienesa, Comercial San Cayetano, El Cacique, Díaz e Hijos, Petersen, Alex S.A., MV Aceros, Giménez Fernández S.A., Redcourt, Cumplo, Connecting, Berdea, Menpost, Gestión de Servicios, Foodco, Veyco y Credi Solución.

“El objetivo es que el pobre asegurado no pague el pato y cumplir con esta gente en la brevedad posible”, expresó.

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IPS necesita tres veces más dinero

El titular de la previsional explicó que uno de los principales problemas es la insuficiencia del presupuesto destinado a medicamentos.

Actualmente, el IPS dispone de G. 44.000 millones mensuales para estas compras, aunque, según sus cálculos, necesita alrededor de G. 155.000 millones para cubrir la demanda de los asegurados.

A esto se suma una deuda bancaria que obliga a la institución a destinar G. 178.000 millones por mes al pago de compromisos financieros.

Para enfrentar esta situación, Fretes explicó que un equipo de especialistas diseñó un esquema de refinanciación que extenderá el plazo de pago de tres a siete años.

“Ahí nos va a sobrar 100.000 millones de guaraníes para poder asegurar la compra de medicamentos”, afirmó.

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Los 265 medicamentos sin stock

Fretes recordó que, al asumir la presidencia del IPS, encontró 265 medicamentos con stock cero. Afirmó que se llegó a ese punto como consecuencia de una prolongada falta de planificación.

Explicó que cuando un medicamento llega a stock cero, el proceso de compra, adjudicación y reposición puede extenderse hasta ocho meses, mientras que si existe previsión el abastecimiento puede mantenerse sin interrupciones.

Según indicó, la falta de previsibilidad también afectó a los laboratorios farmacéuticos, que no pudieron planificar la producción de los medicamentos requeridos por la previsional.

“El problema que hubo acá es una desorganización administrativa que hizo que los laboratorios no tengan previsibilidad”, sostuvo.

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El “antro” que encontró en el IPS

En otro momento, Fretes volvió a cuestionar el estado en que encontró la institución. “Es un antro que no te imaginás”, afirmó al referirse a la situación interna del IPS.

Por ese motivo, explicó que, por el momento, su prioridad es estabilizar el funcionamiento de la previsional antes de realizar nuevos cambios en los principales cargos administrativos.

“Estamos en medio de una tormenta. Una vez que pasemos la tormenta, vamos a sentarnos con papel y lápiz para ir moldeando la institución”, manifestó.

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IPS debe US$ 500 millones a farmacéuticas

Otro de los factores que agravan la crisis del IPS, según señaló el presidente, es la deuda acumulada con los proveedores de medicamentos.

Reveló que la previsional mantiene obligaciones por alrededor de US$ 500 millones con la industria farmacéutica, lo que limita la capacidad de exigir una provisión inmediata de insumos. “Tampoco tenemos la altura moral suficiente como para exigirles mucho”, reconoció.

En ese contexto, detalló que la previsional trabajará de manera coordinada con los laboratorios para asegurar el suministro de medicamentos y evitar el stock cero vaticinado previamente.

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El “elefante blanco” del Centro Hematológico

Por otra parte, Fretes también cuestionó la construcción del Centro Hematológico del IPS, obra que calificó como un “elefante blanco,” por considerar que fue diseñada sin responder a las necesidades reales de la previsional.

Según explicó, el edificio fue proyectado con capacidad para 165 camas destinadas exclusivamente a una especialidad, una decisión que, a su criterio, no se justifica por la cantidad de pacientes que requieren ese tipo de atención.

El presidente del IPS sostuvo que una infraestructura de esa magnitud demandará alrededor de 800 funcionarios, lo que representará una importante carga económica para una institución que actualmente atraviesa dificultades financieras.

Por ese motivo, informó que solicitó a la directora del área de Hematología un informe técnico con estadísticas sobre la cantidad de pacientes atendidos, la proyección de la demanda, el número de consultas ambulatorias y las necesidades reales de internación.

Fretes adelantó que la continuidad de la obra dependerá de la recuperación económica de la previsional y de los resultados de ese análisis. “Solamente una vez que se reestructure la institución desde el punto de vista económico se va a poder continuar la construcción. Si estás pobre, no te vayas a cenar al Ritz de París; quédate a cenar en tu casa”, afirmó.

El tramo tiene un importante flujo vehicular, ya que constituye una de las vías de acceso a un lujoso hotel de la zona, frecuentado incluso por comitivas internacionales.

Según denunciaron vecinos y comerciantes, se realizan intervenciones de manera periódica, pero estas consisten únicamente en reparaciones parciales que no resuelven el problema de fondo.

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Conviven con mal olor e insalubridad

César Cuevas, comerciante del lugar, comentó que el sábado pasado se efectuó un recapado del pavimento, aunque el arreglo volvió a deteriorarse rápidamente debido a las pérdidas de agua.

“El recapado sirve un ratito y luego por el agua se descompone todo otra vez”, dijo.

Además, lamentó que los vecinos deban convivir con los malos olores y las condiciones de insalubridad que genera el agua servida acumulada en la zona.

Conductores deben extremar cuidados

Los automovilistas que transitan por el lugar se ven obligados a reducir considerablemente la velocidad y maniobrar con cautela para evitar daños en sus vehículos a causa de los profundos baches.

ABC realiza verificaciones constantes en este punto, ante las reiteradas denuncias ciudadanas, y en cada recorrido constata que la situación se mantiene sin cambios significativos, pese a las reparaciones realizadas.

Sin embargo, Núñez descartó esa versión y afirmó que la trayectoria del titular del IPS demuestra que cuenta con autonomía para ejercer el cargo.

“La personalidad del profesor doctor Isaías Fretes no da para que alguien le pueda manejar. Tiene toda mi confianza y está haciendo lo que muchos presidentes del IPS no hicieron”, expresó.

Pide darle tiempo para investigar hechos de corrupción

El titular del Congreso sostuvo que el nuevo presidente del IPS necesita tiempo para continuar detectando irregularidades acumuladas durante administraciones anteriores.

“Lo que tenemos que hacer es darle el tiempo necesario al doctor Fretes para seguir destapando todos los hechos de corrupción, incluso de periodos anteriores”, manifestó.

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Ante los cuestionamientos sobre la permanencia de funcionarios vinculados a gestiones pasadas, Núñez respondió que cambiar una estructura instalada desde hace décadas no puede hacerse de manera inmediata.

“Ahora recién muchos se dieron cuenta de que no se puede cambiar una estructura que está anquilosada hace 20 años”, señaló.

“Déjenle trabajar”, insiste Bachi Núñez

El presidente del Senado reiteró el mensaje que ya había publicado en sus redes sociales y pidió reducir la presión política sobre el titular del IPS. “Repito lo que dije a través de mis redes sociales: dejémosle trabajar.”

Asimismo, relativizó las denuncias de presuntas presiones desde el Ejecutivo y sostuvo que muchas provienen de exfuncionarios desvinculados. “No puedo creer en un Juan Pérez que hace una denuncia mediática. Que vaya a la Fiscalía y que se investigue; ahí sí es otra cosa”, afirmó.

Núñez recordó que la Mesa Directiva del Senado aceptó el pedido formulado por Fretes para disponer de 30 días antes de emitir una posición sobre el proyecto de ley de emergencia del IPS, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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Indicó que en aproximadamente dos semanas, el 28de julio, el titular de la previsional comparecerá ante la Comisión de Hacienda para presentar el diagnóstico elaborado junto con su equipo técnico. “Él pidió 30 días para evaluar el proyecto. En 15 días viene a la Comisión de Hacienda y probablemente también se invite a otros sectores de la salud”, explicó.

El senador agregó que la intención es ampliar el debate porque la crisis sanitaria excede al IPS. “Si los asegurados tienen problemas, imagínense qué pasa con el 75% al 80% de la población que no está asegurada”, advirtió.

Mesa de diálogo y reformas estructurales

El presidente del Congreso informó que la Mesa Directiva analiza impulsar una mesa de diálogo para abordar de manera integral la situación del sistema sanitario. No obstante, aclaró que la instalación de una mesa técnica impulsada por el Ejecutivo es una decisión exclusiva del Gobierno.

También rechazó que la solución pase únicamente por emitir bonos para que el Estado cancele su deuda histórica con el IPS, propuesta impulsada por algunos sectores de la oposición. “Es una receta que ya viene de años. Es una medida paliativa; es una gota en el mar y se pierde”, sostuvo.

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En cambio, consideró que el debate debe incluir reformas estructurales, entre ellas la modificación de la carta orgánica del IPS y otras medidas de fondo que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

“No desechemos la deuda del Estado con el IPS, pero tampoco descartemos modificar la carta orgánica. Son cuestiones que los técnicos están evaluando y que probablemente se pondrán sobre la mesa en el Parlamento junto con el Ejecutivo”, concluyó.

“Ayer terminó uno de los procesos. Ahora mismo está nuestro asesor jurídico haciendo una denuncia en la Fiscalía Barrial”, afirmó.

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¿Por qué se tardó en presentar la primera denuncia?

Con respecto a los reclamos por las demoras para denunciar, el presidente de la previsional explicó que la decisión de esperar antes de acudir al Ministerio Público responde a la necesidad de sustentar cada caso con auditorías internas y dictámenes jurídicos.

“Para poder llegar a una denuncia penal, primeramente tiene que pasar por auditoría, donde se ven las irregularidades y se determina si son administrativas o penales. Luego pasa a la Asesoría Jurídica y recién entonces se eleva a la Fiscalía”, señaló.

El presidente del IPS indicó que actualmente 30 casos están siendo analizados por Auditoría, por lo que no descartó que nuevas denuncias sean presentadas en las próximas semanas.

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Fretes atribuye la crisis a una “desorganización administrativa”

Durante la entrevista con ABC Cardinal, Fretes sostuvo que la previsional atraviesa una delicada situación financiera y responsabilizó a la mala administración acumulada por los problemas de abastecimiento de medicamentos. “La institución está mal económicamente”, afirmó.

Recordó que al asumir encontró 265 productos con stock cero, situación que, según explicó, provocó largos retrasos para normalizar el suministro.

Además, señaló que la falta de planificación administrativa hizo que los laboratorios perdieran previsibilidad para producir los medicamentos requeridos por el IPS.

“El problema que hubo acá es una desorganización administrativa que hizo que los laboratorios no tengan previsibilidad”, sostuvo.

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Deuda millonaria y riesgo de desabastecimiento

Fretes también brindó detalles sobre el origen de la falta de medicamentos en las farmacias del IPS. Explicó que el instituto dispone actualmente de G. 44.000 millones mensuales para la compra de medicamentos, cuando en realidad necesita alrededor de G. 155.000 millones para cubrir la demanda.

A esto se suma una deuda cercana a 500 millones de dólares con la industria farmacéutica, además de compromisos financieros que obligan al pago mensual de unos G. 178.000 millones.

Para evitar un eventual desabastecimiento a finales de julio, explicó que el IPS trabaja en una refinanciación de su deuda bancaria, lo que permitiría liberar alrededor de G. 100.000 millones mensuales para destinarlos a la compra de medicamentos.

Asimismo, anunció que la institución coordinará por primera vez un trabajo conjunto con la industria farmacéutica para garantizar la provisión de insumos a los asegurados.

Finalmente, Fretes sostuvo que la prioridad es estabilizar financieramente al IPS y, paralelamente, avanzar en las investigaciones internas para determinar responsabilidades sobre las irregularidades detectadas durante las auditorías.

Entre los principales hallazgos figura la inexistencia de balances financieros actualizados y la falta de documentación que respalde el estado de las cuentas bancarias de la institución, así como el manejo de recursos provenientes de Royalties y Fonacide.

Según el reporte, también se detectó una ejecución de gastos por encima de los límites autorizados y la falta de transferencia de recursos que, por disposición legal, debían remitirse a la Gobernación del Guairá y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Otro punto considerado especialmente preocupante es la situación de los aportes jubilatorios descontados a funcionarios municipales. De acuerdo con la administración actual, esas retenciones no habrían sido transferidas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal desde comienzos de este año.

El asesor contable de la comuna, Vicente Benítez, afirmó que la administración recibió la Municipalidad prácticamente sin disponibilidad de efectivo en caja ni en cuentas bancarias. Señaló que la recaudación diaria apenas alcanza para cubrir gastos corrientes y resulta insuficiente para afrontar el pago de salarios.

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Explicó que la masa salarial mensual rondaba los G. 980 millones para una plantilla cercana a 400 funcionarios, cifra que calificó de insostenible frente al nivel actual de ingresos de la institución.

Incluso advirtió que, de mantenerse esa estructura hasta fin de año, la Municipalidad podría acumular una deuda cercana a G. 6.000 millones, trasladando el problema a la próxima administración.

Ante ese escenario, la Municipalidad ya inició la desvinculación de parte del personal contratado y analiza nuevas medidas de ajuste, argumentando que resulta imposible sostener una nómina salarial que supera ampliamente la capacidad de recaudación.

Benítez sostuvo además que las posibilidades de acceder a nuevos préstamos bancarios son reducidas, por lo que la principal apuesta de la administración será incrementar los ingresos mediante una campaña de regularización tributaria. En ese sentido, adelantó que se analiza promover una ordenanza para reducir multas e intereses de tributos municipales, buscando incentivar a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones.

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El asesor también reveló que la falta de transferencia del porcentaje correspondiente al impuesto inmobiliario impide actualmente que la Municipalidad reciba recursos de Royalties, situación que agrava aún más la situación financiera.

Mientras tanto, los trabajos de mantenimiento urbano continúan realizándose de manera limitada. Según explicó, tareas como el bacheo de calles se ejecutan principalmente gracias al aporte de vecinos y comerciantes, además de pequeñas erogaciones realizadas mediante el fondo de caja chica.

Por su parte, el director de Administración y Finanzas, Ricardo Quintana, afirmó que la prioridad inmediata será regularizar el pago de salarios del personal municipal. Recién después, indicó, se buscará cumplir con las obligaciones pendientes hacia proveedores para garantizar la continuidad de servicios esenciales como limpieza, mantenimiento y obras menores.

La denuncia hace referencia a la falta de condiciones adecuadas para albergar a niños y adolescentes que participaban de las actividades, además de presuntas situaciones de violencia, conforme informaron a ABC fuentes del MINNA.

Durante la inspección, el equipo constató que el predio no reunía las condiciones necesarias para la permanencia nocturna de los menores, especialmente debido a las bajas temperaturas.

“Se observó insuficiencia de espacios adecuados para el descanso, una cantidad limitada de colchones, varios de ellos en mal estado, y la ausencia de frazadas y sábanas suficientes para cubrir las necesidades de todos los asistentes”, indica un reporte del MINNA. En cuanto a las presuntas situaciones de violencia, no se indicaron mayores detalles.

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Participaban 161 personas

El responsable de la organización informó a los intervinientes que en el campamento participaban 161 personas, entre niños y adolescentes.

Además, durante la verificación documental, el equipo interinstitucional no pudo corroborar que la totalidad de las autorizaciones parentales presentadas correspondiera a la cantidad de niños y adolescentes presentes en la actividad.

En las imágenes difundidas durante la intervención se observan residuos de bebidas alcohólicas. También se evidencian camas sin colchones, espacios sin acondicionamiento suficiente para hacer frente a las bajas temperaturas registradas en los últimos días y sectores con instalaciones improvisadas en el predio.

Asimismo, se observan prendas y pertenencias de los niños y adolescentes dispersas en distintos puntos del lugar, entre otros aspectos señalados durante la verificación realizada por la comitiva interinstitucional.

Defensoría dispuso custodia policial

Posteriormente, la defensora pública Lorena Ledesma acudió al predio para realizar una verificación y dispuso la permanencia de personal de la Policía Nacional para el resguardo y la custodia preventiva del recinto durante el desarrollo del campamento.

Minna recomendó suspender la pernoctación

Según el informe del MINNA, quedaron registradas las observaciones realizadas durante la intervención y se recomendó adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, seguridad, abrigo y bienestar para los participantes.

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Asimismo, el MINNA informó que recomendó suspender la pernoctación hasta que se cumplieran las garantías mínimas para el alojamiento de los menores. Sin embargo, de acuerdo con la cartera de Estado, la defensora pública no accedió a esa solicitud.

Ante esta situación, según informó el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, los menores quedaron a cargo de la Policía Nacional y de la Defensoría Pública durante el desarrollo de la actividad.

Autoridades del MINNA refirieron a ABC que aún se encuentran analizando los datos recabados y que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. Además, convocaron a los organizadores del campamento para tratar el caso.

Sus posteos en esta red se caracterizan por sus posicionamientos controversiales sobre diversos temas de la agenda local, aunque mayormente opina sobre fútbol. En este aspecto, su imagen está muy asociada al Club Olimpia, del cual es fanático y, de hecho, suele apuntar a mostrarse como alguien de influencia dentro de ese núcleo, compartiendo fotografías con dirigentes.

En Instagram usa el mismo nombre y usuario que en X, mientras que en Facebook es Robertito Neutron Moreno. En ambas redes sociales, el joven de 34 años venía compartiendo, aunque sin tantas interacciones, fotografías de su ámbito personal y familiar. Desde febrero de 2025 se puede encontrar una serie de publicaciones desde sitios emblemáticos de París.

Capturan a Neutrón, buscado por Francia por trata de personas y proxenetismo a nivel mundial

¿Por qué fue detenido Roberto Moreno Méndez?

“Robertito Neutron”, como muchos lo conocen, es señalado por proxenetismo, trata de seres humanos y asociación de delincuentes. El comisario Juan Fretes, oficial de enlace de Interpol, contó en entrevista con ABC que la investigación criminal en Europa ya venía cercando a su familia.

Como antecedente, comentó que en 2024, dos hermanos de Roberto Moreno Méndez ya habían sido detenidos por la policía en Francia bajo los mismos cargos.

Pero la red no solo involucraba a paraguayos. Las autoridades francesas ya arrestaron previamente a siete ciudadanos de nacionalidad china que formaban parte activa de esta estructura que operaba en conjunto con cómplices franceses y españoles para la explotación sexual de las víctimas en distintas ciudades de Francia.

De acuerdo con los reportes de la policía francesa, la banda criminal venía siendo investigada desde 2023. Se estima que Moreno Méndez llevaba entre cuatro y cinco años dedicado activamente a captar mujeres en Paraguay.

El modus operandi: ostentación en redes para captar víctimas

El rol de Moreno Méndez dentro del esquema transnacional era fundamental, ya que funcionaba como uno de los principales captadores en territorio paraguayo. Su estrategia combinaba la manipulación digital con la fachada de un próspero estilo de vida, de acuerdo a los investigadores.

“Esta persona de manera activa estaba publicando en sus cuentas en redes sociales que tenía un movimiento en suelo francés y otras cuestiones concernientes ya a los distintos movimientos que tenía dentro de la sociedad paraguaya”, indicó el uniformado.

Esta pantalla de éxito y solvencia económica era el anzuelo perfecto para atraer a mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes luego enviaba a Europa con falsas promesas, donde finalmente terminaban siendo explotadas sexualmente.

El seguimiento digital que terminó en la captura

La detención de Moreno Méndez es considerada un caso de éxito de la cooperación policial internacional. El comisario Fretes explicó que el trabajo coordinado permitió finalmente neutralizar al sospechoso.

En ese sentido, refirió que agentes especializados de la policía francesa y del grupo de lucha contra la trata de Interpol realizaron un minucioso seguimiento digital a las cuentas del sospechoso.

Una vez que los investigadores franceses remitieron todo el soporte documental a través de los canales de Interpol, las autoridades judiciales de nuestro país actuaron con rapidez para procesar y judicializar la orden de captura internacional.

De esta manera, Moreno Méndez fue localizado y detenido en menos de un mes desde la publicación oficial de su alerta roja

Próximo paso: 90 días para formalizar la extradición

Las autoridades de Paraguay ya comunicaron formalmente la detención a sus pares en Francia. De esta forma, se abre ahora un plazo estimado de 90 días para que la justicia francesa remita por los canales oficiales toda la documentación y el exhorto formal para que se concrete la extradición de Moreno Méndez, quien deberá responder ante los tribunales europeos por los graves delitos que se le atribuyen.

Detienen en Santiago a un hombre con orden de captura nacional e internacional por presuntos hechos de abuso sexual

IPS: “El vendehúmo Isaías Fretes jamás presentó una denuncia”, dice su exasesor

El titular del IPS explicó que Pereira forma parte del equipo de especialistas que trabaja sin remuneración para encontrar una salida a la crisis financiera que atraviesa la previsional.

“Es uno de los financistas que hace más de un mes y medio está trabajando gratis”, afirmó.

Asegura que ya realizó cambios en áreas estratégicas

Por otra parte, Fretes rechazó que la estructura administrativa permanezca intacta y sostuvo que desde su llegada ya impulsó modificaciones en cargos considerados clave.

“Hicimos muchos cambios, muchos cambios en áreas importantes“, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que fueron reemplazados el responsable del patrimonio y el tesorero.

Denuncian injerencia de Juan José Galeano, asesor de Peña, en el IPS

Sin embargo, confirmó que Gladys Vera continúa como gerente de Administración y Finanzas, al considerar que actualmente está desempeñando una buena gestión.

“Hay momentos para cambios. Nosotros ahora estamos en medio de una tormenta (...) Hasta el momento yo la estoy viendo que está cumpliendo una buena labor”, expresó.

Fretes agregó que, una vez superada la crisis financiera, evaluará con mayor tranquilidad la estructura de la institución.

“Una vez que pasemos la tormenta (...) Vamos a ir moldeando la institución. Lo peor que uno puede hacer es cambiar en el momento menos oportuno”, indicó.

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Denuncias sobre supuesta injerencia de asesores

Consultado sobre las declaraciones del exasesor Sergio Lovera, quien denunció una supuesta injerencia de Juan José Galeano, asesor del presidente Santiago Peña, en decisiones del IPS, Fretes evitó profundizar en el caso, aunque rechazó las afirmaciones.

El presidente de la previsional explicó que mantiene una relación personal con la familia de Lovera, lo que le impide responder sobre estas denuncias.

“Por una cuestión ética, por una cuestión moral (...) tengo las manos atadas”, manifestó.

No obstante, sostuvo que las afirmaciones realizadas por su exasesor “no corresponden”.

“Lo único que puedo decirte es que todo lo que este señor dijo no corresponde. No vale la pena hablar de una persona que ya se fue", afirmó.

Además, negó que el nuevo director jurídico tenga vínculos con el exdirector jurídico José Ignacio González Maldonado, como también se había mencionado públicamente. "Es infundado“, respondió en varias oportunidades al ser consultado sobre esa versión.

Fretes añadió que las investigaciones internas y las denuncias que impulsa la institución serán las que finalmente esclarezcan los hechos. “Las denuncias que van a ir apareciendo van a hablar por sí solas”, concluyó.

Descarta renunciar

En otro momento, el presidente del IPS descartó la posibilidad de renunciar al cargo, pese a todo el “desorden” hallado en la institución. “Me envían a una misión y yo voy a cumplir esa misión, con honor, lealtad y sacrificio”, prometió.

Finalmente, confirmó que estuvo presente en el cumpleaños del presidente de la ANR, Horacio Cartes, pero negó rumores sobre una propuesta para candidatarse para senador. Descartó aceptarla en caso de que le llegue la invitación.

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Específicamente la máxima instancia judicial declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Alcaraz, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 28 de fecha 15 de octubre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción judicial de Boquerón, integrado por los camaristas Sirley Patricia Romero Villalba, Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz y César Denis Macoritto González.

“La parte recurrente busca obtener la nulidad de la resolución de segunda instancia simplemente debido a que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia. Estas circunstancias, por sí solas, no justifican el reclamo de falta de fundamentación y, en consecuencia, estos agravios deben ser rechazados por ser infundados”, resalta parte del fallo dictado por la Sala Penal, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.

Con esta resolución queda firme la Sentencia Definitiva N° 72 del 5 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, que condenó por el hecho de corrupción al exintendente chaqueño.

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En el juicio oral el Colegiado de Sentencia permitió la declaración de las víctimas, a través de los medios telemáticos, y con esos testimonios se pudo identificar el enorme perjuicio ocasionado a las comunidades indígenas del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón.

Intendente chaqueño desvió dinero del Fonacide

La Sentencia Definitiva N° 72 del 5 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a 4 años y 6 meses a Eladio Ramón Alcaraz Pereira, exjefe comunal del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia (Chaco), por el perjuicio patrimonial de G. 1.054.108.443 a las arcas del municipio chaqueña.

En el juicio oral el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez, había solicitado tras la presentación de sus alegatos finales la aplicación de una pena de 6 años y seis meses de prisión para el exjefe comunal del distrito chaqueño.

Para el colegiado de sentencia quedó acreditado que en el 2013 el entonces Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia unos G. 1.536.009.249 en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide); G. 2.267.678.126 en concepto royalties; y G. 132.783.970 en concepto de transferencia de juegos de azar.

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Sin embargo, del total de G. 3.936.471.345 que el municipio recibió ese año, el entonces intendente ahora condenado habría sustraído de la institución, sin contraprestación alguna, un monto total de G. 1.054.108.443, correspondiente a los recursos del Fonacide, de acuerdo a lo destacado por la presidenta del tribunal, al momento de dar a conocer el fallo.

Condenado “perjudicó a los más vulnerables”

La jueza Elsa García también resaltó que la conducta delictiva de Eladio Ramón Alcaraz Pereira perjudicó a los más vulnerables del distrito situado en el departamento de Boquerón, teniendo en cuenta que el dinero desviado tendría que haber beneficiado a las comunidades indígenas asentadas en el distrito.

“Los fondos provenientes de la Ley del Fonacide eran para el mejoramiento de la oferta educativa. Ese dinero debía llegar a la franja vulnerable de personas que tienen derecho a la educación, como son los niños y jóvenes de la comunidades indígenas, pero eso no ocurrió. He ahí la gravedad de la conducta del intendente”, puntualizó la magistrada.

En el juicio oral el Ministerio Público probó que el dinero fue utilizado para otros fines, que nada tienen que ver con obras municipales o que beneficien a los contribuyentes; afectando a todo el distrito ubicado en uno de los departamentos con mayores carencias del país.

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Al respecto, la presidenta del tribunal resaltó que el 31 de marzo de 2014 el entonces intendente de Mariscal Estigarribia presentó ante la Contraloría General de la República la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013, correspondiente al rubro Fonacide, y en el ítem de total pagado estableció la suma de G. 1.248.461.234, pero registró documentación de los pagos solo por el monto de G. 194.351.791.

"Gatillo fácil" en Alberdi son cosas que suceden dice el ministro del interior

La medida fue presentada por el fiscal Diego Benítez, titular de la Unidad Penal N.° 2 de Alberdi, con el acompañamiento del fiscal César Riquelme, de la Unidad Penal N.° 1, quien interviene como coadyuvante en la causa.

Además de la imputación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno la aplicación de la prisión preventiva para los ocho efectivos policiales, al considerar la gravedad del hecho y la necesidad de asegurar el desarrollo de la investigación.

El caso se originó tras el fallecimiento del joven durante una persecución policial registrada el día Domingo de madrugada sobre la ruta PY19, a la altura del kilómetro 80, en el trayecto que conecta las ciudades de Alberdi y Villa Oliva.

De acuerdo con la versión proporcionada por la Policía Nacional, el conductor de un automóvil Toyota Allion no habría detenido la marcha ante una barrera de control policial, situación que desencadenó una persecución.

Durante el operativo, los agentes realizaron múltiples disparos contra el vehículo. Conforme a los elementos reunidos hasta el momento por la Fiscalía, fueron efectuados 30 disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza del conductor, provocándole la muerte.

La investigación fiscal busca determinar con precisión cómo se desarrolló el procedimiento y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los policías involucrados en el operativo.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó la realización de pericias balísticas, inspecciones técnicas, levantamiento de evidencias, análisis de los protocolos de actuación policial y otras medidas investigativas destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del joven.

El caso ha generado una fuerte repercusión en Alberdi y en el departamento de Ñeembucú, donde familiares, amigos y diversos sectores de la comunidad exigen el esclarecimiento y que se determinen las responsabilidades conforme al resultado de la investigación judicial.

Ramírez Lezcano señaló que las negociaciones con China son un tema que se viene dialogando desde hace varios años, teniendo en cuenta que ese país es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tras habilitación de Taiwán a la carne aviar paraguaya, el desafío es bajar arancel del 20%

“Paraguay no se niega a relaciones comerciales”

“Como ustedes saben, Paraguay no se niega a establecer relaciones comerciales con China, siempre y cuando no haya condicionamientos respecto de la relación diplomática que Paraguay sostiene y mantiene con Taiwán. Así que vamos a seguir el diálogo, vamos a negociar si esas son las condiciones; no tenemos ninguna restricción”, sostuvo el canciller.

Peña reivindica la alianza con Taiwán

La postura del canciller coincide con lo expresado por el presidente Santiago Peña en su último informe de gestión, donde sostuvo que “ser un jugador de clase mundial” exige una política exterior sólida y basada en principios, “que honre nuestra palabra ante los aliados”.

En ese contexto, el mandatario destacó a Taiwán como un "aliado estratégico y una nación hermana“, con la que Paraguay desarrolla proyectos de cooperación en educación, tecnología, vivienda y salud.

Entre ellos mencionó la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, una inversión cercana a los US$ 30 millones para la formación de profesionales en áreas de ingeniería.

Así como el proyecto “Yguazú Digital”, una iniciativa conjunta para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo, según lo informado por las autoridades paraguayas.

Cooperación con impacto económico y social

En materia de cooperación financiera, Peña resaltó el financiamiento de US$ 200 millones otorgado por Taiwán para fortalecer el programa habitacional Che Róga Porã.

Asimismo, recordó que se encuentra en marcha el proyecto del Hospital General de Asunción, que contempla una inversión de US$ 62 millones, con un primer desembolso de US$ 20 millones.

De acuerdo con el informe presidencial, estos proyectos contribuyen a la generación de empleo, la reducción del déficit habitacional, el fortalecimiento del sistema de salud y el desarrollo del capital humano en áreas tecnológicas.

Peña celebra "sólida alianza" entre Paraguay y Taiwán al cumplirse 69 años de relaciones

Taiwán, un mercado clave para la carne paraguaya

Además de la cooperación financiera, Taiwán continúa siendo uno de los principales destinos de las exportaciones cárnicas paraguayas, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Durante el 2025, fue el tercer mayor comprador de carne bovina paraguaya, con importaciones de 47.290.243 kilos por un valor de US$ 292 millones. También ocupó el segundo lugar entre los destinos de las menudencias bovinas, con compras de 6.065.498 kilos por US$ 20 millones.

En carne porcina, Taiwán se consolidó como el principal mercado para Paraguay, al adquirir 14.060.293 kilos por un valor de US$ 48 millones. Tanto la carne bovina como la porcina ingresan al mercado taiwanés con arancel cero.

A estos rubro exportados por el Paraguay se le suma la reciente apertura del mercado taiwanés para la carne aviar paraguaya. Tras años de negociaciones, el país logró habilitar ese destino y ya concretó el envío del primer cargamento de 150 toneladas de productos avícolas.

El grueso de los manifestantes –agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos– se encontraba acampando en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), donde la movilización comenzó de nuevo hoy antes de las 7:00.

Los labriegos trajeron a la capital una serie de reclamos para instituciones del Estado como el MUVH, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Segundo día de movilización y reuniones

Ayer, martes, representantes de los campesinos se reunieron con autoridades del MUVH y del Ministerio de Agricultura, pidiendo acceso a viviendas y tierras, además de un mayor apoyo por parte del Gobierno a la agricultura familiar, entre otros reclamos.

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Sin embargo, las reuniones no dieron resultados satisfactorios para los manifestantes y hoy volverán a realizarse nuevas audiencias, manifestaron a ABC Color portavoces de los campesinos.

Además de los reclamos sobre tierras y apoyo a la agricultura familiar, los manifestantes reclaman al Gobierno un mayor acceso a la educación y refuerzos a las dotaciones de docentes en sus respectivas comunidades.

La situación ha generado una profunda indignación entre los usuarios del sistema previsional. En el Hospital Central y en clínicas periféricas, los pacientes reportan carencias que, según afirman, se prolongan desde hace meses.

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”Es el colmo ya, nunca hay nada. Día que venis, te vas sin nada. Para qué seguimos pagando IPS si no sirve de nada. Ni doquiera diclofenac hay”, se quejó Lucila Gómez, quien indicó que desde hace meses suplica por su medicamentos para su presión arterial.

Entre los medicamentos con mayores reportes de falta de stock se encuentran fármacos esenciales de costo moderado para el tratamiento de enfermedades crónicas, tales como el Telmisartán, Levotiroxina, Losartán y Amlodipina. Otros, principalmente aquellos fármacos oncológicos o para enfermedades de alta complejidad, son imposibles de costear por el asegurado.

Insostenibles gastos de bolsillo, dicen asegurados del IPS

Muchos asegurados, ante la imposibilidad de acceder a sus tratamientos a través de la red del IPS, se ven obligados a costear estos medicamentos por cuenta propia, lo que representa un golpe directo a su economía familiar, especialmente para aquellos que dependen de una jubilación mínima. Así también, hay quienes debido al elevado costo de sus medicinas y la falta de estos en el IPS, abandonan sus tratamientos poniendo en riesgo sus vidas.

“Desde hace meses que no consigo mis remedios para la presión alta. No son medicamentos caros por eso puedo aguantar el gasto, pero ya soy una persona mayor, sin ingresos, no me sobra dinero para gastar todos lo meses en remedios”, expresó molesta doña Juana Recalde.

Además de la falta de fármacos, los asegurados han denunciado una deficiente atención administrativa, señalando fallas en la central telefónica y la ausencia de información clara sobre las fechas de reposición de stock, lo que obliga a muchos pacientes a realizar viajes innecesarios y esperar largas horas en las farmacias.

“El IPS me está matando. Llevo meses sin medicación, no hay nunca mis remedios para mis problemas cardíacos. Son remedios caros”, lamento por su parte Antonio Rivas.

La respuesta de las autoridades

La semana pasada, las autoridades del IPS han reconocido la gravedad del desabastecimiento. Según informes recientes, un porcentaje importante del vademécum institucional presenta actualmente problemas de falta de stock, lo que se traduce en unos 134 medicamentos que no están siendo entregados por proveedores.

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Un informe presentado por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, detalla que aunque existen procesos licitatorios en curso y presupuesto asignado, 36 empresas proveedoras han incumplido los plazos de entrega, dejando a la institución con un “stock cero” en insumos críticos.

En su última sesión del martes 14 de julio, las autoridades del IPS volvieron a expresar preocupación y reconocieron que la crisis que afecta al IPS golpea directamente a los aportantes del seguro social.

Un horizonte incierto en IPS

Mientras el IPS promete agilizar las adquisiciones y revisar las causas del desabastecimiento, miles de asegurados siguen a la espera de un sistema que, hoy por hoy, no logra garantizar la continuidad de sus tratamientos de salud.

Mientras los asegurados se preguntan cuánto tiempo más podrán sostener el costo de los fármacos por fuera del sistema previsional antes de que la administración de Isaías Fretes logre estabilizar finalmente el suministro y abastecimiento de las farmacias.

Con este esquema, unas 30 empresas transferirán sus acreencias a entidades bancarias, que financiarán al Estado por un plazo de tres años. Los proveedores recibirán el capital descontando los intereses, mientras que el Estado cancelará la deuda posteriormente con los bancos.

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“El banco le va a entregar los veinte mil millones menos el 12% de interés”, ejemplificó.

Los bancos se llevarán las ganancias, asegura

Villalba señaló que las empresas aceptaron estas condiciones porque no encontraron otra alternativa para recuperar parte del dinero adeudado.

“Lastimosamente, es la única forma de poder cobrar un monto grande”, sostuvo.

Añadió que el sector terminará absorbiendo el costo financiero para recuperar liquidez y cumplir con sus propios compromisos con proveedores internacionales y bancos locales.

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“Nuestra rentabilidad le estamos trasladando al banco. El banco va a ganar nuestra rentabilidad", enfatizó.

Precisó que la cesión abarcará aproximadamente US$ 360 millones en deudas correspondientes al rubro de medicamentos, pero dejará fuera obligaciones vinculadas a servicios, diálisis y recursos de amparo, por lo que una parte importante de los proveedores continuará esperando el pago.

“La deuda va a seguir creciendo”

El dirigente sostuvo que el acuerdo representa apenas un alivio parcial, ya que el Estado continúa generando nuevas deudas mientras dispone de recursos limitados para cumplir con los pagos.

Explicó que, aunque este año el Ministerio de Economía realizó desembolsos importantes, la deuda prácticamente no disminuyó porque ingresaron nuevas facturas pendientes.

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Incluso estimó que al cierre de este 2026 el Estado seguirá arrastrando una parte significativa de las obligaciones correspondientes al 2025.

“Si quiere mi opinión, yo creo que a diciembre vamos a llegar con un 50% todavía de deuda de diciembre de 2025“, sostuvo.

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Presupuesto insuficiente provoca desabastecimiento y deudas

Villalba atribuyó el desabastecimiento de medicamentos al déficit presupuestario que enfrenta el Ministerio de Salud.

Indicó que este año la cartera dispone de unos US$ 450 millones para medicamentos, una cifra insuficiente para pagar deudas y, al mismo tiempo, las compras nuevas.

En ese sentido, aseguró que actualmente la cartera sanitaria realiza compras mensuales de entre US$ 15 y 18 millones, muy por debajo de los cerca de US$ 50 millones que adquiría anteriormente.

“Por eso se está notando ese desabastecimiento. Estás comprando menos para llegar a su presupuesto”, sostuvo.

A su criterio, con los recursos disponibles apenas se logra cubrir entre el 60% y el 70% de la demanda del sistema sanitario.

“Yo creo que va a faltar de todo. Oncología, hipertensión... hasta un losartán te va a faltar”, enfatizó.

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Los pedidos de última hora dificultan las importaciones

El presidente de CRIFA explicó que las restricciones presupuestarias también modificaron la forma de comprar medicamentos.

Según indicó, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto de Previsión Social (IPS) realizan adquisiciones para períodos muy cortos, sin mantener un stock de reserva, y luego exigen entregas casi inmediatas.

Sin embargo, recordó que la importación de medicamentos requiere entre 30 y 45 días entre la compra, el transporte y los trámites de despacho.

“Ellos hacen el pedido y quieren que se lo entreguen en siete días. Eso es imposible para nosotros los importadores e incluso para los nacionales, porque tienen que fabricar”, manifestó.

Añadió que la falta de planificación impide a las empresas anticipar qué cantidad deberán importar.

Nuevos hospitales aumentan la demanda, pero no hay más recursos

Villalba reconoció que el Gobierno realizó importantes inversiones en infraestructura sanitaria y que la atención mejoró en hospitales recientemente inaugurados.

Sin embargo, sostuvo que esa inversión en el sistema de salud no fue acompañada por un incremento suficiente del presupuesto operativo.

Por ejemplo, mencionó que se incrementó notablemente la cantidad de pacientes en Coronel Oviedo y en Encarnación, pero los hospitales no tienen presupuesto para suficientes medicamentos, mantenimiento, insumos y hasta limpieza.

Afirmó además que muchos asegurados del IPS recurren actualmente a hospitales del Ministerio de Salud debido a las demoras para acceder a consultas.

“Un 30% de los nuevos pacientes del Ministerio de Salud son gente de IPS”, sostuvo.

“Hay que definir qué política de salud quiere el país”

Aunque destacó avances en la informatización del sistema y en la trazabilidad de medicamentos, Villalba insistió en que el problema central sigue siendo el presupuesto.

Sostuvo que el país debe debatir qué modelo sanitario pretende sostener y adecuar el presupuesto a esa decisión. En ese sentido, cuestionó que el Estado continúe ampliando la cobertura sin garantizar los recursos necesarios para sostenerla.

“El Gobierno dice: ‘Yo te doy consulta gratis, medicamentos gratis, estudios gratis’. Pero si no tenés un respaldo presupuestario, es imposible que se cumpla”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que, a su criterio, el origen del problema se remonta a la implementación de la gratuidad de la salud sin un financiamiento suficiente.

“Fernando Lugo abrió una canilla, pero no tenía para pagar el agua”, consideró en ABC Cardinal.

Según reveló, Fretes le planteó que “o me voy yo o te vas vos” y hasta le sugirió presentar una renuncia por motivos de salud para evitar repercusiones públicas, propuesta que rechazó.

Lovera sostiene que su salida fue consecuencia de las denuncias que venía realizando sobre presuntas irregularidades dentro del IPS.

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Consecuencia de denuncias que realizaba

Señaló que, incluso antes de asumir definitivamente como asesor, tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia, a quien acusa de intervenir en decisiones internas de la previsional pese a no tener atribuciones legales para hacerlo.

Afirmó que el presidente del IPS no ejerce el verdadero control de la previsional y que el poder de decisión recae en Juan José Galeano, a quien identificó como el “brazo derecho” del presidente Santiago Peña.

“José Alberto Alderete le nombró a Isaías Fretes en el IPS, por eso me río cuando dice ‘los politiqueros’. Él está ahí por él. Antes de mi nombramiento, yo renuncié en la primera reunión porque me tomé con J. J. (Juan José Galeano)“, declaró.

Cuestionamientos contra gerentes del IPS

Según el exfuncionario, Galeano influía en la permanencia de directores y gerentes, especialmente de Cecilia Rodríguez, actual gerente de Abastecimiento, a quien calificó como una figura “intocable” por ser pareja de un primo del presidente Santiago Peña.

Afirmó que esa gerencia concentraba las áreas más sensibles, como licitaciones y tercerizaciones de limpieza, seguridad y fumigación.

Asimismo, cuestionó la permanencia de Rodríguez al frente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS. Recordó que fue sumariada por el caso del aumento del 75% a jubilados, hecho que -dijo- la Fiscalía calificó como un presunto hecho punible grave.

Según Lovera, propuso su reemplazo, pero recibió como respuesta por parte de Fretes que no era posible removerla.

“Fatos” dentro del IPS

Entre las principales denuncias, Lovera afirmó haber detectado un supuesto esquema de descuentos irregulares a trabajadores tercerizados de limpieza, que representaría un perjuicio de alrededor de G. 1.300 millones mensuales.

Dijo que pidió la destitución de la directora de Servicios Administrativos y la remisión del caso a la Fiscalía, pero aseguró que Fretes le respondió que no podía actuar debido a las relaciones políticas de la funcionaria con la gerente Rodríguez.

También denunció que impulsó el envío a la Fiscalía de un caso relacionado con la supuesta condonación irregular de G. 400 millones a favor del exasesor jurídico José “Jose’i” González, decisión que, según afirmó, habría sido autorizada políticamente por Galeano. Sostiene que esa actuación generó otro conflicto con la administración.

Como tercera “causa”, señaló que durante una verificación de depósitos encontró materiales valuados en unos US$ 50 millones que, según dijo, no estaban correctamente registrados. Aseguró que intentó informar personalmente a Fretes acompañado de directores del IPS, pero que el presidente se negó a recibirlo tras la intervención de gerentes de la institución.

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Equipo de gerentes con Juan José Galeano

Lovera también cuestionó la gestión del entonces presidente del Consejo de Administración, Jorge Brítez. Si bien minimizó su rol en las presuntas irregularidades, sostuvo que quienes realmente manejaban el IPS eran Juan José Galeano y el mismo equipo de gerentes que, según él, continúa operando dentro de la institución.

Asimismo, explicó que decidió hacer públicas estas denuncias luego de acceder a documentación sensible cuando asumió interinamente la presidencia del IPS tras la salida de Jorge Brítez. Aseguró que recién entonces pudo conocer información que calificó como “secreto de Estado”.

“Estando adentro, yo no tenía acceso a muchos documentos. Prácticamente, yo estoy después del presidente y no tenía acceso al presupuesto 2027, a lo ejecutado a la fecha. Me negaron. Ellos tenían padrinos arriba y la orden era que no reciba ningún documento. La orden era de J. J. (Galeano). Es el brazo derecho de Santiago Peña. Él, directamente, daba las órdenes”, dijo.

Pidió atención a reingeniería del IPS

Además, advirtió sobre un supuesto plan para impulsar un fideicomiso, contratar un préstamo internacional y emitir bonos respaldados con recursos del IPS a través de la AFD.

Según afirmó, estas iniciativas pondrían en riesgo la sostenibilidad financiera de la previsional, por lo que pidió especial atención al proceso de reingeniería que impulsa la actual administración.

El cielo se mantendrá escasamente nublado, con un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde. Los vientos del sector norte soplarán con intensidad moderada a fuerte.

Aumento gradual de las temperaturas y vientos en los próximos días

Para el jueves se pronostica un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados a fuertes del noreste. La temperatura mínima prevista es de 16 °C y la máxima de 27 °C.

Para los próximos días, los vientos del sector norte se intensificarán, con velocidades previstas de entre 40 y 60 km/h en promedio, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h. Esta condición persistiría hasta el sábado 18, según Meteorología.

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Por otro lado, se prevé un marcado aumento de la temperatura durante los próximos días, alcanzando los valores más elevados entre el viernes 17 y el sábado 18. En consecuencia, durante el resto de la semana predominará un ambiente cálido a caluroso.

Las jornadas se caracterizarán por un cielo entre escasamente y parcialmente nublado, con mayor presencia de nubosidad durante las tardes.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00. El bus habría sufrido problemas en sus frenos al llegar a una curva en la ruta, lo que causó que se saliera de control, según manifestó el conductor, citado por el medio brasileño Rede Peperi.

Según reportó ese medio, llevaba 67 pasajeros y había salido de la ciudad de Gramado (estado de Río Grande del Sur) con destino a Paraguay. Era una comitiva que incluía a bailarinas de una academia de danza de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia, departamento de Guairá, y a sus acompañantes.

Las identidades de las fallecidas

El intendente de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia, José Resquín, confirmó en ABC Cardinal que las tres personas fallecidas eran familiares de él: su tía Nelly Peralta de Rojas (75), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).

Dijo también haber recibido información de que hay múltiples heridos que fueron derivados a varios hospitales de la zona, varios de ellos en grave estado.

“Me informaron que a una de las bailarinas se le está amputando en este momento una de las piernas”, lamentó.

El intendente Resquín dijo que varios familiares ya están en camino a Brasil y que probablemente en las próximas horas tendrán más información sobre las circunstancias del hecho y el estado de salud de los heridos.

Conquistaron varios premios

El intendente detalló que la comitiva que sufrió el accidente forma parte de la Academia de Danzas Bethania, de su ciudad. Resaltó que elenco retornaba con mucha alegría al país debido a que lograron ganar en varias categorías en un evento realizado en Gramado.

En las redes sociales de la academia contaron que se alzaron con el máximo galardón durante el concurso y compartieron un video en que todos celebran con las remeras de la Albirroja y la bandera paraguaya.

Se esperan condiciones similares, sin posibilidad de precipitaciones, durante lo que resta de la semana.

La temperatura subiría hoy notablemente luego de un par de días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 27 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco, con mínimas de entre 11 y 18 grados en todo el país.

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Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital y 33 grados el viernes. Las mínimas entre mañana y el viernes estarían entre 20 y 25 grados en Asunción.

El hecho ocurrió sobre la calle Adela Speratti, donde el rodado estaba estacionado al costado de la vivienda de su propietario, Diego Iguami. El vehículo fue localizado posteriormente abandonado sobre las calles Asunción y 15 de Mayo, en Fernando de la Mora.

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El dueño activó el protocolo tras revisar las cámaras

Diego Iguami relató que cerca de las 00:10 se despertó y, al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda, advirtió que el automóvil ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

Inmediatamente llamó al Sistema 911 y a la empresa encargada del monitoreo del GPS, que procedió a desactivar el motor del vehículo para impedir que siguiera circulando.

“Después de llamar a la Policía, en unos cinco minutos ya estaban en mi casa. Me subieron a la patrullera y fuimos siguiendo la ubicación que marcaba el GPS”, comentó.

Según explicó, cuando el sistema inmovilizó el automóvil, los delincuentes lo abandonaron y huyeron antes de que llegaran los intervinientes.

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Cámaras captaron a dos sospechosos

El propietario indicó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas se llevaron el automóvil. Las imágenes ya fueron entregadas a la Policía para apoyar la investigación.

Asimismo, señaló que, a simple vista, constató que el tambor de encendido fue violentado para poner en marcha el vehículo. La inspección completa quedó pendiente de la intervención del Ministerio Público.

Iguami lamentó que el robo ocurriera frente a su vivienda, pese a contar con cámaras y un sistema de rastreo, y afirmó que la inseguridad en la zona es un problema recurrente.

“Ya pasó antes en el barrio. Incluso con mis cámaras pudimos ayudar a un vecino a recuperar su vehículo”, recordó.

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El vehículo fue hallado abandonado

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría 2.ª Central de Fernando de la Mora, informó que los agentes encontraron el automóvil abandonado sobre la calle San José, entre Asunción y 15 de Mayo, luego de recibir la alerta correspondiente.

Indicó que, de acuerdo con los datos preliminares, el vehículo contaba con GPS, lo que facilitó su ubicación. Agregó que aún no se pudo identificar a los autores, ya que el rodado fue encontrado sin ocupantes.

Buscan identificar a los responsables

La Policía Nacional trabaja en el análisis de imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en el trayecto recorrido por el vehículo y en el lugar donde fue abandonado.

Los investigadores buscan determinar la identidad de los responsables y establecer cómo lograron sustraer el automóvil. Mientras tanto, el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía para las diligencias de rigor y la posterior entrega a su propietario.

La detenida fue identificada como Jorgelina Anahí Ramírez, y domiciliada en el mismo barrio donde se realizó el operativo. Además de la droga, los intervinientes incautaron una cartera de color negro y G. 186.000 en efectivo.

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Intentó huir al notar la presencia policial

De acuerdo con el informe oficial, los agentes realizaban una incursión preventiva a pie cuando observaron a la mujer en la vía pública, específicamente en la zona conocida como SUB 1, hacia el sector de Maracaná, en Ricardo Brugada.

Al percatarse de la presencia policial, la sospechosa intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptada. Según la Policía, durante el procedimiento se negó en todo momento a mostrar el contenido de la cartera que llevaba consigo.

Tras la verificación, los uniformados hallaron en el interior 104 dosis de presunto crack, cinco piedras de mayor tamaño de la misma sustancia y dinero en efectivo, por lo que fue trasladada a la sede policial para el procedimiento de rigor.

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Policía presume que la droga era para microtráfico

El subcomisario Juan Escurra explicó que el operativo forma parte de un esquema de incursiones preventivas impulsado por la Dirección de Policía de Asunción y ejecutado en distintos horarios en coordinación con la Comisaría 5.ª Metropolitana.

El jefe policial señaló que las cinco piedras incautadas podrían fraccionarse en entre 15 y 20 dosis adicionales cada una, lo que incrementaría considerablemente la cantidad de droga destinada a su distribución.

Aunque aclaró que la mujer no registra antecedentes penales ni existían denuncias previas que la vincularan con el microtráfico, sostuvo que la cantidad de sustancia encontrada permite presumir que estaba destinada a la comercialización.

No justificó la tenencia de la droga

Escurra indicó que la detenida no ofreció explicación sobre la procedencia ni la tenencia de la sustancia incautada y optó por guardar silencio durante la intervención.

La mujer acompañó a los agentes sin oponer resistencia hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La causa está a cargo del juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del 2° Turno, Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, quien debe resolver si hace lugar a la solicitud y entierra el caso, o aplica el trámite establecido en el Artículo 314 del Código Procesal Penal y se opone a archivar la causa.

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Si imprime el trámite de oposición y el equipo fiscal encargado de la investigación se ratifica en su pedido de desestimación, Estigarribia puede remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, de tal manera que el titular del Ministerio Público Emiliano Rolón Fernández o alguno de los fiscales adjuntos, se ratifique en el pedido de desestimación o rectifique la postura de los agentes inferiores.

Actualmente el juez Rodrigo Estigarribia se encuentra de vacaciones, por lo que su juzgado es interinado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández. Sin embargo, el magistrado interino dejaría la resolución del pedido fiscal en el caso pupitres chinos al juez titular de la causa, quien retornará de receso laboral en la última semana de julio.

Pedido sobre pupitres chinos en base a dictamen de peritos

El equipo fiscal encargado de investigar la denuncia sobre presunta compra sobrefacturada de 410.837 pupitres chinos sustenta su pedido de desestimación en el informe técnico-contable de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, que está a cargo de Gunter Krone, funcionario de confianza del fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

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Específicamente, el informe técnico fue realizado por el contador público William Fleitas y el abogado Osmar Garcete, los mismos profesionales que habían dictaminado por enterrar la denuncia en contra del ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Battaglia, por el presunto perjuicio de G. 1.6 billones a la previsional; y que en el caso de los pupitres chinos concluyeron que no hubo irregularidad en el proceso de adjudicación, no hubo sobrefacturación y que se entregaron todos los pupitres.

Del análisis técnico-normativo efectuado sobre la documentación obrante en la carpeta fiscal, así como de la verificación de los procesos administrativos vinculados a la adquisición de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos, la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) concluyó que “existe correspondencia entre las especificaciones técnicas definidas, la construcción de los precios referenciales y las ofertas adjudicadas, lo que determinó su razonabilidad técnica y económica.”

Respecto a la supuesta compra sobrefacturada del conjunto de los mobiliarios escolares (una mesa y una silla), señalada en la denuncia de los legisladores, la DAIE afirma que tampoco se menciona en forma concreta que situación de hecho es la que le permite inferir que los precios se encuentran sobrevalorados.

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“Esto es así porque bien se sabe que en materia de licitación ya sea de la Itaipú Binacional o cualquier otra institución pública del Estado, para determinar un precio referencial esta debe ser construida sobre la base de varios factores que necesariamente deben tomarse en consideración para fijar el precio”, remarca el informe de Fleitas y Garcete.

Precio de pupitres chinos es acorde, según informe

La denuncia presentada por un grupo de legisladores el 14 de marzo de 2025 afirma que el precio promedio adjudicado por la Itaipú Binacional para cada conjunto pedagógico (mesa y silla) es de G. 756.689, equivalente a US$ 96 a la fecha de la presentación de la denuncia. En contraste, según los despachos de importación, los precios de adquisición de estos bienes por parte de Kamamya S.A. oscilarían entre US$ 42 y US$ 58, montos que representarían entre G. 339.139 y G. 457.551 al momento de la denuncia.

Consultado por el equipo fiscal encargado de la investigación sobre los precios de mobiliarios similares en el mercado, el informe técnico del 15 de abril del 2026 se concluye que “encontramos un mobiliario con características muy similares a la ofertada en el llamado licitatorio, y nos pareció oportuno traer a colación al informe con el fin de apreciar sus características y el precio ofertado en el mercado local G. 800.000…”.

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Por otra parte, consultado sobre los precios de contrataciones similares emprendidas por el Ministerio de Educación y Ciencias, el informe técnico del 15 de abril del 20264 concluye lo siguiente: “podemos observar que la silla EB 1 para primer ciclo fue adquirido por G. 229.000 y la mesa EB 1 para primer ciclo fue adquirida por G. 480.000 lo cual nos arroja un precio unitario por conjunto (silla y mesa) de G. 709.000. Cabe destacar que este mobiliario no tiene las mismas características ni materiales de la adquirida por la Itaipú, ya que sería de un material distinto, de menor calidad, sin embargo, el precio es muy similar…”.

“Como se puede apreciar tomamos como referencia precios de productos del mercado local, mercado brasilero y precios abonados en Paraguay en licitaciones de años anteriores y el monto facturado por la empresa KAMAMYA S.A la cual arrojó como resultado, que los precios de venta ya sea en el mercado nacional o extranjero al realizar un promedio de los precios son acordes a lo facturado en dicha licitación…”, remarca el informe técnico que sustenta el pedido de desestimación de la denuncia.

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El monto total del contrato y sus adendas ascendió a G. 310.670.983.444, cifra que coincide plenamente con los registros de pago y la recepción de los bienes por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, según lo que resalta el dictamen técnico.

Presión para “blanquear” caso pupitres chinos

En plena sesión de la Cámara Baja, el diputado cartista y miembro recientemente reelecto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Aguilera defendió profusamente el pedido de desestimación de la Fiscalía respecto a la denuncia por supuesta “lesión de confianza” contra el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR, HC), por la supuesta compra sobrefacturada de “pupitres chinos”.

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Si bien Aguilera pretendió disgregar su rol de parlamentario y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

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“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.

La mujer relató que su hijo permanece internado con un cuadro delicado de salud, con sospecha de tuberculosis y problemas de adicción a las drogas. Afirmó que, pese a la predisposición del personal médico, la falta de recursos obliga a las familias a costear estudios y medicamentos.

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“Nos dijeron que el hospital no cuenta con absolutamente nada”

Según Brítez, su hijo fue encontrado el pasado domingo en estado crítico sobre la calle Colón, luego de varios años viviendo en situación de consumo problemático de drogas. Explicó que lo trasladó inicialmente a un centro asistencial, pero no consiguió un lugar para su internación hasta que, tras hacer pública su situación, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) lo derivó al Hospital Regional de Villa Hayes.

La denunciante destacó la atención brindada por médicos, enfermeros y personal de seguridad. Sin embargo, aseguró que desde el primer momento le advirtieron que el hospital atraviesa una grave carencia de recursos.

“Nos recibieron muy bien, pero también nos dijeron que el Hospital de Villa Hayes no cuenta absolutamente con nada y que hoy está abarrotado”, manifestó.

Indicó que varios estudios debieron realizarse en el sector privado porque equipos instalados en el hospital no funcionan. También describió un edificio deteriorado y con sanitarios en malas condiciones.

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Críticas al sistema de rehabilitación

Brítez sostuvo que lleva más de una década intentando ayudar a su hijo, quien —según su testimonio— comenzó a consumir drogas cuando tenía 16 años.

Afirmó que recorrió distintos centros de rehabilitación, reformatorios e instituciones públicas y privadas, pero cuestionó que en Paraguay no existan establecimientos especializados con equipos multidisciplinarios suficientes.

“En Paraguay no hay un centro de rehabilitación como corresponde. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay medicamentos ni acompañamiento”, expresó.

También lamentó que, por tratarse de una persona mayor de edad, existan limitaciones legales para gestionar una internación involuntaria, pese al grave estado de salud de su hijo.

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Responsabiliza al Gobierno

Durante su denuncia, Brítez responsabilizó al Gobierno por la falta de políticas públicas para personas con adicciones y sostuvo que desde hace años impulsa iniciativas para fortalecer la atención de niños y jóvenes con consumo problemático.

Recordó que en 2024 presentó un proyecto ante comisiones del Congreso relacionado con esta problemática, pero afirmó que la propuesta no tuvo tratamiento.

Además, cuestionó que la crítica situación ocurra en Villa Hayes, ciudad considerada una zona de fuerte influencia política del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Si fallece mi hijo, responsabilizo absolutamente al Gobierno”, afirmó.

La mujer pidió que las autoridades fortalezcan tanto el sistema sanitario como la red de rehabilitación para personas con adicciones, al sostener que numerosas familias atraviesan situaciones similares sin recibir respuestas oportunas del Estado.

La funcionaria llegó en esta jornada a Asunción como parte de su gira por los países del Mercosur (mecanismo integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que Bolivia está en proceso de adhesión), con el objetivo de “poner en valor” la trascendencia del histórico pacto de libre comercio que el bloque suramericano firmó en enero pasado con la UE.

En este sentido, afirmó que el acuerdo entre ambos entes ofrece a los empresarios españoles “certidumbre y seguridad jurídica” para iniciar o elevar sus inversiones en Paraguay, donde representan -apuntó- el quinto inversor extranjero con unos 190 millones de euros combinados.

“Esa previsibilidad, esa certidumbre y esa seguridad jurídica muchas veces son los factores que buscan los inversores para incrementar esas inversiones en distintos países y, creo que, en ese sentido Paraguay se verá beneficiado de esa estabilidad”, insistió.

Paraguay “tiene mucho que ofrecer”

López Senovilla también señaló que, como miembro del Mercosur, Paraguay “tiene mucho que ofrecer” por su privilegiada posición geográfica en el centro del grupo, así como por sus atractivas industrias manufacturera, agroindustrial y energética.

La secretaria de Estado de Comercio, que ya visitó Uruguay y Argentina, participará el miércoles del diálogo estratégico ‘Mercosur y la Construcción de Alianzas en el Nuevo Orden Geopolítico’, que se celebrará en las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP).

Allí, tendrá la oportunidad de intercambiar con expertos y funcionarios paraguayos el valor político y “gran significado” del acuerdo entre la UE y el Mercosur, que abrió un mercado de más de 700 millones de consumidores.

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El detenido

El detenido fue identificado como Derlis Gustavo Fleitas (30), quien contaba con requerimiento de captura internacional solicitado por la República Argentina. El hombre es requerido por la presunta comisión de hechos punibles de abuso sexual y exhibiciones obscenas reiteradas, agravados por la convivencia y su condición de guardador de la víctima, una menor de 18 años.

El operativo estuvo encabezado por el subjefe de la comisaría, oficial inspector Pedro González, junto con el equipo de INTERPOL a cargo del subcomisario Mario Escobar. Tras los trámites legales correspondientes y el examen médico el mismo fue trasladado hasta la sede de INTERPOL en Asunción, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

El instrumento, que se encuentra en impecable estado de conservación, fue adquirido años atrás. Para Lucero, quien no asiste a la escuela de manera presencial desde 2021 debido a los intensos dolores, el piano era su principal contención psicológica. Hoy, con la madurez de quien entiende la urgencia de su salud, ella misma dio el visto bueno para desprenderse de él y sortear para costar su costoso tratamiento médico.

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Pectus Excavatum, una lucha que lleva tres años

La vida de Lucero se complicó entre 2021 y 2022, durante una cirugía menor de hernia. Una junta médica posterior diagnosticó que la niña padecía Pectus Excavatum, una malformación genética y atípica en la cual el esternón crece hacia adentro y comprime los pulmones y el corazón dentro de la caja torácica.

En agosto de 2023, la menor fue sometida a una compleja cirugía donde se le colocaron barras estabilizadoras de metal, conocidas como barras de Nuss, para corregir la posición de su pecho. El próximo 22 de agosto de 2026 se cumplirán tres años de aquel procedimiento.

Sin embargo, el proceso ha sido sumamente doloroso y delicado. Las barras de metal le provocaron una herida abierta crónica entre las costillas que sangra constantemente y llega a infectarse. Para tratar esta herida, la familia debe adquirir costosos parches de corticoides que solo un laboratorio en el país distribuye, lo que genera gastos elevados.

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El “desprecio” del IPS ante 24 años de aportes

Tanto el padre de Lucero, el señor Sever Del Puerto, como su madre, son aportantes activos y obligatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) de forma ininterrumpida desde hace más de dos décadas. Pese a esto, la previsional les dio la espalda en el momento más crítico.

Si bien el IPS facilitó el quirófano para la colocación de las barras en 2023, la institución se negó a proveer los insumos médicos, reactivos y la medicación especializada posterior.

La justificación de la previsional fue que la patología de Pectus Excavatum no figura en su listado oficial de cobertura (vademécum).

“Nosotros seguimos con el desprecio por parte de nuestro seguro social. El descuento compulsivo como aportante continúa, pero IPS no cumple con la prestación por la cual pagamos. Es una violación al sagrado derecho de una niña que padece una enfermedad tan compleja”, denunció Sever Del Puerto.

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Ante la falta de respuestas y el desgaste del sistema público, la familia tuvo que recurrir al sector privado para sostener el costoso tratamiento.

Los detalles de la rifa benéfica

Hoy, Lucero necesita una cuarta cirugía para retirarle las barras de metal de su pecho, además de un prolongado tratamiento postoperatorio que incluirá fisioterapia postural y equinoterapia. Para lograrlo, la joven accedió al sorteo del piano.

Según detallaron, se trata de un piano acústico vertical marca DOINA, en excelente estado de funcionamiento. El precio de la rifa es de G. 20.000 por número y se prevé que el sorteo sea el viernes 21 de agosto (coincidiendo con la víspera del cumplimiento de los tres años de su cirugía).

La familia espera que el sorteo se realice en vivo a través de un programa de televisión (canal y conductor a confirmar). Asimismo, el traslado del piano se coordinará bajo los cuidados para proteger el instrumento, y el costo del flete se compartirá al 50% entre la familia y el ganador.

Por su parte el jefe departamental retrucó al mandatario desde sus redes sociales. Estigarribia es un fuerte crítico a la gestión de Peña ya que excluyó a su administración del manejo del programa Hambre Cero en escuelas. El liberal también había hecho denuncias de desvíos o retrasos en desembolsos de fondos estatales que deberían ejecutarse en obras en distritos de Central administrados por intendentes liberales.

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“La salud del país está abandonada”

“Presidente Santiago Peña: Mientras ustedes posan para la foto oficial, yo estoy con los vecinos de Villeta, en una clínica móvil, porque la salud del país está abandonada”, espetó el gobernador al mandatario en su cuenta de X (Twitter).

“Ñandejukapa (nos mata) el colapso en los hospitales. La gente pasa la noche en una silla esperando atención. A ustedes no los contratamos para el show. Los contratamos para resolver”, agregó Estigarribia, aspirante presidencial para el 2028 y líder del movimiento Nuevo Liberalismo que ahora lidera el PLRA.

“¡Jaheja (dejemos) la show, Presidente! Pongan remedios en las farmacias y atiendan a la gente", aseveró.

¿Qué dijo Santiago Peña ?

En diálogo con medios de prensa, el presidente Santiago Peña dijo esta mañana lamentar la ausencia de Estigarribia. Sostuvo que siguen “apostando a la descentralización del departamento Central, el departamento de la mayor población en el Paraguay”.

El mandatario afirmó que han desplegado todas las herramientas de políticas públicas en dicho departamento. Destacó que el programa Hambre Cero en las escuelas, que administran todas las gobernaciones menos Central y Presidente Hayes, “hoy se sirve en todas las escuelas del departamento Central”.

También destacó “el Plan Mil” de mejoramiento vial en las 19 ciudades del departamento Central; el envío de uno de los Bibliobuses y la construcción de centros de atención integral a primera infancia y uno de los 17 colegios modelos proyectados en todo el país.

Peña también destacó que a diferencia de Estigarribia, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), pese a ser de un signo político diferente no le impide “estar presente” y “entender que el trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental finalmente trae mejoras y beneficios para la ciudadanía”.

Grau cuestionó además que, pese al elevado monto de la adquisición, la Intendencia no haya comunicado la operación a la Junta Municipal, aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó hacerlo.

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Cuestionan especificaciones técnicas

Según el concejal, la principal irregularidad radica en las especificaciones técnicas incluidas en el pliego de bases y condiciones, las cuales —afirmó— limitarían la competencia al favorecer a determinadas marcas de camiones.

Como ejemplo, mencionó la exigencia de un sistema de frenos “Top Brake”, tecnología patentada por un fabricante específico, así como la solicitud de una capacidad determinada de la tolva de los camiones recolectores. A su criterio, este tipo de requisitos reduce progresivamente la cantidad de oferentes hasta dejar a un único proveedor en condiciones de cumplir.

Grau explicó que, al tratarse de una compra directa y no de una licitación pública, el pliego no fue sometido al análisis de la Junta Municipal, eliminando un mecanismo de control sobre las condiciones de la contratación.

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Denuncia falta de respuestas y sobrecostos

El edil también sostuvo que durante el proceso más de 70 consultas, protestas y pedidos de aclaración presentados por empresas interesadas no fueron respondidos por la Municipalidad. Indicó que la única contestación consistió en remitir a los oferentes al propio pliego, sin aclarar los cuestionamientos planteados.

Asimismo, afirmó que la empresa finalmente adjudicada presentó una oferta cercana a G. 400 millones por encima del precio ofertado en una adquisición anterior de características similares. Para Grau, esa diferencia refleja la confianza de que obtendría la adjudicación.

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Plazo de entrega bajo sospecha

Otro de los aspectos cuestionados fue el plazo de entrega de 35 días establecido en el llamado. El concejal señaló que, tras revisar compras anteriores de camiones realizadas por la Municipalidad de Asunción, no encontró antecedentes de un plazo tan reducido.

A su entender, esa condición habría desalentado la participación de otros competidores, ya que incluso proveedores del Mercosur difícilmente podrían cumplir con ese tiempo de entrega. Agregó que ese requisito también deberá ser verificado durante la ejecución del contrato para determinar si efectivamente los vehículos fueron entregados dentro del plazo establecido.

Grau insistió en que la falta de controles, el escaso acceso a la información y las condiciones fijadas en el proceso generan sospechas sobre la transparencia de la millonaria compra y justifican un mayor seguimiento por parte de los organismos de control.

Desde el INE aclararon que las encuestas de hogares son herramientas permanentes y fundamentales para medir la realidad socioeconómica del Paraguay, por lo que instan a la población a no caer en engaños y a conocer las medidas de seguridad vigentes para recibir a los encuestadores con total tranquilidad.

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Para evitar que personas extrañas o malintencionadas utilicen el nombre de la institución con fines delictivos, el INE recordó que todos sus trabajadores en campo cumplen con un protocolo de identificación visual y digital.

Los encuestadores visten un chaleco gris que lleva bordado el logotipo oficial del Instituto Nacional de Estadística. Portan una credencial colgada al cuello con la firma del director nacional. Esta tarjeta incluye un código QR que el ciudadano puede escanear con su celular para ingresar directamente a la web institucional y confirmar que esa persona trabaja allí.

Al llegar a una vivienda seleccionada, los técnicos entregan una nota física firmada por el director nacional de la institución, donde se explica el objetivo de la encuesta y figura el nombre específico del encuestador asignado. Asimismo, toda la papelería y carpetas utilizadas en las entrevistas llevan los sellos del INE de forma clara.

El INE aclaró que sus encuestadores bajo ninguna circunstancia toman fotografías a los ciudadanos, a sus documentos de identidad o a las fachadas de sus viviendas. Tampoco solicitan firmas de huellas dactilares ni ningún otro dato biométrico. Si alguien le pide esto, no es personal del INE.

Las dos encuestas que están activas en las calles

Actualmente, los técnicos del INE se encuentran desplegados realizando dos estudios de gran importancia nacional.

Día Mundial de la Población: cuántos habitantes tiene Paraguay y cómo están distribuidos

El primero es la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que se realiza durante todo el año. No es un censo general (que se hace cada 10 años a todo el país), sino una encuesta por muestreo que abarca a unas 21.000 viviendas seleccionadas al año de forma aleatoria. Sirve para medir trimestralmente el desempleo, el trabajo informal, los ingresos de las familias y la subocupación.

Por otro lado, se realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025-2026. Es un operativo especial que se ejecuta actualmente en Asunción y el departamento Central. Los datos recopilados servirán al Banco Central del Paraguay (BCP) para actualizar la “canasta básica” con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se mide la inflación en el país.

INE tiene canales de verificación y resguardo legal

Para dar mayor tranquilidad a los hogares, el INE mantiene una coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Todas las comisarías del país están informadas semanalmente sobre los barrios, distritos y cuadrantes donde trabajarán los encuestadores de la institución. Ante cualquier duda, los vecinos pueden llamar a la comisaría de su zona para verificar el operativo.

Asimismo, la ciudadanía puede corroborar la veracidad de las visitas y los nombres de los trabajadores a través de los canales de atención directa como la página web oficial, la línea telefónica (021) 729 5400. Además de contacto de WhatsApp 0986 800506.

Finalmente, el INE recordó que toda la información brindada por las familias paraguayas está estrictamente protegida por el secreto de confidencialidad estadística, bajo el amparo de la Ley N° 6670/2020.

Estos datos se procesan de forma anónima y global para diseñar políticas públicas de empleo y desarrollo social.

La reunión se desarrolló en el tinglado de la comunidad Atinguy, en el distrito de San Cosme y Damián, en el departamento de Itapúa.

Señalaron que los hurtos les ocasionan importantes perjuicios y que, en algunos casos, delincuentes ingresaron a una misma vivienda en más de cinco oportunidades. Asimismo, manifestaron su preocupación por la escasa respuesta policial para esclarecer los casos.

Además, solicitaron al comisario principal Hilario Godoy mayor equipamiento para el personal policial, una patrullera en condiciones y el aumento de la dotación de agentes. También pidieron una mayor presencia del Grupo Táctico Lince, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la comunidad, donde residen aproximadamente 600 familias.

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Compromiso de cambio

El comisario Godoy señaló que, lamentablemente, tuvo que trasladarse hasta la comunidad para escuchar de primera mano los reclamos de los pobladores.

Indicó que algunos vecinos solicitaron el cambio de los efectivos policiales asignados a la zona, una medida que consideró viable, al sostener que, cuando un comisario deja de contar con la confianza de la ciudadanía, resulta difícil desempeñar su labor con eficacia.

El jefe policial se comprometió a buscar renovar la totalidad del personal policial en el lugar y reforzar la dotación con más recursos humanos.

También afirmó que se gestionará la puesta en condiciones de la patrullera para dotar a los agentes de las herramientas necesarias que permitan garantizar una mayor seguridad a los pobladores.

Al respecto, precisó que los inyectables pueden tener más de 45 días de elaboración, ya que “los fabricantes no es que tenemos en estantería” para las entregas, mientras que también otros factores como los insumos importados pueden retrasar aún más el proceso.

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“Con una orden de compra, existe un plazo de entrega, pero ese plazo no siempre condice con lo que es el proceso de elaboración de medicamentos”, detalló.

Además sostuvo que tanto la previsional como el Ministerio de Salud “redujeron su compra” durante los últimos meses, por lo que los proveedores también ajustaron su nivel de producción, aunque esto “no se debe a un problema de falta de pagos”, sino, sería por cuestiones de coordinación.

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Regularización de medicamentos

En lo que refiere a la falta de medicamentos, Ávila precisó que de 120, unos 30 ya fueron regularizados entre el viernes y hoy, mientras que el resto “se seguirá cumpliendo dentro de esta semana” y la próxima.

“Dejamos en claro también que seguimos abiertos para trabajar en conjunto para que la población y los asegurados no sufran el desabastecimiento, pero necesitamos previsibilidad en cuanto a los requerimientos del IPS”, precisó.

Asimismo, detallo que existe una “buena apertura” por parte de la previsional y mediante una mesa de trabajo entre ambas partes se espera que se faciliten los requerimientos del IPS para los próximos 90 días, ya que actualmente se vive “el momento más crítico” ante muchas órdenes.

“Es muy importante trabajar a mediano y largo plazo; se entendió esa realidad. Pago y presupuesto no es un problema, seguimos trabajando para encontrar una salida al pago de la deuda, que con IPS es de 400 millones de dólares. Se comprometieron en enviarnos un plan de pago para los próximos meses; una cosa es la demanda, otra la rotación y otra es el stock de seguridad que le permita evitar estos quiebres”, concluyó.

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El tiroteo ocurrió en la rotonda Acevedo Cue, a la salida de la ciudad, cuando Cáceres y sus cómplices intentaron atropellar una barrera policial a bordo de una ambulancia.

Como antecedente, Cáceres Ojeda ya había sido detenido por varios casos de asaltos, uno de ellos en la mencionada ciudad, en la madrugada del 27 de enero del 2025, donde tomaron de rehenes a unos comerciantes.

En esa ocasión, quedó detenido en su intento de fuga y fue puesto a cargo del Ministerio Público, pero un Juzgado de la ciudad de Pilar benefició al uniformado con medidas alternativas a la prisión.

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Corona de flores de la Comandancia en velorio

Ahora se dio a conocer que en el velorio del asaltante se encontraba una corona de flores con inscripción de la Comandancia de la Policía Nacional, una situación que generó un rechazo entre un grupo de alberdeños y en las redes sociales.

Al respecto, desde la Comandancia de la Policía Nacional indicaron que la corona de rosas fue enviada por la empresa privada que maneja el seguro de vida de los uniformados, establecido por contrato.

Según las autoridades policiales, la propia familia del policía abatido solicitó el servicio fúnebre a través de dicho seguro –que además incluye un ataúd-, razón por la cual la corona de rosas con la frase “Comandancia de la Policía Nacional” estaba en el velatorio.

Sobre la situación procesal de Richard Cáceres Ojeda antes de su muerte, desde la Comandancia dijeron que el presunto “polibandi” no estaba condenado por la justicia, por lo cual su seguro de vida seguía vigente y se activó “de forma automática” tras el pedido de sus familiares.

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La legisladora aprovechó el acceso recuperado a su cuenta oficial de Instagram para hacer referencia a la tensa disputa que tuvo con el jugador Kylian Mbappé, que trascendió la esfera deportiva para convertirse en un conflicto diplomático internacional.

Celeste Amarilla recupera su Instagram y avisa a franceses que “pueden seguir molestando”

El sugestivo “silencio” en Instagram

Amarilla compartió una publicación en su red social utilizando un formato de animación GIF en el que se observa a una niña pequeña haciendo un ademán con la mano, simulando el gesto de cerrar la boca con un cierre. A la imagen le sumó un texto simple pero directo: “España 2 Francia 0”.

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Este posteo es luego de que su cuenta fuera vulnerada y hackeada la semana pasada, justo en el momento más fuerte del escándalo internacional. Tras recuperar el control de su perfil el viernes pasado, Amarilla ya había advertido desafiante: “Avísenles a los franceses que pueden seguir molestando”, haciendo alusión a la lluvia de críticas y reportes que recibió de usuarios europeos.

El origen de un escándalo que dio la vuelta al mundo

El ensañamiento de la parlamentaria con el jugador Kylian Mbappé comenzó tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final del Mundial, donde Paraguay cayó dignamente por 1-0 ante Francia con un gol de penal convertido, precisamente, por Mbappé.

Molesta por la supuesta “prepotencia” del delantero, Amarilla utilizó sus redes para descargar una serie de descalificaciones con una fuerte carga discriminatoria y xenófoba. Entre sus expresiones más polémicas, catalogó al capitán francés de “camerunés colonizado, resentido y feo” y lanzó: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

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Las declaraciones de la senadora generó repudio generalizado en el viejo continente y en organismos multilaterales.

El propio futbolista rompió el silencio para responderle directamente a la legisladora, tratándola de “persona desagradable y que no representa al pueblo paraguayo”, lo que provocó que Amarilla le exigiera disculpas públicas bajo amenaza de una demanda judicial.

El primer allanamiento se realizó en la vivienda de Bárbara Riveros Arrúa, de 27 años, quien sería pareja sentimental de Ignacio Cubilla, interno que cumplía una condena de 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

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Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un aparato celular marca Nokia, modelo TA-1190, de color negro, activado a la línea Tigo, que será sometido a los análisis y pericias correspondientes para determinar si contiene información relacionada con la fuga.

La segunda vivienda allanada pertenece a Luci Natividad Villamayor Báez, de 26 años, también residente en la compañía San Juan Berchmans.

De este lugar fueron incautados dos aparatos celulares: uno de la marca Redmi Note 12, de color azul, con estuche rosado y activado a la línea Tigo; y otro equipo con un chip dentro del estuche, activado a la línea Personal.

Según los datos preliminares, la mujer también tendría relación con el entorno de la pareja sentimental de Cubilla, motivo por el cual se procedió al allanamiento de su vivienda.

Los investigadores consideran de suma importancia la incautación de estos aparatos celulares, debido a que los análisis y pericias podrían arrojar información relacionada con la fuga de los dos internos.

Ignacio Cubilla cumplía una condena por tráfico de drogas, mientras que Pascual Benítez estaba recluido por homicidio doloso. La Policía Nacional continúa con los trabajos de búsqueda y recaptura de ambos reclusos.

La incautación se realizó esta mañana durante un control de rutina efectuado por funcionarios de la Receita Federal, quienes interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes.

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Durante la inspección se constató que una de las pasajeras transportaba los teléfonos inteligentes ocultos debajo de la ropa. La mujer llevaba un amplio vestido largo y, cuando fue obligada a descender del vehículo, comenzó a caminar de manera extraña.

Al ser cateada, se comprobó que debajo del vestido llevaba un pantalón ajustado tipo calza, en el que ocultaba los teléfonos celulares de alta gama. Otros dos pasajeros también transportaban mercaderías ingresadas irregularmente a Brasil, presuntamente desde Paraguay.

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Tras ser descubiertos con la carga ilegal, confesaron que las mercaderías serían trasladadas hasta el municipio de Cascavel, en el estado de Paraná.

Las mercaderías incautadas fueron trasladadas a la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú para los procedimientos legales correspondientes.

Según relataron los afectados, el conductor se negó a aceptar las monedas como importe del pasaje. Ante la situación, decidieron bajar nuevamente del colectivo y grabar un video para dejar constancia de lo ocurrido.

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En la filmación, los pasajeros cuestionan la actitud del chofer y sostienen que no pretendían viajar sin pagar. Además, recordaron que las monedas de G. 100 y G. 500 tienen curso legal y son aceptadas en comercios.

“Ñaimo’a ko rojupi rei mba’e (como si nos fuéramos a subir gratis). Ndenteko la recrea problema -vos nomás sos el que creas problemas-”, reclama una de las pasajeras en el video. También le reprocha al conductor que la propia empresa suele entregar monedas como vuelto.

Los usuarios lamentaron el episodio y manifestaron que acudirían a una comisaría cercana para denunciar formalmente lo sucedido, al considerar que el conductor no podía rechazar el dinero presentado para el pago del servicio.

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Consultado sobre el caso, el propietario de la empresa de transporte, Óscar Castillo, aseguró que la firma no tiene inconvenientes en recibir monedas como parte del pago del pasaje.

“Nosotros no tenemos problema en recibir monedas. El problema fue que el señor que se subió tiró las monedas. Eso nos dijo el chofer, pero nosotros no tenemos problema”, expresó el empresario al ser consultado sobre la denuncia realizada por los pasajeros.

En la ocasión, se analizaron las principales dificultades que afectan a supermercados, comercios e inversionistas en Asunción.

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Los representantes de CAPASU señalaron la necesidad de avanzar hacia una administración municipal más ordenada, eficiente y previsible.

Entre los principales desafíos mencionaron la falta de claridad en las normas, las jurisdicciones y los mecanismos de control, así como la limitada capacidad institucional para responder de manera oportuna a las necesidades del sector privado.

También plantearon la importancia de contar con una atención especializada para los grandes contribuyentes, mediante la creación de una oficina destinada a acompañar, coordinar y agilizar los trámites municipales.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de generar mejores condiciones para incentivar la apertura de supermercados y otros negocios en Asunción.

Ni obras y menos fumigación, en la actualidad

Los participantes manifestaron su preocupación por la escasa previsibilidad para la realización de inversiones y obras, la falta de garantías jurídicas y las deficiencias en la prestación de determinados servicios municipales.

En particular, señalaron que el servicio de recolección de residuos no es confiable ni constante y destacaron la necesidad de reformar y mejorar los servicios de fumigación.

Sole prometió trabajar con transparencia y gestión

Por su parte, Soledad Nuñez asumió el compromiso de construir una Municipalidad confiable, moderna, eficiente y profesional, que coloque a la ciudadanía en el centro de su gestión.

En ese sentido, expresó que una de sus prioridades será simplificar y agilizar los trámites, reducir la burocracia y brindar respuestas claras y oportunas.

Asimismo, propuso la conformación de una mesa de trabajo permanente con el sector privado, orientada a proteger y fomentar las inversiones, promover la creación de empleos y avanzar hacia una ciudad más competitiva.

También planteó la creación de una Agencia de Inversiones que acompañe a emprendedores, empresarios e inversionistas, facilite los procesos administrativos y contribuya al desarrollo económico de Asunción.

El encuentro reafirma el compromiso de Soledad Nuñez de mejorar la relación entre la Municipalidad y el sector privado, fortalecer los servicios municipales y generar un entorno favorable para las inversiones, el empleo y el crecimiento de la ciudad.

Nancy Cañiza, funcionaria del hogar, señaló que desde este martes reanudaron la manifestación pacífica con el objetivo de exigir el pago de los haberes adeudados. Indicó que solicitaron información a la administración del Hogar de Ancianos, actualmente a cargo del concejal municipal Víctor Espíndola (ANR-HC), así como a representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del Gobierno departamental.

Sin embargo, afirmó que no obtuvieron ningún tipo de respuesta, situación que motivó la decisión de retomar la medida de fuerza.

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La EBY realizaba aportes económicos para el funcionamiento del Hogar de Ancianos y para cubrir el pago de los salarios de las funcionarias. Según informaciones brindadas en su momento por Yacyretá, las transferencias fueron suspendidas debido a la crisis económica heredada de la administración anterior.

Posteriormente, se anunció la intención de suscribir un convenio con la Gobernación de Misiones para agilizar las gestiones relacionadas con las transferencias de recursos.

Situación delicada

En otro momento, Cañiza manifestó que la situación que atraviesan ya no da para más. Explicó que los créditos en las casas comerciales, que les permitían acceder a víveres para alimentar a sus familias, fueron suspendidos.

“Necesitamos nuestra plata; esta situación es insostenible. Queremos que las autoridades nos den una solución. Incluso pedimos la presencia del Ministerio de Trabajo para que intervenga y se encuentre una salida a nuestros reclamos”.

Firma de convenio

Por su parte, Víctor Espíndola señaló que el próximo jueves se desarrollará una reunión del comité de Yacyretá, ocasión en la que se prevé que el director argentino de la EBY, Diego Luis Adúriz, firme el convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá y la Municipalidad de Ayolas.

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El acuerdo permitirá garantizar recursos para todo el 2026. La transferencia se realizará en dos etapas: la primera, correspondiente a los primeros seis meses, se ejecutará una vez concretada la firma del convenio. Posteriormente, tras la presentación de las rendiciones de cuentas, se realizará el segundo desembolso. El Hogar necesita G. 22.050.000 mensuales para cubrir el pago de salarios de sus funcionarios.

Para cubrir la deuda correspondiente al 2025, equivalente a aproximadamente ocho meses de salarios, se recurrirá a una colecta solidaria. Para ello, desde hace aproximadamente 15 días se viene trabajando con padrinos y personas que formaron parte de la fundación del Hogar.

La actividad se llevará a cabo los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026. Además, existe un pedido de aporte presentado a la Gobernación de Misiones y se aguarda una respuesta para cubrir la deuda del año pasado.

El lema elegido para esta ocasión es “Llamados a cultivar la esperanza vocacional”. Durante la celebración eucarística que dio inicio al encuentro, monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, tuvo a su cargo la homilía. “Debemos re-encantarnos de nuestra vocación para poder dar ese paso de motivarles a tantos jóvenes con inquietudes vocacionales que vale la pena entregar la vida por los demás”, dijo a los presentes.

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Agregó que están llamados a pasar del lamento pasivo al acompañamiento creativo y audaz, “como las distintas experiencias que ya se ha iniciado en la Conferpar, como el acompañamiento a los Pueblos Indígenas y campesinos en Marina Cue, donde el Estado no está presente, como la comunidad intercongregacional en Bahía Negra”, remarcó.

Religiosos del Paraguay: la realidad que “desafía”

“¿Cómo vivo hoy la llamada de Dios ante la realidad que nos desafía?“, es una de las preguntas que intentarán responder en una actividad prevista para este miércoles 15 de julio.

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“Iniciamos este trayecto con un espíritu profundamente sinodal, sabiendo que la tarea de hacer germinar el llamado de Dios no pertenece a unos pocos, sino que es una misión de toda la comunidad eclesial”, dijo sobre el tema, durante su mensaje de bienvenida monseñor Gabriel Escobar.

La eucaristía de este miércoles será presidida por el cardenal Adalberto Martínez Flores, a partir de las 18:00.

El encuentro se cerrará este jueves, al mediodía, con la eucaristía de clausura, presidida por Mons. Vincenzo Turturro, nuncio apostólico. Como es costumbre, se espera que las religiosas y religiosos publiquen luego un manifiesto con las conclusiones a las que llegaron en la semana.

El antecedente: Las duras críticas de los religiosos al Gobierno de Peña

En el marco de la 66ª Semana Nacional de la Conferpar, realizada también a mediados de julio, del año pasado, habían emitido un manifiesto con duros cuestionamientos ante la falta de mejores políticas sociales por parte del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

“Denunciamos con dolor la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Las leyes, que deberían proteger a todos, son manipuladas para beneficiar a unos pocos, dejando al pueblo desamparado y sin voz”, expresaron.

Cuestionaron, además, la corrupción, la impunidad y el desinterés por el bien común, que hieren profundamente el alma de nuestra nación.

Esta desidia institucional transformó a un espacio recreativo fundamental en una zona de alto riesgo para los ciudadanos. La oscuridad reinante, consecuencia directa de una deficiente iluminación en gran parte del predio, genera una profunda sensación de vulnerabilidad entre los usuarios frecuentes de un lugar donde ya se registraron hechos de inseguridad en el pasado.

Parque Carlos Antonio López: Infraestructura en estado de ruina

El parque infantil presenta hoy un triste escenario de ruinas, caracterizado por hamacas completamente oxidadas y desprendidas. Los toboganes metálicos exhiben un nivel de óxido avanzado y superficies sumamente peligrosas, representando un riesgo físico constante para los niños que intentan utilizarlos.

La infraestructura deportiva muestra un panorama de destrucción similar al área de juegos infantiles. El pasto sintético instalado en la cancha de fútbol se encuentra prácticamente inutilizable en diversos sectores. Los tejidos perimetrales presentan roturas de gran magnitud o se encuentran directamente caídos sobre la superficie de juego.

Vendedores ambulantes en Asunción: La crisis de control en la gestión de Luis Bello

Los equipos destinados al entrenamiento de calistenia se encuentran mayoritariamente rotos o con tablones de madera desprendidos debido a la falta total de reparaciones. Esta crítica situación impide la práctica de ejercicio físico de manera segura, alejando a los deportistas que anteriormente frecuentaban este predio para sus rutinas diarias.

El clima de abandono se extiende a los camineros internos, y las veredas y los muros perimetrales, que registran un avanzado estado de rotura y desmoronamiento progresivo. La ausencia de un mantenimiento básico es evidente al observar las escalinatas y baldosas faltantes, factores que completan un entorno de riesgo constante para los peatones que transitan diariamente por allí.

Inseguridad y abandono: El Parque Carlos Antonio López en crisis

La nula gestión municipal se refleja con nitidez en la acumulación constante de residuos. Hay basura esparcida en en el interior, pero sobre todo en la parte posterior del predio, donde hace años se formó un vertedero irregular a la vista de todos. En general se verifica un entorno carente de condiciones mínimas de salubridad, como la ausencia de grifos en los bebederos, dejándolos totalmente inoperativos para quienes realizan actividades físicas.

Los usuarios denunciaron además el aumento de la presencia de marginales y personas en situación de indigencia en el predio del parque. Reclaman que el que debería ser un sitio de esparcimiento se convierta en un dormitorio.

Caos vial en Asunción: denuncian baches y caños rotos en San Cristóbal

Aseguran que esta situación es consecuencia directa del retiro de los controles que, anteriormente realizaban agentes del Grupo Lince. Entre las consecuencias de esta ocupación, mencionan el saqueo de elementos y claros actos de vandalismo cometidos sin ningún tipo de control o vigilancia municipal efectiva.

Gestión municipal 2026: Millones en tasas sin inversión real

El actual estado del emblemático parque contrasta directamente con la alta presión tributaria a los contribuyentes de Asunción. Durante el 2025, la comuna capitalina recaudó la suma de US$ 1,3 millones exclusivamente en concepto de tasas de conservación de parques, jardines y paseos públicos. Pese a contar con este importante capital financiero, la gran mayoría de los espacios recreativos de Asunción permanecen sumidos en un estado de ruina.

Entre enero y abril de 2026, el intendente Luis Bello recaudó casi G. 5.000 millones bajo el mismo concepto de tasas municipales. La ciudadanía exige respuestas concretas y transparentes ante la ausencia total de mejoras, iluminación adecuada y condiciones de seguridad mínima para disfrutar de un entorno urbano hoy abandonado.

El enigma de los bonos G6: Fondos desaparecidos en Asunción

La situación de los espacios públicos es alarmante al considerar que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), contó con más de G. 10.000 millones de los bonos G6 (2020), que debieron ser destinados a la revitalización de espacios verdes. Sin embargo, a más de 6 años de esa emisión, el dinero y hasta las cuentas donde debía estar ese dinero ya no existen.

ABC reveló recientemente que el exintendente jamás planificó hacer las obras que prometió con ese dinero. Documentos oficiales e inéditos de la Municipalidad de Asunción, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por ABC, expusieron las propias direcciones de la comuna confirmaron este 2026 que no poseen ningún registro, plano ni antecedente que demuestre que dichas obras existieron alguna vez en los papeles de la municipalidad.

De las 10 plazas que Nenecho prometió revitalizar con ese dinero, la única que empezó, pero no terminó, fue la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones, de los más de G. 2.300 millones por la que fue adjudicada. Nenecho renunció en agosto del año pasado, presionado por los contundentes resultados de una intervención a su gestión. En su reemplazo asumió Luis Bello.

Durante la reunión, realizada este martes, el director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, defendió la propuesta al señalar que busca subsanar una omisión en el Presupuesto General de la Nación 2026, ya que la Ley de EDRI fue aprobada con posterioridad.

“Lo que hace básicamente este proyecto es actualizar todas las exenciones tributarias sobre disposiciones específicas para los eventos deportivos de relevancia internacional”, explicó.

Orué sostuvo que la Dirección de Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recomienda la aprobación de la iniciativa porque permitirá incorporar exoneraciones para importaciones vinculadas a estos eventos que actualmente no están contempladas. Agregó que el costo fiscal estimado asciende a G. 10.000 millones, tomando como referencia el volumen de importaciones registrado en 2025.

“El gasto tributario es de aproximadamente G. 10.000 millones, pero corresponde porque incentiva la realización de estos eventos y genera un impacto económico en hotelería, turismo y gastronomía”, afirmó.

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¿El Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales?

La senadora Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cuestionó la conveniencia de ampliar beneficios tributarios en medio de la crisis financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) y consultó si el Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales.

“No creo que estemos en condiciones de perdonar impuestos si después vamos a tener que aumentar impuestos a la ciudadanía”, expresó.

En respuesta, Orué indicó que el monto de la exoneración es “marginal” respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN) y reiteró que la política del Gobierno es combatir la evasión antes que elevar la carga tributaria.

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¿Por qué no crece la seguridad social en su base?

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) cuestionó los resultados de las reformas implementadas en los últimos años y afirmó que persisten altos niveles de informalidad y una baja cobertura de la seguridad social.

“Con tanta inversión, con tanta maquila y con tanto crecimiento económico, ¿por qué no crece la seguridad social en su base?”, planteó.

En su intervención final, Orué defendió la gestión de la DNIT y aseguró que, desde la creación de la institución, se incorporaron 250.000 nuevos contribuyentes y se logró una recaudación adicional de US$ 1.500 millones sin aumentar impuestos.

No obstante, reconoció que este año la recaudación se vio afectada por la apreciación del guaraní frente al dólar. “Hoy tenemos una caída por el efecto dólar, pero en impuestos internos seguimos creciendo. En el IVA tenemos aumento y estamos fortaleciendo los controles para combatir la evasión”, señaló.

Tras el debate, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por aprobar el proyecto, ahora pasa al pleno su discusión este miércoles en el orden del día para continuar su trámite legislativo.

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La deuda con las empresas proveedoras se alzó como el desafío más apremiante, revelando una brecha estructural que, en palabras de las autoridades, compromete gravemente la previsibilidad en la adquisición de insumos y fármacos.

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Ya desde hace meses, los aportantes del seguro social denuncian a diario el desabastecimiento de medicamentos. Según lo expresado esta mañana, la crítica situación incluso podría empeorar, dejando a los pacientes que requieren de sus fármacos a la deriva.

Un abismo financiero: IPS debe G. 2,33 billones

El informe presentado por Máximo Pérez, encargado de la Tesorería del IPS, detalla que la deuda acumulada con el sector proveedor farmacéutico sin incluir deudas financieras, alcanza actualmente la cifra de G. 2,33 billones, lo que al tipo de cambio actual representa aproximadamente US$ 384 millones.

El contraste con la realidad operativa es drástico. Pérez detalló que la capacidad de pago promedio del IPS para el ejercicio 2026 se sitúa en apenas G. 87.312 millones al mes, equivalentes a unos US$ 14 millones. Esta asimetría fue calificada durante el debate como el origen de la “falta de previsibilidad”.

La propuesta de “oxigenación”: cesión de crédito por G. 500.000 millones

Para intentar aliviar esta presión, se propuso al Consejo de Administración una operación de cesión de derecho de cobro por G. 500.000 millones. Según la dirección de Tesorería, este mecanismo permitiría a los proveedores obtener liquidez inmediata mediante entidades bancarias, otorgando al IPS un periodo de gracia de 10 meses antes de empezar a pagar la primera cuota.

Pérez afirmó que con este mecanismo, una vez llegado el momento, el IPS tendrá que pagar G. 18.000 millones mensualmente, con cero intereses al menos por tres años. “Cuando se lanzan este tipo de productos, hay interesados, porque saben que el IPS es buen pagador”, aseguró el responsable de la Tesorería.

Piden listado de deudas del IPS

No obstante, el consejero José Jara, representante de Jubilados y Pensionados, puso reparos sobre la sostenibilidad del plan, recordando que el IPS ya enfrenta cuotas de cesiones anteriores.

Jara presentó un análisis estadístico para cuestionar la viabilidad de la propuesta de cesión de derechos de cobro, contrastándola con la capacidad de pago real de la institución. Cuestionó la falta de sustento legal y financiero de la medida, presentando datos que ponen en duda su eficacia a largo plazo.

El consejero señaló que la cuota mensual promedio que el IPS deberá pagar por esta operación, en un plazo de 26 meses, ascenderá a G. 18.115 millones.

Mirtha Arias, representante de los Trabajadores Aportantes, precisó que el expediente era insuficiente al mencionar, por ejemplo, que de los 500.000 millones propuestos, el único detalle claro en el documento es una deuda con la firma Vicente Scavone por G. 149.000 millones, dejando el resto de los fondos sin una explicación clara.

“Esto no es la solución a nuestros problemas financieros, es una medida paliativa, un auxilio que tenemos para ir reestructurando, pero esto es llevar la deuda para más adelante”, advirtió por su parte Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo. Además, denunció que la propuesta invocaba decretos ya derogados.

La consejera exigió un listado de las deudas vencidas y pendientes para cada proveedor, argumentando que no se puede regularizar una suma total sin saber exactamente qué empresas la componen y en qué estado se encuentran.

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Se cuestionó de este modo las condiciones financieras de los proveedores, mencionando que algunos exigen que el IPS absorba el 50% de los intereses bancarios, mientras otros piden que el instituto cubra intereses moratorios y punitorios, lo cual contradice la propuesta presentada en sesión de una operación “sin costo”.

Impacto en los fondos del IPS y el costo de la mora

Durante el análisis, se expusieron cifras alarmantes sobre la proyección de la deuda. La consejera Albertini afirmó que si no se contienen los gastos, el pasivo institucional podría incrementarse un 183% en cuatro años, superando incluso el presupuesto anual de ingresos del Fondo de Salud y Maternidad.

“El flujo de caja proyecta una deuda pendiente de pago al cierre de 2026 de más de G. 3.000 millones al cierre del ejercicio del 2026, llegando a más de G. 10.324 millones al año 2030”, advirtió Albertini.

IPS postergó cesión de crédito

La sesión concluyó con la decisión de postergar la aprobación definitiva de la cesión de crédito hasta el próximo jueves. El Consejo exigió:

1. Un dictamen jurídico ajustado a la Ley 7021, específicamente a su artículo 68, y no a decretos derogados.

2. Un informe detallado que contemple los montos adeudados por cada proveedor.

3. La aclaración sobre cómo se integran al flujo de caja los pagos derivados del fideicomiso autorizado por la Ley 7037.

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Con la postergación de la medida, el IPS se da un breve margen para ajustar sus fundamentos legales y contables. El desafío es mayúsculo: lograr que el mecanismo de cesión de crédito sea el punto de partida de una reforma estructural y no simplemente una prórroga de la crisis en un sistema que no admite más errores de cálculo.

Según se detalla en el informe mensual del ECN, el resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables de las ventas en los sectores de comercio, las manufacturas y determinados servicios.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el ritmo de la ventas, de acuerdo con las declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Principales impactos por sectores

Según el reporte oficial, en la actividad comercial se observaron incrementos en las ventas y mantenimiento de vehículos, ventas al por menor de tecnologías, ventas al por mayor de maquinarias y equipos, ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, venta al por mayor de materias primas agrícolas y pecuarias, ventas de combustibles, productos para el equipamiento del hogar, grandes tiendas y prendas de vestir.

En contrapartida, se observaron resultados negativos en las ventas al por mayor de tecnologías, ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y afines y las ventas al por mayor de otros productos químico-farmacéuticos.

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En lo que respecta al sector manufacturero, se registraron variaciones positivas en las ventas de aceites, productos químico farmacéuticos, minerales no metálicos, metales comunes, cueros y calzados, papel y productos del papel. Sin embargo, estos resultados fueron mitigados por variaciones negativas en las ventas de productos cárnicos, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, maderas, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Finalmente, en el sector servicios, se verificaron desempeños positivos en las ventas de restaurantes y hoteles, servicios de información y los servicios inmobiliarios. No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por las reducciones registradas en los servicios de transportes y los servicios a los hogares.

Así refiere un informe proporcionado por el equipo de campaña de Pérez, actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), quien aspira a la Intendencia capitalina en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

En su discurso, Camilo Pérez habló de su visión sobre el rol que debe asumir una gestión para acompañar el desarrollo de la ciudad de Asunción. Indicó que es necesaria la modernización, reingeniería de recursos humanos, eficiencia, transparencia y cercanía al sector productivo.

El postulante a jefe municipal capitalino señaló que Asunción “debe convertirse en un aliado de las inversiones, promoviendo reglas claras, procesos ágiles y una planificación urbana que permita un crecimiento ordenado y sostenible”.

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“Nuestra gestión va a ver a las desarrolladoras inmobiliarias como socios estratégicos para el desarrollo de Asunción, no solo como contribuyentes. La Municipalidad cuenta con más de 9.000 terrenos que pondremos en valor junto al sector privado para atraer inversiones, generar nuevas cuentas catastrales y fortalecer los ingresos del municipio”, expresó.

En otro momento, Camilo Pérez prometió que en “los primeros 100 días de su administración nos enfocaremos en una ciudad sin baches, limpia y segura”. “Paralelamente, impulsaremos la revitalización del Centro Histórico mediante manzanas piloto, trabajando con las desarrolladoras para recuperar esa zona y convertirla en un polo de inversión y desarrollo”, manifestó el candidato colorado.

En otro momento, el candidato a intendente de Asunción remarcó que el desarrollo inmobiliario "representa una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleo y revitalizar distintos sectores de la capital, siempre en articulación entre el sector público y privado".

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Pérez prometió “compromiso” para mantener un diálogo permanente con los actores del desarrollo urbano para construir una Asunción con mayor capacidad de gestión, infraestructura y oportunidades para todos.

Se trata del denominado corredor humanitario, que permite evitar las largas filas en el Puente de la Amistad durante el traslado de niños con condiciones especiales y de pacientes críticos que deben someterse a tratamientos médicos.

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Los beneficiarios están acreditados en una lista cerrada, a la que accedieron tras presentar documentos que certifican el estado o la condición del paciente. El sistema beneficia principalmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves o de alta complejidad y casos que requieren atención médica especializada.

Mediante este sistema, la Receita Federal de Brasil permitía el ingreso por el Puente de la Amistad, habilitando un acceso en la cabecera del puente y evitando la extensa fila sobre la BR-277. En el lado paraguayo, el paso se realizaba a través del predio de la Base Naval.

Sin embargo, desde el 26 de junio pasado, las autoridades brasileñas informaron la cancelación del paso prioritario. Esto motivó la movilización, esta mañana en Foz de Yguazú, de un grupo de padres, madres y tutores de niños y jóvenes con TEA.

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Elaine Oliveira explicó que el paso prioritario es utilizado tanto por paraguayos como por brasileños, por lo que solicitaron a las autoridades la rehabilitación del corredor humanitario.

En Ciudad del Este ya se había aprobado una ordenanza para facilitar la habilitación del paso prioritario. Sin embargo, en esta ocasión el obstáculo se encuentra en el lado brasileño, por lo que la movilización se llevó a cabo en la ciudad vecina.

En la misma publicación, Peña afirmó que Paraguay se está consolidando “como un destino internacional y un centro clave para el turismo de reuniones”.

“Más rutas aéreas se traducen en más turismo, desarrollo y oportunidades”, agregó el gobernante, aunque sin adelantar sobre las conexiones que podrían abrirse en un futuro cercano.

En junio de 2025, el Gobierno paraguayo autorizó las operaciones de la empresa que pertenece al conglomerado IAG (International Airlines Group), que cotiza en las bolsas de Londres y Madrid.

Esta licencia se produjo después de que en 2023 la antigua aerolínea del Estado español gestionara ante las autoridades del país sudamericano un código compartido para conectar los vuelos de Latam Paraguay, entre São Paulo y Asunción, con las frecuencias de Iberia entre São Paulo y Madrid.

Iberia ofrece vuelos entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la localidad de Luque, que sirve a Asunción, y nueve ciudades de España, entre ellas Barcelona o Madrid.

Los cargos que se le imputan al detenido son proxenetismo, trata de seres humanos y asociación de delincuentes, ya que el mismo integraría una red delictiva que se dedica a este tipo de hechos a nivel internacional. Los dos primeros cargos son considerados que fueron realizados “en banda organizada”, es decir, no se trataría de un solo individuo que integra la red criminal.

La orden de detención fue firmada por el juez penal de garantías Yoan Paul López. Su detención se dio en la vía pública, en la calle Soldado Desconocido casi Paz del Chaco de Lambaré, departamento Central, aproximadamente a las 15:30 de ayer, lunes.

Según indicaron desde Interpol Paraguay, la investigación incluyó patrullajes cibernéticos realizados por la Policía de Francia que permitieron obtener información clave para la localización del prófugo.

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Mediante un trabajo coordinado de inteligencia, vigilancia e intervención entre las autoridades francesas y paraguayas, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia para dar inicio al proceso de extradición.

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El caso se denomina “Operativo Sexemodel.com”, el cual trata de una investigación por trata de personas y proxenetismo agravado que permitió desmantelar una red criminal de explotación sexual de alcance internacional.

El mismo se inició en junio del 2025 cuando fueron procesados siete ciudadanos chinos, que serían cinco mujeres y dos hombres.

Agregaron que la red operaba en varias ciudades francesas alquilando departamentos para la explotación sexual. Las mismas serían Lille, París, Estrasburgo, Lyon, Marsella y Burdeos.

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Las autoridades europeas identificaron a decenas de víctimas, más de 20 inmuebles alquilados en distintas ciudades, anuncios publicados en el portal sexemodel.com e importantes sumas de dinero obtenidas por la explotación sexual.

¿Cómo funcionaba el esquema?

Explicaron que para captar a las víctimas, los miembros de la banda criminal hacían ofertas de trabajo engañosas de modelaje, masajes, servicios, etc., mediante contactos por redes sociales, aplicaciones y/o intermediarios.

Organizaban viajes a Francia con fines aparentes de turismo o empleo y documentación, y reservas gestionadas por la red. Alquilaban departamentos en distintas ciudades que eran administrados por miembros de la red.

Tras capturar a sus víctimas, publicitaban anuncios con fotos y datos de las víctimas en el sitio web sexemodel.com., los cuales los renovaban constantemente.

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Para controlar a las víctimas realizaban un sistema de vigilancia permanente mediante la dependencia económica con supuestas deudas, restricción de movimientos, amenazas y coerción para mantener la explotación sexual de las víctimas y obtención de grandes beneficios económicos por parte de la organización.

Estructura criminal de trata de personas funcionaba en Paraguay

La estructura de la organización criminal funcionaba con líderes, webmasters, operadores telefónicos, gestores de alquileres y encargados logísticos.

Los investigadores detectaron la red debido a las ofertas laborales que se presentaban como demasiado atractivas y sin requisitos claros, además de los viajes al exterior pagados por terceros o con fines poco claros, aislamiento, control y vigilancia constante, retención de documentos, deudas impuestas por supuestos “gastos de viaje o alojamiento”, publicación de anuncios con fotos en sitios de contenido para adultos, entre otros.

Desde la Policía Nacional recomiendan verificar siempre la autenticidad de ofertas laborales, no entregar documentos personales a terceros, informar a familiares sobre viajes al exterior, contactar a embajadas y/o consulados ante dudas, desconfiar de promesas de dinero fácil y denunciar cualquier situación sospechosa.

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Las denuncias se pueden realizar a la línea 137, “SOS Mujer” (Paraguay) que es gratuita y confidencial, con atención 24/7. A la Policía Nacional de Paraguay al 021 441 600 o al correo de Interpol Asunción: interpol.ocn@policia.gov.py.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), que es uno de los promotores de establecer relaciones diplomáticas con China, lo que implicará indefectiblemente el quiebre con Taiwán, pidió responsabilidad en la denuncia del gobierno.

“Queremos saber por qué el Mitic ha acusado a un gobierno con el que no tenemos obviamente relaciones diplomáticas -específicamente a China- de ciberespionaje. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tiene, presidente, para sostener eso?“, fundamentó Vaesken sobre su pedido.

El legislador es uno de los que abiertamente se reconoce pro China, e incluso ha acompañado en el Congreso la visita del diplomático chino, Xu Wei, que terminó siendo expulsado del país por el gobierno.

“Es muy irresponsable una acusación sin ningún fundamento que pueda sustentar (un supuesto ciberataque), y de ser así, presidente, que la justicia se encargue y que podamos tener seguridad dentro del ámbito informático”, acotó Vaesken.

El pedido de informes requiere los siguientes datos:

• Copia íntegra del comunicado oficial emitido por el Mitic, en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el cual se denunció la presunta infiltración de actores vinculados a China en los sistemas cibernéticos del Estado paraguayo.
• Informe detallado y fundamentado de los “elementos suficientes” que permiten atribuir a China las amenazas de ciberseguridad contra los sistemas estatales, especificando: a) La naturaleza y el alcance de los incidentes de ciberseguridad detectados; b) Los sistemas, dependencias y datos que habrian sido vulnerados: c) La fecha y el modo en que se produjeron las presuntas infiltraciones; d) Los indicadores técnicos (direcciones IP, firmas digitales, herramientas utilizadas, etc.) que vinculan los ataques con grupos que operan para el Gobierno chino; e) Los informes periciales o técnicos que respaldan dicha atribución.
• Copia de todos los informes técnicos, auditorias, monitoreos y estudios realizados por el Mitic o por terceros contratados al efecto, que hayan servido de base para la denuncia pública formulada.
• Informe sobre la cooperación con agencias de inteligencia o ciberseguridad de los Estados Unidos en el marco de esta investigación, detallando el alcance de dicha cooperación y los acuerdos que la sustentan.
• Copia de la comunicación remitida a la Fiscalía General del Estado sobre el ciberataque.
• Informe sobre las medidas adoptadas por el Mitic para mitigar los riesgos y fortalecer la ciberseguridad del Estado paraguayo tras la detección de estos incidentes.

El requerimiento extrañamente no encontró la oposición habitual del cartismo, que se encarga de bloquear todo pedido de datos que sea incómodo para el gobierno.

“Nos preocupa presidente porque más allá de que esto sea real o no, creo que la geopolítica está muy fuerte presidente y hoy nuestro gobierno es herramienta de otros países como Taiwán o Estados Unidos para acusar a un país tan grande y poderoso como China. Por eso queremos saber cuáles son los fundamentos por los cuales se acusó al gobierno de China de ciberespionaje", sostuvo el diputado opositor.

Pese a no tener relaciones formales con nuestro país, China ha realizado acercamientos, sobre todo con representantes del legislativo, organizando una serie de viajes a su país a legisladores que posteriormente han planteado esta posibilidad del cambio de la línea histórica de relacionamiento con Taiwán.

El acercamiento chino no se limitó a disidentes, sino que incluso ha abogado en su línea el actual vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza.

Para desalentar estos acercamientos trascendieron supuestas amenazas de retiro de visa por parte de los EE.UU. a legisladores prochina, lo cual no ha sido confirmado ni desmentido por la embajada, algo común por tratarse de una información personalísima.

El pedido surgió luego de que la semana pasada delincuentes ingresaran a robar a una vivienda ubicada frente a la caseta policial. Los pobladores señalaron que hechos similares también ocurrieron en otras casas del barrio, situación que volvió a generar preocupación entre las familias.

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Según recordaron, el puesto policial fue habilitado hace más de diez años como respuesta a los asaltos y robos que ocurrían anteriormente. En aquel entonces, la propia comunidad impulsó la construcción y el equipamiento del lugar para facilitar la permanencia de los efectivos policiales.

Indicaron que la caseta cuenta, hasta donde saben los vecinos, con heladera, cocina, mesa, camas y otras comodidades para los uniformados, pero actualmente permanece abandonada y sin presencia policial permanente.

De acuerdo con los vecinos, anteriormente el puesto era cubierto por agentes de la Comisaría 31ª y de la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Con el paso del tiempo, el servicio dejó de prestarse y el inmueble que fue construido en la vereda quedó prácticamente sin uso.

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Los pobladores manifestaron que, de manera esporádica, algunas patrulleras llegan hasta el sitio y los uniformados utilizan momentáneamente la caseta, aunque no existe una guardia fija que brinde protección a los habitantes del barrio.

“Vamos a pedir a la jurisdicción que corresponde, que ahora es la Comisaría 1ª, para que esta caseta se vuelva a habilitar. Solicitamos eso porque hay muchos asaltos y robos en nuestro barrio, y nosotros habíamos construido este lugar y pusimos todas las comodidades para que la Policía Nacional nos resguarde”, expresó la vecina Carmen Vallejos.

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Por su parte, el jefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, comisario Alcides Gaona, respondió al reclamo ciudadano y anunció que establecerán una fecha para reunirse con los vecinos a fin de reorganizar el funcionamiento del puesto policial y evaluar su reactivación para fortalecer la seguridad en la zona.

Una de las denunciantes, Carla Wormsbecker, confirmó la presentación de una denuncia por presunta lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso ante el Ministerio Público.

La acción fue promovida por Wormsbecker junto con Miguel Ángel Cayetano Gaete Barrios y Delfina Zárate de Figueredo, miembros del Consejo de Administración.

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Denuncia apunta a presidente, gerente y consejeros

La denuncia solicita la investigación y detención preventiva del presidente del Consejo de Administración, Néstor Moragas Ferreira; del gerente general, Eduardo Valenzuela, y de los consejeros Heriberto Gamarra, Milcíades Benítez y Gladys Gulino.

Los denunciantes sostienen que existirían presuntas irregularidades en una operación financiera vinculada a la transferencia de una cartera de créditos de la cooperativa.

Venta de cartera de créditos genera cuestionamientos

La denuncia sostiene la venta irregular de una cartera de créditos cuyo valor original ascendía a G. 61.084.219.580 a la firma Compañía Administradora de Riesgos S.A. (CARSA).

Según la presentación realizada ante la Fiscalía, la operación involucró más de ocho mil pagarés activos, que fueron transferidos por un monto de G. 4.227.249.591, equivalente al 7% de su valor nominal.

Los denunciantes afirman que la diferencia entre el valor de la cartera y el monto recibido representa un supuesto perjuicio patrimonial directo para la cooperativa de G. 56.856.969.989.

Denunciantes cuestionan necesidad comercial de la operación

Los miembros del Consejo de Administración que impulsaron la denuncia señalan que la venta de los créditos no tendría una justificación comercial, debido a que la Cooperativa Lambaré es propietaria del 80% de las acciones de su empresa de cobranzas, CEO S.A.

Según argumentan, dicha firma contaba con recursos para realizar la recuperación de los créditos de manera interna, sin necesidad de transferir la cartera a un tercero.

Denuncia señala posible alteración de indicadores financieros

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, la operación habría tenido como finalidad obtener liquidez inmediata y reducir de manera artificial los índices de morosidad ante una eventual fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Los denunciantes también mencionan supuestas discrepancias entre los balances financieros presentados y la situación real de los activos transferidos.

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Estas observaciones derivaron en la suspensión de la última Asamblea Ordinaria de la institución, según consta en la denuncia.

Esto ya que, mientras pretendían colgarse de nuestra albirroja, que cayó peleando hasta lo último en octavos de final contra Francia, esta Cámara de Diputados ni siquiera es capaz de lograr quórum para sesionar una vez a la semana, y el poco tiempo que sesionan lo usan para censurar y bloquear pedidos de informes.

Hoy se tuvo que convocar a una extraordinaria y, de vuelta no terminaron el orden del día. Los cartistas tranquilamente pueden ser el equivalente negativo de nuestros defensores Gustavo Gómez, Omar Alderete, José Canala y nuestro contención, Andrés Cubas, ya que como todas las semanas, se encargan de bloquear y despejar pedidos de informes básicos en busca de transparencia.

“Esto no puede seguir así... La Cámara de la vergüenza otra vez somos, mucho tiempo dejamos de ser, pero yo creo que ya nos merecemos el mote de vuelta. Pasamos todos los límites, haciendo hurras y festejando cuando estamos 41 de 80 (quorum mínimo) para iniciar una sesión, rechazando pedidos de informes que son nuestras atribuciones constitucionales”, refirió la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Sigue bloqueo a la transparencia

Esto luego de que la mayoría cartista mandara al congelador un simple pedido de informes dirigido a Itaipú Binacional para que remita la nómina de abogados externos de la institución, ya que Vallejo comentó haber recibido denuncias de que la Binacional tiene a su servicio personas con graves antecedentes penales.

“¿Porqué no dejan que sepamos la verdad y que venga la lista para que sepamos qué hace cada uno de estos inútiles que están ahí con sueldos astronómicos?” y reclamó que “mientras en esta cámara se debatía que el sueldo mínimo no alcanza para nada, los delincuentes en este país terminan como reciclados en las binacionales".

Finalizó diciendo que “ese no es el país de maravillas que algunos pintan, es el país de la desigualdad, el prebendarismo y la protección a sus pares delincuentes”.

Los proyectos bloqueados hoy son:

• Proyecto de declaración, “que declara de interés nacional la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones de mantenimiento y jardinería en la Itaipú Binacional”
• Proyecto de Declaración, “que expresa preocupación por la calidad y regularidad del programa “Hambre Cero” y exhorta al Poder Ejecutivo, a reforzar el control estricto sobre las empresas adjudicadas”
• Resolución que pide informes a la Entidad Itaipú Binacional, si cuenta con abogados contratados quienes no forman parte del plantel permanente de funcionarios, en caso afirmativo, remitir listado de los mismos contratados bajo esta modalidad, proceso de adjudicación para la contratación, y nomina de funcionarios permanentes del área jurídica de la entidad.

Conforme al informe de los intervinientes, como es habitual todos los días, estaban controlando los vehículos que circulaban por la zona. Uno de los verificados era un tractocamión de la marca Scania, modelo 144/1999, año 1999, color blanco, chapa Nº NBB045, Py, con semirremolque de la marca NOMA, modelo SR-BV-GR, color azul, guiado por Reinaldo Teixeira Do Nascimento, de 38 años, domiciliado en Naranjal, Alto Paraná.

El comisario Alcaraz reportó que, en principio, creyeron que el camión traía alguna carga lícita, cuando se percataron de que el acoplado del vehículo tenía un doble fondo que contenía varios panes de presunta marihuana. Ante esa situación, procedieron a demorar al chofer y a dar aviso a las instancias correspondientes sobre el procedimiento realizado.

Hallaron 17.726 kilos de marihuana en un contenedor

Posteriormente, llegó al lugar el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de San Pedro, Jorge Encina, acompañado por personal de la misma sección, para proceder a la verificación del cargamento y contabilizar la cantidad exacta de la mercadería que estaba siendo transportada en forma clandestina, mencionó el jefe policial.

Al término del procedimiento se constató que el camión estaba trasladando 868 panes de marihuana prensada, totalizando 1.918 kilos, que estaban escondidos en el doble fondo de la carrocería del camión, indicó el comisario Alcaraz.

Enviados a Santa Rosa

Por orden del fiscal interviniente, Jorge Encina, el camión con la carga fue llevado a Santa Rosa del Aguaray, donde quedará en resguardo en la sede de la Fiscalía, mientras que el conductor quedó recluido en la Comisaría 18ª de la misma ciudad, a disposición del Juzgado.

Desde la semana pasada, la legisladora opositora es protagonista de una polémica mundial tras sus comentarios racistas hacia el futbolista Kylian Mbappé.

Si bien en su “canción” no menciona tal episodio, sostiene que ella es “una reina de los 80″ con un “coeficiente de 190″ al igual que “atrevida, valiente, directa”.

“En el Congreso canta las 40, una Barbie de 60 que a todos deja con la boca abierta; poderosa, hermosa, intensa. A nadie tiene que rendirle cuentas”, agrega.

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“Del Congreso la más perra”

Entre la letra Amarilla también se califica como “la señora, la fucking reina” y que su “imperio” es el Congreso y del Congreso “la más perra”.

“La verdadera maestra. Hago lo que quiero, lo que me da la gana, hago lo que quiero, nadie me reclama, hago lo que quiero, yo soy la que manda, hago lo que quiero. Yo soy la puta ama. Salgan del camino que llegó la puta ama. Salgan del camino que llegó la que manda", termina.

Por la polémica, la senadora había denunciado que su cuenta de Instagram fue hackeada, hasta que la pudo recuperar para ahora compartir el mencionado contenido.

Como otras publicaciones suyas, hay varios comentarios de rechazo y banderas francesas. Inclusive el semanario francés Charlie Hebdo la publicó en dos ocasiones como parte de su “dibujo del día”.

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Los datos oficiales de la institución muestran que en mayo el MOPC había ejecutado G. 400.000 millones para el pago de certificados de obras. Sin embargo, en junio el desembolso descendió a G. 300.220 millones.

La diferencia representa G. 99.780 millones menos para el circuito financiero de las empresas constructoras y sus proveedores. En términos porcentuales, equivale a una reducción del 24,95% en el ritmo mensual de pagos.

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Primer semestre cerró con una ejecución del 42%

La menor ejecución de junio impactó en el resultado acumulado del primer semestre, un período que históricamente resulta clave para el avance de las obras debido a las condiciones climáticas más favorables.

Para todo el 2026, el Plan Financiero (PF) destinado a inversión física asciende a G. 4.884.691 millones. Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó G. 2.042.045 millones, equivalente al 42% del total previsto.

El MOPC, por su parte, destaca una “ejecución operativa” del 46% (G. 2.244.852 millones). No obstante, desde el sector de la construcción señalan que este indicador incluye compromisos que ni siquiera fueron obligados, por lo que todavía no cuentan con desembolsos efectivos debido a las restricciones del plan de caja administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mientras tanto, el Gobierno mantiene como objetivo cerrar el año con un déficit fiscal del 1,5% del PIB, aunque el déficit anualizado hasta la fecha alcanza el 2,4%, de acuerdo con los datos oficiales.

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Contratistas siguen atentos a la cadena de pagos

El desfase entre los certificados emitidos y los recursos efectivamente desembolsados e incluso obligados continúa generando preocupación en el sector de la construcción.

Con un saldo pendiente de ejecución de G. 2.842.646 millones dentro del Plan Financiero para obras, el MOPC deberá acelerar significativamente el ritmo de ejecución durante el segundo semestre si pretende acercarse a los niveles registrados en años anteriores.

De lo contrario, resultará difícil alcanzar porcentajes de ejecución superiores al 80% al cierre del ejercicio, como ocurrió en años anteriores.

A inicios de julio, el Estado mantenía una deuda que asciende a unos US$ 340 millones con las empresas contratistas, de los cuales US$ 190 millones corresponden a certificados de obras pendientes de pago y otros US$ 150 millones a intereses acumulados, que sigue aumentando cada vez más por la falta de pago.

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La ejecución general también permanece rezagada

El panorama tampoco mejora al observar la ejecución presupuestaria global del MOPC, que incluye inversiones, remuneraciones, servicio de la deuda y gastos corrientes.

Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó apenas el 42% del Plan Financiero.

De los G. 7.060.636 millones habilitados para este año, el MOPC ejecutó G. 2.972.474 millones durante los primeros seis meses, por lo que aún resta ejecutar G. 4.088.162 millones.

Si se considera la denominada “ejecución operativa”, que incorpora compromisos que aún no fueron obligados ni mucho menos pagados por falta de disponibilidad en el plan de caja, el porcentaje asciende al 45%, equivalente a G. 3.209.329 millones.

Según el informe del equipo técnico de la banca matriz y que se detalla en el comunicado de prensa, la ausencia de un régimen tarifario integral genera asimetrías de información, baja comparabilidad de costos, riesgos de cobros ambiguos o duplicados y posibles distorsiones competitivas entre servicios de pago similares.

Gremios cuestionan cobro de comisión para nueva funcionalidad del Sipap

Según indicaron, la medida se enmarca en la Ley Nº 7.503/2025, “Sistema Nacional de Pagos”, y en la Ley Nº 5.476/2015, estableciendo de esta manera, reglas de transparencia informativa, denominaciones autorizadas de cargos y topes tarifarios para comisiones, gastos y penalidades vinculadas a servicios de pago.

De acuerdo con el documento, el nuevo marco alcanza a participantes y proveedores que operan servicios cursados por el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), adquirencia, redes y procesamiento de tarjetas, sistemas propietarios y otros servicios de pago autorizados.

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Estos son son los principales topes en el Sipap:

Proveedores de Servicios de Inicio de Pagos (PISP), Solicitud de Pago, Débitos Directos/Domiciliación y transferencias interbancarias en sistemas propietarios: hasta 1,5% del monto de la operación, IVA incluido.

Participante Patrocinador: hasta 1% del monto de la operación, con un máximo de G. 5.500.

Asimismo, la regulación dispone que los pagos iniciados mediante QR que utilicen como mecanismo subyacente transferencias de crédito, independientemente de que operen sobre infraestructuras públicas o privadas, estarán sujetos a una comisión máxima del 1,5 % del monto de la operación, IVA incluido.

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Se busca condiciones igualitarias en el mercado

Según la disposición del BCP, esta medida garantizará condiciones más igualitarias para servicios comparables y favorecerá un entorno competitivo en beneficio de comercios y usuarios finales.

Añaden igualmente que la transparencia es el eje central del reglamento, ya que los proveedores deberán publicar tarifarios actualizados, informar con claridad comisiones, gastos y penalidades, justificar técnicamente los cargos y asegurar que cada cobro sea verificable y corresponda a un servicio real.

Con esta decisión, el BCP estima que da un paso hacia un ecosistema de pagos más transparente y competitivo, en beneficio de la ciudadanía y los comercios.

Operaciones en Sipap aumentaron 114% en un año

Entre las estadísticas más sobresalientes del SIPAP se encuentran la duplicación de operaciones liquidadas por año y la cuadruplicación de operaciones diarias entre 2023 y 2025, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de operaciones por día. Asimismo, en 2025 el SIPAP alcanzó un volumen equivalente al 323% del PIB, con más de 381 millones de operaciones en el año, lo que representa un aumento del 114% con respecto a 2024.

Los evadidos son Pascual Benítez Miranda (43), condenado a 26 años de cárcel por homicidio doloso, e Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

Según el informe del comisario Ramón Bacigalupo, jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, ambos reclusos lograron forzar las rejas de sus respectivas celdas para salir de las mismas y llegar hasta el patio del penal. Los dos se encontraban recluidos en el pabellón de admisión.

Dos reos se fugan de la Penitenciaría Regional de Misiones

Tras salir de sus celdas y abandonar el pabellón, los internos atravesaron el patio del establecimiento penitenciario sin que, aparentemente, ningún guardia haya logrado visualizarlos.

Posteriormente, llegaron hasta el cercado perimetral, donde lograron cortar el tejido de alambre que da hacia la calle ubicada frente al penal.

Los reclusos recorrieron aproximadamente 80 metros dentro del predio penitenciario hasta lograr salir a la vía pública, sin que el personal de seguridad se percatara del escape.

El punto utilizado para la fuga se encuentra a unos 20 metros del acceso principal del penal y aproximadamente a 10 metros de una de las garitas de seguridad ubicada en la esquina del establecimiento.

En ese contexto, la fiscal que investiga el hecho, Mirtha Valle, señaló que la garita ubicada en la esquina del penal no contaba con la presencia del guardia en ese momento, debido a que este habría acudido a acompañar a un interno enfermo en la parte trasera del establecimiento. La agente fiscal indicó que esta situación será objeto de investigación.

Asimismo, Valle explicó que la garita ubicada en el acceso principal del penal tampoco contaba con la cobertura de un guardia en ese momento, debido a la falta de personal, según los datos proporcionados a la representante del Ministerio Público.

Antecedente de Benítez Miranda

Pascual Benítez Miranda, conocido con el alias de “El Sicario”, cuenta con un historial delictivo. El 18 de febrero de 2016, los suboficiales de Investigación de Delitos Denis Aguiar y Jorge Luis López intentaron detenerlo cuando viajaba en un ómnibus de la empresa La Yuteña, en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

Los agentes, quienes vestían de civil, contaban con información sobre su paradero y una orden de captura vigente en el marco de investigaciones relacionadas con hechos de sicariato, entre ellos un atentado ocurrido en 2015 contra el entonces concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, en Yuty.

Durante el procedimiento, Benítez Miranda habría reconocido a los policías y reaccionó efectuando disparos dentro del transporte público, ocasionando la muerte de ambos agentes.

Tras el ataque, logró escapar rompiendo una ventanilla del ómnibus y permaneció prófugo durante casi cuatro años, hasta que fue detenido en enero de 2020 en la localidad de Alto Verá, departamento de Itapúa.

Posteriormente, fue sometido a juicio oral por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, ocurrido el 14 de septiembre de 2019 en Cruce Kimex, distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa.

En marzo de 2023, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 26 años de prisión como autor material del crimen del comerciante. Tras la condena, fue recluido y posteriormente trasladado a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Prontuario de Ignacio Cubilla

Ignacio Cubilla cuenta con antecedentes vinculados al tráfico internacional de drogas. En diciembre de 2021, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 13 años de prisión en el marco del denominado “Caso Fox”, una investigación que permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico de marihuana desde Paraguay hacia mercados de Argentina y Uruguay.

La causa involucró a una organización con operaciones principalmente en el sur del país, con zonas de influencia en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

Durante su permanencia en el sistema penitenciario paraguayo, Cubilla protagonizó un violento incidente en diciembre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Según los reportes, atacó con un arma blanca a dos guardiacárceles que cumplían funciones en el lugar. Ante la situación, los custodios intervinieron para reducirlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Encarnación bajo custodia. Posteriormente, fue trasladado al Penal de Misiones.

Descontrol en el microcentro: El reclamo de los comerciantes formales

La falta de respuestas de la administración municipal se evidencia en la multiplicación de puestos callejeros ante la ausencia de políticas de ordenamiento. Los comerciantes consideran que el sistema de cánones actual fracasa al regular esta proliferación, permitiendo que la informalidad se instale sin planificación ni criterios técnicos.

La falta de coordinación entre las dependencias de la comuna profundiza la crisis comercial en el casco histórico capitalino, reclaman los denunciantes y aseguran que la inacción institucional fomenta la ocupación arbitraria del espacio público, forzando a los negocios formales a abandonar definitivamente el centro.

Vacío legal y recaudación: La normativa ignorada por la Municipalidad de Asunción

La falta de control efectivo sobre los informales se refleja en el incumplimiento de sus propias normativas. Las ordenanzas N° 16/92 y N° 39/93 diferencian legalmente al vendedor ambulante del vendedor estacionado. Mientras el primero debe mantener movilidad propia, el segundo requiere una estructura física fija que debe estar debidamente autorizada por la comuna.

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Para autorizar la presencia de un vendedor estacionado, la comuna debería exigir obligatoriamente la autorización escrita del frentista antes de instalarse frente a cualquier comercio. Testimonios recabados por ABC confirman que este requisito se incumple sistemáticamente, en distintos puntos de Asunción, sin que la Policía Municipal de Vigilancia aplique las sanciones legales.

Otro indicio que confirma el descontrol es la raquítica recaudación que registra la Municipalidad en concepto de tasas a este sector durante 2025 y lo que va de 2026. Según consta en los informes oficiales de la gestión de Bello, en todo el 2025, en concepto de patente a vendedores callejeros, se recaudó G. 3.989.000. En tanto, en 2026, de enero a abril, en el mismo concepto, se recaudó apenas G. 2.603.400.

Policía Municipal de Vigilancia: Gestión sin datos y operativos insuficientes

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Ángel Stampf, admitió que la dependencia no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de vendedores informales. El funcionario señaló que solo cuentan con estadísticas de vendedores habilitados durante eventos masivos como conciertos o finales deportivas internacionales.

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Stampf, quien asumió el cargo en septiembre, casi al inicio del mandato de Bello, admitió que los operativos actuales todavía son insuficientes para frenar el desborde, aunque afirmó que su gestión está ejerciendo los controles y que planean incrementarlos, incluso de madrugada. Señaló que desde que asumió el cargo, se registra un aumento de la formalización de la mayoría de los vendedores, frente a la presión de esos controles.

El estudio consideró muestras de los elementos estructurales de la construcción, la documentación, el análisis del circuito cerrado que captó el momento y un estudio geotécnico del suelo.

El documento ratifica que los aspectos evaluados en conjunto refuerzan la teoría que sostiene el motivo por el que la estructura se desplomó.

No obstante, indica que los modelos aplicados para el análisis todavía se pueden precisar con estudios más profundos, pero el resultado, sin esas consideraciones, ya sería desfavorable para la estabilidad de la estructura. Es decir, considerar los aspectos omitidos, como la acción del viento, evidenciaría aún más las carencias de la construcción.

Los fiscales que encabezan la causa son Enrique Fornerón, Rocío Valdez y Francisco Martínez. También existe una querella adhesiva promovida por los familiares de las víctimas fatales, representada por los abogados Rolando Ortega y Perla Riveros.

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¿Por qué se derrumbó?

El informe pericial indica que el edificio presentó una pérdida de soporte vertical en niveles inferiores, en la zona derecha, de iniciación localizada y propagación rápida. Esto terminó con un volcamiento lateral repentino de toda la estructura.

Los indicios apuntan a que se debió a la baja resistencia del hormigón en los pilares. Según las comparaciones, en el caso de los pilares, el nivel de resistencia estaba por debajo de lo declarado en los planos, a diferencia de las vigas y losas, que sí se ajustaban a este estándar (210 kg/cm²).

La diferencia sustancial señalada es que la mezcla de hormigón para los pilares fue elaborada in situ, mientras que para las vigas y losas fue elaborada en planta. Atribuyen a este factor la diferencia entre las resistencias.

Otro detalle no menor es que la obra presentó dos ampliaciones, en las que, a partir del piso seis, no se documentó ningún refuerzo estructural en los niveles inferiores por el aumento de carga.

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Planos modificados

También se evidenció que se declaró la construcción de la circulación vertical (escaleras y ascensor) hacia la derecha, mientras que en la práctica se hacía a la inversa, lo que podría denotar una falta de control.

El primer permiso municipal (120/2023) estipulaba cinco niveles de construcción con circulación vertical a la derecha.

En los siguientes permisos de ampliación, (51/2024) para los pisos 6 y 7 y (205/2024) para el piso 8, los planos hacían figurar la circulación vertical a la izquierda, hecho que fue comprobado con la inspección del edificio derrumbado.

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La investigación

Los responsables del Ministerio Público investigan a los cinco imputados por homicidio culposo, exposición a lugares de trabajo peligrosos y actividades peligrosas en la construcción.

Los imputados en la causa son el intendente municipal, Luis Yd (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.

Las víctimas fatales fueron Hermelinda Báez (55) y Montserrat Brítez (15), su nieta, domiciliadas en la compañía Cerrito, de Encarnación. Las mujeres eran trabajadoras de la Feria de la Avenida Japón.

En principio, los investigadores parten de que los involucrados actuaron con conocimiento de los riesgos que, penosamente, causaron dos muertes.

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Siniestro fatal

Hermelinda tenía un puesto en la Feria de la Avenida Japón, a media cuadra de la construcción. Habitualmente, junto a su nieta, preparaban las viandas de comida para los trabajadores de esta construcción.

La tarde de ese miércoles 2 de abril de 2025, pidieron de favor a Roberto Montiel, el sereno, quedarse en la obra para pernoctar, porque no tenían cómo volver a su casa, en la zona rural de Encarnación.

Cerca de las 22:00, mientras Montiel realizaba un recorrido por el exterior de la obra, el edificio se desplomó con ambas mujeres dentro. Luego de varias horas de trabajo de varias compañías de bomberos voluntarios, hallaron los cuerpos sin vida de las víctimas.

La construcción que se derrumbó era de ocho pisos y estaba ubicada sobre la calle Molas, casi avenida Japón, en el barrio San Roque, a pocas cuadras de la Costanera República del Paraguay. Estaba destinada a ser un Apart Hotel, de cara al evento del Mundial de Rally 2025, que prometía un gran movimiento de visitantes en la ciudad.

Estos trabajos avanzan como parte del “Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción”, impulsado por la institución, financiada con un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, empréstito aprobado en el 2023, pero que recién está en ejecución de las primeras obras.

En el caso del Parque Caballero, según la institución, comenzó la ejecución del Frente I, que constituye el primer hito de la Fase 1 de la transformación integral del parque.

El objetivo principal de estas acciones es devolverle protagonismo a uno de los espacios públicos de mayor valor histórico, patrimonial, cultural y ambiental de Asunción. En esta primera etapa se prioriza la intervención de sectores emblemáticos y de alta afluencia de visitantes.

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Las mejoras previstas en el parque Caballero

Una de las principales mejoras previstas será la puesta en valor del Paseo de las Palmeras, donde se renovarán los pavimentos, la iluminación, el mobiliario urbano y el paisajismo. A esto se sumará la construcción de una nueva zona de juegos, equipada con elementos modernos, inclusivos, seguros y accesibles para niños y familias, integrando elementos existentes al nuevo diseño.

También serán restaurados y mejorados el Pórtico y el Acceso Andrés Barbero, con el propósito de facilitar la circulación peatonal, reforzar la accesibilidad y renovar la imagen urbana de uno de los principales ingresos al parque.

Patrimonio, naturaleza y encuentro ciudadano

La transformación del Parque Caballero no se limitará a la infraestructura. El plan contempla la protección y conservación de los elementos patrimoniales, procurando que cada intervención respete el valor histórico del lugar.

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Asimismo, se incorporarán mejoras paisajísticas e infraestructura verde orientadas a elevar la calidad ambiental, ofrecer mayor confort urbano a los visitantes y fortalecer la resiliencia del parque.

La intervención también permitirá poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y paisajístico, fortalecer la infraestructura verde y reactivar el Parque General Bernardino Caballero como uno de los principales espacios públicos de Asunción.

Primeros espacios se habilitarán este año

La estrategia incluye la ejecución de los trabajos por frentes, lo que permitirá habilitar gradualmente los sectores terminados para el disfrute de la ciudadanía, sin necesidad de esperar la finalización de la totalidad de las obras.

Según el cronograma previsto, el Paseo de las Palmeras y la nueva zona de juegos serán habilitados en agosto de 2026, mientras que la apertura del renovado Pórtico y acceso Andrés Barbero está prevista para septiembre del mismo año.

Todo esto corresponde al llamado MOPC N.º 50/2025 para el diseño ejecutivo de las fases 1 y 2, la construcción de la Fase 1 y la gestión de operación y mantenimiento del Parque Bernardino Caballero, identificado con el ID 469.504.

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Los trabajos están a cargo de Tecnoedil S.A. Constructora mediante el Contrato MOPC N.º 395/2025, por un monto de G. 61.025 millones financiado por el Banco Mundial.

Las obras que deben ejecutarse con el plan de US$ 100 millones

Una de las obras que ya está concluyendo en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera es el soterramiento de la línea de alta tensión, que era la única obra en ejecución y está a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con financiamiento del Banco Mundial por G. 67.091 millones.

Para la implementación del programa, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprobó el financiamiento.

El plan busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad del área central y costera de Asunción, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuyo avance aún se encuentra pendiente.

En relación con las obras previstas para el Parque Caballero y el Centro Histórico, el MOPC informó que las empresas responsables ya cuentan con contratos firmados para la ejecución de la Fase 1.

Según lo último que informó, avanzan en el diseño final y en la elaboración del proyecto ejecutivo de las infraestructuras, cuya aprobación se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura.

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Conflicto con vecinos que denuncian intensión de talar árboles

La contratación del diseño ejecutivo y la construcción de obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción fue adjudicada al Consorcio Palma, integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L., por G. 40.505 millones.

Justamente, en el marco de este contrato, se está ejecutando los trabajos de revitalización de la Plaza Uruguaya, donde según los vecinos se prevé la tala de 37 árboles en el espacio verde de la capital, lo que movilizó hoy a las autoridades del MOPC que acudieron hasta el sitio hoy para brindar explicaciones. Cuando las mismas aseguraron que comunicaron a los vecinos de la intervención, los vecinos los desmintieron.

En lo que respecta a las viviendas y la infraestructura del denominado “Distrito Eco-Inclusivo”, se prevé lanzar el llamado a licitación este mes.

El proyecto tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la integración urbana, promoviendo soluciones habitacionales eficientes y espacios públicos de calidad.

En cuanto al componente correspondiente a la Reserva del Banco San Miguel, se informó que el llamado a licitación se encuentra en proceso de elaboración, en coordinación con las instituciones y entidades rectoras. El objetivo es fortalecer la conservación del área, proteger su biodiversidad y promover un manejo ambiental sostenible.

Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

Los aspirantes a la intendencia volvieron a expresar su predisposición a unificar la candidatura opositora pero todavía no se define la metodología a ser utilizada, ni la fecha de la medición.

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La fecha límite es el 7 de agosto, plazo final que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) permite para aceptar renuncias de candidatos o pedidos de sustituciones y para que estos no aparezcan en la pantalla de votación en los comicios municipales del 4 de octubre.

Unidad contra el candidato cartista

El objetivo de la oposición es no dividir los votos frente al candidato del cartismo y del Partido Colorado, Hugo “Hugui” Farías. El intendente saliente es Carlos Echeverría (ANR) quien ocupa el sillón municipal desde hace dos periodos, electo por primera vez en 2015 y reelecto en 2021.

En la interna del PLRA, el concejal Achucarro Gill venció al exintendente César Meza Bría (1996-2001 y 2010-2015).

Por su parte, Maldonado también es concejal electa por el PLRA pero ella decidió competir por fuera de su agrupación en la alianza Luque Democrático.

A su turno Chilavert, exguardameta del Sportivo Luqueño, Vélez Sarsfield y otros clubes, fue candidato presidencial en 2023 por el Partido de la Juventud.

Belén Maldonado informó que tras la segunda reunión, se acordó para mañana un tercer encuentro entre técnicos de los tres candidatos a fin de avanzar en la metodología a ser implementada para elegir al candidato único de la oposición en Luque.

El proyecto, impulsado por el Arzobispado de Asunción, prevé la inauguración de la estructura el próximo 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de la patrona del Paraguay.

A través de sus redes sociales, el Arzobispado informó el inicio oficial de los trabajos. “Anunciamos que oficialmente ya iniciaron los trabajos para la construcción del monumento a Nuestra Señora de la Asunción, que será inaugurado el 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de nuestra Madre y Patrona”, refiere.

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Lugar histórico para la identidad nacional

Por su parte, el presbítero Erwin Soto, coordinador del proyecto, destacó la relevancia del sitio elegido para la instalación del monumento.

“Lugar histórico e importante para la identidad nacional”, expresó.

La obra se construye en la Bahía de Asunción, frente al Palacio de López, sobre la Costanera Norte.

Inicio de las obras coincide con una fecha histórica

El Arzobispado señaló que los trabajos comenzaron el 13 de julio, una fecha de especial significado para la Iglesia Católica en Paraguay.

Ese mismo día, pero de 1951, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de la Asunción como patrona de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La institución también convocó a los fieles y a la ciudadanía a apoyar la construcción del monumento mediante aportes voluntarios.

El único cambio publicado hasta ahora, a través de un decreto presidencial del 9 de junio, fue el de Zulma Díaz Penayo, quien fue separada como directora general de Universidades e Institutos Superiores. En su lugar asumió Carmen Paredes.

No obstante, en medio del revuelo trascendió en redes sociales que además, Luis Carísimo, un funcionario de carrera, fue designado como director de Universidades e Institutos Superiores. Esta clave dependencia se encuentra un escalón por debajo de la dirección que ocupa Carmen Paredes, ambos dependientes del Viceministerio de Educación Superior.

Carísimo asumió el puesto en lugar de Natalia Ortiz Benítez, una de las jefas separadas del cargo por el ministro de Educación, en el marco de la causa de los documentos universitarios apócrifos.

Títulos falsos: el “premio” de Luis Ramírez para la funcionaria separada del cargo

Si bien Natalia Ortiz Benítez fue separada del cargo de directora de Universidades luego del escándalo por los diplomas no auténticos, finalmente el ministro de Educación, Luis Ramírez, decidió “premiarla” con otro alto puesto y encima dentro de la misma dependencia, o sea, el Viceministerio de Educación Superior.

Natalia Ortiz es ahora directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior, lugar de confianza dentro de las oficinas del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene. Percibe mensualmente G. 18.886.660, de los cuales G. 9.958.460 son en concepto de bonificaciones y “otros gastos” del personal.

Pero, ¿quién es Natalia Ortiz Benítez? La funcionaria es hermana de Rossana Estrella Ortiz Benítez, directora general de Cooperación, representante del MEC ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Además hay otra familiar en el MEC, Gabriela Nicole Rivaldi Ortiz, hija de Rossana, por ende, sobrina de Natalia.

Según fuentes en la cartera educativa, las hermanas Ortiz son parte del equipo del presidente de la Cámara de Diputados, el colorado cartista Raúl Latorre, pero se desconoce si el legislador ejerció algún tipo de influencia a favor de la flamante directora de Gabinete de Educación Superior.

MEC: “premiada” estuvo apenas seis meses en el cargo

Natalia Ortiz había sido nombrada como directora de Universidades en el MEC el 17 de diciembre del 2025, y tras seis meses, fue cambiada nuevamente. En ese momento, se mencionaba en la entidad que la misma había sido beneficiada por favores políticos, debido a la campaña realizada para que Romina Medina, esposa del jefe de Gabinete Aníbal Zapattinni, ganara las internas coloradas para ser candidata a concejala, aunque después perdió.

Un dato no menor con respecto a lo partidario es que Luna Abigail Velázquez Ortiz, quien sería igualmente pariente de las hermanas Ortiz, trabaja como secretaria en la oficina del diputado Raúl Latorre.

“El respaldo político que tiene la familia Ortiz es fuerte, no se les puede tocar a ellas”, afirmó una fuente del MEC a ABC.

Títulos falsos: la “conexión” Orlando Arévalo en el MEC

Las hermanas Ortiz, Rossana y Natalia, también aparecen en eventos públicos y privados como fiestas de cumpleaños de funcionarios del MEC en compañía del exdiputado Orlando Arévalo, dueño de varios Institutos de Formación Docente (IFD), que ya estuvieron en la mira por presuntas irregularidades.

El 6 de febrero del 2025, este diario publicaba un artículo titulado “Peña premia a cercana de Orlando Arévalo con alto cargo en el MEC”, en relación con el nombramiento de Rossana Ortiz como representante del MEC ante la Unesco.

En la misma nota, se publicó la foto de la fiesta de cumpleaños del funcionario Marcelo Duprat, en compañía de varios trabajadores de la cartera educativa. En el festejo también estuvo Orlando Arévalo.

Zulma Díaz Penayo, también desvinculada de su puesto de directora de nivel, era la secretaria de Orlando Arévalo cuando este tenía rango de director en el MEC, en el 2017, de la mano del exministro de Educación y actual ministro del Interior, Enrique Riera.

Según Lovera, el pedido de su salida supuestamente se originó por parte de un asesor de la presidencia de la República al que identificó como “JJ”.

“El asesor del Presidente de la República, JJ, le pidió (a Fretes) mi renuncia. 'Me voy yo o te vas vos’, me dijo; si ese es el problema, yo hago la renuncia. Soy jubilado, no hay drama”, detalló.

Asimismo, mencionó que él cometió “varios pecados institucionales”, en el sentido de denunciar millonarios “fatos” que vendrían de la administración pasada -la de Jorge Brítez- y hasta ahora no serían investigados o abordados.

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Isaías Fretes es “vendehúmo”, según Lovera

Según relata el exasesor, Fretes había ido a su domicilio para proponerle “limpiar el IPS” y con esa promesa aceptó el cargo, pero luego él se encontró con que supuestamente era “JJ” quien mandaba dentro de la previsional.

“Isaías Fretes no puede cambiarle a nadie, no disponía nada y no mandaba en el IPS. Yo iba sumando pecados, intervengo, el famoso container, estructuras, extensiones... nada se hizo. Encontré más fatos, 50 millones de dólares de la administración anterior; no nos recibieron, instrucciones de dejar sin efecto”, agregó.

Sobre su salida, aseguró que él no planeaba ser un asesor para “callarse” o “prestarse”, por lo que sostiene que ahora su renuncia es “con la frente alta” luego de más de 25 años de antigüedad en el IPS.

“El vendehúmo Isaías Fretes jamás presentó una denuncia penal, jamás hizo una separación de cargo, no hizo sumario porque no le da el cuero. Yo soy leal a la institución, a los cotizantes, a los jubilados, a la patria. Isaías me pide la renuncia por orden de JJ", reiteró.

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“Varias bombas” dentro de IPS

Finalmente, Lovera también denunció que “se están preparando varias bombas” dentro del IPS, entre asesores externos, fideicomisos, préstamos y bonos, con la supuesta intención de que el dinero de la previsional vaya al exterior.

“Ahí no podemos controlar nada y ahí IPS se funde. Hay diferencias profesionales que tuve con sus asesores, entre comillas, que son asaltantes. Están los mismos gerentes de Brítez. Yo molestaba en el IPS; me pidieron la renuncia, renuncié y aquí estoy firme”, sentenció sin descartar tampoco presentar una eventual denuncia penal en la que se mencione a Fretes como “cómplice”.

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Así expresó el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en una plenaria colorada en Atyrá, departamento de Cordillera. El postulante con miras a las elecciones generales del 2028, reencaminó su campaña tras una breve pausa tras las internas municipales del 7 de junio pasado.

Wiens, en primer término, aludió a la decisión de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público que pidió días atrás al Juzgado Penal de Garantías el cierre de la causa abierta en marzo de 2025 por el presunto delito de lesión de confianza en la compra de mobiliarios para 1.380 centros educativos, a un costo superior a 310.600 millones de guaraníes (32 millones de dólares) provenientes de Itaipú Binacional, cuyo director general paraguayo es Justo Zacarías Irún.

Fiscalía dice que pupitres chinos no fueron sobrefacturados y pide desestimar causa

El hecho fue denunciado por parlamentarios opositores que adujeron una “sobrefacturación grosera”: el costo de importación desde China sería de 15 a 30 dólares por conjunto (mesa y silla), pero se pagó un promedio de 96 dólares.

En otro momento de su discurso ante adherentes en Atyrá, Wiens se preguntó: “¿Ustedes no creen que estamos preocupados por la situación del país que nos van a entregar? Un país quebrado económicamente. Un IPS (Instituto de Previsión Social) en el cual están los recursos de los aportantes. Hoy está en riesgo la sostenibilidad económica. Ni hablemos de la parte médica. Una justicia entregada al poder de turno".

Luego, el exsenador y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez, recordó la comentada “reunión secreta” de los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña y el titular y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, que se realizó el año pasado.

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“No me voy a olvidar que soy uno de los primeros en sufrir las consecuencias de esa reunión secreta. Ahí se decidió que Marito tiene que ir preso o ser imputado, y que yo tengo que ser imputado. No nos van a encontrar siendo cómplices de ese sistema que quiere hacernos el cháke o asustarnos con las cosas para que nos alineemos como delita a ellos. No, nosotros no le tenemos miedo a esos anticolorados que creen que somos un número más para su sistema, que somos parte de ese algoritmo que ellos van a manejar”, aseveró Arnoldo Wiens.

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Dijo que ahora “hay un punto bisagra” en su carrera a la presidencia con miras a las generales de 2028.. “He caminado un año y seis meses. Ahora me toca caminar otro año y seis meses y seré electo candidato a presidente de la República por el Partido Colorado”, manifestó el presidenciable de Colorado Añetete.

Pero al ser insistido si no le llamaba la atención que desde que asumió el gobierno de Santiago Peña, dicho banco haya recibido US$ 800 millones de fondos públicos, Amarilla dijo que considera a Miguel Vázquez como un “disruptor”.

“Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”, dijo el economista y exadministrador de la UNA.

Respecto a si no ve favoritismo estatal, insistió que a su criterio Vázquez es “un disruptor en el sistema financiero” y que este último “abrió la cancha y los bancos han tenido que salir a hacer también promociones y esfuerzos para seguir sosteniendo a su clientela”.

Amarilla sostuvo incluso que Ueno no solo capta fondos públicos ya que “hace poco colocó 350 millones de dólares en el exterior”. También rechazó que exista una centralización de fondos públicos y afirmó que la entidad solo capta “un porcentaje relevante” pero que no es el total.

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El Consorcio Arapoty, representado por Dionisio Amarilla González –padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla– y Ueno Seguros, del Grupo Vázquez SAE –exsocios del presidente Santiago Peña–, no reembolsa hasta la fecha a la ANDE más de G. 4.853 millones en concepto de anticipo y garantía por incumplimiento de un contrato.

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El crecimiento no es pecado ni delito, afirma ZI

A su turno, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), exintendente de Ciudad del Este, primero eludió hacer comentarios argumentando que no estudió el fondo de la cuestión pero luego defendió el crecimiento de Ueno Bank.

“El crecimiento por el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito. Ojalá que todos los empresarios de la República del Paraguay estén y hayan crecido en este gobierno. Yo creo que eso es lo que espera este gobierno, el crecimiento de todos para que a su vez, los empresarios puedan generar fuentes de trabajo para todos los paraguayos”, aseveró.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que “si ese crecimiento es legal o no, eso ya es otra cuestión que se debiera analizar. Pero el crecimiento por el crecimiento nomás no es un delito”.

“No tengo nada que decirte porque no estudié técnica, ni jurídica, ni administrativa, ni contablemente. Y yo no quiero hablar de algo que no conozco, de algo que no se ha profundizado”, concluyó.

Resultó víctima una trabajadora de la farmacia. Los autores fueron dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta. El conductor tenía puesto un casco protector de color verde, mientras que el acompañante, quien descendió e ingresó al local, tenía el rostro descubierto y portaba una pistola.

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Uno de los asaltantes ingresó hasta el sector de caja para apoderarse de todo el dinero, mientras mantenía encañonada a la trabajadora. Su rostro quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado, por lo que ya fue plenamente identificado por la Policía Nacional.

Otra farmacia atacada

Esta mañana, otra farmacia de la misma cadena, también ubicada en Presidente Franco, pero en otro punto de la ciudad, fue blanco de un intento de asalto que finalmente no llegó a consumarse.

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El hecho ocurrió alrededor de las 07:30, en el barrio Las Mercedes. La víctima manifestó que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta roja, tipo cobrador. El acompañante descendió simulando ser cliente y dio la voz de asalto, pero al escuchar el grito de “¡Guardia!”, huyó junto con su cómplice sin lograr consumar el hecho.

Sin embargo, las autoridades alertan que se podrían registrar ráfagas puntuales que superen los 80 km/h, afectando con mayor intensidad a la región Occidental (Chaco) y a sectores del centro de la región Oriental.

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Pronóstico por días y zonas afectadas:

• Miércoles 15: se espera el inicio del evento con vientos de entre 30 y 60 km/h cubriendo mayormente el Chaco, el centro-norte y el suroeste de la región Oriental.
• Jueves 16 y Viernes 17: la intensidad aumentará notablemente. En gran parte del territorio chaqueño (especialmente el oeste y centro) los vientos podrían alcanzar velocidades que superarán los 60 km/h. El resto del país mantendrá vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h.
• Sábado 18: las condiciones de vientos fuertes y del sector norte persistirán, manteniendo el núcleo de mayor intensidad (más de 60 km/h) sobre el norte del Chaco. El norte y centro de la región Oriental experimentará vientos más moderados superiores a los 40 km/h; en tanto que en el sur, la velocidad prevista se ubica entre los 30 y 40 km/h.

Cabe resaltar la importancia de tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cables del tendido eléctrico o estructuras ligeras, así como evitar las quemas, ya que las altas velocidades del viento facilitan la rápida propagación de incendios.

Nivel del río Paraguay volvió a bajar en Asunción y otros puntos

Ozorio, Chamorro y Portillo fueron condenados en el primer juicio oral y público del caso Cecilia, junto a otros nueve acusados por el caso.

Condenan a 35 años de cárcel a principales acusados en el caso Cecilia Cubas

El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García Hulskamp e integrado por Víctor Medina y María Luz Martínez estableció una medida de seguridad de 6 años para Chamorro y Portillo y de 3 años para Ozorio, según la sentencia definitiva (SD) N° 417 del 1 de diciembre de 2006.

El control del cómputo de esta sentencia está a cargo del juzgado de Ejecución Penal de Sentencia del primer turno a cargo de Luz Rossana Bogarín, quien dictó tres resoluciones al respecto.

Condenados compurgarán medidas de seguridad en 2027 y 2029

El cómputo definitivo establecido para Sebastián Ozorio González, de 45 años, en el auto interlocutorio AI N° 1.089 señala que el mismo compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 13 de mayo de 2024, por lo que a partir del día siguiente empezó a cumplir la medida de seguridad de 3 años, que tendrá por compurgada el 14 de mayo de 2027.

Secuestró y luego decidió la muerte de Cecilia Cubas, según la acusación fiscal

En el AI N° 1085, Bogarín detalla que Pedro Chamorro Melgarejo, alias “Emilio”, de 43 años, cumplió su condena de 18 años y 9 meses de cárcel el 27 de diciembre de 2023. En consecuencia, a partir del 28 de diciembre de 2023, dio inicio al cumplimiento de la medida de seguridad establecida por la justicia, que tendrá compurgada el 28 de diciembre de 2029.

Idéntico cómputo estableció el juzgado para Manuel Portillo Gómez, alias “Saúl’’, de 43 años, quien compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 27 de diciembre de 2023 y al igual que Chamorro, compurgará su medida de seguridad el 28 de diciembre de 2029, según el AI N° 1.090.

Secuestro y crimen de Cecilia Cubas

El 21 de setiembre del 2004, Cecilia Mariana Cubas Gusinky, de 31 años, fue secuestrada cuando se dirigía a su residencia en San Lorenzo. Los criminales cerraron el paso de la camioneta de Cecilia con otro rodado y abrieron fuego contra el vehículo. Posteriormente, rompieron con un mazo la ventanilla y la sacaron a rastras.

Cecilia Cubas: 20 años del secuestro que conmocionó al Paraguay

Los captores pidieron US$ 5 millones, pero luego bajaron sus pretensiones. El 12 de noviembre de 2004 la familia pagó un rescate de US$ 300.000 en Caaguazú, pero la joven no fue liberada.

El 16 de febrero del 2005, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado en un túnel de una vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby, donde fue enterrada viva según concluyeron posteriormente estudios forenses. La propiedad quedó conocida como la “casa del horror” a raíz del lamentable hallazgo.

Condenados en distintos juicios

El primer juicio por el crimen de Cecilia Cubas concluyó el 1 de diciembre del 2006 con 12 condenados a penas de 5 a 35 años de cárcel, entre ellos los nombrados anteriormente.

Las penas más altas fueron para Osmar Martínez y Anastacio Mieres, ex secretario y ex activista del partido Patria Libre, recibieron las penas más elevadas, de 35 años de prisión, de los cuales 25 corresponden a la pena máxima y 10 a medidas de seguridad. La exreligiosa Francisca Andino fue condenada a 30 años de reclusión (22 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad).

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Los demás condenados son: Roberto Otazú Busto a 25 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 7 años de medidas); Vaciano Acosta y el expolicía José Hidalgo a 24 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas); Aldo Meza a 15 años de cárcel; Lidia Samudio y Rosalba Jara a 5 años de prisión.

El segundo juicio tuvo como protagonista a Casildo Acosta, condenado a 7 años por asociación criminal y frustración de la persecución penal el 31 de mayo del 2007.

Prófugos fueron capturados en el Brasil y en la Argentina

Tras la extradición desde el Brasil y de la Argentina, de algunos de los procesados que se habían fugado del país al inicio del proceso, se realizaron otros tres juicios.

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Asi las cosas, en el tercer juicio, que concluyó el 15 de julio de 2012, los acusados Aristides Vera Silguero, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales y Carlos Ramón Espínola. fueron condenados a 35 años de reclusión ((25 de prisión y 10 de medidas de seguridad).

El 29 de junio de 2021 Óscar Luis Benítez alias “Male’i” fue sentenciado a 34 años de reclusión ((24 años de pena privativa de libertad y 10 años de medidas de seguridad) y el 20 de diciembre de 2024 Lorenzo González Martínez fue condenado a 28 años de cárcel.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en coordinación con la Sociedad Paraguaya de Dermatología, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud de la Piel 2026.

Las actividades se desarrollaron en el campus de la Universidad Católica de Villarrica, donde especialistas brindaron atención gratuita a pacientes provenientes de distintos distritos del departamento de Guairá.

De acuerdo con el informe oficial, durante la campaña se realizaron 461 consultas dermatológicas especializadas y 75 procedimientos médicos destinados al diagnóstico y tratamiento de diversas patologías de la piel.

Además, fueron practicados 29 estudios microbiológicos, 30 radiografías para la detección de tuberculosis y 80 pruebas de sífilis y VIH. Como resultado de estos análisis se confirmó un caso positivo de tuberculosis, mientras que todas las pruebas para sífilis y VIH arrojaron resultados negativos.

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Entre los hallazgos más relevantes figuran dos nuevos casos de lepra, enfermedad que continúa presente en Paraguay pese a los avances registrados en materia de control epidemiológico.

Asimismo, los especialistas detectaron 11 casos de carcinoma basocelular, un caso de melanoma y un caso de carcinoma espinocelular, patologías consideradas entre los principales tipos de cáncer de piel. Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes recibieron la intervención médica correspondiente durante la jornada.

Paralelamente a la asistencia médica, la campaña desarrolló un programa académico dirigido a médicos de atención primaria, licenciados en enfermería y otros profesionales del sistema de salud.

En total participaron 180 profesionales y estudiantes, quienes recibieron actualización sobre diagnóstico y tratamiento de lepra, leishmaniasis, infecciones cutáneas, micosis, cáncer de piel, uso racional de antimicrobianos y enfermedades tropicales desatendidas.

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El programa Pire Porã Rekávo, cuyo nombre en guaraní significa “En busca de una piel sana”, se centra en la detección precoz de enfermedades dermatológicas, acercando especialistas y estudios diagnósticos a departamentos donde el acceso a este tipo de atención suele ser limitado.

Desde su implementación, la iniciativa ya benefició a 3.975 personas en distintos puntos del país y permitió capacitar a 942 profesionales de la salud, fortaleciendo la capacidad diagnóstica de los servicios públicos.

La campaña comenzó entre 2016 y 2018 en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Misiones. Posteriormente fue reactivada en 2023 en Caazapá, continuó en Ñeembucú durante 2024 y en Concepción en 2025, llegando este año al departamento de Guairá.

Junto al cuerpo fue hallado un pedazo de cartón con un manuscrito en el que se lee “Justicieros de la frontera, No robar + 1 aviso”, lo que hace presumir que el hecho pudo haber sido autoría de los integrantes de un supuesto grupo criminal que atenta contra personas a las que consideran que cometen robos y hurtos en la zona.

Indagarán si la mujer tiene antecedentes en Brasil

Desde la Comisaría 15 de la colonia Cerro Cora’i, informaron que al no tener aún la identidad, no hay registros de antecedentes penales, pero sí la referencia de que la víctima era adicta a las drogas que deambulaba por las calles y, por ende, no se descarta que haya tenido participación en algún hecho punible, según fuentes policiales.

El cuerpo de la mujer fue derivado a la morgue del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero a la espera de familiares.

Los investigadores de la Policía Nacional informaron que en el marco de una tarea coordinada tienen el apoyo de sus pares de Brasil para identificar a la víctima y avanzar en las pesquisas del caso.

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En ese sentido, las autoridades policiales solicitarán informe a sus pares de la ciudad de Ponta Porã para tener un panorama más claro sobre el perfil de la víctima.

Destacan como importante que la DGJP no solicita números de cuentas bancarias, tarjetas, PIN, contraseñas, códigos de verificación ni otro dato confidencial.

Agregan que este procedimiento busca garantizar la continuidad de los beneficios con seguridad y transparencia.

Piden en el mismo que en caso de fallecimiento, se podrá solicitar únicamente la remisión del Certificado de Defunción.

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Verificación de vivencia de jubilados y pensionados

Se recuerda que para la Comunicación de Beneficiarios Fallecidos está disponible la aplicación oficial, accesible mediante el QR del flyer o ingresando a la página web https://censos.hacienda.gov.py/informar-defuncion

Ante cualquier duda y para verificar la autenticidad de la comunicación, piden utilizar siempre los canales oficiales del MEF.

Tiroteo en Alberdi lo que se sabe del presunto delincuente abatido

Los trasladados son Fabio Luis Gavilán (51), domiciliado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; Diego Alberto Valdez Morales (34), residente en Fernando de la Mora, departamento Central; y Eladio Muñoz García (49), domiciliado en la colonia Vaca Hu, departamento de San Pedro.

El procedimiento fue realizado por disposición del Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca, en cumplimiento de los oficios judiciales Nº 318, 320 y 322, todos de fecha 12 de julio de 2026, dentro de la causa N.º 337/2026, caratulada “Fabio Luis Gavilán, Diego Alberto Valdez Morales y Eladio Muñoz García s/ Robo Agravado y Otros”.

La entrega de los detenidos fue comunicada mediante un memorándum remitido por el subcomisario Romeo Escobar a la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Ñeembucú.

Cuatro delincuentes prófugos

El fiscal de la Unidad Penal Nº II de Alberdi, Diego Benítez, informó que al menos cuatro presuntos delincuentes que habrían participado en el asalto a mano armada al Autoservicio Liz II continúan prófugos y son buscados intensamente por las fuerzas de seguridad en la zona de Villa Oliva y áreas aledañas.

El representante del Ministerio Público señaló que los operativos de búsqueda y rastrillaje siguen desarrollándose con apoyo de efectivos policiales de distintas dependencias, con el objetivo de localizar y detener a los sospechosos que lograron escapar tras el millonario golpe perpetrado días atrás en la ciudad de Alberdi.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía, especialmente de los pobladores de la zona y propietarios de establecimientos ganaderos, para aportar cualquier información que pueda contribuir a la captura de los prófugos, ya que, según los investigadores, los supuestos delincuentes avanzan hacia el departamento Central a pie y, por ahora, se encontrarían por la zona de Villa Oliva.

El fiscal Benítez instó a los vecinos a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o con el sistema de emergencias de la Policía Nacional en caso de observar movimientos sospechosos o identificar a personas que coincidan con las características de los buscados.

La investigación continúa y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas, mientras las autoridades intentan desarticular por completo a la organización criminal vinculada al asalto tipo comando que generó gran preocupación entre comerciantes y pobladores de Alberdi.

La presidenta de la Comisión de Salud, Noelia Cabrera (PLRA, aliada cartista), explicó que durante la reunión participaron técnicos del Ministerio de Economía y del IPS, quienes analizaron los aspectos legales y administrativos del proyecto.

“Tratamos un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social. Estuvimos trabajando, escuchando propuestas, pero el 28 de julio tendremos una reunión con el presidente del IPS y el ministro de Economía para definir cómo se va a accionar con este proyecto”, señaló.

Buscan habilitar compras directas de medicamentos

Según explicó la legisladora, durante la mesa técnica se discutieron los mecanismos legales que permitirían convertir la declaración de emergencia en una herramienta efectiva para atender la crisis.

La intención es que el IPS pueda realizar compras directas de medicamentos, además de adquirir equipamientos y contratar profesionales de la salud para responder a la situación crítica que afecta a los asegurados.

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Cabrera indicó que todavía no existe una postura definitiva sobre el texto, ya que el objetivo fue intercambiar propuestas técnicas antes de tomar una decisión política.

“Estuvimos tocando los mecanismos jurídicos y administrativos para darle un programa legal a este proyecto, de modo que el IPS tenga la herramienta para ejecutar compras directas de medicamentos, además de incorporar equipos técnicos y profesionales que puedan dar respuesta a esta situación emergente”, afirmó.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, estaba convocado a participar de la reunión de este martes, pero se excusó alegando compromisos asumidos con anterioridad.

Fretes acudirá el 28 de julio, cuando también participará el ministro de Economía en una reunión conjunta entre varias comisiones del Senado.

El proyecto fue postergado por pedido del oficialismo

El tratamiento del proyecto de ley había sido postergado el 24 de junio, cuando la bancada cartista impulsó aplazar por 30 días el estudio de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción.

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En aquella oportunidad, legisladores oficialistas argumentaron que el propio presidente del IPS, Isaías Fretes, solicitó el plazo adicional para presentar su posición sobre la propuesta.

Ahora, con la reunión prevista para el 28 de julio, el Senado buscará definir si el proyecto avanza con modificaciones o si se plantean nuevas alternativas para enfrentar la crisis que afecta a la previsional. La norma ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Morales detalló que la imputación es por tenencia sin autorización de drogas prohibidas, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel. Agregó que pidió la prisión preventiva del procesado, que se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, principalmente teniendo en cuenta la gravedad del hecho punible que se le atribuye.

Buscan a otros implicados

El fiscal Celso Morales indicó que la investigación recién comienza y que están en plena tarea de identificar a otros partícipes de un esquema de venta de drogas en el interior del establecimiento penal de Pedro Juan Caballero.

“Estamos iniciando la etapa investigativa, tratando de profundizar todo lo que respecta al detenido y a otras personas, si es que hubo otros implicados”, expresó Morales.

Agregó que pedirá un informe sobre la situación de Ramírez González en el proceso por la fuga masiva de presos ocurrida en el 2020, en el que el hoy detenido también está entre los casi 30 procesados.

Agentes de Investigaciones de la Policía Nacional detuvieron el lunes al guardiacárcel Alcides Ramírez González en inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde prestaba servicios.

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El mismo conducía un automóvil Volkswagen Golf de su propiedad. En el interior del rodado fueron hallados 2 kilos y 400 gramos de marihuana que el sospechoso pretendía comercializar en la población penal de su lugar de trabajo.

Uno de ellos es el narcotraficante Ignacio Cubilla, de 51 años, alias Nacho, capturado el 25 de abril de 2018 en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en la operación Fox de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se hizo bajo la supervisión de la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara.

Ignacio Cubilla después fue condenado a 13 años de cárcel. Su primo, Juan Vidal Cubilla Martínez, quien cayó con él aquel día, fue sentenciado a 12 años de encierro. Reinaldo Cubilla Martínez, primo de Ignacio y hermano de Juan Vidal, detenido el 23 de marzo de 222, fue castigado con 11 años de reclusión.

Los Cubilla integraban una organización criminal que enviaba principalmente marihuana a Argentina y Uruguay, en vehículos con doble fondo, en embarcaciones a través del río Paraná y en avionetas que despegaban desde pistas clandestinas situadas en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

De hecho, en su momento, fueron señalados como los mayores exportadores de marihuana de Paraguay al mercado del Río de la Plata.

El 18 de diciembre de 2022, Ignacio Cubilla, alias Nacho, apuñaló a dos guardiacárceles en la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, tras lo cual fue reducido con un disparo de escopeta en la pierna.

Después de ese incidente, fue trasladado al penal de San Juan Bautista, departamento de Misiones, de donde ahora se escapó. Le quedaban aún 5 años de su sentencia por narcotráfico.

Fugado del penal de Misiones es uno de los más peligrosos del Sur

El otro fugado hoy es el sicario Pascual Benítez Miranda, de 43 años, alias El Sicario, quien fue trasladado el 18 de junio de 2025 de la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, a la prisión de San Juan Bautista, departamento de Misiones.

Su transferencia se produjo luego de que fuera sorprendido en posesión de una pistola y un revólver con los que supuestamente debía asesinar al supuesto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del diputado colorado fallecido Eulalio Gomes, alias Lalo.

Pascual Benítez Miranda fue capturado por última vez el 8 de enero de 2020 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa, y después de eso sentenciado a 26 años de cárcel por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo, ocurrido el 14 de setiembre de 2019 en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.

Como autor moral de ese crimen fue señalado el entonces concejal departamental de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón, del Partido Colorado, quien supuestamente fue el que contrató a El Sicario para matar a Carlos Gordo, según la imputación que presentó en su contra el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Marcelo Daniel Pecci Albertini.

De hecho, un día antes de morir, el propio Carlos Gordo denunció ante la Policía y la Fiscalía que Benjamín Adaro Monzón lo mandaría a matar, aunque tras permanecer un tiempo en prisión el citado político colorado fue absuelto en este caso.

Supuestamente, también por orden de Benjamín Adaro Monzón, el ahora fugado Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, habría ejecutado un atentado a tiros en la Junta Departamental de Caazapá, en la ciudad de Caazapá, el 8 de agosto de 2019.

Atentatos contra político y policías

En ese ataque intentaron matar al concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, del Partido Liberal, y de paso culpar del hecho al comerciante de la misma región, Jorge Baeza, ambos coincidentemente rivales políticos de Benjamín Adaro Monzón.

Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, increíblemente también fue favorecido por la justicia paraguaya en el caso del asesinato de dos policías de Investigaciones de Caazapá, perpetrado el 18 de febrero de 2016 dentro de un colectivo de la empresa La Yuteña, en la zona de Yegros, departamento de Caazapá.

Las víctimas fueron el el suboficial primero Denis Aguiar Ortellado y el suboficial segundo Jorge Luis López Figueredo, quienes fueron acribillados supuestamente por el ahora fugitivo Pascual Benítez Miranda y el padre de este, Matías Benítez, que presuntamente abrieron fuego cuando intentaron atraparlos.

Pascual Benítez Miranda era buscado en esa época para ser interrogado por el atentado contra el político liberal Nelson Javier Vera Villar, cometido el 1 de noviembre de 2015 en la zona de Yuty, departamento de Caazapá. Ese ataque fue supuestamente ordenado por Benjamín Adaro Monzón.

Si bien el legislador pretendió disgregar su rol de legislador y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

“La semana pasada salió la desestimación de la denuncia. El Ministerio Público hizo un trabajo donde desmenuzó y desglosó el contrato y la denuncia que hicieron contra el director Justo Zacarías sobre lesión de confianza y este ‘cuento’ inició un 22 de enero de 2024 cuando el ministro de Educación, Luis Ramírez solicita la compra de 330.000 mesas y sillas pedagógicas”, comenzó mencionando Aguilera.

El mismo hizo referencia a la adjudicación de la licitación de Itaipú por US$ 32 millones a la empresa proveedora de frazadas, Kamamya S.A., del empresario chino ligado profundamente al gobierno actual, Long Jiang.

Aguilera alegó que la Fiscalía supuestamente hizo todas las comparaciones de precios y otras diligencias donde supuestamente comprobó que no hubo sobrefacturación.

Declaraciones pueden ser presión dice Benítez

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

“La persona que tiene que juzgar el trabajo de Fiscalía de forma objetiva no puede venir a usar su curul para defender abiertamente este tremendo negociado. O sea, estos pupitres que se pidieron, la empresa que ganó, la que se le adjudica, pidió antes de que se le adjudicara y eso se demostró... está documentado", señaló Benítez.

Llamativamente, la empresa ganadora, antes de la adjudicación, ya había adquirido un lote idéntico al que necesitaría Itaipú y supuestamente no hubo sobrefacturación pese a que ante Aduanas, Kamamya declaró un costo 3 veces menor al que pagó la binacional.

El Ministerio Público tampoco indagó los claros nexos entre Long Jiang y las cabezas del Ejecutivo, que aún en época de campaña le prestó su avión privado al presidente de la República, Santiago Peña (para vacacionar) y el vicepresidente Pedro Alliana (para hacer campaña).

“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.

Aguilera volvió a responder diciendo que por su condición de miembro del JEM no pierde su condición de legislador, sin embargo, en varias ocasiones argumentó no opinar sobre ciertos temas que involucran al cartismo, para no “preopinar” ante una eventual intervención en el JEM.

Aguilera se puso el “sayo” cuando se especuló con negociados

Durante su intervención, Raúl Benítez también recriminó el hecho de que el Gobierno de Santiago Peña prefirió la compra de pupitres chinos, ignorando la industria local y se cuestionó: "¿Qué viene después? ¿Vamos a traer constructoras extranjeras que nos hagan todas las obras públicas? Eso no creo No creo que eso hagan. Y todos sabemos por qué no van a hacer eso", dijo, especulando con que es una fuente de negociado de varios legisladores.

Llamativamente, el que reaccionó en ese momento fue el diputado Alejandro Aguilera, que incluso interrumpió el uso de la palabra en ese momento.

“El colega se tomó por aludido a las constructoras. No sé, capaz hay cosas que sabe. Se puso el saco, yo no le mencioné pero se puso el saco así perfecto y le quedó probablemente centímetro por centímetro perfecto el saco”, dijo Benítez, que luego volvió a ser amenazado con el reglamento, advirtiéndole que supuestamente no podía cuestionar a su colega.

La denuncia trata supuestos hechos de acceso indebido a sistemas informáticos del Estado.

Para las tareas y diligencias de investigación designó a la agente fiscal especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano.

El caso estaría relacionado a la reciente denuncia realizada por el Mitic y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que se conoció a raíz de una revisión conjunta de ciberseguridad que detectó múltiples actores de amenaza informática que lograron vulnerar los sistemas del Estado paraguayo. Las administraciones de ambos países emitieron una declaración alertando sobre las supuestas operaciones maliciosas vinculadas al Gobierno chino, lo cual este negó y acusó de calumnia.

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Abren investigación por supuesto hackeo a sistemas del Estado

Desde la asunción de Gustavo Villate al frente del Mitic se registraron varios ataques cibernéticos a los sistemas del Estado.

Incluso, varios grupos de hackers anónimos se jactaron del robo de datos de miles de ciudadanos paraguayos a través de los sistemas del Mitic en reiteradas ocasiones.

El portal de acceso a la información pública fue uno de los últimos afectados por este tipo de ataques.

El comercio siniestrado es un local de venta de relojes y lentes, denominado “El Petiso”, ubicado sobre la calle Abogada Mercedes Sandoval, casi Juana María de Lara.

La rápida acción de Bomberos Voluntarios de Encarnación permitió un rápido control del fuego y continúan ahora con el enfriamiento de la zona.

El edificio cuenta con varios locales pegados entre sí, por lo que el fuego constituye un peligro potencial en el lugar. Además, los productos de bazar, en su mayoría de plástico, son altamente inflamables, según detallaron los intervinientes.

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Sin afectados

Los voluntarios manifestaron que, por fortuna, no hubo afectados por el humo que requirieran atención. El humo emitido se esparció por gran parte del sector comercial durante los minutos en que duró el incendio.

No obstante, hablan de cuantiosos daños materiales y de la pérdida total de la mercadería que estaba en el depósito.

La iniciativa amplía el artículo 244 para incorporar a los eventos deportivos internacionales dentro de las actividades exoneradas del pago de determinados tributos.

Al responder consultas sobre el impacto de las exoneraciones en las finanzas públicas, Orué aclaró que esos beneficios fiscales no afectan directamente al IPS. “El tema del IPS, ninguno de estos tributos va a financiar el presupuesto del IPS porque el IPS es una entidad autónoma y autárquica”, explicó.

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No obstante, aprovechó el debate para plantear la necesidad de abrir una discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

“El IPS hace 40 años que no tiene una reforma y nosotros ya tenemos cinco reformas tributarias en 40 años. Creo que podemos empezar a estudiar como país una reforma que actualice, modernice y sea mucho más equilibrada financieramente”, sostuvo.

Esperanza Martínez: “No sirven reformas para las métricas”

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), respondió que el problema del IPS no pasa por la falta de reformas legales, sino por la escasa formalización del empleo y el incumplimiento de las obligaciones patronales.

Afirmó que, pese a las sucesivas reformas económicas impulsadas desde 2013, el número de trabajadores que aportan al IPS prácticamente no creció. “Tenemos leyes que obligan a los empresarios a cotizar al IPS, pero eso no se cumple. Empresas que contratan con el Estado deberían estar al día con sus trabajadores y tampoco sucede”, cuestionó.

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Como ejemplo, citó los sectores de limpieza y seguridad privada, donde -según dijo- persisten incumplimientos laborales incluso en contratos financiados con recursos públicos.

La legisladora sostuvo que el país continúa con elevados niveles de informalidad laboral, pese al crecimiento económico, la expansión del régimen de maquila y las distintas reformas impulsadas por los últimos gobiernos.

“¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está el empleo real que genera la maquila si no aumentan los aportantes del IPS?”, preguntó.

Cuestiona baja presión tributaria e informalidad

Martínez sostuvo que Paraguay mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y que ello limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.

A su criterio, las reformas implementadas priorizaron indicadores económicos sin resolver problemas estructurales.

“Vamos a hacer reformas para las métricas, pero seguimos con una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y sin resolver la salud, la educación ni la infraestructura”, afirmó.

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También denunció elevados niveles de evasión en el ámbito laboral y reclamó mayor control sobre empresas que prestan servicios al Estado.

Además, mencionó investigaciones relacionadas con el sector de los juegos de azar y cuestionó supuestos beneficios tributarios otorgados en administraciones anteriores, señalando que esos recursos deberían destinarse al financiamiento de gastos catastróficos en salud.

DNIT defiende resultados de la reforma institucional

En respuesta, Orué defendió los resultados obtenidos tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Indicó que desde la unificación de Tributación y Aduanas se registraron 250.000 nuevos contribuyentes inscriptos, lo que -según afirmó- refleja un avance en la formalización.

También destacó que la DNIT presentó denuncias ante el Ministerio Público por hechos de corrupción, subvaloración de mercaderías y evasión tributaria.

El titular de la institución aseguró además que la recaudación aumentó US$ 1.500 millones adicionales en los últimos tres años, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes.

Según sostuvo, ese monto incluso supera los recursos que aportan actualmente las entidades binacionales al Estado paraguayo.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa no solo moderniza las relaciones bilaterales, sino que establece un grupo de trabajo ejecutivo, que será presidido por Paraguay a través de la Dinac.

El nacimiento del “cielo único sudamericano”

Durante el acto de apertura, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, calificó la jornada como un “histórica” que busca consolidar un mercado aerocomercial más competitivo, abierto y eficiente, sin perder de vista la soberanía y las leyes de cada país.

Estos instrumentos introducen un sistema de rutas abiertas y la ampliación de los derechos de tráfico hasta la séptima libertad del aire para pasajeros y carga, lo que multiplicará exponencialmente las opciones de viaje en la región.

¿Qué significa en la práctica para el pasajero?

Para comprender el impacto real de este convenio, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Barros Monteiro da Franca, ofreció un ejemplo de cómo operará la recién adquirida séptima libertad del aire:

“Hoy en día, una aerolínea paraguaya como Paranair solo puede realizar rutas de Paraguay a Brasil y viceversa. Con este nuevo acuerdo, la firma paraguaya podrá operar, por ejemplo, un trayecto internacional directo entre Río de Janeiro y Buenos Aires, o enlazar Bariloche con São Paulo sin necesidad de que el vuelo se origine o termine en Paraguay”.

Del mismo modo, las aerolíneas argentinas y brasileñas ganan la potestad de operar vuelos directos cruzados entre los distintos territorios firmantes.

El ministro brasileño añadió que el objetivo a mediano plazo del grupo de trabajo es alcanzar la “novena libertad” (la máxima libertad del aire), lo que permitiría el cabotaje pleno; es decir, que una aerolínea extranjera pueda realizar vuelos domésticos internos entre distintas ciudades de otro país sudamericano (por ejemplo, que una aerolínea paraguaya cubra una ruta interna entre São Paulo y Río de Janeiro).

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Asunción, la “piedra basal” de un nuevo hub regional

Consultado sobre el potencial geopolítico de Paraguay, el subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez, fue categórico al afirmar que Asunción reúne las condiciones ideales para constituirse en un nodo de distribución de vuelos (hub):

“Técnicamente, la República del Paraguay tiene todas las condiciones para ser un hub. Si uno mide las distancias geográficas entre Asunción y São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile o Lima, se nota su ubicación estratégica. Sin embargo, la construcción de un hub requiere un marco regulatorio que lo sostenga: una política de cielos abiertos. Este memorando es la piedra basal para que Asunción logre consolidarse como tal con el correr del tiempo”.

Gómez comparó este paso con los cimientos que se colocaron en Europa hace unas décadas antes de alcanzar el modelo actual que unificó no solo la aviación, sino también las fronteras migratorias.

Sin burocracia y con liderazgo paraguayo

Ante la consulta sobre la posible creación de un ente regulador supraracional, las autoridades aclararon que no se busca añadir cargas burocráticas al sistema.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, recordó que mientras en Argentina, Brasil y Chile las funciones de regulación y explotación de aeropuertos están divididas en entes autónomos, en Paraguay la Dinac continúa ejerciendo ambos roles.

Por su parte, Hernán Gómez aclaró que el equipo de ALAS no será una superestructura costosa. “No queremos crear comisiones burocráticas, sino sumar acciones específicas desde las agencias que ya tenemos. Se conformará una comisión de carácter ejecutivo para dar impulso práctico, y todos los países hemos acordado que el liderazgo de esta comisión ejecutiva esté en manos de Paraguay, liderado por la Dinac”, remarcó.

Un espaldarazo para el turismo y la economía

El ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, celebró el acuerdo destacando que el turismo es un motor social indiscutible que genera empleo rápido y distribución de riqueza a todo nivel.

“La conectividad y el transporte de pasajeros es uno de los vectores que dinamizan la economía. Este acuerdo nos traerá más vuelos, más frecuencias, más destinos y mejores tarifas, beneficiando no solo al gran empresario hotelero, sino también de manera directa a la camarera del hotel o al mozo del restaurante”, concluyó el funcionario.

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La propuesta presentada esta mañana, busca formalizar el procedimiento para recuperar pagos indebidos de jubilaciones, pensiones y subsidios, garantizando la protección del patrimonio institucional. Cubas afirmó que la institución gestiona más de 90.500 pensiones y procesa cerca de 560.000 certificados de reposo anuales, con un presupuesto que supera los US$ 700 millones.

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Durante su informe ante Isaías Fretes, presidente del IPS y los consejeros, la gerente de Prestaciones Económicas subrayó un cambio fundamental en la estrategia. Aclaró que si bien hasta agosto de 2023 se trabajó de manera exhaustiva en la recuperación de haberes pagados erróneamente, desde esa fecha, el enfoque se trasladó hacia la prevención.

“Cambiamos el enfoque en la gestión administrativa: ya no concentrarnos en recuperar, sino en pagar bien”, explicó la gerente. Afirmó que para materializar esto, se han impulsado convenios con el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), buscando sanear el listado de beneficiarios mediante el intercambio de datos.

Procedimiento detallado de recuperación del IPS

La propuesta presentada ante el Consejo define pasos claros para actuar una vez que se tiene noticia de un fallecimiento o cambio de estado civil:

1. Bloqueo preventivo: Ante la sospecha de fallecimiento o cambio en el estatus civil, se procede al bloqueo automático del beneficio.
2. Gestión bancaria: Una vez confirmado el cambio, el IPS solicita al banco la devolución de los fondos depositados que aún no hayan sido retirados por el beneficiario o apoderado.
3. Acción sobre haberes pendientes: Si el dinero ya fue retirado, la institución espera el plazo de dos años —tiempo que tienen los herederos o derechohabientes para reclamar beneficios— para compensar saldos.
4. Judicialización: Si no se presentan reclamantes, el caso pasa a la Dirección Jurídica para la emisión de un certificado de deuda y posterior demanda judicial.

“El objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”, enfatizó Cubas. La gerente fue clara al señalar que el IPS debe analizar cada caso bajo un criterio legal, pues no todas las deudas son siempre exigibles judicialmente debido a las causales de extinción de obligaciones.

La importancia vital del plan de control de jubilaciones

La presentación de este informe y el nuevo plan de recuperación representan una necesidad estratégica y legal para la supervivencia y transparencia del IPS, aseguraron las autoridades del seguro social. La importancia de esta propuesta se puede desglosar en tres pilares fundamentales:

1. Protección del patrimonio institucional: En palabras de la gerente Cubas, “el objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”. Cada pago indebido —ya sea por el fallecimiento de un beneficiario no reportado a tiempo o por cambios de estado civil no comunicados— constituye una fuga de dinero que pertenece a todos los asegurados. Al estandarizar el proceso, el IPS busca reducir al mínimo la brecha entre el pago realizado y el derecho efectivo, blindando los fondos de jubilación contra el drenaje financiero.
2. Cumplimiento ante los Organismos de Control: Este plan cobra una relevancia inmediata ante las actuales auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). La gerente reveló que, de las más de 30 consultas recibidas recientemente por el ente auditor, entre el 70% y el 75% guardan relación directa con los procedimientos de recupero. Aseguró que formalizar este reglamento es, por tanto, una medida de defensa institucional para evitar observaciones de la Contraloría, demostrando que la administración actual cuenta con procesos documentados, legales y sujetos a normas de control interno.
3. Seguridad jurídica y eficiencia administrativa: Actualmente, el IPS opera con procedimientos que carecen de una aprobación reglamentaria definitiva. Esto genera un vacío legal que complica la judicialización de los cobros indebidos. Cubas afirmó que al dotar de un marco normativo claro a las direcciones de Jubilaciones y de Riesgo Laboral, la institución gana capacidad operativa. El plan permite que, si un pago indebido ocurre, el Estado tenga un camino trazado —desde el bloqueo bancario preventivo hasta la acción legal— que sea previsible, ordenado y, sobre todo, defendible ante los tribunales, evitando así la pérdida definitiva de recursos por falta de gestión.

Cubas resumió su informe resaltando que la propuesta presentada define pasos claros: bloqueo automático ante sospechas, solicitud de reintegro bancario, compensación con derechos habientes y, finalmente, la judicialización mediante certificados de deuda. Ante la solicitud de los consejeros, se estableció un plazo de ocho días para completar el expediente con estas exigencias técnicas.

Los senadores José Oviedo (Yo Creo) y Ever Villalba (PLRA) sostienen que el Congreso debe ejercer su función de control ante la gravedad de las denuncias formuladas por la nueva administración y el impacto que estas tendrían sobre el patrimonio institucional y la atención de los asegurados.

Uno de los pedidos está dirigido al IPS y solicita un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para investigar y corregir las irregularidades denunciadas desde el 22 de abril de 2026, cuando asumió Isaías Fretes.

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Entre los 18 puntos requeridos figuran: listado completo de las irregularidades detectadas, detalle de los sumarios administrativos abiertos, copia de auditorías internas y externas y denuncias penales promovidas.

Asimismo, el estado de las 38 causas judiciales anunciadas por la administración, la situación del stock de medicamentos, la cantidad de pacientes afectados por el desabastecimiento, el estado financiero del IPS y la recuperación del patrimonio institucional.

Los legisladores también exigen información sobre casos específicos que generaron polémica durante los últimos meses, como la compra de miles de bolsas de ostomía pediátrica que vencerían antes de ser utilizadas, los equipos médicos valuados en aproximadamente USD 20 millones que permanecían almacenados sin uso, la contratación de médicos sin la especialización requerida y las licitaciones cuestionadas en diversas áreas.

Crisis de medicamentos, una de las principales preocupaciones

Uno de los apartados centrales del pedido de informes apunta directamente a la crisis de abastecimiento de medicamentos que afecta actualmente al IPS.

Los senadores solicitan conocer el stock actualizado de medicamentos esenciales, incluyendo oncológicos, biológicos, antibióticos y antihipertensivos, además de la nómina de aquellos productos que registran “stock cero”.

Asimismo, requieren que el IPS informe cuántos asegurados han visto interrumpidos sus tratamientos por falta de medicamentos, qué patologías son las más afectadas y cuáles son las medidas de emergencia implementadas para garantizar el acceso a los fármacos mientras se normaliza el abastecimiento.

También piden detalles sobre las compras de urgencia, provisiones autorizadas mediante resoluciones especiales y medicamentos entregados por orden judicial.

Pedido de informes también alcanza a la Fiscalía

El segundo proyecto de resolución está dirigido al Ministerio Público. En este caso, los legisladores solicitan conocer el estado de todas las denuncias penales presentadas por la nueva administración del IPS como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas.

El Senado pretende saber cuántas investigaciones se encuentran abiertas, qué fiscalías intervienen, las diligencias realizadas hasta el momento y el estado procesal de cada una de las causas promovidas.

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El documento aclara que el requerimiento busca acceder a información oficial sin interferir en la independencia del Ministerio Público ni en la reserva propia de las investigaciones penales.

Buscan fortalecer el control parlamentario

Los proyectistas sostienen que las denuncias realizadas por la administración de Isaías Fretes tienen una alta relevancia institucional, económica y sanitaria, por lo que consideran necesario que el Congreso reciba información documentada y actualizada sobre las acciones emprendidas para determinar responsabilidades y corregir las irregularidades.

Si ambos pedidos son aprobados por el pleno del Senado durante la sesión ordinaria de este miércoles, tanto el IPS como el Ministerio Público deberán responder dentro del plazo de 15 días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 2648/05.

La mujer relató que cada mes acude a la farmacia del servicio de salud para retirar el medicamento, pero cuando llega ya no encuentra existencias. “Dicen que del 1 al 5 reparten los medicamentos, pero cuando voy ya no alcanza”, manifestó, al tiempo de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar el acceso al tratamiento.

La situación preocupa debido a que la interrupción de la medicación puede poner en riesgo la salud de los pacientes hipertensos, quienes dependen de estos fármacos para mantener controlada su presión arterial.

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Respuesta regional

Sobre este problema, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, había explicado anteriormente que los medicamentos son enviados a los establecimientos de salud entre los días 1 y 5 de cada mes para su posterior distribución a los pacientes.

Además, señaló que cuando se registran faltantes, los responsables de cada unidad sanitaria deben comunicar la situación y gestionar nuevos pedidos para reponer el stock.

Sin embargo, las quejas de los usuarios persisten y reflejan que el abastecimiento continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda. Los pacientes cuestionan que, pese a las explicaciones oficiales, la escasez de medicamentos básicos se repite mes tras mes, obligándolos en muchos casos a comprarlos por cuenta propia o a interrumpir sus tratamientos.

Ante esta situación, los pobladores exigen al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias una solución de fondo que garantice la provisión permanente de medicamentos esenciales en los servicios públicos y evite que más pacientes queden sin tratamiento.

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El edil refiere que, supuestamente, por no apoyar la candidatura del intendente Silverio Adorno, del Partido Colorado, quien buscaba su reelección, aunque sin éxito, este se encargó de no pagarle la dieta que le corresponde como concejal.

“Voy a permanecer el tiempo que sea necesario”, manifestó el concejal en relación con la medida de protesta que realiza frente al local municipal. “Es decir, hasta que el intendente Silverio Adorno se digne a pagarme lo que por ley me corresponde”, sostuvo.

“Es el concejal quien debe a la Municipalidad”

Así respondió el intendente Adorno al reclamo realizado por el concejal, quien alega que se le adeudan tres meses de dietas. Según el jefe comunal, es Lorenzo Sosa quien adeuda dinero a la Municipalidad, atendiendo a que se le entregó un monto específico en calidad de adelanto, conforme a una solicitud realizada por el propio edil.

“En el mes de mayo le entregamos G. 27 millones en calidad de adelanto. El concejal solicitó que se le adelantara ese monto en concepto de dietas, supuestamente para cubrir gastos de su campaña electoral, ya que se postulaba nuevamente al cargo de concejal", afirmó el intendente.

Agregó que si bien el concejal sostiene que no firmó las planillas correspondientes al cobro de las dietas de los meses que reclama, la Municipalidad cuenta con pruebas de la transferencia del dinero.

“Tenemos pruebas concretas de que le transferimos el monto señalado. Si bien no fue a una cuenta bancaria de su propiedad, fue a la cuenta que el propio Sosa indicó para que se realizara la transferencia”, refirió.

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El intendente criticó duramente la actitud del concejal, calificándola de “poco caballerosa”, al intentar percibir un dinero que, según afirmó, no le corresponde.

“Por el monto que se le entregó en calidad de adelanto, es él quien actualmente mantiene una deuda con la Municipalidad", concluyó.

La comunidad de Carmelo Peralta se encuentra a unos 700 kilómetros de la capital del país y actualmente es beneficiada con las obras del Corredor Bioceánico, entre ellas el nuevo puente internacional que unirá esta localidad con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

El senador Soroka explicó que el proyecto que planea presentar en la Cámara Alta del Congreso eleva el porcentaje mínimo de producción nacional que debe incluirse en el llamado licitatorio de Hambre Cero del 10 por ciento actual hasta el 40 por ciento.

Específicamente, el proyecto plantea elevar primero ese porcentaje al 20 por ciento en 2027 y llegar al 40 por ciento mínimo en 2028.

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El legislador colorado dijo que su proyecto será presentado con urgencia, luego de que trascendiera que el Gobierno planea adelantar el llamado licitatorio de Hambre Cero para el periodo 2027-2030.

“Queremos que la agricultura familiar esté presente en ese itinerario”, dijo.

“La producción ya no es un impedimento”

Tanto el senador Soroka como los representantes de los gremios productores que lo acompañaban coincidieron en señalar que los agricultores que se dedican al rubro familiar han demostrado tener la capacidad de producir la cantidad de alimentos necesaria para llegar al 40 por ciento que pretenden establecer por ley.

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“La producción ya no es un impedimento, estamos capacitados para producir lo requerido en calidad y cantidad”, dijo el parlamentario.

El senador agregó que, además de elevar el porcentaje de adquisición de productos nacionales, el proyecto de ley plantea también modificar el método de comercialización, proponiendo que las compras se realicen a través de comités, asociaciones o cooperativas de productores en todo el país.

¿Quién es Diosnel Miranda?

Su historia es casi increíble. A inicios de los 2000, mientras una familia japonesa hacía florecer un negocio que 30 años atrás arrancó como un hospedaje, Diosnel Miranda se dedicaba a colocar mármol y granito para una importante empresa del rubro.

El hospedaje estaba evolucionando a un hotel de varias habitaciones y Diosnel se encontraba trabajando en el lugar, sin imaginar que pronto dejaría el rubro de la construcción para adentrarse en la gastronomía, algo que si bien le gustaba, implicaba un desafío muy particular al tratarse de una cultura totalmente ajena.

El propietario del restaurante Sukiyaki vio en Diosnel una particular dedicación al trabajo, tranquilidad y respeto, cualidades que lo hacían la persona ideal para convertirse en sushiman, aunque de sushi no hubiera siquiera oído hablar. Observándolo trabajar con el granito, supo que tenía esa mano que simplemente se tiene o no se tiene.

Fue así que luego de unos meses de capacitación, el hombre, que antes trabajaba en las más importantes construcciones del centro de Asunción, pasó a dedicar su vida a la elaboración del plato más emblemático de la cocina japonesa.

Diosnel necesita ayuda

Hoy, el propio restaurante, con el respaldo de toda la comunidad gastronómica, apela a la colaboración ciudadana para costear el tratamiento de Diosnel Miranda, ampliamente reconocido en el ámbito gastronómico nacional como el primer sushiman paraguayo, quien se encuentra librando una difícil batalla por su salud.

Ante los elevados costos de su internación y tratamientos, el tradicional restaurante japonés donde Miranda deleita a comensales hace más de 25 años, inició una campaña solidaria para convocar a amigos, clientes y a la ciudadanía en general en este complejo momento.

“Él dedicó décadas de su vida a deleitarnos, abrir caminos y enseñar con pasión. Hoy, su mayor batalla no la da frente a una barra, sino en una cama de hospital, y los costos médicos son muy elevados”, señala la publicación del Restaurante Sukiyaki en Instagram, donde los seguidores reaccionaron dejando sus comentarios de apoyo a Diosnel Miranda, quien, según todos coinciden, marcó la vida de muchos, no solo a través de sus platos, sino de su trato como persona.

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“Yo le conocía de otro contexto, de cuando esperábamos el último colectivo que venía a Limpio; en ese tiempo estaba en la facu, año 2017. Regresaba a casa en colectivo que salia de Azara y Brasil a las 00:30; a veces no iba el colectivo y don Miranda se encargaba de llamar al chofer y gestionar para que vaya otro. Y cuando se compro un auto llevaba a las personas que vivían camino a Limpio. Un tipazo”, recordó uno de los usuarios.

Don Miranda se encuentra internado en el sexto piso del Hospital Central del IPS, institución a cuyos funcionarios habrá alimentado con sus platos por años, ya que el restaurante se encuentra ubicado frente a la Caja Central sobre la calle Constitución.

En conversación con ABC Color, uno de los hijos informó que hasta el momento la previsional está proveyendo los fármacos, a excepción de un antibiótico: Vancomicina 1g.

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¿Cómo colaborar con Diosnel Miranda?

Quienes deseen extender una mano solidaria al histórico sushiman pueden realizar sus aportes y donaciones directamente a la siguiente cuenta bancaria:

• Banco: Itaú
• Titular de la cuenta: Diosnel Miranda
• Número de Cuenta: 720103411
• Tipo de Cuenta: Corriente
• C.I. N°: 892.378
• Alias: 892378
• Teléfono de contacto / Giros: +595991285877

Tanto los responsables del restaurante Sukiyaki como los familiares y allegados agradecen profundamente cualquier colaboración. Asimismo, instan a la ciudadanía a compartir la campaña en redes sociales para expandir su alcance.

En busca del sake perfecto

El consorcio Palma es el encargado de las obras en la plaza Uruguaya, el cual habría analizado el estado de 37 árboles del espacio verde y solicitó el permiso a la Municipalidad de Asunción para talarlos, según indican desde el MOPC, institución que coordina el proyecto.

Esto generó la molestia de los vecinos y usuarios de la plaza, quienes ayer se movilizaron para exigir explicaciones y se reunieron con representantes del consorcio y del MOPC para expresarles su rechazo a esta determinación. Hugo Arce, viceministro de obras, afirmó que el Pliego de Bases y Condiciones del contrato establece como condición realizar un inventario forestal y también un análisis fitosanitario de todos los árboles que se encuentran en el área de influencia del contrato.

“Ese trabajo es lo que realizó el contratista y presentó al municipio y también obviamente a la contratante al ministerio para su estudio y evaluación. Actualmente esa documentación obra tanto en la municipalidad como en la Dirección de Gestión Socioambiental del ministerio evaluando todo ese informe que en su momento será dada una solución al respecto”, señaló.

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Insistió en que el MOPC evalúa la solicitud y que la idea es no tocar ningún árbol, salvo que esa situación ya sea algo de un peligro inminente para la ciudadanía, pero que existe un compromiso de hacer todo lo posible para preservar todas las parte de árboles que existen en la zona.

Detalló que el informe del consorcio Palma indica que algunos de los árboles tienen termitas y otros tienen algún problema de riesgo de caída.

Por su parte, Verónica Martínez, directora de obras, dijo que la puesta en valor de la plaza Uruguaya implica todo lo que es el mejoramiento de los pisos, el paisajismo, equipamiento e iluminación, así como también el mejoramiento de los programas que ofrece como el área niños, gimnasio al aire libre, entre otros.

“La indicación que tenemos es de en lo posible tratar de no talar ni un solo árbol, así también en caso que implique un riesgo a la seguridad de los usuarios, se definirá por los especialistas encargados del tema, que son todos los ingenieros y especialistas ambientales, forestales”, refirió.

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Vecinos desmienten a autoridades del MOPC

Según la arquitecta, el MOPC realizó varias audiencias con usuarios y vecinos de donde se tomaron en cuenta sus peticiones y pedidos sobre las áreas verdes y zonas de esparcimiento común; sin embargo, cuando estaba afirmando esto, fue interrumpida por los vecinos que estaban en ese momento de la entrevista, quienes la desmintieron al respecto, ya que sostienen que nunca recibieron comunicación alguna.

“Nosotros somos vecinos y no nos avisaron nada, todo esto que está pasando es porque nos enteramos que estaban por talar 37 árboles, porque si esto estaba todo organizado, yo me pregunto, nosotros tuvimos que sacar fotos y viralizar para que ahora vengan a darnos explicaciones. Ahora yo quiero saber, supongamos que talan o saquen o lo último que hagan es sacar los 37 árboles, ¿qué va a pasar de esos espacios verdes? ¿Van a poner cemento? ¿Van a poner asientos de cemento? Porque están matando un espacio verde para que no crezca absolutamente más nada", denunció una de las vecinas.

Criticó que hasta ahora no recibieron explicaciones de los expertos que realizaron el inventario y análisis de los árboles, como tampoco el destino de los espacios.

“Además, estamos indignados porque la jefa acaba de decir ‘con los vecinos. Nosotros tuvimos talleres con los vecinos, le informamos a los vecinos lo que va a suceder’; sin embargo, eso es una total mentira. Total mentira, nosotros no sabemos nada de lo que van a hacer. Un día vinieron un 5 de junio a las 3 de la tarde hicieron un taller, un horario en donde nadie podía participar, un horario laboral, hicieron un taller para informar lo que se va a hacer. Supuestamente nos escucharon y si el lunes siguiente, el lunes 7 ya amaneció cerrada la plaza. Ya nos cerraron la plaza, estuvo un mes parada la obra”, denunció otro de los vecinos presentes.

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Vecinos no estaban enterados de obras en la plaza Uruguaya

Reclamó que realizaron los reclamos por los canales correspondientes de por qué estaba parada la obra, ya que fueron 100% afectados con el cierre y recién tras la manifestación de los vecinos fue que las autoridades empezaron a comunicarse con ellos.

“Hoy después de la movilización que hicimos ayer es la primera vez que vemos esta cantidad de obreros acá en la plaza. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron acá a hacer esta entrevista. Nosotros nunca recibimos ningún tipo de información sobre lo que están haciendo en la plaza, no sé si tuvieron en cuenta lo que nosotros sugerimos, lo que pedimos para que mantengan eh para mantener esa plaza", concluyó.

El mandatario señaló que mantiene reuniones periódicas con el presidente del IPS, Ricardo Isaías Fretes, y aseguró que existen acciones concretas para fortalecer las finanzas de la institución y mejorar la provisión de medicamentos.

“Hay medidas que se están llevando adelante para poder, de alguna manera, disponibilizar más recursos para que puedan hacer las compras de medicamentos que son necesarios”, expresó.

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Sin embargo, aclaró que aumentar las compras sin un respaldo financiero también podría incrementar las deudas del ente previsional.

La recuperación del IPS “no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”

Peña sostuvo que el IPS enfrenta un deterioro que se arrastra desde hace muchos años y que las soluciones no serán inmediatas. “Lo que llevó décadas de deterioros no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”, afirmó.

En ese contexto, pidió respaldar la gestión del actual titular de la previsional. “Tenemos que darle todas las herramientas para que él pueda implementar los cambios”, manifestó.

El mandatario recalcó además que brinda “todo el apoyo político” que sea necesario al doctor Fretes, para avanzar con las reformas.

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Aumento de cotizantes y mayor presión sobre el sistema

En una rueda de prensa brindada este martes, Peña destacó que el país alcanzó un 40% de empleo formal, lo que permitió incorporar cerca de 100.000 nuevos cotizantes al IPS durante el último año.

Según explicó, este crecimiento representa una buena noticia para el sistema previsional, aunque también implica un aumento constante de la demanda de servicios médicos.

“Vamos a tener cada vez más cotizantes y esos cotizantes van a estar demandando cada vez más servicios”, señaló.

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Peña evita prometer soluciones inmediatas

Consultado sobre la falta de recursos para medicamentos y la necesidad de adoptar medidas urgentes, el Presidente aseguró que ya existen avances tras una reciente reunión con las autoridades del IPS.

“Les puedo asegurar que nosotros no estamos de brazos cruzados”, afirmó. Además, agregó que recibió informes “alentadores” sobre el trabajo que desarrolla la administración de Fretes y valoró especialmente los recorridos en los centros asistenciales.

“Estoy muy entusiasmado con los cambios que se están haciendo, con la gestión y principalmente ese trabajo en el terreno. Los problemas no están en una oficina, los problemas están en el terreno”, expresó.

Deuda del Estado con el IPS sigue en discusión

Respecto a la millonaria deuda que mantiene la administración central con el IPS, Peña indicó que se trata de una cuestión que continúa siendo analizada desde el punto de vista legal y financiero.

Explicó que los recursos estatales también deben destinarse al fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, que enfrenta un incremento sostenido de la demanda de atención y medicamentos.

Evitó hablar sobre una eventual posibilidad de pago.

El titular de la DNIT sostuvo que el efecto se concentra en los ingresos aduaneros y que la recaudación de los impuestos internos mantiene una evolución favorable. “El consumo y todo lo relacionado con el impuesto a los dividendos, utilidades y rentas muestran una buena recaudación”, señaló este martes en entrevista con ABC Color.

Los datos de la DNIT reflejan esa diferencia. Entre mayo y junio de este año, la recaudación total cayó 2,4% y 5,9%, respectivamente, frente a los mismos meses de 2025. En ambos casos, el resultado estuvo explicado por el fuerte retroceso de los ingresos aduaneros, que disminuyeron 22,5% en mayo y 18,2% en junio.

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En esa línea, Orué explicó que la DNIT participa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estimación de los ingresos tributarios que servirán de base al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), mientras que las proyecciones macroeconómicas corresponden al MEF y al Banco Central del Paraguay (BCP).

Agregó que las previsiones deberán actualizarse para incorporar el nuevo escenario cambiario.“Eso hay que actualizar ahora con el tipo de cambio, que creemos que va a mantenerse y no va a modificarse tanto. Entonces se tienen que buscar niveles de equilibrio en la base fiscal”, expresó.

Orué no precisó cuál sería el ajuste que podrían aplicar a las estimaciones de ingresos ni el impacto esperado sobre el proyecto presupuestario.

Recordó que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto del PGN al Congreso Nacional el 1 de septiembre de cada año.

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Sin respuesta del MEF sobre la meta fiscal

Consultado sobre si una prolongación de la caída de la recaudación podría dificultar el cumplimiento de la meta fiscal de este año, Orué evitó responder. “Esa es una pregunta para el ministro de Economía y Finanzas; no es ámbito de competencia de la DNIT”, afirmó.

ABC Color remitió hace dos semanas consultas al departamento de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas y al ministro del MEF Óscar Lovera para conocer la evaluación oficial sobre el efecto de la menor recaudación en el resultado fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La meta vigente del Gobierno es cerrar 2026 con un déficit fiscal equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). Según los últimos datos oficiales, correspondientes a mayo, el déficit acumulado de la Administración Central asciende a G. 3,4 billones, equivalentes al 0,9% del PIB, mientras que el déficit anualizado se ubica en 2,4% del PIB.

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Formalización e inteligencia artificial

Sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fortalecer los ingresos públicos sin aumentar impuestos, Orué afirmó que la estrategia de la DNIT sigue centrada en reducir la evasión y ampliar la formalización.

Indicó que los controles sobre las reservas facultativas ya muestran resultados. Según dijo, la recaudación del impuesto a los dividendos y utilidades registra un incremento cercano al 30%, variación que atribuyó a un mayor cumplimiento de las empresas.

También destacó el aumento de contribuyentes inscriptos, que relacionó con los programas de formalización impulsados por la institución.

En forma paralela, la DNIT desarrolla un sistema de gestión de riesgos que incorporará herramientas de inteligencia artificial para cruzar información de distintas bases de datos y detectar inconsistencias entre la actividad económica de los contribuyentes y los impuestos declarados.

Informó que ese proyecto será financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con los que adquirirán una nueva plataforma tecnológica, mediante licitación pública internacional. Según Orué, el sistema fortalecerá los procesos de fiscalización tributaria mediante el análisis automatizado de información.

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“Familias de muy escasos recursos de la compañía Perulero 14 de mayo están viendo comprometidas sus tierras debido a solicitudes de compra ante el Indert presentadas por personas con alto poder adquisitivo. Específicamente estoy hablando de Rosana Beatriz Sosa Fariña, Adela Beatriz Sosa Fariña y Guido Luis Cristaldo Montiel, con número de expediente y todo, del año 2023″, comenzó denunciando Benítez.

El dato relevante es que Rossana Beatriz y Adela Beatriz Sosa Fariña son hermanas del actual gobernador cartista “Cesarito” Sosa Fariña, a quienes incluso en las pasadas internas las ubicó en la lista de suplentes de concejales municipales de Villarrica.

La misma señala que los pobladores tienen toda la documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras en cuestión, pero que los allegados del gobernador estarían pretendiendo comprar supuestos excedentes en el sitio, en contubernio con funcionarios del Indert.

“Solicito formalmente al presidente del Indert (Francisco Carlos Ruiz Díaz López) que investigue de inmediato y verifique con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos legales de estos expedientes. Así como también el trabajo que está realizando el director del Indert (en Guairá), abogado Alcides Mercado, personas de confianza del gobernador, quien facilita estos atropellos", denunció la legisladora.

Diputada expuso documentos

La misma expuso documentación sobre las solicitudes presentadas por las hermanas del Gobernador el mismo año en que este asumió, y sostuvo que una vez que tenga la documentación concreta analizaría una denuncia más concreta, a la par de recordar a las autoridades del Inder que “la tierra debe cumplir sus funciones sociales y no convertirse en un privilegio político y económico”.

“Ahí está que la propiedad tiene título del año 73. La gente tiene y está teniendo (su título) y está su plano”, expuso, aunque remarcó que los más triste es que la familia Sosa Fariña es “gente pudiente y les quieren despojar de su tierra a esta gente”.

La diputada María Constancia Benítez terminó su intervención exigiendo al Indert investigar el caso y dirigiéndose directamente al Gobernador cartista y con aspiraciones a la vicepresidencia en 2028.

“Le pido de corazón a la familia Sosa Fariña y especialmente al gobernador Cesarito Sosa, que deje en paz a esta gente necesitada, porque ellos no necesitan. Tova oî pende ayurare (frase en guaraní para referirse a la falta de vergüenza) familia Sosa Fariña para hacerle este desalojo y, aparte, están pidiendo excedente de esta gente”, sostuvo.

El ministro de de Agricultura, Carlos Giménez, anunció que se intensificarán las reuniones de la comisión técnica de evaluación de riesgos y proyección productiva. Explicó que el equipo analizará permanentemente los distintos eventos climáticos, que puedan afectar cultivos, como sequías, heladas o la eventual incidencia del fenómeno de El Niño.

“Lo que queremos es profundizar nuestro análisis para emitir alertas oportunas que orienten a los productores sobre los eventos climáticos que puedan presentarse y los riesgos que estos podrían implicar para los cultivos”, expresó.

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Reunión de la mesa técnica será más frecuente

Giménez explicó que la comisión técnica ya existe desde hace tiempo, pero que ahora se reforzará la frecuencia de las reuniones para definir con mayor precisión la tipología agroclimática de cada departamento, elaborar recomendaciones técnicas y evaluar los daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

En ese sentido, sostuvo que también se busca contar con un diagnóstico más preciso de las pérdidas, ya que, según indicó, en ocasiones personas que no son productores intentan aprovechar este tipo de situaciones para ejercer presión sin contar con fundamentos técnicos.

“Con esta mesa técnica realizaremos una evaluación más precisa y certera junto con nuestros especialistas. Trabajaremos con los productores asistidos por el Ministerio y también con aquellos que no están ligados a la institución, quienes igualmente pueden sufrir daños y muchas veces son los más vulnerables”, afirmó.

Ya iniciaron las reuniones

Este lunes, el ministro Carlos Giménez, junto con los viceministros y técnicos especializados de distintas dependencias del MAG, encabezó una reunión para analizar la situación actual del campo y avanzar en la implementación de la mesa técnica.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las condiciones agroclimáticas registradas en las principales zonas productivas del país. Según informó la cartera de Estado, se analizaron las últimas precipitaciones y las bajas temperaturas, que hasta el momento ocasionaron solo daños leves en algunas localidades, aunque en otras el impacto fue mayor.

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El secretario de Estado agregó que, actualmente, las principales dificultades están relacionadas con el exceso de humedad más que con las bajas temperaturas.

“Existen algunos daños leves en determinadas zonas productivas y otros de mayor impacto, aunque, en términos generales, representan un porcentaje aún reducido”, concluyó.

Según indicaron durante el lanzamiento, los bibliobuses recorrerán los 17 departamentos y brindarán servicios como biblioteca infantil, materiales didácticos, juegos, recursos para estimulación temprana y actividades artísticas, además de brindar orientación a madres, padres y cuidadores, en las zonas donde no llegan los centros de atención a la primera infancia.

Leticia Ocampos, Primera Dama de la Nación, afirmó que con la inauguración del primer centro de atención a la primera infancia hace unos meses, tras más de tres años en el gobierno, se percataron que detrás de cada niño hay una historia y una familia entera que necesita acompañamiento y presencia del Estado con la que no cuentan actualmente.

“Entendimos que no todos los niños viven cerca de un centro de atención a la primera infancia, que muchas familias están lejos y que hay comunidades a las que todavía tenemos que llegar. Por eso nació esta idea de los Bibliobuses. Cada uno de ellos va a llevar historias, juegos, aprendizaje y espacios para compartir. Va a llevar momentos que fortalecen los vínculos entre padres e hijos y experiencias que van a acompañar el desarrollo de nuestros niños en una etapa decisiva de su vida”, aseguró.

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Peña criticó ausencia de gobernador liberal

Por su parte, durante su intervención, el Presidente de la República, Santiago Peña, enfatizó que el proyecto de los bibliobuses forma parte de la descentralización del gobierno para que acompañen los 50 centros de atención integral a la primera infancia construidos en los 17 departamentos y en capital.

Recordó que los bibliobuses se financiaron con parte de los US$ 650 millones anuales que forman parte del acuerdo tarifario de US$ 19,28 por Kw/h entre Paraguay y Brasil establecido en mayo de 2024 por la cesión de energía de la Itaipú Binacional y que se integran como parte de sus fondos sociales.

Si bien durante su discurso aseguró que ningún departamento y ningún gobernador sería ignorado por el gobierno, indistintamente del signo político, destacó la presencia de los representantes del Partido Colorado y criticó la ausencia del Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien es del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y potencial candidato de la chapa presidencial opositora del 2028.

“Hoy quiero destacar la presencia del gobernador del departamento de Itapúa. Te agradezco mucho, Javier, junto con todos los gobernadores, representantes del Partido Colorado. Lamento que una vez más el gobernador del departamento de Central no esté acompañando, pero de todas maneras le vamos a enviar un bibliobús también para el departamento Central”, concluyó.