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La presentación del proyecto, su metodología y los resultados esperados estuvieron a cargo de los doctores Andy Danylchuk, de Massachusetts, y la bióloga Natalia Silva, del Instituto de Ictiología del Nordeste (Inicne), quienes explicaron los alcances del trabajo científico.

La responsable del área de piscicultura de Yacyretá, la doctora Teresita Rojas, señaló que el proyecto tiene por objetivo la marcación por radiotelemetría. A través de este sistema se realiza el seguimiento mediante un transmisor colocado en el cuerpo del pez, lo que permite conocer su desplazamiento y la cantidad de kilómetros que recorre en el río Paraná.

En la zona de Ayolas, es la primera vez que se realiza este tipo de trabajo. Durante la mañana, un grupo de profesionales llevó adelante la marcación de 12 ejemplares, que luego serán monitoreados en distintos puntos del río.

El objetivo es marcar la mayor cantidad posible de peces para obtener datos relevantes sobre esta especie clave para la pesca deportiva y comercial.

Asimismo, se busca concienciar a los pescadores deportivos y comerciales para que, en caso de capturar uno de estos ejemplares marcados, lo devuelvan al agua y así permitir la continuidad del estudio. En caso de que el animal muera, se solicita recuperar el transmisor debido a su alto costo y valor para la investigación.

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El memorando de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el país norteamericano presentar sus solicitudes en Paraguay. El documento diplomático, incluido en el programa conocido como “Tercer País Seguro” tuvo aplicación inmediata. Sin pasar por la aprobación del Congreso.

En febrero de este año, los gobiernos ampliaron “la cooperación en materia migratoria entre ambos países y permite que migrantes que no son recibidos en los EE.UU. puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”.

El documento, sin embargo, no aclara si excluye a los deportados o son solo los que son rechazados en la sección de migraciones o control fronterizo en Estados Unidos. A diferencia, el acuerdo de agosto de 2025 especifica que se trata de solicitantes de asilo.

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Solo nueve de 25

Rubén Ramírez Lezcano refirió que el mecanismo prevé un máximo de 25 personas por mes, sujetas a evaluación de seguridad y documentación. Indicó que, de un primer grupo de 25 personas (que llegan mañana al país), nueve no fueron admitidas por no cumplir los requisitos de documentaciones.

Detalló que la Dirección Nacional de Migraciones ha hecho una evaluación y se vio que algunos no cumplen con la legislación. Indicó, por ejemplo, documentación de origen de sus países, lo cual no permite admitirlos.

El ministro de RR.EE. señaló que las personas que ingresen permanecerán hasta 72 horas en el país antes de ser trasladadas a sus destinos finales, con costos cubiertos por Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El gobierno informó que los extranjeros vivirán en un hotel del centro de Asunción.

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Tiene beneficios pero no económicos

Ramírez Lezcano aseveró que el acuerdo no implica un beneficio económico directo, pero forma parte de la relación estratégica con Estados Unidos, que abarca cooperación en seguridad, comercio y tecnología.

“Hemos acordado que la movilización sería de un máximo de 25 personas por mes de la autoridad soberana de Paraguay de aceptar o no aceptar las personas que estén en esa lista resultante de una evaluación sobre la seguridad de nuestro país, sobre las condiciones de las personas, sobre su documentación, de que sea hispanoparlante y que exista una articulación con los organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, como Naciones Unidas ACNUR, junto con las instituciones claves de nuestro país relacionadas con la Dirección Nacional de Migraciones, con el Ministerio del Interior y asimismo con los mecanismos que nos permitan proceder”, manifestó el canciller.

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“Sin costo para el contribuyente”

En otro momento, el canciller Ramírez Lezcano fue insistido sobre el beneficio específico para nuestro país. El ministro respondió que se trata de un beneficio que está vinculado con esa alianza estratégica con Estados Unidos. Dijo que es un vínculo con una agenda muy amplia, que abarca el comercio, inversiones, seguridad, la integración global. “Sin costos para nuestros contribuyentes o para el Tesoro Nacional”, subrayó.

También se le remarcó sobre los requisitos. Contestó que es un procedimiento riguroso donde se asegura que estas personas no sean delincuentes y no tengan antecedentes judiciales o penales en su país o en otros países.

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Conare es el filtro

La Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay actuaría como un “filtro” para determinar si permite o no el ingreso de extranjeros rechazados por Estados Unidos.

Carlos Vera Aguilera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería y titular de la Conare, informó en su momento que “Una vez autorizado el ingreso, Paraguay recibirá a estas personas de conformidad con sus procedimientos migratorios.

Indicó que la OIM acompañará a este proceso proveyendo asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia sin que ello represente costo alguno para el Estado paraguayo”, agregó.

Tras este procedimiento, se facultarán las condiciones para su viaje a su destino final, según establece el acuerdo y en caso de que soliciten asilo, se realizará la verificación a través de la ley de la de refugio de Conare, de si realmente son perseguidos por raza, religión o sexo. Agregaron que se reservaron las identidades y nacionalidades de los migrantes que llegarán a Paraguay por una cuestión de seguridad.

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¿Qué dice ley?

La legislación paraguaya establece una clara diferencia entre las figuras “refugio” y “asilo”.

El solicitante de refugio deberá iniciar un proceso que podría durar hasta 90 días durante los cuales no podrá ser extraditado ni expulsado del territorio paraguayo. El trámite se realiza ante las oficinas de Conare, en Asunción.

El refugio se aplica según lo establecido en la Convención de Caracas de 1954, de la que Paraguay es signatario y además ratificó la “Convención sobre Asilo Diplomático”, y que exceptúa los delitos comunes.

En cambio si se trata de un asilo político el trámite para la obtención toma otro camino. El solicitante deberá presentar su petición en alguna representación diplomática paraguaya, sea embajada o consulado.

La presentación fue realizada por el jefe de Gabinete, Javier Giménez, quien enfatizó los 40 años de trayectoria médica del nuevo titular y su “impecable currículum”, posicionándolo como una figura de autoridad técnica y ética para una de las instituciones más sensibles del Estado.

Un perfil forjado en la disciplina

Durante la conferencia de prensa, el doctor Fretes optó por un discurso humano y directo. Recordó sus orígenes, describiéndose como un hombre criado en “decencia y disciplina”, hijo de una mujer campesina, y destacó el rol fundamental que la educación pública y la Promoción 83 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA jugaron en su formación.

“En mi vida ahora comienza mi momento patriótico, porque económicamente no me conviene mucho. Yo no sé robar”, sentenció con contundencia frente a los medios.

NOTICIA EN DESARROLLO

“Tenemos un punto positivo y uno negativo. El positivo es por el tema del presupuesto que tenemos ya asegurado. El año pasado se firmó por tres años el presupuesto; eso lo tenemos asegurado. Por otro lado, tenemos sí algunas dificultades que cada año venimos teniendo, que es el desembolso fuera de tiempo, y cuando eso ocurre es cuando el productor muchas veces no llega al 100% de su producción”, señaló Luis Otazú, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de San Juan Bautista.

Otazú explicó que los productores tienen su tiempo para su cultivo, para que de esa manera puedan tener una buena producción y, por ende, un buen ingreso económico.

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El mismo señaló que la primera siembra debe iniciar entre mayo y junio para tener un 100% de cosecha y que, pasando esa fecha, ya es una lotería, ya que a veces se puede tener una buena cosecha, pero por lo general ya se pierde un 50% a consecuencia del factor climático.

“Lo que estamos solicitando ahora al director de la EBY, Luis Benítez, es lo posible para adelantar todos los trabajos, adelantar el desembolso de los recursos para iniciar los trabajos lo antes posible, que son la preparación de suelo y posterior siembra, para que los productores puedan aprovechar su producción”, indicó Otazú.

En ese contexto, el dirigente mencionó que la temporada pasada el desembolso tardío afectó bastante, principalmente por el factor climático, ya que la sequía que se tuvo entre el mes de diciembre del año pasado y enero de este arruinó bastante los cultivos, y eso quieren evitar para esta temporada.

Para evitar que se repitan experiencias negativas, la organización solicitó que los desembolsos de los recursos se lleven a cano en mayo. Una vez que se concrete, inmediatamente iniciarán los trabajos en el campo, explicaron desde la nucleación.

Tiene un fondo de G. 16.000 millones

El programa productivo Ñepytyvó de la EBY contempla la preparación de suelo para los productores agrícolas y hortícolas, y para aquellas personas que no cuentan con ese rubro contempla la provisión de aves de corral.

Cuenta con un presupuesto de G. 16.000 millones de manera anual para todas las organizaciones y asociaciones del departamento de Misiones, y en este distrito son beneficiadas unas 500 familias.

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La legisladora dijo que dicho órgano pondrá bajo la lupa la expedición masiva de títulos presuntamente irregulares, calificando el caso del senador Hernán Rivas como apenas la “punta del iceberg”.

Martínez denunció la existencia de una estructura montada a través de la Universidad Sudamericana, la cual habría producido cerca de 2,500 títulos de dudosa legitimidad en un periodo determinado.

La legisladora citó los datos de la investigación del diputado opositor Raúl Benítez quien días atrás denunció que de los 406 abogados que egresaron de la Universidad Sudamericana, 144 están en la función pública y que de los 144, 44 de ellos están en la Corte Suprema de Justicia, 34 en el MEC, y 11 en el Ministerio Público.

“Así como nos enfrentamos en su momento a la mafia de los pagarés, aquí estamos ante una estructura montada para estafar a la gente y al Estado. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad se vayan de ‘permiso’ para luego volver a la normalidad como si nada hubiera pasado”, afirmó la senadora.

La universidad fue tomada por Rafaat, recuerdan

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) recordó que la Universidad Sudamericana fue tomada en su momento por Jorge Rafaat. Según los antecedentes, en 2016, tras la muerte del mismo, Carlos Bernardo, supuesto propietario de la casa de estudios, pidió a la Fiscalía recuperar la universidad que dijo fue tomada por el fallecido.

Así acribillaron a Jorge Rafaat

“Esa era la universidad de Rafaat, un líder, un capo mafioso, líder en la frontera. Que ya sabemos cómo terminó sus días, con una operación impresionante, donde organización criminal rival literalmente tomó la capital del departamento de Amambay para terminar abatiendole con un con un fusil capaz de derribar aviones”, recalcó

Sostuvo que Rivas no pudo actuar solo y que el título universitario fue fabricado en forma express para acceder a la representación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lamentó que este “concierto criminal” en favor de Rivas continúe.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Matías Garcete e integrado por Elsa García y Adriana Planás, fue notificado de un reposo médico por tres días que presentó y con lo que imposibilitó el arranque del juicio. Ante esta situación el juez Garcete convocó nuevamente para dentro de cinco días.

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Por otra parte, Garcete también ofició que un médico forense de turno del Poder Judicial se constituya en el domicilio de Gustavo Rodríguez, para que lleve a cabo una inspección médica y evaluación de su estado de salud. El profesional fue emplazado por 24 horas para que remita informe sobre esa diligencia al Colegiado.

Además, el presidente del tribunal advirtió a los acusados que estuvieron presentes en sala de juicio que procederá a revocar las medidas cautelares que pesa sobre los mismos, en caso de que se presenten incidentes dilatorios que frustren el inicio del contradictorio.

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Exintendente sampedrano a juicio por presunta tragada de G. 2.269 millones

El exjefe comunal Gustavo Rodríguez fue imputado en marzo del 2023 y desde entonces impulsó innumerables trabas para dilatar su proceso. Para evitar ir a audiencia preliminar chicaneó en cinco oportunidades, una vez acabados los recursos jurídicos, los otros imputados en la causa se turnaron para dilatar más la audiencia.

En tanto que, en mayo del año pasado, el juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú elevó la causa a juicio oral y nuevamente allí comenzó con las chicanas que Gustavo Rodríguez fue perdiendo una a una.

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El pasado 5 de enero la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la casación interpuesta por la defensa de Rodríguez, contra el auto de apertura a juicio y su confirmación en segunda instancia, ratificando que la causa por lesión de confianza vinculada a la presunta “tragada” de G. 2.269 millones se debatirá en juicio oral.

Además del ex intendente están acusados en la causa: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera de la comuna sampedrana). También están acusados en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la UOC).

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El 14 de noviembre de 2025, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú condenó, en un procedimiento abreviado, a dos años de prisión, con suspensión de la condena, a Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Los jóvenes también lamentaron la falta de palabra del presidente de la República, Santiago Peña, quien les había prometido que los trabajos estarían listos par el primer día de clases, el 23 de febrero de este 2026.

Ante el excesivo atraso de los trabajos en la emblemática institución educativa, jóvenes y sus padres cumplen hoy su tercer día de reclamos.

La última promesa del Gobierno fue que entregaría las aulas, laboratorios y talleres este lunes 20 de abril, pero nuevamente no se cumplió. A raíz de esta situación, los jóvenes decidieron realizar de todos modos el Último Primer Día (UPD), pese a que siguen sin clases presenciales.

El mensaje de los estudiantes del Colegio Técnico Nacional

Portando coloridos carteles de protesta y usando el uniforme de cada especialidad, los jóvenes del CTN lanzaron hoy duros mensajes hacia el MEC y la Itaipú.

“El presidente (Santiago Peña) nos juró, vino y nos juró el día de oficialización de la obra, que iba a estar entregada para el 23 de febrero, pero esto no ocurrió. No se dan cuenta de que nosotros somos los afectados, porque no estamos adquiriendo el conocimiento que necesitamos”, lamentó la estudiante Natalia Monzón.

Los alumnos recordaron que a raíz de los retrasos, desde el 23 de febrero dan clases asincrónicas, pero con muchas dificultades con los profesores y, para peor, sin clases prácticas en talleres y laboratorios. En algunos casos, solo 5 de 17 docentes se conectan, indicaron.

Antecedentes del atraso de obras en el CTN

El año pasado, los jóvenes ya tuvieron clases virtuales durante casi dos meses, luego de las vacaciones de invierno, por problemas relacionados a los trabajos de infraestructura.

Para este 2026, el presidente Peña, el ministro de Educación, Luis Ramírez y el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, se habían comprometido a que las aulas, talleres y laboratorios iban a estar listos para el primer día de clases, a fines de febrero.

Luego, el Gobierno dio como plazo para el retorno este lunes 20 de abril, pero tampoco llegó. Ahora, el compromiso de la constructora adjudicada por la hidroeléctrica, financista de las mejoras, es el 18 de mayo, de forma gradual. La empresa adjudicada por US$ 3,5 millones es CCC Construcciones, de Mauricio Javier Codas.

“Nuestra protesta hoy es para que se nos garantice la entrega el 18 de mayo, porque debido a que no se están cumpliendo los plazos se ve afectada nuestra educación, nuestro aprendizaje se basa en talleres y laboratorios que no estamos recibiendo”, afirmó la estudiante Rebeca Arce.

Incertidumbre ante excesivo atraso de obras

Natalia Monzón, estudiante de Electromecánica, afirmó: “estamos con mucha incertidumbre porque varias veces ya nos prometen, pero llegan unos días antes esa fecha y no se cumple.

Los estudiantes también aseguraron que “no creen” que se cumpla con lo establecido y que la obra se entregue totalmente durante este año lectivo.

El regreso del 18 de mayo, además, será gradual. Solo volverán los estudiantes del tercer año de las ocho especialidades. Mientras, los del primero y segundo curso deberán esperar, sin fecha de retorno aún.

Los jóvenes están organizando una nueva protesta, exigiendo soluciones verdaderas al Gobierno. Anunciaron una concentración para este jueves, 23 de abril, a partir de las 8:00, frente al edificio Ramón Indalecio Cardozo del MEC, sobre 15 de Agosto casi General Díaz.

Sin embargo, al quedar sin quórum la sesión, se convocó a una extraordinaria y se excluyó el proyecto del orden del día. Es que la Cámara Alta priorizó el tratamiento y aprobación del pedido de permiso temporal al senador Hernán Rivas (ANR, HC), tras el escándalo por su supuesto título falso de abogado.

El proyecto del tren aún no cuenta con dictámenes de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos de la Cámara Alta, ni de las demás comisiones a las que fue girado. Aun así, había sido incluido en el orden del día para su tratamiento en el plenario, que finalmente no se concretó.

Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; e Industria y Comercio también deben expedirse sobre la iniciativa.

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Lo que busca el ejecutivo con la ley

El proyecto pretende implementar el plan mediante un acuerdo ya firmado con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Este esquema permitiría avanzar mediante una adjudicación directa, lo que requiere modificar la ley vigente, que actualmente exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio encargado del desarrollo del sistema ferroviario.

La iniciativa autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar directamente acuerdos con gobiernos extranjeros —o con entidades públicas o privadas designadas por estos— para la ejecución del proyecto Tren de Cercanías.

Todo ello quedará sujeto, cuando corresponda, a la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los aspectos que impliquen obligaciones para el Estado.

También se contempla la posibilidad de negociar disposiciones específicas como la ampliación del alcance y del monto de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontratación, suspensión o terminación anticipada de la concesión, así como permisos, fases de ejecución y condiciones para el inicio de operaciones.

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Buscan aprobar acuerdo ya firmado con emiratíes

El proyecto, además, ratifica acuerdos previos y busca aprobar el suscrito entre el Gobierno de Paraguay —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de los Emiratos Árabes Unidos.

En ese marco, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con Etihad Rail PJSC o con la entidad que designe el gobierno emiratí.

El acuerdo, firmado a comienzos de febrero de este año, establece los términos de referencia para una concesión de 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato definitivo será firmado posteriormente.

El documento fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

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Inversión prevista

Según lo anunciado, en un plazo de ocho meses deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que, en la práctica, serían asumidos por el Estado paraguayo, a través de Itaipú.

Los restantes US$ 200 millones o US$ 250 millones se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

El esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto.

La nueva empresa será la encargada tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el período de concesión. Además, se creará un fideicomiso para garantizar el cumplimiento del Estado Paraguayo en las obligaciones del proyecto.

Esta noticia no cayó bien en los ingenieros agrónomos que emitieron un comunicado de rechazo, calificando de “inaceptable” que ese tipo de cargos de naturaleza técnica sean ocupados por personas que no cuentan con la formación profesional específica requerida.

“Estas funciones deben ser ejercidas por ingenieros agrónomos u otros profesionales con acreditada idoneidad técnica en el área, garantizando así decisiones fundamentadas y acordes a las realidades productivas del país”, señala parte de la nota difundida por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP).

En comunicación con ABC, el ingeniero Víctor Miranda Cáceres, titular de la asociación, aclaró que el cuestionamiento no apunta a la persona de Aldama Castillo, sino al criterio usado para la designación que omitió un perfil profesional para un proyecto netamente técnico que refiere al sector agropecuario.

“Estamos hablando del proyecto de Mejoramiento de Inserción a los Mercados Agrarios que es un proyecto estratégico para nuestro sector y justamente este tipo de responsabilidades requieren de formación técnica específica. Entonces, en esa línea nosotros nos estamos manifestando”, explicó.

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“Un balde de agua fría”

El ingeniero Cáceres afirmó que la noticia los tomó por sorpresa este miércoles; por lo tanto, no manejan mayores datos acerca de si el funcionario en cuestión ocupaba otro rol dentro de la cartera estatal hasta su reciente designación.

“Solamente vimos que es abogado, nos percatamos de que es abogado esta persona. Fue un balde de agua fría para nosotros, nos desayunamos esta noticia por así decirlo”, expresó.

El posicionamiento de los ingenieros señala una apertura al diálogo con el Gobierno, aunque advierten que mantendrán una postura firme en defensa del ejercicio profesional y de la correcta orientación de los proyectos que afectan al desarrollo agropecuario.

Según dijo Teodocia Deleón de González, pobladora de Calaverita, frente al oratorio San Miguel Arcángel existe un enorme bache lleno de agua donde muchas personas han caído.

“Esta calle se utiliza como una de las salidas hacia las escuelas y, lamentablemente, señoras con criaturas y hasta embarazadas se accidentaron en este lugar”, sostuvo.

Explicó que el charco parece un arroyo y es profundo. Por eso, al pasar por el sitio en motocicleta, sus ocupantes caen al agua.

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Agregó que han colectado firmas de los vecinos pidiendo que las calles de la zona sean reparadas, pero no han podido conversar con el intendente Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), porque su secretaria les ha dicho que no se encontraba en su despacho.

Por su parte, otra de las vecinas, Primitiva Cantero, lamentó que no tienen respuestas de la comuna local para el mejoramiento de las arterias.

“Ivai formal la ore calle ha hetama roprocura la arreglorãre ha mavavea ndopenai orerehe”, explicó.

De acuerdo con los moradores, en el sector Calaverita son más de 50 calles las que precisan urgente mantenimiento.

El cuerpo del ciudadano se encuentra actualmente en la Morgue Judicial a la espera de ser reclamado.

Según el informe oficial, el señor Ocampos fue hallado sin signos de vida en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Juan León Mallorquín y Dr. Carlos Gómez, en el barrio Sajonia.

Don Francisco era una figura conocida en la zona, ya que se dedicaba a la venta de diarios en la misma esquina donde fue encontrado.

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Pese a su presencia diaria en el barrio, las autoridades aún no han logrado determinar su domicilio particular ni contactar a parientes que puedan hacerse cargo de los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

Se solicita a sus familiares, amigos o a cualquier persona que posea datos sobre su entorno cercano, acercarse a la brevedad a la sede de la Morgue Judicial o comunicarse directamente con la Unidad Penal n.° 1 de la Fiscalía Barrial n.° 3 de Asunción.

Por otra parte, la banca matriz también publicó los límites para préstamos en moneda extranjera, que no podrán exceder de 11,21% para el mes de mayo. El límite para préstamos en moneda extranjera es superior al vigente en este mes de 11,16%, de acuerdo con el reporte.

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Impacto de la rebaja de tasas del BCP

Los límites para las tasas de interés se mantienen casi en niveles estables, lo que responde justamente a la normalización de la tasa referencial o de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del ente monetario, que se encuentra actualmente en 5,50% tras dos rebajas consecutivas por parte del Banco Central. Se espera que tras las rebajas en la tasa de política monetaria, en adelante también pueda trasladarse ese efecto en las tasas del mercado

Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.

El documento dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) señala que este fenómeno se debe principalmente a la circulación anticipada del virus Influenza A H3N2, sumado a otros agentes como Rhinovirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus. Hasta la fecha, Paraguay registra un acumulado de 342.819 consultas por cuadros respiratorios en lo que va del 2026.

Influenza: el riesgo de las complicaciones

Las autoridades sanitarias enfatizan que el aumento de casos ambulatorios suele ser el preludio de un incremento en las hospitalizaciones. Por ello, la alerta busca mitigar riesgos en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades de base (diabetes, asma u obesidad).

Primer día de la campaña de vacunación contra la influenza casa por casa

Para frenar la diseminación del virus y evitar la saturación de los servicios de urgencias, el Ministerio de Salud insta a cumplir con las siguientes medidas:

• Aislamiento preventivo: Si está enfermo, no asista al trabajo, escuela o espacios públicos hasta que los síntomas desaparezcan.
• Consulta oportuna: Acuda al médico ante los primeros síntomas y evite la automedicación.
• Uso de mascarilla: Es obligatorio para personas con síntomas respiratorios y recomendado en lugares cerrados o con mala ventilación (oficinas, transporte público, salas de reunión).
• Higiene y ventilación: Lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y ventilar ambientes cerrados al menos 10 minutos cada hora.
• Etiqueta de la tos: Cubrirse con la flexura del codo o pañuelos desechables.

Campaña de Vacunación de Invierno 2026

La herramienta más eficaz para prevenir cuadros fatales es la inmunización. Salud Pública recuerda que las vacunas ya están disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios del país en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno:

• Influenza: Disponible para toda la población desde los 6 meses de edad. Se cuenta con una versión adyuvantada específica para mayores de 50 años.
• Neumococo (Neumo 23): Dirigida a mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas a partir de los 5 años.
• Virus sincitial respiratorio (Nirsevimab): Destinada a recién nacidos y lactantes con factores de riesgo para prevenir la bronquiolitis grave.

Para consultar los centros de vacunación habilitados, la ciudadanía puede ingresar al portal del PAI o llamar de forma gratuita a la línea 138.

Se inicia la segunda etapa de vacunación contra la influenza

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que a partir de hoy, se inicio la segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno. A partir de esta fase, se incorporan los bebés y niños de 6 a 35 meses de edad a la vacunación contra la influenza en todos los vacunatorios habilitados del país.

Para esta temporada, Paraguay dispone de 1.500.000 dosis de vacuna contra la influenza, actualizada según las cepas circulantes: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Los biológicos también están disponibles en el Hospital de Clínicas y los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS).

El colegiado rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa de los encausados, quienes alegaron que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad promovida en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 del 1 de agosto de 2025, que anuló la absolución de la pareja y ordenó un nuevo juicio oral para ambos.

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Los jueces de Sentencias fundamentaron que la sola interposición de la acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no impide la realización del juicio oral; y que tampoco existe una medida cautelar que suspenda el proceso.

Ahora el recurso planteado por la defensa va a la Cámara de Apelaciones, de tal manera que un tribunal de alzada analice la apelación subsidiaria que interpuso la defensa de Díaz Verón y su esposa. La decisión del Tribunal de Apelaciones debe darse antes de la fecha fijada para el inicio del nuevo juicio oral y público, es decir, antes del 29 de junio.

Cámara anuló absolución de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo

El Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala, de la Capital; con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández (preopinante) y Bibiana Benítez Faría, el 1 de agosto de 2025 anuló la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez, que había absuelto de culpa y pena a los acusados. El camarista Delio Vera Navarro (jubilado desde el pasado 1 de abril) votó, en minoría, por confirmar la absolución del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa.

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Para anular el fallo de primera instancia los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez concluyeron que el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.

Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.

Asimismo resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.

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En el fallo que anuló la absolución de Díaz Verón y esposa, la camarista Bibiana Benítez evidenció que se buscó un “tribunal a medida” para confirmar la sentencia de primera instancia.

Patrimonio de casi G. 10.500 millones sin justificación

Según la acusación, entre los años 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales. Específicamente, el déficit es por el monto de G. 10.495.174.320.

En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía afirma que la esposa del ex titular del Ministerio Público fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.

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La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio pidieron la pena de 8 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón; y 5 años de prisión para su cónyuge.

Paralizacion de puente dispara reclamos y pedidos de indemnización

Durante la protesta, señalaron que el camino rural es fundamental para la salida de la producción local hacia los mercados, por lo que solicitaron al menos el mejoramiento con ripio para garantizar la transitabilidad.

La comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pilar, basa su economía principalmente en la olería, la agricultura y pequeños tambos.

Susan Salinas, en representación de padres de familia, expresó su preocupación por la situación que enfrentan durante las lluvias.

“Queremos que las autoridades escuchen nuestros reclamos. Como madre ya sufrimos demasiado porque nuestros hijos no pueden asistir a la escuela cuando el camino está intransitable”, afirmó.

Los manifestantes también cuestionaron la calidad del puente. “Nos duele cómo dejaron esta obra. No pueden terminar un puente de cinco metros; en cualquier momento se va a desmoronar”, reclamó.

Por su parte, el productor Santos Cardozo, de la zona de Potrero Pirú, distrito de Guazucuá, criticó duramente la gestión del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR). Señaló la falta de respuestas a los reclamos de la gente.

Añadió que los propios vecinos deben organizarse para reparar los caminos ante la ausencia de apoyo institucional.

Otro productor, Nicolás “Lacho” Morínigo, planteó la necesidad de solicitar recursos económicos a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para ejecutar trabajos de limpieza en los canales hídricos.

Mientras que Eligio Morínigo, presidente de los oleros, insistió en que sin caminos en condiciones el sector productivo queda paralizado.

“Nuestro rubro es la olería y sin caminos no podemos trabajar”, sostuvo, reiterando el pedido de culminación del puente.

De la manifestación participaron concejales municipales que escucharon los reclamos, entre ellos el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR-HC), junto a Manuela González (ANR-Añetete), Maida Fernández (ANR-Añetete) y Marita Campias (PLRA).

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Ñeembucú, Javier Rolón, quien acompañó el reclamo de los pobladores ante la inminente amenaza de inundaciones

Ramírez Lezcano refirió que la visita es en respuesta a la invitación cursada por el presidente Javier Milei durante la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en diciembre pasado en Foz de Iguazú.

El ministro de RR.EE. aclaró que dicha visita no se realizará esta semana, como indicaron algunas versiones difundidas, ya que aún se encuentra en proceso de coordinación oficial.

Ramírez Lezcano no mencionó si los mandatarios dialogaron sobre la situación financiera de Yacyretá.

Peña y Milei tienen en común que son aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Visita a Ecuador

Por otra parte, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el presidente Santiago Peña realizará una visita oficial a la República del Ecuador el próximo 30 de julio, respondiendo a una a invitación del presidente Daniel Noboa.

El ministro refirió que la visita forma parte de una agenda orientada a fortalecer la integración regional, el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral.

Semanas atrás, el gobierno de Ecuador pidió a Paraguay declarar como organización terrorista a unos cinco grupos de narcotraficantes con nexos con cárteles internacionales. El gobierno de Daniel Noboa, libra una guerra contra el crimen organizado.

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Cumbre del Mercosur

Asimismo, Rubén Ramírez Lezcano informó que en el marco del ejercicio de la presidencia paraguaya pro témpore del Mercosur, el país se encuentra organizando la próxima Cumbre del bloque regional, que se prevé el 29 y el 30 de junio próximo.

La agenda contempla la reunión del Consejo de Ministros el 29 de junio y la participación de los presidentes de los Estados Parte, así como de otros jefes de Estado invitados.

“La gentificación es un proceso de reconversión urbana de áreas que tienen un cierto valor y uso, en áreas que incrementan el valor del suelo a través del del desplazamiento de los habitantes originales”

Melina Pekholtz, arquitecta

La arquitecta Melina Pekholtz explica que este fenómeno tiene nombre: gentrificación. No es simplemente “progreso”, es un proceso de “reconversión urbana en áreas vitales que incrementan el valor del suelo a través del desplazamiento de los habitantes originales”. En palabras simples: el barrio se vuelve tan caro que quienes nacieron allí ya no pueden pagarlo.

Asunción: los signos de una ciudad extraña

Para Pekholtz, las señales son claras y cotidianas. El paisaje se llena de “cafeterías de especialidad con el vaso a G. 30.000” y pastelerías de Instagram que venden “muffins, carrot cakes y red velvet”, productos globales que reemplazan a los comercios de toda la vida.

“Viene el café de especialidad, que cuesta G. 30.000 el vaso, la despensita ya no está y hay otra tienda que vende muffins o pastelerías de Instagram"

Melina Pekholtz, arquitecta

Las Mercedes es el epicentro donde los vecinos ya están “en pie de guerra”. Pero Pekholtz advierte que el fenómeno es una mancha de aceite. Barrios como Ciudad Nueva, Jara y la zona del Puerto ya están en la mira de esta “incipiente gentrificación”.

Allí, la especulación inmobiliaria es “atroz”, elevando los precios de alquileres y servicios hasta expulsar a las familias hacia la periferia del área metropolitana.

El impacto real no es solo visual, es humano: familias expulsadas porque el barrio se vuelve “invivible”. Los comercios tradicionales mueren y nos queda una ciudad que parece vibrante de día, pero termina siendo una “ciudad vacía” de noche.

¿Un fenómeno positivo o negativo?

La respuesta de Pekholtz es tajante: “Es negativo“. Lo es porque genera especulación y no privilegia a la gente que necesita garantías para una vivienda.

“Es negativo porque genera especulación y no privilegia a la gente que necesita garantías para una vivienda”

Melina Pekholtz, arquitecta

Además, advierte que la ciudad está perdiendo su personalidad: “Carece de identidad porque se fabrica un producto espacial con lógicas globales que se replica en cualquier sitio", dice.

Asunción y los edificios de lujo: ¿lavado?

Pero a la proliferación de locales gastronómicos “globales” se le suma un trasfondo más oscuro, la multiplicación de las torres de cristal. Aunque vemos grúas por toda la ciudad, Pekholtz advierte algo preocupante: “Hay una sobreoferta de edificios de lujo para una demanda que no existe". Muchos de estos departamentos permanecen vacíos.

“No quiero generalizar, porque no todos los edificios que se están construyendo provienen de un proceso de lavado de activos, pero sí hay mucho”, aclara.

Según la arquitecta, parte de este crecimiento desmedido no responde a una necesidad de vivienda, sino a que el sector de la construcción es “muy susceptible de hacer un lavado de dinero rápido y fácil”. Se construye para mover capital, no para que la gente viva.

El papel de las autoridades: La ciudad “por excepción”

¿Qué hace la Municipalidad ante esto? Lejos de protegernos, el gobierno municipal actúa en base a “excepciones” al plan regulador, señala la entrevistada. Esta “complicidad” permite cambiar las reglas de juego a mitad del partido, lo que nos permite “dudar de la ética” de nuestras autoridades municipales, afirma.

“Esto denota una complicidad o una transa para acceder a esas excepciones", dice la profesional. Cuando no se respeta la planificación y se cambian las reglas para favorecer torres donde deberían ser zonas residenciales, se pierde la ética urbana, señala.

¿Qué hacer?

Ante el avance de esta identidad que estaría en venta, Pekholtz señala que no hay una política pública de apoyo para viviendas de costo medio o bajo. La solución pasa por exigir reglas claras y una planificación real que no se venda al mejor postor.

La organización barrial es el único escudo, como demuestra la experiencia de grupos locales, como “Salvemos Las Mercedes”.

A instancia de los cartistas, el Poder Legislativo también exige datos sobre la aplicación del Decreto Nº 3337 que reglamenta la Ley Nº 7.269/2024 así como las sanciones o medidas concretas fueron aplicadas en el violento evento en cumplimiento de dicha ley.

También reclaman al Ministerio del Interior, cuyo titular es el senador con permiso Enrique Riera, informes sobre qué acciones se adoptaran para garantizar lo que establece el Decreto Nº 3337 y su efectiva aplicación en futuros eventos deportivos.

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¿El RENAED dónde está ?

El pleno también aprobó una resolución presentada por el senador opositor Eduardo Nakayama (IND). El documento repudia los hechos de violencia, insta al Poder Ejecutivo a la efectiva implementación de la ley n° 7269/2024 y solicita informe sobre el estado de ejecución del Registro Nacional de Eventos Deportivos RENAED”.

La resolución también expresa su solidaridad con todas las personas que resultaron heridas.

Igualmente insta al Ejecutivo a implementar con urgencia el RENAED y activar plenamente el denominado “Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos” también creado por la Ley Nº 7269/2024. Se trata de una “instancia” de coordinación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y los clubes organizadores

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Nakayama también pide informes sobre el estado actual de implementación del RENAED y insta a la APF y a los clubes organizadores a que cooperen activamente con el Ministerio del Interior en la implementación del RENAED.

Ambas resoluciones se aprobaron sin debate dentro de un paquete de casi 30 proyectos de resoluciones y declaraciones.

Entre los objetos que fueron incautados durante aquellos procedimientos, se citan cuatro cajas fuertes, dos de las cuales estaban en el sitio en el que fue detenido Sebastián Marset. En estas últimas se hallaron pasaportes falsos, joyas y dinero, así como un celular. Igualmente, se confiscaron tablets, computadoras y otros artículos electrónicos, según publica el medio uruguayo La Diaria.

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Los investigadores refirieron que ese celular encontrado contiene información sobre los contactos activos dentro de la estructura criminal, por lo que se estima que será un elemento clave para avanzar en la pesquisa.

A fin de obtener datos sobre la organización supuestamente liderada por Sebastián Marset, el comandante general de la Policía Mirko Sokol, informó que todos esos dispositivos a los Estados Unidos para que sean sometidos a pericia y se lleve a cabo la extracción de datos.

“La información que van a extraer, más las declaraciones que pueda dar el señor Marset, nos darán los elementos para iniciar investigaciones en el país contra todos los involucrados”, manifestó Sokol al medio boliviano La Razón.

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Pericia a celulares de Marset beneficiaría a Paraguay

Los artículos electrónicos que fueron remitidos a Estados Unidos serán sometidos a una pericia, la cual consistirá en la extracción de datos y análisis de estos. La información que pueda surgir de dichos dispositivos será integrada como evidencia en la investigación abierta en Bolivia sobre Marset y miembros de su estructura.

De hecho el fiscal Deny Yoon Pak había solicitado, en marzo pasado, cooperación jurídica con el Ministerio Público del vecino país y, en ese contexto ya había pedido detalles sobre la detención, las evidencias y la figura penal por la cual Marset fue expulsado a Estados Unidos.

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El pedido de cooperación jurídica a Bolivia incluso serviría para posteriormente solicitar también, cooperación jurídica con la Fiscalía de Estados Unidos.

En este sentido, toda la información que vaya a surgir de la extracción de datos de los artículos electrónicos incautados de Sebastián Marset y que serán incorporados por Bolivia en la investigación, desde el Ministerio Público de Paraguay señalaron que eventualmente la misma será compartida con nuestro país y podría engrosar el cúmulo informativo sobre la estructura de Marset en suelo nacional vinculada a la causa A Ultranza.

Denunciaron que, pese a reiterados pedidos, no reciben respuesta y la institución lleva meses sin una autoridad responsable. La comunidad decidió pasar a medidas de presión.

Ignacia López, madre de familia, dijo que durante años un docente asumió el rol de encargado; luego fue reemplazado temporalmente por otra docente, que también renunció, dejando nuevamente acéfala la dirección. La incertidumbre persiste.

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Además de la falta de director, denunciaron la precariedad en la infraestructura, con sanitarios en mal estado y sin gestión institucional para canalizar soluciones. La preocupación aumenta.

Desde el lunes tomarán la institución si no hay respuestas, según advirtieron padres de familia, cansados de la falta de atención de las autoridades. La medida busca forzar una solución inmediata.

Se debe realizar concurso, dice supervisor

Por su parte, el supervisor educativo, el licenciado Óscar Valenzuela, explicó que el rubro de director está vacante y debe ser cubierto mediante concurso, aunque ya solicitó al MEC un rubro técnico para una designación provisoria. Se aguardan definiciones.

Además, indicó que ningún docente quiere asumir interinamente la dirección y que, mientras tanto, él se encarga de las gestiones administrativas, aunque reconoce las limitaciones por la distancia. Pidió comprensión a la comunidad.

La comunidad educativa insiste en una solución urgente para garantizar el funcionamiento institucional y evitar la toma del colegio. El conflicto podría escalar en los próximos días.

El Dr. Gustavo González, consejero de IPS, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fue consultado sobre este cambio e indicó que situaciones así siempre generan nuevas expectativas, pero que hasta el momento no han conversado con el nuevo titular.

“Las expectativas siempre son muchas para el Instituto de Previsión Social. Nosotros estamos como consejeros expectantes y de conversar con él, todavía no hemos conversado, ya que el cambio se dio hoy prácticamente al mediodía”, mencionó.

Posteriormente, mencionó que la información que él tiene es que el expresidente, doctor Jorge Brítez, presentó su renuncia al presidente de la República y que fue aceptada.

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Uno de los pedidos del presidente Peña es la de humanizar Fel IPS, algo que según el doctor González se fue perdiendo, en el sentido de -señaló- no otorgar todo lo que al asegurado le corresponde.

“Desde el momento en que no podemos cubrir sus necesidades para su satisfacción, llámese medicamentos o turnos, podemos tomarlo de ese lado”, sostuvo.

En otro momento, el consejero del IPS anunció que está renunciante, decisión tomada en lealtad a la persona que lo llevó a ese lugar.

“Yo fui con él y debo salir con él. No puedo yo quedarme en un lugar donde el nuevo presidente tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar”, finalizó.

La decisión fue emitida a través del “Acuerdo y Sentencia” identificado como causa Nº 1090/2024, firmado por los jueces Mirta Susana Granado Martínez, Carlos Aníbal Cabriza Ríos y Segundo Ibarra Benítez.

El tribunal consideró admisible el recurso de apelación especial presentado por la defensa técnica, aunque finalmente rechazó todos los puntos de cuestionamiento expuestos.

Con esta resolución, quedó firme la Sentencia Definitiva Nº 156 y su aclaratoria Nº 166, dictadas por el Tribunal de Sentencia de Cordillera, que había impuesto la pena de 18 años de privación de libertad por homicidio doloso, tipificado en el artículo 105, inciso 1º, del Código Penal, modificado por la Ley 7062/23, en concordancia con el artículo 29, inciso 1º.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Alberto Lesmo, había solicitado la nulidad del proceso alegando presuntas irregularidades, como la supuesta falta de declaración indagatoria dentro del plazo de 24 horas tras la detención, conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, además de observaciones sobre el acta fiscal.

Sin embargo, esos planteamientos fueron descartados por el tribunal de alzada.

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Antecedentes del crimen

El caso corresponde a un presunto triángulo amoroso que terminó en tragedia, según la acusación sostenida por el Ministerio Público durante todo el proceso, a cargo de la fiscal Noelia Montaña.

Pamela Beatriz Ramírez Coronel, que en ese entonces tenía 20 años, habría agredido brutalmente a su pareja sentimental, Fernando Tomás Alcaraz Mora Vicente, sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya de 24 años. Según la investigación, la joven lo golpeó en la cabeza con un tronco de madera, provocándole un traumatismo de cráneo que finalmente le causó la muerte.

Posteriormente, Carlos Enrique Monzón Domínguez, sargento camarada de la víctima y quien también habría sido pareja anterior de Ramírez, habría colaborado en la ocultación del hecho. De acuerdo con la acusación, ambos trasladaron el cuerpo unos 200 metros, lo quemaron junto con un colchón y el arma utilizada, además de esconder el celular y las zapatillas de la víctima.

En un primer momento, Ramírez dijo que se trató de un asalto, pero esa versión fue desmentida por evidencias forenses, testimonios, mensajes de WhatsApp y pruebas de luminol realizadas en su dormitorio.

Por otro lado, Monzón Domínguez fue condenado antes que Ramírez como cómplice por obstrucción a la investigación.

El juicio oral se desarrolló entre mayo y octubre de 2025 y culminó con la condena el 1 de octubre de ese año. La defensa apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones la confirmó de manera definitiva.

Situación actual y consecuencias

Con la confirmación de la condena, Pamela Ramírez deberá cumplir la pena de forma efectiva en la penitenciaría de mujeres Buen Pastor. Además, el tribunal ordenó la revocación inmediata de las medidas sustitutivas y del arresto domiciliario que tenía.

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Al culminar el encuentro, Riera anunció una serie de medidas a ser implementadas principalmente en eventos deportivos, aunque también se extenderían a otros de concurrencia masiva como conciertos.

Lo principal, algo que ya se viene aplicando, es que las entradas serán personales, por lo que citó como ejemplo que “si José Antonio no se puede ir, no puede entregarme su entrada para que yo entre”.

Asimismo, aseguró que se implementará con reconocimiento facial y biometría para detectar en el momento si una persona tiene antecedentes o sanciones desde el punto de vista penal o administrativo.

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Coordinación con la Fiscalía

Otro punto que mencionó Riera es que se prevé una mayor coordinación con el Ministerio Público, ya que la Policía es “auxiliar de la justicia”, pero si un fiscal no acusa y un juez no condena, las personas sospechosas quedan en libertad.

También aseguró que se buscará evitar que se utilicen las entradas de cortesía, ya que estas permiten que “cualquiera pueda entrar”, mientras que un día antes de los partidos se prevé una revisión de los escenarios de forma conjunta con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En el caso de las barras bravas, el ministro sostuvo que más allá de controlarlos, también se prevé investigar e identificar a autores intelectuales de sus organizaciones, ya sea saber quién pagó los buses, quiénes eran los choferes y otros aspectos referentes al traslado de esos hinchas.

“Salen escoltados no por privilegio, cuando el tránsito detiene a un bus, uno se baja, rompe un vidrio, roba un celular y vuelve a subir. Es para que se comporten dentro del marco de la ley”, agregó.

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Registro Nacional

Riera también habló sobre el Registro Nacional del Aficionado al Espectáculo Deportivo (Renae) que según adelantó, sería implementado “en la brevedad posible”.

“No se puede hacer del día a la noche. Su implementación depende únicamente de cuestiones operativas. Tenemos la tecnología comprada y la paga el Ministerio del Interior, pero cuando hablamos de la necesidad de una compra individual para el Renae, por única vez, es que cada uno que quiera ir a un partido va a tener que inscribirse”, detalló.

En lo que refiere a la “carpa azul” para cateos, Riera alegó que da buenos resultados con el hallazgo de “moñitos” de droga y cuando esto ocurre, las personas van presas.

“Se van a reforzar las medidas de prevención con tecnología”, reiteró.

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Hernán Rivas accedió a un permiso inconstitucional aprobado por una mayoría cartista con ayuda de algunos votos disidentes y de satélites, tras los escandalosos casos que lo envuelven por su presunto título falso de abogado.

En sus primeras declaraciones como senador ante la prensa, se comprometió a continuar con el proyecto de ley que presentó cuando era diputado, que trata sobre la restricción de los juegos de azar a los niños, niñas y adolescentes.

“Tengo proyectos de ley que voy a presentar, que he presentado ya siendo diputado y vamos a actualizar, y otros buenos proyectos de ley que benefician principalmente a los menores de edad y a los niños. El peligro de la ludopatía en nuestro país está latente y ahora tengo mucha experiencia en ese campo. Voy a presentar proyectos para proteger a los menores de edad y a los niños de nuestro país”, refirió.

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Fusión de la Conajzar con la DNIT

Tras la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET), lo que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), también se integró a la misma institución a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

El legislador insistió en la necesidad de concretar la fusión de la Conajzar a la DNIT, a fin de que la misma se establezca en los 263 municipios del país.

“Hay que modificar alguna normativa vigente y atacar frontalmente la explotación clandestina de juegos de azar”, precisó.

Sobre si integrará la bancada de Honor Colorado recordó que él fue electo por el movimiento, por ende, se incorporará como integrante de la misma.

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Recordó que antes de asumir estuvo como director de la Conajzar, por lo que de terminar su corta estadía en la Cámara de Senadores, ya que se prevé la vuelta de Gustavo Leite en julio, tras su renuncia como embajador de Paraguay ante Estados Unidos, volvería a cumplir la misión encomendada por el Presidente de la República.

El 15 de abril último, él y su familia se dispusieron a retornar a España, pero en el Aeropuerto Silvio Pettirossi se toparon con la desagradable noticia de que debían abonar una multa cercana a G. 700.000 porque, según se les informó, el niño -siendo extranjero- sobrepasó la cantidad de días como turista en Paraguay.

En medio de la confusión y con la tensión de la noticia recibida, el padre de familia prefirió abonar la multa para continuar con su viaje rumbo a casa. Pero posteriormente insistió ante los funcionarios que la permanencia en el país no sobrepasó los 45 días y, por lo tanto, el cobro de la multa no correspondía.

“Como el hombre llevó el pasaporte de mi hijo y tampoco se percató de la situación de la fecha, le digo ‘mirá la fecha en el pasaporte’, que no son 90 días, me cobraron por nada”, relató.

Molesto por la evidente irregularidad, Leonardo pidió que los funcionarios se identifiquen, pero ellos se negaron, aunque admitieron el error.

“Le digo ‘pues mirá, me devolvés el dinero que pagué’ e hicieron allí como que me lo devolvieron con el atajo de POS, pero hasta ahora no me llegó nada”, contó Leonardo.

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Migraciones admite error humano

En contacto con el área de comunicación de la Dirección de Migraciones, la respuesta fue que se trató de un error humano en el cobro de multa con POS y que no pudo ser revertido en el momento, por lo cual la solicitud de reembolso fue derivada al área administrativa, un proceso que puede ser lento. No obstante, se comprometieron a establecer una línea directa de comunicación con el denunciante para garantizar una solución.

Permanencia transitoria de extranjeros: plazos y sanciones

La Ley Nº 6984/2022 establece el régimen migratorio de la República del Paraguay y en su artículo 42 señala:

Los extranjeros admitidos en alguna de las categorías previstas podrán permanecer en el territorio nacional por un período determinado de acuerdo al carácter de su ingreso y por un plazo máximo de hasta 90 (noventa) días corridos, prorrogables por una sola vez a pedido del interesado, por un plazo no mayor al otorgado con anterioridad a criterio de la Dirección Nacional de Migraciones.

Y de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Nº 6984/2022, los extranjeros podrán ser sancionados con multa administrativa en los siguientes casos:

• Cuando se compruebe que hayan excedido el plazo de estadía transitoria autorizado (seis jornales equivalentes a G. 669.012).
• Cuando se compruebe que no cuentan con su registro de ingreso al país (mismo monto).

Formas de pagar la multa:

• Efectivo: únicamente en guaraníes.
• Tarjeta de débito internacional: pago electrónico sujeto a comisión adicional de empresa proveedora.
• Pago en línea: disponible luego de 48 horas hábiles desde la emisión de la multa.

La Dirección de Migraciones recuerda que es indispensable exigir y conservar el comprobante legal de pago, ya que constituye la única constancia válida para efectos de regularización migratoria. Para pagos en línea, el comprobante será enviado al correo electrónico declarado por el viajero.

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En la fecha se debía tratar el proyecto “artículo por artículo”, después que el expediente fuera aprobado “en general” en la sesión pasada. Sin embargo, una discusión entre Oscar Salomón y Dionisio Amarilla, sumada a la rabona de varios senadores, hizo que el cartismo opte devuelva el expediente a comisiones.

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En el uso de la palabra, Amarilla volvió a plantear varias modificaciones sobre devolución de aportes hasta 95% y que la jubilación se de a los 55 años cumplidos y 15 años de aporte. Sostuvo que es la postura de varios colegas y proclamó estar en contra de dar privilegios a los senadores que entraron “por lista sábana”.

En cambio Oscar Salomón pidió que la jubilación se de desde los 60 años cumplidos y que tras los 20 años de aporte la pensión sea del 80%.

Al intentar definir las posturas por votación no había mayoría para ninguna de las opciones por lo que Basilio Núñez reprendió a los líderes y vicelíderes de bancadas por no poder llamar a los parlamentarios.

Incluso ordenó retirar las tarjetas de asistencia en el sistema electrónico de los legisladores que no estaban presentes en la sala de sesiones.

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Ante la falta de acuerdo, Núñez pidió que el expediente vuelva a comisiones y después que un parlamentario se hizo cargo de la moción, se pasó al siguiente punto del orden del día.

Debate sin fin

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y fue aprobado en general la semana pasada en la Cámara de Senadores. En caso de modificaciones, el texto volverá a la Cámara Baja, de lo contrario será sancionado y pasará al Poder Ejecutivo con la versión de los diputados que también mantiene los privilegios.

A pesar del debate público, la reforma que alarga la agonía de la Caja Parlamentaria no elimina la jubilación privilegiada, mantiene condiciones especiales del sistema parlamentario, introduce algunos recortes en invalidez y pensiones y endurece requisitos para jubilación anticipada.

Según explicó, unos 1.418 abogados son los que no figuran en el padrón electoral y exigió su inclusión.

Hoy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Alberto Martínez Simón, reconoció este error y anunció que el mismo será subsanado.

“Se ha producido por un error humano, atribuible enteramente a funcionarios del Poder Judicial. Una omisión indebida en el ámbito de la generación del prepadrón para las elecciones de los abogados en el Consejo de la Magistratura", expresó.

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A continuación, el doctor Martínez aseguró: “En ese marco, se ha detectado un faltante importante de personas y ante esta situación hemos llegado a la conclusión de que debería imponerse el criterio de una participación amplia en estas elecciones".

“Recordemos que la elección va a ser realizada el sábado 28 de noviembre de este año, es decir, tenemos varios meses de tiempo. Si bien el periodo de tachas y reclamos estaría supeditado para ese tipo de correcciones, entendemos que podría haber personas que de buena fe queden fuera de ese registro", apuntó.

Para finalizar, el presidente de la Corte Suprema señaló, que de forma unánime, resolvieron enmendar ese error, realizar un anexo de las personas que han sido omitidas y dictar una resolución por la cual se modifique parcialmente el calendario electoral de dichas elecciones, sin afectar, por supuesto, la fecha de las elecciones ni el llamado.

Esta medida fue tomada luego de que ayer los miembros del Consejo Directivo, equipos técnicos, representantes de la asociación de padres y del Centro de Estudiantes se reunieran ante la creciente cantidad de amenazas que se vienen realizando.

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“Como Colegio, actuamos con responsabilidad, activando protocolos, articulando con las autoridades y estableciendo un plan de intervención que prioriza el bienestar de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativo-pastoral. Seguimos trabajando, con compromiso y en conjunto, para garantizar un ambiente seguro, ordenado y formativo para todos”, indicó el colegio a través de sus redes sociales.

Padres piden conversar con los estudiantes

La Asociación de Padres también se manifestó a través de un comunicado y solicitó a los padres conversar con sus hijos para hacerlos comprender que “ciertas bromas, amenazas o retos no son juegos y pueden generar consecuencias serias para todos”.

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Hicieron énfasis en que hoy más que nunca es fundamental acompañar a los niños y adolescentes y reforzar los valores como el respeto, la responsabilidad y el uso adecuado de las redes sociales. “Nuestro compromiso desde el hogar resulta clave para construir un ambiente seguro, sano y respetuoso para toda la comunidad”, finaliza el comunicado.

Al respecto, una de las madres de familia, Irene Cabral, manifestó que al no contar con una cocina comedor para preparar los alimentos, los miembros de la comisión de la escuela y colegio, juntamente con los profesores, se ingeniaron entre todos y levantaron una improvisada construcción en un sector del predio donde funcionan ambas instituciones, con materiales viejos recuperados que fueron utilizados para el techo y el resto para la pared de un pequeño recinto que sirve para guardar las mercaderías y la preparación de los alimentos.

Aseveró, sin embargo, que la parte donde comen los niños no tiene pared y el techo está lleno de agujeros, por lo que en cada lluvia se llenan de agua todas las áreas de la cocina y comedor.

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Preocupados por la falta de infraestructura

“Los padres de familia estamos muy preocupados por las condiciones en que está funcionando el programa Hambre Cero, específicamente por esta situación, atendiendo que hasta hoy no sabemos si los organismos correspondientes tienen en su agenda nuestro pedido de construcción, ya sea la Municipalidad, la Gobernación o el Ministerio de Educación”, explicó.

Llega la época de frío

Por su parte, Julio César Alegre, otro padre de familia, refirió que el caso se trata de un pedido que debe ser agilizado por las instituciones pertinentes para construir un lugar seguro para la preparación de los alimentos, así como la sala de comedor donde diariamente los niños están recibiendo sus raciones. Además, señaló que ya estamos entrando en la época de frío y ya no quieren exponer a sus hijos, atendiendo que el sitio donde comen no tiene pared para protegerse de las bajas temperaturas.

Urge la intervención de las autoridades

Por otro lado, el director del Colegio Lic. Carlos Franco, dio su versión de la realidad que afecta a toda la comunidad educativa, y coincidió con la preocupación de los padres de familia. Exigió la intervención de las respectivas autoridades para que el programa Hambre Cero pueda cumplir adecuadamente con el compromiso asumido con el sector educativo, funcionando en un local acorde a las necesidades.

Sobre el caso, el encargado de la Secretaría de Educación del gobierno departamental, Wilfrido Saiz, informó que estarán visitando a la comunidad educativa para el relevamiento de datos para tratar de priorizar el pedido. Asimismo, intentamos tener la versión del intendente municipal de Choré, Rodolfo Ferreira (ANR HC), pero no atendió nuestras llamadas.

Además, afirmó que todo el tramo entre los kilómetros 55 y 60 está repleto de hoyos.

“No hay un solo lugar donde no haya baches. La gente abre camino como puede, incluso fuera del asfalto”, expresó.

Añadió que resulta “increíble” que aún no se haya registrado un accidente grave, considerando el alto tránsito de vehículos livianos, motocicletas y camiones de gran porte.

El denunciante también cuestionó la focalización de los trabajos. “Solo se bacheó media calzada cerca de la casa del gobernador Denis Lichi, unos 1.000 metros nada más”, afirmó, sugiriendo un trato preferencial en la intervención.

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MOPC anunció obras

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había informado el pasado 17 de abril que las obras ya están a punto y que ya estaban generando beneficios para unos 55.000 habitantes.

Según la cartera estatal, los trabajos iniciados en marzo incluyen bacheo intensivo, rebaje de banquinas y limpieza de la franja de dominio, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación.

El proyecto contempla una inversión de G. 63.937 millones y está a cargo de la empresa Proel Ingeniería, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Desde el MOPC aseguran que las tareas si se desarrollan y que continuarán de forma sostenida para garantizar la transitabilidad en todo el tramo.

No obstante, en terreno, la percepción ciudadana es distinta. Los pobladores sostienen que los avances no se reflejan en la realidad diaria y exigen intervenciones más amplias y urgentes, antes de que la precariedad de la ruta derive en consecuencias mayores.

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Momentos antes, el agente policial fue prácticamente linchado por los hinchas del club Cerro Porteño en la grada del estadio Defensores del Chaco.

Servín, quien tiene su residencia en la zona de Palma Loma, Luque, donde también explota un gimnasio, fue ubicado poco después del mediodía, cuando estaba estacionado al mando de su auto Chevrolet Joy negro, con matrícula AAFZ 965 sobre la calle República de Colombia casi Campo Vía en Isla Bogado.

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Los oficiales que ya estaban alertados de que el sospechoso podría estar escondido en la zona, rápidamente lo identificaron y redujeron, para luego trasladarlo a la comisaría jurisdiccional, la 46 ° Central.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de la causa Soledad Ramírez, quien lo había imputado y ordenado su captura por los hechos de perturbación de la paz pública y otros, a raíz de los hechos registrados en la tarde del domingo último en el estado Defensores del Chaco.

Barrabrava detenido tiene antecedentes por el mismo delito

Sin embargo, Servín ya contaba con un antecedente por supuesta producción de riesgos comunes del año 2016, proceso en el que lo beneficiaron con medidas alternativas a la prisión. Pero el barrabravas estaba utilizando su libertad condicional para volver a perpetrar los que inicialmente estaba procesado.

El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la dirección de Policía del departamento Central, comisario principal José Santacruz confirmó que el barrabravas fue llevado directamente hasta el Hospital General de Barrio Obrero para ser diagnosticado, para luego ser llevado finalmente a la comisaría 2° de Asunción, donde permanecerá a cargo del Ministerio Público.

Entre ellos se encontraban Aníbal Fidabel (PLRA), precandidato en Tavapy; Pedro Adán Ovelar (ANR-HC), en Juan León Mallorquín; y Nelson Espínola (ANR-HC), en San Alberto; César Paredes en Minga Guazú. También fueron observados en la misma actitud los ediles Arnaldo Barreto (PLRA), precandidato a concejal en Mallorquín; Carolina Rivas (ANR-HC), Fernando Shuster (ANR-HC), Nori Sato (ANR-HC),Rafa Burgos (ANR-HC) y Marcelo Ramírez (Yo Creo) quienes durante gran parte de la sesión no apartaron la vista de sus celulares.

Pese a los cuestionamientos existentes sobre las adjudicaciones vinculadas al programa Hambre Cero, e incluso intento de la Cámara de Senadores de apartarlo del programa al gobernador César Landy Torres (ANR-HC), durante la sesión los concejales evidenciaron escaso interés cuando el debate se centró en la necesidad de analizar y proponer estrategias para mejorar la implementación del programa.

Informe sobre crisis en escuelas

Durante la audiencia, expusieron resultados de un relevamiento realizado en lo que va de 2026 en 64 escuelas, con 91 visitas de monitoreo y 56 reportes ciudadanos. El informe evidencia serias deficiencias en infraestructura tras la implementación del programa Hambre Cero.

La educadora presentó denuncia ante el Ministerio Público por los hechos punibles de usura, estafa, apropiación, producción documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, asociación criminal y otros más que puedan surgir en torno a la investigación.

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Portillo Benítez atribuyó las responsabilidades en cuanto al despojo millonario a la dueña de la firma “Punto Mágico”, Laura Andrea Morínigo Mereles, y a los directivos de la Asociación de Educadores Alborada, presidida por Cleso Fernández Sánchez, marido de Laura Morínigo.

El alcance de la denuncia también llega a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), responsables del descuento salarial sin respaldo documental y demás personas que resulten responsables, por su participación en el esquema de descuentos salariales que le generaron un perjuicio financiero importante.

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Docente realizó préstamo y le descontaron G. 58 millones

De acuerdo con los datos presentes en la denuncia, en julio de 2013 Mirian Portillo realizó un préstamo por valor de G. 5.000.000 y por el cual debía devolver la suma de G. 5.700.000 en diciembre de ese año. Esta obligación la contrajo con Mercedes Sánchez de Fernández, también docente.

Portillo señala en su escrito de denuncia que inicialmente realizó un pago de G. 750.000 en concepto de intereses y luego ya realizaron los pagos en forma personal, en el domicilio de la prestamista Mercedes Sánchez.

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Sin embargo, Portillo solicitó posteriormente la reestructuración de la deuda ante la imposibilidad de cumplir con el compromiso, luego de que su marido quedara sin trabajo tras el cierre de la azucarera Iturbe. Es en esta oportunidad que Sánchez le propuso instrumentar el cobro mediante descuentos ministeriales canalizando a través de la Asociación de Educadores Alborada.

En abril de 2014, Portillo fue convocada al domiciliario de Sánchez para la firma de unos documentos que, según dice en su denuncia, le habían indicado que eran para fraccionar los pagos. Los descuentos se iniciaron ese mes de abril de 2014 y continuaron hasta mayo de 2020, totalizando la suma de G. 58.800.000.

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Presidente de Asociación hizo firmar boletas, denuncia

La denuncia detalla que Mercedes Sánchez le presentó a su hijo Celso Fernández Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Alborada, quien fue el que le habría hecho firmar los documentos para “fraccionar los pagos”. La profesora Mirian Portillo entendió que el acuerdo era que un descuento de 20 cuotas de G. 450.000, que totalizaban la suma de G. 9.000.000.

Pero se ejecutaron descuentos automáticos vía MEC que ascendieron a G. 58.880.000. Entre lo que le descontaban también aparece la empresa “Punto Mágico”, donde figura como tesorera y responsable Laura Morínigo, esposa de Celso Fernández.

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Por su parte, el MEC procesó las deducciones sin contar con autorizaciones firmadas. Al ser requeridos, los responsables alegaron que los documentos “se dañaron por fenómenos climatológicos”, remitiendo a la Comisión comprobantes por apenas G. 9.000.000 para intentar justificar el cobro de casi G. 60 millones.

A pesar de haber cobrado más de diez veces el capital original, el esquema persistió. En julio de 2023, la docente fue reportada como morosa ante la firma Equifax por una supuesta operación de G. 10.000.000, fechada en noviembre de 2022. La denuncia subraya que dicha deuda es inexistente y que la empresa no ha podido acreditar su origen ni ante el Senado ni ante el MEC.

La incorporación de Liseras se produce en un contexto político marcado por tensiones y cuestionamientos en torno al pedido de permiso de Rivas, que fue calificado como inconstitucional por algunos sectores.

El movimiento que permitió la llegada de Liseras al Senado fue la renuncia del senador suplente Julio Borba, quien presentó formalmente su dimisión ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González.

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En la nota, Borba argumentó que su decisión responde a “razones estrictamente particulares” y solicitó la aceptación de su renuncia al cargo obtenido tras las elecciones generales de 2023.

El ahora exsenador suplente fundamentó su presentación en el artículo 273 de la Constitución Nacional, que establece que la Justicia Electoral es la autoridad competente en todo lo relacionado con los títulos y derechos de los electos.

La renuncia de Borba se produjo en un momento clave, ya que debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas una vez aprobado su permiso.

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Sin embargo, su salida abrió el camino para que Carlos Liseras ocupara la banca, lo que desde el cartismo es interpretado como el reaseguro de un voto más dentro del bloque oficialista.

El caso de Rivas generó controversia debido a que su pedido de permiso fue cuestionado por su supuesta inconstitucionalidad, generando debate tanto dentro como fuera del Senado.

La decisión de Alliana de aceptar la postulación responde, por un lado, a disipar cualquier duda sobre su precandidatura, ya impuesta por el propio Cartes en una asamblea del movimiento Honor Colorado. Y por el otro, para descartar otros nombres que se venían barajando y que pretendían tener la nominación para entrar en la puja.

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Otro elemento no menor fueron las criticas frontales que realizaron varios referentes de peso en el cartismo contra la administración de Santiago Peña, entre ellos el embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, y el expresidente de la república, Nicanor Duarte Frutos.

Sin embargo, contra todo pronóstico el anuncio de Alliana no disminuyó el tenso ambiente político dentro del movimiento Honor Colorado; al contrario, abrió otra nueva línea de discusión que también generó ronchas internas, y dejó al descubierto las ambiciones de varios políticos de peso en el oficialismo.

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Varios candidatos

Ante el anuncio de Alliana, inmediatamente se anotaron para secundarlo en la chapa el gobernador del Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa con el respaldo de todos los Gobernadores colorados.

Alliana adelantó que prefiere un compañero de chapa con perfil técnico. Alabó el perfil del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Dijo que es “un lujo” y le calificó de “maravilloso”.

A la lista se suman los del Ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, bastante cuestionado por el caso de Javier “Chaqueñito” Vera y la vivienda que le adjudicó. En el caso de los diputados colorados oficialistas, también están con la intención de postular al titular de la cámara baja Raúl Latorre.

Los senadores oficialistas, por su parte, adelantaron que plantearían el nombre de uno de sus pares para poner consideración de los líderes del movimiento.

Ante todo este escenario de disputas, y para evitar mayores fisuras en el movimiento es que el vicepresidente Pedro Alliana, salió al paso y estaría anunciando el nombre de quien lo acompañaría en la puja interna por la chapa presidencial de la ANR, antes del fin de semana.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó los términos impuestos por los acreedores municipales como “absolutamente leoninos e inaceptables” para las arcas municipales. Señaló que los acreedores buscan liquidar intereses sobre intereses, una maniobra que considera abusiva.

En conversación con ABC, antes del inicio de la sesión ordinaria de la Junta Municipal, este miércoles, explicó que los intereses nominales originales ya contemplaban implícitamente el riesgo de que ocurriera un impago. Por ello, aplicar cargos adicionales sobre montos ya vencidos resulta una carga excesiva para la ciudad.

Blasco advirtió que la pretensión de diferir los pagos de 2026 para acumularlos en 2027 es financieramente inviable. Según el análisis del balance municipal, no existe margen para honrar las obligaciones de dos ejercicios en uno solo. Esta acumulación de deuda provocaría “una nueva cesación de pago y nuevos reclamos” legales contra la comuna.

Asunción: intención inmoral

El concejal Blasco calificó como una “inmoralidad” que la actual administración, próxima a salir, comprometa el futuro del gobierno entrante. Su postura es que la gestión de Bello debe limitarse a cumplir los compromisos del ejercicio actual según contrato. De este modo, las autoridades electas en octubre podrán sentarse a negociar “conforme a lo que encuentren”. Para el edil opositor es fundamental no dejar un “clavo” financiero a quienes asuman la responsabilidad del mando municipal.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en calificar la intención del cobro de intereses sobre intereses es “totalmente ilegal” según el marco vigente. Dijo que es una “locura” que los bonistas pretendan este beneficio adicional mientras la ciudad ya paga tasas altísimas. Resaltó que actualmente se abona un 17% de interés, cifra muy superior al 7% que paga el Estado. Para el edil, estos términos significan que los acreedores están “desangrando” económicamente a la ciudadanía.

Grau afirmó categóricamente que la Municipalidad de Asunción se encuentra hoy sumida en una “quiebra financiera” irreversible. Criticó que se haya eliminado del presupuesto la cuenta de “saldo de bonos”, ocultando información vital. Esta maniobra borra el rastro de los G. 500.000 millones que “desaparecieron” durante la gestión anterior. Según el concejal, esto evita que la Junta Municipal realice las auditorías anuales correspondientes.

Para Grau, la prioridad absoluta de la Junta debe ser “proteger la vida de los asuncenos” y las obras. Aseguró que es urgente pagar a los proveedores para evitar que las infraestructuras queden paralizadas indefinidamente. Recordó los riesgos mortales ante fenómenos climáticos, como los raudales que ya han cobrado vidas en el país. “El vecino no puede terminar siendo más perjudicado de lo que ya ha sido”, sentenció Grau.

Autobombo de Bello

El 7 de abril, en conferencia de prensa, Bello había anunciado un “acuerdo” con los bonistas, por el que la Municipalidad pagaría G. 90.794 millones (US$ 14,1 millones) por intereses vencidos en 2025, a cambio de diferir los intereses que vencen en 2026 para marzo de 2027.

El monto a pagar incluye G. 81.271 millones (US$ 12,7 millones) por cupones vencidos del 2025, además de otros G. 9.523 millones (US$ 1,5 millones) en concepto de “costos financieros” generados. Estos montos representan intereses moratorios aplicados directamente sobre los cupones que no fueron pagados. Blasco había adelantado que la Intendencia no había presentado ningún estudio económico serio que respalde la capacidad real de la comuna para cumplir.

Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitidos por Mario Ferreiro) y los bonos G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). La suma reclamada en ese periodo por los bonistas es de G. 130.369 millones (US$ 20,4 millones).

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Nenecho, G. 20.694 millones, durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, y otros G. 79.428 millones, durante la gestión de Luis Bello.

En reemplazo del doctor Brítez asumirá el doctor Isaías Ricardo Fretes, médico cirujano especializado en coloproctología, cuyo nombre ya había saltado en 2021 como posible reemplazo de quien entonces era ministro de Salud, Julio Mazzoleni, finalmente reemplazado por Julio Borba.

El anuncio de cambio fue confirmado por Santiago Peña a través de sus redes sociales. En la publicación, el presidente de la República omitió mencionar a Jorge Brítez, indicando directamente que su gobierno da un “paso firme para fortalecer al IPS”.

Santiago Peña tiene que destituir al Consejo del IPS

Desde el IPS, indicaron a ABC que no se trató de una destitución, sino de una renuncia. Alegaron motivos de salud y pedidos familiares por parte de Brítez.

En su declaración vía redes sociales, al no mencionar a Brítez, Santiago Peña también omitió indicar directamente si se trató de una destitución. No obstante, antes de darse a conocer oficialmente el cambio en la previsional, el consejero del IPS, Víctor Infrán, dijo a ABC que Brítez asistió a la reunión en Mburuvicha Róga sin haberles mencionado una intención de renuncia.

Posteriormente, se dio a conocer el Decreto N° 5843 del Poder Ejecutivo por el cual se nombra a Isaías Ricardo Fretes Zárate como presidente del Consejo de Administración del IPS, en reemplazo de Jorge Brítez, quien presentó su renuncia. En el documento, también se da las gracias a Brítez por los servicios prestados en el seguro social.

Peña “bendijo” en múltiples ocasiones, labor de Jorge Brítez

En febrero, pese a todos los cuestionamientos, Peña había dado la “bendición” a Brítez, que entonces prometió una serie de cambios. No fue la primera vez que Peña mostró total apoyo al ahora expresidente del IPS, pese incluso a incontables manifestaciones y reclamos ciudadanos por la crisis en el seguro social.

Tras recibir la “bendición” de Peña, en febrero, para lo que más urge, que son medicamentos e insumos, Brítez había pedido a los asegurados un plazo de 4 a 8 semanas para regularizar la provisión; sin embargo, actualmente el parque sanitario del IPS carece de 152 fármacos de los 532 ítems que tiene el listado básico o vademécum.

Negligencias médicas en IPS

Además de la falta de insumos y medicinas, en el IPS se han dado graves casos de supuesta negligencia médica. El 28 de enero falleció Braulio Vázquez, que ingresó al IPS Ingavi con dolores que indicaban que podría sufrir un infarto, pero que debió esperar horas para ser asistido porque no lo consideraron como paciente grave.

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El asegurado pasó luego al Hospital Central, donde se debía realizar un cateterismo que no se le hizo, primero con el argumento de la falta de insumos y, luego, porque los equipos necesarios para el procedimiento quirúrgico no estaban disponibles. La Superintendencia de Salud, e incluso un informe de Auditoría Interna del propio IPS, confirmaron que hubo una seguidilla de graves irregularidades que llevaron al deceso del paciente. El caso se investiga, igualmente, en la Fiscalía.

Además, en los últimos días se conoció el caso de una paciente de cáncer a quien le extirparon la mama equivocada y, finalmente, debieron extraerle las dos. En este hecho también hay una denuncia de supuesta negligencia médica en la Fiscalía.

¿Quién es Isaías Ricardo Fretes?

El doctor Isaías Ricardo Fretes es un referente de la Coloproctología en Paraguay y Latinoamérica. Egresado como Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en 1983, consolidó su formación con especializaciones de alto nivel en Cirugía General en el Hospital de Clínicas, Coloproctología en el Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo (Brasil) y el Hospital Sainte Marguerite de Marsella (Francia). Además, es Magíster en Salud Pública, Administración Hospitalaria y Gestión Sanitaria.

Actualmente, se desempeña como Jefe del Departamento de Coloproctología de la Primera Cátedra de Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, donde también ejerce la docencia.

Fretes también es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología y miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología.

Con el rango de Almirante (R) Médico, fue director General de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, director del Hospital Militar Central y director de la Sanidad de la Armada Paraguaya.

Fretes es además un prolífico autor científico, habiendo contribuido con numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales.

El cartismo reunió los votos con los denominados “colorados disidentes”: Alfonso Noria, Colym Soroka, Ramón Retamozo, Carlos Núñez y Derlis Osorio.

Mientras que en la oposición el bloque oficialista tuvo los votos de los liberocartistas Édgar López y Noelia Cabrera, y el apoyo del senador José “Pakova” Ledesma.

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Meses atrás, los senadores cartistas y sus aliados ya habían cometido el mismo atropello al conceder al senador Erico Galeano un permiso hasta que su condena por lavado de dinero y asociación criminal quede firme y ejecutoriada.

La polémica por el pedido de permiso del senador Rivas desató un fuerte debate en el Senado, donde referentes de distintos sectores coincidieron en la gravedad del caso, aunque con matices en sus argumentos.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que, más allá del resultado de la votación, “hoy ganó la ciudadanía” frente al cartismo. Sostuvo que el caso evidenció una práctica de impunidad y cuestionó duramente la legitimidad del título de Rivas, calificándolo de “atrevimiento” y “vergüenza”.

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Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) aseguró que no existen condiciones constitucionales para aprobar el permiso solicitado. Argumentó que la figura solo aplica para asumir cargos en el Ejecutivo o diplomáticos, y advirtió que aceptar la solicitud implicaría avalar una irregularidad grave y eludir responsabilidades éticas.

En la misma línea, el senador Eduardo Nakayama (independiente) sostuvo que el caso deja “un aire de impunidad” que el Senado no debe cargar. Consideró que aprobar el permiso sería inconstitucional y finalmente se inclinó por su rechazo para evitar convalidar una práctica cuestionada.

El senador Rafael Filizzola (PDP) fue aún más contundente al calificar el episodio como “el escándalo más grave en la historia del Congreso”. Alertó sobre un posible “concierto criminal” detrás de la obtención del título y advirtió sobre las consecuencias legales en fallos donde Rivas participó, lo que podría derivar en demandas contra el Estado.

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Desde otra perspectiva, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, calificó el caso como un “atentado al Estado de derecho”. Denunció la existencia de una estructura que permitió el uso de títulos falsos y cuestionó la inacción de instituciones como la Corte Suprema, señalando la gravedad sistémica del problema.

El senador Ignacio Iramain (independiente) advirtió sobre un intento de “blindaje político”, remarcando que “la banca no lava ni absuelve”. Sostuvo que el Senado no debe convertirse en refugio de conductas indebidas y pidió la renuncia inmediata de Rivas.

El senador y representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mario Varela (ANR, disidente) alertó sobre un posible caos jurídico institucional, señalando que decisiones tomadas por el Jurado de Enjuiciamiento podrían ser cuestionadas.

Advirtió que jueces destituidos podrían solicitar su reincorporación, generando un efecto dominó y un caos en el sistema judicial.

Ningún senador del cartismo ni de sus aliados se animaron a defender a Rivas.

La docente clama por ayuda con sus trámites jubilatorios, debido a que una de sus hija tiene una grave enfermedad, necesita estudios y cuidado permanente. Incluso cuenta con una constancia médica que respalda que la niña requiere de atención permanente, las 24 horas.

“Lastimosamente estamos esperando todavía el expediente que debe salir del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros ya agotamos todas las instancias, estamos desesperados por esta situación. Ambos trabajamos, salimos muy temprano y regresamos ya tarde a la casa, por la noche y durante el día no tenemos cómo cuidar a nuestra hija”, lamentó el marido de la profesora, Sever del Puerto.

Los familiares expresaron que al cuadro de la hija, se suma que la docente también cuenta con un diagnóstico médico muy grave, todavía pendiente de varios estudios, entre ellos una colonoscopia.

Miles de docentes en lista de espera para jubilarse

Miles de profesores del sector público están en lista de espera para poder acceder a la jubilación; algunos tienen papeles pendientes de hace un año o más, como el grave caso de la profesora Alicia Ortiz González, quien cumple funciones en una escuela pública de San Lorenzo.

Para algunos educadores, como Ortiz, los expedientes están trabados en el Ministerio de Economía; para otros, falta la desvinculación por parte del MEC.

El pasado 8 de abril, un grupo de profesoras protestó ante la cartera educativa por la excesiva burocracia para contar con las desvinculaciones y dejar el aula luego de los años de servicio requeridos.

Alliana anunciaría antes del fin de semana a su dupla presidencial

Los mismos adelantaron su anuncio ante rumores de que Pedro Alliana podría anunciar su dupla ya este fin de semana. Uno de los nombre que corre como rumores de “preferido” es el cuestionado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

“Nosotros creemos que atendiendo que él tiene un perfil que representa un departamento del interior con una enorme trayectoria política como es Pedro Alliana, nosotros creemos oportuno anunciar que desde la bancada A y la bancada B (de la ANR) tenemos un solo candidato a vicepresidente para acompañar, que es el caso del colega compañero presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”, dijo Meza

Sobre todo Meza no se guardó sus críticas, diciendo que a diferencia de Latorre, Baruja acumula varios cuestionamientos. No obstante enfatizó que para ellos, el actual presidente de Diputados es una mejor opción por ser una figura más conciliadora y que puede aportar a la fórmula de alguien el interior (Alliana es de Ñeembucú) y alguien de Capital (Latorre).

“Creo que el actual ministro de Urbanismo (Baruja) está más golpeado que carne de milanesa. Entonces, creemos de que probablemente (Baruja) es el que menos tiene consenso entre los diputados, el gremio de gobernadores, es más fácil que podríamos acordar nosotros sobre estas dos figuras importantes.”, disparó Meza haciendo referencias al caso Chaqueñito, entre otros.

Acotó que además de que está “golpeada su imagen”, Baruja “tiene muy poca vinculación con la dirigencia, así que no me siento representado por él, muy poco hemos conversado con él, tiene una vinculación más de cúpula que con la dirigencia”.

Meza sobre todo le reprochó a Baruja, además de sus escándalos, el no lograr la unidad de Honor Colorado incluso en su departamento (Paraguarí), donde está peleado con la gobernadora cartista Norma Zárate de Monges.

Remarcó que la capacidad de consenso es una habilitada especialmente valorada para un potencial vicepresidente de la República, cuyo principal rol constitucional es el de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En ese aspecto, tanto Meza como Del Puerto creen que alguien que ha demostrado capacidad de consenso es Latorre, que lleva cuatro años consecutivos siendo electo presidente de la Cámara de Diputados.

Meza además insistió que creen que Latorre “puede ser una figura que puede entusiasmar, no solamente a los colorados, sino a los independientes, a la gente joven que ve una figura distinta, diferente desde la Capital para sumarse a un proyecto presidencial”

Del Puerto intentó suavizar el golpe a Baruja, diciendo que “es un hombre del movimiento desde la creación”, por lo que “se respeta esa figura, pero eso no quita que nosotros podamos proponer también las características de un candidato” nuestro.

Según Del Puerto, la propuesta de Latorre es acompañada por los 43 oficialistas, una forma también de remarcar que es la misma mayoría que ahora le da el manejo de la Cámara Baja al gobierno de Santiago Peña.

“El acompañamiento es por unanimidad. La bancada A y la bancada B: 43 diputados de los 17 departamentos del del país que acompañamos la figura del compañero Raúl Latorre”, dijo por su parte Del Puerto que esperan poder realizar un encuentro entre los diputados y Alliana para presentarle oficialmente su oferta y también les gustaría hacerlo ante el presidente del Partido, Horacio Cartes.

Del Puerto intentó

No estában de acuerdo con apurarar, pero...

El diputado Miguel Del Puerto señaló que incluso ellos no eran partidario de apurar la definición de la dupla al menos antes de la municipales, pero ya que todos tiraban su candidato, no quisieron quedarse atrás.

“Yo creo que no es conveniente una definición rápida. Tenemos una prioridad que son las elecciones municipales, definir eso,. Pero así como otros gremios están proponiendo ya algunos nombres, nosotros creímos conveniente también como 43 diputados todos los departamentos también proponer un nombre y encontramos en la figura de Raúl Latorre", insistió.

No obstante, Del Puerto dijo que no cree que haya pichados, ya que creen que las distintas propuestas se van “a llevar realmente a un debate amplio de análisis” y “lo que queremos es tener una dupla ganadora”, independiente al que sea electo.

Meza también se sumó en esa línea, diciendo si bien “respetan” los tiempo que considera Alliana para definir a su dupla, ellos creen conveniente esperar los resultados de la municipales, porque “no hay 2028 (elecciones presidenciales) sin 2026 (elecciones municipales).

Hace dos años que se iniciaron las obras; sin embargo, las mismas pararon en febrero. La zona está totalmente inundada, lo que hizo que sea intransitable, obligando a los pobladores a cruzar en botes, subiendo incluso sus motos a los mismos.

Esto lo hacen todos los días, desde hace una semana, incluso niños cruzan de esta manera, ya que hay una escuela en la zona a la que acuden varios estudiantes.

Las obras pararon hace varios meses, quedando a medias, lo que generó el aislamiento de los pobladores.

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Vecinos de Puerto Falcón aislados

Carolina Cáceres, vecina del lugar, lamentó que con la subida del agua las autoridades del MOPC no pudieron prever la culminación del puente.

“Hace una semana que está todo inundado, no se puede pasar al otro lado. Usamos un camino alternativo cuando se construyó el nuevo puente para que podamos cruzar, pero ahora quedó inundado”, detalló.

Contó que el agua ya llegó hasta su casa. Además, según la información que dieron a los vecinos, tenían que entregarles el puente en marzo, pero para eso tenían que darles la indemnización para que puedan salir de la zona.

“Hasta hoy en día no sabemos nada de ellos, porque hay muchas versiones, vienen siempre los fiscalizadores, pero nunca nos dan una fecha exacta. De este lado hace por lo menos cuatro meses no están trabajando, ellos trabajan hacia Chaco’i, están trabajando para hacer la calle, pero de este lado ya hace bastante que no están haciendo más nada, porque nosotros tenemos que salir del lugar para que ellos puedan trabajar”, puntualizó.

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Otra de las vecinas contó que la única forma de cruzar hacia Puerto Falcón es en canoa, perjudicando principalmente a los que tienen que ir y venir todos los días, porque el costo es de G. 10.000 por viaje en canoa.

“Es mucho y nosotros nos quedamos aislados porque el camino alternativo está bajo agua y estamos prácticamente sin trabajo”, indicó Norma.

Agregó que varias de las vecinas se dedican a vender comestibles, pero esto le perjudicó porque con la inundación y la falta de puentes se cortó la circulación de personas y ya nadie pasa por el lugar.

Agregó que la situación es difícil porque ya no venden nada y el MOPC en enero pasado dijeron que les iban a indemnizar y después ya no les dijeron más nada, ya no aparecieron y los vecinos se quedaron esperando una respuesta. La ministra nunca visitó tampoco la zona de la obra, solamente aparecieron los fiscalizadores.

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“Queremos una solución rápida, porque si vos estás enfermo, el camino es este nomás, no podemos ir por 19 porque ya es lejos, te vas a morir para irte por ahí, acá un paso nomás ya cruzamos y nos vamos. Es muy peligroso porque cualquiera se puede volcar y ahogarse”, reclamó.

El puente tiene que tener 75 metros de longitud. El MOPC hablaba de un 95% de avances de las obras en febrero de este año. Los vecinos hacen un llamado desesperado al MOPC y a la constructora a fin de ser indemnizados, ya que cuentan con los contratos firmados y de esa manera puedan salir de la zona afectada antes de que el agua avance y las casas queden totalmente inundadas.

Don Santiago Del Valle es un asegurado que se encuentra en función de trasplante renal y necesita recibir vitaminas y una hormona llamada eritropoyetina, cuyo valor en farmacias es muy elevado, según señaló. Explicó que necesita aplicarse cuatro al mes, pero solo le proveyeron de una.

Dijo que debe venir desde San Pedro del Paraná (Itapúa) hasta la capital porque la orden de su nefrólogo fue expedida en el Hospital Central, un gasto que se suma a los medicamentos que debe comprar.

“Perdemos tiempo, dinero y la gente acá se está forrando con la plata del pueblo. Hay que cortar la cabeza de este señor que lleva todo el dinero que se tiene que invertir en la medicina de la gente que necesita”, expresó.

En el caso de Lorenza Sanabria, los medicamentos que no pudo retirar son levodopa y trazodona, recetados a su marido que sufre párkinson. Se quejó que desde hace tres meses no los encuentra en la farmacia y denunció también que le negaron la entrega sin una orden, algo que no era necesario seis meses atrás.

Contó además que para conseguir cita con una neuróloga le piden estar en el centro asistencial a las 3:00 para asegurar un lugar.

“Mi marido cuántos años pagó seguro y ahora no está recibiendo su medicamento. Tiene derecho a recibir su medicamento ahora que está enfermo, para eso la gente sigue pagando, es una joda” manifestó.

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Marcelo Figueredo es un paciente que recientemente se sometió a una cirugía cardíaca y necesita recibir cuatro fármacos específicos, pero solo le dieron la mitad de ellos.

“Desastre, no hay medicamentos. Tenía que retirar cuatro medicamentos y dos nomás me dieron. Uno de ellos cuesta G. 280.000 y tengo que tomar durante un mes. Hay mucha gente que no tiene y muere porque no puede comprar”, lamentó.

Otra asegurada, que se identificó como Nancy Aveiro, comentó que no pudo retirar medicamentos para su madre. Específicamente señaló la falta de hidroxicloroquina y micofenolato y dijo que ante la necesidad los tendrá que comprar, lo cual le demandará un gasto de al menos G. 1.800.000.

“Hace tiempo ya que no hay; un mes se compra y otro mes, no. Es la única forma”, dijo.

Doña Rumilda Gavilán dijo que, si bien ella “tiene suerte” de conseguir casi siempre los medicamentos que le recetan, lamenta que para poder consultar tenga que hacer siempre el esfuerzo de madrugar y hasta formar filas siendo una persona de la tercera edad.

“Para sacar un turno tenés que venir a las 4:00 y a las 6:00 se abre la ventanilla y dos horas prácticamente tenés que esperar, pero es la única forma de asegurar lugar”, contó.

Falta hasta lo más básico

Una madre de familia contó que no encontró medicamentos para tratar una afección respiratoria que aqueja a su niño.

“La última vez no había Analer, prednisona, paracetamol, también compramos una aerocámara. Una vez inclusive no tenían los palitos para revisar la garganta y tuvimos que comprar. Muy triste realmente porque uno mensualmente está pagando su aporte y es triste que no haya medicamento especialmente para los chicos”, dijo Dahiana López.

IPS en crisis: pacientes crónicos denuncian falta de fármacos

Los acusados son los brasileños Glauber Fernández Dubái (42), Adalberto Riveiro Machado (37), Jonathan Da Silva Brum (31), Bruno Wesley Borges Amador (27) y Rhuan Da Silva Aires (24); y los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido (24), Franklin Muñoz Sossa (39), Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38), alias Paye, Ysaias Ayala (30) y Eduin Osinaga Vias (32).

Allanamiento en Alto Paraguay: diez extranjeros detenidos y una avioneta incautada

Todos los procesados fueron detenidos durante un allanamiento hecho, en forma conjunta, por el Ministerio Público, encabezado en aquella ocasión por el fiscal Andrés Arriola, y policías del Departamento Antinarcóticos de la Policía, el 23 de febrero de 2024, en la estancia “Allaite”, ubicada en la zona de Sierra León, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay-Chaco, frontera con Bolivia.

Fiscalía afirma que acusados son colaboradores de Sebastián Marset

Para los investigadores, los procesados serían operadores logísticos de la estructura criminal presuntamente liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, desactivada tras la megaoperación A Ultranza Py.

Esta decisión fue apelada por el abogado Daniel Garcete en representación de los acusados Andrés Cuellar, Franlkyn Muñoz, Jesús Muñoz e Isaías Ayala.

Báscamente, la defensa cuestiona los puntos 10, 11 y 12 de la resolución. En el punto 10 la jueza resolvió no hacer lugar al incidente de exclusión probatoria de una pericia química toxicológica y en el punto 11 no hacer lugar al incidente de nulidad de la acusación y su consecuente sobreseimiento definitivo planteado por el defensor Garcete.

El punto 12 de la resolución apelada dispuso no hacer lugar al incidente de criterio de oportunidad y expulsión al país de origen.

La defensa alegó que dicha prueba fue incorporada a la causa de manera extemporánea en contravención a los plazos procesales previstos en el Código Procesal Penal, lo cual fue descartado por la Cámara.

Votos por la inadmisibilidad

“(...) el referido dictamen pericial fue autorizado en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, a través del A.I. N° 51 de fecha 05 de junio del 2024, por lo que, al tratarse de un anticipo jurisdiccional de prueba, dicho medio probatorio ya quedó incorporado al proceso como prueba, por lo que, en consecuencia, la valoración del mismo en cuanto a la pertinencia con relación al objeto del proceso corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia en ocasión de juicio oral y público. por lo que corresponde declarar inadmisible el estudio del recurso de apelación interpuesto con relación al punto N ° 10 (...)″, señala la resolución del Tribunal.

Fiscalía acusa a 10 extranjeros que serían aliados de Sebastián Marset

Con relación al punto 11, la magistrada Silvana Luraghi advierte que la defensa se limita a cuestionar la fundamentación realizada por la jueza penal de garantías y que no explica de manera concreta cual es el error o mala aplicación de la norma procesal, por lo que la apelación con relación a este punto también fue declarada inadmisible.

Respecto al punto 12, la defensa alegó que la jueza fundamentó el rechazo de su petición de manera aparente e insuficiente, pues se ha limitado a afirmar que la figura “no resulta aplicable a los imputados, sin desarrollar un razonamiento jurídico adecuado que respalde dicha conclusión”.

Cámara ratifica que salida planteada por la defensa no se aplica al caso

Respecto al punto 12, la defensa alegó que la jueza fundamentó el rechazo de su petición de manera aparente e insuficiente, pues se ha limitado a afirmar que la figura propuesta (criterio de oportunidad) “no resulta aplicable a los imputados, sin desarrollar un razonamiento jurídico adecuado que respalde dicha conclusión”.

Luraghi afirma que la resolución está correctamente fundada y debe ser ratificada postura que, al igual que los puntos anteriores, ha sido acompañada por los demás integrantes de la sala, Claudia Criscioni y Gustavo Amarilla.

“La normativa invocada por la defensa para la viabilidad de la aplicación del criterio de oportunidad no resulta aplicable al caso concreto, ya que los hechos punibles atribuidos habrían sido cometidos dentro del territorio nacional, quedando sujetos a la jurisdicción penal paraguaya conforme a lo establecido en el art. 6 inc. 1° del Código Penal, (Hechos realizados en el territorio nacional) en concordancia con el art. 11 del mismo cuerpo legal. (Lugar del hecho)“, explica Luraghi.

Al concluir la inspección, la institución solicitó de manera urgente a la dirección del penal la clausura inmediata de las celdas de aislamiento en el pabellón de varones.

La medida responde a la falta de condiciones mínimas de habitabilidad, dignidad y seguridad. Según los comisionados, estos espacios no solo son deficientes, sino que representan un riesgo directo de vulneración de derechos humanos, incumpliendo normativas nacionales y tratados internacionales.

La Penitenciaría de Misiones alberga hoy a 1.888 personas, una cifra que refleja la persistente crisis de superpoblación, agravada por una alta proporción de internos bajo el régimen de prisión preventiva.

Población carcelaria se concentra en cinco penales y más del 60% de los presos está sin condena

Durante el operativo, el equipo técnico evaluó puntos críticos que incluyen:

• Calidad de la alimentación y acceso a salud
• Programas de educación y acceso a la justicia
• Protocolos disciplinarios y prevención de torturas o malos tratos

La delegación estuvo encabezada por el comisionado nacional Camilo Filártiga Callizo, acompañado por los comisionados Oscar Ayala Amarilla, Elba Núñez y un equipo multidisciplinario de técnicos y especialistas.

La orden de cerrar el sector de aislamiento marca un precedente inmediato ante la urgencia de garantizar condiciones de reclusión que respeten la integridad humana y refuercen la supervisión judicial en el sistema penitenciario paraguayo.

Según el documento oficial, el ministro Luis María Benítez Riera ocupará la titularidad, mientras que María Carolina Llanes Ocampos fue designada como miembro suplente.

Esta movida responde al cumplimiento de la Ley Nº 296/94, que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La normativa estipula que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones, permitiéndose la reelección por un solo período consecutivo o alternativo.

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El fin del mandato de Jiménez Rolón

Con el juramento de Benítez Riera hoy ante el Senado, se deja sin efecto la representación anterior. En aquel entonces, los representantes eran Eugenio Jiménez Rolón (titular) y Gustavo Santander Dans (suplente).

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El acta de la sesión plenaria revela que la decisión fue tomada por unanimidad con la presencia de los ministros César Manuel Diesel Junghanns, María Carolina Llanes Ocampos, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Joaquín Martínez Simón, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Enrique Santander Dans.

Tanto la oposición como algunos referentes de la disidencia del Partido Colorado han expresado su rechazo al pedido de permiso y legisladores opositores se han manifestado confiados en que tienen los votos suficientes para rechazarlo.

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En conversación con ABC Cardinal este miércoles, antes del inicio de la sesión de la Cámara Alta, el senador opositor independiente Eduardo Nakayama reiteró la postura de la oposición de que el permiso solicitado por Rivas es inconstitucional debido a que la Constitución Nacional solo prevé el otorgamiento de permisos parlamentarios para legisladores que sean designados para integrar el cuerpo diplomático de la República.

Rivas “se tiene que ir”

El senador Nakayama argumentó que lo que corresponde en el caso del senador Rivas es la pérdida de investidura, pero señaló que difícilmente puedan reunirse los 30 votos necesarios para expulsar al parlamentario colorado del Senado, teniendo en cuenta que aprobar una pérdida de investidura en la Cámara Alta –donde el cartismo tiene mayoría- requiere una mayoría calificada de dos tercios.

En contraste, rechazar el permiso solicitado por Rivas solo requiere una mayoría simple de la mitad de los parlamentarios presentes en la sesión, algo factible si los senadores opositores y los colorados disidentes unen fuerzas.

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“La gente está harta de Hernán Rivas, se tiene que ir”, subrayó el senador Nakayama.

Opositores analizaron no presentarse

El parlamentario comentó que un grupo mayoritario de senadores de la oposición analizó la posibilidad de abstenerse de la sesión de hoy para no darle quorum, pero finalmente se decidió que la bancada opositora participaría, teniendo en cuenta que el cartismo aún podía aprobar el permiso si se reunía el quorum mínimo de 23 legisladores presentes.

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El senador Hernán Rivas es investigado por denuncias que afirman que nunca cursó la carrera de Derecho y que se valió de un título universitario de contenido falso, de una universidad privada, para conseguir ser designado como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de evaluar el desempeño de jueces.

El último informe de Comercio Exterior de Capeco muestra que, al cierre del tercer mes del año, Paraguay exportó 3.026.075 toneladas de soja en grano, que representa una variación positiva de 814.315 toneladas (37 %), en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron 2.211.760 toneladas.

Este volumen generó un ingreso de divisas de US$ 1.156 millones, es decir, un incremento de US$ 342 millones respecto al mismo periodo del año pasado, que fue de US$ 813 millones.

Productos procesados aumentaron

En lo que respecta al aumento de aceites y pellets, la asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, detalló que se debió al mayor volumen de soja disponible para procesamiento, producto de la muy buena campaña agrícola 2025/2026.

Febrero reactiva exportaciones de soja y mejora las perspectivas del sector

Así, hasta marzo fueron embarcadas 133.552 toneladas de aceite de soja (19.746 toneladas más) y 459.191 toneladas de harina (100.727 toneladas más). Los envíos de estos derivados generaron US$ 38,9 millones y US$ 28,1 millones, respectivamente.

Envíos totales suman US$ 1.440 millones

En total, las exportaciones del complejo sojero permitieron un ingreso de divisas de US$ 1.440 millones, frente a los US$ 1.031 millones generados hasta marzo de 2025. Este aumento se explica por el mayor volumen exportado y la mejora en los precios internacionales, explicó Tomassone.

Argentina el principal mercado

En cuanto a los mercados, el 80 % de los envíos tuvo como destino la Argentina, el 10 % a Brasil y el 10 % restante a Arabia Saudita, Estados Unidos, Uruguay y Chile.

Top 10 de empresas

En lo que refiere a las empresas exportadoras, en el boletín del gremio se comprueba que la compañía Bunge tiene una participación del 18 % en los envíos, seguido por Cargill con 16 %, Copagra 10 % y ADM 9 %.

Finaliza la cosecha de soja en la región Oriental y Paraguay se encamina a un nuevo récord histórico

Además la firma Cofco, 7 %; Francisco Vierci y Agrofértil, 6 %. Le sigue la multinacional LDC con 5 % de incidencia en las colocaciones del rubro, la Cooperativa Colonias Unidas con el 3 % y C. Vale,2 %

La información fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, tras la firma del contrato bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), que se constituye en la segunda obra adjudicada bajo este esquema, luego de la duplicación de la ruta PY02.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, representada por Paul Emile Sarubbi Corina.

Duplicación de la ruta PY01: lo que hay que saber del proyecto tras la firma del contrato

Operación del peaje desde el 5 de abril: Por ahora tarifas no tendrán variaciones

La coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, Rocío Calmejane, explicó que “el 5 de enero de 2026 fue suscrito el contrato de Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, desde esa fecha la operación transitoria se encuentra a cargo del consorcio adjudicado”.

En ese contexto, añadió que “a partir del 5 de abril de 2026 la estación de peaje de Itá es operada por el citado consorcio”.

No obstante, aclaró que el rol del consorcio es exclusivamente operativo. “El rol que cumple el consorcio adjudicado en la estación de peaje es de gestión operativa, lo que implica que la recaudación íntegramente es depositada en un fideicomiso administrado por el MEF y supervisado por el MOPC, de acuerdo con lo previsto en el contrato”, detalló.

Justamente, las recaudaciones serán depositadas en un fideicomiso que se creará exclusivamente para esta obra, donde también se canalizarán los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales con la contratista.

Ruta PY01: Consorcio tiene hasta 2027 para conseguir financiación

Asimismo, la funcionaria resaltó que este cambio no implica variaciones para los usuarios. “Es importante enfatizar que esta operación no implica ningún reajuste en la tarifa del peaje, manteniéndose el mismo valor vigente hasta la fecha”, aseguró.

En cuanto a la infraestructura, el contrato contempla mejoras en el puesto actual y la construcción de uno nuevo. “El contrato prevé la construcción de un nuevo y moderno puesto de peaje el cual reemplazará al existente; hasta tanto, el puesto actual fue mejorado mediante la incorporación de nuevos equipos en el marco de la etapa de operación transitoria”, indicó.

Trabajos en marcha mientras se espera el financiamiento

El proyecto de la ruta PY01 contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 428 millones. El consorcio adjudicado deberá gestionar el financiamiento en el mercado nacional e internacional, para lo cual dispone de un plazo de 17 meses. Además, el contrato incluye el mantenimiento de la vía durante los 30 años de concesión.

Mientras avanza ese proceso, el contrato establece una serie de tareas obligatorias. “Desde la firma del contrato (05/01/26) la SOE debe avanzar en las actividades preparatorias necesarias para el desarrollo del proyecto. Esto incluye el desarrollo de la ingeniería y diseño, la elaboración y tramitación de estudios ambientales y sociales, la obtención de la licencia ambiental, la gestión de permisos y la ejecución de procesos como la liberación de la franja de dominio, que abarca censos, catastro y relacionamiento con las comunidades afectadas”, explicó Calmejane.

Continúan las obras “urgentes” en la ruta PY01, mientras se aguarda su duplicación vía APP

Aseguró que “estas actividades se encuentran en plena ejecución”.

En paralelo, la empresa ya ejecuta tareas sobre la infraestructura existente. “El contrato contempla una fase de operación transitoria sobre la infraestructura existente, la cual se encuentra en plena ejecución desde el 05/01/26”, señaló.

Entre los trabajos que se realizan actualmente se incluyen bacheos, mantenimiento y reposición de señalización, limpieza de la franja de dominio, así como la conservación de condiciones mínimas de seguridad.

También se ejecutan servicios de asistencia a usuarios, como atención de incidentes y accidentes, provisión de grúas, balizamiento, atención de emergencias con ambulancias y recorridos preventivos permanentes mediante móviles de patrulla.

Finalmente, la funcionaria precisó que algunas obras deben iniciarse antes del cierre financiero. “El contrato establece que los tramos 1.1 y 1.3 se iniciarán antes del cierre financiero (agosto y diciembre de 2026, respectivamente), siempre que cuenten con las aprobaciones técnicas, ambientales y de liberación de franja exigidas”, concluyó.

El recurso fue planteado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, encargadas de la causa penal que afronta el parlamentario colorado que integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado; por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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En atención al pedido de informe realizado por la máxima instancia judicial, este miércoles el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la presente causa penal, remitió a la Sala Penal los autos principales del caso; incluyendo el Auto Interlocutorio N° 850 del 10 de octubre de 2025, por el cual declaró la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó a juicio oral la causa solo por el uso de documentos públicos de contenido falso.

Con esto el máximo tribunal inicia el análisis de los argumentos esgrimidos por las agentes del Ministerio Público, en el recurso extraordinario de casación; para resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía y retrotrae el proceso al estadio de audiencia preliminar.

MP pide anular sobreseimiento de Rivas

Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, encargadas de la investigación al senador colorado Hernán David Rivas Román, piden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anule el Auto Interlocutorio (A.I) N° 850 de fecha 10 de octubre de 2025, dictado por el juez de Garantías Miguel Palacios; el A.I N° 102 y el A.I N° 107, ambos del 30 de marzo de 2026, dictados por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro (jubilado desde el 1 de abril).

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Respecto a la resolución adoptada en la audiencia preliminar por el juez Miguel Palacios, las agentes del Ministerio Público califican como “arbitraria” la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, con el argumento que el magistrado incurrió en un error de razonamiento respecto a las porciones fácticas detalladas en la acusación.

En ese sentido Sánchez y Guerrero señalan en el recurso extraordinario de casación que la acusación se basa en estos hechos: la designación de Hernán Rivas como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 3 de junio de 2020, la obtención de la matrícula de abogado, expedida por la Corte, en fecha 7 de junio de 2021; y la designación de Rivas como representante del Senado ante el JEM, el 6 de julio de 2023.

Sin embargo, para declarar operada la prescripción el juez de Garantías Miguel Palacios tomó como porción fáctica la expedición del certificado de estudios de Hernán Rivas, por parte de la Universidad Sudamericana, en fecha 12 de mayo de 2018; y el título de abogado expedido por dicha institución, a favor de Rivas, el 9 de junio de 2020.

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Error de camaristas a favor de Hernán Rivas, según fiscalas

En cuanto a las resoluciones del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, las agentes del Ministerio Público resaltan en el escrito de casación que, para confirmar la resolución del juez Miguel Palacios sobre la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, por unanimidad los camaristas José A. Fernández, Bibiana Benítez Faria y Delio Vera tomaron como porción fáctica el registro del título de abogado de Rivas ante el MEC, en fecha 9 de junio de 2020.

“El órgano revisor de segundo grado analizó porciones fácticas inexistentes en la hipótesis fiscal que en ningún momento fueron objetos del presente procedimiento penal, ni atribuidos en la acusación fiscal al procesado Hernán David Rivas Román”, remarcan las fiscalas en el recurso presentado este martes 14 de marzo ante Sala Penal.

Sobre este punto agregan que con una interpretación “arbitraria y extensiva” los camaristas rompieron la unidad lógica del proceso, incurrieron en una arbitrariedad fáctica al realizar un análisis incompleto, confundieron los hechos acusados por el Ministerio Público con elementos de prueba presentados por la Fiscalía; y se apartaron de manera injustificada de las constancias obrantes en el expediente.

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Las agentes fiscales encargadas de la investigación advierten, en ese sentido, que al momento de conceder la prescripción en base a un relato no atribuido al senador Hernán Rivas, el tribunal de alzada desnaturaliza el alcance de los hechos debidamente establecidos por el Ministerio Público como objeto de la acusación.

Uso del documento falso no está sujeto a la producción

En cuanto al sobreseimiento definitivo del parlamentario colorado, resuelto por Auto Interlocutorio N° 107 del 30 de marzo de 2026, con el voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, la fiscalía señala en el escrito de casación que los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso son tipos penales de carácter autónomo.

En este punto el voto de la camarista Bibiana Benítez Faría indica que “se presenta un dilema de carácter estructural en la construcción del tipo penal del Art. 252 del Código Penal -uso de documento público de contenido falso- pues el tipo objetivo exige necesariamente que el documento público utilizado sea “falso”, es decir, la falsedad del documento constituye un elemento ineludible del tipo penal y no un aspecto meramente accesorio o externo”, según el A.I. N° 107.

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En su voto la magistrada agregó que es en este punto donde radica la dificultad central del caso, ya que a criterio de Benítez Faría, si la producción del documento presuntamente falso ha sido declarada prescripta, ya resulta material y jurídicamente imposible reconstruir penalmente su origen. A dicho argumento de adhirió el magistrado Delio Vera Navarro.

Sobre dichos argumentos el Ministerio Público indica que existe una interpretación arbitraria por parte de los camaristas, en atención a que niegan la autonomía del tipo penal de uso de documentos públicos de contenido falso (Art. 252 del Código Penal) y condicionan la persecución punible del uso del documento a un resultado precedente de comprobación judicial de la existencia de la producción mediata.

Anuncian protestas por retraso en inicio de asfaltado del tramo Quyquyhó–María Antonia

El legislador explicó que, pese al tiempo transcurrido desde la adjudicación, los trabajos han progresado con lentitud, por lo que considera indispensable que el MOPC adopte con celeridad las medidas necesarias para garantizar la finalización de la obra.

Subrayó que esto permitirá asegurar la integración vial efectiva y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

La obra demandará una inversión de G. 88.160.062.554, financiada con recursos del presupuesto del MOPC. El distrito de María Antonia se encuentra a unos 198 kilómetros de Asunción, en el IX departamento. La concreción del proyecto facilitará el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y las actividades productivas, beneficiando no solo a la comunidad local, sino también a toda la región.

Tramo Quyquyhó–María Antonia: obra adjudicada sigue sin iniciar y el camino está intransitable

Según detalla el proyecto, mediante la Resolución N° 2187/2024 del MOPC, de fecha 28 de noviembre de 2024, se adjudicó la ejecución del asfaltado, correspondiente al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024.

El plazo de ejecución establecido es de 24 meses. El contrato fue suscrito por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el representante del Consorcio Santa Lucía, integrado por las firmas Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A., representadas por el ingeniero Edgar Ahrens.

Esta infraestructura del tramo María Antonia–Quyquyhó forma parte del programa de conectividad rural del Gobierno y busca reemplazar un camino de tierra, históricamente intransitable en días de lluvia, por una ruta asfaltada que permita la conexión permanente de María Antonia con la red vial departamental.

Una de las afectadas presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió descubrir que no era la única afectada, sino que varias adolescentes habrían sido víctimas.

La investigación preliminar reveló que el docente también ejercía maltrato verbal hacia el curso, utilizando vocabulario y gestos inapropiados para el ámbito educativo.

Fiscalía investiga supuesto hecho de abuso sexual contra menor en San Ignacio

La directora departamental de Educación, Feliza López, informó que se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención al Ministerio Público para una investigación exhaustiva. “El profesor ya fue apartado del cargo mientras dure el proceso”, aseguró.

“Los alumnos manifestaron haber recibido maltrato, con palabras y gestos no adecuados. Se siguieron todos los pasos: entrevistas con los estudiantes y el docente, y luego se informó a la Fiscalía y al Ministerio de Educación y Ciencias”, explicó Lopez.

Los hechos involucran a estudiantes del nivel medio de un colegio de la ciudad. Las jóvenes que denunciaron el acoso sexual tienen entre 15 y 16 años de edad.

“Si es que no nos responden tenemos que volver a insistir. Este acuerdo no pasó por el Congreso y desconocemos el contenido del acuerdo”, indicó el diputado Cleto Giménez, presidente de la Comisión de Migración y Desarrollo.

Seguidamente, remarcó que esto es preocupante porque no tienen conocimiento de ese acuerdo y lo que que solicitan es que se les explique el contenido del mismo.

“Todos, inclusive la ciudadanía, necesitan saber qué dice ese acuerdo”, finalizó el legislador.

Extranjeros rechazados por Estados Unidos pueden pedir refugio en Paraguay

El acuerdo

Paraguay y Estados Unidos implementaron un nuevo acuerdo migratorio que posiciona a Paraguay como un punto clave en la gestión de flujos migratorios del hemisferio.

Este convenio, que se ha desarrollado en varias fases desde 2025, se centra en los siguientes puntos:

• Recepción de migrantes no admitidos: Paraguay ha aceptado recibir a grupos de migrantes que no fueron admitidos por Estados Unidos. Se reporta que el primer grupo de 25 personas llegará este jueves 23 de abril de 2026.
• Repatriación y tránsito: El país funcionará como un centro de tránsito para facilitar la repatriación de estos migrantes a sus países de origen o a un tercer país, colaborando con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU.
• Trámite de asilo (“tercer país seguro”): Bajo este acuerdo, Paraguay permite que solicitantes de asilo que están actualmente en EE.UU. puedan tramitar sus pedidos de protección internacional desde territorio paraguayo, compartiendo así la gestión de la inmigración ilegal.
• Costo cero para el Estado: El Gobierno paraguayo ha indicado que este proceso no representará un costo económico para el país, ya que la logística cuenta con el apoyo de la administración estadounidense.

Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo con Paraguay

Este memorando de entendimiento amplía una cooperación ya existente firmada en agosto de 2025 entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) y las autoridades de EE.UU. para fortalecer la seguridad regional

Los desconocidos exigieron en todo momento a la propietaria, Carmen Patricia Galeano (29), la entrega del dinero rapiñado tras el siniestro aéreo. Sin embargo, al no encontrar lo buscado, se retiraron rápidamente del lugar a bordo de un vehículo Toyota Premio, color plata. La víctima formalizó la denuncia ante la Policía Nacional y el hecho fue comunicado al Ministerio Público.

A estos episodios se suman denuncias en redes sociales de presuntos procedimientos irregulares por parte de policías cuando la comitiva fiscal-policial aún estaba en pleno procedimiento.

Ese día, una vecina identificada como Inmaculada Duarte, quien participó en el rescate de los heridos, manifestó que los agentes policiales ingresaron de manera violenta a su vivienda y que, además, le habrían propuesto repartirse el botín. En otros casos, los policías abandonaron las viviendas ajenas tras ser filmados por los vecinos.

El accidente

El accidente aéreo ocurrió el sábado pasado, cuando una avioneta que transportaba aproximadamente 5 millones de dólares cayó en el asentamiento San Isidro, en el kilómetro 26 de Minga Guazú, en las inmediaciones del aeropuerto Guaraní. Tras el accidente, una multitud de vecinos, rescatistas y agentes policiales llegó al sitio, momento en el que se produjo el saqueo de parte del dinero esparcido en el lugar, que oscilaría entre 1,5 a US$ 2 millones.

Operativo oficial

En el marco de la investigación, el Comando Tripartito de la Policía Nacional realizó ayer cinco allanamientos en viviendas de la zona, pero no hallaron el dinero buscado. Sin embargo, aseguran que accedieron a datos que podrían vincular a algunos vecinos con la desaparición del dinero.

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La falta de trabajos de levantamiento de terraplén y la no colocación de sistemas de desagüe posibilitaron que, en menos de 24 horas tras la llegada de este diluvio, los caminos quedaran convertidos en verdaderos riachos. Las aguas también se desbordaron sobre los campos ganaderos, afectando la producción animal.

Las lluvias registradas a inicios de esta semana se concentraron en las mismas zonas ya inundadas del departamento de Alto Paraguay. Hasta la fecha, se reporta un acumulado superior a los 500 mm de agua en esos sectores, lo que provoca que la inundación se extienda a más kilómetros de caminos y campos ganaderos.

Doña Blanca de Ayala, cuya estancia se encuentra en esta franja de intensas precipitaciones, señaló que la situación se volvió incontrolable. “No tenemos piso seco en la casa, ni siquiera para poder cocinar”, expresó la mujer, quien comentó que tuvo que cabalgar durante tres días para salir del lugar y llegar hasta la localidad de Puerto Guaraní (a unos 150 kilómetros), de donde es oriunda, en busca de asistencia sanitaria.

Posteriormente, fue trasladada hasta la ciudad de Concepción para recibir una mejor atención médica debido a una dolencia de salud. La pobladora afirmó que es impresionante la gran cantidad de agua acumulada en la zona, señalando que no existen lugares secos para resguardar al ganado, por lo que las pérdidas económicas podrían ser inimaginables.

Otros establecimientos ganaderos, también afectados por la inundación, buscan sectores más altos dentro de sus propiedades, en potreros libres de agua, donde trasladan a los vacunos con el objetivo de evitar mayores pérdidas en la producción animal.

Camino alternativo

Atendiendo a que las aguas de lluvia inundaron el camino público para salir o llegar a las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, y considerando que las precipitaciones no fueron tan intensas en estos distritos, existen caminos privados alternativos que permiten intentar una salida hacia un tramo de la Ruta Bioceánica, ya en el departamento de Boquerón. Sin embargo, persisten múltiples trabas para el uso de estos trayectos, que se encuentran custodiados por guardias privados.

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Estos caminos atraviesan propiedades privadas pertenecientes a empresas ganaderas, cuyos propietarios se encargan de mantenerlos transitables. Por este motivo, existen varios portones con llave, vigilados por personal contratado por los productores.

Para circular por estos tramos es necesario contar con la autorización de los encargados, ya que no se trata de caminos públicos. Esta situación genera conflictos con algunos conductores, a quienes se les niega el paso debido, en muchos casos, a actitudes prepotentes.

Cabe recordar que en 2025, durante el aislamiento que se extendió por más de 100 días, fueron los mismos ganaderos quienes contribuyeron a sostener el reabastecimiento de mercaderías para las comunidades, mediante el uso de estos caminos. No obstante, dichas vías quedaron seriamente deterioradas y nuevamente los productores, sin apoyo estatal, asumieron su reparación.

La decisión fue tomada por la DNCP mediante la Resolución 1006/26, dictada el pasado 10 de abril de 2026, tras una protesta promovida por la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.).

El conflicto se inició en marzo, cuando la empresa recurrente impugnó el pliego argumentando irregularidades en las especificaciones técnicas, la experiencia requerida y la capacidad financiera exigida a los oferentes. Ante esto, la DNCP ordenó inicialmente la suspensión del llamado mediante la Resolución 652/26, lo que impidió que la apertura de ofertas —prevista originalmente para el 13 de marzo y luego reprogramada para el 31 de marzo— pudiera concretarse.

Finalmente, la autoridad de control decidió hacer lugar parcialmente a la protesta, obligando a la ANDE a introducir modificaciones en el PBC antes de continuar con el proceso. Esta resolución mantiene la suspensión del llamado hasta que la empresa estatal publique la adenda correspondiente con los cambios ordenados, asegurando la transparencia y la libre competencia en el proceso de arrendamiento de infraestructura eléctrica.

DNCP frena y obliga a corregir cuatro licitaciones millonarias de ANDE por más de US$ 300 millones

Freno de Contrataciones Públicas

El proyecto se estructura bajo la modalidad de leasing operativo, una figura financiera que permite a la ANDE utilizar la infraestructura mediante el pago de cuotas periódicas.

Según el PBC, el contrato contempla 144 cuotas mensuales de un monto estimado de US$ 264.844, sumando un total de US$ 38.137.536 solo en concepto de alquiler. Además, se prevé un valor residual de US$ 2.500.000 al finalizar el periodo, lo que completa el monto total de la inversión prevista.

La directora de Contrataciones Públicas de la ANDE, Liliana Ortiz, confirmó que el proceso se encuentra en una etapa de readecuación técnica tras el fallo de la DNCP. “Se levantó la protesta y ahora se está tramitando la adenda de nueva fecha de apertura. Apenas se publique en el portal estará la nueva fecha, o sea, no se realizó aún la apertura de las ofertas”, señaló la funcionaria.

El centro de la controversia radicó en las barreras de entrada que, según la protestante, limitaban la participación de empresas locales.

ANDE: anunciadas licitaciones por leasing operativo tienen problemas

Si bien la DNCP rechazó algunos puntos de la impugnación por falta de pruebas contundentes sobre supuestos direccionamientos, reconoció que ciertos aspectos del pliego debían ser corregidos para ajustarse a la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Detalles de la inversión millonaria de ANDE

La futura Subestación Autódromo de 220 kV es considerada una obra estratégica para el refuerzo del sistema eléctrico en la zona metropolitana. El pliego modificado deberá ser cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en los próximos días. El lugar de apertura de ofertas se mantiene en el Salón Auditorio de la sede central de la ANDE, sobre la avenida España, una vez que se oficialice el nuevo cronograma.

Los US$ 40 millones en juego generan una fuerte expectativa en el sector de la construcción electromecánica. Cabe destacar que la visita técnica obligatoria ya se cumplió el pasado 5 de marzo, donde varias empresas interesadas pudieron verificar el sitio de las obras.

Sin embargo, la resolución de la DNCP obliga a que cualquier cambio en las especificaciones sea comunicado equitativamente a todos los potenciales oferentes para garantizar la igualdad de condiciones.

Por ahora, el tablero de la DNCP marca que la Licitación Pública Nacional Lp1841-25 sigue en estado de “suspensión por protesta”, a la espera de que la ANDE cumpla con lo ordenado en la resolución del Dr. Agustín Encina Pérez, titular de la Dirección Nacional.

Precisó que, hasta anoche, tenían asegurados 10 votos de colorados disidentes. “Hasta ayer, con la disidencia colorada y la bancada democrática, teníamos más de 23 votos”, dijo.

Mientras tanto, desde el sector cartista se asegura que cuentan con los votos para beneficiar a Rivas. La definición sobre el permiso del legislador se dará hoy, en una sesión del Senado que está marcada por la presión política y el creciente reclamo ciudadano contra la impunidad.

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Temor a fugas, pero con mayor presión ciudadana

No obstante, advirtió sobre el riesgo de una eventual “fuga” de votos, aunque destacó que los legisladores están “más conscientes” del reclamo ciudadano contra el abuso de poder.

“Basta, ya estamos hartos de este abuso de poder, que se vaya Hernán Rivas a su casa”, dijo.

Martínez no descartó que el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), esté operando para sostener a Rivas.

“Ayer a la tarde, después de nuestra reunión de la bancada democrática, teníamos más de 23 votos y hoy vamos a comprobar o no. De todas maneras, cada uno es responsable de su posición”, expresó.

Renuncia o expulsión, las opciones sobre la mesa

La senadora remarcó que la postura de la oposición es clara: “Permiso no, renuncia”.

En caso de que Rivas se niegue a dimitir, señaló que el cartismo deberá aportar los votos necesarios para avanzar en la pérdida de investidura.

“No tiene salida. Renuncia o vemos los votos para la pérdida de investidura”, mencionó.

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Indicó que se requieren 30 votos para concretar la expulsión del legislador de la Cámara Alta y advirtió que, si no prospera ninguna de las dos vías, la oposición insistirá en instalar el tema en cada sesión.

El presidente del Conare, Carlos Vera, informó que se espera la llegada de hasta 25 personas por mes. Las mismas serán sometidas a los procesos migratorios habituales y se gestionará el regreso a sus países de origen o el otorgamiento del estatus de refugiadas a las que son objeto de algún tipo de persecución en sus países.

Hasta el momento se desconocen las nacionalidades de los migrantes que llegarían mañana desde Estados Unidos.

Convenio “absolutamente irregular”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) volvió a cuestionar la validez del convenio migratorio firmado por el Gobierno paraguayo con Washington y señaló que esa firma se dio sin que el asunto sea puesto a consideración del Conare o remitido al Congreso Nacional para el acuerdo constitucional correspondiente.

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Subrayó que el convenio es “absolutamente irregular” y la decisión de firmarlo se tomó “fuera de la instancia correspondiente”, con el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicándose la representación del Conare.

El senador Filizzola señaló esa situación al presentar su renuncia al Conare, que integraba como representante del Senado.

¿Quiénes vendrán a Paraguay?

El legislador opositor señaló que, históricamente, Paraguay ha sido un país “generoso” y “muy amigable con el refugio”, y manifestó que en lo personal está “a favor del refugio y del asilo, toda vez que se ajuste al derecho internacional”.

Sin embargo, señaló que la poca transparencia con la que se está manejando el asunto del desvío de migrantes de Estados Unidos a Paraguay genera incertidumbre sobre el tipo de personas que Paraguay podría estar acogiendo a pedido de Washington.

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“Son personas que para Estados Unidos no califican para la condición de refugiados”, indicó y recordó que el otorgamiento del estatus de refugiado se rige por parámetros internacionales. “Si no califican para Estados Unidos, ¿por qué calificarían para Paraguay?”, cuestionó.

Gobierno paraguayo “subordinado”

El senador Filizzola opinó que, al suscribir el convenio, el Gobierno paraguayo está subordinándose a una política migratoria “totalmente ajena” a la suya, como es la del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Finalmente, el legislador se hizo eco de otras voces de la oposición que han afirmado que la firma del convenio y la aceptación de parte de Paraguay de migrantes rechazados por Estados Unidos es un “pago de favores” a Washington de parte del gobierno del presidente Santiago Peña.

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“Eso es lo triste, que un país como el nuestro tenga que pagar favores para personas particulares”, dijo.

Específicamente, actores de la oposición han especulado que se trata de una medida tomada por el gobierno paraguayo para favorecer al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien el gobierno de Trump levantó el año pasado sanciones que el anterior gobierno estadounidense le había impuesto tras acusarlo de supuestos hechos de corrupción.

En el año 2026, por la nueva Ley N° 7544, se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de instituir hasta tres feriados adicionales por año. Además, fue creado un nuevo feriado, el del 20 de junio por el Día de la Constitución Nacional.

El año 2026 arrancó con un feriado inamovible, el jueves 1 de enero, que es feriado nacional fijo.

El mes de febrero, el más corto del año, no tiene ningún feriado, y como el año no es bisiesto, cuenta con solo 28 días.

Feriados en marzo y abril

Marzo también arrancó con un día de conmemoración, que cayó domingo, pero gracias a un decreto el feriado por el Día de los Héroes, fue trasladado del domingo 1 de marzo al lunes 2 de marzo. Se creó así el primer “finde largo” del año, perfecto para un break postvacaciones y presemana santa.

El 1 de marzo se conmemora el Día de los Héroes, en homenaje a la valentía y sacrificio de los héroes y mártires que lucharon por la independencia y libertad de Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza, entre ellos el Mariscal Francisco Solano López, quien fue ejecutado por el ejército brasileño el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá.

Semana Santa en abril

Ya se celebraron los únicos dos feriados previstos para el pes de abril, gracias a la Semana Santa: el jueves 2 y el viernes 3 de abril, es decir los días Jueves y Viernes Santo, según el calendario litúrgico.

Mayo: un “finde” largo y otro XXL

Mayo empezará también con un feriado, el del viernes 1 de mayo, en el que se conmemora el Día de los trabajadores a nivel internacional, día en que ejecutaron públicamente a trabajadores que exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas en Chicago, Estados Unidos.

Además, mayo continúa con fechas festivas 14 y 15 de mayo, en las que se celebra el Día de la Independencia de Paraguay del reino de España. También el 15 de mayo se celebra el Día de la Madre. Estos feriados caen jueves y viernes en el 2026, con lo cual queda configurado un bienvenido fin de semana XXL.

Junio viene con dos feriados

Junio cuenta con un feriado el viernes 12, día en que se celebra la firma de la Paz del Chaco, luego de tres años de conflicto por el territorio chaqueño con Bolivia, que se inició en 1932. Este es un feriado móvil, que en el 2025 se trasladó a un lunes para extender el fin de semana.

A este feriado ahora se suma el del 20 de junio, que tendrá lugar un sábado, primera vez que se celebrará el día de la Constitución Nacional, según la nueva ley.

Feriados por el Mundial 2026

Además de las dos fechas establecidas, también están los tres feriados que se pueden adicionar por decisión del Poder Ejecutivo.

Estos se establecieron debido a la posibilidad de que la selección Paraguaya de fútbol clasifique en el proceso de eliminatorias del Mundial 2026 y pase a las siguientes instancias.

El mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio, por lo que las fechas en las que se designen estos feriados caerían en ese lapso, según disposición del Poder Ejecutivo y dependiendo de la fortuna.

Gobierno traslada el feriado del 1 de marzo al lunes 2 de marzo

Vacaciones de invierno en Paraguay: cuándo son

Julio no tiene feriado. Será un mes entero de 31 días sin descanso. Sin embargo, es el mes de las esperadas vacaciones de invierno, de las que disfrutan los alumnos y trabajadores de la educación.

Estas están fijadas oficialmente por el Ministerio de Educación del lunes 13 al viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27.

Fundación de Asunción y Batalla de Boquerón

En agosto se conmemora la Fundación de Asunción el día 15, que cae sábado en el 2026.

La Batalla de Boquerón fue una de las batallas clave en la Guerra del Chaco, donde tropas bolivianas tomaron el Fortín Boquerón, duró 20 días y culminó el 29 de septiembre de 1932 con la recuperación del fortín por parte del Ejército paraguayo. Por eso, se celebra con un feriado cada año, que en el 2026 tendrá lugar un martes. Este es uno de los feriados móviles que podría ser trasladado por el Poder Ejecutivo.

Octubre y noviembre, sin feriados

Octubre y noviembre tendrán 31 y 30 días respectivamente sin feriados, como todos los años, haciendo de los mismos los más largos, aunque en octubre es tradicional preparar y comer el “jopara”, platillo con legumbres, verduras y algunas veces carne, que se consume para atraer abundancia y espantar al “Karai octubre”.

Diciembre, un mes festivo con dos feriados

El 8 de diciembre se celebra el día religioso más importante del Paraguay, la fiesta de la Virgen de Caacupé, que en 2026 se conmemorará un martes, extendiendo el fin de semana, para que los fieles promeseros acudan hasta la capital de la fe en su día.

El último feriado del año será Navidad, que caerá un viernes 25 de diciembre, dando fin a los feriados y al año.

El legislador argumentó que el pedido se sustenta en lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Nacional, que contempla condiciones específicas para la concesión de permisos a parlamentarios.

Según explicó, existen antecedentes: “Hay unos 20 casos en los que se han concedido permisos, como el caso de salud de Fernando Lugo, entre otros por razones particulares”.

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En ese sentido, Chase sostuvo que consideran que la solicitud de Rivas “se encuadra dentro de ese marco” y será evaluada en sesión.

Dudas sobre el quórum y los votos

Respecto a la viabilidad del pedido, el líder cartista indicó que confían en reunir los votos necesarios, aunque evitó dar certezas. “Creemos que sí, pero eso se va a ver en el momento del quórum”, expresó.

Añadió que mantienen conversaciones con sectores aliados, especialmente dentro del movimiento Honor Colorado, con el objetivo de garantizar la aprobación del permiso.

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Pese al respaldo institucional, Chase reconoció que dentro del propio oficialismo existen voces que pidieron la renuncia de Rivas. Entre ellos mencionó al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, aunque aclaró que desconoce el alcance de esas conversaciones.

“Varios colegas le han pedido la renuncia”, admitió, pero remarcó que se trata de gestiones individuales y no de una postura oficial de la bancada.

“Mochila pesada” y desgaste político

Consultado sobre el impacto político del caso, Chase fue directo: la exposición mediática de Rivas genera un peso significativo dentro del cartismo.

“La exposición mediática que tiene Hernán Rivas hace que tenga un peso político específico su situación”, señaló, admitiendo implícitamente el desgaste que enfrenta el bloque.

De esta manera, el bloque no avalará la estrategia del cartismo en la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

A través de sus redes sociales, el precandidato a la presidencia para las elecciones del 2028 por el partido colorado Arnoldo Wiens destacó la medida tomada por la disidencia de su partido.

“Valoro la postura de los senadores de la disidencia, como también la de los demás sectores democráticos, en el sentido de apoyar la pérdida de investidura de Hernán Rivas”, señala en su escrito.

Cartismo dice tener los votos para dar permiso al senador Hernán Rivas

Para finalizar, dejó en claro que “no corresponde el permiso, ni que esté un día más en la Cámara de Senadores”.

El cartismo busca aprobar por mayoría simple el permiso para Rivas, en una jugada similar a la aplicada en el caso del senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal.

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No obstante, Maidana subrayó que mantiene una postura realista respecto a sus aspiraciones. Señaló que los cargos de alta responsabilidad pueden concretarse o no, por lo que evita generar expectativas excesivas. “Soy bastante realista, si no sale eso, trataremos, como dice Arturo Martínez (exgobernador de Misiones), si Dios nos da salud todavía, jugar nuevamente por un lugar en la Cámara de Senadores”, manifestó el parlamentario.

En otro momento, el senador Derlis Maidana mencionó que en su momento tuvo un fuerte interés en asumir como ministro de Educación. Sin embargo, aclaró que nunca condicionó ni solicitó dicho cargo al presidente de la República, Santiago Peña, y que tampoco lo hará en el futuro, manteniendo así una postura de respeto institucional dentro del ámbito político.

Respecto a las definiciones políticas, Maidana indicó que estas se darían luego de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo. Señaló que dentro de la bancada de Honor Colorado en el Senado, la propuesta de candidatura podría comenzar a definirse en el transcurso de la próxima semana, dependiendo del consenso interno entre los legisladores.

Finalmente, relató que durante una reunión en Mburuvicha Roga, en la que participaron el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se le mencionó como posible candidato. Según explicó, referentes como Bachi Núñez, Beto Ovelar y Nano Galaverna habrían acercado su nombre al mandatario. No obstante, aclaró que, a nivel oficial, aún no existe ninguna definición concreta sobre la candidatura.

En ese sentido, explicó que el Senado deberá reunirse para determinar si se presentarán uno, dos o tres nombres para ser considerados por Horacio Cartes y Santiago Peña. Posteriormente, se definirían los candidatos finales. Este proceso podría desarrollarse la próxima semana, aunque advirtió que la cargada agenda legislativa actual podría dificultar el tratamiento simultáneo de todos los temas.

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De acuerdo con los pasajeros, la espera puede extenderse entre una hora y una hora y media, especialmente en horarios pico, lo que complica seriamente la llegada puntual a sus destinos.

“Me enoja esta situación porque me levanto temprano para llegar al trabajo, pero el bus me dificulta eso”, expresó una usuaria que aguardaba desde hacía una hora una unidad con destino a la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

La pasajera explicó que sale de su casa a las 06:00 para intentar llegar a las 08:00 a su lugar de trabajo, aunque las demoras afectan cumplir con su horario de entrada.

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Buses llenos no paran en las paradas

Otro de los principales reclamos es que los colectivos no se detienen en las paradas debido a que ya circulan completamente llenos, lo que obliga a los usuarios a esperar varias unidades antes de poder abordar.

Esta situación se agrava por la escasez de buses en circulación, lo que incrementa la congestión y la incomodidad de los pasajeros.

A las reguladas se suma el deterioro de la infraestructura. Los usuarios denunciaron que muchas paradas cuentan con techos incompletos, lo que impide resguardarse de la lluvia o del intenso calor.

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Además, los asientos se encuentran en pésimas condiciones, lo que evidencia una falta de mantenimiento que impacta directamente en la calidad del servicio.

El TSJE concluye que corresponde aceptar la dimisión y registrar la decisión en sus dependencias. Además de curso al pedido, dejaron constancia formal de la vacancia.

El expediente ya fue remitido al Congreso para su conocimiento y efectos administrativos.

Cartismo dice tener los votos para dar permiso al senador Hernán Rivas

Reemplazo de Rivas

Borba debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas, una vez que el Senado aprobara el pedido de permiso.

El pedido de apartamiento temporal se da en medio de cuestionamientos públicos sobre la validez de su título de abogado, lo que ha generado presión política y mediática.

Pese al escándalo, él afirma que va a llevar a testigos para confirmar que sí es abogado. Abogados constitucionalistas señalan que el permiso que mañana pretende conceder el pleno del Senado al senador Rivas sería inconstitucional, ya que la Carta Magna solo contempla permisos para legisladores en casos específicos, como asumir funciones en el servicio exterior y ejercer como ministro del Poder Ejecutivo.

La salida de Borba despeja el camino para que el director general de la Conajzar y exdiputado Carlos Liseras asuma en reemplazo de Rivas.

Según Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, esto ya está afectando al sector industrial del cuero en Paraguay.

“Es una pena lo que está sucediendo, es una distorsión total de la realidad que vivimos acá en Paraguay. Estas ONG se pasan escribiendo artículos como si fuera que ellos conocen el Chaco paraguayo, la forma de trabajo del Paraguay”, declaró.

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Agregó que esto fue impulsado por organizaciones no gubernamentales que, según sostienen, no tienen la información completa de la producción de cuero en el Chaco.

“Es algo que se les escapó de las manos a estas ONG, porque esta es una industria pujante que anteriormente se convertía en accesorios de cueros más lujosos de toda Europa y hoy por ONG que están distorsionando totalmente la realidad del trabajo a nivel local, eso está yendose a pérdida”, lamentó.

Contó que se reunió con el presidente de la Cámara Paraguaya de Cuero y le relató que construyeron una industria por décadas y ahora la misma está viéndose afectada por “falacias”. Señaló que ante esta situación, el embajador paraguayo en Inglaterra se está reuniendo con estas organizaciones no gubernamentales involucradas para intentar “revertir” la situación.

Del Chaco paraguayo deforestado al cuero para vehículos lujosos

“Estamos intentando destrabar estos argumentos con documentos, tecnología, con historia... Vamos a ver si podemos concretar una ganancia con toda la industria del cuero. Estamos trabajando para poder habilitar de vuelta el cuero paraguayo en Europa”, sostuvo en ABC Cardinal.

Agregó que hoy las industrias de lujo que antes compraban a Paraguay están adquiriendo el cuero de Brasil, que tiene una realidad “igual a la paraguaya”, pero que las ONG están “vinculadas a las tendencias ideológicas de Brasil”.

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Exportación de cuero ya se ve afectada

El ministro insistió en que es una “falacia” decir que la industria está impulsando la destrucción del hábitat del pueblo Ayoreo Totobiegosode.

“Quieren hacer un articulo de la realidad de un país desde la computadora y con Wikipedia, es una irresponsabildiad y eso está costando trabajo para paraguayos y está costando ingresos para toda una industria que se ha desarrollado con las mejores prácticas y que ha generado clientes y los clientes más exigentes en Europa y, lastimosamente, estos clientes están con las manos atadas porque sus clientes son marcas internacionales, marcas premium del mundo que no pueden exponerse a un relato que las ONG dan, porque sabemos que vivimos en un mundo de percepciones, aunque no sea una realidad, por supuesto que esas marcas quieren resguardarse”, manifestó.

Nueva plataforma que garantizará trazabilidad

En este contexto, contó que recientemente lanzaron el sistema RETSA, la red de trazabilidad socioambiental donde los establecimientos ganaderos podrán vincular su establecimiento con la red de INFONA y Senacsa, lo cual permitirá demostrar que las tierras cumplen con todas las exigencias de la Unión Europea en el marco de las nuevas normativas de la UE.

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“Esto nace con el reglamento 1115 y, con el principio de que cada país es libre de poner las exigencias que quiere, hicimos un trabajo multidisciplinario para lanzar este sistema de trazabilidad gratis para los establecimientos ganaderos. Con un clic, un importador europeo puede darse cuenta si la carne o el cuero cumple con las normativas de la UE, por ejemplo relacionadas con el trabajo infantil y el perjuicio a las tierras indígenas”, detalló.

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El Chaco defiende legalidad de la producción agroganadera

Paralelamente, la Plataforma de Desarrollo Sostenible del Chaco manifestó su rechazo a publicaciones que considera “infundadas, confusas y carentes de sustento técnico” sobre la producción agroganadera en la región. El espacio, coordinado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e integrado por sectores públicos, privados, académicos e indígenas, cuestionó especialmente un artículo difundido recientemente por la prensa.

Según el comunicado, las afirmaciones de las ONG presentan generalizaciones que no especifican áreas concretas del Chaco paraguayo, omitiendo datos clave como departamentos o distritos. Además, critica el uso del término “tierras indígenas” sin respaldo de informes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), organismo competente en la materia, lo que —afirman— genera confusión en la opinión pública.

El documento también rechaza la caracterización de empresas como “invasoras ilegales”, asegurando que muchas de ellas operan en la región desde hace más de un siglo. En ese sentido, sostienen que estas actividades han sido históricamente relevantes para el desarrollo y la soberanía nacional, además de ejecutarse dentro del marco legal vigente.

La plataforma recordó que cuestionamientos similares ya habían surgido en años anteriores en relación con la producción y exportación de cuero bovino. Y en múltiples ocasiones, instituciones como el MADES, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) habían ratificado el cumplimiento de las normativas ambientales y la trazabilidad de los procesos productivos.

Finalmente, el comunicado enfatiza que el desarrollo del Chaco paraguayo se realiza bajo estándares de sostenibilidad y en cumplimiento de la legislación nacional. También destaca que comunidades indígenas, como los pueblos ayoreos, participan en programas de servicios ambientales que les permiten obtener beneficios económicos por la conservación de sus bosques, en el marco de la Ley N° 3001/2006.

“Este es un acuerdo de cooperación operativa; no requiere la intervención del Congreso para su aprobación. Es un memorándum de entendimiento. Sí hemos recibido solicitudes de información y hemos respondido a esas consultas”, señaló.

Vera recordó que el acuerdo migratorio de cooperación entre los gobiernos de Santiago Peña y Donald Trump fue firmado el pasado 19 de febrero y, en ese sentido, destacó que dentro de la colaboración que Paraguay ofrece en el marco de los Derechos Humanos apoyará el traslado ordenado y seguro de estas personas.

Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo con Paraguay

“Nosotros, como firmantes de acuerdos de cooperación con organismos internacionales, en este caso la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) Ellos se encargarían de todo este proceso, desde la llegada, su estadía hasta su retorno final. No va a haber ninguna partida presupuestaria de parte del Gobierno para proceder en ese sentido”, explicó.

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Rechazados por EE.UU. pero refugiados en Paraguay

Carlos Vera explicó que los extranjeros que lleguen al país en el marco del acuerdo con los Estados Unidos no estarán en carácter de detenidos y permanecerán en un régimen de estancia transitoria, hospedados en un hotel céntrico, aunque añadió que estarán bajo monitoreo de la OIM que “se apoyará” en la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones para garantizar el libre tránsito de estas personas hasta que puedan regresar a sus países.

“Uno de los condicionamientos es que sean de habla hispana y no tengan antecedentes policiales. Estas personas son aquellas que en algún momento ingresaron a los Estados Unidos y su procedimiento administrativo en el tema migratorio no ha sido concluido o no va a concluir por haber violado las leyes migratorias (...) Entonces se canaliza esto de manera segura y Paraguay ofrece esta colaboración para garantizar los Derechos Humanos”, reiteró.

Reconoció que, durante ese lapso, los extranjeros eventualmente pueden pedir refugio en nuestro país, aunque para ello hay procedimientos establecidos por la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), como entrevistas y verificación de la información proveída por los solicitantes.

Añadió que, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) está realizando una guía de oportunidades y capacitaciones en el caso de que estas personas manifiesten su intención de quedarse en Paraguay.

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¿Cómo se controla quién viene?

El funcionario explicó que las personas vienen al país con sus documentos de origen, los cuales fueron previamente invalidados por Estados Unidos.

“La identidad va a permanecer como garantía de que la persona es realmente la que está viniendo, por eso uno de los requisitos que Migraciones exige es que tenga un documento de identidad de origen: pasaporte o cédula de identidad. Caso contrario, se analizará si tiene otro tipo de documento, pero con la potestad de rechazarlo”, dijo.

Vera dijo que los datos son proveídos por la Embajada de Estados Unidos con una antelación mínima de 72 horas y chequeados por Migraciones y la Policía Nacional. Añadió que el acuerdo condiciona la cantidad de extranjeros enviados, estableciendo un número de 25 personas por vuelo.

Los camiones parados acaparaban un carril del sentido Mariano-Limpio de la ruta, dejando un solo carril libre para el tránsito. En consecuencia, se produjo una congestión de vehículos de aproximadamente cuatro kilómetros, que llegaba hasta el centro de Limpio.

Los camiones varados transportan soja y esperaban ingresar a un puerto privado en la zona de Surubi’y para descargar los productos que llevan.

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Uno de los camioneros, quien se identificó como Lucas y manifestó haber llegado desde el departamento de Alto Paraná, dijo a ABC Color haber estado varado sobre la ruta desde la noche de ayer, martes.

Al intentar interceptarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a gran velocidad; sin embargo, tras una persecución de aproximadamente cinco kilómetros, los agentes lograron alcanzarlo e interceptar el vehículo. Allí fue detenido Daniel Piris López (32).

El vehículo es de la marca Mitsubishi, color blanco, año 2023, con chapa AATP 837, alquilada a la firma WM GROP S.A.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron a simple vista varios bultos envueltos en polietileno negro en el habitáculo.

Posteriormente, tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial para el procedimiento de rigor. En total, se incautaron nueve paquetes con marihuana prensada con un peso de 267,8 kilogramos.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.

El hombre se negó a proporcionar mayores detalles y se limitó a decir que fue contratado para trasladar la carga de un punto a otro, a cambio de una suma de dinero.

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, en un año en el que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una dinámica favorable del consumo.

En el 2025, las ganancias del sector bancario fueron de G. 5,7 billones (US$ 863 millones), que representó un incremento del 8% en comparación al periodo 2024, en un periodo en que la economía creció 6,6%.

Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados al público

Las entidades bancarias obtuvieron ingresos de G. 243.906 millones (US$ 38 millones) en concepto de interés por la captación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP) entre enero y marzo del presente año, y aunque el monto del interés se redujo en el último año, sigue siendo una entrada importante de ingresos para las entidades bancarias y sin mayores riesgos, en comparación a la colocación de recursos al público (créditos).

Ganancias de bancos crecen y alcanzaron US$ 134 millones en el primer bimestre del año

¿Cuáles fueron las entidades con mayores ganancias?

Las entidades con mayores ganancias al primer trimestre del año son:

• Itaú con G. 329.343 millones (US$ 50,6 millones)
• Continental, con G. 328.614 millones (US$ 50,5 millones)
• GNB Paraguay, con G. 127.085 millones (US$ 19,5 millones)
• Banco Nacional de Fomento, con G. 120.067 millones (US$ 18,4 millones)
• Sudameris, con G. 114.040 millones (US$ 17,5 millones)
• Ueno bank, con G. 109.208 millones (US$ 16,8 millones)
• Familiar, con G. 105.929 millones (US$ 16,2 millones)

La brecha de nuestro país respecto a los países de la región fue uno de los ejes centrales del encuentro “Saneamiento para el Desarrollo: Decisiones estratégicas para cerrar la brecha” que se realizó ayer por la tarde, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante el evento, en la Casa de la Integración CAF, autoridades nacionales y referentes regionales coincidieron en que el país enfrenta un atraso crítico en obras cloacales, pese a su sostenido crecimiento económico.

La directora de Agua y Saneamiento del MOPC, Claudia Crosa, expuso con datos contundentes la disparidad en la inversión pública. Es que nuestro país duplicó su red vial en una década, pero el saneamiento básico quedó en el olvido.

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Crecimiento en rutas, pero obras cloacales quedaron en el olvido

Según detalló Crosa, la red de rutas pavimentadas pasó de 5.857 km en 2015 a unos 10.593 km en 2025, lo que representa un crecimiento del 82%. En contraste, “el alcantarillado sanitario apenas creció del 10% al 16%, y el tratamiento de aguas residuales del 2% al 10,6% en el mismo periodo”.

La funcionaria subrayó que este avance limitado implicó una inversión de unos US$ 300 millones, muy lejos de los recursos necesarios para cerrar la brecha. “Para alcanzar una cobertura universal de agua y saneamiento necesitamos alrededor de US$ 6.000 millones”, advirtió.

La funcionaria cuestionó la priorización histórica de la inversión pública en rutas: “Estamos poniendo la plata en redes viales, que impactan en la economía, pero el saneamiento impacta directamente en la salud pública, en el desarrollo de los niños y en la dignidad de las personas”.

Actualmente, la cobertura de alcantarillado sanitario alcanza apenas el 16% a nivel nacional, mientras que cerca del 90% de las aguas residuales no recibe tratamiento adecuado.

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Un problema estructural en la región, pero más agudo en Paraguay

Desde una mirada regional, el gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF, Julián Suárez Migliozzi, advirtió que el problema es generalizado, aunque particularmente crítico en Paraguay.

“En América Latina y el Caribe, unas 320 millones de personas carecen de acceso seguro al saneamiento. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población”, señaló.

Sin embargo, remarcó que Paraguay se encuentra muy por debajo del promedio regional. “La cobertura de alcantarillado en la región ronda el 49%, mientras que en Paraguay es de apenas 16%. La brecha es enorme”, sostuvo.

El especialista insistió en que la falta de saneamiento tiene efectos transversales: “El saneamiento está en la intersección entre la productividad económica, la agenda social y la sostenibilidad ambiental. Cuando falla el saneamiento, falla el desarrollo”.

También alertó sobre los costos de no invertir en el sector. “No priorizar el saneamiento es caro, muy caro. Por cada dólar invertido, el retorno económico es de siete veces”, indicó.

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En el plano social, destacó su impacto en la educación: “29 millones de niños en la región asisten a escuelas sin condiciones adecuadas de saneamiento, lo que incide directamente en la deserción escolar, especialmente en niñas”.

Decisión política y reformas para cerrar la brecha

A su turno, el vicepresidente del Consejo Latinoamericano del Agua, José Luis Inglese, puso el foco en la necesidad de decisiones políticas firmes para revertir el atraso.

“El desarrollo que ha tenido Paraguay no se ha correspondido con el mismo avance en agua y saneamiento”, afirmó.

Para graficar la importancia del servicio, apeló a una comparación cotidiana: “Si uno usa agua en su casa pero no tiene cómo evacuarla, la habitabilidad se vuelve imposible. En las ciudades pasa exactamente lo mismo”.

Inglese sostuvo que cerrar la brecha requiere medidas estructurales. “Primero, decisión política. Segundo, capacidad operativa. Sin eso, no hay forma de avanzar”, enfatizó.

Recordó además la experiencia de Argentina, donde un fuerte ajuste tarifario y reformas institucionales permitieron ampliar la cobertura. “La situación era insostenible y la decisión política permitió iniciar el cambio”, explicó.

Financiamiento, regulación y gobernanza

El presidente del Consejo Latinoamericano del Agua, Benedito Braga, coincidió en que el éxito de las políticas de saneamiento depende de varios factores.

“El primero es el financiamiento sostenible, con apoyo de organismos multilaterales. El segundo es la gobernanza corporativa, con transparencia”, indicó.

También destacó la importancia de contar con entes reguladores independientes y esquemas innovadores de ejecución. “No se trata solo de construir infraestructura, sino de pagar por resultados”, explicó, en referencia a modelos aplicados en Brasil.

No obstante, remarcó que el elemento determinante sigue siendo político: “Sin voluntad política no se hace nada en agua y saneamiento”.

Braga advirtió que la región atraviesa una etapa clave. “Primero se avanzó en agua potable. Ahora es el tiempo del saneamiento. Es necesario que los más altos niveles de decisión comprendan la urgencia de este tema”, concluyó.

Avances puntuales, pero insuficientes

Desde el MOPC destacaron algunos proyectos en ejecución con financiamiento de CAF, como los sistemas de saneamiento en ciudades intermedias y nuevas plantas de tratamiento. Varios de estos proyectos han avanzado con lentitud, ante un escenario fiscal presionado.

Sin embargo, el propio MOPC reconoció que estos avances tendrán un impacto limitado en los indicadores nacionales.

“Con los proyectos en marcha vamos a incrementar apenas entre 1,6% y 4% la cobertura a nivel país”, admitió Crosa.

El desafío, coinciden los expertos, no es solo técnico ni financiero, sino político, pues se debe transformar el saneamiento en una prioridad nacional al mismo nivel que otras obras de infraestructura.

La iniciativa busca “clarificar” el funcionamiento de la senaduría vitalicia y asegurar que no interfiera en el equilibrio legislativo ni en los derechos políticos, según la exposición de motivos de la norma.

El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto, salvo que hayan sido destituidos mediante juicio político.

El proyecto plantea reglamentar esta disposición y, en la práctica, habilitar a expresidentes a competir y ejercer funciones legislativas plenas.

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De aprobarse la normativa, podría beneficiar directamente a cinco expresidentes: Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y a Santiago Peña (al término de su mandato)

Sin embargo, el proyecto excluye explícitamente a Fernando Lugo, destituido vía juicio político y a Federico Franco, quien completó el mandato presidencial sin haber sido electo como presidente titular

Nakayama: “Se está mutilando la Constitución”

El senador Eduardo Nakayama (independiente) cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que el Congreso no puede modificar el sentido del texto constitucional mediante una ley.

“El texto es imperativo: dice que será senador vitalicio. No deja margen de interpretación”, afirmó.

Según Nakayama, permitir que un expresidente renuncie a esa condición para convertirse en senador activo implica una alteración de la Constitución: “Si la Constitución te da un título vitalicio, no podés por ley limitarlo. Estamos mutilando lo que dice la Constitución”.

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El asesor de la Comisión de Legislación, Jorge Coronel, planteó dudas sobre la coherencia del proyecto. Señaló que podría existir una contradicción entre la intención de reglamentar y el espíritu de la Constitución: “Si la propia Constitución no impide ni prohíbe, reglamentar podría generar un contrasentido y afectar su motivación original”.

El análisis apunta a que la norma constitucional ya define el rol de los expresidentes, lo que limitaría el margen de acción de una ley reglamentaria.

Maidana defiende la reglamentación: “El texto es ambiguo”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana (ANR, HC), defendió la norma. Aseguró que existe la necesidad de reglamentar aspectos poco claros del artículo 189: “La Constitución del 92 deja ambigüedades que el Congreso debe aclarar mediante leyes”.

Maidana sostuvo que el proyecto permitirá dar mayor claridad jurídica a la figura de la senaduría vitalicia.

El proyecto también fundamenta su propuesta en el debate de la Convención Constituyente de 1992, donde se discutió el carácter de la senaduría vitalicia.

Mario Rivarola, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), explicó que los ejes centrales del reclamo son el acceso a la tierra, el territorio y el fortalecimiento de la producción.

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“Nuestro país tiene millones de hectáreas fértiles, pero están concentradas en pocas manos. Mientras tanto, comunidades indígenas están superpobladas y sin espacio para vivir dignamente”, señaló.

Según detalló, solo un pequeño porcentaje de propietarios concentra la mayor parte de las tierras productivas, mientras que cientos de indígenas siguen perdiendo sus espacios. Además, habló de al menos 300.000 campesinos sin tierra.

Rivarola también denunció que las comunidades campesinas sufren desalojos constantes y procesos de criminalización vinculados al avance del agronegocio. “Sin tierra no hay producción, y sin territorio no hay vida digna”, enfatizó.

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Principales reclamos

Entre las principales demandas presentadas por nota a los tres poderes del Estado se destacan:

• Mayor presupuesto para la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas
• Implementación de un plan nacional para pueblos indígenas
• Financiamiento seguro para la producción campesina e indígena
• Regularización de asentamientos campesinos
• Derogación de la llamada “ley Riera-Zavala” (que convierte la invasión de tierras en crimen) y revisión del acuerdo SOFA
• Modificación de la ley de Senabico para destinar parte de los bienes incautados a sectores vulnerables

Los manifestantes entregaron documentos formales a representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y esperan la convocatoria a una “cumbre de poderes” para avanzar en soluciones concretas.

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Continuarán las medidas de fuerza

Aunque la movilización en la capital culminará hoy al mediodía, los dirigentes anunciaron que no descartan volver a manifestarse si no obtienen respuesta.

Paralelamente, en departamentos como Caaguazú ya se están realizando cierres intermitentes de rutas en zonas como Jasy Kañy e Yvy Ja’u, con bloqueos de entre 15 minutos y una hora, varias veces al día.

Pese a la baja concurrencia, atribuida principalmente a las intensas lluvias que dificultaron la salida de varias comunidades, los organizadores consideran que la movilización fue un paso importante. “Es un logro haber salido juntos indígenas y campesinos. Vamos a reorganizarnos y volveremos con más fuerza”, concluyó Rivarola.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado a través de imágenes de circuito cerrado (CCTV), donde se lo observa salir del local con una bolsa cargada de equipos de peluquería.

Según los investigadores, el individuo habría forzado el acceso utilizando un objeto para abrir la puerta del local.

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Recuperan equipos valuados en millones

Tras tareas de investigación y diálogo con vecinos, agentes policiales lograron ubicar al presunto autor en la vía pública del barrio Loma Conche, en la ciudad de Nueva Asunción.

De su poder fueron recuperadas nueve máquinas de cortar cabello, además de tijeras, peines y otros artículos de barbería.

Cada máquina tendría un valor aproximado de G. 500.000, lo que eleva considerablemente el perjuicio económico causado al local afectado.

Detenido tenía orden de captura

El aprehendido fue identificado como Valerio Ramón Cattebeke Núñez (28), quien contaba con una orden de captura pendiente por hurto agravado del año 2023.

Según el jefe de Investigaciones de Villa Hayes, comisario Édgar Paredes, el detenido sería una persona con problemas de adicción que recorre distintos puntos en busca de objetos de valor para vender o intercambiar.

La Policía indicó que el hombre fue capturado cuando se dirigía nuevamente hacia Nueva Asunción, donde tiene familiares, y se presume que intentaba ocultarse tras cometer el robo.

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El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso la remisión del detenido a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, mientras que las evidencias fueron entregadas para el proceso correspondiente.

Argumentan, por ejemplo, que el puente Héroes del Chaco que se construyó sobre el río Paraguay para conectar Asunción con el Bajo Chaco fue erigido sin consulta ni consentimiento sobre tierras ancestrales del pueblo Maká, que les fueron otorgadas en la década de 1940.

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Reclamos similares son realizados también en muchos otros puntos del país.

“La propiedad privada se tiene que respetar”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, dijo que su institución -que debe velar por los derechos de los miembros de pueblos originarios– siempre busca el diálogo, pero afirmó que muchas tierras que los indígenas reclaman son terrenos privados de personas que “pagan sus impuestos” y enfatizó que “la propiedad privada se tiene que respetar”.

Dijo respetar los reclamos de los pueblos originarios y agregó que las tierras que reclaman como ancestrales “habrán sido” suyas “en su momento, en el año 1500”, pero insistió en decir que se deben respetar los derechos de los propietarios actuales de las tierras y que “todos pagan impuestos”.

Grupos “instruccionados”

Samaniego dijo que muchas comunidades nativas “entienden” esa situación y que “con el 80 por ciento no tenemos problemas”, pero agregó que hay “un grupo” de indígenas que “se dedica a chantajearnos” con medidas de fuerza como cierres de ruta.

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Afirmó también que el Indi ha denunciado el hallazgo de plantaciones de marihuana en tierras indígenas.

Especuló que podría haber “un grupo que está instruccionado” (sic) por organizaciones no gubernamentales para buscar “un clima de enfrentamiento”.

Sin embargo, señaló que actualmente no se registran “muchas invasiones” de tierras por parte de miembros de pueblos originarios.

El asegurado denunció a ABC que el sistema de agendamiento utilizado actualmente por IPS, lejos de facilitar la atención, se convirtió en una trampa burocrática.

La odisea de Cristaldo comenzó el pasado 7 de abril, cuando agendó una consulta médica para actualizar su protocolo médico, requisito indispensable para retirar fármacos de uso crónico. Sin embargo, el sistema exige una confirmación 48 horas antes, un paso que resultó imposible de cumplir.

IPS “sin sistema”

El asegurado, que es paciente cardiaco, contó a ABC que tras recibir el mensaje de texto para la confirmación, intentó realizar el trámite durante todo el fin de semana, sin éxito, debido a que la plataforma no funcionaba. Ante el inconveniente, recurrió a la alternativa lógica, comunicarse con el call center del IPS, pero sus llamadas nunca fueron atendidas.

Al presentarse en el Hospital Ingavi el martes 14 de abril, fecha en que estaba marcada su cita médica, la respuesta que recibió fue que perdió su turno por falta de confirmación. “No pude ir corriendo el fin de semana hasta el IPS para intentar solucionar presencialmente. Para lo único que debo consultar es para la actualización de mi protocolo para poder retirar mis medicamentos, como paciente crónico que soy”, lamentó Cristaldo.

Sin turnos hasta junio

La situación de Cristaldo se agrava. Al intentar reagendar la cita con su cardióloga para obtener las recetas de medicamentos controlados —fundamentales para su estabilidad cardíaca—, se encontró con otra barrera: la profesional no está atendiendo y recién regresaría en junio.

Entre los medicamentos que requiere se encuentran, Nebivolol, Amiodarona, Telmisartan y Dabigatran.

Sin la orden médica, estos fármacos, que tienen un elevado costo, no pueden ser adquiridos de forma particular sin receta, y el IPS se niega a proveerlos sin el “permiso” actualizado del médico, dejando al paciente desamparado. Desde el IPS, prometieron dar una solución.

El reclamo de Cristaldo es el eco de cientos de denuncias diarias. A pesar de que los trabajadores aportan obligatoriamente el 9% de sus salarios, la contraprestación es deficiente. Los asegurados denuncian que en las farmacias del IPS faltan incluso los insumos más básicos como Diclofenac o Paracetamol.

El detenido fue identificado como Gustavo Adolfo Acosta Domínguez (25), quien quedó a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se inició tras una llamada al sistema 911. En el lugar, el denunciante mostró a los intervinientes imágenes de circuito cerrado en las que se observa a un hombre extrayendo una mochila del interior de un vehículo.

A través de esas imágenes, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar al sospechoso, quien habría intentado darse a la fuga antes de ser detenido.

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Herramientas y autopartes en su poder

Durante la inspección, la Policía encontró en poder del detenido una mochila roja que contenía destornilladores, herramientas varias, un rollo de cable y un cargador de celular. Además, se hallaron algunas autopartes, que se presume fueron sustraídas en hechos recientes.

Según el subjefe de la comisaría mencionada, subcomisario Víctor Ovelar, las herramientas serían utilizadas para perpetrar los robos.

El jefe policial indicó que en los últimos días recibieron múltiples denuncias de hurto de autopartes en la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos. Las características del detenido coincidirían con las registradas en varios de los hechos.

Intervención fiscal y situación del detenido

Ante la reiteración de los casos, los vecinos decidieron reforzar la vigilancia mediante cámaras de seguridad, lo que finalmente permitió identificar al sospechoso.

En un vídeo se ve justamente al hoy detenido hurtando una mochila de la carrocería de un vehículo.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Andrea Vera, quien dispuso la remisión de las actuaciones policiales y que el aprehendido permanezca en la comisaría, a disposición del Ministerio Público.

Para el especialista, la revisión no debe limitarse únicamente al Anexo C, ya que la deuda por la construcción de la represa está totalmente cancelada, lo que obliga a replantear la ampliación de la generación para cubrir la demanda creciente de ambos países.

Viedma enfatizó que el país se acerca rápidamente al escenario en el que consumirá la totalidad de su potencia instalada, lo que hace imperativo que los negociadores actúen con celeridad y transparencia. La expectativa es alta, pero el flujo de datos desde el Ejecutivo es casi nulo, señaló el exconsejero.

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La tarifa ideal para el desarrollo industrial

Uno de los puntos más sensibles en el debate es el costo de la potencia. Viedma sostuvo que, para apuntalar un verdadero desarrollo industrial, la tarifa debería situarse en torno a los US$ 10 el kW-mes, considerando exclusivamente el costo operativo intrínseco de la Central ya pagada.

No obstante, reconoció que este número podría sufrir variaciones, aumentando unos dólares más si se decide reinvertir en nuevos proyectos de infraestructura dentro de la propia binacional para aumentar su generación.

Esta posible reducción tarifaria ya asoma en el horizonte tras el entendimiento firmado con Brasil en 2024, pero trae consigo un arma de doble filo. Según el Ing. Viedma, por un lado, la ANDE accedería a energía a un costo mucho menor al actual, al cual calificó como una tarifa inflada. Por el otro, el Estado paraguayo sufriría una drástica caída en los ingresos destinados a gastos socioambientales, recursos que sostienen numerosos proyectos gubernamentales en los últimos años.

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El fin del blindaje para la ANDE

Otro foco de preocupación es la inminente cancelación del Acuerdo Operativo de 2007. Esta herramienta técnica permitía a la ANDE utilizar excedentes y acceder a la potencia contratada por el lado brasileño en condiciones ventajosas. Según Viedma, el fin de este pacto representa un perjuicio directo para la estatal eléctrica, que perderá esa flexibilidad operativa justo cuando la demanda interna exige más.

Ante este escenario, la propuesta es mirar más allá de las turbinas actuales. El exconsejero recordó que ya en 2021, cuando él era consejero, se presentaron planes para la instalación de paneles solares flotantes, sistemas de baterías y nuevas unidades generadoras. Actualmente, se cuenta con una planta solar piloto de 1 MW, lo que implica que Itaipú tiene 14.001 MW de potencia instalada total.

Finalmente, Viedma abordó el concepto de la cesión de energía, la cual vaticinó que desaparecerá de forma natural a medida que el consumo local absorba toda la parte paraguaya. En ese contexto, instó a dejar de pensar únicamente en la venta de energía al mercado eléctrico brasileño y empezar a diseñar un sistema de comercialización e intercambio con el país socio.

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Explicó que, debido a la magnitud de su sistema, Brasil ofrece en ciertos horarios energía incluso más barata que la de Itaipú. Por ello, el futuro debe incluir la posibilidad de importar energía brasileña cuando sea conveniente y fomentar la generación privada a través de la ley de energías renovables.

Antes de concluir, reiteró que es necesario que la población conozca a profundidad los acuerdos que se están logrando en Itaipú, algo que hasta hoy sigue siendo una deuda de los negociadores.

El tiempo continuaría inestable mañana y al menos hasta el viernes, con altas probabilidades de más precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país.

El ambiente se mantiene cálido y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 32 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

En 2024, por ejemplo, se registran colocaciones relevantes en plazos de 5 años por G. 162.000 millones (US$ 24,9 millones) y G. 29.480 millones (US$ 4,5 millones), así como emisiones a 7 años por G. 294.801 millones (US$ 45,3 millones). A esto se suman tramos a 10 y 15 años, lo que contribuye a diversificar el calendario de pagos.

Por año de emisión, el crecimiento del mercado es evidente. Mientras que en 2018 el stock se limitaba a G. 60.000 millones (US$ 9,2 millones), en 2023 se alcanzan niveles significativamente mayores, con emisiones destacadas como G. 953.350 millones (US$ 146,6 millones) a 5 años y G. 1,550 billones (US$ 238,3 millones) a 7 años.

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Esta tendencia se intensifica en 2025, donde las colocaciones acumulan montos relevantes: G. 1,084 billones (US$ 166,7 millones) a 15 años, G. 283.000 millones (US$ 43,5 millones) a 12 años y G. 148.500 millones (US$ 22,8 millones) también a 12 años.

En conjunto, estas emisiones superan los US$ 249 millones, evidenciando una mayor profundidad del mercado de deuda en moneda local.

Las tasas nominales por tramo reflejan una curva relativamente empinada. Los instrumentos de menor plazo, como los de 5 años, se ubican en niveles de 7,10% a 8,25%, mientras que los de mayor duración, como los de 15 y 20 años, alcanzan tasas de hasta 9,50% y 9,90%. Este diferencial responde tanto al riesgo de plazo como a las expectativas de inflación y condiciones de liquidez del sistema financiero.

A su vez, emisiones de años anteriores, como las de 2020, llegaron a tasas de hasta 9,90% a 20 años, lo que marca un punto de referencia relevante dentro del mercado local.

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Desde una perspectiva macrofiscal, los Bonos del Tesoro representan el 5,80% de la Deuda Pública y el 1,95% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sugiere un nivel aún moderado en términos relativos.

Este margen ofrece espacio para continuar utilizando el mercado local como fuente de financiamiento, reduciendo la exposición a deuda externa y al riesgo cambiario. El tipo de cambio de referencia al 31 de marzo de 2026 se ubica en G. 6.503,49 por dólar, lo que refuerza la relevancia de mantener una proporción significativa de deuda en moneda local.

Los datos muestran que, el mercado de Botes ha evolucionado hacia una mayor escala y diversificación, con emisiones crecientes en los últimos años y una estructura de plazos que busca equilibrar costos y riesgos.

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La tasa promedio de 8,66% y el plazo medio de 6,65 años reflejan un punto intermedio entre sostenibilidad financiera y acceso al mercado, en un contexto donde la demanda por instrumentos en guaraníes continúa siendo un pilar clave.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El encuentro se realizará en el hotel Sheraton Asunción, según el informe.

La nota refiere que Unión Europea “ha enviado una misión de seguimiento electoral (EFM), encabezada por el eurodiputado Gabriel Mato, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) de 2023″. “El mandato de la EFM es evaluar la implementación de las recomendaciones de la MOE UE 2023 hasta el momento. Este seguimiento contribuye a los esfuerzos de la UE por apoyar la democracia en Paraguay”, refiere el reporte.

Dinero sucio

Tras las elecciones generales de abril de 2023, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó al TSJE fortalecer el control al dinero sucio; evitar arreos de votantes habilitando más locales y dando transporte gratuito así como “moderar” la desinformación en las redes sociales. Aclaran que no son imposiciones, sino experiencia.

En el dicho documento de 60 páginas deja 20 recomendaciones puntuales.

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Sobre el financiamiento político, Mato dijo que si bien el Paraguay mejoró el control y se aplicaron recomendaciones delas elecciones pasadas, proponen que los partidos reciban el subsidio estatal “antes” delos comicios y no después. Esto a fin debuscar igualdad de condiciones entre partidos y desalentar que las agrupaciones busquen fuentes ilegales definanciación.

También dijo que proponen al Tribunal Superior de Justicia Electoral(TSJE) fortalecer su unidad de fiscalización al financiamiento político con más funcionarios.

En cuanto a los medios de comunicación, dijo que el informe recomienda al Congreso aprobar el proyecto de ley de protección a periodistas y activistas delos derechos humanos. Así también se insiste en despenalizar la difamación en favor de leyes civiles de estándar internacional.

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Redes sociales

Sobre las redes sociales de internet, cuyo contenido no tiene regulación electoral, llamó a actualizar las normas sobre las campañas políticas en línea. Subrayó que no debe haber censura, pero sí una moderación por parte del TSJE y las principales plataformas para evitar las campañas de desinformación o fake news.

No hizo mención a la difusión de propaganda electoral por internet, en la vía pública y medios masivos cuya regulación en fechas fue eliminada por el Congreso.

En otro apartado, recalcó que la ciudadanía, pese a las campañas informativas, no recibió suficiente capacitación sobre el procedimiento de votación, que en estas elecciones generales se hizo con máquinas de votación y desbloqueo de lista.

Agregó que también se debe mejorar la ley sobre el voto asistido especialmente a adultos mayores, para que nadie se aproveche del elector y que sea libre de ser acompañado por alguien de confianza.

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Más locales y buses

En cuanto al día dela votación, el informe recomienda aumentar el número de locales, especialmente en zonas rurales, y mejorar el sistema de transporte público para evitar el arreo de votantes por parte delos partidos políticos.

Remarcan que el arreo debe “desalentarse” y que el Estado facilite el transporte durante la jornada.

El informe también urge aumentar la participación delas mujeres en la política aunque reconoce un aumento leve. Lamenta que se haya vetado la ley de paridad legislativa y que se haya rechazado la ley contra la violencia política a las mujeres.

Finalmente, pidió mayor protección a los pueblos indígenas.

Viajes para publicitar Che Róga Porã ya costaron casi G. 500 millones

Tras su retorno, Baruja devolvió G. 22.806.041, presentó facturas por montos superiores –pero usó para justificar formalmente solo G. 13.505.967– y se acogió a la facultad establecida en el Art. 7 de la ley N° 6511/202 de no rendir el 20% restante, equivalente a G. 9.078.008.

La coincidencia del 20%

El punto crítico surge al analizar los comprobantes de los hoteles Barceló Torre de Madrid y Gran Hotel Miramar. En ambos casos, las facturas detallan servicios para dos personas, con un costo total que Baruja dividió en su rendición alegando que el excedente lo pagó de su “bolsillo”.

Según su declaración, el ministro costeó la diferencia del acompañante por un total de G. 9.369.254. Sin embargo, esta cifra guarda una estrecha similitud con los G. 9.078.008 que decidió no documentar. Casualmente, en las mismas fechas y destinos, se constató la presencia de su pareja, la periodista Susan Paradeda.

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Otra cuestión que refuerza la sospecha sobre el destino real del dinero es que Baruja declaró “cero” en gastos de alimentación, tasas y otros conceptos justificados durante los 11 días de estadía. Solo consignó transporte por G. 217.986.

Comitiva en otros hoteles

Un dato que acentúa la particularidad del caso Baruja es el contraste con su comitiva. El ministro viajó con seis funcionarios, quienes percibieron un viático de G. 32.415.814 cada uno. A diferencia del titular del MUVH, en estos casos no hubo devoluciones y se justificó solo el 80% del gasto mediante documentos, recurriendo a la normativa legal.

Los seis empleados públicos se alojaron en establecimientos de distinta categoría y precio, como los hoteles Quatro, Soho Boutique y Arya Stadium. Mientras la comitiva cumplía con la misión en estos hoteles, Baruja justificaba facturas de plazas dobles en hoteles de lujo, donde el monto no rendido es milimétricamente coincidente al costo del alojamiento de su acompañante.

A falta de buenos abogados en la familia, padre de Hernán Rivas busca defensa cartista en Diputados

“Solicito la postergación por 60 días”, planteó escuetamente y sin ni una argumentación el diputado cartista Esteban Samaniego, que posee cuatro pedidos de desafuero pendientes, uno de ellos por la causa penal por presunto desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó.

“Por lo menos mi silencio no van a tener”, dijo el diputado Roberto González (ANR, Añetete), oponiéndose al pedido de postergación de estos siete pedidos de intervención que había solicitado la semana pasada dar “punto final” en uno u otro sentido.

“Categóricamente me opongo a esa postergación. Resulta que esa es la patraña para seguir postergando el tratamiento de los hechos de corrupción. Por lo menos yo me quiero desmarcar de esa estrategia, o por lo menos dejar constancia de mi posición y mi compromiso con la transparencia y la legalidad", por lo que pidió la votación para exponer a los que se opusieron.

Se trata de los casos de Hernán Ysidro Rivas (ANR-Honor Colorado), jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby (Central),Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana); de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel (Alianza).

Adrede, una mayoría azulgrana viene postergando al menos desde octubre del año pasado estos pedidos de intervención, con el fin justamente de alegar que “ya no queda tiempo” para su tratamiento, puesto que las elecciones internas municipales son el 7 de junio, mientras que las generales el 4 de octubre.

Sin embargo, varios de estos, que incluso cuentan con investigaciones penales pendientes como es el caso del padre de Rivas, Hernán Ysidro Rivas, y el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, apuntan al rekutu.

Para colmo, estos dos ya habían sido salvados en 2023 de un primer pedido de intervención.

Otro de los insólitos llamados al que acudieron los integrantes del CBVC ha sido en la noche de ayer lunes, cuando una vecina del asentamiento Santa María dijo que dos serpientes estaban dentro de una de las habitaciones de su casa.

Este martes, en el mismo asentamiento, la habitante de una casa también recurrió a los bomberos para que estos pudieran capturar a un ejemplar de Yarará que se encontraba en el inmueble que ocupa.

Desde el cuartel del CBVC mencionaron que son varios los casos en donde vecinos de diferentes puntos de la ciudad solicitan la presencia de los mismos para que puedan capturar a las serpientes.

Informaron además que en todos los casos donde intervinieron lo hicieron personal preparado para estos casos y que las serpientes luego de ser capturadas fueron llevadas a zonas alejadas de la población y en su hábitat natural.

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Asimismo solicitaron a los pobladores que ante el avistamiento de cualquier tipo de animales se los avise para puedan tomar intervención, también que personas no preparadas no intenten atrapar a las serpientes.

Los números habilitados para recibir los pedidos de ayudas son el 0331 242624 y el 0973 132 000.

Este sería el segundo caso de muerte, de personas privadas de libertad, por tuberculosis, en este mes de abril, según fuentes.

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Familiares de los reos que están en la Penitenciaría Regional de Concepción manifestaron su preocupación por estos casos y temen además muertes debido al hacinamiento que existe en el penal ubicado a 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.

Los legisladores coincidieron en que el cargo de vicepresidente no es una posición para técnicos. Para Maidana y Chase, la “cintura política” es un requisito no negociable para gestionar la relación con el Congreso, los proyectos sociales y el diálogo con la sociedad civil.

Dupla: Alliana piropea a Maidana pero asegura que no hay “apuro”

Por su parte, senador Derlis Maidana señaló que, si bien no se le impondrá un nombre a Pedro Alliana, la bancada del Senado reivindica su espacio. “Los líderes del Poder Ejecutivo deben ser políticos. Se requiere mucha capacidad para hablar con los legisladores y sacar adelante al país, sin desmerecer lo técnico, pero cada uno en su lugar”, afirmó.

Maidana reveló que una reunión clave para discutir estas candidaturas fue postergada hasta la próxima semana debido a la urgencia del caso Hernán Rivas, pero adelantó que la propuesta es un político para la vicepresidencia.

Maidana, una opción para la vicepresidencia

Por su parte, Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, sostuvo que el Senado tiene la legitimidad necesaria para reclamar ese puesto, ya que sus integrantes son electos por votos a nivel nacional.

Puja por un lugar en la chapa de Alliana: ¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Chase no ocultó que cualquier político aspira al cargo, incluyendo a Maidana como un posible “jugador” del equipo, aunque aclaró que la decisión final será de Alliana.

Asimismo, Maidana aclaró que no haciendo campaña para la candidatura a vicepresidente. Sin embargo, su nombre no se descarta dentro de la jugada política.

Al ser consultado sobre perfiles más técnicos, como el de Marco Riquelme, Chase dijo que “es una persona preparada, pero nosotros queremos a un político. Cuando el manejo del Estado se vuelve puramente técnico, se pierde de vista a las personas, que son el centro del objetivo político”.

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Según su visión, los técnicos deben ser relegados a los ministerios o viceministerios. En ese sentido, expresó que la conducción nacional debe estar en manos de quienes entienden el roce del poder.

Ambos legisladores aprovecharon la oportunidad para reivindicar la labor de la clase política en la construcción del Paraguay. Chase subrayó que, a pesar de que algunos integrantes se han desempeñado mal, la política es la responsable de los grandes logros del país desde su fundación.

El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, señaló que, al tratarse de una votación por mayoría simple, los números están asegurados siempre que haya quórum en la sala. Según Chase, esta medida no es nueva, ya que existen antecedentes de entre 19 y 20 permisos otorgados por diversas razones particulares o de salud en periodos anteriores.

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“Estamos seguros de tener los números. Si bien no analizamos el caso de fondo, porque eso le corresponde a la Justicia, la exposición mediática hace que este sea el camino a tomar”, afirmó el senador. Subrayó que el único caso que se rechazó un permiso fue el de Javier Vera, alias “Chaqueñito”.

“No es un capricho”, según Maidana

Por su parte, el senador Derlis Maidana defendió la legalidad de esta movida política y se basó en el artículo 30 del reglamento interno del Senado.

Maidana subrayó que la decisión de la bancada de apoyar el permiso, que será sin goce de sueldo, responde a la necesidad de “dar tranquilidad a la ciudadanía” y evitar que el escándalo siga afectando la credibilidad de la institución.

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“No es un capricho antojadizo. Hay jurisprudencia de casos anteriores y el ordenamiento lo permite”, explicó Maidana.

La sombra de la pérdida de investidura

El legislador también aclaró que, hasta el momento, no existe un pedido formal de pérdida de investidura contra Rivas por parte de la oposición, aunque reconoció que la senadora Yolanda Paredes manifestó su intención de presentar dicha iniciativa.

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Maidana recordó que para una pérdida de investidura se requieren supuestos muy taxativos. “Seguramente vamos a ver mañana si hay una presentación formal”, acotó.

Por ahora, Hernán Rivas se apartaría temporalmente de su banca mientras el Ministerio Público avanza en la investigación sobre cómo obtuvo el título universitario de abogado que lo llevó, incluso, a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

De acuerdo con el informe oficial, el hombre es considerado en Brasil como un delincuente con perfil de alta peligrosidad. El mismo sería un especialista en ataques a transportadoras de caudales.

El hombre, quien sería miembro de una facción criminal, intentó ingresar al país utilizando una identidad falsa, a nombre de Luis Antonio Vargas, pero, mediante el intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú, fue descubierto y capturado.

Tras su detención, se procedió a su expulsión por la vía administrativa y fue entregado a la Policía Nacional.

El procedimiento se dio tras recibir denuncias sobre supuestas estafas a varios compradores. Según precisó el comisario Marcelino Espinoza, aparentemente los automóviles eran robados en el territorio nacional o en Brasil, en el caso de los de alta gama.

Asimismo, 19 personas quedaron aprehendidas, entre las cuales se identificaron tanto a empleados como a los presuntos dueños del negocio, quienes eran los encargados de firmar los contratos de venta.

En referencia al modus operandi, el jefe policial detalló que la red consistía en ofrecer vehículos bajo un sistema de financiación con cuotas largas y accesibles para atraer a los clientes, pero una vez que los compradores finalizaban el pago y solicitaban la cancelación de sus pagarés, los títulos de propiedad nunca eran entregados.

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Evidencia incautada

Entre las evidencias se incautaron diversas llaves de vehículos, al igual que celulares, dinero en efectivo, sellos, un arma de fuego y documentos varios.

Por otra parte, las 19 personas aprehendidas son:

1. Carlos J. Gómez E.
2. ⁠Wildo A. González D.
3. Helena A. Ramírez
4. ⁠Martha C. Orzuza D.
5. Carmen V. Arias G.
6. José A. Yegros E.
7. ⁠Ever A. Ibarrola V.
8. ⁠Natalia E. Sanabria A.
9. Yamila S. Muñoz G.
10. ⁠María C. Melgarejo V.
11. Liz C. Casal M.
12. ⁠Alba N. García S.
13. ⁠Pamela G. Morales N.
14. ⁠Enrique M. A. Arévalos A.
15. ⁠Rodrigo S. Gómez M.
16. ⁠Wilmer C. John S.
17. ⁠Ailín Chávez
18. ⁠Martha C. Orzuza D.
19. ⁠Lucero B. Fleitas C.

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Wagener también integra los equipos del senador Luis Pettengil y del exvicepresidente Hugo Velázquez.

El empresario, activista y político, señaló que el objetivo es juntar en un solo mapa interactivo las denuncias de los vecinos para que la Municipalidad identifique, priorice y resuelva rápido los problemas, “creando una comunicación directa entre el vecino y la comuna”.

“Dejemos de quejarnos nomás en las redes y pasemos a la acción. Marcá tu reclamo en Mapea Asunción. Acá hace falta un concejal que sí quiera trabajar”, afirmó Wagener, vocero y referente de la organización “Defendamos Asunción”.

Agregó que cada reclamo buscará ser solucionado con autogestión. Dijo que lo que no se soluciona se llevará a la Municipalidad y se entregará cada reclamo.

Enrique Wagener es representante de “Defendamos Asunción” y fue activista contra la corrupción de la gestión de Oscar “Nenecho” Rodriguez (ANR, HC), ex intendente capitalino obligado a renunciar ante sus procesos judiciales por corrupción.

Entre otras iniciativas, Wagener presentó acciones judiciales para impedir que la Municipalidad de Asunción remate dos inmuebles en la Costanera Norte.

Promovió acciones contra el aumento de tasas pese al reclamo ciudadano por falta de prestación efectiva de servicios.

Junto al diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ley denominado: “Antiapriete de Nenecho”, con la que buscaban frenar las “listas negras” por morosidad en la base de datos financieros de empresas privadas a quienes adeudan sus impuestos.

Fue abogado de vecinos afectados por obras paradas en la gestión de Nenecho. También presentó denuncias ante el Ministerio Público contra Oscar Rodríguez y concejales cómplices por el desvío de fondos de bonos para obras y de Fonacide en 2024.

También integra la Fundación Paraguay SOS y está vinculado a las empresas inmobiliarias Ñanembae y AEWO S.A.

Al respecto, detallan que el Inventario Forestal Nacional (IFN) es una herramienta que recopila, analiza y reporta información sobre los bosques paraguayos, a través de mediciones en campo, datos científicos y monitoreo continuo, conformando una de las bases del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

Mediante el Infona, este inventario alcanza este 2026 un hito al cumplir una década de monitoreo y sostienen que este avance fortalece la gestión forestal basada en evidencia en el Paraguay, donde los datos técnicos de alta precisión se convierten en el principal insumo para la toma de decisiones, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

“La presentación del IFN de este año propone una experiencia innovadora que trasciende lo técnico. Reconoce que los bosques no son solo ecosistemas medibles, sino también territorios de vida, cultura y conocimiento donde conviven comunidades indígenas y campesinas, la academia y la industria. Bajo esta visión integral nace el evento Paraguay forestal: ciencia, cultura y vida”, detallan.

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Portal del Inventario Forestal Nacional

El IFN del Paraguay llega a su tercer ciclo, que corresponde al periodo 2023-2025, en el cual se midieron 236 parcelas en 6 estratos.

Durante el evento se comunicarán los principales hallazgos del estudio, se visibilizará el rol de los distintos estratos forestales en el desarrollo nacional, se pondrá en valor el conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas, se vinculará la academia con la gestión forestal y los territorios y se buscará posicionar al Paraguay como referente en monitoreo forestal integral.

Asimismo, el Infona también pondrá a disposición de forma pública y gratuita el Portal del Inventario Forestal Nacional, corresponde a una plataforma digital para explorar datos interactivos de los seis estratos forestales del país, datos por departamento y tipo de bosque, información sobre biomasa, carbono y diversidad.

Además, ofrecerá la ubicación de las parcelas de muestreo y un reporte descargable con información técnica.

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“Aclararé por única vez, gracias por entender. En fecha lunes 23 de marzo a las 16 horas, antes de Semana Santa, he comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación”, posteó Leite, este lunes en redes sociales.

Leite, en su posteo, no refirió la fecha exacta de retorno al país para asumir su banca en el Senado y solo indicó que a inicios de julio. El senador colorado cartista dijo que su “prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral que está a mi cargo”. Agregó que “responsablemente” se dedicará a la coordinación de la asistencia de los compatriotas al Mundial de Fútbol de la FIFA que iniciará el 11 de junio y culmina al 19 de julio.

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“Olor a coima”

Leite encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuándo dio su polémica frase de “olor a coima”. El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Leite también alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

No duró un año

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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Costo

Cada cese de funciones de un embajador residente en el servicio exterior, el Estado debe desembolsar tres salarios por anticipado por término de misión. El salario base de un embajadores de US$ 9.199, más gastos de representación, dependiendo del país.

Conforme a la tabla de salarios en la Cancillería, el salario del embajador en EE.UU. es de 9.199 dólares (salario base) más gasto de representación (3.589 dólares). A este monto se le agrega el costo de vida, el cual se calcula de acuerdo a datos de las Naciones Unidas y más gasto de residencia. Se trata de un subsidio para alquiler de la residencia particular del diplomático.

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¿Qué dice la ley?

El artículo 59 de la Ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay Nº 6935/2022 establece que, en caso de rotación, el funcionario destinado a prestar servicios en el exterior o que regrese al país por término demisión recibirá los pasajes que le correspondan a él y a su familia.

Además, el funcionario recibirá, para gastos de instalación y viático, el importe correspondiente a 2 (dos) meses de sueldo en el caso de ser soltero sin hijos y de 3 (tres) de meses de sueldo si viajara con su familia, y “en los siguientes casos: estado civil casado; madre o padre soltero, viudo o divorciado con la tenencia legal de los hijos o tener a sus padres a cargo, que demostrara suficientemente, ante las autoridades competentes, dicha situación”.

Por ejemplo, un embajador (el rango más alto del escalafón) que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199) si es casado y US$ 18.398 (2 salarios de US$ 9.199), si es soltero.

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Viene a activar en política

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) fue consultado hoy sobre el anuncio de su colega Leite. Dijo que el embajador saliente quiere volver a candidatarse al Senado de la Nación en el 2028.

“También quiere para venir a abocarse también a los próximos comicios, a las internas generales municipales y también ya mirando las internas del 2027. Entonces me parece que por ahí va la mano de la vuelta de Gustavo Leite”, expresó Maidana, quien suena como posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado.

Niño con peritonitis aguda no pudo ser operado en el Hospital de Luque por falta de cirujano pediátrico

El niño se encuentra en etapa de retiro de la traqueotomía, un procedimiento necesario debido a que esta intervención interfiere en su desarrollo del habla. Sin embargo, el tratamiento no está exento de complicaciones: la traqueotomía derivó en la formación de granulomas y en una estenosis traqueal que obliga a constantes intervenciones.

Piden ayuda para niño con epilepsia: Gian necesita férulas para mejorar su calidad de vida

Fátima Aguilera, madre de Liam, explicó ya fue sometido a cuatro broncoscopias para dilatar sus vías aéreas.

“Los doctores le están abriendo sus vías respiratorias. Deben dilatar, lastimando a propósito para que cicatrice correctamente y alcance el tamaño adecuado”, relató.

Cada procedimiento implica su ingreso a terapia intensiva, lo que incrementa la complejidad y los costos.

Bianca Sofía enfrenta delicado estado de salud y urge un trasplante de corazón pediátrico

El pequeño se encontraba recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) tras su última intervención y deberá someterse a nuevos procedimientos en fechas próximas, incluyendo una quinta broncoscopia, además de controles posteriores.

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A la par, Liam necesita continuar con múltiples terapias semanales, entre ellas fonoaudiología, estimulación temprana y fisioterapia respiratoria. También requiere iniciar terapia ocupacional, un servicio que, según la familia, no está disponible en el sistema público.

Asimismo, debe someterse a estudios médicos pendientes y mantener controles constantes con especialistas en pediatría, neumología, endocrinología, nefrología y otorrinolaringología.

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La madre señaló que, si bien el padre del niño trabaja, los gastos médicos y terapéuticos superan ampliamente las posibilidades económicas del hogar. “Son muchos los gastos y necesitamos ayuda”, expresó.

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Ante esta situación, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder continuar con el tratamiento que permita a Liam mejorar su calidad de vida y avanzar hacia su recuperación.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes a través del alias CI 6016508, a nombre de Fátima Aguilera, o comunicarse al número de WhatsApp (0975) 948-162. Además, instan a la difusión del caso como una forma de apoyo al pequeño.

Mientras que el documento publicado ayer por ABC expone una cadena de errores médicos y administrativos, primero en el Hospital Ingavi y posteriormente en el Hospital Central, el comunicado del IPS se centra en defender la cronología de su burocracia interna.

Según el ente, la auditoría médica y forense fue solicitada por la propia presidencia del IPS, a cargo de Jorge Brítez el 30 de enero, apenas dos días después del fallecimiento del comunicador. El informe, fue concluido el 10 de marzo y, de acuerdo al IPS, fue elevado inmediatamente al Consejo de Administración para su análisis.

Muerte en medio de sumarios y “mejora continua”

En el texto, la previsional subraya que el Consejo dispuso el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Superintendencia de Salud que también realizó una auditoría, presentando sus conclusiones en la primera semana de marzo.

“Dichas recomendaciones derivaron en procedimientos de investigación y la instrucción de sumario administrativo”, reza parte del documento que se emitió esta tarde, sin mencionar nombres de responsables ni medidas concretas sobre los profesionales involucrados en la atención de Vázquez.

Asimismo, informaron que el pasado 14 de abril se devolvieron los planes de acción a las áreas involucradas para su ejecución bajo un “proceso de mejora continua”.

Defensa ante acusaciones de ocultamiento

Uno de los puntos más enfáticos del comunicado es la negación del hermetismo. El IPS calificó de “erróneo” afirmar que se intentó ocultar el informe pese a que el documento que tiene fecha del 3 de marzo, nunca fue presentado a las instancias correspondientes. El IPS argumenta que el hecho de haber solicitado la auditoría de forma institucional es una prueba de su “compromiso con la objetividad y la transparencia”.

La opinión pública y los allegados a la víctima cuestionan que los detalles de la “cadena de errores” solo hayan tomado estado público mediante filtraciones periodísticas, dada la gravedad de los hallazgos que costaron la vida a un asegurado.

¿Qué dice la auditoría interna que el IPS dice que no ocultó?

El informe confidencial de auditoría del IPS que se dio a conocer ayer por fuentes internas del seguro social, reconfirmó que la muerte del Braulio Vázquez fue producto de fallas críticas que van desde el triage erróneo, equipos de diagnóstico descompuestos, falta de insumos que obligó a gastos de bolsillo y médicos de guardia ausentes.

El informe, de 86 fojas, contiene 31 observaciones en el que no solo se describe una mala praxis médica, sino un estado de abandono administrativo donde los equipos rotos, la falta de insumos y la desidia jerárquica sentenciaron al paciente.

El objetivo de esta movilización es optimizar la eficiencia del sistema de distribución y garantizar un servicio seguro para los usuarios que se encuentran en regla, indicaron desde la ANDE. Las labores incluyen el control estricto de las líneas de baja tensión y la regularización inmediata de cualquier servicio que presente anomalías en su conexión.

Intervención y multa en un comercio de Caacupé

Como parte de estas acciones, los técnicos de la ANDE ejecutaron un procedimiento en un establecimiento comercial de la ciudad de Caacupé. Durante la inspección del suministro registrado a nombre de Avelina Caballero de Verón, con NIS N.° 1041373, se constató la existencia de una derivación en el borne de entrada del medidor.

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Según el informe oficial, se utilizaron conductores de 2 x 4 mm² para evitar el registro real del consumo de energía. Ante este hallazgo, los funcionarios procedieron al retiro de los cables precarios y a la normalización del servicio. Como consecuencia directa de la infracción, se aplicó una multa de G. 10.211.860 al titular del suministro.

Marco legal y canales de denuncia

La institución recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 7300/2024 de Protección del Sistema Eléctrico Nacional. Esta normativa endurece las sanciones para quienes realicen conexiones clandestinas o manipulen medidores, considerando que estas prácticas no solo afectan las finanzas de la estatal, sino que ponen en riesgo la estabilidad de la red eléctrica en toda la zona.

Además de los controles presenciales, la ANDE instó a la ciudadanía a colaborar con el combate al hurto de energía. Para ello, recordó que se encuentran habilitados canales de denuncia anónima a través de su página web oficial, la aplicación móvil MI ANDE y la línea de WhatsApp 0962 160160. Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de forma aleatoria y permanente en todo el territorio nacional.

Desde el Inbio revelaron que el mapa agrícola de Paraguay tuvo algunos cambios. Se destaca que la superficie de soja tuvo un aumento de cerca de 50.000 hectáreas, el cultivo de arroz, una disminución de más de 57.000 hectáreas, mientras que el maíz tuvo una disminución en torno a las 16.000 hectáreas.

Desglosando el informe, el área de soja en la región Oriental se ubicó 3.683.148, unas 49.302 hectáreas más que en la zafra 2024-2025, que fue de 3.633.845 hectáreas. Entre los departamentos con mayor repunte en la mencionada zafra- 2025-2026- se encuentran Canindeyú, Amambay y San Pedro.

Alto Paraná redujo área sembrada de soja

En contrapartida a esos resultados, el mayor territorio de soja sembrada se dio en Alto Paraná con 946.011 hectáreas de está zafra. Sin embargo, este resultado implicó una disminución de 22.671 hectáreas con relación a la campaña anterior.

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Otro departamento con mayor superficie cultivada fue Itapúa con 726.519, con una disminución de 67.275 hectáreas con relación a la zafra anterior y Caaguazú con 456.509 hectáreas, con un aumento de 8.736 hectáreas con relación al periodo anterior.

El arroz alcanzó 208.949 hectáreas cultivadas

En el boletín también se constata, que el área de cultivo del arroz con riego alcanzó 208.949, unas 57.377 hectáreas menos que la zafra anterior, cuando la superficie se ubicó en 266.327 hectáreas.

Entre tanto, Misiones sigue siendo el de mayor superficie de cultivo de arroz, con 51.008 hectáreas, pero sufrió una disminución de 31.212 hectáreas con relación a la zafra 2024-2025.

Mientras que Itapúa el segundo con mayor área alcanzó las 21.905 hectáreas, con un aumento de 2.779 con relación al año anterior y Paraguarí quedó tercero con 16.003 hectáreas, con una disminución de 14.924 con relación al año anterior.

El maíz disminuyó en área cultivada

En cuanto al cultivo de maíz, en está zafra fue de 39.311 hectáreas, presentando una disminución de 16.099 hectáreas con relación al periodo 2024-2025, cuando se cultivó 55.408 hectáreas.

Los departamentos con mayor superficie del cultivo son Canindeyú; con 8.785 hectáreas, pero con una disminución de 3.937 hectáreas con relación al año anterior.

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Además Caaguazú constató 8.724 hectáreas, pero con una disminución de 3.339 hectáreas con relación al año anterior y como tercer mayor área queda Itapúa con 5.940 hectáreas, pero con una acentuada disminución de superficie de 9.322 hectáreas.

El sistema de captación se encuentra a unos 16 kilómetros del casco urbano, sobre el arroyo Yhaca, en la compañía del mismo nombre. El tratamiento del agua está a cargo de la municipalidad, mientras que la distribución depende de la Junta de Saneamiento.

La Junta de Saneamiento tiene un total de 1.882 usuarios y cada uno paga mensualmente G. 20.000 por el servicio, lo que equivale a una recaudación mensual de unos G. 37.640.000.

El administrador de la Junta de Saneamiento, Julio Aguilar, explicó que todo lo recaudado es utilizado para el mantenimiento de las cañerías y el pago de la factura del suministro eléctrico de la planta de tratamiento. En cuanto al mantenimiento de la planta y el pago de funcionarios, está a cargo de la Municipalidad de San José de los Arroyos.

El intendente Edgar Benítez (ANR-HC) dijo que el pago de personal y los mantenimientos básicos de la planta le cuesta a la municipalidad G. 25.000.000, que son solventados con recursos propios. Pero aclaró que el mantenimiento de las enormes bombas de agua es muy costoso y que el municipio no tiene los recursos necesarios para repararlas.

Ante esta situación, indicó que requieren la ayuda de otras instituciones como Itaipú o Yacyretá para poder renovar totalmente los equipos.

El secretario general de la comuna, Cristian Giacobbi, explicó que se encuentran evaluando alternativas y coordinando reuniones entre autoridades para dar una salida al problema. Señaló que las bombas y equipos de tratamiento ya son obsoletos y superaron su vida útil, lo que incide directamente en la deficiente calidad del agua.

Asimismo, indicó que se están realizando gestiones para que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay asuma la administración del servicio, atendiendo que el costo operativo resulta demasiado elevado para la municipalidad. Añadió que es indispensable que la Essap tome el control del sistema.

La planta de procesamiento de agua potable fue inaugurada el 4 de marzo de 2020, con un valor total de G. 13.200 millones, de los cuales G. 7.100 millones fueron aportados por Entidad Binacional Yacyretá, G. 5.000 millones por la Essap y G. 1.200 millones por la Municipalidad de San José de los Arroyos. Desde entonces, la planta recibió poco o nulo mantenimiento y actualmente se encuentra muy deteriorada.

Por su parte, el poblador Juan Marcelino Escobar manifestó que esta problemática no es nueva y que desde hace tiempo enfrentan la contaminación del agua, lo que representa un riesgo para la salud. Afirmó que en reiteradas ocasiones el agua llega extremadamente turbia, incluso inutilizable para tareas básicas como el lavado de ropa.

Los pobladores exigen una intervención urgente que permita restablecer la calidad del agua y garantizar un servicio esencial en condiciones adecuadas.

A 18 años del triunfo de Fernando Lugo, la ANR tiene “terror crónico” a líderes emergentes

Su médico particular, Jorge Querey, dijo que el exmandatario tuvo un proceso de recuperación indudable tras el accidente cerebrovascular que sufrió en agosto de 2022.

Agregó que Lugo, exsenador de 2013 a 2023, también tuvo una mejora muy significativa y una rehabilitación importante. Explicó que actualmente el exobispo de San Pedro se desplaza solo, se alimenta por su cuenta, sin sondajes ni gastrostomía y solo tiene las limitaciones propias de la edad. Agregó que también comprende perfectamente lo que se le dice y lo que escucha.

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No obstante, Querey dijo que la principal secuela es la limitación con respecto a su expresión con una “voz arrastrada”, pero con todas sus respuestas adecuadas pero no muy largas.

Añadió que Lugo tiene una gran disciplina en cumplir su tratamiento de rehabilitación, siempre en Paraguay, con un equipo de fisioterapeutas. También destacó que el exobispo mantiene una fuerte fe y que es un gran creyente.

En cuanto a sus actividades, dijo que recibe o hace visitas solo “socialmente”.

Dijo que con bastante regularidad tiene reuniones con sus allegados en donde conversa de política nacional y actualidad en que este siempre brinda su opinión o directiva en temas de relevancia social con frases cortas, “como siempre lo hizo”, dijo el galeno.

Querey agregó que la reunión con Sixto Pereira y el ministro de la Corte Víctor Ríos es una de las numerosas reuniones que mantiene constantemente. Recalcó que también recibe a referentes políticos y “amigos” del coloradismo así como de la oposición.

“Él con bastante frecuencia tiene ese tipo de visitas. Algunas salen públicamente y otras no”, aclaró.

Historia del Bloque

Fernando Lugo tras renunciar como obispo fue presidente del Paraguay del 2008 al 2012, poniendo fin al mandato de la ANR en Paraguay. Sin embargo, fue destituido por un polémico juicio político tras la masacre de Curuguaty, ocurrido en junio de 2012.

Para las elecciones de 2013, Lugo encabezó la lista del Senado del FG e ingresó junto con otros cuatro legisladores: Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Sixto Pereira, reuniendo en 238.000 votos.

En el 2018 la concertación tuvo 269.000 votos, logrando seis escaños. Sin embargo, en el 2023 solo logró 60.714 votos y obtuvo un solo escaño para Esperanza Martínez. La enfermedad que sufrió Lugo en el 2022 incidió en la falta de votos para su postulación.

En 2023, en la lista del Senado, Esperanza Martínez tuvo 11.735 votos preferenciales; Fernando Lugo 9.376 votos; Ermo Rodríguez 6.245 votos; Leo Rubín 4.179 votos; Najeeb Amado 4.154 votos y Sixto Pereira solo tuvo 3.933 preferenciales, entre otros.

Tras las elecciones del 2023, Esperanza Martínez denunció que Euclides Acevedo y el exsenador del Frente Guasu, Jorge Querey, lanzaron una chapa presidencial que dividió y debilitó al Frente Guasu en 2023.

Estas guías constituyen una propuesta educativa orientada a fortalecer la enseñanza de la memoria democrática, la historia reciente y los derechos humanos en el ámbito escolar.

Se trata de una herramienta que da continuidad al libro “Ventanas Abiertas” y al informe de la Comisión de Verdad y Justicia, alineándose además con el currículo del Ministerio de Educación y Ciencias.

El material está dirigido a docentes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, especialmente en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana.

Volumen dos del cómic “Ventanas Abiertas” se lanzará gratuitamente en el Puerto de Asunción

Presentan guías “Ventanas Abiertas”

A través de diversas actividades pedagógicas, las guías promueven el diálogo, la reflexión crítica y la formación de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos.

La presentación estuvo a cargo de las elaboradoras de contenido Ángeles Ferreira, Ana Portillo y María José Quevedo, quienes compartieron el proceso de construcción de los materiales y su enfoque pedagógico.

Asimismo, el evento contó con la presencia de autoridades del Centro Cultural de España en Asunción, institución que apoya y financia el Proyecto Memoria, así como de invitados e invitadas especiales que colaboraron en el proceso de verificación de las guías, fortaleciendo su pertinencia y calidad.

La elaboración de estos materiales incluyó un proceso participativo con docentes y estudiantes de distintas instituciones educativas, lo que permitió asegurar su adecuación al contexto educativo y su alineación con las necesidades del aula.

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Guías “Ventanas Abiertas” serán distribuidas en colegios

Las guías serán distribuidas a algunos colegios de Asunción y el área Central. Además se podrá acceder a ellas en formato digital a través de este sitio web.

El Proyecto Memoria Democrática, Archivos y Sitios de la Resistencia y los Derechos Humanos en Paraguay es implementado por Codehupy, con el apoyo y financiamiento de la cooperación española.

Lea más: Mucha lluvia en zonas inundadas del Alto Paraguay profundiza situación de aislamiento

Nathalia Báez, funcionaria de la Municipalidad de General Bruguez, señaló que por el momento el casco urbano es el único sector no alcanzado por las aguas. Sin embargo, advirtió que el acceso a la comunidad se realiza exclusivamente mediante botes o tractores, reflejando la gravedad del aislamiento.

La mujer expresó su sorpresa ante la magnitud del fenómeno y afirmó que nunca antes había visto tal volumen de agua.

La localidad de General José María Bruguez, situada a unos 160 kilómetros de Asunción, cuenta con aproximadamente 200 familias. De acuerdo con la entrevistada, al menos 50 viviendas ya fueron afectadas por las inundaciones.

Parte de los damnificados se encuentra en el tinglado municipal habilitado como albergue, mientras otros optaron por resguardarse en casas de familiares.

Las aguas también destruyeron por completo la producción agrícola de la zona, compuesta por plantaciones de mandioca, batata, maíz y zapallo, entre otros productos menores. A esto se suman los inconvenientes en el rubro de la ganadería, lo que permite deducir cuantiosas pérdidas económicas, resaltó la mujer.

La funcionaria señaló, además, que el propio intendente, Omar Cabanellas (ANR), en compañía de algunos concejales, se encuentra en Asunción coordinando la asistencia para las familias afectadas con autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a la espera de que la ayuda pueda concretarse con rapidez.

En cuanto a infraestructura, el pavimentado de la ruta PY12, que une a toda la zona del Bajo Chaco con Asunción hasta la comunidad de General José María Bruguez, se encuentra en plena ejecución. Esta obra es vista como clave para evitar un aislamiento total de la región, considerando que varios kilómetros ya cuentan con pavimentación.

Lluvias en todo el Chaco

Las precipitaciones registradas en el Bajo Chaco también se extienden a toda la región Occidental. Un caso similar ocurre en el departamento de Alto Paraguay, donde ya se reporta el aislamiento de varias comunidades en los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. En estos puntos, la situación se agrava no solo por la acumulación de agua, sino también por la falta de mantenimiento y reparación de los caminos.

Lea también: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región occidental

Desde la mañana de este martes, las lluvias que ya sobrepasan los 200 milímetros se concentran en el centro-oeste del departamento, aunque las precipitaciones se registran de forma generalizada, con menor intensidad en la zona norte.

Desalentador pronóstico

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que las lluvias continuarán durante toda la semana, lo que agravará la situación de los caminos inundados y, con ello, el aislamiento de numerosas familias.

Un escenario similar ya se había registrado en el año 2025, cuando durante más de 100 días los pobladores no podían salir de sus comunidades, ni siquiera para adquirir alimentos, evidenciando nuevamente la vulnerabilidad de estas regiones ante fenómenos climáticos y la falta de infraestructura adecuada.

“No podemos entender qué hay atrás de tocar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y transparentar la normativa relativa como acceder. Así como hizo Rivas, imprimió un título, vino, presentó y se fue al Jurado”, señaló.

Asimismo, explicó que la propuesta es pedir “un poco más de seriedad” para formar parte de la institución, ya que se solicita que que la persona tenga al menos 10 años de ejercicio de la profesión y haya ejercido la docencia o magistratura.

Sobre este punto detalló que es la “misma redacción” que se exige a los miembros del Consejo de la Magistratura, pero “evidentemente acá hay una cuestión muy fuerte” e irónicamente dijo que aparentemente se debería solicitar que uno de los requisitos para el JEM sea tener un “título mau”.

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Pérdida de investidura de Rivas

Ante las sospechas de la formación profesional al igual que de su título de Rivas emitido por la Universidad Sudamericana, Vallejo dijo que el cartista “le engañó a todo el mundo”, pero a su vez consideró como “increíble” cómo continúa la protección hacia él por parte del oficialismo.

“Cada día que pasa nos enteramos algo nuevo, como lo que dijo Rodríguez Kennedy que fue a su oficina a amenazarlo. Realmente ese señor le ha mentido a los colegas suyos, ha mentido al senado, mentido en el jurado. Todo lo que hace Rivas es causal de pérdida de investidura, pero ellos (el cartismo) le quiere dar permiso. No podemos seguir sosteniéndole ni en situación de permiso, es inconstitucional", sentenció.

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¿En qué consiste la ley del diseño de ñandutí como símbolo de conductor adulto mayor?

El diputado cartista Saúl González se allanó a los cambios del Senado, al considerar que establecer que la no obligatoriedad de la norma, no afectaba la esencia de su iniciativa.

El mismo alegó que su proyecto “se sustenta en la necesidad de fortalecer a seguridad vial y a la vez de revalorizar una de las artesanías más emblemáticas del país (el ñandutí)”, y que no era ilegal, ya que la propia Ley 5016/14 “de tránsito y seguridad vial” establece condiciones especiales para los conductores adultos mayores.

En tal sentido, mencionó que dicha norma estable que los conductores de 65 años o más deben realizarse el “Test psico-físico” de manera anual para renovar su registro.

Sobre todo en Senado, legisladores como Celeste Amarilla (PLRA) consideraron discriminatorio el hecho de que se tenga que imponer el uso de una calcomanía a adultos mayores, por lo que terminaron aprobando que sea voluntario.

González alegó que el hecho de eliminar la obligatoriedad no implica un “agravio” a su proyecto, por lo que aceptó los cambios, ya acotó que si iniciativa simplemente busca emular “experiencias exitosas internacionales de países como Japón”.

¿En qué consiste el distintivo?

En el caso de ser promulgado por Santiago Peña, el proyecto plantea que todo adulto mayor de 65 años o más deberá llevar una calcomanía de un ñandutí verde y naranja, y a cambio, “los demás conductores deberán extremar la precaución y la cortesía frente a los vehículos que porten el símbolo“.

Según agrega la ley, el distintivo deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Estar ubicado en la carrocería, en lugar visible, y no en el parabrisas ni en ventanillas.
2. Colocarse a una altura comprendida entre 40 cm y 120 cm desde el nivel del suelo.
3. Tener un diámetro uniforme de hasta 15 cm, conforme al diseño oficial. El diseño oficial del símbolo será definido, registrado y difundido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, garantizando su uniformidad en todo el territorio nacional.