Enfatizó que no se trata de una medida meramente declarativa, sino que implica normativas y planificación para intervenir en áreas con valores naturales, culturales, paisajísticos y patrimoniales y para todo ello, es necesario el apoyo político.

“Para mí la ruta es clara, hay que planificar y perseverar a través de la continuidad”, sostuvo el arquitecto, quien desde 2016 lidera Prolima y encabezó la elaboración del Plan Maestro al 2029, con visión al 2035, junto con el reglamento único de administración. “Son los dos documentos normativos que cimientan el desarrollo que hoy se ve en la ciudad”, afirmó.

En Paraguay, en tanto, en diciembre de 2024, el Gobierno de Santiago Peña había presentado el proyecto “Asunción 500 Años”, con la conformación de una Comisión Interinstitucional para coordinar proyectos urbanos, económicos y culturales orientados a revitalizar el Centro Histórico de Asunción para el 2037, año en que nuestra capital cumplirá 500 años de fundación.

La propuesta local busca apoyarse en modelos y experiencias de ciudades latinoamericanas que han logrado avances en la recuperación de sus cascos antiguos, como Quito, Cartagena, Panamá y Lima. En ese contexto, Bogdanovich fue invitado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a exponer su experiencia en un panel de la Feria Constructecnia 2026, que será del 21 al 24 de mayo en la Conmebol.

Órgano de aplicación

“Además de tener una planificación, es importante contar con un órgano de aplicación. Y, en este caso concreto, la continuidad en el liderazgo de esta institución permitió avanzar sin retrocesos”, señaló, al destacar que Prolima logró consolidarse como órgano de gestión del centro histórico y sostener su trabajo más allá de los cambios de gobierno.

En Lima, esa continuidad se mantuvo a lo largo de distintas administraciones, con respaldo político sostenido. De hecho, el actual alcalde es el cuarto en apoyar el modelo de gestión, según datos del propio programa.

Régimen tributario especial

Además, el arquitecto subrayó que el rol del Estado no se limita a ejecutar obras, sino a generar condiciones para dinamizar la inversión. Entre ellas, mencionó la implementación de un régimen tributario especial para el centro histórico. En nuestro país, el empresariado privado del Centro Histórico desde hace décadas viene pidiendo un régimen tributario especial a los sucesivos gobiernos, pero no se ha conseguido.

Por eso, el experto insistió en que sin la decisión política del Estado, ningún plan podrá ejecutarse. “El Estado sienta las bases para promover la inversión privada. ¿Cómo se sientan las bases? A través de la planificación. Y la planificación genera predictibilidad. Cuando hay predictibilidad hay confianza, y cuando hay confianza hay inversión. Por eso la planificación es tan importante”, reiteró.

Respaldo político constante

Precisamente, advirtió que más allá del diseño técnico, las declaratorias y las normativas, uno de los principales desafíos está en la gestión, el respaldo político, la asignación de recursos y el tiempo.

“Hay que tener un equipo competente que llegue para actuar y no para pensar. Que ese equipo tome decisiones, que planifique, y que luego tenga las funciones y competencias para gestionar y administrar ese proyecto de planificación”, concluyó.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el reporte policial, la camioneta circulaba a una velocidad prudencial sobre un camino vecinal y, al alcanzar una intersección, la motocicleta habría ingresado de manera repentina, provocando el impacto inicial. A raíz del choque, los ocupantes del biciclo cayeron al pavimento, mientras que la camioneta perdió el control y colisionó posteriormente contra el automóvil que circulaba en sentido contrario.

Personal de bomberos voluntarios acudió al sitio y confirmó que los tres ocupantes de la motocicleta fallecieron en el lugar, quedando tendidos sobre la capa asfáltica con múltiples lesiones.

El médico forense Fabián Estigarribia diagnosticó como causa de muerte “traumatismo severo con pérdida de masa encefálica” en el menor, mientras que la joven presentó “traumatismo de cráneo encefálico”.

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Agentes de Criminalística y del Ministerio Público, encabezados por la fiscal Sonia Estigarribia, intervinieron en el procedimiento. Asimismo, se practicó la prueba de alcotest a los conductores de los otros vehículos, cuyos resultados dieron negativo.

Por disposición fiscal, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, mientras que los conductores de la camioneta y del automóvil quedaron aprehendidos y a disposición del Ministerio Público, en tanto avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades en este trágico hecho.

“Es una iniciativa que nace desde la vocación, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan. El proyecto ‘Pequeñas Sonrisas’, una asociación sin fines de lucro de odontólogos del Paraguay, busca llevar atención odontológica, dignidad y esperanza a niños en estado de vulnerabilidad en el Chaco paraguayo, bajo la bandera de ‘crear un Paraguay mejor a través de lo que sabemos hacer’”, expresó Codas.

En el año 2025, el proyecto Pequeñas Sonrisas se llevó a cabo en la escuela Pa’i Puku, ubicada en el km 160 sobre la ruta Transchaco. En ese entonces, fueron asistidos 330 niños con procedimientos odontológicos diversos, como restauraciones, extracciones y tratamientos de conducto, y lograron dar el alta bucal a la totalidad de los alumnos que integran dicha comunidad educativa, según explicaron.

En la edición 2026, el 22, 23 y 24 de mayo próximo, serán beneficiados los alumnos de la escuela San Isidro Labrador, localizada a 280 km de la capital del país, Asunción, en el distrito de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo.

“El relevamiento realizado nos muestra una realidad que duele, pero que también nos impulsa: 500 caries activas; 200 extracciones y 40 tratamientos de conducto aproximadamente. Detrás de cada cifra hay un niño que necesita atención, alivio y una oportunidad de sonreír sin dolor”, indicó Merzán.

Preparan servicio odontológico en la escuela Pa’i Puku de Presidente Hayes

Basada en la experiencia exitosa del año anterior, es que nos atrevemos a solicitar colaboración y apoyo de personas y empresas farmacéuticas del área odontológica a la iniciativa, logrando de esa forma unir fuerzas y potenciarnos en esta misión, explicaron las profesionales.

Requieren ayuda para cubrir movilidad, alimentación, insumos e instrumental odontológicos, medicamentos y alojamiento.

“Su apoyo para nosotros no solo representa un aporte material, sino la posibilidad concreta de cambiar la vida de cientos de niños. Agradecemos de antemano su consideración y les animamos a que se sumen a esta campaña benéfica aportando a la cuenta de la Cooperativa Coomecipar Nº 981520011 a nombre de la Dra. Diana Codas (Alias: 0985249900) o por otras formas de colaboración con las coordinadoras del proyecto. Ayúdanos a transformar en este 2026 más de 250 sonrisas en salud, alegría y esperanza, llegando a cada rincón del norte y el resto de nuestro país”, expresan en un video explicativo sobre el proyecto.

Esta información se encuentra disponible en el registro de títulos disponible en la página oficial del Ministerio de Educación como parte de los datos abiertos y donde uno puede colocar el año, carrera y la institución educativa para ver los resultados.

En el caso de la Universidad Sudamericana, en ese año y de esa carrera, figuran seis personas como las egresadas, entre ellas, Rivas y su esposa, Elena Elizabeth Escobar Franco.

En el caso de Escobar Franco figura el mes de febrero y su número de resolución es 29004, mientras que Rivas supuestamente egresó en junio del 2020 y su número de resolución es 30858.

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Dudas sobre título de Hernán Rivas

En el 2023, el diputado Raúl Benítez y en ese entonces senadora Kattya González, habían solicitado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que exija al senador colorado cartista Hernán Rivas que esclarezca cómo obtuvo título de abogado en la Universidad Sudamericana, ya que existían dudas sobre la autenticidad de ese documento.

El caso derivó a múltiples denuncias hasta este año y Rivas dio un montón de promesas o supuestas explicaciones sobre su título, aunque aún no cumple a la simple petición de contar quiénes fueron sus compañeros o docentes.

El año pasado, las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron una acusación en contra del legislador por la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado que fue expedido por la mencionada universidad, sin embargo, recientemente los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría decidieron sobreseer de la causa al colorado por prescripción.

Según todos los datos oficiales, el “título” de Hernán David Rivas fue expedido el 6 de marzo de 2020. Ambos documentos fueron registrados en el MEC el 9 de junio de 2020 y luego, el 11 de junio del 2020, Rivas utilizó dichos documentos para solicitar en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su juramento y la expedición de su matrícula de abogado. El 3 de julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados lo designó como representante ante el JEM.

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Caso Rivas: casación y amedrentamiento

Las investigadoras del caso Rivas, Patricia Sánchez y Luz Guerrero, presentaron un recurso extraordinario de casación para que el recientemente sobreseído Hernán Rivas vuelva a afrontar una audiencia preliminar en el caso de su supuesto título falso de abogado.

Esto se dio pese a que Sánchez había sido amedrentada para no hacerlo y al respecto, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que Rivas era señalado como el responsable de las advertencias, lo que motivó la activación inmediata de un protocolo de protección y custodia policial para la agente.

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José Zavan aún tiene limitada capacidad motriz debido al accidente aéreo ocurrido el 9 de febrero del 2021 del que fue el único sobreviviente. José se salvó de milagro cuando la avioneta Cessna 402 bimotor, perteneciente a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), cayó en Luque.

La aeronave salió de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, con destino a Luque con ocho pasajeros. A las 14:34 el piloto se comunicó por última vez con la torre de control para aterrizar, sin notificar dificultad o desperfecto, pero tan solo un minuto después, a tan solo 30 segundos de la pista, la avioneta cayó de punta sobre un estacionamiento en el área militar, a 538 metros de la autopista, impactando contra tres vehículos sin ocupantes.

En el accidente fallecieron el coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, el teniente primero William Martín Orué Román (tripulantes), el teniente primero Marcos Samuel Romero, el teniente Manuel Guzmán Sotelo, el suboficial Pedro López, el mayor Alfredo Darío Céspedes y el funcionario de la Fuerza Aérea, Críspulo Almada.

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Estado no indemnizará a Zavan

Ayer se dio a conocer que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala, integrado por los camaristas Rocío González Morel, Linneo Ynsfrán Saldívar y Alejandrino Cuevas, confirmó la sentencia definitiva del 20 de diciembre de 2024 del juez en lo civil y comercial del 2° turno, Arnaldo Martínez Rozzano (actual camarista), quien rechazó la demanda de la familia de José Zavan, al dar lugar a la excepción de prescripción planteada por la Procuraduría General del Estado.

El entonces procurador general de la República Rodolfo Barrios y el procurador delegado Darío Espínola presentaron una excepción de prescripción en la que sostienen que a partir del día del accidente, Zaván tenía 1 año para accionar, pero el Estado fue notificado de la acción recién el 21 de febrero del 2023, luego de 2 años y 12 días del accidente aéreo.

“Era lo menos que esperábamos, ya de casi día a día se escucha también en las noticias de cómo funciona nuestra justicia, pero era lo que esperábamos, porque no existe en nuestro país la justicia pronta y barata, y ya que desde un principio no se hicieron responsables luego, pasado el tiempo, menos”, lamentó.

Destacó que lo más valioso es que su hijo está con vida, pese a creer que con la exposición que tuvo el caso, los representantes del Estado se iban a sensibilizar, sobre todo ante el proceso que de recuperación de José, quien estuvo 65 días en coma inducido y sometido a más de veinte intervenciones quirúrgicas, entre operaciones esqueléticas y cirugías reconstructivas.

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“Mi hijo tuvo 40 cirugías, estuvimos internados entrecortados un total de 2 años y medio y más, y con múltiples rehabilitaciones. Cualquiera que tenga un dolor de cabeza, sabe lo costoso que es un medicamento, y tratándose de un caso complejo, como es el de mi hijo, las secuelas que le causó el accidente de por vida”, indicó.

José está “bien de espíritu”

Blanca Vaccari destacó que la recuperación de José la llevan gracias a la solidaridad de la comunidad, y mediante el esfuerzo de la familia, ya que ella misma se despierta todos los días a las 3:30 de la mañana para salir a vender minutas, las mismas que lleva al centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud donde trabaja, para poder costear la recuperación de su hijo.

“Él está bien de espíritu, cada día está más sano, más saludable, no abandona la recuperación”, resaltó.

Recordó que la responsabilidad del Estado no se da solo por no indemnizar el tratamiento de su hijo que sufrió un accidente en una aeronave estatal, sino por verse obligado a abordarla, debido a la falta de caminos y transporte público que le facilitara el traslado hasta el campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde José estudia ingeniería agrónoma.

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La demanda presentada por el abogado Carlos Abadíe Pankow detalla los tratamientos de rehabilitación afrontados por Zaván y precisa que su representado aún tiene pendiente una serie de operaciones para lograr la independencia y funcionalidad en su capacidad motriz, por lo que exigió una indemnización de G. 16.239.145.514, de los cuales G. 5 mil millones correspondían a daño moral, G. 1.000.000.000 en concepto de daño emergente y lo demás a los gastos incurridos en las distintas etapas de su tratamiento, algunos son:

• Gastos Farmacéuticos: G. 45.000.000.
• Especialidades Médicas: G. 3.000.000.
• Estudios de Imágenes y Laboratoriales: G. 19.400.000.
• Nutrición Trofoterapeutica: G. 12.000.000.
• Transporte: G. 3.000.000.
• Fisioterapia y Kinesiología: G. 10.000.000.
• Otros Insumos de Confort y Tratamiento: G. 5.000.000.
• Cuidados de Enfermería: G. 10.000.000.
• Productos Ortopédicos: G. 4.000.000.
• Tratamientos en Gimnasio: G. 5.000.000.
• Honorarios Profesionales: G. 110.400.000.

En su resolución, la integrante del tribunal de apelación, Rocío González Morel, argumentó lo siguiente: “la parte actora no probó con medios fehacientes que, en el lapso de 1 (un) año siguiente al accidente aéreo —plazo dentro del cual debía haber iniciado la acción indemnizatoria por responsabilidad civil derivado de la aeronavegación—, el damnificado se encontrara efectivamente incapacitado para promover el presente juicio, ya sea por causas de fuerza mayor, incapacidad física o mental debidamente acreditada”.

Vaccari indicó que hasta el momento no habló con sus abogados para recurrir esta última resolución ante la Corte Suprema de Justicia, última instancia que le quedaría.

El presidente de la AEDE, Higinio Garcete, manifestó que la convocatoria está dirigida a los docentes y a todos los asegurados del IPS. “Es la hora de salir y marcar presencia para hacer oír nuestros reclamos”, expresó.

Explicó que durante la manifestación se habilitarán espacios para que los participantes expresen sus reclamos. Además, adelantó que pidieron a los asociados no llevar petardos para no molestar a los pacientes.

Apoyo de otros sectores

La Asociación de Pacientes Oncológicos y Hematológicos del IPS de Ciudad del Este (APOHAP) confirmó su participación, debido a la escasez de medicamentos y a las dificultades para conseguir turnos.

Por su parte, Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Alto Paraná, comentó que sufren por la falta de insumos y medicamentos, además de la poca cantidad de máquinas de diálisis.

Los organizadores mencionaron que la movilización será pacífica y que enviaron notas tanto a la dirección del hospital como a la Policía Nacional.

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De acuerdo con los datos, el hombre fue embestido por un automóvil de la marca Toyota, modelo Duet, de color claro (blanco), cuyo conductor no detuvo la marcha y huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida. Hasta el momento, no se cuenta con datos de la chapa del rodado.

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Tras el impacto, Acosta fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital del IPS-Ingavi, donde permaneció internado en estado delicado. Pese a los procedimientos médicos realizados, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

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Su hija, Laura Acosta, señaló que su padre recibió atención adecuada en el centro asistencial, aunque su condición era crítica desde el momento del accidente.

“Recibió una buena atención en el hospital, pero el pronóstico era muy grave y, pese a que se le realizaron todos los procedimientos médicos apropiados, falleció”, expresó.

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La mujer pidió que el caso sea investigado y que se identifique al responsable del hecho. “Pedimos que sea investigado el caso, ya que hasta ahora la fiscalía no ha hecho ningún tipo de diligencia para dar con el responsable de la muerte de mi padre”, manifestó.

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Según relató, su padre había salido de su vivienda con destino a su lugar de trabajo en el aeropuerto, donde se desempeñaba como despachante auxiliar. Se dirigía a esperar el ómnibus cuando fue atropellado sobre la calle Las Mercedes, casi Acceso Sur.

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El impacto se produjo en uno de los costados del vehículo, lo que coincide con imágenes de circuito cerrado en las que se observa un automóvil blanco involucrado en el hecho.

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“Rivas es protegido por ser chancho del chiquero de Honor Colorado y si algo les interesa la imagen de la Cámara, no puede estar un día más en el Senado”, afirmó.

Remarcó que debe ser echado y de ninguna manera corresponde que se lo blinde con un permiso que no está contemplado en la Constitución Nacional y, peor aún, “el permiso es una protección a alguien que cometió un delito y constituye un acto inmoral e ilegal".

Por otra parte, también se mostró crítico al fuerte pronunciamiento contra el gobierno de Santiago Peña hecho ayer por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), donde reprocharon el populismo, prebendarismo y menoscabo a la institucionalidad en este gobierno.

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“El extenso pronunciamiento señala todos los males que venimos denunciando desde la oposición desde el inicio de este gobierno. Cuando de repente salen a hablar me parece hasta un acto de cinismo, pues desde hace 70 años vienen financiando a los candidatos del Partido Colorado y lo siguen haciendo hoy, ahora que les está por tragar a ellos se asustan de su propio monstruo", cuestionó.

Sin eximir al gobierno de Peña, tampoco quiso indultar de su cuota de culpa al sector empresarial, al que reprochó ser en parte cómplice de la situación del país.

"Con el silencio, cuando les conviene, fueron cómplices de los hechos de corrupción que está carcomiendo la República; siendo miembro activo del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) nunca denunciaron los robos descarados, por ejemplo" y para más “muchos empresarios se volvieron ricos con este gobierno, accediendo por medios torcidos a las licitaciones públicas”, criticó.

Con esta incorporación, desde el seguro social afirman que se posicionan a la vanguardia regional, convirtiéndose en el único centro asistencial del país en contar con esta tecnología para intervenciones de alta complejidad. El equipo, de la marca Brainlab que se utilizará el IPS Ingavi, se trata del quinto dispositivo con brazo robótico en Sudamérica.

¿Qué es y cómo funciona el neuronavegador?

El doctor Julio Burgos, coordinador de Neurocirugía del IPS, comparó el funcionamiento del equipo con un sistema de GPS quirúrgico. A diferencia de los métodos tradicionales, donde el cirujano dependía exclusivamente de su experiencia e imágenes estáticas, esta herramienta ofrece una guía dinámica en tiempo real, aseveró.

El médico detalló que mediante mapas 3D, el sistema integra estudios previos como resonancia o tomografía, para crear un modelo tridimensional del órgano. El equipo de precisión milimétrica permite conocer la ubicación exacta, profundidad y límites de las lesiones.

Además, Burgos destacó que existe un monitoreo constante que permite al cirujano visualizar qué tejido está tocando en cada segundo de la intervención.

¿Para qué servirá este nuevo equipo?

Desde el IPS explican que sus funciones principales se centran en:

1. Cirugías de cráneo y tumores cerebrales: Permite abordar tumores y patologías vasculares con una visión detallada. El navegador ayuda a diferenciar con total claridad el tejido sano del afectado, reduciendo drásticamente el riesgo de secuelas neurológicas.

2. Intervenciones de columna de alta precisión: Facilita la colocación de tornillos en pacientes con anatomías difíciles y es fundamental para tratar tumores intramedulares e intrarraquídeos.

3. Biopsias mínimamente invasivas: Antes, obtener una muestra del cerebro implicaba procedimientos altamente invasivos. Con el neuronavegador, se realizan incisiones mínimas guiadas, lo que acelera la recuperación del paciente.

4. Tratamiento de la epilepsia: La precisión del equipo permite localizar y tratar las zonas cerebrales donde se originan las crisis, ofreciendo una nueva esperanza a pacientes con cuadros refractarios.

Neuronavegador: menos riesgo, mejor recuperación

Ante complicaciones inesperadas en quirófano, los médicos a veces deben detener la cirugía para no poner en riesgo la vida del paciente. A partir de ahora, sin embargo “las incisiones serán pequeñas y los resultados mucho más seguros”, afirmó el doctor Burgos.

Del acto de entrega participó el presidente del Consejo de Administración, doctor Jorge Brítez y autoridades del Hospital Ingavi.

El proceso penal contra Barrios se desarrolló en un plazo distinto al de los otros 13 condenados, entre ellos Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, debido a que el acusado estuvo prófugo durante varios meses. Sus presuntos cómplices ya fueron sentenciados a 10 años de prisión en otro juicio.

La audiencia de este viernes pasó a cuarto intermedio y continuará el próximo martes a las 09:00. Se espera que en esa ocasión se produzcan las últimas pruebas, con miras a que el juicio concluya en la siguiente audiencia, prevista para el 27 de este abril.

Según la Fiscalía, hasta el momento se han podido probar todos los hechos por los cuales se acusa a Ismael Barrios, quien enfrenta proceso penal por robo agravado y coacción grave.

Fue absuelto por otro tribunal

En un primer juicio, el ahora enjuiciado había sido absuelto por los jueces Margarita Martínez Palacios, Gloria Elizabeth Vera Benítez y Diego Hernán Duarte, mediante la sentencia definitiva Nº 75, de fecha 15 de julio de 2025, que lo liberó de culpa y pena.

No obstante, un tribunal de apelaciones integrado por los magistrados Lilian Benítez Vallejos, Efrén Giménez y Myriam Meza de López anuló dicha resolución y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público.

En ambos procesos, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Fidel Godoy, quien había apelado la sentencia de absolución.

Antecedentes del brutal ataque

De acuerdo con los antecedentes, los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2022, alrededor de las 13:00, en el distrito de Itakyry. En esa ocasión, los condenados, junto con Ismael Barrios, armados con cuchillos, machetes, palos, honditas y otros elementos, irrumpieron en la propiedad de la familia Torras-Romero.

Durante el ataque, robaron implementos agrícolas, mantuvieron como rehenes a las víctimas, incendiaron un tractor y plantaciones de pasto camerún ubicadas junto a la vivienda. Luego, mataron y sustrajeron varios animales domésticos.

Asimismo, causaron destrozos al romper puertas, ventanas y vidrios, además de destruir electrodomésticos, lo cual quedó registrado en imágenes de circuito cerrado y fotografías. A Francisco Leonardo también le robaron la suma de 3 millones de guaraníes, su teléfono celular, hojas de cheques, tarjetas de crédito y otros documentos que se encontraban en su vehículo.

Una de las víctimas fue manoseada y estuvo a punto de ser sometida sexualmente; sin embargo, agentes policiales que llegaron tras ser alertados lograron impedir el hecho.

“Desde el primer día que me lancé para la Intendencia de Asunción, dije: yo voy a ser un intendente que va a andar por los barrios y por las calles. Yo estoy acostumbrado a que cuando prometo, cumplo, y cuando digo, hago”, señaló Pérez.

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“Vamos a deportivizar la ciudad de Asunción, y uno de los barrios a quienes le vamos a ayudar para que mejore sus plazas, es Zeballos Cue. El deporte transforma las sociedades. Yo les digo porque eso es algo que conozco perfectamente”, aseveró el titular del Comité Olímpico.

“Pero necesito el apoyo de todos ustedes. Nosotros hoy estamos seguros que estamos liderando grande los números para la gran victoria del 7 de junio”, recalcó.

La intervención se desarrolló con apoyo del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y con técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), bajo el marco de la Ley N.º 123/91 de protección fitosanitaria.

Caen más de 5.000 kilos de azúcar y 10.000 litros de aceite, entre otros productos de contrabando

En dicho procedimiento, la DNIT contabilizó aproximadamente 53.024 kilogramos distribuidos en cuatro tipos de productos, según el detalle:

• Tomate: 393 cajas de cerca de 20 kg cada una, con un total de 7.860 kg.
• Zanahoria: 201 bolsas de 20 kg, equivalentes a 4.020 kg.
• Papa: 2.008 bolsas de 18 kg, que suman 36.144 kg.
• Cebolla: 250 bolsas de 20 kg, totalizando 5.000 kg.

Además del cuantioso volumen de los productos, llamó la atención de los intervinientes, la ausencia de documentación respaldatoria de los mismos. De acuerdo con el reporte oficial, los responsables de la carga manifestaron no disponer de respaldos que demostraran el ingreso legal de los productos ni habilitaran su circulación en el mercado.

Valor estimado de G. 1.500 millones

El valor estimado de la carga incautada ronda los G. 1.500 millones detalló el director de la DNIT, Óscar Orué quien además precisó que en el lugar del procedimiento se encontraron tikets falsificados de Senave que los colocaban en los paquetes de productos a ser comercializados, como si los mismos fueran de producción nacional.

Al ser consultado sobre los responsables o propietarios de la carga, el director se excusó en brindar esos datos, ya que el operativo está sujeto a una investigación.

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Procedimiento de la intervención

Según precisaron desde la DNIT, durante la intervención, el equipo fue recibido por un representante del inmueble, quien autorizó el acceso para la inspección. Ya en el interior, los funcionarios constataron la existencia de distintos productos frutihortícolas y avanzaron con la verificación sin que se reportaran incidentes.

El despliegue conjunto con la Policía Nacional y el SENAVE sugiere un abordaje que combina el control tributario y aduanero con criterios de fiscalización vinculados a la sanidad vegetal y a los estándares previstos en la normativa fitosanitaria mencionada por la DNIT.

Tras el decomiso, toda la carga fue trasladada al depósito de la DNIT – GICAL, ubicado en Mariano Roque Alonso, donde permanecerá bajo guarda y custodia.

De acuerdo con la DNIT, el operativo se inscribe en una estrategia para contener el contrabando y el comercio ilícito, con el argumento de proteger la producción nacional y reforzar controles en el territorio.

Feprinco fustiga al Gobierno por “prebendario” y “populista” ante crisis de finanzas públicas

“El gobierno de Cartes-Peña ingresa ahora en una picada cuesta abajo con la desaprobación de uno de sus pilares fundamentales que lo ayudo a llegar al poder, su modelo de gestión pública y política está aplazada y se tiene que ir”, sostuvo Vaesken.

No es la primera vez que que el diputado plantea una posible salida anticipada de Peña. Al menos en dos ocasiones anteriores sugirió la posibilidad de articular una mayoría para promover un juicio político contra el presidente, lo cual de momento se ve imposible por la mayoría cartista en el Congreso.

“El sector empresarial esta sintiendo los efectos del aumento de la desigualdad entre paraguayos causado por la concentración de poder del modelo Cartes - Peña”, dijo.

Sobre todo, enfatizó que ahora hasta el sector empresarial empieza a sufrir la mala gestión de este gobierno, que para colmo, se esfuerza en defender a impresentables como los senadores Erico Galeno (condenado en primera instancia a 13 años de cárcel por vínculos con el narcotráfico) y Hernán Rivas, con presunto título falso de abogado y que fue “juez de jueces” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Este modelo de gestión los está perjudicando (a los empresarios), además de degradar a las instituciones con licitaciones más caras y amañadas”, y otra vez, “sus colaboradores y el propio presidente Peña sostiene a gente como Hernán Rivas o Erico Galeano violando la Constitución con permisos no permitidos por la ley”.

Vaesken remarca que si a esto se le suma que “la precarización el servicio de salud” con el faltante de medicamentos y un “sobregiro” (deudas) en el IPS y el Ministerio de Salud pública y con “un pueblo que no es retribuido con un servicio de transporte y salud pública de calidad” y es obligado a “pagar de su bolsillo lo que está garantizado por la Constitución” se genera un cóctel letal para la economía.

“Eso hace que la plata no alcance, desacelere la economía y termina perjudicando al que produce riqueza”, finalizó.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Alipio Garay Chamorro (40) y Sandro Alberto Zarza Olmedo (42), ambos trabajadores de la sucursal en Obligado de la empresa Producar SA.

Los autores del hecho serían dos personas, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta de color rojo. Ambos tenían casco protector y el acompañante intimidó a las víctimas con un arma de fuego, aparentemente un revólver.

Los asaltantes se llevaron una billetera marrón que contenía G. 4 millones, producto de la recaudación de la venta de los productos cárnicos, además de las billeteras personales de las víctimas y dos aparatos celulares.

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El asalto

Según el relato de las víctimas, fueron intimidados a punta de arma de fuego cuando estaban con el camión de la empresa, de la marca Hyundai HD-72/222, refrigerado, con matrícula AANE 800.

Los trabajadores pararon para bajar mercaderías en un local comercial denominado “Despensa Correa”. En ese momento fueron interceptados por la motocicleta, de la que descendió el acompañante con el arma.

Luego de hacerse con los objetos de valor y el dinero, se dieron a una rauda fuga. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de locales en las inmediaciones.

Tras la denuncia, los intervinientes comunicaron el caso al fiscal de turno de la Unidad Penal en las Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.

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Tres detenidos pero liberados

Los agentes policiales de la comisaría local realizaron un rastrillaje por la zona y divisaron a tres personas en una zona boscosa en las inmediaciones del vertedero municipal. Las mismas intentaron huir al notar la presencia policial.

Fueron aprehendidos e identificados como Luis Miguel Acosta Escobar (27), con antecedentes por robo agravado (2024) y hurto agravado (2025); Julio César Núñez Caballero (34); y Juan Miguel Goncalvez Muñoz (25), con antecedentes por tráfico de estupefacientes (2026).

Posteriormente, a unos 50 metros, hallaron una motocicleta de la marca Star, de color rojo, sin matrícula, que coincide con las características de la utilizada en el atraco.

No obstante, el fiscal Castillo dispuso la incautación de la motocicleta y la liberación de los hombres, debido a que no se encontraron elementos vinculantes con el caso, como los objetos robados o vestimentas utilizadas por los asaltantes.

La reunión se celebró en el Puesto de Comando del Partido Patria Querida, en el marco de una jornada de trabajo y coordinación de la campaña de Núñez.

El encuentro contó con la participación del senador Eduardo Nakayama; el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo); el presidente del Partido Patria Querida (PPQ), Stephan Rasmussen; la diputada Rocío Vallejo (PPQ); así como autoridades partidarias y referentes del espacio.

También reapareció Fernando Camacho, en representación del Partido Encuentro Nacional (PEN). Este había dejado la presidencia de la agrupación durante el escándalo de la Ocupación VIP de Los Jardines de Remansito, en valiosos terrenos estatales sobre la rivera del Río Paraguay.

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También estuvieron presentes los concejales Álvaro Grau (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Félix Ayala (PLRA) y Fiorella Fiorestieri (PLRA), junto con la presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Josefina Duarte, y el presidente del Partido de la A, Oti Sánchez.

El encuentro se dió en el marco de un Intercambio de experiencias con Henry Worm y Stefan Schard, diputados por la CDU de Turingia, región del centro de Alemania donde se gobierna mediante coalición. El encuentro fue propiciado por la Fundación Konrad Adenauer.

Se unieron contra la ultraderecha

Según la DW, lo ocurrido en Turingia fue un hecho histórico, ya que los cristianodemócratas alemanes tenían establecido no cooperar con el partido La Izquierda. Finalmente, los conservadores alemanes se comprometieron a tolerar un gobierno de izquierdas en minoría en el “Land” oriental de Turingia para mantener el cordón sanitario a la ultraderecha.

Durante la reunión se compartieron lineamientos de campaña, se analizaron los principales desafíos de la ciudad y se reafirmó el compromiso de seguir construyendo una alternativa sólida para Asunción, basada en el trabajo conjunto y la articulación entre distintos sectores políticos.

Sin embargo, no participaron en esta reunión las fuerzas políticas que apoyaban a la excandidata Johanna Ortega (PPS, Yo Creo, PPC y otros), y que ahora prometieron apoyar a Soledad Núñez.

En tal sentido, el juez penal de Adolescencia Matías Garcete es quien entiende las causas en las que Thiago Gorostiaga está procesado como adolescente. Una de ellas incluso ya se elevó a la etapa de juicio oral y público, en tanto que para el 28 de abril a las 8:00 Garcete convocó para realizar la audiencia preliminar en la otro casos. Cabe resaltar que ambos procesos están a cargo de la fiscala Cleider Velázquez, pues el fiscal Hernán Mendoza, que llevaba adelante las pesquisas, fue trasladado.

Elevan a juicio oral causa contra Thiago Gorostiaga por coacción sexual

El otro proceso se tramita ante el juzgado penal de garantías a cargo de Raúl Florentín. En este caso, el magistrado otorgó el arresto domiciliario a Thiago Gorostiaga, luego de admitir el ofrecimiento hecho por la defensa del mismo, ejercida por los abogados Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, de una fianza real de G. 1.000 millones.

Thiago Gorostiaga filmado en la calle

El procesado Thiago Gorostiaga Arestivo fue filmado mientras se encontraba en la vía pública, aparentemente fuera de su domicilio, en compañía de otros jóvenes que estaban a bordo de camionetas de alta gama. El video se subió a la red social Tik Tok y publicado por el medio Delpy.

Cabe señalar que en el video se observa a Thiago Gorostiaga y a los otros muchachos en medio de lo que sería una celebración. Esto coincidiría con el cumpleaños número 19 de Gorostiaga, que es este viernes 17 de abril.

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Al respecto, fuer consultado el juez Matías Garcete, quien manifestó que los procesos penales del fuero adolescente tienen otro tratamiento y que aguardaba comunicación oficial sobre la aparente transgresión a la medida de arresto domiciliario, la cual debe practicar la Policía Nacional de la jurisdicción. Sin embargo, hasta el momento de la consulta, dijo que no recibió aviso alguno.

En ese sentido, la Resolución N° 665 del 21 de julio de 2017 establece el ”Protocolo de Intervención Policial con Personas Adolescentes entre 14 y 17 años de edad en Transgresión a la Ley Penal y para la Protección Policial con Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo“, el cual refiere que: ”cuando el personal policial verifique que un adolescente se encuentra incumpliendo una regla de conducta dispuesta por orden judicial, se deberá proceder a labrar un acta con las formalidades requeridas y comunicar al Juzgado interviniente sin proceder a su aprehensión".

Por su parte, el juez Raúl Florentín también señaló que hasta el momento en que se le derivó la consulta, no había recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la Policía. Añadió que, si el informe se remitía después de las 13:00, el reporte debía ser tramitado por un juez de Atención Permanente.

Primer caso por hechos punibles contra la autonomía sexual

Recordemos que Gorostiaga actualmente cuenta con arresto domiciliario, en una causa por supuesta coacción sexual de la que resultó víctima otra de sus compañeras. La medida restrictiva de libertad fue dictada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín el 29 de agosto pasado.

En esta causa, Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde por hechos ocurridos durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

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En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante, se había reservado una pieza con colchones para que las chicas quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y la besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “Jäger”.

Segundo proceso por abuso sexual

El pasado 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (18), por la presunta comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual. En este marco, el investigador solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario y, también, la colocación de la tobillera electrónica para una mejor vigilancia.

En este contexto, el miércoles 24 de septiembre, a las 8:30, está prevista la realización de la audiencia de imposición de reglas especiales (artículo 427 del Código Procesal Penal) ante el juez penal de la Adolescencia, Matías Garcete. Cabe aclarar que esta diligencia tendrá tal carácter porque al momento de la comisión del hecho denunciado, el imputado era menor de edad y por ello se lo procesa bajo normas especiales.

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Así también, se debe señalar que Thiago Gorostiaga, imputado por abuso sexual en personas indefensas, también afronta otra causa, pero por coacción sexual, hecho por el que fue imputado en agosto pasado. En esta causa, que se encuentra a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, el joven ya cuenta con la medida de arresto domiciliario.

Es por esta razón que el agente fiscal Hernán Mendoza ahora volvió a solicitar la aplicación de medidas como el arresto, sumado a ello la colocación de una tobillera para su monitoreo.

Tercer caso que afronta Thiago Gorostiaga

De acuerdo con el relato de los hechos presente en el escrito del fiscal Mendoza, la adolescente llegó poco antes de las 00:00 a una fiesta en la casa de uno de sus amigos y compañero de colegio, ubicada en Asunción. En ese lugar, la joven fue víctima de violencia sexual en una de las habitaciones de la planta alta del domicilio, sindicando como autor de ello a Gorostiaga.

La víctima relató que tras su llegada bebió una caipiriña, y luego se quedó sentada en el patio de la casa en compañía de otros amigos. En ese ínterin empezaron a llegar otros invitados, incluso de otra institución educativa ajena a la de ella y sus amigos. Luego otro joven le acercó otra bebida, en un vaso rojo, la cual probó y no le gustó. Tras bailar le acercaron un shot que ingirió y después de esto, comenzó a sentir mareos en la pista de baile.

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Con el malestar que empezó a sentir, la propietaria de la casa la llevó a la habitación de la planta alta para que repose. Junto con la adolescente también estaban otros amigos. Ella dormitó por unos 10 minutos, según la imputación, y al despertar uno de los presentes intentó besarla hasta que intervino otro de los muchachos.

La joven logró reponerse por unos minutos, sin embargo luego volvió a sentirse mal, en una aparente intoxicación. Ante esta situación la dueña de casa intervino, la aseó y la llevó nuevamente hasta la habitación de la planta alta para que descanse y donde la menor de edad quedó dormida.

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En un lapso, la joven sintió que alguien la estaba tocando. Al despertar se percató de que Thiago Gorostiaga la tenía sujetada de una mano que la puso en sus partes íntimas. De acuerdo con el relato de la adolescente, intentó zafarse del muchacho que la atajaba con fuerza, pero no tenía fuerzas, y no sabía si era por su condición o el miedo.

Posteriormente, según la denuncia, Gorostiaga se colocó encima de la víctima y se cubrió con una frazada a fin de ocultar su acto. Tras llegar a su casa a la mañana siguiente, la joven durmió por varias horas y a la tarde notó que tenía moretones por el cuerpo, por el forcejeo con Thiago, y sintió irritadas sus partes íntimas.

La menor de edad comentó ante Fiscalía que conversó con la orientadora del colegio, quien activó el protocolo. Luego de ello, también les contó a sus padres lo ocurrido y ellos la llevaron al Hospital Barrio Obrero para un diagnóstico.

Bajo el lema “Salvemos al IPS”, los gremios realizarán una protesta principal en Asunción, frente a la Caja Central del Instituto, en las calles Constitución y Herrera. La manifestación se replicará en ciudades de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Guairá y Caaguazú.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), explicó que el principal reclamo de los maestros es la salida de Jorge Brítez, presidente de la previsional, quien soporta numerosos reclamos en su gestión.

“Tenemos hasta denuncias de presunto despilfarro de los recursos. Por ejemplo, según vemos en publicaciones, una licitación para el lavado y planchado de sábanas tiene un precio de G. 300.000 por unidad, cuando a un precio mucho menor ya se puede adquirir una”, afirmó el gremialista.

Más reclamos de los docentes al IPS

Silvio Piris explicó que, uno de los pedidos para una eventual nueva administración en la previsional, es solucionar la falta de medicamentos y también la ausencia de insumos básicos, como guantes o jeringas, que deben utilizarse en urgencias.

“Tenemos datos de que en un 70% de los casos, los estudios clínicos, como tomografías, deben hacerse fuera de los hospitales del IPS, en clínicas subsidiadas. Por otro lado podemos mencionar la escases de personal de blanco en algunos sitios, prácticamente no tenemos especialistas en varias áreas, sobre todo en el interior”, remarcó.

También expresó que existe un llamado para servicios de jardinería por US$ 6,8 millones que cuestionan, no porque no sea necesario, sino por la necesidad acuciante de trabajadores y asegurados por una buena cobertura en todos los locales.

“Lo más grave, podríamos decir, son los casos de negligencia. Por un lado, un caso que lleva más tiempo es el del señor a quien habrían amputado una pierna equivocada“, indicó el dirigente, recordando a don Ramón Samudio, que finalmente falleció este mes, mientras enfrentaba un cáncer de pulmón y entre reclamos de injusticias por parte de la familia.

El caso más reciente, de una supuesta negligencia médica, ocurrió a fines de marzo, en el hospital Ingavi del IPS, donde a una paciente con cáncer, le extirparon la mama equivocada. La familia hizo la denuncia en la Fiscalía, que sigue el proceso investigativo.

Piden que Jorge Brítez, titular del IPS “dé la cara”

“Nosotros pedimos una audiencia con Jorge Brítez, que dé la cara ante las numerosas denuncias que hay en el IPS. Esperamos que nos recibe y que ofrezcan soluciones concretas a los pedidos”, agregó Silvio Piris. En el caso de no ser recibidos este sábado, plantearán otras medidas de fuerza próximamente, según indicaron los representantes de sindicatos de educadores.

La UNJPY - Unión Nacional de Jubilados, también se suma a la movilización de los docentes. “El reclamo de los docentes públicos concuerda con los históricos reclamos del sector Jubilados, que desde el 2021 venimos advirtiendo la situación deficitaria del Seguro de Salud, exigiendo reformas estructurales, la eliminación de la injerencia político-partidaria y cambios reales en beneficio de los aportantes y asegurados”, dice el dirigente Pedro Halley en la convocatoria publicada en redes.

“Los jubilados, hastiados de la peor atención médica en la historia de la previsional, exigimos al Gobierno dejar de utilizar al IPS como caja chica y agencia de empleo del sector político gobernante”, añade el texto de la convocatoria.

Según detallaron desde la cartera estatal, en esta ocasión, se realizará la reapertura de una serie de emisiones con vencimiento en el 2035. De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha de liquidación está prevista para el 24 de abril de 2026, mientras que el vencimiento del instrumento financiero será el 12 de agosto de 2035. Detallaron también que los bonos contemplan un esquema de pago de cupones de manera semestral.

PGN 2026: prevén emisión de bonos por US$ 640 millones y bicicleteo de deuda

Esta será la primera subasta de las cuatro que tiene previsto el MEF realizar en este año como estrategia de financiamiento del Gobierno.

Las siguientes emisiones están contempladas para el miércoles 29 de julio, con liquidación el 31; la tercera subasta que será el miércoles 28 de octubre, liquidándose el 30, y ya el calendario se cierra el miércoles 25 de noviembre, con liquidación al 27 del mismo mes.

Cabe señalar que dichas colocaciones forman parte del esquema del Gobierno para cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, para la renovación de deudas que van venciendo.

Deuda Pública: Gobierno concretó emisión de bonos soberanos en guaraníes por US$ 1.000 millones

A estas futuras colocaciones ya se suma la colocación de títulos de deuda equivalente a USD 1.000 millones que se concretó en febrero pasado, a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre del año pasado.

El PGN 2026 contempla emisión de bonos por alrededor de US$ 1.300 millones ascendería la emisión total de bonos. La emisión internacional de US$ 1.000 millones se concretó en marzo último, por lo que aún queda margen para emisión en el mercado interno.

El saldo de la deuda pública total en el segundo mes del año alcanzó US$ 20.694 millones.

El monto total de la inversión asciende a G. 15.160.225.986, financiados con fondos propios de la empresa estatal eléctrica, destinados a la incorporación de 11 equipos estratégicos para la Gerencia Técnica.

La nueva dotación incluye un miniexcavador sobre oruga de goma, diseñado para operar en espacios reducidos y de difícil acceso, además de 2 tractocamiones 6x4 con capacidad de hasta 40 toneladas, orientados al traslado seguro de equipos de gran tamaño.

También forman parte de la adquisición 2 topadoras de 14 y 20 toneladas, que serán utilizadas en tareas de movimiento de suelo y apertura de caminos en zonas donde se desarrollan obras eléctricas.

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A estos se suman una retroexcavadora cargadora de uso versátil, 3 tractores agrícolas destinados al mantenimiento de franjas de servidumbre y 2 ómnibus con capacidad para 25 a 30 personas, destinados al traslado del personal técnico.

Distribución y alcance nacional

Los equipos serán distribuidos en los Departamentos de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de las regiones Este, Sur y Norte, así como en el Área Central Acaray y el Departamento de Operación de Vehículos.

Desde la ANDE destacaron que esta inversión permitirá optimizar los trabajos en campo y mejorar significativamente los tiempos de respuesta ante fallas o emergencias en el sistema eléctrico.

Asimismo, las maquinarias serán clave para reforzar la logística operativa, especialmente en tareas de intervención y traslado de equipos en zonas de difícil acceso.

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Impacto en el servicio eléctrico

Uno de los ejes centrales de esta incorporación es la limpieza y mantenimiento de la franja de servidumbre en más de 7.000 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 220 kV y 66 kV en todo el país.

Este trabajo es fundamental para reducir riesgos de incendios, facilitar inspecciones y garantizar condiciones adecuadas para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

La situación se vuelve crítica en el área de internaciones, ya que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) registró 269 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales el 18% requirió cuidados intensivos.

Virus respiratorio: perfil de los pacientes y virus circulantes

El informe destaca que la mayor carga de hospitalizaciones se concentra en tres grupos vulnerables:

• Franja pediátrica y escolar: Niños de 5 a 19 años.
• Primera infancia: Menores de 2 años (21% de los casos).
• Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante (21% de los casos).

Los virus detectados en la última semana incluyen Rhinovirus, Influenza A (H3N2), Metapneumovirus y Virus Sincitial Respiratorio. Lamentablemente, en lo que va del 2026 ya se han confirmado 59 fallecimientos asociados a estos cuadros.

Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026

Desde la cartera sanitaria se enfatiza que la vacunación anual es la herramienta más efectiva para evitar formas graves de la enfermedad y la muerte. Actualmente, está en marcha la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno con dosis disponibles en todo el país.

• Influenza (Cuadrivalente): Protege contra cuatro cepas del virus (incluyendo H1N1 y H3N2). Está disponible para toda la población, con prioridad en grupos de riesgo.
• Neumococo: Dirigida principalmente a adultos de 60 años en adelante y personas con comorbilidades desde los 5 años, para prevenir neumonías graves.

Recomendaciones clave para frenar el contagio

Desde Salud Pública se resalta que si hay síntomas, se debe usar mascarilla obligatoriamente, acudir al médico de inmediato y evitar la automedicación.

Además, se indica la importancia del aislamiento preventivo. No se debe enviar a niños con síntomas a escuelas o guarderías, y evitar asistir al lugar de trabajo para prevenir brotes masivos. También es importante el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados y cubrirse la boca con el ángulo interno del codo al toser.

Sin embargo a un año y tres meses de su promulgación muy pocas municipalidades formalizaron a sus funcionarios contratados de acuerdo a la nueva legislación.

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“De acuerdo con los datos obtenidos, actualmente más de 20.000 trabajadores municipales aún permanecen fuera del régimen jubilatorio, lo que genera un fuerte desbalance entre aportantes y beneficiarios (jubilados y pensionados)“, reza parte del comunicado institucional.

La Caja Municipal de Jubilaciones indica que la normativa introduce un cambio estructural al establecer la incorporación obligatoria y gradual de estos funcionarios al sistema, ampliando así la base contributiva.

Solo 163 afiliaciones

Según los registros oficiales de la Caja Municipal de Jubilaciones en más de un año de vigencia de la ley se tuvo solo 163 nuevas afiliaciones, de los más de 20.000 funcionarios que están fuera del sistema.

La Caja de Jubilación Municipal está en quiebra e indefectiblemente necesita el aporte de los municipios para poder desembolsar los aportes a los jubilados. Días pasados recién abonaron los haberes jubilatorios del mes de febrero. Esta situación deficitaria se arrastra desde el 2023.

“La Caja Municipal de Jubilaciones necesita por lo menos el 5% de los 20 mil funcionarios contratados, es decir 1.050 nuevos cotizantes para superar el déficit mensual actual”, dice otra parte del comunicado.

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El Artículo 84 de la Ley del Servicio Civil obliga a las instituciones municipales a incluir a sus funcionarios contratados dentro del régimen de seguridad social. Este mandato comenzó a aplicarse en 36 municipios, de los 263 que existen a nivel país.

Anteriormente, ya existía un esquema similar que implicaba para los inversionistas un canal que requería una apuesta de US$ 70.000 más la creación de cinco empleos para acceder a la residencia permanente de manera más rápida.

Sin embargo, muchos capitales extranjeros manifestaron que no tenían inconvenientes con el monto de inversión, pero sí con el cumplimiento del requisito de generación de empleo, debido que algunos adquirieron departamentos o terrenos, que no generaban mano de obra directa, alegó el ministro Riquelme.

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Bolsa de valores y sector inmobiliario

Tras escuchar estas inquietudes, según dijo, el Gobierno decidió crear un nuevo producto: en lugar de US$ 70.000 con exigencia de cinco empleos, se establece una inversión de US$ 200.000, sin el requisito que exige mano de obra. De ese monto, se podrá invertir en bienes inmuebles (casas, departamentos, oficinas) o en la bolsa de valores.

“Esta propuesta encaja muy bien dentro del pilar de la Revolución Industrial que tenemos en materia de financiamiento, porque al inyectar liquidez a la bolsa de valores de Paraguay, esto permitirá canalizar recursos hacia industrias paraguayas de forma más eficiente y a menor costo”, destacó.

Explicó además que en el ámbito de la construcción, la medida impulsará la venta de apartamentos, casas y oficinas, ya que la compra de inmuebles permitirá acceder directamente a la residencia permanente.

US$ 150.000 para el sector turístico

Añadió que otro de los pilares de la “revolución industrial” es el turismo. En ese sentido, mencionó que se contempla un esquema preferencial para el sector turístico, en el que la suma de inversión es incluso menor, de US$ 150.000, que permite acceder a la residencia permanente.

“Es una innovación en atracción de inversiones, alineada con el pilar de la revolución industrial, donde el financiamiento es uno de los factores más importantes”, precisó.

Asimismo, explicó que el sistema ya funciona de manera articulada con el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace) y Migraciones, por lo que este nuevo producto se integra a ese mismo circuito institucional.

Extranjero debe cumplir con documentación requerida

Sin embargo, aclaró que no se trata de un proceso inmediato, sino que la persona extranjera al comprar un inmueble no se le otorga automáticamente la cédula de identidad el mismo día, sino que el solicitante debe presentar una serie de documentos, pasar controles de Interpol y cumplir con los requisitos administrativos correspondientes antes de la aprobación final por parte de Migraciones.

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“La inversión está, pero además se debe cumplir con toda la documentación. La persona presenta su solicitud en el SUACE, luego esa dependencia remite el caso a Migraciones, donde se completa el proceso administrativo”, amplió.

Proyectan más de 100.000 residentes, principalmente brasileños

En cuanto al volumen de inversiones que podría canalizarse, indicó que en 2025 Paraguay recibió 47.000 nuevas residencias, en su mayoría temporales, y que cerca de 30.000 correspondieron a ciudadanos brasileños.

“Por esa razón lanzamos el programa en Brasil, porque gran parte de los interesados en obtener residencia fiscal en Paraguay son brasileños. Este año, de enero a abril, ese número ya se está duplicando. Para 2026 esperamos alcanzar 100.000 nuevos residentes, de los cuales estimamos que más de 60.000 serán del país vecino”, precisó.

San Lorenzo: obra parada hace más de seis meses

Los afectados mencionan que no encontraron apoyo de las autoridades municipales, así como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Avenida De la Victoria sigue en lamentables condiciones

Mencionan que ya no saben a quién recurrir, ya que el abandono y la notoria falta de mantenimiento se evidencian en el pésimo estado de los tramos.

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De acuerdo con las denuncias, la vía se encuentra prácticamente intransitable, con sectores que dificultan tanto el paso vehicular como peatonal. A esta situación se suma el malestar de los transeúntes, quienes expresan su descontento por la falta de respuestas a los reiterados reclamos.

“¿Para qué reclamar más si nadie escucha?”, lamentó un frentista.

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Los vecinos señalan además que la Municipalidad de San Lorenzo, lejos de ofrecer una solución definitiva, se limita a arrojar escombros, basura y materiales inservibles sobre la avenida, lo que, afirman, no solo enlentece el tránsito, sino que también ocasiona daños a los vehículos.

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Al respecto, Milton Velázquez, vecino de la zona, agregó que el problema vial se ha ido incrementando. “Es cada vez más crítico este camino. Lo más grave es que, al estar en pésimo estado, afecta el paso de las ambulancias porque esta arteria es camino del Hospital Pediátrico. Además del paso lento en horarios pico”, cuestionó.

Avenida La Victoria de San Lorenzo, en deplorable estado

Otro de los problemas señalados es la precariedad del sistema de desagüe pluvial. Según los denunciantes, no tiene un buen mantenimiento a lo largo de todo el tramo.

A esto se suma la situación del desagüe cloacal, que no fue habilitado oficialmente, pero al cual varios vecinos se habrían conectado de manera irregular, generando filtraciones, malos olores y un ambiente insalubre en la zona.

Las obras realizadas hace seis años

La obra había sido adjudicada en dos tramos a distintas empresas. El tramo 2, de 3,364 kilómetros de longitud, estuvo a cargo del Consorcio CPV, integrado por las firmas Caldetec, Puntal y Vialsur, y representado por Luis Chamorro Arce, con un costo total de G. 58.038.878.748. Este sector abarca desde la intersección de la avenida La Victoria con la calle Arnaldo Bacigalupo.

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En tanto, el tramo 3, de 2,6 kilómetros, fue adjudicado a la empresa Tecnología del Sur S.A.E., representada por Solange Matilde Müller González, por un monto de G. 26.610.696.971. El trayecto intervenido se inicia en la intersección con la avenida Manuel Ortiz Guerrero y se extiende hasta el inicio del tramo 2.

Ambos tramos suman una extensión total de aproximadamente 5,9 kilómetros.

Ahora, el Ministerio Público dio a conocer que la fiscala Cleider Marlene Velázquez imputó al hombre por los hechos punibles contra la seguridad y la convivencia de las personas, y amenaza de hecho punible.

También se solicitó su prisión preventiva y según la denuncia presentada en fecha 16 de abril de 2026 por representantes de la institución educativa, hubo conocimiento de que la institución recibió mensajes de carácter extorsivo y amenazante vía WhatsApp.

Asimismo, los textos atribuidos al imputado hacen referencia a una intimación a las autoridades del colegio a hacer entrega de las llaves de una propiedad ubicada sobre la calle Azara, como también la transferencia de fondos bajo inventario y de cuentas bancarias a favor suyo.

Cae hombre que presuntamente amenazó con un “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

“Allanamiento armado”

Al respecto, la Fiscalía detalla que la amenaza explícita y grave en sí señalaba que presuntamente el hombre “realizaría un allanamiento armado donde pueden salir personas heridas o incluso muertas”.

Tras el conocimiento público del caso se realizó un allanamiento en la zona céntrica de Asunción y el sospechoso fue detenido, al igual que también se incautaron de varias tarjetas SIM.

Según unos datos provistos, el trasfondo del incidente no sería un ataque aleatorio, sino el resultado de un conflicto personal y legal que el ahora detenido supuestamente mantiene con los propietarios del colegio.

Ordenan detención del hombre que amenazó con “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

El planteamiento surge tras detectar que cerca de 1.600 profesionales matriculados habrían sido omitidos del listado oficial.

Berni fundamentó su postura señalando que, debido a su cargo, tiene la responsabilidad ética y legal de velar por la integridad del cuerpo electoral.

Según el escrito, el padrón actual registra 37.284 electores, una cifra menor a los 37.831 habilitados en el año 2023. Esta inconsistencia técnica representaría una exclusión injustificada de una parte importante de los nuevos abogados, afectando directamente la representatividad del estamento.

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“Resulta jurídicamente inexplicable y fácticamente imposible que, habiendo prestado juramento más de 8.000 nuevos abogados en el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2023 y el 31 de marzo de 2026, el padrón sufra una contracción en lugar de reflejar un crecimiento natural”, sostiene el documento presentado.

De esos 8.000 nuevos abogados, gran parte ingresa al sector público y por ese motivo no pueden votar. Los restantes, que son unos 1.418, son los que no figuran en el padrón electoral y se exige su inclusión.

En el escrito se solicita formalmente a la Corte que realice un cruce de datos entre el listado provisional y la base oficial de abogados matriculados. El objetivo es subsanar el registro de forma inmediata para asegurar un proceso justo y transparente.

Finalmente, Berni advirtió que la ausencia de estos profesionales en el padrón, y de no corregirse, debilita la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios y vulnera el derecho al voto de los abogados en un proceso clave para el sistema judicial.

El pedido fue en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del candidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

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Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Le indicaron que estarán “atentos” desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la solicitud de la fiscala Galeano ya fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis. Adelantó que se realizará un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano.

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Datos que la fiscala maneja

Sophia Galeano sostiene que existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados del intendentable. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la fiscala al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

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En su nota a Emiliano Rolón, la fiscala cita dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

También la fiscal pone al tapete un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el candidato promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.

En tanto que el candidato, desde sus redes sociales, emitió un escueto comunicado referente al tema.

“En estos días se dicen muchas cosas… y claro, se van a seguir diciendo. Pero yo elijo seguir donde siempre estuve con la gente", escribió Hugo Farías.

El hombre falleció de manera súbita, según indican desde la institución.

Su cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, a la espera de ser entregado a sus familiares.

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Se solicita a toda persona que pueda aportar información sobre familiares o allegados del fallecido que se acerque a la sede de la Fiscalía, ubicada sobre Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo, o que se comunique con la Morgue Judicial.

La estatal iniciará la rescisión del contrato antes del 30 de abril, fecha en que vence la décima prórroga, y ejecutará la garantía por más de US$ 3.050.000 del Banco Continental, según ratificó esta semana el presidente de la petrolera, William Wilka.

La empresa catarí presentó esta caución recién el 29 de diciembre del año pasado, pues su garantía original era una simple declaración jurada. En ese documento, la entidad bancaria se constituyó como garante a favor de Petropar y en nombre de la firma extranjera por el monto mencionado.

“Nos obligamos a pagar a la contratante, contra su solicitud escrita en la que se afirme que el proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma dentro de los límites de US$ 3.050.000, sin necesidad de que la contratante pruebe o acredite las razones que sustentan la reclamación”, señala la caución del Banco Continental.

Petropar ratifica que ya no dará prórroga a firma catarí: rescisión comenzará antes del 30 de abril

Petropar sigue sin recuperar garantías de otras compras fallidas de la era Jara

Sin embargo, pese a que la garantía presentada por Doha es a simple requerimiento, existen dudas de que la estatal logre efectivizar el cobro. Es que hasta ahora tampoco pudo recuperar las garantías de otras compras fallidas durante la gestión de Eddie Jara, como en los casos de la empresa AP SA, vinculada a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, y la firma emiratí Evolution Group FZ LLC, ambos judicializados.

En el caso de Lafarja, Petropar demandó ante un juzgado civil y comercial de la capital a AP SA para cobrar los US$ 1,5 millones correspondientes a la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de 70.500 metros cúbicos de gasoíl, por un valor máximo de US$ 51,5 millones.

El contrato fue rescindido porque AP SA no presentó la garantía de fiel cumplimiento ni entregó el carburante. En consecuencia, correspondía ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, presentada en forma de declaración jurada, mediante la cual la empresa se comprometía a pagar sin objeciones en caso de incumplimiento.

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El expediente se encuentra desde diciembre de 2023 en el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, que el 13 de febrero de 2024 admitió la demanda. Desde entonces, el proceso sigue sin resolución.

A medida que avanzó el caso, Lafarja presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado, en la que ofrecía pagar solo US$ 150.000 en diez cuotas, lo que fue rechazado por Petropar. Este planteamiento se dio luego de que la empresa intentara llevar el caso a arbitraje, alegando la incompetencia del juez.

En ese contexto, el juzgado resolvió mantener la jurisdicción de la justicia ordinaria y rechazó el pedido de AP SA de someter la controversia a arbitraje. Posteriormente, la firma recurrió ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, pero el mes pasado desistió del recurso.

“El 20 de marzo se desistieron de los recursos de apelación y nulidad ante el Tribunal, que debe expedirse sobre ese pedido y devolver el expediente a primera instancia”, explicó el juez interino de la causa, Diego Alejandro Torres Sandoval.

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Tampoco recuperó garantía de firma emiratí

Petropar tampoco logró recuperar la garantía de fiel cumplimiento de la empresa Evolution Group FZ LLC, de Emiratos Árabes Unidos, que debía proveer hasta 40.000 metros cúbicos de gasoíl por US$ 24 millones, pero incumplió el contrato.

A pesar de la rescisión, la estatal no pudo cobrar la garantía, respaldada por una póliza de la Aseguradora Tajy por US$ 1.204.652, según documentos oficiales. El caso también está judicializado, debido a que la aseguradora ofreció pagar un monto inferior al establecido.

En concreto, la compañía ofreció US$ 20.000, cuando la caución debía cubrir la totalidad de US$ 1.204.652, equivalente al 5% del monto máximo del contrato. “Se realizó el reclamo de pago de la garantía correspondiente y la respuesta de la Aseguradora Tajy S.A. fue un ofrecimiento inferior al previsto como garantía de fiel cumplimiento. Este ofrecimiento se formalizó mediante una acción judicial de dación en pago, sobre la cual Petropar está en proceso de contestación y reconvención”, informó en su momento la estatal.

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Petropar alega que firma catarí muestra compromiso para pagar garantía

No obstante, el presidente de Petropar, William Wilka, sostuvo que en caso de la firma catarí no prevén inconvenientes para efectivizar el cobro de la garantía. Explicó que si bien el proceso originalmente no requería garantía, sino solo una declaración jurada, la firma catarí presentó posteriormente una garantía bancaria “como muestra de compromiso”.

“Este proceso no requería garantía, solo declaración jurada. Presentaron la garantía bancaria como compromiso de honrar el contrato y de buena fe. Ahora bien, sobre el pago del banco, no vemos objeción alguna porque es bancaria y a primer requerimiento”, afirmó.

Wilka también diferenció este caso de los anteriores incumplimientos, señalando que en las operaciones fallidas de AP SA y Evolution Group las garantías no eran bancarias. “Los otros casos fueron declaración jurada y póliza de seguros (no bancaria)”, indicó.

Las autoridades advierten sobre un “moderado crecimiento” de infectados, que podría alterar la estabilidad actual si se descuidan las medidas de prevención.

En la última semana, la Dirección General de Vigilancia de la Salud ha confirmado 25 casos positivos en cuatro regiones. Central lidera la lista, con 11 afectados, seguido de cerca por Asunción con 8, Concepción con 4 y Presidente Hayes con 2 casos. En lo que va del año, Paraguay acumula un total de 144 diagnósticos confirmados, donde los serotipos circulantes son el DENV-1 y DENV-2.

En cuanto a la gravedad de los cuadros, solo se registran dos internaciones, una en Villa Hayes y otra en San Lorenzo. Como dato positivo, el Ministerio de Salud destacó que en los últimos siete días no se registraron fallecidos.

Dengue: diez regiones con incremento de notificaciones

A pesar de la estabilidad general, el informe indica que en la última semana, diez regiones del país presentaron un incremento en sus notificaciones de cuadros sospechosos.

Este aumento abarca desde el área metropolitana (Asunción y Central) hasta zonas fronterizas como Alto Paraná, Itapúa, Amambay y el Chaco (Boquerón). “Esta dispersión geográfica del aumento de sospechas sugiere que el mosquito Aedes aegypti sigue activo y con potencial de expansión”, dice el informe.

La amenaza latente de la chikunguña

Vigilancia de la Salud también reportó dos casos nuevos de chikunguña; uno en Pedro Juan Caballero y otro en Fernando de la Mora. Con estos, ya suman 9 casos confirmados en el territorio nacional este año; tres de ellos importados desde Bolivia.

Desde el Ministerio de Salud recuerdan que la prevención sigue siendo fundamental, por lo que instan a la eliminación de criaderos de mosquito. Así también, recuerdan que las vacunas contra el dengue están disponibles para las personas de 6 a 39 años en los puestos sanitarios de las 16 regiones sanitarias priorizadas.

En ese contexto político, ahora los concejales colorados disidentes, quienes durante los cuatro años anteriores se mantuvieron callados, incluso leales al intendente comenzaron a denunciar varias desprolijidades administrativas a meses de las internas del 7 de junio.

Si bien, la gestión de Amado Díaz Verón no se caracteriza por la transparencia para muchos ciudadanos, las denuncia de los ediles es meramente electoralista.

En marzo pasado los concejales; Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en Asunción contra el intendente por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

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En tanto que, durante la sesión ordinaria del la Cámara Baja, el diputado Juan Maciel (ANR-Añeteté) replicó la denuncia en contra del intendente cartista y cuestionó el lento avance de la investigación.

Según los datos, el presunto daño patrimonial que ocasionó Amado Díaz Verón a la Municipalidad de Caazapá sería de G. 4.000 millones “en obras fantasmas”, obras inconclusas o abandonadas, presuntamente certificadas y pagadas irregularmente.

¿Cuánto se gastará en proselitismo?

Amado Díaz Verón declaró que dispone de G. 60 millones de sus recursos propios para hacer proselitismo durante las internas del próximo 7 de junio. No declaró préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.

Roque Sarubbi Brizuela por su lado, declaró ante la Justicia Electoral, que para hacer frente al clan Díaz Verón, dispondrá solo de G. 1.00.000 en proselitismo.

Mientras que en el sector opositor Juan Ortellado (YoCreo) declaró que no dispone de un solo guaraní para proselitismo.

En marzo último, la inflación medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,8%, superior a la expectativa que tenían los agentes económicos para ese mes del 0,3%, mientras que la inflación acumulada al primer trimestre del año se ubicó en 1,9%.

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Por otra parte, los agentes económicos coinciden que para el cierre del año 2026 la variación interanual será del 3,7%, también superior al 3,5% que estimaron el mes anterior y levemente por encima del centro de la meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

La percepción de una mayor presión inflacionaria guarda relación con los conflictos en Medio Oriente que derivan en el alza de los combustibles, que a su vez, repercuten en otros rubros y bienes de la canasta básica.

Estiman estabilidad en el tipo de cambio en G. 6.500

Por otra parte, los Agentes Económicos consultados en la Encuesta EVE, coincidieron en que habría una mayor estabilidad en el tipo de cambio dólar en el mercado local en este mes de abril, en alrededor de G. 6.500.

Sin embargo, la divisa estadounidense ha tocado un mínimo de G. 6.380 en el cambio efectivo, aunque este viernes repuntó y cerró las operaciones en G. 6.400.

El dólar sigue bajando y se cotiza por debajo de G. 6.400

En la percepción de los agentes económicos, la cotización del dólar se irá estabilizando y cerraría en alrededor de G. 6.700 para fines del 2026, por debajo de G. 6.725 que estimaron el mes anterior.

Para el 2027, los encuestados prevén que la divisa repuntará a G. 6.900

Los agentes acudieron al lugar, que fue rodeado por los mismos, e ingresaron a pie para verificar la denuncia.

Durante el ingreso se toparon con personas vestidas con ropa camuflada, que realizaron disparos al aire y se identificaron como agentes del GEO de la Policía Nacional. En respuesta, los agentes de la Senad también realizaron disparos disuasivos, identificándose como agentes de la Senad.

Si bien hubo un momento tenso, no pasó a mayores tras la identificación de los agentes de ambas instituciones, según aclararon desde la Senad a nuestro medio.

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Guardia herido

Algo que todavía queda por dilucidar es que un guardia de seguridad del mismo establecimiento, pero que estaba en otro lugar al momento del encuentro entre los agentes, quedó con una herida de escopeta en la pierna.

Según explicaron desde la institución, el guardia herido estaba en una habitación alejada del lugar del encuentro entre los agentes.

Además, indicaron que tanto los agentes de la Senad, como del GEO de la Policía Nacional no usan escopetas, ya que cuentan con fusiles tácticos y pistolas reglamentarias.

Sin embargo, el caso del guardia herido fue informado a la Fiscalía, la cual deberá dilucidar qué fue lo que ocurrió.

El detenido fue identificado como Néstor Javier Duarte Vera (30). Según el informe policial, cuenta con múltiples antecedentes penales y se encontraba bajo una medida alternativa a la prisión al momento del hecho.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el procedimiento se realizó alrededor de las 09:30 sobre las calles Capitán Bado y General Roa, tras una llamada de auxilio que alertó a los agentes de la Comisaría 4ª del barrio San Miguel.

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Según el relato de la víctima, Verónica Alfonzo viuda de Duarte, de 84 años, el hombre habría forzado la puerta principal de la vivienda e ingresado hasta su dormitorio con aparentes intenciones de robo. Una vez dentro, se produjo un forcejeo entre el intruso y la mujer, quien logró zafarse y salir de la casa para pedir ayuda a sus vecinos, situación que evitó que el hecho pasara a mayores.

Vecinos del lugar acudieron al pedido de auxilio y lograron retener al sospechoso en la vía pública hasta la llegada de los intervinientes policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

El informe señala que, al momento de ser reducido, Duarte Vera presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, lo que será determinado mediante las diligencias correspondientes.

Asimismo, se constató que el aprehendido posee antecedentes por hurto, hurto agravado, reducción y tenencia de estupefacientes, en hechos registrados entre los años 2015 y 2023. De acuerdo con la denuncia, no sería la primera vez que el sospechoso intenta ingresar a la propiedad de la misma víctima con fines delictivos.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado a la sede policial para el procedimiento de rigor y posteriormente derivado para una inspección médica en el Hospital Regional de Villarrica. El caso fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4, Noelia Soto, quien dispuso que el detenido permanezca a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

Finalmente, el hombre fue remitido a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, donde quedó en libre comunicación, mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo hecho.

La medida forma parte de una protesta simultánea en distintos puntos del país, impulsada por gremios de docentes, trabajadores activos y jubilados, quienes denuncian una profunda crisis en el sistema de salud del IPS.

En el caso de Guairá, la convocatoria apunta a reunir a asegurados provenientes de ciudades como Villarrica, Mauricio José Troche, Iturbe, Fassardi, Independencia, Tebicuary y Paso Yobái, con el objetivo de visibilizar las carencias que afectan a los aportantes del interior.

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Los manifestantes cuestionan que, pese a los aportes mensuales obligatorios, la previsional no garantiza condiciones dignas de atención médica. Entre los principales reclamos se encuentra la constante falta de medicamentos, incluyendo fármacos esenciales para tratamientos crónicos y enfermedades de alta complejidad.

Asimismo, denuncian las prolongadas esperas para acceder a consultas especializadas, estudios médicos y cirugías programadas, lo que en muchos casos agrava el estado de salud de los pacientes. Otro punto señalado por los asegurados es el trato que reciben en los centros asistenciales, el cual califican como indigno, especialmente hacia adultos mayores y personas en situación vulnerable.

La movilización en Villarrica está prevista para las 08:00 frente al hospital regional, en coincidencia con la principal concentración nacional que se realizará en la capital del país. Los organizadores sostienen que la protesta busca exigir respuestas concretas a las autoridades del IPS, así como cambios estructurales en la gestión de la institución.

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Entre los pedidos puntuales figuran el abastecimiento inmediato de medicamentos, la reducción de los tiempos de espera y una mayor transparencia en el manejo de los recursos. También reclaman el cese del maltrato administrativo y una atención más humana en consultorios y ventanillas.

La convocatoria se enmarca en una campaña nacional impulsada por diversos sectores bajo la consigna de “Salvar el IPS”, ante lo que consideran un deterioro progresivo del sistema previsional.

La Cámara de Diputados sancionó el 17 de marzo pasado la norma que introduce cambios sustanciales al régimen de promoción del biodiésel vigente desde 2019.

La iniciativa, que tuvo origen en la Cámara de Senadores, modifica tres artículos de la legislación vigente y abroga uno, alterando la política de mezcla de biocombustibles, el fomento a la innovación tecnológica y el régimen de beneficios tributarios aplicables al sector.

Del 5% al 20%

El cambio más relevante es la reformulación del artículo 5°, que regula la proporción mínima de biodiésel que debe mezclarse con el gasoil. La ley vigente establece un incremento gradual del 1% anual hasta alcanzar un máximo del 5%, esquema que el proyecto reemplaza por un rango fijo de entre el 5% y el 20%.

Según la exposición de motivos, esta modificación amplía considerablemente el margen de acción de la autoridad de aplicación para definir el porcentaje efectivo de mezcla, sin fijar un calendario de incremento gradual. La prohibición de importar biodiésel apto para motores diésel se mantiene intacta.

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Beneficios tributarios extendidos a la exportación

La modificación del artículo 15 extiende el alcance de los beneficios impositivos más allá del mercado interno. Mientras la norma actual limita las exoneraciones a productores que elaboren biodiésel con destino a la mezcla obligatoria local, el nuevo texto incorpora también a quienes produzcan para exportación.

En materia de IVA, la exención se amplía para cubrir, además de los rubros ya contemplados, los intereses derivados del financiamiento con entidades reguladas por el Banco Central del Paraguay, así como los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores. Se mantienen las exenciones al impuesto a la importación de bienes de capital y al impuesto al capital sobre inmuebles vinculados a la actividad.

Desarrollo sostenible

El artículo 10, referido al fomento y la innovación, incorpora un párrafo que no figura en la legislación original: la promoción del desarrollo sostenible de la cadena de valor de los biocombustibles, con énfasis en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del aire y la conservación de los recursos naturales. El título del artículo también varía, sustituyendo la referencia al “desarrollo productivo” por “desarrollo sostenible”.

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Argumento del veto parcial

En el considerando del decreto, el Poder Ejecutivo refiere que el proyecto de Ley contiene ciertas disposiciones normativas de talante fiscal y tributario que presentan carencias insalvables desde el punto de vista técnico-jurídico y de la política fiscal de la Republica del Paraguay.

“Que en este sentido, el articulo 1° del Proyecto de Ley modifica el articulo 15 de la Ley N° 6389/2019 e incorpora como ultima oración de su inciso a) la siguiente frase: “También a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el BCP a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores”.

Refiere que “las instancias técnicas con competencia especifica en materia fiscal, tributaria y de promoción industrial han analizado la disposición normativa que se pretende introducir y han formulado objeciones de orden técnico y jurídico, debido a los efectos que su aplicación produciría sobre las finanzas publicas, la coherencia del sistema tributario y los objetivos de la política de fomento sectorial”.

Señala además que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Informe Técnico DGEES N° 14/2026 del Viceministerio de Economía y Planificación, del Informe Técnico de la Dirección General de Política Macro Fiscal y del Dictamen de la Abogacía del Tesoro, ha señalado que la extensión de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras y a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores amplia los beneficios fiscales existentes más allá del proceso productivo en sentido estricto, sin que el Proyecto de Ley incorpore estimaciones de costo fiscal ni análisis de retorno económico o social asociado.

Asimismo añade que para el MEF dicha extensión podría contrariar el principio de neutralidad tributaria y el criterio de generalización de la imposición instaurado con la Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, en tanto introduce tratamientos preferenciales adicionales que no se extienden a los demás sectores de la economía en condiciones equivalentes.

El Decreto indica que el MEF advirtió que la ampliación de beneficios fiscales sin una justificación adecuada, y sin haber llevado a cabo estudios y estimaciones de impacto y viabilidad, podría impactar negativamente en la base recaudatoria y comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

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La DNIT, en contra

Por su parte, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), expidió su parecer técnico señalando que los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el BCP y los honorarios por servicios técnicos no constituyen elementos del proceso productivo en sentido estricto, sino costos de gestión transversales comunes a toda actividad empresarial; por lo que su incorporación como beneficio tributario implica una extensión del alcance de la norma que excede los limites impuestos por el articulo 179 de la Constitución, que consagra el mandate de interpretación restrictiva de las exoneraciones tributarias.

Agrega que el MEF advirtió que la ampliación de beneficios fiscales sin una justificación adecuada, y sin haber llevado a cabo estudios y estimaciones de impacto y viabilidad, podría impactar negativamente en la base recaudatoria y comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

La DNIT también señala que la categoría “honorarios por servicios técnicos”, a la cual la norma objetada hace extensiva la exoneración impositiva, carece de definición normativa precisa, lo que abre un espacio para el uso abusivo mediante la facturación de consultorías de gestión, asesorías genéricas o servicios entre partes vinculadas sin relación directa con la actividad productiva, con efectos de elusión fiscal de difícil cuantificación".

Además la DNIT señala que dicha extensión “genera una asimetría” en el tratamiento tributario respecto de los demás sectores productivos, incompatible con el principio de igualdad tributaria consagrado en la Constitución, por lo que también ha recomendado la objeción parcial del Proyecto de Ley”.

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MIC acompaña veto parcial

En tanto, el Ministerio de Industria y Comercio refiere que la incorporación de la exoneración del IVA sobre los intereses de financiamiento y los honorarios por servicios técnicos genera una redundancia jurídica con el régimen de incentivos fiscales ya previsto en la Ley N° 7548/2025; ley esta ultima que establece el régimen general de incentivos a la inversión. Recomienda, en aras a preservar la coherencia y el carácter sistémico de la regulación en la materia, la objeción parcial en los mismos términos que el MEF y la DNIT.

Finalmente, el Ejecutivo refiere que la objeción parcial -no altera- la unidad ni la congruencia sistémica del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso, siendo este plenamente aplicable en todos sus demás enunciados normativos; en este sentido, las disposiciones objetadas tienen plena autonomía normativa respecto de las demás disposiciones del Proyecto de Ley, que merecen su aprobación y ulterior vigencia plena.

El proyecto de ley retorna al Senado, la cámara de origen, para su estudio de rigor.

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El presidente de la comisión vecinal “Por un Camino Mejor Tajy Loma”, Rubén Colmán, tras una reunión con vecinos, expuso la situación del tramo afectado y dirigió el clamor de la comunidad Peña.

“Necesitamos de tu ayuda, presidente Peña, y tenemos la esperanza de que el mensaje sobre la necesidad que tiene la comunidad te llegue. Estamos luchando día a día para lograr el empedrado”, expresó el dirigente.

El objetivo es concretar la pavimentación pétrea de los tres kilómetros, precisó. Agregó que, como parte de las gestiones realizadas, la Gobernación de Paraguarí está realizando la construcción de 350 metros de empedrado, pero —insistió— faltan tres kilómetros.

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También fue presentado el pedido ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú Binacional, esperando una respuesta favorable que permita concretar una vía de acceso en condiciones adecuadas.

Afirmó que el crecimiento económico favorece principalmente a grupos cercanos al poder. En ese sentido, cuestionó la falta de impacto de estas políticas en la población en general. “Ese discurso de crecimiento económico no se ve reflejado en la realidad del pueblo”, concluyó.

Dioff manifestó que, durante sus recorridos por distintos barrios del distrito, pudo constatar de primera mano las múltiples necesidades de la gente. Señaló que las dificultades para el acceso a atención sanitaria es una de las más sensibles.

Explicó que muchas personas deben recurrir a diversos mecanismos para conseguir dinero. Esto se debe a la falta de medicamentos básicos en las farmacias del Hospital Integrado de Ayolas. Remarcó que esta situación obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para poder tratar sus enfermedades.

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En los últimos meses, el juego de “la tapadita” se convirtió en uno de los medios más utilizados para obtener recursos económicos, dijo. Según explicó, el dinero recaudado se destina principalmente a la compra de medicamentos y productos de la canasta básica familiar.

No obstante, resaltó que existe una normativa que establece la transferencia del 5 % del presupuesto municipal al Concejo Local de Salud. Indicó que el presupuesto distrital supera los G. 10.000 millones, pero, estos recursos no estarían siendo transferidos como corresponde, indicó.

Asimismo, Dioff mencionó que en Ayolas se percibe una marcada falta de circulante de dinero. Atribuyó esta situación a la escasez de oportunidades laborales en la zona.

Señaló que muchos jóvenes se ven obligados a migrar hacia otras ciudades o incluso al exterior en busca de empleo. También indicó que la pesca comercial dejó de ser un rubro rentable para numerosas familias, aunque muchas de ellas dependen exclusivamente de esta actividad para subsistir.

En relación con la actividad económica, afirmó que el proyecto Aña Cua opera a media marcha. Sin embargo, dijo, no se percibe un impacto significativo en la dinamización de la economía local.

En ese sentido, insistió en la necesidad urgente de generar cambios en la conducción del distrito. Consideró fundamental impulsar políticas que fomenten la creación de empleo.

“Necesitamos con urgencia que se cambie el timón de Ayolas para poder encauzar eso y generar oportunidad laboral”, expresó el político.

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Estigarribia fue categórico al definir el trasfondo de la decisión: “Esto es un cháke, una advertencia a la justicia”.

Explicó que no es lo mismo un senador destituido que uno con permiso, ya que este último mantiene su investidura y la posibilidad de regresar en cualquier momento.

“Un senador con permiso sigue siendo parte del cuerpo. Eso es una señal para los fiscales y jueces: ‘Cuidado, sigue siendo de los nuestros’”, sostuvo.

A su criterio, esto configura una forma de influencia indirecta “solapada” sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Denuncia de “blindaje” e influencia sobre fiscales y jueces

El constitucionalista advirtió que el permiso funciona como un mecanismo de protección política. Afirmó que el mensaje hacia operadores de justicia es claro: Rivas continúa teniendo respaldo dentro del Senado, lo que podría impactar en decisiones judiciales.

“Es un blindaje ante la Fiscalía y el Poder Judicial”, dijo, al tiempo de mencionar el rol de instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, donde el poder político tiene incidencia.

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Estigarribia insistió en que la figura del permiso no está contemplada para este tipo de situaciones. Recordó que la Constitución solo prevé licencias para ejercer cargos como ministro o embajador, y excepcionalmente por razones de salud.

También criticó que se repita un esquema similar al aplicado en el caso del senador Erico Galeano, condenado por asociación criminal y lavado de dinero, lo que -según dijo- agrava aún más el precedente.

“El peor antecedente ya se había sentado y ahora se consolida”, afirmó.

Sobre la posible responsabilidad de senadores

El exlegislador fue más allá al señalar que incluso la mayoría que aprobó el permiso de Galeano y ahora pretende aprobar el de Rivas podría quedar bajo cuestionamiento.

A su entender, al sostener a Rivas en su cargo mediante una figura irregular, se podría interpretar que existe un uso indebido de influencias. “Ellos mismos se ponen en la línea de poder ser juzgados por pérdida de investidura”, advirtió.

Estigarribia también calificó como “muy grave” la denuncia de amedrentamiento contra la fiscala Patricia Sánchez, que investiga el caso.

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Señaló que este hecho podría constituir una causal directa de pérdida de investidura contra Rivas, además de implicancias penales.

En ese contexto, cuestionó la falta de reacción de gremios del Ministerio Público y defendió la necesidad de esclarecer públicamente las denuncias.

“Un desmadre institucional” que afecta la imagen del país

El constitucionalista señaló que este tipo de decisiones profundizan la inseguridad jurídica. “Esto ratifica que Paraguay es un país inestable institucionalmente, poco previsible y con una grave violación de la Constitución”, afirmó.

Incluso advirtió que el caso podría tener consecuencias futuras, tanto políticas como judiciales, para los involucrados. “Es una vergüenza lo que está pasando, un verdadero desmadre institucional”, sentenció.

Acerca del argumento del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, de que llamar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, podría constituir una “coacción”, Estigarribia dijo que “el puritanismo” del que habla el cartismo no tiene razón de ser.

“Es más bien evitar que haya un escándalo que vaya al fiscal que cuente quién fue y quién fue uno de los suyos. Es un blindaje completo que están haciendo", dijo el exsenador.

Reforzó su posición al señalar que convocar al fiscal general del Estado “no afecta la independencia porque el Ministerio Público se limitaría a decir quién fue, cómo fue, en qué contexto fue la amenaza (a la fiscala)”.

El personal de enfermería contó a ABC que a pesar de contar con el apoyo de la Dirección de Salud Indígena (Dinasapi) para presentarse a los concursos de oposición, su historia es de frustración constante. Según sus declaraciones, ha presentado toda la documentación requerida en tiempo y forma, alcanzando incluso los puntajes necesarios en las evaluaciones, pero los resultados siempre son los mismos: la exclusión.

“Presenté todos los documentos, mucho ya anduve detrás de este tema. Tengo como prueba todas las solicitudes y pedidos de audiencia para hablar con la ministra María Teresa Barán, pero ella nunca me atendió”, lamentó el enfermero.

Mendez señala que la Ley de Enfermería estipula que con sus años de servicio él ya puede acceder a la permanencia, considerando que suma siete años como personal contratado. Sin embargo, la respuesta recurrente que recibe es la supuesta falta de presupuesto

Vocación bajo riesgo y penurias económicas

La labor de Fredi en la comunidad de Río Verde no ha estado exenta de sacrificios. El enfermero relató haber pasado por diversas penurias para cumplir con su deber, incluyendo peligros en el trayecto hacia su puesto de trabajo, como el robo de su motocicleta, su único medio de transporte, la cual aún se encontraba pagando.

A esto se suma una crisis económica personal insostenible. Contó que el sueldo mínimo que percibe actualmente, no cubre sus necesidades básicas. “Debo en el almacén, tengo varias cuentas, ya no alcanza el dinero”, confesó con preocupación.

Fredi precisó que cumple horarios que no le corresponden y atiende urgencias fuera de su jornada por compromiso con su comunidad.

Enfermero se siente discriminado

Mendez asegura que ha intentado en reiteradas ocasiones solicitar una audiencia con la ministra de Salud para explicar su situación, pero siempre es derivado a intermediarios que prometen soluciones que nunca llegan. En su testimonio, el enfermero habla de un sentimiento de exclusión por su origen étnico, como Avá Guaraní.

“Me siento discriminado. Yo también merezco hablar con ella como personal de salud; soy una persona que sabe dialogar, solo pido que se respete mi trabajo”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que, a pesar de la fuerte injerencia política en el sector salud, él se ha mantenido neutral, razón por la cual goza del aprecio de su comunidad. Sin embargo, dijo que al parecer, su falta de interés en la política es un obstáculo para su ascenso profesional.

Como trabajador de la salud y miembro de una comunidad indígena, reclama que se valore su trayectoria y se cumpla con la ley. “Pido respeto a mi trabajo, como trabajador indígena también tengo derechos”, finalizó, a la espera de que su voz finalmente llegue a los despachos donde se toman las decisiones.

El 10 de julio de ese año fue electo presidente, pero el 1 de agosto renunció a la presidencia.

En el primer periodo Hernán Rivas formó parte de un órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos sin ser abogado, pues recién obtuvo su matrícula de profesional al jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de julio de 2021.

Hernán Rivas ubicó a cuñada y primos en el JEM cuando era “un miembro más”

También durante ese mismo periodo, que representó a la Cámara Baja ante el órgano extrapoder, logró el nombramiento de su cuñada Andrea Jazmín Escobar Franco, quien es licenciada en administración de empresas. Esta mujer estuvo como contratada en la Justicia Electoral entre enero de 2019 y enero de 2022.

Andrea Escobar Franco, hermana de Elena Escobar Franco, esposa de Hernán Rivas, pasó a integrar la nómina de funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde el mes de marzo del año 2022, con un salario de G. 14.400.000.

Esa remuneración, con bonificaciones incluidas, llegó a trepar a G. 18.597.339 y actualmente percibe una remuneración de G. 13.200.000 en el área de Gestión Administrativa, de acuerdo con los datos publicados en el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Primos de Rivas también entraron al JEM

Otro que pasó a formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mediante Hernán Rivas, es su primo Óscar Javier Lezcano Román, quien entre los años 2013 y hasta febrero de 2015 fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como auxiliar judicial, cargo por el que percibió como contratado la suma de G. 2.200.000.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del MEF, Óscar Lezcano Román ingresó al JEM en el año 2021, como contratado en el cargo de asistente técnico administrativo y un salario de G. 4.000.000. En esta condición estuvo hasta el mes de junio de 2022 y, a partir de julio del 2023 ya figuró como permanente con un sueldo de G. 4.800.000, que con bonificaciones ascendía a más de G. 6.200.000.

En marzo de 2023, pasó a la categoría de Técnico con un sueldo de G. 7.000.000 y en septiembre del mismo año ya como jefe de Departamento pasó a percibir un salario de G. 10.500.000 que junto con las bonificaciones alcanzaba un monto de G. 13.650.000. Hasta hoy día continúa en la institución con el mismo cargo.

Burla: el primo de Hernán Rivas pasa del JEM a Itaipú

Otro primo de Hernán Rivas es José Enrique Lezcano Román, un bachiller y hermano de Óscar Javier. El mismo fue funcionario de la Justicia Electoral desde el mes de abril del año 2019, en calidad de contratado, donde percibió un salario de G. 2.192.839. Cumplió funciones en esta institución hasta diciembre de 2021, según el portal del MEF.

Sin embargo, a partir del mes de julio de 2022 pasó a integrar la nómina del JEM, como auxiliar administrativo y en carácter de jornalero percibiendo la suma de G. 4.000.000. Estuvo como contratado hasta febrero de 2023 y a partir de marzo ya fue funcionario permanente de la institución pasando a percibir un sueldo de G. 4.800.000 y con bonificaciones ascendía a G. 6.200.000.

Desde abril de 2024, José Enrique Lezcano Román fue comisionado a la Entidad Binacional Itaipú para cumplir servicios.

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Otro cuñado de Hernán Rivas en órgano juzgador de magistrados

Se trata de Juan Arnaldo Escobar Franco, cuñado de Hernán Rivas y hermano de Elena Escobar, esposa del legislador. El mismo es abogado egresado en el año 2020 de la Universidad Privada del Guairá, según la página de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Juan Escobar Franco, según consta en el portal del MEF, fue nombrado como funcionario del JEM en julio de 2023 con un salario de G. 12.000.000 y, desde septiembre de ese año, pasó a ocupar un cargo de director dentro de la institución con un salario de G. 15.000.000 neto y una suma en bruto de poco más de G. 24.000.000.

Desde mayo de 2025, Escobar dejó de percibir bonificaciones y gastos de representación, por lo que solamente cobra la suma de G. 15.000.000 correspondientes a su sueldo.

Imágenes de circuito cerrado muestran a al menos cuatro hombres ingresando al sitio con armas largas y chalecos con la inscripción de “Policía”, mientras otros integrantes de la banda permanecían en el exterior, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.

Lidia Mendoza, víctima del hecho y hermana del dueño del local, relató que los asaltantes actuaron con un objetivo claro: encontrar al propietario del negocio.

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Delincuentes buscaban directamente al propietario

Según explicó, el comerciante no se encontraba en el lugar en ese momento, ya que había salido a buscar mercaderías. Sin embargo, los delincuentes lo mencionaban constantemente durante el asalto.

Incluso, al no hallar el dinero que esperaban, habrían señalado que lo buscarían fuera del local, lo que refuerza la hipótesis de que manejaban información previa sobre sus movimientos.

Sospechas de inteligencia previa

La mujer aseguró que los autores del atraco conocían en detalle la estructura del local y la dinámica familiar, lo que genera sospechas sobre una posible filtración de datos.

“Conocían los movimientos de mi hermano y cada parte del local: hasta la pieza de mi hermano y mi sobrina, así como el exbaño donde encerraron a mi cuñada y las criaturas”, dijo.

Asimismo, comentó que el día anterior al asalto ya se habían registrado movimientos sospechosos, cuando el vehículo de los delincuentes pasó en dos ocasiones frente al local a gran velocidad.

Antecedente de robo millonario

De acuerdo con el relato familiar, los delincuentes se alzaron con aproximadamente G. 10 millones en efectivo.

No obstante, no se trata del primer hecho que afecta al mismo comercio. El local ya había sido asaltado y en dicha ocasión se llevaron alrededor de G. 60 millones.

Tras este nuevo golpe, la familia lamentó la inseguridad constante de la que son víctimas. “Mi hermano a raíz del primer asalto ya cambió todo, puso cámaras y contrató más seguridad, pero igual...”, dijo.

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Momentos de tensión durante el asalto

El atraco se produjo en presencia de niños, lo que agravó la situación y generó temor entre los ocupantes del lugar, según reveló Mendoza. Acotó que los delincuentes mantuvieron bajo amenaza a los presentes, aunque no efectuaron disparos.

Parte de la familia fue encerrada en una de las dependencias mientras se concretaba el robo, tras lo cual los autores huyeron con dirección al centro de Ypané.

Durante el ejercicio fiscal 2025, la terminal registró una recaudación millonaria, que alcanzó los G. 20.368 millones (US$ 3,2 millones). Pero ambas gestiones destinaron al pago de salarios en la EBA, G. 23.497 millones, según el balance general 2025.

Este gasto en personal representa el 115% de todo lo recaudado en la EBA durante 2025. El periodo abarca los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció en agosto, incluyendo los dos meses de intervención -de junio a agosto-, a cargo de Carlos Pereira, y los primeros de Luis Bello, quien asumió tras la renuncia de Nenecho, el 28 de agosto de 2025.

Lo pagado en salarios, representa además el 92,5% de todo el gasto de la EBA durante ese mismo periodo. La mayor parte de lo gastado en salarios, casi G. 14.000 millones, fue para personal contratado. A su vez, de los contratados, el 99% fue para jornaleros. Hasta abril de 2025, la EBA registraba solamente 75 funcionarios nombrados en planilla. ABC solicitó formalmente a la institución los datos actualizados y recibió la promesa de recibir la información a la brevedad posible.

Terminal de Asunción o Estación de Buses: ¿y las obras?

Mientras los sueldos devoran el presupuesto, las obras de infraestructura siguen esperando. La inversión física en la Estación de Buses en 2025 fue de menos de G. 97 millones. Esta cifra no representa ni el 1% de los más de G. 10.100 millones que estaban presupuestados. La inversión real en construcciones durante el año pasado fue de G. 0, de un presupuesto de G. 6.570 millones.

Mientras tanto, el edificio se cae a pedazos. El más notorio deterioro está en el cielorraso del bloque “antiguo” de la terminal, en el que las chapas y los cables cuelgan criminalmente sobre las cabezas de los usuarios y trabajadores. Con cada precipitación que cae sobre la capital, “llueve más adentro que afuera”, según el reclamo constante de los usuarios y comerciantes.

Pero el sector “nuevo” de la terminal, construido tras el siniestro de 2017 e inaugurado por Nenecho en diciembre de 2022, tampoco está exento de problemas. Los usuarios se quejan habitualmente de la falta de suficientes asientos y de que los acondicionadores de aire no dan abasto. La seguridad es otro problema, debido a la falta de acceso a los sistemas de prevención contra incendios y la ausencia de estos elementos en varios puntos de la EBA.

Aquella obra, financiada por el seguro cobrado tras el siniestro, también había recibido varios cuestionamientos, sobre todo por la demora de los trabajos. El proyecto había sido adjudicado a la Constructora Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera, por G. 7.513 millones, monto ampliado posteriormente a G. 9.014 millones. La firma era conocida por ser la “superproveedora” del Gobierno Nacional por ganar innumerables adjudicaciones.

Millones de bonos

La situación empeora al considerar que Rodríguez contó con recursos extraordinarios para reparar la EBA, sumando más de G. 22.630 millones en bonos, que jamás llegó a ejecutar.

Los bonos G6 (2022) ya incluían G. 4.630 millones para la reforma y reconstrucción de la entonces Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA). Esta emisión fue autorizada en 2019 bajo la presidencia de Nenecho en la Junta Municipal y emitida en 2020 cuando ya ejercía como intendente de Asunción, tras la renuncia de Mario Ferreiro.

Al año siguiente, en la emisión de bonos G7 (2021), Nenecho volvió a incluir otros G. 18.000 millones para la “modernización y revitalización de la terminal”. Dichos fondos formaban parte de una emisión total de G. 200.000 millones que, al igual que los anteriores, no se tradujeron en mejoras físicas para el edificio.

En noviembre de 2024, hace casi un año y medio, Rodríguez logró que la mayoría colorada en la Junta Municipal aprobara la modificación del plan de inversión de esta última emisión, para destinarlo finalmente al “mejoramiento vial de calles y avenidas”, de la licitación con ID 421.591.

Esta licitación fue adjudicada a las firmas Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), representada por Óscar Antonio Rubbiani, y a Constructora Feldmann SA, representada por Alejandro Feldmann, por G. 9.000 millones cada una. En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ambas adjudicaciones muestran nula ejecución.

Insalubridad y desvío de bonos

Rodríguez renunció el 22 de agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución y la presentación de un contundente informe en contra de su gestión. Carlos Pereira, el interventor, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para obras.

Según Pereira, además de desviar millonarios fondos que podrían haber mejorado notablemente el estado de la terminal, Rodríguez utilizó parte del dinero de los bonos G8 para pagar por “insalubridad” a funcionarios municipales, entre ellos de la estación de buses.

Solo en julio de 2023, Nenecho pagó G. 14.565 millones en concepto de remuneraciones y otros haberes a jornaleros. De ese monto, G. 2.433 millones salieron de la cuenta de G8, bonos que eran para obras. Al concepto de “insalubridad” se destinaron G. 1.988 millones.

Pereira reportó además que la administración de Rodríguez mantuvo 39 dependencias declaradas como “insalubres”, de las cuales 26 llevaban en esas condiciones más de 29 años. La Estación de Buses está considerada insalubre en todos sus espacios y áreas desde 2007, incluidos departamentos como administración, informática o asesoría legal.

Rodríguez enfrenta ahora al menos ocho causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”. Con todo, se está candidatando nuevamente a concejal.

En la mencionada localidad, su última variación fue un descenso de 3 centímetros y su nivel se situó en 1,36 metros.

Por otra parte, ya este viernes, en Asunción hubo un aumento de 14 centímetros entre ayer y hoy, por lo que su nivel se sitúa en 1,66 metros.

Aumentos del río Paraguay

Según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el nivel del río Paraguay registró estos aumentos:

• Isla Margarita: 2,92 metros (+7cm)
• Fuerte Olimpo: 3,77 metros (+5cm)
• Bahía Negra: 3,78 metros (+2cm)
• Vallemí: 2,83 metros (+3cm)
• Concepción: 2,20 metros (+10cm)
• Rosario: 1,77 metros (+7cm)
• Villeta: 2,07 metros (+15cm)
• Itá Enramada: 2,15 metros (+15cm)
• Humaitá: 2,64 metros (+24cm)
• Alberdi: 3,60 metros (+23cm)
• Pilar: 3,80 metros (+15cm).

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¿Quiénes son los desaparecidos?

Tania Belén Román Galeano, de 17 años, es una de las adolescentes desaparecidas. El reporte de desaparición fue hecho este viernes y fue vista por última vez en la Colonia Cororo’i de Santa Rosa del Aguaray.

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Es delgada, morena y tiene una pierna amputada, por lo cual utiliza dos muletas de aluminio para poder movilizarse.

Por su parte, Micaela Noemí Cuevas Jiménez, de 15 años, fue vista por última vez ayer e iba vestida con el uniforme del colegio Saltos del Monday, en el kilómetro 5 del barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco.

Así también, fue reportado como desparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe, de 38 años. Él fue visto por última vez el pasado 13 de abril, en barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

Finalmente, también la familia de Damián Agustín Pérez, de 84 años, está muy preocupada por su desaparición. Fue visto por última vez ayer por la tarde, sobre la calle Rodríguez de Francia de Asunción.

En todos los casos, la Policía pide apoyo con cualquier información que pueda resultar útil para encontrarlos.

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Abdo empezó reprochando que el oficialismo (Honor Colorado) se apartó que los valores históricos del colorados, entre ellos el pelaar por los más débiles, el respetar el valor de la palabra, pero sobre todo, el respeto a los que piensan diferente.

“El que no es colorado nomás no entiende que la mayoría se tiene que utilizar para garantizar libertad y no para cercenarla”, reprochó Abdo en crítica al cartismo.

En tal sentido, felicitó a Centurión por descabalgar en favor de Samaniego y de la unidad, la cual consideró es el camino que deben tomar.

“Esa unidad es un testimonio más de quienes realmente queremos a la Nación, de quienes realmente no anteponemos nuestras ambiciones personales legítimas, y que entendemos que no solamente hay que unir al coloradismo, sino la Nación paraguaya para despojar del poder a aquellos que han traicionado a nuestro pueblo", afirmó.

Finalmente, dijo que optó por retornar a la actividad política pese a ya no apuntar a cargos, al no ver que la gente esté feliz, y adelantó que seguirá “molestando” al cartismo.

“No voy a abandonar la lucha hasta que no vea a mi gente feliz, a mi pueblo contento y a las autoridades que se dediquen a defender los intereses de ustedes y le voy a seguir molestando a las autoridades que traicionan la esperanza de nuestro pueblo”, sostuvo.

Prevén que pidan la cabeza de Mauri Espinola

En su discurso, también le prometió a Arnaldo Samaniego trabajar duro con toda su “tropa” para lograr la victoria en la interna, e incluso, en favor del “abrazo republicano”, están dispuesto a “dar la cabeza” de su jefe de campaña y diputado disidente Mauricio Espínola, fuerte crítico al gobierno.

“Muchos problemas vas a tener mi amigo con este jefe de campaña. Seguramente cuando seamos Lista 1 lo primero que te van a pedir es su cabeza, lo primero que van a pedir es la cabeza de Mauri Espínola para la unidad del partido, pero nosotros si ya le dimos a Dani (Centurión), vamos cortarle nomás la cabeza con tal de que Arnaldo Samaniego sea intendente de Asunción, y después vamos a salir otra vez con la tropa”, dijo en tono de broma.

Previamente, elogió al legislador, diciendo: “Si algunos dudan de dónde está la disidencia del Paraguay, acá le tenemos a Mauricio Espínola que todos los días choca contra los poderosos, levanta su voz contra los poderosos en defensa de la justicia, la verdad y molesta en el parlamento, pero honra al movimiento Colorado Añeteté“.

“No puedo opinar sobre la causa judicial, porque creo que inclusive hay una inconstitucionalidad planteada. Pero sí, me preocupa y creo que tenemos que acelerar la resolución definitiva del caso. En uno u otro sentido necesitamos cerrar este debate porque finalmente genera un desgaste en la imagen del Poder Judicial”, indicó Ríos.

Señaló que la percepción que se tiene del Poder Judicial en este caso es equivocada, ya que la investigación no está a su cargo y tampoco el ritmo del proceso depende de dicha institución, por lo que no le corresponde la conducción de las diligencias.

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“Sin embargo, actualmente existen algunas acciones y planteamientos que ya están ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que vamos a trabajar en acelerar la resolución del caso. En ese sentido, no puedo adelantar nada aún, ya que debemos analizar la cuestión con detenimiento. Sobre esa base, apuntamos a encauzar nuevamente este debate en torno a lo que ha sido el sistema judicial”, agregó el ministro.

Participó del juramento de 13 nuevos abogados, realizado por primera vez en la Circunscripción Judicial de Misiones, junto al ministro de la Corte y superintendente Gustavo Santander Dans.

En la ocasión, Víctor Ríos también presentó el equipo móvil de consulta de expedientes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que señaló que Misiones es el tercer departamento en ser parte de este plan piloto donde se da accesibilidad para el seguimiento de los expedientes por parte de los profesionales del derecho.

“La iniciativa busca acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando que los abogados puedan consultar sus expedientes a nivel local, además de promover un diálogo directo para recibir sugerencias y mejorar el servicio. Se enmarca en un proceso de descentralización y actualmente funciona como un programa piloto que ya se implementó en Paraguarí y Alto Paraná, siendo Misiones la tercera etapa. Posteriormente, se evaluarán los resultados para determinar si se convierte en un sistema permanente”, concluyó Ríos.

Las principales denuncias provienen de centros escolares de Asunción y Central (más del 50%).

Por un lado, está el hecho que se registró este jueves en el colegio privado Cristo Rey, considerado “atípico”, en el sentido de que provino de una persona externa a la institución y se dio, además, por un aparente conflicto entre el agresor y autoridades del establecimiento.

Luego están los casos como el registrado ayer por la tarde, en un colegio privado de Villa Elisa, donde detectaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios, con la frase “Mañana tiroteo”, que habría sido escrito por estudiantes del instituto. Te contamos los detalles y la postura del MEC sobre estos casos.

MEC y las amenazas de tiroteo en los colegios

La directora de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, explicó que en todos los casos ocurridos hasta la fecha, intervinieron en conjunto con las instituciones educativas, en una primera medida, para verificar si el protocolo de seguridad fue aplicado.

Con respecto al protocolo, Escauriza advirtió que no en todos los casos es necesario suspender las clases o cerrar los locales escolares.

“A veces los padres insisten en que deben cerrar las instituciones y no es así. En Asunción se dio un caso de supuesta amenaza, se activó el protocolo, se llamó a seguridad pública (fuerzas policiales), se conversó con la comunidad y están con las actividades académicas sin sobresaltos”, remarcó.

Agregó que, eso sí, depende de la decisión institucional o de lo que sea lo recomendado por la Policía Nacional. “Se puede tener clases con el debido proceso y el debido cuidado que correspondan”, insistió.

Amenazas de tiroteo serían por “reto viral” en la región

Escauriza indicó que las seis amenazas registradas este jueves y viernes, tienen las mismas características de advertencias de tiroteo registradas en otros países de la región, como Argentina y Chile.

“Actualmente están ocurriendo casos en estos países. Además, algo que se suele dar en Paraguay es que salen en épocas de exámenes, pero ahora no estamos en etapa de pruebas, por eso creemos que podría ser consecuencia de retos virales. Se habla de Tiktok, por ejemplo, claro que no podemos asegurar todavía eso en un 100%”, aclaró Escauriza.

Expresó que, además de los protocolos, es muy importante el acompañamiento de las familias, de manera permanente. “Las redes sociales, generalmente, usan en la casa o fuera de la escuela, si llevan objetos peligrosos también provienen del hogar, entonces es muy importante que esto se puede tratar en la casa”, dijo.

Uso de redes sociales

Sobre el acceso a redes sociales, atendiendo a que estas amenazas supuestamente provienen de estos sitios, la alta funcionaria del MEC recomendó tener en cuenta consideraciones como el mínimo de edad establecido para su uso.

La mayoría de estas redes aplican una edad mínima de acceso desde los 13 años, aunque en la realidad difícilmente estas empresas tienen forma de verificar si se cumple este requerimiento.

Escauriza plantea igualmente a las familias que escuchen a profesionales sobre el uso de las redes también en los casos donde los estudiantes ya pasaron esta edad mínima de 13 años.

Precisamente, las amenazas de tiroteos que surgieron esta semana, involucran presuntamente a estudiantes de 13 y 14 años de edad.

¿Qué plantea el MEC ante amenazas de tiroteo?

En cuanto a las acciones luego de estas amenazas, desde el MEC plantean un enfoque más pedagógico que punitivo en los centros educativos.

“Creo que la primera medida no puede ser una expulsión del colegio, por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos que en otras ocasiones tenían apenas 9 años, el enfoque debe ser de acercamiento y acompañamiento como solución inmediata”, aseguró Sonia Escauriza.

Aseguró que ya están en conversación con las supervisiones de todo el país, como para trasladar recomendaciones luego a las escuelas y colegios.

En cada caso particular, también están supervisando que los directivos y docentes conversen con sus estudiantes, de manera a prevenir más casos de este tipo. También, para concienciar sobre el uso de las redes.

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El monto necesario escapa a las posibilidades de la familia para poder reunir, ya que todos sobreviven de lo que logran juntar de forma diaria. Es por ello por lo que piden la colaboración de la ciudadanía de todo el país para poder reunir los G. 90.000.000 y así poder comprar el equipamiento para Benjamín. Actualmente, en el Ministerio de Salud Pública no se cuenta con el mismo, por lo que es prácticamente imposible adquirir. “Queremos llegar al corazón de la gente, cualquier G. 1.000 suma”.

Asimismo, mencionó que esta tarde, con acompañamiento de personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA), realizarán una colecta solidaria en la entrada del barrio San Antonio de este distrito.

Por su parte, Alcides Aquino, abuelo del niño, dijo que en este momento necesitan de la comunidad ayolense, y también de todo el país, de las autoridades y de todas aquellas personas de buen corazón.

“Para que Benjamín pueda sobrevivir, es necesario contar con ese aparato”. Las personas interesadas en ayudar al niño pueden realizar sus aportes a través del alias: 6811658, nombre de Tamara Aquino, madre de Benjamín. Otro número habilitado es el alias +595985889311, a nombre de Alcides Aquino.

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Marcos Giménez, presidente de la comisión vecinal, fue tajante al señalar que la solución definitiva es una obra de ingeniería mayor. “Acá lo que necesitamos es una canalización abierta para que el agua vaya directo al arroyo San Francisco. Eso es lo que hace falta”, explicó.

Según el referente, la Municipalidad de Limpio se ha declarado incompetente por falta de maquinaria, por lo que solicitan la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Para las 96 familias del lugar, el pronóstico del tiempo es motivo de angustia constante. Aida González, vecina del barrio, relató que el drama no termina cuando para de llover: “Durante la lluvia todo se inunda y después las calles son impasables. Barro y charcos es lo que tenemos”.

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El agua, en muchos casos, ingresa a las viviendas, dañando muebles y afectando la salud de los residentes.

A la crisis de infraestructura se suma el reclamo del transporte público. Actualmente, los vecinos deben pagar un “interno” de 2.500 guaraníes para llegar al centro de Limpio y recién allí abordar un bus hacia Asunción.

Este trasbordo obligatorio implica un gasto de cuatro pasajes diarios por persona, un costo insostenible para la economía familiar.

La comunidad espera que este llamado de atención movilice a las autoridades nacionales, ante lo que consideran un olvido sistemático que afecta su calidad de vida básica.

Consultado sobre la posibilidad de convocar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, Núñez rechazó esa alternativa y argumentó que hacerlo sería una forma de presión indebida.

“Eso es coaccionar al fiscal general. Yo no puedo llamarle”, afirmó, insistiendo en que el Ministerio Público debe actuar con independencia.

El titular del Congreso sostuvo que la Fiscalía debe encargarse de verificar las denuncias y avanzar en la investigación sin interferencias del Poder Legislativo.

Minimiza cuestionamientos sobre la legalidad del permiso

Frente a las críticas de inconstitucionalidad planteadas por varios parlamentarios y parlamentarias, Núñez adoptó una postura flexible. Si bien reconoció que el permiso no está expresamente previsto en la Constitución, indicó que existen antecedentes en periodos anteriores.

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“Se ha hecho en más de quince oportunidades”, aseguró, al tiempo de señalar que será el pleno el que determine si corresponde o no aceptar el pedido.

“Respeto las opiniones, pero no son la Corte Suprema”, respondió ante los cuestionamientos de legisladores opositores.

Niega “protección” a Rivas

Ante reiteradas consultas sobre un supuesto blindaje político, el presidente del Senado negó que exista una estrategia para proteger a Rivas. “¿Qué protección estamos hablando? Está dando un paso al costado con dos sentencias a favor”, sostuvo.

Además, remarcó que el legislador enfrenta un proceso judicial con fallos favorables en dos instancias, lo que -según dijo- también debe ser considerado en el análisis político.

Núñez explicó que el procedimiento será claro: el pedido será tratado en sesión plenaria y, en caso de aprobarse, se habilitará la convocatoria al suplente.

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En ese escenario, mencionó al exministro de Salud Julio Borba como posible reemplazante, aunque advirtió que si este no asume, se correrá la lista para convocar al exdiputado Carlos Liseras.

También indicó que evaluarán con asesoría jurídica cuántas convocatorias pueden realizarse antes de pasar al siguiente en la lista.

Definición de candidato a vicepresidente

El titular del Senado también confirmó que la bancada oficialista mantuvo una reunión con el presidente de la República y referentes del movimiento Honor Colorado, donde se abordaron varios temas políticos.

Adelantó que entre el lunes o martes se realizará un encuentro clave para definir una propuesta de candidato a vicepresidente que acompañe a Pedro Alliana.

Sobre el perfil del eventual candidato, Núñez fue claro: “Yo iría con un perfil político”, descartando la idea de apostar por un perfil exclusivamente técnico como había solicitado Alliana.

Durante su discurso Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente por la disidencia colorada, indicó que en su equipo tienen experiencia en la gestión pública, tienen militancia partidaria y no son unos improvisados. No citó a Camilo Pérez, pero si hizo referencia a “candidato del oficialismo”.

“Nosotros ya estuvimos en la gestión, estamos más maduro con más experiencia. Aquí está la autenticidad colorada, los auténticos colorados de la capital. Nos unimos por Asunción, no para tomarlos como trofeo”, dijo Arnaldo Samaniego.

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Manifestó que la unidad no fue para ganarle al oficialismo, teniendo en cuenta que el cartismo presenta un candidato improvisado y sin experiencia partidaria.

“No nos unimos para ganarle al oficialismo, la unión fue por Asunción. Si dicen que nos unimos contra el cartismo es como decir, que Cerro Porteño y Olimpia se unan para ganarle al colero de la tabla”, ironizó Arnaldo Samaniego.

El candidato manifestó que el principal objetivo es “lavar la cara al Partido Colorado”, pues en manos del cartismo Asunción se volvió en un vertedero y perjudicó a la ANR.

“Nadie está de acuerdo con esta administración por que el asunceno sufre, sufre el barrio. Asunción es un vertedero. Nosotros somo la esperanza del pueblo asunceno. Vinimos a hacer bien la gestión, necesita la cuidad y necesita el partido. Debemos lavarle la cara al partido”, puntualizó.

Insiste con echar a planilleros

Por su lado, el exintendentable, Daniel Centurión indicó que no fue fácil descabalgar, pero que entendió que Asunción necesita la unidad.

“No fue fácil, pero algo había que hacer. Esto no se tiene que tomar como un paso atrás, sino como un paso adelante, pensando en Asunción. En la unidad a la disidencia. Vengo a reivindicar la unidad”, sostuvo el diputado Daniel Centurión.

Agregó que dejó de lado la ambición política personal y puso en primer lugar a Asunción. Le insistió a Arnaldo Samaniego a que barra con los planilleros de la Municipalidad de Asunción y sanee la gestión.

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“El compromiso no es una cuestión electoralista tiene una carga de responsabilidad tremenda. Insistimos Arnaldo con la lucha frontal contra la corrupción, que le eches a patadas a los planilleros y que privilegies la operatividad de la Municipalidad de Asunción”, sentenció Centurión.

Reforzó el discurso de la experiencia y la militancia partidaria, que le hacen diferente a Camilo Pérez, quien nunca militó en la ANR.

“Mucho hicimos juntos desde la Municipalidad de Asunción. La unidad no quiere decir que pensamos de la misma manera, pero nos unimos por algo que tenemos en común, el amor por Asunción. Ambos somo militantes del partido, ambos tenemos experiencia”, manifestó el diputado.

Deterioro de la ruta PY 19 genera malestar y criticas de conductores en Ñeembucú

La situación se agrava debido a que sectores que habían sido recientemente intervenidos por el Consorcio Central Vial ya presentan nuevamente serios daños, lo que pone en duda la calidad de los trabajos realizados, así como la fiscalización de las obras.

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) manifestó que hace tiempo vienen denunciando el problema sin obtener respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Nosotros siempre denunciamos; hemos realizado varios pedidos de informes al MOPC, pero nunca tuvimos respuestas”, expresó.

El edil también alertó sobre el aumento de accidentes de tránsito en la zona afectada, señalando que el mal estado del camino representa un peligro constante para quienes transitan diariamente, incluyendo transportistas, productores y pobladores.

Asimismo, Ghiringhelli indicó que residentes de localidades como Villa Oliva y la zona de Zanjita denunciaron que la empresa encargada de las obras habría abandonado los trabajos sin brindar explicación alguna.

“Recibimos denuncias de los pobladores de que la empresa dejó de trabajar y no sabemos por qué”, sostuvo.

La falta de avances y el progresivo deterioro de la ruta generan malestar en la ciudadanía, que exige una pronta intervención de las autoridades nacionales.

La PY19 es considerada estratégica para la economía, ya que facilita el traslado de la producción agropecuaria y la conexión entre los demás departamentos.

Ante este escenario, autoridades locales insisten en la necesidad de una respuesta urgente del MOPC, tanto para reactivar las obras como para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial, evitando que continúen los accidentes y el aislamiento de comunidades enteras.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio Central Vial, integrado por las empresas DC Ingeniería S.A., Vialtec S.A., TR Construcciones e Iniciativas Construcciones S.A.

El contrato asciende a G. 101.998.023.817, con un plazo de ejecución de 18 meses, dividido en 12 meses de rehabilitación y 6 meses de mantenimiento.

Según el MOPC, los trabajos son financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial (CAF 8729). Las obras se iniciaron en marzo de 2025.

La doctora de guardia, Sara Ramírez, realizó múltiples gestiones para conseguir ambulancia en hospitales aledaños, considerando que el único chofer del centro asistencial se encontraba fuera de servicio tras cumplir su jornada laboral, señaló Ronald Rodríguez, familiar de la paciente.

Según denunció, los bomberos realizaron el trabajo que corresponde al Estado. “Se perdió tiempo valioso en una emergencia médica”, expresó.

El hospital local cuenta con dos ambulancias, pero solo dispone de un chofer, quien debe cubrir turnos de 12 o hasta 24 horas. Esta situación ya era conocida por las autoridades sanitarias. Se necesita contar con más personal para manejo de ambulancia.

El exconcejal municipal Guillermo Lovera criticó la situación y recordó que desde la Novena Región Sanitaria se había minimizado previamente la problemática, asegurando que existe una red de salud que coordinada para responder a estos casos. Sin embargo, en esta ocasión, el sistema no respondió a tiempo.

La paciente fue trasladada cerca de las 23:00 al Hospital Regional de Paraguarí, donde se confirmó el diagnóstico de ACV. En la mañana de hoy, se dispuso su derivación al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención quirúrgica.

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Lo que dijo la directora de la IX Región Sanitaria

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, manifestó que no fue informada oportunamente de la falta de chofer ni de ambulancia. Asimismo, indicó que, para la contratación de un nuevo chofer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) debe realizar un llamado a concurso.

Señaló que tras conversar con la médica de turno, esta le informó que los familiares optaron por no esperar la ambulancia que debía llegar desde Caapucú y que, al decidir buscar otro medio de transporte, la profesional dispuso igualmente el acompañamiento de una licenciada en enfermería durante el traslado de la paciente.

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Finalmente, señaló que existe un protocolo establecido para el traslado de pacientes, pero que, cuando la decisión se toma bajo responsabilidad de los familiares, también se respeta. Atribuyó la difusión de la falta de chofer al precandidato a concejal Lovera, a quien acusó de buscar rédito político.

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Wiens comenzó reprochando que ellos también fueron “deshonrados” por Peña, ya que lo apoyaron para que llegue al poder y sin embargo, ahora hasta gremios como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que reprochan el “prebendarismo”, “populismo” y el “enseñoramiento de la degradación institucional”.

Tenemos un gobierno que “nosotros le ayudamos a llegar ahí y que deshonraron el compromiso con la ciudadanía. Hoy nada más y nada menos que la Feprinco está hablando de la situación deshonrosa de la crisis económica, de la falta de una buena gobernanza pública y de que se aprieta al sector privado para beneficiar la politiquería de turno", dijo Wiens.

El presidenciable destacó como más grave que “hoy tenemos un gobierno que no respeta la institucionalidad ni la democracia” y sobre todo, que utiliza a las instituciones y la justicia a su antojo.

“Se han bajado las exigencias de un Banco Central (del Paraguay) para privilegiar a ciertos bancos. Se ha instrumentado la justicia y el Ministerio Público para proteger a los bandidos y para denunciar a los que piensan diferentes. Aquí habemos algunas víctimas de la persecución hoy imputados", sostuvo.

Hizo referencia al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez y al diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) imputados por supuesta divulgación de secretos en servicio, causa abierta en base a una denuncia del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Esta causa se vio viciada cuando se supo mediante filtración de conversaciones, que el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar instruía y ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.

Situación calcada a la que ahora ocurre con la denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a cargo de Alejandro Domínguez (cuyo hijo tiene negocios con este gobierno) contra el banco que forma parte del Grupo ABC, en el caso Nicolás Leoz.

Se constató mediante los metadatos de documentos del caso que el abogado de Conmebol, Claudio Lovera remitía instrucciones a los entonces fiscales del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y el aun fiscal Francisco Cabrera.

“A lo que no piensan como ellos se les persigue, para eso hay fiscales, para eso hay jueces que defienden los contubernios de la gente que hoy está en el poder para buscar su ambición personal”, afirmó Wiens.

De hecho, él también denunció ser blanco de ataques del cartismo mediante la justicia, ya que hace unos meses fue procesado por el caso Metrobús, donde además de blanquear al exminsitro del gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, se le imputa a Wiens la responsabilidad por haber frenado la obra que desde un inicio se alertó era inviable.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico), Santiago Arza, explicó que ese cargamento se encuentra resguardado en una bodega de seguridad de un banco de plaza, aún pendiente de los resultados de un estudio que pueda determinar la pureza, el peso, el tipo y el valor de estos bienes.

Esta semana fue incautada otra carga de 27 kilos de oro en el aeropuerto bajo posesión de un pasajero que pretendía llevar el metal a Panamá.

“Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre la disposición fiscal al respecto; no obstante, se espera que siga el mismo procedimiento para determinar el valor, el peso, la pureza y el tipo de ese bien incautado”, señaló el secretario de la Senabico.

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Ante la consulta de si este tipo de incautaciones tiene una diferencia en su tratamiento por ser oro, Arza señaló: “Cada bien incautado tiene una forma distinta de tratarse de acuerdo a su naturaleza. Pero, desde el punto de vista genérico o jurídicos, todos siguen la misma suerte”.

Se espera un marco de público multitudinario en el segundo encuentro de fútbol del año entre los dos clubes más populares del país y la Policía anunció que desplegará unos 3.500 agentes para cubrir el evento.

La Policía estará en “despliegue de alerta” desde la tarde del sábado y comenzará a realizar controles en los alrededores del Defensores del Chaco –y verificaciones a buses y otros vehículos que se dirijan a la zona del estadio– desde las 12:00 del domingo.

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Está previsto que los accesos al estadio abran al público a las 14:00 del domingo. El partido comenzará a las 17:30.

Traslado de hinchadas

El comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción, explicó que el traslado al estadio de las hinchadas organizadas de ambos equipos se realizará con acompañamiento policial: los hinchas de Olimpia –que tiene la localía en el partido- se trasladarán desde la sede social de ese club desde las 15:00, mientras que el traslado de la hinchada de Cerro comenzará a las 16:15.

Por acuerdo mutuo entre ambos clubes, no se permitirá que los hinchas ingresen bombos o banderas al estadio.

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El jefe policial recordó que los menores de edad que acudan al estadio deberán ir acompañados de una persona mayor.

“Cateos superficiales”

El dispositivo de seguridad en los alrededores del Defensores del Chaco incluirá la carpa para cateos que la Policía ha implementado –con cierta polémica- en las últimas fechas del Torneo Apertura.

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El comisario Agüero explicó que habrá carpas en los accesos para las hinchadas de ambos clubes, con el objetivo de verificar a los hinchas por medio de un “cateo superficial” y evitar que ingresen objetos prohibidos al estadio. Esas verificaciones se hacen con personal Antinarcóticos, de Eventos Deportivos y de Prevención y Seguridad de la Policía, con acompañamiento de representantes de los clubes, afirmó.

“Una exigencia ahora, después de tantos años, les obliga a hacer la nacionalidad, y eso es un trámite bastante largo”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que el plazo de un mes sería insuficiente, lo que podría derivar en la desvinculación de estos trabajadores.

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La parlamentaria señaló que inicialmente el número de afectados rondaba los 200, pero posteriormente el reporte del gremio se elevó a cerca de 400 médicos, provenientes de países como Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Corea, Pakistán, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela, entre otros.

La legisladora alertó que una salida masiva de este personal tendría un fuerte impacto en un sistema de salud que ya enfrenta escasez de recursos humanos. “Imaginate que de repente salgan 400 médicos del sistema de salud, en un país donde ya faltan profesionales”, cuestionó.

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Plantean modificar la ley y evitar aplicación retroactiva

Martínez consideró necesario revisar la normativa y aplicar medidas de transición para no perjudicar a quienes ya forman parte del sistema. Enfatizó que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva a médicos que ingresaron mediante concursos previos y que actualmente cumplen funciones.

Además, señaló que el tema debe analizarse también en el marco de acuerdos regionales como el Mercosur, que contemplan la movilidad y cooperación entre profesionales.

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En ese contexto, la senadora advirtió que, de mantenerse la medida sin cambios, Paraguay podría enfrentar consecuencias en términos de reciprocidad con otros países, que podrían restringir el acceso de médicos paraguayos en el exterior.

Finalmente, insistió en la necesidad de una solución urgente para evitar una crisis mayor en el sistema sanitario y garantizar la continuidad de los servicios médicos. “Hay que buscar una solución de contingencia ahora, para que estas personas no sufran daño y se pueda sostener el sistema”, concluyó.

El responsable de la Dirección Regional en Itapúa del MINNA, Cristian Wlosek, detalló que tres niños fueron sometidos a procedimientos de protección, entre los que se encuentran la separación para llevarlos a centros de protección o familias acogedoras.

Explicó que la medida responde a que los adultos responsables han sido reincidentes a pesar de varias intervenciones previas, donde fueron notificados de que cometían una transgresión a los derechos de la niñez. Los menores están expuestos a condiciones precarias, al peligro de una avenida transitada y a la explotación laboral, refirió.

Además, gestionaron con otras instituciones para el traslado de estos niños y sus adultos responsables hasta sus comunidades. El 80% pertenecería a la comunidad Guavirami de Trinidad, mientras que el resto pertenecería a otras comunidades de la zona.

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Visita del presidente

Coincidentemente, la intervención se realizó al costado del sitio donde se construye un Centro de Atención Integral de Primera Infancia (CAIPI) del MINNA, que será inaugurado el lunes. La obra es desarrollada en el marco del proyecto “Semillas del Futuro”, que pretende construir 100 centros integrales en 17 departamentos.

La inauguración está prevista para el lunes 20, a las 11:00. El ministro del MINNA, Walter Gutiérrez, confirmó su presencia, como también la del presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos.

Este centro es construido en el lugar donde funcionaba históricamente como “refugio” para estas comunidades indígenas que vienen a la ciudad para la venta callejera. El sitio era conocido como “el mangal”, debido a que había un frondoso árbol de mango que les daba sombra mientras se quedaban a vender sus productos en los semáforos.

El objetivo era desalentar esta práctica, pero los mismos se mudaron al paseo central de la avenida Japón, donde incluso pernoctan en condiciones precarias.

Secuelas de un abandono

Conflicto con comunidad indígena

Wlosek manifestó que en el marco de este operativo fue detenido un hombre indígena, quien tenía orden de captura en un proceso por falta al deber del cuidado de niños. También refirió que esperan la respuesta de la justicia, con relación a la denuncia desarrollada por el ministro Gutiérrez, contra líderes indígenas.

Manifestó que a pesar de que hubo un cambio en el liderazgo de la comunidad indígena Guaviramí, la familia del anterior líder. Continuaría con este presunto esquema, en el que buscan lucrar con el trabajo y la exposición infantil.

Concluyó que estos adultos deberían asumir las consecuencias de su deliberada intención de ser reincidentes, a pesar de las advertencias de la comisión de este hecho punible. “Las instituciones agotamos instancias”, afirmó.

Cerca de 20 agrupaciones musicales confirmaron su participación en el evento, que se desarrollará desde las 16: 00 horas, en la plaza La Paz, en el centro de la ciudad. Se montará un escenario con equipos de sonido para la ocasión.

La jornada arrancará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche y madrugada, con la participación de músicos, DJs, animadores y elencos de danza. El espectáculo promete una amplia variedad artística.

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El evento será transmitido por redes sociales y emisoras de la zona. Se espera una importante concurrencia.

El acceso será gratuito y el público podrá colaborar de forma voluntaria, ya sea en efectivo o mediante transferencias, además de una cantina habilitada para recaudar fondos. La actividad apunta a la solidaridad de la ciudadanía.

Vallejo afirmó que esta medida es inconstitucional y señaló que los permisos en el Congreso se están “pervirtiendo”. Citó como precedente el caso del senador cartista Erico Galeano, procesado por narcotráfico.

“Con la difusión de este pedido de permiso, ya está cantado lo que va a ocurrir. Le van a dar, inconstitucionalmente, de vuelta, permiso a un senador. Me siento tan desilusionada porque creo que es el momento en donde todos nos manifestemos en contra de esta decisión. No puede ser que alegremente se nos rían en la cara. Mintió por todos lados”, declaró.

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Causales para pérdida de investidura

Para la representante de Patria Querida, la situación de Rivas no amerita un permiso, sino la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional de pérdida de investidura.

Sostuvo que las pruebas sobre la supuesta falsedad de su título de abogado son suficientes para removerlo del cargo, aunque dudó de la voluntad política de sus pares en la Cámara Alta.

“Esto es contundente, totalmente claro, en lo que existe causal para una pérdida de investidura. La ciudadanía debe exigir porque es una falta de respeto a la ciudadanía. La decisión que va a tomar el Senado al aceptar la barbaridad del permiso, es una bofetada”, enfatizó.

Blindaje y defensa corporativa

Vallejo enfatizó su preocupación por la falta de movilización social ante las constantes contradicciones del senador colorado.

Según la legisladora, Rivas “se está burlando y está mintiendo en todos lados”, pero no recibe sanciones institucionales ni una condena social por parte de la ciudadanía.

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La diputada cuestionó los motivos detrás de la férrea protección del movimiento Honor Colorado hacia el legislador. Refirió que se pregunta qué información posee Rivas, por lo que desde el cartismo se sostiene una defensa corporativa antes que permitir su salida del Congreso.

En la zona, este tipo de tratamiento, se realiza en muy pocos hospitales públicos, como el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, Santaní, Choré, Itacurubí del Rosario, entre otros, pero que en la mayoría de los casos solamente beneficia a los pacientes más graves, debido a que los nosocomios no están equipados y no cuentan con suficientes cirujanos para los procedimientos, haciendo que muchas personas sean incluidas en la lista de espera.

Facilitar el acceso para el tratamiento

Al respecto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, explicó que en esta ocasión la jornada quirúrgica se decidió llevar al Hospital Básico de Choré para beneficiar a 26 pacientes con cirugías programadas de baja complejidad, teniendo en cuenta que solamente de esta manera se va a priorizar a la gente que se encuentra en la lista de espera, trabajando en equipo y recorriendo las distintas ciudades de San Pedro, mencionó.

El equipo de trabajo está integrado por 50 profesionales de blanco, entre ellos 20 médicos cirujanos y anestesiólogos, además de licenciados en enfermería, todos bajo la coordinación del director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria.

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Conforme a la manifestación de los encargados de realizar la atención médica, varias de estas personas provienen de las colonias rurales de Choré y otras de las comunidades adyacentes.

Próxima atención en Capiibary

Otra de las actividades quirúrgicas programadas en esta modalidad se estará llevando a cabo en el Hospital Básico del distrito de Capiibary, la próxima semana, con los mismos médicos cirujanos y acompañados por el personal de blanco del nosocomio de esta ciudad, según informaron.

Equipar los hospitales

En lo que refiere al reclamo más frecuente de la ciudadanía, tiene que ver con el pedido de equipamiento, contratación de personal de blanco y suficientes medicamentos para los hospitales públicos del departamento de San Pedro, con una cantidad poblacional de más de 400 mil habitantes.

Los uniformados fueron imputados por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, por los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado (coima) y estafa.

Ayer, el juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez admitió la imputación y concedió arresto domiciliario a los efectivos policiales, aunque también ordenó el uso de tobillera electrónica.

En teoría, el magistrado debe decidir hoy sobre la situación del otro imputado, Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien trabaja como chofer de Bolt y que también fue arrestado hace dos días.

El origen de todo

Primero el chofer de Bolt y luego los dos policías habrían perseguido y sacado dinero el 15 de marzo pasado a un automovilista identificado como Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, quien en aparente estado etílico chocó y dejó abandonada a una mujer, sobre la avenida España de Asunción.

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El chofer de Bolt se hizo pasar por primo de la accidentada y luego uno de los policías dijo ser el medio hermano de la víctima del choque, todo para sacarle plata y supuestamente solucionar el problema.

Sin embargo, cuando la víctima finalmente también identificó y localizó al conductor que le chocó, este último le contó que ya había pagado a sus supuestos parientes por los daños ocasionados en el accidente.

A partir de entonces, el chofer que ocasionó el accidente hizo una denuncia formal por el dinero que le sacaron bajo engaños, se investigó el caso y procesaron a los supuestos extorsionadores.

Para sectores de la oposición, este movimiento es una estafa al pueblo paraguayo. El senador Eduardo Nakayama fue contundente al señalar que el camino legal y ético debería ser la pérdida de investidura y no una salida decorosa a través de un permiso.

“Rivas debe tener algo y por eso no le sueltan la mano, definitivamente”, afirmó Nakayama, sugiriendo que el oficialismo mantiene un pacto de silencio para proteger al legislador.

El caso de Rivas, señalado por poseer un título universitario presuntamente falso, ha escalado a un escándalo de proporciones institucionales. Según Nakayama, la gravedad de sus actos supera incluso otros casos polémicos recientes, como los de Norma Aquino (“Yamy Nal”) o Javier Vera (“Chaqueñito”).

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“En un plano ideal, Rivas debería estar preso por la cantidad de hechos punibles que ha cometido. El más grave de ellos, coacción grave contra una agente fiscal, además de tráfico de influencias, porque está amenazando por su propio caso”, sostuvo el legislador.

A pesar de la evidencia presentada, la aritmética parlamentaria dominada por el movimiento Honor Colorado garantiza la permanencia de Rivas en el Congreso. Consultado sobre las chances de una expulsión definitiva, Nakayama fue tajante: “La probabilidad es cero”.

“Es triste, pero él se tiene que ir; no puede seguir ni un minuto más en el Senado”, sentenció el legislador opositor, subrayando la erosión de la credibilidad de la Cámara Alta ante la protección sistemática de figuras procesadas por la Justicia.

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El impacto económico es inmediato, numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta básica aumentan considerablemente debido a las dificultades para el abastecimiento.

Presidente mentiroso

Lógicamente, tras este nuevo episodio de abandono estatal, las personas comenzaron a manifestar rabia e impotencia contra las autoridades nacionales y departamentales. Al respecto, Derlis Silva, poblador de Bahía Negra, tildó de mentiroso al presidente Santiago Peña, quien en reiteradas ocasiones había manifestado que construirá caminos de todo tiempo para sacar del aislamiento al Alto Paraguay.

El morador, en un grupo de WhatsApp, exhibió un video de octubre de 2025, cuando el presidente de la República visitó la comunidad de Carmelo Peralta para verificar el avance de la construcción del puente de la bioceánica. En dicha oportunidad, el mandatario prometió una vez más, y ante la presencia del propio gobernador Arturo Méndez, que sacará del aislamiento a esta región chaqueña.

Peña decía específicamente en dicha oportunidad, al referirse al jefe departamental: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay, del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, decía por entonces el presidente.

“¿Cómo se puede creer en la palabra del presidente, que ni siquiera pudo mandar reparar los caminos de tierra para evitar este nuevo aislamiento y, con ello, el sufrimiento de las familias que vivimos por estos lugares? Si esto no pudo hacer, mucho menos hará caminos asfaltados”, dijo ofuscado el poblador.

Por su parte, Genaro Ramírez, poblador de la comunidad de María Auxiliadora, una de las zonas más castigadas por el aislamiento del año pasado, al coincidir con lo manifestado por Silva sobre las mentiras del primer mandatario, dijo que también las autoridades de la zona son responsables de esta desidia, como el gobernador, los intendentes y los propios concejales.

“Se juega con las necesidades de los pobladores de una de las regiones más alejadas del país. No puede ser que con cada lluvia estemos aislados por varios meses, atendiendo los innumerables problemas que esto ocasiona, como la cuestión económica; numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta familiar suben por las nubes, debido a lo difícil que se torna hacerlos llegar a las comunidades”, dijo.

Tránsito paralizado

Existe actualmente un promedio de 20 kilómetros de tramo intransitable debido al desborde de las aguas, en el camino que parte desde la ruta bioceánica y permite una salida hacia otras regiones a los pobladores de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo. Esto hace que, desde inicio de semana, el tránsito esté totalmente interrumpido.

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En la capital departamental, una unidad del transporte público de pasajeros que debía partir este lunes hacia la capital del país se encuentra parada, a la espera de que se pueda normalizar el tránsito. La interrupción de este servicio afecta de forma considerable a los pobladores, atendiendo la escasez de medios de transporte en el departamento.

Por supuesto que tampoco pueden transitar los camiones transportadores de mercaderías ni los que llevan animales vacunos, hecho que afecta de forma negativa al rubro de la ganadería, principal y única actividad económica en el Alto Paraguay. Por de pronto, aún se encuentra transitable el camino que parte desde el casco central de Fuerte Olimpo hacia las poblaciones rurales del distrito.

Esto hace que las personas de estas comunidades puedan ser abastecidas desde la capital departamental a través del río Paraguay, gracias al servicio de embarcaciones menores que transportan carga de forma semanal.

Ernesto Ojeda, representante del sector, explicó que el cálculo de más de G. 7 millones surge de un análisis colectivo basado en la experiencia diaria de trabajadores de distintos rubros. Hoy, el sueldo básico es de solo G. 2.899.048.

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Según sostuvo, el salario mínimo vigente no cubre las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, como establece el Código Laboral. Detalló que el salario básico debe cubrir alimentación, transporte, vestimenta, recreación y seguridad social.

“El salario mínimo tiene que generar condiciones de vida digna, pero hoy eso no se está cumpliendo”, afirmó.

Rechazo al ajuste anunciado por el Gobierno

Los manifestantes repudiaron el incremento que sería de alrededor de G. 61.000 e hicieron énfasis en que es insuficiente. Ojeda señaló que este ajuste “es una bofetada para los trabajadores”. Insistió en que el salario mínimo debe reflejar el costo real de vida y no solo indicadores macroeconómicos.

Además, advirtió que el salario mínimo funciona como referencia para el resto de los sueldos, por lo que su aumento debería impactar en toda la estructura salarial del país.

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Movilización y los pedidos

La protesta se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Trabajo, donde incluso se registró el cierre parcial de la calzada debido a la concentración de manifestantes.

El grupo de trabajadores anunció que ingresaría a la institución para presentar formalmente su estudio y reiterar el pedido de participación en la discusión salarial.

Como parte de las medidas de presión, la Corriente Clasista Combativa llamó a los trabajadores a movilizarse el próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador.

El objetivo, según indicaron, es exigir un salario digno y visibilizar la situación económica de las familias trabajadoras en Paraguay.

Asimismo, señaló que el reglamento interno del Senado en su artículo 30 únicamente prevé situaciones accidentales que impidan la presencia del parlamentario, lo cual -afirmó- no aplica en este caso. “Yo no puedo acompañar un pedido de permiso en esta situación”, enfatizó.

Uno de los puntos más delicados de su denuncia es la acusación de que Rivas habría incurrido en coacción grave contra la fiscala Patricia Sánchez.

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Según explicó, existiría una denuncia formal que documenta amenazas para impedir que la representante del Ministerio Público ejerza su derecho a revisar una sentencia ante la Corte Suprema.

Paredes afirmó que este hecho podría encuadrarse en el delito de coacción grave, tipificado en el Código Penal, lo que agrava aún más la situación del legislador.

“Uso indebido de influencias” y golpe al sistema judicial

La senadora también acusó a Rivas de haber utilizado documentos públicos de contenido falso para acceder a una representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A su criterio, esto configura un claro caso de uso indebido de influencias, causal directa de pérdida de investidura según la Constitución.

Pero fue más allá: calificó el caso como uno de los mayores escándalos institucionales del país. “Es el caso más escandaloso en cuanto a socavar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y burlar los derechos de muchísimos magistrados judiciales de la República”, sostuvo.

Desafío directo al Partido Colorado

Paredes no limitó sus críticas al movimiento Honor Colorado, presidido por Horacio Cartes, sino que apuntó directamente al Partido Colorado como responsable político.

Recordó que Rivas llegó al Senado en listas de ese partido y exigió que sean sus propios colegas quienes impulsen la pérdida de investidura.

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Para reforzar su postura, evocó su propia actuación en el caso de Javier “Chaqueñito” Vera, cuando promovió su expulsión. “Así como yo asumí la responsabilidad política y moral en su momento, el Partido Colorado debe hacer lo mismo”, afirmó.

Asegura que existen votos para avanzar

En contraste con otras posturas dentro de la oposición, Paredes aseguró que sí existen condiciones para avanzar con la pérdida de investidura.

Indicó que la suma de votos opositores y de la disidencia colorada podría superar los 23 votos, lo que -según dijo- permitiría encaminar una salida política. A su entender, esta sería “la salida más decorosa” para el Senado ante la ciudadanía.

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La senadora opositora también afirmó que el caso Rivas representa un quiebre histórico en términos institucionales. “Yo no conozco un escándalo de mayores proporciones en cuanto a socavar la institucionalidad del Poder Judicial y el Estado de derecho en Paraguay”, expresó, al tiempo de advertir sobre el impacto en la democracia.

Finalmente, reiteró su llamado a que el Partido Colorado asuma las consecuencias políticas de haber incluido a Rivas en sus listas, subrayando que el caso no solo afecta al Senado, sino a toda la estructura institucional del país.

Indígenas apostados al costado del antiguo tramo de la PY02, en Coronel Oviedo, exigen víveres y tierras

En cuanto al departamento de Caaguazú, aseguró que hay 70 comunidades indígenas que comprenden unos 12.000 nativos esparcidos en diferentes puntos de esta parte del país.

Catalino Sosa indicó que actualmente los nativos viven olvidados en condiciones inhumanas, atendiendo a que no existe voluntad política ni un presupuesto suficiente para cada institución indígena.

Señaló que las necesidades urgentes radican en la educación, para que los nativos se puedan desarrollar y estar a la par de cualquier ciudadano paraguayo. Indicó que anteriormente las comunidades indígenas vivían de lo que proveían los bosques, pero actualmente ya no existen bosques con animales silvestres.

Ante esta situación, señaló que los nativos necesitan desarrollarse y adquirir conocimientos, para poder contar con cultivos rentables en sus tierras e incluso plantar soja como los grandes productores del país.

Indicó que necesitan capacitación constante, equipamientos para preparación de suelo similares a los que se proveen a organizaciones de agricultores y una adecuada dotación de hospitales para garantizar la salud de los mismos.

Pidió una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para presentar un plan de trabajo orientado a este año y el próximo, con el fin de mejorar la condición de vida de las comunidades indígenas del país.

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Añadió que cada año reciben promesas de autoridades, pero que con una propuesta clara de trabajo se podría mejorar al menos un 10% la condición de vida de los nativos.

Reunión con el presidente del Indi para acercar inquietudes

En una reunión entre líderes nativos, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y representantes de diferentes entidades del Gobierno, realizada ayer en la Gobernación de Caaguazú, los nativos presentaron una lista de pedidos que incluyen agua potable, electrificación, construcción de escuelas y tierras para comunidades.

Al respecto, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, indicó que recepcionaron todas las solicitudes y que se están gestionando con cada entidad responsable para poder paliar los problemas de las comunidades indígenas.

Indicó que el Indi está llevando adelante planes de trabajo que buscan garantizar la comercialización de productos generados en las comunidades indígenas. Agregó que el año pasado se logró comercializar productos por valores de G. 300 millones, que fueron destinados a diferentes comunidades indígenas del país.

Añadió que se están evaluando todas las necesidades para buscar mejorar la condición de vida de los nativos del país.

Ante este escenario, el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la institución solicitó un informe al oficial de cumplimiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Enrique Dávalos, a fin de verificar si se aplicó la debida diligencia en este caso.

El funcionario del TSJE explicó que el requerimiento busca determinar si el partido aplicó los controles de debida diligencia sobre el origen de los fondos del candidato, proceso que, en caso de detectar sospechas, debe derivar en un reporte ante Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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TSJE y sus limitaciones sobre financiamiento político

Consultado sobre cómo el jefe comunal logró superar los filtros de financiamiento político, Ruiz Díaz explicó que el organismo electoral tiene limitaciones jurídicas.

Señaló que no cuentan con mecanismos para detectar irregularidades basándose únicamente en las declaraciones juradas de los candidatos durante la campaña. Refirió que recién en la etapa de rendición de cuentas posterior se puede tener un panorama más claro.

Además, recordó que el TSJE no está facultado para emitir reportes de operaciones sospechosas, lo que restringe su capacidad de acción preventiva.

Rol del oficial de cumplimiento y confidencialidad

Ruiz Díaz indicó que Enrique Dávalos debe informar si realizó la debida diligencia, que implica investigar el caso y determinar si existen elementos que justifiquen la situación.

“Si él dice que esto está justificado, nos dirá cómo se justifica y, caso contrario, nos dirá que tendrá que presentar ante Seprelad”, dijo.

No obstante, advirtió que el marco legal vigente protege la confidencialidad de estas actuaciones, por lo que el oficial de cumplimiento no está obligado a informar sobre sus procedimientos.

En ese contexto, cuestionó que dicha confidencialidad no debería prevalecer sobre el interés público en casos que podrían involucrar hechos punibles.

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Conflictos de interés dentro de los partidos

El funcionario también puso en duda la independencia de los oficiales de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.

“En muchos casos podemos hablar de conflicto de interés entre el desempeño del oficial de cumplimiento y la organización política. Hay que recordar que el oficial de cumplimiento es un empleado de la organización política. Entonces, muchas veces es difícil que cumpla de manera cabal lo que le indica la ley, que es reportar”, cuestionó.

Ley de financiamiento, bajo cuestionamiento

Ruiz Díaz fue contundente al señalar que con la legislación actual es “imposible” evitar que candidatos utilicen dinero ilícito en sus campañas.

Indicó que, ante estas limitaciones, el TSJE depende en gran medida de publicaciones periodísticas para detectar posibles irregularidades.

“Necesitamos mejorar nuestra ley. El oficial de cumplimiento, como trabaja en un marco de confidencialidad absoluta, muchas veces, si quiere nos responde o no nos responde. Porque su obligación directa es entre su institución, que es a quien controla, y a Seprelad”, apuntó.

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Propuesta de reforma normativa

El director de Financiamiento Político adelantó que desde el TSJE se impulsa la unificación de las normativas vigentes sobre financiamiento político, que -reveló- actualmente suman cinco.

Apuntó que con ello buscan introducir ajustes de fondo y evitar lo que calificó como “soluciones parche” que generan confusión y debilitan los controles.

Los representantes del Ministerio Público consideraron probados en el contradictorio y, por ende, concluyeron que Girala era quien encabezaba un esquema de persecución de inocentes, extorsión y pedidos de coima a quienes investigaba en su unidad fiscal.

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En tal sentido, la Fiscalía atribuye la comisión de los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, en calidad de autor por parte de la exfiscala Ana Girala.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en al menos 15 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa penal.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles,para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

En cuanto a los abogados Liz Martínez, Nélida Alcaráz y Marcos Velazco, para la Fiscalía, cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencia y cohecho pasivo agravado.

Imputación por “carachenta” sin contar con pruebas

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con mérito para ser procesada, en un caso de supuesto aborto y comercialización de medicamentos no autorizados.

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“Por carachenta, demasiado co le quiero imputar a esta señora de carachenta pero me pongo nomás a pensar con nuestro informe de medicina legal, cómo vamos a demostrar de que tuvo, que hizo el aborto, tenemos el bebé, tenemos todo pero dice que no fue un aborto provocado y ese informe no nos ayuda y no nos va a ayudar”, expresó Girala en un mensaje enviado a la secretaria Griselda Acha.

Como la investigada no cumplió con la suma de dinero solicitada, Girala presentó imputación en su contra, según resaltaron en sus alegatos conclusivos los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

En otro caso, también de diciembre de 2022, la entonces agente Ana Girala, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó canastas navideñas a Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo en una causa y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”. Dicha persona cumplió con el pedido y entregó como “obsequio” las canastas de Navidad, que fueron repartidas a todos en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo.

Merienda y otros pedidos de Girala, según fiscales

Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez afirmaron que el esquema de coima y extorsión, supuestamente liderado por la propia Ana Girala, quedó demostrado también en una causa por supuesta violencia familiar, de octubre de 2022, en la que la entonces agente fiscal, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó la suma de G. 4.000.000, que luego disminuyo a G. 3.000.000 y posteriormente a G. 2 millones, para no imputar al denunciado, quien finalmente no abonó las sumas requeridas y fue imputado.

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Lo escandaloso en esa causa es que, según los alegatos finales del Ministerio Público, además de solicitar sumas de dinero al denunciado, a fin de no presentar imputación, la entonces fiscal Ana Girala y su secretaria Griselda Acha pidieron “para la merienda” a la víctima del hecho, a fin de recibir su testimonio.

El 30 de octubre de 2022 la secretaria Griselda Acha le envió un mensaje a la fiscal Ana Girala diciéndole: “Al final vino la chica”, la entonces agente del Ministerio Público le preguntó “Quien chica?”, y recibió como respuesta: “Esta de violencia, de ayer”.

Sobre dicha situación, la acusada Ana Girala le dijo a la secretaria: “Por lo menos para la merienda”, por lo que posteriormente Griselda Acha Alcaraz contestó: “Por lo menos para la merienda le dije, Y sin problema me dijo” y Girala respondió con un sticker.

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Parrilla o mesa de lapacho para quincho

Las conversaciones mantenidas entre octubre y diciembre de 2022, entre la entonces fiscal Ana Girala y la secretaria Griselda Acha, demuestran cómo avanzaban en las negociaciones para formular una imputación en el marco de una causa por supuesta producción de documentos no auténticos, que tenía como denunciante a un conocido de la secretaria fiscal ahora acusada.

En ese sentido, según los alegatos finales del Ministerio Público, mediante las conversaciones entre Girala y Acha en el juicio quedó probado que las acusadas solicitaron la suma de G. 30.000.000 para imputar al ciudadano Sergio Giménez Paredes, pero del monto que solicitaron, recibieron la suma de G. 15.000.000.

En noviembre de 2022, cuando Grisela Acha le comentó a Girala, a través de mensajes de texto, que el denunciante solo estaba dispuesto a pagar la suma de G. 15.000.000 la agente fiscal respondió: “Acepto parrilla”.

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Ante esta respuesta, Griselda Acha expresó a la agente fiscal: “JajjA, Le voy a decir”; y Ana Girala contestó a la secretaria fiscal: “Y si, O una mesa de lapacho de Quincho”.

Según el anuncio del Gobierno, el plan de pagos contempla el desembolso de 100 millones de dólares a los proveedores del sector de la salud en el corriente mes de abril y unos 80 millones adicionales en mayo.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Rocío Figueroa, portavoz de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), celebró el anuncio y dijo que el desembolso dará “un respiro” a las empresas proveedoras, algunas de las cuales llevaban hasta 30 meses sin cobrar por servicios proveídos al Estado.

Propuesta para cancelar toda la deuda

En caso de cumplirse el pago anunciado por el Gobierno, el saldo de la deuda con las proveedoras de salud quedaría en más de 800 millones de dólares, un monto que las proveedoras plantean sea cancelado por medio de una cesión de deuda.

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“Vamos a seguir trabajando en el documento que va a regir la cesión de pagos”, dijo Figueroa, quien comentó que está prevista una reunión con representantes del Gobierno en dos semanas para definir detalles sobre ese plan.

“Necesitamos un documento viable para los bancos, para que se presenten a ser pagadores de la cesión de deuda”, explicó.

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Figueroa destacó que el pago parcial de 180 millones de dólares se aplicará a todos los objetos de gasto que componen la deuda: no solo la compra de medicamento, sino también gastos por amparos judiciales o servicios de estudios médicos.

El hecho ocurrió a las 08:05, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de un vehículo frente al establecimiento comercial.

Según se observa en las imágenes de seguridad, los malvivientes descendieron rápidamente portando armas de fuego cortas y escopetas.

Para intentar pasar desapercibidos o confundir a las víctimas, algunos de los asaltantes vestían chalecos tácticos con la inscripción “Policía” en la espalda, además de cubrir sus rostros con pasamontañas, tapabocas y quepis.

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El “minuto de terror” del asalto en Ypané

La secuencia de video muestra cómo los criminales interceptaron primero a un trabajador que se encontraba en la vereda, a quien obligaron a ingresar al local a punta de pistola. Una vez adentro, tres mujeres que se encontraban en el comercio se lanzaron al suelo ante la agresividad de los atacantes.

“Entreguen la plata”, se escucha decir a uno de los delincuentes en el audio ambiente del video, mientras exigían con insistencia la ubicación del efectivo. Ante las amenazas, una de las empleadas indicó que el dinero no estaba en la caja principal.

Bajo custodia de uno de los delincuentes, la trabajadora fue llevada hasta otro sector del local para entregar el dinero, mientras otro de los cómplices se encargaba de vaciar la caja de recaudación del día y buscar otros objetos de valor.

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El vídeo culmina cerca de las 08:08, por lo que se desconoce con mayores detalles cómo prosiguió el hecho. Hasta el momento, no se reportaron datos oficiales sobre el monto robado ni sobre personas detenidas.

Según explicó, la situación no solo afecta al Poder Legislativo, sino que también deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial. A su criterio, existe una “vulnerabilidad total del poder judicial” y una “complicidad del poder legislativo”, lo que refleja -según dijo- una subordinación de ambos poderes al poder político.

Pese a la presión ciudadana y el rechazo de diversos sectores, incluyendo gremios de abogados y dirigentes de distintos partidos, admitió que la oposición no cuenta con los votos necesarios para impulsar la pérdida de investidura de Rivas por uso indebido de influencias.

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Martínez señaló que, aunque existen elementos que podrían configurar tráfico de influencias -como las supuestas amenazas a la fiscala Patricia Sánchez-, el principal obstáculo es político: no se alcanzan los 30 votos requeridos en el Senado.

“El cartismo le blindó durante siete años y hoy le sigue blindando”, sostuvo, en referencia al sector oficialista. Añadió que la estrategia de otorgarle un permiso sin goce de sueldo replica el esquema utilizado anteriormente con el senador Erico Galeano, lo que, según dijo, mantiene a Rivas bajo protección política.

Un dilema político para la oposición

La senadora también describió la compleja situación que enfrenta la oposición en el Senado. Por un lado, impulsar la pérdida de investidura sin contar con los votos necesarios podría terminar legitimando decisiones previas cuestionadas, como la destitución de Kattya González, que -según Martínez- se realizó fuera del reglamento.

González había sido expulsada por 23 votos (mayoría simple) cuando el reglamento del Senado establecía una mayoría absoluta (30 de 45)

Por otro lado, rechazar el pedido de permiso implicaría que Rivas continúe en funciones, lo que tampoco consideran una opción viable. “Estamos en una posición difícil”, reconoció.

La abstención como “símbolo político”

Ante este escenario, Martínez adelantó que cuando se trate el pedido de permiso de Rivas su postura personal será la abstención, como una forma de manifestar su rechazo tanto al pedido de permiso como a la falta de condiciones para una sanción efectiva.

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“La única opción que me queda es abstenerme como un símbolo político de que no estamos de acuerdo”, afirmó.

La senadora insistió en que Rivas debería dejar su cargo y enfrentar a la justicia por lo que calificó como un fraude a la ciudadanía y a las instituciones del Estado. Sin embargo, concluyó que el respaldo del cartismo sigue siendo determinante para evitar consecuencias políticas inmediatas.

“Dadas las perspectivas que tenemos del mes de marzo, como cerramos con una mejor recaudación y lo que está ocurriendo ahora en le mes de abril, estamos en condiciones de comprometer entre los meses de abril y mayo desembolsos por un valor total de 150 millones de dólares para este sector proveedor exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas”, señaló Lovera.

El titular del MEF dijo en esa misma línea que se está trabajando para llegar a acuerdos sobre la deuda reclamada en materia de intereses que se generaron en la administración anterior y que corresponden a cancelaciones que se realizaron a finales del 2023. Señaló que el acuerdo en este sentido se sustanciará a través de una ley, algo que se estará “movilizando a nivel legislativo desde la próxima semana”.

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Con respecto a la cesión de derechos de cobro (factoring), mencionó que está abierta la mesa de discusión y en 15 días más habría un resultado favorable para avanzar en el instrumento.

“Esto creo que, más allá de una cuestión de predisposición de los actores del Estado, también es mucha predisposición de parte de los proveedores para avanzar en forma conjunta en soluciones creíbles y en soluciones sostenibles para poder cumplir con las obligaciones", manifestó.

El primero en hablar en representación de los proveedores fue el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien elogió la gestión gubernamental y señaló que “si la deuda existe es porque se trabajó”. Afirmó que están satisfechos y esperanzados con el anuncio, ya que les permite tener previsibilidad para seguir trabajando.

“Vamos a poder seguir haciendo lo que sabemos, que es construir, que es mejorar la calidad de vida de la gente a través de la obra de infraestructura, dotarle al país de esta infraestructura que tanto necesita para poder desarrollarse (…) y de nuestra parte darle un mensaje a nuestros proveedores que también están sufriendo así como nosotros, porque la cadena del sector de la construcción es muy amplia”, expresó.

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Por su lado, José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), remarcó que la infraestructura tiene que acompañar al crecimiento económico del país. Dijo que, si bien hay un voto de confianza hacia el nuevo ministro de Economía, resaltó que la confianza se construye y por ello serán “custodios” de la propuesta que recibieron.

“Hoy venimos a anunciar esto como para que realmente podamos despegar en infraestructura ante una disminución del ritmo de trabajo y tenemos aún un poco más de dos años. Este tiempo que se perdió, yo creo que podemos recuperar trabajando 24/7”, dijo.

“Las obras no paran”

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se encargó de destacar que la instrucción recibida de parte del presidente Santiago Peña es que las deudas del Estado se deben honrar y aseguró que las obras no paran y “continúan con su ritmo acelerado”.

“Estos 150 millones de dólares, que prácticamente duplican o triplican lo que venimos pagando en un periodo de dos meses, van a generar un alivio importantísimo, van a permitir respirar a las empresas constructoras y retomar este cronograma para llevar en tiempo y forma estas soluciones”, dijo.

Añadió que la estimación que manejan en el MOPC es que, con este monto, a finales de mayo ya estará saldado el 85 por ciento de la deuda del 2025.

Deuda total con el sector de la construcción

De acuerdo con lo informado por representantes de los gremios, a la fecha la deuda asciende a 210 millones de dólares en materia de capitales y más de 100 millones de dólares en intereses acumulados desde hace dos años.

“Lo que se va a pagar va a ser bastante más de lo que ingresan de certificados mensuales, porque acá el problema que tuvimos el año pasado fue que cada mes se metía cierta cantidad de montos de certificados y se pagaba menos de lo que se metía. Entonces la deuda fue aumentando desde enero hasta diciembre (…) Este mes se está pagando por lo menos lo que se ejecuta, por eso la deuda ya no subió e inclusive bajó respecto a lo que era diciembre y con estos 150 millones de dólares va a bajar inclusive más”, destacó Paul Sarubbi.

El titular de Cavialpa destacó la importancia de saber exactamente cuánto recibirán en materia de pago hasta fin de año, lo cual les dará previsibilidad para planificar con los bancos y proveedores. De ese modo se podrá empezar a retomar el cien por ciento del ritmo de las obras.

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El aprehendido fue identificado como Marino Jara Sanabria, de 40 años, suboficial del Ejército con destino en la capital, domiciliado en Aguaraymí, Nueva Germania. Se encontraba acompañado por dos jóvenes de 21 años.

De su poder fueron incautados un automóvil Volkswagen, equipos de audio tipo competencia, una pistola calibre 9 mm con cartuchos y cargadores un rifle de aire comprimido, un cuchillo tipo carnicero, además de un celular y bebidas alcohólicas. Los elementos estaban dentro del vehículo.

Según el informe policial, el detenido hizo caso omiso a reiteradas indicaciones de cesar la ingesta de alcohol en la vía pública y reducir el volumen del equipo de sonido, por lo que fue trasladado a la comisaría junto con sus acompañantes. El procedimiento se realizó conforme a protocolo.

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Por disposición de la agente fiscal Laura Soledad Romero, se practicó la prueba de alcotest en la Patrulla Caminera de Río Verde, arrojando resultado positivo de 0.473 mg/L. Tras ello, se ordenó su detención y la incautación de los objetos.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público y el detenido deberá comparecer ante la Unidad Fiscal en el transcurso de la jornada. Las autoridades continúan con el proceso investigativo.

“Fue un transporte público de la Línea 30 con una camioneta; las personas implicadas fueron derivadas para atención médica”, detalló el director Rodrigo Delvalle.

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Señaló que, luego del hecho, la PMT llevó temporalmente la camioneta al corralón, para despejar el tránsito.

Por el momento, se desconoce el número de heridos y las circunstancias exactas del choque.

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Según los datos, al cierre del tercer mes del año, los ingresos alcanzaron un total de G. 11,82 billones (US$ 1.818 millones al cambio vigente), que representa una caída del 1,5% frente al mismo periodo del año pasado; mientras que los gastos sumaron G. 13,9 billones (US$ 2.138 millones), que equivalen a 7% más.

En lo que respecta al gasto, dentro del paquete total las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y marzo del presente año, G. 5,78 billones (US$ 889 millones), el incremento por ende fue del 9%, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal.

En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,96 billones, que en conjunto totalizaron, G. 5,78 billones, esta cifra representa el 63% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe. Es decir, de cada G 100 recaudados, G. 63 son para pagar salarios.

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Prestaciones sociales aumentaron 16%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al primer trimestre del año G. 2,89 billones (US$ 445 millones), que representan un aumento del 16%. Este gasto, absorbe alrededor del 31% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).

Las prestaciones sociales aumentaron 14%

El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 1,54 billones (US$ 238 millones) al primer trimestre del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al mes de marzo último acumulaba un déficit de G. 669.560 millones (US$ 103 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.

Paralelamente, en Areguá una directora reportó que recibió la captura de pantalla de una amenaza publicada en una página de Instagram, donde se amenazaba también con un tiroteo sin determinar la fecha.

Tras amenaza de tiroteo, suspenden clases en colegio privado de Asunción

Así también, en otra institución educativa, la directora avisó a la comisaría local que no tendrían clases al activar el protocolo de emergencia por otra amenaza.

Todas las directoras de esas instituciones pidieron cobertura policial para garantizar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Algunas suspendieron las clases y otras no, tras confirmar al presunto autor.

Por otra parte, también en un colegio público de Pedro Juan Caballero se suspendieron las clases por el mismo motivo ayer.

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Un reto viral

Según indican, estas amenazas saltan como réplica de un suceso registrado en Argentina. En dicho país, semanas atrás se reportaron decenas de amenazas de tiroteos luego de que se registrara un grave caso y ante un aparente reto viral de la red social TikTok.

Se dejan sobre todo mensajes en los baños, anunciando atentados en fechas próximas.

Pese a que solo se trata de “bromas”, las escuelas se ven obligadas a activar distintos protocolos de seguridad y alertar a las comisarías más cercanas para fortalecer la cobertura policial.

A esto se suma el cierre total del carril de la avenida De la Victoria que conecta con esta arteria principal, lo que impide la circulación directa en ese punto.

Los trabajos, iniciados el miércoles pasado, implican la clausura de media calzada en la intersección de ambas avenidas, lo que genera cambios obligatorios en la circulación vehicular.

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Rutas alternativas para salir a Eusebio Ayala

Los conductores que circulan por la avenida De la Victoria y necesitan incorporarse a Eusebio Ayala deben realizar un desvío previo por las calles Carios, luego tomar Veteranos del Chaco y continuar por José Félix López o Jow Von Sastrow, vías que permiten retomar la avenida principal.

Cómo cruzar hacia Pitiantuta

Para quienes buscan cruzar desde De La Victoria hacia la zona de Pitiantuta, el recorrido también se modifica. Deben desviarse por Carios, seguir por Veteranos del Chaco hasta Jow Von Sastrow, desde donde se accede al carril de Eusebio Ayala en dirección a Asunción y posteriormente se conecta con Pitiantuta.

Calles angostas y mayor tiempo de viaje

Un equipo de ABC Color verificó que las calles utilizadas como alternativa son angostas y no están preparadas para un alto flujo vehicular. Esto provoca que un trayecto que normalmente demanda unos dos minutos pueda extenderse hasta cerca de diez minutos.

Durante las primeras horas del día, el tránsito se mantiene intenso pero fluido, en parte porque el bloqueo afecta principalmente el carril de salida de la capital. Sin embargo, la situación cambia drásticamente en horas de la tarde, cuando la salida laboral genera congestión y demoras importantes.

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En la zona se observa presencia intermitente de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, quienes realizan controles y ordenamiento vehicular de manera aleatoria.

En una entrevista con ABC, el doctor Darío Zárate, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA), desglosó la compleja realidad de una especialidad que, aunque vital para la medicina moderna, coloca a sus practicantes en un terreno de altísima vulnerabilidad emocional y farmacológica.

Anestesiólogos: vulnerabilidad 2,7 veces mayor que en otras especialidades

La anestesiología es, por definición, una carrera de alta presión, explicó Zárate. “Es una especialidad que tiene 2,7 veces más frecuencia de adicciones que otras especialidades médicas”, aseguró a ABC.

El médico resaltó que esta cifra responde al nivel de estrés extremo que conlleva la especialidad y el acceso inmediato a fármacos de altísima potencia.

Aunque el caso de Salto del Guairá sigue bajo investigación fiscal, el doctor Zárate reveló que la SPA ya está trabajando con el Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud para establecer pautas de contención. “Nosotros identificamos alertas, pero aún no existe una legislación que establezca un control estandarizado”, señaló el vicepresidente.

Test toxicológicos: un control necesario

Consultado sobre la propuesta del Ministerio de Salud, de aplicar test toxicológicos al personal de salud en cercanía con fármacos controlados, Zárate indicó que la postura de la Sociedad es la apertura hacia medidas de control más estrictos, por lo que estarían a favor de estos exámenes, siempre y cuando estén condicionados a un marco legal claro.

El médico enfatizó que, si bien hay casos de éxito y recuperación, la tasa de reincidencia en el gremio es alta, rondando el 20% en un lapso de año y medio.

Déficit de especialistas

La falta de personal es otro factor que alimenta el agotamiento. Actualmente, Paraguay cuenta con 350 anestesiólogos para una población cercana a los 7 millones de habitantes. Esto arroja una cifra de 5 anestesiólogos por cada 100.000 habitantes, que es exactamente el mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En comparación con la región, la cifra en Paraguay es preocupante. En Argentina, se dispone de 14 anestesiólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Chile, se cuenta con aproximadamente 11 por cada 100.000.

Zárate detalló que en Paraguay se cuenta con centros formadores como el Hospital de Clínicas, Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital Militar y el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde se forman cerca de 27 nuevos profesionales al año.

Sin embargo, el vicepresidente de la Sociedad indicó que en muchos establecimientos, como en el IPS, donde un anestesiólogo atiende entre 6 y 7 cirugías por día, la demanda sigue siendo asfixiante.

El SISE es una plataforma impulsada por gremios como la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

En esa línea, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, detalló que son los exportadores quienes cumplen el rol de enlace con los compradores para colocar la mercadería en el mercado europeo.

Subrayó que el sector privado decidió desarrollar su propia plataforma porque “la tarea de exportar recae en los privados y no en el Estado”.

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“Es una negociación del sector privado del Mercosur con el sector privado europeo, donde se analiza qué herramienta se ajusta mejor a cada parte. El Gobierno puede ofrecer una herramienta adicional para facilitar el proceso, y está bien; quien quiera usarla, que la use”, destacó.

Prueba piloto de la plataforma

Entre tanto, el titular de la Cappro, Raúl Valdez, mencionó que estos actores representan a gran parte de la cadena del agronegocio, incluyendo productores, comercializadores y agroexportadores.

Valdez manifestó que el SISE podría estar en funcionamiento a partir de julio. Además, algunas empresas ya se encuentran realizando pruebas piloto para "ajustar la integración de los diferentes eslabones” de la cadena con el circuito comercial.

“Existen desafíos importantes, como la interfaz del sistema SISE con el Visec (sistema de trazabilidad y certificación de soja y carne de Argentina), considerando que gran parte de la soja paraguaya es exportada a ese país, donde luego es procesada y reexportada al mercado europeo”, acotó.

Señaló que gran parte de los obstáculos que impedían un avance más rápido en el desarrollo de la plataforma ya fueron abordados y solucionados, considerando la alta complejidad de adaptar el sistema a los requerimientos de la normativa.

A esto se suma la participación de los distintos eslabones de la cadena, precisó desde el productor hasta los agroexportadores y comercializadores, así como de las contrapartes compradoras, que cuentan con diferentes sistemas y mecanismos.

“Las multinacionales tienen sus propios sistemas”

En cuanto a las razones por las cuales los gremios privados (Capeco, UGP, Fecoprod y Cappro) decidieron crear su propia tecnología, en paralelo al Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa) impulsado por el Gobierno -del que participan otros gremios del complejo cárnico y agrícola-, Valdez explicó que cada empresa, especialmente las multinacionales, ya cuenta con sus propios sistemas internos.

No obstante, aclaró que no existe una obligación para que productores o comercializadores utilicen un sistema específico. “En definitiva, lo que observamos en su momento fue la necesidad de abordar de manera integral, entre todos los eslabones principales de la cadena productiva, el diseño de una plataforma que sea adecuada y que atienda los requerimientos de todo el modelo de negocio”, indicó.

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El titular de la Cappro añadió que se trata de una alternativa adicional, que considera integral, ya que involucra a los principales actores de la cadena. En ese sentido, afirmó que la cooperación entre los gremios permite desarrollar un sistema que atiende las distintas variables y necesidades de los sectores.

En lo que respecta a la financiación para la puesta en marcha del SISE, comentó que, al tratarse de un emprendimiento del sector privado, es costeado a “riesgo empresario”. Explicó que existe un esquema de tarifas y una adhesión voluntaria por parte de cada empresa.

En un principio, Bello había prometido sacar a la calle a los 9.000 funcionarios, para lo cual había emitido una resolución que declaraba obligatoria la participación de los trabajadores. Finalmente, ante la presión de los sindicatos, su jefe de Gabinete, Máximo Medina, firmó un acuerdo en el que reconocía la calidad “voluntaria” de la participación.

Los afectados por lo que afirman que es una represalia, que pidieron la reserva de sus identidades por temor a más represalias, señalaron que la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de Marcos Giménez, se negó a recibir solicitudes de vacaciones y permisos. Como represalia por no asistir a la jornada de limpieza, ya les confirmaron que recibirán un descuento salarial equivalente a un día de trabajo.

Para los funcionarios, estas sanciones serían medidas ejemplares contra quienes no se plegaron a una actividad cuyo objetivo real era favorecer la imagen del oficialismo colorado, golpeada por la catastrófica gestión del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y por la crisis de la basura que vive Asunción con Luis Bello a la cabeza. Insistieron en que, quienes participaron, lo hicieron por presión política.

Represalias: se amparan en circular

Los denunciantes argumentan que la dirección de Recursos Humanos se ampara en la Circular 11/26, del 26 de marzo, firmada por el presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, en la que se dispuso que durante el 27 de marzo (día de la jornada de limpieza), “no serán recepcionados los permisos y/o vacaciones”.

Sin embargo, reclaman que una circular institucional no puede estar por encima de la ley y la Constitución Nacional. El funcionariado rechaza que normas internas vulneren garantías legales establecidas en su contrato colectivo de trabajo vigente.

Al no aceptarse justificativos, la ausencia se registra administrativamente como una ausencia injustificada. Los trabajadores advierten que acumular dos faltas de este tipo permite iniciar un sumario administrativo.

Los funcionarios apuntan directamente contra Marcos Giménez, director de Recursos Humanos, con un sueldo de casi G. 22 millones (febrero 2026), y quien según dicen, responde directamente a Jorge “Turi” Capello (ANR-cartista), concejal con permiso y secretario privado del presidente Santiago Peña (ANR-cartista).

Compromiso electoral

En redes sociales, Giménez muestra su compromiso electoral firme con el oficialismo. El 12 de abril, por ejemplo, fue etiquetado en una fotografía con varios adherentes del precandidato cartista a concejal Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-cartista).

En el posteo, se nombra también a Camilo Pérez (ANR-cartista), precandidato a intendente, y a Jorge “Turi” Capello, como coordinador general de la campaña electoral en capital.

ABC intentó obtener la versión de Giménez, pero no respondió a los mensajes y llamadas a su teléfono con terminación 869. Este medio está abierto a recibir y publicar su versión.

El pasado 31 de marzo, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena a nueve meses de prisión -con suspensión de pena– que le fue impuesta a Coronel en agosto de 2025.

El argumento que la defensa de Coronel plantea es que el Tribunal que lo condenó basó su sentencia en normas derogadas como la ordenanza 183/04 de la Municipalidad de Asunción, que reglamentaba las mediciones de niveles de sonido en base a la Ley de Polución Sonora 1100/97 y que –desde la perspectiva de la defensa- quedó sin efecto al entrar en vigencia la Ley de Ruidos Dañinos que el Congreso Nacional aprobó en 2020.

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La defensa argumenta que la Municipalidad de Asunción incumplió lo que establece la nueva ley, que daba un plazo de seis meses desde su promulgación para que se establezcan los niveles de ruido permitidos en cada ciudad, que deben ser controlados por la Policía Nacional.

Ordenanza estaba vigente en el momento del hecho, según Fiscalía

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, la fiscal Elvia Chávez, quien representa al Ministerio Público en el proceso contra Coronel, defendió la condena afirmando que la ordenanza en que se basó la sentencia “estaba vigente en el momento del hecho” y que la Fiscalía “pudo demostrar la participación de este señor con relación al hecho que se investigó”.

Indicó que la Corte Suprema aún no corrió traslado a la Fiscalía de ninguna decisión sobre el caso, por lo que queda pendiente ver qué decide la máxima instancia judicial del país.

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La condena a Coronel hizo que se produjeran varios pronunciamientos de solidaridad hacia La Chispa, incluyendo uno de la Secretaría Nacional de Cultura, que expresó su “rechazo a toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales”.

Las condiciones del tiempo se mantendrían iguales mañana, sábado. Sin embargo, el domingo se espera que las lluvias vuelvan a expandirse a gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

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Los índices subirían muy levemente en los próximos días, con máximas de 30 grados el sábado en la capital y 31 grados el domingo.

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, calificó el inicio de los diálogos sobre tecnología nuclear en Asunción como un punto de inflexión para la política energética paraguaya. Fue en conversación con la prensa, en el marco de la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) y Financiamiento de Proyectos Nucleares, que se realiza en nuestro país desde el lunes último hasta hoy, viernes.

Según Sosa, el crecimiento vegetativo del consumo se mantiene entre un 6% y 6,5% anual, la tasa más alta de la región, lo que exige mirar más allá de la abundancia hidroeléctrica actual.

La apuesta inicial de la institución no es la construcción inmediata, sino la formación de capital humano. Sosa anunció que la ANDE ya tomó la decisión de preparar ingenieros y especialistas en el área de generación nuclear, independientemente de cuándo se decida formalmente su inclusión en la matriz energética.

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Para este proceso, la alianza con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el intercambio con expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) serán pilares fundamentales para acortar la brecha de conocimiento en una tecnología que aún es inédita para el país.

Sobre la posibilidad de que el sector privado lidere estas inversiones, el ingeniero no descartó la opción, aunque subrayó que cualquier proyecto de esta envergadura requerirá un riguroso análisis financiero, un consenso ciudadano y, sobre todo, una decisión política.

Además, resaltó la importancia de establecer acuerdos internacionales con los países vecinos para garantizar la armonía regional en el uso de esta fuente de energía. Los reactores modulares pequeños, que todavía se encuentran en fase de maduración comercial a nivel mundial, aparecen como la opción más viable para el mercado local debido a su escala y seguridad.

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El horizonte temporal para ver una central operativa en Paraguay es de aproximadamente 15 años. Sosa fue enfático al señalar que este proyecto trascenderá varios períodos gubernamentales, convirtiéndose en un verdadero desafío de Estado.

En cuanto a los costos, si bien reconoció que la infraestructura nuclear implica una inversión elevada en comparación con las fuentes tradicionales, recordó una premisa básica del sector: “la energía más cara es la que no existe”.

Finalmente, el titular de la estatal destacó el respaldo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y del OIEA en la conformación de grupos de trabajo regionales. Esta cooperación internacional busca que Paraguay, a pesar de su actual riqueza energética, no quede rezagado en la carrera por la innovación tecnológica.

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Al respecto, el teniente Miguel Sosa, de la Séptima Compañía de Bomberos, confirmó que un transformador estaba ardiendo en el lugar, ya que su aceite habría estado en fuga.

Tras un combate de alta presión con agua para un “ataque directo”, se pudo apagar el fuego, ya que ante la altura del equipo era imposible utilizar extintores.

Subestación entró en protección

Otro punto que detalló el bombero es que los técnicos de la ANDE precisaron que ante el incendio, la subestación entró en un modo de protección que corta el suministro de energía eléctrica, algo que también permitió a los combatientes actuar y controlar la situación, pero a oscuras.

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Se trata de César Daniel Amarilla De Rosas (31), quien hasta el momento no registraba antecedentes, aunque ahora es el sospechoso de comercializar marihuana tipo “génesis”, una variación de la droga con un porcentaje de THC en torno a 30 y 50%.

Según el comisario Víctor Acosta, la marihuana “tradicional” tiene un porcentaje de 2 a 3% de THC, que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

Droga incautada

Durante el procedimiento en una vivienda del barrio San Vicente de la capital, los intervinientes incautaron casi 9 kilos de la droga, un monto que equivaldría a 10.000 dosis y su valor en el mercado rondaría los G. 200.000 por cada 10 gramos. Entre otros elementos incautados se encuentran celulares, tarjetas de crédito y una camioneta de la marca Toyota, modelo Prado, que según la Policía, el detenido habría utilizado para comercializar las sustancias.

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La movilización reunió a trabajadores de la firma, familiares y usuarios del servicio eléctrico, quienes expresaron su preocupación por el futuro de la compañía y el impacto que tendría su eventual desaparición en la economía local.

Durante la protesta, los participantes reclamaron además que cesen los intentos de que la empresa privada sea absorbida por el Estado, en medio del conflicto que mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Uno de los principales puntos de conflicto es la sentencia que obliga a Clyfsa a pagar una millonaria deuda por diferencias tarifarias acumuladas desde el año 2017. A este escenario se suma la implementación del pliego tarifario N° 21, que recategorizó a la empresa como usuaria industrial en lugar de distribuidora, lo que incrementó significativamente sus costos operativos.

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Según los representantes de la firma, esta combinación de factores haría financieramente inviable la continuidad de la empresa, llevándola a una quiebra técnica.

En paralelo, los manifestantes expresaron su sospecha de que el conflicto jurídico podría formar parte de un intento de estatización del servicio eléctrico en Villarrica, situación que fue advertida por directivos de la firma tiempo atrás.

Esta preocupación surge tras la aparición de un anteproyecto de ley de transición y modernización del servicio eléctrico, que plantea cambios estructurales en el modelo actual. El documento propone la caducidad de la ley que otorga la concesión a Clyfsa en un plazo improrrogable de 10 años, a cambio de la extinción total de las deudas y multas acumuladas (hasta G. 160.000 millones sumando capital e intereses devengados).

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No obstante, establece como condición que, una vez cumplido ese periodo, toda la infraestructura eléctrica de la empresa pase a manos del Estado o de la Municipalidad de Villarrica.

En ese contexto, el presidente de Clyfsa, el ingeniero Luis María Ocampos, valoró el respaldo ciudadano durante la manifestación. “El apoyo de la ciudadanía nos emociona y nos fortalece en este reclamo, porque creemos que estamos defendiendo un derecho legítimo”, expresó.

Ocampos sostuvo que la empresa cuenta con respaldo jurídico suficiente para sostener su posición en el conflicto. Asimismo, rechazó la recategorización impuesta por la ANDE, señalando que históricamente Clyfsa ha operado como distribuidora de energía eléctrica.

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Indicó que la firma cuenta con más de 18.000 usuarios en Villarrica y advirtió que la aplicación del pliego tarifario N° 21 fue “mal elaborada” y diseñada de tal manera que haría inviable la operación de la empresa. Según afirmó, la empresa ya había alertado a autoridades nacionales sobre los efectos de dicha medida, sin obtener respuestas favorables.

El titular de Clyfsa insistió en que no permitirán un esquema que derive en la desaparición de la empresa y la pérdida de su rol como distribuidora.

Actualmente, el caso se encuentra en estudio ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la firma apelara el fallo en segunda instancia.

La funcionaria extranjera, junto a su comitiva, mantuvo una reunión con el ministro Rolando de Barros Barreto para abordar una “agenda estratégica” en lo que refiere a acción climática y mercados de carbono.

Como parte del encuentro también se abordaron iniciativas entre ambos países bajo el marco del Acuerdo de París referente al cambio climático jurídicamente vinculante.

Movilidad eléctrica y residuos

Asimismo, la cartera estatal detalla que agenda bilateral también proyecta oportunidades en movilidad eléctrica, gestión de residuos y desarrollo tecnológico con participación activa del sector privado asiático, cuyos representantes acompañan la comitiva asiática encabezada por Fu.

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En Ñeembucú, los afectados se concentran en las localidades de Humaitá y Villa Oliva. En el primer distrito, la evaluación de daños culminó en la noche del miércoles, aunque el intendente solicitó aguardar para confirmar si existen más afectados antes de remitir la asistencia estatal. En tanto, para Villa Oliva se prevé el envío de equipos técnicos durante la jornada para el relevamiento correspondiente.

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Daños también en Paraguarí e indígenas afectados en el Chaco

El titular de la SEN detalló que en el departamento de Paraguarí se registraron damnificados en zonas de San Roque González de Santa Cruz y Quiindy, donde ya fueron individualizadas algunas familias afectadas.

Asimismo, informó sobre el impacto en una comunidad indígena en el departamento de Presidente Hayes, en cercanías de Pozo Colorado, donde al menos 18 familias resultaron perjudicadas por el fenómeno climático.

Evaluación en curso y envío de ayuda

Zárate señaló que la institución se encuentra desplegando funcionarios para la evaluación de daños y la entrega de asistencia. Entre los insumos previstos se incluyen kits de alimentos no perecederos, así como materiales de construcción como chapas, terciadas y puntales, dependiendo de la magnitud de los daños en cada zona.

Aclaró además que hasta el momento no recibió reportes desde el departamento de Concepción, donde —según indicó— la gobernación suele responder inicialmente a las emergencias y recurre a la SEN solo en situaciones que superan su capacidad.

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Prevén aumento de damnificados

El ministro advirtió que la cifra actual de familias afectadas podría incrementarse, debido a que en muchas ocasiones los reportes desde compañías alejadas llegan con retraso a las autoridades locales.

No obstante, sostuvo que por ahora el número de damnificados no es elevado y recordó que tanto gobernaciones como municipios cuentan con recursos para asistencia inmediata, conforme a la normativa que establece la asignación del 5% del presupuesto para este tipo de contingencias.

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A la espera del Operativo Invierno 2026

En otro momento, Zárate indicó que la SEN aguarda la autorización de la Municipalidad de Asunción para poner en marcha el Operativo Invierno 2026.

Explicó que los refugios temporales suelen habilitarse a partir de la segunda quincena de mayo, con el objetivo de asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante las bajas temperaturas.

“El llamado fue suspendido a raíz de una protesta. Esto es algo normal hasta tanto la DNCP resuelva”, explicó el director de Aseo Urbano, Máximo Medina.

El funcionario insistió en que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos de control y que incluso ya se contemplaba la posibilidad de consultas o reclamos por parte de las empresas interesadas.

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Niegan que se trate de una compra directa

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al mecanismo utilizado para la adquisición, considerado por algunos sectores como una compra directa.

Sin embargo, Medina rechazó esa interpretación y aseguró que el proceso cuenta con supervisión institucional.

“Este llamado no es una compra directa, justamente por eso pasa por el control de la DNCP”, sostuvo, al defender la vía elegida por la administración del intendente Luis Bello.

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Protesta por presunto direccionamiento

En cuanto a la objeción presentada por una de las firmas interesadas, el director indicó que el reclamo apunta a las especificaciones técnicas de la caja compactadora incluida en el llamado.

Según explicó, la empresa cuestiona un posible direccionamiento del pliego, al considerar que podría favorecer a determinados oferentes.

No obstante, Medina relativizó el planteamiento y lo atribuyó a disputas habituales dentro de los procesos licitatorios. “Es normal que una empresa reclame cuando entiende que un pliego beneficia más a otra”, afirmó.

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Urgencia como argumento central

La Municipalidad también justificó la vía adoptada en la necesidad de reforzar con rapidez el servicio de recolección de residuos.

Medina señaló que actualmente la flota municipal opera con limitaciones: de 27 camiones disponibles, solo entre 15 y 20 están en funcionamiento.

En ese contexto, sostuvo que se optó por un procedimiento más ágil para atender la demanda, aunque sin dejar de lado —según afirmó— los controles de Contrataciones Públicas.

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Cuestionamientos persisten

Pese a la explicación oficial, la suspensión —que podría extenderse entre uno y dos meses— mantiene en pausa la adquisición de los camiones y alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso.

Mientras la Municipalidad insiste en que se trata de un trámite rutinario, las críticas por un eventual direccionamiento del pliego y por el uso de mecanismos abreviados continúan marcando el debate en torno a una licitación millonaria.

El funcionario adelantó que se presentaría el “50% de la solución a este problema”, aunque en el caso de las deudas con las farmacéuticas, recién se tendrían novedades la semana que viene.

“No me preocupa tanto la deuda ni el plan de pago con las vialeras o construcción. Se van a resolver las cosas; salud es una deuda un poco más preocupante”, sostuvo. Asimismo, mencionó que la deuda con las constructoras rondaría los 220 millones de dólares, con una discusión de otros 100 millones por intereses que vendrían del Gobierno anterior, pero esto sería solucionado con una “fuerte inyección”.

En referencia a la deuda con el sector de salud, citó que son 1030 millones de dólares “en algo que tiene mucha demanda” y por esto señaló que “estamos viendo la mejor forma de encontrar un modelo que sea sostenible en el tiempo”.

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Comunicado de Feprinco

Hoy, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dio a conocer un pronunciamiento público en el que fustigó al gobierno cartista por priorizar el prebendarismo y el populismo antes que el saneamiento de las finanzas públicas.

“Yo no veo tan así, yo veo que el comunicado de Feprinco arranca reconociendo los logros del Poder Ejecutivo”, mencionó al respecto Giménez.

También alegó que supuestamente el Estado hizo “reformas como ningún otro gobierno anteriormente” hasta el punto de que “hace 20 años el Paraguay no crece así”, según el alto funcionario, ya que también mencionó que la pobreza se redujo con la ocupación, que serían 242.000 empleos.

“Yo estoy feliz de que exista esta intensidad por parte de los gremios de siempre pedir más; nos obliga a nosotros a hondar mayores esfuerzos, ¿Qué vamos a hacer? Falta mucho y hay cosas todavía que no se hicieron", declaró.

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El uniformado herido fue identificado como Esteban Ramón Peralta Martínez (21), quien conducía el vehículo y resultó con lesiones de consideración. Tras una inspección, fue trasladado al Hospital de Policía Rigoberto Caballero donde permanecería internado.

El suboficial fallecido fue Marcelo Iván Benítez Balbuena (24) y se reportó como causa de su muerte un traumatismo craneoencefálico.

Accidente al adelantarse

Ambos se encontraban en servicio en una motocicleta policial KTM Adventure y según testigos, al momento de intentar adelantarse a un bus que circulaba en la calle Mariscal López, el conductor perdió el control a una alta velocidad y ambos cayeron al asfalto.

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Las labores están encabezadas por los especialistas Kong Hee Woon y Kim Sung Won, de KGM Commercial (KGMC) y Tw Enersys respectivamente, empresas fabricantes de los autobuses. Los profesionales cuentan con el acompañamiento y asistencia de especialistas de la Binacional y del Parque Tecnológico Itaipu- Paraguay (PTI-PY), indicaron desde la entidad.

Los trabajos no se limitan únicamente a la revisión mecánica, sino que incluyen un fuerte componente de capacitación del personal de Itaipú y del Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay (PTI-PY). Durante los próximos días, los profesionales locales recibirán instrucción directa en el cuidado y la reparación de estas unidades de tecnología avanzada, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa de transporte ecológico en territorio nacional.

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Intervención técnica en sistemas de baterías de 800V

Uno de los puntos más críticos de la jornada técnica es el desmontaje y verificación de los packs de baterías. Según el reporte técnico, cada unidad cuenta con cuatro packs: dos instalados en el techo del bus y otros dos en la sección inferior. Este sistema suministra una tensión de 800 V al motor eléctrico y posee una capacidad energética de 87 kWh, lo que requiere una manipulación de alta precisión.

El proceso detallado consiste en la revisión de los 15 módulos que integran cada pack, compuestos a su vez por un conjunto de celdas. Una vez finalizada la verificación, los técnicos procederán a la reinstalación de los sistemas y a la actualización del software operativo de cada vehículo. Finalmente, se implementará un sistema de monitoreo y control remoto que permitirá supervisar el rendimiento de los cinco buses en tiempo real.

Para el ingeniero Jens Krauch, de la Asesoría de Movilidad Eléctrica de la Binacional, los resultados obtenidos hasta ahora con estas unidades en Hernandarias y alrededores son alentadores. El profesional destacó que la experiencia acumulada demuestra que es técnicamente posible proyectar una implementación a gran escala de este tipo de transporte en el futuro, aprovechando la excedente energía hidroeléctrica del país.

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Actualmente, el despliegue de estas unidades de movilidad sostenible se distribuye para maximizar su uso de la siguiente manera: tres buses prestan servicio en la Municipalidad de Hernandarias, uno está asignado exclusivamente al traslado de visitantes dentro del complejo de Itaipú, y la quinta unidad opera en el predio del PTI-PY. Este esquema, operativo desde el año 2025, busca consolidar al Paraguay como un referente regional en el uso de energías limpias aplicadas al transporte público.

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En la oficina del TSJE en Ayolas no manejan el padrón partidario, ya que solamente serán observadores y apoyo logístico en el día de las elecciones, según funcionarios asignados al distrito. Pero sí tienen la información de que el Partido Colorado tiene 9.999 habilitados para votar.

Es por ello por lo que se prevé habilitar 30 mesas de votación en la Escuela Básica 1.915 Agustín Pío Barrios de las Mil Viviendas. En comparación con el PLRA, la ANR solamente elige candidatos a intendentes y concejales municipales.

En el local de la Justicia Electoral se habilitarán cuatro mesas para que los afiliados a los partidos Yo Creo, Participación Ciudadana, Patria Querida y Unace puedan legalizar a sus candidatos.

Alexio González Torres, del PLRA, señaló que se acercan las internas y los partidos están en movimiento electoral. El PLRA tendrá como local de votación el Colegio Nacional Bernardino Caballero, donde estarán habilitadas 10 mesas para aproximadamente 3.500 electores afiliados a esta nucleación política.

En esta ocasión, el elector liberal tiene que elegir a los candidatos a cargos municipales y también a los aspirantes a cargos directivos del PLRA.

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“Ellos no podían acceder a su título de propiedad porque la ley exigía que previamente debían pagar montos muy elevados y el campesino obviamente no disponía de esos montos”, explicó Ruiz Díaz.

Con este proyecto de ley están tomando acciones para entregar el título al campesino antes de hacer un pago previo. “Se le da un tiempo de 12 meses para poder acceder a algún tipo de préstamo para invertir en su finca y con las ganancias que vaya obteniendo, pagar las cuotas de su título”.

En segunda instancia está la de alargar los plazos. “Con esta nueva ley se va a extender el plazo de 10 a 20 años para los hombres y de 15 a 30 años para las mujeres”.

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Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, apuntó: “Este componente es fundamental para el apoyo técnico del sector campesino, para eliminar ese problema que enfretaban los campesinos a la hora de acceder al título de propiedad”.

En la comunidad son recordadas víctimas como Silvano Ortellado Flores, Martín Rolón Centurión, Ramón Pintos Amarilla y Alejandro Falcón. También, Francisco López, Policarpio López, Adolfo López, Elixto López, Dionisio y Diego Rodas, y Luis Gonzaga Pereira.

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En el acto de recordación y homenaje se prevé la presencia de representantes de organizaciones nacionales. Será una forma de reivindicación de las luchas de personas paraguayas que pensaron diferente, indicó Águeda Pereira.

La actividad incluirá una visita al panteón de Silvano Ortellado Flores. Seguidamente, se compartirá un almuerzo con los presentes en el monolito ubicado en el predio del Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado.

Se anuncia la presencia de víctimas de la dictadura de diferentes puntos del país que sobrevivieron al régimen, familiares de las personas desaparecidas, entre otras.

“Con esto se busca tener viva la memoria, hablar un poco de los legados de esta importante organización agrarista nacional que es las Ligas Agrarias Cristianas, cuyas semillas siguen vivas", dijo Pereira.

También, mencionó que Ligas Agrarias fue la primera organización campesina que tuvo el departamento de Misiones. Posteriormente, se extendió hacia Paraguarí, Concepción y otros puntos del país.

Pereira manifestó que, tras 50 años de la Pascua Dolorosa, una organización de reparación histórica continúa con la búsqueda de las personas desaparecidas para que, por lo menos, puedan tener una sepultura; algunos de ellos todavía no fueron encontrados.

Es por ello que es de suma importancia que los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer lo que pasó con relación a las violaciones graves contra los derechos humanos dentro del territorio nacional durante la dictadura puedan informarse y mantener viva la memoria histórica de estos hechos.

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Fue luego de que el tribunal de apelación compuesta por la jueza Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro resolvió por voto en mayoría el sobreseimiento definitivo del senador Rivas argumentando que el hecho que le imputa el Ministerio Público (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió. El juez Agustín Fernández fue el único que votó en contra.

A esta nueva denuncia se suma otra presentada por el abogado Federico Campos López Moreira, por supuesta estafa, ya que se cumplen los requisitos para este tipo penal, según argumentó.

“La denuncia es por delitos y crímenes comunes. ¿Qué quiere decir eso? Yo le denuncio por estafa. La estafa es un tipo penal en el cual se exigen dos cosas, una mentira y un beneficio patrimonial. Rivas nos mintió a todos los paraguayos, les mintió a sus pares del Congreso diciendo ‘sí, soy abogado, mándeme al JEM’. Ayer (Óscar) Cachito Salomón de hecho dijo: ‘A mí me estafó; yo le creí’, y a Cachito Salomón ahora lo llamamos para que certifique que fue estafado. Él como senador y nosotros todos los paraguayos y toda la gente”, explicó.

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Agregó que Rivas se benefició económicamente, ya que cobraba una dieta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) además de contar con personal, chofer, etc.

Otro tipo penal que según el abogado se configura es la declaración falsa, ya que Rivas varias veces dijo ante sus pares, tanto cuando fue diputado, como ahora, siendo senador, e incluso ante la misma Corte Suprema de Justicia, que es abogado, lo cual incluso quedó constancia en actas.

El tercer delito o crimen por el que lo denuncian es asociación criminal, ya que con el antecedente de Óscar González Daher, quien presidió el JEM para apretar a jueces y fiscales, Rivas pudo haber ingresado con el mismo objetivo.

“Él no se fue de onda al frente sin saber nada, él se fue para servirle a una estructura. Mi misión es hacer que la fiscalía compruebe o desapruebe ese indicio. Le hacemos otra denuncia por hechos nuevos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. ¿Por qué? Porque él, eso es lo que nadie dijo y yo ya dije desde 2020, al firmar el título, cuando te vas a la facultad, uno de los momentos más emocionantes es cuando te dicen, ‘Diego, Federico, vení y firmá tu título’, entonces, vos, Rivas qué tenía que haber hecho ahí, ‘esperamos yo no me fui a la facultad. ¿Cómo yo voy a firmar?’” indicó.

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Sobre la prescripción de la causa decretada por el tribunal de apelación, explicó que la misma no puede darse, ya que el delito incluso podría traer un problema en cuanto se compruebe.

“Si vos tenés un tribunal en donde uno de los jueces era un impostor, tu juzgamiento no vale, hermano. Eso puede traer un caos jurídico muy importante, es una vergüenza para el Paraguay”, refirió.

López Moreira dijo que Rivas se dedicó más al blanqueo de jueces y fiscales y puso como ejemplo el caso del fiscal Jorge López Loman, que murió de un cáncer.

“El cáncer todos sabemos es una de las enfermedades que tiene un gran componente psicosomático. Este Jorge López Loman fue perseguido injustamente por Bogarín Alfonso, que era amigo de Rivas, hasta que lo quitan porque en San Pedro él se negó a a salir a favor de una resolución fiscal y le llevaron al Jurado y le echaron. Ahí estuvo metido Rivas”, recordó.

También criticó a la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, a quien acusó de manejar el centro de canje de poderes fácticos y contra quien espera que sea procesada el 7 de mayo ante el JEM.

El doctor Hugo Espinoza, director general del INAT, junto al doctor Lino Marcelo Pederzani, director médico, y la doctora Fabiola Estigarribia, encargada de habilitaciones, hicieron entrega oficial del certificado de acreditación al doctor Jorge Giubi, director Asistencial del Hospital de Clínicas.

El doctor Espinoza señaló que la entrega es resultado de diversas reuniones técnicas orientadas a reactivar el programa de trasplante hepático en el Hospital de Clínicas. “Tras una rigurosa verificación documental y presencial de las instalaciones, confirmamos que las condiciones están dadas. Por ello, otorgamos una habilitación provisoria para adultos y adolescentes, permitiendo el reinicio del programa a la brevedad posible”.

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La doctora Estigarribia subrayó que se trabajará de forma articulada con el INAT para ofrecer solución terapéutica a nivel local, para evitar que los pacientes deban “migrar al extranjero en busca de tratamientos complejos”.

El doctor Giubi, explicó por su parte que la certificación otorgada por el INAT es un acto administrativo que avala el cumplimiento de todos los requisitos técnicos para operar como Centro de Trasplante Hepático en adultos y adolescentes.

El médico detalló que por el momento, la habilitación es provisoria mientras concluye el trámite documental. Sin embargo, aseguró que la verificación in situ ya fue realizada con éxito, confirmando que la institución cumple rigurosamente con todos los protocolos de seguridad.

“Este tipo de cirugías no se realizan en otros centros asistenciales del país, lo que obliga a muchos compatriotas a buscar soluciones en el extranjero, donde el acceso es cada vez más limitado y complejo. Con esta reactivación, asumimos el compromiso de brindar una respuesta local, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y ofreciéndoles la terapia definitiva que sus patologías requieren”, expresó Giubi.

El caso de Diego Mendoza

Diego Mendoza, es un joven paraguayo de 30 años, que requiere de un urgente trasplante hepático. Diagnosticado con cirrosis de etiología autoinmune e hipertensión portal en etapa crítica, el joven padre de dos niños, se encuentra en un estado crítico.

El una entrevista que Diego realizó para ABC el pasado 9 de abril, contó que desde que fue diagnosticado en 2021, el sistema de salud paraguayo le niega un trasplante, instándolo a buscar costosas soluciones en el extranjero que su precaria economía le impide alcanzar.

“Lo único que me gustaría es tener una segunda oportunidad para poder estar con mis hijos, para salir adelante. Me considero joven todavía, tengo 30 años y quisiera tener un futuro, pero lastimosamente acá, en Paraguay, me están matando”, había dicho con mucha pena.

En la jornada cambiaria de este jueves, el dólar efectivo bajó en promedio 30 puntos y cerró en G. 6.380, y en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario, la cotización también bajó y cerró las operaciones en G. 6.374, una cifra que no se registraba desde hace más de cinco años, según los registros históricos oficiales.

No obstante, las proyecciones de agentes privados como Itaú Macro, la divisa se irá estabilizando hacia final del año, por lo que estiman que el dólar llegaría a cerca de G. 6.650.

Caída del dólar se acentúa y su valor ya registra baja del 20% en un año

En lo que va del año, la divisa estadounidense ya se depreció 5% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 300 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 21%, alrededor de G. 1.600 menos por cada dólar.

Pese a la fuerte reducción que se viene registrando en el tipo de cambio a nivel local, no se traduce en los bienes esenciales de la canasta básica. Aunque, si se ha reducido los precios de algunos bienes durables como electrónicos, electrodomésticos,

Impacto en ingresos

Entre los impactos más importantes de la baja del dólar se destaca el efecto en las recaudaciones impositivas de la Dirección de Aduanas, (por la liquidación de las importaciones).Desde las agroexportadoras y los frigoríficos también resienten el golpe por la caída de la cotización, que ha deteriorado sus ingresos debido al cambio actual. En el caso de los frigoríficos exportaron menos carne por la baja del incentivo.

Además, llevaron a cabo la limpieza de viviendas que sufrieron importantes daños materiales, principalmente por el desprendimiento de techos a causa de los intensos vientos.

Temporal causa destrozos en Humaitá y deja decenas de viviendas afectadas

Según los datos recabados y verificados, al menos 63 viviendas resultaron afectadas por el fenómeno climático. Sin embargo, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que la asistencia inmediata está siendo focalizada en unas 24 familias que registran mayores pérdidas.

Durante la jornada, funcionarios de la SEN y de la Gobernación de Ñeembucú se hicieron presentes en la zona para coordinar las acciones de ayuda y evaluación de daños. El trabajo conjunto busca agilizar la respuesta ante la emergencia y brindar contención a los damnificados.

Por su parte, Rolando Espinoza, de la Secretaría de Obras de la Gobernación, anunció que la institución apoyará con la provisión de materiales de construcción, como cemento y chapas, con el objetivo de colaborar en la reparación de las viviendas dañadas.

En tanto, el intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), aclaró que el camión con la asistencia de la SEN aún no ha arribado a la localidad, pero aseguró que la distribución de los insumos está prevista para la mañana de este jueves.

Pese a la magnitud de los daños materiales, no se reportaron víctimas, lo que representa un alivio para la comunidad.

No obstante, las autoridades insisten en la necesidad de mantener la asistencia y el acompañamiento a las familias afectadas, mientras prosiguen las tareas de recuperación en esta emblemática ciudad del departamento de Ñeembucú.