La menor se encontraba desaparecida desde el 31 de julio pasado y se había activado una Alerta MAFE para su búsqueda y localización en Caazapá.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Además, socializa para que las organizaciones interesadas y la ciudadanía en general sepan los derechos, reglamentos, obligaciones, plazos, requisitos y documentaciones que se debe presentar en el Plan de Observación Electoral Nacional.

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Las misiones de observación y las organizaciones acreditadas podrán observar las etapas preelectoral, electoral y poselectoral en el marco de las elecciones municipales a realizarse en las 263 localidades.

Además de acceder a los locales de votación y al escrutinio; podrán acceder a información pública del proceso electoral y presentar recomendaciones e informes al TSJE.

Estos son los requisitos para ser observador electoral

Pueden acceder a la acreditación las personas jurídicas nacionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la democracia.

La solicitud se debe hacer 30 días antes de las elecciones municipales mediante una nota dirigida al TSJE.

Es importante aclarar que la solicitud debe incluir los documentos de constitución de las personas jurídicas, autenticados.

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También la documentación que acredite al representante legal; el domicilio de la organización y el Plan de Observación Electoral Nacional.

En la nota dirigida a la Justicia Electoral se deben indicar los objetivos de la observación, las actividades y locales de votación que serán observados, y el plan de despliegue de los observadores.

También se debe especificar la fuente de financiamiento, la identificación de los responsables y los materiales de capacitación que recibirán los observadores.

Se debe tener en cuenta que no podrán integrar la misión los candidatos a cargos electivos, dirigentes o activistas de organizaciones políticas, funcionarios públicos con cargos directivos y los menores de edad.

Con relación a las obligaciones de las organizaciones y observadores durante el proceso electoral, deberán actuar con imparcialidad, objetividad e independencia; no realizar proselitismo político; no interferir en el desarrollo de la elección; portar siempre su credencial; registrar e informar cualquier incidente sin intervenir; y respetar la Constitución, las leyes y las disposiciones del TSJE.

¿Dónde obtener mas datos?

Para más información los interesados pueden comunicarse a la Dirección de Organizaciones Intermedias al teléfono (021) 618 0452, (021) 618 0646. También está disponible el correo: org.intermedias@gmail.com.

La tensión escaló en los últimos días cuando la administración municipal comenzó a solicitar a las trabajadoras sus antecedentes policiales y judiciales.

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Pese a los reiterados reclamos para acceder a la documentación oficial, las afectadas aseguran que las autoridades se niegan a mostrar las resoluciones o el proyecto aprobado por la Junta Municipal. Según las trabajadoras, la respuesta que reciben es que “ya está todo resuelto desde la Intendencia”.

Obras privadas y la amenaza de quedar en el olvido

El conflicto surge a raíz de un proyecto de construcción que se proyecta realizar detrás del espacio que ocupan actualmente las casillas. Según relataron las vendedoras, la empresa privada a cargo de las obras ofreció trasladarlas hacia la vereda de otra cuadra. Sin embargo, las yuyeras rechazan esta propuesta al considerar que los lugares ofrecidos quedan totalmente fuera del circuito comercial de los clientes.

“Nosotros dependemos exclusivamente de la venta del día a día para llevar el pan a nuestras casas. Hace más de 20 años que trabajo en este puesto y no nos pueden borrar así porque sí”, expresó una de las trabajadoras afectadas.

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Son al menos ocho las vendedoras directamente involucradas en el tramo donde se construiría la obra, aunque el temor a que la medida se extienda al resto del paseo mantiene en alerta a todo el gremio de yuyeros del populoso Mercado 4.

Exigen diálogo directo y respeto al patrimonio cultural

Las permisionarias sostienen que el Paseo de los Yuyos es un símbolo identitario de la capital y del país. En ese sentido, dicen que su desmantelamiento o alteración arbitraria constituye una clara violación a la memoria viva de Asunción.

Además, criticaron que el propietario del inmueble donde se ejecutará la obra no haya dado la cara. Las trabajadoras de la zona solamente tuvieron contacto con arquitectos para negociar sin ofrecer garantías reales.

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Las trabajadoras exigen a las autoridades de la Municipalidad de Asunción que detengan cualquier intento de desalojo compulsivo, que transparenten los documentos del proyecto y que busquen una solución técnica que les permita permanecer en la misma cuadra mientras duren los trabajos.

“Aceptamos mejoras en las casillas, pero no que nos quiten de nuestro lugar histórico. De esto subsistimos y no vamos a permitir que jueguen con nuestro trabajo”, sentenciaron.

Municipalidad tilda de “intereses ocultos” el reclamo de yuyeras

Tras las denuncias planteadas por un grupo de permisionarias, el director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó, salió a rechazar las acusaciones y aseguró que las afectadas están siendo “alborotadas” por sectores con intereses económicos ocultos.

Según la versión del funcionario municipal, no existe un descontento generalizado de las yuyeras, sino una manipulación liderada por referentes particulares que buscan obtener dinero bajo la figura de supuestas “indemnizaciones”.

Buzó detalló que la Intendencia intermedió ante el grupo inversor privado para que las vendedoras no queden desprotegidas, sino que sean absorbidas como parte de la nueva infraestructura.

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto en cuestión prevé la transformación de un predio que actualmente funciona como estacionamiento para dar paso a un moderno complejo gastronómico comercial sobre la calle Asunción Flores. La obra busca darle una cara totalmente distinta a un sector caracterizado por la falta de iluminación y los problemas de seguridad durante la tarde y la noche, según Buzó.

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“La fachada del complejo incluye puestos totalmente nuevos a pocos metros de donde están ahora, con la garantía de que el propio inversionista privado asumirá el costo total de la construcción de los nuevos módulos”, detalló Buzó. Asimismo, el funcionario afirmó que la llegada de franquicias reconocidas aumentará drásticamente la masa de clientes.

Según el director municipal, existen planillas firmadas donde las propias permisionarias manifestaron si preferían puestos individuales o compartidos dentro de la futura infraestructura.

Actualmente, la Asesoria Jurídica municipal trabaja en la confección de una resolución formal que otorgará garantías escritas a las vendedoras, fijando plazos de entrega y la ubicación exacta de los puestos a metros del cruce original. Desde el municipio insisten en que la reubicación traerá un impulso económico decisivo para las yuyeras.

Durante su discurso de apertura de la 2a. Convención Bancaria el titular de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Osvaldo Serafini destacó la fortaleza y resiliencia del sistema financiero nacional. Añadió que en un mundo incertidumbre global, Paraguay se destaca de manera sobresaliente y que prueba de ello, fue la obtención de nuestro segundo Grado de Inversión, que ratifica la solidez del rumbo macroeconómico que hemos construido durante décadas.

Sin embargo, aclaró que no debemos conformarnos con ello. “Seamos claros: esta calificación no es una meta de llegada, ni un pasaporte automático a la prosperidad. Es una puerta de oportunidades, que se abre y que se cierra, según la coherencia de lo que hagamos de aquí en adelante”, expresó

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Mercados no premian promesas

En ese sentido, remarcó que el mercado internacional de capitales no premia promesas, sino que premia previsibilidad sostenida. A lo que agregó que la previsibilidad no se construye solo con indicadores macroeconómicos prolijos, sino que se construye también con instituciones que actúan dentro de reglas claras, estables y conocidas por todos los actores.

Serafini también se refirió a la estabilidad macroeconómica y añadió que esta requiere firmeza, pero además templanza para sortear las presiones políticas y las soluciones populistas, que en nada contribuyen a un desarrollo armónico.

Trabajar en el sobregasto fiscal y la sostenibilidad

En el ámbito fiscal, destacó que es positivo que se estén alcanzando acuerdos para honrar los compromisos de corto plazo con proveedores del Estado, y que como sistema financiero han acompañado la iniciativa

Sin embargo, advirtió que la banca no puede limitarse a celebrar paliativos. “Es imperativo abordar con idéntica responsabilidad el fondo de la cuestión, los desafíos estructurales del sobregasto fiscal, y la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios, problemas cuyos orígenes trascienden a la coyuntura actual, pero cuya resolución no admite más postergaciones ni atajos contables que trasladen el problema hacia el futuro”, expresó.

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Preservar la independencia y credibilidad del BCP

En otro momento, el titular de Asoban también hizo mención sobre la necesidad de mantener la independencia técnica y la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP) que son activos institucionales que deben resguardarse de manera constante.

Serafini ratificó la facultad del BCP, aunque insistió en la necesidad de una mayor comunicación sobre normas que afectan al rubro.

“Como sector, no cuestionamos la facultad de la autoridad para definir el marco regulatorio. Sin embargo, consideramos indispensable que los actores sean escuchados antes de la adopción de medidas que impactan directamente en su operación”, apuntó.

El convenio suscrito se engloba dentro del marco de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, promulgada en 1954. Esta normativa autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, la legislación exige que Estados Unidos mantenga la potestad de supervisar el uso del material e insumos transferidos para garantizar que, bajo ninguna circunstancia, se destinen a fines militares.

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Cooperación es por ahora para la exploración de uranio

Sobre el acuerdo con la administración de Donald Trump, Pedro Alliana, en declaraciones a radio 1020 AM, precisó que la cooperación con Estados Unidos se limita, por ahora, a la exploración del potencial de recursos como el uranio.

Agregó que el entendimiento bilateral permitirá también avanzar en la cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear, incluyendo la transferencia de tecnología y capacitación.

Respecto al uranio, el vicepresidente Alliana, manifestó: “Todavía no se habla de explotación, se habla de exploración. Esto es muy nuevo, todavía no se habla de una central nuclear. Esto sería un paso mucho más adelante”.

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¿Qué beneficios ofrece un Acuerdo 123?

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un Acuerdo 123 permite a un socio acceder a los beneficios de la cooperación nuclear pacífica con uno de los proveedores nucleares civiles más avanzados, seguros y fiables del mundo, al mismo tiempo que demuestra su compromiso compartido con los sólidos estándares internacionales de no proliferación y seguridad nuclear.

En un sentido más amplio, los Acuerdos 123 pueden proporcionar una plataforma para una mayor cooperación bilateral en materia de energía, ciencia y tecnología nucleares, señala la institución en su sitio web.

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El potencial del Uranio y otros minerales críticos en Paraguay

En enero de este año, el viceministro de Minas y Energía, Rodrigo Bejarano, dijo que Paraguay muestra su potencial y tiene recursos probados de uranio. “El litio hoy es clave por su uso en baterías, pero también hay otros minerales considerados críticos”.

Agregó que existen buenas prospecciones de tierras raras y que se está explorando litio y cobre en el Chaco, con resultados alentadores.

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También recordó que el país cuenta con explotaciones de oro, actualmente el único mineral que se extrae de manera regular.

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la energía nuclear, es su aplicación más importante. El uranio natural se somete a un proceso de centrifugado llamado enriquecimiento para elevar la concentración de U-235 (normalmente entre el 3% y el 5%). Con esto se fabrican pastillas cerámicas que sirven de combustible en las centrales nucleares para producir electricidad de forma masiva y sin emisiones de carbono.

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Respecto a su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, este martes último en Washington DC., el vicepresidente Alliana informó que conversaron sobre la “posibilidad de traer inversionistas al Paraguay” para que observen el potencial en la generación de energía. “Le comenté que estamos muy avanzados en la construcción del brazo Aña Cuá en la Entidad Binacional Yacyretá. Ellos no estaban en conocimiento e incluso le mostré algunas imágenes y videos”, expresó.

Alliana indicó que “si concreta las reuniones con los inversionistas”, Landau prometió que estaría en nuestro país antes de fin de año.

Colapso en Urgencias del IPS: el drama diario de los asegurados

Aunque se admitió la necesidad de los servicios que ofrecen estos centros, durante la sesión se debatió a profundidad sobre la sostenibilidad financiera de la previsional, la necesidad de frenar la derivación masiva a sanatorios privados y la urgencia de fortalecer la red de hospitales propios.

Según los informes presentados por el doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica del IPS, la ejecución de estos convenios en el quinto departamento, beneficia a unos 35.000 asegurados.

“Lamentablemente tenemos restricciones presupuestarias y posiblemente hasta que podamos reorganizar nuestras finanzas, vamos a tener que ir cortando este tipo de tercerizaciones. Posiblemente eso va generar uno que otro inconveniente para nuestros asegurados, pero esto radica en una cuestión presupuestaria”, expresó la consejera Betina Albertini, mostrando su oposición a seguir pagando por la tercerización de servicios que consumen gran parte del presupuesto del Fondo de Salud.

IPS aprobó tercerización solo para respaldar áreas críticas

Si bien las autoridades reconocieron que los contratos con los privados San Carlos y Luz y Vida funcionan como un soporte fundamental para descomprimir la demanda y evitar traslados hasta Asunción, los miembros del Consejo cuestionaron la alta frecuencia de consultas ambulatorias y de clínica médica que terminan derivándose al sector privado por motivos de comodidad de los asegurados o por una falta de filtros rigurosos.

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Albertini cuestionó que se gaste dinero, por ejemplo, en la tercerización de la consulta médica pediátrica, considerando que esas consultas se pueden realizar en los servicios del IPS.

“La gente muchas veces se va directamente al lugar porque la atienden mejor o porque el servicio es más rápido, pero nosotros buscamos siempre la optimización de nuestros recursos. Si yo tengo un hospital que puede dar esas prestaciones menores, eso se tiene que cumplir en casa”, remarcó el presidente del IPS, Isaías Fretes.

Ante esta situación, las autoridades establecieron como premisa que las derivaciones hacia los sanatorios tercerizados deben limitarse estrictamente a servicios de mayor complejidad o situaciones de indisponibilidad comprobada en el sistema público. La ampliación con el Sanatorio San Carlos, por ejemplo, quedó orientada a respaldar áreas críticas como terapia intensiva, soporte neonatal, tomografía, ecografía, radiología, endoscopía y procedimientos quirúrgicos avanzados.

Nuevos mecanismos de control y auditoría

Para mitigar el impacto financiero de la adenda, el Consejo acordó endurecer los mecanismos de fiscalización y control interno. Se exigirá que cada derivación médica cuente con una justificación documentada y la autorización expresa del personal médico de guardia del hospital del IPS, constatando de manera efectiva la falta de camas o la ausencia temporal de especialistas antes de autorizar el gasto en el sector privado.

El desplome más pronunciado se observo en el rubro Compensación por Cesión de Energía. De enero a julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ingresó US$ 110 millones, mientras que en lo que va de 2026 el monto se redujo a US$ 77 millones, que representa una merma neta de US$ 33 millones.

Este bajón impacta de manera directa en los recursos destinados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), así como en las transferencias a municipios y gobernaciones que dependen legalmente de estos fondos para ejecutar sus programas sociales y de infraestructura.

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Comportamiento de royalties y ANDE

En contraposición, los ingresos en concepto de royalties mostraron una leve recuperación del 2,6%. El Tesoro paraguayo percibió US$ 154 millones hasta julio de 2026, superando levemente los US$ 150 millones registrados en el mismo lapso del año precedente.

Por su parte, los desembolsos destinados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por resarcimiento de cargas de administración y utilidades mostraron un ligero incremento del 2,3%. La empresa estatal de electricidad captó US$ 44 millones en lo que va de 2026, frente a los US$ 43 millones del ciclo anterior.

Estos fondos resultan vitales para garantizar la previsibilidad financiera de la estatal y el financiamiento de sus planes de inversión en la red de distribución eléctrica nacional.

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El balance exclusivo del mes de julio

Al analizar de forma aislada el comportamiento del séptimo mes del año, julio de 2026 cerró con una inyección total de US$ 36 millones, superando levemente a los US$ 34 millones transferidos en julio de 2025.

Durante el último mes, los pagos por royalties alcanzaron US$ 22 millones (frente a US$ 20 millones en 2025), mientras que la cesión de energía sumó US$ 12 millones (frente a US$ 12,5 millones en 2025). En tanto que la ANDE percibió US$ 1,7 millones en el mes, por encima de US$ 1,5 millones que percibió en el mismo mes del año pasado.

A pesar de la leve mejora mensual en julio, el saldo acumulado de los primeros siete meses ratifica una merma considerable para las arcas públicas en el cómputo general de Itaipú.

Sobre el virus en sí mencionó que es responsable del cáncer de cuello de útero en las mujeres, al igual que el cáncer de pene en los hombres. También puede causar cáncer de ano o de garganta.

En nuestro país, la vacuna contra el VPH tiene un esquema de una sola dosis para los niños y niñas de 9 a 14 años, pero ya desde ahora se incluye a personas con VIH hasta 45 años de edad, quienes deberán recibir tres dosis.

“Si hoy recibe la dosis, dentro de un mes la segunda y dentro de seis meses de la primera recibe la tercera dosis”, precisó.

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Población que debe recibir la vacuna contra el VPH

Además de las personas que viven con VIH, quienes también deben inmunizarse contra el virus del papiloma humano son:

• Personas que reciben tratamientos inmunosupresores, como corticoides por tiempo prolongado
• Personas que reciben algún trasplante de órgano sólido
• Víctimas de violencia sexual
• Pacientes con lesiones precancerosas de cuello uterino tipo CIN2 -lesiones intraepiteliales-

“La vacuna está disponible en los vacunatorios; se tiene que acudir con una indicación del médico que certifique que está padeciendo la condición”, precisó el funcionario.

También aseguró que países de la región, como Chile o Uruguay, cuentan con esquemas similares de inmunización con grupos de poblaciones especiales, por lo que ahora se cumple “lo que teníamos pendiente”.

“La mejor forma de prevenir el VPH sigue siendo vacunar a los niños antes de que entre en contacto con el virus, De 9 a 14 años la vacuna tiene una eficacia del 95%, 96%. La estrategia de vacunación sigue siendo esta”, concluyó.

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Además del intenso tráfico de vehículos de diversas categorías, por el puente también transitan miles de peatones todos los días. Se analizó el paso de vehículos y personas tanto en el sentido Paraguay-Brasil como Brasil-Paraguay.

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El levantamiento de datos se realizó durante un período de 102 horas ininterrumpidas, comprendidas entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre de 2025. Durante ese período fueron contabilizados un total de 217.487 vehículos.

En el promedio diario se encontró que el 30 de octubre fue el día con mayor circulación de vehículos, con un total de 31.897 unidades. Mientras tanto, el mayor flujo general por hora fue de 4.099 vehículos, registrado entre las 15:00 y las 15:59.

Motocicletas, las más frecuentes

Durante los cinco días de estudio, las motocicletas, categoría que incluye a los mototaxis, fueron los vehículos más frecuentes, con un total de 95.165 unidades (43,8%), seguidas por los automóviles, con 88.819 unidades (40,8%), y las furgonetas, con 16.116 unidades (7,4%). Igualmente, circularon 11.491 taxis (5,3%), 4.741 camiones (2,2%) y 1.155 ómnibus (0,5%).

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El análisis también reveló que, en cuanto al origen de los vehículos, Paraguay fue el país con mayor número de unidades durante el período analizado, con 135.744 vehículos, seguido de Brasil, con 73.152 unidades; Argentina, con 3.582; y otras nacionalidades, con 268 vehículos que cruzaron la frontera durante el período analizado.

¿Más circulación hacia Paraguay o hacia Brasil?

Otro dato llamativo del estudio es que no circula la misma cantidad de vehículos de un país a otro. En el período estudiado, en el sentido Brasil-Paraguay fueron contabilizados un total de 109.295 vehículos. Mientras que en el sentido Paraguay-Brasil transitaron 108.192 vehículos, incluyendo todas las categorías en ambos sentidos.

La diferencia es de más de 1.103 vehículos que ingresaron desde Brasil pero ya no volvieron, al menos en el periodo objeto del estudio.

Circulación de personas

En cuanto a la circulación de personas, fueron contabilizadas 519.569 durante los cinco días de la investigación. Estas cruzaron el puente como ocupantes de vehículos y también como peatones.

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En cuanto a los peatones, fueron registrados un total de 76.493 circulando en ambos sentidos del puente durante los cinco días. El mayor flujo de personas fue observado el 1 de noviembre de 2025, cuando 25.201 personas pasaron por los torniquetes instalados en el puente.

El objetivo del estudio del Centro Universitario Dinámica de las Cataratas es contribuir al desarrollo de la región mediante la formulación de políticas públicas más informadas y eficientes, que promuevan la integración, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que viven y transitan en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Ya durante la sesión del miércoles pasado la Junta Municipal de Asunción aprobó un pedido de informes a la intendencia sobre el estado de los expedientes de los terrenos municipales en la zona.

Hoy los vecinos del barrio La Piedad fueron recibidos por el equipo jurídico de la Municipalidad de Asunción, que, según dio a conocer la institución, escuchó sus planteamientos y tomó nota de los expedientes y casos mencionados durante la reunión.

Luis Bello instruyó la revisión de cada uno de los casos y solicitó el respeto de los derechos de los vecinos.

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Expedientes corresponden a trámites iniciados años anteriores

El director jurídico, Jorge Sabaté, explicó que la mayoría de las situaciones expuestas corresponde a trámites y antecedentes iniciados en años anteriores, por lo que será necesaria una revisión detallada para determinar su situación administrativa y legal.

Durante el encuentro tanto Bello como Sabaté se comprometieron en que cada caso será analizado con responsabilidad y pleno respeto a los derechos de las familias involucradas.

Asimismo, Sabaté se comprometió a realizar el seguimiento de los expedientes señalados por los vecinos y a verificar sus antecedentes.

Al término de la reunión, las vecinas indicaron que esperan que se pueda analizar caso por caso, ya que cada uno contempla situaciones diferentes.

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Denuncias de aprietes y atropellos por parte del Grupo Vázquez

Los vecinos de la zona denunciaran violentos “aprietes” y bloqueos en los trámites de titulación de viviendas asentadas en terrenos municipales.

María Roque Sánchez viuda de Barrientos vive en La Piedad hace 50 años. Tras el fallecimiento de su esposo quedó a su cargo el inmueble por el que paga puntualmente todos sus impuestos y servicios básicos.

Pese a su intención de finiquitar la propiedad, la comuna asuncena la mantiene en categoría de “arrendada” desde el año 2000. Paralelamente al freno municipal, la mujer comenzó a recibir reiteradas visitas de Gustavo Rojas que se identifica como intermediario en representación del Grupo Vázquez SAE. A partir de su negativa a negociar, las trabas en la Municipalidad de Asunción se multiplicaron.

Mirian Ramírez, antigua pobladora del barrio La Piedad de Asunción, es otra víctima del sistemático “acoso” del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. La mujer denunció días pasados que guardias privados –aparentemente contratados por el conglomerado empresarial– atropellaron e invadieron su vivienda mientras ella se encontraba en una consulta médica.

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Así suman varios casos de denuncias de vecinos que son sistemáticamente acosados y amedrentados por sus terrenos.

“Ustedes tienen que aprender a jugar limpio, a hacer campaña limpia, eso no se hace. Ni con toda la plata junta, la plata de los Zacarías, de Cartes, que tienen, van a ganar las elecciones”, manifestó la edil durante la transmisión.

La concejal cuestionó duramente a sus adversarios políticos y los acusó de utilizar la Justicia con fines políticos contra Miguel Prieto, con la intención de inhabilitarlo en su carrera presidencial de cara a las elecciones del 2028.

“Le mienten a la gente, utilizan instrumentos del Estado en contra de Miguel Prieto para meterle preso, porque eso es lo único que saben hacer”, finalizó.

Te contamos las cifras que los candidatos reportaron al TSJE

Tras el escrache, se conocieron los montos que los principales candidatos declararon oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como recursos disponibles para financiar sus campañas electorales.

Según la declaración jurada de ingresos y gastos de campaña, Rigoberto Chamorro informó que contará con G. 950 millones. Del total, G. 750 millones corresponden a recursos propios en efectivo y G. 200 millones a fondos disponibles en el sistema financiero. Además, declaró que no recibirá aportes de terceros.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente por Yo Creo, reportó recursos por G. 100 millones, de los cuales G. 20 millones provienen de ahorros personales y G. 80 millones corresponden a contribuciones o donaciones realizadas por siete personas.

En tanto, la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar declaró disponer de G. 40 millones para su campaña, monto compuesto por G. 20 millones de ahorros personales y otros G. 20 millones provenientes de dos donaciones de G. 10 millones cada una.

Si bien una candidatura a la concejalía normalmente implica una inversión mucho menor en comparación con una campaña por la Intendencia, el monto declarado por Romero tampoco parecería guardar correspondencia con el despliegue que se observa en su campaña electoral.

Una vez concluido el proceso electoral, los postulantes deberán presentar nuevamente al TSJE sus informes finales de ingresos y gastos de campaña, acompañados de la documentación respaldatoria, conforme a lo establecido en la Ley Nº 7524/2025 sobre financiamiento político.

En un comunicado de prensa, la organización vecinal alega que la obra “amenaza de manera directa la calidad de vida del vecindario, vulnera normas ambientales y urbanísticas, y pone en riesgo el arroyo Mburicaó”, con el que el edificio linda en su parte posterior, además de “las plazas Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores y la infraestructura básica del barrio”.

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El cuestionamiento central apunta directamente al supuesto incumplimiento de las normativas de preservación ambiental y de cauces hídricos vigentes. Sobre este punto, los residentes detallan que “el edificio se construye sin respetar los cinco metros obligatorios desde el borde del arroyo Mburicaó, reduciendo su capacidad de desagüe y aumentando el riesgo de inundaciones”.

Según la denuncia de la comisión vecinal, para la construcción del edificio se procedió a la tala de once árboles sin que se hayan implementado medidas de mitigación ambiental, agravando la situación en un sector ya saturado por el tránsito.

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Los vecinos aseguran que “la obra no respeta los retiros exigidos respecto a la plaza y pretende levantar 11 pisos en una calle de solo 10 metros de ancho, excediendo el máximo permitido de 7 pisos. Esta desproporción destruye la escala barrial y profundiza el crecimiento desordenado de la ciudad”, agregan los vecinos.

Asimismo, los pobladores señalan que, por su ubicación, el edificio generará un “cuello de botella” en el tránsito sobre las avenidas Mariscal López y España. Alegan que “la falta de estacionamiento se agravará con los nuevos residentes, provocando congestión permanente y afectando la movilidad de toda la ciudad”.

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La nucleación vecinal advierte sobre el impacto negativo en la infraestructura vial y sanitaria de la zona. Al respecto, sostienen textualmente que “el sistema cloacal del barrio, uno de los más antiguos de Asunción, no soportará la presión de un edificio de once pisos. Esto provocará roturas frecuentes, derrames y problemas sanitarios”.

Los vecinos manifiestan también su preocupación sobre el impacto que tendrá la construcción en las plazas vecinas. Alegan que, por su altura, la construcción proyectará una sombra permanente sobre estas, “impidiendo su uso pleno y afectando la fotosíntesis de los árboles”. Agregan que “la plaza, ya deteriorada por falta de mantenimiento, quedará aún más vulnerable”.

Defensa legal del edificio Chelsea Plaza: la respuesta oficial de la constructora

En respuesta formal a las denuncias públicas, la firma responsable de la obra, De Constructora SA, representada legalmente por Alfredo David Elías Salomoni, emitió un comunicado oficial defendiendo la legitimidad de su emprendimiento. La empresa asegura que “el proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Mades”, refiriéndose al aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Respecto a los cuestionamientos sobre el cauce hídrico, la desarrolladora afirma que “el proyecto contempla además obras de mejoramiento hidráulico, incluyendo la canalización del arroyo en los sectores técnicamente previstos, con el propósito de optimizar el escurrimiento de las aguas”.

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Sobre la tala de los once árboles observada en el terreno, la empresa constructora expresó que “el proyecto cuenta con el certificado de cumplimiento de medidas de mitigación, expedido por la Dirección General de Gestión Ambiental” de la Municipalidad de Asunción.

Ante los cuestionamientos sobre la saturación de los servicios sanitarios y el tránsito, la firma respondió en su misiva institucional que “la infraestructura sanitaria y su capacidad operativa son materias cuya evaluación y administración corresponden a los organismos públicos competentes, los cuales intervienen en los procesos de autorización”.

Altura, superficie y sin subsuelo: los datos técnicos del RIMA sobre el proyecto

Según consta en el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) de la obra, fechado en junio de 2025 y elaborado por la ingeniera civil Rosana Casati Morales, la superficie total de los dos lotes afectados alcanza 1.027,6 m². La superficie proyectada de construcción total asciende a 5.655,24 m² distribuidos en altura. El proyecto contempla una planta baja y diez niveles superiores, sin subsuelos.

ABC intentó obtener la versión del director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, Máximo Barreto. Hasta el cierre de esta edición, el funcionario no había respondido a las consultas realizadas a su celular con terminación 288.

Estuvo acompañada por Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, y la diputada por Capital, Johanna Ortega (PPS). Prieto actualmente también es candidato a la concejalía de Ciudad del Este en apoyo a la reelección de Dani Pereira Mujica (Yo Creo), pero enfrenta decenas de denuncias fiscales impulsadas por el cartismo.

Los políticos conversaron con comerciantes y trabajadores, quienes les expresaron la necesidad de contar con una administración municipal que atienda sus reclamos y trabaje de manera conjunta con quienes sostienen al mercado.

“Estamos recorriendo el Mercado 4 con Johanna y Miguel, apelando al apoyo de la gente, para trabajar juntos y levantar nuestra ciudad”, expresó Sole al inicio de la jornada.

Por su parte, Prieto destacó el respaldo recibido. “La gente está trabajando, pero igual se detiene un ratito para decirnos que hagamos bien nuestro trabajo, que confían en nosotros y, sobre todo, en nuestra futura intendenta de Asunción”, afirmó.

Johanna Ortega, por su parte, señaló que el recorrido refleja el deseo de cambio de la ciudadanía. “Evidentemente la gente quiere un cambio y sabe que con Sole eso es posible”, finalizó.

Unidad tras antecedentes

La actividad también sirvió para mostrar unidad opositora entre estos referentes, ya que cuando Soledad Núñez y Johanna Ortega disputaban la candidatura única por la oposición en Asunción, Prieto dio su respaldo a la parlamentaria.

Ortega finalmente aceptó su derrota en la medición por encuesta y pasó a apoyar a Núñez.

En 2021, Ortega también se presentó como candidata a la intendencia de Asunción, lo que restó votos al candidato liberal hoy senador Eduardo Nakayama y permitió la victoria por otro período de Oscar “Nenecho” Rodríguez.

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No obstante, Ortega sostiene que no hubo división de votos porque Nakayama y ella tenían votantes diferenciados. A su vez, el liberal centró sus acusaciones de presunta traición a favor de los colorados contra el equipo del eterno concejal Augusto Wagner, quien encabeza la lista 2 del PLRA.

Los dirigentes manifestaron que hace varios meses habían solicitado a la Gobernación de San Pedro, a través de la Secretaría de Pueblos Originarios, la provisión de víveres, semillas de autoconsumo, implementos agrícolas y el mejoramiento de los caminos vecinales, que se encuentran en pésimas condiciones.

Explicaron que debido a la falta de respuesta a sus pedidos, los dirigentes acordaron trasladarse a la sede ubicada en Santaní para insistir en el cumplimiento de los reclamos que afectan a las distintas poblaciones de la zona.

Habitantes de las seis comunidades realizan una manifestación en la subsede del gobierno departamental. Estas son 25 de Diciembre, Puentecita, 8 de Diciembre, 20 de Agosto, 30 de Julio y Arroyo Porã, todas ubicadas en los distritos de Yrybucuá y Capiibary.

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Obstáculos para el desarrollo

Agustín Ramírez, de la comunidad 25 de Diciembre, del distrito de Yrybucuá, expresó que los asentamientos indígenas reciben muy poca ayuda de la Gobernación para poder paliar las necesidades que históricamente fueron los principales obstáculos que impiden el desarrollo de las familias. Citó la falta de servicios básicos, caminos, implementos agrícolas, semillas de autoconsumo, viviendas, entre otros.

Agregó que muchas de las comunidades indígenas viven prácticamente olvidadas y se desenvuelven en medio de una extrema pobreza. Esas condiciones precarias de vida se deben a que no hay una política adecuada por parte del Gobierno nacional que les pueda ayudar a salir de la difícil situación en que viven en sus respectivos asentamientos, subrayó.

Hay ayuda de la Gobernación

El coordinador de la oficina administrativa de Santaní, Cristian D’Eclessis, negó que el gobierno departamental no ayude a estas comunidades, aunque señaló que la institución no cuenta con suficientes recursos para atender los pedidos que realizan constantemente. Añadió que hay muchas comunidades en los diferentes puntos de San Pedro que también deben ser asistidas de acuerdo con las posibilidades económicas.

Refirió, sin embargo, que se está buscando la forma de satisfacer algunos de los pedidos, con el objetivo de que el grupo de personas pueda retornar a sus asentamientos.

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Para la legisladora, la imputación contra los expresidentes de la institución Jorge Brítez y Vicente Battaglia —investigados por un presunto perjuicio patrimonial cercano a los G. 60.000 millones— no tendrá el impacto esperado si la Justicia y las autoridades no le imprimen celeridad al proceso.

“El IPS necesita dar respuestas de manera urgente. Hay que recordar que es una institución autónoma que se sostiene con el dinero de los aportantes, no con fondos del Estado. La ciudadanía tiene todo el derecho de conocer la verdad de lo que está pasando”, aseveró.

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Descentralización y purga en la conducción

Como parte de las soluciones para descongestionar la alta demanda, Samaniego sugirió aprovechar el patrimonio inmobiliario del ente en distintos puntos del país para construir un nuevo hospital de referencia. “Tienen la infraestructura para hacerlo; lo que falta es la decisión política”, remarcó.

Asimismo, consideró imperioso remover a figuras que llevan décadas “enquistadas” en la administración de la previsional y a quienes responsabiliza del deterioro del servicio.

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“Los aportantes merecen la atención por la que pagan y que hoy no están recibiendo, ni en medicamentos ni en intervenciones. Las consultas se agendan para dentro de tres meses y las cirugías para dentro de seis, cuando el paciente necesita atención médica hoy”, reflexionó.

Respaldos políticos y mensaje al presidente del IPS

Consultada sobre la iniciativa del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), de conformar una comisión especial para fiscalizar los procesos judiciales e internos del IPS, Samaniego apoyó la búsqueda de transparencia: “Si es Bachi quien la impulsa, adelante”, señaló, sin precisar si se integrará a la mesa impulsada por su rival político.

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Por otro lado, la senadora dedicó palabras al actual titular de la previsional, el Dr. Isaías Fretes, a quien calificó como un “gran médico y un gran patriota”, aunque advirtió que el tiempo corre en su contra.

“Reconozco su capacidad, pero si no le da mayor celeridad a las reformas, la propia ciudadanía va a sentir que el mismo sistema de siempre sigue administrando la institución. Insto y apoyo al presidente Fretes a que ejecute las reformas que sabe que se necesitan. Espero que el sistema no lo termine absorbiendo”, concluyó Samaniego, recordando que trabajó durante 14 años como funcionaria en la previsional y presidió en varios periodos la Asociación Médica del IPS.

El mapa de las nuevas autoridades de la ANDE combina la continuidad de piezas operativas con algunos ajustes en áreas sensibles de fiscalización interna y gestión ambiental.

En el entorno inmediato de la presidencia se mantiene la línea directiva. El exgerente comercial Luis Daniel Torres Figueredo, quien ejerció la jefatura del Gabinete de Presidencia durante la administración de Félix Sosa, continúa firme en el cargo.

También hubo cambios de gerentes en la ANDE

Movimientos en las gerencias

En el área operativa y financiera, el organigrama registra algunos cambios y otras permanencias. En la Gerencia Comercial, Hugo Rolón fue confirmado y se mantiene al frente de las gestiones comerciales del eléctrica estatal.

Por el lado de los recursos financieros y administración del presupuesto institucional, se mantiene Sonia Marycel Rojas de Hayes, quien sigue como gerenta financiera.

Sin embargo, en el área de asesoría legal se produjo la salida de Carlos Nelson Medina Duarte, quien se desempeñaba como asesor legal de la institución en el periodo anterior, abriendo espacio a la renovación en la representación jurídica de la estatal con la incorporación de la Abg. Adriana Teixeira.

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Direcciones operativas y de infraestructura

El esquema de las direcciones muestra un comportamiento similar de recambio paulatino. En la Dirección de Gestión Regional, posición ocupada en 2020 por Aniano Ramón Esquivel González hasta su jubilación, asumió Jorge Barrios Sánchez, quien continúa el ejercicio de sus funciones.

En la Dirección de Planificación y Estudios, área en la que se proyectan las obras del sistema eléctrico, tuvo la titularidad Francisco Escudero, pero ahora quedó a cargo del Ing. Guido Chávez, quien con el Ing. Sosa llegó a ser director de Distribución.

En la Dirección de Servicios Administrativos, tras el paso de Fidel Eleuterio Girett Ovelar, la posta fue tomada por César Zena, quien se consolida en el cargo. Por su parte, Luis Vidal Efrén Poisson Spessot permanece al frente de la Dirección de Telemática, un puesto para la modernización digital en el que fue nombrado en 2020.

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Fichas ratificadas y renovación en control ambiental

La estructura operativa mantiene la estabilidad en las áreas de servicio e infraestructura. El director de Distribución, Ing. José Luis González Cordone continúa en el cargo, encargado del seguimiento de las redes del país. De igual manera, Liliana Ortiz fue ratificada como directora de Contrataciones Públicas, manejando licitaciones de gran envergadura.

En la Dirección de Recursos Humanos no se registraron modificaciones y continúa Javier Buongermini, mientras que la Secretaría General sigue bajo la conducción de la Ing. María de la Paz Barrail Halley.

Las modificaciones más sustanciales se registran en los órganos de control e impacto ambiental. En la Auditoría Interna se concretó el cese de Fátima López, dando paso a una nueva conducción del control interno a cargo de Lic. Gloria Georgina Valinotti Araújo. Asimismo, en la Dirección de Gestión Ambiental se incorporó el Ing. Sebastián Atilio Esteche Vega.

El 19 de febrero de 2025, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora, presidido por Rilsy Ortiz e integrado por Natalia Muñoz y Gerardo Ruíz Díaz, dictó la Sentencia Definitiva (SD) N° 75 a través de la cual condenó a 27 años de prisión para César Fernando Rodas Galeano, por el hecho punible de feminicidio.

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Sin embargo, un Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Central, conformado por los camaristas Dionisio Nicolás Frutos Serrati, Alicia Orrego Pérez y Gustavo Ramón Bóveda (disidente), por Acuerdo y Sentencia (AyS) Nº 79 del 1 de julio de 2025, anuló íntegramente la S.D N° 75 y decretó el sobreseimiento definitivo para César Fernando Rodas Galeano.

Ante esa situación, la fiscala Sandra Ledesma presentó un recurso extraordinario de casación señalando que el fallo de segunda instancia estaba viciado por una fundamentación insuficiente. Como remedio judicial solicitó la nulidad del AyS N° 79 y que se remita el expediente a otra cámara para el estudio de la apelación. Finalmente, la Sala Penal de Corte, resolvió anular el fallo del Tribunal de Apelación y que otro tribunal analice la apelación retrotrayendo el proceso a ese punto.

Camarista señaló “craso error” de Fiscalía y tribunal en caso Analía Rodas

En el AyS N° 79, el camarista Dionisio Frutos refirió que “a todas luces se observa un proceso que desde el inicio ha vulnerado de manera inaudita el principio del derecho a la defensa y al debido proceso”, haciendo referencia al relato fáctico de la Fiscalía, en su imputación y acusación que no pudieron plasmar la responsabilidad de César Rodas en el feminicidio de su hermana.

Luego manifestó Frutos, “podemos precisar y puntualizar que, la sentencia condenatoria no responde a preguntas básicas de consideración como ser ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? es que se produjo la muerte de Analía Rodas y que fue César Rodas quien la produjo”.

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Para Frutos “lo único que es posible de responder en el marco de la presente causa es que Analía Rodas no falleció por causas naturales”, por lo que consideró que “corresponde declarar la nulidad de la sentencia recurrida por los defectos ya indicados y en consecuencia, por decisión directa y considerando que dichas deficiencias son insalvables”.

El camarista Frutos, cuestionó duramente la tarea fiscal y el fallo de primera instancia al referir que “ni reenviando la causa para un nuevo juicio se podrá subsanar el craso error en el que incurrió tanto el órgano investigador como el tribunal de sentencia”. A este voto se sumó Alicia Orrego.

Resolución de la Cámara viciada con fundamentación insuficiente

La casacionista, fiscala Sandra Ledesma, en las páginas de su escrito había señalado que “el vicio denunciado consiste, precisamente, no en una ausencia total de fundamentación por parte del a quem, sino que su razonamiento es incorrecto, se contrapone con lo que dispone la ley, con lo cual dicha circunstancia hace que prive al fallo de toda motivación”.

Detalló posteriormente la agente fiscal que “cuando el razonamiento del magistrado es errado y esta sale de los parámetros fijados por la ley que rige una materia, su decisión es considerada desprovista de fundamentación, que a su vez, atenta contra lo dispuesto en la Constitución Nacional que exige que toda sentencia judicial deberá estar fundada en la constitución y en la ley”.

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Subrayó que el error concreto del tribunal de segunda instancia consiste “en una mala interpretación de los alcances establecidos en el artículo 474 del Código Procesal Penal, al sostener erróneamente, por cierto, el anular la sentencia definitiva de condena y sobreseer definitivamente al condenado César Rodas”.

Manifestó en otro párrafo la fiscala Sandra Ledesma que “la resolución recurrida, si bien cumple con los requisitos formales de emisión de la sentencia, se encuentra infundada porque su contenido es ilegítimo. Esto es así, puesto que la alzada simplemente se limitó en señalar que el tribunal de sentencia no se percató o no explicó el caudal factico, de cuándo, cómo, dónde sucedieron los hechos y que no se explicó supuestamente qué hizo el acusado para ser condenado por feminicidio”.

Resolución que sobresee a feminicida es infundada, según la Corte

Al momento de emitir su voto el ministro de la Corte Luis Benítez Riera, como preopinante, expresó “se constata que efectivamente los miembros del tribunal de apelaciones en mayoría, han realizado una fundamentación insuficiente”.

Añadió Benítez Riera que el camarista ignoró varias disposiciones del código de forma y la Constitución, en los cuales se exige “que toda sentencia y auto interlocutorio tengan una clara fundamentación (fáctica y jurídica), manifestando los motivos de hecho y derecho. La debida fundamentación es una exigencia crucial en el sistema procesal penal paraguayo, situación que no se produjo en el desarrollo de la presente resolución del Tribunal de Alzada”.

Fiscala afirma que asesinato de Analía no fue accidente, como dice su hermano

Por otra parte, Riera hace un cuestionamiento al Tribunal de Apelación de que solamente hicieron mencionó “en reiteradas ocasiones, de manera genérica, -que no se ha respondido a las preguntas que hacen al nexo causal-”. Sin embargo, para Benítez Riera los camaristas no tuvieron en cuenta “que el Tribunal de Sentencias ha valorado un cúmulo de pruebas, para establecer la conducta del procesado y el nexo causal”.

Ante lo dicho, es que el ministro de la Corte consideró que “la resolución recurrida se halla manifiestamente infundada” y ameritaba su nulidad y reenvío a otro Tribunal de Apelación, a los efectos de que el recurso de apelación especial planteado contra la sentencia definitiva de primera instancia sea estudiado.

El caso Analía Rodas, ocurrido en San Antonio

El 14 de junio de 2021, se llevó a cabo un allanamiento domiciliario en la ciudad de San Antonio. Fue intervenida la vivienda donde habitaban Analía Monserrat y su hermano César Fernando Rodas Galeano. Esto en el marco de una investigación por la desaparición de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el mismo día del allanamiento fue detenido César Rodas, como principal sospechoso, luego de que las fiscalas Laura Ávalos y la Gladys González ordenaran la inspección del predio trasero de la casa.

Es así que, bomberos voluntarios de San Antonio hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, envuelto con una sábana y enterrado a tan solo 30 centímetros de profundidad.

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Inicialmente César Rodas refirió que su hermana discutió con su novio y salió de la casa el 27 de noviembre de 2020, con destino al interior del país y que fue recogida en un Mercedes Benz negro. También señaló a otras parejas y exparejas como posibles sospechosos.

Después cayó en numerosas contradicciones afirmando que Analía perdió la vida a causa de un accidente. Sin embargo, volvió a contradecirse al decir que su hermana recibió un impacto de bala en la cabeza, efectuado por su pareja en aquel entonces, lo cual se descartó con la necropsia que determinó que recibió un golpe contundente en la cabeza.

Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asoban resaltó durante su discurso de apertura de la 2a Convención Bancaria 2026 que el crecimiento de la bancarización que se viene observando y el aumento de las transacciones en el Sistema de Pagos no son el resultado de un solo actor. Según un pronunciamiento realizado por la ejecutiva de Asoban, el desempeño reciente del ecosistema se explica por una arquitectura compartida entre la inversión pública en la infraestructura central y, en paralelo, por la apuesta privada “millonaria e ininterrumpida” en tecnología e innovación.

Precisó igualmente que no habría un sistema de pagos viable sin la infraestructura pública que actúa como núcleo, pero tampoco sin la red privada que conecta esa infraestructura y la hace operativa en el día a día.

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Piden que intermediarios tengan las mismas exigencias que la banca

Ante la atenta mirada del presidente del BCP Carlos Carvallo, el ministro de Hacienda Oscar Lovera y el director de la DNIT Óscar Orué, la ejecutiva de Asoban pidió a las autoridades que las reglas evolucionen al ritmo del mercado.

A lo que agregó que dichas reglas deben basarse sobre dos “principios irrenunciables”: simetría regulatoria y construcción participativa de la norma.

En términos prácticos, que todas entidades que realicen intermediación deben quedar sujetas a las mismas exigencias prudenciales, de capital y de supervisión a las que está sujetas la banca formal.

Esto en referencia a las casas de crédito, u otras plataformas financieras que operan brindando préstamos al público o captan recursos, que no están regulados o que no operan bajo las mismas exigencias que se impone a los bancos.

Normas con participación técnica serán más efectivas

El segundo principio detallado por Cramer hace referencia a la “construcción participativa”, de las normas o regulaciones. Que según detalló, no busca desplazar a los reguladores, sino reforzar la eficacia de las reglas.

De acuerdo con Asoban, las normas ganan efectividad cuando incorporan la participación técnica de quienes deben implementarlas cotidianamente, lo que ayudaría a traducir objetivos regulatorios en procedimientos realizables.

“La decisión final corresponde al Estado, pero la ingeniería normativa se vuelve más robusta cuando incluye conocimiento operativo y anticipa fricciones de implementación”, expresó la ejecutiva.

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Finanzas Abiertas y PISP: el nuevo hito que exige definiciones legales

Por otra parte, Cramer se refirió sobre el proceso de transición hacia Finanzas Abiertas, que describe como un camino ya en marcha dentro del sistema. En ese contexto, mencionó como hito reciente la incorporación de los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP), figuras asociadas a modelos donde terceros pueden iniciar pagos en nombre del usuario, bajo reglas y permisos predefinidos.

Según Cramer, este importante avance requiere definir con precisión inequívoca: las responsabilidades legales, los mecanismos de resolución de conflictos y los esquemas de compensación con el protocolo específico que permita lograr la plena confianza del mercado para su rápida adopción.

Para Asoban, sin claridad jurídica y operacional, la innovación puede volverse un terreno de incertidumbre que frene inversiones o deteriore la confianza.

Advertencia sobre tarifas y límites de tasas

En otro momento de su discurso, la presidenta ejecutiva del gremio bancario también se refirió a tarifas y límites impuestos desde el regulador, por lo que exigieron a las autoridades “prudencia” frente a la fijación de tarifas o topes de tasas.

Como antecedente, mencionó la Ley N° 5476/2015 que topeó la tasa de interés de las tarjetas de crédito, cuya experiencia, afirmó que mostró que límites que no responden a la lógica del mercado y que no necesariamente protegen al consumidor. También recientemente el BCP aprobó el reglamento tarifario aplicable a los servicios de pago que afecta sobre todo a al servicio de Proveedores de Servicios de Inicio de Pagos (PISP),e iniciadores de pagos con QR.

La asociación sostiene que esos topes pueden generar efectos no deseados como exclusión de segmentos vulnerables, desplazamiento hacia la informalidad y desincentivo a la inversión privada.

En contraposición, plantea que la inclusión financiera se fortalece con más competencia, transparencia y profundización del crédito, en lugar de controles que alteren el funcionamiento del mercado sin calibración suficiente.

La ejecutiva recordó que el dinero administrado por los bancos pertenece “principalmente a los ahorristas” y su cuidado prudente constituye la base de la estabilidad económica y que en esa lógica, la regulación debe redactarse con esa prioridad en mente, porque las decisiones normativas impactan sobre la confianza, los incentivos de inversión y el manejo del riesgo.

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Convención bancaria hasta el viernes

Con la presencia de 390 referentes y 16 expertos nacionales e internacionales, la Convención Bancaria se consolida como el principal espacio de debate, alianzas y generación de conocimiento entre los líderes que definen el rumbo financiero del país y la región. La actividad que comenzó este jueves se extenderá hasta el viernes 7 en el Hotel Sheraton de Asunción.

La transformación del sistema financiero en la era de la inteligencia artificial generativa, la evolución de los mercados de capitales, los cambios regulatorios, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la geopolítica son algunos de los principales temas que reunirán a expertos nacionales e internacionales durantes estas dos jornadas.

Fundación de Asunción, Madre de ciudades

El lanzamiento surge en el contexto de las próximas elecciones municipales en Asunción, el 4 de octubre próximo. El candidato del cartismo es Camilo Pérez y la intendentable de la oposición es Soledad Núñez.

Los organizadores del evento indicaron que estas entidades vienen trabajando en la solución de problemas en Asunción como “el mal servicio de transporte público, la proliferación ilegal de estaciones de servicio, la destrucción de la vida barrial, la contaminación ambiental y la exclusión en los Bañados”.

Vecinos de Asunción se organizan frente a “deterioro integral” de la capital

El lanzamiento de esta nucleación de organizaciones se realizará el sábado 8 de agosto, en la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, ubicada frente a la plaza Uruguaya, a las 10:00.

Al término del acto, se invitará a los concurrentes a realizar una acción ciudadana directa alrededor de la histórica plaza Uruguaya, que actualmente se encuentra bajo reparación y restauración con fondos estatales.

“Las ciudades en las que vivimos es el resultado de decisiones y omisiones que configuraron un modelo urbano que expulsa, segrega y fragmenta”, expresaron los organizadores.

Se priorizan los autos y se abandona el centro de Asunción

Repudian que actualmente se prioricen los automóviles por sobre las personas, que las ciudades se expandan hacia las periferias mientras abandonan sus centros, y que se concentren inversiones que valorizan ciertos territorios mientras otros se degradan.

“El vínculo con la naturaleza, con el agua, con los espacios comunes se debilita o se pierde por completo”, expresa un párrafo del manifiesto fundacional de la Red que rubricaron las 25 organizaciones integrantes.

Los referentes designados de la red son Natalia Correa de Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia; Vladimir Velázquez Moreira de Asunción Causa Nacional; Griselda Yúdice de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción- OPAMA; Jhony Alvarenga del colectivo Guara y Arístides Ortiz Duarte de la Asociación Vecinos y Amigos del parque Carlos A. López.

¿Quiénes integran la Red?

Integran la Red por el Derecho a la Ciudad:

1. Amigos del Parque Caballero (AAPC)
2. Asunción Causa Nacional
3. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES)
4. Colectivo Guara
5. Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM Py)
6. Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA)
7. Red Agroecológica
8. Unión de Bosques Asuncenos
9. Vecinos de Trinidad Unidos
10. Salvemos el Parque Guasu
11. Asamblea Ciudadana Asuncena
12. Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia
13. Amigos del Jardín Botánico de Asunción
14. Asociación Amigos del Parque Carlos Antonio López
15. Amigos de la Plaza Ortiz Guerrero
16. Asociación de Vecinos de la plaza Herminio Giménez
17. Agrupación Barrial Salvemos Las Mercedes
18. Guaty Py
19. CRI Paraguay (Construyendo Realidades Inclusivas Paraguay)
20. Asociación Mil Solidarios
21. Articulación PYKUI
22. S.O. S Arroyo Ferreira
23. Ecología Urbana Paraguay.

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El equipo fiscal solicita a la Cámara de Apelaciones que anule la S.D N° 333 dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, y ordene en reenvío del expediente para la realización de un nuevo juicio oral a Boidanich, a cargo de otro colegiado de sentencia.

Según argumentan los agentes del Ministerio Público en el escrito de apelación, el Tribunal de Sentencia no valoró pruebas claves y minimizó el hecho de que la Seprelad haya retrasado el envío al Ministerio Público, del informe sobre operaciones sospechosas del ‘doleiro’ Darío Messer, considerado el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.

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“La sentencia emanada del Tribunal no se encuentra debidamente fundada, ya que esta no valoró pruebas determinantes, vulnerando así las reglas de la sana crítica, lo que derivó en una errónea aplicación de la ley penal de fondo”, resalta parte de la apelación especial presentada en la fecha por los fiscales del caso.

Errores del tribunal que absolvió a Boidanich, según fiscalía

La fiscalía señala en otra parte de la apelación que los hechos debatidos en el juicio oral y público se subsumen en el tipo penal de frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, conforme los artículos 292 y 293; en concordancia con el art. 29 (autoría) del Código Penal.

Sobre el punto resalta que el Tribunal de Sentencia señala erróneamente en la S.D N° 333 que el comiso y el comiso especial son considerados o denominados “medidas sui generis”, premisa equivocada que lo lleva indefectiblemente a una conclusión errónea, puesto que considera en razón de que todos los bienes de Darío Messer han sido comisados, no se produjo el resultado de impedir la “sumisión” a una medida y, por tanto, se encuentra ante la ausencia del resultado típico.

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El Ministerio Público puntualiza además que los jueces concluyeron que la “puesta en riesgo” no equivale al resultado exigido por el tipo, ya que la figura penal, no sanciona la mera puesta en peligro de la persecución penal ni la simple posibilidad de que un resultado pudiera producirse.

Para el tribunal, bajo ese entendimiento, la sola constatación de una demora administrativa, de una omisión funcional o incluso de una actuación irregular dentro del procedimiento administrativo de la Seprelad no resulta suficiente para integrar el tipo penal, si no se demuestra que tales conductas tuvieron como consecuencia directa impedir la aplicación del comiso, de acuerdo con la critica que hace fiscalía en la apelación.

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“Estas fundamentaciones son a todas luces erróneas, puesto que el tribunal de sentencia concluye equivocadamente sobre el alcance de la norma, al confundir cual es el resultado previsto en el Art. 292 del Código Procesal Penal”, enfatiza el Ministerio Público.

Boidanich “demoró injustificadamente” informe sobre Messer

La fiscalía sostiene que el hecho atribuido a Óscar Boidanich es la demora injustificada en la remisión del informe de inteligencia financiera relacionada a Darío Messer, no así el procedimiento de comiso de los bienes. “Esta representación pública consideró como un hecho consumado lo expuesto anteriormente con relación al informe de inteligencia financiera CHASA605530091, lo que derivó en la apertura tardía de una causa penal en contra de Darío Messer por el periodo de tiempo de más de siete meses”, remarcan los fiscales del caso.

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En ese sentido, agregan que el Tribunal de Sentencia confundió el objeto del juicio, y realizó un erróneo análisis de subsunción de los hechos atribuidos al extitular de Seprelad, refiriendo que al no existir relación causal entre la conducta del acusado y la producción del resultado no se dan los presupuestos para establecer los elementos típicos de los hechos punibles.

Los fiscales insisten en que con la remisión tardía del informe de inteligencia financiera al Ministerio Público, se dio el resultado exigido por el tipo penal de frustración de la ejecución y persecución penal y la realización por parte de funcionarios; en atención a que el ministro de la Seprelad cumple un rol fundamental en las investigaciones de lavado de activos, ya que por su intervención y comunicación es que se inician las investigaciones fiscales y que es dicha entidad la encargada de recabar las informaciones previas y luego, tiene la obligación de comunicar las sospechas al Ministerio Público.

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“El resultado típico del hecho por el cual se encuentra acusado Óscar Boidanich consistió en la demora o retraso injustificado del envió del informe de inteligencia financiera que guardaba relación con actividades sospechosas que involucraban al señor Darío Messer y otros, informaciones de las cuales tomó conocimiento el acusado ya en el año 2016, mediante informes por la UIF de la República Federativa del Brasil en el mes de noviembre del mencionado año”, remarca otra parte del escrito de apelación fiscal.

Tras recibir un disparo en la espalda, la joven huyó de sus atacantes y se refugió en una estación de servicio en busca de auxilio, donde se desvaneció. Para los investigadores, el móvil del ataque fue la motocicleta de la víctima, la cual no pudieron llevarse.

De acuerdo con los primeros datos recogidos por los investigadores, Gloria levaba unos cinco meses desempleada y vivía en la casa de sus padres en Naranjaisy.

Según fuentes policiales, la tarde del miércoles Gloria la pasó con su pareja en la ciudad de San Antonio, donde se quedó a cenar antes de regresar a su hogar.

Alrededor de las 23:00 la mujer emprendió viaje con destino a su casa al mando de su motocicleta, pero en algún punto del trayecto fue vista por los criminales que comenzaron a seguirla, en espera del momento oportuno para interceptarla.

Motochorros asesinan a una mujer en Luque

La oportunidad perfecta para dar el golpe se presentó cuando la víctima tomó el camino que une Ypané con Villeta y alcanzó la zona del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ataque de motochorros, en zona oscura de la ruta que une Ypané con Villeta

Los criminales, que también estaban a bordo de una moto, esperaron a que la víctima alcanzara la zona más oscura para acercársele por atrás y, arma en mano, ordenarle que bajara la velocidad y se estacionara a un costado de la calle.

Sin embargo, en lugar de obedecer la orden, la mujer aceleró e intentó escapar. Ante esta situación, el maleante que iba como acompañante le disparó un balazo en la espalda, del lado izquierdo.

Condenan a 10 años de cárcel a motochorro que asesinó a una joven

La víctima siguió su camino hasta alcanzar una estación de servicio, lugar donde se refugió. Antes de caer desvanecida, relató lo ocurrido. La mujer fue auxiliada y derivada al Centro de Salud local. Posteriormente, se la trasladó al Hospital Distrital de Ñemby, donde permaneció internada hasta el mediodía, momento en que finalmente falleció.

Agentes de Investigaciones del departamento Central y personal del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios fueron enviados a la ciudad de Ypané para investigar el caso y tratar de identificar a los sospechosos, según confirmaron fuentes de la Dirección de Policía de Central.

El núcleo principal del ciclón y sus efectos más severos (vientos extremos y precipitaciones muy intensas) se concentran sobre el sur de Brasil, Uruguay y sectores de Argentina.

Este dinamismo favorece el ingreso del frente frío actual, generando tormentas dispersas, vientos moderados a fuertes del sector sur y un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio paraguayo durante los próximos días.

“Lo que da para nosotros es un viento sur que va a traer contigo el aire que está más al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero el ventarrón importante de oleaje alto, de posibles afectaciones de esas tormentas va a ser allá en Uruguay, sur de Brasil y desembocadura del río La Plata”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología.

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Seguido mencionó: “Ya pusimos un estado de atención en centro sur de la región oriental. Tal vez esta noche, con el ingreso de lo que sería el coletazo de este sistema, algunas tormentas se van a dar”.

Mingo, reiteró que lo que estará afectando al país no ese ciclón extratropical. Lo que va a generar ese viento van a ser las tormentas que traen los frentes fríos.

Ante la consulta de si este esto ya tiene que ver con el fenómeno climático El Niño, sostuvo que es muy prematuro decir que es una influencia directa.

En entrevista con ABC Cardinal, este jueves, el secretario de Estado señaló que los contratos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos estaban diseñados para ejecutarse en un periodo de dos o tres años, pero que terminaron consumiendo mucho antes debido al aumento de las prestaciones de salud.

“Muchos de esos contratos se ejecutaron en un año, lo que hizo generar la presión sobre la disponibilidad financiera en un año determinado”, explicó.

Añadió que esa situación derivó en compromisos de pago que superaron la disponibilidad presupuestaria y contribuyeron a la acumulación de obligaciones con los proveedores.

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Falta de integración entre contratos y control financiero

Lovera dijo que otro de los problemas que detectaron fue la falta de comunicación entre las áreas encargadas de administrar los contratos y responsables del seguimiento financiero. “El área de ejecución de contratos estaba disociada del área financiera. No se tenía información de cómo avanzaba financieramente la ejecución de un contrato”, apuntó.

El Gobierno está aplicando una herramienta de control denominado: Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigevis), que integrará las plataformas de contrataciones, presupuesto y facturación electrónica, permitiendo monitorear en tiempo real las obligaciones asumidas por el Estado explicó. “Vamos a tener la trazabilidad de un contrato desde que se planifica hasta que se paga”, aseguró.

Añadió que el nuevo sistema permitirá realizar un seguimiento desde la firma del contrato hasta el pago final e incorporará automáticamente la información proveniente de la facturación electrónica para registrar los compromisos asumidos por las instituciones públicas.

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Sancionarán a funcionarios

El ministro de Economía anunció además que el decreto reglamentario de la Ley Nº 1.535, que data de 1999, ya establece responsabilidades personales a los funcionarios que ejecuten contratos sin tener disponibilidad presupuestaria.

“El funcionario que ejecute contratos sin tener disponibilidad presupuestaria de este año será pasible de sanciones administrativas e incluso penales si correspondiese”, advirtió Lovera.

Indicó también que con la medida buscan evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las que fueron detectadas en el Ministerio de Salud.

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La demanda de atención médica se duplicó

El ministro atribuyó también el incremento de la deuda al fuerte crecimiento de la demanda de servicios públicos de salud.

Indicó que, mientras en un periodo anterior se registraron alrededor de 20 millones de prestaciones, en los primeros dos años y medio de la actual administración esa cifra superó los 40 millones. “Esas estadísticas prácticamente se duplican. Estamos hablando de más de 40 millones de asistencias”, destacó.

Agregó que la habilitación de nuevos hospitales, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur, aceleró la utilización de los servicios. “Se preveía que el 100% de los servicios estarían ocupados en un lapso de un año. Esa ocupación se dio en tres meses”, dijo.

Concluyó que ese comportamiento superó las proyecciones que se realizaron durante la planificación presupuestaria.

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El presupuesto de Salud ya no alcanza

Lovera reconoció que el presupuesto vigente para el Ministerio de Salud resulta insuficiente para atender el aumento de la demanda y adelantó que la cartera seguirá recibiendo recursos adicionales este año. “Si la pregunta es si el presupuesto, actualmente aprobado para el Ministerio de Salud es suficiente, la respuesta es no es suficiente”, reconoció.

Informó que el Ministerio de Economía incorporará esas necesidades en el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que incluirá una revisión de los programas y actividades de las instituciones públicas para reasignar recursos a las áreas prioritarias, principalmente Salud.

Lovera reiteró que el Gobierno mantiene como objetivo retornar al déficit fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB) en 2028, una vez absorbido el impacto de las deudas acumuladas con proveedores de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

Al término del encuentro, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, destacó la importancia del diálogo directo con el jefe de Estado para coordinar medidas preventivas y evitar que el impacto climático frene el desarrollo económico del país.

Balance agrícola y sectores más vulnerables

Cristaldo señaló que, en líneas generales para la agricultura, un ciclo bajo la influencia de El Niño ofrece un panorama productivo más auspicioso en comparación con la sequía ocasionada por La Niña. Sin embargo, advirtió que el exceso de precipitaciones trae consigo riesgos considerables para rubros específicos y para la infraestructura vial.

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“En la ganadería el problema son las inundaciones y, en general, el deterioro de caminos y puentes. Es cuestión de sumar trabajo entre todos para sacar adelante este desafío”, refirió.

Entre las actividades más expuestas, el titular de la UGP citó al cultivo de arroz en campos bajos debido a los riesgos de anegamiento, a la ganadería en áreas ribereñas y a la producción frutihortícola, amenazada por los retrasos logísticos en el traslado de productos perecederos hacia los centros de consumo.

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Logística contra el aislamiento

Durante la mesa de trabajo, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) planteó la necesidad de implementar asistencia conjunta ante el riesgo de anegamiento y el consecuente aislamiento de varios distritos y comunidades.

Frente a este escenario, se acordó reforzar la coordinación logística pública y privada para garantizar que las zonas productivas no queden desabastecidas.

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Las conversaciones entre el Ejecutivo y los gremios continuarán de manera periódica, habiéndose fijado un nuevo encuentro del Consejo Asesor Agrario para el mes de septiembre a fin de evaluar la evolución del clima y ajustar las estrategias de contingencia.

🔶 Reunión entre el gobierno con gremios de producción. Abordan plan ante la llegada de Fenómeno "El Niño"

🔶 "Participó el presidente de la República, Santiago Peña. Tenemos desafíos que encarar juntos. La idea es trabajar anticipadamente a los problemas y tratar de minimizar… pic.twitter.com/lCwpDPV4Iw

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

En rueda de prensa en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el secretario de Estado informó que 3.000 efectivos militares y 2.700 efectivos de la Policía Nacional participarán de la celebración.

En el marco del aniversario N° 489 de fundación de Asunción, se prevén además celebraciones religiosas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que arrancaron formalmente este miércoles 5 de agosto a las 18:00, con una procesión que trasladó la imagen sagrada desde el Panteón Nacional de los Héroes hasta la Catedral Metropolitana.

A partir de esa fecha hasta el sábado 15 se oficiarán misas diarias a las 19:00 en el templo catedralicio.

El día central, 15 de agosto, la jornada se iniciará a tempranas horas con la tradicional procesión náutica sobre el río Paraguay. La travesía culminará a las 10:00 con la misa central en la Catedral Metropolitana, desde donde posteriormente la imagen será llevada de regreso a su morada habitual en el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción.

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Arte, cultura y fiesta en la Costanera

En el ámbito cultural, Marcela Bacigalupo, directora de Cultura de la Municipalidad de Asunción, destacó que la agenda sumará ferias artesanales y gastronómicas en las plazas de la ciudad, coordinadas en conjunto con los espectáculos en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Asimismo, el Centro Cultural Manzana de la Rivera albergará exposiciones de arte, mientras que centros de turismo ofrecerán circuitos guiados por el casco histórico.

Lilian Samaniego, con recurrentes acercamientos al oficialismo, pide igualdad de trato

Sus declaraciones fueron lanzadas tras la difusión de encuestas de opinión sobre candidatos presidenciales colorados y las recientes imputaciones contra exautoridades del IPS, ente en el que su familia cuenta con influencia según sus detractores.

En su alocución, Samaniego sostuvo que sigue siendo candidata presidencial del movimiento Causa Republicana. “¿Saben por qué? Porque yo no tengo jefe”, dijo. “Lilian Samaniego no tiene jefes. Tiene compañeros de causa”, manifestó.

Se jactó de ser la mejor candidata con el “mejor currículum partidario” y subrayó que Paraguay necesita una mujer en la Presidencia porque el país necesita orden, tal como ponen orden las mujeres paraguayas, madres y esposas, en sus hogares.

También se jactó de su reconocimiento entre el electorado y de ser la vocera del “sentimiento de la gente” por lo que dijo que podrá competir en igualdad de condiciones pese a no contar con los fondos y la estructura del cartismo o el abdismo.

“Yo, en primer lugar, no tengo los recursos del oficialismo. Ni tengo la estructura del movimiento Colorado Añetete que está liderado por un expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ni tampoco la de un ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez”, aseveró.

Sostuvo que busca la presidencia por estar preparada para gobernar y por haber sido la presidenta de la ANR durante la llanura y por volver a conducirlo al poder.

Afirmó que durante su gestión “se priorizaba el partido, no los movimientos”. También acusó a Horacio Cartes, titular de la ANR, de haber utilizado el partido “como puesto de comando de Honor Colorado”.

Peña es “números fríos”, dijo Lilian al calificar a cada gobierno

Samaniego también dijo que podía evaluar los gobiernos colorados. Sobre Nicanor Duarte Frutos (2003-08) dijo que “sentó las bases de la economía”; que el de Mario Abdo Benítez (2018-2023) “fue el de las grandes obras, rutas, caminos, que unieron los departamentos” y que el de Santiago Peña (2023-2028), “el del grado de inversión y el atractivo de inversionistas, pero el de los números fríos”. De Horacio Cartes (2013-2018) dijo que “hubo gestión” y que no iba a dejar de reconocer eso.

“¿Pero por qué digo los números fríos? Porque la microeconomía no funciona. El paraguayo no tiene dinero en su bolsillo”, sostuvo al volver a referirse contra el gobierno de Peña.

Prometió que en su gestión tendrá un equipo técnico y que los puntos sensibles serán la educación y la salud. “Para las familias paraguayas, la salud es el 43% del gasto de su bolsillo”, lamentó.

Señaló que en el panorama actual, Horacio Cartes tiene por candidato presidencial a Pedro Alliana; Mario Abdo Benítez respalda a Arnoldo Wiens y que el candidato de Hugo Velázquez es el senador Luis Pettengill.

Fenómeno esperado

El informe proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) indica que el sistema podría generar:

• Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes
• Ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte
• Ocasional caída de granizos

Frente frío activa alerta por tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h

Zona de impacto

La zona de cobertura abarca principalmente el este de la Región Oriental, siendo el área de mayor afectación prevista el noreste del departamento de Alto Paraná.

Cabe resaltar la importancia de tomar los recaudos necesarios ante la visibilidad reducida en ruta y la posibilidad de raudales o caída de ramas debido a las fuertes ráfagas de viento.

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En una exposición técnica ante las autoridades, los principales responsables del servicio delinearon una realidad alarmante: el ala de Urgencias de Adultos opera al límite absoluto de sus capacidades, sostenida únicamente por el esfuerzo heroico de su personal de blanco, pero carcomida por deficiencias estructurales, saturación por casos de baja complejidad y una crisis de recursos humanos que amenaza con agudizarse en los próximos meses.

La UEMA representa hoy la unidad de urgencia médica más grande y compleja del Paraguay, se afirmó durante la sesión. Sin embargo, las cifras, los testimonios y las condiciones edilicias revelan una brecha insostenible entre la demanda masiva de los asegurados y la capacidad real de respuesta de la previsional.

Un hospital dentro de otro hospital operando a máxima capacidad

Inaugurada originalmente en junio del año 2010, la infraestructura física de la UEMA fue diseñada para albergar un volumen de pacientes que hoy resulta una fracción minúscula de la realidad diaria. Con el transcurso de los años, el crecimiento demográfico de los aportantes del IPS y el envejecimiento poblacional incrementaron la presión sobre el Hospital Central de manera exponencial.

La doctora Clarisa Da Costa, coordinadora de la UEMA, explicó que actualmente la unidad cuenta con una capacidad física de 122 camas distribuidas en diferentes salas de atención. No obstante, la realidad operativa supera con creces este límite: de manera sistemática, el servicio llega a albergar entre 160 y 170 pacientes por día. Indicó que esta situación obliga al personal médico y de enfermería a recurrir a soluciones logísticas precarias, como el uso de sillas de ruedas, camillas prestadas por otros departamentos e improvisaciones en los pasillos para evitar rechazar a quienes acuden en busca de auxilio.

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“No tenemos un techo, no tenemos y somos el lugar donde hacemos magia, tenemos esa capacidad camaleónica de reconvertirnos como sea ante la necesidad”, expresó Da Costa.

Las condiciones de atención: Pacientes en pasillos, falta de privacidad y esperas prolongadas

El impacto más visible de este colapso recae sobre los asegurados, quienes experimentan en carne propia las deficiencias de un sistema sobrepasado. Durante la exposición de la doctora Da Costa, se detalló cómo cientos de pacientes deben pasar jornadas enteras —y en muchos casos amanecer— en los pasillos de la urgencia, debido a la saturación total de las salas de internación.

Las autoridades del IPS estuvieron de acuerdo en que las condiciones físicas en las que se desenvuelve la atención médica atentan contra la dignidad y el pudor de los pacientes. Da Costa detalló que al carecer de suficiente espacio y de una sectorización adecuada por franja etaria o género, hombres y mujeres de distintas edades comparten espacios reducidos, separados únicamente por biombos de tela. Detalló que en un mismo metro cuadrado, un paciente puede recibir una sonda vesical mientras al lado se le realiza un electrocardiograma a una persona de distinto sexo.

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La escasez de recursos humanos agrava el panorama. Mientras que los estándares internacionales recomiendan números estrictos de personal de enfermería por paciente —especialmente en áreas críticas donde una enfermera debe atender a un máximo de dos pacientes—, en las salas del IPS todo se desborda.

La coordinadora de la UEMA sostuvo que con frecuencia, un reducido número de enfermeras y médicos de guardia deben lidiar con el triple o cuádruple de pacientes de su capacidad óptima. Esta sobrecarga no solo genera demoras en la administración de medicamentos y en la realización de estudios diagnósticos, sino que incrementa el riesgo clínico debido a la alteración progresiva del estado de salud de los enfermos durante la espera.

El factor crítico: El 50% de pacientes que no deberían acudir a la urgencia

Un elemento central en el análisis de la crisis de la UEMA es el uso inadecuado del servicio por parte de los propios asegurados y las fallas en la red sanitaria periférica. Según las estadísticas presentadas correspondientes al último mes, aproximadamente el 49% o 50% de las personas que acuden a la urgencia del Hospital Central corresponden a las categorías verde y azul del triaje; es decir, cuadros clínicos de baja complejidad que podrían ser resueltos sin inconvenientes en las clínicas periféricas, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) o en centros de salud distritales.

Da Costa aseguró que cuadros de resfríos comunes, cefaleas leves, golpes menores o dolencias crónicas no descompensadas saturan los mismos espacios donde se intenta reanimar a un paciente infartado o tratar un accidente cerebrovascular (ACV). A esto se sumó un fenómeno que calificó como “preocupante”, al mencionar la derivaciones innecesarias desde el interior del país y hospitales de área central (como Luque, Ingavi, Villarrica, entre otros). Las autoridades del IPS criticaron que muchos centros médicos derivan pacientes al Hospital Central para evitar procedimientos sencillos.

El cuello de botella estructural: El lento giro de camas

Isaías Fretes, presidente del IPS resaltó que la urgencia médica de un hospital general no está diseñada para funcionar como un área de internación prolongada. Los estándares internacionales establecen que el tiempo máximo de permanencia de un paciente en una sala de urgencias no debe superar las 6 horas, plazo en el cual el enfermo debe ser dado de alta o derivado a una sala de internación definitiva en el edificio principal.

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Da Costa explicó al Consejo que en el IPS, esta regla teórica es una utopía. Debido a la alta demanda y al lento “giro de camas” en los departamentos de clínica médica y especialidades de los pisos superiores, los pacientes de la UEMA se ven obligados a permanecer internados en camillas de urgencia durante días, e incluso semanas. Existen registros de pacientes que se curan, cumplen sus tratamientos o pasan sus últimos días en la propia urgencia, debido a la imposibilidad de conseguir una cama de internación en el área correspondiente.

Este estancamiento genera un efecto dominó: al no liberarse las camillas, los nuevos pacientes que ingresan con cuadros graves quedan varados en los pasillos o en sillas de ruedas, profundizando el colapso operativo de la unidad.

Crisis de recursos humanos y desgaste del personal de blanco

Otra de las preocupaciones señalada durante la presentación ante el Consejo es la situación laboral y humana del plantel médico y de enfermería.

Una vez más, Fretes mencionó el impacto negativo -según su opinión- que ha tenido la legislación sobre la reducción de la carga horaria a 12 horas universales del personal de salud, implementada -según afirmó- sin el acompañamiento presupuestario ni la reposición masiva de los recursos humanos necesarios para cubrir las horas vacantes.

Fretes afirmó que los médicos perciben una remuneración salarial que en muchos casos no se condice con la alta responsabilidad y el desgaste físico y mental de la profesión. Resaltó que la falta de suficientes profesionales de planta y residentes limita las posibilidades de realizar un seguimiento clínico riguroso.

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Durante la presentación del informe se resaltó también la precariedad administrativa. Se aseguró que áreas enteras operan con un apoyo logístico y administrativo mínimo, obligando al personal médico a asumir tareas de gestión que restan tiempo valioso a la atención directa de los pacientes.

Propuestas de solución y el desafío de la reingeniería institucional

Frente a este escenario crítico, las jefaturas de la UEMA y las autoridades del IPS plantearon una serie de ejes de acción a corto y mediano plazo para intentar revertir el colapso estructural:

• Incorporación progresiva y focalizada de recursos humanos.
• Disciplina y control en las derivaciones.
• Fortalecimiento de la red periférica.
• Reingeniería financiera y logística.
• Implementación del “Triage Inverso” para optimizar la liberación de camas.

Los asegurados describen la UEMA del Hospital Central del IPS, como un auténtico calvario y un servicio colapsado. Los puntos más recurrentes que denuncian los pacientes se caracteriza por esperas prolongadas, hacinamiento y falta de cama, mezcla de pacientes y vulneración de privacidad. A esto se suma la histórica y desesperante falta de insumos y medicamentos, que obliga al paciente y familiares, a realizar importantes gastos de bolsillo.

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Sin embargo, la sesión cumplió con todos los elementos legales, por lo tanto, el acta debía ser aprobada en la siguiente reunión legislativa y es ahí donde comenzaron a generar todo tipo de disturbios los cinco concejales cartistas para evitar el tratamiento.

Primero, una turba encabezada por el propio Penayo intentó evitar el ingreso de los siete ediles opositores al recinto por lo cual se tuvo que sesionar en el patio de la comisaría local. Luego, la presidenta Lidia Téllez escondió el libro de actas en complicidad con la secretaria Cinthia Quintana.

Por este motivo, se presentó denuncia contra la titular y la secretaria del Legislativo. Ayer de mañana, los ediles opositores intentaron presentar una nota mediante la mesa de entrada de la Junta Municipal, y la secretaria Quintana se negó a recibirla, ninguneando a los concejales titulares.

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Luego por la tarde, se intentó nuevamente sesionar, pero primero un desconocido tiró gas pimienta en la sala de sesiones y luego encerraron a los ediles opositores.

Paralelamente, Gustavo Penayo estuvo en inmediaciones de la Junta Municipal amedrentando, y junto con la cartista Téllez, se intentó hacer jurar a los ediles suplentes.

Al respecto, la liberal Mabel Schupp dijo en una transmisión en vivo en redes sociales que hubo privación ilegítima de libertad de los ediles.

Todos estos atropellos fueron informados al Tribunal Electoral, pero llamativamente ningunean la denuncia, con lo que los atropellos del clan Penayo van escalando.

Incluso, Gustavo Penayo, mediante varias artimañas jurídicas, logró que su hermano Ramón Penayo, quien quedó en el quinto lugar en la lista de concejales, sea proclamado candidato a intendente.

Según explicaron los agentes del Ministerio Público, la medida busca impedir que la defensa vuelva a promover incidentes procesales alegando la falta de participación de los representantes legales del adolescente, situación que ya había generado dilaciones durante etapas anteriores del proceso.

En consecuencia, el Tribunal Penal de Sentencia hizo lugar al planteamiento fiscal y fijó una nueva fecha para el inicio del juicio: el próximo 17 de agosto, a las 08:00, oportunidad en la que el debate comenzará independientemente de que los padres comparezcan o no.

Los fiscales explicaron que el artículo 427 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los representantes legales del adolescente podrán participar del juicio oral, lo que convierte su presencia en una facultad y no en una obligación.

“El Código habla del término ‘podrán’. Independientemente de ello, ellos asumirán la decisión de participar o no del juicio oral”, según dijeron los fiscales, al explicar que la presencia de los padres no constituye un requisito indispensable para la validez del proceso cuando el acusado cuenta con defensa técnica.

El Tribunal dispuso la notificación personal de los padres mediante cédula, incorporando una advertencia expresa de que, si, pese a estar debidamente notificados, no comparecen en la fecha fijada, el juicio se iniciará igualmente, de acuerdo con lo que mencionaron los representantes del Ministerio Público en el caso Melania Monserrath.

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Los representantes del Ministerio Público señalaron que esta decisión apunta a fortalecer las garantías del debido proceso y, al mismo tiempo, cerrar la posibilidad de que posteriormente se cuestionen aspectos formales relacionados con el derecho de defensa del adolescente. También recordaron que fue la propia defensa la que había solicitado la notificación de los representantes legales, motivo por el cual el Tribunal resolvió acceder a ese pedido antes de dar apertura definitiva al debate oral.

Respecto al desarrollo del juicio, explicaron que la primera jornada comenzará con la resolución de eventuales incidentes procesales, en caso de que sean promovidos, seguida de los alegatos iniciales de las partes. Posteriormente, se iniciará la producción de las pruebas testificales, documentales y periciales.

La Fiscalía adelantó que no tiene previsto plantear incidentes durante el juicio, aunque admitió que desconoce cuál será la estrategia procesal que adoptará la defensa una vez iniciado el debate oral.

En cuanto a la acusación, el Ministerio Público recordó que el adolescente enfrenta cargos por los presuntos hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio, y que continúa sometido a una medida cautelar de internación mientras se sustancia el proceso. La Fiscalía prevé la comparecencia de 52 testigos, además de la incorporación de numerosas pruebas documentales, informes periciales y otros elementos de convicción reunidos durante la investigación.

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El crimen que conmocionó al país

El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Melania Monserrath Riveros, de 12 años, fue hallada sin vida en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida. Las pericias del Ministerio Público concluyeron que la niña fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

El crimen conmocionó al país por sus características y por los antecedentes judiciales que vinculan a las familias afectadas por el hecho.

La investigación condujo a la detención de un adolescente de 16 años, quien, según la Fiscalía, fue una de las últimas personas en verla con vida. Tras la recolección de evidencias científicas, testimoniales y documentales, el Ministerio Público presentó acusación por feminicidio y abuso sexual en niños.

El proceso estuvo marcado por reiteradas postergaciones originadas por diversos incidentes procesales promovidos por la defensa. Incluso, el Tribunal de Sentencia había adelantado el inicio del juicio para evitar el vencimiento de la medida cautelar del acusado, decisión que también fue objeto de apelación.

Al respecto, primeramente, a propuesta del consejero Enrique Berni y adhesión unánime de los demás miembros del JEM, se resolvió cancelar la causa con relación a Mirko Valinotti, quien tras no ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia como juez de garantías ya no tiene la cualidad para ser sujeto de proceso por el órgano constitucional.

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Por otra parte, también a propuesta de Berni y con los votos de acompañamiento de los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, así como de los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, totalizando 5 votos, se archivó la investigación preliminar previa contra la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar, y se archivó la causa.

El ministro de la Corte y vicepresidente 2° del Jurado, César Antonio Garay Zuccolillo, había planteado el enjuiciamiento de oficio por mal desempeño de funciones sobre la fiscala Fátima Villasboa en el trámite de la causa penal caratulada “Axel Emilio Rolón Ramírez s/ violencia familiar”. Su moción, que no prosperó, tuvo el apoyo de la presidenta del órgano Alicia Pucheta Vda. De Correa.

La referida causa penal la tramitó la fiscala Villasboa ante el juzgado del entonces juez Valinotti. Sin embargo, tiempo después pidió la desestimación y el juzgado, tras analizar el pedido, hizo a lugar a la misma. Luego un Tribunal de Apelación decretó que se anule la resolución de primera instancia y que prosiga la investigación hasta agotar las instancias que, actualmente, sigue en curso.

Fiscala no se apartó de sus deberes, concluyó el JEM en mayoría

El consejero Enrique Berni al momento de dar a conocer su voto señaló sobre “la actuación de la fiscal Fátima Villasboa, de las constancias obrantes en este jurado, se observa que durante la tramitación de la causa penal “Axel Emilio Rolón s/ violencia familiar”, la señora V. V. A. denunció a su marido el 9 de diciembre del 2023 ante una comisaría, indicando que fue víctima de violencia dentro de su coche, cuando transitaba sobre la vía que une Asunción con Luque.

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Así, el 11 de diciembre del 2023, tras contar con la denuncia la fiscala comunicó al juzgado el inicio de la pesquisa. En ese contexto, Villasboa citó a la denunciante para contar con la ampliación y ratificación de la denuncia para el 12 y el 15 de diciembre del 2023, pero la mujer no compareció en ninguna de las dos fechas.

También, el 18 de diciembre de 2023, la fiscala remitió oficio al Hospital Universitario de la Universidad Católica, solicitando informe sobre el diagnóstico médico de la víctima, quien recibió atención médica en ese lugar, pero del hospital no remitieron ningúna respuesta al Ministerio Público.

Después, el 16 de febrero del 2024, la propia denunciante presentó un escrito a través del cual solicitó una salida procesal que ponga fin al proceso. En el escrito también señaló la mujer que: “si bien es cierto que los hechos ocurrieron, no revistieron gravedad ni consecuencias graves o irreparables, por lo que, como consecuencia del diálogo y hechas las aclaraciones pertinentes al caso, actualmente mi marido y yo estamos en aras de recomponer la familia”.

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En esa misma fecha la fiscala Fátima Villasboa, mediante Requerimiento Fiscal N° 14 del 16 de febrero del 2024, pidió al juzgado la desestimación de la denuncia. Pero, el 6 de octubre del 2025, el Tribunal de Apelaciones, Cuarta sala, por AI N° 340, con votos en mayoría admitió el recurso de apelación promovido por la denunciante, y revocar el AI N° 595 del 2 de agosto del 2024, dictado por el juez Valinotti que desestimó la denuncia, disponiendo la prosecución de la pesquisa.

Ante los antecedentes, Berni expresó que “la determinación acerca de qué actos investigativos corresponde practicar, el momento de su realización y la valoración de la suficiencia de los elementos de convicción reunidos, forman parte de la esfera de discrecionalidad técnica propia del agente fiscal”.

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“En conclusión, la agente fiscal Fátima Villasboa, luego de impulsar la investigación, disponer las diligencias que estimó pertinentes, intentar obtener la declaración de la denunciante en dos oportunidades, requerir informes médicos y valorar la ausencia de colaboración de la denunciante como su posterior manifestación expresa, formuló un requerimiento fiscal debidamente fundado”, a consideración del consejero.

Después Enrique Berni finalizó diciendo que: “las actuaciones analizadas no evidencian un apartamiento grave, manifiesto e injustificado de los deberes funcionales que permita concluir la existencia de mal desempeño”.

Hugo Alonso, presidente de la junta directiva de Capaba, mencionó a ABC que la industria cervecera constituye uno de los “ecosistemas industriales” más importantes y, por ende, un motor económico para el Paraguay, que suma un mercado de unos 5 millones de hectolitros al año y llega a consumidores a través de unos 45.000 puntos de venta en todo el país.

“Su impacto masivo trasciende ampliamente las plantas industriales, ya que se estima que genera 5.000 empleo directo e indirecto en un aproximado 30.000, vinculados a áreas como logística, transporte, comercio, gastronomía, hotelería, envases, etiquetas, publicidad, eventos, servicios técnicos y distribución etc.”, acotó.

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“Genera un efecto multiplicador en la economía”

Además, dijo que moviliza una extensa red de proveedores nacionales, lo que representa un factor relevante para miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor.

En esa línea, el gremialista señaló que las inversiones permanentes en tecnología, eficiencia productiva, prácticas sostenibles e innovación fortalecen la competitividad del sector y generan un efecto multiplicador sobre la economía nacional.

Asimismo, resaltó que, a pesar del “sostenido” contrabando de productos provenientes de países limítrofes, que aseguró generan una competencia desleal para las empresas locales, la industria cervecera es uno de los principales contribuyentes, impulsa la formalización económica y promueve la incorporación de tecnología en los procesos productivos.

La producción de cerveza nacional

En ese sentido, mencionó que el rubro está integrado por una “sólida producción nacional”, desarrollada por empresas bastante trayectoria e importantes inversiones industriales, complementada por una oferta de marcas internacionales muy reconocidas.

Así también, destacó un segmento artesanal que aporta innovación y diversidad, ampliando las opciones para distintos perfiles de consumidores. A ello se suma, dijo, el crecimiento gradual de nichos específicos, como las cervezas con bajo o nulo contenido alcohólico.

“El consumidor paraguayo es cada vez más exigente y valora aspectos como la calidad, la innovación y la experiencia asociada al producto”, indicó.

Participación de cervezas nacionales frente a las importadas

En lo que refiere a la participación de las cervezas nacionales frente a las importadas, Alonso comentó que la producción hecha en Paraguay mantiene una posición predominante en el mercado local, cercano al 80%, debido a su amplia capacidad industrial, el desarrollo de marcas, su extensa red de distribución y la fuerte identificación con los gustos de los consumidores.

Al mismo tiempo, acotó que las cervezas importadas cumplen un papel relevante al complementar la oferta con estilos y propuestas diferenciadas, contribuyendo a una mayor diversidad en un entorno competitivo que beneficia al consumidor y fortalece a toda la industria.

“El mercado refleja una evolución, donde conviven marcas nacionales e internacionales de gran reconocimiento, generando así una competencia que impulsa mayores estándares de calidad, innovación e inversión en beneficio del consumidor paraguayo”, precisó.

Dinámica de los tipos de cervezas

En lo que hace a los segmentos que muestran mayor dinamismo, ya sean cervezas industriales, premium, artesanales o sin alcohol, detalló que actualmente todos presentan oportunidades de crecimiento, aunque con dinámicas diferentes.

En esa línea, las cervezas de fabricación local continúan representando el mayor volumen del mercado gracias a su amplia aceptación y disponibilidad. Por otra parte, las categorías premium muestran un crecimiento sostenido, impulsado por consumidores que buscan nuevas experiencias y mayor diferenciación.

“Las variedades de cervezas con baja graduación o sin alcohol adquieren creciente relevancia, siguiendo una tendencia mundial vinculada a hábitos de consumo más conscientes y estilos de vida saludables”, amplió.

Por su parte, subrayó que las cervezas artesanales constituyen un segmento de valor agregado, fortaleciendo el emprendimiento local y enriqueciendo la cultura cervecera nacional. A su vez, esta diversidad demuestra la madurez que viene alcanzando el mercado paraguayo.

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Día Internacional de la Cerveza

Finalmente, expresó que el Día Internacional de la Cerveza representa una oportunidad para reconocer el aporte de toda una cadena productiva integrada por trabajadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y empresas que diariamente contribuyen al desarrollo económico del país.

“Cada cerveza producida en Paraguay representa trabajo, innovación y compromiso con la calidad, sector seguirá invirtiendo en calidad, empleo y desarrollo. Nuestro compromiso es acompañar el crecimiento económico del país ofreciendo productos elaborados bajo altos estándares”, concluyó.

El asunto explotó el fin de semana, con la denuncia del biólogo y youtuber lituano Romualdas Šapoka, más conocido como “Don Šapoka”. Este dedicó un vídeo de más de una hora al tema. Según su relato, Seastrand lo contactó para filmar un documental que ya tenía un acuerdo con Netflix, para realizar un material audiovisual con los ayoreos no contactados.

“Él compraba el permiso con los caciques para caminar por las reservas. En una segunda visita, logramos emborrachar a algunos miembros de la comunidad para lograr estos permisos”, apuntó el influencer europeo en el vídeo colgado a su cuenta de Youtube. Agregó que supuestamente, Seastrand utilizaría a los indígenas para “hacerse rico y famoso”.

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Pero las denuncias contra el “yankiguayo” se vienen realizando desde hace dos años, según afirmó Tagüide Picanerai, abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. “En el 2024 le escribí vía Whatsapp porque usaba imágenes no autorizadas por la comunidad, fotos de parientes que ya fallecieron y él usaba como si nada”, afirmó.

Violación de protocolos: El Indi confirma que Seastrand no tiene permisos

El Indi tomó intervención ante las denuncias de los ayoreos sobre Nathan Seastrand y su intento de acceder al grupo silvícola en aislamiento voluntario. Este miércoles, el mismo presidente de la institución, Hugo Samaniego, se reunió con Tagüide Picanerai y abogados de la dirección jurídica de la entidad estatal.

Juan Mallada, uno de los abogados del Indi, explicó que el decreto presidencial 1039/18 establece un protocolo de consulta previa para las personas interesadas en tener algún proyecto con una comunidad indígena. “El ciudadano (por Seastrand) nunca solicitó eso a la institución”, aseguró.

Picanerai agregó que se saltó todos los protocolos. Además, no se cumplió con el Protocolo de Actuación, Prevención y Contingencia (PNCAT), que establece medidas para proteger los derechos territoriales, ambientales y culturales del pueblo Ayoreo Totobiegosode en aislamiento voluntario y contacto inicial, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

Pese a esta situación, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a cargo de la ministra Adriana Ortiz Semidei, habría aprobado un proyecto de documental con recursos públicos para el “yankiguayo” en el 2024. El material tendría como nombre “Los últimos ayoreos”, justamente trataría sobre la vida de los indígenas en aislamiento voluntario.

Medida cautelar de urgencia: Buscan prohibir el ingreso del “yankiguayo” al Chaco

Esta mañana, una comitiva del Indi partió desde Asunción con rumbo al Chaco paraguayo, para reunirse con las comunidades de ayoreos y buscar tomar una medida en conjunto.

“La idea es presentar una medida cautelar de urgencia, para que no se acerque más (el yankiguayo) a las comunidades, sacar todas las imágenes no autorizadas”, explicó Picanerai.

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Según el abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, Seastrand habría incluso colocado cámaras trampa en ciertas zonas, como para poder captar imágenes de las comunidades en aislamiento.

Los imputados son los expresidentes del IPS Vicente Mario Bataglia Araujo y Hugo Enrique Aranda, además de José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva, Jorge Magno Brítez Acosta y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

Todos fueron procesados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192 del Código Penal, en calidad de autores o partícipes, según el acta de imputación presentada por el Ministerio Público.

El gremio reclamó que la investigación se amplíe y que los responsables sean condenados y obligados a devolver el dinero supuestamente malversado.

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Señalaron que la causa impulsada por la Fiscalía se basa en un supuesto perjuicio de G. 61.000 millones. Sin embargo, recordaron que la organización presentó anteriormente denuncias que apuntan a un daño patrimonial superior a US$ 428 millones, por lo que solicitaron que las pesquisas continúen hasta esclarecer la totalidad de los hechos.

“Creemos que esta imputación es apenas el inicio. Queremos que se siga investigando para que los jubilados y aportantes podamos estar tranquilos de que el IPS comienza realmente un cambio importante en su estructura”, expresó Gustavo Canatta.

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Los jubilados sostuvieron que existen varias licitaciones y compras realizadas por la previsional durante los últimos años que aún deben ser investigadas.

Asimismo, recordaron que en su momento presentaron abundante documentación ante la Contraloría General de la República (CGR) para respaldar sus denuncias.

En ese sentido, lamentaron que anteriormente se hayan solicitado documentos que, según afirmaron, no guardaban relación con la investigación, situación que habría retrasado el avance de las pesquisas.

Los dirigentes también instaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y a sancionar a todos los involucrados, sin importar el cargo que hayan ocupado dentro de la institución.

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“Esperamos que esta investigación continúe, que caigan muchas más personas si así corresponde y que quienes malversaron los recursos del IPS devuelvan hasta el último guaraní”, manifestó Elvio Brun.

Finalmente, los representantes de la Unión de Jubilados calificaron la jornada como “muy importante” para la ciudadanía, al destacar que por primera vez fueron imputados dos expresidentes del IPS.

Indicaron que seguirán acompañando el proceso judicial hasta que exista una sentencia y se garantice la recuperación de los recursos pertenecientes a los asegurados y jubilados.

Dos hombres, cuyas identidades todavía no trascendieron, fueron hallados maniatados en el lugar. Un tercer herido sobrevivió y llegó a pedir auxilio.

Salió de reclusión para ser nuevamente detenido tras atracar y robar G. 10.000

Fue identificado como Francisco Javier Cano González, oriundo de Alto Paraná.

Junto a las otras dos personas ultimadas, vino a Encarnación a realizar una transacción de compra de oro. Fueron llevados por los supuestos vendedores hasta el sitio donde fueron reducidos y atacados.

Los maleantes tomaron el dinero y se dieron a la fuga. La Policía continúa realizando rastrillajes por la zona.

Asimismo, señaló que todas las condiciones relacionadas con los medios de pago deben ser informadas de manera clara, previa y precisa al consumidor, y no recién al momento de realizar el pago.

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¿Qué hacer si un comercio cobra un recargo o exige un monto mínimo?

Mediante publicaciones en sus redes, la institución recomendó que, si un consumidor encuentra este tipo de irregularidades, tome fotografías o elementos que comprueben el pago, conserve la factura, el comprobante y cualquier otro respaldo de la compra y, posteriormente, presente el reclamo ante los canales habilitados por Sedeco.

“Conocer tus derechos también forma parte de una compra informada”, destacó la entidad en su publicación.

¿Existe alguna excepción a esta regla?

Sedeco aclaró que esta regla tiene una excepción establecida en la Resolución SDCU N.º 162/2026 la cual dispone que dicha disposición no alcanza a los cobros realizados por el Estado en ejercicio de potestades públicas, como tasas, impuestos, cánones u otros ingresos públicos sin fines de lucro.

Denuncias por cobros extra con tarjeta de crédito y débito

La ministra de la Sedeco, Sara Irún, manifestó a ABC que actualmente la institución no registra un aumento significativo de denuncias formales por este concepto.

No obstante, aclaró que estas prácticas son identificadas tanto mediante los reclamos ingresados por los consumidores como durante las fiscalizaciones preventivas y aleatorias que realizan técnicos de la institución.

“En algunos establecimientos encontramos carteles que establecen montos mínimos o recargos por pagar con tarjetas. En esos casos, solicitamos su retiro inmediato y dejamos constancia de la infracción en el acta de fiscalización”, señaló.

Asimismo, indicó que la institución realiza un seguimiento permanente de los comentarios y publicaciones en redes sociales en los que los consumidores etiquetan a la Sedeco o exponen este tipo de prácticas, información que también sirve como insumo para orientar las acciones de verificación y fiscalización.

Al menos 28 casos en el primer semestre

Consultada sobre la cantidad de denuncias recibidas este año por cobros indebidos con tarjetas, Irún indicó que estos casos representan una proporción reducida dentro del total de reclamos recibidos por la institución.

“En una revisión preliminar correspondiente al primer semestre de 2026, identificamos al menos 28 casos relacionados con el cobro de porcentajes adicionales o la exigencia de montos mínimos para realizar pagos con tarjetas de crédito o débito”, manifestó.

Asimismo, instó a los consumidores a formalizar sus reclamos ante la Sedeco, teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones quedan únicamente como quejas o comentarios en redes sociales, lo que dificulta la intervención institucional y el seguimiento de cada caso.

¿Qué sanción puede recibir un comercio?

Irún explicó que la imposición de montos mínimos o el establecimiento de porcentajes adicionales por el uso de tarjetas constituyen infracciones a la Ley N.º 5476/2015 “Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en el uso de tarjetas de crédito y débito”.

“Cuando se comprueba una infracción, el proveedor puede recibir una multa, de acuerdo con la gravedad del caso y la reincidencia. También pueden disponerse medidas correctivas, como el cese de la práctica y la devolución de los importes cobrados indebidamente al consumidor”, afirmó.

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¿Dónde y cómo denunciar?

La ministra Sara Irún señaló que los materiales publicados por la Sedeco forman parte de las acciones permanentes de información, comunicación y prevención impulsadas por la institución.

“Buscamos que los consumidores conozcan sus derechos, identifiquen prácticas que no corresponden y sepan dónde acudir. Ante cualquier consulta o reclamo, pueden ingresar a la página web de la Sedeco o comunicarse al WhatsApp 0961 940 710, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas”, manifestó.

Además de los expresidentes, también fueron imputadas otras siete personas involucradas. El caso refiere al fracaso de obras de construcción de salas de quirófano en el Hospital Central de la previsional en la que se otorgaron irregularmente adendas al contrato con la empresa de construcción adjudicada, Neighpart SA, otorgando plazos y actas de recepción para que esa firma cobre por la ejecución de obras que, en realidad, no podían realizarse.

El senador colorado Colym Soroka criticó que hace más de 30 años muchos están “escondiditos” y aseguró que los empresarios involucrados también tienen que estar imputados.

“Acá pues solamente se mira un lado. Acá hay que mirar todo. No importa el amigo quien sea ni la empresa quien sea. Acá pues de repente se quiere enjaular al chancho y no al que le da de comer. Ustedes saben que todo el mundo pues se pelean por los fondos, pero yo me entero por el costadito ahí, con un amigo de mi departamento que me decía que los fondos de IPS se manejaba anteriormente con un grupo de WhatsApp”, sostuvo.

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Se deben “saber” los mitos del IPS

Sostuvo que este es el momento en el que todos los involucrados pueden hablar y deben hablar de cómo funciona la estructura instalada en IPS, así como también que se debe hablar de todos los “mitos” que existían sobre el manejo y robo de fondos de la previsional.

“Entonces la tortita distribuían los perros como querían. Hay que preguntar si eso es cierto, ahora que está mostrando. Vamos a saber un poco todos los mitos que se hablaba, porque la gente hablaba de mito, pero definitivamente no es tan así. Si este mito es cierto, tenemos que saber si es cierto”, indicó.

Por otra parte, habló de la ley de Hambre Cero, el cual establece un mínimo de 10% de adquisición de productos de la producción nacional a las empresas proveedores, pero según el último recuento, apenas llego al 8,7%.

Lamentó que apenas se llegue al porcentaje establecido e insistió en su propuesta de que por ley se establezca el 40% con sanciones para las empresas que no cumplan e incentivos para las que sí.

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Aumento de la producción nacional en ley de Hambre Cero

Esto, sumado a la intención del Poder Ejecutivo de adelantar los procesos licitatorios del Programa Hambre Cero de los años 2027-2030, hace que sea urgente aplicar los cambios que fortalezcan la producción nacional, según estimó.

“No nos da más el tiempo. O sea, ya no tenemos marco de poder seguir debatiendo tanto fuera del contexto de acá del Congreso. Entonces ya lo elevamos a ley, lo que es una propuesta del 40%, de pasar del 10%, que era una recomendación de decreto del Ejecutivo, a lo que es el programa Hambre Cero del 10% agricultura familiar. Ustedes sabrán que según los estudios y según lo que nos han pasado el dato, el Ministerio de Agricultura reflejan que han llegado al 8,7% nomás del contrato anterior”, lamentó.

Sostuvo que los productores tienen hoy tecnología, capacidad y una gran esperanza de seguir invirtiendo para aumentar su productividad mediante mercado seguro que aumente las ventas.

“Les es más fácil nomás comprar a los perros algunos de contrabando y solucionó su problema, que ir a un departamento, hablar con los productores, hacer las organizaciones a nivel nacional. El problema grave que teníamos antes en el campo era que no había una propuesta de comercialización, no teníamos mercado. El mejor mercado que se le planteó a la agricultura familiar se llama otra vez Hambre Cero. La yerba mate, yo le puedo pasar los videos, en mi departamento se está destruyendo porque no tiene precio, no tiene venta, no hay un producto ahora rentable dentro de la agricultura familiar y la propuesta nuestra es pasar del 10% al 40% por ley”, refirió.

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Incluso, dijo que los productores pueden cubrir hasta el 100% de la demanda nacional, pero los encargados de fomentar los espacios de comercialización “no quieren nomás”.

Otra modificación que buscaría introducir es pasar la participación obligatoria de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del 5% al 10%.

Según el informe, el sistema avanzará desde el sur hacia el noreste, generando un aumento significativo de la intensidad del viento y condiciones propicias para tormentas.

De acuerdo con Meteorología, las mayores probabilidades de tormentas fuertes se concentrarán sobre el sur y sureste de la Región Oriental, especialmente en los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Caazapá, Paraguarí y Alto Paraná.

También se verán afectados sectores de Asunción, Central, Presidente Hayes, Guairá, Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay, aunque con fenómenos de menor intensidad o de carácter puntual a medida que el sistema avance.

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Lluvias, granizo y vientos intensos

La DMH prevé que las tormentas más severas puedan dejar lluvias acumuladas de entre 40 y 60 milímetros en las zonas de mayor impacto. Además, se espera alta probabilidad de caída de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas cercanas a los 90 km/h, con registros puntualmente superiores.

En áreas donde el sistema se presente con menor intensidad, los acumulados oscilarían entre 20 y 30 milímetros, con posibilidad ocasional de granizo.

Viento aumentará con el ingreso del frente frío

Antes del desarrollo de las tormentas, el ingreso del frente frío provocará un incremento importante del viento.

Meteorología advierte que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, especialmente durante el ingreso del sistema al sur del país al final de la tarde.

La DMH señaló que si bien la probabilidad de tormentas fuertes es baja, no se descarta la ocurrencia de eventos aislados que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte.

“¿Se puede piko tratar un punto en la próxima sesión? Que me hagan arreglar mi silla. Ijykéngo chehegui (se me inclina). Tipo, no me van a hacer arreglar nunca entonces“, declaró.

Rápidamente una funcionaria contestó que “ya mandamos arreglar, presidente”, pero ante una cuestión de un presupuesto limitado, se dificultaría también el arreglo o un reemplazo. “Vamos a buscar la forma de conseguirle una silla que sea más cómoda”, citó.

Ante la situación, Fretes incluso bromeó que probablemente debería comprar él una silla propia y reiteró que existe un riesgo de caerse de la que usa actualmente. Tras la solicitud del titular de la previsional, la sesión continuó con su desarrollo normal.

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Por el hecho se imputó a exdirectivos y exfuncionarios de la previsional, entre ellos los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, por los delitos de lesión de confianza, avanzando con detenciones y medidas cautelares contra los presuntos responsables del daño patrimonial.

Julio López, de la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social, señaló que toman como una buena noticia la decisión de parte de la Fiscalía de empezar la investigación y la imputación sobre hechos de corrupción.

“No quisiéramos que esto realmente forme parte de un show para calmar las aguas, para tranquilizar el descontento que hay por el problema sanitario que no se soluciona”, sostuvo.

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Resaltó que el problema sanitario sigue vigente y la gente sigue padeciendo en los pasillos de los hospitales la falta de medicamentos, la falta de médicos, la falta de insumos.

“Creemos que esto va a tener andamiento solo si existe presión política de la ciudadanía, de las organizaciones gremiales, de asegurados y jubilados, porque de lo contrario va a terminar en la nada”, expresó.

En otro momento remarcó que lo que les interesa sobremanera es que la nueva administración, encabezada por el doctor Isaías Fretes, solucione el problema de la crisis sanitaria.

En relación con Franco Acosta, la Fiscalía solicitó 4 años de prisión por frustración de la persecución penal y complicidad en la tentativa de aborto, al haber presuntamente proveído medicamentos abortivos al adolescente involucrado en el caso. La querella pidió 5 años, un año más que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en solicitar 3 años de cárcel para el suegro del supuesto asesino, acusado de frustración de la persecución penal.

Igualmente, ambas partes coincidieron en requerir 4 años y 6 meses de prisión para los padres del principal sospechoso del crimen, procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

El abogado Dionisio Piñanez explicó que la diferencia en las penas solicitadas para Chiara Mickhaela Rolón y Franco Acosta responde a que la querella considera que el marco penal permite una expectativa de pena mayor y que existen circunstancias agravantes que justifican una sanción más severa.

“El marco penal también establece eso y también consideramos algunas circunstancias que agravan esa situación”, manifestó el representante de la querella.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que, aunque no existen registros fílmicos completos de todos los hechos, la investigación logró recuperar DVR que habrían sido manipulados, eliminados o borrados por los propios acusados.

Agregó que el Ministerio Público cuenta además con pruebas indiciarias y periféricas que, según sostuvo, coinciden plenamente con la teoría del caso y con la conducta atribuida a cada uno de los procesados.

El fiscal informó que el próximo martes, desde las 08:00, será el turno de las cinco defensas para presentar sus alegatos finales. Una vez concluidas esas exposiciones, la Fiscalía tendrá derecho a réplica y posteriormente las defensas podrán ejercer su derecho a dúplica.

Tras la finalización de esa última fase del juicio oral, el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión registrados en el departamento de Caaguazú.

La intención central del proyecto es asegurar que los fondos de los asegurados de IPS depositados en una misma entidad financiera tengan un límite, que esté marcado por la liquidez en base al patrimonio de la institución donde se depositen dichos fondos.

Sí, se establecen topes diferenciados a favor del Banco Nacional de Fomento (BNF) a fin de privilegiar a la banca estatal.

“Los fondos públicos no le pertenecen a los gobernantes de turno ni a las entidades financieras. Los fondos públicos son el fruto del sudor de cada paraguayo que paga su IVA al hacer las compras, de cada empresa que paga su impuesto a la renta, y de cada trabajador que aporta para su futura jubilación. No podemos permitir que se hipoteque el futuro de ningún ciudadano”, comentó Espínola.

Si bien el proyecto no apunta a ningún caso en particular, el caso de Ueno Bank había despertado las alertas del diputado Espínola, ya que a finales del año pasado había detectado que los depósitos en el banco del grupo Vázquez (ex socios comerciales de Peña) excedían su patrimonio efectivo.

Desde que asumió este gobierno, gracias a un cambio de reglas en el IPS, Ueno Bank es uno de los bancos que alcanzó el tope legal de fondos que puede captar de IPS -e incluso los llegó a exceder con depósitos en cuentas corrientes- y además de eso, empezó a acaparar fondos públicos de otras instituciones estatales.

IPS, precisamente, había cambiado sus criterios para el depósito de dinero, relegando solvencia y seguridad en favor de la rentabilidad, ante lo cual Espínola plantea que este proyecto de ley pretende garantizar tanto la rentabilidad como la seguridad, solvencia, transparencia y calidad de servicio por parte de las instituciones financieras que capten fondos públicos.

En una detallada exposición de motivos con argumentos técnicos e históricos, el legislador destacó que la iniciativa “busca establecer reglas prudenciales, objetivas, transparentes y de aplicación general que eviten que una entidad financiera llegue a depender excesivamente de los depósitos públicos”, así como evitar “que el Estado concentre una porción significativa de sus disponibilidades en un único intermediario financiero”.

¿Cuales son los topes propuestos?

El legislador remarcó que las leyes vigentes prevén topes para la cantidad que una entidad financiera puede prestar, pero por el contrario “no existe una norma equivalente de rango legal que limite explícitamente cuánto puede captar un banco de un solo sector o depositante (Límites de Concentración de Fondeo - Pasivo), específicamente cuando ese depositante es el Estado”.

El mismo alertó que esto permite que en la actualidad, “la distribución de los fondos del IPS o del Tesoro en el sistema financiero privado depende en gran medida de licitaciones o decisiones administrativas, pero no de un tope prudencial automático fijado por ley” y “esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad política y a la reaparición de concentraciones peligrosas”.

Los limites planteados en la ley son los siguientes:

Límite Específico para Fondos del IPS: Las colocaciones totales del Instituto de Previsión Social en una entidad del sistema financiero se regirán por los siguientes límites máximos, calculados sobre el Patrimonio Efectivo de la entidad receptora:

• Entidades Bancarias y Financieras Privadas: El total de los fondos podrá superar el 100% (cien por ciento) del Patrimonio Efectivo de la entidad.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): El total de los fondos del IPS no podrá superar el 150% (ciento cincuenta por ciento) del Patrimonio Efectivo de la entidad.

En cuanto al Límite General de Captación del Sector Público se pretende establecer que la suma total de los Fondos del Sector Público (incluyendo al IPS y demás organismos del Estado) que una entidad financiera mantenga, estará sujeta a los siguientes límites globales:

• Entidades Bancarias y Financieras Privadas: No podrán captar ni mantener recursos del Sector Público que en su conjunto superen el 120% (ciento veinte por ciento) de su Patrimonio Efectivo.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): No podrá mantener recursos del Sector Público que en su conjunto superen el 200% (doscientos por ciento) de su Patrimonio Efectivo.

En el caso de los fondos de la previsional se pretende que “por cada guaraní recibido del IPS exista, como referencia máxima, un guaraní de patrimonio efectivo que respalde la solidez de la institución receptora”, señaló.

Por su parte, el tope mayor para fondos públicos en general, señala que “el límite del ciento veinte por ciento (120%) no solo constituye una herramienta de protección del patrimonio público, sino también un mecanismo destinado a fortalecer la competencia dentro del sistema financiero”.

Esto ya que con ello esperan que “las entidades deberán competir mediante mejores tasas de interés, mayores estándares de seguridad, una gestión financiera sólida y mejores condiciones de servicio, evitando que la captación de recursos públicos responda a decisiones discrecionales o a relaciones privilegiadas.

Finalmente, también se establecen medidas o castigos, como que el proyectista define como “doble tenaza” ya que se establecen sanciones tales como multas de hasta 1.000 salarios mínimos, remoción de directores e inhabilitación para ejercer cargos financieros, a la par de obligar a las entidades financieras que excedan los límites, sean incluidos como pérdidas en el balance.

“Si un banco capta Gs. 10.000 millones de fondos públicos por encima del límite, deberá registrar una pérdida (gasto por previsión) de Gs. 10.000 millones en su estado de resultados y congelar ese capital”, comentó.

¿Cual es el riesgo y qué historia no se debe repetir?

El legislador refirió que la iniciativa es ante un escenario de crisis que ocurrió en un pasado no muy lejano, entre las décadas de los 90 y 2000, donde millones en fondos públicos -incluidos los del IPS- se perdieron con el cierre por quiebra de bancos.

“Cuando la burbuja estalló en 1995, con la caída de los bancos General y Bancopar, seguida por intervenciones en cadena (Bancosur, Banco Mercantil, Financiera Urundey, entre otros), el impacto en el patrimonio público fue devastador. El Estado paraguayo se vio obligado a intervenir masivamente a través del Banco Central del Paraguay (BCP), inyectando liquidez para evitar el colapso total del sistema de pagos. Este salvataje, conocido como ‘Auxilio Financiero’, tuvo un costo fiscal y monetario inmenso”, recordó.

Solamente ese año, esa crisis generó efectos negativos en la economía, ya que el “BCP debió monetizar las pérdidas, lo que generó presiones inflacionarias y devaluación de la moneda” y una pérdida estimada de US$ 270 millones de fondos del IPS.

Eso equivale actualmente a unos G. 1,6 billones, lo que equivale a 27 veces el monto de G. 61.000 millones de daño patrimonial que ahora se investiga en las gestiones de Vicente Battaglia y Jorge Brítez al frente del IPS.

Remarcó que tras el ’95, se registraron otras réplicas, “llevando a nuevas oleadas de quiebras en 1997 (Banco Unión, Banco Nacional de Trabajadores) y la crisis final de 2002 (Banco Alemán, Banco Plus).

La edil manifestó que la preocupación surge a partir de inquietudes planteadas por padres de familia y directivos de la Escuela Básica N.º 70 “Profesor Luciano Bordón”, una de las instituciones con mayor matrícula del distrito, con alrededor de 700 alumnos que desarrollan jornadas extendidas.

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Ruggeri recordó que el artículo 6 (inciso c) de la Ley N.º 5538/2015 prohíbe expresamente la comercialización de cigarrillos o productos derivados del tabaco, en cualquiera de sus formas, en las inmediaciones de instituciones educativas. Asimismo, señaló que el artículo 7 de la misma normativa prohíbe la venta de estos productos a menores de edad.

“El municipio es la encargada de hacer cumplir esta ley. Es sumamente importante saber si se otorgó o no alguna patente o habilitación comercial a este tipo de negocios en la zona, ya que la normativa sigue vigente”, enfatizó.

Alertan sobre riesgos para estudiantes

La concejal advirtió además sobre los riesgos que representa la presencia de este tipo de actividades en áreas escolares, al considerar que la comercialización de drogas legales podría facilitar el acceso a otras sustancias ilícitas.

Indicó que existe preocupación entre los padres debido a versiones sobre la presencia de distribuidores o de un local dedicado a la venta de cigarrillos electrónicos en las cercanías de la institución educativa. En ese sentido, insistió en la necesidad de hacer cumplir las disposiciones legales que prohíben la venta de estos productos en las inmediaciones de los centros educativos.

También sostuvo que, entre el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, considerados drogas legales, y las drogas ilícitas existe una línea muy delgada, por lo que advirtió que estos espacios pueden convertirse en lugares propicios para la comercialización de distintos tipos de sustancias.

Agregó que la proliferación de drogas ilegales constituye una realidad en el país y afirmó que las autoridades no pueden ser complacientes con la instalación de puntos de venta de cigarrillos cerca de instituciones educativas, ni permitir que estos lugares puedan convertirse en centros de expendio de otras sustancias.

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Solicitan mayor control en zonas escolares

A esta situación se suma la escasa infraestructura de iluminación pública en los alrededores de varias escuelas de Santa Rosa, lo que, según la edil, incrementa la vulnerabilidad de niños y jóvenes durante los horarios de ingreso y salida de clases.

Desde la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones, señalaron que darán seguimiento al pedido de informe para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y reforzar las medidas de protección de la niñez y la salud pública.

El gestor cultural Almide Alcaraz, uno de los impulsores de este homenaje, señaló que esta representación nació con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones la historia y el sacrificio de quienes defendieron la patria hasta las últimas consecuencias.

Resaltó que en esta edición participarán 80 actrices y actores provenientes de distintas ciudades del país, entre ellas Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala, quienes recrearán uno de los capítulos más conmovedores de la historia paraguaya.

Alcaraz destacó que representar la obra en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos convierte a Mitã Rape en una experiencia profundamente emotiva, al permitir que el público recuerde el heroísmo de mujeres, niños y ancianos que enfrentaron a un ejército aliado ampliamente superior.

Recordó que la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: la primera en la zona de Díaz Cué, cerca del arroyo Ytu; la segunda en el arroyo Yuquyry, conocido como Ypa’u; y la última sobre el arroyo Piribebuy.

Cada una de estas líneas fue cediendo ante el avance de un ejército aliado de más de 20.000 hombres, mientras las fuerzas paraguayas no superaban los 3.500 combatientes, integradas en gran parte por mujeres, niños y ancianos.

Los niños mártires fueron finalmente rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde cayeron bajo el intenso fuego de la artillería y la caballería, principalmente de las fuerzas imperiales del Brasil.

La batalla concluyó en el sitio donde actualmente se levanta el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar recordado por la quema de los pastizales, donde numerosos niños heridos perdieron la vida entre las llamas.

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Difundir la historia

“Como herederos de esta gesta heroica nos compromete seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y con todo el país”, expresó Alcaraz, quien afirmó que cada edición de Mitã Rape representa un homenaje cargado de respeto y gratitud hacia quienes entregaron su vida por la nación.

Como cada agosto, la ciudad de Eusebio Ayala se prepara para rendir un sentido homenaje a los mártires de la Batalla de Acosta Ñu, renovando el compromiso de mantener viva la memoria de una de las páginas más dolorosas y heroicas de la historia del Paraguay.

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La Comuna capitalina tiene una superpoblación de personal que desangra una buena parte del dinero de los contribuyentes en detrimento de las obras de infraestructura que la ciudad necesita.

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La contratación de “funcionarios” generalmente se hace en pleno año electoral y para ubicar a “hurreros y punteros” con salario municipal.

El proyecto que fue presentado en mayo pasado y, a la fecha tiene 33 firmas, pero necesita llegar a las 10.000 para que sea tratado en el pleno de la Junta Municipal de Asunción.

¿De que trata el proyecto?

El objetivo del proyecto es poner fin al planillerismo y al uso electoral de la Municipalidad de Asunción, mediante la regulación estricta de las contrataciones de personal, la transparencia total de la nómina de funcionarios y la prohibición de incorporaciones con fines ajenos al servicio público.

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Además, se prohibiría toda nueva contratación de personal bajo cualquier modalidad en años de elecciones internas y municipales en Asunción.

Se pretende prohibir la creación de nuevos cargos o categorías en la estructura del personal municipal, ampliar o prorrogar contratos existentes más allá de su vigencia original, y otorgar aumentos salariales extraordinarios o bonificaciones no previstas en el presupuesto aprobado.

Por último, se busca también que se cree un Registro Municipal de Dotación de Personal, de acceso público y gratuito, que deberá publicarse y actualizarse mensualmente en el portal oficial de la Municipalidad de Asunción.

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Si sos asunceno y estás interesado en apoyar la iniciativa popular, debes ingresar a la página de la Justicia Electoral y buscar el proyecto para firmarlo.

En Asunción, dos candidatos a intendentes se pronunciaron abiertamente sobre el planillerismo. Camilo Pérez, el candidato del Partido Colorado indicó que “no le molesta y que no se tocaría a ninguno”. Sin embargo, la candidata de la oposición, Soledad Núñez, prometió “barrer con el personal ocioso”.

“Continuamos la discusión sobre las posibles reformas de las leyes que tienen que ver con la educación superior en nuestro país. Es una discusión superinteresante, más todavía el momento en que estamos atravesando, donde hay sospechas de títulos falsos y venta de títulos”, enfatizó el legislador al término de la reunión.

El proceso legislativo continuará en las próximas sesiones con la presentación formal de las propuestas de fusión. Asimismo, la comisión evaluará de forma específica las ventajas operativas y jurídicas de centralizar el control o potenciar el modelo bicameral de supervisión institucional.

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El senador adelantó que el debate sobre la gobernanza y la institucionalidad universitaria es solo la primera etapa de una agenda más amplia que incluirá, en su fase subsiguiente, la revisión integral del ejercicio de la docencia superior y las normativas vinculadas al escalafón y la carrera académica en Paraguay.

Especialistas y actores del ámbito educativo en Paraguay han debatido la posibilidad o necesidad de fusionar o articular de manera estricta la Aneaes y el Cones para que funcionen como un solo ente integrado, a raíz de tensiones por la supuesta superposición de funciones, controles fragmentados y crisis sobre títulos universitarios.

Una comisión paralela a la presidida por el cartismo

La comisión especial que se encarga de investigar la existencia de títulos falsos en el país es presidida por el cartista Patrick Kemper (ANR, HC).

Actualmente, el órgano sigue en su etapa de pedidos de informes y recepción de respuestas sobre la expedición de títulos presumiblemente falsos. Hasta la semana pasada aguardaba la respuesta del Ministerio de Educación.

Sobre la falta de respuestas de la cartera educativa, las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y Esperanza Martínez habían reclamado a la comisión dar mayor celeridad a la discusión y citar a las autoridades universitarias de la Sudamericana y Leonardo Da Vinci, quienes deberían comparecer la próxima semana.

La cartera de Trabajo afirmó que aquellos trabajadores que no hayan recibido el incremento correspondiente pueden presentar una denuncia ante el Mtess para que la institución verifique el cumplimiento de la normativa laboral.

La nueva modalidad permitirá realizar controles con mayor rapidez mediante verificaciones documentales y trámites digitales, refirió el Mtess.

Esta es la diferencia salarial entre los empleados del sector público y privado

Nuevo procedimiento para controlar el pago del salario mínimo

A través de la Resolución N° 780/2026, el Mtess reglamentó un procedimiento especial para atender estos reclamos. El mecanismo establece una fiscalización documental, sumaria y preferentemente digital.

El Mtess explicó que, una vez recibida la denuncia, esta será remitida a la Dirección General de Inspección y Fiscalización en un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, en hasta tres días hábiles, se iniciarán las actuaciones mediante una orden de fiscalización digital y el requerimiento de documentos al empleador.

La autoridad laboral podrá comprobar si la empresa realizó correctamente el pago del reajuste mediante la documentación presentada, sin necesidad de una inspección presencial, salvo casos excepcionales.

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¿Qué pasa si el empleador no pagó el aumento?

Si la cartera de Trabajo confirma que existe incumplimiento, podrá intimar al empleador a abonar la diferencia salarial correspondiente dentro del plazo establecido por la autoridad laboral.

El Mtess refirió finalmente que el objetivo del nuevo procedimiento es reducir los tiempos de respuesta y garantizar que los trabajadores puedan acceder de manera más rápida al cumplimiento del salario mínimo legal vigente.

Las mismas son para que los estudiantes cursen carreras tanto de grado, como de posgrado, maestrías o doctorados en Taiwán, a fin de fomentar sus estudios y en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Las mismas se dividen en cuatro categorías, según los tipos de carreras y las aspiraciones que tienen los estudiantes.

Además, los estudiantes podrán participar de programas de idioma chino mandarín.

Embajada de Taiwán entrega 76 becas de estudio

Becas de la Embajada de Taiwán en Paraguay

Una de las categorías de las becas son las MOFA (Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán). La misma está dirigida a estudiantes destacados que desean cursar una carrera universitaria, maestría o doctorado en Taiwán. Su objetivo es formar profesionales y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Taiwán y Paraguay. Esta es la que abarca la mayor cantidad de estudiantes, con 51 adjudicados.

Otra categoría es la de TaiwanICDF (Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán) que ofrece becas completas para estudios de grado y posgrado en programas estratégicos, especialmente en áreas como ingeniería, agricultura, salud, tecnología, administración y desarrollo sostenible. Busca formar talento que contribuya al desarrollo de Paraguay. Trece estudiantes consiguieron ser beneficiados con la misma.

También están las becas Huayu (Huayu Enrichment Scholarship), destinada a quienes desean aprender chino mandarín en Taiwán durante un período de entre 3 y 12 meses. Destacan que es una excelente oportunidad para adquirir el idioma y vivir una experiencia de inmersión en la cultura taiwanesa. En total, diez estudiantes fueron adjudicados con esta beca.

También se otorgaron dos becas de maestría en ciencias policiales, según detallaron desde la embajada.

En el distrito de Natalio dieron un salto que conjuga un homenaje a un árbol nativo de belleza única, combinado con un espacio inmenso, que transforma un viaje en una admiración inefable. Se trata de la avenida Olimpio Silveyra, que conecta la ruta PY07 con la ruta D021, en el distrito de Natalio.

En el paseo central, en agosto de cada año, florecen más de 300 ejemplares de lapacho —o tajy— amarillo, que inundan el espacio de un color amarillo primaveral, a lo largo de una extensión lineal de más de 2,5 kilómetros.

Cada año, cientos de turistas visitan el lugar para ser espectadores del espectáculo visual y tomarse las mejores fotos. Además, la avenida constituye un tramo vial de gran relevancia, que conecta el distrito con la vecina ciudad de Tomás Romero Pereira.

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Homenaje al creador

La avenida es parte de la ciudad desde el año 1984, según los registros de la Municipalidad de Natalio. Se encuentra en la compañía Virgen de la Asunción del distrito.

Un poblador de la zona, de nombre Olimpio Silveyra Villalba, actualmente con 78 años, decidió con su familia implantar la especie nativa, con el objetivo de embellecer el camino que los conectaba con el microcentro. Las plantaciones iniciaron en 1999, es decir, los ejemplares más longevos tienen alrededor de 27 años.

Los pobladores de la zona colaboraron con el mantenimiento de las plantas y reponían los plantines que murieron o fueron afectados, para que cada cinco metros se mantuviera tupida la avenida con estas bellas flores amarillas.

La pavimentación de la avenida fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con cuyos representantes negociaron los pobladores locales y la comuna para que se respetara la franja central con los lapachos. Tras la reinauguración del tramo en el año 2021, la Junta Municipal bautizó la avenida como “Olimpio Silveyra Villalba”, en honor al ideólogo de esta obra de arte urbana.

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¿Cómo llegar?

Desde la capital del país -Asunción- son 372 kilómetros por la ruta más corta. Se toma la PY01 hasta Paraguarí para seguir por la PY10, posteriormente la ruta PY08 y luego la ruta PY18, donde se retorna por la ruta PY06 hasta Tomás Romero Pereira, desde donde se continúa por la ruta D021, que conecta con Natalio.

Entretanto, desde la capital de Itapúa, Encarnación, son 118 kilómetros. Se debe tomar la ruta PY06 hasta el kilómetro 80, en el empalme con la ruta PY07; luego tomar el desvío en el kilómetro 37 hasta la avenida Olimpio Silveyra.

El jefe comunal Lucas Weschenfelder (ANR) indicó que cada año cientos de turistas llegan al lugar y aprovechan para conocer otros lugares turísticos reconocidos, como el Salto Plomo, ubicado sobre el arroyo Pirajuí de la ciudad, en el límite con Capitán Meza.

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El lapacho (tajy)

Tajy sa’yju es el árbol nacional del Paraguay, declarado símbolo nacional por la Ley 4635 en 2012. Entre los meses de agosto y septiembre, este majestuoso árbol bota sus hojas y se cubre por completo de flores amarillas intensas, anunciando la llegada de la primavera.

Su floración ocurre a finales del invierno. Cada árbol permanece florecido entre 7 y 15 días como máximo.

Las flores forman una especie de “lluvia amarilla” al caer sobre las veredas y calles, según describió Weschenfelder, quien además indicó que, a mediados del mes, entrarán en el momento más álgido de floración.

El nombre científico es Handroanthus albus u Handroanthus ochraceus (también clasificado anteriormente como Tabebuia alba). Suele medir entre 5 y 10 metros en zonas urbanas, aunque en bosques naturales puede alcanzar un mayor desarrollo.

En términos absolutos, el MEF refiere que el incremento fue de US$ 1.498,7 millones en el primer semestre del año, impulsado principalmente por el mayor endeudamiento mediante bonos y otros desembolsos registrados durante el periodo.

De acuerdo con el reporte oficial, la deuda pública representó el 34,4% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 41,1% observado al cierre de diciembre del año pasado, pese al aumento del saldo de los compromisos. La disminución de este indicador responde al mayor valor estimado del PIB medido en dólares y al efecto del tipo de cambio utilizado para la conversión de las cifras.

Créditos al sector privado crecieron 14,4% en junio y depósitos aumentaron 19,4%, según el BCP

Deuda externa e interna

Al desagregar la deuda global por residencia del acreedor, se observa que el 83,5% corresponde a deuda externa por un total de US$ 18.331 millones, mientras que el 16,5% restante es deuda interna por US$ 3.614 millones, según los datos del informe del MEF.

En cuanto a la deuda externa, el 39,1% del saldo total corresponde a préstamos multilaterales por US$ 8.576 millones. En este grupo se encuentran los créditos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), FONPLATA, entre otros.

Por otra parte, el 41,2% de la deuda externa corresponde a bonos internacionales, cuyo saldo llegó a US$ 9.042 millones al cierre de junio. La cartera aumentó cerca de 10,1% con relación a diciembre de 2025, equivalente a unos US$ 829 millones más.

La deuda externa se completa con los compromisos correspondientes a la Ley N° 5.074/2013, bajo la modalidad llave en mano, cuyo saldo asciende a US$ 491,3 millones.

Deuda en la Administración Central

Al desagregar el reporte por fuente de recursos, la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 19.221,7 millones, equivalente al 87,6% del total de la deuda del Sector Público. De este monto, el 87,6% corresponde a obligaciones externas y el 12,4% a deuda interna.

Por su parte, la deuda de la administración descentralizada pagada por las entidades deudoras sumó US$ 2.724,9 millones, equivalente a alrededor del 12,4% del saldo total del Sector Público.

La deuda pública aumentó US$ 1.343 millones en cinco meses

Ajuste del PIB

El informe del MEF muestra que la relación entre la deuda y el PIB volvió a disminuir durante el primer semestre del año, al pasar de 41,1% en diciembre de 2025 a 34,4% en junio de 2026. Aunque el saldo de la deuda aumentó en casi US$ 1.500 millones, el crecimiento del PIB expresado en dólares redujo el peso relativo de los compromisos públicos sobre el tamaño de la economía.

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, oficial Guido Roa, explicó que el inmueble intervenido corresponde a un inquilinato perteneciente a un presunto miembro del esquema de phishing investigado.

Según detalló, los investigadores llegaron hasta el lugar mediante el análisis de las evidencias obtenidas tras la detención del primer implicado en la causa, un ciudadano venezolano.

El objetivo del procedimiento no fue encontrado en el sitio allanado, pero los agentes lograron incautar elementos considerados importantes para el desarrollo de la investigación.

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Incautan dispositivos, documentos y otras evidencias

Entre las evidencias incautadas durante el operativo se encuentran un router, dos pendrives, dos tarjetas SIM, diecinueve contratos privados, cuatro carpetas con documentos, un talonario de facturas y un cuaderno con anotaciones relacionadas con entidades bancarias.

Además, los intervinientes incautaron una bolsa con facturas varias, un automóvil y una motocicleta, elementos que serán analizados dentro de la causa.

Investigación apunta a una página falsa del banco

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen señaló que la investigación preliminar apunta a que el esquema criminal operaba mediante una página web que simulaba ser el home banking de Itaú.

A través de este mecanismo, las víctimas ingresaban sus datos reales en el sitio falso, información que posteriormente era utilizada por los delincuentes para acceder a la plataforma oficial de la entidad bancaria.

Con estos accesos, los presuntos responsables habrían realizado vaciamientos de cuentas y gestionado préstamos que luego eran transferidos a cuentas vinculadas a otros integrantes del esquema.

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Guido Roa indicó que no se descartan nuevas diligencias dentro de la investigación, con el objetivo de identificar a todos los involucrados en el caso de estafa mediante sistemas informáticos.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador sostuvo que la publicación “intenta descalificar” su pedido dirigido tanto a Petropar como a los emblemas privados para mantener “precios justos para el pueblo paraguayo”.

“Resulta muy llamativo que algunas publicaciones se activen precisamente cuando se defiende el bolsillo de la gente y no cuando los privados aumentan reiteradamente”, escribió el senador, lo que acompañó con la publicación de este diario.

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En otra publicación, agregó: “Fui electo representante del pueblo, no de medios ni de corporaciones. Seguiré defendiendo precios justos. El interés particular no me detiene. El interés general del Paraguay es el que me mueve”.

No respondió sobre el posible conflicto de intereses de su pedido

No obstante, en ninguna parte de su posteo el titular del Congreso respondió al aspecto central de la publicación, que cuestiona su vínculo y el de otros políticos colorados con servicentros de Petropar y el posible conflicto de intereses al solicitar a la estatal mantener precios más bajos, pese a la presión de los precios internacionales de los carburantes.

Tampoco nada mencionó del eventual beneficio económico que podría obtener si la estatal mantiene sus precios políticos, que estaría afectando las finanzas de la petrolera pública.

Núñez había instado públicamente a Petropar a mantener los precios más bajo, sin mencionar que su pareja, la exconcejala de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera, opera un servicentro con el emblema de la estatal a través de la firma Districhaco SA.

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Recordemos que según publicaciones periodísticas, ese servicentro fue instalado en un terreno municipal de Villa Hayes cuya adjudicación se concretó durante la administración del entonces intendente Ricardo Núñez, hermano del senador, y que Petropar proveyó los equipos necesarios para su funcionamiento.

Esa situación plantea un posible conflicto de intereses, ya que mantener una mayor diferencia de precios entre Petropar y los emblemas privados podría favorecer las ventas de los servicentros que operan bajo la bandera de la estatal, entre ellos el establecimiento vinculado al presidente del Congreso.

La reacción de Núñez se produjo luego de que los principales emblemas privados aplicaran la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va del año, mientras Petropar mantiene sin variación sus valores, aunque continúa evaluando la evolución del mercado para decidir si realizará un eventual reajuste.

Políticos con estaciones de servicio de Petropar

En la lista de operadores de servicentros de Petropar vinculados a dirigentes políticos también figuran las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, actualmente asesoras en Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente. Asimismo, aparece la diputada cartista Jazmín Narváez, aunque el propietario registrado es su padre, además del senador colorado Luis Pettengill.

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Otros dirigentes beneficiados con la operación de servicentros de la petrolera estatal son el seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien además de administrar estaciones propias fue favorecido con la concesión de dos servicentros pertenecientes a Petropar; el diputado colorado Néstor Castellano, el exdiputado Tomás “Ever” Rivas, el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón (ANR), el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos, el exintendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero y el seccionalero y concejal colorado de Itá Fabio Andrés Sosa Espínola.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la ruta PY01, frente al Hospital Regional de Paraguarí. En el lugar, los vecinos colocaron cubiertas en el interior de profundos cráteres para advertir a los conductores sobre el peligro y prevenir accidentes. Los denunciantes sostienen que el deterioro de la calzada representa un riesgo permanente para quienes circulan por la zona.

La creatividad reemplaza a la Municipalidad

Una de las escenas que más indignación genera se observa sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en las inmediaciones del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sector, los pobladores “adelantaron la Navidad” utilizando un arbolito y una casita de pesebre, para señalizar un enorme cráter que continúa sin reparación.

Los ciudadanos cuestionan que deban recurrir a este tipo de improvisaciones para proteger a conductores y motociclistas.

Señalan que el abandono de las calles demuestra la falta de mantenimiento de la infraestructura vial y la escasa presencia de la Municipalidad en la solución de los problemas más urgentes de la comunidad.

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Aguas servidas y baches

Al costado de la ruta PY01, las aguas servidas corren permanentemente sobre la vía pública, desprenden olores pestilentes y dificultan el tránsito peatonal.

Otros sectores que también presentan graves deterioros, entre ellos la calle Mariscal Estigarribia, la calle Aquidabán, Uruguay, General Caballero y General Morínigo. En varios de estos puntos existen profundos pozos que aumentan de tamaño debido a la falta de reparaciones oportunas.

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Reclamos sin respuestas

La vecina del barrio Aquidabán, Luisa González manifestó que en reiteradas ocasiones los ciudadanos de diferentes barrios acudieron a la Municipalidad, para dejar sus quejas pero no dan solución por falta de voluntad política.

Por su parte, la concejal Sara Devigille (ANR) señaló que hace un año la Junta Municipal aprobó al intendente Marcelo Simbrón (ANR) unos G. 300 millones para la reparación de calles, que debían quedar “como una alfombra”, pero hasta la fecha no se realizó ningún trabajo.

Agregó que este hecho y otras presuntas irregularidades fueron denunciados ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Indicó que se realizó una auditoría a la gestión municipal, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas.

Intentamos obtener la versión del intendente Marcelo Simbrón (ANR), pero no respondió las llamadas telefónicas. Tampoco se encontraba en la Municipalidad ni contestó los mensajes enviados.

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Sin embargo, la pena impuesta es con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, por lo que el ex alto funcionario acusado junto al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no irá a la cárcel y solo debe devolver la suma de G. 150 millones, según lo resuelto por el magistrado a cargo de la causa.

Específicamente, Édgar Estigarribia debe reparar G. 135 millones a la Municipalidad de Asunción; de los cuales G. 100 millones abonará de inmediato y el monto restante, de G. 35 millones, pagará en cuotas por el plazo de dos años.

Los G. 15 millones restantes para completar el monto de G. 150 millones, el exdirector General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD) de la Municipalidad de Asunción donará a un hogar de ancianos, según lo resuelto por el juez Estigarribia.

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Con esta reparación del daño a la comuna (G. 135 millones), sumado a los montos que deben devolver los demás encausados que también obtuvieron salidas procesales, el dinero que recuperará la comuna oscila los G. 1.800 millones, del perjuicio patrimonial de G. 1.808 millones que sufrió el municipio en el caso “detergente de oro”.

Preliminar de Nenecho por detergente de oro

Luego de 10 meses el pasado 23 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabó la causa contra el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, al rechazar la recusación planteada en contra de dos camaristas que integran el Tribunal de Apelaciones.

Ahora el tribunal de alzada debe resolver el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y César Ojeda Figueredo, en contra de la resolución del juzgado de Garantías que ratificó la admisión de la acusación fiscal.

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Debido al citado recurso que debe ser resuelto por el Tribunal de Apelaciones, hasta la fecha está pendiente la audiencia preliminar para el exintendente Óscar Rodríguez y el exconcejal César Ojeda Figueredo, para quienes el Ministerio Público pide juicio oral.

Wilfrido Cáceres va a juicio oral

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

Respecto a Wilfrido Adrián Cáceres Flores, el pasado martes 7 de julio el juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa por presunta lesión de confianza que afronta el sindicado como “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuando este ocupaba el cargo de intendente de Asunción, entre diciembre de 2019 y agosto de 2025.

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En la audiencia preliminar el juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación ratificada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

Detergente de oro causó perjuicio de G. 1.808 millones

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

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Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Detergente francés a casi G. 400.000 el litro

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

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Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Según el pronunciamiento de la contratista, pese a que el contrato tiene alrededor de seis años, las obras registran un avance del 55,68% en la obra principal y un 75,11% en su ampliación. Asimismo, la firma alega que cada uno de los desembolsos recibidos cuenta con el acta de recepción correspondiente, debidamente firmada por ambas partes e ingresada al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los hechos no se gritan, se documentan. El contrato 06/2020 ESTÁ VIGENTE Y EN EJECUCIÓN, con avance certificado por el propio IPS. La pausa la pidió LA ACTUAL administración y consta por nota oficial. Respondemos como siempre: CON DOCUMENTOS Y DE FRENTE. pic.twitter.com/66qssgwmE4

— Claudio Escobar | CEO Grupo NIC (@clalbesc) August 6, 2026

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La versión de la empresa: “pausa temporal” por falta de sitio liberado

Respecto al cese de los trabajos en el Hospital Central, la firma rechazó que la interrupción responda a una sanción contractual o a una decisión unilateral de su parte. Señaló que se trata de una “suspensión administrativa” promovida por la actual administración del IPS debido a que el sitio de obras no se encuentra plenamente disponible.

Para sostener su posición, Neighpart adjuntó la Nota Externa N° 20/2026, emitida el pasado 10 de julio de 2026 y firmada por el director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez Orué. En dicho documento formal, el funcionario del IPS notifica a la empresa que la previsional inició las “gestiones administrativas formales para la suscripción de una adenda de suspensión de los plazos” del Contrato 06/2020, con carácter retroactivo al 15 de enero de 2026.

La nota del IPS argumenta que la suspensión se mantendrá “hasta tanto se cuente con la liberación total del sitio de obras, o bien, se determine la viabilidad técnica de un cambio de emplazamiento del proyecto”, dejando en evidencia las falencias de planificación logística y de espacio físico dentro del centro asistencial.

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Cruce de notas y postura de la contratista

La documentación arrimada revela un intercambio entre la previsional y la contratista durante el mes de junio y julio de 2026:

• 26 de junio de 2026 (Nota Externa N° 18/2026): la Dirección de Mantenimiento del IPS solicitó por primera vez la conformidad expresa de Neighpart para frenar los plazos del contrato hasta lograr la liberación del terreno.
• 29 de junio de 2026: la representante legal de la empresa, Sandra Yanil Caballero Ojeda, prestó conformidad formal ante la Secretaría General del IPS (Mesa de Entrada EXP-0000-2026-048597) para la firma de la adenda de suspensión.
• 10 de julio de 2026 (Nota Externa N° 20/2026): el IPS ratificó el procesamiento de la suspensión de plazos y comunicó que se analiza evaluar un nuevo emplazamiento (reubicación) de la obra.

En su comunicado, la empresa enfatiza que defenderá su labor contractual “con documentos y de frente”, asegurando que cumplió con cada una de sus obligaciones y poniendo la totalidad del legajo administrativo e itinerario de pagos a disposición de los órganos de control y la Fiscalía.

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Neighpart, la “superproveedora”, en la mira

Bajo la lupa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Fiscalía, la firma Neighpart S.A. acumula denuncias por el abandono de insumos a la intemperie y el cobro de sumas millonarias por obras que nunca se ejecutaron en el IPS, un escándalo que ahora salpica a altas autoridades de la previsional, además de otros siete funcionarios.

Una de ellas es la abogada Rosa Concepción Colmán (59), quien se desempeñaba en la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS y posteriormente fue trasladada a Aporte Obrero Patronal.

De acuerdo con los datos de la investigación, Colmán era la funcionaria que autorizaba la firma de adendas con la firma Neighpart S.A.E.C.A., empresa investigada en la causa y señalada por diversos sectores como una “superproveedora” del IPS.

“Las imputaciones se basan en contratos originales que luego se fueron desvirtuando a través de adendas. Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, lo cual es completamente irregular”, precisó Pablo Morínigo, representante jurídico del IPS, en una conferencia realizada tras conocerse detalles de la investigación.

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Los afectados señalan que el Grupo Vázquez SAE pretendería construir en el lugar un barrio cerrado y denuncian un amparo judicial impulsado por supuestos testaferros.

La semana pasada, la señora Miriam Ramírez acudió a la Fiscalía para responder a una denuncia por presunta invasión de inmueble, formulada por Rodolfo Manuel Fernández Almada. Sin embargo, en el barrio nadie conoce a Fernández Almada, a quien los vecinos señalan como un presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE.

Esta mañana, la señora Ramírez, junto a su abogada y otros vecinos, se presentaron en la Municipalidad de Asunción para solicitar audiencia con el intendente Luis Bello. Finalmente, la reunión fue con el director jurídico, Jorge Sabaté.

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“La señora Miriam Ramírez tiene un expediente, un pedido de terreno municipal, de hace años ya para regularizar y apareció un expediente paralelo. El titular es Rodolfo Fernández, y ese expediente corrió de una forma muy veloz”, explicó Noelvis Martinez, abogada de los vecinos de La Piedad.

Seguido indicó que ellos recurrieron a la Junta y solicitaron la revocación de eso. “La Junta trató eso y envió a la Intendencia, quien tiene que enviar otra vez un mensaje para que la Junta, de acuerdo a lo que el intendente dictamine, para poder revocar”.

“Eso es lo que venimos a pedirle al intendente Luis Bello, que nos ayude, porque es una cosa muy justa. A la señora Miriam Ramírez le rompió una muralla de atrás, sin ninguna orden judicial. Sacaron todas las cosas de la casa como si fuera un desalojo. Le perjudicaron muchísimo, inclusive robaron dinero”, comentó.

La abogada señaló que las noticias que manejan en el barrio es que es del Grupo Vasquez quiere construir sobre la calle Pino González un barrio cerrado. “Yo llegué a ver ya el plan y afecta a su vivienda”.

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Por su parte, la señora Ramírez, quien vive hace 23 años en el barrio, indicó que desde ese primer momento comenzó con los trámites de titulación del terreno municipal, pero que nunca corrió.

La denuncia fue realizada por Juan González, uno de los pobladores de la zona, quien cuestionó las supuestas mejoras realizadas en dichos caminos y se preguntó si los trabajos fueron ejecutados solamente para las fotografías durante épocas electorales.

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“Ya está llegando nuevamente el 4 de octubre y vendrán a raspar ocho días antes para solucionar”, indicó González.

El poblador también criticó al actual intendente, Ariel Girett (ANR-HC), quien asumió en reemplazo de José Luis Benítez (ANR-HC), que busca el rekutú.

Señaló que Girett, quien en su momento fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), “no puede solucionar un tramo de tan solo 800 metros”.

La comunidad de Colonia San Juan se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Juan Bautista y cercana a otra compañía, Mburika Retã, donde, según los pobladores, semanas atrás ingresaron maquinarias viales para realizar trabajos de reparación, pero no llegaron hasta el camino donde actualmente reclaman una urgente intervención.

En esta comunidad, hace aproximadamente un año, fueron habilitadas unas 60 viviendas sociales, por lo que unas 60 familias se encuentran afectadas por el mal estado del camino.

La situación se agrava durante los días de lluvia debido a la falta de una adecuada canalización, lo que provoca que el agua quede estancada sobre la ruta.

Los habitantes de la comunidad solicitan con urgencia a las autoridades municipales o departamentales la intervención del camino de acceso, debido a que diariamente deben trasladar a sus hijos hasta las instituciones educativas y salir a trabajar y el mal estado del camino dificulta considerablemente sus actividades diarias.

Actualmente, el show de iluminación y sonido se desarrolla los viernes y sábados, aunque con la implementación del nuevo sistema, la intención es ampliar las presentaciones hasta cuatro o cinco días por semana.

La iluminación monumental fue inaugurada el 14 de noviembre de 2002, basada en un proyecto desarrollado por el diseñador brasileño Peter Gasper, quien ideó el concepto inicial en 1997.

El sistema vigente utiliza lámparas de vapor metálico, cuya sustitución comenzó a ser analizada hace varios años debido a las dificultades para conseguir repuestos, ya que los fabricantes dejaron de producir equipos de alta potencia de ese tipo.

La nueva tecnología led conservará los 829 puntos de iluminación existentes, pero permitirá una mayor versatilidad en el manejo de colores e intensidad. A diferencia del sistema actual, donde los cambios requieren intervenciones manuales, la nueva estructura podrá ser programada desde una consola de control.

La tecnología led ya es utilizada en importantes proyectos de iluminación arquitectónica a nivel internacional, como el Empire State Building de Nueva York, la Catedral de Notre Dame en París, el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el Jardín Botánico de Curitiba.

La carpeta fiscal habla de un daño patrimonial de aproximadamente G. 60 mil millones, relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos del IPS.

Sin embargo, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, indicó que este monto correspondería a una serie de auditorías que la institución realiza a la previsional, las cuales arrojan en total un presunto daño patrimonial que rondaría los US$ 200 millones.

“Nosotros hemos presentado nueve denuncias hasta el momento en relación al Instituto de Previsión Social desde el 2019 hasta el 2025. Son denuncias importantes que abarcan áreas muy sensibles de la previsional y que comprometen incluso el manejo del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social por montos de posible perjuicio patrimonial, montos referenciales que superan los US$ 200 millones”, indicó en conversación con nuestro medio.

IPS: exconsejero Carlos Pereira niega responsabilidad por millonario perjuicio en obras

Auditorías comprometen al Consejo Administrativo de IPS

Villalba señaló que estas denuncias las realizaron a raíz de las múltiples auditorías que realizó la CGR en áreas tan diversas como la gestión de los medicamentos de los asegurados, las obras públicas que desarrolla el IPS, el pago a los jubilados, la gestión de los hospitales, entre muchos otros temas.

Aseguró que, en cuanto a la gestión de medicamentos, IPS tenía una muy mala gestión, ya que la institución no tenía información de a quién le debía ni cuánto debía a sus proveedores, como tampoco tenía constancia documental de la culminación de determinadas obras, e incluso la desaparición de bienes por valores millonarios.

“Encontramos observaciones y encontramos hechos que comprometen directamente al Consejo Directivo del IPS. Por poner un ejemplo, el caso del manejo de los combustibles que eran asignados a los miembros del Consejo, a pesar de que eso no está permitido por la ley. Todas estas situaciones han sido constatadas y han sido reportadas al Ministerio Público para que se desarrolle una investigación de carácter fiscal”, precisó.

Agregó que mientras aguardan a través de la Dirección de Seguimiento las novedades que se presenten en relación a las imputaciones o a las otras causas que presentaron, la Contraloría sigue desarrollando auditorías que son realizadas por más de 50 auditores de la CGR.

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Obras sin constancia documental de culminación

Sobre la causa fiscal que actualmente pesa sobre los expresidentes de IPS y otras siete personas, dijo que dichas obras no formaron parte de una auditoría directamente de parte de la CGR, pero sí de un reporte que presentaron en el año 2022 que guarda relación con las obras que son objeto de la imputación.

“Nosotros hemos presentado una denuncia en relación a ese caso y guarda una relación con los hechos que el fiscal, por otro lado, está ahora procediendo a imputar. La imputación que hace el fiscal, y fueron palabras suyas, indican que él tiene certeza de que se ha cometido un hecho punible. Eso no ha ocurrido en los casos en los que nosotros hemos presentado una denuncia a pesar de que para nosotros los hechos son mucho más contundentes y más claros, y guardan también un posible impacto patrimonial incluso más relevante”, refirió.

Por ende, no descartó que se den más procesos penales o más imputaciones por otras causas, así como otros pronunciamientos en los que la Contraloría entró a mediar y citó como ejemplo el caso del acuerdo de pago que ha llegado una empresa privada con el IPS, que derivó en el pago de honorarios al exdirector jurídico José González Maldonado, hoy imputado por esta causa.

En el mismo, la CGR no solo medió, sino que también participa como testigo técnico del proceso. Detalló que solo uno de los casos auditados y elevados a la Fiscalía es de un presunto daño patrimonial de G. 1,6 billones.

El concejal municipal Daniel Colman (PLRA) explicó que las tareas preventivas se concentran en el drenaje y la limpieza de cauces hidráulicos en las diferentes compañías de Santa Rosa. No obstante, señaló que la burocracia administrativa, la escasez de presupuesto y la limitada disponibilidad de equipos impiden cubrir de manera eficiente las 22 compañías, con el objetivo de evitar el colapso del sistema pluvial y minimizar los efectos de las tormentas.

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Las labores incluyen la descolmatación de canales, el mantenimiento de cunetas, la sustitución de tubos dañados y la instalación de nuevas líneas de drenaje. Pese a la reciente declaración de emergencia distrital preventiva aprobada por la Junta Municipal para agilizar la respuesta institucional, las autoridades sostienen que la falta de recursos financieros para la adquisición de insumos y la contratación de maquinarias continúa siendo el principal obstáculo.

“Buscamos prevenir los impactos que generan las grandes lluvias. Cuando el sistema de drenaje está colmatado o trancado, no permite que el agua se desplace rápido. El problema mayor siempre es darle una salida fluida al agua, porque si se estanca, destruye todo a su paso”, expresó Colman en conversación con ABC Color.

Burocracia y escasa capacidad operativa

La Junta Municipal realizó una sesión de debate con el propósito de dotar al intendente de herramientas legales y administrativas que permitan agilizar la compra de tuberías necesarias para los trabajos preventivos.

Sin embargo, los procedimientos burocráticos e institucionales ralentizan las respuestas, situación que se suma al actual contexto de interinato en la Intendencia, previo a las próximas elecciones municipales.

Colman indicó además que el municipio dispone de un solo equipo vial para atender las necesidades de las 22 compañías del distrito, cada una con características geográficas y problemáticas diferentes.

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Solicitan apoyo de la Gobernación y el MOPC

Ante las limitaciones operativas, desde la concejalía solicitaron el respaldo de instituciones nacionales y departamentales para fortalecer las tareas preventivas antes de la llegada de las lluvias más intensas.

Si bien reconocieron que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) suele brindar asistencia tras la ocurrencia de los desastres, consideran fundamental una intervención anticipada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Gobernación mediante el envío de maquinaria pesada.

“Con un solo equipo nos resulta muy difícil dar abasto a las 22 compañías. Necesitamos el apoyo directo del MOPC y la Gobernación con su flota vial. De lo contrario, una vez que lleguen las grandes lluvias, poco o nada se podrá hacer y corremos el riesgo de que varias comunidades queden aisladas”, concluyó el edil.

Martínez señaló que el precio del combustible tiene un impacto directo sobre la economía, debido a su incidencia en el costo del transporte, los alimentos, el comercio y, en general, en la canasta familiar.

“Sube el combustible, suben alimentos, sube el transporte, sube todo lo que conocemos porque no se mueve nada sin combustible”, sostuvo la legisladora al explicar la importancia de establecer mecanismos de transparencia.

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La senadora aclaró que su propuesta no pretende establecer ni fijar el precio de venta de los combustibles, sino transparentar todos los componentes que intervienen en su formación.

“Lo que se hace es poner al descubierto todo el proceso para la fijación de precios”, explicó. En ese sentido, el proyecto establece que se conozcan variables como el precio internacional del crudo, el costo por barril, los fletes, impuestos, logística, costos operativos y los márgenes comerciales.

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Martínez cuestionó que, ante determinadas variaciones del dólar o del precio internacional del petróleo, los aumentos de los combustibles sean trasladados rápidamente al consumidor, mientras que las reducciones no necesariamente tienen el mismo comportamiento.

“Cuando baja el dólar, generalmente no baja el combustible. ¿Por qué?”, planteó la senadora, al señalar que existen diferentes variables relacionadas con los costos de reposición y los inventarios que deberían quedar expuestas públicamente.

El proyecto obliga a publicar los costos cada 15 días

La iniciativa establece un régimen integral de transparencia para toda la cadena de comercialización de combustibles, desde la importación hasta la venta minorista.

Uno de los principales puntos es la obligación de publicar, con una periodicidad quincenal, una tabla técnica con la estructura detallada de costos de cada combustible.

La información deberá incluir, entre otros aspectos como el precio internacional de referencia (FOB), fletes, impuestos y costos aduaneros, costos de refinación, logística interna, márgenes comerciales y costos operativos de las estaciones de servicio.

Toda esta información deberá estar disponible en una plataforma digital pública, con posibilidad de consulta, descarga y procesamiento histórico de los datos.

Martínez cita modelos de otros países

La senadora sostuvo que la propuesta no constituye una experiencia inédita y mencionó mecanismos de transparencia aplicados en otros mercados.

“Esto no es una cosa inventada por nosotros”, afirmó, al citar experiencias de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Chile, Colombia y Brasil.

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Según explicó, el objetivo es que Paraguay adopte un mecanismo que permita al consumidor conocer si las variaciones en el precio internacional del petróleo o en el tipo de cambio están siendo trasladadas de manera razonable al precio final.

“Si lo hace Estados Unidos, si lo hace la Comunidad Europea, si lo hace Colombia, si lo hace Chile y si lo hace Brasil, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”, cuestionó.

También alcanza al sector privado

Martínez explicó que Petropar ya publica información relacionada con su estructura de precios y que el proyecto busca extender mecanismos similares de transparencia a los operadores privados.

La legisladora puso como ejemplo una eventual diferencia entre el aumento real de los costos y el incremento aplicado al consumidor. Si los costos de una empresa aumentaran G. 50 por litro, pero el precio final subiera G. 800, la información pública permitiría conocer qué margen se está obteniendo.

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“¿Cuál es el margen de ganancia para uno y otro? Y que sea un margen razonable y que la gente sepa cuáles son esos márgenes y cómo se construye el precio”, sostuvo.

El proyecto no plantea impedir que las empresas obtengan ganancias. La intención, según Martínez, es evitar que la falta de información permita prácticas especulativas.

“Nadie pide que no ganen dinero, nadie pide que tengan pérdidas, pero no que tengan acciones especulativas por esconder la información”, afirmó.

El MIC tendrá a su cargo la fiscalización

La propuesta establece al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

Los operadores que participen en más de una etapa de la cadena deberán declarar esa condición y presentar sus costos y márgenes diferenciados por función.

En los casos de integración de las tres etapas -importación, distribución mayorista y comercialización minorista- se plantea además la presentación de un informe anual de auditoría externa independiente.

El proyecto también contempla facultades de fiscalización, auditorías y cruces de información fiscal y aduanera.

El incumplimiento, la omisión de datos o la presentación de información falsa podrían ser sancionados con multas de 200 a 1.000 jornales mínimos diarios, además de eventuales denuncias ante el Ministerio Público en casos de falsedad documental.

“Necesitamos resolver de una vez por todas”

Martínez pidió que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa y destacó que el pleno ya resolvió incluirla en el orden de tratamiento de la próxima semana.

“Necesitamos que se trate”, había planteado la senadora, al solicitar una moción de preferencia para que el proyecto sea analizado en un plazo breve.

Para la legisladora, la transparencia en el precio de los combustibles adquiere especial relevancia en un escenario de aumentos que terminan impactando sobre el resto de la economía.

“Por la incidencia que tiene en el costo de toda la economía de un país”, argumentó, al defender la necesidad de que los consumidores puedan conocer cuánto cuesta realmente cada componente del combustible y cuáles son los márgenes que intervienen hasta llegar al precio final.

Despierta Paraguay: abogada solicita investigar nexos de viceministra del Mitic

¿Qué pasa ahora?

Ante la inasistencia, la abogada querellante Alejandra Peralta Merlo solicitó el cierre inmediato de la etapa voluntaria de mediación.

“Al no presentarse, se abren nuevas sospechas de que tal vez pueda estar siendo amenazada por alguien a quien no le conviene que se sepa quiénes más están detrás de toda esta red de desinformación”, relató la representante legal de Chena.

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Peralta destacó que la audiencia representaba una oportunidad para que Bracho ofreciera su versión de los hechos o aclarara una eventual suplantación de identidad.

Vínculos y próximo paso judicial

La imputación contra Bracho se fundamenta en los datos facilitados por la compañía telefónica, que confirman que la línea empleada para habilitar la página “Despierta Paraguay” está registrada a su nombre y número de documento.

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“Era una oportunidad brillante para que dé su versión y se abran otras aristas en la investigación”, refirió Peralta Merlo.

Asimismo, el caso cobra mayor relevancia al constatarse que las direcciones declaradas coinciden con un estudio jurídico y con la sede de la agencia publicitaria “Azafrán”.

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Con el cierre de la vía de mediación extrajudicial, el expediente vuelve al juzgado de la jueza Mesalina Fernández, quien citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro del proceso penal.

De mantenerse la inasistencia de la procesada, la causa será elevada directamente a juicio oral y público.

Foros de la Ciudad: el cronograma de debates con candidatos para la Municipalidad de Asunción

La finalidad principal de este evento es instalar una agenda común de transformación urbana y construir una visión compartida para la revitalización del Centro Histórico. Con ello, buscan dejar un legado concreto de infraestructura y políticas públicas para las próximas generaciones de la capital.

Desde la organización del evento, se enfatiza la urgencia de coordinar una estrategia que trascienda la mera conmemoración histórica de la ciudad. Se requiere articular soluciones técnicas de largo plazo orientadas a resolver los problemas estructurales del corazón de la capital.

Encuentro internacional con respaldo de organismos multilaterales

El evento destaca por el respaldo financiero y técnico de organismos multilaterales clave como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el Banco Mundial y el BID. Estas entidades apoyan el desarrollo del foro para garantizar la presencia de especialistas internacionales.

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Asimismo, la agenda del evento incluye la participación activa de entidades técnicas de relevancia en el ámbito de los servicios y la planificación urbana. Entre ellas figuran ONU-Habitat, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Presentación oficial del “Manual de Intervención Urbana”

Uno de los hitos principales del encuentro será la presentación central del “Manual de Intervención del Centro Histórico de Asunción”. Dicha exposición técnica estará a cargo de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con Úrsula Blotte, representante del Banco Mundial.

El desarrollo del programa incluye siete paneles temáticos enfocados en la reconversión urbana, el diseño de nuevas políticas de vivienda y el repoblamiento. También se analizarán casos y experiencias de gestión comparada en otros centros urbanos de la región.

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El temario detalla bloques específicos dedicados a la seguridad ciudadana mediante la aplicación de la metodología de “Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental”, CPTED, por sus siglas en inglés. De igual forma, se abordará la puesta en valor del patrimonio y el impulso a la inversión privada inmobiliaria.

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El ciclo de debates también destaca un espacio reservado para las iniciativas de la sociedad civil y los diversos colectivos urbanos. En este segmento participarán referentes locales vinculados a proyectos de recuperación y dinamización de espacios públicos.

Desde la organización recuerdan que las inscripciones presenciales y el acceso a los detalles completos del foro están habilitados en línea. Los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial de la institución.

Dijo que el estudio que definirá tarifas según el nivel de tensión de conexión, estará listo en un plazo de 15 a 20 días, es decir antes de que termine agosto.

Sin embargo, la ANDE ya cuenta con un estudio internacional elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), que nace del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) suscrito entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno paraguayo.

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El acuerdo con el FMI se dio en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), que exige a la empresa estatal publicar una auditoría externa y un estudio de costos eficientes por segmento —generación, transmisión, distribución y comercialización— a cargo de una firma internacional de trayectoria reconocida.

El trabajo también quedó incorporado como indicador dentro del Contrato de Gestión por Resultados firmado el 31 de enero de 2024 entre el Consejo Nacional de Empresas Públicas y la ANDE. Y fue presentado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, y la economista Adriana Barrios, del Departamento de Estudio de Tarifas y Mercado de la institución.

Ambos funcionarios expusieron los resultados del trabajo en el foro ”La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay", organizado semanas atrás por el Consejo Asesor Empresarial - Mesa Energética, en la Casa de la Integración de la CAF.

Sosa explicó el origen del proceso: se contrató primero una auditoría financiera internacional con una de las “big four” y, en base a sus resultados, el BID financió al CEARE para determinar “los números eficientes” de la empresa.

“Es decir, que ninguna grasa se pueda transferir al cliente final, que todo lo que operativamente se considera algo ineficiente no puede ser transferido al cliente final”, afirmó el entonces titular de la ANDE.

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Tres fases de análisis

El estudio del CEARE se dividió en tres fases: primero, una evaluación de la gestión operativa de la ANDE en sus distintas áreas; segundo, un análisis comparativo (benchmarking) con empresas eléctricas similares, seleccionadas mediante un índice de similaridad que consideró extensión de redes, energía vendida y cantidad de clientes; y tercero, la identificación de espacios de mejora, con metas y líneas de acción concretas.

Las empresas utilizadas como comparables fueron UTE (Uruguay), CELESC y CEMIG (Brasil), EPEC y EPESF (Argentina), CGE (Chile) e ICE (Costa Rica), todas con estructuras de generación, transmisión, distribución o comercialización asimilables a las de la ANDE.

El período de referencia analizado en la fase 1 fue 2018-2023, excluyendo 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia.

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Lo que dice la ley y lo que falta cobrar

Barrios recordó que la Ley N.° 966/1964, carta orgánica de la ANDE, establece en su artículo 85° que las tarifas deben permitir a la empresa cubrir sus gastos de explotación y obtener una rentabilidad razonable sobre las inversiones, mientras que el artículo 88° fija que el ingreso neto de explotación debe ubicarse entre el 8% y el 10% de la inversión inmovilizada.

Según los datos presentados, esa rentabilidad no se está cumpliendo desde hace más de dos décadas. La insuficiencia de rentabilidad pasó de US$ 468,2 millones en 2002 a cifras que en 2025 y 2026 se ubican en el orden de US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones, respectivamente, mientras que el saldo de la deuda a largo plazo de la ANDE trepó de US$ 343,46 millones en 2010 a US$ 1.664,29 millones proyectados para 2026.

Ambas curvas —insuficiencia de rentabilidad y endeudamiento— muestran una trayectoria prácticamente paralela en el estudio, lo que la ANDE utiliza como argumento central para sostener la necesidad de una actualización tarifaria.

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El peso de la criptominería en la demanda

Sosa dedicó buena parte de su exposición a explicar el salto de la demanda eléctrica de los últimos años. Entre 2020 y 2025, el crecimiento de la demanda fue del 8,2% anual y el de la energía requerida del 10,4%, muy por encima de las décadas anteriores (5,4% y 5,8% entre 2000 y 2010, por ejemplo).

Al desagregar esos números, la ANDE encontró que entre 2022 y 2025 el crecimiento del consumo con las cargas de criptominería (GCIE) fue del 14,4%, pero sin ellas se redujo al 6,9%, un ritmo similar al histórico “crecimiento vegetativo” del país. En términos de potencia, esas cargas representaron 854 megavatios en 2025 y 803 megavatios en 2026, sobre una demanda total que ronda los 5.000 megavatios.

El funcionario destacó que se trata de una demanda temporal, ligada a contratos que vencen el 31 de diciembre de 2027, y que el sistema eléctrico paraguayo demostró capacidad para absorber un incremento de demanda del 50% en apenas tres años entre 2022 y 2025, algo que —según Sosa— no tiene antecedentes en la región.

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Inversiones récord y una historia de “insuficiencia tarifaria”

La ANDE ejecutó en 2025 un récord histórico de inversión en infraestructura eléctrica de US$ 349,2 millones, cifra que se compara con apenas US$ 16 millones en el año 2000. Sosa atribuyó las falencias históricas del servicio —incluidas ocho días sin transformadores de repuesto en algunas agencias regionales hasta 2008— a décadas de “insuficiencia tarifaria” y a la falta de acceso a financiamiento multilateral durante la ola de privatizaciones de fines de los años 90.

“Esto pasó porque fue una decisión de los gobiernos anteriores, sucesivos, y no se realizaron las inversiones necesarias (...) y tampoco le daba tarifa a la ANDE, por tal motivo llegó a esa situación”, sostuvo el entonces presidente de la estatal.

Cómo queda la ANDE frente a la región

El benchmarking del CEARE ubicó a la ANDE en una posición favorable en varios indicadores. El costo de distribución por cliente de la empresa estatal de nuestro país fue de US$ 81, muy por debajo de empresas como CEMIG (US$ 455) o EPEC (US$ 304), y solo superado por la chilena CGE (US$ 69). En costo de distribución por kilómetro de red, la ANDE registró US$ 990, frente a los US$ 12.167 de EPEC o los US$ 7.244 de CEMIG.

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En cuanto al costo medio de generación, la ANDE mostró en 2023 un valor de US$ 24 por megavatio-hora, el más bajo de la comparación —producto de una matriz casi 100% hidroeléctrica—, frente a los US$ 59 de UTE o los US$ 50 de CEMIG. Sosa aclaró, sin embargo, que ese costo ya subió a US$ 28 tras los incrementos en las tarifas de compra de energía a las binacionales: Yacyretá pasó de US$ 22,60 a US$ 28 e Itaipú de US$ 16,75 a US$ 19,28.

La tarifa media 2024 de la ANDE fue de US$ 49,49 por MWh, muy por debajo de UTE (US$ 188,4), Chilectra (US$ 170) o EPEC (US$ 131,5).

Pérdidas y morosidad, las materias pendientes

No todos los indicadores favorecen a la ANDE. Las pérdidas de distribución de la ANDE se ubicaron en 23,4% en 2023, bajando a 21,9% en 2024 y 20,03% en 2025, muy por encima de comparables como CELESC (8,9%), CEMIG (14,7%) o EPEC (13%), según datos de 2019.

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En clientes por empleado, la ANDE atendía 322 clientes por trabajador en 2023 y subió a 421 en 2025. Aunque sigue lejos de CEMIG (1.874), supera a UTE (178) e ICE (209).

La morosidad de clientes particulares —sin incluir instituciones estatales— trepó de 14,02% en 2018 a un pico de 28,95% en 2023, para luego bajar a 22,04% en 2024 y 18,79% en 2025 tras medidas comerciales de cobro. El estudio no logró obtener datos comparables de morosidad de otras empresas de la región, aunque algunas reportaron cifras de incobrabilidad de entre 1% y 2,5% de la facturación anual.

Las recomendaciones: ajustes automáticos y revisión cada 5 años

Entre las principales líneas de acción que propone el CEARE figuran el traspaso directo (pass-through) del costo de generación a la tarifa, la aplicación obligatoria y gradual de tarifas residenciales por tramos horarios —hoy solo optativas—, y un ajuste automático anual por indicadores como la inflación, similar al mecanismo del salario mínimo.

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Barrios detalló que la obligatoriedad de las tarifas por tramos horarios no se limitaría al sector residencial: la consultora plantea extenderla, de manera gradual, también a otros segmentos de clientes.

Respecto al nivel y la estructura tarifaria, la propia CEARE realizó un estudio de actualización de costos y tarifas de la ANDE, y su recomendación es que la institución adopte esa propuesta o la perfeccione, manteniendo en cualquier caso una tarifa competitiva frente a las demás empresas de la región.

Sobre el ajuste automático anual por indicadores —como la inflación, al estilo del mecanismo que rige para el salario mínimo—, Barrios explicó que su objetivo es evitar que se acumulen los desfasajes entre lo que le cuesta a la ANDE prestar el servicio y lo que efectivamente le cobra al cliente. A esto se suma la recomendación de una revisión periódica integral de todos los componentes de la estructura tarifaria, en un plazo no mayor a 5 años, que permita adaptar la tarifa a cambios estructurales en la demanda y en la tecnología, como la introducción de medidores AMI, cuya incorporación implica una inversión con costo propio para la ANDE.

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La consultora completa el paquete de recomendaciones con campañas para disminuir la morosidad, priorizando aquellas que impliquen el menor costo financiero posible para la empresa.

El estudio también recomienda una revisión integral de la estructura tarifaria cada 5 años como máximo, un plan de reducción de pérdidas hasta el 18% en un plazo de 5 a 10 años, y alcanzar una meta de 90% de medidores inteligentes en una década.

Barrios subrayó que, incluso de aplicarse la propuesta, la tarifa de la ANDE mantendrá su nivel más competitivo en la región. Para el período 2026-2030, el CEARE proyecta un incremento general del 39,4% en la tarifa media, que pasará de US$ 49,2 a US$ 68,6 por MWh; este mismo ajuste del 39,4% se reflejará en la baja tensión (de US$ 55,8 a US$ 77,8), mientras que el sector de alta y muy alta tensión experimentará la mayor variación, con una suba del 45,6% al escalar de US$ 35,3 a US$ 51,4 por MWh.

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El debate sobre un regulador independiente

Sosa aprovechó su exposición para insistir en la necesidad de avanzar hacia un ente regulador independiente del sector eléctrico, en momentos en que la reciente Ley 7599 habilita la entrada de nuevos actores privados en generación para grandes clientes. “Hasta hace poco solamente existía la ANDE y las centrales binacionales. Entonces, el regulador, ¿a quién podría regular? (...) Ahora, a partir de esta ley, sí va a existir esa necesidad de regulación, porque tiene que existir un árbitro”, explicó.

El funcionario también adelantó que la revisión del Anexo C de Itaipú —el acuerdo operativo vigente que vence este año— será un factor determinante para el escenario de costos de generación de los próximos años.

Paraguay, la tarifa más baja de la región según la CIER

Según la Encuesta de Tarifas Eléctricas de CIER 2025, citada en el cierre de la presentación, la tarifa media residencial paraguaya (para un consumo de 200 kWh/mes, sin impuestos) es de US$ 46 por MWh, la más baja entre 13 países de la región, muy por debajo de Guatemala (US$ 251), Uruguay (US$ 236) o Colombia (US$ 222).

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En el segmento industrial (1 MW de potencia, 438 MWh/mes en media tensión), la tarifa paraguaya es de US$ 35 por MWh, también la menor de la muestra, frente a los US$ 207 de El Salvador o los US$ 181 de Colombia.

Las conclusiones del CEARE sostienen que, con tarifas competitivas, control de pérdidas y reducción de la morosidad, los ingresos de la ANDE mejorarán y la empresa se mantendrá entre las más eficientes de la región, aunque advierten que demorar los ajustes tarifarios encarecerá sustancialmente el costo del proceso en el futuro.

Actualmente, el mal estado de la embarcación hace que se llene de agua durante los cruces, por lo que debe ser desaguada dos a tres veces al día para evitar que se hunda.

Esperan construcción de un puente hace 21 años, para dejar de utilizar precaria balsa

Ayer, el operador grabó un video en el que relató el peligro que implica realizar el trayecto en estas condiciones.

La embarcación, que ha sido reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en su mayor parte es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.

Construcción del puente depende de la Cámara de Diputados

La construcción del puente en la colonia Pengo San Miguel depende de la financiación de un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores, pero permanece estancado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la bancada mayoritaria de Honor Colorado en la Cámara de Diputados se niega a incluir el proyecto de ley en el orden del día.

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El préstamo será destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, a cargo del MOPC, entre cuyas obras se incluye el puente para Pengo San Miguel.

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Poder Ejecutivo.

Tras su comparecencia, Jorge Brítez se retiró de la sede judicial sin detenerse ante las preguntas de los periodistas que lo siguieron hasta el estacionamiento, donde el exfuncionario abordó su vehículo, soltando apenas unas escuetas palabras ante la insistencia de los trabajadores de prensa. “El doctor te va a responder”, expresó en su camino.

“Más que persecución política, me huele a show”, dijo abogado

El representante legal de Brítez, José Fernández Zacur, dijo que le parece justa la medida adoptada por el magistrado Estigarribia frente al pedido del Ministerio Público, que calificó de excesivo, al ordenar la detención de una persona mayor de 70 años pese a la prohibición del Código. “Es un exceso de acá a la China”, dijo.

Sobre las adendas aprobadas durante la administración de Brítez al frente de la previsional y que derivaron en un millonario perjuicio económico, el profesional señaló que se debe analizar qué dice cada adenda, lo que, según señaló, no consta en la imputación. En ese sentido, destacó que no solo el presidente del IPS es el garante de los fondos y apuntó a los miembros del Consejo de Administración.

“Él es presidente, miembro del Consejo y cumple las instrucciones de su Consejo; no sé si vieron que algún consejero esté imputado”, cuestionó.

Fernández añadió que el próximo paso es conocer los detalles de la carpeta fiscal y lo que en ese sentido pueda aportar su defendido a la investigación. Dijo que, como titular de la previsional, a Brítez le cupo abordar muchos temas, por lo que es difícil que el mismo recuerde particularidades.

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Remarcó que Brítez se pondrá a disposición de la Fiscalía, ya que para la defensa es fundamental la definición de responsabilidades dentro de la carpeta investigativa.

Ante la consulta de si perciben algún tipo de persecución política en el marco de la causa, el profesional manifestó: “No, yo no sé si es persecución política, me huele más a show que otra cosa”.

Una imputación incompleta, según abogado

Fernández Zacur afirmó que la imputación es “indeterminada e incompleta”, porque, a su entender, involucra a personas que no debieron estar y omite a otras que sí debieron ser incluidas. Argumentó que las adendas son el complemento de un contrato, pero el firmante de ese contrato no está imputado.

“A mí me gustaría saber cuál fue el criterio de discriminación que tuvo el Ministerio Público, que tomó una causa que dos años y medio estuvo parada y en un mes resolvió lo que resolvió”, expresó.

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Según el artículo 195 del Código Electoral, en días de elecciones generales - incluyendo a las municipales, que tendrán lugar en Paraguay el domingo 4 de octubre - quedan prohibidas ciertas actividades, entre ellas el expendio de bebidas alcohólicas.

Esta medida no rige en días de elecciones internas partidarias, en las que el voto no es obligatorio.

¿Qué está permitido y qué está prohibido durante la veda electoral?

Además de la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, el artículo 195 del Código Electoral paraguayo establece las siguientes prohibiciones:

• La aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos, que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar.
• La portación de armas, aún mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior.
• La celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios.
• La instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos.

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¿Cuándo inicia la veda electoral?

La veda electoral entra en vigencia en dos etapas según lo establecido por la legislación electoral: para la propaganda política y los actos de proselitismo en la vía pública o medios masivos, rige a partir de las 48 horas antes de los comicios (desde las 00:00 del viernes 2 de octubre); mientras que la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y la realización de espectáculos públicos comienza 12 horas antes del inicio de la votación (a las 19:00 del sábado 3 de octubre).

¿Existen multas por violar la veda electoral?

Sí, las infracciones a la veda electoral están contempladas en el Código Electoral Paraguayo (Ley N.º 834/96) y acarrean sanciones económicas. La comercialización de bebidas alcohólicas durante el periodo de prohibición —desde 12 horas antes del inicio de los comicios hasta la finalización de las votaciones— conlleva multas que van de 50 a 200 jornales mínimos para los comerciantes infractores. Asimismo, la realización de actos de proselitismo o difusión de propaganda política fuera del plazo legal estipulado es sancionada con multas aplicadas por los juzgados electorales y las municipalidades, sumado al retiro inmediato del material publicitario.

El organismo técnico indicó que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados

El área de cobertura abarca los sectores noreste, este y sur de la Región Oriental, impactando de forma directa a los siguientes departamentos:

• Caaguazú (zona este)
• Caazapá (zonas sur y este)
• Itapúa (zonas noreste y suroeste)
• Alto Paraná (zonas sur, centro y noroeste)
• Amambay (zonas centro, este y sur)
• Canindeyú

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes generados por las ráfagas de viento y la acumulación temporal de agua en zonas urbanas.

En conversación con ABC Cardinal, Daniel criticó la prisa del agente fiscal para requerir la prisión preventiva y ordenar la detención de los procesados, tildando la medida como “desproporcionada e inconstitucional”, al considerar que todos los involucrados cuentan con suficiente y conocido arraigo en el país.

“Me pregunto por qué Julio Ortiz actúa de esta manera. ¿Qué es lo que quería? ¿Que no se presente nadie, que se queden todos prófugos y que nadie brinde explicaciones?”, expresó el profesional.

El defensor expuso presuntas irregularidades procedimentales dentro del acta de imputación. Según argumentó, el Ministerio Público fijó la audiencia indagatoria para Bataglia para una hora anterior a la presentación formal del propio documento de imputación en el sistema judicial.

Por otro lado, calificó de irracional la medida solicitada incluso para el coimputado Jorge Brítez, recordando que la legislación procesal vigente prohíbe dictar prisión preventiva a personas de 70 años o más.

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“Los consejeros están mirando el proceso desde sus casas”

Otro de los puntos criticados por la defensa es la selectividad de los procesamientos. Daniel señaló que las acciones del presidente del IPS se basan en la ejecución de decisiones tomadas previamente por el Consejo de Administración de la entidad, cuyos miembros no fueron incluidos en el requerimiento fiscal.

“El presidente del IPS lo que hace es cumplir y ejecutar lo que se resuelve a través de sus consejeros. Sin embargo, los consejeros que tuvieron que haber ordenado o dispuesto que se firme tal cosa están mirando el proceso desde el IPS o desde su casa. Algo hay”, sentenció.

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Bataglia volverá de Italia y se pondrá a disposición de la Justicia

“Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia no está en el país. Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia va a venir”, manifestó el abogado Arturo Daniel, aunque no pudo precisar el día del arribo de su representado, que actualmente se encuentra en Italia.

Ante la duda de si el expresidente del IPS cuenta con la nacionalidad italiana y podría acogerse a algún beneficio a través de ello, el profesional explicó que su cliente solo cuenta con el apellido, pero no con una doble ciudadanía.

“Él tiene el apellido italiano, pero no tiene la doble ciudadanía ni absolutamente nada de eso. El doctor Bataglia es un tipo que a lo único que se dedica es al estudio. Y aparte, yo tampoco sé realmente si Italia prohíbe la extradición a sus connacionales”, manifestó.

Añadió que una vez que Bataglia se encuentre en el país, probablemente replique el proceder de Jorge Brítez, quien se presentó directamente en el despacho del juez que entiende en la causa.

“Como hay un pedido de prisión preventiva, la verdad que el camino es ir al Poder Judicial; de todas maneras, ponerse a disposición del fiscal es para que el fiscal le cuente al juez: ‘Ya le tengo acá a Vicente Bataglia y te pongo a tu disposición’. Entonces, en vez de perder dos o tres horas y molestar la apretada agenda del fiscal, creo que ya podemos molestar la agenda apretada también del juez”, dijo.

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El saldo de los créditos otorgados por bancos y empresas financieras al sector privado alcanzó un crecimiento interanual de 14,42% al cierre de junio de 2026, impulsado tanto por el financiamiento en moneda nacional como en moneda extranjera, según el reporte emitido por el BCP, ayer miércoles.

El crecimiento del crédito estuvo explicado por el aumento de 11,06% en los préstamos en moneda nacional (MN) y de 21,84% en moneda extranjera (ME), reflejando la continuidad de la expansión del financiamiento a empresas y familias.

Por el lado del ahorro, el saldo de los depósitos del sector privado registró una expansión interanual de 19,40%, superior a la observada en los créditos. Los depósitos en moneda nacional aumentaron 18,26%, mientras que los realizados en moneda extranjera crecieron 21,32%.

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Tasas de interés muestran comportamientos mixtos

El BCP refiere que, en cuanto al costo del financiamiento, la tasa de interés activa promedio ponderada en moneda nacional se ubicó en 15,97% durante junio, con una leve disminución de 0,10 puntos porcentuales respecto al mes anterior, aunque todavía 1,29 puntos por encima del nivel registrado un año atrás.

Explica que, la tasa pasiva promedio en moneda nacional, correspondiente a los depósitos, se situó en 6,32%, con una reducción mensual de 0,03 puntos, pero un incremento interanual de 0,89 puntos porcentuales.

En moneda extranjera, la tasa activa alcanzó 7,86%, aumentando 0,24 puntos frente a mayo, aunque permaneció 0,29 puntos por debajo del nivel de junio de 2025. En tanto, la tasa pasiva se ubicó en 3,65%, con un incremento mensual de 0,08 puntos y una disminución interanual de 0,50 puntos porcentuales.

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Bancos mantienen sólidos indicadores financieros

El informe del BCP también muestra que el sistema bancario y financiero mantiene indicadores de fortaleza. Al cierre de junio, la liquidez se situó en 31,54%, la solvencia en 17,03%, la morosidad en 2,84% y la rentabilidad alcanzó 18,60%.

Por otra parte, el mercado de valores acumuló negociaciones por G. 27,35 billones hasta junio de 2026, lo que representó una disminución interanual de 0,74%.

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BCP mantiene la tasa de política monetaria

En materia de política monetaria, el Comité de Política Monetaria del BCP resolvió en su reunión del 23 de julio mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 5,50% anual, decisión alineada con el comportamiento de la inflación y las condiciones macroeconómicas.

A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3,50% y 3,75%, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios sus tasas de referencia.

En la región, el Banco Central de Brasil redujo su tasa de política monetaria a 14,25%, mientras que Uruguay (5,75%), Colombia (12,00%), Perú (4,25%) y Chile (4,50%) optaron por mantener sin cambios sus tasas de referencia.

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En la intervención ante el pleno del Senado, Amarilla apuntó contra el cartismo por la situación financiera de la Municipalidad de Asunción y reclamó que sean devueltos los G. 500.000 millones que, según sus expresiones, fueron “robados” de la comuna.

La senadora vinculó además este último caso con la candidatura de Camilo Pérez, candidato de la Lista 1 para la Intendencia de Asunción, y sostuvo que el oficialismo debe aclarar primero el destino de los recursos municipales antes de pedir el voto de los asuncenos.

Amarilla exige a Abdo y Peña dar la cara por el IPS

Amarilla comenzó destacando la imputación de nueve personas en la causa que investiga presuntas irregularidades en el IPS y felicitó al fiscal que impulsó las imputaciones.

“61.000 millones de guaraníes robados, robados, llamemos a las cosas por su nombre”, afirmó la senadora, quien pidió que tanto el Ministerio Público como la Justicia avancen sin temor.

La legisladora sostuvo que el caso es especialmente grave porque, según afirmó, se trata de recursos que podrían haber sido utilizados para atender a los asegurados. “61.000 millones de guaraníes que podían salvar muchas vidas”, manifestó.

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A partir de esta situación, Amarilla apuntó directamente a los expresidentes y reclamó explicaciones políticas.

“Ambos tienen que salir a dar la cara y aclarar”, afirmó, en referencia a Mario Abdo Benítez y Santiago Peña.

La senadora cuestionó particularmente a Abdo Benítez por haber mantenido a Vicente Bataglia al frente del IPS hasta el último día de su gobierno, pese a que, según sostuvo, ya existían sospechas sobre su administración.

“Sobre todo Mario Abdo Benítez porque lo tuvo a Bataglia hasta el último día cuando ya habían sospechas y sospechas y sospechas”, expresó.

“Ambos gobiernos tienen enorme signo de corrupción”

Amarilla rechazó que el caso pueda ser presentado únicamente como un problema de un sector interno del Partido Colorado. “Ambos gobiernos cargan muertos en sus espaldas”, afirmó la senadora, al cuestionar tanto la administración de Abdo Benítez como la de Peña.

También sostuvo que ambos gobiernos tienen un “enorme signo de corrupción” y reclamó que las investigaciones no se limiten a los nueve imputados.

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La legisladora apuntó además contra los integrantes del Consejo de Administración del IPS, incluyendo a representantes de trabajadores y empresarios, y sostuvo que deben investigarse las eventuales responsabilidades de quienes participaron de las decisiones cuestionadas. “Tienen que rodar cabezas, de verdad tienen que irse presos”, reclamó.

Celeste reclama al cartismo devolver G. 500.000 millones

Tras cuestionar el caso IPS, Amarilla puso el foco en otro millonario caso que, según afirmó, perjudica políticamente al oficialismo: los G. 500.000 millones vinculados a la Municipalidad de Asunción.

La senadora sostuvo que el cartismo debe dar explicaciones sobre el destino de esos recursos y apuntó directamente al presidente de la República, Santiago Peña, y al presidente de la ANR, Horacio Cartes.

“Tiene que dar la cara Santiago Peña y tiene que dar la cara Horacio Cartes como presidente de la ANR, por la desaparición de 500.000 millones de guaraníes de la Municipalidad de Asunción antes de ofrecernos un candidato”, afirmó.

Amarilla insistió en que el oficialismo no debería esperar a que pasen las elecciones municipales para buscar explicaciones sobre el destino de los fondos. “No espere las municipales para buscar los 500.000 millones de la Municipalidad de Asunción”, reclamó.

“Devuelvan los G. 500.000 millones y ahí le votamos”

La senadora vinculó el reclamo con la candidatura de Camilo Pérez, postulante de la Lista 1 para la Intendencia de Asunción.

Según Amarilla, Pérez representa al mismo sector político que estuvo al frente de la Municipalidad durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, por lo que cuestionó que el cartismo presente al candidato como una alternativa para solucionar los problemas de la capital sin antes aclarar lo ocurrido con los recursos municipales.

Su mensaje fue directo al oficialismo: “Primero, devuelvan los 500.000 millones de guaraníes perdidos a la Municipalidad de Asunción y ahí le votamos todos a Camilo Pérez”, afirmó.

La senadora incluso advirtió que, mientras no se esclarezca el caso, quienes voten por Pérez estarían, según su interpretación, respaldando a un “encubridor” o “cómplice” de la desaparición de los recursos.

“Camilo Pérez, buscá esa plata, mostranos esa plata, ahí recién vas a ser digno de presentarte ante los asuncenos”, concluyó.

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Cayó un “especialista”

Durante un operativo de patrullaje realizado por agentes de la Comisaría 1ª de Asunción, la Policía logró sorprender en flagrancia a un hombre mientras hurtaba accesorios de varios vehículos estacionados.

En poder del sospechoso, identificado como Jorge Luis Villalba Barrios (33), se incautaron cuatro espejos retrovisores y varios emblemas identificatorios de marcas de automóviles.

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Sin embargo, a pocas horas de la detención, el Ministerio Público dispuso su liberación debido a que este tipo de hechos no son considerados delitos graves.

Un perjuicio real para el ciudadano

El comisario principal José Santa Cruz expresó la indignación que genera esta situación tanto en la ciudadanía como en las fuerzas del orden. “Efectivamente las víctimas son perjudicadas con un perjuicio enorme. Cada espejo tiene su costo”, refirió.

“Una persona que adquirió su vehículo con mucho sacrificio se ve golpeada por estas aparentes ‘pequeñeces’, que obligan a realizar nuevos gastos económicos para reponer los accesorios e intentar reorganizarse”, recalcó la autoridad.

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Reincidencia y la “puerta giratoria”

El detenido no es un desconocido para la Justicia. Villalba Barrios cuenta con una extensa lista de antecedentes penales por delitos similares:

• 2016: Hurto agravado
• 2017: Hurto agravado
• 2019: Hurto y reducción
• 2024: Robo agravado

A pesar de ser un delincuente habitual, la legislación penal actual considera estos hechos como delitos de bagatela, lo que impide aplicar condenas severas a los responsables. Esta “puerta giratoria” permite que los sospechosos retornen velozmente a las calles para continuar operando.

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Desde la Policía Nacional señalaron que, ante la acumulación diaria de denuncias en las comisarías, seguirán ajustando planes de patrullaje para intentar frenar esta modalidad delictiva que afecta directamente al bolsillo de los automovilistas.

🔶 Asunción: Reportan robo de accesorios de vehículos

🔶 Un delito menor que atemoriza a los automovilistas.#MóvilABC - @PabloOtaz1.https://t.co/ZvwJlbwdHn - #ABCTVpy #ABCNoticias pic.twitter.com/bgFLawYU5s

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

Indicó que esa zona “quedó en el tiempo; en síntesis, siempre se vienen haciendo parches y arreglos, pero no es suficiente”, acotó. Los trabajos de reparación terminan abiertos nuevamente en pocos meses y, en partes, la capa asfáltica evidencia una falla por fatiga del asfalto, que forma las fisuras conocidas como “piel de cocodrilo”. Estos agrietamientos son causados por un daño estructural avanzado debido al tráfico pesado constante, bases débiles o filtración de agua, sumado al envejecimiento del asfalto.

La reparación necesaria debe ser profunda, porque una carpeta superficial solamente durará poco tiempo. En términos simples, es necesario rehabilitar la base para posteriormente agregar una capa asfáltica nueva.

La ruta PY07, en gran parte de su conexión entre Yatytay y Cedrales, en Alto Paraná, fue construida mediante un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), inaugurado en el año 2022 por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, con un costo superior a G. 1 billón.

En contrapartida, el MOPC debía gestionar recursos para el tramo faltante para que se concrete el empalme con la ruta PY06, pero hasta la actualidad no ha financiado este proyecto.

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Impulso económico

El ingeniero Weschenfelder acotó que continúan esperanzados en que el Gobierno actual cumpla su compromiso con la comunidad, debido a que la mejora de esta conexión vial traerá un impulso económico importante a la zona. Natalio es conocida como la Capital de la Soja, debido a que, en época de cosecha, alrededor del 60 % de la soja nacional parte de los puertos ubicados en la ciudad sobre el río Paraná.

No obstante, el estado de la ruta hace que muchos inversores eviten las ciudades afectadas por este tramo, es decir, Capitán Meza, Edelira y Natalio, para optar por otros puertos donde esté asegurado el acceso vial, por más que generen más costos por la distancia.

También, en materia de turismo, refirió que los visitantes “tienen miedo de venir por el estado del asfalto”, puntualizó. Asimismo, como autoridades tienen “incertidumbre de invitar a inversores, porque no podemos asegurar caminos de calidad”, refirió.

Sostuvo que es necesario darle a la gente una mejor infraestructura vial, no solo por seguridad, sino porque traerá desarrollo a la zona. “Mientras más movimiento se genere, habrá mayor circulante en la comunidad”, explicó el jefe comunal.

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Corredor de Exportación

Según la recategorización del MOPC del año 2019, la ruta PY07 inicia en el kilómetro 0, en el Cruce Santa Clara, empalme con la ruta PY06, en el distrito de Capitán Meza, departamento de Itapúa, y culmina en la frontera con Brasil, en la comunidad de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Conocida como “Corredor de Exportación”, es un tramo que une el noreste del departamento de Itapúa con Alto Paraná, hasta llegar a Canindeyú, bordeando los principales accesos a puertos a orillas del río Paraná, con una extensión de 417 kilómetros.

Parte de la ruta fue desarrollada desde 2018 con financiación de la JICA. Fue adjudicada en tres lotes por G. 951.081 millones y terminó costando G. 1.084.349 millones.

El lote 1, desde Natalio hasta la Colonia 7 de Agosto (Carlos Antonio López), con un total de 50 kilómetros de extensión, estuvo a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos SA, de Óscar Franco. A esta firma se le adjudicó la obra por G. 271.516 millones y su costo final fue de G. 303.883 millones.

El lote 2, desde la Colonia 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, de 46,5 kilómetros, fue construido por Ecomipa SA, de Edgardo Wasmosy. Fue adjudicado por G. 358.038 millones, pero terminó costando G. 397.919 millones.

El lote 3, entre el río Ñacunday y el distrito de Los Cedrales, en Alto Paraná, suma 46,7 kilómetros y estuvo a cargo de la empresa coreana Ilsung Construction Co. Ltda., de Chang Sik. Este tramo costó G. 382.546 millones.

Este escenario inevitablemente recuerda lo ocurrido en 2015, cuando un potente evento de El Niño golpeó sin tregua a Paraguay, provocando inundaciones masivas que afectaron a decenas de miles de familias.

Ante esta situación, la Escuela San Miguel de Fe y Alegría, del Bañado Sur, ya activó su comité de riesgo institucional con el firme objetivo de anticiparse a los desbordes y proteger a los estudiantes.

Irene Culman, directora de la institución educativa, expresó la profunda preocupación que atraviesan tanto los docentes como las familias de la zona ribereña: “Estamos atentos a la situación. Es una preocupación nuestra, de las familias y de todo el Bañado Sur”.

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Seguidamente, confirmó que ya se encuentran articulando acciones con distintas carteras estatales: “Activamos el Comité de Riesgo y estamos en constante comunicación con los ministerios para recibir indicaciones sobre cómo va a ser el sistema y a dónde acudir”.

Si bien la Escuela San Miguel suele ser una de las últimas instituciones de la zona en verse alcanzadas por el avance del agua, a diferencia de escuelas como Virgen de Luján, San Blas o San Cayetano, que suelen registrar las evacuaciones iniciales del sector, la preparación comenzó con meses de anticipación.

El objetivo central de la directiva y los docentes es evitar la interrupción masiva del aprendizaje que históricamente sufren los menores en situaciones de emergencia.

“La idea es que, en caso de que tengamos que abandonar la escuela por la inundación, los chicos no pierdan las clases, que podamos continuar y es por eso que ya estamos trabajando en la coordinación con las instituciones de emergencia”, enfatizó Culman.

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La estrategia apunta a que el traslado temporal de la escuela se planifique en la misma zona o en un punto muy cercano a donde deban instalarse los refugios de las familias afectadas: “Ya es muy difícil tener que salir de tu casa y de tu escuela, por eso nos estamos preparando para tratar de que todo sea lo menos difícil posible”.

En el plano estrictamente pedagógico, los docentes adoptaron una estrategia de contingencia adelantando contenidos y reforzando los conocimientos ya impartidos. De este modo, si el agua finalmente aísla o fuerza el desalojo del edificio escolar, los alumnos podrán encarar un proceso de repaso continuo que asegure la retención de los saberes adquiridos durante el año lectivo.

Se teme que, en consecuencia, se produzcan inundaciones en zonas ribereñas de Asunción y otras ciudades ubicadas a orillas del río Paraguay, cuyo nivel podría aumentar de manera considerable debido a las precipitaciones. Ante esa posibilidad, instituciones del Gobierno han comenzado a planear medidas preventivas.

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Un rol importante dentro de esos preparativos es el que tiene la Agencia Espacial del Paraguay, que está utilizando imágenes satelitales, fotografías de alta resolución tomadas por un dron especializado y simulaciones digitales para predecir cuál sería el impacto del fenómeno y brindar esa información a las demás instituciones estatales para que estas actúen en consecuencia.

Simulaciones para predecir la crecida del río Paraguay

Alejandro Román, director de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la Agencia Espacial del Paraguay, comentó hoy a ABC Color que los modelos predictivos se nutren de imágenes satelitales a las que Paraguay accede por medio de convenios con agencias espaciales internacionales como la NASA estadounidense, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

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Esas imágenes y las capturas proveídas por un dron capaz de captar fotografías de muy alta resolución permiten a la Agencia Espacial del Paraguay preparar modelos de simulación para predecir, por ejemplo, los niveles de inundación que podrían registrarse en zonas ribereñas de Asunción según el nivel al que lleguen las aguas del río Paraguay.

Román indicó que se están elaborando simulaciones con un escenario de crecida del río Paraguay equivalente al máximo histórico registrado en 1983 –cuando el río llegó a una altura de 9,1 metros– para analizar hasta dónde llegaría la inundación, el número de escuelas y servicios de salud que se verían directamente afectados, entre otros indicadores.

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Esos datos son luego comunicados a las instituciones pertinentes como la Secretaría de Emergencia Nacional y los ministerios de Salud Pública o Educación para que estos tomen decisiones con base a esos datos científicos.

Además, el juez adelantó que aceptará una caución real de G. 1.000 millones planteada por la defensa y dejará sin efecto la orden de detención que pesaba sobre el procesado.

El juez también instó al imputado a comparecer ante el Ministerio Público para la declaración indagatoria. Explicó que la ley no permite obligar al acusado a prestar declaración, ya que se trata de un derecho y no de una obligación.

Asimismo, Estigarribia fijó un plazo de seis meses para la presentación de la acusación fiscal.

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Edad del acusado impide la prisión preventiva

Al fundamentar su decisión, Estigarribia señaló que el artículo 238 del Código Procesal Penal establece de manera imperativa que no puede dictarse prisión preventiva contra una persona mayor de 70 años, condición que reúne Brítez.

Según explicó, pese a la gravedad de los hechos investigados y a que el extitular del IPS está sindicado como autor en un presunto caso de corrupción, la normativa vigente impide ordenar su encarcelamiento preventivo.

Juez no observa riesgo de obstrucción ni de fuga

El magistrado también argumentó que el Juzgado no encontró elementos que permitan concluir que Brítez pueda obstruir la investigación. Señaló que la pesquisa se inició en 2024 y que, desde entonces, la Fiscalía dispuso de tiempo suficiente para reunir las evidencias relevantes para la causa.

Respecto al peligro de fuga, reconoció que existe una expectativa de pena en caso de una eventual condena. Sin embargo, afirmó que no se advierten circunstancias que permitan presumir un riesgo concreto de evasión y destacó que el imputado se presentó de manera inmediata ante la Justicia.

En ese contexto, concluyó que el extitular del IPS reúne las condiciones legales para ser beneficiado con una medida alternativa a la prisión preventiva.

“Es factible la aplicación de una medida alternativa a la prisión preventiva por poder reemplazarse ese peligro de fuga. La obstrucción no percibo de ninguna manera”, declaró.

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Audiencia de imposición pública

El juez Estigarribia permitió el acceso de la prensa a la audiencia de imposición de medidas, una decisión poco habitual en este tipo de diligencias. El magistrado justificó la apertura al señalar que se trata de una causa de relevancia pública.

Detalló que Brítez no está obligado a presentarse ante el fiscal Julio Ortiz, debido a que la declaración es un derecho pero no una obligación.

“Es derecho de la persona proceder o no a la defensa. Lo que se establece es la oportunidad para defenderse. Obligado no está pero él (Brítez) dijo que iba a organizar su defensa y comparecer”, aseguró.

🔶 Expresidente de IPS no irá a prisión durante investigación por perjuicio de G. 61.000 millones. Extitular ofreció inmueble como fianza

🔶 "El inmueble es propiedad del señor Jorge Brítez. Es un inmueble por ese valor de 1.000 millones de guaraníes", juez Rodrigo Estigarribia.… pic.twitter.com/HF7xxcEHxz

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El juez confirmó que también tomará audiencias a las otras personas que se presentaron hoy en la misma causa.

Agregó que el inmueble presentado por la defensa del extitular del IPS pertenece al propio Brítez y tiene un valor de 1.000 millones de guaraníes.

Jorge Brítez se presentó esta mañana ante el Juzgado, luego de haber sido imputado por lesión de confianza, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para el IPS de G. 61.000 millones.

La víctima, identificada como Heber Fernando Díaz Cardozo, se vio obligado a entregar la recaudación correspondiente a los servicios de cobranza que ofrece el negocio, que totalizó la suma de G. 58 millones, además de tres teléfonos celulares Samsung: un S24 Ultra, un M12 y un A15. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en una motocicleta por la avenida General Bernardino Caballero.

Rastreo los llevó hasta el barrio Remansito

Minutos después, mediante el sistema de rastreo GPS de uno de los aparatos robados, la víctima logró ubicar la señal en un pasillo del Sector IV del barrio Remansito. En el sitio fueron recuperados dos de los celulares robados, que estaban envueltos en una remera de color rojo.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno y al Departamento de Investigaciones de Delitos para iniciar las diligencias investigativas.

La iniciativa denominada Multiciudades es impulsada por la gestora cultural y vocera del proyecto, Cristina Vera Díaz, e integra a artistas procedentes de San Ignacio Guazú, San Cosme y Damián, Encarnación, Trinidad y Hohenau.

El circuito dio inicio oficial el pasado 26 de julio en San Ignacio, Misiones, en coincidencia con los festejos patronales de la ciudad, donde la interpretación de partes de la Misa de San Ignacio de Zipoli se integró de forma directa a la celebración litúrgica.

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“Es la primera vez, desde los siglos XVII y XVIII, que este repertorio volvió a sonar dentro de la misa en San Ignacio con una iglesia repleta. Quisimos que la propia comunidad viviera su patrimonio litúrgico y sacro dentro del ámbito para el cual fue concebido originalmente”, destacó Vera Díaz.

Circuito itinerante y valor pedagógico

El proyecto contempla tres presentaciones principales durante la presente temporada. Tras el concierto inaugural en suelo misionero, el elenco proyecta una presentación en Asunción para el mes de octubre y una réplica final en noviembre, teniendo como escenario la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná, Itapúa, sitio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

El repertorio abarca piezas vocales e instrumentales en latín, así como obras anónimas interpretadas en guaraní, rescatadas a partir de los hallazgos de partituras históricas en la región de la antigua provincia jesuítica de la Paraquaria.

Además del valor artístico, la propuesta persigue un fin formativo: sensibilizar a las nuevas generaciones e incidir en los programas académicos de instituciones locales.

Al respecto, Vera Díaz señaló que el objetivo es que los conservatorios regionales, como el HaSe de Hohenau o el Santa Cecilia de Encarnación, incorporen formalmente la obra de Zipoli en sus programas de estudio.

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“Se estudia a Chopin, Mozart y Scarlatti, pero muchas veces ignoramos la música que nos pertenece y que se creó en nuestra propia tierra. Queremos que los estudiantes conozcan y ejecuten este repertorio”, enfatizó.

En esa misma línea, el proyecto involucra de forma pedagógica a la comunidad educativa de la Escuela Básica San Ignacio de Loyola, vinculando las presentaciones con los contenidos del quinto grado del área de Ciencias Sociales, referentes a la historia de las misiones jesuíticas y franciscanas.

Un elenco intergeneracional y ecuménico

La agrupación artística está conformada por más de 50 integrantes que abarcan distintas franjas etarias: unos 10 niños, 20 jóvenes y alrededor de 25 adultos, entre la orquesta y el coro.

En la zona de las Colonias Unidas, el proyecto cobró una dinámica particular al sumar a residentes de colectividades de origen germánico radicados en Hohenau, quienes se integraron al espacio de ensayo coral del Conservatorio HaSe.

“En Hohenau se dio un fenómeno muy interesante. Integrantes de comunidades evangélicas, luteranas y anglicanas se sumaron al coro atraídos por la tradición de la música sacra. Esa fusión intergeneracional y ecuménica le da un carácter muy enriquecedor a la propuesta”, concluyó Vera Díaz.

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La falta de control dentro de las poblaciones era precisamente la preocupación permanente de los pobladores, atendiendo la gran cantidad de personas extrañas que visitan la zona y, sobre todo, aquellas que poseen cuentas con la justicia y que suelen trabajar en las numerosas estancias de la región.

En todos los puestos policiales, sobre todo aquellos ubicados al costado de la ruta, comenzaron a realizarse controles de vehículos, algo normal para los uniformados en cualquier parte del país, pero que, sin embargo, curiosamente en el Alto Paraguay casi nunca se realizaba.

Estos controles se llevan a cabo a cualquier hora del día y de la noche e inclusive son controladas las personas que circulan a caballo provenientes de las estancias hacia las comunidades.

De forma permanente se puede observar a uniformados custodiando los lugares públicos, como por ejemplo la plaza central de Fuerte Olimpo, donde anteriormente, de forma casi constante, se registraban hechos de violencia y peleas entre personas alcoholizadas. Hace bastante tiempo que esto acabó en la capital departamental.

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Casi por primera vez también se puede observar la presencia de agentes policiales a la entrada y salida de las instituciones educativas de las diferentes comunidades. Es para ordenar el tránsito vehicular y proteger la integridad de los alumnos y maestros.

La presencia de más uniformados en el departamento, sin duda, ayudó para que el jefe policial pudiera encargarse de la distribución de sus agentes en esta enorme región, con el objetivo de realizar estos controles.

Por de pronto, toda la ciudadanía espera que el nuevo director departamental continúe con este tipo de labor y, por supuesto, la mejore aún más, para beneficio de las familias chaqueñas.

Vasto territorio

El Alto Paraguay posee 82.349 km² de territorio, el segundo más extenso del país, y si bien su población apenas supera los 20.000 habitantes, la grandiosidad de su extensión obliga a los uniformados policiales a realizar controles, atendiendo que por la zona es común el paso de vehículos que transportan drogas provenientes de territorio boliviano.

Otro de los principales hechos delictivos que se sucede en el departamento tiene relación con el robo de animales vacunos, y en gran cantidad, atendiendo que la región se caracteriza por ser una zona altamente ganadera. De allí la importancia de estos controles ruteros que se implementaron últimamente.

Para el día de hoy está prevista la llegada a la zona del nuevo jefe de Orden y Seguridad, el comisario principal Justino Miguel Gorgge, quien reemplaza a la comisaria principal Maricel Cartaman. En tanto, el nuevo director de Policía del departamento, el comisario general inspector Reinaldo Delgado Arce, debería llegar a esta capital departamental la próxima semana.

No obstante, señaló que el crecimiento de la demanda de servicios también derivó en la acumulación de la deuda.

Explicó que la ampliación de la oferta de atención y el proceso de descentralización provocaron un incremento de las prestaciones que, en algunos casos, derivó en la ejecución de contratos sin el correspondiente respaldo financiero.

“El Ministerio de Salud ha tenido un incremento de demanda por el aumento de la oferta y una descentralización importante”, declaró.

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Demanda en salud se duplicó en dos años y medio

Lovera indicó que la demanda en el sistema público de salud prácticamente se duplicó en los últimos dos años y medio. Mientras entre 2018 y 2023 —incluido el período de pandemia— se registraron unas 20 millones de atenciones, actualmente la cifra asciende a 40 millones.

Según explicó, ese crecimiento aceleró la ejecución de contratos y generó una mayor presión sobre la disponibilidad financiera del Ministerio de Salud.

“Esa respuesta a esa demanda ha generado que se ejecuten contratos sin el correspondiente control financiero”, sostuvo.

Integración de sistemas para mejorar el control

Como parte de las medidas correctivas, el ministro informó que el Gobierno avanza en la integración de los sistemas informáticos del Ministerio de Salud, con el objetivo de contar con una trazabilidad completa de los procesos de contratación.

“Este proceso nos va a permitir la integración de todos los sistemas para tener la trazabilidad de un contrato desde que se planifica hasta que se paga y adicional a esto; en el Ministerio de Salud se está avanzando en la implementación del sistema de información de salud”, declaró.

Añadió que esta plataforma permitirá seguir el recorrido de los medicamentos desde su recepción en los hospitales hasta su entrega al paciente.

Contratos plurianuales generaban presión financiera

Lovera explicó que los contratos plurianuales utilizados en Salud también contribuyeron a la crítica situación financiera, debido a que, aunque estaban previstos para varios años, terminaban ejecutándose en un período mucho más corto por el incremento de la demanda.

Indicó que esa práctica ya estaba prohibida, pero anteriormente las sanciones recaían únicamente sobre la institución. Señaló que desde este año también se establecieron responsabilidades para los funcionarios que autoricen contratos sin disponibilidad presupuestaria.

“A partir de este año, en el decreto reglamentario establecimos que el funcionario que ejecute contratos sin tener la disponibilidad presupuestaria de este año será pasible de sanciones administrativas y penales. Eso ha generado una fricción en el modelo de gestión, principalmente en el Ministerio de Salud”, declaró.

Nueva herramienta permite monitorear contratos en tiempo real

El ministro también destacó la implementación de una herramienta tecnológica que permite controlar, en tiempo real, la ejecución de los contratos y los compromisos financieros asumidos por las instituciones. Explicó que el sistema ya funciona plenamente en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

“Si yo quiero saber cuántos contratos ejecutó el Incan desde mediados de febrero y cuántos son los compromisos que asumió en ese período, hoy lo tengo en un clic. El problema antes era que teníamos un área de ejecución de contratos disociado del área financiera y no se tenía información de cómo avanzaba en términos financieros la ejecución de un contrato”, dijo.

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Además, resaltó que la incorporación de la facturación electrónica de la DNIT permite que las facturas ingresen automáticamente al sistema, sin depender de su presentación por parte de los proveedores, lo que mejora la trazabilidad y fortalece el control de la ejecución presupuestaria.

El pronóstico no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de este jueves.

Según el aviso, emitido poco después de las 07:00, las condiciones meteorológicas generarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Departamentos afectados

Las zonas bajo aviso son:

1. Concepción
2. San Pedro
3. Noreste de Cordillera
4. Guairá
5. Caaguazú
6. Caazapá
7. Noreste de Itapúa
8. Noreste de Paraguarí
9. Sur de Alto Paraná
10. Amambay
11. Oeste y centro de Canindeyú
12. Este de Presidente Hayes
13. Sureste de Alto Paraguay

Afirmó que el sinceramiento de las cuentas mejora la transparencia del Estado, pero advirtió que la sostenibilidad dependerá de la capacidad del Gobierno para aumentar ingresos y contener la presión del gasto. El economista plantea reformas tributarias, previsionales y una revisión de la regla fiscal.

La entrevista fue concedida por el economista Rojas ya que este martes, el MEF informó que ajustó su hoja de ruta fiscal y reconoció que el déficit aumentará en los dos años venideros.

- El MEF sostiene que el aumento del déficit responde al reconocimiento de deudas acumuladas y no a un incremento del gasto corriente. ¿Esa explicación cambia la evaluación de la situación fiscal?

- La explicación importa porque ordena la conversación, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad de las finanzas públicas el resultado termina siendo el mismo. Reconocer una deuda contraída en ejercicios anteriores no la crea; simplemente la coloca en el registro donde siempre debió estar. Habiendo pasado por el Ministerio, sé que reconocer deudas heredadas nunca es una decisión cómoda, y valoro que se haga. Pero también sé que los mercados y las calificadoras no evalúan la fotografía del punto cero: evalúan la película.

Y la película es una brecha estructural que se viene reproduciendo ejercicio tras ejercicio. Un dato que la sintetiza: el ratio interés/ingresos que Moody’s ubicó en 13,1% para Paraguay en 2025, contra una mediana de 11,8% en la categoría Baa3. Ese diferencial no lo cierra el sinceramiento contable; lo cierra la capacidad futura de generar ingresos consistentes con la trayectoria del gasto. Por eso mi lectura es que el sinceramiento es necesario pero no es la solución: es la puerta de entrada al trabajo que viene.

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- El Gobierno prevé emitir más deuda y asegura que el endeudamiento permanecerá por debajo del 40% del PIB. ¿Es todavía prudente?

- El nivel de deuda, tomado en frío, sigue siendo prudente. Paraguay se ubica en torno al 42% del PIB —Moody’s lo confirmó en julio— muy por debajo de la mediana Baa3 de 59%. Ese margen es real y hay que aprovecharlo con responsabilidad. También hay que reconocer algo que se pierde en el debate: el aumento asociado a la deuda flotante corresponde en buena parte a compromisos de inversión pública y salud —proveedores farmacéuticos, obras, contratos ejecutados— y no a gasto corriente estructural nuevo. Endeudarse para cerrar obras o mantener la cadena de suministro de medicamentos es distinto a endeudarse para pagar salarios sin contrapartida.

Dicho eso, lo que debe preocupar es la mecánica que genera este incremento. Estamos frente al resultado de una brecha permanente y estructural entre la demanda de bienes públicos y una recaudación que no acompaña. Mientras esa brecha no se cierre, el nivel de deuda va a seguir presionando al alza y la velocidad de acumulación se convierte en el problema real, mucho más que el nivel del stock. El nivel es prudente hoy; la trayectoria no lo es.

- Si el déficit aumentará hasta 3,9% del PIB en 2027, ¿qué tan creíble es volver al 1,5% en 2028?

Con la información pública disponible, la meta de 1,5% en un solo ejercicio es muy exigente. Y voy a ser directo: no veo motivo técnico para que la convergencia deba darse exactamente en 2028. Apurar la convergencia a un año calendario específico genera un estrés innecesario, obliga a decisiones subóptimas de recorte y termina generando compromisos que después no se pueden sostener. Pasé por esa disyuntiva más de una vez cuando era ministro. La convergencia va a ocurrir cuando exista un plan que ajuste la mayor demanda de bienes públicos a una nueva trayectoria de ingresos fiscales sostenible.

Ese plan requiere al menos tres piezas concretas: una reforma tributaria integral que amplíe la base de ingresos, una reforma del gasto rígido —empezando por el previsional, donde la Ley 7633/2026 apenas resuelve la mitad del problema de la Caja Fiscal—, y una regla fiscal actualizada con cláusulas de escape explícitas y horizonte plurianual, no anual. Si esas tres piezas están, el compromiso es creíble aunque la fecha sea 2029 o 2030 en vez de 2028. Si no están, la meta 2028 se posterga como ya se han postergado metas anteriores.

- El ministro descartó nuevos impuestos y planteó revisar exoneraciones. ¿Alcanza o el Gobierno enfrentará presión para una reforma más amplia?

- Con todo respeto por el planteo del ministro, mi convicción es que no alcanza. Tenemos que ser realistas sobre la magnitud del problema. Paraguay tiene una presión tributaria en torno al 14,3% del PIB —Moody’s lo confirma— muy por debajo de la mediana regional. Chile está en 21%, Uruguay en 25%, Argentina por encima de 30%. Esa comparación desmiente uno de los argumentos que más se escucha: que subir impuestos nos haría perder competitividad. Estamos tan por debajo del resto de la región que hay muchísimo espacio para aumentar la recaudación y seguir siendo atractivos para el inversor local e internacional.

Revisar exoneraciones es técnicamente correcto y lo apoyo: el paquete de septiembre de 2025 —las Leyes 7.548, 7.547 y 7.546— tiene que ser auditado públicamente para saber si la contrapartida en inversión y empleo justifica el costo fiscal. Pero incluso una auditoría exhaustiva no cubre por sí sola las necesidades futuras. Cada punto adicional del PIB equivale a alrededor de US$ 600 millones, y la agenda que tenemos por delante —Caja Fiscal, atrasos, infraestructura, salud, seguridad— requiere mucho más que un punto o dos. Una reforma tributaria amplia y bien diseñada, con contrapartida verificable de bienes públicos, es necesaria. La postergación tiene costos crecientes.

MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación

- ¿Lo ocurrido revela una falla de administración o debilidades estructurales en el control del gasto público?

- Hay que reconocer las dos cosas. La falla de administración existe —no sirve de nada negarla— y algunas responsabilidades específicas van a estar identificadas cuando termine el trabajo de sinceramiento. Pero mi lectura es que la explicación central es estructural. Cualquier administración que hubiese estado al frente enfrentaría el mismo problema de fondo, quizás con distinta magnitud o distinto momento de expresión. Yo lo viví en primera persona: cada ministro tiene que decidir en meses críticos si posterga pagos, si emite, o si recorta ejecución.

El problema estructural es la brecha entre los ingresos fiscales y la demanda creciente de bienes públicos. Esa brecha ronda el 2% del PIB de manera permanente y se reproduce ejercicio tras ejercicio, porque el gasto crece 8–10% nominal mientras la recaudación tiene un techo condicionado por una informalidad laboral cercana al 60%. Cuando ese desequilibrio se acumula, aparecen los atrasos, la deuda flotante, las obligaciones sin respaldo. Son la manifestación, no la causa. Fortalecer controles ayuda; resolver la brecha estructural es lo que evita que el mismo escenario se repita en el próximo gobierno.

- El Gobierno afirma que está sincerando las cuentas públicas. ¿Fortalece o debilita la credibilidad?

- Refuerza la credibilidad, y quiero ser categórico en este punto porque a veces se lee al revés. Los mercados internacionales y los actores económicos locales valoran mucho más a un gobierno que reconoce errores —los errores pueden ocurrir, es difícil pensar en administraciones donde no existan— que a uno que los esconde. La opacidad se descubre siempre; el costo reputacional de esconder es mayor que el de reconocer. Un dato muy elocuente: Moody’s afirmó el rating Baa3 con perspectiva estable el 17 de julio de 2026, exactamente en el momento en que el gobierno estaba reconociendo el nivel real de atrasos. Si el mercado hubiese leído el sinceramiento como una señal negativa, la reacción de la calificadora habría sido distinta.

Ahora, un matiz importante: el sinceramiento no fortalece por sí solo. Es un paso, una condición necesaria pero no suficiente para consolidar la credibilidad fiscal. Si va acompañado de reformas creíbles —tributaria integral, revisión de la regla fiscal, reforma previsional más profunda— la credibilidad se consolida y el país gana espacio para financiarse en mejores condiciones. Si viene sin plan, se convierte en un ejercicio contable sin continuidad y el mercado va a leer el próximo shock con menos paciencia.

MEF prevé nueva deuda para pagar a proveedores y afirma que deuda pública seguirá bajo el 40% del PIB

- Si usted fuera hoy ministro, ¿mantendría la decisión de elevar el déficit para pagar deudas o priorizaría la regla fiscal aunque implique postergar pagos?

- Es una pregunta que me toca directamente porque pasé por decisiones muy parecidas cuando fui ministro. Voy a ser franco: siempre es importante pagar las deudas y siempre es importante tener un horizonte de convergencia creíble. Pero la disyuntiva pagar-versus-regla es en buena medida una falsa disyuntiva. Pagar las deudas no implica automáticamente incumplir la regla fiscal, y cumplir la regla al costo de postergar pagos legítimos a proveedores termina generando problemas mayores en la cadena productiva y en la confianza institucional. Yo mantendría la decisión de pagar las deudas con emisión ordenada y calendarizada, mientras avanzo en paralelo con una reforma tributaria integral y una revisión de la regla fiscal.

MEF apunta al 2028 para volver al déficit fiscal 1,5%

Sobre la regla, quiero ser preciso: es un instrumento que ha aportado disciplina desde su vigencia y que hay que preservar como diseño básico. Pero necesariamente debe revisarse para incorporar mejores prácticas de política fiscal. Concretamente propondría tres ajustes: cláusulas de escape explícitas para shocks severos, un balance estructural cíclicamente ajustado en lugar del promedio anual, y un fondo de estabilización de rentas para los años positivos. Con esas piezas el país puede pagar sus deudas, cumplir una regla mejor calibrada y ganar credibilidad al mismo tiempo.

Piden prisión de extitulares del IPS por perjuicio de G. 61.000 millones con obras fallidas

En estos momentos se realiza la audiencia de imposición de medidas. Otras dos personas imputadas por el caso también se habrían presentado en el Poder Judicial.

Se trata de Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS, y Juan Manuel Villar López, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. Hay otras cinco personas que aún no fueron detenidas ni localizadas en el marco de la misma causa.

Imputación a expresidentes del IPS: “Es un hecho histórico”

El fiscal de la causa, Julio Ortiz, está conectado de manera telemática debido a la imprevista aparición del extitular de la previsional.

De acuerdo con lo señalado en la imputación del agente del Ministerio Público, el caso tiene que ver con las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS.

La defensa Brítez autorizó que se transmita la audiencia

Una vez finalizada la comparecencia, el juez Rodrigo Estigarribia comunicó que la audiencia podrá ser transmitida por los medios de comunicación

“Yo hablé con el abogado y le pedí autorización para que la prensa pueda presenciar la audiencia. Van a tener conocimiento de los fundamentos que toma el poder judicial y de los fundamentos que presenta la defensa”, explicó el magistrado.

🔶 Mafia en el IPS: Jorge Brítez se presentó ante la Justicia. Juzgado permitirá a periodistas formar parte de la audiencia

🔶 "Yo hablé con el abogado José Fernández y le pedí autorice para permitir que formen parte de la audiencia (a periodistas)", juez Rodrigo Estigarribia.… pic.twitter.com/yglC7hvSXz

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

¿Por qué “puentearon” al fiscal?

Al presentarse directamente ante el juez, lo que logra la defensa de Brítez es que Estigarribia levante la orden de captura que pesaba en contra del expresidente. De esa manera, afrontará la audiencia de imposición de medidas como hombre libre.

Esto no ocurrirá con Vicente Battaglia quien se encuentra fuera del país. Según su abogado, el mismo regresará a Paraguay para someterse al proceso judicial. Al llegar al país, en el momento de hacer el trámite en Migraciones, saltará la orden de captura, por lo que tendrá que ser detenido -y esposado- por la Policía Nacional.

Se presenta otro prófugo ante la justicia

Inicialmente, José Raúl Coronel Acosta, director de Mantenimiento iba a presentarse en la sede del Ministerio Público, pero finalmente también decidió acudir al Palacio de Justicia en Sajonia.

🔴 AHORA | IPS: extitular Jorge Brítez se entregó a la justicia

🔶 Esta mañana, el extitular del IPS; Jorge Brítez se presentó al despacho del juez Rodrigo Estigarribia en el edificio del Poder Judicial. Sobre el mismo pesaba una imputación orden de captura por una supuesta… pic.twitter.com/TG8l9fukDi

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

A través de esta maniobra, se calcula que el detenido logró defraudar por un monto aproximado de 120.000.000 de guaraníes, afectando a ocho víctimas e incluso a la Junta de Saneamiento de Ñemby. Debido al no procesamiento de sus pagos reales, los afectados terminaban sufriendo la desconexión del servicio de energía eléctrica por supuesta morosidad.

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Antecedentes y prófugo de la Justicia

El esquema fraudulento comenzó a operar cuando Argüello Agüero aún formaba parte de la institución. Tras detectar las irregularidades, la ANDE procedió a su desvinculación e interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

La causa penal se inició en 2015 y llegó a la etapa de juicio oral y público, culminando con una condena a pena privativa de libertad que quedó firme en 2017. Sin embargo, Argüello Agüero se dio a la fuga y se mantuvo en la clandestinidad con una orden de captura vigente, periodo durante el cual continuó ejecutando las estafas.

Interceptado en la vía pública

La detención se concretó en el barrio Pinozá de Asunción, sobre la avenida Fernando de la Mora casi Bruno Guggiari. Agentes policiales interceptaron el automóvil en el que se desplazaba mediante un operativo montado bajo la fachada de un control preventivo de rutina.

El aprehendido no opuso resistencia al momento de ser interceptado y fue trasladado a la dependencia policial. Respecto al vehículo en el que circulaba, se constató que pertenecía a un tercero; al no contar con reporte de robo, el rodado será devuelto a su propietario.

La Policía sospecha que más personas integran este sistema de estafas.

Las consultas al economista López se dieron tras el anuncio del MEF, realizado este martes, que ajustó su hoja de ruta fiscal para el país y reconoció que el déficit aumentará este año y en el 2027. Sus respuestas, las compartimos íntegramente a continuación.

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- ¿Es prudente mantener un techo de deuda cercano al 40% del Producto Interno Bruto (PIB)?

- Sí, es prudente. Aunque el problema está más en la velocidad con la que aumenta la deuda que en el techo en sí. Este crecimiento se explica en parte por la pandemia, pero actualmente la deuda ya no está destinada únicamente a infraestructura, sino también a cubrir atrasos de funcionamiento diario, como salud y servicios públicos. Eso requiere medidas estructurales de fondo.

- ¿Es creíble volver al límite de déficit fiscal del 1,5% del PIB en 2028?

- Es una meta muy exigente que requiere algo más que buenas intenciones. El paso de reconocer la situación, detectar las causas y transparentar la solución es algo que valoro muchísimo porque ayuda a construir credibilidad. Sin embargo, el Gobierno debería calibrar bien si ese es el plazo adecuado, porque una segunda corrección no será bien vista por los mercados ni por la ciudadanía.

- ¿Alcanza con revisar exoneraciones fiscales o Paraguay necesita una reforma tributaria más amplia?

- Revisar beneficios fiscales es necesario, pero difícilmente sea suficiente. Paraguay tiene una presión tributaria baja y un gasto público que debe mejorar en calidad. Se debe trabajar en ambos frentes: fortalecer los ingresos y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación

- ¿La situación actual responde a una falla de gestión puntual o a un problema estructural?

- No quisiera calificarlo de esa manera. Hoy el problema es estructural. Creció la demanda de servicios públicos, aumentaron los gastos en salud por enfermedades catastróficas, se incrementaron los amparos judiciales, existen más hospitales y todo eso genera mayores costos. Además, se incorporaron gastos sin una fuente de financiamiento clara y, si se suma la ineficiencia en los procesos de contratación, se genera una combinación muy compleja para la administración.

MEF apunta al 2028 para volver al déficit fiscal 1,5%

- ¿El sinceramiento de las cuentas públicas fortalece o debilita la credibilidad del país?

- En el tiempo va a fortalecer la credibilidad. Transparentar las cifras es algo que valoran tanto la ciudadanía como los inversores. Ahora, hacia adelante será clave ser estrictos en el cumplimiento de la regla fiscal, porque una segunda corrección será mucho más difícil de explicar y sostener.

MEF prevé nueva deuda para pagar a proveedores y afirma que deuda pública seguirá bajo el 40% del PIB

- Si usted fuera ministro de Economía, ¿qué medidas priorizaría?

Es un supuesto que no se dará.

También fueron imputadas varias personas que tuvieron cargos de gerentes y directores en el IPS durante ambas administraciones, quienes son acusadas de haber autorizado irregularmente adendas al contrato con la empresa de construcción adjudicada, Neighpart S.A., otorgando plazos y actas de recepción para que esa firma cobre por la ejecución de obras que, en realidad, no podían realizarse.

La obra contemplaba la construcción de salas de quirófano en el séptimo piso del hospital, pero una pericia estructural de la edificación, posterior a la adjudicación, reveló que la estructura no soportaría el peso de los equipos que iban a ser instalados.

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Eventualmente, se resolvió trasladar la construcción de las salas de quirófano a la planta baja, para lo cual se realizaron adendas adicionales al contrato, con nuevos cronogramas de ejecución y planes de pago a favor de Neighpart.

Pereira deslinda responsabilidades

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Carlos Pereira, quien fue miembro del Consejo de Administración del IPS durante la administración de Jorge Brítez y es asesor ‘ad honorem’ del actual titular de la previsional, Isaías Fretes, negó tener responsabilidad en las supuestas irregularidades relacionadas al contrato.

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Pereira señaló que la administración de Brítez fue la que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público sobre el caso y dijo que él solicitó un sumario para determinar el “circuito operativo” del contrato y “cómo se manejó y estructuró”, pedido que fue archivado por el Consejo de Administración.

“Al mismo tiempo, pedí auditoría forense, orientada a recopilar pruebas con validez legal y financiera que puedan formar parte de la investigación penal”, agregó.

Seguir con el contrato era lo más “saludable”

El exconsejero enfatizó que las adendas al contrato que él firmó “no correspondieron a ninguna ampliación, modificación de montos o pagos”.

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Añadió que, luego del informe que revelaba el problema estructural con el proyecto de construcción, se determinó que lo más “saludable” sería darle continuidad a la obra como se procedió, trasladándola a la planta baja del edificio, ya que una rescisión del contrato podría traer penalidades y demandas a la previsional.

“La obra se adjudicó y ya se había pagado; la recomendación técnica era hacer lo que me tocó hacer”, subrayó.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por potenciales “fenómenos de tiempo severo” -lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”- para 13 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Central, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el este de Presidente Hayes.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen mañana, viernes, en la mayor parte del país. El sábado registraría condiciones más estables, aunque aún podría llover en zonas del norte del país.

Viene un notable descenso de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían hoy entre 17 y 22 grados.

Sin embargo, mañana se registraría un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 13 en la capital. El sábado se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Asunción.

Aunque Paraguay continúa entre los países menos costosos de Sudamérica, su posición relativa cambió de manera considerable frente a la edición de mitad de 2025. En aquella medición, el país presentaba un índice de 22,82 puntos y ocupaba el último lugar entre los once países incluidos.

Un año después, pasó al puesto 10 entre doce economías y quedó como el tercer país con menor costo de vida de la región, solamente por encima de Ecuador y Bolivia.

El índice paraguayo aumentó 9,17 puntos entre ambas ediciones, equivalente a una variación relativa de 40,18%. Este fue el mayor incremento entre los once países que aparecen tanto en la clasificación de mitad de 2025 como en la de 2026.

La modificación implica que Paraguay perdió parte de la ventaja de precios que mantenía frente a otros países sudamericanos. En 2026, Bolivia presentó el índice más bajo, con 28,74 puntos, seguido de Ecuador, con 31,04. Paraguay quedó apenas 0,95 puntos por encima de Ecuador y 3,25 puntos por encima de Bolivia.

Paraguay acumula 12 años como país de ingreso mediano alto

Al mismo tiempo, la distancia con países de mayor costo de vida se redujo. Perú registró un índice de 32,51 puntos, solo 0,52 puntos por encima de Paraguay, mientras que Brasil presentó 33,08, con una diferencia de 1,09 puntos. Colombia se ubicó en 35,63 puntos, 3,64 puntos por encima del nivel paraguayo.

En la parte superior de la clasificación, Uruguay permaneció como el país más costoso de Sudamérica con un índice de 54,00 puntos. Le siguieron Guyana (52,99), Argentina (4 4,87), Surinam (43,41), Venezuela (38,95) y Chile (38,71).

Pese al aumento registrado, el índice paraguayo se mantuvo 22,01 puntos por debajo del uruguayo. El comportamiento paraguayo también se destacó frente al promedio regional. Entre los once países comparables, el índice medio pasó de 33,83 puntos en la edición de mitad de 2025 a 38,41 puntos en la correspondiente a 2026, exceptuando a Surinam. Esto representó un aumento de 13,53%, considerablemente inferior al 40,18% observado en Paraguay.

Es de mencionar que el Índice de Costo de Vida de Numbeo no mide exclusivamente la evolución interna de los precios, sino la posición relativa del país frente a Nueva York. El resultado también puede verse afectado por las variaciones cambiarias, la actualización de precios en otros países y los cambios en la cantidad y composición de las observaciones utilizadas.

Paraguay crecerá cerca del 4%, pero el desafío es que el crecimiento llegue a toda la población, afirma economista

La denominación “mitad de año” corresponde a una actualización periódica de la base y no representa únicamente la inflación acumulada durante el primer semestre. Numbeo utiliza, principalmente, datos recopilados durante los doce meses anteriores y, en determinados casos, extiende el periodo hasta dieciocho meses cuando existen pocas observaciones y la inflación del país es reducida.

La plataforma combina información aportada por usuarios con datos procedentes de supermercados, empresas de transporte, organismos públicos, publicaciones periodísticas y otros relevamientos. También aplica filtros para detectar valores atípicos y pondera los resultados nacionales de acuerdo con la cantidad de observaciones disponibles en las distintas ciudades.

Por tanto, el índice permite comparar niveles relativos de precios entre países, pero no sustituye al Índice de Precios al Consumidor elaborado por las instituciones estadísticas oficiales.

Paraguay puede crecer por encima del 5% este año, estima economista

El principal resultado para Paraguay es que continúa entre las economías menos costosas de Sudamérica, aunque la brecha que lo separaba de otros países de la región disminuyó de forma significativa entre las ediciones de mitad de 2025 y 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

El procedimiento se registró alrededor de las 07:00 del miércoles sobre la avenida República Argentina casi Alberto de Souza, en el barrio Los Laureles de Asunción.

Persecución en J. Augusto Saldívar: un detenido con una camioneta denunciada como robada

Intentaron evadir el control policial

De acuerdo con el informe policial, una patrulla preventiva observó un automóvil Toyota Ractis azul, chapa BZU814, circulando en actitud sospechosa, con las luces apagadas. Al intentar verificar a sus ocupantes, el conductor trató de alejarse del lugar y, durante la intervención, uno de ellos habría intentado arrojar un objeto desde el habitáculo.

Los intervinientes identificaron al conductor como Wyllian Javier Ramírez Martínez, de 43 años, quien tenía en su poder una caja metálica con siete dosis de una sustancia blanquecina envuelta en bolsitas azules.

El narcotest practicado por agentes especializados confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, por lo que el procedimiento fue comunicado a la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Atrapan a presuntos traficantes con drogas y millonaria suma de dinero en Guarambaré

Hallaron herramientas y objetos vinculados a robos de vehículos

Además del estupefaciente, los uniformados encontraron en el vehículo una navaja táctica con rompevidrios, destornilladores, llaves, un cuchillo de fabricación casera, focos LED para vehículos, tres teléfonos celulares, 17 cajas de cigarrillos, documentos y varias prendas.

El comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaría 11ª, señaló que también fueron halladas autopartes y herramientas que suelen ser utilizadas para romper ventanillas y sustraer pertenencias del interior de automóviles.

Según explicó, estos elementos hacen presumir que los ocupantes podrían estar vinculados al denominado grupo de “portoneros”, dedicado a cometer hurtos en zonas residenciales mediante la rotura de vidrios de vehículos estacionados.

Allanan presunto foco de microtráfico en Fernando de la Mora

Fiscalía dispuso la libertad de los acompañantes

Junto con Ramírez Martínez fueron aprehendidos Héctor Josías Espínola García, de 31 años, y Clara Nimia Morales Milessi, de 34 años, ambos sin antecedentes penales, según el reporte policial.

No obstante, la agente fiscal María Irene Álvarez, de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, dispuso la permanencia del conductor en el marco de la investigación por tenencia de estupefacientes y autorizó la libre circulación de los otros dos ocupantes del vehículo.

El automóvil quedó incautado para las diligencias investigativas.

Policía insiste en investigar posible vínculo con robos

El comisario Presentado sostuvo que, si bien los objetos encontrados son compatibles con herramientas empleadas para cometer robos de vehículos, hasta el momento no existen denuncias concretas que permitan vincular directamente a los sospechosos con hechos punibles específicos.

La investigación continúa para determinar el origen de las autopartes y demás evidencias incautadas, así como establecer si los ocupantes del rodado guardan relación con recientes hurtos registrados en zonas residenciales de Asunción.

La representación diplomática informó, a través de sus redes sociales, que los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el próximo 18 de agosto de 2026.

Mirá quiénes estuvieron en la recepción de la Embajada de los Estados Unidos en el Freedom 250

El cargo dará soporte a más de 220 usuarios

Según la descripción oficial del puesto, el Asistente de Gestión Informática integrará el equipo de Infraestructura y Atención al Cliente de Tecnología Diplomática, con la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los sistemas informáticos de la misión estadounidense en Asunción.

Entre sus funciones se encuentra brindar soporte técnico y atención a más de 220 usuarios, administrar hardware y software de estaciones de trabajo, equipos de red y dispositivos móviles, además de gestionar cuentas con privilegios elevados para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

El cargo también contempla la administración y supervisión de servidores físicos y virtuales, redes LAN y WAN, conmutadores, firewalls, enrutadores y otros componentes críticos utilizados por la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Embajada de EE.UU. tiene un puesto vacante: conocé los requisitos y cómo postular

Requisitos académicos y experiencia

La sede diplomática exige que los postulantes cuenten con título universitario en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o Sistemas de Información.

Además, deberán acreditar cuatro años de experiencia en operaciones de redes informáticas o programación de aplicaciones basadas en tecnologías web, con preferencia por experiencia en soporte de servidores y equipos de escritorio.

Inglés, español y conocimientos técnicos

Otro de los requisitos es el dominio de idiomas. Los aspirantes deberán demostrar buen nivel de inglés para hablar, leer y escribir, mientras que en español se exige manejo fluido, incluida la capacidad de traducir documentos. Ambos conocimientos podrán ser evaluados durante el proceso de selección.

En cuanto al perfil técnico, la Embajada solicita experiencia en sistemas operativos Microsoft Windows para servidores y estaciones de trabajo, aplicaciones de Microsoft 365, plataforma en la nube Azure, administración de SharePoint, Active Directory y configuración, implementación y mantenimiento de redes LAN y WAN.

Hasta cuándo se puede postular

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026. La Embajada de Estados Unidos recordó que el proceso de selección se realiza a través de sus canales oficiales, donde también se encuentran disponibles los detalles del cargo y los pasos para completar la postulación.

Los detenidos fueron identificados como Braian David Armoa Gómez (22) y Ronaldo Rafael Maqueda Leith (27), ambos sin profesión ni domicilio fijo registrado y sin antecedentes, de acuerdo con el informe policial.

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Circuito cerrado permitió identificar a los sospechosos

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada sobre la avenida La Victoria casi Atilano Gómez, que se encontraba en remodelación. En el interior había electrodomésticos y pertenencias personales del propietario, el estudiante Abel Sebastián Vera Palacios, de 23 años.

El denunciante acudió a la comisaría al mediodía, luego de constatar el hurto, y entregó a los intervinientes las grabaciones del circuito cerrado donde quedó registrado el ingreso del presunto autor.

El oficial Edgar Cáceres, de la Comisaría 31ª de San Lorenzo, explicó que las imágenes fueron compartidas entre los equipos operativos y que, durante un patrullaje preventivo por la zona, los agentes observaron a dos hombres con características idénticas a las captadas por las cámaras.

“Ni la ropa se cambiaron. Tenían la misma vestimenta que aparecía en el video”, relató el uniformado.

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Confesión llevó hasta las evidencias

Los policías realizaron una verificación de rutina y, tras corroborar mediante el sistema informático institucional que se trataba de los sospechosos, procedieron a su aprehensión.

Cuando eran trasladados a la dependencia policial, uno de los detenidos manifestó que indicaría dónde estaban escondidos los objetos robados.

Los agentes fueron guiados hasta un patio baldío cubierto de malezas, donde encontraron ocultos un acondicionador de aire de 12.000 BTU, un bebedero eléctrico, una caja con herramientas y utensilios de manicura, además de cuadros con títulos académicos a nombre de Milagros Monserrat Coronel Brítez. Según el oficial interviniente, las evidencias estaban cubiertas con un colchón para evitar que fueran descubiertas.

Fiscalía ordenó la detención

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Lissa Ruiz Díaz, de la Unidad Penal N.º 9 de San Lorenzo, quien dispuso la detención de ambos aprehendidos y la remisión de todas las evidencias recuperadas a su unidad.

Desde la Policía Nacional destacaron que el operativo permitió esclarecer el caso en pocas horas y devolver los bienes sustraídos a la víctima.

Detalló que estuvo recorriendo las bases del interior donde percibe una renovada confianza de la ciudadanía. Sin embargo, avisó a las demás agrupaciones opositoras que el PLRA exige ser respetado como la columna vertebral de cualquier alianza contra la ANR.

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Riveros recalcó que el Partido Liberal tiene los mismos derechos que cualquier otra fuerza para presentar candidaturas propias en todo el territorio nacional. Explicó que la estrategia consiste en consolidar primero las chapas liberales para luego sentarse a negociar acuerdos de unidad.

En ese sentido, apeló a la madurez política de los sectores aliados y pidió dejar de lado posturas soberbias que solo terminan dispersando los votos y regalando victorias al oficialismo.

Pide alianzas reciprocadas y renuncias estratégicas

El titular del liberalismo señaló cómo debe funcionar la mesa de diálogo opositora. Afirmó que el PLRA ya demostró grandeza al estar dispuesto a declinar candidaturas en aquellos distritos donde las chances de victoria no sean favorables. No obstante, advirtió que espera exactamente la misma actitud por parte de los partidos y movimientos menores en los municipios donde los candidatos liberales mantengan una clara ventaja sobre el Partido Colorado.

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“Si nosotros estamos demostrando madurez y en lugares donde no vamos a poder ganar, declinamos; espero que de la misma manera, donde es seguro que el Partido Liberal va a ganar, declinen también los candidatos de la oposición y no sean un factor de división”, remarcó.

Para el presidente del PLRA, repetir viejos errores de dispersión opositora solo conducirá a derrotas evitables en comunas donde una lista única garantizaría la victoria.

PLRA, con narrativa propia y el camino hacia la Presidencia

Al analizar los números del escenario electoral paraguayo, Riveros recordó que cerca del 58% del electorado no vota por el Partido Colorado, y que más de la mitad de ese universo anticartista pertenece históricamente a la estructura del Partido Liberal. Con esa base matemática, el dirigente sostuvo que es momento de cambiar la narrativa derrotista e inculcar una mentalidad ganadora que le permita al PLRA volver a competir con posibilidades reales por la Presidencia de la República en el futuro.

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Finalmente, el titular del PLRA lanzó una fuerte crítica sobre la injerencia externa que sufrió el partido en los últimos años para fijar su rumbo político.

Aseguró que la nueva conducción trabajará con autonomía plena, sin someterse a las presiones ni a las agendas marcadas por sectores económicos o medios de comunicación. La meta trazada, según concluyó, es que el liberalismo vuelva a ser el verdadero faro político que defienda los intereses del pueblo y marque el norte de la oposición paraguaya.

El convenio suscrito se engloba dentro del marco de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, promulgada en 1954. Esta normativa autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, la legislación exige que Estados Unidos mantenga la potestad de supervisar el uso del material e insumos transferidos para garantizar que bajo ninguna circunstancia se destinen a fines militares.

De acuerdo con datos proporcionados por AFP, Washington ya selló este tipo de entendimientos con más de 25 naciones desde 1954, incluyendo a socios regionales como Argentina, Brasil y México. Ambos gobiernos destacaron el acuerdo como una señal de fortalecimiento de la relación bilateral.

¿Qué beneficios ofrece?

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un Acuerdo 123 permite a un socio acceder a los beneficios de la cooperación nuclear pacífica con uno de los proveedores nucleares civiles más avanzados, seguros y fiables del mundo, al tiempo que demuestra su compromiso compartido con los sólidos estándares internacionales de no proliferación y seguridad nuclear.

En un sentido más amplio, los Acuerdos 123 pueden proporcionar una plataforma para una mayor cooperación bilateral en materia de energía, ciencia y tecnología nucleares, señala la institución en su sitio web.

“Llamativo”

Ante la firma, el senador José Oviedo (Partido Yo Creo) presentó un proyecto de resolución que solicita informes al Poder Ejecutivo sobre el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica en Materia Nuclear Civil.

Fundamenta el pedido señalando que el memorándum fue firmado en un contexto de creciente consumo eléctrico impulsado por la instalación de industrias electrointensivas.

Para el senador de la oposición, resulta llamativo que el Gobierno proponga avanzar hacia fuentes de energía no renovables y potencialmente contaminantes, considerando que la matriz eléctrica de Paraguay es actualmente 99,99% renovable, una condición excepcional a nivel mundial que corre riesgo ante el agotamiento de los excedentes hidroeléctricos.

Uno de los puntos del pedido de informe vincula este acuerdo nuclear con otro convenio sobre minerales críticos firmado con la administración de Donald Trump en febrero de este año.

“Este mismo acuerdo se suma al acuerdo sobre minerales críticos, firmado el 4 de febrero de 2026 por Paraguay en EE.UU. de América, que justamente tiene al uranio en su lista, único mineral, junto al oro, que tiene reservas certificadas en Paraguay y se encuentra en la zona de Yuty, Caazapá”, señala en la exposición de motivos.

Oviedo manifiesta su temor de que Paraguay quede sujeto a vetos externos para el enriquecimiento de material nuclear o al desarrollo de tecnologías propias, lo que restaría soberanía y generaría una dependencia comercial de proveedores norteamericanos, además de altos costos públicos.

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El pedido de informes apunta a la remisión de una copia autenticada del acuerdo, tanto en formato impreso como digital, en sus versiones en castellano e inglés, además de precisar la fecha en que el documento será enviado al Congreso Nacional para su eventual ratificación o rechazo.

Asimismo, el legislador pide aclaraciones sobre una posible vinculación entre este acuerdo y el convenio sobre minerales críticos firmado por Paraguay y Estados Unidos el 4 de febrero de 2026. En ese sentido, solicita informar si el entendimiento nuclear contempla la utilización, exploración o aprovechamiento de minerales o materias primas existentes en territorio paraguayo y, de ser así, cuál será su alcance.

El pedido también plantea que el Ejecutivo informe cómo se garantizará la soberanía nacional sobre esos recursos, el cumplimiento de las normas laborales y ambientales en eventuales procesos de explotación, así como el cobro de regalías consideradas justas para el Estado paraguayo.

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Impactos

Otro de los puntos solicita conocer si la Cancillería nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía, realizaron estudios sobre los impactos positivos y negativos de acuerdos similares suscritos por Estados Unidos con otros países, tanto en el pasado como en la actualidad.

En caso de existir dichos análisis, Oviedo solicita que sean remitidos al Senado. Si no fueron realizados, pide explicar los motivos por los cuales no se efectuó una evaluación previa antes de la firma del memorando.

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Además, el legislador de YoCreo consulta de qué manera se garantizará la vigencia de la Constitución Nacional dentro del marco del acuerdo, haciendo referencia al artículo 112, que establece el dominio del Estado paraguayo sobre los hidrocarburos y minerales existentes en forma natural en el territorio nacional, así como al artículo 202, que atribuye al Congreso la facultad de autorizar concesiones para la explotación de bienes del Estado y la extracción y transformación de minerales.

Hugo Javier debe ir a prisión para cumplir condena a 10 años, tras último revés en la Corte

Con el Auto Interlocutorio N° 162, se busca hacer efectiva la condena de 10 años de cárcel dictada en enero de 2025 por hechos punibles de lesión de confianza y otros. Robles Ibarra fue procesado junto al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, en la causa que investigó el desvío de fondos estatales.

Si Robles Ibarra no se entrega, el juzgado procederá de inmediato a la ejecución de la caución real. Esto implica el embargo y posterior remate de valiosas propiedades ofrecidas como garantía para que el hombre permaneciera en libertad ambulatoria hasta que la sentencia quedara firme.

Hugo Javier cumplirá su condena en la cárcel Industrial Esperanza

Entre los bienes que están en la mira de la justicia se encuentran una propiedad en Ñemby de la firma Lubristore S.A., valuada en más de Gs. 2.131 millones. También inmuebles en Belén (Concepción), propiedad de Víctor Alfonso Robles, por Gs. 1.240 millones. En la lista aparece una finca en Lambaré de Sixto Raúl Fretes, tasada en Gs. 1.363 millones; además de Tierras en San Bernardino y Concepción, que completan un paquete de garantías que supera los 5.000 millones de guaraníes.

El camino a la cárcel de Miguel Robles

Robles Ibarra, de 61 años, había logrado revocar su prisión preventiva inicial en julio de 2025 mediante la presentación de estas cauciones reales. Sin embargo, al ser designado el juzgado de ejecución para iniciar el cumplimiento de su condena, su estado de libertad llega a su fin.

La justicia ya ordenó notificar a todos los fiadores sobre la situación de “fuga” del condenado. Se les dio también el mismo plazo de cinco días para presentarlo ante el juez o justificar debidamente su inasistencia por fuerza mayor.

Esta intimación se da en el contexto de la reciente orden de captura contra el exgobernador Hugo Javier, quien también ya cumple su pena en la cárcel industrial Esperanza.

Dijo que cuando fue a reclamar a los agentes, acompañado por uno de sus compañeros de trabajo, fue agredido por un efectivo molesto por ser grabado con un celular.

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“En lo que el caminera sale y se enoja y nos empieza a desafiar, yo le pregunto por su nombre y ahí se puede ver muy claro que el no tiene su portanombre, y después intenta quitarme mi celular y yo forcejeo con para que no me quite”, señala Bogado.

El agente fue identificado como Anicio Argüello quien según el vídeo, intentó tomar el celular de Bogado. Este último dijo que el agente le quiso aplicar una llave de fuerza hasta que su acompañante, Axel Daniel González Martínez, sometió al agente en el piso con una técnica de Artes Marciales Mixtas.

En el video se observa cómo los agentes de la Policía Nacional intervienen y separan a los implicados. El agente de la Patrulla Caminera denunciaba que Bogado lo mordió en la mano mientras este le recriminaba la agresión inicial.

En el acta policial se dejó constancia que Bogado no contaba con la cédula verde del biciclo.

Bogado denunció a ABC que los agentes de la Caminera le pidieron una coima de G. 900.000 y en otro archivo de audio se escucha que tras la grabación y la agresión, estos le decían, que solo podría recuperar su motocicleta en al Fiscalía.

Según el presidente de la mencionada petrolera, William Wilka, la firma continuará “evaluando” el comportamiento del sector.

“Nosotros somos hoy los más competitivos del mercado, con este último ajuste que hizo el sector privado estamos en el diésel con un promedio de 700 guaraníes más bajo y en más de 300 guaraníes más bajo en las gasolinas. La idea es, si amerita hacer algún ajuste, seguir siendo los más competitivos”, declaró el funcionario.

De igual manera, alegó que tal decisión va a depender del “análisis de las ventas, el nivel de reposición y la evolución de los precios internacionales”, por lo que si se da un reajuste, su promesa es que será “en forma responsable”.

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Petropar con “ventaja competitiva”

Según Wilka, Petropar tiene una ”ventaja competitiva” por su capacidad de almacenamiento y compra de grandes volúmenes, algo que permite a la firma ofrecer “precios más bajos que gran parte del sector privado”.

Al respecto citó que la estatal posee alrededor del 10% de las estaciones de servicio del país y concentra entre 21% y 22% de participación en el mercado de combustibles.

Otro punto que mencionó es que los precios se fijan considerando principalmente la cotización internacional del diésel; que a su criterio, es el de mayor impacto en la economía nacional.

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La comercialización de productos provenientes de Argentina y Brasil genera una competencia desleal que afecta directamente la venta de la producción nacional, aseguraron los horticultores.

Asimismo, exigen que el precio de venta del tomate se mantenga en una base de G. 5.000 por kilogramo, a fin de cubrir los costos de producción y recuperar la inversión realizada durante el cultivo.

Ramón Lezcano, representante de los más de 100 productores de la localidad, explicó que actualmente las ventas son prácticamente nulas debido a la gran cantidad de tomates que ingresan de contrabando, situación que, según afirmó, perjudica gravemente al sector.

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“Nosotros necesitamos una urgente intervención del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional para que realicen los controles que corresponden y podamos comercializar nuestros tomates”, expresó.

Agregó que también es necesario que los compradores comprendan que el precio mínimo del producto debe ser de G. 5.000 por kilogramo.

“Necesitamos que se respete ese precio base, porque actualmente nuestro costo de producción supera lo que muchas personas nos quieren ofrecer”, manifestó.

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Los labriegos solicitaron que los controles efectuados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) favorezcan a los productores nacionales y no se conviertan en un obstáculo para la comercialización, como viene ocurriendo desde el año pasado.

Explicaron que, en ocasiones, la institución no autoriza la venta debido a las inscripciones impresas en las cajas utilizadas para el transporte, al presumir que podrían corresponder a envases de tomates ingresados desde el exterior en forma ilegal.

Los beneficiados viajarán a Taiwán para cursar estudios de grado, posgrado o programas de idioma chino mandarín, según la sede diplomática.

“¡Les deseamos mucho éxito y una feliz estadía en nuestro país!“, agregan.

Enseñanza de chino mandarín en Paraguay

Otro punto mencionado por la embajada taiwanesa es que el embajador Iván Lee recientemente se reunió con las cinco profesoras de chino mandarín de Taiwán en Paraguay para continuar con la enseñanza. De momento, se enseña en el SNPP, la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), el Ministerio de Defensa Nacional, al igual que también en Ciudad del Este, Itapúa y Caaguazú.

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Además, el fiscal promovió formalmente la imputación y solicitó la prisión preventiva para los expresidentes del IPS Vicente Battaglia (marzo de 2021 a agosto de 2023) y Jorge Brítez (17 de agosto de 2023 a 22 de abril de 2026), junto a otras siete personas, entre ellas Rosa Colmán, abogada que se desempeñaba en Asesoría Jurídica, fue trasladada a Aporte Obrero Patronal y que fue detenida ayer.

El abogado laboralista, Juan José Bernis, quien presentó y promovió varias de las denuncias por presunta lesión de confianza de autoridades de la previsional, dijo que este esquema funciona desde hace varias administraciones que roban con licitaciones amañadas con diferentes empresas tercerizadas, lo que además genera que el trabajador que acude para recibir atención médica o consultar, no tiene nada.

“Lo triste es la inacción del Ministerio Público en estas investigaciones, ya que considero que no puede ser que el Ministerio Público tarde tanto y llegue en forma tardía a una imputación contra las autoridades del IPS. Es increíble como el Ministerio Público ya no ha allanado todas las dependencias y no ha investigado a fondo como debe ser, porque si esto continúa así, en poco tiempo vamos a quedarnos sin IPS”, cuestionó.

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Desfalco de IPS

Criticó que hoy el dinero del IPS se encuentra en diferentes bancos del país, que el mismo se presta a diferentes empresas o personas, pero estos no se pagan, como el caso de un frigorífico que está con suspensión de sus trabajadores porque está en quiebra, el cual es uno de los que más plata ha prestado a uno de los bancos que tiene plata del IPS.

Lamentó que la situación del IPS llegase a ser tan grave y la corrupción imperante, e incluso volvió a cuestionar al fiscal Julio Ortíz por imputar a tan pocas personas, sin incluir a todos los involucrados, entre ellos, algunos consejeros, quienes contratan asesores que ganan G. 21.000.000, mientras los médicos pelean por ganar poco más de G. 5.000.000, lo que le parece inconcevible.

“Hay consejeros que siguen todavía estando actualmente en la institución que siguen robando descaradamente, que siguen aprobando licitaciones, siguen estando en las mismas empresas que hemos denunciado que siguen robando (...) hay una investigación que se hace a cuenta gotas y parece que la hacen o sacan las imputaciones así despacito como para callar el reclamo o tratar de decir, ‘estamos investigando’, pero posteriormente seguramente así le vamos a ver a estas personas libres viajando por todo el mundo, con mansiones de casa”, refirió.

Aseguró que todos los expresidente y exconsejeros del IPS están multimillonarios porque entran a robar, lucrando con todas las licitaciones amañadas con las mismas empresas que están hace 40 años y que cuentan con sendas denuncias en diferentes fiscalías, aunque siempre terminan en la nada por la inacción.

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Entre las denuncias, recordó los más de G. 45 mil millones en fumigación, que se aprobó con aval de los consejeros, y aseguró que con esa cantidad de plata que se gastó, “yo creo que fumigamos todo Latinoamérica”.

Contó que incluso hasta existe una posición de un centro de fumigación que decían que no hacía falta realizarla, además de una empresa que protestó, pero que de todas maneras aprobaron.

Entre otros rubros donde licitaron millonarias cifras, citó el de reparación de aires acondicionados o del lavarropa, el cual el actual presidente Fretes denunció que no funciona pese al millonario gasto.

“¿Por qué ya no están todos presos también los dueños de esas empresas que fueron adjudicados en estas licitaciones?, que son realmente los cómplices del robo. Porque vamos a hablar así crudo. Estas empresas le coimean a los consejeros y al presidente del IPS para ganar las licitaciones”, denunció.

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“Para mí es una imputación fantasma”, dice abogado

Agreró que hace poco se publicó que US$ 125 millones se adjudicaron a una sola empresa de servicio de limpieza y el pliego establece un salario de G. 4 millones para los trabajadores, pero uno le pregunta al limpiador y no gana más de G. 800.000, además de no contar con IPS.

Dijo que incluso en los hospitales del IPS los pacientes sufren de infección hospitalaria pese a los millonarios gastos en desinfección y limpieza, se ven cucarachas por todas partes, un edificio que no tiene mejoras , un servicio de limpieza pésimo.

“Y si realmente usan los productos que deben usar para desinfectar y limpiar los baños, no usan. Es fácil, se sabe. Y entonces, ¿por qué la fiscalía no se va allí y no le llaman a los trabajadores a preguntarle ‘¿cuánto están ustedes están ganando?, ¿están asegurados?’, ahí ya tiene para denunciar a esas empresas que trabajan para el Estado por evasión a la seguridad social, por apropiación del salario. Es fácil, no quieren investigar nomás. Entonces, su imputación, para mí es una imputación fantasma”, refirió.

Recordó que llevó demandas contra varias de estas empresas en cuyos juicios quedó demostrado que las mismas evadieron el pago a la seguridad social desde hace aproximadamente 25 años, pero nunca la justicia actuó contra las mismas, además de que las patronales se apropian del salario de los trabajadores.

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Abogado no confía en fiscal que imputó a funcionarios del IPS

Dijo no confiar en el fiscal Julio Ortíz, porque pertenece al mismo grupo donde están políticos que forman parte de estas mismas empresas que roban al IPS y si tuviesemos autoridades que realmente quieren que el país funcione, tendríamos políticas de empleo serias, o incluso, se dejaría de guardar el dinero del IPS en bancos privados y la previsional tendría su propio banco que preste dinero a los pequeños emprendedores honestos y a los trabajadores, a un interés del 1%.

“Se pagó no sé cuántos millones para que le digan al IPS cómo mejorar la recaudación. Se pagó una fortuna para que una empresa le diga cómo mejorar el pago del aporte del IPS. Yo me salgo a caminar, me voy a recorrer por las estaciones de servicio y ninguno de los trabajadores tiene IPS. No necesito ningún ningún estudio, más que me voy de oficio, le inscribo”, expresó.

Contó que haciendo esto, o habilitando una página web donde el propio trabajador pueda cargar sus datos y los de su empresa, se podría hacer una inscripción y después comunicarle al patrón que debe pagar, se aumentaría 100% la recaudación de IPS.

Recordó el caso donde intervino el fiscal Mosquera, tras el cual se consiguió una condena de dos años para los empleadores de la empresa Watson que deben hasta hoy en día más de G. 5 mil millones al IPS y que hasta ahora tiene trabajadores con 70 años de edad sin poder jubilarse, porque el patrón nunca nunca pagó, sobre todo porque el IPS nunca accionó.

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Aseguró que Jorge Britez debería estar preso o debería ser linchado en el país por sinvergüenza, porque “robó asquerosamente la vida de muchos trabajadores”, se burló de personas que se van al IPS que no tiene una atención médica, de los médicos que trabajan 24 horas al día sin dormir con salarios miserables por una mala administración, e incluso los que mueren por el camino yendo al trabajo, además de sostener que Santiago Peña, Presidente de la República, “es el cómplice de todo este robo. Imposible que no sepa, todo el mundo sabe”.

Este martes se publicó la lista oficial de maestros desvinculados para esta segunda etapa del año lectivo. Solo figuran 300 funcionarios docentes y 21 funcionarios administrativos, según la resolución N° 1052 con fecha del 31 de julio, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Ese mismo día, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), realizó un vídeo que circuló en redes sociales y el servicio de mensajería instantánea Whatsapp, donde también reclamaba esta situación.

Tras el reclamo, el sindicalista afirmó que “la gente de Economía (Ministerio de Economía y Finanzas) nos aseguró que habrá una nueva lista con 300 desvinculaciones más para setiembre y luego de eso seguiríamos hablando para este 2026 o para el 2027 probablemente”.

Jubilación docente: el enojo de un gremio ante el incumplimiento del Gobierno

Rafael Resquín, presidente de la UNE, lamentó esta tarde la decisión del Gobierno, de no cumplir con un acuerdo que mantenían desde el año pasado, el cual establecía supuestamente la salida de 1.000 maestros en esta segunda etapa escolar del 2026.

“Nosotros ya habíamos pedido una audiencia con el ministro de Economía (Óscar Lovera). Nos dijo que no podía en ese momento y ahora, sin comunicar, el MEC saca esta resolución de 300 personas”, apuntó. Agregó que estos documentos se publican con la venia del MEF, por lo que realizan este reclamo a ambos ministerios.

El MEC había aprobado la desvinculación de 1.245 educadores en la primera etapa del año escolar, decisión que también se había dado luego de un acuerdo con los sindicatos del sector, que esperaban otras 1.000 salidas.

Resquín expresó igualmente que, para sorpresa del gremio, en la lista del 31 de julio figuran trabajadores cuyas jubilaciones fueron aprobadas durante el 2026 - paso previo para la desvinculación-, cuando hay personas que tienen documentos para salir de las aulas desde el 2025, pero que con esta decisión deberán esperar por lo menos hasta el 2027.

“Salir a las calles”: la medida de fuerza que evalúan si no consiguen respuesta

Los docentes de la UNE, advirtieron esta tarde, en conferencia de prensa, que podrían realizar protestas si es que no consiguen una respuesta rápida del Gobierno para ampliar el cupo de retiros voluntarios.

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“Si esta semana no tenemos una respuesta, vamos a salir a las calles para reclamar, porque hay cientos de compañeros que están esperando para acceder a este derecho”, exclamó Rafael Resquín.

Si bien no cuentan con una fecha definida para las protestas, considerando que esperan una reacción del Gobierno, las medidas podrían tomarse a fines de agosto.