Concretamente, los títulos de la tecnológica abrieron a 330 dólares de Hong Kong (42,15 dólares, 35,79 euros) por unidad, superando en la citada tasa al precio inicial marcado para la venta de acciones, de 209,88 dólares de Hong Kong (26,81 dólares, 22,76 euros). Pasadas las 10:00 hora local (02:00 GMT), ese incremento se había moderado hasta un 48,66 %.

Tras registrar un interés 18,5 veces superior a las acciones en venta bajo la oferta internacional y 431 veces en la local para inversores minoristas, Victory Giant incrementó de 83,3 millones de participaciones a 95,9 millones el tamaño de la operación, lo que finalmente se tradujo en una recaudación de 20.117 millones de dólares de Hong Kong (2.569 millones de dólares, 2.180 millones de euros).

Victory Giant cotiza desde 2015 en Shenzhen, ciudad situada al otro lado de la frontera con la China continental y cuya bolsa se centra precisamente en valores tecnológicos; a lo largo de los últimos doce meses, esos títulos casi han cuadruplicado su valor (+295 %) ante la euforia de los inversores por el auge del sector chino de la IA.

Esta coyuntura sitúa la valoración de la empresa, cuyas placas son clave para los servidores de IA, en unos 42.000 millones de dólares actualmente.

La compañía, fundada en 2006 en la ciudad suroriental de Huizhou, cerró el primer semestre del año pasado como número uno mundial por cuota de mercado en el segmento de las placas de circuitos impresos para computación de IA y alto rendimiento, según cifras de la consultora Frost & Sullivan que cita en su folleto para inversores.

Asimismo, es un importante proveedor para el fabricante de chips estadounidense Nvidia -a la postre, la mayor empresa del mundo por cotización de mercado en la actualidad- y también cuenta a Intel, Tesla, Microsoft o Bosch entre sus clientes.

El auge de la IA y la consiguiente demanda supuso que Victory Giant multiplicase casi por cuatro (+273,5 %) sus beneficios el año pasado hasta unos 4.312 millones de yuanes (632 millones de dólares, 537 millones de euros) y su facturación en un 79,8 % hasta los 19.292 millones de yuanes (2.830 millones de dólares, 2.402 millones de euros).

Según datos de la consultora Prismark citados hoy por la prensa local, China aglutina ya más de la mitad de la producción mundial de placas de circuitos impresos.

Curazao fue el primero en triunfar en la jornada inaugural al imponerse por 7-2 a Argentina, ya que los caribeños conectaron siete imparables con figuras ofensivas claves como Jean Mansour Nasir, con dos hits en dos turnos, y a Rolando José Chirino, quien bateó de 3-2.

El buen desempeño de Curazao fue de la mano del lanzador Alexandere Doran Shadrak porque trabajó dos entradas, permitió un imparable, concedió una carrera y ponchó a tres rivales, mientras que Argentina solo ligó dos hits con Ignacio Emanuel Figueroa como estrella gracias a una carrera impulsada pese a que cargó con la derrota al ser el lanzador final.

En el segundo partido, Colombia remontó para vencer por 11-5 a Brasil, pues los colombianos conectaron 12 imparables y tuvieron en Luis Eduardo Garrido a su mejor bateador, al irse de 3-3, con dos anotadas y tres impulsadas.

Por parte de Brasil sobresalieron Gael Yi Machado, de 4-3 con una anotada, y Matheus Cunha Gongora, de 3-2 con una anotada y una impulsada. Así, mientras el colombiano Henry Alexander Cabarcas gozó la victoria, el brasileño Vitor Sekuguchi se marchó con la derrota.

En el cierre de la jornada, Panamá derrotó por abultamiento de carreras en cinco entradas por 13-2 a Perú principalmente gracias al relevista Eddie Miller, quien lanzó tres episodios sin permitir imparables y ponchó a dos para que el peruano Akira Arakawa, que trabajó una entrada y un tercio, con cuatro carreras permitidas, se marchara con la derrota.

Panamá conectó ocho imparables y tuvo como figura a Jonathan Ramos, de 3-2 con tres anotadas. Por Perú destacó Leandro Shirakawa, de 3-1 con una carrera impulsada.

La segunda jornada se disputará este martes con los encuentros Brasil-Curazao, Colombia-Perú y Panamá-Argentina.

"Vemos el futuro de la compañía con preocupación y con atención y vamos a estar siguiéndolo", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida de la junta de accionistas de la minera.

Según el economista, la producción cayó en los últimos años "cerca del 20 %", pese a que se invirtieron alrededor de 17.000 millones de dólares desde 2022.

El año pasado, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

El objetivo de la minera, que busca también convertirse en uno de los principales actores de la industria del litio, es recuperar en 2030 las 1,7 millones de toneladas producidas en 2019.

Las menores leyes del mineral por el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos clave y distintos accidentes operacionales han afectado el rendimiento de la cuprífera, que en 2023 registró su producción más baja en 25 años.

Durante la junta de accionistas, el presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, aseguró que "Codelco no está en crisis" y "sigue siendo el mejor negocio para Chile" y dijo que las cifras del año pasado "reflejan el proceso de estabilización de la base operativa tras el valle productivo de 2023".

"Recibimos una empresa bajo un manto de dudas sobre su futuro financiero y entregamos una organización con un Ebitda más fuerte que el promedio de la última década y una empresa más robusta y sólida, con una reconocida reputación internacional", indicó Pacheco, que fue nombrado por el progresista Gabriel Boric en 2022 y cuyo mandato finaliza a finales de mayo.

En 2025, la compañía registró un Ebitda (utilidad antes de impuesto, intereses y depreciación) de 6.670 millones de dólares y un aporte al fisco de 1.778 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales.

El año estuvo marcado por los precios históricos del cobre, la guerra arancelaria y el accidente registrado en El Teniente, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo donde en julio murieron seis trabajadores debido a un derrumbe.

En los últimos días, el Gobierno de Kast ha endurecido su evaluación sobre Codelco, pero Quiroz descartó eventuales ventas de activos de la minera, nacionalizada en 1971 por el expresidente socialista Salvador Allende, y anunció que en los próximos días será nombrado el nuevo directorio.

"La propiedad de la cuprífera está en la Constitución, y cualquier tema que pudiese plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno particular", concluyó el economista.

Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción, buscaba un tercer período al mando de la entidad, pero no recibió los votos suficientes, quedando descartada para reelegirse.

Esta comisión ha estado marcada por las críticas por darle el máximo puntaje a la fiscal, quien cuenta con múltiples señalamientos locales e internacionales de corrupción y de socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.

Ahora será el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, el que designe de entre los seis candidatos al próximo fiscal general guatemalteco, un cargo clave para la lucha contra la corrupción en el país.

Los abogados elegidos son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.

De acuerdo a diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los cinco candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de Apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.

Por su parte, sobre Rivera Clavería, "se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga", según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.

De igual manera, sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.

La designación de los seis candidatos finales de 79 aspirantes al puesto estuvo a cargo de una comisión de postulación formada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, así como miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes Castañeda.

Por la mañana, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, aseguró que esperaba que el nuevo fiscal general "no apadrine a los corruptos". De igual manera, recalcó que se necesita un jefe del Ministerio Público que "persiga a los delincuentes", al mando de "una institución seria" que "defienda los intereses de Guatemala".

El nuevo fiscal iniciará un periodo de cuatro años a partir del próximo 16 de mayo y tendrá que ser designado por Arévalo de León este mes, tras realizar entrevistas personales con los candidatos.

Los cementeros remontaron en su visita al estadio Claro Arena con goles de Rodrigo Cáceres y Sebastián Sáez, después del tanto inicial del defensor Branco Ampuero.

Con 20 puntos, los Tomateros quedaron como únicos líderes y desbancaron a Colo Colo, que perdió el domingo por 0-1 ante Palestino, mientras que los Cruzados quedaron cuartos con 17 unidades.

Los albos, terceros con 18 enteros, fueron superados por Huachipato, que se ubica segundo del torneo con la misma cantidad de puntos tras vencer por 3-2 al Audax Italiano.

La Universidad de Chile del técnico argentino Fernando Gago tampoco pudo ganar y se quedó en la séptima posición, a seis enteros de la cima, luego de empatar sin goles en su visita al Everton.

"Las últimas en arribar corresponden a 31 mesas de sufragio de Cusco: Pichari (14), Villa Virgen (8) y Villa Kintiarina (9)", informó la ONPE en la red social Twitter.

El organismo explicó que el traslado en helicóptero de las actas desde estas localidades, ubicadas en zonas remotas de la Amazonía, hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de La Convención "había sido anteriormente postergado debido a condiciones climatológicas desfavorables en el sector de Cielo Punco en Cusco".

Añadió que también llegaron a la ODPE de Lima Centro 1 las actas en formato físico que provienen del extranjero, enviadas desde los consulados como parte de la valija diplomática.

"La mayoría de estos consulados había enviado las mismas actas en formato digital utilizando un software de escaneo y trasmisión segura vía VPN, implementado por la ONPE en 108 consulados", indicó.

La ONPE precisó que una vez que las actas se encuentran en las ODPE ingresan a los centros de cómputo para ser procesadas, una etapa en la que se remite a los jurados electorales especiales (JEE) las actas observadas, así como las que tienen votos impugnados o solicitudes de nulidad.

Los JEE adoptan resoluciones que, si son apeladas, pasan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano, que resuelve en última instancia, tras lo cual la ONPE puede terminar de contar los votos hasta el 100 % de las actas, que hasta el momento llegan a poco más del 93 %.

Al respecto, el JNE informó este lunes que prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones, ya que, hasta momento, hay más de 65.000 actas de votación observadas, de las cuales han recibido más de 27.000, que están en proceso de resolución por parte de los JEE.

Hasta este lunes, los JEE habían recibido 381 actas para proceder con el recuento de votos y dieron inicio a las primeras audiencias públicas para realizar ese procedimiento.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio próximo en Perú y, según el conteo de votos hasta el momento, será disputada entre la derechista Keiko Fujimori, que ha recibido el 17 % de votos válidos, y un rival que se decidirá entre el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene 12 %, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 11,9 % de apoyo.

López Aliaga ha protagonizado en los últimos días una serie de manifestaciones junto a sus seguidores y, tras denunciar un fraude sin presentar pruebas, ha pedido que se convoquen a elecciones complementarias para los ciudadanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de los centros de votación, sobre todo en Lima, donde recibe su mayor caudal electoral.

La sentencia, emitida por la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la CSJ con la ponencia de la magistrada María Cristina Chen, condena al Gobierno, por conducto de la Caja de Seguro Social (CSS), al pago de 25.000 dólares a las víctimas a Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline Del Carmen Reyes Anderson y a Cindy Del Carmen Guillen Casiano, como indemnización por los daños causados a estos pacientes por el jarabe tóxico, según un comunicado del Órgano Judicial.

El fallo igualmente ordena al Seguro Social presentar disculpas públicas por escrito a las tres víctimas, además de un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

La condena también dispone la construcción de un monumento y la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas reconocidas, en las instalaciones de la Ciudad de la Salud de la CSS, así como la inclusión en su portal web institucional de una sección exclusiva para los casos de dietilenglicol, que debe tener información actualizada de cada demanda de indeminzación.

El veredicto resuelva una de las más de 472 demandas de indemnización en contra del Estado por el consumo del medicamento adulterado con dietilenglicol, de las cuales, a marzo de 2026, 387 procesos han llegado a su etapa de fondo, de acuerdo con información oficial.

Una ley aprobada en el 2013 estableció la pensión en 600 dólares mensuales, monto que se ajustó en el 2019 a 800 dólares mensuales, mientras que el último ajuste a 1.000 dólares fue en marzo de 2024.

En octubre de 2006 salió a la luz pública el caso del envenenamiento masivo, que se dio entre 2004 y ese año con la distribución de un jarabe para la tos que resultó tóxico porque la CSS lo formuló con dietilenglicol, un refrigerante industrial.

Se dieron 110.000 recetas y se distribuyeron 220.00 envases de jarabe, ha explicado Pascual. Hay víctimas de todas las edades, incluidos niños, y más de 800 personas han muerto por este caso de envenenamiento masivo.

Los que han logrado sobrevivir padecen enfermedades en los riñones y problemas neurológicos que desencadenan debilidad física, somnolencia, dolores de cabeza y problemas gástricos, por lo que se les dificulta enormemente trabajar o estudiar, como ha explicado el Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida.

"Eso sucedió y no fue solamente una vez. Y tengo entendido que tiene muchísimas denuncias, que han sido tapadas porque nunca prosperaron", señaló un hombre llamado Andrés en una entrevista con el programa 6AM W, de la emisora Caracol Radio.

La víctima relató que todo comenzó en 1983, cuando al joven lo echaron de su casa por problemas familiares y fue a la catedral primada de Bogotá buscando refugio y ayuda.

Sin embargo, allí empezó a sufrir abusos por parte de un sacerdote, cuyo nombre no fue revelado, quien luego le presentó al cardenal Rubiano.

"Se sentó conmigo en las sillas de atrás, quería besarme los pies, me besó las manos, me masturbó y me practicó sexo oral", relató el hombre sobre lo que sufrió a manos de Rubiano y agregó que no pudo huir de allí por la situación familiar que vivía.

El joven viajó en el 2000 a Ciudad del Vaticano con un pasaje que, dice, fue pagado por uno de sus victimarios y entregó documentos, fotos y videos de lo que había sufrido al médico y periodista español Joaquín Navarro Valls, quien era uno de los colaboradores cercanos al papa Juan Pablo II. Sin embargo, nunca recibió una respuesta.

Por eso, Andrés denunció en 2021 al cardenal Rubiano, cuando aún estaba vivo, y afirmó que "nunca pasó nada".

"En cambio, en España denuncian a un sacerdote de 90 años y a ese sí lo llaman y a ese sí le piden explicaciones y ese sí iba a la fiscalía y no, aquí no. Aquí el señor pasó de agache y se murió", añadió.

En mayo del año pasado, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas (recurso de amparo) acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte.

En 2024 el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que "hoy en día" hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

En relación con la pederastia, en junio de 2020 la Arquidiócesis de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes "para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso".

Los Cavaliers fueron arriba en el marcador desde la primera a la última posesión, pero los Raptors mantuvieron el partido ajustado, manteniéndose casi siempre a menos de 10 puntos.

Los hombres de Darko Rajakovic se mostraron más sólidos que en el primer partido de la serie -cuando desconectaron en el tercer cuarto- y dominaron la pintura (64-52) y los puntos en transición (16-2), aspectos clave de cara a los próximos duelos en Toronto.

Donovan Mitchell terminó el partido con 30 puntos y James Harden con 28, sumando entre ambos 58 para Cleveland con un 22 de 37 en tiros de campo (59,5 %).

Por segunda noche consecutiva, Mitchell y Harden cumplieron la misión encomendada por Kenny Atkinson de controlar y pausar el partido, imponiéndose al ritmo caótico y las transiciones que persigue Toronto.

"Al final, somos dos jugadores con una gran inteligencia de juego. Él lleva más tiempo que yo en esto, pero ambos llevamos mucho tiempo jugando y tratando de encontrar formas de ganar: anotando, pasando, en el rebote o defendiendo", dijo Mitchell al final del partido.

"Cuando tienes a dos jugadores que persiguen lo mismo, eso sin duda nos ayuda", añadió en declaraciones a pie de pista a NBC.

Además de los 58 puntos que sumaron entre Mitchell y Harden, Evan Mobley aportó 25 puntos y 8 rebotes. El pívot perdió este lunes a manos de Victor Wembanyama su condición de 'Defensor del Año' conquistada la temporada pasada.

Para los Raptors, Scottie Barnes firmó 26 puntos y RJ Barrett 22, pero Brandon Ingram se quedó en 7 enteros tras un pobre 3 de 15 (20 %) en tiros de campo. Barnes e Ingram, máximas referencias ofensivas del equipo, se fueron en blanco en el primer cuarto.

Raptors y Cavaliers se medirán en Toronto el jueves y el domingo para decidir si la serie se alarga más allá de cuatro partidos.

Duelo entre Rubio Ñu y Libertad se disputa mañana, a las 17:00

La intensa lluvia caída en las horas previas dejó el campo pesado y con sectores anegados, dificultando el traslado del balón y atentando contra el desarrollo normal del espectáculo. Aun así, ambos equipos lograron generar situaciones y mantener la emoción en las áreas para llegar a los goles.

Tras una revisión en el VAR se vio la mano de Roberto Ramírez y Díaz de Vivar sancionó el penal para la V Azulada que se puso en ventaja tras la conversión de Elvio Vera.

⚽️¡LA PICÓ! Desde el punto penal, Elvio Vera rompió el cero para Ameliano.

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Diez minutos más tarde una jugada excelsa de Hugo Benítez y remate de fuera del área marcó la igualdad que será la definitiva.

El trámite fue luchado y con muchas imprecisiones, propias de las condiciones climáticas, pero con pasajes en los que tanto Ameliano como Nacional intentaron imponer su juego.

⚽️¡FESTEJA EL TRICO! Hugo Adrián Benítez anotó para Nacional y se emparejó el marcador en Villeta.

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Finalmente, el empate terminó reflejando lo mostrado en un encuentro en el que el esfuerzo prevaleció sobre el buen fútbol.

El punto suma para ambos, aunque deja la sensación de que el partido pudo haber ofrecido mucho más en un escenario en mejores condiciones.

El objetivo de los diálogos es poner fin a la guerra en Oriente Medio desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, que deja miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha estremecido la economía mundial.

Este ultimátum expira “el miércoles por la noche, hora de Washington”, advirtió el presidente Donald Trump a la agencia Bloomberg, al calificar de “muy improbable” una prórroga de la tregua. En teoría, el cese de hostilidades debía terminar en la madrugada del miércoles, hora de Teherán.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”, respondió en la red social X el presidente del Parlamento de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf.

Irán no tiene “en este momento” ningún “plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, señaló previamente el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, al poner en duda la “seriedad” de Estados Unidos.

Si las exigencias estadounidenses no se satisfacen antes de que termine el alto el fuego, “empezarán a explotar muchas bombas”, advirtió también Trump al canal PBS, tras haber amenazado a principios de abril con aniquilar “toda una civilización”.

El presidente estadounidense reafirmó que tenía la intención de mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’” con Teherán y dijo que le está haciendo perder a Irán “500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo”.

Trump acusa a Teherán de violar la tregua atacando buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EE.UU. previstas para mañana

“No hay luz al final del túnel”

En Teherán, cuyos principales aeropuertos reabrieron este lunes por primera vez en semanas, la vida parecía haber vuelto en gran parte a la normalidad, con las cafeterías llenas y gente paseando en los parques y haciendo ejercicio.

Pero los habitantes que hablaron con periodistas de la AFP radicados en París aseguraron que la situación no es tan buena como pudiera parecer a simple vista.

“Veamos qué pasa el martes. Lo único que han mostrado los 50 días de guerra es que a nadie le importa el pueblo iraní”, dijo una doctora en biología de 30 años.

Saghar, una iraní de 39 años que no quiso dar su apellido, apuntó que a la gente de su país le quedan pocas esperanzas, pues se ve afectada tanto por el impacto de la guerra como por la represión gubernamental.

“No hay luz al final del túnel. La economía está fatal. Están deteniendo a gente por nada”, afirmó.

Ante una eventual confirmación de las conversaciones, en Islamabad se reforzó la seguridad desde el domingo, con cierre de carreteras y barricadas, constataron periodistas de la AFP.

La delegación estadounidense estará encabezada de nuevo por el vicepresidente JD Vance, quien ya estuvo en un primer ciclo de diálogos el 11 de abril que terminó sin avances.

Islamabad, lista para el diálogo pese el silencio de Teherán y el ultimátum de Trump

“Debe permanecer abierto”

Trump -que enfrenta este año elecciones de mitad de mandato- está bajo presión para encontrar una salida desde que Teherán tomó medidas para bloquear el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el bloqueo naval que emprendió Estados Unidos para mermar los ingresos petroleros de Irán y la incautación de un carguero de bandera iraní han provocado nuevas amenazas desde Teherán.

La Marina estadounidense incautó el domingo el carguero Touska, e Irán prometió “responder” contra lo que llamó un “acto de piratería armada”.

Los precios del petróleo volvieron a subir el lunes tras este recrudecimiento de las tensiones en torno a Ormuz.

“Debe permanecer abierto”, insistió el presidente chino, Xi Jinping, durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Además del nudo en torno al estrecho, persisten las divergencias entre Washington y Teherán, en particular en el ámbito nuclear defiende su derecho a la energía nuclear civil.

Líbano e Israel dialogarán en EE.UU.

En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación sigue siendo muy inestable pese a un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá.

En las seis semanas de guerra entre Israel y Hezbolá, al menos 2.387 personas han muerto en Líbano, según un nuevo balance difundido el lunes por el gobierno libanés.

El próximo jueves habrá nuevas conversaciones entre ambos países en Washington destinadas a promover un acuerdo de paz.

“Continuaremos facilitando discusiones directas y de buena fe entre ambos gobiernos”, dijo el lunes un funcionario del Departamento de Estado bajo la condición de anonimato.

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Único cotejo disputado este lunes

El juego San Alfonzo de Minga Guazú y Deportivo Amambay, en el polideportivo del Comando Logístico, se desarrolló normalmente.

La visita, Amambay, se impuso con autoridad ante los pedrojuaninos, por el score de 79-48. Los parciales: 17-8, 20-20, 18-11, 24-9.

El otro partido de la fecha disputado, ya en forma adelantada, el domingo, fue entre Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo, que ganaron los bicampeones 96-87.

Suspensiones

La suspensión del partido entre ciudenses y campoalteños fue comunicada en redes por el local faltando solo 30 minutos para el inicio. Las goteras en el polideportivo del club habrían sido las causantes de la suspensión de este encuentro.

Kaa poty

Sin embargo, la postergación del partido entre Gold y sanjosianos demoró como una hora antes que los organizadores tomen la decisión de suspender el cotejo. El partido estaba previsto para las 20:30 inicialmente.

No se dio a conocer una voz oficial sobre la fecha de continuidad de los partidos, ya que de persistir las lluvias no será posible que se disputen este martes.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, anunció que su gabinete había dado luz verde a la medida, alegando que "en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo", sino que "necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa".

"Responder a estas necesidades y transferir el equipo de defensa contribuirá a mejorar las capacidades de defensa de estos países y, en última instancia, a prevenir conflictos, garantizando así la seguridad de Japón", manifestó la mandataria japonesa a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Takaichi también mencionó la posibilidad de intercambiar piezas o armas entre los países socios, "fortaleciendo la cooperación mutua", todo ello con aquellos que "se comprometan a utilizar el equipo de conformidad con la carta de Naciones Unidas".

Los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado. Ahora, la revisión incluye una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen "circunstancias especiales".

A pesar de ello, Takaichi aseguró que el "compromiso" de mantener la trayectoria de Japón como nación pacífica desde la Segunda Guerra Mundial hace ya más de 80 años "permanece inalterable".

El cambio, que formaba parte de la revisión de la estrategia de seguridad nacional de 2022, había generado debate por lo que la venta de armamento letal supone para un país gobernado por una Constitución pacifista.

Con el plan de seguridad nacional, las autoridades trazaron un giro sin precedentes a las políticas defensivas de Japón, abogando por reforzar las capacidades de contraataque del país mediante un aumento del gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos.

Pese a que el conjunto de Las Piedras, que ofició como visitante, tomó la ventaja en dos oportunidades producto de las anotaciones de Renzo Rabino y Fernando Mimbacas, el equipo aurinegro se repuso y logró la paridad con tantos de Abel Hernández y Leandro Umpierrez.

Con el empate, Peñarol dejó dos valiosos puntos en el camino y se ubicó junto al Deportivo Maldonado con 23 unidades detrás del Racing, que encabeza la tabla de posiciones con 27 enteros.

En otro resultado de este lunes, Boston River superó por la mínima diferencia a Cerro Largo con gol de Francisco Bonfiglio para darle a su equipo su cuarto triunfo del torneo y sumar 14 tantos.

La decimotercera jornada del Apertura uruguayo se iniciará el 24 de abril con el partido entre Montevideo City Torque y Boston River.

Según lo expuesto, la implementación del tratado permitiría dinamizar el intercambio y fortalecer la cooperación económica entre ambas regiones.

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Un acuerdo con potencial, pero aún en etapa inicial

Si bien ambas partes coincidieron en que el acuerdo podría generar un “impulso renovado” en las relaciones comerciales, el proceso de implementación será clave para que esas expectativas se concreten.

Experiencias previas dentro del bloque muestran que la firma de acuerdos no siempre se traduce automáticamente en un incremento del comercio o en beneficios tangibles para los países miembros.

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El desafío de pasar del compromiso a los resultados

El encuentro dejó en evidencia el interés político en avanzar en la agenda bilateral, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad del MERCOSUR para capitalizar plenamente este tipo de acuerdos.

En ese contexto, el foco estará puesto en cómo se ejecutan los compromisos asumidos y en si efectivamente se logran generar nuevas oportunidades económicas para la región.

A pesar de la gravedad de los hechos y de la suspensión del encuentro, desde la Policía evitaron calificar el operativo como un fracaso, lo que contrasta con el nivel de violencia registrado.

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Un “punto de inflexión” con viejas recetas

El viceministro Carlos Benítez calificó como “alentador” el resultado de la reunión y sostuvo que existe un compromiso firme entre las instituciones. Incluso afirmó que se trataría de un “punto de inflexión” en la seguridad de los espectáculos deportivos.

No obstante, gran parte de las acciones mencionadas ya habían sido anunciadas en ocasiones anteriores, sin que se hayan traducido en cambios estructurales.

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Entradas personalizadas y control a barras

Uno de los principales puntos es la eliminación de la entrega masiva de entradas a grupos organizados, una práctica que facilitaba el ingreso sin controles adecuados.

La propuesta apunta a que cada entrada sea individual y esté asociada a un documento de identidad, una medida que ya había sido discutida en el pasado, pero que no se aplicó de manera efectiva.

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Tecnología que no termina de implementarse

El uso de reconocimiento facial y del sistema AFIS vuelve a aparecer como solución clave para identificar a los hinchas y evitar suplantaciones.

Sin embargo, estas herramientas ya formaban parte de planes anteriores y su implementación parcial o irregular ha sido una de las principales debilidades del sistema de control en los estadios.

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Listas de violentos y sanciones penales

Las autoridades también anunciaron la consolidación de una base de datos de personas con antecedentes en hechos violentos, con el objetivo de impedir su ingreso a los partidos.

A esto se suma el compromiso del Ministerio Público de impulsar procesos penales, más allá de las sanciones administrativas aplicadas por la APF.

Fallas en los controles previos

Entre las medidas se incluye la verificación de los estadios al menos 24 horas antes de cada encuentro, para evitar el ingreso de objetos peligrosos como los explosivos que habrían desencadenado los disturbios.

No obstante, el ingreso de estos elementos durante el último clásico evidencia que los controles actuales no están funcionando como se esperaba.

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Viki consiguió la victroria en sets corridos, contra la promesa boliviana Valery Sumoya 2-0 con parciales 6-2 y 7-6 (5).

Por su parte, Cayo consiguió derrotar al curazoleño Brandon Bridgewater, también en dos sets 6-3 y 6-4.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna y, según los primeros reportes, fue perpetrado por un solo agresor que disparó desde una zona elevada contra visitantes en un momento de alta afluencia turística.

Testimonios y reportes iniciales indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes antes de quitarse la vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado la identidad del atacante ni el móvil del ataque.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de fuerzas federales y estatales mientras continúan las investigaciones.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la zona arqueológica, resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), particularmente sobre cómo el agresor logró ingresar con un arma a un sitio con control de acceso y mantenerse en una de las estructuras principales sin ser detectado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y afirmó que su gobierno da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

Tras una hora de negociación, el indicador subía un 2,15 %, o 133,40 puntos, hasta situarse en las 6.352,49 unidades. El lunes cerró con un repunte del 0,44 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano, en 1.175,33 unidades.

La subida del Kospi se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que prevén reanudar los diálogos de paz con Teherán entre el martes y el miércoles, en medio de reportes de que el vicepresidente, JD Vance, partirá pronto hacia Pakistán.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se incrementaba un 1,5 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio aumentando casi un 5 %.

El productor de vehículos Hyundai Motor registró una caída del 2,04 % y su empresa hermana Kia saltaba casi un 1 %.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

La prensa local precisó que empresas que operan en la zona se han visto obligadas a mantener sus puertas cerradas este lunes.

En la zona de los conflictos se encuentran empresas como Brasserie Sejourné, Brasserie La Couronne y MSC Trading, instituciones privadas que pueden ser una fuente de ingresos para las bandas armadas, siempre en busca de regiones con potencial económico.

Esta zona de conflicto se encuentra cerca del aeropuerto Toussaint Louverture, cerrado al tráfico internacional, y donde solo opera Sunrise Airways, que ofrece vuelos domésticos.

Esta decisión, según la compañía, está motivada por el deterioro de la situación de seguridad en los alrededores del aeropuerto, indicando que la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal sigue siendo su prioridad, al tiempo que afirma seguir de cerca la evolución de la situación en coordinación con las autoridades competentes.

En conferencia de prensa, la fiscal general de la capital mexicana, Bertha Alcalde Luján, reconoció que hubo un retraso de alrededor de 15 horas en la respuesta institucional, pese a que se contaba con información clave desde las primeras horas.

Agregó que estas fallas derivaron en la apertura de una investigación interna por posibles actos de negligencia y corrupción.

La víctima, Edith Guadalupe Valdés, fue vista por última vez el miércoles pasado tras acudir a un inmueble por una oferta de trabajo, donde fue hallada muerta el viernes.

Alcalde Luján sostuvo que el principal sospechoso, un vigilante del lugar, tenía control del acceso al edificio y del sistema de videovigilancia en el momento de los hechos.

Aunque, según la fiscal, existen pruebas suficientes contra el detenido, el caso ha sido cuestionado por la familia de la víctima, que ha señalado fallas en la investigación y posibles presiones y amenazas al imputado, identificado como Juan Jesús 'N'.

Sobre los funcionarios separados, la fiscal indicó que entre las irregularidades detectadas están la falta de integración de información clave y la omisión de acciones oportunas por parte de los responsables del caso, lo que generó el retraso de 15 horas.

El caso ocurre en un contexto de violencia feminicida persistente en México, donde en promedio diez mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales.

"Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata", dijo en una rueda de prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), que agrupa a pequeños y medianos transportistas del país.

El dirigente señaló que ellos aceptaron la eliminación del subsidio el año pasado, porque el Gobierno se había comprometido a emitir políticas públicas para "equilibrar el sistema de bandas" por el que se determina el valor en función de los precios internacionales, pero que eso no se ha cumplido.

Con la medida tomada por Noboa, el precio del combustible pasó de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares, lo que provocó protestas lideradas por el movimiento indígena que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil.

Este mes el precio llegó a 2,96 dólares, alza que, según Ortiz, ha hecho que los márgenes de utilidad de los transportistas se reduzcan "drásticamente" o registren "pérdidas constantes", lo que ha llevado "al colapso" a "miles" de ellos.

El presidente de Confetrape aseguró que este martes van a presentar este reclamo al Gobierno y que esperarán unos quince días por una respuesta. Plantean propuestas como focalizaciones.

"Si el Gobierno no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores, no porque queremos, sino porque no tenemos para poder cubrir el costo operativo de nuestras unidades", señaló.

El incremento del precio del diésel se suma a las preocupaciones por la inseguridad en varias de carreteras del país. Ortiz afirmó que ya han denunciado que los transportistas son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, pero que aunque las fuerzas de seguridad logran capturar a los presuntos responsables hay jueces que, aseguró, los liberan.

Además, los gremios exigieron al Gobierno que revise los aranceles impuestos a exportaciones colombianas, que el próximo 1 de mayo subirán al 100 %, ya que la medida también está provocando desempleo y precarización laboral a quienes trabajan en la frontera norte.

Unos cuarenta minutos después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,01 %, o 593,37 puntos, hasta las 59.418,26 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,13 %, o 4,87 puntos, hasta los 3.781,89 enteros.

En semiconductores, Tokyo Electron se disparaba un 4,07 %, Advantest crecía un 2,4 % y Disco un 1,1 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), subía un 2,89 %.

El fabricante Toyota, empresa de mayor capitalización local, caía un 1,89 %, mientras que su rival Honda avanzaba un 0,37 %.

El gigante de la defensa y la maquinaria Mitsubishi Heavy Industries descendía un 2,66 % y Kawasaki Heavy Industries se desplomaba un 3,97 %.

La apertura del parqué tokiota en verde tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que tiene intención de reanudar las negociaciones entre el martes y el miércoles, entre informaciones de que una delegación encabezada por su 'número dos', JD Vance, saldrá en las próximas horas hacia Islamabad.

La ofrenda de este martes consistió en el envío de un árbol 'masakaki' en su nombre, según la agencia de noticias Kyodo. Se trata de la primera ofrenda enviada al santuario por la mandataria nipona desde que llegó al cargo, siguiendo el gesto de sus antecesores y evitando una visita para no generar confrontación con China y Corea del Sur.

Takaichi, conocida por sus opiniones revisionistas sobre el pasado militarista de Japón, solía visitar Yasukuni cada año, incluso durante sus periodos como ministra, con motivo de los festivales de primavera y otoño, y en el aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto.

No obstante, en octubre de 2025, cuando ya era la líder del partido gobernante nipón pero antes de la votación en el Parlamento en la que aspiraba a ser elegida como jefa de Gobierno, se abstuvo de acudir al templo y envió una ofrenda monetaria personal a través de terceros, buscando apoyos de otras facciones.

En Yasukuni se honra a los caídos japoneses entre finales del siglo XIX y 1945, más de 2,4 millones de personas, entre las que figuran 14 políticos y oficiales del Ejército imperial condenados como criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial.

Ningún jefe de Gobierno japonés en funciones ha visitado el santuario después de que el fallecido Shinzo Abe se personara para realizar una ofrenda en diciembre de 2013, desatando críticas dentro y fuera del país que motivaron el comienzo del envío de las ofrendas.

China y Corea del Sur, países que sufrieron agresiones bélicas de Japón, han venido expresando sus quejas por los homenajes oficiales en Yasukuni a causa de viejas heridas abiertas del colonialismo.

Además, Pekín y Tokio se encuentran enzarzados en una amplia disputa desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de Takaichi durante una sesión parlamentaria sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán.

Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia apuntan a años de presunta negligencia por parte de las autoridades locales en el mantenimiento del sistema de alcantarillado que desemboca en el río Potomac.

Los documentos judiciales sostienen que la autoridad del agua de la capital habría ignorado durante años señales de deterioro en el interceptor del Potomac, una infraestructura clave de unos 87 kilómetros que transporta aguas residuales desde Maryland y Virginia hasta plantas de tratamiento en Washington.

El caso se centra en la rotura ocurrida el 19 de enero, cuando una sección del conducto colapsó y provocó el vertido de más de 240 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río.

Según las demandas, inspecciones realizadas previamente ya advertían de una corrosión severa y daños estructurales significativos, pero no se habrían tomado medidas a tiempo para evitar el fallo.

El río Potomac es una de las principales fuentes hídricas del área metropolitana de Washington y atraviesa la capital estadounidense antes de desembocar en la bahía de Chesapeake.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), su cuenca hidrográfica abastece ecosistemas urbanos y suburbanos, además de ser clave para el suministro de agua potable, la recreación y la biodiversidad de la región.

Las autoridades federales y locales aseguran que el derrame incrementó los niveles de bacterias como E. coli y otros contaminantes en el Potomac, lo que obligó a declarar temporalmente el río como un riesgo para la salud pública en la zona afectada.

Las acciones legales buscan la imposición de sanciones civiles y obligar a la autoridad del agua a implementar un plan reforzado de operación y mantenimiento en toda su red de alcantarillado.

La empresa de servicios públicos ha defendido su gestión, asegurando que ha priorizado la reparación del sistema y que trabaja en coordinación con agencias federales, aunque reconoce que algunos proyectos han enfrentado retrasos por evaluaciones ambientales.

El Minsa confirmó en un comunicado que dos de los casos en Lima se detectaron en el distrito residencial de San Isidro, otro en una estudiante procedente de Puno y el siguiente caso en uno de sus familiares.

Al respecto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, descartó que "en la actualidad" se registre una transmisión local de sarampión.

Agregó que tras la alerta epidemiológica emitida por el Minsa ante el brote en Puno se están fortaleciendo las campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos en todo el país

"Lima, en la actualidad no registra transmisión local de la enfermedad", ratificó.

El Minsa precisó que durante la semana Epidemiológica 3 y 8 de este año se registraron dos diagnósticos de sarampión, uno en cada caso, en hombres residentes en San Isidro, el primero importado y el segundo de fuente desconocida.

El tercer caso se dio en una joven de 20 años originaria de Puno que reside en Lima por motivos de estudios, y el cuarto en uno de sus familiares.

El Minsa aseguró que estos pacientes se encuentran fuera de peligro, mientras que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima están fortaleciendo las jornadas de vacunación, difusión de mensajes preventivos, vigilancia epidemiológica y búsqueda de casos.

Perú emitió a inicios de marzo pasado una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

Durante este fin de semana se informó que en Puno, una región ubicada a unos 1.000 kilómetros de Lima, había 47 casos de la enfermedad, mientras que otros 78 estaban en evaluación de los síntomas que presentan los pacientes.

Al respecto, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, admitió la semana pasada que ya existe una transmisión local de la enfermedad en Puno y consideró que el brote puede estar relacionado con el flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde el año pasado se reportaron más de 600 casos de sarampión, según dijo.

La semana pasada las autoridades sanitarias peruanas distribuyeron más de 340.000 dosis de la vacuna contra la enfermedad en Puno y también sostuvieron una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para movilizar brigadas de vacunación en las zonas fronterizas.

Un comunicado de la FCBS señaló que el torneo se desarrollará "por lo que representa la pelota en el imaginario popular cubano, por estar asida a las raíces culturales y de identidad nacional, y porque es un reclamo del pueblo".

Subrayó que la pelota regresará a los estadios en un "colosal esfuerzo" y en medio de un "adverso panorama" por el "recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos" y el cerco energético que ha impuesto a la isla.

La Liga Élite se jugará en cada uno de los estadios de las seis escuadras que clasificaron en la pasada 64 Serie Nacional: el monarca, de la provincia Las Tunas, y los de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Artemisa y Holguín.

La etapa clasificatoria se jugará entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con 40 juegos para cada equipo, en subseries de cuatro encuentros. Las semifinales, pactadas del 21 al 30 de junio, se jugarán al mejor de partidos a ganar cuatro y la final -prevista del 2 al 10 de julio- tendrá similar formato, detalló.

La FCBS explicó que cada equipo estará integrado por 20 jugadores de las plantillas que los clasificó y podrá tomar para su fortalecimiento a otros siete peloteros.

El béisbol, considerado el rey de los deportes en Cuba y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2021, se introdujo, según los historiadores, sobre 1860 a través de insulares que estudiaban en Estados Unidos, y se ha mantenido como un deporte muy popular aunque en la última década el fútbol ha ganado preferencia, particularmente de los jóvenes.

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Especulando sobre el motivo, quizá las malas condiciones climáticas, pudieron ser causantes de la postergación del juego, por goteras o por algún motivo, por el cual los responsables decidieron que no se disputara el encuentro basketero.

En la cuenta oficial del club se señalaba que el partido fue suspendido por inclemencias del tiempo.

Mientras tanto, en los otros escenarios se desarrollaban los partidos previstos: Colonias Gold vs. San José y San Alfonzo de Minga Guazú vs. Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero.

El domingo se disputó en forma adelantada el partido entre el bicampeón Olimpia y Félix Pérez Cardozo, con victoria de los Kings por 96-87.

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, tomó la decisión tras una audiencia de más de siete horas en las que escuchó las conclusiones de decenas de abogados de familiares de una parte de los fallecidos, y de representantes de varios de los heridos.

El magistrado además resolvió rechazar la petición de reproducir testimonios de testigos por entender que la audiencia preliminar no es el escenario para someter interrogatorios y contra interrogatorios, por lo que advirtió a las partes abstenerse de ese recurso extemporáneo.

Algunos abogados de querellantes solicitaron al tribunal el desistimiento de estas acciones.

Mejía Zorrilla recordó a las partes que la audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a un acusado a juicio.

El derrumbe del techo de uno de los centros de diversión más populares de Santo Domingo se produjo mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta. El artista y uno de sus músicos estuvieron entre las víctimas fatales.

También murieron, entre otros, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz, el diseñador de modas Martín Polanco, y varias de los empleados del centro de diversión.

El Ministerio Público, que ha pedido enjuiciar a Antonio y Maribel Espaillat, asegura que los dueños de la discoteca realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a "ninguna" institución, "por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación", lo que, alega, "constituye una inobservancia a la ley" y "una muestra de negligencia de parte de los mismos", afirmaron los fiscales.

La acusación subraya que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La tragedia, la primera de su tipo que se registra en República Dominicana, afectó a prácticamente todos los estratos sociales del país.

Congregados en torno a su estatua en el barrio en el que vivió su juventud (colonia Clavería), sus seguidores cantaron durante varias horas algunas de las canciones más emblemáticas de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como 'Príncipe de la Canción', en el día que recuerda su figura -20 de abril-, fecha impulsada por su público en honor a una frase de su canción 'Me vas a echar de menos'.

En el acto de homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, de 81 años, esposa del artista entre 1976 y 1991 y considerada por muchos como su viuda legítima, quien fue ovacionada por el público antes de dedicarle unas palabras a José José.

"Muchas gracias por tanto cariño de todos", declaró a los medios de comunicación tras leer un pequeño discurso al público presente en el que destacó su figura "irrepetible".

Manuela Aguilar y Andrea Martínez, quienes acudieron a su homenaje con "mucha emoción", explicaron posteriormente a EFE que sienten "mucha admiración" por el autor de canciones como 'El Triste' o 'La Nave del Olvido', al tiempo que apuntaron que a todos los mexicanos "nos marcó mucho" al ser un "cantante único".

En el caso de Martínez, ella se "enamoró" de su marido gracias a las canciones del artista mexicano en la época en la que "éramos jóvenes", recordó.

Ahora, después de tantos años, estas dos mujeres celebran el acto de hoy porque demuestra "cómo le queremos".

"Sus canciones las cantamos porque nos enamoramos con él. O sea, las vivimos, seguimos viviendo con él en esas canciones", dijeron.

Entre el público asistente había personas de todas las edades e incluso algunos llevaban cuadros de José José o iban vestidos para la ocasión, como es el caso de Yael Miranda y Guillermo Hernández, ambos de 29 años.

"Qué bueno que hagan esto cada año porque José José vive todavía en nuestros corazones, lo echamos aún de menos y esto es un homenaje para él porque sé que nos está viendo y escuchando desde donde esté", apuntaron.

Ellos iban vestidos con traje y con pequeñas imágenes del cantante, un "homenaje" porque el 'Príncipe de la Canción' "nos enseñó a vestirnos bien y cantar".

"Honor a quien honor se merece (...) Qué bueno que se sigue transmitiendo de generación en generación, que no se vaya quedando con las generaciones anteriores, que se siga rindiendo este homenaje", remataron.

José José, nacido en Ciudad de México en 1948, se posicionó como referente de la música romántica en el continente y su legado continúa vigente a día de hoy, siete años después de su muerte a los 71 años en el estado de Florida (EE.UU).

“Hay un imperativo, Hernán Rivas debe renunciar. Sigue pasando vergüenza, una total humillación. No le importa nada, tiene una desvergüenza al que somete a su familia a este escándalo. Tiene hijos, esposa, padres. Es una vergüenza y nos arrastra a nosotros a esa misma indignidad”, sostuvo la senadora Amarilla.

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Manifestó que el cartismo debe buscar la renuncia y no solo aprobar su permiso con el objetivo de descomprimir la crisis que se genera con el supuesto título falso de abogado.

“Esto es el Senado de la Nación, no una comisión de barrio. Sus propios colegas reconocen off the record que la situación es insostenible. Reconocen que el pedido de permiso es para desinflar la situación, para descomprimir”, dijo Celeste Amarilla.

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Juez debe solicitar desafuero

No obstante, la senadora manifestó que pese a que se le apruebe el permiso el senador Hernán Rivas mantiene sus fueros y un juez debe solicitar el desafuero.

“Con el permiso, él mantiene su fueros, debe venir un juez a solicitar el desafuero, pero le pedimos que renuncie por que cada día crece la indignación ciudadana”, fustigó Celeste Amarilla.

El senador cartista fue sobreseído por voto en mayoría del tribunal de apelación integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández (este último votó en disidencia), pero ahora enfrenta un nuevo proceso tras la denuncia realizada por varios senadores opositores por presunta producción mediata de documento público de contenido falso.

La querella legal apunta en contra del proyecto de 5.000 millones de dólares conocido como Kaskida, aprobado por el Gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado, que se desarrollará a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana y a una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una distancia mayor que la altura del Monte Everest.

Los demandantes han advertido que Kaskida se ubicará "en aguas de mayor riesgo", si se compara con las aguas donde estaba situada la plataforma Deepwater Horizon de BP, en el Golfo de México, que en 2010 causó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos.

La demanda fue presentada justo este 20 de abril cuando se cumplen 16 años de la explosión de Deepwater Horizon, que cobró la vida de 11 personas, aniquiló a un sinnúmero de animales marinos y causó daños por miles de millones de dólares en el Golfo, incluyendo la eliminación de miles de empleos locales en sectores como la pesca y el turismo.

Earthjustice, que representa a los grupos Healthy Gulf, Turtle Island Restoration Network, Habitat Recovery Project, Sierra Club y el Center for Biological Diversity, ha impugnado la aprobación de la propuesta de BP debido a que la información legalmente requerida “está ausente o presenta fallas significativas”, según explicó en un comunicado.

Los grupos aseguran que BP no logró demostrar que posee la experiencia, los conocimientos técnicos y el equipo certificado necesarios para realizar perforaciones seguras bajo las condiciones extremas del emplazamiento de Kaskida.

Subrayan que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo, igual al que provocó el desastre de la Deepwater Horizon, “es entre seis y siete veces mayor” en comparación con los pozos petroleros típicos en aguas profundas.

BP espera extraer unos 80.000 barriles de petróleo diarios de este proyecto a partir de 2029.

Los ambientalistas han advertido que BP no demostró en su propuesta que cuente con las capacidades de contención necesarias en caso de tener que controlar un pozo fuera de control, lo que podría evitar un derrame de 4,5 millones de barriles de petróleo o más en el Golfo de México.

Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, dijo en el comunicado que la aprobación del proyecto de BP "establece un estándar peligrosamente bajo para las compañías de petróleo y gas que desean perforar" en las aguas públicas del país.

"Nos veremos las caras con la administración Trump en los tribunales debido a su aprobación ilegal e insultante del proyecto Kaskida", añadió.

La líder de Fuerza Popular expuso ante medios locales que su partido ha cuestionado desde hace tiempo la labor de Corvetto, al que acusó sin pruebas concretas de haber avalado un supuesto fraude en su contra cuando perdió en 2021 ante el izquierdista Pedro Castillo por tercera vez consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que hace dos años, cuando Corvetto fue ratificado en su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), emitieron un informe con argumentos técnicos y legales contra la continuidad del funcionario en la ONPE.

"De cara a la segunda vuelta sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas quienes lleven a cabo la segunda vuelta", dijo Fujimori, tras las irregularidades registradas en el desarrollo de la primera vuelta, especialmente en el reparto y traslado del material electoral y de los votos emitidos.

La candidata se mostró de acuerdo con el pedido del ultraderechista Rafael López Aliaga, que se juega su pase a segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 13.000 votos, de convocar a elecciones complementarias para los peruanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de mesas de votación en centros de Lima.

"He escuchado su pedido de ayer, me parece razonable, no habla de insurgencia, de la nulidad total, sino que está pide elección complementaria. Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie y desde Fuerza Popular respetaremos esta decisión", señaló.

López Aliaga, que denuncia sin pruebas concretas un fraude en su contra, amenazó este domingo al titular del JNE, Roberto Burneo para que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según su estimación sin un sustento claro y evidente, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de abril.

El candidato ultraconservador se dirigió a cientos de seguidores que acudieron a una concentración convocada por su partido Renovación Popular en Lima para asegurar que les están "robando el país" porque "más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley" debido a los retrasos en la instalación de mesas de votación el día de los comicios generales.

En este sentido, Fujimori reiteró que ha puesto a disposición de Renovación Popular los personeros de Fuerza Popular para compartir información de supuestas irregularidades en el proceso electoral y ya han comenzado las reuniones.

"Me llama mucho la atención la cantidad de insultos que he recibido el día de ayer a pesar de que ya habido reuniones", dijo al añadir que no va a contestar al postulante ultraderechista, que este domingo señaló que Fujimori es cínica e insinuó que ha quedado como la candidata más votada con engaños.

Ivo De Carvalho, quien actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, ha estado radicado en Miami y ha recibido una solicitud migratoria para abandonar el país, de acuerdo con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", declaró la autoridad en su cuenta oficial de X, añadiendo que "se le pidió al funcionario brasileño en cuestión" que se marchara.

La medida sucedió luego de que el exjefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre acusado de planear un golpe de Estado, fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y liberado posteriormente.

En concreto, De Carvalho figuraba como el coordinador de las relaciones entre la representación brasileña en suelo estadounidense con ICE.

El 13 de abril, Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394,7 millones de dólares a los 2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.

Honduras recibió en enero pasado 870,8 millones de dólares en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó 939 millones de dólares y en marzo, ascendió a 1.219,2 millones de dólares.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.

Este flujo de recursos, de acuerdo al BCH, se mantiene como la principal fuente de divisas del país centroamericano, situándose por encima de los ingresos generados por las exportaciones y la inversión extranjera directa.

La entidad monetaria subrayó que estos envíos constituyen un pilar clave no solo para el consumo de los hogares, sino también para la estabilidad macroeconómica del país.

Honduras cerró 2025 con una recepción de 12.212 millones de dólares en remesas familiares y, según las proyecciones del BCH, se espera que para 2026 el país capte unos 10.670 millones de dólares.

El CEO del Rally del Paraguay, César Marsal, dijo durante la presentación que este año el país espera el desembarco de 60 tripulaciones, por encima de las 48 que participaron en la prueba del pasado año.

La competencia, que se correrá del 27 al 30 de agosto, después de la parada en Finlandia y antes del recorrido en Chile, tendrá como escenario el departamento de Itapúa, en el sur del país, sede de la etapa local en 2025, que fue premiada como la mejor del mundo.

Marsal dijo que la prueba tendrá una "largada simbólica" en el sambódromo de Encarnación, donde esperan recibir a unas 15.000 personas que disfrutarán de demostraciones dinámicas y otras actividades relacionadas con el automovilismo.

Asimismo, adelantó que el país espera que la prueba provoque una derrama en su economía de 200 millones de dólares, superiores a los 183 millones ingresados en 2025.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, recordó que el país organizará una etapa del Campeonato Mundial de Rally durante tres años consecutivos, por cuanto la competición está asegurada en Paraguay el venidero 2027.

En este sentido, señaló que su "anhelo" es que la etapa en el país suramericano "nunca más salga del calendario" y que a partir de 2027 se renueve por otros diez años.

En 2025, el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) conquistó el Rally del Paraguay tras superar en la décima ronda al líder, el británico Elfyn Evans (Toyota), y al entonces campeón, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

La prueba en Paraguay se corrió sobre una distancia de 1.002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros de pruebas especiales, en las que participaron 48 pilotos (22 locales y 26 extranjeros).

Los supuestos universitarios se oponen a una reducción de los fondos públicos destinados a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la más grande del país, por un valor de 7.753 millones de lempiras (291,7 millones de dólares), que no cumplen con el mínimo establecido por ley.

Los manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, intentaron derribar las barricadas de seguridad del Parlamento hondureño y lanzaron piedras contra los agentes, quienes respondieron con bombas lacrimógenas y cañones de agua para dispersarlos.

Los disturbios se iniciaron en las inmediaciones del Parlamento y se extendieron hasta el Parque Central, el principal de Tegucigalpa ubicado en la zona histórica, lo que provocó el cierre de comercios, afectaciones a los transeúntes por la inhalación de gases y varios cristales rotos de vehículos particulares, según la prensa local.

Pese a ello, hasta el momento, no se ha informado oficialmente de heridas ni detenidas durante los disturbios en el centro de la capital hondureña.

Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, confirmó horas antes de las protestas que no se menguará el presupuesto para el 2026 porque ya se fijaron esos 291,7 millones de dólares para la casa de estudios, tras reunirse con diputados de la comisión de Presupuesto.

Si bien, el rector universitario señaló que pese a que la partida no alcanza el 6 % del presupuesto nacional que establece la Constitución, los fondos acordados garantizan la operatividad de programas estudiantiles clave para el presente ciclo académico.

El Gobierno de Honduras presentó el pasado día 9 de abril ante el Parlamento un proyecto de presupuesto nacional reformulado para 2026 que asciende a 444.265,8 millones de lempiras (unos 16.732,2 millones de dólares).

Según informó este lunes el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, el proyecto de presupuesto será sometido a consideración del pleno este martes.

La tara es considerada uno de los principales recursos forestales no maderables de Perú, que es el mayor exportador mundial de la planta, que tiene como principales destinos a países como China, Italia, Brasil, México y Argentina.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) presentó este lunes los principales resultados del programa 'Tara Ñan 2025' y anunció el inicio de su segunda fase durante talleres técnicos realizados en las provincias de Aymaraes y Chincheros, en el departamento surandino de Apurímac.

En ese sentido, se brindó asistencia técnica a 665 productores y se logró formalizar a más de 500 de ellos, en un proceso que permitió registrar 1.220 hectáreas e incorporar más de 585.000 árboles de tara a la cadena productiva.

También se fortalecieron las capacidades de más de 300 productores, asociaciones, autoridades y profesionales vinculados y se logró el acceso a financiación por más de 1,17 millones de soles (unos 340.000 dólares).

El programa identificó, además, más de 2,5 millones de hectáreas con potencial para establecer plantaciones de tara y evaluó más de 1.500 árboles, para identificar tipos morfológicos de alto rendimiento que permitan incrementar la productividad.

"La iniciativa ha contribuido a fortalecer a los productores de tara, a través de la implementación de acciones clave sobre formalización, asociatividad, acceso al financiamiento y buenas prácticas, posicionando a la tara como una alternativa sostenible para el desarrollo rural", señaló al respecto la directora de Estudios e Investigación del Serfor, Fabiola Carreño.

La especialista añadió que estos avances "evidencian el potencial de la tara como recurso estratégico para el desarrollo económico y forestal del país".

La nueva fase del programa estará orientada durante 2026 al incremento técnico-productivo y la evaluación periódica de parcelas de monitoreo para generar información sobre el comportamiento de los tipos de tara 'Almidón Blanco', 'Enana' y 'Roja' en condiciones altoandinas, con evidencia para la toma de decisiones productivas.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

"No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

La cantante, conocida por éxitos como 'Hung Up', hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.

La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dueto 'Vogue' y 'Like A Prayer' y una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio el pasado miércoles de su nuevo disco, 'Confessions On a Dance Floor. Part II', que saldrá el 3 de julio.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, que confirmaron la muerte de cinco personas por arma de fuego, dijo a EFE que "verificaron sin signos vitales" a los fallecidos al ingresar a la cevichería tras ser alertados de la emergencia.

Las circunstancias del ataque armado están bajo investigación.

Los cadáveres de los fallecidos quedaron en distintos puntos del restaurante, ubicado en un barrio al norte del centro de la Ciudad de Guatemala, según constató EFE.

De acuerdo a medios locales, al menos otras tres personas resultaron heridas en el tiroteo, incluido un niño.

El pasado 4 de abril, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en el municipio de La Gomera del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron 2.910 este tipo de homicidios.

El acuerdo fue firmado en Quito, entre el Ministerio del Interior del país andino y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés), en un acto que contó con la presencia del titular de esa cartera de Estado ecuatoriana, John Reimberg; la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; el jefe de misión de EE.UU., Lawrence Petroni; y el agregado de HSI, Héctor Quintana.

El memorando establece un marco legal para el intercambio "seguro y oportuno" de información, según detalló la canciller Sommerfeld durante el acto, y permitirá combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos y el abuso sexual infantil, explicó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Además, contempla capacitar y entrenar a la Policía, coordinar asistencia técnica y, junto a la Subsecretaría de Migración, detectar de forma temprana en aeropuertos y oficinas fronterizas a personas con alertas por terrorismo, de Interpol o con antecedentes por delitos sexuales contra menores.

"La firma de este memorando no es un trámite administrativo, es la reafirmación de una voluntad de nuestros países de proteger a nuestros ciudadanos y enfrentar de manera coordinada las amenazas del crimen organizado transnacional", continuó la canciller.

Reimberg destacó que Estados Unidos es un "aliado estratégico clave" para Ecuador en materia de seguridad y subrayó que el acuerdo "activa mecanismos técnicos" que elevan el nivel de coordinación bilateral frente al crimen organizado.

"Las organizaciones criminales transnacionales no conocen de fronteras (...) La suscripción de este memorando no hace más que reafirmar el compromiso de los Estados Unidos y el Ecuador en continuar la colaboración en prevenir y combatir el crimen organizado", añadió por su parte Quintana, agregado de HSI.

En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" a las que el presidente, Daniel Noboa, les declaró la "guerra" en 2024, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

En el acto se señaló que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la cooperación con la HSI permitió la incautación de más de 78 toneladas de cocaína, en torno a 55 armas de fuego, alrededor de 2,4 millones de dólares y el arresto de 300 personas.

"Abajo el alto costo de la vida", "Abajo la inseguridad", "3.000 gourdes de salario mínimo", se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes.

El salario mínimo de estos trabajadores es de 685 gourdes (unos 5,65 dólares) por ocho horas de trabajo, por debajo del precio de un galón de los combustibles de mayor consumo.

Además del aumento del salario mínimo, los trabajadores exigen un apoyo social permanente, que incluya subsidios para la vivienda, el transporte, la educación y el consumo de la canasta básica.

El último aumento del salario mínimo en Haití se remonta a febrero de 2022, cuando se fijó en 685 gourdes (unos 5,26 dólares) por jornada de ocho horas para las industrias de montaje y el resto de industrias manufactureras orientadas a la exportación.

En mayo de 2025, el Consejo Superior de Salarios (CSS) presentó un informe al Gobierno sobre el ajuste del salario mínimo en todos los sectores productivos.

Los manifestantes también denunciaron el "clima de inseguridad programado" en la nación, y las "connivencias" entre las autoridades y las bandas armadas que siembran el terror día y noche.

"Cuando se tiene hambre, no se bromea", cantaron los trabajadores para expresar la insuficiencia del salario mínimo, que no basta para pagar el transporte y la comida durante una jornada laboral.

Los trabajadores respondieron al llamado de los gremios Sindicato de Trabajadores del Sector Textil y de la Confección (SOTA), Batalla de los Trabajadores y de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA).

La mayoría de los manifestantes están empleados en el Parque Industrial Metropolitano, conocido como Sociedad Nacional de Parques Industriales (Sonapi), bajo el modelo de zonas francas, situado en el centro de Puerto Príncipe.

Este amplio movimiento de protesta se desencadenó el pasado 13 de abril, poco después de la subida de los precios de los derivados del petróleo, lo que provocó un aumento generalizado de los precios de los productos y servicios.

El Gobierno ha permanecido callado ante los reclamos de los trabajadores.

Haití atraviesa por una crisis en prácticamente todos los órdenes, principalmente en la inseguridad a causa del accionar de las bandas armadas que dominan el 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, y que han expandido sus crímenes hacia otras regiones.

La alfombra roja de la 'premiere', en el Lincoln Center, fue un despliegue de moda digno de la revista ficticia Runway, encabezado por sus cuatro protagonistas, que posaron sonrientes entre dos enormes esculturas de zapatos con un tridente en el tacón, símbolo de la obra.

Streep, de 76 años, que interpreta a la temible Miranda Priestley, directora de Runway, lució un vestido-capa en color naranja combinado con zapatos y largos guantes negros, a juego con unas enormes gafas de sol.

Hathaway, de 43, y que encarna a la ya no tan novata Andy Sachs, entonces asistente de Priestley, se presentó con un vestido rojo de satén, con un corpiño lencero y la falda voluminosa, completo con sandalias de tacón también rojas.

Blunt, de 43, la asistente veterana de la directora, llevó un vestido en color claro y de aire romántico, con cascadas de tul superpuestas, mientras que Tucci, de 65, el director de moda que mentoriza a Sachs, llevó un traje clásico oscuro, con chaqueta de terciopelo.

No quisieron perderse el evento una multitud de celebridades, incluyendo a la actriz Simone Ashley, que es una nueva asistente en la película; la modelo Coco Rocha, el diseñador Christian Siriano, la cantante Ciara y el deportista Russell Wilson.

El estreno fue el culmen de una gira de promoción mundial que ha durado más de un mes, y en la que los protagonistas han convertido cada presentación en una pasarela de moda, haciendo honor a la temática de la película.

Rodríguez señaló que la reunión fue para reiterar el “firme compromiso” del Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hacia la protección de los derechos humanos, así como poner en el centro la atención a las víctimas y sus familias.

La titular de la Segob destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X la cooperación con la ONU para “alcanzar la verdad, la justicia y la reparación” en el marco de la visita de Türk, quien mantendrá el próximo 22 de abril un encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

“Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, apuntó la publicación.

En un comunicado, la dependencia defendió que en el país “se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano”.

Asimismo, subrayó que “desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie" y aseguró que "México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo”.

El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reiteró que “la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente”.

En ese sentido, precisó que se han ofrecido “nuevas herramientas para abordar este delito”, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición.

“En esta agenda se ha fortalecido el trabajo con el Alto Comisionado en México y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde el centro de toda la acción seguirá siendo las víctimas y sus familias”, apuntó el documento.

El jefe de derechos humanos de la ONU también mantendrá encuentros con representantes de organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes -a través de una carta con cientos de firmantes- le solicitaron su respaldo para que la crisis de la desaparición forzada sea tratada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita de Türk ocurre en medio de una ola de violencia que ha provocado la desaparición de más de 130.000 personas, un "crimen de lesa humanidad", según señaló el CED de la ONU, que busca escalar esta crisis a la Asamblea General.

Una acusación que Sheinbaum ha rechazado al criticar las “debilidades y la orientación” de los informes emitidos por el CED.

"Hemos llevado a cabo una reunión (...) con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre nuestros pueblos", expresó el ministro venezolano de Exteriores en redes sociales.

Sin dar detalles sobre lo conversado, Gil dijo que el encuentro se celebró como parte de la cooperación en el ámbito diplomático, económico y comercial entre Caracas y Moscú, que celebraron en marzo 81 años de relaciones.

Rusia ha abogado en varias oportunidades por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado enero por Estados Unidos en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

El embajador ruso en Caracas responsabilizó posteriormente a los militares venezolanos de no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró Mélik-Bagdasárov en una entrevista con el canal Rossia 24 en enero.

En marzo, Gil se reunió en Caracas con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufrían presiones para abandonar el país suramericano.

En el encuentro, revisaron los progresos de su "cooperación estratégica", según el canciller.

En noviembre del año pasado, entró en vigor el denominado Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, el cual amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez desde entonces, y el del presidente estadounidense, Donald Trump, han acercado posiciones y restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"El día hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años por esta justicia", dijo el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, horas después de la llegada del extraditado a suelo panameño.

Al mediodía de este lunes el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, el presunto terrorista de Hizbulá, llegó a Panamá extraditado desde Venezuela tras ser capturado en 2025 en la venezolana Isla de Margarita por una alerta roja emitida por el país centroamericano.

Jalil está vinculado al caso del vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas que en 1994 estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

El atentado cobra relevancia porque ocurrió un día después del ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

El embajador estadounidense aclaró hoy que ahora inicia un proceso ante la justicia panameña, pero señaló que hay una posibilidad de que Jalil sea extraditado a EE.UU. para enfrentar allí la justicia, ya que entre los fallecidos en el atentado hay, al menos, tres estadounidenses.

"El acto ocurrió aquí en Panamá, la mayoría de las víctimas son de acá. Por eso hemos estado trabajando con Panamá para ayudarlos a hacer su caso y que él pueda enfrentar la justicia aquí. Pero nos reservamos el derecho de hacer eso", dijo Cabrera al ser preguntado por una posible extradición.

De igual manera, Cabrera enfatizó que la extradición de ese presunto terrorista de Hizbulá fue gracias a una estrecha colaboración entre Estados Unidos, Panamá y Venezuela, concretamente con el trabajo por más de 30 años del El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil.

El expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) dijo durante su mandato que recibió una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que le aseguraba que sus servicios de inteligencia tenían pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por Hizbulá.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados".

"Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.

En un video compartido por Caracol Radio, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.

En las fotografías difundidas fueron identificados alias Héctor, Cristian y Mauricio, quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.

Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.

Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".

Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del EMC, que es el criminal más buscado de Colombia y a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército.

El Banco Mundial calificó como "productiva" la reunión sostenida con Plasencia, en el marco de la reactivación del diálogo entre Caracas y el organismo multilateral.

En ese contexto, la vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó en su cuenta de X que la reapertura del vínculo con Venezuela abre "una oportunidad real para generar empleos, atraer inversiones y apoyar el crecimiento".

"Estamos dispuestos a colaborar con Venezuela en el camino que tienen por delante", añadió la alta funcionaria del Banco Mundial, en referencia al proceso de acercamiento tras la reanudación de relaciones anunciada por el organismo.

El pasado 16 de abril, el Banco Mundial anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo el Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que concluyeron el pasado sábado en Washington.

La semana pasada, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI", según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

Brandoni, que había estrenado recientemente 'Parque Lezama', de Juan José Campanella, falleció en Buenos Aires a los 86 años, tras complicaciones derivadas de una caída sufrida el 11 de abril.

Referentes de la política, como el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien recordó al actor como alguien que “defendió la libertad, la democracia y la República”, y del ámbito cultural destacaron su legado.

El actor Ricardo Darín lo definió como un “mago” del oficio y un “actor maravilloso”, en alusión a una trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine, el teatro y la televisión argentina.

Guillermo Francella, junto a Brandoni y Darín entre los actores más reconocidos del país, y quien trabajó con el recién fallecido en títulos como 'Mi obra maestra' (2018), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, expresó en declaraciones al canal Telefe: "Para mí ha sido un referente y alguien con quien generé una amistad hermosa, un emblema para mí".

La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram "Vas a estar siempre en mi corazón”, mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Brandoni en '¿Quién es quién?', la obra que se tuvo que suspender tras su caída, aseguró que se trataba de un "día muy triste para la cultura".

El Gobierno de la ciudad decretó dos días de duelo y dispuso el velatorio en el edificio legislativo porteño, donde durante unas doce horas familiares, colegas y ciudadanos se acercaron a despedir al actor, en un homenaje abierto al público.

La duración de la ceremonia respondió a un deseo expresado en vida por el propio Brandoni, según relató su entorno, que recordaba su preferencia por los velatorios prolongados.

"Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último", dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

El empresario teatral Carlos Rottemberg, amigo del actor durante casi cinco décadas, difundió una carta en la que lo definió como “el último primer actor de una generación” y destacó tanto su legado artístico como su vínculo personal, marcado por años de trabajo compartido y experiencias durante periodos complejos como la dictadura.

A lo largo de la jornada, instituciones culturales, partidos políticos y organizaciones del sector artístico enviaron coronas fúnebres al Legislativo y coincidieron en resaltar su figura como referente de la identidad cultural argentina, en una carrera de más de seis décadas que incluyó títulos como ‘La tregua’ (1974), ‘La Patagonia rebelde’ (1974) y ‘La odisea de los giles’ (2019).

La presentadora Susana Giménez, quien trabajó con él en el filme 'Esa maldita costilla' (1999), expresó en redes sociales: "Hemos perdido un irrepetible".

El productor de cine Axel Kuschevatzky, por su parte, aseguró: "Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años".

Además de su trayectoria artística, fue dirigente de la Unión Cívica Radical y diputado nacional entre 1997 y 2001, faceta que también fue destacada en las reacciones tras su fallecimiento.

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, un episodio que marcó su compromiso público, recordado en varias de las despedidas difundidas este lunes.

Familiares, amigos y colegas darán el último adiós a Brandoni este martes a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde será sepultado.

El personaje de Ortega aparece sentada en una motocicleta y Thing (Cosa) sujetando un misterioso papel en sus manos frente a la Torre Eiffel bajo el lema "Desde París, con pavor".

Pocos detalles se han revelado sobre la trama de esta tercera entrega, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, y que todavía no tiene fecha de estreno.

La plataforma de contenidos en línea informó recientemente que la tercera temporada contará con la participación de Lena Headey ('Game of Thrones'), Andrew McCarthy ('St. Elmo's Fire'), James Lance ('Ted Lasso'), Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

A ellos se suma la estelar Wynona Ryder ('Stranger Things'), quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.

Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60 del siglo XX, 'Wednesday' se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma.

"Si se negocia sobre Cuba, la sociedad cubana debe tener silla propia en una mesa de negociación sobre nuestro futuro", afirmó el CTDC en una declaración divulgada en La Habana.

La plataforma disidente considera que cualquier conversación sobre "cambio, democratización, apertura, estabilidad, gobernabilidad o futuro nacional no debería quedar reducida a un intercambio entre dos gobiernos".

"La complejidad y los desafíos presentes y futuros desbordan la capacidad de los Estados para afrontarlos", añade.

Argumenta su propuesta en el hecho de que el reconocimiento público de contactos y negociaciones entre las autoridades de Cuba y de EE.UU. confirma que "se está abriendo un momento político delicado y potencialmente significativo" para el país.

Por ello afirma que "si hay negociaciones que puedan influir en el rumbo del país, la nación real, no solo la oficial, debe estar representada en ellas de manera visible y legítima".

"Cuba no es solo su Estado. Cuba es también su ciudadanía, su sociedad civil, sus familias, sus presos políticos, sus comunidades religiosas, sus profesionales, sus reformistas, su sociedad civil y comunidad pro democrática, sus emprendedores y su diáspora", sostiene el Consejo.

Alega que una negociación sin ciudadanía organizada puede convertirse en "un arreglo entre élites, útil para administrar coyunturas, pero insuficiente para abrir una salida legítima, estable y duradera".

El CDPC que preside Manuel Cuesta Morúa, cree que una mesa con "credibilidad" nacional e internacional debería cumplir, al menos, con: reconocimiento explícito de estatales; una agenda "pública, breve y verificable"; representación "plural de sectores cívicos y democráticos" del país.

Y contar con un método "no violento, serio y orientado a soluciones" y el acompañamiento internacional que "reconozca el derecho de la sociedad cubana a tener voz propia, sin sustituirla".

Precisamente en esta fecha, las autoridades cubanas reconocieron por primera vez la celebración en la isla de un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos, días después de que la cita se filtrase en tres medios estadounidenses -Axios, The New York Times y USA Today-, todos con fuentes anónimas.

Asimismo resaltaron que en la reunión no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios" y que el intercambio se produjo "de forma respetuosa y profesional".

Las informaciones procedentes de EE.UU. apuntaron que Washington exigió a la parte cubana liberar en el plazo de dos semanas a presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como un gesto inicial de buena voluntad.

A ellos se sumaría una lista de exigencias, esencialmente de profundas reformas económicas y políticas.

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo' (abril 2026) publicado este martes, el Ejército de Sudán y sus aliados recuperaron en enero y febrero la capital, Jartum, y el estado de Gezira, y lanzaron represalias contra la población civil, en particular contra la comunidad kanabi, a la que acusaron de colaborar con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

En octubre, las FAR tomaron Al Fasher, capital de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, tras un asedio de 18 meses y cometieron "matanzas masivas de civiles, violaron a mujeres y niñas y las sometieron a otros actos de violencia sexual" y tomaron rehenes para pedir rescates.

El grupo también intensificó sus operaciones en la región de Kordofán, donde llevó a cabo ejecuciones sumarias, como en la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, en el sur del país, según el documento de AI.

Amnistía Internacional subrayó que la violencia sexual relacionada con el conflicto fue "generalizada y sistemática" por parte de las FAR, que la utilizaron para humillar, castigar, infundir miedo y desplazar a mujeres y comunidades enteras en Jartum, Gezira y Darfur, si bien también señaló al Ejército de cometer violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante detenciones.

El informe alerta, asimismo, de que actores externos, en particular Emiratos Árabes Unidos, alimentaron el conflicto con "transferencias irresponsables de armas", incluido armamento chino avanzado suministrado a las FAR y utilizado en Darfur.

En el ámbito humanitario, más del 50 % de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición, agravado por los bloqueos impuestos por grupos armados y los recortes en la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos.

Amnistía Internacional exige a las partes en conflicto que protejan a la población civil, pongan fin a los ataques selectivos e indiscriminados y garanticen el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas, y reclama a la comunidad internacional que detenga las transferencias de armas y redoble los esfuerzos para poner fin a la impunidad.

El informe 'La situación de los derechos humanos en el mundo', publicado este martes, documenta cómo los enfrentamientos y las prácticas represivas agravaron la crisis, con millones de desplazados, hambrunas y ataques contra civiles en los países de la región, afectados también por los coletazos de la guerra en Gaza.

En 2025, el Líbano sufrió ataques israelíes casi diarios que causaron más de un centenar de muertes de civiles (entre 103 y 127) y destruyeron más de 10.000 estructuras y tierras agrícolas en el sur pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, informó la organización internacional en el documento.

Asimismo, detalló que los efectos de la guerra así como la vulneración de la tregua exacerbó la crisis económica del país, lo cual impidió un correcto desarrollo del sistema de protección social universal; que se vio colapsado por la acogida de millones de refugiados sirios y palestinos en condiciones precarias.

También alertó de la situación de la libertad de prensa en el país, después de que las autoridades libanesas citaran a declarar a activistas y periodistas por cargos de difamación y otras acusaciones imprecisas, mientras avanzaba en el Parlamento un proyecto de ley de medios para mejorar la libertad de expresión, aunque con limitaciones.

Siria, tras la caída de Bachar al Asad en 2024, vivió "un periodo de transición con avances en sociedad civil, pero persistieron enfrentamientos sectarios, ejecuciones extrajudiciales y más de 1.400 homicidios civiles", señaló AI, que denunció que Israel continúa ocupando los Altos del Golán y generando inestabilidad en la frontera siria.

AI documentó que grupos armados afines al Gobierno anterior perpetraron masacres contra la comunidad alauí en las regiones costeras, con más de 1.400 civiles muertos, mientras que en la gobernación de Sueida se registraron ejecuciones extrajudiciales de decenas de drusos y abusos graves por grupos armados drusos y beduinos.

Según el informe, el Yemen vivió continuos ataques de los rebeldes chiíes hutíes, y bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron e hirieron a centenares de civiles, incluidos migrantes en centros de detención. Además, documentó que las partes en conflicto practicaron detenciones arbitrarias, mientras la inseguridad alimentaria extrema afectó a casi la mitad de la población.

El informe de AI también analizó la situación de los derechos humanos en los países del golfo Pérsico y denunció que Arabia Saudí registró un número récord de ejecuciones, con la aplicación de la pena capital a "cientos" de detenidos, muchos por delitos de drogas, incluidos extranjeros y personas que eran menores en el momento de los hechos.

Asimismo, denunció que el reino árabe intensificó la represión de la libertad de expresión y asociación; que más de 13 millones de trabajadores migrantes sufrieron discriminación sistemática y que muchos empleados domésticos se vieron sometidos al sistema de patrocinio conocido como 'kafala'.

Respecto a Baréin, AI documentó que este país amplió la producción de petróleo y gas pese a sus compromisos climáticos, mientras que Catar aparece en el informe regional como exportador masivo de gas.

Tras presentar este panorama regional, Amnistía Internacional urgió a los Estados de la región a cesar la represión, investigar crímenes internacionales y garantizar rendición de cuentas, protección a civiles y derechos económicos, sociales y ambientales.

También advirtió que la impunidad y los recortes de ayuda internacional agravan una crisis que amenaza la estabilidad de todo Oriente Medio.

"Aunque estamos complacidos con la recuperación nominal del propulsor, claramente no entregamos la misión que nuestro cliente quería, y que nuestro equipo esperaba. Los datos iniciales sugieren que en nuestra segunda quema GS2, uno de los motores BE-3U no produjo suficiente empuje para alcanzar nuestra órbita objetivo", dijo el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, en la red social X.

Limp añadió que ya están investigando "la anomalía (...) para aprender de los datos e implementar las mejoras necesarias para regresar rápidamente a las operaciones de vuelo".

El satélite pertenece a la compañía AST SpaceMobile, con quien aseguró que Blue Origin permanece en comunicación constante y confió en que continúe su asociación.

Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 5,30 % en el Nasdaq al término de la sesión de este lunes.

La misión de Blue Origin, la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) a las 7:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reusado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin utilizó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre pasado, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después de un intento fallido a inicios de 2025.

Hasta ese momento, tan solo SpaceX, fundada por el multimillonario Musk, había demostrado con éxito este tipo de reutilización en vuelos orbitales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con su enorme Starship.

La segunda etapa del cohete continuó su trayectoria al espacio para cumplir su misión principal de poner en órbita al satélite de comunicaciones.

La reutilización del New Glenn es crucial para la viabilidad económica de la empresa de Bezos, que aspira a usarlo en la misión Escapade de la NASA a Marte, destinada a estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.

El informe, que recopila los principales sucesos de 2025 y por ello no expone los efectos de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no especifica el número total de ejecuciones cometidas en el país, aunque remite a una denuncia de septiembre en la que aseguraba que ya a aquellas alturas del año eran más de 800 los ejecutados.

Indicó que uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.

La organización también incidió en el carácter "arbitrario" de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel.

De igual manera, alertó de "los juicios sistemáticamente injustos" que se dan en el país, orientados a veces a la "toma impune" de "rehenes" extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscalías y autoridades judiciales.

Además, hizo hincapié en la persecución de las opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica, la criminalización de los derechos de reunión y asociación, y la "fuerza ilícita", en ocasiones mortal, empleada para reprimir las "protestas pacíficas" sucedidas entre marzo y agosto de 2025.

AI recordó que en junio de 2025 "más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas" fueron asesinadas en Irán a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados en el marco de la guerra de doce días que libraron ambos países.

El informe también se refirió a los bombardeos "deliberados" de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, en los que murieron "al menos 80 civiles" y que "representa una grave violación del derecho internacional humanitario", que puede constituir un "crimen de guerra".

De igual manera, la organización recordó que las autoridades iraníes respondieron a Israel empleando "ilícitamente" municiones de racimo contra zonas residenciales en las que mataron a al menos 29 personas y que utilizaron la guerra "para intensificar la represión interna" en su país, como ya indicaban al denunciar el número de arrestos y ejecuciones efectuadas en 2025.

En 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser "muy superior", según AI, que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para "casarlas a la fuerza incluso antes".

La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo "detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones" a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.

AI afirmó que más de 1,8 millones de personas refugiadas afganas fueron forzadas a regresar a su país desde Irán en el año 2025, entre ellas menores no acompañados y mujeres o solicitantes de asilo vulnerables a represalias.

De igual manera, el informe de la organización señaló las condiciones continuadas de discriminación y pobreza a las que están sujetas las comunidades minoritarias en territorio iraní, como los kurdos o los baluchis.

Respecto a la comunidad LGBTI+, destacó la persistencia de la pena capital y el uso extendido de "terapias de conversión", entre otras situaciones de discriminación vividas por el colectivo en Irán.

En su presentación previa ayer ante los medios en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, denunció la actitud de los países europeos que en general han optado por la complicidad o el silencio con las violaciones al derecho internacional cometidos principalmente por tres gobernantes: el estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamin Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Hay Gobiernos, y en particular el de España, que insisten en que debemos mantener una brújula moral de quiénes queremos ser y qué queremos hacer", dijo, en referencia a un mundo contemporáneo que, según ella, ha perdido esa 'brújula moral'.

En ese contexto citó varias veces el ejemplo de España como distinto a los demás países que buscan el "apaciguamiento" ante los poderosos. Al ser preguntada por si otros países en el mundo podían compararse a España en esa defensa del orden mundial, Callamard dudó y dijo que solamente Sudáfrica, y ni siquiera por completo, pues solo alzó la voz para defender a los palestinos en Gaza pero ha callado ante otros conflictos.

Más tarde, y en declaraciones a EFE, justificó las menciones a España: su Gobierno -dijo- "es el único que está respondiendo contra este orden mundial depredador que se está construyendo, y ha sido el único en denunciar sistemáticamente las violaciones a la legalidad internacional, quienquiera que las cometa, incluyendo a Israel".

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025, los principales conflictos armados africanos, como el de Sudán o el del este de la República Democrática del Congo (RDC), empeoraron y dieron lugar a violencia sexual y ejecuciones, sin que rindieran cuentas los responsables.

"Continuaron las denuncias de ataques y homicidios ilícitos por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en otros conflictos de larga duración en la región, entre ellos los de Burkina Faso, Camerún, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur", señala el documento.

Junto con los asesinatos y la violencia sexual, los conflictos en el continente han ido acompañados de una crisis alimentaria, agravada por otros factores como las perturbaciones climáticas o la situación económica.

"En julio, el hambre afectaba a más de 307 millones de personas, es decir, a más del 20 % de la población de la región. En varios países, la escasez de alimentos se vio agravada por los recortes en la ayuda, incluidos los aplicados por el gobierno de Estados Unidos", indica AI.

También acusa a los gobiernos de no proteger a la población de las sequías y las inundaciones, agravadas tanto por el cambio climático como por los conflictos.

Los combates y la inseguridad provocaron igualmente la interrupción del acceso de los niños a la educación y de la población en general a los servicios de salud, sometidos a una mayor presión por los recortes de ayuda y financiación de Estados Unidos.

Al margen de los conflictos armados, el informe expone que las autoridades del continente a menudo trataron las protestas como una "amenaza" y las dispersaron con violencia, las restringieron de forma "indebida" o directamente las prohibieron.

"Muchas personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad reprimieron protestas mediante el uso ilícito de la fuerza, incluida la fuerza letal", afirmó AI, que recordó los cientos de muertos en Tanzania entre finales de octubre y principios de noviembre durante las manifestaciones postelectorales.

Del mismo modo, se hizo eco de las decenas de muertes en Kenia, Madagascar, Togo o Camerún a lo largo del año durante varias protestas.

Además, la libertad de expresión siguió "estando amenazada" en toda la región, y las personas críticas con los gobiernos se enfrentaron a "arrestos, detenciones arbitrarias y acoso judicial", en países como Angola, Guinea, Senegal, Kenia, Sierra Leona o Zimbabue.

Burkina Faso, Camerún, Níger o República Centroafricana suspendieron o disolvieron ONG, sindicatos y otras asociaciones.

Si bien las desapariciones forzadas de opositores continuaron siendo "endémicas", Amnistía observó una "tendencia creciente" en las desapariciones forzadas de carácter transnacional, sobre todo en África oriental.

Por último, el informe sostiene que la violencia de género, incluido el feminicidio, persistió en toda la región; y que las autoridades siguieron alimentando la discriminación y la violencia contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTI.

"Los grupos armados, algunos de los cuales contaban con el respaldo de las fuerzas gubernamentales, cometieron cada vez más violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra", señaló AI en su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025.

Las hostilidades entre el Ejército y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda, se intensificaron en enero tras la toma por parte de los insurgentes de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, donde ejecutaron sumariamente a civiles y sometieron a torturas y malos tratos a los detenidos.

"Sus combatientes -del M23- atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, acompañantes y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en ellos", alertó AI.

Decenas de miles de desplazados fueron expulsados de los campamentos cercanos a la ciudad de Goma tras su conquista por parte de los rebeldes, todo ello mientras el M23, las milicias Wazalendo -patriotas, en suajili, y aliadas de Kinsasa- y las fuerzas de seguridad gubernamentales cometían violaciones en grupo contra mujeres.

Los casos de violencia sexual alcanzaron unas cifras "alarmantemente altas" en el este del país, donde entre enero y septiembre se cometieron más de 81.000 violaciones, un 31,5 % más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la ONU.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre el 9 y el 21 de julio hubo combatientes del M23 que mataron al menos a 319 civiles en el territorio de Rutshuru, incluidos menores de edad y mujeres.

El documento también expone cómo el M23 detuvo, torturó y amenazó a periodistas, a defensores de derechos humanos y a miembros de la sociedad civil, al mismo tiempo que sometió a desapariciones forzadas a cientos de personas que consideró opositores.

De forma paralela, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), mataron entre julio y agosto a más de 250 civiles en distintos ataques en la provincia de Ituri y en Lubero (territorio de Kivu del Norte), como represalia por las operaciones milItares gubernamentales.

Por otro lado, añadió AI, las autoridades de Kinsasa usaron la pena de muerte contra civiles a través de tribunales militares, lo que supone una violación de las normas internacionales sobre juicios justos.

Durante el pasado año se restringieron aún más los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y la libertad de credo, así como la censura en internet. Además, se intensificaron la campaña de represión de la disidencia, las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías.

Tanto en el campo de batalla como en la retaguardia la tortura y los malos tratos fueron "endémicos" y se continuó persiguiendo a las minorías sexuales y marginando a los hijos de los inmigrantes, que en su mayoría no están escolarizados. A su vez, "la censura es omnipresente en la vida pública".

El informe hace especial hincapié en "las restricciones graves" de la libertad de expresión. Cualquier crítica de la guerra o de la política gubernamental puede representar una pena de cárcel. Ese fue el caso de Mark Kislitsyn, un transgénero condenado a 12 años de cárcel por transferir en señal de protesta unos 10 dólares a una cuenta bancaria ucraniana.

A partir de septiembre buscar "deliberadamente" materiales extremistas en internet y publicitar las redes VPN acarrea multas, a lo que hay que sumar la prohibición del inexistente Movimiento Internacional de Satanistas.

Uno de los casos más sonados fue el arresto de tres jóvenes artistas callejeros del grupo Stoptime de San Petersburgo tras interpretar canciones prohibidas. Dos de los miembros del grupo se tuvieron que exiliar.

Además, las autoridades rusas perseveraron en su intento de crear el conocido como 'internet soberano', bloqueando el acceso a webs, plataformas y redes sociales -Telegram y WhatsApp-, y ralentizando internet en todo el país. Las autoridades imponen el uso de la plataforma rusa MAX, controlada por las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la sociedad civil, 219 organizaciones, medios de comunicación e individuos fueron declarados 'agentes extranjeros', y se les prohibió realizar cualquier actividad educativa. Otras 95 organizaciones fueron catalogadas de 'indeseables', entre ellas AI y Human Rigths Watch.

El copresidente del observatorio electoral GOLOS, Grigori Melkoniants, fue condenado a cinco años de cárcel después de criticar duramente los procesos electorales de los últimos años, incluido el referéndum constitucional que permitió al presidente, Vladímir Putin, presentarse en 2024 a la reelección.

AI también llama la atención de las detenciones arbitrarias con cargos falsos como 'rasgo distintivo del sistema de aplicación de la ley' en Rusia. En concreto, tres abogados del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, fueron condenados a hasta 5,5 años de prisión por presuntamente ayudar a su cliente a comunicarse con el exterior.

Otros cuatro periodistas fueron sentenciados a cinco años de cárcel por supuesta colaboración con el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, a lo que hay que sumar más de un centenar de causas por donaciones a esa organización. Recuerda que varios laboratorios extranjeros confirmaron que Navalni había sido envenenado en prisión.

El Estado ruso incrementó los procesos penales por terrorismo, traición o espionaje contra figuras políticas de la oposición democrática dentro y fuera de Rusia. Uno de los más castigados fue el único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, varios de cuyos miembros han sido detenidos.

También hubo muchos juicios en ausencia como la condena al escritor más leído de Rusia antes de la guerra, Boris Akunin, que fue castigado con 14 años de cárcel por sus duras críticas a Putin.

El informe alerta sobre la impunidad de la tortura y de sus perpetradores en las prisiones rusas. Dos hombres de origen azerbaiyano murieron en custodia policial tras ser detenidos en la ciudad de Yekaterimburgo. Además, el opositor Alexéi Górinov, encarcelado por condenar la campaña militar en Ucrania, fue recluido en varias ocasiones en celdas de castigo pese a su frágil estado de salud.

Las autoridades también continuaron la persecución de los miembros de los Testigos de Jehová por extremismo, de los que 157 seguían en prisión en octubre pasado, y restringieron aún más el derecho al aborto en la sanidad pública.

AI denuncia "abusos graves" de los derechos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, lo que incluyó desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, régimen de incomunicación y tortura. Algunos de estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, apunta.

"Israel siguió imponiendo intencionalmente condiciones de existencia que acarreaban la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza", detalla el informe publicado este martes, que también denuncia un creciente sistema de 'apartheid' en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este.

Amnistía señala que la población de Gaza, más de dos millones de personas, fue sometida por Israel "de manera masiva a hambruna, homicidios y desplazamientos" el año pasado, lo que se sumó a la destrucción continuada de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil.

Solo durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60 % eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada, detalla el texto según datos de defunciones de la Sanidad gazatí. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, mercados y escuelas donde se refugiaban personas.

Entre las jornadas más letales, Amnistía recuerda como el 18 de marzo de 2025, Israel mató en bombardeos inesperados a al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños, poniendo fin al anterior acuerdo de alto el fuego firmado ese enero.

Además, detalla como en mayo, Israel destruyó deliberadamente la localidad de Juzaa (Jan Yunis) en la que vivían 11.000 personas "sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara" o como en septiembre comenzó a demoler al menos 16 rascacielos residenciales y comerciales en la ciudad de Gaza, que arrasaron los campamentos improvisados próximos y provocaron un nuevo desplazamiento de miles de familias.

"Israel debe poner fin a su genocidio contra la población palestina de Gaza, lo que incluye respetar sus obligaciones jurídicas de permitir el acceso sin trabas a la ayuda, levantar por completo su bloqueo ilegal y retirar su presencia militar ilegal, tal como ha indicado la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas", concluye Amnistía.

Sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, Israel forzó en 2025 el desplazamiento permanente de más de 36.000 palestinos, entre ellos de los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem; marcando también un récord histórico de demoliciones registradas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desde 2009.

Además, el gobierno israelí permitió la creación de 86 puestos de avanzada ilegales (inicio de asentamiento) y de otras 54 colonias, que se sumaron a los alrededor de 371 ya existentes, según la ONG Yesh Din. A su vez, el Ejército permitió cada vez más a los colonos atacar y aterrorizar con total impunidad a los palestinos, incluso a veces sumándose "a la violencia gratuita y protegieron a los colonos", según el informe.

En Cisjordania, 220 familias de 19 aldeas abandonaron sus hogares por esta violencia y tuvieron que desplazarse, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

En una escala regional, Israel lanzó ataques también contra Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen. En el caso de la guerra de 12 días contra Irán iniciada en junio, que repitió junto a EE.UU. en 2026, Israel dañó infraestructuras civiles y mató a más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños.

"Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional", denuncia Amnistía en alusión a los "ataques directos" israelíes contra la población e infraestructura civil.

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, la organización señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.

Según el documento, el año pasado el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024, frente a 30 del año previo. En el ámbito ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente, seis más que en 2023.

En materia de prensa, Amnistía retomó datos de la organización Artículo 19, que documentó el asesinato de siete periodistas durante el año "en represalia por su labor informativa", además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio, más del doble que el año anterior.

El informe también puso énfasis en la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.

Señaló que, ante la magnitud del problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera "sistemática o generalizada" en el país.

En el ámbito migratorio, la organización denunció extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes en las carreteras contra personas migrantes y refugiadas que cruzan México, además de dificultades para acceder a salud, educación y empleo.

Amnistía destacó, además, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58.800 solicitudes de asilo durante 2025, principalmente de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Haití.

Otro foco de alerta fue el desplazamiento forzado interno. Un informe citado de la Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129 % en 2024 respecto al año anterior, con al menos 28.900 personas desplazadas, principalmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Pese a este panorama, el reporte destacó algunos avances, como la disminución de la pobreza multidimensional al 29,6 % de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados del país durante 2025.

"Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Trump adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho", afirma el documento.

Entre ellas, "una ofensiva contra el poder judicial y los medios de comunicación, ataques de represalia contra enemigos políticos y concesión de indultos a simpatizantes del presidente, menoscabo de la libertad académica, eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés).

Sin duda, uno de los principales deterioros que recoge el informe es el relativo a las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump y lo hizo, denuncia AI, a través de "una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo".

"Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración", y condenan la presencia habitual de "agentes enmascarados, patrullas en las calles y operaciones de control de inmigración que se hicieron extensivas a lugares donde anteriormente no estaban permitidas".

En este sentido, cabe recordar las redadas que se produjeron en Minesota y que acabaron con numerosas protestas en las calles y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

La organización internacional también denuncia la construcción de nuevos centros de detención como 'Alligator Alcatraz' o la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Capítulo especial merece para la organización internacional la "represión de las protestas universitarias generalizadas" contra los ataques de Israel en Gaza y la ofensiva de Trump contra universidades contrarias a sus políticas a través del recorte de fondos de investigación y financiación federal.

Denuncian también que "el gobierno puso en el punto de mira a estudiantes y docentes internacionales".

Respecto a los derechos del colectivo LGTBI, señala el informe que "el gobierno de Trump revirtió mecanismos de protección de las personas LGBTI y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero".

El informe que analiza lo ocurrido en Estados Unidos en 2025 presta especial atención a la revocación de una orden ejecutiva con más de 60 años de antigüedad cuyo propósito era abordar la discriminación en el lugar de trabajo.

También los derechos reproductivos y sexuales se han visto mermados, según AI, ya que el recorte en la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva han provocado el cierre de clínicas y han afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Según fuentes de la ONG, 1.143 personas murieron por disparos de la policía en 2025 en Estados Unidos y las personas negras sufrieron de forma desproporcionada el uso de medios letales, pues constituían más del 23 % de las víctimas mortales de armas de fuego por parte de la policía, aunque representan el 13 % de la población.

Por otra parte, el informe recoge que "Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a la moratoria federal de las ejecuciones" dictada por el expresidente Joe Biden.

Según el informe, la detención arbitraria e indefinida por parte de Estados Unidos continuó en Guantánamo, Trump suspendió el programa que abordaba el problema de las armas de fuego en el país y se revirtieron normativas medioambientales y climáticas.

En su informe anual sobre la situación de los derechos en el mundo en 2025, AI menciona como principales focos de preocupación en la región a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política, así como México, donde continúa la crisis de desapariciones forzadas, y EE.UU., por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.

"La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", señala el organismo.

AI documenta que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, se registraron restricciones a las protestas con el "uso ilícito de la fuerza" por parte de las autoridades y "continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos".

También alerta del aumento de las agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.

Señala el uso creciente de mecanismos legales y judiciales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación o procesos penales con irregularidades.

La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo especialmente crítica ya que, según el informe, en casi todos los países se registraron ataques, hostigamientos y asesinatos contra activistas, con especial riesgo para quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas.

En Colombia, por ejemplo, se prevé que la violencia contra estos líderes supere los niveles de años anteriores, mientras que en Perú y Chile se reportaron asesinatos y desapariciones de defensores.

El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales también es una constante.

En Brasil, una operación policial dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro, mientras que en EE.UU. la policía mató a 1.143 personas en 2025, afectando de forma desproporcionada a la población negra.

En Honduras y Perú las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por abusos durante estados de excepción y protestas sociales.

El informe subraya, además, el uso sistemático de detenciones arbitrarias con fines políticos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

En este último, al menos 806 personas permanecían detenidas por motivos políticos, muchas de ellas sin garantías judiciales.

En El Salvador, más de 90.000 personas seguían privadas de la libertad sin pruebas suficientes en el marco del régimen de excepción.

Las condiciones de detención son otro motivo de alarma. El hacinamiento, la falta de atención médica y los malos tratos fueron documentados en varios países, incluidos Bolivia, Ecuador, Haití y Uruguay.

En El Salvador, AI denuncia torturas, muertes bajo custodia y prácticas como privación del sueño y castigos colectivos.

"La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación", señala AI.

En países como Haití, Cuba y Venezuela se registraron graves fallas en servicios básicos como salud, electricidad y agua potable, mientras que en Paraguay y Guatemala persisten deficiencias en inversión pública y acceso a servicios esenciales.

AI alerta sobre la persistencia de desapariciones forzadas en la región, con especial preocupación en México, donde la ONU activó un procedimiento para analizar si se trata de una práctica sistemática. Casos similares fueron documentados en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Sobre los derechos de las mujeres y niñas, el informe denuncia que "siguieron enfrentándose a niveles alarmantes de violencia, incluido el femicidio/feminicidio, con casos registrados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay".

En varios Estados de la región, las estadísticas sobre este tipo de delito no eran "ni adecuadas ni confiables".

Además, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos en gran parte de la región e incluso está totalmente penalizado en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua.

"Continuaron registrándose embarazos de niñas y adolescentes sin que las autoridades adoptaran medidas al respecto", denuncia AI.

Los pueblos indígenas siguen enfrentando violaciones a sus derechos territoriales. En Bolivia, Canadá y Ecuador se documenta la expansión de proyectos extractivos sin consulta previa, mientras que en Brasil y Colombia persisten la violencia, el desplazamiento forzado y los conflictos por la tierra.

Asimismo, hubo un aumento de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI, en especial contra la población trans, con asesinatos en Guatemala, Honduras y México, y políticas restrictivas en Estados Unidos, Paraguay y Perú.

En el ámbito migratorio ha aumentado la hostilidad y el racismo. En EE.UU. se denuncian prácticas de detención indiscriminada y operativos en zonas sensibles, mientras que en República Dominicana se documentan expulsiones colectivas y perfiles raciales contra personas haitianas. Además, Colombia y México enfrentan sistemas de asilo insuficientes.

Y sobre el medioambiente, AI advierte que no se han tomado las medidas suficientes frente a la crisis climática, cuyos efectos agravan las desigualdades y la situación de las poblaciones vulnerables.

"Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.

Este nuevo orden nace de la suma de "poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos", y sus objetivos como acabar "con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos".

¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? "En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento" con estos líderes que practican el "matonismo". Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa "política del apaciguamiento", con pocas excepciones como la del Gobierno de España.

Callamard describió el 'modus operandi' de estos "depredadores políticos y económicos": primero, usan su poder de veto -practicado por EEUU, Rusia y China- en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la organización; seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que Trump ha hecho con su llamada 'Junta de la paz'.

En su punto de mira también están los tribunales internacionales -el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia-, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el "apaciguamiento" y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.

Aunque el "genocidio" de los palestinos en Gaza y la guerra en Ucrania aparecen en lo alto de las violaciones, el informe también destaca las matanzas en Sudán -espoleadas por actores externos como Emiratos Árabes Unidos-, el constante ataque a las mujeres de Afganistán o la intromisión de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, entre otros conflictos.

Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es "ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales  y de leyes nacionales que protegen contra la discriminación racial y la violencia contra las mujeres".

En referencia a Latinoamérica y en declaraciones a EFE, Callamard reconoce que existe una especie de 'efecto Bukele', en el sentido de que varios países están eligiendo líderes que rechazan o minimizan los derechos humanos en pro de una sociedad más segura, o incluso militarizada.

Opina que este es "un problema grave" que captan bien "políticos populistas que proveen respuestas poderosas pero limitadas ante problemas complejos", debido a que los Gobiernos anteriores no han sabido dar soluciones a carencias sociales donde a veces se combina la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo o el desempleo.

"Pero al final, el pueblo verá que el emperador está desnudo", vaticinó, refiriéndose en general a los populistas latinoamericanos.

Y en cuanto a la pérdida de fe de todo el 'sur global' en el sistema multilateral y los instrumentos de la legalidad internacional, Callamard reconoció que "el doble rasero practicado por Occidente con Israel ha envenenado la confianza" de muchos países en este sistema multilateral.

Sin embargo, también recuerda que ha sido en el sur global -y citó los casos de Nepal, Kenia, Indonesia o Marruecos- donde generaciones de jóvenes han salido a las calles "en nombre de los derechos humanos" o "contra el genocidio de los palestinos", lo que demuestra que un orden mundial basado en derechos y en contrapesos todavía goza de predicamento entre las generaciones futuras.

Estos dos tipos de abusos ya habían sido denunciados por la organización no gubernamental en los años anteriores de guerra.

AI cifra el número de víctimas civiles en cerca de 15.000 muertos y más de 40.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala, hasta septiembre de 2025.

La mayor parte de muertos civiles murieron, según el informe, cerca del frente. Una parte significativa de estas personas perdieron la vida al ser atacadas con drones rusos de corta distancia.

El capítulo de Ucrania dedica un apartado a los prisioneros de guerra.

“Los que fueron liberados en canjes denunciaron tortura y otros malos tratos generalizados, como denegación de asistencia médica y desnutrición, así como muertes habituales”, dice el informe sobre los ucranianos capturados que volvieron a casa en intercambios de presos.

Mientras Rusia no ha permitido a entidades internacionales visitar sus campos de prisioneros, Ucrania sí dio acceso durante el año pasado a varias delegaciones de Amnistía que entrevistaron a prisioneros de guerra rusos.

Estos prisioneros relataron “episodios de malos tratos en el momento de su captura” y “quejas menores” como la poca variedad de alimentos que se les ofrecía durante su cautiverio.

El informe también se hace eco de las ejecuciones extrajudiciales de soldados ucranianos capturados por los rusos en el frente. Desde el comienzo de la guerra y hasta diciembre de 2025, la Fiscalía ucraniana había registrado 322 casos de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos tomados como prisioneros por parte de soldados rusos .

El déficit de energía causado por los ataques rusos es otra de las privaciones a los ucranianos por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Millones de personas soportaron escasez de energía y de calefacción, con el suministro eléctrico limitado algunos días a tres horas diarias en pleno descenso de las temperaturas”, dice el informe.

El trato de las autoridades rusas a la población de los territorios ucranianos ocupados también es objeto de denuncia de Amnistía, que cita un informe según el cual el 92 % de los 216 civiles detenidos y posteriormente liberados en esas zonas que fueron entrevistados entre junio y septiembre de 2025 “ofrecieron relatos coherentes y pormenorizados” de torturas y malos tratos.

"Aunque se incrementó la visibilidad diplomática de las autoridades norcoreanas, la población del país seguía aislada, puesto que tanto la libertad de circulación como la posibilidad de relacionarse de forma independiente con actores e instituciones internacionales continuaban restringidas", afirmó AI.

La organización apuntó así a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estrechado los vínculos militares y económicos con Moscú y Pekín, tal y como "demostró" el apoyo militar a Rusia en la invasión de Ucrania. También mencionó su participación en eventos conmemorativos como el desfile del Día de la Victoria en China.

Este impulso en los lazos diplomáticos tuvo lugar mientras que Pionyang siguió utilizando en 2025 "la legislación, la vigilancia y las campañas ideológicas para suprimir cualquier contacto con el mundo exterior".

"Prácticamente no existía la posibilidad de acceso a la información exterior", dijo AI, antes de mencionar las interferencias de emisiones de radio y el fuerte control policial.

Las autoridades continuaron también realizando inspecciones casa por casa, sin orden judicial ni aviso previo, en busca de dispositivos o material que fuera "antisocialista". En las escuelas, se expulsó a alumnos en posesión contenidos extranjeros, y en otros lugares de trabajo la dirección debía informar sobre presuntas violaciones.

En este contexto, la detención arbitraria siguió siendo en 2025 un "aspecto fundamental del sistema de control de las autoridades", que mantuvieron recluidas sin juicio ni garantías jurídicas a personas acusadas de delitos políticos. En algunos casos, las detenciones equivalieron a desapariciones forzadas.

Sin embargo, AI indicó que algunas personas que huyeron informaron de leves mejoras en las condiciones de detención y los procedimientos de denuncia, "aunque continuaba existiendo temor por las represalias y, en general, las condiciones seguían siendo duras".

Además, durante el año hubo informes sobre la aplicación de la pena de muerte "por actos que no cumplían el criterio establecido por el Derecho Internacional de ser 'los crímenes más graves'".

A su vez, los procesos judiciales estuvieron marcados por falta de transparencia y a las personas acusadas se les negó las garantías de un juicio justo. También fueron habituales las ejecuciones públicas.

Con el conflicto armado entre el Ejército y guerrillas étnicas y prodemocráticas intensificado, un devastador terremoto y recortes de la ayuda procedente de Estados Unidos, 2025 fue "el año más mortífero para la población civil desde el golpe de Estado", señaló la ONG.

Según AI, que cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la ofensiva aérea se duplicó respecto a 2024 y se extendió a casi la totalidad del país, donde la mayoría de estados y regiones registraron fallecidos, heridos o desplazados por este tipo de ataques.

Cada vez es más habitual que el Ejército recurra a asaltos desde el aire mediante parapentes motorizados tripulados –denominados "paramotores"–, una técnica que requiere menos recursos, indicó AI en su informe, aludiendo al ataque de octubre en Chaung-U (centro) que se saldó con 18 muertos, entre ellos niños de dos años, y decenas de heridos durante una festividad budista.

La ONG internacional denuncia, además, que los ataques aéreos contra escuelas no han cesado: en mayo, al menos 20 estudiantes murieron en una ofensiva en la aldea de Ohe Htein Twin (noroeste), perpetrada durante el alto el fuego declarado tras el devastador terremoto que sacudió el país en marzo; mientras otros 19 fallecieron en septiembre en un centro de Kyauktaw (oeste).

La publicación del informe coincide con la pretendida transición política de la junta militar que en 2021 tomó el poder de las manos del partido ganador de las elecciones de 2020, la Liga Nacional para la Democracia (LND), lo que puso fin a una década de apertura democrática y exacerbó el conflicto interno.

El general Min Aung Hlaing, líder de golpe, juró cargo el pasado 10 de abril como presidente de Birmania en una ceremonia en la que quedó disuelta la junta castrense que encabezó y que ha estado al frente del país los últimos cinco años. Su toma de posesión se produjo tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin oposición representativa y en un clima de represión.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.170 personas continúan detenidas desde el golpe y cerca de 8.000 han sido asesinadas por el régimen castrense. Según AI, el Ejército siguió en 2025 sin proporcionar "acceso a una atención médica adecuada" a las personas privadas de libertad.

En 2025, China siguió recurriendo a disposiciones de seguridad nacional "muy imprecisas" para procesar a activistas y profesionales del derecho, según la organización, que denuncia también el uso habitual de la "vigilancia domiciliaria en un lugar designado", una forma de detención secreta que AI califica de "desaparición forzada".

El informe cita el caso de la periodista Zhang Zhan, condenada a una nueva pena de prisión, así como el del artista Gao Zhen, detenido por "difamar a los héroes y mártires de China".

También menciona al abogado Xie Yang, sometido a un juicio a puerta cerrada por "incitar a la subversión del poder del Estado", y al letrado Lu Siwei, condenado por "cruzar ilegalmente las fronteras nacionales".

AI alerta además de un aumento de la llamada "represión transnacional", con incidentes de vigilancia, acoso e influencias sobre otros Estados para que devolvieran personas a China, lo que, según la organización, afectó especialmente a "defensores de los derechos humanos, activistas, artistas y miembros de las diásporas uigur y tibetana".

En las regiones de Xinjiang y el Tíbet, AI denuncia que persistió un "estricto control político y cultural".

La organización recoge la preocupación expresada por expertos de la ONU por la desaparición forzada de la intelectual uigur Rahile Dawut, y señala un refuerzo de la educación ideológica para "fomentar un fuerte sentimiento de comunidad nacional china".

En el Tíbet, el informe sostiene que las autoridades siguieron ampliando la llamada "enseñanza bilingüe", que, según AI, privilegia en la práctica el mandarín en detrimento del tibetano, y enmarca esa política en campañas oficiales orientadas a "reforzar la unidad nacional".

Respecto a la libertad religiosa, AI destaca una operación nacional contra la Iglesia de Sión, en la que fueron detenidas cerca de 30 personas, y critica la injerencia estatal en la sucesión del dalái lama, un proceso que debe llevarse a cabo "bajo la autoridad del Partido Comunista Chino", denuncia la institución.

AI advierte asimismo de una ofensiva contra el activismo feminista y la expresión del colectivo LGTBI en espacios digitales: según el informe, en 2025 la red social Weibo eliminó de forma permanente varias cuentas de activistas por "incitar al antagonismo entre géneros".

Amnistía sostiene, además, que en Hong Kong continuó el deterioro de las libertades bajo la legislación de seguridad nacional.

La organización menciona la situación del fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, y critica la creciente presencia de contenidos de seguridad nacional en la educación, así como nuevas restricciones de acceso o tránsito en torno a edificios oficiales vinculados a ese ámbito.

En cuanto a la pena capital, AI denuncia que China siguió imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por "gran diversidad de delitos", aunque las cifras sobre su uso permanecen clasificadas como "secreto de Estado".

Las críticas van dirigidas al Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, en el poder en el país centroeuropeo durante los últimos 16 años, pero que cayó derrotado en las elecciones del pasado día 12 frente al europeísta conservador Péter Magyar.

"En un ataque directo a la Corte Penal Internacional (CPI), Hungría y Polonia se negaron abiertamente a cumplir sus órdenes de detención", señala el informe.

Hungría no arrestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país en abril de 2025, pese la existencia de una orden de detención por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

El documento de AI también critica que Hungría anunció su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.

En el plano interno el informe destaca un endurecimiento de las restricciones a la libertad de reunión tras la aprobación el año pasado de una ley que permite prohibir actos relacionados con personas LGBTI, con sanciones de hasta un año de prisión para los organizadores.

La Policía aplicó esta normativa para vetar manifestaciones, incluidas marchas del Orgullo, aunque la de Budapest se celebró sin intervención policial y con la participación de cientos de miles de personas.

El informe también alerta sobre violaciones de derechos de migrantes y solicitantes de asilo, incluidas 'devoluciones en caliente' en la frontera con Serbia, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Amnistía concluye que la combinación de todas estas políticas refleja un deterioro del Estado de derecho y de las garantías fundamentales en Hungría, un país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004.

"A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados", señaló AI en su informe anual sobre la situación de DD.HH. en el mundo.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, impulsa una política de 'paz total' con la que busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

"La mayoría de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado", señaló AI.

Amnistía Internacional lamentó que "las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras" en 2025, pese a los avances que ha habido en los diálogos de paz.

A pesar de las negociaciones de paz, AI señaló que "la violencia armada continuó en el país" con confrontaciones entre grupos armados y las fuerzas armadas, lo que se tradujo "con frecuencia en violaciones" del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, nordeste antioqueño y sur de Bolívar", precisó la organización.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), citada en el informe de AI, identificó 14 zonas de disputa entre los grupos armados en la actualidad, que son el doble de las que había en el país cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.

"De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas", agregó la información.

La situación más grave se vivió en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero de 2025 se enfrentan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 82.000 personas entre enero y septiembre.  EFE

El régimen de excepción cumplió cuatro años promovido por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), como medida contra las pandillas, lo que ha dejado más de 91.000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los derechos humanos.

"Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas", dice el informe de la ONG sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.

La organización apuntó que "el gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema", y que "se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para fiscalizar y sancionar a las organizaciones sociales".

Diversas organizaciones humanitarias han anunciado su cierre en El Salvador por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones, al considerarla "confiscatoria" de sus recursos y que impone responsabilidades penales por su activismo.

En el informe, AI también considera que "se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas".

AI retoma en el documento las detenciones de la abogados Ruth López y Enrique Anaya - ambos críticos del Gobierno de Bukele -, y del portavoz de una organización que brinda apoyo gratuito a detenidos, Fidel Zavala, quienes se mantienen en prisión. 

De acuerdo con AI, estos activistas fueron "acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas".

"Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales", según la organización Internacional.

AI da cuenta de 470 muertes de detenidos -en el marco de la medida de excepción- en custodia estatal al cierre de 2025 con "causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres.

El régimen de excepción en El Salvador cuenta con un amplio respaldo popular, que le permitió a Bukele su reelección inmediata a pesar de que lo prohibía la Constitución, mientras que investigaciones periodísticas de El Faro sostienen que la escalada de muertes que dio pie al régimen se originó por la ruptura de un pacto entre las pandillas y el Gobierno.

En su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo en 2025, AI señala que en la isla "continúa la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política" y que la labor de quienes defienden los derechos humanos "continuó siendo estigmatizada y criminalizada".

"Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales", puntualiza el documento.

Indica, además, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025.

El texto llama la atención sobre la represión a la "libertad de reunión pacífica", que indica, ha sido "reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas" no violentas.

Por otro lado, hace alusión a denuncias de "casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como prácticas recurrentes en las cárceles cubanas". "En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país", agrega.

La organización recuerda que permanecen en la cárcel personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez fonseca y Sayli Navarro, que AI clasifica como presos de conciencia.

Apunta que estos disidentes y activistas han criticado prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales y también denunciado que "recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales".

La ONG refiere, asimismo, la excarcelación anunciado en enero de 2025, con 553 beneficiados (de los que alrededor de la mitad resultaron presos por motivos políticos, según distintas ONG). AI considera que estos procesos "han estado marcados por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición".

Al abordar otros temas como el feminicidio, AI señala que continúa "sin ser considerado delito autónomo" y critica que el Estado no facilite estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de organizaciones feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

AI advierte, asimismo, que "los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación" en Cuba y "el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro".

En este sentido, recogió un informe de Food Monitor Program que señaló que cerca del 97 % de los cubanos habían perdido acceso a alimentos por la inflación y que más del 60 % destinaba entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida.

En su informe anual, AI expuso que "las amenazas y agresiones contra líderes indígenas aumentaron significativamente" en 2025, al tiempo que continuaron "las invasiones y los actos de violencia" en las regiones de rápido crecimiento del sector agropecuario.

La organización reconoció algunos avances, como la aprobación del nuevo Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, pero subrayó que el año pasado continuaron "los ataques, las amenazas y la violencia grave" contra estos, que también sufrieron "asesinatos, atentados, amenazas de muerte y casos de criminalización".

En este sentido, recordó los casos de Antônia Ferreira dos Santos y Marly Viana Barroso, recolectoras de coco babasú de 53 y 71 años, respectivamente. Ambas fueron asesinadas en noviembre pasado en Novo Repartimento, en el estado amazónico de Pará, en un contexto de disputa territorial.

Por otro lado, Amnistía se hizo eco de las acusaciones contra el Gobierno de Pará por supuestamente haber utilizado "indebidamente" la estructura del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos para espiar a líderes indígenas y comunitarios.

También citó como ejemplos extremos "el asesinato y decapitación" del joven avá guaraní Everton Lopes Rodrigues en el municipio de Guaíra, en Paraná (sur); y el homicidio del líder guaraní kaiowá Vicente Fernandes Vilhalva durante un ataque perpetrado por pistoleros contra un territorio recuperado en Mato Grosso do Sul (oeste).

AI también denunció que "la violencia policial siguió caracterizando la política de seguridad pública" en el país suramericano.

En este apartado, trajo a colación el operativo policial llevado a cabo en octubre pasado que resultó en la muerte de al menos 121 personas, entre ellas cuatro policías, en los conjuntos de favelas Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Esa acción, en la que las autoridades abandonaron parte de los cuerpos de sospechosos sin vida en una zona boscosa y que pasó a la historia como la más letal de la historia, generó "denuncias de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, violación de los protocolos de preservación de la escena del crimen y uso desproporcionado de la fuerza en una zona densamente poblada".

A la lacra de la violencia policial, Amnistía alertó de que la Justicia no suele dar una respuesta favorable a las víctimas, ya que "alrededor del 98 % de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2 % de los casos de muertes causadas por la policía llegaban efectivamente a juicio".

"La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.

AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y "grupos de civiles armados" para "reprimir, silenciar y castigar" a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron "nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos", aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.

El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad "prácticamente total por violaciones de los derechos humanos", así como las denuncias por desaparición forzada de "numerosas personas" detenidas en 2024 y 2025.

La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.

El texto señaló la "falta de avances" en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la "falta de garantía y respeto" de los derechos de las poblaciones indígenas.

Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la "devastación ambiental", así como la carencia de "datos confiables" sobre este sector.

AI recordó que en "julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos".

De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que "supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país".

El documento de AI resume la situación de derechos humanos en el mundo durante 2025, por lo que no incluye el drástico viraje del entorno venezolano tras el ataque militar de EE.UU. del pasado 3 de enero, durante el cual fue capturado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones como presidenta encargada, reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha aliviado algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, y promulgó una Ley de Amnistía por la cual han sido liberados más de 8.000 personas, cuyas identidades no han sido detalladas por las autoridades.

Rodríguez también ha impulsado reformas de hidrocarburos y minería que abrieron ambos sectores a la inversión privada y extranjera.

"Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial", resume AI.

Esa política, habitual en los últimos años en la Turquía gobernada por el partido islamista AKP, se extendió en 2025 por primera vez a gran escala a la oposición parlamentaria socialdemócrata.

"Las autoridades pusieron en marcha investigaciones y actuaciones penales contra decenas de representantes elegidos y miembros del Partido Popular Republicano (CHP) en todo el país como parte de una represión generalizada del principal partido de oposición", señala AI.

El caso más destacado es el juicio al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato del CHP a la presidencia de Turquía, que está en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción.

La detención provocó grandes protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de "fuerza ilícita, en ocasiones constitutiva de malos tratos", considera el informe.

Además, se prohibieron y restringieron mediante despliegues policiales numerosas marchas y protestas cívicas, entre ellas, eventos anuales como el Día de la Mujer el 8 de marzo, el Día del Trabajo el 1 de Mayo y la marcha del Orgullo el 28 de junio.

También hubo detenciones y encarcelamiento de activistas y periodistas vinculados a grupos cívicos de izquierda, plenamente legales, de defensa de los derechos de los kurdos y otras minorías étnicas y religiosas, agrega el informe de AI.

Continúan asimismo en prisión los exdirigentes del partido de la izquierda prokurda HDP (hoy DEM), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a varias sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de DDHH que ordenaron su puesta en libertad.

También se lanzó un juicio para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusándola de "propaganda terrorista", por haber pedido investigar la muerte de dos periodistas turcos por un ataque aéreo turco en la región kurda de Siria en diciembre de 2024, con el proceso aún sin concluir.

En el ámbito de los derechos de los migrantes, Amnistía recoge el caso de dos activistas turkmenos que fueron detenidos y posiblemente deportados, aunque se desconoce su paradero.

El informe también resalta que la violencia machista sigue siendo un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas en 2025 y otras 297 halladas muertas en circunstancias sospechosas.

Pese al sobreseimiento del legislador -aunque contestado por la Fiscalía-, nuevamente surgen dudas sobre su formación profesional y ahora, el exdecano de la mencionada universidad, Óscar Rodríguez Kennedy, aseguró que ni él ni Acevedo tienen “vela en este entierro”.

“¿Nosotros qué vela tenemos en el entierro si todo se preparó? Yo estaba obligado por la Ley 4995/2013 a firmar. Si no lo hacía, me demandaban“, mencionó.

Según Rodríguez, una persona llamada Rubén Dario Báez envió un telegrama colacionado a ambos -Acevedo y él- para intimarlos por el plazo de cinco días “para otorgarle el título bajo apercibimiento inicial, juicio contra nosotros”.

Óscar Rodríguez Kennedy reconoce su firma en el diploma de Rivas

Rivas se acercó a Rodríguez Kennedy

Otro punto que mencionó es que los certificados de estudio ya venían firmados por las autoridades anteriores y ellos simplemente recibieron el trabajo “todo hecho”, por lo que supuestamente la responsabilidad del caso “recae única y exclusivamente” en el Consejo Superior Universitario de la Sudamericana.

“Ni yo ni Euclides Acevedo tenemos vela en este entierro salvo que hemos firmado solamente el título. Lo que quiero aclarar es que a nosotros ya nos sirvieron todo hecho”, reiteró.

Como parte de su argumento alegó que la universidad también atravesó por varias mudanzas y se perdieron documentos varios, entre ellos, tesinas de derecho, pero entre esto, Rodríguez dice haber firmado aproximadamente 97 títulos de abogado, aunque estima que la institución emitió un total cercano a los 390 títulos bajo un equipo académico del que formaban parte Dora Cabañas y Nancy Barúa, según las nombró.

El exdecano también recordó que en el 2020, mientras él se desempeñaba como camarista en el Palacio de Justicia, Rivas se apersonó en su despacho para reclamar su título y en aquella ocasión, el entonces diputado supuestamente mencionó que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) le estaba “creando problemas”.

“Quiero dejar en claro en forma valiente, con el corazón valiente, a nosotros nos presentaron el pescado podrido todo hecho, hermano. No pudimos negarnos porque o sino nos sometían a una demanda judicial. La universidad se comprometía a otorgar el título respectivo; ¿Qué voy a hacer? Yo prefiero la muerte física antes que la muerte moral. Pero, ¿Quién es Hernán Rivas para presionarle a Óscar Rodríguez? (Firmó) porque había demandas en puertas en contra de Euclides Acevedo y contra mí“, sentenció a la 1080 AM.

Hernán Rivas acompaña a Peña en inauguración de ANDE en Itapúa

"Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados", informó la empresa a las 16:37 hora local (21:37 GMT), después de que a las 05:30 (10:30 GMT) había anunciado la suspensión de la operación comercial.

El Metro de Quito afirmó horas después de la suspensión de operaciones que el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central desde las 02:30 (07:30 GMT) y, que trabajaba en la recuperación y estabilización del sistema.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones, por lo que las intermitencias impedían garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio, según señaló la empresa.

"No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje", dijo el alcalde más tarde durante su programa de rendición de cuentas 'Frecuencia Quiteña'.

Agregó que se trataba de "una rara falla" y que había pedido que se presente una denuncia ante la Fiscalía, ya que el objetivo era agotar todas las posibilidades, desde posibles errores técnicos hasta eventuales actos deliberados para afectar la operación del Metro, construido por la empresa española Acciona, inaugurado en diciembre de 2023, y que ya ha superado los 140 millones de viajes.

"Los trenes podrían moverse, pero al no estar el sistema de comunicación, la recomendación técnica es 'no se muevan'. El sistema de comunicación determina dónde están las unas unidades respecto de las otras; por temas de seguridad la decisión es no activar el sistema", explicó Muñoz.

La suspensión del metro provocó problemas de movilidad en la ciudad, por lo que los usuarios tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte, que se vieron saturados.

A las 11:40 se reanudaron las operaciones en la mayoría de las estaciones, pero no fue hasta las 16:37 que se anunció que todo había vuelto a la normalidad.

Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.

El pívot francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Wembanyama, ganador del 'Rookie del Año' en 2024, era el favorito para el 'Defensa del Año' la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.

Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros 'playoffs' en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.

De igual manera, aclaró que el enfoque de la Senad no se concentra demasiado en este ámbito, aunque reiteró que totalmente abiertos a cooperar e intercambiar información ante situaciones extremas de inseguridad.

También señaló que la seguridad interna y la protección en eventos que movilizan multitudes es una prioridad que también requiere un esfuerzo interinstitucional, por lo que nuevamente sostuvo que una cooperación entre la Senad y la Policía es posible.

“Todos tenemos que estirar el carro juntos”, puntualizó.

Violencia en el Clásico: las impactantes imágenes aéreas

Investigaciones a barras

Por otra parte, Rachid también confirmó que hubo investigaciones previas que demuestran un vínculo directo entre miembros de las “barrabravas” y estructuras del narcotráfico.

Sobre esto, mencionó casos donde se detectaron redes de distribución de sustancias como pasta base, cocaína y marihuana, esto también entre presuntos miembros de facciones criminales como el clan Rotela.

En el sentido de colaborar con las autoridades para controles y una mayor seguridad dentro de los eventos deportivos, el ministro también instó que los dirigentes deportivos no deben hacerse de los “ñembotavy”, ya que según él, en algunas ocasiones existe una relación entre los gerentes y las barras para demostraciones de fuerza, entradas o votos.

“(Los dirigentes) nos tienen que ayudar también; ellos están en terreno, manejan cierto tipo de información y manejan a esas masas”, subrayó.

Superclásico: dos policías siguen en observación y uno requerirá cirugía

"El Movimiento Nacional Libre escribió el 8 de abril al embajador de Estados Unidos en Bahamas, a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al secretario general de la Secretaría de la Commonwealth, así como a la Comunidad del Caribe (Caricom), solicitando formalmente apoyo para la observación de las próximas elecciones", precisó en un comunicado Pintard.

La OEA desplegó una misión de observación electoral en Bahamas durante las últimas tres elecciones generales y la Embajada de Estados Unidos ya aceptó participar como observadora.

"Unas elecciones libres y justas son un derecho democrático fundamental", sentenció Pintard.

Por otro lado, el líder opositor pidió la destitución del comisionado parlamentario Harrison Thompson y del escrutador Neil Campbell.

En este sentido, el primer ministro, Philip Davis, hizo un llamado a una campaña respetuosa y enfatizó la unidad nacional más allá de las divisiones políticas.

En las elecciones generales de 2021, Davis lideró al entonces opositor Partido Liberal Progresista (PLP) a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento.

A través de X, la organización detalló que la muerte de García es "atribuida a un paro respiratorio" y se encontraba en El Rodeo IV, uno de los cuatro edificios que integran el complejo penitenciario y un "centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos".

Sobre Madriz, indicó que la causa de su muerte fue "igualmente por un paro respiratorio", pero en El Rodeo III.

"Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono", sentenció.

El OVP afirmó que El Rodeo IV se suma a un "sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control".

A esto, prosiguió, se suman denuncias constantes de "maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión".

Por tanto, la organización manifestó que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez debe reparar a la víctimas, mientras que la Fiscalía y Defensoría del Pueblo "están obligados" a "investigar, proteger y garantizar derechos, no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario".

La ONG señaló que las muertes serán informadas al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el fin de que se "activen los mecanismos internacionales correspondientes".

La muestra, exhibida a un grupo de periodistas para honrar a las más de 300 víctimas que dejaron las protestas en Nicaragua hace ocho años, incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

A Ortega, de 80 años y a quien tildan de "dictador" de Nicaragua desde 2007, cuando retornó al poder tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, se le señaló de ser el principal responsable de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de al menos 355 nicaragüenses.

"Desde 2007 ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021", dijo el responsable del Programa Educación y Memoria y defensor de DD.HH. Roberto Stuart durante la presentación.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), creado por la ONU, puso a Ortega y a su esposa en la cúpula de la estructura represiva, y ambos tienen abiertos una causa penal en la Justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con esa ONG.

Murillo, próxima a cumplir 75 años, es catalogada como "dictadora" de Nicaragua desde 2021 y el Colectivo la señaló de "corresponsable" de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, por lo que fue sancionada por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Stuart, junto a la defensora de DD.HH. Wendy Quintero, explicaron que el museo es un espacio vivo para recordar, honrar y aprender, y que en el mismo reúnen historias, voces y evidencias que revelan la verdad de lo ocurrido hace ocho años en Nicaragua "para que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos" y haya justicia.

La muestra comienza con la cronología de los hechos, en la que se recuerda que a partir del 18 de abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.

Luego sigue una parte que denominan las "fases de la represión", en la que la ONG clasifica cinco etapas del "devenir autoritario de la dictadura Ortega-Murillo entre abril de 2018 y diciembre de 2025".

"Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición," indicó Stuart.

"La memoria es la base para la justicia", recordaron los defensores.

“Toda la gente de Ayolas está harta de que un sector pequeño del Partido Colorado, o a nombre de este, se beneficie, mientras que una gran mayoría está fuera de ese apoyo”, expresó

El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el fin de semana e Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

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El precandidato dijo que, si los colorados identifican una opción confiable y se sienten incluidos dentro de un proyecto que beneficie a la ciudad, podrían sumarse más allá de su afiliación partidaria. En ese sentido, destacó que la Alianza cuenta con la ventaja de que su candidato a intendente, Dennis Dioff (Yo Creo), no pertenece al Partido Liberal.

Dijo que el origen político del precandidato podría evitar el rechazo de votantes colorados que, por cuestiones ideológicas, no acompañan a candidatos liberales.

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El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el sábado 25 en la Plaza San José Mí de Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

Antes del acto central, se desarrollará una serie de reuniones con distintos sectores sociales del distrito, con el objetivo de fortalecer la propuesta política de la Alianza en Ayolas.

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Al respecto señalan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de esta noche.

La zona afectada corresponde al centro y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.

Departamentos afectados

El reporte menciona a la capital, Asunción, como uno de los territorios afectados, al igual que los departamentos de Concepción, San Pedro, centro y este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, noreste de Paraguarí, Amambay, Presidente Hayes, sur de Alto Paraguay y sur de Boquerón.

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El cantante, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana en una conferencia que el rapero ha sido acusado de asesinato y otros cargos que incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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En cuanto a dichas sueltas, Invencible se impuso sobre la larga distancia de 2.000 metros, un espectáculo que pocas veces se vive en el coliseo burrero.

El pingo al mando del experimentado jockey Alcides Coronel ya había mostrado sus cascos por el pesaje glorioso en dos ocasiones anteriores, tras los cuales vino un tropezón quedando cuarto en su última suelta. Esta vez retornó al podio 1, con lo justo, sacando “cabeza” a Eleven Reporter, en un tiempo de 2′18″53/100.

En el premio mas corto, sobre 1.200 metros, Mr. Danger se mostró guapo y veloz para ganar con Javier Portillo sobre su lomo, registrando en el cronómetro 1′14″91.

En la apertura, Lakar de la caballeriza El Legendario reprisó su actuación anterior, recorriendo ligero el kilómetro de trayecto para ver la bandera a cuadros, en un tiempo de 1′03″16.

Special Talent del stud J.C. no se quedó atrás y también hizo el “bis”, avizorando una buena jornada para Coronel, que lo llevó a la victoria en 1′04″32 para los 1.000 metros.

El Hacker del stud 8 Años también le daba a Portillo su primer triunfo del día y le hablaba del fructífero porvenir en el “17 de abril”, registrando 1′30″41 para los 1.400 metros de carrera.

Al caer el telón, la debutante en la arena de Tembetary, la yegua Ushuaia Ibiza del stud Kika subió a lo alto del tablero metálico ganando por la cabeza a Francotirador, con la precisa fusta de Juan Figueredo, “derribando” los 11 postes en 1′09″53.

"Anoche ya estuve hablando con el ministro del Interior, le dije que las sanciones tienen que ser ejemplares", señaló Peña a periodistas durante su participación en el lanzamiento del Rally del Paraguay.

Asimismo, apuntó que la APF tiene la responsabilidad de "aplicar los reglamentos" correspondientes tras los violentos incidentes en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

"Vamos a tener que ser todavía mucho más rigurosos (...), lamentamos que una fiesta deportiva haya sido empañada de esta manera", agregó el mandatario.

Esta misma jornada, el ministro de Interior, Enrique Riera, anunció que el Estado exigirá a los clubes de fútbol la venta de boletos personalizados y que se implementará de forma "paulatina" tecnología de reconocimiento facial, así como el control biométrico, para identificar a los hinchas que incurran en actos violentos.

De igual forma, el funcionario indicó que se hará "una lista definitiva" de personas con antecedentes penales que serán vetadas de los estadios.

"El tema es que no va a entrar nadie con antecedentes a la cancha, que no vaya a estar la familia sentada al lado de alguien con orden de captura que haya estado procesado por violencia doméstica, deberes alimentarios o cualquier otro tipo de delito", advirtió.

En enero de 2024, las autoridades paraguayas habían adelantado que usarían el reconocimiento facial en los estadios así como la creación de una base de datos para sancionar a los hinchas involucrados en vandalismo, sin que hasta ahora se haya completado la puesta en marcha de esas medidas.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.

Cheung aseguró que Chavez-DeRemer había realizado “una labor fenomenal” en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas.

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente NBC.

Varios funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.

Además, la investigación puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.

La salida de Chavez-DeRemer, la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó “una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,37 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron GCC (+4,37 %), Gentera (+4,09 %), Megacable (+3,64 %), Banorte (+2,61 %) y Genomma Lab (+2,61 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8,98 %.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,12 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 225 millones de títulos por un importe de 18.945 millones de pesos (unos 1.094 millones de dólares).

De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 402 cerraron con sus precios al alza, 278 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 17,67 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 7,84 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 7,44 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,5 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,49, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -2,07 %.

El Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, informó este lunes en la emisora de radio RPP que "no había mérito" para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado y añadió que se ordenó "el archivo de todo lo actuado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con el caso.

El 4 de julio de 2025, a través de un decreto supremo, el Gobierno de Boluarte aprobó el incremento del 122 % del cargo de presidente, que pasó de 15.600 soles (4.500 dólares) a 35.568 (9.900 dólares).

Un hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La formación política argumentó que el Ejecutivo de Boluarte infringió una ley que establece que la remuneración del presidente del país no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, 26.000 soles (7.500 dólares).

Pero este lunes, Gálvez indicó que "no se ha acreditado un interés ilícito" en este hecho ni se encontraron evidencias para declarar a Bolaurte y sus exministros "como presuntos coautores" de dichos delitos, porque resulta "jurídicamente imposible subsumir los hechos" en la tipificación del referido ilícito penal.

Además, tras entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público confirmó que "la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajustó estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad".

También detalló que la iniciativa de aumentar el sueldo presidencial inició en marzo de 2024, y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, con lo cual se "desvirtúa la presunta celeridad o preferencia" de dicho procedimiento administrativo "y le resta credibilidad al hecho denunciado".

"Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado", dijo el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en la firma del documento.

En la ceremonia celebrada en la Cancillería chilena, en pleno centro de la capital, con autoridades de ambos países, Pérez Mackenna añadió la voluntad del país sudamericano en "generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones".

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

"Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos", subrayó el secretario de Estado.

Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, "lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos", recalcó.

Estados Unidos, por su parte, suscribió el pasado febrero acuerdos sobre minerales críticos con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por ambos países el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia el ultraconservador chileno José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar "mecanismos de financiamiento" para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera chilena de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados "críticos" por Washington, y China, su principal comprador.

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

La participación del país sudamericano en el mercado de tierras raras es, sin embargo, marginal.

Para gestionar estos viajes y experiencias se lanzará una plataforma digital, según anunció enuna conferencia de prensa el ministro de Turismo, Pablo Menoni, tras un Consejo de Ministros en el que informó al resto del gabinete sobre la puesta en marcha de esta iniciativa.

Según explicó el secretario de Estado, esta política beneficiará a "personas que no han sido ni siquiera tenidas en cuenta como sujetos de derecho al turismo", el cual es considerado "como un derecho humano" para el Gobierno de Yamandú Orsi.

Menoni detalló que estas políticas de turismo social podrán ser sostenibles en el tiempo gracias al compromiso del sector privado y añadió que también cuentan con un "reflejo presupuestal", dado en la última Ley del Presupuesto, con 20 millones de pesos para este año.

Los primeros beneficiarios serán 150 usuarios a quienes en mayo se les asignará el 100 % del subsidio.

Lo que tienen en común los beneficiarios es que todos perciben ingresos menores a 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que en el mes actual equivalen a más de 20.500 pesos uruguayos (aproximadamente 515 dólares).

En un siguiente escalón estarán aquellos que perciben ingresos de entre 3 y 6 BPC (hasta 1.036 dólares), a quienes se les asignará un subsidio del 40 %.

Además, quienes perciban entre 6 y 10 BPC (hasta 1.727 dólares) serán subsidiados con un 20 %.

"Esencialmente lo que nosotros pretendemos es que se pueda disfrutar de una estadía de dos noches más transporte, más gastronomía, más experiencia", lo que se estima en 10.000 pesos por persona, resumió Menoni.

En 2025, el turismo explicó cerca de la mitad del crecimiento del producto interno bruto de Uruguay y representó alrededor del 6,2 % de la actividad económica, generando más de 120.000 puestos de trabajo, según datos recogidos por la Cámara Uruguaya de Turismo.

Solo en la temporada de verano, en el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según consignó el Ministerio de Turismo.

La decisión fue comunicada por el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, quien rechazó las disculpas que dio Puente luego que el Ministerio de Cultura pidiera la semana pasada la intervención de la Fiscalía, que ha iniciado investigaciones preliminares del caso.

"Son expresiones inaceptables, que ahora asuma las consecuencias de lo que ha dicho. No se trata de faltar el respeto y decir 'le pido disculpas, me he excedido'. Mala suerte. No aceptamos disculpas. Está entrando una denuncia penal y que asuma su responsabilidad en el Ministerio Público", declaró Pantoja a la emisora RPP.

La Fiscalía de Perú abrió el pasado jueves una investigación preliminar contra Puente por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, tras haber realizado comentarios racistas durante una transmisión en vivo en redes sociales luego de que se conociera que el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones andinas como Ayacucho, Puno y Cusco, en el sur del país, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro", según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP (Juntos por el Perú, el partido de Sánchez) gane "te va a construir tu casa". "Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría (Abogacía) pondría en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos "los presuntos actos de discriminación racial" para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana" y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

El alcalde del Cusco precisó que la Procuraduría Municipal será la encargada de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y anunció que, como medida adicional, se ha declarado a Puente "persona no grata" en la antigua capital del imperio de los incas.

La también delantera de Colo Colo, de 23 años, fue destacada por su actuación con La Roja femenina en la victoria de Chile por 3-1 ante Uruguay por la Liga de Naciones, clasificatoria al mundial de Brasil 2027, y terminó convirtiéndose en un nuevo caso de discriminación en el fútbol chileno.

La nacida en Cauca, Colombia, fue denigrada por su raza en múltiples comentarios registrados en el posteo de Instagram y rechazada como representante de Chile, país al que llegó con 11 años y que le dio la nacionalidad en 2021.

"Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país y a nivel de club", expresó al medio chileno BioBio, Javiera Moreno, presidenta del sindicato.

La deportista fue elegida en 2025 como la mejor jugadora de la liga femenina chilena y la dirigente también destacó su "calidad humana".

"Lo demás, el racismo y el ataque de bots, no tiene cabida y está muy por fuera de los valores del deporte", añadió.

El ataque a Valencia se suma al episodio de gritos xenófobos, ocurridos en febrero pasado, cuando hinchas del chileno Huachipato insultaron a jugadores del venezolano Carabobo, durante un partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de la zona central del país sudamericano fue sancionado por la Conmebol, que abrió un expediente a raíz de la denuncia pública en redes sociales de uno de los jugadores del conjunto venezolano y de su entrenador en conferencia de prensa.

Este lunes llegó a Panamá extraditado desde Venezuela el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, acusado de hacer estallar en julio de 1994 el vuelo de Alas Chiricanas causando la muerte de todos sus ocupantes, lo que se traduce en un "avance significativo en el proceso" de investigación, como afirmó en marzo pasado la Cancillería panameña al anunciar la extradición.

Esto es lo que se sabe de este atentado, cuya investigación se reabrió en agosto de 2019:

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, en el Caribe panameño, a unos 80 kilómetros de la capital. La explosión provocó que la aeronave se estrellara, sin dejar supervivientes.

En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos. También fallecieron tres ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía de Panamá ordenó el 31 de octubre de 2005 extraer muestras de ADN antes de enterrar los restos del ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal, identificado como terrorista suicida que hizo estallar la bomba en un avión.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El 29 de octubre de 2024, la Embajada de EE.UU. en Panamá indicó que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de ese país había concluido que Hizbulá fue responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

La Embajada de EE.UU. en Panamá informó en octubre de 2024 que el programa Recompensas para la Justicia del Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio información que llevara a los responsables del atentado.

Ali Zaki Hage Jalil es un ciudadano colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita.

Al confirmar la detención, la Cancillería panameña expresó en noviembre de 2025 su "profunda preocupación" ante la información sobre la presencia y residencia "en total impunidad de un individuo -en la República Bolivariana de Venezuela- vinculado al atentado terrorista" de la voladura del vuelo de Alas Chiricanas.

Israel celebró en marzo pasado la aprobación de la extradición y señaló que el avance podría arrojar luz sobre los vínculos del atentado con Hizbulá.

"Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero", afirmo el pasado 29 de marzo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El atentado en Panamá tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Messi abrió el marcador el sábado desde el punto de penalti y metió el gol de la victoria en el minuto 79 con un impresionante tiro a la escuadra, en el que supuso el estreno del nuevo entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, tras la abrupta salida de Javier Mascherano.

Es la decimocuarta ocasión en que el delantero recibe este reconocimiento, y la segunda esta temporada.

La leyenda de Los Angeles Galaxy, el estadounidense Landon Donovan, tiene el récord absoluto con 19 designaciones en más de una década de militancia en la MLS.

Messi suma siete goles en lo que va de liga, en la que aspira a ganar su tercer MVP consecutivo.

El argentino llegó a la MLS en el verano de 2023 y ha sumado un título por temporada con el Inter Miami. Primero llegó la Leagues Cup en 2023, le siguió el Supporters' Shield en 2024 y el año pasado levantó la MLS Cup.

El Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 15 puntos, cuatro menos que el Nashville, tras un inicio irregular de año que se saldó con su eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la inauguración estarán presentes el embajador indio en Bogotá, Shri Vanlalhuma; la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, y el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, entre otros invitados y representantes de la Cámara Colombiana del Libro.

La FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, girará en torno al silencio como espacio de escucha y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas dedicados a la India.

La delegación del país asiático está compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de India.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela 'El legado de la pérdida', lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

Esta nueva edición de la FilBo busca descentralizar el encuentro y "llevar la literatura a todos los rincones de la capital" colombiana expandiéndose a más de 30 espacios culturales, bibliotecas públicas y centros de formación CREA.

La ministra de las Culturas afirmó que Colombia debe ser reconocida por su diversidad cultural, la riqueza de su literatura y las múltiples expresiones de comunidades indígenas, y no así únicamente por su historia de conflicto armado.

La Universidad Nacional de Colombia, por su parte, reunirá a 230 participantes y presentará más de 100 eventos y 120 novedades editoriales, entre las que destaca la reedición de la obra completa de León de Greiff y la llegada del escritor senegalés Boubacar Boris Diop.

Entre tanto, la editorial Planeta será parte de la FilBo con 51 autores colombianos que presentan por primera vez sus obras, como parte de una apuesta de la firma "por el talento emergente dentro de la industria editorial nacional".

La feria reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra 'El imperio eres tú', también participará en el encuentro literario.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), jugó un papel importante en la defensa de los derechos de los campesinos y en la lucha por la tierra y la justicia.

En la época de la represión del régimen stronista en la denominada Pascua Dolorosa de abril de 1976, fue uno de los principales objetivos debido a su condición de líder y fundador de la LAC.

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Llegó a ser torturado y herido con arma de fuego como represalia por su lucha opositora a la dictadura.

En ese contexto, Constantino Coronel mencionó que fue un hecho de crueldad que no se puede contar en simples palabras, porque miles de compatriotas fueron torturados, ejecutados y algunos desaparecidos, sin paradero hasta la fecha.

“Fue un acontecimiento que no se puede traducir en simples palabras, pero fue uno de los más importantes porque la civilidad de quienes tienen conciencia de amor al pueblo y que han hecho su entrega para defender sus ideales son y serán recordados por siempre, y de que la resistencia paraguaya existió, existe y seguirá existiendo por el bien de una nación”, señaló Coronel.

Asimismo, mencionó que tener conciencia de lucha y defender la vida les costó muy caro, ya que esos ideales estaban en contra del régimen dictatorial y eso detonó la represión más cruel de la historia, denominada la Pascua Dolorosa.

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“Donde costó la vida de muchos hermanos nuestros, como también la desaparición de otros, de los cuales hasta la fecha no se sabe su paradero. Fueron más de tres mil personas detenidas en Misiones, quienes fueron torturadas de todas las formas posibles”, agregó.

Coronel recordó cuando fue detenido en la madrugada del 5 de abril de 1976.

“Esa madrugada fue asaltada mi casa; en ese momento había siete criaturas durmiendo en la casa y, de repente, escuchamos los disparos de las metralletas por todos lados, lo cual, gracias a Dios, no alcanzó a ninguno de mis hijos, pero a la mañana siguiente juntaron los casquillos de las balas, encontrando una cantidad considerable”, relató Coronel.

Fue encarcelado primeramente en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital del país, donde sufrió tormentos por parte de Pastor Coronel; posteriormente, pasó a guardar prisión en Emboscada durante cinco años, donde también fue torturado diariamente, indicó.

Constantino Coronel fue liberado en el año 1981, lo cual fue posible tras la intermediación de Amnistía Internacional, organización que logró que fuera trasladado directamente de la cárcel al aeropuerto internacional, en ese entonces llamado “Aeropuerto Internacional Presidente Stroessner”, hoy Silvio Pettirossi, para partir al exilio..

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Coronel fue exiliado a Washington D. C., Estados Unidos. A su llegada a la capital norteamericana, estudios médicos revelaron que tenía esquirlas de bala alojadas entre el cráneo y el cerebro, resultado del ataque que sufrió durante su captura en abril de 1976.

Señaló que estuvo exiliado por 10 años y que, a su regreso, fue muy difícil, ya que sufrió el rechazo social por mucho tiempo, junto a su familia.

Este procedimiento busca un proceso ordenado, transparente y ajustado a la normativa, asegurando que los insumos lleguen a los pacientes bajo un marco legal estricto.

Requisitos documentales y legalización

Para que un tercero pueda realizar el trámite, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

• Autorización certificada: El documento debe estar certificado por escribanía. En caso de que el paciente no pueda firmar, el escribano actuará conforme a derecho para validar el proceso.
• Gestión de la documentación: Se debe presentar una fotocopia simple de la autorización. El original quedará en el Centro de Atención Directa, y el autorizado recibirá una copia con el sello de recibido para sus gestiones.
• Uso de poderes: Si se utiliza un poder legal, se deberá presentar una copia autenticada del mismo.
• Designación y enrolamiento: Cada paciente puede designar hasta dos personas autorizadas (mayores de 18 años). Es obligatorio adjuntar fotocopias de las cédulas de identidad de todos los involucrados, quienes además deben estar previamente enrolados en el sistema para registrar la autorización.

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Aspectos críticos para el retiro

Al momento de presentarse en la farmacia, los autorizados deben tener en cuenta las siguientes exigencias:

• Identificación física: Se requiere la presentación de la cédula de identidad original y vigente (en formato físico) tanto del paciente como del autorizado. Solo en excepciones específicas se aceptará una fotocopia autenticada del documento del paciente, previa firma de un respaldo administrativo.
• Garantía de cadena de frío: Para medicamentos refrigerados, el autorizado tiene la obligación de presentar una conservadora o bolso térmico con hielo. Esta medida es innegociable para asegurar la integridad y eficacia del tratamiento.

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Para una mejor organización de los asegurados, el hospital recuerda que la atención se realiza de lunes a viernes de 06:00 a 21:00 y los sábados de 07:00 a 13:00.

El hecho se produjo sobre las 07:30 hora local (12:30 GMT) en el Puente de la Unidad Nacional, que une a los municipios de Durán, Samborondón y Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que un hombre está acostado en el puente junto al vehículo en el que iba la mujer, aparentemente luego de dispararle. Minutos después se levanta, camina hacia un auto blanco y se va.

La víctima fue identificada como Solange Arellano, funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), institución que horas después indicó que, con base en la información preliminar recabada, se descartaba que el asesinato haya estado relacionado con su trabajo o con el proceso de intervención que el Gobierno lleva a cabo en varias entidades de esa ciudad, en las que supuestamente estaba infiltrado el crimen organizado.

Posteriormente, el general Walter Villarroel, comandante policial de la Zona 8, que comprende los tres municipios, señaló que el crimen fue cometido por el sargento Ecuador Castro y que la víctima era su esposa.

El jefe policial añadió que tras conocer del crimen, realizaron un seguimiento al auto en el que se movilizó el sospechoso y llegaron hasta una casa ubicada en el norte de Guayaquil.

Cuando los policías estaban ingresando a esa vivienda, que aparentemente era de la madre del hombre, escucharon unos disparos y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del sargento.

Villarroel agregó Arellano y Castro tenían una hija en común, que quedó en la orfandad, y que las unidades investigativas estaban trabajando para conocer más detalles del caso, que se maneja como feminicidio.

Entre enero y el 15 de marzo se registraron 78 feminicidios en el país, de acuerdo a datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que agrupa a doce organizaciones defensoras de los derechos humanos.