El personaje de Ortega aparece sentada en una motocicleta y Thing (Cosa) sujetando un misterioso papel en sus manos frente a la Torre Eiffel bajo el lema "Desde París, con pavor".

Pocos detalles se han revelado sobre la trama de esta tercera entrega, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, y que todavía no tiene fecha de estreno.

La plataforma de contenidos en línea informó recientemente que la tercera temporada contará con la participación de Lena Headey ('Game of Thrones'), Andrew McCarthy ('St. Elmo's Fire'), James Lance ('Ted Lasso'), Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

A ellos se suma la estelar Wynona Ryder ('Stranger Things'), quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.

Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60 del siglo XX, 'Wednesday' se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma.

"Si se negocia sobre Cuba, la sociedad cubana debe tener silla propia en una mesa de negociación sobre nuestro futuro", afirmó el CTDC en una declaración divulgada en La Habana.

La plataforma disidente considera que cualquier conversación sobre "cambio, democratización, apertura, estabilidad, gobernabilidad o futuro nacional no debería quedar reducida a un intercambio entre dos gobiernos".

"La complejidad y los desafíos presentes y futuros desbordan la capacidad de los Estados para afrontarlos", añade.

Argumenta su propuesta en el hecho de que el reconocimiento público de contactos y negociaciones entre las autoridades de Cuba y de EE.UU. confirma que "se está abriendo un momento político delicado y potencialmente significativo" para el país.

Por ello afirma que "si hay negociaciones que puedan influir en el rumbo del país, la nación real, no solo la oficial, debe estar representada en ellas de manera visible y legítima".

"Cuba no es solo su Estado. Cuba es también su ciudadanía, su sociedad civil, sus familias, sus presos políticos, sus comunidades religiosas, sus profesionales, sus reformistas, su sociedad civil y comunidad pro democrática, sus emprendedores y su diáspora", sostiene el Consejo.

Alega que una negociación sin ciudadanía organizada puede convertirse en "un arreglo entre élites, útil para administrar coyunturas, pero insuficiente para abrir una salida legítima, estable y duradera".

El CDPC que preside Manuel Cuesta Morúa, cree que una mesa con "credibilidad" nacional e internacional debería cumplir, al menos, con: reconocimiento explícito de estatales; una agenda "pública, breve y verificable"; representación "plural de sectores cívicos y democráticos" del país.

Y contar con un método "no violento, serio y orientado a soluciones" y el acompañamiento internacional que "reconozca el derecho de la sociedad cubana a tener voz propia, sin sustituirla".

Precisamente en esta fecha, las autoridades cubanas reconocieron por primera vez la celebración en la isla de un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos, días después de que la cita se filtrase en tres medios estadounidenses -Axios, The New York Times y USA Today-, todos con fuentes anónimas.

Asimismo resaltaron que en la reunión no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios" y que el intercambio se produjo "de forma respetuosa y profesional".

Las informaciones procedentes de EE.UU. apuntaron que Washington exigió a la parte cubana liberar en el plazo de dos semanas a presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como un gesto inicial de buena voluntad.

A ellos se sumaría una lista de exigencias, esencialmente de profundas reformas económicas y políticas.

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo' (abril 2026) publicado este martes, el Ejército de Sudán y sus aliados recuperaron en enero y febrero la capital, Jartum, y el estado de Gezira, y lanzaron represalias contra la población civil, en particular contra la comunidad kanabi, a la que acusaron de colaborar con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

En octubre, las FAR tomaron Al Fasher, capital de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, tras un asedio de 18 meses y cometieron "matanzas masivas de civiles, violaron a mujeres y niñas y las sometieron a otros actos de violencia sexual" y tomaron rehenes para pedir rescates.

El grupo también intensificó sus operaciones en la región de Kordofán, donde llevó a cabo ejecuciones sumarias, como en la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, en el sur del país, según el documento de AI.

Amnistía Internacional subrayó que la violencia sexual relacionada con el conflicto fue "generalizada y sistemática" por parte de las FAR, que la utilizaron para humillar, castigar, infundir miedo y desplazar a mujeres y comunidades enteras en Jartum, Gezira y Darfur, si bien también señaló al Ejército de cometer violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante detenciones.

El informe alerta, asimismo, de que actores externos, en particular Emiratos Árabes Unidos, alimentaron el conflicto con "transferencias irresponsables de armas", incluido armamento chino avanzado suministrado a las FAR y utilizado en Darfur.

En el ámbito humanitario, más del 50 % de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición, agravado por los bloqueos impuestos por grupos armados y los recortes en la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos.

Amnistía Internacional exige a las partes en conflicto que protejan a la población civil, pongan fin a los ataques selectivos e indiscriminados y garanticen el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas, y reclama a la comunidad internacional que detenga las transferencias de armas y redoble los esfuerzos para poner fin a la impunidad.

El informe 'La situación de los derechos humanos en el mundo', publicado este martes, documenta cómo los enfrentamientos y las prácticas represivas agravaron la crisis, con millones de desplazados, hambrunas y ataques contra civiles en los países de la región, afectados también por los coletazos de la guerra en Gaza.

En 2025, el Líbano sufrió ataques israelíes casi diarios que causaron más de un centenar de muertes de civiles (entre 103 y 127) y destruyeron más de 10.000 estructuras y tierras agrícolas en el sur pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, informó la organización internacional en el documento.

Asimismo, detalló que los efectos de la guerra así como la vulneración de la tregua exacerbó la crisis económica del país, lo cual impidió un correcto desarrollo del sistema de protección social universal; que se vio colapsado por la acogida de millones de refugiados sirios y palestinos en condiciones precarias.

También alertó de la situación de la libertad de prensa en el país, después de que las autoridades libanesas citaran a declarar a activistas y periodistas por cargos de difamación y otras acusaciones imprecisas, mientras avanzaba en el Parlamento un proyecto de ley de medios para mejorar la libertad de expresión, aunque con limitaciones.

Siria, tras la caída de Bachar al Asad en 2024, vivió "un periodo de transición con avances en sociedad civil, pero persistieron enfrentamientos sectarios, ejecuciones extrajudiciales y más de 1.400 homicidios civiles", señaló AI, que denunció que Israel continúa ocupando los Altos del Golán y generando inestabilidad en la frontera siria.

AI documentó que grupos armados afines al Gobierno anterior perpetraron masacres contra la comunidad alauí en las regiones costeras, con más de 1.400 civiles muertos, mientras que en la gobernación de Sueida se registraron ejecuciones extrajudiciales de decenas de drusos y abusos graves por grupos armados drusos y beduinos.

Según el informe, el Yemen vivió continuos ataques de los rebeldes chiíes hutíes, y bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron e hirieron a centenares de civiles, incluidos migrantes en centros de detención. Además, documentó que las partes en conflicto practicaron detenciones arbitrarias, mientras la inseguridad alimentaria extrema afectó a casi la mitad de la población.

El informe de AI también analizó la situación de los derechos humanos en los países del golfo Pérsico y denunció que Arabia Saudí registró un número récord de ejecuciones, con la aplicación de la pena capital a "cientos" de detenidos, muchos por delitos de drogas, incluidos extranjeros y personas que eran menores en el momento de los hechos.

Asimismo, denunció que el reino árabe intensificó la represión de la libertad de expresión y asociación; que más de 13 millones de trabajadores migrantes sufrieron discriminación sistemática y que muchos empleados domésticos se vieron sometidos al sistema de patrocinio conocido como 'kafala'.

Respecto a Baréin, AI documentó que este país amplió la producción de petróleo y gas pese a sus compromisos climáticos, mientras que Catar aparece en el informe regional como exportador masivo de gas.

Tras presentar este panorama regional, Amnistía Internacional urgió a los Estados de la región a cesar la represión, investigar crímenes internacionales y garantizar rendición de cuentas, protección a civiles y derechos económicos, sociales y ambientales.

También advirtió que la impunidad y los recortes de ayuda internacional agravan una crisis que amenaza la estabilidad de todo Oriente Medio.

"Aunque estamos complacidos con la recuperación nominal del propulsor, claramente no entregamos la misión que nuestro cliente quería, y que nuestro equipo esperaba. Los datos iniciales sugieren que en nuestra segunda quema GS2, uno de los motores BE-3U no produjo suficiente empuje para alcanzar nuestra órbita objetivo", dijo el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, en la red social X.

Limp añadió que ya están investigando "la anomalía (...) para aprender de los datos e implementar las mejoras necesarias para regresar rápidamente a las operaciones de vuelo".

El satélite pertenece a la compañía AST SpaceMobile, con quien aseguró que Blue Origin permanece en comunicación constante y confió en que continúe su asociación.

Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 5,30 % en el Nasdaq al término de la sesión de este lunes.

La misión de Blue Origin, la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) a las 7:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reusado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin utilizó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre pasado, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después de un intento fallido a inicios de 2025.

Hasta ese momento, tan solo SpaceX, fundada por el multimillonario Musk, había demostrado con éxito este tipo de reutilización en vuelos orbitales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con su enorme Starship.

La segunda etapa del cohete continuó su trayectoria al espacio para cumplir su misión principal de poner en órbita al satélite de comunicaciones.

La reutilización del New Glenn es crucial para la viabilidad económica de la empresa de Bezos, que aspira a usarlo en la misión Escapade de la NASA a Marte, destinada a estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.

El informe, que recopila los principales sucesos de 2025 y por ello no expone los efectos de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no especifica el número total de ejecuciones cometidas en el país, aunque remite a una denuncia de septiembre en la que aseguraba que ya a aquellas alturas del año eran más de 800 los ejecutados.

Indicó que uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.

La organización también incidió en el carácter "arbitrario" de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel.

De igual manera, alertó de "los juicios sistemáticamente injustos" que se dan en el país, orientados a veces a la "toma impune" de "rehenes" extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscalías y autoridades judiciales.

Además, hizo hincapié en la persecución de las opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica, la criminalización de los derechos de reunión y asociación, y la "fuerza ilícita", en ocasiones mortal, empleada para reprimir las "protestas pacíficas" sucedidas entre marzo y agosto de 2025.

AI recordó que en junio de 2025 "más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas" fueron asesinadas en Irán a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados en el marco de la guerra de doce días que libraron ambos países.

El informe también se refirió a los bombardeos "deliberados" de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, en los que murieron "al menos 80 civiles" y que "representa una grave violación del derecho internacional humanitario", que puede constituir un "crimen de guerra".

De igual manera, la organización recordó que las autoridades iraníes respondieron a Israel empleando "ilícitamente" municiones de racimo contra zonas residenciales en las que mataron a al menos 29 personas y que utilizaron la guerra "para intensificar la represión interna" en su país, como ya indicaban al denunciar el número de arrestos y ejecuciones efectuadas en 2025.

En 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser "muy superior", según AI, que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para "casarlas a la fuerza incluso antes".

La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo "detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones" a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.

AI afirmó que más de 1,8 millones de personas refugiadas afganas fueron forzadas a regresar a su país desde Irán en el año 2025, entre ellas menores no acompañados y mujeres o solicitantes de asilo vulnerables a represalias.

De igual manera, el informe de la organización señaló las condiciones continuadas de discriminación y pobreza a las que están sujetas las comunidades minoritarias en territorio iraní, como los kurdos o los baluchis.

Respecto a la comunidad LGBTI+, destacó la persistencia de la pena capital y el uso extendido de "terapias de conversión", entre otras situaciones de discriminación vividas por el colectivo en Irán.

En su presentación previa ayer ante los medios en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, denunció la actitud de los países europeos que en general han optado por la complicidad o el silencio con las violaciones al derecho internacional cometidos principalmente por tres gobernantes: el estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamin Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Hay Gobiernos, y en particular el de España, que insisten en que debemos mantener una brújula moral de quiénes queremos ser y qué queremos hacer", dijo, en referencia a un mundo contemporáneo que, según ella, ha perdido esa 'brújula moral'.

En ese contexto citó varias veces el ejemplo de España como distinto a los demás países que buscan el "apaciguamiento" ante los poderosos. Al ser preguntada por si otros países en el mundo podían compararse a España en esa defensa del orden mundial, Callamard dudó y dijo que solamente Sudáfrica, y ni siquiera por completo, pues solo alzó la voz para defender a los palestinos en Gaza pero ha callado ante otros conflictos.

Más tarde, y en declaraciones a EFE, justificó las menciones a España: su Gobierno -dijo- "es el único que está respondiendo contra este orden mundial depredador que se está construyendo, y ha sido el único en denunciar sistemáticamente las violaciones a la legalidad internacional, quienquiera que las cometa, incluyendo a Israel".

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025, los principales conflictos armados africanos, como el de Sudán o el del este de la República Democrática del Congo (RDC), empeoraron y dieron lugar a violencia sexual y ejecuciones, sin que rindieran cuentas los responsables.

"Continuaron las denuncias de ataques y homicidios ilícitos por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en otros conflictos de larga duración en la región, entre ellos los de Burkina Faso, Camerún, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur", señala el documento.

Junto con los asesinatos y la violencia sexual, los conflictos en el continente han ido acompañados de una crisis alimentaria, agravada por otros factores como las perturbaciones climáticas o la situación económica.

"En julio, el hambre afectaba a más de 307 millones de personas, es decir, a más del 20 % de la población de la región. En varios países, la escasez de alimentos se vio agravada por los recortes en la ayuda, incluidos los aplicados por el gobierno de Estados Unidos", indica AI.

También acusa a los gobiernos de no proteger a la población de las sequías y las inundaciones, agravadas tanto por el cambio climático como por los conflictos.

Los combates y la inseguridad provocaron igualmente la interrupción del acceso de los niños a la educación y de la población en general a los servicios de salud, sometidos a una mayor presión por los recortes de ayuda y financiación de Estados Unidos.

Al margen de los conflictos armados, el informe expone que las autoridades del continente a menudo trataron las protestas como una "amenaza" y las dispersaron con violencia, las restringieron de forma "indebida" o directamente las prohibieron.

"Muchas personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad reprimieron protestas mediante el uso ilícito de la fuerza, incluida la fuerza letal", afirmó AI, que recordó los cientos de muertos en Tanzania entre finales de octubre y principios de noviembre durante las manifestaciones postelectorales.

Del mismo modo, se hizo eco de las decenas de muertes en Kenia, Madagascar, Togo o Camerún a lo largo del año durante varias protestas.

Además, la libertad de expresión siguió "estando amenazada" en toda la región, y las personas críticas con los gobiernos se enfrentaron a "arrestos, detenciones arbitrarias y acoso judicial", en países como Angola, Guinea, Senegal, Kenia, Sierra Leona o Zimbabue.

Burkina Faso, Camerún, Níger o República Centroafricana suspendieron o disolvieron ONG, sindicatos y otras asociaciones.

Si bien las desapariciones forzadas de opositores continuaron siendo "endémicas", Amnistía observó una "tendencia creciente" en las desapariciones forzadas de carácter transnacional, sobre todo en África oriental.

Por último, el informe sostiene que la violencia de género, incluido el feminicidio, persistió en toda la región; y que las autoridades siguieron alimentando la discriminación y la violencia contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTI.

"Los grupos armados, algunos de los cuales contaban con el respaldo de las fuerzas gubernamentales, cometieron cada vez más violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra", señaló AI en su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025.

Las hostilidades entre el Ejército y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda, se intensificaron en enero tras la toma por parte de los insurgentes de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, donde ejecutaron sumariamente a civiles y sometieron a torturas y malos tratos a los detenidos.

"Sus combatientes -del M23- atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, acompañantes y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en ellos", alertó AI.

Decenas de miles de desplazados fueron expulsados de los campamentos cercanos a la ciudad de Goma tras su conquista por parte de los rebeldes, todo ello mientras el M23, las milicias Wazalendo -patriotas, en suajili, y aliadas de Kinsasa- y las fuerzas de seguridad gubernamentales cometían violaciones en grupo contra mujeres.

Los casos de violencia sexual alcanzaron unas cifras "alarmantemente altas" en el este del país, donde entre enero y septiembre se cometieron más de 81.000 violaciones, un 31,5 % más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la ONU.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre el 9 y el 21 de julio hubo combatientes del M23 que mataron al menos a 319 civiles en el territorio de Rutshuru, incluidos menores de edad y mujeres.

El documento también expone cómo el M23 detuvo, torturó y amenazó a periodistas, a defensores de derechos humanos y a miembros de la sociedad civil, al mismo tiempo que sometió a desapariciones forzadas a cientos de personas que consideró opositores.

De forma paralela, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), mataron entre julio y agosto a más de 250 civiles en distintos ataques en la provincia de Ituri y en Lubero (territorio de Kivu del Norte), como represalia por las operaciones milItares gubernamentales.

Por otro lado, añadió AI, las autoridades de Kinsasa usaron la pena de muerte contra civiles a través de tribunales militares, lo que supone una violación de las normas internacionales sobre juicios justos.

Durante el pasado año se restringieron aún más los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y la libertad de credo, así como la censura en internet. Además, se intensificaron la campaña de represión de la disidencia, las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías.

Tanto en el campo de batalla como en la retaguardia la tortura y los malos tratos fueron "endémicos" y se continuó persiguiendo a las minorías sexuales y marginando a los hijos de los inmigrantes, que en su mayoría no están escolarizados. A su vez, "la censura es omnipresente en la vida pública".

El informe hace especial hincapié en "las restricciones graves" de la libertad de expresión. Cualquier crítica de la guerra o de la política gubernamental puede representar una pena de cárcel. Ese fue el caso de Mark Kislitsyn, un transgénero condenado a 12 años de cárcel por transferir en señal de protesta unos 10 dólares a una cuenta bancaria ucraniana.

A partir de septiembre buscar "deliberadamente" materiales extremistas en internet y publicitar las redes VPN acarrea multas, a lo que hay que sumar la prohibición del inexistente Movimiento Internacional de Satanistas.

Uno de los casos más sonados fue el arresto de tres jóvenes artistas callejeros del grupo Stoptime de San Petersburgo tras interpretar canciones prohibidas. Dos de los miembros del grupo se tuvieron que exiliar.

Además, las autoridades rusas perseveraron en su intento de crear el conocido como 'internet soberano', bloqueando el acceso a webs, plataformas y redes sociales -Telegram y WhatsApp-, y ralentizando internet en todo el país. Las autoridades imponen el uso de la plataforma rusa MAX, controlada por las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la sociedad civil, 219 organizaciones, medios de comunicación e individuos fueron declarados 'agentes extranjeros', y se les prohibió realizar cualquier actividad educativa. Otras 95 organizaciones fueron catalogadas de 'indeseables', entre ellas AI y Human Rigths Watch.

El copresidente del observatorio electoral GOLOS, Grigori Melkoniants, fue condenado a cinco años de cárcel después de criticar duramente los procesos electorales de los últimos años, incluido el referéndum constitucional que permitió al presidente, Vladímir Putin, presentarse en 2024 a la reelección.

AI también llama la atención de las detenciones arbitrarias con cargos falsos como 'rasgo distintivo del sistema de aplicación de la ley' en Rusia. En concreto, tres abogados del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, fueron condenados a hasta 5,5 años de prisión por presuntamente ayudar a su cliente a comunicarse con el exterior.

Otros cuatro periodistas fueron sentenciados a cinco años de cárcel por supuesta colaboración con el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, a lo que hay que sumar más de un centenar de causas por donaciones a esa organización. Recuerda que varios laboratorios extranjeros confirmaron que Navalni había sido envenenado en prisión.

El Estado ruso incrementó los procesos penales por terrorismo, traición o espionaje contra figuras políticas de la oposición democrática dentro y fuera de Rusia. Uno de los más castigados fue el único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, varios de cuyos miembros han sido detenidos.

También hubo muchos juicios en ausencia como la condena al escritor más leído de Rusia antes de la guerra, Boris Akunin, que fue castigado con 14 años de cárcel por sus duras críticas a Putin.

El informe alerta sobre la impunidad de la tortura y de sus perpetradores en las prisiones rusas. Dos hombres de origen azerbaiyano murieron en custodia policial tras ser detenidos en la ciudad de Yekaterimburgo. Además, el opositor Alexéi Górinov, encarcelado por condenar la campaña militar en Ucrania, fue recluido en varias ocasiones en celdas de castigo pese a su frágil estado de salud.

Las autoridades también continuaron la persecución de los miembros de los Testigos de Jehová por extremismo, de los que 157 seguían en prisión en octubre pasado, y restringieron aún más el derecho al aborto en la sanidad pública.

AI denuncia "abusos graves" de los derechos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, lo que incluyó desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, régimen de incomunicación y tortura. Algunos de estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, apunta.

"Israel siguió imponiendo intencionalmente condiciones de existencia que acarreaban la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza", detalla el informe publicado este martes, que también denuncia un creciente sistema de 'apartheid' en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este.

Amnistía señala que la población de Gaza, más de dos millones de personas, fue sometida por Israel "de manera masiva a hambruna, homicidios y desplazamientos" el año pasado, lo que se sumó a la destrucción continuada de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil.

Solo durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60 % eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada, detalla el texto según datos de defunciones de la Sanidad gazatí. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, mercados y escuelas donde se refugiaban personas.

Entre las jornadas más letales, Amnistía recuerda como el 18 de marzo de 2025, Israel mató en bombardeos inesperados a al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños, poniendo fin al anterior acuerdo de alto el fuego firmado ese enero.

Además, detalla como en mayo, Israel destruyó deliberadamente la localidad de Juzaa (Jan Yunis) en la que vivían 11.000 personas "sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara" o como en septiembre comenzó a demoler al menos 16 rascacielos residenciales y comerciales en la ciudad de Gaza, que arrasaron los campamentos improvisados próximos y provocaron un nuevo desplazamiento de miles de familias.

"Israel debe poner fin a su genocidio contra la población palestina de Gaza, lo que incluye respetar sus obligaciones jurídicas de permitir el acceso sin trabas a la ayuda, levantar por completo su bloqueo ilegal y retirar su presencia militar ilegal, tal como ha indicado la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas", concluye Amnistía.

Sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, Israel forzó en 2025 el desplazamiento permanente de más de 36.000 palestinos, entre ellos de los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem; marcando también un récord histórico de demoliciones registradas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desde 2009.

Además, el gobierno israelí permitió la creación de 86 puestos de avanzada ilegales (inicio de asentamiento) y de otras 54 colonias, que se sumaron a los alrededor de 371 ya existentes, según la ONG Yesh Din. A su vez, el Ejército permitió cada vez más a los colonos atacar y aterrorizar con total impunidad a los palestinos, incluso a veces sumándose "a la violencia gratuita y protegieron a los colonos", según el informe.

En Cisjordania, 220 familias de 19 aldeas abandonaron sus hogares por esta violencia y tuvieron que desplazarse, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

En una escala regional, Israel lanzó ataques también contra Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen. En el caso de la guerra de 12 días contra Irán iniciada en junio, que repitió junto a EE.UU. en 2026, Israel dañó infraestructuras civiles y mató a más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños.

"Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional", denuncia Amnistía en alusión a los "ataques directos" israelíes contra la población e infraestructura civil.

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, la organización señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.

Según el documento, el año pasado el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024, frente a 30 del año previo. En el ámbito ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente, seis más que en 2023.

En materia de prensa, Amnistía retomó datos de la organización Artículo 19, que documentó el asesinato de siete periodistas durante el año "en represalia por su labor informativa", además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio, más del doble que el año anterior.

El informe también puso énfasis en la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.

Señaló que, ante la magnitud del problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera "sistemática o generalizada" en el país.

En el ámbito migratorio, la organización denunció extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes en las carreteras contra personas migrantes y refugiadas que cruzan México, además de dificultades para acceder a salud, educación y empleo.

Amnistía destacó, además, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58.800 solicitudes de asilo durante 2025, principalmente de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Haití.

Otro foco de alerta fue el desplazamiento forzado interno. Un informe citado de la Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129 % en 2024 respecto al año anterior, con al menos 28.900 personas desplazadas, principalmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Pese a este panorama, el reporte destacó algunos avances, como la disminución de la pobreza multidimensional al 29,6 % de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados del país durante 2025.

"Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Trump adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho", afirma el documento.

Entre ellas, "una ofensiva contra el poder judicial y los medios de comunicación, ataques de represalia contra enemigos políticos y concesión de indultos a simpatizantes del presidente, menoscabo de la libertad académica, eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés).

Sin duda, uno de los principales deterioros que recoge el informe es el relativo a las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump y lo hizo, denuncia AI, a través de "una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo".

"Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración", y condenan la presencia habitual de "agentes enmascarados, patrullas en las calles y operaciones de control de inmigración que se hicieron extensivas a lugares donde anteriormente no estaban permitidas".

En este sentido, cabe recordar las redadas que se produjeron en Minesota y que acabaron con numerosas protestas en las calles y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

La organización internacional también denuncia la construcción de nuevos centros de detención como 'Alligator Alcatraz' o la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Capítulo especial merece para la organización internacional la "represión de las protestas universitarias generalizadas" contra los ataques de Israel en Gaza y la ofensiva de Trump contra universidades contrarias a sus políticas a través del recorte de fondos de investigación y financiación federal.

Denuncian también que "el gobierno puso en el punto de mira a estudiantes y docentes internacionales".

Respecto a los derechos del colectivo LGTBI, señala el informe que "el gobierno de Trump revirtió mecanismos de protección de las personas LGBTI y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero".

El informe que analiza lo ocurrido en Estados Unidos en 2025 presta especial atención a la revocación de una orden ejecutiva con más de 60 años de antigüedad cuyo propósito era abordar la discriminación en el lugar de trabajo.

También los derechos reproductivos y sexuales se han visto mermados, según AI, ya que el recorte en la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva han provocado el cierre de clínicas y han afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Según fuentes de la ONG, 1.143 personas murieron por disparos de la policía en 2025 en Estados Unidos y las personas negras sufrieron de forma desproporcionada el uso de medios letales, pues constituían más del 23 % de las víctimas mortales de armas de fuego por parte de la policía, aunque representan el 13 % de la población.

Por otra parte, el informe recoge que "Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a la moratoria federal de las ejecuciones" dictada por el expresidente Joe Biden.

Según el informe, la detención arbitraria e indefinida por parte de Estados Unidos continuó en Guantánamo, Trump suspendió el programa que abordaba el problema de las armas de fuego en el país y se revirtieron normativas medioambientales y climáticas.

En su informe anual sobre la situación de los derechos en el mundo en 2025, AI menciona como principales focos de preocupación en la región a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política, así como México, donde continúa la crisis de desapariciones forzadas, y EE.UU., por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.

"La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", señala el organismo.

AI documenta que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, se registraron restricciones a las protestas con el "uso ilícito de la fuerza" por parte de las autoridades y "continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos".

También alerta del aumento de las agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.

Señala el uso creciente de mecanismos legales y judiciales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación o procesos penales con irregularidades.

La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo especialmente crítica ya que, según el informe, en casi todos los países se registraron ataques, hostigamientos y asesinatos contra activistas, con especial riesgo para quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas.

En Colombia, por ejemplo, se prevé que la violencia contra estos líderes supere los niveles de años anteriores, mientras que en Perú y Chile se reportaron asesinatos y desapariciones de defensores.

El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales también es una constante.

En Brasil, una operación policial dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro, mientras que en EE.UU. la policía mató a 1.143 personas en 2025, afectando de forma desproporcionada a la población negra.

En Honduras y Perú las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por abusos durante estados de excepción y protestas sociales.

El informe subraya, además, el uso sistemático de detenciones arbitrarias con fines políticos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

En este último, al menos 806 personas permanecían detenidas por motivos políticos, muchas de ellas sin garantías judiciales.

En El Salvador, más de 90.000 personas seguían privadas de la libertad sin pruebas suficientes en el marco del régimen de excepción.

Las condiciones de detención son otro motivo de alarma. El hacinamiento, la falta de atención médica y los malos tratos fueron documentados en varios países, incluidos Bolivia, Ecuador, Haití y Uruguay.

En El Salvador, AI denuncia torturas, muertes bajo custodia y prácticas como privación del sueño y castigos colectivos.

"La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación", señala AI.

En países como Haití, Cuba y Venezuela se registraron graves fallas en servicios básicos como salud, electricidad y agua potable, mientras que en Paraguay y Guatemala persisten deficiencias en inversión pública y acceso a servicios esenciales.

AI alerta sobre la persistencia de desapariciones forzadas en la región, con especial preocupación en México, donde la ONU activó un procedimiento para analizar si se trata de una práctica sistemática. Casos similares fueron documentados en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Sobre los derechos de las mujeres y niñas, el informe denuncia que "siguieron enfrentándose a niveles alarmantes de violencia, incluido el femicidio/feminicidio, con casos registrados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay".

En varios Estados de la región, las estadísticas sobre este tipo de delito no eran "ni adecuadas ni confiables".

Además, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos en gran parte de la región e incluso está totalmente penalizado en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua.

"Continuaron registrándose embarazos de niñas y adolescentes sin que las autoridades adoptaran medidas al respecto", denuncia AI.

Los pueblos indígenas siguen enfrentando violaciones a sus derechos territoriales. En Bolivia, Canadá y Ecuador se documenta la expansión de proyectos extractivos sin consulta previa, mientras que en Brasil y Colombia persisten la violencia, el desplazamiento forzado y los conflictos por la tierra.

Asimismo, hubo un aumento de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI, en especial contra la población trans, con asesinatos en Guatemala, Honduras y México, y políticas restrictivas en Estados Unidos, Paraguay y Perú.

En el ámbito migratorio ha aumentado la hostilidad y el racismo. En EE.UU. se denuncian prácticas de detención indiscriminada y operativos en zonas sensibles, mientras que en República Dominicana se documentan expulsiones colectivas y perfiles raciales contra personas haitianas. Además, Colombia y México enfrentan sistemas de asilo insuficientes.

Y sobre el medioambiente, AI advierte que no se han tomado las medidas suficientes frente a la crisis climática, cuyos efectos agravan las desigualdades y la situación de las poblaciones vulnerables.

"Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.

Este nuevo orden nace de la suma de "poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos", y sus objetivos como acabar "con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos".

¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? "En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento" con estos líderes que practican el "matonismo". Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa "política del apaciguamiento", con pocas excepciones como la del Gobierno de España.

Callamard describió el 'modus operandi' de estos "depredadores políticos y económicos": primero, usan su poder de veto -practicado por EEUU, Rusia y China- en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la organización; seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que Trump ha hecho con su llamada 'Junta de la paz'.

En su punto de mira también están los tribunales internacionales -el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia-, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el "apaciguamiento" y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.

Aunque el "genocidio" de los palestinos en Gaza y la guerra en Ucrania aparecen en lo alto de las violaciones, el informe también destaca las matanzas en Sudán -espoleadas por actores externos como Emiratos Árabes Unidos-, el constante ataque a las mujeres de Afganistán o la intromisión de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, entre otros conflictos.

Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es "ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales  y de leyes nacionales que protegen contra la discriminación racial y la violencia contra las mujeres".

En referencia a Latinoamérica y en declaraciones a EFE, Callamard reconoce que existe una especie de 'efecto Bukele', en el sentido de que varios países están eligiendo líderes que rechazan o minimizan los derechos humanos en pro de una sociedad más segura, o incluso militarizada.

Opina que este es "un problema grave" que captan bien "políticos populistas que proveen respuestas poderosas pero limitadas ante problemas complejos", debido a que los Gobiernos anteriores no han sabido dar soluciones a carencias sociales donde a veces se combina la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo o el desempleo.

"Pero al final, el pueblo verá que el emperador está desnudo", vaticinó, refiriéndose en general a los populistas latinoamericanos.

Y en cuanto a la pérdida de fe de todo el 'sur global' en el sistema multilateral y los instrumentos de la legalidad internacional, Callamard reconoció que "el doble rasero practicado por Occidente con Israel ha envenenado la confianza" de muchos países en este sistema multilateral.

Sin embargo, también recuerda que ha sido en el sur global -y citó los casos de Nepal, Kenia, Indonesia o Marruecos- donde generaciones de jóvenes han salido a las calles "en nombre de los derechos humanos" o "contra el genocidio de los palestinos", lo que demuestra que un orden mundial basado en derechos y en contrapesos todavía goza de predicamento entre las generaciones futuras.

Estos dos tipos de abusos ya habían sido denunciados por la organización no gubernamental en los años anteriores de guerra.

AI cifra el número de víctimas civiles en cerca de 15.000 muertos y más de 40.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala, hasta septiembre de 2025.

La mayor parte de muertos civiles murieron, según el informe, cerca del frente. Una parte significativa de estas personas perdieron la vida al ser atacadas con drones rusos de corta distancia.

El capítulo de Ucrania dedica un apartado a los prisioneros de guerra.

“Los que fueron liberados en canjes denunciaron tortura y otros malos tratos generalizados, como denegación de asistencia médica y desnutrición, así como muertes habituales”, dice el informe sobre los ucranianos capturados que volvieron a casa en intercambios de presos.

Mientras Rusia no ha permitido a entidades internacionales visitar sus campos de prisioneros, Ucrania sí dio acceso durante el año pasado a varias delegaciones de Amnistía que entrevistaron a prisioneros de guerra rusos.

Estos prisioneros relataron “episodios de malos tratos en el momento de su captura” y “quejas menores” como la poca variedad de alimentos que se les ofrecía durante su cautiverio.

El informe también se hace eco de las ejecuciones extrajudiciales de soldados ucranianos capturados por los rusos en el frente. Desde el comienzo de la guerra y hasta diciembre de 2025, la Fiscalía ucraniana había registrado 322 casos de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos tomados como prisioneros por parte de soldados rusos .

El déficit de energía causado por los ataques rusos es otra de las privaciones a los ucranianos por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Millones de personas soportaron escasez de energía y de calefacción, con el suministro eléctrico limitado algunos días a tres horas diarias en pleno descenso de las temperaturas”, dice el informe.

El trato de las autoridades rusas a la población de los territorios ucranianos ocupados también es objeto de denuncia de Amnistía, que cita un informe según el cual el 92 % de los 216 civiles detenidos y posteriormente liberados en esas zonas que fueron entrevistados entre junio y septiembre de 2025 “ofrecieron relatos coherentes y pormenorizados” de torturas y malos tratos.

"Aunque se incrementó la visibilidad diplomática de las autoridades norcoreanas, la población del país seguía aislada, puesto que tanto la libertad de circulación como la posibilidad de relacionarse de forma independiente con actores e instituciones internacionales continuaban restringidas", afirmó AI.

La organización apuntó así a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estrechado los vínculos militares y económicos con Moscú y Pekín, tal y como "demostró" el apoyo militar a Rusia en la invasión de Ucrania. También mencionó su participación en eventos conmemorativos como el desfile del Día de la Victoria en China.

Este impulso en los lazos diplomáticos tuvo lugar mientras que Pionyang siguió utilizando en 2025 "la legislación, la vigilancia y las campañas ideológicas para suprimir cualquier contacto con el mundo exterior".

"Prácticamente no existía la posibilidad de acceso a la información exterior", dijo AI, antes de mencionar las interferencias de emisiones de radio y el fuerte control policial.

Las autoridades continuaron también realizando inspecciones casa por casa, sin orden judicial ni aviso previo, en busca de dispositivos o material que fuera "antisocialista". En las escuelas, se expulsó a alumnos en posesión contenidos extranjeros, y en otros lugares de trabajo la dirección debía informar sobre presuntas violaciones.

En este contexto, la detención arbitraria siguió siendo en 2025 un "aspecto fundamental del sistema de control de las autoridades", que mantuvieron recluidas sin juicio ni garantías jurídicas a personas acusadas de delitos políticos. En algunos casos, las detenciones equivalieron a desapariciones forzadas.

Sin embargo, AI indicó que algunas personas que huyeron informaron de leves mejoras en las condiciones de detención y los procedimientos de denuncia, "aunque continuaba existiendo temor por las represalias y, en general, las condiciones seguían siendo duras".

Además, durante el año hubo informes sobre la aplicación de la pena de muerte "por actos que no cumplían el criterio establecido por el Derecho Internacional de ser 'los crímenes más graves'".

A su vez, los procesos judiciales estuvieron marcados por falta de transparencia y a las personas acusadas se les negó las garantías de un juicio justo. También fueron habituales las ejecuciones públicas.

Con el conflicto armado entre el Ejército y guerrillas étnicas y prodemocráticas intensificado, un devastador terremoto y recortes de la ayuda procedente de Estados Unidos, 2025 fue "el año más mortífero para la población civil desde el golpe de Estado", señaló la ONG.

Según AI, que cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la ofensiva aérea se duplicó respecto a 2024 y se extendió a casi la totalidad del país, donde la mayoría de estados y regiones registraron fallecidos, heridos o desplazados por este tipo de ataques.

Cada vez es más habitual que el Ejército recurra a asaltos desde el aire mediante parapentes motorizados tripulados –denominados "paramotores"–, una técnica que requiere menos recursos, indicó AI en su informe, aludiendo al ataque de octubre en Chaung-U (centro) que se saldó con 18 muertos, entre ellos niños de dos años, y decenas de heridos durante una festividad budista.

La ONG internacional denuncia, además, que los ataques aéreos contra escuelas no han cesado: en mayo, al menos 20 estudiantes murieron en una ofensiva en la aldea de Ohe Htein Twin (noroeste), perpetrada durante el alto el fuego declarado tras el devastador terremoto que sacudió el país en marzo; mientras otros 19 fallecieron en septiembre en un centro de Kyauktaw (oeste).

La publicación del informe coincide con la pretendida transición política de la junta militar que en 2021 tomó el poder de las manos del partido ganador de las elecciones de 2020, la Liga Nacional para la Democracia (LND), lo que puso fin a una década de apertura democrática y exacerbó el conflicto interno.

El general Min Aung Hlaing, líder de golpe, juró cargo el pasado 10 de abril como presidente de Birmania en una ceremonia en la que quedó disuelta la junta castrense que encabezó y que ha estado al frente del país los últimos cinco años. Su toma de posesión se produjo tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin oposición representativa y en un clima de represión.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.170 personas continúan detenidas desde el golpe y cerca de 8.000 han sido asesinadas por el régimen castrense. Según AI, el Ejército siguió en 2025 sin proporcionar "acceso a una atención médica adecuada" a las personas privadas de libertad.

En 2025, China siguió recurriendo a disposiciones de seguridad nacional "muy imprecisas" para procesar a activistas y profesionales del derecho, según la organización, que denuncia también el uso habitual de la "vigilancia domiciliaria en un lugar designado", una forma de detención secreta que AI califica de "desaparición forzada".

El informe cita el caso de la periodista Zhang Zhan, condenada a una nueva pena de prisión, así como el del artista Gao Zhen, detenido por "difamar a los héroes y mártires de China".

También menciona al abogado Xie Yang, sometido a un juicio a puerta cerrada por "incitar a la subversión del poder del Estado", y al letrado Lu Siwei, condenado por "cruzar ilegalmente las fronteras nacionales".

AI alerta además de un aumento de la llamada "represión transnacional", con incidentes de vigilancia, acoso e influencias sobre otros Estados para que devolvieran personas a China, lo que, según la organización, afectó especialmente a "defensores de los derechos humanos, activistas, artistas y miembros de las diásporas uigur y tibetana".

En las regiones de Xinjiang y el Tíbet, AI denuncia que persistió un "estricto control político y cultural".

La organización recoge la preocupación expresada por expertos de la ONU por la desaparición forzada de la intelectual uigur Rahile Dawut, y señala un refuerzo de la educación ideológica para "fomentar un fuerte sentimiento de comunidad nacional china".

En el Tíbet, el informe sostiene que las autoridades siguieron ampliando la llamada "enseñanza bilingüe", que, según AI, privilegia en la práctica el mandarín en detrimento del tibetano, y enmarca esa política en campañas oficiales orientadas a "reforzar la unidad nacional".

Respecto a la libertad religiosa, AI destaca una operación nacional contra la Iglesia de Sión, en la que fueron detenidas cerca de 30 personas, y critica la injerencia estatal en la sucesión del dalái lama, un proceso que debe llevarse a cabo "bajo la autoridad del Partido Comunista Chino", denuncia la institución.

AI advierte asimismo de una ofensiva contra el activismo feminista y la expresión del colectivo LGTBI en espacios digitales: según el informe, en 2025 la red social Weibo eliminó de forma permanente varias cuentas de activistas por "incitar al antagonismo entre géneros".

Amnistía sostiene, además, que en Hong Kong continuó el deterioro de las libertades bajo la legislación de seguridad nacional.

La organización menciona la situación del fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, y critica la creciente presencia de contenidos de seguridad nacional en la educación, así como nuevas restricciones de acceso o tránsito en torno a edificios oficiales vinculados a ese ámbito.

En cuanto a la pena capital, AI denuncia que China siguió imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por "gran diversidad de delitos", aunque las cifras sobre su uso permanecen clasificadas como "secreto de Estado".

Las críticas van dirigidas al Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, en el poder en el país centroeuropeo durante los últimos 16 años, pero que cayó derrotado en las elecciones del pasado día 12 frente al europeísta conservador Péter Magyar.

"En un ataque directo a la Corte Penal Internacional (CPI), Hungría y Polonia se negaron abiertamente a cumplir sus órdenes de detención", señala el informe.

Hungría no arrestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país en abril de 2025, pese la existencia de una orden de detención por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

El documento de AI también critica que Hungría anunció su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.

En el plano interno el informe destaca un endurecimiento de las restricciones a la libertad de reunión tras la aprobación el año pasado de una ley que permite prohibir actos relacionados con personas LGBTI, con sanciones de hasta un año de prisión para los organizadores.

La Policía aplicó esta normativa para vetar manifestaciones, incluidas marchas del Orgullo, aunque la de Budapest se celebró sin intervención policial y con la participación de cientos de miles de personas.

El informe también alerta sobre violaciones de derechos de migrantes y solicitantes de asilo, incluidas 'devoluciones en caliente' en la frontera con Serbia, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Amnistía concluye que la combinación de todas estas políticas refleja un deterioro del Estado de derecho y de las garantías fundamentales en Hungría, un país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004.

"A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados", señaló AI en su informe anual sobre la situación de DD.HH. en el mundo.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, impulsa una política de 'paz total' con la que busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

"La mayoría de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado", señaló AI.

Amnistía Internacional lamentó que "las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras" en 2025, pese a los avances que ha habido en los diálogos de paz.

A pesar de las negociaciones de paz, AI señaló que "la violencia armada continuó en el país" con confrontaciones entre grupos armados y las fuerzas armadas, lo que se tradujo "con frecuencia en violaciones" del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, nordeste antioqueño y sur de Bolívar", precisó la organización.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), citada en el informe de AI, identificó 14 zonas de disputa entre los grupos armados en la actualidad, que son el doble de las que había en el país cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.

"De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas", agregó la información.

La situación más grave se vivió en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero de 2025 se enfrentan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 82.000 personas entre enero y septiembre.  EFE

El régimen de excepción cumplió cuatro años promovido por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), como medida contra las pandillas, lo que ha dejado más de 91.000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los derechos humanos.

"Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas", dice el informe de la ONG sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.

La organización apuntó que "el gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema", y que "se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para fiscalizar y sancionar a las organizaciones sociales".

Diversas organizaciones humanitarias han anunciado su cierre en El Salvador por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones, al considerarla "confiscatoria" de sus recursos y que impone responsabilidades penales por su activismo.

En el informe, AI también considera que "se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas".

AI retoma en el documento las detenciones de la abogados Ruth López y Enrique Anaya - ambos críticos del Gobierno de Bukele -, y del portavoz de una organización que brinda apoyo gratuito a detenidos, Fidel Zavala, quienes se mantienen en prisión. 

De acuerdo con AI, estos activistas fueron "acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas".

"Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales", según la organización Internacional.

AI da cuenta de 470 muertes de detenidos -en el marco de la medida de excepción- en custodia estatal al cierre de 2025 con "causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres.

El régimen de excepción en El Salvador cuenta con un amplio respaldo popular, que le permitió a Bukele su reelección inmediata a pesar de que lo prohibía la Constitución, mientras que investigaciones periodísticas de El Faro sostienen que la escalada de muertes que dio pie al régimen se originó por la ruptura de un pacto entre las pandillas y el Gobierno.

En su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo en 2025, AI señala que en la isla "continúa la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política" y que la labor de quienes defienden los derechos humanos "continuó siendo estigmatizada y criminalizada".

"Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales", puntualiza el documento.

Indica, además, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025.

El texto llama la atención sobre la represión a la "libertad de reunión pacífica", que indica, ha sido "reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas" no violentas.

Por otro lado, hace alusión a denuncias de "casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como prácticas recurrentes en las cárceles cubanas". "En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país", agrega.

La organización recuerda que permanecen en la cárcel personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez fonseca y Sayli Navarro, que AI clasifica como presos de conciencia.

Apunta que estos disidentes y activistas han criticado prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales y también denunciado que "recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales".

La ONG refiere, asimismo, la excarcelación anunciado en enero de 2025, con 553 beneficiados (de los que alrededor de la mitad resultaron presos por motivos políticos, según distintas ONG). AI considera que estos procesos "han estado marcados por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición".

Al abordar otros temas como el feminicidio, AI señala que continúa "sin ser considerado delito autónomo" y critica que el Estado no facilite estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de organizaciones feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

AI advierte, asimismo, que "los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación" en Cuba y "el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro".

En este sentido, recogió un informe de Food Monitor Program que señaló que cerca del 97 % de los cubanos habían perdido acceso a alimentos por la inflación y que más del 60 % destinaba entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida.

En su informe anual, AI expuso que "las amenazas y agresiones contra líderes indígenas aumentaron significativamente" en 2025, al tiempo que continuaron "las invasiones y los actos de violencia" en las regiones de rápido crecimiento del sector agropecuario.

La organización reconoció algunos avances, como la aprobación del nuevo Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, pero subrayó que el año pasado continuaron "los ataques, las amenazas y la violencia grave" contra estos, que también sufrieron "asesinatos, atentados, amenazas de muerte y casos de criminalización".

En este sentido, recordó los casos de Antônia Ferreira dos Santos y Marly Viana Barroso, recolectoras de coco babasú de 53 y 71 años, respectivamente. Ambas fueron asesinadas en noviembre pasado en Novo Repartimento, en el estado amazónico de Pará, en un contexto de disputa territorial.

Por otro lado, Amnistía se hizo eco de las acusaciones contra el Gobierno de Pará por supuestamente haber utilizado "indebidamente" la estructura del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos para espiar a líderes indígenas y comunitarios.

También citó como ejemplos extremos "el asesinato y decapitación" del joven avá guaraní Everton Lopes Rodrigues en el municipio de Guaíra, en Paraná (sur); y el homicidio del líder guaraní kaiowá Vicente Fernandes Vilhalva durante un ataque perpetrado por pistoleros contra un territorio recuperado en Mato Grosso do Sul (oeste).

AI también denunció que "la violencia policial siguió caracterizando la política de seguridad pública" en el país suramericano.

En este apartado, trajo a colación el operativo policial llevado a cabo en octubre pasado que resultó en la muerte de al menos 121 personas, entre ellas cuatro policías, en los conjuntos de favelas Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Esa acción, en la que las autoridades abandonaron parte de los cuerpos de sospechosos sin vida en una zona boscosa y que pasó a la historia como la más letal de la historia, generó "denuncias de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, violación de los protocolos de preservación de la escena del crimen y uso desproporcionado de la fuerza en una zona densamente poblada".

A la lacra de la violencia policial, Amnistía alertó de que la Justicia no suele dar una respuesta favorable a las víctimas, ya que "alrededor del 98 % de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2 % de los casos de muertes causadas por la policía llegaban efectivamente a juicio".

"La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.

AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y "grupos de civiles armados" para "reprimir, silenciar y castigar" a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron "nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos", aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.

El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad "prácticamente total por violaciones de los derechos humanos", así como las denuncias por desaparición forzada de "numerosas personas" detenidas en 2024 y 2025.

La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.

El texto señaló la "falta de avances" en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la "falta de garantía y respeto" de los derechos de las poblaciones indígenas.

Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la "devastación ambiental", así como la carencia de "datos confiables" sobre este sector.

AI recordó que en "julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos".

De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que "supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país".

El documento de AI resume la situación de derechos humanos en el mundo durante 2025, por lo que no incluye el drástico viraje del entorno venezolano tras el ataque militar de EE.UU. del pasado 3 de enero, durante el cual fue capturado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones como presidenta encargada, reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha aliviado algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, y promulgó una Ley de Amnistía por la cual han sido liberados más de 8.000 personas, cuyas identidades no han sido detalladas por las autoridades.

Rodríguez también ha impulsado reformas de hidrocarburos y minería que abrieron ambos sectores a la inversión privada y extranjera.

"Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial", resume AI.

Esa política, habitual en los últimos años en la Turquía gobernada por el partido islamista AKP, se extendió en 2025 por primera vez a gran escala a la oposición parlamentaria socialdemócrata.

"Las autoridades pusieron en marcha investigaciones y actuaciones penales contra decenas de representantes elegidos y miembros del Partido Popular Republicano (CHP) en todo el país como parte de una represión generalizada del principal partido de oposición", señala AI.

El caso más destacado es el juicio al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato del CHP a la presidencia de Turquía, que está en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción.

La detención provocó grandes protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de "fuerza ilícita, en ocasiones constitutiva de malos tratos", considera el informe.

Además, se prohibieron y restringieron mediante despliegues policiales numerosas marchas y protestas cívicas, entre ellas, eventos anuales como el Día de la Mujer el 8 de marzo, el Día del Trabajo el 1 de Mayo y la marcha del Orgullo el 28 de junio.

También hubo detenciones y encarcelamiento de activistas y periodistas vinculados a grupos cívicos de izquierda, plenamente legales, de defensa de los derechos de los kurdos y otras minorías étnicas y religiosas, agrega el informe de AI.

Continúan asimismo en prisión los exdirigentes del partido de la izquierda prokurda HDP (hoy DEM), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a varias sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de DDHH que ordenaron su puesta en libertad.

También se lanzó un juicio para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusándola de "propaganda terrorista", por haber pedido investigar la muerte de dos periodistas turcos por un ataque aéreo turco en la región kurda de Siria en diciembre de 2024, con el proceso aún sin concluir.

En el ámbito de los derechos de los migrantes, Amnistía recoge el caso de dos activistas turkmenos que fueron detenidos y posiblemente deportados, aunque se desconoce su paradero.

El informe también resalta que la violencia machista sigue siendo un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas en 2025 y otras 297 halladas muertas en circunstancias sospechosas.

Pese al sobreseimiento del legislador -aunque contestado por la Fiscalía-, nuevamente surgen dudas sobre su formación profesional y ahora, el exdecano de la mencionada universidad, Óscar Rodríguez Kennedy, aseguró que ni él ni Acevedo tienen “vela en este entierro”.

“¿Nosotros qué vela tenemos en el entierro si todo se preparó? Yo estaba obligado por la Ley 4995/2013 a firmar. Si no lo hacía, me demandaban“, mencionó.

Según Rodríguez, una persona llamada Rubén Dario Báez envió un telegrama colacionado a ambos -Acevedo y él- para intimarlos por el plazo de cinco días “para otorgarle el título bajo apercibimiento inicial, juicio contra nosotros”.

Óscar Rodríguez Kennedy reconoce su firma en el diploma de Rivas

Rivas se acercó a Rodríguez Kennedy

Otro punto que mencionó es que los certificados de estudio ya venían firmados por las autoridades anteriores y ellos simplemente recibieron el trabajo “todo hecho”, por lo que supuestamente la responsabilidad del caso “recae única y exclusivamente” en el Consejo Superior Universitario de la Sudamericana.

“Ni yo ni Euclides Acevedo tenemos vela en este entierro salvo que hemos firmado solamente el título. Lo que quiero aclarar es que a nosotros ya nos sirvieron todo hecho”, reiteró.

Como parte de su argumento alegó que la universidad también atravesó por varias mudanzas y se perdieron documentos varios, entre ellos, tesinas de derecho, pero entre esto, Rodríguez dice haber firmado aproximadamente 97 títulos de abogado, aunque estima que la institución emitió un total cercano a los 390 títulos bajo un equipo académico del que formaban parte Dora Cabañas y Nancy Barúa, según las nombró.

El exdecano también recordó que en el 2020, mientras él se desempeñaba como camarista en el Palacio de Justicia, Rivas se apersonó en su despacho para reclamar su título y en aquella ocasión, el entonces diputado supuestamente mencionó que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) le estaba “creando problemas”.

“Quiero dejar en claro en forma valiente, con el corazón valiente, a nosotros nos presentaron el pescado podrido todo hecho, hermano. No pudimos negarnos porque o sino nos sometían a una demanda judicial. La universidad se comprometía a otorgar el título respectivo; ¿Qué voy a hacer? Yo prefiero la muerte física antes que la muerte moral. Pero, ¿Quién es Hernán Rivas para presionarle a Óscar Rodríguez? (Firmó) porque había demandas en puertas en contra de Euclides Acevedo y contra mí“, sentenció a la 1080 AM.

Hernán Rivas acompaña a Peña en inauguración de ANDE en Itapúa

"Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados", informó la empresa a las 16:37 hora local (21:37 GMT), después de que a las 05:30 (10:30 GMT) había anunciado la suspensión de la operación comercial.

El Metro de Quito afirmó horas después de la suspensión de operaciones que el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central desde las 02:30 (07:30 GMT) y, que trabajaba en la recuperación y estabilización del sistema.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones, por lo que las intermitencias impedían garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio, según señaló la empresa.

"No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje", dijo el alcalde más tarde durante su programa de rendición de cuentas 'Frecuencia Quiteña'.

Agregó que se trataba de "una rara falla" y que había pedido que se presente una denuncia ante la Fiscalía, ya que el objetivo era agotar todas las posibilidades, desde posibles errores técnicos hasta eventuales actos deliberados para afectar la operación del Metro, construido por la empresa española Acciona, inaugurado en diciembre de 2023, y que ya ha superado los 140 millones de viajes.

"Los trenes podrían moverse, pero al no estar el sistema de comunicación, la recomendación técnica es 'no se muevan'. El sistema de comunicación determina dónde están las unas unidades respecto de las otras; por temas de seguridad la decisión es no activar el sistema", explicó Muñoz.

La suspensión del metro provocó problemas de movilidad en la ciudad, por lo que los usuarios tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte, que se vieron saturados.

A las 11:40 se reanudaron las operaciones en la mayoría de las estaciones, pero no fue hasta las 16:37 que se anunció que todo había vuelto a la normalidad.

Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.

El pívot francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Wembanyama, ganador del 'Rookie del Año' en 2024, era el favorito para el 'Defensa del Año' la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.

Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros 'playoffs' en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.

De igual manera, aclaró que el enfoque de la Senad no se concentra demasiado en este ámbito, aunque reiteró que totalmente abiertos a cooperar e intercambiar información ante situaciones extremas de inseguridad.

También señaló que la seguridad interna y la protección en eventos que movilizan multitudes es una prioridad que también requiere un esfuerzo interinstitucional, por lo que nuevamente sostuvo que una cooperación entre la Senad y la Policía es posible.

“Todos tenemos que estirar el carro juntos”, puntualizó.

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Investigaciones a barras

Por otra parte, Rachid también confirmó que hubo investigaciones previas que demuestran un vínculo directo entre miembros de las “barrabravas” y estructuras del narcotráfico.

Sobre esto, mencionó casos donde se detectaron redes de distribución de sustancias como pasta base, cocaína y marihuana, esto también entre presuntos miembros de facciones criminales como el clan Rotela.

En el sentido de colaborar con las autoridades para controles y una mayor seguridad dentro de los eventos deportivos, el ministro también instó que los dirigentes deportivos no deben hacerse de los “ñembotavy”, ya que según él, en algunas ocasiones existe una relación entre los gerentes y las barras para demostraciones de fuerza, entradas o votos.

“(Los dirigentes) nos tienen que ayudar también; ellos están en terreno, manejan cierto tipo de información y manejan a esas masas”, subrayó.

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"El Movimiento Nacional Libre escribió el 8 de abril al embajador de Estados Unidos en Bahamas, a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al secretario general de la Secretaría de la Commonwealth, así como a la Comunidad del Caribe (Caricom), solicitando formalmente apoyo para la observación de las próximas elecciones", precisó en un comunicado Pintard.

La OEA desplegó una misión de observación electoral en Bahamas durante las últimas tres elecciones generales y la Embajada de Estados Unidos ya aceptó participar como observadora.

"Unas elecciones libres y justas son un derecho democrático fundamental", sentenció Pintard.

Por otro lado, el líder opositor pidió la destitución del comisionado parlamentario Harrison Thompson y del escrutador Neil Campbell.

En este sentido, el primer ministro, Philip Davis, hizo un llamado a una campaña respetuosa y enfatizó la unidad nacional más allá de las divisiones políticas.

En las elecciones generales de 2021, Davis lideró al entonces opositor Partido Liberal Progresista (PLP) a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento.

A través de X, la organización detalló que la muerte de García es "atribuida a un paro respiratorio" y se encontraba en El Rodeo IV, uno de los cuatro edificios que integran el complejo penitenciario y un "centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos".

Sobre Madriz, indicó que la causa de su muerte fue "igualmente por un paro respiratorio", pero en El Rodeo III.

"Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono", sentenció.

El OVP afirmó que El Rodeo IV se suma a un "sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control".

A esto, prosiguió, se suman denuncias constantes de "maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión".

Por tanto, la organización manifestó que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez debe reparar a la víctimas, mientras que la Fiscalía y Defensoría del Pueblo "están obligados" a "investigar, proteger y garantizar derechos, no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario".

La ONG señaló que las muertes serán informadas al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el fin de que se "activen los mecanismos internacionales correspondientes".

La muestra, exhibida a un grupo de periodistas para honrar a las más de 300 víctimas que dejaron las protestas en Nicaragua hace ocho años, incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

A Ortega, de 80 años y a quien tildan de "dictador" de Nicaragua desde 2007, cuando retornó al poder tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, se le señaló de ser el principal responsable de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de al menos 355 nicaragüenses.

"Desde 2007 ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021", dijo el responsable del Programa Educación y Memoria y defensor de DD.HH. Roberto Stuart durante la presentación.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), creado por la ONU, puso a Ortega y a su esposa en la cúpula de la estructura represiva, y ambos tienen abiertos una causa penal en la Justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con esa ONG.

Murillo, próxima a cumplir 75 años, es catalogada como "dictadora" de Nicaragua desde 2021 y el Colectivo la señaló de "corresponsable" de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, por lo que fue sancionada por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Stuart, junto a la defensora de DD.HH. Wendy Quintero, explicaron que el museo es un espacio vivo para recordar, honrar y aprender, y que en el mismo reúnen historias, voces y evidencias que revelan la verdad de lo ocurrido hace ocho años en Nicaragua "para que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos" y haya justicia.

La muestra comienza con la cronología de los hechos, en la que se recuerda que a partir del 18 de abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.

Luego sigue una parte que denominan las "fases de la represión", en la que la ONG clasifica cinco etapas del "devenir autoritario de la dictadura Ortega-Murillo entre abril de 2018 y diciembre de 2025".

"Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición," indicó Stuart.

"La memoria es la base para la justicia", recordaron los defensores.

“Toda la gente de Ayolas está harta de que un sector pequeño del Partido Colorado, o a nombre de este, se beneficie, mientras que una gran mayoría está fuera de ese apoyo”, expresó

El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el fin de semana e Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

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El precandidato dijo que, si los colorados identifican una opción confiable y se sienten incluidos dentro de un proyecto que beneficie a la ciudad, podrían sumarse más allá de su afiliación partidaria. En ese sentido, destacó que la Alianza cuenta con la ventaja de que su candidato a intendente, Dennis Dioff (Yo Creo), no pertenece al Partido Liberal.

Dijo que el origen político del precandidato podría evitar el rechazo de votantes colorados que, por cuestiones ideológicas, no acompañan a candidatos liberales.

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El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el sábado 25 en la Plaza San José Mí de Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

Antes del acto central, se desarrollará una serie de reuniones con distintos sectores sociales del distrito, con el objetivo de fortalecer la propuesta política de la Alianza en Ayolas.

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Al respecto señalan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de esta noche.

La zona afectada corresponde al centro y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.

Departamentos afectados

El reporte menciona a la capital, Asunción, como uno de los territorios afectados, al igual que los departamentos de Concepción, San Pedro, centro y este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, noreste de Paraguarí, Amambay, Presidente Hayes, sur de Alto Paraguay y sur de Boquerón.

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El cantante, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana en una conferencia que el rapero ha sido acusado de asesinato y otros cargos que incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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En cuanto a dichas sueltas, Invencible se impuso sobre la larga distancia de 2.000 metros, un espectáculo que pocas veces se vive en el coliseo burrero.

El pingo al mando del experimentado jockey Alcides Coronel ya había mostrado sus cascos por el pesaje glorioso en dos ocasiones anteriores, tras los cuales vino un tropezón quedando cuarto en su última suelta. Esta vez retornó al podio 1, con lo justo, sacando “cabeza” a Eleven Reporter, en un tiempo de 2′18″53/100.

En el premio mas corto, sobre 1.200 metros, Mr. Danger se mostró guapo y veloz para ganar con Javier Portillo sobre su lomo, registrando en el cronómetro 1′14″91.

En la apertura, Lakar de la caballeriza El Legendario reprisó su actuación anterior, recorriendo ligero el kilómetro de trayecto para ver la bandera a cuadros, en un tiempo de 1′03″16.

Special Talent del stud J.C. no se quedó atrás y también hizo el “bis”, avizorando una buena jornada para Coronel, que lo llevó a la victoria en 1′04″32 para los 1.000 metros.

El Hacker del stud 8 Años también le daba a Portillo su primer triunfo del día y le hablaba del fructífero porvenir en el “17 de abril”, registrando 1′30″41 para los 1.400 metros de carrera.

Al caer el telón, la debutante en la arena de Tembetary, la yegua Ushuaia Ibiza del stud Kika subió a lo alto del tablero metálico ganando por la cabeza a Francotirador, con la precisa fusta de Juan Figueredo, “derribando” los 11 postes en 1′09″53.

"Anoche ya estuve hablando con el ministro del Interior, le dije que las sanciones tienen que ser ejemplares", señaló Peña a periodistas durante su participación en el lanzamiento del Rally del Paraguay.

Asimismo, apuntó que la APF tiene la responsabilidad de "aplicar los reglamentos" correspondientes tras los violentos incidentes en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

"Vamos a tener que ser todavía mucho más rigurosos (...), lamentamos que una fiesta deportiva haya sido empañada de esta manera", agregó el mandatario.

Esta misma jornada, el ministro de Interior, Enrique Riera, anunció que el Estado exigirá a los clubes de fútbol la venta de boletos personalizados y que se implementará de forma "paulatina" tecnología de reconocimiento facial, así como el control biométrico, para identificar a los hinchas que incurran en actos violentos.

De igual forma, el funcionario indicó que se hará "una lista definitiva" de personas con antecedentes penales que serán vetadas de los estadios.

"El tema es que no va a entrar nadie con antecedentes a la cancha, que no vaya a estar la familia sentada al lado de alguien con orden de captura que haya estado procesado por violencia doméstica, deberes alimentarios o cualquier otro tipo de delito", advirtió.

En enero de 2024, las autoridades paraguayas habían adelantado que usarían el reconocimiento facial en los estadios así como la creación de una base de datos para sancionar a los hinchas involucrados en vandalismo, sin que hasta ahora se haya completado la puesta en marcha de esas medidas.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.

Cheung aseguró que Chavez-DeRemer había realizado “una labor fenomenal” en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas.

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente NBC.

Varios funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.

Además, la investigación puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.

La salida de Chavez-DeRemer, la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó “una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,37 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron GCC (+4,37 %), Gentera (+4,09 %), Megacable (+3,64 %), Banorte (+2,61 %) y Genomma Lab (+2,61 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8,98 %.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,12 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 225 millones de títulos por un importe de 18.945 millones de pesos (unos 1.094 millones de dólares).

De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 402 cerraron con sus precios al alza, 278 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 17,67 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 7,84 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 7,44 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,5 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,49, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -2,07 %.

El Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, informó este lunes en la emisora de radio RPP que "no había mérito" para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado y añadió que se ordenó "el archivo de todo lo actuado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con el caso.

El 4 de julio de 2025, a través de un decreto supremo, el Gobierno de Boluarte aprobó el incremento del 122 % del cargo de presidente, que pasó de 15.600 soles (4.500 dólares) a 35.568 (9.900 dólares).

Un hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La formación política argumentó que el Ejecutivo de Boluarte infringió una ley que establece que la remuneración del presidente del país no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, 26.000 soles (7.500 dólares).

Pero este lunes, Gálvez indicó que "no se ha acreditado un interés ilícito" en este hecho ni se encontraron evidencias para declarar a Bolaurte y sus exministros "como presuntos coautores" de dichos delitos, porque resulta "jurídicamente imposible subsumir los hechos" en la tipificación del referido ilícito penal.

Además, tras entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público confirmó que "la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajustó estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad".

También detalló que la iniciativa de aumentar el sueldo presidencial inició en marzo de 2024, y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, con lo cual se "desvirtúa la presunta celeridad o preferencia" de dicho procedimiento administrativo "y le resta credibilidad al hecho denunciado".

"Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado", dijo el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en la firma del documento.

En la ceremonia celebrada en la Cancillería chilena, en pleno centro de la capital, con autoridades de ambos países, Pérez Mackenna añadió la voluntad del país sudamericano en "generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones".

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

"Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos", subrayó el secretario de Estado.

Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, "lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos", recalcó.

Estados Unidos, por su parte, suscribió el pasado febrero acuerdos sobre minerales críticos con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por ambos países el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia el ultraconservador chileno José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar "mecanismos de financiamiento" para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera chilena de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados "críticos" por Washington, y China, su principal comprador.

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

La participación del país sudamericano en el mercado de tierras raras es, sin embargo, marginal.

Para gestionar estos viajes y experiencias se lanzará una plataforma digital, según anunció enuna conferencia de prensa el ministro de Turismo, Pablo Menoni, tras un Consejo de Ministros en el que informó al resto del gabinete sobre la puesta en marcha de esta iniciativa.

Según explicó el secretario de Estado, esta política beneficiará a "personas que no han sido ni siquiera tenidas en cuenta como sujetos de derecho al turismo", el cual es considerado "como un derecho humano" para el Gobierno de Yamandú Orsi.

Menoni detalló que estas políticas de turismo social podrán ser sostenibles en el tiempo gracias al compromiso del sector privado y añadió que también cuentan con un "reflejo presupuestal", dado en la última Ley del Presupuesto, con 20 millones de pesos para este año.

Los primeros beneficiarios serán 150 usuarios a quienes en mayo se les asignará el 100 % del subsidio.

Lo que tienen en común los beneficiarios es que todos perciben ingresos menores a 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que en el mes actual equivalen a más de 20.500 pesos uruguayos (aproximadamente 515 dólares).

En un siguiente escalón estarán aquellos que perciben ingresos de entre 3 y 6 BPC (hasta 1.036 dólares), a quienes se les asignará un subsidio del 40 %.

Además, quienes perciban entre 6 y 10 BPC (hasta 1.727 dólares) serán subsidiados con un 20 %.

"Esencialmente lo que nosotros pretendemos es que se pueda disfrutar de una estadía de dos noches más transporte, más gastronomía, más experiencia", lo que se estima en 10.000 pesos por persona, resumió Menoni.

En 2025, el turismo explicó cerca de la mitad del crecimiento del producto interno bruto de Uruguay y representó alrededor del 6,2 % de la actividad económica, generando más de 120.000 puestos de trabajo, según datos recogidos por la Cámara Uruguaya de Turismo.

Solo en la temporada de verano, en el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según consignó el Ministerio de Turismo.

La decisión fue comunicada por el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, quien rechazó las disculpas que dio Puente luego que el Ministerio de Cultura pidiera la semana pasada la intervención de la Fiscalía, que ha iniciado investigaciones preliminares del caso.

"Son expresiones inaceptables, que ahora asuma las consecuencias de lo que ha dicho. No se trata de faltar el respeto y decir 'le pido disculpas, me he excedido'. Mala suerte. No aceptamos disculpas. Está entrando una denuncia penal y que asuma su responsabilidad en el Ministerio Público", declaró Pantoja a la emisora RPP.

La Fiscalía de Perú abrió el pasado jueves una investigación preliminar contra Puente por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, tras haber realizado comentarios racistas durante una transmisión en vivo en redes sociales luego de que se conociera que el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones andinas como Ayacucho, Puno y Cusco, en el sur del país, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro", según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP (Juntos por el Perú, el partido de Sánchez) gane "te va a construir tu casa". "Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría (Abogacía) pondría en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos "los presuntos actos de discriminación racial" para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana" y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

El alcalde del Cusco precisó que la Procuraduría Municipal será la encargada de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y anunció que, como medida adicional, se ha declarado a Puente "persona no grata" en la antigua capital del imperio de los incas.

La también delantera de Colo Colo, de 23 años, fue destacada por su actuación con La Roja femenina en la victoria de Chile por 3-1 ante Uruguay por la Liga de Naciones, clasificatoria al mundial de Brasil 2027, y terminó convirtiéndose en un nuevo caso de discriminación en el fútbol chileno.

La nacida en Cauca, Colombia, fue denigrada por su raza en múltiples comentarios registrados en el posteo de Instagram y rechazada como representante de Chile, país al que llegó con 11 años y que le dio la nacionalidad en 2021.

"Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país y a nivel de club", expresó al medio chileno BioBio, Javiera Moreno, presidenta del sindicato.

La deportista fue elegida en 2025 como la mejor jugadora de la liga femenina chilena y la dirigente también destacó su "calidad humana".

"Lo demás, el racismo y el ataque de bots, no tiene cabida y está muy por fuera de los valores del deporte", añadió.

El ataque a Valencia se suma al episodio de gritos xenófobos, ocurridos en febrero pasado, cuando hinchas del chileno Huachipato insultaron a jugadores del venezolano Carabobo, durante un partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de la zona central del país sudamericano fue sancionado por la Conmebol, que abrió un expediente a raíz de la denuncia pública en redes sociales de uno de los jugadores del conjunto venezolano y de su entrenador en conferencia de prensa.

Este lunes llegó a Panamá extraditado desde Venezuela el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, acusado de hacer estallar en julio de 1994 el vuelo de Alas Chiricanas causando la muerte de todos sus ocupantes, lo que se traduce en un "avance significativo en el proceso" de investigación, como afirmó en marzo pasado la Cancillería panameña al anunciar la extradición.

Esto es lo que se sabe de este atentado, cuya investigación se reabrió en agosto de 2019:

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, en el Caribe panameño, a unos 80 kilómetros de la capital. La explosión provocó que la aeronave se estrellara, sin dejar supervivientes.

En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos. También fallecieron tres ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía de Panamá ordenó el 31 de octubre de 2005 extraer muestras de ADN antes de enterrar los restos del ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal, identificado como terrorista suicida que hizo estallar la bomba en un avión.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El 29 de octubre de 2024, la Embajada de EE.UU. en Panamá indicó que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de ese país había concluido que Hizbulá fue responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

La Embajada de EE.UU. en Panamá informó en octubre de 2024 que el programa Recompensas para la Justicia del Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio información que llevara a los responsables del atentado.

Ali Zaki Hage Jalil es un ciudadano colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita.

Al confirmar la detención, la Cancillería panameña expresó en noviembre de 2025 su "profunda preocupación" ante la información sobre la presencia y residencia "en total impunidad de un individuo -en la República Bolivariana de Venezuela- vinculado al atentado terrorista" de la voladura del vuelo de Alas Chiricanas.

Israel celebró en marzo pasado la aprobación de la extradición y señaló que el avance podría arrojar luz sobre los vínculos del atentado con Hizbulá.

"Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero", afirmo el pasado 29 de marzo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El atentado en Panamá tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Messi abrió el marcador el sábado desde el punto de penalti y metió el gol de la victoria en el minuto 79 con un impresionante tiro a la escuadra, en el que supuso el estreno del nuevo entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, tras la abrupta salida de Javier Mascherano.

Es la decimocuarta ocasión en que el delantero recibe este reconocimiento, y la segunda esta temporada.

La leyenda de Los Angeles Galaxy, el estadounidense Landon Donovan, tiene el récord absoluto con 19 designaciones en más de una década de militancia en la MLS.

Messi suma siete goles en lo que va de liga, en la que aspira a ganar su tercer MVP consecutivo.

El argentino llegó a la MLS en el verano de 2023 y ha sumado un título por temporada con el Inter Miami. Primero llegó la Leagues Cup en 2023, le siguió el Supporters' Shield en 2024 y el año pasado levantó la MLS Cup.

El Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 15 puntos, cuatro menos que el Nashville, tras un inicio irregular de año que se saldó con su eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la inauguración estarán presentes el embajador indio en Bogotá, Shri Vanlalhuma; la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, y el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, entre otros invitados y representantes de la Cámara Colombiana del Libro.

La FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, girará en torno al silencio como espacio de escucha y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas dedicados a la India.

La delegación del país asiático está compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de India.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela 'El legado de la pérdida', lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

Esta nueva edición de la FilBo busca descentralizar el encuentro y "llevar la literatura a todos los rincones de la capital" colombiana expandiéndose a más de 30 espacios culturales, bibliotecas públicas y centros de formación CREA.

La ministra de las Culturas afirmó que Colombia debe ser reconocida por su diversidad cultural, la riqueza de su literatura y las múltiples expresiones de comunidades indígenas, y no así únicamente por su historia de conflicto armado.

La Universidad Nacional de Colombia, por su parte, reunirá a 230 participantes y presentará más de 100 eventos y 120 novedades editoriales, entre las que destaca la reedición de la obra completa de León de Greiff y la llegada del escritor senegalés Boubacar Boris Diop.

Entre tanto, la editorial Planeta será parte de la FilBo con 51 autores colombianos que presentan por primera vez sus obras, como parte de una apuesta de la firma "por el talento emergente dentro de la industria editorial nacional".

La feria reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra 'El imperio eres tú', también participará en el encuentro literario.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), jugó un papel importante en la defensa de los derechos de los campesinos y en la lucha por la tierra y la justicia.

En la época de la represión del régimen stronista en la denominada Pascua Dolorosa de abril de 1976, fue uno de los principales objetivos debido a su condición de líder y fundador de la LAC.

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Llegó a ser torturado y herido con arma de fuego como represalia por su lucha opositora a la dictadura.

En ese contexto, Constantino Coronel mencionó que fue un hecho de crueldad que no se puede contar en simples palabras, porque miles de compatriotas fueron torturados, ejecutados y algunos desaparecidos, sin paradero hasta la fecha.

“Fue un acontecimiento que no se puede traducir en simples palabras, pero fue uno de los más importantes porque la civilidad de quienes tienen conciencia de amor al pueblo y que han hecho su entrega para defender sus ideales son y serán recordados por siempre, y de que la resistencia paraguaya existió, existe y seguirá existiendo por el bien de una nación”, señaló Coronel.

Asimismo, mencionó que tener conciencia de lucha y defender la vida les costó muy caro, ya que esos ideales estaban en contra del régimen dictatorial y eso detonó la represión más cruel de la historia, denominada la Pascua Dolorosa.

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“Donde costó la vida de muchos hermanos nuestros, como también la desaparición de otros, de los cuales hasta la fecha no se sabe su paradero. Fueron más de tres mil personas detenidas en Misiones, quienes fueron torturadas de todas las formas posibles”, agregó.

Coronel recordó cuando fue detenido en la madrugada del 5 de abril de 1976.

“Esa madrugada fue asaltada mi casa; en ese momento había siete criaturas durmiendo en la casa y, de repente, escuchamos los disparos de las metralletas por todos lados, lo cual, gracias a Dios, no alcanzó a ninguno de mis hijos, pero a la mañana siguiente juntaron los casquillos de las balas, encontrando una cantidad considerable”, relató Coronel.

Fue encarcelado primeramente en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital del país, donde sufrió tormentos por parte de Pastor Coronel; posteriormente, pasó a guardar prisión en Emboscada durante cinco años, donde también fue torturado diariamente, indicó.

Constantino Coronel fue liberado en el año 1981, lo cual fue posible tras la intermediación de Amnistía Internacional, organización que logró que fuera trasladado directamente de la cárcel al aeropuerto internacional, en ese entonces llamado “Aeropuerto Internacional Presidente Stroessner”, hoy Silvio Pettirossi, para partir al exilio..

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Coronel fue exiliado a Washington D. C., Estados Unidos. A su llegada a la capital norteamericana, estudios médicos revelaron que tenía esquirlas de bala alojadas entre el cráneo y el cerebro, resultado del ataque que sufrió durante su captura en abril de 1976.

Señaló que estuvo exiliado por 10 años y que, a su regreso, fue muy difícil, ya que sufrió el rechazo social por mucho tiempo, junto a su familia.

Este procedimiento busca un proceso ordenado, transparente y ajustado a la normativa, asegurando que los insumos lleguen a los pacientes bajo un marco legal estricto.

Requisitos documentales y legalización

Para que un tercero pueda realizar el trámite, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

• Autorización certificada: El documento debe estar certificado por escribanía. En caso de que el paciente no pueda firmar, el escribano actuará conforme a derecho para validar el proceso.
• Gestión de la documentación: Se debe presentar una fotocopia simple de la autorización. El original quedará en el Centro de Atención Directa, y el autorizado recibirá una copia con el sello de recibido para sus gestiones.
• Uso de poderes: Si se utiliza un poder legal, se deberá presentar una copia autenticada del mismo.
• Designación y enrolamiento: Cada paciente puede designar hasta dos personas autorizadas (mayores de 18 años). Es obligatorio adjuntar fotocopias de las cédulas de identidad de todos los involucrados, quienes además deben estar previamente enrolados en el sistema para registrar la autorización.

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Aspectos críticos para el retiro

Al momento de presentarse en la farmacia, los autorizados deben tener en cuenta las siguientes exigencias:

• Identificación física: Se requiere la presentación de la cédula de identidad original y vigente (en formato físico) tanto del paciente como del autorizado. Solo en excepciones específicas se aceptará una fotocopia autenticada del documento del paciente, previa firma de un respaldo administrativo.
• Garantía de cadena de frío: Para medicamentos refrigerados, el autorizado tiene la obligación de presentar una conservadora o bolso térmico con hielo. Esta medida es innegociable para asegurar la integridad y eficacia del tratamiento.

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Para una mejor organización de los asegurados, el hospital recuerda que la atención se realiza de lunes a viernes de 06:00 a 21:00 y los sábados de 07:00 a 13:00.

El hecho se produjo sobre las 07:30 hora local (12:30 GMT) en el Puente de la Unidad Nacional, que une a los municipios de Durán, Samborondón y Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que un hombre está acostado en el puente junto al vehículo en el que iba la mujer, aparentemente luego de dispararle. Minutos después se levanta, camina hacia un auto blanco y se va.

La víctima fue identificada como Solange Arellano, funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), institución que horas después indicó que, con base en la información preliminar recabada, se descartaba que el asesinato haya estado relacionado con su trabajo o con el proceso de intervención que el Gobierno lleva a cabo en varias entidades de esa ciudad, en las que supuestamente estaba infiltrado el crimen organizado.

Posteriormente, el general Walter Villarroel, comandante policial de la Zona 8, que comprende los tres municipios, señaló que el crimen fue cometido por el sargento Ecuador Castro y que la víctima era su esposa.

El jefe policial añadió que tras conocer del crimen, realizaron un seguimiento al auto en el que se movilizó el sospechoso y llegaron hasta una casa ubicada en el norte de Guayaquil.

Cuando los policías estaban ingresando a esa vivienda, que aparentemente era de la madre del hombre, escucharon unos disparos y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del sargento.

Villarroel agregó Arellano y Castro tenían una hija en común, que quedó en la orfandad, y que las unidades investigativas estaban trabajando para conocer más detalles del caso, que se maneja como feminicidio.

Entre enero y el 15 de marzo se registraron 78 feminicidios en el país, de acuerdo a datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que agrupa a doce organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

"Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

Qalibaf afirmó que Irán no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza" y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha "preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla".

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

Por la parte iraní, el portavoz de Exteriores del país, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes. El presidente Masud Pezeshkian denunció que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que "los iraníes no se someten a la fuerza".

Sus declaraciones fueron vertidas tras un acto oficial en la ciudad de Encarnación, donde acompañó al presidente Santiago Peña en un día de Gobierno.

En otro momento Alliana indicó que se realizarán mediciones pero la decisión se tomará en equipo. “Vamos a hacer algunas mediciones, yo no sé el mecanismo, a mí me dio la potestad (Horacio Cartes) de que yo pueda elegir, yo quiero compartir y tomar la decisión junto con el equipo comando, no quiero hablar de eso. Tengo bien acordada mi hoja de ruta, me voy a abocar lo que es mi función como Vicepresidente de la República, luego estaremos trabajando seguramente por la candidatura, de la lista 1 a las elecciones municipales y no hay ningún apuro”, manifestó el segundo del Poder Ejecutivo.

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Posibles precandidatos

Consultado sobre los probables precandidatos a vicepresidente por HC, Alliana citó al senador colorado cartista Derlis Maidana. “Le manifesté también mi cariño y aprecio por Maidana”, contó.

Alliana también citó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el ministro de la Vivienda y senador con permiso Juan Carlos Baruja.

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La semana pasada elogió al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Otros posibles postulantes a la Vicepresidencia, se citan a César Luis “Cesarito” Sosa, actual gobernador de Guairá.

Los soldados se estaban enfrentando a miembros de los Comandos de Frontera -que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz- cuando fueron atacados con drones cargados de explosivos.

En el ataque murieron los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos.

Los lesionados "fueron atendidos por enfermeros de combate y serán evacuados de la zona hacia un centro médico de Pasto", capital del departamento de Nariño (suroeste), en el que está ubicado Ipiales.

"Este comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil", agregó el Ejército.

En marzo pasado, la CNEB aseguró que su proceso de paz con el Gobierno colombiano está en "estado crítico" tras la muerte de uno de sus negociadores en un supuesto ataque del Ejército, aunque el Ministerio de Defensa dijo no haber realizado operaciones contra ese grupo armado.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, de abandonar las negociaciones de paz, se separó de ese grupo.

Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese hecho.

Como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno fueron destruidas en octubre pasado 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.

El funcionario hizo la acusación a raíz de los cánticos de "¡Fuera la mona!" que profirió un grupo de personas en referencia a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, al inicio de un acto el sábado en Madrid de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también rechazó ese calificativo.

Durante un encuentro con militantes chavistas en el estado Bolívar (sur), el diputado señaló que "esa gente" fue "convocada por los partidos extremistas en España", pero solo mencionó Vox, así como por los "cachorros que esos partidos tienen aquí en Venezuela".

"Fueron convocados a ese acto y pusieron a gente allí a insultar y a dar expresiones de racismo, pero justamente los de ese partido Vox, a los venezolanos que están allá, y a los africanos que están allá, y a los asiáticos que están allá, les dicen monos, les dicen negros, sudacas, moros", expresó Jorge Rodríguez en el acto con motivo de la peregrinación convocada para rechazar las sanciones extranjeras que pesan contra el país.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmó este lunes que entiende "todos los cánticos" contra la presidenta encargada venezolana, incluidos los que la tildaron de "mona".

Cientos de mujeres chavistas protestaron este lunes en Caracas contra los comentarios racistas hacia la mandataria y anunciaron que recogen firmas para denunciar este hecho ante la Embajada de España en Venezuela.

El domingo, el Gobierno chavista tachó de racismo el grito de "¡Fuera la mona!" que se escuchó en el acto, durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y se disculpó este lunes.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien acusó a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas durante su visita a Madrid, aseveró este lunes que el racismo no tiene cabida: "Eso no se puede aceptar".

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza".

En CDE, Prieto lanza candidaturas y advierte sobre posibles ataques políticos: “Intentarán ensuciarnos”

“Instamos a los dirigentes que no entienden que el compromiso y lealtad con el PLRA deben estar por encima de los proyectos e intereses personales, a ser sinceros consigo mismos y con la gente, presentando su renuncia al partido como algunos lo han hecho”, aseveró.

Miguel Prieto inicia gira nacional en Cordillera para reforzar alianzas con liberales y opositores

Desde el PLRA indicaron que el criptico mensaje del titular partidario fue un repudio a la participación de los senadores Salyn Buzarquis y Ever Villalba en el acto de lanzamiento de Miguel Prieto, aspirante a la intendencia de CDE en 2026 y a la presidencia de la Repúblcia del 2028. Prieto respalda la reelección como intendente de Dani Mujica (Yo Creo).

El cuestionamiento de Fleitas radica en que el Directorio del PLRA bajó línea de apoyo a una alianza con el Partido Cruzada Nacional, liderada por Paraguayo Cubas. La aspirante oficial del PLRA para la intendencia de Ciudad del Este es la concejala María Portillo.

Fleitas sostuvo que los liberales deben entender que el 7 de Junio los afiliados también van a elegir autoridades partidarias. Dijo que el pedido de renuncia se da por el respeto que merece “la centenaria institución, a su historia, a sus 138 años de lucha, a tantos hombres y mujeres que han dado hasta su vida por mantenerla vigente”.

“Los vendiditos no me van a hacer callar”

Ever Villalba no respondió las críticas. A su turno Buzarquis lanzó diversos videos en sus redes sociales respondiendo a los ataques por su participación en el acto de Yo Creo.

Buzarquis repudió que pidan su sanción y expulsión del PLRA por asistir al acto de Miguel Prieto y que saquen de contexto que es la tercera vez que apoya a un candidato no liberal. Acusó a sus correligionarios esteños de “vendiditos” al cartismo.

“¿Por qué no cuentan que la primera, segunda y tercera vez para la gobernación demasiado liberales gua’u eran y se fueron hasta el final para dividir los votos de la oposición recibiendo plata de los colorados?”, cuestionó Buzarquis.

“Pegarle un manotazo a las arcas del Estado por ser liberal nomás no te da derecho. Y algunos están muy cómodos siendo eternos perdedores y eternos opositores gua’u pero son funcionales al partido colorado. Esa gente no me va a hacer callar”, dijo en alusión a la dirigencia liberal esteña que respalda al Clan Portillo.

Señaló que Prieto ganó porque la gente se cansó de la cúpula del Clan Zacarías Irún y de “algunos liberales”. Agregó que el voto castigo a los liberales también se impulso contra los diputados de Alto Paraná cuya cifra bajó considerablemente.

“Soy liberal, pero por encima está el Paraguay y yo voy a unir a la oposición, le guste o no les guste a los vendiditos”, aseveró.

En un comunicado, Amazon explicó que ya ha invertido 8.000 millones en Anthropic, la empresa creadora del modelo Claude, pero hoy invertirá 5.000 millones más y planea sumar hasta 20.000 millones adicionales "en el futuro, vinculados a ciertos hitos comerciales".

Anthropic indicó en una nota propia que el nuevo acuerdo profundiza su alianza y asegura "hasta 5 gigavatios (gw) de capacidad para entrenar y desplegar Claude" utilizando los chips para IA desarrollados por Amazon, llamados Trainium, y los procesadores Graviton.

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, destacó que sus chips tienen una gran demanda porque ofrecen alto rendimiento a bajo coste, y se congratuló de que Anthropic se haya comprometido a usar su chip para usar sus modelos a largo plazo.

El gigante del comercio electrónico prevé unos ingentes gastos en capital relacionados con la IA este año y en febrero anunció una inyección histórica de 50.000 millones para OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, en medio de una creciente tendencia a los acuerdos circulares en el sector.

Por su parte, Anthropic, que fue creada por antiguos empleados de OpenAI, ha lanzado recientemente una nueva versión avanzada de Claude, Mythos, restringida solo a grandes empresas por su riesgo para la seguridad global, así como Opus 4.7, para público y empresas en general.

Con la nueva inversión de Amazon, que puede sumar hasta 25.000 millones, la empresa de IA refuerza su financiación cuando se espera que salga a bolsa a finales de este año con una valoración en rondas privadas en torno a 800.000 millones de dólares, según medios especializados.

Anthropic, además, está en el punto del mira del Gobierno de Estados Unidos, que catalogó sus tecnologías como un riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro al negarse a aceptar todas las condiciones de un contrato con el Departamento de Defensa.

“Sabemos que desde comienzos de marzo empezamos a tener una suba del precio de los combustibles en general por un conflicto bélico en Medio Oriente. Eso necesariamente, más tarde o más temprano, iba a impactar en el costo de la de la tarifa y eso también se traduce en un aumento de precio de pasajes”, señaló.

Angulo remarcó que las empresas permisionarias bajo la órbita de Dinatran no reciben subsidio del Estado, a diferencia del sistema de transporte del Área Metropolitana, razón por la cual, un aumento en los combustibles desemboca indefectiblemente en la variación de los precios de pasajes.

“Cuando aumenta una de las variables, en este caso una de las principales como es el combustible, lastimosamente nos obliga a tomar este tipo de reajuste. Es un informe y es un decreto que nadie quiere firmar”, dijo.

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¿Qué hacer ante posibles casos de sobrecosto?

Angulo indicó que los nuevos precios fueron difundidos a través de un Decreto Oficial y canales de la Presidencia y Dinatran. En ese sentido, anunció una campaña de socialización para que la información sea accesible para los usuarios.

“No puede poner un precio por encima de lo que establece el decreto y la reglamentación. No pueden cobrar más o menos. Por ejemplo, el servicio diferencial removido Asunción-Coronel del Oviedo estaba en G. 41.200 y subió a G. 45.600. El servicio directo, que es sin escala, sin frenar, que no sea removido, tiene otro precio (...) O sea, si cobran por encima de 45.600, por favor, le invitamos que nos digan cuál es la empresa”, manifestó.

Ante denuncias de sobrecostos, afirmó que existen mecanismos de control y sanción. Para ello, los pasajeros pueden recurrir a los siguientes mecanismos:

• Denunciar en el portal web de Dinatran
• Reportar el caso en puestos de control o en la Estación de Buses
• Aportar datos que ayuden a identificar la empresa infractora: foto del ticket; hora y tramo del viaje

Cómo se define corta, media y larga distancia

La discusión expone una zona gris frecuente para el pasajero: qué recorridos caen bajo Dinatran y cuáles pertenecen al esquema regulado por el Viceministerio de Transporte. Según Dinatran, las categorías están definidas por normas específicas: la Ley Nº 1590/00 que crea la institución y la Ley N° 7617 que establece la rectoría sobre el transporte terrestre.

Aunque en términos de kilometraje, el vocero explicó que desde 100 kilómetros se considera media distancia y a partir de 200 kilómetros correspondería larga distancia.

“Te pongo un ejemplo, la ciudad de Paraguarí está dentro del área de 50 kilómetros de la ciudad de Asunción, pero no forma parte del Área Metropolitana porque no está dentro de la ley que define el Área Metropolitana de Asunción”, añadió.

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Tarifas distintas para un mismo trayecto

Una de las situaciones que más confusión genera es la coexistencia de servicios que ingresan al Área Metropolitana con esquemas tarifarios distintos entre Dinatran y el Viceministerio de Transporte. En la lista difundida por Dinatran aparece, por ejemplo, Fernando de la Mora con un precio de G. 4.100.

Angulo explicó que existen permisionarias que entran al Área Metropolitana y por eso aparece ese precio en su cuadro, pero difiere del sistema del VMT teniendo en cuenta que la base tarifaria se calcula desde distintas cabeceras y reiteró que las empresas de Dinatran no están subsidiadas.

En el marco de la conmemoración del 420, fecha emblemática para los movimientos a favor de la regulación del cannabis, colectivos especializados en políticas de drogas, salud pública y derechos humanos entregaron a la Mesa Directiva del Senado una bolsa simbólica de semillas para exigir que se retome, con carácter prioritario, la agenda legislativa pendiente.

“Reactivar esta agenda no sólo implica atender una deuda legislativa pendiente, sino asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social que ya existe”, señaló Zara Snapp, directora del Instituto RIA, una de las organizaciones firmantes del posicionamiento.

Los colectivos destacaron que el Mundial de Fútbol 2026 -que México organiza con EE.UU. y Canadá- hace urgente que el país tenga reglas claras sobre el cannabis, debido a la llegada de visitantes con distintas culturas de consumo.

En ese sentido, consideraron necesario fortalecer al Estado para informar, prevenir riesgos y manejar posibles situaciones relacionadas con el consumo.

"Con el Mundial 2026, México tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que es un país que cuida a sus ciudadanos y a sus visitantes. Una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y manda un mensaje contundente: México no le teme al futuro, lo construye”, señaló Luis Fernando Campos, de Educannabis.

El llamado ocurre en un contexto en el que México continúa sin una ley integral, pese a que la Suprema Corte reconoció en 2018 el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis.

Desde entonces, el Congreso no ha aprobado un marco que ordene la producción, distribución y consumo, lo que ha derivado en un escenario fragmentado, con más de 12.000 autorizaciones sanitarias y amparos para cultivo, así como puntos de tolerancia en Ciudad de México y decenas de establecimientos que comercializan productos derivados sin regulación clara.

Entre los beneficios de una regulación integral, las organizaciones mencionaron el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos formales, la inclusión productiva de comunidades rurales, mayores ingresos fiscales y políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos y daños.

La discusión sobre la cannabis ha permanecido congelada en el Senado durante varios periodos legislativos, pese a que México fue uno de los primeros países de la región en abrir la puerta al autoconsumo mediante resoluciones judiciales.

Las organizaciones entregaron un documento a la titular de Oficialía de Partes del Senado mexicano, Aracely García, como parte del llamado urgente a retomar la agenda legislativa sobre cannabis.

El anuncio se dio luego de reuniones en el Club de Banqueros y el Palacio Nacional de una delegación estadounidense liderada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el Gabinete Económico, que encabezó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A su salida, Ebrard, dijo que tras los encuentros realizados en Ciudad de México, que incluyeron reuniones con las industrias del acero y automotriz y mesas con organismos empresariales, la siguiente etapa serán ya las negociaciones formales.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”, afirmó.

Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga al tratado como un acuerdo de libre comercio, en medio de la política restrictiva qué ha empujado el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

En la misma línea, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que las empresas plantearon a la parte estadounidense la importancia de la integración regional y reiteraron que en México no quieren aranceles.

Aunque describió la posición de Washington como “dura”, también señaló que hubo disposición a escuchar y que las conversaciones avanzan.

En tanto, la presión empresarial también quedó marcada por las firmas estadounidenses instaladas en México.

El presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, Óscar del Cueto, dijo que llevaron a la mesa un documento con propuestas de 24 sectores y más de 1.200 empresas, con la idea de que la revisión sea “rápida, sencilla” y permita seguir invirtiendo en el país, de modo que México tenga un trato preferencial frente al resto del mundo.

Detrás del debate arancelario asoma una discusión más profunda, toda vez que, tanto el Gobierno mexicano como los empresarios coincidieron en que la revisión del T-MEC también pasa por rediseñar cadenas de suministro, elevar el contenido regional y sustituir importaciones provenientes de Asia.

Ebrard resumió esa visión al señalar que lo que hoy llega desde Asia se pueda hacer "entre los dos países lo más pronto posible”.

Como parte de esa estrategia, el empresariado mexicano también busca vender en Washington una narrativa distinta: la de México no solo como exportador, sino como inversionista y generador de empleo en Estados Unidos.

Medina Mora puso como ejemplo a Grupo Bimbo, con 60 plantas y 22.000 empleos en ese país, para mostrar el grado de integración productiva entre ambas economías.

"Desde entonces, no existe información oficial sobre su paradero", señaló la organización en una publicación en X.

Luego de siete años, prosiguió el OVP, el Estado venezolano no ha ofrecido respuestas, no ha garantizado una fe de vida y tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido.

La ONG recordó que la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma, "considerando además que durante este tiempo el Gobierno ha protegido a los responsables del hecho".

Asimismo, exigió al Gobierno de Delcy Rodríguez dar una respuesta oportuna, clara y verificable a Beatriz Salas, madre de Marino, quien durante todos estos años ha exigido saber dónde está su hijo sin recibir información oficial.

"Frente a esta realidad, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de actuar conforme a su mandato constitucional y no seguir como mudos y sordos frente a un caso de extrema gravedad", subrayó.

De acuerdo a medios locales, Hugo Marino llegó el 20 de abril de 2019 a Venezuela, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para pasar unos días con su familia.

Desde ese momento se desconoce el rastro del economista que dedicó parte de sus actividades a la investigación submarina y localización de aparatos siniestrados.

El portal de investigación Armandoinfo relató que aunque Marino nunca se identificó como militante de algún partido político, no ocultó su interés en los acontecimientos de Venezuela.

Durante 2019 y hasta su desaparición, prosiguió el medio, el economista compartió mensajes en apoyo al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino para ese entonces en medio de denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro un año antes.

El pasado 21 de marzo, la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente excarcelados, indicó que expusieron casos de desapariciones como la de Marino, así como la de Alcedo Mora, Víctor Quero Navas, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, a la comisión parlamentaria que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.

El hecho dejó al menos una docena de heridos, entre los cuales varios agentes de la Policía Nacional debieron ser derivados a centros asistenciales por la gravedad de sus heridas.

El fiscal de flagrancia de Uruguay, Fernando Romano, encargado de la seguridad de eventos deportivos, contó que en el país oriental decidieron que los partidos de alto riesgo, como los clásicos entre Nacional y Peñarol, se jueguen sin público visitante, a fin de disminuir los hechos de violencia. Sin embargo, lamentó que no existe una solución para la violencia.

“No hubo solución desde el punto de vista de que la violencia pudiera pararse, más bien fuera de los estadios. Dentro de los estadios no han ocurrido esos hechos. Salvo un clásico famoso que se conoce como el clásico de la Garrafa, tuvo incidentes importantes en la tribuna de Amsterdam donde se suspendió el partido, pero eso hace ya años. Y bueno, no no se han encontrado soluciones”, acotó.

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Lista de vetados

Contó que en Uruguay también cuentan con la identificación de personas que tienen prohibido el ingreso a los estadio de fútbol debido a los antecedentes por violencia o violar medidas de seguridad para el ingreso a los estadios, pero esto tampoco evitó tanto el ingreso de estas personas, como los hechos violentos.

Incluso en Uruguay cuentan con cámaras de reconocimiento facial y si bien han ayudado, tampoco erradicaron el problema porque siguen ingresando quienes figuran en la lista de impedidos.

“El último clásico que se jugó en el Estadio Centenario en las finales del intermedio del año pasado, la tribuna de Peñarol en la Luna Colomés ingresó una pirotecnia y hubo un hecho muy lamentable que uno de los fuegos artificiales impactó en un funcionario policial que estaba en la tribuna América”, relató.

Agregó que si bien bastante tiempo después identificaron al autor y fue formalizado, todo el ingreso de la pirotecnia fue impresionante y que en su momento el presidente de la Comisión Administradora de Field Oficial (CAFO), que es la que administra el Estadio Centenario, manifestó que no podía haber ningún miembro que hubiera colaborado, pero después se comprobó que efectivamente hubo colaboración.

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Investigar crimen organizado

Opinó que en su experiencia, se debe hacer un trabajo policial de inteligencia junto con la Fiscalía que investigue el crimen organizado, ya que hay barras que están organizadas para el cobro de peajes, de estacionamientos, o directamente vinculadas también al crimen organizado y el tráfico de armas.

“Todo eso se mezcla en el fútbol y en las barras particularmente, donde hay presiones a los dirigentes, hay presiones a los jugadores, hay presiones a entrenadores. Yo creo que es un tema complejo que no se resuelve pensando que se sale como se salió en la Liga Inglesa. En Inglaterra los precios de las localidades se controló por eso y no significa que afuera los Hooligans no sigan peleando”, detalló.

Insistió en que uno de los elementos que incide es la impunidad con la que se manejan las barras organizadas.

Los universitarios fueron formalizados ante la Fiscalía Regional de Los Ríos en calidad de autores por insultar, empujar y rociar con agua a Lincolao, mientras salía escoltada del campus donde se encontraba participando en la apertura del año académico, tras toparse con un grupo de jóvenes manifestantes que la agredió, según vídeos difundidos en redes sociales.

Los implicados son acusados por el Gobierno chileno, que había pedido prisión preventiva, y por el Ministerio Público, que solicitó arresto domiciliario nocturno, pero fue desechado y el juez añadió la prohibición de acercarse a la víctima y presentarse ante el juzgado cada quince días por los próximos 120 días que dio de plazo para la investigación.

"Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza", declaró la fiscal Alejandra Navalón.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología.

"Me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos", señaló Lincolao a la chilena Radio Infinita.

La ministra añadió que el caso "es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no".

La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por su parte, señaló que están "conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas bajo la violencia, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia".

La agresión fue condenada de manera transversal por todos los sectores políticos y se produjo en medio de una preocupación creciente por el aumento de casos de violencia en las escuelas.

La misma semana del ataque, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que ya está siendo discutido en el Parlamento y que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.

"No voy a descansar hasta que cada venezolano, cada venezolana, se sume a la peregrinación (...). Todos en unión nacional en un solo clamor, en un solo canto que es el fin de las sanciones para nuestra patria", dijo Rodríguez durante una visita en una escuela de Caracas.

En una transmisión del canal estatal VTV, la mandataria aseguró que el pasado domingo, en el primer día de la peregrinación, la gente se "volcó a las calles en oración, en canto, en conversación" en un momento en el que, añadió, Venezuela "dialoga por un fin común", que es el cese de las sanciones.

"Estamos ahorita en un proceso de peregrinación por todo el país, una peregrinación para alcanzar una Venezuela libre de sanciones", concluyó la mandataria encargada, quien ocupa el cargo desde el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara en Caracas y depusiera del poder a Nicolás Maduro.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó el pasado domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo mensual, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.

Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.

"Con este acuerdo, Chile fortalece su inteligencia y coordinación para anticiparse al delito trasnacional. El prestigio de nuestras policías hace posible que esta cooperación sea fructífera", sostuvo la ministra chilena de Seguridad Publica, Trinidad Steinert, en una ceremonia organizada en la sede de la Cancillería chilena, en Santiago.

El acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero, mediante la cooperación técnica, la capacitación y el apoyo a la coordinación entre agencias, detalló la ministra.

Además, Estados Unidos aportará un millón de dólares para la compra de equipamiento logístico y tecnológico en las investigaciones que llevan adelante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto al Ministerio Público chileno, así como para nuevas pesquisas en el interior de recintos penitenciarios donde las bandas internacionales tienen presencia.

El Gobierno chileno indicó en una declaración que "desde el punto de vista político y estratégico, este acuerdo representa un apoyo de Estados Unidos a la agenda de seguridad" del ultraderechista José Antonio Kast, uno de los principales aliados en la región del presidente Donald Trump.

En la ceremonia también estuvieron representantes del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América y el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

La actividad forma parte de un ambicioso proyecto comunitario que busca integrar la atención médica con el soporte social y educativo, derribando las barreras del aislamiento, que suelen afectar a este sector de la población.

Clínicas y el Día del Adulto Mayor: atención integral

La jornada no se limitará a la asistencia clínica convencional, sino que propone un esquema de cuidado de 360 grados. Según el programa previsto, los asistentes podrán acceder a:

• Controles preventivos: Se realizará un censo de adultos mayores y el monitoreo de signos vitales para un seguimiento del estado de salud general.
• Capacitación práctica: Se dictará la charla taller “Primeros auxilios en casa y la calle”, diseñada para brindar herramientas de reacción rápida ante emergencias cotidianas.
• Bienestar emocional y social: Se habilitarán espacios de interacción para fomentar la participación activa y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.
• Promoción de hábitos: Orientación en nutrición y programas de ejercicio adaptados para una vejez saludable.

“El proyecto busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, generando un entorno de apoyo y respeto donde el aprendizaje continuo sea el eje central”, señalaron desde la organización del evento.

Médicos residentes y estudiantes de Medicina de la UNA participarán activamente de la jornada, lo que les permite fortalecer sus competencias en un contexto real. Además, la actividad es válida para horas de extensión universitaria.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

La empresa indicó que la transición de Cook a Ternus fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser", escribió Cook, de 65 años, en el comunicado.

El empresario subrayó que Ternus tiene "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor", y lo calificó como un "visionario" cuyas contribuciones a Apple "ya son demasiado numerosas para contarlas".

Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013.

En 2021, fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento.

Según la empresa, el próximo CEO de Apple desempeñó un papel "fundamental" en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

En concreto, el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría "sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia".

Durante su cargo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el portátil MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17.

Además, el estadounidense ha liderado gran parte de los esfuerzos de la empresa en áreas como la fiabilidad y la durabilidad y ha contribuido a impulsar la innovación en el diseño de materiales y hardware, reduciendo la huella de carbono de sus productos, señaló Apple.

Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Por su parte, Cook se unió a la tecnológica en 1998 y se convirtió en su CEO en 2011, reemplazando al fallecido Steve Jobs.

Durante su trayectoria como director ejecutivo, ha supervisado la introducción en el mercado de múltiples productos, entre ellos nuevas categorías de Apple Watch, AirPods o Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350.000 millones de dólares a una de 4 billones, siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo.

El recorrido ‘Laberinto Mágico’ abrirá sus puertas el próximo 22 de abril y revelará al público piezas escultóricas de grandes dimensiones de la maestra, que estuvieron guardadas durante diez años en un almacén de la ciudad de Xilitla, en el estado mexicano San Luis Potosí, epicentro del movimiento surrealista en México.

“Nunca he visto un lugar en donde se junte lo experiencial con la obra y si había alguien con quien podía suceder era con Carrington”, afirmó a EFE Alejandro Machorro, director del estudio de entretenimiento multimedia Cocolab y parte del equipo curatorial en el que destaca la participación del Consejo Leonora Carrington y su hijo, Pablo Weisz.

Para lograr una verdadera experiencia sensorial y “evitar la banalización” de una de las mujeres más importantes del movimiento surrealista del siglo XX, el laberinto se aleja de las pantallas y las proyecciones digitales para conectar con la audiencia a través de elementos naturales como el agua, el vapor y la arena.

“Siempre nos hicimos la pregunta de qué cruzaba el límite y todas las decisiones que tomamos fueron en torno a no cruzar ese límite que rompiera con la esencia de Leonora”, explicó sobre este laberinto que no proyecta digitalmente ni una sola de las obras de Carrington, como ocurre en la mayoría de experiencias inmersivas.

Aunque el objetivo -aseguró Machorro- es transportar al público a ese “otro lado” al que solo podía acceder la imaginación de Leonora: un mundo mágico habitado por animales, brujas y ciudades que no existen en el plano de lo real, pero sí en su universo mental, plagado de arte admirado por emblemas del surrealismo como André Breton.

En ese sentido, ‘Laberinto Mágico’ es un nuevo acercamiento a la dimensión mágica y esotérica de la artista, con el que también se busca que tenga un nuevo público: “más fresco y más joven”, señaló Fermín Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington.

Carrington elaboró gran parte de su obra en México, un país que hizo suyo en la década de 1940, tras huir de la Segunda Guerra Mundial. El viejo continente, donde se enamoró del artista alemán Max Ernst, nunca más volvió a ser su hogar.

Cada año se realizan más de 50 exposiciones a nivel global en torno a la obra de Carrington, mediante la difusión del consejo presidido por Llamazares, lo que también la ha posicionado como una de las cinco creadoras más cotizadas del mundo, pues, a la fecha, sus piezas se subastan en millones de dólares.

"La superación de la precaria situación de los universitarios en Venezuela y del sector educativo en general debe ser incluida como prioridad en la agenda política para superar la emergencia social", señaló la FAPUV en una publicación en X.

La organización indicó que el paro nacional de 24 horas, que se llevará a cabo el miércoles, 22 de abril, da "inicio al conflicto por salario digno", después de cuatro años sin incrementos en el sueldo mínimo mensual que hoy equivale a 0,27 centavos de dólar.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) -la principal del país- sostuvo en X que la educación no puede esperar, así como tampoco los docentes pueden seguir sin "condiciones dignas".

Sindicatos de la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), también manifestaron su apego a este paro nacional.

Asimismo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT), así como la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), acordaron su respaldo a este llamado de paro.

En ese sentido, reafirmaron la exigencia de salarios dignos, condiciones laborales justas y el derecho a la negociación colectiva, de acuerdo a un comunicado publicado por la APUCV.

Para ese próximo 22 de abril, está prevista una jornada nacional de asamblea de trabajadores convocada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) por un sueldo "justo, suficiente y digno".

Distintos sectores laborales, entre ellos profesores universitarios, han retomado la protesta en este nuevo período que vive Venezuela desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas por Estados Unidos, para exigir mejores condiciones de trabajo y un aumento de salario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada que hará un aumento del salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalente a 0,27 centavos de dólar al mes- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste "responsable", sin precisar el monto ni las condiciones.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la FVM, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

"Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente", dijo la mandataria en un breve mensaje en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en encuentros anteriores México presentó "propuestas específicas" y espera que en su reunión con el funcionario estadounidense, que llegó ayer al país, se pueda avanzar en esta materia.

En el encuentro de este lunes, añadió, estarán presentes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard; el de Agricultura, Julio Verdegué, y la representante del país norteamericano en el Banco Mundial, Diana Alarcón.

"A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación (...) Queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando del tratado", declaró en su conferencia de prensa diaria.

Tras el encuentro con Sheinbaum, Greer se trasladó junto con Ebrard para sostener un encuentro con un grupo de empresarios mexicanos, con especial énfasis en los sectores del acero y automotriz.

"El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy viene esta reunión con la Presidenta", indicó Ebrard en breves declaraciones a la prensa.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos fue a finales de marzo en Washington.

"He comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación", publicó Leite en la red social X, quien dijo haber comunicado la decisión el pasado 23 de marzo.

El diplomático indicó que retornará "los primeros días de julio".

Leite, quien lidera la Embajada en Washington desde julio de 2025, aseguró que "lo que prima" es su deseo "de hacer una política constructiva y diferenciada" como senador, cargo para el que fue elegido en 2023 por el gobernante Partido Colorado.

En ese sentido, manifestó que su "prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral", organizar "reuniones pendientes con potenciales inversores y actores políticos estadounidenses", así como una visita de legisladores a Paraguay prevista en mayo y encuentros empresariales en Estados Unidos en junio.

Además, antes de su retorno, se encargará de coordinar la asistencia de los paraguayos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que inicia el 11 de junio próximo.

A comienzos de mes, Leite quedó envuelto en una polémica tras criticar, en una entrevista con un medio local, la falta de pago a proveedores del Estado e insinuar supuestos cobros de sobornos en el Gobierno de Peña.

Tres días después, el 10 de abril, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, llamó "al orden" al funcionario y en una reunión le recordó que "como embajador está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones", según informó entonces la Cancillería.

La cartera de Exteriores señaló que Leite "admitió que cometió un error" y se "extralimitó", al tiempo que prometió tener "una conducta acorde a su condición".

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,41 %, a 120.178.897,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+5 %), Telecom Argentina (+3,6 %) y Metrogas (+3,6 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Grupo Financiero Valores (-2,7 %), IRSA (-0,6 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,8 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina aumentó a 526 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista aumentó a 1.376 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.410 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,3 %, a 1.457,34 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) incrementó un 0,2%, a 1.414,73 pesos por unidad.

Tras dejar varios mensajes crípticos en sus redes sociales en las últimas semanas, el artista reunió a sus seguidores en la playa de Las Canteras, donde tuvo lugar un espectáculo de luces de más de diez minutos que reveló la publicación del nuevo disco.

Decenas de drones fueron volados desde la zona de La Puntilla y se desplazaron en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, 'un baifo' en el habla popular de Canarias.

Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones mostró en el firmamento que 'El Baifo' verá la luz "esta semana", e incluso esbozó lo que se presume que puede la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias

Pasados unos minutos del fin del juego de luces, los altavoces que recorrían toda la playa de Las Canteras hicieron sonar 'Ni Borracho' -el primer sencillo del álbum, lanzado durante el carnaval- y 'Somos Costeros' -el clásico de Los Gofiones, uno de los referentes del folclore canario-, lo que movilizó a bailar a los miles de presentes en la playa.

Tras sonar ambas canciones, hubo un silencio que precedió el adelanto de una de las canciones del nuevo álbum, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo, una canción con especial mención a la isla de La Graciosa.

'El Baifo' será el tercer disco en la carrera de Pedro Luis Domínguez Quevedo, que a sus 24 años es uno de los cantantes españoles más escuchados en todo tipo de plataformas.

Antes publicó 'Donde quiero estar' (2023) y 'Buenas noches' (2024), los que precedió su colaboración con Ed Sheran '2Step' (2022) y el megaéxito global de su sesión con el productor argentino Bizarrap, la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', más conocida por el público español como 'Quédate'.

Sportivo Luqueño ya tiene grupo definido para la Libertadores de fútbol playa

El torneo se disputará inicialmente con una fase de grupos compuesta por tres zonas de cuatro equipos cada una, en la que todos se enfrentarán entre sí a partido único.

Al finalizar esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los dos mejores terceros completarán el cuadro de los ocho clasificados.

¡Fixture Azulgrana para la @LibertadoresFS 2026! ⚽️

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— FUTSAL FIFA - Club Cerro Porteño (@CerroFutsalFIFA) April 20, 2026

Cerro Porteño buscará trasladar su dominio a nivel local al plano internacional, con el objetivo de pelear por el título continental en territorio brasileño.

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El encuentro estaba fijado para las 18:15, en el capitalino barrio Santísima Trinidad, pero literalmente quedó pasado por agua.

Para la reprogramación se requiere del visto bueno de la empresa televisiva que tiene los derechos y cuya grilla deberá ser modificada para la proyección correspondiente del espectáculo.

El choque se cumplirá este martes, a las 17:00, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se trata de un establecimiento escolar ubicado en San Lorenzo, en el departamento Central. El modus operandi fue de las mismas características que en otros casos. Las palabras fueron escritas con un marcador oscuro, sobre los azulejos del sanitario.

La dirección del centro educativo emitió un comunicado dirigido a las familias, explicando que luego de averiguaciones, se logró identificar al autor del escrito. “Manifestó que se trató de una broma de mal gusto, que vio en redes sociales, sin intención real de causar daño”, indica el comunicado.

A continuación, informaron que se tomaron todas las medidas disciplinarias que corresponden al caso, se habló con las familias y antes, se activó el protocolo de seguridad establecido por el MEC. Las clases fueron suspendidas este lunes a raíz de este problema.

Amenazas de tiroteo siguen en aumento

La directora de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, y la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, se reunieron esta tarde para tratar estos casos y establecer medidas para los próximos días.

El encuentro se dio atendiendo a que los casos siguen en aumento. Ya van 12 denuncias reportadas entre la semana pasada y este lunes. A raíz de las similares características, se trataría de un reto viral que circula en redes sociales como Tiktok, según confirmó Escauriza. Contando con otro tipo de amenazas como “bombas”, “masacres” o portación de armas, las causas suben a 17.

“Mañana tenemos una primera reunión con supervisores del departamento Central, donde tenemos el foco actualmente por la cantidad de casos registrados. Los supervisores deben pasar el mensaje a los directores y estos a los docentes”, explicó la funcionaria.

El MEC emitirá una circular para recordar la vigencia de la resolución N° 183/26, que establece el protocolo de seguridad en las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas. “Primeramente esta normativa establece la comunicación a las fuerzas de seguridad que corresponden, para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad escolar”, remarcó.

MEC pide no tomar casos a la ligera

Sonia Escauriza, expresó que es importante no tomar este tipo de hechos “como una simple broma”.

“Pedimos también la colaboración de las familias, no tomemos como broma estos hechos. Al contrario, buscamos la mayor previsibilidad posible, ante el conocimiento de uno de los casos, aplicar el protocolo, ver de suspender las clases si es que así lo determinan las fuerzas de seguridad y volver a clases si se determina que ya hay condiciones”, agregó.

Indicó que una buena medida de prevención en los hogares es tomarse el tiempo de hablar con los niños y adolescentes, de 5 a 10 minutos, sobre el uso de redes sociales, o cuando aparecen este tipo de retos virales.

“Hablo de esto porque una vez que se abre una causa en la Fiscalía - como se da ante este tipo de amenazas -, si el estudiantes es mayor de 14 años, puede estar sujeto ya a una causa”, manifestó. Remarcó que los alumnos también deben saber que toda una estructura se mueve cuando pasa un suceso de esta naturaleza.

Los 'Hammers', que venían de golear al Wolverhampton Wanderers, tuvieron la pólvora mojada en un encuentro que dominaron con bastante comodidad contra un Palace que notó los estragos de las celebraciones por haberse clasificado a las semifinales de la Conference League tras eliminar el pasado jueves a la Fiorentina.

Pero ni el 'Taty' Castellanos ni el brasileño Pablo estuvieron acertados de cara a la portería de Dean Henderson, mientras que en el Palace el que más ganas tenía de conseguir la victoria era Brennan Johnson, ex del Tottenham y héroe en la final de la Europa League, y en sus botas tuvo la mejor para dejar los tres puntos en casa con un disparo en la primera parte que rozó el palo izquierdo de la portería del West Ham.

En los diez minutos finales, el árbitro decidió anular un tanto a Ismaila Sarr por mano en la jugada de Jean-Philippe Mateta.

El punto supone que el West Ham sigue dos puntos por encima del Tottenham en la pelea por el descenso con cinco jornadas por disputarse, mientras que el Palace, que es decimotercero, lo tiene muy complicado para engancharse al tren europeo.

Además, este punto sumado por el West Ham confirma el descenso al Championship (Segunda división inglesa) del Wolverhampton Wanderers. El Burnley, si no gana este miércoles al Manchester City, también perderá la categoría.

Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

Esta misma semana también puede confirmarse el descenso del Burnley, si no gana en Turf Moor al Manchester City, mientras que la última plaza se la disputarán el Tottenham Hotspur, que en estos momentos es antepenúltimo, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United, que es el que parte con ventaja al estar a ocho puntos de los 'Spurs' con quince en juego.

"Tenemos que luchar contra el odio y el racismo también. Que esta peregrinación sea para erradicar de una vez y para siempre el racismo de esta tierra", pidió el presidente del Parlamento, en el segundo día de una peregrinación convocada por su hermana, Delcy Rodríguez, para pedir el cese de sanciones a Venezuela.

Jorge Rodríguez señaló que, durante un evento pautado por partidos de "extrema derecha" en Madrid, se gritaron expresiones racistas, pero que "curiosamente" las personas responsables de estos actos y los convocantes de esta actividad son llamados "monos, negros, sudacas y moros".

"Sí somos negros, sí somos indios, sí somos una mezcla maravillosa de todas las culturas, de todas las razas y de toda la resistencia", subrayó desde el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), durante un acto enmarcado en una peregrinación nacional contra las sanciones, transmitido por el canal estatal VTV.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó este domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

El domingo, el Gobierno de Venezuela tachó de racismo que un grupo de personas se refiriera a Delcy Rodríguez como "la mona" en un acto en Madrid mientras esperaban la aparición de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también lo rechazó.

En el acto fue celebrado el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, donde gritaron "¡Fuera la mona!" durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y este lunes se disculpó por ello.

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza".

Ali Zaki Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, cerca de las 15:00 hora local (20:00 GMT), según confirmó a EFE una fuente oficial, que agregó que el sospechoso fue trasladado de forma inmediata a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

En la terminal aérea se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó agentes especiales y la unidad canina para recibir al presunto terrorista, que fue movilizado fuera del ojo público, como comprobó EFE.

La Cancillería panameña informó el pasado 27 de marzo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había aprobado la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, quien de acuerdo a la misma fuente fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita a raíz de una alerta roja emitida por el país centroamericano.

El Ministerio de Exteriores panameño dijo en marzo pasado que "la aprobación de la extradición del principal sospechoso" del atentado terrorista contra el vuelo de Alas Chiricanas "representa un avance significativo en el proceso" de investigación de este caso, considerado el atentado terrorista más grave en la historia del país y que quedó sin resolver.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia israelíes tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Las autoridades de Estados Unidos "también han mostrado interés en el caso" ya que "hay ciudadanos estadounidenses víctimas y existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional", ha dicho Cancillería de Panamá.

El Departamento de Estado estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil, de acuerdo con la información disponible.

Rafael Filizzola dice que Rivas debería renunciar y trata de “recurso’i” a Peña

En base datos oficiales y públicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Benítez planteó graves incongruencias sobre el título de “Administración de empresas” de la Universidad Sudamericana de Yamil Esgaib, cuya fecha de registro ante el MEC es del 16 de septiembre de 2023.

Sin embargo, lo irregular es que la carrera tiene una malla curricular de al menos 4 años y fue abierta recién en 2010, es decir, en tres años, Esgaib ya era “administrador recibido”.

Lo de la “genialidad” aparentemente es hereditario, ya que el hijo de Yamil, Nasser Esgaib también “egresó” de manera más prematura aún de la Universidad Sudamericana, pero como “abogado”.

En su caso, el título fue registrado el 26 de junio de 2013, siendo que la carrera también fue inaugurada en 2010, con el agravante de que la carrera de Derecho requiere 5 años de estudio. Es decir, se adelantó dos años.

“La realidad es que con estos documentos lo que podemos ver es que hay otros actores políticos que tienen título falso, el caso Yamil y el caso Nasser: Ninguno de los dos pudo terminar la carrera en ese periodo de tiempo en el que registraba su título, ¿por qué? Porque en el 2010 habilitan sus carreras y ellos ya en el 2013 ya ya eran profesionales", enfatizó Benítez.

Independiente a estos caso o incluso el de Rivas, el diputado opositor enfatiza que acá el problema es que sigue operando todo un engranaje de títulos falsos, que son legalizados por el MEC.

“Podemos ver que hay una estructura criminal dentro del MEC que trabaja en nuestra asociación con algunos actores de las universidades privadas. ¿Por qué menciono esto? Según los datos del propio MEC tenemos varios ejemplos de gente que terminó el colegio posterior al periodo que tuvo que haber ingresado a las facultades".

Serían otros casos de “prodigios”, que según los datos oficiales, tuvieron que ingresar a la facultad a los 15 años, cuando aún estaban en el colegio.

Expuso el caso de Karina Concepción Ibáñez Vera, “abogada” egresada de la Universidad Sudamericana, que en la época en que estaba habilitada la carrera (2010 a 2015) aún era estudiante secundaria y tenía 15 años. También reportó el caso de Fernando Galeano Da Costa, que en su caso tenía 14 años.

“Para poder terminar la carrera de derecho tuvieron que haber terminado en el 2015, pero ellos terminaron recién el colegio en el 2013, o sea, a lo sumo empezaron la carrera en el 2014, con mucha suerte y tendrían que haber estudiado prácticamente solo uno año o dos años. O sea, también hay más títulos con indicios de falsedad", indicó.

Rivas, “la punta de iceberg”

Según el diputado Raúl Benítez el motivo por el cual Hernán Rivas no cae y se lo sigue viendo cerca del presidente de la República, Santiago Peña o sus colegas cartistas en el senado pretenden salvarlo con un simple pedido de permiso en vez de echarlo, es porque si cae, hundirá a varios otros.

“La razón por la que Hernán Rivas no cae es porque es un jugador nomás de toda la estructura que tiene detrás del esquema de títulos falsos. Si se le saca la matrícula a Hernán Rivas, aparte de todos los problemas de haber juzgado a magistrados, con eso va a venir de la mano una cascada de revocaciones de matrículas ya sea de abogados y de los registros de títulos de otros actores políticos".

Según el conteo que realizó, existen 406 abogados de la Universidad Sudamericana, de los cuales 144 se encuentran en la función pública, es decir, 1 de cada 3.

Y lo peor, es que incluso con el escándalo, ahora el MEC sigue validando títulos de la época de Rivas (unos 5), entre los cuales mencionó el caso del concejal de Ciudad del Este, Jaime Rolando Méndez Ramírez (ANR).

En entrevista con ABC, Silvio Marecos, titular del gremio, comentó que el sector está muy afectado por la suba del carburante, que actualmente representa el 44% de sus costos. En consecuencia, la situación derivó en un aumento del 27% en el servicio de flete, contó.

Costo trepó a G. 20.400 camión por kilómetro recorrido

“Desde este lunes, la tarifa pasa de G. 400 a G. 510 por kilómetro por animal. Para un camión estándar de 40 animales —base tarifaria del sector— esto implica un aumento de G. 16.000 a G. 20.400 por kilómetro recorrido”, destacó.

Precisó que durante todas estas semanas de sucesivos encarecimientos de combustibles, el sector absorbió los sobrecostos, ante la incertidumbre e incluso posibilidad de mayores subas del gasoil y la nafta.

“Ahora ya no podemos absorberlos. El combustible nos lleva casi el 50% de los costos del servicio. No descartamos un nuevo ajuste si sigue subiendo, porque nuestros márgenes ya no son rentables”, explicó.

Aumento de precio de combustible impactaría en la carne, advierten

Indicó que la modificación de la tarifa será comunicada tanto a productores como a la industria, principales usuarios del servicio, y que esta suba es necesaria para sostener la operatividad del sector.

40 empresas forman parte de la Asociación

En cuanto a la ANTG, Marecos mencionó que es un gremio que aglutina a unas 40 empresas, que en conjunto operan alrededor de 500 camiones.

En los transportes acoplados -los más utilizados para el traslado de ganado-se movilizan hasta 80 terneros o entre 40 a 45 animales terminados, aunque reiteró que el cobro del flete se calcula sobre una base de 40 cabezas.

“Ahora mermó bastante el traslado de animales; muchos extranjeros vinieron a comprar trasporte y eso también presiona a la baja los precios del servicio”, indicó.

Suba del combustible presiona al transporte de ganado y obliga a absorber pérdidas

Empleos directos

Finalmente, recordó que además, enfrentan costos elevados en repuestos, lubricantes y cubiertas, lo que impacta en la rentabilidad de las empresas.

“Estamos teniendo menores ganancias; a veces empatamos los gastos, pero lo sostenemos por nuestros trabajadores. De los 500 camiones dependen unas 1.000 personas de forma directa, entre choferes, ayudantes, mecánicos, lavaderos y gomeros”, concluyó.

"Miami se ha convertido en la nueva capital de Latinoamérica; una puerta de entrada también desde Europa con acento español. Es uno de los 'hubs' de tecnología más potentes; probablemente uno de los que más está creciendo en Estados Unidos", dijo a EFE el director ejecutivo de Startup Olé, Emilio Corchado.

El propósito de la feria, que se celebra en el hotel Hyatt Regency de Miamil entre el lunes y el martes, es "crear una gran plataforma muy diversa, con muchos países, con gran participación, para levantar inversión, conseguir clientes (y) crear una gran comunidad que permita generar riqueza", añadió Corchado.

En ella convergen 280 empresas emergentes y más de 30 inversores, en paralelo a la organización de casi 90 paneles y alrededor de 100 estands, con una asistencia estimada en 1.500 participantes, según Startup Olé.

También cuenta con la participación de una delegación de compañías españolas, como XR Xperience, que se presentó en Miami por primera vez tras ser una de las más destacadas en la pasada edición de Start Up Olé en Salamanca.

"Somos tecnología de realidad mixta, IA, para desarrollar una plataforma de 'talent intelligence'. Lo que queremos hacer es facilitar y objetivizar los proyectos de talento, tanto de reclutamiento como de promoción, para evitar sesgos", explicó a EFE su director ejecutivo, David Fernández Cela.

El evento también contó con una importante presencia de empresas emergentes de Brasil, coincidiendo con la creación este lunes de la coalición Startup Olé para el mercado brasileño, un acto que contó con la presencia de varios cónsules de países latinoamericanos.

Su objetivo será "crear comunidad, acelerar los contactos, los proyectos (y) la inversión, conseguir más clientes, crecer y escalar desde Miami hacia Latinoamérica, Estados Unidos y, a través de España, Europa", aclaró Corchado.

La feria cuenta con el respaldo del Condado de Miami-Dade y los ayuntamientos de Salamanca y Marbella (España), y coincide con otros eventos de similar naturaleza durante la Semana Tecnológica de Miami.

Durante estos dos días, los asistentes participan en foros destinados a fondos de inversión, inversores y corporaciones; conferencias sobre el rol de la administración pública y las universidades en el apoyo al emprendimiento, o paneles sobre el valor de los medios de comunicación en el ecosistema.

Además, cuenta con una competencia en la que las empresas emergentes presentarán sus proyectos a posibles inversores, y otro en el que los proveedores de servicio mostrarán su servicio a los emprendedores.

Con el foro INNVIERTE-CDTI, la administración española también contará con un espacio para presentar sus iniciativas, con la meta de fomentar la relación comercial entre España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de la feria de Miami, Startup Olé también celebra eventos anuales en las ciudades españolas de Marbella y Salamanca.

El gol subió al marcador aunque Díaz se encontraba en fuera de juego tal y como está determinado en la actualidad en el reglamento internacional, después de que la FIFA y la CPL acordasen experimentar con la idea de que, en aquellos casos en los que el fuera de juego es marginal, es decir, que no hay un 'espacio visible' entre atacante y defensor, el gol es legal.

La idea del 'daylight offside' ha sido propuesta por el técnico francés Arsène Wenger, director de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA, para favorecer el juego de ataque.

En marzo, Wenger señaló en un comunicado que las pruebas de la idea en la CPL es un importante hito para el fútbol.

"Al probar esta nueva interpretación en una competición profesional, podemos entender mejor su impacto, incluido en términos de mejorar la claridad y el flujo del juego, además de promover el juego de ataque", explicó Wenger.

De momento, el gol conseguido por Díaz ante el Halifax Wanderers ha atraído la atención internacional a la modesta liga canadiense, como destacó este lunes CPL en sus redes sociales al afirmar que el gol del delantero del Pacific FC es la comidilla del mundo del fútbol.

"El mundo está hablando de la prueba del 'daylight offside' en la CPL. El gol de Alejandro Díaz este sábado no habría sido aceptado en ninguna otra liga", dijo la organización.

La CPL, que acaba de iniciar su octava temporada, está compuesta por solo ocho equipos. La pasada temporada, el campeonato se lo adjudicó el Atlético Ottawa, una filial del equipo español Atlético de Madrid.

Según la presidenta de la Asociación de Mineros Cantereros y Afines de Cerro Tigre Zona Norte (Asomic), Ruth Escobar, hace más de un año vienen solicitando a la INC la firma de un contrato por cinco años para la explotación de la cantera. Sostuvo que los pedidos han sido denegados por el presidente de la cementera estatal, Gerardo Guerrero Agusti.

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Mencionó además que los mineros habían sido reubicados en una zona donde se tiene una baja calidad mineral de la materia prima, lo que ha afectado a las pequeñas empresas. Los trabajadores pidieron otro lugar para seguir trabajando, pero la INC les negó el espacio, denunció.

Dijo también que la manifestación es por tiempo indefinido y que solicitan una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para hacerle conocer lo que está sucediendo.

Privilegio para precandidato

Las irregularidades en la adjudicación se dan por una cuestión meramente política, aseguró Ruth Escobar. Supuestamente, Guerrero Agusti beneficia al concejal municipal y precandidato a la Intendencia de San Lázaro, Julián Ortiz, quien es del Movimiento Honor Colorado.

“Históricamente la INC puede asignar a cada persona para trabajar 30x50 metros. Al candidato político se le asignó una hectárea y media, donde supuestamente es una reserva”, lamentó Escobar.

ÚNico’s Ballet celebrará su quinto aniversario con la gala “Portales”

Fundado el 19 de abril de 1976, el Centro Cultural de España en Asunción fue el primer centro cultural español en el exterior y dio origen a la actual Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que hoy cuenta con sedes en América Latina y África. Desde sus inicios, el espacio se consolidó como un punto de encuentro para la creación, el pensamiento y el intercambio cultural entre Paraguay y España.

La celebración del domingo tuvo como eje la reapertura del edificio, que presenta una serie de mejoras en su infraestructura. Entre ellas, la renovación del auditorio y de las salas de exposiciones, una nueva fachada inspirada en el centenario de la llegada de la artista Josefina Plá a Paraguay, la incorporación de un jardín vertical y la creación de un parklet exterior que amplía el espacio público hacia la vereda. También se suma un nuevo laboratorio orientado a la experimentación, la creación y la innovación dentro de la comunidad cultural.

La jornada comenzó con un acto de reapertura oficial y el canto de “cumpleaños feliz” con una colorida torta. Durante este momento, la actual directora del centro, Laura Mesa, y la exdirectora Eloisa Vaello destacaron el recorrido de la institución y su rol como espacio de encuentro. En sus palabras, el centro fue definido como un lugar vinculado a la libertad, el pensamiento, la convivencia y el trabajo con diversas comunidades a lo largo de estas cinco décadas.

Posteriormente, el público pudo recorrer las nuevas instalaciones y participar de distintas propuestas distribuidas en simultáneo. Entre ellas, la inauguración de la instalación “Orear: Nuevos vientos para imaginar el porvenir”, la exposición de tejidos de la artista Lides Samudio en la Biblioteca Las Sinsombrero y la presentación de un nuevo espacio que servirá como laboratorio creativo.

Uno de los momentos participativos de la jornada fue la ceremonia de entierro de la Cápsula del Tiempo en el patio del centro cultural, una iniciativa que reunió objetos, documentos y testimonios aportados por artistas, vecinos y público en general, con el objetivo de preservar una memoria del presente cultural para las futuras generaciones.

Ya en la noche, la jornada tuvo su momento cumbre con la presentación de la banda del clarinetista español Nacho Mastretta, quien vino con Coke Santos y Marina Sorin, quienes en un intercambio constante de instrumentos, pusieron a la gente a bailar e involucrarse.

Luego vino Purahéi Soul, el emblemático dúo paraguayo integrado por Jenni Hicks y Miguel Narváez, esta vez en compañía de la trompetista Mar Pérez. Un hermoso momento se vivió con el cruce entre españoles y paraguayos para hacer “Aju nderendápe”.

En paralelo, en tres grandes paelleras se alistaba uno de los platos típicos de España. Así, de la mano del cocinero Daniel Marco Arco, la ciudadanía disfrutó de diferentes tipos de paellas, mientras sonaba la música y la celebración continuaba.

El inicio de las celebraciones

Esta celebración marca el inicio de un año de actividades conmemorativas que buscarán poner en diálogo la memoria institucional con las prácticas culturales actuales, proyectando también nuevas formas de creación y participación en el futuro.

En el marco de esta programación especial, el Centro Cultural de España en Asunción presentará el martes 21 de abril a las 19:30 el espectáculo “Leira”, de la compañía Nova Galega de Danza.

La propuesta, que se realizará en el auditorio con acceso libre hasta completar aforo, combina danza contemporánea y tradicional para explorar la relación entre el cuerpo y la tierra, tomando como eje la cultura gallega y el trabajo en el campo.

Dirigida artísticamente por Jaime Pablo Díaz, con coreografía de Iker Gómez, la obra pone en el centro la figura femenina y construye una atmósfera que dialoga entre tradición y contemporaneidad, a través de movimientos inspirados en las labores agrícolas y una puesta escénica que remite a los paisajes rurales.

Los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron este lunes que la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas ante la posibilidad de que el gobierno federal pueda repetir la agresiva campaña de detención y deportación de la Operación Midway Blitz, que se realizó el año pasado, cuando asumió un segundo mandato.

"La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas", dice un comunicado.

Agrega que en la comunidad inmigrante "no hay nada que celebrar" y que es entendible que las personas no quieran reunirse en espacios públicos.

Durante la operación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, Chicago y sus suburbios fueron objeto de operativos por parte de agentes federales enmascarados, quienes detuvieron a residentes y, en ocasiones, utilizaron agentes irritantes químicos, como gases lacrimógenos.

Esto motivó protestas generalizadas que fueron reprimidas duramente en comunidades latinas como La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de la ciudad.

El desfile del Cinco de Mayo, que suele atraer a miles de personas, celebra la victoria de México sobre el ejército francés de Napoleón III en la Batalla de Puebla en 1862.

"Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del Cinco de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad", concluye el comunicado.

Reza Dindar, de 44 años, fue presentado ante una corte del distrito en Seattle, donde enfrentará cargos por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán en 1995, durante la presidencia de Bill Clinton, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Según la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar dirigió la empresa New Port Sourcing Solutions en Xi’an (China), que ocultaba la adquisición de productos en Estados Unidos para su envío a clientes en Irán.

El detenido fue enviado al país norteamericano el pasado viernes, tras permanecer detenido en Panamá desde julio de 2025 relacionado con la evasión de controles de exportación entre 2011 y 2012, presuntamente a través de empresas en China.

Las sanciones, vigentes desde hace más de 30 años, prohíben la exportación, reexportación o suministro no autorizado, directo o indirecto, de bienes, tecnología o servicios estadounidenses a Irán o a su Gobierno.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con Foro TV que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de cuatro de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, dejando a una turista canadiense sin vida para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, de las seis personas que resultaron heridas, cuatro lo fueron por impactos de bala y dos por caídas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, sin embargo, en entrevista con la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión y terror entre los visitantes, varios de ellos extranjeros, cuando se escuchan las detonaciones y algunas personas comienzan a desalojar apresuradamente el área.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que su Gobierno está en contacto con la embajada de Canadá, al tiempo que instruyó una investigación a fondo del caso.

La delegación brasileña lidera el medallero con 40 preseas de oro, 35 de plata y 28 de bronce, para un total de 103.

Gran parte de ese dominio se sustenta en la natación, disciplina que ya concluyó su calendario y en la que Brasil obtuvo 21 oros. Entre sus figuras destaca Davi Vallim, quien cerró su participación con ocho medallas de oro y una de plata.

En la segunda posición se ubica Argentina, con 23 oros, 29 platas y 19 bronces, sumando 71 medallas. La natación también fue clave para la delegación albiceleste, con 14 títulos, y tuvo como máxima figura a Agostina Hein, quien conquistó 10 medallas, 9 de oro y una de plata, consolidándose como una de las grandes protagonistas del certamen.

Además, Argentina se coronó campeona en el futsal femenino tras vencer por 1-0 a Paraguay en la final.

Venezuela ocupa el tercer lugar con 15 medallas de oro, impulsada principalmente por la gimnasia artística (3) lucha (4) y el boxeo (4), disciplinas que han aportado la mayor cantidad de preseas a su delegación.

Colombia se sitúa en la cuarta posición con 10 oros, 10 platas y 26 bronces (46 en total), destacando el tiro con arco como su disciplina más productiva.

Chile marcha quinto con nueve oros, con el ciclismo contrarreloj y el triatlón como sus principales fortalezas. En esta última disciplina brilló Raimundo Vicente San Martín Araujo, ganador del triatlón individual masculino y parte del relevo mixto campeón.

Por su parte, Ecuador ha tenido como figura al gimnasta Domenick Godoy, quien suma tres de las siete medallas de oro de su país, tras imponerse en la prueba individual general, barra fija y anillas.

Perú y Panamá, con 4 medallas de oro por bando, ocupan la séptima y octava posición, respectivamente. El surf ha sido la disciplina más destacada para Perú, con tres oros, mientras que en Panamá sobresale la lucha, con dos oros.

Cierran la tabla Uruguay, con dos oros, y Paraguay en la décima posición. Sin medallas doradas aparecen Bolivia (puesto 11) y Guyana (puesto 12).

Para este martes, debutarán en los juegos el golf y el taekwondo. Esta última repartirá medallas en: poomsae individual tradicional masculino, poomsae individual tradicional femenino y pareja mixta poomsae reconocido.

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 196.132 puntos básicos, después de tres caídas consecutivas.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,18 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,973 para la venta y 4,974 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El fin de semana vio un aumento de las tensiones en Oriente Medio, después de que EE.UU. atacara un carguero iraní y las autoridades persas anunciaran un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de un quinto de la producción mundial de petróleo.

Como consecuencia de esta situación, el precio del barril de Brent volvió a subir y, con él, las acciones preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que se apreciaron un 1,7 %.

Además de Petrobras, lideraron las ganancias la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+7,2 %) y las tiendas Casas Bahia (+6,7 %).

Por otro lado, encabezaron las pérdidas las acciones de la empresa de plásticos Duratex (-3,7 %) y las de la empresa de transportes EcoRodovias (-2,3 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 22.711 millones de reales (unos 4.500 millones de dólares o 3.800 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.

- Deportista masculino: Carlos Alcaraz (ESP)/Tenis

- Deportista femenina: Aryna Sabalenka (BIE)/Tenis

- Equipo: PSG (FRA)/Fútbol

- Revelación: Lando Norris (ING)/Fórmula 1

- Reaparición: Rory McIlroy (IRL)/Golf

- Deportista de acción: Chloe Kim (USA)/Snowboard

- Deportista con discapacidad: Gabriel Araújo (BRA)/Natación adaptada

- Deporte por el bien: Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol.

- Deportista joven: Lamine Yamal (ESP)/Fútbol

- Inspiración: Toni Kroos (GER)/Fútbol

- Leyenda: Nadia Comaneci (USA)/Gimnasia y embajadora de Laureus.

A través del Acuerdo y Sentencia N° 9 dictada este lunes 20 de abril, los camaristas Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar resolvieron confirmar también las penas dictadas para los demás integrantes del esquema de microtráfico y sicariato: Juan Javier Rodas Román, alias Pacholi, a 19 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad; Vicente Ignacio Chase Lauseker, alias Peko, a 18 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad y Carlos Damián Fernández González, a 14 años de prisión.

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Asimismo el tribunal de alzada confirmó las condenas dictadas para el guardiacárcel Christian Mario Martínez Medina (13 años de prisión), Fredy Magdaleno Pérez Montiel (12 años de cárcel), Ronald Herminio Cantero Ibáñez (12 años) y Carmen Carolina Ortiz Figueredo a 10 años de pena privativa de libertad.

Además de la pena en esta causa Armando Rotela, líder del clan Rotela, cumple actualmente una condena de 19 años de cárcel y 8 años de medida de seguridad, dictada en 2020; y otra de 8 años de prisión dictada en 2022. Según la resolución que unificó ambas penas, el encausado cumpliría esa condena el 23 de julio de 2038 y la medida de seguridad en julio del año 2046.

Argumentos para confirmar condena de Rotela

En los escritos de apelación presentados ante la Cámara, las defensas fundamentaron que en el juicio oral duró más de seis meses se violó el principio de inmediatez, la sentencia está sustentada en una fundamentación insuficiente, los jueces cometieron un error de subsunción de la conducta de los encausados y que hubo inobservancia de la ley al momento de aplicar las medidas de seguridad a los condenados.

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Al contestar las apelaciones el Ministerio Público, que en el juicio oral estuvo representado por los fiscales Luis Said y Cristian Ortiz, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, solicitó la confirmación de la sentencia en todas sus partes.

Luego de analizar los argumentos de la defensa, en lo referente al principio de inmediatez, el camarista Camilo Torres (preopinante) concluyó que el Art. 373 del Código Procesal Penal prevé que el juicio oral no deberá estar suspendido por más de 10 días consecutivos, cuestión que no engloba a lo que respecta a los recesos diarios.

En cuanto a los demás agravios, el magistrado resalta que del cotejo probatorio realizado por el Tribunal de Sentencia, “el mismo ha examinado cada una de las pruebas, y les ha dado el mérito y la credibilidad que a criterio del mismo ameritaba la exposición probatoria. Por lo tanto, no se observa de modo alguno; inconsistencia, incongruencia ni contradicción entre las pruebas analizadas por el tribunal y las conclusiones arribadas por el mismo”, según resalta parte del Acuerdo y Sentencia N° 9 del 20 de abril.

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“Al haber el tribunal respetado las formas exigidas para el dictado de las sentencias; al no advertir el error o la omisión en la aplicación de la ley que justifique la nulidad requerida y su reenvío o algún otro vicio que la invalide; habiendo observado el Tribunal de Sentencia los derechos y garantías procesales del acusado para dicho efecto, corresponde el rechazo de los agravios”, destaca otra parte de la resolución de tribunal de alzada.

Operación Chacal desbarató esquema criminal

La denominada “operación Chacal” se inició en enero de 2021, con interceptaciones de comunicaciones telefónicas, previamente autorizadas, vía judicial. Los procedimientos fueron realizados por inteligencia del Departamento Antinarcóticos de la Policía, mediante el cual se obtuvo información relevante sobre las funciones y miembros del grupo criminal.

Estos datos confirmaron que Rotela era el principal elemento de la logística del grupo criminal, y que, estando en prisión, seguía operando de forma continua en el tráfico y comercialización de sustancias, tanto dentro como fuera del penal.

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De acuerdo con los alegatos finales de los fiscales Christian Ortiz y Luis Said, Rotela contaba con la colaboración de guardiacárceles o agentes penitenciarios, quienes facilitaban la introducción de sustancias y la posterior entrega de la droga a terceros en lugares coordinados anteriormente; también que los custodios colaboraban con la introducción al penal de armas de fuego y sus municiones a cambio de beneficios.

Incluso, los guardiacárceles habrían recibido órdenes de Rotela para no registrar en los libros de novedades los datos de ciertas visitas que recibían él y los demás miembros de la estructura, según lo demostrado por la fiscalía.

Principales colaboradores de Armando Rotela

De acuerdo con lo probado en el juicio oral el acusado Vicente Chase Lauseker era uno de los principales intermediarios con los proveedores, quienes transportaban la sustancia en vehículos modificados para ocultarla, bajo la modalidad de “doble fondo”.

Por su parte el ahora condenado Juan Javier Rodas era el brazo derecho y persona de confianza de Armando Javier Rotela Ayala y, según lo probado por el Ministerio Público en el juicio oral, ambos llevaban a cabo el balance financiero.

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Además, Rodas era el encargado de verificar, controlar y confirmar la correcta distribución de la sustancia a otros proveedores de la zona.

Además Juan Rodas tenía a su cargo la comercialización al menudeo de las sustancias, operando desde la zona conocida como San Felipe, dentro del barrio Ricardo Brugada, en colaboración con Carlos Damián Fernández, alias Tingui.

El profesor relató en su denuncia que el hombre irrumpió en el recinto escolar muy alterado, profiriendo insultos y amenazas en su contra.

Tras los insultos, el hombre propinó golpes de puño en el rostro y la cabeza, frente a los alumnos que se encontraban en el lugar.

El hombre habría acusado al docente de no permitir a su hija ir al baño durante la clase, lo que, según su versión, habría provocado que la menor se hiciera sus necesidades en el aula, ya que estaba con un malestar estomacal.

Tras la agresión, el docente acudió al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde fueron evaluadas sus lesiones.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar una investigación.

Reportes preliminares de la Policía Nacional dan cuenta de que los ataques, que trascendieron este lunes, se registraron en el municipio de San Vicente, en Manabí con diferencia de unos quince minutos uno de otro.

El primer atentado se produjo cerca de las 20:30 hora local (01:30 GMT del lunes) en el sector Santa Martha, donde dos hombres y dos mujeres fueron asesinadas dentro de dos viviendas cercanas, indicó la televisión Teleamazonas.

Testigos indicaron que varios sujetos llegaron al lugar en una camioneta, perpetraron el ataque y huyeron.

El segundo ataque en la vía San Vicente-Chone, ocurrido apenas 15 minutos después, dejó tres hombres y una mujer asesinados.

Los hechos en Manabí se sumaron a una masacre que cobró la vida de seis personas en la provincia costera del Guayas, un día después de que cinco personas, entre ellas un niño de 7 años, fueran asesinados en otro ataque en la misma provincia.

Tanto la provincia de Manabí, como la del Guayas entrarán en un toque de queda nocturno desde el próximo 3 de mayo, hasta el 18 de ese mes, para intensificar la lucha contra el crimen, según anunció este lunes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

A la medida, que regirá desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT) también se aplicará a las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además en Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Desde ese mes de 2024, Ecuador vive bajo el estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó el decreto que establece el duelo en memoria del actor y exdiputado nacional, una de las figuras más reconocidas de la escena cultural argentina.

“Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República. Se fue, pero siempre va a estar. Eterno…”, expresó al alcalde en un comunicado.

El velatorio se realiza en el Salón Montevideo de la sede del Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires, en presencia de los familiares de Brandoni, así como de figuras locales de la política y la cultura.

"Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último", dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

Brandoni falleció en la madrugada de este lunes en un hospital de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio.

El amigo del actor y empresario teatral, Carlos Rottemberg, dijo a EFE: "A través de las pantallas, la figura de Brandoni excede Argentina. Es una persona que impone mucho respeto, por lo que fue su trayectoria".

La Unión Cívica Radical (UCR), el partido con el que Brandoni fue diputado nacional entre 1997 y 2001, envió una enorme corona fúnebre y también lo hizo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, Brandoni desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con participaciones en producciones emblemáticas que marcaron a varias generaciones.

En reconocimiento a su trayectoria, había sido declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, una experiencia que marcó su vida personal y su compromiso público.

La ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, señaló que Brandoni fue “un tipo íntegro, sólido, con una inquebrantable entrega en todo lo que hacía” y destacó su capacidad para “hacer reír, llorar y pensar”, además de su compromiso político en momentos clave del país.

Así quedó el medallero del Team Paraguay cumplida la primera semana de los Juegos Odesur de la Juventud

El elenco auriazul estará junto con Guaviare Beach Soccer de Colombia, Academia Tito Drago de Perú y Ceilandia de Brasil.

Sistema del torneo

El evento internacional comenzará con una fase de grupos en la que los cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos a un único partido.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente mientras que los dos mejores terceros accederán a los cuartos de final.