En el St Bartholomew’s Hospital, en el centro de Londres, enseña a otros tres médicos a utilizar un nuevo sistema de cirugía asistida por robot, denominado Da Vinci 5. 

El casco le permite observar el pulmón del paciente. 

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“Hemos conservado gran parte del pulmón, sorteando vasos sanguíneos y vías respiratorias realmente muy pequeños”, explica el cirujano torácico de 60 años.

Se dirige a tres cirujanos de otro hospital que observan cómo Stamenkovic utiliza el nuevo sistema quirúrgico fabricado por la empresa estadounidense Intuitive.

El equipo llegará a su quirófano a finales de este año, como parte de una estrategia nacional para aumentar el uso de la robótica en la cirugía mínimamente invasiva en el sistema sanitario público británico.

A lo largo de las dos horas de operación, el doctor Stamenkovic dio instrucciones a través de un micrófono a su equipo quirúrgico, formado por enfermeras especializadas. 

Como director de cirugía robótica e investigación del Barts Health NHS Trust, forma a los que, según él, serán los “cirujanos del futuro”. 

El objetivo del Gobierno es que, para 2035, la asistencia robótica se utilice en nueve de cada diez intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas en Inglaterra.

“Objetividad”

A primera vista, parece un videojuego. El doctor Stamenkovic lleva a cabo la operación desde una consola situada en un lateral de la sala. Los movimientos de sus manos se transmiten a tres brazos robóticos que manejan los instrumentos quirúrgicos sobre un paciente acostado a unos metros de distancia.

Un cuarto brazo sostiene una cámara que proporciona la imagen en 3D al cirujano. Las imágenes se pueden ver en dos pantallas situadas en el quirófano. 

Este sistema puede utilizarse en numerosas especialidades, como la urología, la ginecología y varias cirugías: colorrectal, torácica, abdominal o general. 

Para Ali Ansaripour, un médico en formación que realiza una beca de un año, el “mayor reto” es “alejarse” físicamente del paciente y adaptarse a esta nueva configuración. 

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“Esto te separa ligeramente del paciente”, afirma. “Pero te ofrece una visión increíble y te permite abordar al paciente con gran objetividad”, subraya. 

El doctor Stamenkovic ve ventajas para la cirugía mínimamente invasiva porque los finos brazos robóticos son más adecuados que las manos para manipular instrumentos en incisiones pequeñas. 

La precisión también reduce el riesgo de complicaciones, como las fugas de aire, frecuentes tras una intervención pulmonar.

Convalecencia más corta

Este tipo de intervención reduce la duración de la hospitalización y el tiempo de convalecencia. 

En un sistema sanitario público bajo presión, la expectativa es que los pacientes puedan irse antes del hospital para liberar camas y reducir las listas de espera. 

Ian Macleod “no se dio cuenta” hasta que llevaba puesta la bata quirúrgica y estaba a punto de ser anestesiado de que sería el primer paciente del sistema sanitario público británico en someterse a una operación de cáncer de pulmón con esta tecnología.

Este inspector de policía jubilado, de 76 años, dijo que la noticia “no le desconcertó”. Considera que su recuperación ha sido “extraordinaria”. Y es que tan solo 30 minutos después de volver a su habitación, ya estaba en pie. 

En el pasado se sometió a una intervención quirúrgica mínimamente invasiva no robotizada por otro tipo de cáncer, pero la convalecencia, según él, fue “mucho más larga”. 

Esta vez salió del hospital con un solo punto de sutura y, menos de una semana después, ya llevaba a su esposa en automóvil a un vivero. 

La robótica es una de las cinco “grandes apuestas” del plan de salud decenal para Inglaterra.

Pero el Royal College of Nursing, que representa a los enfermeros, denuncia un acceso desigual a esta técnica quirúrgica según las regiones. Habla de “lotería geográfica”. 

También critica la ausencia de un modelo de financiación “coherente” para la robótica en los hospitales públicos, que obliga a algunos establecimientos a depender de donaciones.

¿Es lo mismo la Identidad Electrónica y firma electrónica?

El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC de Mitic, Klaus Pistilli, explicó que la Identidad Electrónica es el mecanismo que permite a los ciudadanos autenticarse para acceder a los servicios digitales del Estado.

Con ella es posible ingresar al Portal Paraguay y consultar documentos digitales con validez legal, como la cédula de identidad, la licencia de conducir, la habilitación vehicular y la cédula verde del vehículo. Una vez que el usuario acredita su identidad, puede utilizar la firma electrónica para completar distintos trámites en línea.

¿Para qué sirve la firma electrónica?

Actualmente permite firmar solicitudes, formularios, declaraciones, expedientes electrónicos y otros documentos administrativos sin necesidad de imprimirlos. En el ámbito privado también facilita la contratación de distintos servicios.

El director de la Cámara Paraguaya de Fintech (CPF), Bruno Vacotti, señaló que hoy los usuarios ya pueden abrir cuentas bancarias de manera completamente remota, contratar créditos y seguros, firmar pagarés, suscribir contratos de servicios financieros, autorizar débitos e incluso cumplir obligaciones tributarias utilizando esta herramienta.

Según explicó, estos procesos eliminan la necesidad de acudir físicamente a una sucursal y reducen considerablemente los tiempos de gestión.

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¿Tiene la misma validez que una firma manuscrita?

Sí, aunque existen diferencias entre los distintos tipos de firma electrónica.

El abogado especialista en ciberseguridad Sebastián Ibarra explicó que la Ley Nº 6822/2021 “de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y de los Documentos Transmisibles Electrónicos” distingue entre la firma electrónica no cualificada y la firma electrónica cualificada.

Esta última posee el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita porque se emite mediante un certificado expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza.

La firma electrónica no cualificada también tiene validez jurídica, pero si el firmante niega haberla utilizado será necesario demostrar su autenticidad, generalmente mediante una pericia informática u otras evidencias.

Ibarra también aclaró que el término “firma digital” ya no existe técnicamente dentro de la legislación paraguaya desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 6822/2021 “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”. Actualmente la denominación correcta es firma electrónica cualificada.

¿Cómo obtener la firma electrónica?

El procedimiento depende del tipo de usuario. Para la ciudadanía en general, la firma electrónica debe obtenerse a través de alguno de los Prestadores de Servicios de Confianza autorizados por la autoridad competente.

En Paraguay, la autoridad competente es la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que administra la Autoridad Certificadora Raíz (AC Raíz). Esta entidad habilita y supervisa a los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza (PCSC), que actualmente son seis y los únicos autorizados para emitir certificados cualificados de firma electrónica con validez jurídica.

Cada prestador establece el procedimiento para emitir el certificado y define el costo correspondiente, según el tipo de certificado solicitado.

Además, existen otros cuatro prestadores de servicios de confianza no cualificados, cuyos certificados no tienen el mismo efecto jurídico que la firma electrónica cualificada.

En cambio, los funcionarios públicos alcanzados por la Resolución Mitic Nº 132/2025 que modifica ciertos lineamientos de la firma electrónica pública y aprueba la guía de buenas prácticas para el servidor público pueden realizar el trámite completamente en línea y sin costo.

Pistilli explicó que solamente deben ingresar al Portal Paraguay utilizando su Identidad Electrónica, acceder a la sección “Mi Firma Electrónica”, validar su correo institucional y generar el certificado siguiendo los pasos del sistema.

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¿Cuánto cuesta?

No existe un precio único. El MITIC aclaró que cada prestador autorizado fija el valor del certificado que ofrece.

Por su parte, Vacotti recordó que existen algunos casos específicos en los cuales determinados certificados pueden obtenerse sin costo, como el utilizado para operar en e-Kuatia’i, disponible en oficinas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

¿Qué documentos todavía no pueden firmarse electrónicamente?

Aunque la legislación reconoce ampliamente la validez de la firma electrónica, existen actos jurídicos que todavía requieren otras formalidades.

Según explicó Ibarra, continúan excluidos aquellos casos en los cuales la ley exige escritura pública o presencia física de las partes.

Entre ellos figuran las donaciones de inmuebles, las hipotecas, los testamentos, el matrimonio y el reconocimiento de hijos.

En esos supuestos sigue siendo necesaria la firma manuscrita y la intervención de las autoridades correspondientes.

¿Qué cuidados debe tener el usuario?

El principal consejo de los especialistas es proteger las credenciales de acceso.

Ibarra recordó que el titular del certificado es responsable de custodiar su PIN, contraseña o dispositivo utilizado para generar la firma. “Nunca compartir el PIN ni el token” es una de las principales recomendaciones, ya que la ley presume que los documentos firmados con esas credenciales fueron realizados por su titular.

En caso de pérdida del dispositivo o sospecha de vulneración, el usuario debe comunicar inmediatamente la situación al prestador del servicio.

Para las firmas electrónicas no cualificadas, el especialista aconseja conservar correos electrónicos, registros de acceso y demás evidencias que puedan acreditar posteriormente la autoría del documento en caso de controversias.

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¿Quiénes pueden beneficiarse?

La firma electrónica no está pensada únicamente para grandes empresas. Según el MITIC, cualquier ciudadano puede utilizarla para realizar trámites con el Estado, mientras que las entidades financieras ya la emplean para facilitar la contratación de productos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Para las mipymes, además, representa una herramienta que puede reducir gastos en impresión, archivo físico, mensajería y traslados.

El desafío, coinciden autoridades y especialistas consultados, pasa ahora por ampliar su utilización, reducir las barreras de acceso y aumentar el conocimiento de una herramienta que ya cuenta con respaldo legal y que cada vez tiene más aplicaciones en la gestión pública y privada.

Ataque a Hugging Face

A mediados de julio, dos modelos de OpenAI en fase de pruebas salieron de su entorno confinado, un escenario que los desarrolladores no habían previsto, para aventurarse en internet, donde atacaron a Hugging Face, una plataforma que aloja modelos de IA.

Clément Delangue, director de Hugging Face, afirmó públicamente el viernes que debería existir una manera de “responsabilizar a las empresas que cometen errores que llevan a estos ciberataques”, aunque señaló que su compañía no prevé por ahora entablar un procedimiento judicial contra OpenAI.

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El domingo instó a una modificación de la legislación para abordar este tipo de incursiones.

“Es importante que los reguladores y los responsables de formular políticas reflexionen sobre el marco jurídico de este nuevo tipo de riesgo tecnológico” para evitar que estas incursiones se disparen en el futuro, dijo en CBS News.

Según Delangue, su plataforma sufrió 17.000 intervenciones del agente rebelde en cuatro días y medio.

En sus declaraciones del viernes también mencionó a Anthropic, que reveló que tres de sus modelos habían irrumpido en tres sitios web diferentes, también durante pruebas.

Intencionalidad

Las leyes civiles y penales estadounidenses clasifican la intrusión en un sistema informático como un delito.

“Si un empleado humano de OpenAI” hubiera violentado las infraestructuras informáticas de Hugging Face, “OpenAI sería considerado responsable”, estimó Gabriel Weil, profesor de derecho de la Universidad de Houston, en una columna publicada por el boletín informativo Transformer.

“Cuando lo hace una IA, la ley considera el asunto de manera muy diferente, al menos por ahora”, añadió.

Subrayó que la legislación se basa en la noción de intencionalidad, que según él no puede aplicarse a un modelo de IA.

Matthew Tokson, profesor de derecho en la Universidad de Utah, coincidió: “No hemos tenido que debatir este concepto respecto de algo que no sea humano y no creo que los tribunales estén preparados para para eso todavía”.

En cambio, en lo que respecta a la empresa que creó el modelo, el debate está abierto.

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“¿El hecho de decir ‘no le dijimos a la IA que hiciera eso’ zanja la cuestión de la responsabilidad?”, preguntó Rob T. Lee, jefe de investigación del instituto de formación en ciberseguridad SANS, en una publicación en X.

“Posible negligencia”

En el ámbito penal, Ryan Calo, profesor de derecho en la Universidad de Washington, no cree que un procedimiento de ese tipo pueda prosperar.

“La empresa o la persona tendrían que actuar, como mínimo, con imprudencia grave”, explicó. Y añadió: tendrían que “estar prácticamente seguros de que el delito se produciría y aun así diseñar o activar el sistema”.

Los expertos ven un mayor potencial en un caso civil, más que penal, donde la carga de la prueba es menor.

“Algunos consideran que las empresas de inteligencia artificial deberían ser declaradas directamente responsables si un agente de IA se descontrola y causa daños”, explicó Tokson.

“Otros preferirían que se evaluara una posible negligencia”, prosiguió el académico, “para determinar si se trató de un accidente imposible de evitar o si podría haberse previsto”.

En casos así, “generalmente existen reglas” en materia de negligencia en el diseño de un producto, a las que los jueces o los jurados pueden remitirse, según Tokson.

“Todo esto ocurre en un terreno poco explorado, porque nunca antes una IA había logrado escapar de los límites impuestos por sus desarrolladores para vulnerar sistemas o usuarios en internet”, dijo.

OpenAI podría ampararse en la falta de antecedentes legales si se enfrentara a una demanda, pero quienes vengan después ya no podrán hacerlo, advirtió Calo.

Demostrar que se podía haber anticipado un incidente similar “ya no debería ser tan difícil ahora que ha empezado a ocurrir”.

Antes de elegir, conviene ponerle nombre al problema real: evitar que un sitio web o un archivo descargado aproveche una falla para tomar control del equipo, y reducir riesgos comunes como phishing, robo de contraseñas y malware.

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Distintos navegadores y sus fortalezas

En ese escenario cotidiano, los navegadores basados en Chromium con actualizaciones frecuentes —Google Chrome y Microsoft Edge— suelen quedar arriba en seguridad “dura”: reciben parches rápido, incorporan defensas como el aislamiento de procesos y mantienen herramientas contra sitios maliciosos muy extendidas. En la práctica, esto se traduce en menos exposición cuando aparece una vulnerabilidad “de moda” y todavía hay gente sin actualizar.

Ahora bien, “seguro” no es lo mismo que “privado”. Si tu preocupación incluye seguimiento comercial, perfiles publicitarios y fuga de datos por rastreadores, Brave ofrece protecciones activadas por defecto (bloqueo de rastreo y anuncios) sin cambiar demasiado la experiencia de navegación. Su base es Chromium, por lo que hereda gran parte del blindaje técnico, pero su ventaja para el usuario está más en la reducción de superficie de rastreo.

En el ecosistema Apple, Safari suele ser una opción sólida para Mac y iPhone: integra bien el sistema, aplica aislamiento y suma barreras contra rastreadores. Para quien vive dentro de iOS/macOS, la seguridad práctica muchas veces mejora por algo simple: actualizar el navegador viene “pegado” al sistema, y eso reduce la cantidad de gente desactualizada.

Los riesgos de las redes WiFi públicas y cómo navegar de forma segura

Firefox se mantiene como alternativa robusta y valorada por quienes priorizan control y transparencia, pero su seguridad final depende mucho de hábitos de uso: mantenerlo al día, limitar extensiones y activar protecciones contra rastreo. En ataques masivos, el factor decisivo suele ser la velocidad de parcheo y la disciplina de actualización, más que la marca.

Si tu necesidad no es solo seguridad sino anonimato fuerte (por ejemplo, evitar que te identifiquen por IP o huella digital), Tor Browser es el estándar. El costo es real: navegación más lenta, más fricción y compatibilidad irregular con algunos sitios. Para el usuario promedio, no es “más seguro” en todo: es más anónimo.

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En resumen operativo: para la mayoría, Chrome o Edge maximizan seguridad contra exploits comunes; Safari es muy competitivo en Apple; Brave mejora privacidad sin sacrificar demasiado; Tor es para anonimato. El mayor salto de seguridad sigue siendo el menos glamoroso: actualizar siempre y desconfiar de extensiones innecesarias.