La iniciativa fue presentada a legisladores estadounidenses, reveló el medio Politico.

El texto de la propuesta plantea que Washington pueda bloquear un modelo de IA en caso de riesgo inminente de causar más de 50 muertos o heridos graves o pérdidas por más de 1.000 millones de dólares. Todo, bajo el visto bueno de un juez.

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Asimismo, se obligaría a los desarrolladores de IA a “poner a prueba los modelos más potentes”, a transparentar sus resultados frente al público, así como a “someterlos a una evaluación independiente” y “mantener un sólido programa de seguridad”, dijo un portavoz de Anthropic a la AFP este viernes.

Cuando resulte peligroso

Bajo el gobierno de Donald Trump, las empresas de IA están solo obligadas a decretos y compromisos voluntarios. El mandatario republicano se opone a frenar el auge de esta tecnología que impulsa la economía estadounidense.

El Congreso se mantiene dividido frente al tema, y no ha aprobado nada relacionado. La seguridad de la IA cobró relevancia tras las revelaciones de una serie de incidentes causados por sistemas avanzados de inteligencia artificial que se escaparon del control de sus creadores.

En junio, Anthropic fue obligada por Washington a suspender sus modelos más avanzados por casi tres semanas tras ser vetada por el Pentágono.

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Las relaciones de la empresa con el gobierno de Trump mejoraron recientemente.

“Nuestra propuesta (de regulación) también otorga al gobierno federal la capacidad de bloquear o disuadir el despliegue de los modelos más potentes cuando resulte peligroso”, remarcó el vocero de Anthropic.

La directora de asuntos gubernamentales globales de SpaceX, Gabriela Castillo Madrid, compareció este viernes por videoconferencia ante el Comité de Tecnología del Consejo Municipal.

La sesión tuvo lugar después de que el órgano legislativo emitiera una citación vinculante y notificara formalmente a la empresa su intención de acudir al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para forzar su asistencia, tras ausentarse de una sesión previa el pasado 5 de octubre.

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Al término de la declaración, Menin arremetió duramente contra la postura de la compañía, señalando que su discurso oficial centrado en la seguridad se vio contradicho por los hechos y por el testimonio del exempleado y denunciante Devin Kim.

“Extremadamente preocupante”

Menin calificó de “extremadamente preocupante” que la representante de SpaceX eludiera pronunciarse sobre el despido de Kim, quien fue uno de los primeros empleados de SpaceX AI y reveló ante el comité que la empresa consideraba admisibles los “desnudos de buen gusto”.

“Es realmente chocante, ofensivo y totalmente inaceptable”, denunció la presidenta del Consejo, visiblemente molesta tras constatar cómo circulan en internet miles de imágenes hipersexualizadas no consentidas de mujeres y menores.

La propia legisladora reveló que en cuestión de segundos pudo comprobar cómo se generaban imágenes de este tipo con su propio rostro mediante la herramienta Grok, la cual incluso ofrecía opciones para incrementar el nivel de sexualización de los contenidos.

“Esto no concuerda en absoluto con el testimonio de SpaceX AI que afirma que están enfocados en la seguridad. Estoy profundamente decepcionada y considero que su testimonio no es creíble y es inaceptable”, sentenció Menin al clausurar su intervención.

Por su parte, la presidenta del Comité de Tecnología, la concejal de origen dominicano Carmen De La Rosa, subrayó que este debate no concluye con la audiencia de hoy.

“Cada empresa será algún día una empresa de IA”, afirma el CEO de Nvidia

“Este no es el final de la conversación; este Consejo seguirá impulsando legislación sobre este asunto”, aseguró De La Rosa, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar en medidas como la supervisión de la Oficina de Responsabilidad Algorítmica y otros mecanismos de control público.

La comparecencia de SpaceX se suma a la vista celebrada el 5 de octubre, en la que testificaron directivos de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de expertos, alertadores de la industria y la diputada británica Jess Asato.

En aquella sesión, Menin exigió bajo juramento a los gigantes tecnológicos el compromiso de frenar el lanzamiento de modelos de IA si no superan las evaluaciones de seguridad internas o externas.

La mandataria costarricense se reunió con Bukele tras visitar la cárcel insignia del Gobierno de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que tiene capacidad para unos 40.000 presidiarios y donde se encuentran miles de pandilleros detenidos.

La Presidencia salvadoreña explicó que "ambos gobernantes encabezaron una sesión de trabajo ampliada junto a los integrantes de la delegación costarricense y sus contrapartes del gabinete salvadoreño" en la que "el eje central del diálogo fue la seguridad pública y el combate frontal a las estructuras delictivas transnacionales".

"Se sentaron las bases para el impulso de esquemas de cooperación técnica, intercambio oportuno de información policial, así como para la articulación de procesos de inteligencia entre las instituciones homólogas", apuntó la fuente.

En una conferencia de prensa en la sede del Gobierno salvadoreño, Bukele dijo que “las realidades de Costa Rica y El Salvador son diferentes, pero se pueden aprender muchas cosas. Nosotros creemos que podemos aportar mucho en el tema de seguridad”, expresó el jefe de Estado.

Por su parte, Fernández destacó que “nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar a un enemigo común".

"Vine a conocer de primera mano esa experiencia, con la firme decisión de aprender de lo que ha funcionado y de aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional contra el crimen”, afirmó la mandataria.

Esta visita se produce dos días después de que la Administración de Fernández inaugurara en suelo costarricense el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un penal de máxima seguridad inspirado en el Cecot.

Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó recientemente que "es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado" como él.

Por su parte, el Cacco de Costa Rica inaugurado esta semana tiene capacidad para unos 5.100 presos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno costarricense invirtió cerca de 35 millones de dólares en el centro penitenciario y consta de cinco módulos con capacidad para poco más de mil presos cada uno, de los cuales esta semana fueron inaugurados los dos primeros que recibirán reclusos desde finales de octubre.

En diciembre pasado, el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, también realizó una visita a El Salvador, en la que se reunió con Bukele y recorrió el Cecot, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, cuando recorrió la principal cárcel de ese país y alertó de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

Bukele había adelantado el pasado 13 de octubre -en una conferencia de prensa- que tenían un plan "que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada".

El mandatario sostuvo este viernes que esta revisión sería entre los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.

"Entonces, de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales", indicó Bukele.

Sin embargo, en su intervención previa no dijo que se trataba de este programa, en el que los presidiarios realizan trabajos de utilidad pública, como renovar escuelas, construir pupitres, entre otras actividades, por las que pueden recibir la libertad condicional.

Según un gráfico que presentó el jefe de Estado con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96.457 reos, señaló que 42.125 son homeboys (miembros plenos de las pandillas), 25.910 son "miembros no brincados" que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17.793 son "paros" o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.

"La diferencia entre un paro (colaborar voluntario) y un simple colaborador momentáneo, o de casualidad, o especial, era que el paro era un colaborador constante y continuo: alguien que todos los días, o tres veces a la semana, hacía un favor a la mara, permanente. Él nunca iba a ser pandillero, nunca iba a ser miembro, nunca lo iban a brincar, pero él sabía lo que hacía y lo hacía de una forma constante, continua y permanente", explicó Bukele.

Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se reunió con su homólogo tras visitar la megacárcel del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la lucha de Bukele contra las pandillas o maras.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado esos más de 90.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.

En el contexto de la implementación del régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.

El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, quien mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han alertado que, bajo esta disposición, el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

La entrada en vigor de la ley -tras ser publicada por el Diario Oficial de la República de Chile-, se produce a dos días del séptimo aniversario del 18 octubre, fecha en la que el país vivió una ola masiva de protestas por demandas sociales -que terminaron en hechos de violencia, quema de estaciones de metro, saqueos y represión policial-, y para la cual se han anunciado manifestaciones conmemorativas.

El texto define el uso de la fuerza como "la facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, destinada a hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público".

Añade que puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para influir en el comportamiento de una persona, e incluso agrega que "el uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte".

El texto establece para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (policías) una matriz del uso de la fuerza, en correspondencia con los grados de resistencia o agresión que presente una persona o grupo, y describe cinco: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

El reglamento plantea otros cinco niveles de respuesta que "no necesariamente se tienen que aplicar escalonadamente, pasando de una a otra", según detalló el ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, luego de la aprobación de la ley por el Congreso.

"Si es que la situación lo amerita y la amenaza es inminente, se puede pasar a la última etapa, que es uso de fuerza potencialmente letal", agregó.

Los grados de reacción van desde la presencia (vigilancia pasiva), actuación mediante técnicas de comunicación, pasando por reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal, hasta la utilización de fuerza potencialmente letal.

Respecto a las Fuerzas Armadas, la ley establece que cuando sean llamadas a cumplir labores de resguardo del orden público o protección de infraestructura crítica, deben seguir ocho reglas específicas que también parten del despliegue y la comunicación, hasta el uso de armamento letal frente a personas que usen el mismo tipo de armas o que realicen ataques contra infraestructura crítica.

Luego de su aprobación en el Congreso, al pasado 7 de octubre, diputados de oposición requirieron al Tribunal Constitucional (TC) revisar el proyecto, al cuestionar disposiciones relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza pontencialmente letal.

El recurso fue declarado inadmisible, luego de que el Gobierno solicitó considerarlo extemporáneo al argumentar que se presentó después de la promulgación de la ley en Contraloría.

El arrestado, un ciudadano ucraniano, habría llevado a cabo labores de vigilancia y reconocimiento previo del recinto antes de que la instalación fuera incendiada y su detención "no significa el fin de la investigación, que concierne a la sospecha de que el incendio fue llevado a cabo por encargo de los servicios secretos rusos", indicó en su cuenta de X la ABW.

Supuestamente, este individuo fue contratado por los autores materiales del ataque para llevar a cabo tareas de vigilancia antes del mismo.

Según la ABW, este detenido tomó fotografías y vídeos de la infraestructura que envió por mensajería instantánea, para posteriormente recibir órdenes para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones.

Aunque su arresto ocurrió el 30 de septiembre y quedó en prisión provisional por tres meses, no fue hasta este viernes que las autoridades revelaron oficialmente su captura.

Esta detención se suma a la de dos personas en Alemania, dos ciudadanos turcos residentes en suelo alemán, identificados por la ABW como Umit E. y Muslim T, a los que se acusa de "actuar para una agencia de inteligencia extranjera y cometer un acto de sabotaje".

Además, medios alemanes como el diario regional Schwäbische Zeitung informaron el martes de la supuesta detención de otros dos ciudadanos turcos, una mujer y un hombre, respectivamente, en la sureña ciudad de Karlsruhe y en Berlín.

El ataque contra las instalaciones de Starlink ocurrió durante la noche del 23 de septiembre en Wola Krobowska, a unos 40 kilómetros al sur de Varsovia, cuando dos personas encapuchadas saltaron la valla, vertieron líquido inflamable y provocaron un incendio que tardó más de seis horas en ser extinguido.

Esta estación terrestre está operada por la empresa Exatel y funciona como un nodo de enlace crítico que conecta los satélites de Starlink con la red de internet terrestre para permitir la transmisión de datos hacia los aproximadamente 30.000 terminales de Starlink que funcionan en Ucrania y son usados tanto en cometidos militares como en infraestructuras civiles.

“Cada empresa será algún día una empresa de IA. Cada sector se verá impactado por la IA”, subrayó durante el lanzamiento de Sferical One, una supercomputadora sueca que utiliza chips de Nvidia y cuya vocación es mantener en Suecia los datos sensibles y los conocimientos especializados del país.

Inversiones de Nvidia

Nvidia ha invertido ocho mil millones de dólares en el sector de la inteligencia artificial en Europa durante este año y “tenemos todavía unos cuantos mil millones de dólares en preparación”, subrayó Huang a la AFP.

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“Hemos invertido de manera estratégica en distintas partes de este ecosistema, en empresas de muy alta calidad que creemos que pueden contribuir a impulsarlo”, declaró, citando como ejemplos al proveedor británico de centros de datos, Nscale, así como al proveedor neerlandés de servicios de nube para la IA, Nebius.

Durante la visita de Huang, el constructor automóvilistíco, Volvo Cars, anunció que extenderá su colaboración con Nvidia para mejorar la tecnología de seguridad en sus futuros modelos de vehículos autónomos.

Gabriela Castillo Madrid, directora sénior de asuntos gubernamentales globales de la compañía de Elon Musk, comparece hoy ante el Comité de Tecnología del Concejo, según medios locales.

La audiencia se produce después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, citara formalmente a la empresa para que participara en una sesión monográfica sobre los riesgos de la IA celebrada el pasado 5 de octubre, a la que no acudió.

Ante la negativa inicial, el organismo notificó formalmente a la empresa su intención de presentar una petición ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para exigir su cumplimiento forzoso, tras lo cual la firma solicitó reunirse y aceptó declarar.

La comparecencia de SpaceX llega tras la vista del pasado 5 de octubre, en la que participaron altos representantes de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de testimonios bajo juramento de destacados alertadores de la industria como Jacob Coxon, Daniel Kokotajlo y Alex Turner, y de la diputada británica Jess Asato.

"Celebramos una audiencia de varias horas con denunciantes de irregularidades, las mayores empresas tecnológicas del mundo y los principales expertos del país en IA. La ausencia patente de SpaceXAI fue inaceptable", recalcó entonces Menin a través de un comunicado oficial.

Menin subrayó que los ciudadanos merecen "escuchar directamente de las empresas que desarrollan esta poderosa tecnología cuáles son las salvaguardias que están implementando para proteger a las personas y cómo rendirán cuentas cuando fallen", advirtiendo al mismo tiempo de que "la autorregulación no es suficiente".

Durante la audiencia previa, la propia Menin pidió bajo juramento a los portavoces de OpenAI, Anthropic, Meta y Google que se comprometieran a no lanzar un modelo si fallaba una prueba interna o una evaluación de terceros ajenos a la propia empresa.

En una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

“Bueno, ha funcionado”, declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra.

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Real life, baby pic.twitter.com/3QEqn18wig

— Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket

Las tres versiones son Performance, Thrust y Rocket. La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos, mientras que la Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.

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La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

El empresario reconoció que el deportivo no esta necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Tesla prevé iniciar la producción en 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios definitivos.

La segunda generación del Roadster fue presentada inicialmente en 2017, con la promesa de comercializarse en 2020 por unos 200.000 dólares.

Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, y posteriormente sus programas de conducción autónoma y robots humanoides.

El archipiélago “viene sufriendo” desde julio un aumento de las brechas de seguridad destinadas a sustraer grandes cantidades de información personal a través de sitios web o portales corporativos, explicó a EFE la jefa de Estrategia de Ciberseguridad de la multinacional de telecomunicaciones y tecnología japonesa NTT, Mihoko Matsubara.

“Los atacantes parecen centrarse indiscriminadamente en sistemas corporativos expuestos a Internet y, una vez que logran infiltrarse, extraen cualquier información personal necesaria para maximizar el impacto de sus acciones”, señaló.

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“Estado de emergencia en el ciberespacio”

La avalancha de ciberataques y casos de ‘ransomware’ ha suscitado inquietud entre el Gobierno: Japón vive un “estado de emergencia en el ciberespacio”, declaró la semana pasada Masaaki Taira, presidente del órgano encargado de la estrategia de ciberseguridad del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, afirmó por su parte este viernes que los siete países más desarrollados (G7) realizarán ejercicios contra ciberataques impulsados con inteligencia artificial (IA), una decisión tomada la víspera durante una reunión en Bangkok.

No obstante, Matsubara subrayó que por el momento no se ha confirmado si estos últimos ciberataques en Japón han empleado IA.

Pero la jefa de ciberseguridad de NTT añadió que esta herramienta “ya forma parte integral de las ciberoperaciones ofensivas para escalar y acelerar los ataques”, por lo que “no sería de extrañar” que los atacantes la hubieran utilizado.

Así lo sospecha la vecina Corea del Sur, que está investigando una serie de intrusiones recientes contra varias compañías financieras y bancos, tras los que según un informe de la compañía multinacional CrowdStrike podría encontrarse un atacante de habla china que utilizó el agente de IA chino ARTEX.

Los principales incidentes recientes de violación de datos en Japón incluyen al portal de reserva de viajes Skyticket, con 14,6 millones de datos personales comprometidos; la cadena de restauración Yakiniku King, con 10,8 millones de datos; o la cadena de karaoke Big Echo, con alrededor de 8,7 millones de filtraciones.

Pero también se vieron comprometidos los datos de los clientes de las librerías de segunda mano Bookoff (6,4 millones), del servicio de uso compartido de vehículos Times Car (6,6 millones), o de tiendas de conveniencia con millones de usuarios como Lawson.

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Un listado que no hace más que crecer cada día que pasa

Más allá del transporte, la restauración y el comercio, esta semana se dio a conocer la filtración de datos de Arcadia, que provee servicios en la nube para la prevención de desastres naturales, lo que obligó a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias (como avisos de terremotos o tifones) en decenas de municipios.

Esta misma compañía confirmó posteriormente pruebas de acceso no autorizado por parte de un tercero a sus servicios relacionados con incendios, según informó la agencia de noticias Kyodo.

No obstante, el listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa. De hecho, Matsubara enfatizó que las filtraciones de datos están aumentando en todo el mundo, no solo en Japón, y citó una investigación del diario económico Nikkei, que cifra en 320 millones de personas los datos expuestos a nivel mundial desde septiembre hasta la semana pasada.

A principios de octubre entró en vigor en el archipiélago una legislación sobre defensa cibernética, diseñada para fomentar la cooperación entre los sectores público y privado, y reforzar la capacidad del país para combatir este tipo de ataques en la red, en medio del aumento registrado con los avances en IA.

A pesar de esta norma y de que los recientes ciberataques parecen tener como objetivo el robo de información personal en lugar de causar disrupciones, Matsubara alertó de que es probable que Japón empiece a experimentar ‘hackeos’ de mayor impacto en este sentido.

Algunos actores, advierte, podrían intentar identificar el umbral que activa la ciberdefensa de Japón, destinada a neutralizar operaciones ante un ciberataque grave contra el Gobierno o infraestructuras críticas, con el fin de amenazar la seguridad nacional.

Los ministerios de Comercio y Ciencia y Tecnología anunciaron una revisión del catálogo de tecnologías de exportación prohibida o restringida, sometida a consulta pública hasta el 15 de noviembre, y establecieron un registro temporal previo para las operaciones afectadas.

La propuesta abarca 23 tecnologías de IA, doce fotovoltaicas y cinco biomédicas, entre ellas las relacionadas con grandes modelos de lenguaje, agentes inteligentes, capacidad de computación y fabricación de células solares avanzadas.

Entre las tecnologías cuya exportación se plantea prohibir figuran las destinadas a generar o modificar código malicioso mediante IA, determinadas plataformas de terapia celular y génica y procesos de fabricación de células solares de perovskita y en tándem.

Las restricciones alcanzarían, entre otras, a tecnologías de detección de vulnerabilidades mediante IA, identificación de nuevas dianas terapéuticas y producción de polisilicio en líneas con una capacidad anual de al menos 30.000 toneladas.

El Ministerio de Comercio justificó la iniciativa por la creciente aplicación de estas tecnologías en ámbitos sensibles y aseguró que busca prevenir los riesgos de "pérdida de control y difusión indebida" de conocimientos avanzados.

El departamento insistió en que la revisión forma parte de las labores "ordinarias" de gestión del comercio tecnológico y que "no está dirigida contra ningún país, región o entidad específicos".

Pekín precisó que los controles tendrán un alcance "preciso y limitado" y que los productos fabricados mediante las tecnologías afectadas quedarán fuera de su ámbito general, mientras que las tecnologías ya difundidas mediante código abierto o publicaciones académicas estarán excluidas.

Las autoridades aclararon que las restricciones sobre determinados grandes modelos de IA podrían afectar a su instalación en servidores extranjeros, pero no al acceso desde otros países mediante aplicaciones, páginas web o interfaces de programación (API).

Aunque las nuevas prohibiciones y restricciones todavía no están aprobadas, las empresas deberán registrar desde este viernes las transferencias al extranjero de las tecnologías incluidas, incluso cuando se trate de operaciones ya iniciadas y pendientes de completar.

El anuncio concreta parte de los planes adelantados en julio por el diario británico Financial Times, que informó de consultas de los reguladores chinos a empresas como Alibaba, ByteDance y Zhipu sobre posibles límites a la exportación de tecnologías de IA y semiconductores.

Según aquella información, las autoridades estudiaban restringir la transferencia de datos de entrenamiento y la descarga desde el extranjero de los pesos de los modelos, archivos que contienen buena parte de lo aprendido por estos sistemas, sin impedir necesariamente el acceso internacional a sus servicios.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea (UE) abogaron este jueves por desarrollar nuevos instrumentos de defensa comercial para corregir los desequilibrios económicos con China, aunque defendieron mantener el diálogo con Pekín para evitar una escalada de las tensiones.

Las medidas planteadas llegan en plena rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos, marcada por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y por los esfuerzos de Pekín para proteger sus capacidades industriales en sectores estratégicos.

Preguntado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sobre cómo actuar ante la ausencia de un marco regulatorio común para la IA, Clark afirmó que Anthropic defiende "la idea de acompasar el desarrollo de la IA de frontera" y "la necesidad de que la industria hable de ello y desarrolle tecnologías de frenado (...) y las comparta".

En un panel sobre los riesgos y las oportunidades de esta tecnología, insistió en la necesidad de establecer "normas comunes" mediante "marcos normativos 'de facto' en todo el mundo: desde la Ley de IA de la Unión Europea (UE) hasta los compromisos voluntarios observados en Estados Unidos".

"Si nos lo tomamos en serio, podremos llegar a controlarlo. Pero no pueden ser únicamente las empresas las que tomen estas decisiones. Creo que es una cuestión de puro sentido común, un principio básico (...). Si actuamos con negligencia, acabaremos sumidos en algún tipo de caos", advirtió.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró durante un discurso que sirvió como antesala a las reuniones anuales del organismo y el BM, que, "si se hace bien", la IA podría sumar hasta medio punto porcentual adicional al crecimiento mundial cada año.

Según el FMI, la inversión IA sostendrá el crecimiento económico mundial en 2026, situado en el 3,1 %, amortiguando el impacto de los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Clark es uno de los firmantes de un artículo conjunto publicado recientemente por un grupo de 22 'gurús' de la IA, entre ellos dos de los considerados sus 'padrinos' modernos, como el premio Nobel Geoffrey Hinton y el experto en computación Yoshua Bingio, que pide a los Estados una legislación más proactiva que evite "una explosión de inteligencia" vinculada a esta tecnología.

El texto, de la unidad de IA de la universidad inglesa de Cambridge, resalta que los códigos con que se desarrolla la IA ya no son obra humana, sino procesos automáticos de la propia tecnología, lo que constituye una novedad con respecto a hace solo un año.

Anthropic elevó sus ingresos un 45 % en el tercer trimestre del año, hasta 16.800 millones de dólares, mientras prepara su salida a bolsa en Estados Unidos, prevista para noviembre, según The Wall Street Journal.

Katayama expresó ante el resto de jefes de finanzas y bancos centrales del G7 las inquietudes de Japón sobre la "gestión de los riesgos que plantea la IA", afirmó esta mañana en una rueda de prensa a su regreso al archipiélago, ante lo que anunció que estos países "han decidido realizar simulacros al respecto".

La ministra de Finanzas japonesa señaló como un "importante avance" esta decisión de los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón), mientras el archipiélago continúa sufriendo una ola de ciberataques a empresas de varios sectores que han filtrado datos de millones de personas.

Aún no se ha confirmado si estos ataques están relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), pero medios y expertos aseguran que es probable que los atacantes utilizaran agentes de IA.

Estos ciberataques en el archipiélago tienen lugar paralelamente a una serie similar en la vecina Corea del Sur, donde varias compañías financieras y bancos se han visto afectadas.

Según las autoridades surcoreanas, podrían haber sido realizados con inteligencia artificial (IA), y un informe de la multinacional de ciberseguridad CrowdStrike apuntó a un atacante de habla china que utilizó el agente de IA chino ARTEX.

Según informó Telecom en un comunicado remitido este jueves a los mercados, el directorio de la compañía decidió aceptar la oferta de Metrotel luego de que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina diera el visto bueno a Metrotel como potencial compradora de los paquetes de clientes de servicios móviles y de internet de TMA.

Telecom precisó que el monto de la oferta asciende a 450 millones de dólares, más impuestos.

En junio pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso una serie de condiciones para aprobar la adquisición de TMA) por parte de Telecom Argentina, una operación por 1.245 millones de dólares concretada en febrero de 2025.

Entre estas condiciones, Telecom debe traspasar a otro operador un mínimo de 6 millones de clientes activos de servicios móviles, incluyendo 4 millones en Buenos Aires y su periferia y 2 millones en el resto del país.

Telecom también debe transferir 211.400 clientes residenciales de internet.

Según informó este jueves Telecom, TMA cederá a favor de Metrotel, en los términos de las condiciones impuestas por las autoridades argentinas, "una base de clientes que incluirá abonados de servicios móviles y abonados de servicio de internet residencial", entre otros activos.

La compra de TMA por parte de Telecom había sido objetada ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Telecom posee unos 19,4 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA cuenta con 19,5 clientes móviles.

En el segmento de internet fija, Telecom posee 4,2 millones de abonados y TMA, 1,6 millones.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Metrotel, por su parte, fue adquirida recientemente por el fondo Nippur Fiber Holdings (51 %), de los empresarios argentinos Luis Blaquier y Sebastián Caputo, y por el fondo Beacon (49 %), propiedad del magnate estadounidense Ralph Booth.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó la demanda penal en la Fiscalía Departamental de La Paz, acompañado del procurador del Estado, Hugo León, y de autoridades del Viceministerio de Transparencia.

Justiniano dijo que una auditoría interna estableció un posible daño económico "superior a 1.478 millones de bolivianos", equivalentes a algo más de 126,5 millones de dólares.

El ministro explicó que el contrato original, suscrito en 2016 con la empresa francesa Thales, daba un plazo de 31 meses para la entrega del sistema.

No obstante, las primeras pruebas se hicieron recién a los 82 meses, periodo en el que, además, fueron firmados siete contratos modificatorios y la demostración final fue a los 98 meses después de la suscripción del primer documento, indicó.

"La auditoría encontró observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema", sostuvo.

Según Justiniano, de los 13 radares que estaban incluidos dentro del sistema, se estableció que solo dos están operando, otros dos no funcionan y nueve presentan "observaciones", por lo que tampoco están operando.

Las exautoridades denunciadas son Reymi Ferreira, que firmó el contrato original y los dos primeros modificatorios; Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo.

Los cuatro exministros cumplieron funciones entre 2016 y 2025, Ferreira y Zavaleta en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), López en la Administración transitoria de Jeanine Añez (2019-2020) y Novillo en la de Luis Arce (2020-2025).

Además de ellos, están denunciados exfuncionarios, representantes técnicos y otros de la empresa contratista.

Justiniano aclaró que el proyecto tenía la modalidad de "llave en mano", es decir que el Estado boliviano debía recibir "un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación", lo cual no ocurrió.

Por su parte, el procurador del Estado dijo que la denuncia se presentó por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En agosto de 2016, el entonces Gobierno de Morales contrató a Thales para que instale un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares (196 millones de euros).

Hace tres años, el entonces ministro Novillo informó que el sistema de radares funcionaba "al cien por ciento", por lo que anunció el inicio de una transición para la utilización de esos equipos en la lucha contra el narcotráfico y el control de la aviación civil comercial, acciones que hasta la fecha no se realizan.