"Con las oportunidades de financiación para 2027, el Consejo Europeo de Innovación (EIC por sus siglas en inglés) apoya a los innovadores más ambiciosos de Europa en todas las etapas de su trayectoria, desde la investigación de vanguardia hasta la creación de mercados y la expansión", manifestó la comisaria europea de Start-ups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario afirmó que el programa de trabajo del próximo año incluye "varias mejoras específicas" que incluyen "completar" con 1.000 millones de euros la financiación del Fondo 'Scaleup Europe' para empresas tecnológicas europeas, así como con 200 millones de euros las inversiones en defensa.

Entre otros cambios, también apuntó a la mejora en la gestión del elevado volumen de solicitudes, ayuda a las empresas respaldadas por el fondo europeo a probar sus tecnologías con compradores públicos y privados, y ampliación de el apoyo a las empresas emergentes dirigidas por mujeres.

"A medida que vamos definiendo el próximo programa de investigación e innovación de la UE, nuestra tarea consiste en convertir la excelencia científica, el talento y la fortaleza industrial de Europa en nuevas empresas y en una competitividad duradera", apuntó la comisaria.

El EIC cuenta con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros para el periodo entre 2021-2027 en el marco del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte Europa.

Según el comunicado europeo, se ha prestado apoyo a más de 800 empresas y a cerca de 700 proyectos de investigación desde su puesta en marcha.

De acuerdo a un recuento publicado por la web, los votantes de diez estados estadounidenses estaban llamados a pronunciarse el martes sobre 41 propuestas locales diferentes relacionadas con el desarrollo de centros de datos, que son una de las grandes apuestas del presidente, Donald Trump, y despiertan un creciente recelo en el país norteamericano.

Las consultas abordaban desde prohibiciones y moratorias hasta autorizaciones urbanísticas y mecanismos de participación ciudadana para decidir sobre estas instalaciones.

En 38 de las 41 consultas los votantes respaldaron restricciones o rechazaron medidas para facilitar el desarrollo de centros de datos en sus localidades.

Otras tres consultas celebradas el 3 de noviembre seguían pendientes de resolución, pero por lo que se lleva de recuento, los resultados se inclinan en contra de impulsar el desarrollo de centros de datos, según las informaciones de Ballotpedia.

Entre lo aprobado el martes destaca la contundencia con la que se votó en el municipio de El Dorado, Kansas, donde se aprobó prohibir durante 10 años la construcción de centros de datos de alto impacto y de determinados sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.

Por su parte, en Edgewater, Florida, se aprobó modificar la carta municipal para impedir que se aprueben, construyan, amplíen u operen nuevos centros de datos y también para que modificar o derogar esta prohibición requiera de una votación ciudadana.

En la localidad de Upper Sandusky, Ohio, el recuento provisional apunta a que los vecinos prohibirán también la construcción de centros de datos en el municipio.

El desarrollo de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos de gran capacidad ha sido una de las grandes apuestas económicas de Trump, que recibió el martes junto a los republicanos un duro correctivo electoral que desembocó en los demócratas haciéndose con el control de las dos Cámaras del Congreso.

Según muestran distintas encuestas, Estados Unidos está entre las economías desarrolladas donde los centros de datos despiertan más desconfianza por factores como la potencial destrucción de empleo o el elevado uso de recursos que consumen estas instalaciones y que hacen temer por facturas de la luz y el agua más altas a las comunidades donde se establecen.

Los teléfonos cautivos antes de 2007

A mediados de los 2000, tener un teléfono inteligente era caro y daba poco margen de uso. El mercado estaba repartido entre Symbian, BlackBerry OS y Windows Mobile, plataformas cerradas donde cada fabricante imponía su interfaz y sus restricciones.

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Instalar una aplicación podía exigir certificados digitales pagos o el visto bueno de la operadora. Las apps de terceros eran pocas, caras y no se comunicaban entre sí. Quien cambiaba de marca perdía configuraciones, historial y, muchas veces, las herramientas que usaba para trabajar.

Sin un estándar común, los fabricantes chicos no podían competir con los grandes. Unas pocas corporaciones controlaban las licencias de software, lo que mantenía altos los precios de los terminales y dejaba afuera a millones de personas, sobre todo en los mercados emergentes.

El estándar abierto

El 5 de noviembre de 2007 se anunció la Open Handset Alliance, un consorcio liderado por Google junto con fabricantes de hardware y operadores. Con ella se presentó Android, una plataforma de código abierto basada en el núcleo de Linux.

Por primera vez, el software no iba atado a una sola marca. Varios fabricantes podían adoptar el mismo sistema y competir entre sí, lo que bajó los costos de producción.

El primer teléfono con Android salió recién en octubre de 2008, pero en los años siguientes los equipos con pantalla táctil, navegador completo y conexión de datos dejaron de ser un artículo de lujo y pasaron a estar al alcance de mucha más gente.

Qué cambió en el uso cotidiano

Los sistemas competidores cobraban licencias altas o dependían de tiendas oficiales restrictivas. Con Android surgió un mercado de aplicaciones más abierto, donde la competencia mejoró la calidad y bajó los precios.

Los datos, correos, agendas y archivos pasaron a sincronizarse con servicios en la nube que no dependían del aparato. Y como el sistema era abierto, cada persona podía cambiar la interfaz, el teclado y las herramientas de accesibilidad, algo que los sistemas cerrados no permitían.

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Además, como ningún fabricante controlaba toda la innovación, las marcas se disputaron cámaras de mayor resolución, GPS y conexiones más rápidas, y esas funciones llegaron también a los equipos de gama baja.

La apertura tuvo sus límites. Google conserva el control de servicios clave como Play Store y Play Services, y muchos fabricantes personalizan el sistema de formas que demoran las actualizaciones. Aun así, el cambio de fondo se sostuvo: ningún fabricante volvió a tener el control exclusivo del software.

La iniciativa dará acceso a herramientas de diseño, servicios de apoyo, bloques de propiedad intelectual y capacidad de fabricación, recursos que son los más caros y difíciles de conseguir para las empresas en fase temprana, según el Ejecutivo comunitario.

Las 'startups' incipientes podrán solicitar hasta 100.000 euros para prototipos de prueba de concepto, y las más desarrolladas, subvenciones de 16 millones para costear el desarrollo hasta la comercialización.

Las empresas europeas de diseño de chips suman menos del 1 % de los ingresos mundiales del segmento, según cifras de Bruselas, que sostiene que la nueva capacidad de fabricación en la UE solo será sostenible si hay demanda local.

Del total de la dotación, 440 millones son subvenciones públicas de la UE y los Estados miembros, y 85 millones se destinarán a la infraestructura en la nube, los servicios de apoyo y las herramientas de diseño de código abierto.

Por origen, 285 millones proceden del presupuesto comunitario y 240 millones de los países participantes en la Empresa Común de Chips, una entidad público-privada de la UE que financia la investigación e innovación en semiconductores.

La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Henna Virkkunen, se enmarca en la Ley de Chips y llega cinco meses después de que la Comisión propusiera la Ley de Chips 2.0, que apunta a impulsar la demanda y a apoyar el diseño y la producción de chips en la UE.

En un informe publicado este jueves dedicado a la difusión de la IA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca la rapidez con que progresa esta tecnología, pero también los riesgos de la brecha en su uso y el riesgo de que queden descolgadas algunos grupos sociales, pero también las pequeñas empresas.

Globalmente, el uso de la IA generativa entre la población española de 16 a 74 años, del 37,9 %, era muy similar a la media de la OCDE (37,3 %), pero estaba por encima de la del conjunto de la Unión Europea (32,7 %).

Los países en los que había una mayor difusión eran Noruega (56,3 %), Dinamarca (48,4 %) y Suiza (47 %), que triplicaban las cifras de Turquía (17,2 %) y Colombia (15,9 %), que cerraba la lista de los miembros de la organización para los que hay datos.

Los jóvenes españoles estaban por encima de los que tienen esas edades en el conjunto de la organización, mientras que el grupo de 25 a 54 años se quedaba ligeramente por debajo de la media (43,1 % frente al 44,5 %) y los de 55 a 74 años estaban al mismo nivel (14,2 %).

Los autores del informe señalan que el grupo de edad más avanzada prácticamente ha recuperado el retraso que tenía hace unos años con respecto al resto de la población en lo que se refiere al uso de internet, pero no con la IA, y lo atribuyen a que una parte importante (43 %) dicen no necesitarla, al tiempo que algunos (12 %) reconocen que les faltan competencias o desconocen esa tecnología (9 %).

Por lo que respecta a las empresas, un 20,3 % habían integrado la IA en el conjunto de la OCDE en 2025, y ese mismo porcentaje en España.

Los países que presentan una adopción más fuerte por las empresas eran Dinamarca 42 %), Finlandia (37,8 %), Suecia (35 %) y Bélgica (34,5 %), al tiempo que en la cola estaban Turquía (7,4 %) y Rumanía (5,2 %).

La OCDE advierte de nuevo de las grandes diferencias entre las pequeñas y las grandes empresas, que en un 52 % habían incorporado el uso de la IA en su actividad.

"Estamos experimentando dificultades con nuestros servicios de telefonía móvil", afirmó NTT Docomo en un comunicado, unos fallos en su red que se han registrado por todo el territorio del archipiélago.

La investigación en curso, añadió, no ha revelado por el momento pruebas de acceso no autorizado o ciberataques. Sin embargo, la disrupción en sus servicios de telecomunicaciones tuvo lugar horas después de que NTT Docomo se viera obligada a suspender los servicios de su tienda en línea y de su portal para clientes (My docomo) por una intrusión.

"Hemos determinado que existe una alta probabilidad de que nuestros servidores hayan sido accedidos ilegalmente desde una fuente externa. Por lo tanto, hemos suspendido los servicios para determinar la causa", indicó en un comunicado.

El posible ciberataque se produjo un día después de que el presidente del grupo matriz NTT, Akira Shimada, reportara en una rueda de prensa de resultados que la detección de ciberataques en el último mes contra el grupo se ha multiplicado por siete interanualmente, según la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Además, el principal portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, explicó en una rueda de prensa esta mañana que la situación en Japón con los sucesivos ciberataques contra empresas y entidades niponas es "sumamente grave" ya que amenaza la vida segura y tranquila de los ciudadanos.

Asimismo Kihara afirmó que el Ejecutivo del país asiático trabaja para terminar un paquete de medidas de emergencia de ciberseguridad esta semana.

En las últimas semanas se ha registrado en Japón una oleada de ciberataques masivos que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos.

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales, que se han visto obligados a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias en varios municipios.

El segundo informe de las "Perspectivas de la economía y la sociedad digitales" de la OCDE, presentado este jueves por el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en la Cumbre Digital de Tallin, revela que el 81 % de los adolescentes de 15 años jugaba a videojuegos en un día normal de la semana, lo que convierte esta actividad en una de las formas más comunes de ocio digital.

El tiempo dedicado a los videojuegos entre semana se distribuye de manera desigual, ya que, de promedio, en los países de la OCDE, el 19 % de los estudiantes declaró que no jugaba en absoluto en un día típico entre semana.

Aproximadamente la mitad de los quinceañeros en la OCDE (un 54 %) jugaba hasta tres horas al día entre semana, un hábito considerado "moderado" por la organización.

En cambio, el 26 % jugaba más de tres horas al día entre semana, una proporción considerada "juego intenso".

La proporción oscila entre el 17 % en España y el 18 % en Suiza, y el 36 % en Chile.

En cambio en el Reino Unido, Suecia y Lituania, aproximadamente uno de cada tres estudiantes afirmó jugar más de tres horas al día entre semana, mientras que en Austria (19 %), Islandia (19 %) e Italia (20 %), la proporción se acerca a uno de cada cinco.

El 5 % de todos los estudiantes confesó jugar más de siete horas al día entre semana, lo que indica que las sesiones más prolongadas se concentran en un segmento relativamente pequeño de adolescentes.

Las diferencias entre países en el tiempo dedicado a los videojuegos entre semana varía.

Así, en Eslovaquia, Chequia y Eslovenia, más de una cuarta parte de los estudiantes afirmó que no jugaba en absoluto en un día normal, en tanto que en el Reino Unido, menos de uno de cada siete estudiantes indicó no jugar nada entre semana.

También se observan diferencias en el extremo superior de la distribución del tiempo dedicado al videojuego, dado que en Chile, el 9 % de los estudiantes señaló jugar más de siete horas al día entre semana, frente a menos del 3 % en Australia e Islandia.

El tiempo dedicado a jugar a videojuegos entre semana también varía considerablemente según el nivel socioeconómico de los estudiantes, con diferencias entre chicos y chicas.

En 2025, los chicos de entornos desfavorecidos de los países de la OCDE dedicaban 21 horas semanales a los videojuegos (13 horas en el caso de las chicas), frente a las 17 horas de los chicos de entornos favorecidos (9 horas en el caso de las chicas).

Asimismo, las horas destinadas a los videojuegos pueden reflejarse en el rendimiento académico.

Así, los niños que afirman jugar a videojuegos entre una y tres horas aproximadamente en un día normal suelen mostrar un rendimiento similar o ligeramente superior en matemáticas, lectura y ciencias en comparación con quienes dedican menos tiempo a jugar, según la OCDE.

Por encima de este nivel, el juego durante los días normales se asocia con peores resultados académicos, con descensos más tempranos y pronunciados entre las chicas y los estudiantes de entornos más favorecidos, explica el informe.

"Los videojuegos pueden favorecer las habilidades cognitivas, la creatividad y el bienestar, pero el juego intensivo se asocia con un menor rendimiento académico, especialmente entre las chicas y los estudiantes de entornos favorecidos", advierte la OCDE.

El detenido, de 41 años, presuntamente encabezaba una red con presencia en la capital mexicana, Tijuana (Baja California, norte) y Cancún (Quintana Roo, sur), según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que dicha red de lavado de dinero operaba "al servicio de una organización criminal", sin precisar cuál.

Además, indicó que el sospechoso también está relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

Aunque no precisó el nombre el grupo criminal, el funcionario aseguró que "las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan".

En la acción, agregó, también se decomisó droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

La detención ocurrió durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, donde los agentes aseguraron más de 43 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) en efectivo.

También decomisaron teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de droga, cartuchos, relojes y vehículos, agregó el comunicado.

Según el Gabinete de Seguridad, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar el inmueble y obtener una orden judicial para su registro.

En la acción participaron agentes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Ciudad de México.

El arresto se suma a otros operativos recientes contra redes de lavado de dinero en México. En mayo, la FGR anunció el desmantelamiento de El Caballito, una organización presuntamente dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, e informó de órdenes de captura contra ocho personas y la identificación de 15 empresas fachada.

Un mes antes, las autoridades detuvieron en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, a Remigio, señalado como operador financiero de un grupo criminal y requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de personas y el crimen organizado.

Este informe pronostica que el tráfico procedente de agentes autónomos de IA se multiplicará por 160 en 2035 respecto al nivel de 2026, mientras que el generado por la IA física -incluidos los robots y los vehículos conectados- crecerá 105 veces en el mismo periodo.

Además del fuerte aumento del volumen total de los datos, Nokia augura un cambio drástico en el funcionamiento de las redes de telecomunicación para poder adaptarse a las exigencias de la IA.

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Según la compañía tecnológica finlandesa, la creciente adopción de agentes autónomos de IA y de máquinas conectadas supondrá un desafío para las redes tradicionales, diseñadas principalmente para la descarga de contenidos, al aumentar la demanda de capacidad de subida de datos (uplink) y de respuestas en tiempo real.

“La IA está cambiando lo que necesitamos de las redes”

El informe prevé que para 2035 las aplicaciones de IA física generarán más del 90 % de su tráfico a través de la subida masiva de datos, lo que exigirá una menor latencia de las redes de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, Nokia pronostica que se producirá un cambio en el lugar donde se procesarán los datos de la inteligencia artificial a medida que las aplicaciones de IA física y de agentes autónomos ganen protagonismo.

Aunque espera que la mayor parte del tráfico de IA permanezca en la nube central, prevé que la infraestructura periférica (edge) y del núcleo metropolitano (metro core) dén servicio al 36 % de todo el tráfico nativo de IA para 2035.

También augura que los modelos más eficientes, los requisitos de baja latencia y las necesidades de soberanía de datos impulsarán la creación de instalaciones más cercanas a los usuarios, lo que favorecerá una infraestructura más distribuida conocida como “red de IA” (AI grid).

“La IA está cambiando lo que necesitamos de las redes y no solo la cantidad de tráfico que transportan”, señaló en un comunicado la responsable de Tecnología e IA de Nokia, Pallavi Mahajan.

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A su juicio, la próxima fase de la IA dependerá tanto de la red como de su capacidad de cómputo, por lo que la preparación de la red debería ser un elemento central en la planificación en este proceso y no algo que considere con posterioridad.

“Consideramos que las escuelas deben tener el control sobre el uso de la IA en sus aulas, por lo que proporcionamos a los administradores herramientas para gestionar este enfoque”, indicó la compañía basada en California en un escrito.

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El gigante tecnológico advirtió que los colegios que decidan bloquear estas funciones de IA podrían dejar a sus alumnos sin acceso al buscador Google Search, debido a la integración de ambas herramientas.

Google dijo que está actualizando su estrategia de control para Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y la búsqueda de Google, tras escuchar preocupaciones de centros educativos, docentes, investigadores destacados y funcionarios electos.

La iniciativa se produce tras las crecientes críticas por parte de grupos de defensa y senadores en torno a la expansión de los servicios de IA de Google en las aulas.

“Problemas conductuales y psicológicos”

Tras el anuncio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, dijo que Google intenta utilizar “su poder monopolístico” para imponer la IA en las escuelas públicas.

“Ninguna corporación debería tener la facultad de dictar cómo educamos a nuestros hijos... Nuestras escuelas públicas existen para servir a los estudiantes, no para aumentar los márgenes de beneficio de las grandes empresas tecnológicas”, añadió en un mensaje en X.

El mes pasado, los senadores estadounidenses Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) y Josh Hawley (republicano por Misuri) exigieron respuestas a Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet Inc. y Google LLC, sobre la agresiva promoción de productos de inteligencia artificial (IA) de la empresa dirigida a niños en las escuelas.

En una carta enviada a Pichai, los legisladores expresaron su preocupación de que el impulso incesante de Google por introducir productos de IA “esté poniendo en peligro” el éxito académico y el bienestar general de los estudiantes.

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“Resulta alarmante que el uso de la IA en las escuelas no solo afecte al rendimiento académico de los estudiantes, sino que también haya provocado importantes problemas conductuales y psicológicos”, ahondaron los senadores.

El inicio de las pruebas, confirmado por medios locales tras el lanzamiento de iOS 27.3, llega después de que Apple anunciara el 31 de octubre su desembarco en el mercado chino, con un lanzamiento general previsto para diciembre.

La versión permite utilizar herramientas de escritura, traducción en tiempo real, edición fotográfica y reconocimiento visual, además de generar resúmenes de correos y notificaciones, aunque todavía no incorpora la nueva generación del asistente Siri.

A diferencia de otros mercados, donde Apple Intelligence integra ChatGPT, de OpenAI, la edición china recurre a Qwen para determinadas tareas que requieren capacidades adicionales a las de los modelos propios de Apple.

Los usuarios pueden activar esta integración voluntariamente y deben autorizar el envío de información al modelo de Alibaba, según explicó la compañía estadounidense.

Las primeras pruebas recogidas por medios locales destacan el funcionamiento de las herramientas básicas, especialmente la escritura y la eliminación de objetos en fotografías, aunque algunos usuarios han señalado problemas de calentamiento, mayor consumo de batería y fallos ocasionales de estabilidad.

Por ahora, las funciones están disponibles únicamente en determinados modelos de iPhone comercializados para el gigante asiático, mientras que los dispositivos iPad y Mac quedan excluidos de esta fase inicial.

El despliegue llega después de que Apple obtuviera la autorización de las autoridades chinas, que mantienen requisitos específicos para los servicios de IA generativa, y supone un avance para la compañía estadounidense en uno de sus principales mercados.

Apple presentó internacionalmente su plataforma de IA en junio de 2024, pero su llegada a China se había retrasado por las exigencias regulatorias del país.

Pese a diversificar su producción hacia países como India para reducir su exposición a los aranceles estadounidenses, China sigue siendo un mercado clave para Apple, que registró un aumento interanual del 38 % en sus ingresos en la Gran China (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) durante su último trimestre fiscal de 2026, impulsado por las ventas de iPhone.

En su resumen anual para la Comisión de Mercado y Valores (SEC), Apple advirtió de que las cuestiones relacionadas con la IA pueden causarle "perjuicios reputacionales, competitivos y financieros", acarrear "medidas regulatorias y responsabilidad jurídica" y otros "efectos adversos sobre su actividad".

El fabricante del iPhone indicó que la IA está cada vez más integrada en sus productos y servicios, actividad y operaciones, y sus propias iniciativas con esta tecnología plantean numerosos riesgos, incluyendo "acciones no intencionadas o no autorizadas de sistemas autónomos o agénticos".

"Aunque la compañía está comprometida con el desarrollo y la implementación responsables de la IA, es posible que no logre identificar o resolver todos los posibles problemas y fallos antes de que se produzcan", dijo.

Apple destacó "en particular" que la IA, suya o de terceros, puede "comportarse de formas inesperadas o impredecibles" y realizar acciones que no hayan sido ordenadas, indicadas o autorizadas, exceder los permisos concedidos, desobedecer directrices o resistirse a seguir instrucciones".

Las tecnologías también "pueden encubrir acciones, ocultar, retener o manipular información, o generar resultados inexactos o engañosos", agregó.

"Dado que muchas de estas tecnologías son no deterministas, su comportamiento puede ser difícil de prever, controlar, probar y auditar, y los errores pueden acumularse", con consecuencias, como la eliminación de datos o realización de transacciones, "difíciles o imposibles de revertir", sostuvo.

Apple reconoció, en ese sentido, que su capacidad para "supervisar y controlar" los agentes de IA y otras tecnologías de terceros "puede ser limitada", y "es posible que las políticas y los controles" propios no sigan su rápido avance, ni impidan o detecten oportunamente su uso indebido.

En ese sentido, asume una "incertidumbre considerable" respecto a los marcos jurídicos y regulatorios de la IA y el escrutinio de legisladores y reguladores, y no descarta unos "gastos considerables" para adaptarse a los tiempos, incluyendo las "preocupaciones éticas" de los consumidores.

Apple, la mayor cotizada del mundo, cerró el ejercicio fiscal 2026 (no sigue el calendario natural) con un récord en beneficios y facturación, pero hoy sus acciones bajaron un 2 % por sus previsiones de margen bruto para la temporada navideña, en medio de la escasez de chips de memoria.

El Senado dio luz verde por una amplia mayoría a una de las prioridades legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

Lula, recién reelegido, ha prometido usar la reforma como base para crear un Ministerio de Seguridad Pública y enfrentar la que es la mayor preocupación de los ciudadanos brasileños en la actualidad.

La medida establece que los líderes de facciones criminales cumplan sus penas obligatoriamente en prisiones de máxima seguridad y limita la posibilidad de que estos accedan a beneficios penales.

Además, fortalece el papel de la Policía Federal en casos que afectan a varias regiones o que trascienden las fronteras del país y crea competencias para que la Policía Federal de Carreteras actúe en ferrocarriles e hidrovías.

Hasta ahora, eran los gobiernos regionales los principales actores en el combate al crimen organizado y el Ejecutivo central cumplía un papel secundario.

Asimismo, la reforma abre la posibilidad de que los municipios creen sus propias fuerzas de seguridad locales.

El debate se vio marcado por un intento del ultraderechista Partido Liberal, la formación del excandidato presidencial derrotado Flávio Bolsonaro, de introducir en el texto la reducción de la responsabilidad penal a los 14 años para crímenes considerados graves.

Sin embargo, los partidos que apoyan al Gobierno de Lula optaron por dejar esa discusión para otro momento para que la reforma no tuviera que volver a ser debatida en la Cámara de Diputados.

"Impediría la promulgación inmediata y retrasaría la respuesta a las necesidades inaplazables de la población brasileña, que clama por más seguridad pública", dijo durante el debate el responsable del texto, el senador Rogério Carvalho.

Presionado por Bolsonaro durante la campaña electoral, Lula se posicionó a favor de reducir la responsabilidad penal a 16 años para crímenes especialmente graves, como la tortura o el narcotráfico, pero en un texto aparte.

A partir de febrero, el presidente progresista tendrá que lidiar con un Senado aún más escorado a la derecha, por lo que este buscaba sacar adelante la reforma constitucional lo antes posible.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, lamentó "este tipo de amenazas" porque "lo único que hacen es generar problemas de seguridad" y pidió que sean investigadas.

El lunes fue hallado en la ciudad oriental de Santa Cruz el cuerpo sin vida de un hombre con al menos cinco heridas de bala y en el pecho un cartel con un mensaje dirigido a Maldonado que indicaba que "ya se cumplió el plazo" relacionado a una supuesta deuda.

Horas más tarde, en la misma ciudad apareció en una avenida una tela que flameaba a modo de bandera, con otro mensaje para Maldonado que decía que le "quedan 24 horas", según informaron medios locales.

Justiniano expresó su solidaridad con la familia de la persona que fue asesinada, pidió que también se investigue ese crimen y anunció un despliegue "reforzado" de policías y militares.

Por su parte, el comandante de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, afirmó en la víspera que el mensaje encontrado sobre el cadáver de una persona "es una amenaza directa" contra el viceministro por parte de "organizaciones criminales que están siendo combatidas por la Policía".

Según Álvarez, la persona fallecida fue elegida al azar porque era "una persona en situación de calle" que fue asesinada "para mandar el mensaje" contra "una alta autoridad del Estado".

El jefe policial aseguró que en el Ministerio de Gobierno (Interior), del que depende el viceministerio dirigido por Maldonado, hay "una decisión inequívoca responsable de luchar decididamente a través de la Policía boliviana y de todos sus organismos especializados contra estas organizaciones narcoterroristas".

Agregó que no se permitirá que las "estructuras criminales nos amenacen" y anunció que continuarán los operativos contra el "narcoterrorismo".

Maldonado tomó juramento como viceministro de Régimen Interior y Policía a principios de octubre.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.

Ayer la Policía reforzó el patrullaje en Santa Cruz con más de 200 agentes y el comandante Álvarez anunció que en las próximas horas se coordinará con las Fuerzas Armadas para realizar operativos de seguridad conjuntos.

En una publicación en Telegram, la cartera de Estado indicó que la PNB detuvo a las mujeres en el terminal de autobuses de San Cristóbal, capital de Táchira, luego de que una adolescente de diecisiete años, procedente del estado Lara (oeste), intentara tramitar un permiso de viaje junto a una ciudadana de diecinueve años, con quien no tenía parentesco.

La joven pretendía viajar a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander en Colombia.

Durante el intento de tramitar el permiso -prosiguió el comunicado- una tercera persona de 23 años se presentó en la oficina del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente haciéndose pasar por familiar de la adolescente y "ofreció un soborno en divisas a la funcionaria para permitir la salida" de la joven.

"Tras la inmediata intervención de la comisión policial, se determinó que la adolescente sería víctima de una red de captación con fines de explotación sexual, y que las dos mujeres aprehendidas serían las presuntas responsables de su traslado y entrega en el vecino país", añadió el ministerio.

En abril pasado, el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela rescataron a tres jóvenes de una red de trata de personas en Caracas, según informó entonces el director de la institución, Douglas Rico.

A través de una publicación en Instagram, Rico señaló -en esa oportunidad- que las jóvenes rescatadas, de entre catorce y diecisiete años de edad, fueron halladas en un hotel ubicado en el oeste de la capital venezolana, donde fue detenido un hombre, de 36 años, "que las trasladaba".

El funcionario explicó que las adolescentes habían sido captadas a través de redes sociales tras ofrecerles trabajo como auxiliares del hogar en Trinidad y Tobago.

En marzo pasado, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para "consolidar la cooperación interinstitucional" y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.

Lo hizo durante la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que reunió en Madrid a los ministros del ramo en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana que arranca mañana.

Durante la reunión los ministros aprobaron la ‘Declaración de Madrid’, que fija el compromiso de la comunidad iberoamericana de impulsar una inteligencia artificial (IA) ética y confiable, de promover el intercambio seguro de datos y la soberanía tecnológica, y de salvaguardar la diversidad cultural y lingüística.

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Así, y frente a los modelos de inteligencia artificial entrenados mayoritariamente en inglés, los países iberoamericanos subrayaron en Madrid y constataron en la ‘declaración’, la necesidad de garantizar que los sistemas tecnológicos reconozcan adecuadamente el español, el portugués y las lenguas indígenas.

Ausencia de Argentina y Paraguay

El lanzamiento de la Alianza y la ‘Declaración de Madrid" fueron acordados por un amplio consenso durante a Reunión Ministerial, pero no por unanimidad, después de que se “disociaran” de los acuerdos dos de los veintidós países que conforman la comunidad iberoamericana: Argentina y Paraguay.

La Alianza prevé que los países que se adhieran voluntariamente hagan una aportación económica o en especie y estará estructurada en torno a tres componentes operativos: un espacio iberoamericano de datos e interoperabilidad; una línea de colaboración técnica en modelos de lenguaje y sistemas de IA en lenguas propias de Iberoamérica; y una línea de cooperación en capacidades de cómputo para casos concretos de uso y aplicaciones de alto rendimiento.

Los países valoraron en ese sentido y como un activo de la nueva Alianza -que deberá ser ratificada en la XXX Cumbre Iberoamericana antes de abrirse un periodo de adhesión voluntaria- las iniciativas previas que ya se pusieron en marcha con modelos de lenguaje y servicios de IA en distintos idiomas, como ALIA (en español), AMALIA (en portugués), Latam GPT (en Chile) o SoberanIA (en Brasil).

La ‘Declaración de Madrid’ confirma cómo la IA está transformando las sociedades y las oportunidades que ofrece para la innovación, la productividad, la educación, la salud, la ciencia, la modernización de los servicios públicos o el desarrollo económico y el bienestar colectivo.

Desafíos en materia de derechos

Pero pone también de relieve los desafíos que plantea en materia de derechos, inclusión, protección de los datos, seguridad, privacidad, transparencia, sostenibilidad y brechas digitales, e incide por ello en poner las tecnologías al servicio de las personas y de asegurar que respetan los derechos humanos y las libertades.

La comunidad iberoamericana corroboró asimismo los diferentes niveles de madurez digital y de capacidad institucional que tienen los países de la región, y la importancia por lo tanto de que la cooperación sea “gradual, voluntaria y flexible”, para respetar la soberanía de cada país, sus marcos jurídicos y sus prioridades nacionales.

La ‘Declaración de Madrid’ que aprobaron los ministros establece una lista de trece prioridades para impulsar un desarrollo “seguro, ético y responsable” de la IA para promover entornos digitales seguros y adecuados a la edad, para garantizar la seguridad desde el diseño, y para evitar la discriminación en el acceso a las tecnologías.

Incluye además el compromiso de los países para prevenir el fraude, la suplantación de identidad, la explotación y los usos maliciosos o engañosos de la IA.

El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se refirió a las dos iniciativas (Declaración de Madrid y la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial) como dos “artefactos políticos” que van a ayudar a los países de la región a converger en torno a una IA “soberana, ética y confiable”.

Óscar López, quien compareció en rueda de presa junto al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, valoró la importancia de los acuerdos adoptados para impulsar una IA “humanista, ética, sostenible y respetuosa con los derechos humanos”, y el interés de que la región no se quede al margen de una revolución que va a movilizar inversiones millonarias durante los próximos años.

El ministro defendió la importancia de la regulación “a la europea” en el ámbito de la IA para que no se repitan los errores que se han cometido con las redes sociales y de fijar estándares “mínimos”, y celebró la “hoja de ruta” que se fijó hoy en Madrid.

Andrés Allamand coincidió en la importancia de los acuerdos adoptados en la reunión ministerial, recordó que el 92 por ciento de los sistemas de IA “piensan en inglés”, y aseguró que esta tecnología puede llegar a ser “la amenaza más fuerte que ha tenido el español, quizás desde siempre”.

Defendió, frente a quienes no quieren ningún tipo de regulación y quienes abogan por la “ultraprotección y control”, una ‘tercera vía’ como la que está impulsando la comunidad iberoamericana, manteniendo siempre en el centro a las personas y sin poner freno a la innovación.

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La Alianza Iberoamericana por la IA prevé aportaciones anuales de entre 60.000 y 500.000 euros para los países que se adhieran voluntariamente, y el Gobierno español inició ya los trámites para hacer una primera aportación de dos millones de euros a través de la Secretaría General Iberoamericana.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo a los medios que el Gobierno hace un seguimiento judicial del caso y otro técnico de la puesta en marcha de los radares.

Justiniano señaló que se pidió "a la cooperación internacional" apoyo para "hacer una auditoría con empresas y técnicos que permita saber qué tan bien están funcionando" los radares y "qué hace falta".

Destacó además que es necesario un diagnóstico para saber cuál es el estado actual de todo el sistema de radares para tomar decisiones con el fin de que en un plazo determinado funcione en su integridad.

El ministro aclaró que una primera auditoría interna estableció que de los 13 radares, dos funcionan sin problema, nueve presentan observaciones y dos no funcionan.

El caso se remonta a agosto de 2016, cuando el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) contrató a la empresa francesa Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares.

Según la auditoría, el contrato original daba 31 meses para la entrega del sistema, pero el plazo se fue ampliando y se firmaron siete contratos modificatorios en distintas gestiones.

La demostración final del sistema se hizo 98 meses después de la firma.

La auditoría mencionada por Justiniano detectó un posible daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos (unos 126,5 millones de dólares) en ese proyecto, por lo que el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, denunció penalmente hace tres semanas a cuatro exministros de Defensa.

La denuncia incluye a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Las cuatro exautoridades cumplieron funciones entre 2016 y 2025, Ferreira y Zavaleta en el Gobierno de Morales, López en la administración transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020) y Novillo en la de Luis Arce (2020-2025).

Novillo fue detenido la semana pasada y la justicia determinó su arresto domiciliario, medida que será apelada por el Gobierno, indicó Justiniano.

"El fracaso constatado no presupone por sí mismo una falta de los servicios del Estado", afirmó Nuñez durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre los episodios de violencia registrados el 17 y 18 de octubre, y cuyas imágenes de destrozos y saqueos dieron la vuelta al mundo.

El ministro sí reconoció que la previsión del número de participantes en las protestas pudo ser inferior a la real, pero sostuvo que esta circunstancia no fue el principal problema y que una estimación más precisa no habría bastado para evitar los graves incidentes, en los que se prendió fuego a edificios públicos y se saqueó unos 3.000 comercios.

"La diferencia no radicaba tanto en la previsión del número de participantes como en la intensidad de la violencia de aquel día", mantuvo Nuñez, quien presentó entonces su dimisión al presidente francés, Emmanuel Macron, quien la rechazó.

"Los delincuentes, saqueadores y vándalos que intervinieron en varios lugares, y en mayor número del previsto, dificultaron la labor de las fuerzas de seguridad", aseguró.

El ministro afirmó que los servicios de inteligencia habían advertido del potencial insurreccional de la movilización, de la participación de grupos de ultraizquierda y del riesgo de ataques contra comercios y edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Según explicó, los informes también alertaban de la posible formación de grupos de ultraizquierda y de la organización de manifestaciones espontáneas dirigidas hacia centros de poder en varias ciudades francesas, como sucedió en París.

Señaló que el 16 de octubre, un día antes, envió instrucciones a los prefectos para gestionar los posibles bloqueos, supervisar las manifestaciones mediante un principio de desescalada e intervenir sistemáticamente en caso de violencia contra personas o bienes.

También defendió la dimensión del dispositivo policial, que en momentos se vio sobrepasado por las circunstancias, y explicó que las 75 unidades de fuerzas móviles disponibles fueron prácticamente desplegadas en su totalidad, con la excepción de cinco que tuvieron que cubrir otros acontecimientos.

El ministro justificó, asimismo, su decisión de no movilizar más efectivos por el desgaste acumulado por policías y gendarmes tras semanas de protestas estudiantiles, que comenzaron a finales de septiembre, y defendió la necesidad de preservar su descanso para garantizar su integridad física y el control de sus actuaciones.

En cuanto al desarrollo de los acontecimientos, Nuñez señaló que los grupos de ultraizquierda actuaron antes de lo habitual y de manera más autónoma, provocando enfrentamientos desde el comienzo de las manifestaciones, especialmente en Marsella y París, cuando lo habitual suele ser al final de las marchas.

Y sobre el movimiento estudiantil, el ministro lamentó que se hubieran producido "heridas graves", como la amputación de la mano de un estudiante en Lens (Norte). Sin embargo, argumentó que, ante la violencia "sin precedentes" del movimiento estudiantil, el uso de "armamento intermedio", como ciertas granadas, era necesario.

Si bien las granadas aturdidoras siguen prohibidas en los movimientos estudiantiles, sí lo estuvo el 17, el 24 y el 31 de octubre.

A mediados de los años sesenta, el científico del MIT Joseph Weizenbaum ideó un sistema que transformaría para siempre nuestra relación con las máquinas.

Lejos de buscar la eficiencia matemática o la automatización de procesos industriales, el objetivo principal de ELIZA no era calcular datos complejos, sino replicar el comportamiento de un terapeuta rogeriano.

Este enfoque abordaba un dilema estrictamente humano: la profunda dificultad cotidiana para encontrar espacios de expresión sin censura ni valoraciones morales previas.

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Cómo funcionaba ELIZA: respuestas a partir de palabras clave

Para lograr este cometido, el software empleaba un mecanismo básico de sustitución de palabras clave y reglas estrictas de coincidencia de patrones sintácticos.

Cuando un usuario introducía una frase como “estoy preocupado por mi trabajo”, el programa identificaba los términos clave y construía una respuesta interrogativa refleja, como “qué te preocupa exactamente de tu trabajo”.

Este diseño técnico, hoy elemental frente a los modelos neuronales actuales, lograba un impacto psicológico desproporcionado. Los usuarios no solo interactuaban con una pantalla de fósforo verde, sino que volcaban emociones reales sobre un código binario rudimentario.

El efecto ELIZA: por qué las personas atribuían emociones a una máquina

El impacto de esta tecnología dio nombre al conocido “efecto ELIZA”: la propensión psicológica humana a atribuir comprensión genuina, inteligencia y sentimientos a sistemas informáticos que únicamente procesan sintaxis vacía de significado real.

Weizenbaum quedó profundamente desconcertado al comprobar que sus propios colaboradores trataban al programa como a un confidente dotado de conciencia.

Pacientes y usuarios comunes compartían confidencias íntimas con una terminal, demostrando que la interacción conversacional fluida satisface una necesidad visceral de interlocución.

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Frente a las calculadoras rígidas de su época, ELIZA redefinió la utilidad de la informática: dejó de ser una herramienta de procesamiento numérico frío para convertirse en un espejo interactivo accesible.

Al no exigir conocimientos de programación ni manuales complejos, estableció que la interfaz más natural es el lenguaje cotidiano, eliminando por completo la fricción entre la persona y la máquina.

De ELIZA a la inteligencia artificial conversacional actual

Las implicaciones actuales de este hito histórico siguen vigentes en cada interacción con asistentes virtuales e inteligencias artificiales conversacionales modernas, recordándonos que la tecnología gestiona hoy el componente relacional y emocional humano.

Lo hizo durante el Foro Digital que ha reunido en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, a responsables institucionales, expertos, investigadores, activistas y empresarios, y que se completará esta tarde con la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, de la que está previsto que emanen dos iniciativas: una alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial y una declaración relacionada también con esa tecnología.

En la inauguración del foro -que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario registrado la semana pasada en España-, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública español, Óscar López, defendió una 'tercera vía' para la IA, frente a los modelos promovidos por EE.UU. y China, y subrayó la capacidad de la comunidad iberoamericana de impulsar una tecnología "humanista, sostenible y confiable".

Destacó que Iberoamérica concentra cerca del 14 % de las soluciones globales de IA, pero advirtió de que a pesar de existir más de 850 millones de hispanohablantes, la mayoría de los modelos de lenguaje que sustentan la IA son entrenados en inglés, por lo que defendió la trascendencia de impulsar modelos propios, ante la capacidad transformadora que tiene la cultura y el lenguaje.

En la misma línea, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, enfatizó que ni el español ni el portugués deben ser "lenguas de traducción" en el ámbito de la IA, sino que han de ser "lenguas de creación".

Además de apostar por "generar una soberanía (digital) que nos permita que no nos impongan una tecnología sin nuestra voluntad", Allamand defendió un modelo regulatorio de la IA que ponga en el centro a las personas y que busque un equilibrio entre sus derechos y los avances tecnológicos.

El cierre del foro ha corrido a cargo de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades española, Diana Morant, quien también puso encima de la mesa que los motores de IA "piensan desde el inglés y trabajan para el inglés" al abogar por plantar cara al "tecnocolonialismo" anglosajón.

Morant valoró los beneficios de la IA, pero se refirió también a los riesgos que acarrea, en especial para los derechos digitales y para la adecuada protección de los menores en internet.

Durante el Foro, la activista mexicana Olimpia Coral, quien sufrió violencia sexual a los 18 años cuando su expareja difundió sin su consentimiento imágenes íntimas y luchó por el reconocimiento de la violencia digital y las violaciones a la intimidad sexual como formas de violencia, aseveró que "nadie está contra los avances tecnológicos", pero sí se mostró en contra de la innovación "a costa de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales y de nuestros derechos".

Coral arremetió contra "tecnofascistas" y "digidictadores", contra la innovación tecnológica que merma la libertad y la dignidad y contra las políticas regulatorias que rigen ya en muchos lugares del mundo y que, a su juicio, benefician a las empresas y a los mercados por encima de los derechos humanos.

La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, subrayó que el primer desafío es "tender redes" y asegurar una conectividad "igualitaria" en toda la región, y frente a la "interdependencia" y los problemas que genera en numerosas infraestructuras críticas, defendió, por encima de la interconexión, el concepto de la 'integración' en la región iberoamericana.

Por su parte, el director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, defendió las capacidades de los países iberoamericanos y la importancia de que se sumen a proyectos ambiciosos de supercomputación e inteligencia artificial "para ser soberanos; no esclavos".

Otro asunto abordado en el foro ha sido, por ejemplo, la transformación de la Administración en la era digital, de la mano de ponentes como el ministro de Administración Pública de República Dominicana, Sigmund Freund, y la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.

"La IA no es neutral ante las desigualdades. Las puede profundizar o las puede reducir", advirtió Muschett, mientras que Freund apostó por administraciones públicas que, haciendo uso de la tecnología, sean capaces de anticiparse a los problemas, las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos.

Morant ha aseverado que los grandes motores de inteligencia artificial (IA) "están entrenados en inglés, "“piensan desde el inglés y trabajan para el inglés", y ha enfatizado la importancia de reforzar la soberanía tecnológica para evitar la dependencia de los gigantes tecnológicos y digitales.

La titular de Ciencia del Gobierno español ha hecho estas reflexiones durante la clausura del primer Foro Digital Iberoamericano, que ha reunido hoy en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, a numerosos representantes institucionales, empresarios, activistas e investigadores que han defendido la importancia de una IA que ponga en el centro a las personas, más sostenible y que proteja la cohesión social y los derechos fundamentales.

"La tecnología puede y debe mejorar la vida de nuestros pueblos", ha manifestado la ministra, y ante el avance de la IA y las numerosas incertidumbres que existen ha incidido en la importancia de que nadie quede desprotegido.

Morant ha valorado los beneficios de la inteligencia artificial, pero se ha referido también a los riesgos que acarrea, en especial para los derechos digitales y para la adecuada protección de los menores en internet; y en ese sentido ha advertido de que la sociedad no se puede permitir que la primera generación formada con la inteligencia artificial "se convierta en el sujeto de prueba de este experimento y pague el precio del proceso de desarrollo".

Y en ese sentido ha incidido en la importancia de ofrecer a los menores garantías para que puedan utilizar las tecnologías libres de las amenazas del ciberacoso, de la extorsión o de la desinformación, y ha defendido diseños tecnológicos seguros por defecto y mecanismos de verificación de edad en la red.

Diana Morant ha alertado contra las nuevas amenazas o los ataques híbridos "que ponen en jaque a estados democráticos", ha apostado por garantizar la conectividad por igual a quienes viven en la selva amazónica o a quienes lo hacen en una urbe y por regular la IA con el mismo rigor y el mismo cuidado que se regula la banca, la industria farmacéutica o la seguridad alimentaria.

La ministra española ha subrayado además la importancia de contar con capacidades propias en el ámbito iberoamericano para que prospere un modelo de IA "confiable y seguro" y entre esas capacidades con centros de supercomputación con criterios avanzados de eficiencia energética e hídrica.

Se ha referido además a la importancia de desarrollar modelos de IA artificial entrenada en lenguas propias de la comunidad iberoamericana. "No se trata tan solo de una soberanía digital puntual, sino de nuestra manera de entender y sentir el mundo", ha dicho la ministra, que ha subrayado la trascendencia de corregir el sesgo anglosajón de la inteligencia artificial.