Los militares hallaron los explosivos en una zona boscosa del municipio de Daule, vecino de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y considerada por las autoridades como el epicentro de la violencia provocada por el crimen organizado.

Según el Ministerio, estas granadas tienen la capacidad de "provocar una tragedia de enormes proporciones".

"Por su capacidad destructiva, más de 200 personas podrían haber perdido la vida si estos artefactos hubieran sido utilizados. Familias, trabajadores, jóvenes o cualquier ciudadano podían terminar siendo víctimas de armas que jamás debieron llegar a las calles", señaló la institución en su cuenta de X.

Los Lobos es una de las organizaciones ecuatorianas catalogadas como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que inició en 2024 contra estos grupos, a los que se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino en los últimos años.

Sin embargo, esa medida y sus sucesivos estados de excepción no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos.

La restricción de movilidad regirá desde las 00:00 (05:00 GMT) del 17 de septiembre hasta las 23:59 (04:59 GMT) del día 30 del mismo mes, con una prohibición de circular diariamente desde la medianoche y las 05:00 (10:00 GMT).

Reimberg detalló que la medida será "una medida temporal y focalizada" y aseguró que, durante esas horas, las autoridades ejecutarán operaciones contra las estructuras criminales que "pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado".

"A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad", continuó el ministro.

Además, añadió que no se emitirán salvoconductos y que únicamente podrán circular el personal sanitario y de atención de emergencias, así como fiscales y abogados debidamente acreditados. También pidió a la ciudadanía que permanezca en casa durante las restricciones.

"La seguridad de los ecuatorianos es una prioridad y objetivo final", escribió.

La medida se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.

El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.

Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Esta legislación pretende crear “las regulaciones más estrictas del país para los chatbots de acompañamiento” para restringir a los menores de 16 años el acceso a la reproducción automática y las fuentes algorítmicas basadas en el historial y los perfiles de los usuarios, agregó.

Esta medida pionera se suma a otra serie de leyes que ha firmado esta semana para endurecer los controles tecnológicos en el estado de California.

Una de ellas pretende establecer un marco para que “organizaciones de verificación independientes evalúen los sistemas y modelos de IA para el cumplimiento de las leyes estatales”, explicó la oficina del gobernador en un escrito.

El otro proyecto responde a la creación de un registro estatal para auditores de IA y establece estándares para su independencia, transparencia e integridad.

El paquete de medidas impulsadas por Newsom responde a una estrategia más amplia que está llevando a cabo California en un intento por regular los límites de la IA y consolidarse a la vanguardia frente a los avances tecnológicos.

El estado lideró un proyecto en 2024 para abordar temas como las falsificaciones profundas (deepfakes), las marcas de agua digitales, la infancia y los trabajadores.

También promulgó una medida pionera para exigir que las mayores empresas de IA divulguen públicamente sus protocolos de seguridad y firmó dos proyectos de ley para proteger la imagen digital de los artistas del uso de las actuaciones generadas por IA.

Estas medidas se enmarcan tras el histórico y mediático juicio que enfrentó Meta el pasado agosto tras una demanda colectiva que acusó al gigante tecnológico de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.

Meta acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares y aplicar cambios estrictos en Instagram y Facebook para resolver estas demandas para evitar la celebración de un juicio federal en California.