La decisión se produce después de que la misma magistrada determinara en abril de 2025 que Google había utilizado ilegalmente su posición dominante para controlar dos partes del mercado de tecnología publicitaria: los sistemas que utilizan las páginas web para gestionar sus anuncios y las plataformas que conectan a anunciantes y editores.

Google ofrece servicios en este sector con dos herramientas de compra para anunciantes (Google Ads y DV 360), otra para que los editores gestionen sus espacios publicitarios (DoubleClick for Publishers o DFP) y la plataforma que pone en contacto a ambas partes del negocio, AdX.

Brinkema rechazó la venta de AdX y optó por medidas dirigidas a modificar el funcionamiento de las herramientas publicitarias de Google y limitar las ventajas que la compañía puede obtener de su posición en el mercado.

Los detalles completos de las medidas no se han hecho públicos por el momento. Según los documentos, Google y el Gobierno tienen ahora 30 días para presentar una propuesta conjunta que recoja las decisiones del tribunal.

Google argumentó durante la vista que vender AdX era “complicado” y “perjudicial” para los clientes.

La demanda contra la empresa fue presentada en 2023 por el Departamento de Justicia y varios estados, que acusaron a la compañía de “utilizar su posición dominante para eliminar o debilitar a sus competidores en el mercado de publicidad digital”.

El fallo es una victoria para la compañía, pero no cambia la decisión de 2025 que determinó que la compañía había violado las leyes antimonopolio.

La decisión se suma a otros casos antimonopolio contra grandes tecnológicas estadounidenses, donde los reguladores han intentado obligar a compañías como Google y Meta a vender algunos de sus activos.

La Armada señaló en un comunicado que nueve personas pertenecientes a la embarcación Conquista II y diecinueve más de la embarcación OM2 llegaron a bordo de una unidad guardacostas de la institución sobre las 15:00 hora local (20:00 GMT).

"Tras su llegada se ejecutaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes", dijo la entidad militar sin dar más detalles, aunque medios locales afirmaron que fueron llevados a una unidad policial.

Otras ocho personas del Conquista II estaban aún en camino al puerto a bordo de otra embarcación, agregó la Armada.

Los veintiocho hombres fueron detenidos entre miércoles y jueves por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos después de que los militares interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

Según el Comando Sur de EE.UU., supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

"Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional", dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

"¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia", dijo a los medios una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como 'No al atropello contra nuestros pescadores' o 'Ellos son inocentes, no son delincuentes'.

Está previsto que este sábado se realice una audiencia de habeas corpus en la que los familiares de los tripulantes del Conquista II esperan que la justicia declare que los pescadores fueron víctimas de desaparición forzada y ordene su liberación si fueron detenidos sin orden judicial o fundamento legal suficiente.

En esa manifestación también estuvieron algunos parientes de los ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos desde enero en altamar y que salieron a faenar a bordo del barco Fiorella.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en esta desaparición y también en dos ataques más a embarcaciones ecuatorianas registradas en marzo cerca de las Islas Galápagos.

El pasado miércoles se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

La Armada señaló en un comunicado que nueve personas pertenecientes a la embarcación Conquista II y diecinueve más de la embarcación OM2 llegaron a bordo de una unidad guardacostas de la institución sobre las 15:00 hora local (20:00 GMT).

"Tras su llegada se ejecutaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes", dijo la entidad militar sin dar más detalles, aunque medios locales afirmaron que los tripulantes fueron llevados a una unidad policial.

Otras ocho personas del Conquista II estaban aún en camino al puerto a bordo de otra embarcación, agregó la Armada.

Los veintiocho hombres fueron detenidos entre miércoles y jueves por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos después de que los militares interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

Según el Comando Sur de EE.UU., supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

"Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional", dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

"¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia", dijo a los medios una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como 'No al atropello contra nuestros pescadores' o 'Ellos son inocentes, no son delincuentes'.

En esa manifestación también estuvieron algunos parientes de los ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos desde enero en altamar y que salieron a faenar a bordo del barco Fiorella.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en esta desaparición y también en dos ataques más a embarcaciones ecuatorianas registradas en marzo cerca de las Islas Galápagos.

El pasado miércoles se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.