El crimen perpetrado por un migrante irregular venezolano, con antecedentes penales previos en Chile, refuerza los argumentos del plan del mandatario ultraderechista para expulsar a estos inmigrantes; tema que abordó personalmente, la semana pasada, en su reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Necesitamos el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió", declaró el jefe de Estado al encabezar su octavo consejo de gabinete este lunes.

En medio de la coyuntura, sectores oficialistas y de oposición manifestaron que el Ejecutivo baraja la posibilidad de retirar la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsó dentro del Senado, en agosto pasado, y que generó críticas transversales, para redactar un nuevo texto consensuado.

El proyecto de reforma constitucional, que incluye ocho modificaciones a la Carta Fundamental de Chile, permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de intervenir comunicaciones de ciudadanos y limitar la libre circulación de las personas, así como el derecho de reunión y asociación.

La reforma es parte de la agenda ACOT que agrupa un paquete de diecinueve iniciativas legales que se tramitan en el Congreso junto a otra decena de propuestas con distintos niveles de urgencia.

"Vamos a acelerar el tema de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) buscando la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas", dijo Kast.

El senador y presidente del oficialista Partido Republicano, Arturo Squella, explicó que el Gobierno ha dicho que "si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta con el propósito de que ingrese una nueva a raíz de lo que trabajamos junto al senador (Andrés) Longton (Renovación Nacional, centroderecha) y pusimos a disposición del resto de integrantes de la Comisión de Constitución del Senado".

La información preliminar de la Fiscalía Regional Metropolitana señala que el cabo Aguilera se encontraba, junto a otro funcionario, realizando labores preventivas cuando se encontraron con un hombre que, al ver la presencia policial, extrajo un arma de fuego y disparó contra los carabineros, hiriendo de gravedad al agente que falleció horas después.

El atacante fue abatido por el policía que acompañaba a Aguilera y, según el Ministerio Público, era un ciudadano venezolano que se encontraba en situación migratoria irregular y contaba con antecedentes penales por porte ilegal de arma cortante o punzante.

"Vamos a plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando, a cada una de las personas que, como el caso del delincuente detenido por carabineros, se encontraba en una situación irregular y con antecedentes", agregó Kast.

Durante su campaña presidencial, el mandatario vinculó la migración con la delincuencia y prometió la expulsión de 300.000 personas, de las cuales ha completado cerca de 1.270 hacia países como Colombia, Perú y Bolivia, mientras que las deportaciones a Venezuela se han visto obstaculizadas por la ruptura de relaciones consulares, apenas reestablecidas en agosto pasado.

Durante el gobierno de Kast, se han registrado cuatro homicidios a carabineros, de los cuáles el de Aguilera es el único en el que el atacante es un ciudadano extranjero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar comunicación inmediata con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, así como con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

"Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", declaró Sheinbaum ante los medios.

Las declaraciones se dan después de que la violencia volviera a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos este domingo con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, capital del estado, apenas quince días después del feminicidio de la joven estudiante española.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la misma en la que estudiaba Tacoronte, y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

Sheinbaum enfatizó que la prioridad del diálogo será evaluar la situación de riesgo y coordinar mayores acciones de prevención del delito orientadas a proteger a los jóvenes de la institución académica.

La comunidad universitaria ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.

En ese mismo sentido, Sheinbaum dio instrucciones al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para intervenir en la capital, Cuernavaca, con el fin de atajar el incremento de delitos del fuero común, como el robo a transeúntes y establecimientos.

Finalmente, la mandataria reiteró el compromiso de la Administración federal para colaborar estrechamente con el gobierno estatal y brindar todo el respaldo necesario en materia de inteligencia y presencia policial.

Con los casos registrados recientemente, suman cinco los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que han sido asesinados en lo que va del presente año, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y ha impulsado las continuas movilizaciones estudiantiles en demanda de mayor seguridad.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), encargado del sector tecnológico, pidió a esas empresas que le informasen de cuántos chips Nvidia RTX Pro 5500 -lanzados este mismo mes- querrían comprar y para qué los usarían, indican fuentes anónimas citadas por ese portal de noticias estadounidense.

Si bien la institución habría trasladado a algunas de esas compañías la intención del Gobierno de dar luz verde a las compras, por el momento no hay detalles de cuándo llegaría esa aprobación, qué criterios se utilizarán para tomar la decisión ni cuántos chips permitirán comprar.

En el marco de la guerra comercial y tecnológica, Nvidia se vio prácticamente forzada a abandonar el mercado chino ante el bloqueo de Washington a la venta de sus chips más avanzados para inteligencia artificial (IA) para tratar de ralentizar el desarrollo de ese sector en el país asiático, y también por los obstáculos planteados por Pekín para favorecer el desarrollo local de semiconductores y por temores sobre seguridad nacional en materia de gestión de datos.

Esto supuso, en palabras del fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que su cuota de mercado en el sector chino de la IA pasase de en torno a un 95 % a cero, permitiendo que competidores locales como Huawei ocupasen ese vacío, aunque la demanda sigue superando a la oferta, por lo que las plataformas piden a Pekín que se replantee sus restricciones.

Así, la luz verde a la venta de los RTX Pro 5500 supondría la retirada de "importantes barreras" para Nvidia, apunta la información, aunque todavía depende de que Washington también los exima de sus restricciones a la exportación, con algunos directivos del sector dando esto último por hecho.

Aunque esos chips no son los más avanzados de Nvidia para IA, las compañías chinas están igualmente interesadas: ByteDance se plantearía la compra de hasta un millón de ellos, dependiendo también de la capacidad de suministro de la firma estadounidense, que se habría fijado su objetivo en unas 500.000 ventas trimestrales en el país asiático. Su precio por unidad sería de unos 13.000 dólares.

El artículo matiza que las consultas del MIIT se produjeron antes de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a EE. UU., donde se reunió con su homólogo Donald Trump, para prorrogar la tregua comercial hasta enero de 2027, reducir aranceles por 30.000 millones de dólares o fijar canales de comunicación y negociación sobre IA.

El plan, que estará alineado con la estrategia global aprobada el pasado año por el grupo Telefónica, incluirá actuaciones en los mercados residencial, empresarial y mayorista, según ha informado en Múnich el consejero delegado de Telefónica Alemania, Santiago Argelich, durante un encuentro con medios.

Argelich ha asegurado que la operadora ya está creciendo, aunque ese avance queda por la pérdida progresiva de los clientes de 1&1, compañía con la que mantenía un acuerdo mayorista, que se rompió en 2023. Este efecto, que ha sido gradual, es actualmente mínimo y debería concluir este año.

El plan parte de la reorganización y modernización acometidas durante 2026, cuando se lanzó un ERE para 1.100 empleados.

Aunque la plantilla podría seguir reduciéndose en los próximos años como consecuencia de la automatización, la digitalización y la implantación de inteligencia artificial, Telefónica Alemania no contempla por ahora otro expediente de regulación de empleo.

Telefónica ingresó 3.693 millones de euros en Alemania durante el primer semestre de 2026, un 9,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La filial alemana aportó el 23 % de los ingresos del grupo y el 21 % de su resultado operativo antes de amortizaciones (ebitda).

El operador se consolidó en el mercado alemán, con una dimensión suficiente para competir con Deutsche Telekom y Vodafone y que, posteriormente, se abrió a un cuarto operador, 1&1.

La creación de este cuarto operador y la salida progresiva de sus clientes de la red de Telefónica han condicionado la evolución reciente del negocio.

La teleco prevé que 2027 suponga un "punto de inflexión" para la compañía con la puesta en marcha de este plan, con el que se prevé alcanzar en 2028 una velocidad de crucero.

En el mercado residencial, Telefónica Alemania prevé lanzar a partir del próximo año una oferta específica para el segmento medio, bien mediante una marca ya existente o con la creación de una nueva, para competir con Congstar, perteneciente a Deutsche Telekom, y con 1&1.

La estrategia pasa también por consolidar O2 en el segmento prémium e invertir en Aldi Talk, una marca, centrada principalmente en el prepago y comercializada en los supermercados Aldi, cuenta con unos nueve millones de clientes.

Otro de los pilares será el negocio empresarial, en el que Telefónica Alemania aspira a crecer a un ritmo de dos dígitos. Su cuota se encuentra actualmente en niveles bajos, lo que, según Argelich, deja a la compañía un amplio margen de crecimiento.

La operadora quiere concentrarse en actividades como la ciberseguridad, las redes para puntos de distribución y el internet de las cosas, sin entrar necesariamente en las grandes integraciones de sistemas que ofrecen algunos competidores.

En el mercado mayorista, Telefónica se apoyará en sus socios históricos, pero también negociará acuerdos con grandes empresas digitales, entidades financieras y grupos de distribución. El objetivo es superar el modelo tradicional basado en vender capacidad e integrar la conectividad móvil en los servicios y ecosistemas digitales de sus socios.

En infraestructuras, la compañía buscará la mejor combinación entre capacidad propia y alquilada. Argelich ha advertido de que Alemania presenta un nivel de compartición de redes muy inferior al de otros mercados, una situación que genera ineficiencias.

Tras haber trabajado durante los últimos años en OpenAI (ChatGPT) y también formar parte de Anthropic (Claude), Coxon presentó su renuncia denunciando públicamente que ambas corporaciones “no están actuando con responsabilidad” y se encuentran jugando “con nuestras vidas”.

Aunque los medios lo identifican como uno de los desarrolladores involucrados en unos modelos de IA sin funciones ejecutivas, Coxon utilizó su cuenta de la red social X para difundir una preocupante advertencia sobre qué ocurriría en el futuro del sector que, a su vez, generó todo un “terremoto”.

Según sus declaraciones, las personas que están detrás del constante avance de esta tecnología sostienen en privado que la IA “podrá matarnos a todos al final de esta década”, incluso asegurando que “no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza”.

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Su análisis es acompañado con una serie de argumentos, como que se subestima a esta tecnología y que los proyectos actuales se convertirían muy pronto en sistemas “sobrehumanos” capaces de realizar hackeos a cualquier escala, revolucionar todos los ámbitos de la sociedad e incluso obtener algún tipo de poder o recurso real.

El ingeniero también señaló, al momento de su denuncia, que no existía una coordinación efectiva entre las empresas involucradas en los distintos proyectos de IA, mientras que estas eventualmente podrían auto-mejorarse sin la intervención del ser humano, uno de los aspectos que más preocupación generan en el sector.

Por esto, el desarrollador insta a la implementación de medidas drásticas y costosas, como una prohibición temporal para seguir mejorando las capacidades del modelo (model capabilities), mientras que también lanzó una interpelación directa a la comunidad de investigadores en inteligencia artificial, preguntándoles si pretenden potenciar un “aprendizaje por refuerzo” (reinforcement learning) superinteligente sin contar con un entendimiento riguroso de su mente, o si aprovecharán el momento para exigir condiciones distintas en lugar de someterse al avance imprevisto de la tecnología.

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Lo que dicen los gigantes

Las declaraciones de Coxon también provocaron una oleada de repercusiones y llamados de atención en todo el sector tecnológico, ya que lejos de ser simplemente una publicación en la red social X, el especialista fue entrevistado por varios medios donde continuó expandiendo su discurso en las entrevistas.

Como una respuesta a esta creciente preocupación por los peligros inherentes a la tecnología, el magnate Elon Musk abogó porque los principales desarrolladores de inteligencia artificial sometan sus modelos a revisiones de seguridad y colaboren de manera directa entre sí para probarlos. La propuesta de Musk busca que las compañías rivales auditen y pongan a prueba mutuamente sus modelos de seguridad para detectar riesgos y problemas de seguridad.

La idea no solamente responde a una línea por parte de Musk, otros líderes destacados de la industria también reconocieron la necesidad de extremar precauciones. De una manera que podría considerarse hasta el momento única, Musk coincidió con rivales del sector, como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la necesidad de ralentizar el desarrollo de la IA debido a los riesgos de seguridad que puedan existir.

Además, la renuncia de Coxon intensificó el escrutinio público y mediático sobre el compromiso real de las empresas para desarrollar modelos de forma responsable, en lugar de priorizar la competencia por superarse unas a otras, al igual que continúen los ataques no controlados entre plataformas.

La idea colaborativa entre unos de los representantes más conocidos de esta área gira en torno a establecer colaboraciones de prueba entre los gigantes tecnológicos, sometiendo los sistemas a análisis de seguridad cruzados antes de su despliegue, ya que movimiento dentro del ámbito también demuestra un dilema sobre quién lidera en la carrera, pero sin tener en cuenta toda la seguridad que puede ser exigida o solicitada por los usuarios.

Por su parte, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, argumentó que cada empresa debe asumir por su cuenta “la responsabilidad” de garantizar que sus modelos de inteligencia artificial (IA) sean seguros, con lo que aparentemente se desmarcó de las propuestas para coordinar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología.

Finalmente, veintidós países reclamaron, durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, que la inteligencia artificial permanezca bajo supervisión humana y que los Estados miembro adopten normas comunes, con pruebas obligatorias y evaluaciones independientes.

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