"Estamos ampliando de forma sistemática los sistemas de detección de drones en nuestros aeropuertos", señaló en un comunicado el ministro de Transportes, Steffen Bilger, en una visita al aeropuerto de Stuttgart, en el suroeste del país.

"Esto sienta una base técnica importante para detectar a tiempo posibles amenazas e informar rápidamente a las autoridades competentes", apuntó el ministro.

Los nuevos sistemas de detección, operados por el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) y que según las autoridades germanas permitirán realizar avisos tempranos a las fuerzas de seguridad del país, ya están presentes en otros siete grandes aeropuertos germanos y sólo falta el de Leipzig por asegurar esta semana con esos dispositivos.

Así, "los ocho principales aeropuertos comerciales alemanes estarán equipados con modernos sistemas de detección de drones en las zonas de aproximación y despegue", según Bilger, cuyo ministerio trabaja en materia de seguridad ante drones de forma coordinada con el Ministerio del Interior.

La instalación de nuevos sistemas de detección de drones se produce dos meses después del ataque híbrido ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, donde al menos un dron cargado con explosivos fracasó en su intento de causar daños, un incidente del que el Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia.

La serie, firmada por trece expertos internacionales y basada en una revisión de estudios, considera que medidas aisladas, como los límites de edad, no son suficientes por sí solas para hacer frente al riesgo de que los daños digitales afecten a la salud.

Así, abogan por una gobernanza coordinada de los sistemas digitales, en la que la salud y la seguridad en línea de los niños y los jóvenes se conviertan en una “prioridad política mundial inmediata”.

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Esta nueva revisión global abarca datos de nueve millones de menores de 25 años en 121 revisiones.

Mayor riesgo de problemas comunes de salud mental

El uso problemático del entorno digital está relacionado con un mayor riesgo de problemas comunes de salud mental, trastornos del sueño y una reducción de la actividad física, mientras su uso moderado se asocia con algunos beneficios.

Los autores advierten de que el grado de certeza de los hallazgos, tanto sobre los efectos nocivos como los beneficios, es bajo, por lo que “se necesitan urgentemente más investigaciones”.

Sin embargo, esa circunstancia no debería retrasar la adopción “de medidas inmediatas y preventivas en materia de salud pública” coordinadas a escala mundial.

El uso del entorno digital forma parte del tejido de la infancia y de la vida de los jóvenes adultos, indicó la coordinadora de la serie, Ilona Kichksusch, del Laboratorio de Transformaciones Digitales para la Salud (DTH-Lab).

La experta aseguró -citada por la revista científica- que los gobiernos “han permitido que las empresas tecnológicas establezcan sus propias reglas, lo que ha dado lugar a modelos de negocio diseñados para captar la atención y recopilar datos, dejando la salud en un segundo plano”.

El riesgo de daños digitales debe reducirse mediante políticas coordinadas y de amplio alcance, que incluyan hacer frente a las tácticas que utilizan las empresas tecnológicas para resistirse a la regulación.

“Los datos más valiosos sobre cómo estas plataformas afectan realmente a los usuarios permanecen ocultos dentro de las empresas tecnológicas, lo que limita el escrutinio independiente y frena el progreso científico”, aseguró la investigadora de DTH-Lab Louise Holly.

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Una recomendación clave -dijo- es que “los gobiernos exijan a las empresas tecnológicas que compartan datos sobre cómo sus funciones afectan a la salud de los usuarios con investigadores de interés público debidamente acreditados, y que proporcionen la infraestructura jurídica y técnica necesaria para que ello sea posible”.

Manual de defensa corporativa

Las empresas tecnológicas están recurriendo a un ‘manual de defensa corporativa’ para retrasar, debilitar o moldear la regulación en respuesta a las pruebas de que sus productos pueden ser perjudiciales para la salud.

Los firmantes aseguran que ninguna medida por si sola es suficiente y abogan por “una acción política amplia y coordinada a nivel empresarial, nacional y mundial”.

Dicha acción debe exigir a las tecnológicas evaluar los posibles daños de los nuevos productos o funciones antes de lanzarlos al mercado y que compartan datos sobre cómo afectan a la salud.

Además, pasa por un tratado de gobernanza mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer normas básicas que eviten que una regulación deficiente en un país socave los avances logrados en otros lugares, así como un organismo internacional específico para supervisar los daños que la IA causa a los niños y los jóvenes.

Con una gobernanza adecuada, destacó Kickbusch, “es posible lograr un mundo digital más saludable para los jóvenes, uno que les permita beneficiarse de las oportunidades que ofrece internet sin un riesgo sustancial para su salud”.

Tigo, la marca para América Latina de la multinacional Millicom, con sede legal en Luxemburgo, señaló que los nuevos recursos se destinarán a modernizar la red móvil, ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

La compañía indicó que avanza en la modernización y expansión de más de 2.000 sitios red y que ha desplegado más de 150 nuevos en 18 provincias, con lo que asegura que ha llevado 4G LTE a más de un millón de personas.

Según la entidad, las mejoras en infraestructura alcanzan ya a más del 80 % de la población ecuatoriana.

También prevén llevar internet a 400 escuelas rurales durante los próximos tres años, una iniciativa con la que estiman beneficiar a más de 48.000 niños y jóvenes.

La compañía reforzará además su división Tigo Business, enfocada en servicios de conectividad, nube, ciberseguridad y herramientas digitales para empresas e instituciones.

Millicom completó en octubre del año pasado la compra por 380 millones de dólares de las operaciones de Telefónica en Ecuador, que hasta entonces operaba con Tuenti y Movistar.

La Cancillería peruana informó este domingo en un comunicado que la actualización del acuerdo fue suscrita por el canciller de Perú, Carlos Espá, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en Washington donde el ministro viajó para participar en la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua.

En la ceremonia de renovación del acuerdo, que se suscribió en diciembre de 2021, Espá resaltó que la cooperación entre Perú y la OEA permitirá generar nuevas capacidades para responder con mayor eficacia frente a "este flagelo que trasciende las fronteras".

La renovación del acuerdo establece encuentros anuales denominados 'Sesiones de Seguimiento Programático y Planificación', que permitirán evaluar las actividades desarrolladas y proponer nuevas iniciativas de cooperación en cinco ejes prioritarios: seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, lucha contra los delitos ambientales, ciberseguridad y desarrollo de capacidades especializadas.

Su principal instrumento será el 'Plan de Acción en Seguridad Perú–OEA', preferentemente con una vigencia de al menos tres años, que podrá actualizarse de común acuerdo y por escrito.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con nuestros ciudadanos, con sus sueños y con su pleno derecho a vivir en paz y con seguridad", indicó el canciller al añadir que el Estado peruano trabaja permanentemente para convertir la cooperación internacional en acciones concretas que redunden en una mayor seguridad y bienestar para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario general de la OEA afirmó que es crucial que el hemisferio enfrente unido a la delincuencia organizada transnacional y advirtió que sus efectos van más allá del tráfico ilícito de drogas e incluyen la minería ilegal, los flujos financieros ilícitos y la trata de personas.

Apuntó que también engloba las amenazas a la ciberseguridad y a los procesos electorales, incluido el uso de herramientas como la inteligencia artificial.

"La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses", afirmó en su plataforma, Truth Social.

Trump explicó que esta unidad especial coordinará la relación del Ejecutivo federal con los consumidores, grupos de interés públicos, proveedores o empresas de inteligencia artificial, y rendirá cuentas directamente ante él y su jefa de gabinete, Susie Wiles.

Estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

Este anuncio se produce después de que Trump ordenara el martes pasado a su Gobierno que sustituyera el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales para mejorar la imagen de la IA en un momento de crecientes críticas contra esta industria en Estados Unidos.

Ese mismo día, Trump había recibido en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Al término del encuentro, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad del sector.

El compromiso promovía controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

Tras el ataque, los agentes desplegaron un operativo y localizaron un vehículo amarillo en el que supuestamente se movilizaban los responsables.

Según la Policía, los ocupantes aceleraron al percatarse de la presencia de los agentes y se inició una persecución. Cuando el vehículo fue interceptado, sus ocupantes intentaron escapar y dispararon contra los uniformados.

Los detenidos fueron cinco hombres de entre 18 y 31 años y uno de ellos registraba antecedentes penales por robo.

Los agentes incautaron cuatro pistolas, 32 cartuchos, cinco teléfonos móviles y el vehículo amarillo en el que se desplazaban los sospechosos.

Greg Lui, de 38 años, también conocido como “Yiu Kong Lui”, presuntamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para introducir de contrabando en China los servidores informáticos sujetos a control de exportación, señaló el departamento en un comunicado emitido el jueves.

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Los servidores contenían “unidades de procesamiento gráfico (GPU) de fabricación estadounidense, comúnmente utilizadas para la superinteligencia” (SI), añadió, utilizando la nueva denominación del presidente Donald Trump para referirse a la IA.

“Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos significa impedir que nuestra avanzada tecnología de SI se utilice para reforzar las capacidades militares de nuestros adversarios”, declaró el fiscal de California Bill Essayli.

“Procesaremos con firmeza a quienes pongan en riesgo nuestra seguridad nacional por lucro”, añadió.

Según el comunicado, Lui dirigía una empresa tecnológica llamada Earthmade Computer Inc., que utilizó para comprar y enviar productos a China sin las licencias exigidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos entre 2023 y 2024.

La empresa enviaba los productos a países como Malasia y Singapur, donde no se requiere esa licencia, y posteriormente los reexportaba ilegalmente a China.

De ser declarado culpable, Lui podría enfrentar una pena máxima de 50 años de prisión.

Una brecha que va cerrando

China, durante mucho tiempo considerada rezagada con respecto a Estados Unidos en materia de IA de vanguardia, ha ido cerrando rápidamente esa brecha.

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