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Antes que intimidarse y retroceder, el EPP provocó a las fuerzas de seguridad durante toda la misión conjunta. Ahora, las probabilidades de seguridad se ven incluso mucho más remotas que antes, con la retirada de los militares de la zona y el abandono a su suerte de la gente inocente que convive con los secuestradores.El segundo estado de excepción en poco más de tres años de gestión de Fernando Lugo resultó más un derroche de recursos antes que una misión determinante para erradicar a los secuestradores de la zona norte.
El asesinato de los suboficiales Vicente Ignacio Casco Vargas (30) y Salbador Fernández Fernández (28), ocurrido el 21 de setiembre pasado en un ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, Horqueta, precipitó en el Congreso el estudio de la implementación de la medida, que sin embargo fue confirmada solo después del otro ataque a tiros del EPP a la misma unidad policial, el 5 de octubre.
El 10 de octubre, el presidente Lugo promulgó el decreto y casi todos los recursos disponibles de las fuerzas militares fueron enviados al norte para reforzar la labor de la Policía.
Fueron 60 días de una misión conjunta ejecutada por militares y policías, a cargo del general de Brigada Félix Pedrozo y el comisario general Aldo Pastore. La última operación entre ambas fuerzas había sido marcada por un feroz enfrentamiento en Hugua Ñandu.
Tanques Cascavel, tanquetas Urutu, helicópteros, avionetas, vehículos blindados y hombres armados con fusiles y municiones a discreción no fueron suficientes para localizar y exterminar a un insignificante grupo de no más de 10 criminales extremistas que mantienen en zozobra a toda la zona norte de Paraguay desde hace varios años.
Entonces, ante el pomposo despliegue estatal y el rotundo fracaso, una vez más gana fuerza la hipótesis de una falta de voluntad para acabar con los secuestradores.
Todos apuntan al presidente Fernando Lugo, a quien su mismo vicepresidente, Federico Franco, acusó de mantener vínculos con los subversivos.
Último ataque
El último ataque atribuido al EPP en el retiro San Antonio de la estancia La Blanca de Hugua Ñandu, el tercero en pocas semanas al mismo establecimiento, hace suponer que el primer anillo nunca salió de dicha zona y que los militares y policías mintieron al afirmar que no los encontraban porque se dispersaron y huyeron de Concepción.
Además, en un desafiante comunicado difundido tras el cese de la misión conjunta, los secuestradores revelaron que nunca abandonaron los montes y que las fuerzas de seguridad no se atrevieron a ingresar tras ellos por miedo.
Finalmente, el gobierno de Lugo debe explicar si realmente desea eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo o si el pueblo norteño seguirá sometido al régimen de violencia y terror iniciado por el grupo armado.
El asesinato de los suboficiales Vicente Ignacio Casco Vargas (30) y Salbador Fernández Fernández (28), ocurrido el 21 de setiembre pasado en un ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, Horqueta, precipitó en el Congreso el estudio de la implementación de la medida, que sin embargo fue confirmada solo después del otro ataque a tiros del EPP a la misma unidad policial, el 5 de octubre.
El 10 de octubre, el presidente Lugo promulgó el decreto y casi todos los recursos disponibles de las fuerzas militares fueron enviados al norte para reforzar la labor de la Policía.
Fueron 60 días de una misión conjunta ejecutada por militares y policías, a cargo del general de Brigada Félix Pedrozo y el comisario general Aldo Pastore. La última operación entre ambas fuerzas había sido marcada por un feroz enfrentamiento en Hugua Ñandu.
Tanques Cascavel, tanquetas Urutu, helicópteros, avionetas, vehículos blindados y hombres armados con fusiles y municiones a discreción no fueron suficientes para localizar y exterminar a un insignificante grupo de no más de 10 criminales extremistas que mantienen en zozobra a toda la zona norte de Paraguay desde hace varios años.
Entonces, ante el pomposo despliegue estatal y el rotundo fracaso, una vez más gana fuerza la hipótesis de una falta de voluntad para acabar con los secuestradores.
Todos apuntan al presidente Fernando Lugo, a quien su mismo vicepresidente, Federico Franco, acusó de mantener vínculos con los subversivos.
Último ataque
El último ataque atribuido al EPP en el retiro San Antonio de la estancia La Blanca de Hugua Ñandu, el tercero en pocas semanas al mismo establecimiento, hace suponer que el primer anillo nunca salió de dicha zona y que los militares y policías mintieron al afirmar que no los encontraban porque se dispersaron y huyeron de Concepción.
Además, en un desafiante comunicado difundido tras el cese de la misión conjunta, los secuestradores revelaron que nunca abandonaron los montes y que las fuerzas de seguridad no se atrevieron a ingresar tras ellos por miedo.
Finalmente, el gobierno de Lugo debe explicar si realmente desea eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo o si el pueblo norteño seguirá sometido al régimen de violencia y terror iniciado por el grupo armado.