Gobierno se resiste a admitir provocaciones del EPP

Los últimos y sucesivos atentados registrados en el departamento de Concepción representan al parecer una abierta provocación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) al Gobierno, por la declaración del estado de excepción en su área de influencia.

Sin embargo, llamativamente el mismo Gobierno es el que se resiste aún a interpretar estos golpes como una incitación de los secuestradores. Mientras tanto, la Policía se cae moralmente en el norte, porque la cúpula pone en duda cada versión ofrecida por los suboficiales atacados, lo que pone en riesgo la misión para desmantelar la banda.El último atentado, en que fue incendiado el retiro "Basilio Cue" de la estancia "La Blanca" de Hugua Ñandu, el jueves último, fue el séptimo ataque registrado en el área de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo en poco más de un mes, y el cuarto desde la vigencia del estado de excepción, declarado el 10 de octubre.   

La serie de estas ofensivas violentas atribuidas al grupo armado se inició el 18 de setiembre pasado, cuando dos militantes del EPP arrojaron desde una motocicleta en movimiento una bomba contra la sede del Ministerio Público de Horqueta.   

Solo dos días después se registró otro llamativo suceso cuando literalmente volaron a causa de otra explosión el techo y casi toda la estructura de la casa de un  hermano de uno de los policías que custodian al intendente de Horqueta, Arturo Urbieta (ANR). El ministro del Interior, Carlos Filizzola, minimizó el hecho y sostuvo  que un desodorante provocó el desastre.

Pero mientras se seguía analizando la vinculación del EPP con esta explosión, el 21 de setiembre un comando armado de la banda de secuestradores tomó por asalto la subcomisaría 10ª de la compañía Capitán Giménez de Horqueta.

Los criminales acribillaron  al suboficial 2º Vicente Ignacio Casco Vargas (30), quien antes alcanzó a pedir socorro por radio, y al suboficial 2º Salbador Fernández Fernández (28), capturado y ejecutado cuando intentaba huir por la parte posterior del destacamento.

Repudio generalizado

Este doble homicidio desató el repudio masivo contra las acciones del EPP, que hasta ese momento eran minimizadas por el Ejecutivo.

Pronto comenzaron a correr los rumores sobre la eventual declaración de estado de excepción, por segunda vez en los tres años del gobierno de Fernando Lugo.

Pero, el 27 de setiembre, la Cámara de Diputados aplazó el estudio de declaración de estado de excepción, luego de que la Cámara de Senadores aprobara días antes la implementación de la medida excepcional.

Otra estocada

Cuando la tensión en el norte parecía disminuir, el 5 de octubre un francotirador del EPP atacó a tiros a agentes de la misma subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, que hacían una barrera frente a su unidad, hiriendo en la espalda al suboficial inspector Raimundo Ismael Pereira (33).

El ministro Carlos Filizzola y el comandante Idalino Bianconi visitaron la zona y, una vez más, minimizaron el suceso e increíblemente atribuyeron el tiroteo a una negligencia grave de los propios uniformados, aduciendo disparos accidentales. El jefe de la subcomisaría, quien se ratificó ante la prensa que fueron atacados, inmediatamente fue removido y derivado a la Agrupación Especializada.

Este atentado, además del ataque a tiros a la casa del comisario Luis Arias, en el centro de Horqueta, sucedido el 7 de octubre,  sí desencadenaron  la declaración del estado de excepción, firmada por el presidente Fernando Lugo el 10 de octubre, cuando comenzó el desplazamiento de tropas militares a los departamentos de Concepción y San Pedro para reforzar la labor de la Policía.

Más incitaciones

El 24 de octubre, a 14 días de la vigencia del estado de excepción, se registró otro ataque de francotiradores del EPP, esta vez al destacamento de la Agrupación Táctica Regional de Hugua Ñandu, muy cerca del retiro incendiado el jueves último.

En esta ocasión, resultaron heridos el suboficial 2º Fidel Maldonado, quien estuvo varios días en terapia, y el suboficial ayudante Silvio León.

Desde esa misma noche y hasta la mañana siguiente el ministro Filizzola y la cúpula policial otra vez culparon del incidente a los policías atacados, aunque esta vez sustentaron su versión en que los agentes estaban borrachos. El jefe del destacamento también fue destituido.

Pero, paradójicamente, mientras los representantes del Gobierno hacían estas declaraciones, eran hallados en la zona del tiroteo dos comunicados del EPP en el que anunciaban más venganza.

Esta vez, el Gobierno no se pronunció oficialmente sobre el incendio del retiro "Basilio Cue" de la estancia "La Blanca".

Misión en riesgo y fuerzas desmotivadas

La misión conjunta entre policías y militares, encomendada por el Ejecutivo para desmantelar al EPP, se encuentra ahora  en riesgo debido a la evidente desmotivación, especialmente de los policías, por los constantes descréditos que reciben del ministro del Interior y de  la cúpula, que al parecer son los únicos que a esta altura se resisten a admitir los ataques del EPP como una provocación.

Mientras el Gobierno sigue minimizando la dramática situación en el norte y cambiando a cada policía que denuncia un ataque del grupo armado, los secuestradores se preparan para otro nuevo golpe.

Aparentemente, la estrategia adoptada de ignorar las acciones del EPP agudiza la crisis, ya que "no hay peor ciego que el que no quiere ver".