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A pesar de todos los cuestionamientos y las denuncias presentadas ante organismos internacionales, la ANDE tiene previsto recibir mañana lunes las ofertas correspondientes a los lotes 3 y 4 de su programa de ampliación de las subestaciones de Ayolas y Villa Hayes, en el marco del proyecto construcción de la segunda línea de 500 kV de su sistema eléctrico.
Para el martes, la estatal prevé la apertura de las ofertas de los lotes 1 y 2 correspondientes a la construcción del tendido propiamente dicho del futuro sistema de 500 kV, Yacyretá-Ayolas-Villa Hayes (ver info).
La obra tiene un costo aproximado de 300 millones de dólares y es cofinanciada por tres organismos internacionales: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El principal cuestionamiento que hace el Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay (Cime) se refiere a la modalidad de contratación denominada “llave en mano”, porque limita la participación de las empresas locales, ya que la empresa o consorcio que se adjudique cada lote se encargará de la construcción, suministro y montaje de los materiales de la obra.
El Cime presentó el pasado jueves, 2 de julio, una nueva denuncia, esta vez ante el Comité de Ética de la CAF, en la que atribuye graves hechos irregulares a la administración de la ANDE, como por ejemplo la adjudicación a la Consultora CIA, vinculada a un alto funcionario de la empresa estatal, por un monto de US$ 7,7 millones.
“Los fondos en una parte provienen del préstamo de la CAF y, curiosamente, su representante en Paraguay no realizó ninguna aclaración del caso”, según los metalúrgicos, que añaden que “tampoco aclaró sobre la reciente reunión realizada en la Cámara de Senadores acerca del préstamo de la CAF a la ANDE de US$ 75 millones, que contempla la construcción de la línea de 220 kV Villa Hayes-Sajonia (Asunción), que se encuentra abandonada, según publicaciones de la prensa nacional”.
CGR observó irregularidades
La Contraloría advirtió que la licitación de la ANDE “riñe contra la transparencia”. Señala que la estatal formuló pedidos “de cumplimiento imposible” a los organismos financiadores para evitar cambiar la modalidad de contratación. Argumentó que la ANDE podía haber solicitado la separación de la provisión de torres y definir la modalidad como “adquisición de bienes” para permitir la participación de la industria local.