Auditoría a INC está en la última fase, afirman

Desde la Contraloría General de la República (CGR) manifestaron el pasado fin de semana ante nuestra consulta que la auditoría iniciada a la Industria Nacional del Cemento (INC), por el uso de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de los bonos soberanos, está en la última fase y próxima a emitir el dictamen final sobre el caso de investigación.

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De acuerdo al informe obtenido, el trabajo de la fiscalización realizada en la Industria Nacional de Cemento, específicamente sobre las inversiones financiadas con recursos provenientes de la emisión de los bonos soberanos, se encuentra en la última parte de las actividades. A la fecha se están realizando actividades recomendadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través del dictamen DGAJ N° 124/19 de fecha 22 de abril de 2019, en donde se recomendó la participación de la Dirección General de Control de Obras Públicas (DGCOP) para dictaminar sobre la ejecución de los proyectos desde el punto de vista técnico (verificación “in situ” de las obras).

En ese sentido, los auditores de la DGCOP se encontraban hasta el pasado fin de semana realizando los procedimientos y verificaciones técnicas correspondientes en Vallemí, así como también en Villeta.

“Terminados dichos procedimientos, y teniendo en cuenta el dictamen desde el aspecto técnico, se estará redactando el informe final para remitir a la INC y poner en conocimiento de la ciudadanía a través de la página web digital”, señalaron desde la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría.

Es sabido que tras la salida del anterior contralor, Enrique García, surgieron varios cambios en la Contraloría. Camilo Benítez Aldana, nuevo contralor general de la República, dispuso numerosos cambios en las direcciones más importantes de la institución. Sin embargo, alegaron que las investigaciones no se estancaron durante dichos cambios.

En enero pasado la Contraloría emitió un informe preliminar de la auditoría iniciada a la INC, que arroja los primeros datos sobre una posible malversación de fondos de los US$ 80 millones. En este caso se encontró que una parte de dicho dinero no fue utilizada para lo que estaba previsto. 

“Hemos encontrado que una parte importante de los recursos provenientes de los bonos soberanos se ha destinado para financiar proyectos que no forman parte del programa Adecuación del Horno III de Clínker en la planta industrial de Vallemí”, señala una parte del informe de la Contraloría General de la República.

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