El Senado puede rechazar o aceptar el absurdo de expropiar al Estado

Mañana vence el plazo para impedir que la expropiación de tierras del Indert se conviertan en ley de la nación, por sanción ficta. Para evitar este absurdo, la Cámara de Senadores tiene que rechazar hoy el proyecto de ley que cuenta con aprobación de Diputados. Hay US$ 20 millones en juego.

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La Cámara de Senadores tiene hoy la responsabilidad de aceptar o rechazar el proyecto de ley de expropiación de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El absurdo de expropiar tierras del Indert para entregar al Indert, en nombre de la reforma agraria, fue aprobado por la Cámara de Diputados.

El entonces diputado Purificación Morel Alfonso (ANR - cartista) presentó el proyecto de ley; el documento fue aprobado el 6 de junio pasado.

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La Cámara de Diputados declaró de interés social y estableció “la expropiación a favor del Indert, a los fines de la reforma agraria, de la finca 1.074 y la finca 172”.

Ambas fincas totalizan cuatro mil hectáreas, localizadas en los distritos de Ypejhú e Itanará, departamento de Canindeyú.

El entonces diputado Purificación Morel Alfonso presentó el proyecto de expropiación el 22 de noviembre de 2017.

El pedido fue justificado con los mismos argumentos de siempre: “Mediante este proyecto estaremos regularizando la ocupación pacífica y a la vez cumpliremos con el reclamo de nuestros compatriotas y dar solución a una parte de la problemática de la tierra” (negritas son nuestras).

Proyecto absurdo

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados es un completo disparate: la ley prohibe expropiar tierras del Estado. Se puede desafectar pero bajo ningún motivo expropiar.

El Congreso Nacional no tiene atribuciones para expropiar bienes inmuebles que pertenecen al Estado.

El inmueble en cuestión pertenece al Indert. La fracción fue adquirida con fondos públicos y entregada a campesinos nucleados en la Federación Nacional Campesina, en el año 2000.

En noviembre de 1999, la Federación Campesina ordenó la ocupación de la estancia Estrellita, propiedad entonces de Evaldo Araújo.

El 15 de noviembre de ese año tuvo lugar una represión policial y apareció muerto el campesino Crescensio González; recibió un disparo en la cabeza de un arma calibre 22, de uso común entre los campesinos.

El resultado de la muerte fue la compra de 1.000 hectáreas de la estancia Estrellita; en aquel momento se pagó 380 dólares por hectárea.

Se creó la colonia “Crescensio González” y la tierra se entregó a los campesinos.

Evaldo Araújo cobró el precio pactado y el título de propiedad se entregó al Indert.

Si la tierra pertenece al Estado paraguayo ¿cómo es posible plantear un proyecto de ley para expropiar al mismo Estado?

Mañana, sanción ficta

Si la Cámara de Senadores no rechaza hoy el disparatado proyecto de ley, mañana tendrá sanción ficta.

Esto quiere decir que se deberá pagar indemnización a quién acredite ser titular de la tierra.

Estamos hablando de la friolera suma de 20 millones de dólares por una tierra que no existe y por la cual ya se pagó casi cuatro millones de dólares en el año 2000.

El artículo 2 del proyecto de ley dice: “El Indert y los que acrediten ser propietarios acordarán en un plazo no mayor a 90 días el precio de las fincas a ser expropiadas” (negritas son nuestras).

Aquí surgen los nombres de Víctor Núñez, exministro de la Corte Suprema de Justicia, y Diosnel Mujica Gauto, supuesto testaferro del primero.

Diosnel Mujica Gauto compró tierras en el remate del quebrado Bancopar y tiene “título de propiedad” de las tierras que ahora se busca expropiar.

Son las mismas tierras del Indert que ya se pagaron.

Los indicios señalan que Víctor Núñez y Diosnel Mujica Gauto estarían detrás de la expropiación de tierras del Indert para luego cobrar indemnización y volver a “entregar” al Indert.

roque@abc.com.py

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