Fiscalía intima a autoridades de Alto Paraguay a no destruir el Pantanal

 Las autoridades de la Gobernación de Alto Paraguay fueron intimadas por la fiscalía del medioambiente para que desistan de su intención de ampliar un camino que une Carmelo Peralta con Puerto Guaraní y que  destruirá  el Pantanal. El gobernador y los concejales departamentales serían procesados por este crimen ecológico.

El fiscal del medio ambiente José Luis Casaccia explicó ayer que las autoridades del XVI departamento fueron intimadas mediante un oficio que deben responder inmediatamente con las argumentos que emplearon para comenzar las obras de ampliación de un camino terraplenado de 50 kilómetros que destruirá el ecosistema del Pantanal, casi único que se conserva en el país.   

"Nosotros enviamos un oficio hace más de un mes a la Gobernación. Pedimos explicaciones acerca de la construcción del camino que pone en riesgo el ecosistema de la región, pero nunca contestaron", refirió Casaccia.   

El representante del Ministerio Público intimó al gobernador Justo Fernández Bauzá (ANR) y a los concejales departamentales a que desistan de su intención de impulsar las obras que destruirían este hermoso atractivo turístico chaqueño.

Casaccia fue incluso más contundente al señalar que "no vamos a permitir que se dañen estos humedales, que constituyen un espacio natural de animales silvestres que justamente luchamos por proteger".   

El Pantanal de Alto Paraguay alberga a varios ejemplares de animales de especies exóticas y en vías de extinción, lo que representa una opción importante para la explotación del turismo ecológico.   

No tienen permiso   

El fiscal José Luis Casaccia reveló además que la Gobernación de Alto Paraguay no tiene permiso para la construcción del camino.   

"Ellos no tienen el permiso ni del Ministerio de Obras Públicas ni de la Secretaría del Ambiente para construir el camino, porque provocarían un daño ecológico muy grave", sostuvo.   

Cinco años de cárcel  

Casaccia anunció que llamará a declarar al gobernador y a los concejales departamentales. Estos podrían ser imputados por la violación de la ley 716/96, que sanciona los delitos contra el medioambiente.

Las autoridades departamentales se exponen a cinco años de prisión o a una multa, si no desisten de su intención de destruir el maravilloso regalo natural con que cuenta la región.