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El proyecto de ley que obra en Diputados pretende entre otros puntos “marcar los lineamientos de la cancha”, ya que la operación funciona en la práctica con normalidad, pero sin ningún tipo de regulación por parte del Gobierno, dijeron.
La libranza es el mecanismo por el cual una persona (un usuario) autoriza voluntariamente por escrito a una entidad empleadora (sector público o privado) o intermediaria a realizar el descuento automático del salario a través de la tarjeta de débito, crédito o cuentas bancarias por deudas contraídas.
Central de riesgos
El proyecto de ley pretende además la creación de una central de riesgos que administre datos financieros y comerciales de las personas. Rodrigo Izaguirre detalló que actualmente solo existe la central de riesgos del sistema financiero que es insuficiente, ya que la información solo abarca las transacciones financieras de las personas y el acceso está limitado a bancos y financieras, pero no existe una base de datos real que contenga las operaciones que el usuario realice en una casa comercial, casa de crédito o cooperativa. Lo que hace vulnerable a un sobreendeudamiento a ese deudor.
Por otra parte, el nuevo proyecto sobre la ley de libranza plantea que continúen los descuentos previa autorización de los clientes, siempre y cuando el beneficiario pueda percibir a fin de mes por lo menos del 25% de su salario básico. Esto funcionaría como un seguro a fin de que el trabajador no quede sin percibir su remuneración.
Izaguirre explicó que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sería la institución que administre la central de riesgos a través de una cámara paraguaya de libranzas que se creará para el efecto y que registrará a los beneficiarios para contar con un historial positivo o negativo, sobre el nivel de endeudamiento
“La ley de Libranzas es una herramienta que permitirá manejar el medio de cobro. Eliminarán atrasos que generan intereses moratorios y permitirá un ordenamiento en el trabajo o la gestión de cobranza”, explicó a su vez, Luis Montanaro.