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“En la renegociación de un anexo del tratado de Yacyretá se han aceptado condiciones poco favorables a los intereses del Paraguay, que postergan de nuevo la posibilidad del país para lograr desarrollo a partir del potencial energético que compartimos con nuestros vecinos argentinos. El nuevo acuerdo no es conveniente para el Paraguay”, expresa en su parte inicial el pronunciamiento difundido ayer.
En las argumentaciones del grupo MIE/FIUNA se destaca también el rechazo de una deuda no demostrada. “El acuerdo reconoce una deuda que no pudo ser contrastada adecuadamente por nuestro país. Hace una supuesta quita de intereses de una deuda incrementada artificialmente con la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992, rechazada por nuestro Congreso en 1995, que fija una tarifa fija por la energía generada, que es insuficiente para cubrir todos los costos de la hidroeléctrica, y reemplazando lo estipulado en el Anexo C del Tratado. La deuda aceptada en el Acuerdo Cartes-Macri no está comprobada y no la podemos aceptar”, asevera este gremio.
También destaca que se debe anular el documento firmado entre Horacio Cartes y Mauricio Macri, porque acuerda la obra de maquinización del brazo Aña Cua, que Paraguay no necesita, para instalar tres turbinas generadoras y se posponen obras faltantes del proyecto original (el embalse compensador es un componente fundamental de este complejo) y otro emprendimiento hidroeléctrico (proyecto Itatí-Ita Corá) que produciría siete veces más de energía que la hidroeléctrica del brazo Aña Cua y eliminaría restricciones a la navegación.
El rechazo al acuerdo también se sustenta en que posterga la posibilidad de Paraguay de cobrar hoy lo que le corresponde, y advierte que el acuerdo plantea el pago de la compensación por territorio inundado, acumulado desde enero de 1995 hasta diciembre de 2017, en 10 cuotas anuales a partir del 2023 a Paraguay. Este pago, según el Tratado, debía ser hecho mensualmente a ambos países. Su postergación es para financiar la maquinización del Aña Cua”.
Se alega también que desde el inicio de la explotación, más de 327 millones de MW/h, de los casi 350 millones producidos, han sido aprovechados por Argentina, donde la energía cuesta en promedio 45 US$ por MW/h, desde 1994 al 2017. Es decir, el valor de la energía retirada por nuestro socio está cerca de los US$ 16.000 millones, valor enteramente capitalizado en el país vecino, mientras retrasan eternamente los exiguos pagos que nos corresponden por cesión de energía y territorio inundado.
Por esto y otros varios motivos plantean que “se negocie un acuerdo mejor para ambas partes”. “Queremos energía y desarrollo para ambos países, pero en un contexto de igualdad y justicia, y sobre todo sin la obscuridad de la corrupción que a todas luces ha rodeado por año a este proyecto”, añade el pronunciamiento.