Una vez más, la Justicia se inclina ante los políticos

La prisión preventiva dictada con respecto al exsenador Óscar González Daher, presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa de bienes y rentas, así como la referente al diputado Ulises Quintana (ANR), procesado por los hechos punibles de tráfico de drogas y de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, dieron la impresión de que el Ministerio Público y el Poder Judicial se estaban liberando del poder político, para actuar con la independencia debida. La resolución por la que la jueza Magdalena Narváez dispuso ayer la libertad ambulatoria del legislador, tras poco más de diez meses de reclusión en Viñas Cue, implica un cruel desengaño para la ciudadanía y un triunfo para los promotores de la impunidad. De hecho, no se trata de una decisión judicial sino de una política, que responde a una serie de elocuentes mensajes emitidos desde el poder en favor de quien venía usando un automóvil del supuesto narcotraficante esteño Reinaldo “Cucho” Cabaña, financista de su campaña electoral. Lo resuelto afectará a otras causas que están siendo investigadas o juzgadas.

La prisión preventiva dictada con respecto al exsenador Óscar González Daher, presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa de bienes y rentas, así como la referente al diputado Ulises Quintana (ANR), procesado por los hechos punibles de tráfico de drogas y de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, dieron la impresión de que el Ministerio Público y el Poder Judicial se estaban liberando del poder político, para actuar con la independencia debida. La resolución por la que la jueza Magdalena Narváez dispuso ayer la libertad ambulatoria del legislador, tras poco más de diez meses de reclusión en Viñas Cue, implica un cruel desengaño para la ciudadanía y un triunfo para los promotores de la impunidad. De hecho, no se trata de una decisión judicial, sino de una política, que responde a una serie de elocuentes mensajes emitidos desde el poder en favor de quien venía usando un automóvil del supuesto narcotraficante esteño Reinaldo “Cucho” Cabaña, financista de su campaña electoral.

Uno de los más claros fue el del senador Enrique Bacchetta (ANR), nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien tuvo el descaro de solidarizarse con el “querido Ulises”, ante la “injusticia” que habría sufrido. Desde su alto y temido pedestal, desde donde cualquier manifestación suya puede considerarse una amenaza o un aplauso para jueces y fiscales, el legislador colorado ya exculpó a Quintana. Luego, faltaba solamente ir allanando el camino para la absolución del agraciado. En consecuencia, la jueza Narváez puede estar segura de que no comparecerá ante el Jurado por dar cumplida satisfacción a quien lo encabeza. También se ha hecho acreedora de la eterna gratitud del senador Silvio Ovelar (ANR) y de la del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes creyeron oportuno romper una lanza en favor del correligionario en apuros. El primero declaró que el Ministerio Público actuó “de manera arbitraria” al pedir la prisión preventiva del diputado, en tanto que el segundo alegó que el diputado Quintana solo había ejercido su profesión de abogado al procurar y obtener la liberación del secretario de Cucho y de los 190.000 dólares que llevaba consigo, cuando fue detenido en un retén policial de Nueva Londres (Caaguazú). Más tarde, sostuvo que sería “el mejor candidato” que su movimiento –Añetete– podría presentar en los comicios internos de la ANR, de cara a la elección del intendente de Ciudad del Este, por lo que lamentó que no podría ser postulado en ese momento.

Dados estos antecedentes, la opinión pública ya puede adivinar el “destino” de la causa en lo que atañe al diputado, quien al ser liberado ayer habló de un “terrorismo fiscal” como si lo fuera el hecho de que el Ministerio Público persiga a quienes, validos de su investidura o del alto cargo ejercido, incurren en presuntos hechos punibles, confiando en la tradicional impunidad de los que mandan. Se habrá llevado una gran sorpresa, primero por la actuación de la Senad, luego por la de la agente fiscal Lorena Ledesma y, finalmente, por la del hoy exjuez Rubén Ayala Brun, cuyo auto interlocutorio de prisión preventiva fue confirmado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al rechazar in limine la acción promovida por el afectado. O sea que tanto el juez como los ministros Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña y Antonio Fretes habrían incurrido en un “terrorismo” judicial y en otro constitucional, respectivamente.

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El verdadero “terrorismo” que se produce en este país es el perpetrado por los mandamases ligados al crimen organizado, que se enriquecen ilícitamente, lavan dinero, trafican influencias y se asocian para el crimen. Cuando presidía la Cámara Baja, el actual vicepresidente de la República llegó a decir que el crimen organizado se había instalado en los tres Poderes estatales y una comisión senatorial denunció, con nombres y apellidos, a legisladores pesuntamente ligados al narcotráfico. Ninguno de ellos fue procesado, de modo que cualquier parlamentario podía confiar en que jamás sería molestado ni por la Senad ni por el Ministerio Público si forjaba alianzas estratégicas con la mafia. El caso Quintana fue algo excepcional y ahora se ha vuelto a lo habitual, es decir, a la impunidad. La generosa jueza cree que no obstruirá la acción de la Justicia ni se dará a la fuga, ya que tiene muchos bienes en el país. Le impuso una caución real de 460 millones de guaraníes, que seguramente no supondrá un gran esfuerzo financiero para el beneficiario de la medida. Si hasta su propio defensor, el senador Bacchetta, luego de considerarlo “inocente”, admitió que en su caso “sí se puede hablar de tráfico de influencias”, dada su intervención “profesional” ante el retén policial, es de suponer que ahora podrá incidir en instancias superiores para que todo termine como si no hubiera pasado nada. Es el desenlace que suelen tener los expedientes abiertos a quienes tienen algún vínculo con el poder político, como Ulises Quintana, siendo de temer que lo emplee para librarse definitivamente de la Justicia y quizá para convencer a Cucho de que no hable más de lo necesario. Al beneficiarlo, la jueza Narváez causó una gran decepción a una ciudadanía que esperaba que, por fin, también los que mandan estén sometidos a la ley penal. Para peor, sus colegas ya habrán tomado nota del cambio de rumbo, ocurrido poco después del acuerdo alcanzado entre los dos principales sectores de la ANR.

En efecto, lo resuelto afectará a otras causas que están siendo investigadas o juzgadas, y el senador Enrique Riera (ANR) mencionó que una de ellas podría ser la del exsenador Óscar González Daher. Ello porque la medida será interpretada como una señal inequívoca de que desde arriba se habría insinuado –tal vez “un guiño” del presidente Mario Abdo Benítez, al decir del ministro de Educación Eduardo Petta– que convendría no tomar muy en serio la autonomía de los agentes fiscales y de los jueces. No obstante, aún es de esperar que en la administración de Justicia haya quienes tengan honestidad y coraje, y apliquen la ley sin mirar a quién.

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