Corte Suprema de Justicia, la primera enemiga de la transparencia

El pleno de la CSJ avaló la solicitud presentada por la ministra Gladys Bareiro de Módica para impulsar, a través de la asesoría jurídica, una acción de inconstitucionalidad contra el art. 4 de la Ley N° 6299/19, que establece la publicidad de las sesiones de ese organismo y de otros. La máxima autoridad judicial volvió a demostrar así cuánto teme la transparencia. Ya promovió otras iniciativas similares con anterioridad. La proponente no explicó los motivos de la absurda propuesta; si no lo hizo, fue porque eran inconfesables o simplemente ridículos. Estas acciones refuerzan en la opinión pública la creencia de que los intereses políticos están recrudeciendo en la Justicia por encima de la ley, más aún tras el reciente contubernio abdo-carto-llanista. Por de pronto, se reafirma que la máxima autoridad judicial es una gran abanderada del secretismo, madre prolífica de todos los engendros judiciales que han dejado libres a grandes delincuentes y que han llevado a políticos poderosos y funcionarios a succionar la sangre del país, sin consecuencia alguna.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la solicitud presentada por la ministra Gladys Bareiro de Módica para impulsar, a través de la asesoría jurídica, una acción de inconstitucionalidad contra el art. 4° de la Ley N° 6299/19, que establece la publicidad de las sesiones de ese organismo, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros. De esta manera, la máxima autoridad judicial volvió a demostrar cuánto teme la transparencia. Ya lo había hecho cuando, en febrero del año pasado, su Sala Constitucional suspendió insólitamente los efectos de la ley que obliga a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de quienes perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos. Se dio la razón a sí misma, pues la acción de inconstitucionalidad había sido promovida por su propia Dirección de Asuntos Jurídicos, obviamente por orden del pleno. También reveló su miedo a la transparencia cuando, en octubre pasado, remitió una inaudita nota al Senado en la que sugirió “modificar la redacción del proyecto de ley” que permitía a los ciudadanos conocer las declaraciones juradas antes referidas. A esta altura, más que miedo, los ministros de la CSJ ya demostraban terror.

Pues bien, una mayoría de ellos ahora se opone a que sean públicas las sesiones de la Sala Constitucional, incluyendo las de la ampliada con los demás miembros de la Corte. La norma que la máxima institución judicial se propone declarar inaplicable prescribe que tales deliberaciones sean transmitidas “en vivo, a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía”, y que los asistentes fundamenten oralmente sus decisiones sobre la cuestión juzgada. Aún se ignora por qué los ministros creen que esa disposición vulnera la Carta Magna, pues la ministra proponente no explicó los motivos en su brevísima intervención y a ninguno de sus colegas se le ocurrió preguntarle al respecto. Esto implica que ya se habían puesto de acuerdo en una informal sesión reservada, violando groseramente la Ley N° 6299/19.

Es llamativo que el Dr. Eugenio Jiménez Rolón, que tanto había abogado por la publicidad de las deliberaciones del órgano que actualmente preside, haya consentido semejante atropello al Derecho y a la razón. El olvidadizo ministro, incluso antes de la promulgación de dicha ley, junto con su colega Manuel Ramírez Candia, solicitó el 23 de octubre de 2018 al entonces presidente de la máxima instancia judicial hacer públicas las sesiones plenarias para cumplir con el principio de transparencia, habiendo sido aceptado el pedido por el pleno, en forma unánime. Aún más, como el 31 de enero, la mayoría resolvió volver a sesionar en secreto, al día siguiente comunicó que ya no asistiría a “sesiones plenarias que no sean transmitidas por los medios tecnológicos con que cuenta la Corte”, para “preservar la transparencia” de sus actuaciones. El 22 de mayo, siendo ya presidente, el Dr. Jiménez Rolón opinó inclusive que debían ser públicas, además, las sesiones de la Sala Penal y las de la Civil y Comercial, tal como ya lo había sugerido el ministro Ramírez Candia el 5 de febrero. Este último estuvo ausente por motivos de salud en la bochornosa junta que autorizó ahora la acción de inconstitucionalidad, y anunció que pedirá que se deje sin efecto la escandalosa decisión tomada.

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Se preguntará la opinión pública por qué estima la Corte que deberían ser reservadas las sesiones “para resolver: a) las acciones o excepciones de inconstitucionalidad de las leyes, las sentencias definitivas o interlocutorias o de otros instrumentos normativos; y b) la suspensión de los efectos de una ley, decreto, reglamento, acto normativo o resolución impugnada o la concesión de medidas cautelares (...) en el marco de los procesos previstos en el inciso anterior”, del art. 4°. ¿Cuál sería la norma constitucional que impide que dichas cuestiones sean tratadas de cara al público?

Resulta absurdo suponer, por ejemplo, que estudiar si una ley contradice o no la Carta Magna viola el derecho a la intimidad. Si se impugnara una sentencia definitiva sobre un asunto que afecte a un menor de edad, el ministro que estime necesario un tratamiento reservado podría acogerse al art. 7° de la Ley N° 6299/19. Es decir, justificar oralmente su pedido, en cuyo caso el presidente del órgano, si lo cree pertinente, suspenderá la transmisión en vivo mientras dure el examen, debiendo reanudarse de inmediato, una vez finalizado el mismo. Como se ve, están debidamente contempladas las circunstancias que ameritarían alguna sesión reservada.

Por cierto, la ministra Bareiro de Módica pudo haber invocado esa norma para ocultar a la ciudadanía los motivos de su absurda propuesta; si no lo hizo, fue porque eran inconfesables o simplemente ridículos. Esta clase de iniciativas hace que se refuerce en la opinión pública la creencia de que los intereses políticos están recrudeciendo en la Justicia por encima de la ley, más aún tras el reciente contubernio abdo-carto-llanista.

Por de ponto, se reafirma que la máxima autoridad judicial es una gran abanderada del secretismo, madre prolífica de todos los engendros judiciales que han dejado libres a grandes delincuentes y que han llevado a políticos poderosos y funcionarios a succionar la sangre del país, sin consecuencia alguna.

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