El malandraje político-judicial sale otra vez a la luz

Es sabido que el soborno y el tráfico de influencias son moneda corriente en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Policía Nacional. Hay jueces, agentes fiscales y policías que delinquen inducidos por el dinero o por el poder político para asegurar la impunidad de los responsables. Lo antedicho quedaría confirmado, por si hiciera falta, por los ilustrativos diálogos telefónicos –grabados con autorización judicial– que el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña tuvo entre el 18 de mayo y el 28 de agosto con su abogado, con un policía y con el dueño de una firma que habría servido para lavar el dinero generado por la droga. El nombre del diputado Ulises, presumiéndose su abogado, amigo y presunto cómplice Ulises Quintana (ANR), también aparece mencionado en numerosas ocasiones. Estos diálogos no pueden ser más reveladores del malandraje que impera en los ámbitos político, judicial y policial. Miembros de los tres Poderes del Estado girando con su manto protector en torno a un sospechoso de ser narcotraficante, muestra la podredumbre que se ha apoderado de nuestro país y que es preciso extirpar.

Es sabido que el soborno y el tráfico de influencias son moneda corriente en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Policía Nacional. En verdad, lo son en todo el aparato estatal, pero en esos ámbitos conllevan el agravante de afectar precisamente a los órganos encargados de investigar los delitos y de sancionar a sus autores, cómplices y encubridores. Esto es, hay jueces, agentes fiscales y policías que delinquen inducidos por el dinero o por el poder político para asegurar la impunidad de los responsables, confiando en la de ellos mismos debido al cargo que ocupan. Lo antedicho quedaría confirmado, por si hiciera falta, por los ilustrativos diálogos telefónicos –grabados con autorización judicial– que el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña tuvo entre el 18 de mayo y el 28 de agosto de 2018 con su abogado Santiago Luis Cano, con un agente policial de apellido Aguirre y con el hoy prófugo Óscar Adrián Monges, dueño de una firma que habría servido para lavar el dinero generado por la droga. Estos diálogos no pueden ser más reveladores del malandraje que impera en los ámbitos mencionados.

En efecto, los audios recién divulgados son un ejemplo elocuente del envilecimiento de unas instituciones puestas al servicio del crimen por obra de sus miembros corruptos. Allí se lo escucha decir al abogado que la nueva jueza Maricel Meaurio estaba dispuesta a anular el título de propiedad de un gran inmueble cercano a Ciudad del Este, para ponerlo a nombre del padre de Diego Miguel Medina, sospechado de complicidad con su cliente. “Pero todo tiene su costo”, le habría dicho la jueza. En una conversación mantenida un par de meses más tarde, el abogado le contó a “Cucho” que el costo ascendía a “dos mil” (dólares), obteniendo como respuesta que “sí, vamos a tener (el dinero). Metele nomás”.

Este aparente caso de soborno para quedarse con un valioso terreno mediante la intervención judicial no debería sorprender a nadie, pues el prevaricato, como resultado del cohecho pasivo, dista mucho de ser insólito en los juzgados, en los tribunales y hasta en la Corte Suprema de Justicia. Es probable que el dinero usado para el efecto haya provenido del narcotráfico, un delito que sirve tanto para emplear sicarios como para “aceitar” la maquinaria estatal. Parece que “Cucho” era muy influyente no solo por su poder económico, sino también por sus vínculos políticos con el diputado Ulises Quintana (ANR), su amigo, abogado y presunto cómplice. Es lo que surge de su charla con el policía esteño Aguirre, a quien envió a la Dirección de Policía del Alto Paraná a fin de que hable con un comisario de apellido Flores y recupere un automóvil incautado a un amigo suyo. El uniformado, que le trata de “patroncito” porque de hecho era su empleado, le informa que en la Jefatura no hay ningún Flores y que quizá le hayan hablado del comisario Ovelar, “jefe de Motorizada”. Su “patroncito” le ordena entonces que obtenga el número de teléfono de este comisario “para que le llame Ulises”. El solícito policía se ofrece a “hablar nomás primero con ellos”, pero “Cucho” insiste en obtener el número de Ovelar, porque “mejor que le llame directamente Ulises”.

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En este punto, hay que admitir que tenía toda la razón del mundo, ya que un legislador, que además integra el movimiento colorado dirigido por el propio jefe de Estado, pesa mucho más que un simple policía, aunque este actúe de mandadero de un supuesto narcotraficante. Pero Aguirre se mantuvo en sus trece y le dijo que se presentaría como un enviado de Estela. Su “patroncito” cedió: “Sí. Decile que te envía la fiscala penal Estela (Ramírez), de mi barrio”. Estaríamos, pues, ante unos asqueantes casos de coimas, influencias indebidas y fallos cocinados, tan frecuentes en estos ámbitos.

Ulises no tuvo que interponer sus buenos oficios para recuperar un vehículo, pero sí habría intervenido con todo éxito para rescatar casi íntegramente los 190.000 dólares incautados a Diego Miguel Medina en una barrera policial montada en Nueva Londres. Del jugoso diálogo que “Cucho”, dueño del dinero, mantuvo con el “empresario” Monges se desprende que Medina dijo en la comisaría local que la enorme suma pertenecía a la firma Neos y que la llevaba a Asunción. Monges se ofreció a enviar a su abogado con la documentación respaldatoria, pero su interlocutor rechazó la idea: “No. El diputado ya habló allá (...) necesita el documento (...) se va a ir, no es cualquiera. Nuestro abogado es el diputado (...) Él luego va a resolver con ese documento. Por WhatsApp nomás necesita enviar. No va a pasar a la Fiscalía, si él maneja eso”. En efecto, como no era un “cualquiera”, el caso no llegó a conocimiento del Ministerio Público y el dinero recuperado sirvió para comprar 53 kilos de cocaína, incautados luego en el Brasil. ¿Resulta acaso excesivo suponer que el legislador pudo haber incurrido en el delito de tráfico de influencias y haber sido cómplice en uno de drogas ilícitas, como cree el Ministerio Público? Quede abierta la pregunta de si Quintana también cometió el hecho punible de cohecho activo.

Por de pronto, este resumen de los diálogos telefónicos del dilecto amigo del diputado, a quien este dice conocer solo como “empresario de moteles”, muestra que el dinero sucio puede lograr muchas cosas en este país. Cuesta creer que dichos establecimientos sean tan rentables y que el diputado sea tan ingenuo. Resulta mucho más fácil sospechar que es otra la verdadera fuente de los cuantiosos ingresos de quien hoy está en prisión preventiva, sin haber obtenido, al menos hasta ahora, una “libertad ambulatoria” como la que la jueza Magdalena Narváez otorgó contra la ley a quien ha arrojado un baldón más al Congreso.

Miembros de los tres poderes del Estado girando con su manto protector en torno a un sospechoso de ser un narcotraficante muestra la podredumbre que se ha apoderado de nuestro país y que es preciso extirpar. Hay que aprovechar la ocasión para al menos seguir limpiando de a poco el Congreso, expulsando de su seno a quienes lo ensucian sin piedad.

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