Ejecutivo y Senado avalaron fraude del Consejo de la Magistratura

Para entender a cabalidad lo que significa la incorporación de César Diesel en la Corte Suprema de Justicia para cubrir la vacancia dejada por Miryam Peña, conviene ver lo mucho que se arriesgaron y lo mucho que se expusieron quienes llevaron adelante la instalación de dicho abogado en el tribunal supremo de nuestra República. Los miembros del Consejo de la Magistratura violaron varias normas para el efecto. Los operadores de esta maniobra balbucearon en la sesión del Senado excusas tan lamentables para justificar el atropello, que confirmaron al país que los estaba viendo y escuchando que esa decisión política fue tomada de antemano en otro lugar y por otras personas, es decir, las que detentan el poder real en nuestro país. Si alguien viola tan abiertamente las normas legales, los procedimientos vigentes, la lógica y el decoro en forma gratuita, es porque puede confiar en que no será sancionado. Lo hicieron porque mantenerse fuera del alcance de la ley, mediante respaldos en el aparato judicial, es materia perentoria para los que hacen fortunas de modo irregular.

Para entender a cabalidad lo que significa la incorporación de César Diesel en la Corte Suprema de Justicia para cubrir la vacancia dejada por Miryam Peña, conviene ver lo mucho que se arriesgaron y lo mucho que se expusieron quienes llevaron adelante la instalación de dicho abogado en el tribunal supremo de nuestra República.

En primer lugar, los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) violaron abiertamente la Ley Nº 6299/19, que ordena que sus sesiones sean públicas, al apagar los micrófonos en la reunión en que decidieron la inclusión de Diesel en la terna a ser elevada al Senado. Luego, violaron también abiertamente el artículo 60 del Reglamento, que regula los procesos que abre el CM, que exige que el voto de cada uno de sus miembros por cada postulado en la terna, sea fundado, basado en razones consignadas por escrito, reemplazando esa exigencia por una absurda lista de nombres carente de argumentación alguna.

Asimismo, violaron el anexo del mismo Reglamento que regula el otorgamiento de los últimos veinte puntos del proceso, de acuerdo a cinco parámetros objetivos. Los consejeros dieron a Diesel la casi totalidad de los puntos a pesar de no ejercer la docencia ni tener publicaciones, parámetros exigidos, mientras que a sus competidores para la terna le otorgaron menos puntuación aunque ellos sí cumplían con esos requisitos.

En esta última violación, los consorciados para instalar a Diesel en la Corte llegaron al colmo de afirmar, contra toda lógica, contra todo sentido común, contra todo sentido del Derecho, contra la letra misma del Reglamento, que dichas puntuaciones son arbitrarias y no relacionadas a los parámetros objetivos exigidos, lo cual es otro absurdo que, de ser cierto, hace totalmente innecesario, irrelevante y ridículo el citado anexo.

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El pasado lunes, dadas todas las violaciones documentadas ocurridas en el CM, los representantes de la oposición en la reunión de la mesa directiva del Senado pidieron a su presidente, Blas Llano, la postergación del tratamiento de la terna, a lo que este se negó en contra de toda razón.

Ya evidenciados de esa manera, los operadores de la incorporación de Diesel en la Corte balbucearon en la sesión del Senado excusas tan lamentables para justificar el atropello, que confirmaron al país que los estaba viendo y escuchando que esa decisión política fue tomada de antemano en otro lugar y por otras personas, es decir, las que detentan el poder real en nuestra República.

Disparates tales como que la Corte necesita de “abogados pasilleros para estar equilibrada” (senador llanista Fernando Silva Facetti) se escucharon con el evidente propósito de engañar a la opinión pública sobre el problema real de nuestra Justicia, que es, simplemente, la impunidad de quienes dieron la orden de implantar a Diesel en la Corte. Esa impunidad permea luego a todo el aparato republicano y lo está destruyendo a paso seguro.

El problema de nuestra Justicia no es que no haya abogados pasilleros en la Corte, como mintió descaradamente Silva Facetti, sino que desde allí se garantiza impunidad a grupos de sinvergüenzas.

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Terminada esa parodia en el Senado, con la obvia nominación de Diesel para el acuerdo que se requiere del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, este se apresuró en otorgarlo sin disimulo alguno, apenas minutos después de recibida la comunicación senatorial, confirmando que también él forma parte de este plan de garantizar, y garantizarse, la impunidad.

De hecho, la inclusión de Diesel en la Corte Suprema de Justicia es consistente en todo con la repugnante “operación cicatriz”, que une en un grosero pacto de impunidad a los dos principales sectores que usan al Partido Colorado como pantalla para medrar: Colorado Añetete del presidente Abdo Benítez, y Honor Colorado del expresidente Horacio Cartes.

Si alguien viola tan abiertamente las normas legales, los procedimientos vigentes, la lógica y el decoro en forma gratuita, es porque puede confiar en que no será sancionado. Lo hicieron porque mantenerse fuera del alcance de la ley, mediante respaldos en el aparato judicial, es materia perentoria para los que hacen fortunas de modo irregular, que son los que financian a los senadores y a los miembros del CM que se vieron en la necesidad de abandonar todo disimulo para complacer a sus mandantes reales.

Este tipo de cambios en la Corte no garantizan un mejoramiento de la Justicia, sino avizoran más impunidad, más podredumbre y mayor imperio de las mafias que campean en nuestro país.

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