El Gobierno estuvo promocionando un mágico plan de reactivación pospandemia de 2.500 millones de dólares, con supuestas inversiones masivas en obras públicas y viviendas, además de créditos para las mipymes y varias promesas por el estilo. Refiriéndose a ello, el 16 de julio, el presidente Mario Abdo Benítez dijo jactancioso que, después de ser el “presidente de la cuarentena”, será el “presidente de la economía”. Sin embargo, el pasado miércoles se filtró una carta del ministro de Hacienda, Benigno López, al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, solicitándole cancelar todas las licitaciones en curso por falta de fondos, así como suspender los nuevos procesos licitatorios en lo que resta del año. Es obvio que esto se contrapone diametralmente al tan mentado “plan”, pero, nos guste o no, es la pura realidad. Benigno ahora dice la verdad, todo el resto es humo.
La carta, fechada el 4 de agosto, no deja mucho lugar a dudas. Señala que la fuerte caída de la actividad económica como consecuencia de la pandemia (léase, debido a las medidas de aislamiento, que ya llevan cinco meses) ha afectado la sostenibilidad fiscal, con disminución de ingresos tributarios y aumento del endeudamiento público, lo cual limita “significativamente” el margen de maniobra (disponibilidad de recursos) no solo para el presente, sino también para el futuro.
En consecuencia, el ministro de Hacienda le pide al titular del MOPC que, a partir de esa fecha, “se cancelen todos los llamados de licitación en curso y se suspendan nuevos procesos licitatorios en lo que resta del presente año (...), así como los proyectos de inversión que no cuentan con financiamiento determinado”.
La nota agrega que, si no se aplican estas medidas, “las cuentas fiscales se verán muy comprometidas y no se podrá converger a resultados fiscales sostenibles en el mediano plazo, implicando un alto riesgo para la estabilidad macroeconómica y fiscal”.
Ya hecha pública la carta, el jueves Benigno intentó suavizar un poco los términos. Ya no habló de cancelar, sino de “priorizar”, y aseguró que solo se refería a los proyectos que no tienen financiamiento asegurado (cosa que no se desprende de la misiva). Como sea, el mensaje está clarísimo: el Estado paraguayo ha llegado al límite de su capacidad de respuesta, es importante comprenderlo, pisar tierra, aceptar las duras circunstancias y actuar con responsabilidad, porque lo contrario puede llevar al país a la quiebra y las consecuencias serán mucho peores.
Podemos engañarnos y creer que vendrán soluciones milagrosas, que el Gobierno se encargará de inundar de recursos la economía y todos contentos. Pero engañarse no solo es siempre inútil a la larga, sino que en este ámbito es sumamente peligroso. Así comenzaron invariablemente otros países de la región, con los tristes resultados a la vista. Lo que corresponde, aunque duela, es iniciar un largo y difícil proceso de ajuste, que durará varios años y que, con suerte y si se hacen las cosas bien, permitirá recuperar un relativo equilibrio que nos posibilite volver a crecer sobre bases sólidas, no sobre castillos de naipes.
A muchos les cuesta entenderlo, incluyendo, lamentablemente, a numerosos miembros de la clase dirigente pública y privada, pero nada es gratis. Los 1.600 millones de dólares que costó la ley de emergencia, más todos los otros gastos pasados, presentes y futuros, hay que pagarlos, y para ello el Estado tiene una sola y única fuente de financiamiento: los contribuyentes, ya sea a través de sus impuestos y tasas de hoy, o los de mañana, para solventar las deudas que crecen como una bola de nieve.
La única salida juiciosa es ajustarse los cinturones, reducir drásticamente el gasto público, racionalizar y focalizar las funciones del Estado, evitar los subsidios irracionales (como las demagógicas y costosas exoneraciones de facturas de luz y agua) y, de parte del sector privado, no pretender que “papá Estado” venga a sacar las papas del fuego, porque eso siempre beneficia a unos pocos a costilla de todo el resto.
La gran pregunta es: ¿tendrán los políticos y, sobre todo, la persona elegida para administrar el Estado, la madurez, la convicción y el carácter para hacer lo que se debe? Difícil de creer. Si hasta ahora la reforma del Estado ha sido apenas un simulacro, pocas esperanzas hay de que se lleve adelante en tiempos donde se mezclarán la crisis con el calendario electoral.
Por lo tanto, hoy más que nunca estamos ante “un alto riesgo para la estabilidad macroeconómica y fiscal”, tal como subraya la nota de Benigno, lo que lleva implícitos presión inflacionaria y cambiaria, aumento del riesgo país, caída de las inversiones, estancamiento, recesión, pérdidas de empleos, incremento de la pobreza.
Está visto que Mario Abdo Benítez no asumirá responsabilidades. Se escudará en el coronavirus, no admitirá que utilizó mal los recursos que tuvo a disposición para preparar sanitariamente al país, culpa de lo cual en cinco meses la actividad económica todavía no puede ponerse en marcha. Le resta dar un golpe de timón, utilizar lo que le queda de poder y credibilidad para hacer lo correcto o, más que de la economía, será recordado como el presidente del descalabro nacional.