Presupuesto 2021, prueba de fuego para la clase política

Casi desapercibido en medio de los sucesos que conmocionan a la República, está en estudio en el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el período 2021, en un momento sumamente delicado para el destino económico del Paraguay. La crisis del covid ha precipitado el deterioro de las finanzas públicas, que ya se venía evidenciando con anterioridad, y ha encogido drásticamente la disponibilidad de recursos para financiar el Estado, debido a la desaceleración de la actividad económica por la caída del consumo y la consiguiente reducción de las potenciales recaudaciones. El resultado es que se ha llegado al límite antes de lo esperado y ya no queda margen para seguir con más de lo mismo. Para cambiar la deplorable situación se requiere una profunda reforma del Estado, la cual se ha vuelto absolutamente impostergable. El primer gran paso para ello necesariamente debe ser el Presupuesto 2021. Por la actitud que asuma la clase política en este tema sabremos si ha entendido la gravedad de la situación y si le queda algo de patriotismo para ponerse a la altura de las circunstancias.

Casi desapercibido en medio de las dificultades y los sucesos que conmocionan a la República, está en estudio en el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el período 2021, en un momento sumamente delicado para el destino económico del Paraguay. La crisis del covid ha precipitado el deterioro de las finanzas públicas, que ya se venía evidenciando con anterioridad, y ha encogido drásticamente la disponibilidad de recursos para financiar el Estado, debido a la desaceleración de la actividad económica por la caída del consumo y la consiguiente reducción de las potenciales recaudaciones. El resultado es que se ha llegado al límite antes de lo esperado y ya no queda margen para seguir con más de lo mismo.

Lamentablemente, se ha desaprovechado una década de vacas gordas para realizar reformas que hubieran permitido contar con un aparato estatal más equilibrado, más útil y eficiente, que se constituya en un motor de desarrollo y no en el lastre que es en la actualidad. Ahora toca hacerlo en un ciclo de retracción que no se sabe cuánto va a durar y cuán profundo va a ser. Pero no hacerlo implicaría condenar al país al precipicio del sobreendeudamiento, el alto déficit crónico, la devaluación de la moneda, la suba del tipo de cambio, la inflación y el eventual default.

El Estado paraguayo gasta mucho, alrededor del 33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor de todos los bienes y servicios que produce la economía en un año, pero sobre todo gasta muy mal, derrocha el dinero de los contribuyentes, mantiene una burocracia plagada de planilleros reales o encubiertos, superpone tareas para dar cargos y subsidios a la clientela política, a las parentelas, a las amistades, a las amantes, sostiene un esquema de corrupción institucionalizada de sobrefacturaciones, licitaciones amañadas y sobornos, y en contrapartida presta un pésimo servicio a la ciudadanía en casi todos los órdenes.

Una muestra palmaria de la inutilidad del Estado paraguayo es lo que ha ocurrido con la ley de emergencia sanitaria para enfrentar la amenaza del coronavirus. En tiempo récord se aprobó un fondo de 1.600 millones de dólares, se liberaron los topes del déficit fiscal y del endeudamiento, se permitieron adelantos excepcionales del Banco Central, se relajaron las normas de contratación y adquisiciones, se concedieron amplias discrecionalidades. Si hubiésemos tenido instituciones públicas eficientes y honestas, con todos los recursos y las herramientas disponibles en un país pequeño como el nuestro, a estas alturas tendríamos un sistema de salud pública de primer nivel. Y en cambio, seis meses después, estamos poco menos que prácticamente igual que al principio.

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Con ello no queremos desmeritar a los buenos funcionarios públicos, los que cumplen su trabajo con honradez, dedicación y profesionalismo, con nota especial para el personal de blanco, que se está comportando heroicamente y tiene la bien ganada estima y gratitud de todos. De hecho, los buenos funcionarios públicos son las primeras víctimas del Estado politiquero y corrupto, porque no reciben premios ni estímulos al no haber evaluación por resultados y generalmente ven que son otros los que escalan y se llevan las gratificaciones sin merecerlo.

Para cambiar esta deplorable situación se requiere una profunda reforma del Estado, la cual, si ya antes era perentoria, se ha vuelto absolutamente impostergable. El primer gran paso para ello necesariamente debe ser el Presupuesto 2021.

Antes de la crisis del covid, el fisco venía arrastrando año a año un déficit (más gastos que ingresos) por siete ejercicios consecutivos y la deuda pública ya había trepado al 22 por ciento del PIB. La tendencia era de por sí preocupante y el debate se centraba en cómo volver a una situación de equilibrio en un plazo razonable. Hoy el escenario es mucho peor. El déficit se quintuplicó en un solo año y la deuda se disparó al 35 por ciento del PIB. Si ese enorme aumento del gasto público hubiera servido para construir la infraestructura que el país necesita para su desarrollo podría justificarse, pero la triste realidad es que la mayor parte se perdió en el agujero negro de este Estado corrupto e inoperante.

El proyecto de Presupuesto 2021 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso contempla un gasto total de 85,7 billones de guaraníes, equivalentes a 12.089 millones de dólares. Si bien se ajusta nominalmente al tope legal del déficit fiscal del 1,5 por ciento del PIB, las proyecciones indican que, para ejecutarlo y mantener un cierto ritmo de inversiones, el déficit el año que viene no será menor al 4 por ciento del PIB, por la estimada caída de las recaudaciones.

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Ese panorama es inquietante, pero tal vez inevitable, porque necesariamente se tendrán que tomar acciones contracíclicas para alentar la reactivación luego de un terrible año económico, especialmente a través de las obras públicas. Pero para que los números se mantengan acotados dentro de esos márgenes se tendrán que congelar salarios, cortar bonificaciones, descontratar personal, entre otras muchas medidas de ajuste. La ciudadanía también exige que se eliminen los privilegios y la corrupción, lo que no debería ser mucho pedir.

La gran pregunta es si la clase política estará dispuesta a hacerlo en un período electoral. Por la actitud que asuma frente al Presupuesto 2021 sabremos si ha entendido la gravedad de la situación y si le queda algo de patriotismo para ponerse a la altura de las circunstancias.

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