Los genios de las finanzas y el dinero del pueblo

En nuestro país, siempre ha sido un excelente negocio acceder a un cargo público, y no precisamente por el salario, que por cierto no es nada despreciable, considerando las pocas horas que trabaja un servidor público en comparación con un trabajador del sector privado: las ventajas que otorga ocupar un cargo rentado por el Estado han sido y siguen siendo los negociados que algunos delincuentes hacen cuando llegan a diputados, senadores, fiscales, jueces, concejales, intendentes, directores de entes, consejos, vista de aduanas, solo por citar algunos lugares apetecibles. Es así como se explica, por ejemplo, por qué los postulantes al Consejo de la Magistratura invierten fortunas en sus campañas, o cuando postulan a cargos electivos en el Congreso. Ninguna “inversión” se realiza sin evaluar el rédito que puede generar, por lo que, de alguna forma, estos candidatos a cargos públicos tienen la expectativa de recuperar e incrementar lo que gastaron. ¿Cómo es que a los fiscales anticorrupción o a la Seprelad no les llama la atención el enriquecimiento de los “servidores” públicos?

En nuestro país, siempre ha sido un excelente negocio acceder a un cargo público, y no precisamente por el salario, que por cierto no es nada despreciable, considerando las pocas horas que trabaja un servidor público en comparación con un trabajador del sector privado: las ventajas que otorga ocupar un cargo rentado por el Estado han sido y siguen siendo los negociados que algunos delincuentes hacen cuando llegan a diputados, senadores, fiscales, jueces, concejales, intendentes, directores de entes, consejos, vista de aduanas, solo por citar algunos lugares apetecibles.

Es así como se explica por ejemplo, por qué los postulantes al Consejo de la Magistratura invierten fortunas en sus campañas, o cuando postulan a cargos electivos en el Congreso. Ninguna “inversión” se realiza sin evaluar el rédito que puede generar, por lo que, de alguna forma, estos candidatos a cargos públicos tienen la expectativa de recuperar e incrementar lo que gastaron.

La realidad nos muestra que estas personas, cuando llegan a su objetivo de ocupar un cargo público, no se conforman con el salario que perciben, puesto que con ello ni siquiera cubrirían el dinero que “invirtieron” en sus campañas.

Cuando se trata de gente que accede a cargos no electivos, como juzgados, fiscalías, direcciones y demás, muchas veces lo hacen comprometiendo lealtad a quienes les “facilitan” llegar a posiciones, incluso sin tener la idoneidad requerida. Esta lealtad implica, luego, favorecer indebidamente a sus benefactores, en casos judiciales, licitaciones, nombramientos, etc.

Pero este círculo perverso no se detiene ahí, continúa en el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y sus allegados. Los negocios que concretan, abusando de su función, les benefician económicamente, al punto que se vuelven ricos a costa de los ilícitos que cometen. Ejemplos se ven a diario en la sociedad, como sucede en el caso de congresistas que de andar en transporte público y vivir en alquiler, son propietarios de estancias, grandes mansiones y se pasean orondamente en vehículos lujosos.

Lo mismo se observa en fiscales y jueces de toda la República, cuyos salarios no superan los diez millones de guaraníes, pero viven en grandes mansiones, llegan al Poder Judicial y el Ministerio Público en camionetas valoradas en decena de miles de dólares, portan relojes y carteras de marca. Su nivel de vida de un mes representa el equivalente a todo un año de su sueldo.

Esta ostentación generaba anteriormente la seria sospecha de que detrás de esos genios de las finanzas había negocios turbios. Hoy eso ya está documentadamente a la vista de toda la sociedad, y principalmente de la fiscalía, puesto que las declaraciones juradas están disponibles para todo quien quiera examinarlas. Es por eso que llama la atención por qué el Ministerio Público no inició aún investigaciones sobre todas aquellas fortunas que declararon altos funcionarios, e incluso sus propios integrantes, donde se registra un crecimiento totalmente desproporcionado respecto de lo que perciben mensualmente.

¿Cómo es que a los fiscales anticorrupción no les llama la atención que jueces y fiscales de la zona de Alto Paraná vivan en los countries, en mansiones cuyos alquileres incluso duplican sus salarios? ¿Por qué no piden informes a las concesionarias de vehículos para conocer el valor de las camionetas adquiridas por los funcionarios públicos, y así saber cómo fueron pagadas? ¿De qué cuentas corrientes salió el dinero para ello?

¿Los fiscales o sus asistentes no pueden revisar las cuentas de Facebook o Instagram de los funcionarios, incluyendo las de sus propios colegas, sus esposas e hijos, donde publican imágenes de viajes por todo el mundo, regalos consistentes en joyas, vehículos y demás?

¿Cómo es que Seprelad no logra identificar el movimiento de grandes cantidades de dinero de parte de personas cuyo salario público no les permitiría realizar?

Las leyes vigentes castigan claramente el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, e incluso autorizan el comiso de bienes propios y de parientes que no pueden ser justificados por el servidor público. En consecuencia, si no se observa interés de parte de los investigadores para descubrir el origen de las fortunas de los mercaderes de la función pública, es porque son parte de ese esquema de corrupción, o al menos contribuyen para que la fiesta continúe.

Esta impunidad es la que no permite a nuestra sociedad salir del atraso y el abandono en salud, educación, trabajo y bienestar social. Los nuevos o viejos ricos, que milagrosamente cambiaron su “estatus” económico financiero desde que ingresaron a la función pública, deben ser procesados, condenados y todos sus bienes incautados. Estos procesos deben ser llevados en juicios públicos con amplia difusión para empezar a creer en un país que necesita recuperar su decencia.

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