Jueces y fiscales complacientes con sus patrones políticos

Más de una vez se ha puesto en evidencia la doble vara de la Justicia: por un lado, para perseguir a ladrones de gallinas, de bicicletas o de frutas; por otro, para enjuiciar o liberar a politicastros y allegados. Cobró notoriedad el caso de un joven que robó algunos pomelos, y tras pasar un mes en una comisaría, el juez de la causa ordenó su prisión preventiva en Tacumbú. Contrasta esta situación con las actuaciones relativas a ciertos políticos, que pueden durar –chicanas de por medio– más de cinco años, como las relativas al exsenador liberal y hoy parlasuriano Enzo Cardozo, así como a otro impresentable, el exlegislador colorado Víctor Bogado. Quienes se suelen beneficiar de la situación son aquellos que no pasan de ser unos vulgares politicastros, pero ocupan un escaño o dirigen algún órgano importante, donde han metido la mano en la lata. Para ellos, a nadie se le daña desviando el dinero público o traficando con influencias: el Estado es una mera abstracción y el poder debe ser ejercido, más allá del bien y el mal.

Más de una vez se ha puesto en evidencia la doble vara de la Justicia: por un lado, para perseguir a ladrones de gallinas, de bicicletas o de frutas; por otro, para enjuiciar o liberar a politicastros y allegados. Cobró notoriedad el caso de un joven que, a mediados del año pasado, robó algunos pomelos, y tras pasar un mes en una comisaría, el juez de la causa ordenó su prisión preventiva en Tacumbú. Contrasta esta situación con las actuaciones relativas a ciertos políticos, que pueden durar –chicanas de por medio– más de cinco años, como las relativas al exsenador liberal y hoy parlasuriano Enzo Cardozo, así como a otro impresentable, el exlegislador colorado Víctor Bogado.

En efecto, quienes se suelen beneficiar de la situación son aquellos que no pasan de ser unos vulgares politicastros, pero ocupan un escaño o dirigen algún órgano importante, donde han metido la mano en la lata. Para ellos, a nadie se le daña desviando el dinero público o traficando con influencias: el Estado es una mera abstracción y el poder debe ser ejercido, más allá del bien y el mal. Robar fondos de la Cámara Baja o de una entidad binacional para retribuir al personal doméstico sería apenas más grave que el delito bagatelario de apropiarse de un cajón de manzanas, como se desprende de los casos del exsenador Bogado, del exdiputado José María Ibáñez y del actual Tomás Rivas.

Ibáñez fue acusado en 2014 por los delitos de estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios: los tres cuidadores de una quinta suya figuraban en la planilla de la Cámara Baja, cobrando dinero público y causando así al erario un perjuicio millonario. No fue juzgado, porque en julio de 2018 se acogió a la figura de la suspensión condicional del procedimiento, prevista para los delitos menores y que exige admitir haberlos cometido, reparar el daño y donar a una entidad benéfica; los tres atribuidos a Ibáñez conllevaban una pena máxima de 7 años y medio en total, de modo que la suspensión era improcedente. Pero es “nuestro amigo”, como dicen los políticos. Ni siquiera se le prohibió dejar el país, quedando el consuelo de que días después renunció a su banca, forzado por la ciudadanía. Por supuesto, no pisó la cárcel, como sí lo hizo el mencionado ladrón de pomelos.

En cuanto a Víctor Bogado, a fines de 2020, la Justicia confirmó la pena de un año de cárcel que le fue impuesta en mayo de 2019, como cómplice en el delito de cobro indebido de honorarios, cometido por Gabriela Quintana, su “niñera de oro” y funcionaria de la Cámara de Diputados que él presidía. La ejecución de la condena, dictada tras cinco años de chicanas y días antes de que el Senado lo expulse, fue suspendida a cambio de la donación de 480 millones de guaraníes a instituciones de beneficencia. La Fiscalía lo había acusado como el autor de una estafa, pero no estuvo un solo día entre rejas; lo mismo ocurrió con la niñera, por haber devuelto a Itaipú Binacional 106 millones de guaraníes, y hecho una donación a la Cruz Roja, tras ser condenada a un año y medio de cárcel. Otro allegado al exsenador Bogado, el “mecánico de oro” y funcionario del Senado, Miguel Ángel Carballo, su presunto “testaferro”, apareció de pronto como un multimillonario, sin poder justificarse el origen de sus bienes. Entre otras cosas, compró un centro comercial por 1.900 millones de guaraníes, y prestó 300.000 dólares a la exdiputada Cynthia Tarragó, hoy condenada en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. Carballo fue sentenciado en enero último a 2 años y medio de cárcel por enriquecimiento ilícito, pero como en 2018 pasó 15 días en una comisaría y un mes en la cárcel, para después guardar arresto domiciliario, no tuvo que seguir privado de su libertad.

El diputado colorado Tomás Rivas imitó a su excolega Ibáñez, pagando el sueldo de tres caseros con dinero de la Cámara que ensucia y causándole así un daño patrimonial de más de 57,8 millones de guaraníes; sus empleados están libres, ya que la pena de 2 años de encierro fue confirmada en junio último. Entretanto, su patrón, acusado de estafa, impide que sea enjuiciado, recurriendo a ardides dilatorios, confiado seguramente en que se librará con una pena mínima o ninguna, como los otros parlamentarios referidos.

Otros ocho diputados que habrían incurrido en hechos de corrupción o tráfico de influencias, los liberales Carlos Portillo y Teófilo Espínola, así como los colorados Éver Noguera, Marlene Ocampos, Avelino Dávalos, Esteban Samaniego, Miguel Cuevas y Ulises Quintana, también están procesados pero, como sus casos están congelados o avanzan a paso de tortuga, desarrollan tranquilamente sus actividades políticas, al punto de que Quintana, imputado nada menos que por delitos ligados con el narcotráfico, fue electo candidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este para las próximas elecciones. Un caso emblemático también de que la Justicia es generosa con los políticos es el del citado diputado Cuevas, quien desde hace largo tiempo le anda “chuleando” a la diosa Astrea. Ayer, en audiencia preliminar se dispuso por fin elevar la causa a juicio oral, pero con tanta “suerte” para el legislador que el juez Jean Paul López aceptó prontamente excluir pericias e informes técnicos que sustentaban la acusación.

En este recuento de los beneficiados por la benevolencia de la Justicia no puede faltar el exsenador colorado Óscar González Daher, condenado a solo dos años de cárcel, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, por el tráfico de influencias que practicó presidiendo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM): la ridiculez de la sanción –la pena máxima prevista en la ley es de 5 años– fue favorecida por el pésimo desempeño del Ministerio Público.

Y bien, los hechos referidos sugieren que no es grande el riesgo que corre el legislador de hoy o de otrora si instala a sus empleados domésticos en el Presupuesto del país o en el de una entidad binacional, si recurre a un prestanombre para ocultar sus bienes o si trata de influir en decisiones judiciales: traba el proceso penal y cuando al fin se dicta la sentencia, resulta que es muy benigna, que se salva de la cárcel, para agravio de la ciudadanía. Las cosas seguirán así mientras los jueces y los agentes fiscales no sean honestos o no tengan el valor de obrar con independencia. Hay una medida para juzgar a los políticos y su clientela y otra para el ciudadano común. La Justicia paraguaya no puede seguir teniendo doble cara.

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