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Los gremios docentes insisten con una huelga por tiempo indefinido a partir del 1 de octubre si no se les otorga un ajuste salarial del 16%, absolutamente a contramano de la marcha del país y del estado de la educación, como si no se hubiesen enterado de la tremenda crisis que hemos tenido que atravesar y de las profundas secuelas que la misma ha dejado en la situación socioeconómica nacional.
Dentro de su burbuja, reclaman la ejecución de una cláusula de la ley de Presupuesto que contempla un ajuste de “hasta 8%” para el sector en el caso de que haya un incremento del 10% en los ingresos tributarios y de “hasta 16%” en el caso de que ese incremento de ingresos tributarios supere el 15%. Lo que no toman en cuenta es que, al margen de su carácter populista, esas disposiciones fueron aprobadas a fines de 2020, cuando nadie tenía idea de la calamidad que se avecinaba.
Para empezar, en esa época Paraguay cerraba el primer año de la pandemia con poco más 2.000 muertos, una cifra importante, pero todavía muy por debajo del 10% del promedio anual de defunciones. Después de un duro año de cuarentena, con serias consecuencias sociales, económicas y fiscales, y tras haberse prácticamente perdido el año lectivo, se creía que pronto llegarían las vacunas y las cosas comenzarían a volver a la normalidad. Había que concentrarse en la reactivación económica, en el apoyo a ciertos segmentos intensivos en mano de obra que habían quedado muy golpeados, en la recomposición de las finanzas públicas y, muy particularmente, en volver a educar como corresponde a nuestros niños y jóvenes, sin lo cual cualquier prospecto de desarrollo y de combate a la pobreza es ilusorio e inviable.
Nadie se imaginaba que a estas alturas las muertes habrían trepado a más de 16.000, lo que constituye una verdadera catástrofe en un país que habitualmente tiene menos de 30.000 decesos anuales. Contrariamente a lo que se esperaba, un grave retraso en el programa de vacunación hizo que la pandemia tuviera un impacto devastador en la población y echara por tierra todos los planes y expectativas iniciales, obligando a seguir destinando grandes partidas de recursos públicos a ese fin, en medio de un peligroso agotamiento del margen de maniobra fiscal y del límite del endeudamiento para mantener el aparato estatal, responder a necesidades básicas y expandir el gasto sin poner en riesgo la sostenibilidad macroeconómica.
En ese contexto, con una patética falta de liderazgo del Ministerio de Educación, tanto en la anterior como en la actual administración, que ni siquiera atinó a zonificar el país para, por lo menos, brindar soluciones a las zonas más alejadas y con escaso o nulo acceso a la tecnología, se perdió un segundo año consecutivo de escolaridad, más allá de la pantomima de la educación a distancia, que si bien pudo haber servido como paliativo provisorio de corto plazo, de ninguna manera ha podido garantizar una calidad mínima en ningún nivel educativo.
En todo este tiempo los ministros se mantuvieron poco menos que con los brazos cruzados, cuando no mostrándose en actos político partidarios, como decepcionantemente lo hizo Juan Manuel Brunetti, y los gremios docentes sistemáticamente se resistieron a volver a las aulas con los más variados pretextos, pese a lo cual ningún maestro del sector público dejó de cobrar religiosamente su sueldo del Estado, con dinero de los contribuyentes, sin evaluaciones de desempeño, sin control de ninguna clase.
Entretanto, en general las familias se empobrecieron, aumentaron el desempleo y la informalidad, hay sectores enteros de la economía que siguen trabajando a medias o sin poder hacerlo, se desbordaron el déficit fiscal y la deuda pública, se disparó el tipo de cambio y comenzaron a surgir síntomas de inflación, fenómeno que afecta principalmente a los más pobres al concentrarse en productos de la canasta básica de consumo y carcomer el valor de sus bajos ingresos.
Si no queremos terminar como otros países de la región, es de enorme importancia reducir el déficit e ir convergiendo nuevamente hacia el tope de la ley de responsabilidad fiscal, objetivo que no se va a poder cumplir si se les concede un aumento salarial indiscriminado e injustificado a 70.000 docentes. Si hubo un aumento nominal de las recaudaciones, eso no puede ser tomado como parámetro en las actuales circunstancias, ya que solamente se debe a un efecto rebote después del muy mal ejercicio anterior.
Pero, más importante aún, no se puede dar por terminada la crisis del covid. Solo alrededor del 30% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas, todavía hay que pensar en la campaña de vacunación del año que viene y rezar para que una nueva oleada de contagios, como la que está ocurriendo en varias partes del mundo, no provoque un nuevo incremento de fallecimientos. Por lo tanto, los maestros tienen que entender que en este momento hay otras prioridades más acuciantes que subirles el sueldo.
Se supone que los docentes son líderes de la sociedad. No solamente son los que transmiten enseñanzas y proporcionan herramientas para desenvolverse a las nuevas generaciones, sino los que les inculcan valores para dotar al país de ciudadanos de bien. Es hora de que prediquen con el ejemplo y demuestren que son capaces de hacer sacrificios por la Patria en estas horas tan difíciles que le toca vivir.