Entes públicos y funcionarios ningunean a Hacienda para pedir aumentos

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, expuso su deseo de que el Congreso respete los topes financieros fijados por el Poder Ejecutivo en el proyecto del Presupuesto General de la Nación, que la racionalización del gasto rija para todas las entidades estatales y que se mantenga el equilibrio presupuestario. El llamado es oportuno, pues los legisladores tienden a aumentar el gasto público para satisfacer a la clientela, pretextando que serán cubiertos con ingresos tributarios ficticios. La advertencia resulta ahora aún más necesaria, dado el serio riesgo de que las próximas elecciones generales induzcan a la compra de votos a costa del fisco.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, expuso su deseo de que el Congreso respete los topes financieros fijados por el Poder Ejecutivo en el proyecto del Presupuesto General de la Nación, que la racionalización del gasto rija para todas las entidades estatales y que se mantenga el equilibrio presupuestario. El llamado es oportuno, pues los legisladores tienden a aumentar el gasto público para satisfacer a la clientela, pretextando que serán cubiertos con ingresos tributarios ficticios derivados, por ejemplo, de la exportación de soja a precios muy superiores a los del mercado internacional. Nos preguntamos qué pasará, por ejemplo, si por alguna coyuntura nacional o internacional el negocio de la soja no sale como lo esperado. Por supuesto, si no se recauda lo suficiente, que se las vea el Ministerio de Hacienda con su plan financiero. La advertencia resulta ahora aún más necesaria, dado el serio riesgo de que las próximas elecciones generales induzcan a la compra de votos a costa del fisco.

En realidad, el ministro no tendría por qué inquietarse si la Ley de Administración Financiera del Estado tuviera vigencia efectiva: el problema es que al menos dos de sus normas son olímpicamente ignoradas en el Congreso. Una de ellas le prohíbe reasignar fondos destinados a inversiones con el fin de aumentar los gastos corrientes y le ordena que las ampliaciones presupuestarias se destinen solo a rubros de inversión. Pero, de hecho, se crean cargos y se aumentan salarios, solo para responder a las demandas de los allegados y del personal público organizado, aunque ello suponga agravar el déficit fiscal, sin que mejore la prestación de un servicio público.

La otra regla –siempre violada– dice que las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en materia presupuestaria, “se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”, al que se asigna además la potestad de “proponer modificaciones al proyecto de Presupuesto después de presentado, siempre que existan razones fundadas y el respaldo económico requerido” para ellas. En la práctica, los legisladores mantienen esas relaciones no solo con cualquier organismo del Poder Ejecutivo, sino hasta con sus simples funcionarios, según se desprende de que en 2018 hayan otorgado un aumento salarial del 20% a ciertos burócratas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin que su máxima autoridad lo haya solicitado a su colega de Hacienda. No puede concebirse violación más flagrante de la ley en materia presupuestaria.

Siendo así, el ministro Llamosas hizo bien, pues, en haberse reunido con los jefes de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo y recordarles la vigencia de dichas disposiciones, ya que acostumbran a dejar de lado a su cartera para pedir a los parlamentarios más dinero de lo previsto en el proyecto; este año asciende a 105 billones de guaraníes, lo que supondría un déficit fiscal del 2,3% del Producto Interno Bruto.

No solo es necesaria la disciplina fiscal, sino también la político-administrativa: resulta inadmisible que los nombrados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para dirigir una repartición impugnen en sede legislativa un proyecto que lleva su firma. Las normas citadas de la Ley de Administración Financiera del Estado no penalizan que el Ministerio de Hacienda sea ninguneado, pero parece claro que quienes hayan sido designados por el jefe de Estado deberían ser destituidos si incurrieran en dicha ilicitud. Vale repetirlo: “Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, en materia presupuestaria, se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda...”.

Las disposiciones referidas no tienen rango constitucional, de modo que –formalmente– pueden ser vulneradas por la Ley del Presupuesto General de la Nación. No obstante, el buen sentido exige que el Poder Ejecutivo recurra a la sanción de vetar parcialmente la que contenga cláusulas que supongan un incremento de los gastos fijos, que ya en el proyecto presentado llega, por de pronto, a unos 917.000 millones de guaraníes, en forma de aumentos salariales para docentes y de reajustes para funcionarios, militares, policías, pensionados, bomberos voluntarios, gobernadores y miembros de juntas departamentales. A la notoria irresponsabilidad de los legisladores, tan mal avenidos con el equilibrio presupuestario y la estabilidad macroeconómica, hay que oponer la sensatez ajena al mezquino cálculo electoral, fundado en la repartija de fondos públicos que, tarde o temprano, genera endeudamiento, inflación o mayor carga tributaria.

El Poder Ejecutivo, que suele mostrarse más reacio a las dádivas presupuestarias, aunque no lo bastante, debería ejercer un estricto control interno, para que su proyecto no sea bastardeado a instancias de sus propios subordinados, como suele ocurrir. La Constitución le otorga preeminencia en asuntos presupuestarios, según se infiere de que solo él puede presentar el proyecto de ley y de que su rechazo total requiere la mayoría absoluta de dos tercios en cada una de las Cámaras. Es preciso, por tanto, que el Poder Ejecutivo hable con una sola voz ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, para lo cual sus distintas dependencias no deben sabotear, por sí o por interpósitas personas, una iniciativa del presidente de la República.

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