A poco menos de dos meses de las próximas elecciones presidenciales, hasta ahora los candidatos de las diferentes agrupaciones políticas poco o nada han dado a conocer sobre sus propuestas de gobierno en actos políticos, debates, entrevistas o encuentros con diferentes estamentos de la sociedad. La escasa exposición de planteamientos concretos para la solución de problemas básicos, así como a aquellos que ponen en riesgo la estabilidad de la República y hasta la democracia, hace suponer que estamos ante más de lo mismo: grupos de poder que pretenden hacerse del Estado no para buscar soluciones a los problemas acuciantes y prestar un servicio a la ciudadanía, sino tomar por asalto las arcas públicas y convertirlas en una simple piñata.
Queda poco camino por recorrer para el día de las elecciones generales que pondrán en manos de los ciudadanos que habitan en la República el poder de elegir a sus nuevas autoridades. Vale la pena reflexionar sobre cuáles son las necesidades más urgentes a fin de interpelar a los postulantes a que respondan con planteamientos concretos y no con la tradicional “piloteada” a la que nos tienen acostumbrados. A medida que pasa el tiempo varios han tenido la oportunidad de exponer sus ideas pero poco se ha escuchado sobre soluciones puntuales a las dificultades que afronta el país en ámbitos de la educación, salud, vivienda, seguridad, empleo, cajas previsionales, transporte, solo por citar algunos.
Sería muy interesante, por ejemplo, que los candidatos nos cuenten cómo piensan generar oportunidades de empleo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre del 2022 la población desocupada totalizaba 212.265 personas, mientras que la subocupada llegaba a 154.974 , con lo cual en nuestro país existen 367.239 personas que afrontan algún tipo de dificultad en materia laboral. Además, hay un importante contingente de jóvenes que anualmente se suma a la fuerza de trabajo. Los postulantes deberían explicar cuántos empleos por año serán creados si llegan al poder, qué medidas concretas serán asumidas o qué incentivos piensan implementar para que las empresas de todo tipo generen estas oportunidades.
En materia de educación, en la última parte del año pasado se desató un acalorado debate, en medio de una campaña proselitista de algunos candidatos, especialmente del cartismo, sobre una donación de la Unión Europea que condicionaba su apoyo a imponer en el proceso de transformación educativa la agenda 2030 y la ideología de género. Más allá del debate de fondo sobre esta cuestión puntual, lo que preocupa es que nadie debatió sobre la situación de la infraestructura educativa, la alimentación de nuestros niños y la verdadera revolución que se necesita para transformar el sistema de aprendizaje en las escuelas y colegios. Un informe del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) indica que se necesita una inversión de al menos 775 millones de dólares para mejorar aspectos que registran falencias. Datos oficiales señalan que hay 12.000 salas de clases en mal estado, 200 con riesgo de derrumbe, 300 entidades educativas no tienen servicio de energía eléctrica o agua potable. Ni hablar de los resultados pedagógicos. ¿Qué soluciones concretas proponen los candidatos? ¿De dónde saldrá el dinero para financiar estas necesidades?
Una verdadera “bomba de tiempo”, por ejemplo, es la Caja Fiscal que paga beneficios a jubilados y retirados del sector público. Solo el año pasado el saldo rojo acumulado ascendió a 163 millones de dólares. En los últimos ocho años la Caja acumuló pérdidas por 900 millones de dólares y se estima que en el 2029 el déficit podría superar los 3.000 millones de dólares. Toda pérdida es financiada con impuestos que paga la ciudadanía o con los aportes de los sectores superavitarios. En el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), el sector salud llegó a acumular una deuda de 230 millones de dólares con sus proveedores de medicamentos e insumos, el último cálculo actuarial advierte que los egresos superarán a los ingresos en el 2038 (parece lejano pero es un tiempo relativamente corto en esta materia); en tanto las autoridades están firmando contratos leoninos con los trabajadores de Previsión que ofenden a los aportantes del Instituto, los verdaderos dueños de la entidad. ¿Qué reformas concretas plantean los candidatos para solucionar los problemas en ambas entidades? ¿Dónde están sus proyectos de ley para poner orden en estos sistemas?
Otro aspecto altamente preocupante es el endeudamiento galopante del Estado en los últimos años, que ha duplicado la deuda en una década, la que actualmente asciende a más de 15.000 millones de dólares y representa más del 36% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en su momento se dijo que el tope de Paraguay era del 30%. Evidentemente, este modelo de financiación está llegando a su límite. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de financiamiento para las inversiones públicas? Experiencias de países vecinos nos demuestran que un descontrol de este tema puede llevar a la quiebra a las arcas públicas.
Otro punto clave que nadie aborda con fundamento y claridad tiene relación con la postura paraguaya para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú que el nuevo gobierno deberá afrontar ni bien asuma. Y así se podrían enumerar las falencias en materia de salud, seguridad, transporte, viviendas, etc. A tan pocos días de las elecciones, los paraguayos se merecen propuestas creíbles y puntuales. Si no responden como se debe, los ciudadanos tendrán el próximo 30 de abril la brillante oportunidad de botarlos. ¡Basta de charlatanería!