Altas autoridades del Gobierno, comenzando por el propio presidente Santiago Peña, se reiteran en compararse con la administración anterior –la cual, encima, pertenece al mismo partido político– a la hora de autoevaluarse. Últimamente volvieron a hacerlo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para justificar los atrasos en los pagos a proveedores y contratistas del Estado, y el presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, para defenderse ante la Comisión Permanente del Congreso de los fuertes cuestionamientos a su gestión. Podría entenderse al inicio, pero no cuando ya ha transcurrido más de la mitad del mandato.
Según Fernández Valdovinos, se está cumpliendo con los pagos, pero los acreedores lo desmienten y los números también. Al 5 de marzo se habían liberado 115 millones de dólares para desembolsos, pero la deuda morosa es casi diez veces mayor, a lo que hay que agregar que los contratos continúan ejecutándose y los compromisos se acumulan a razón de 100 millones de dólares por mes solo en obras y medicamentos. El ministro atribuye las demoras a la necesidad de contar con “certificados de disponibilidad presupuestaria” y se escuda en que, “a diferencia del gobierno anterior”, ahora hay un sistema de control que “nos asegura de que la cesión del crédito tenga respaldo legal en el Presupuesto”.
Lo que el ministro sigue sin explicar de manera convincente es por qué, dos años y medio después, la situación de las deudas vencidas está peor que antes, siendo que, apenas asumió, este Gobierno solicitó y obtuvo una drástica ampliación presupuestaria, con una completa reprogramación del plan de convergencia fiscal y una emisión adicional de bonos del Tesoro por 600 millones de dólares, supuestamente como medida extraordinaria para ponerse al día, sanear la contabilidad estatal, sincerar las cuentas y comenzar de cero para que ello no se vuelva a repetir.
Eso fue en 2023. En 2026, los atrasos ya no son de 600 millones de dólares, sino de 1.000 millones, solamente sumando los reclamos del sector farmacéutico, de los constructores de obras públicas y de los proveedores del programa Hambre Cero.
En su momento Fernández Valdovinos alegó que el déficit del 2,2% del PIB con que recibía la cartera era irreal, porque no tomaba en consideración, justamente, las deudas vencidas. En consecuencia, planteó y consiguió elevarlo al 4,4% (el doble) y aplazar el retorno al tope de la ley de responsabilidad fiscal para 2026, algo que, según dijo, era perfectamente factible.
Nominalmente, este año se vuelve al 1,5%, pero, una vez más, ello no tiene en cuenta las deudas vencidas, que, en conjunto, duplican todo el saldo rojo oficialmente admitido. En otras palabras, hacen exactamente lo mismo que le criticaban a la administración anterior, con la que tanto les gusta compararse y diferenciarse. Esto ha sido admitido implícitamente por el propio Fernández Valdovinos, quien está proponiendo sistemas alternativos de pago a contratistas “para no tener que elevar de nuevo el tope del déficit fiscal”.
En este contexto, Santiago Peña declaró que ya hizo “más que el gobierno anterior”. Lo que no dice es que mucho de lo que se hace directamente no se paga, pese a contar con más recaudaciones por el ciclo de crecimiento económico, con más fondos de Itaipú, con más endeudamiento y sin la grave emergencia sanitaria que le tocó a su antecesor.
En cuanto a Jorge Brítez, del IPS, se quejó de una “campaña agresiva” en su contra y endilgó la crisis financiera del ente a “administraciones anteriores”, que le dejaron una cuantiosa deuda. Pero ya lleva casi tres años y la deuda no disminuyó, el déficit del Fondo de Jubilaciones se incrementó, la concentración y exposición al riesgo de las reservas se agudizó peligrosamente, los servicios de salud no mejoraron y los escándalos se repiten permanentemente. Nada de eso es atribuible a los que le precedieron.
Los altos cargos conllevan altas responsabilidades y quienes los desempeñan tienen que asumirlas sin excusas y sin culpar a nadie más que a sí mismos si no se cumplen los objetivos. Y el máximo responsable de lo que ocurra en la administración del Estado ya no es Mario Abdo Benítez, sino Santiago Peña, quien ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo, según lo establece la Constitución Nacional.