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El coletazo del reciente escándalo de la licitación pública amañada descubierta en el Instituto de Previsión Social (IPS) también alcanzó al ministro de Hacienda, Benigno López, hermano del presidente Mario Abdo Benítez, quien dispuso la “suspensión” del gran negociado en ciernes. Como se sabe, luego de asumir la dirección de la entidad en 2014, confió altos cargos a Armando Rodríguez y a Edsel González, funcionarios del Banco Central, donde él había sido uno de los directores y a quienes trajo a la entidad previsional cuando asumió al frente de la misma. Bajo el actual Gobierno, los propuso como presidente y miembro del Consejo de Administración, respectivamente.
Si bien el frustrado affaire afectó solo de refilón la autoridad personal del ministro, debido a que su responsabilidad fue solo indirecta, no ocurre lo mismo con la denuncia de dirigentes de los Sindicatos de Profesionales (SP) y de la Asociación Médica (AM) del IPS, que lo alcanza de lleno. Ella también afecta a los miembros del Consejo de Administración –Luis Fleitas Bogarín, Jorge Brítez, José Jara, Carlos Morel y Juan Torales–, que el 22 de noviembre de 2017 autorizaron al entonces presidente a firmar un contrato con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay SA (BBVA).
Según la denuncia sindical, el documento prevé que todas las recaudaciones del sistema de seguridad social –al menos, 180.000 millones de guaraníes mensuales– se canalicen a través de cuentas del IPS habilitadas en el BBVA. El saldo remanente del 42%, tras su empleo en el pago de haberes jubilatorios, pasa a una cuenta bancaria especial, cuyos saldos se acumulan mensualmente, hasta diciembre de cada año. Este mes, dichos fondos son licitados por el IPS, para adjudicarlos en los primeros días de enero del año siguiente. En cada licitación, el BBVA tiene la posibilidad de igualar la mayor oferta, en cuyo caso gozará de preferencia en la adjudicación, siempre que el importe adjudicado no supere el límite de exposición fijado por el IPS. Los fondos recaudados, remanentes y acumulados son excluidos del cálculo del límite máximo de depósitos sobre el patrimonio neto efectivo del BBVA.
Y bien, Sergio Lovera y Nery Aquino, dirigentes respectivos del SP y de la AM, objetaron que no se haya convocado a una licitación pública y que todos los fondos se hayan puesto en un solo banco, sin generar intereses hasta fin de año (1,7%), causándose así al IPS un daño patrimonial de 63.504 millones de guaraníes en un año, según sostuvieron.
En su descargo, el hoy ministro Benigno López negó que la cuenta no devengue intereses; dijo que el BBVA asumió todo el costo del pago de la jubilación; que el interés (4%) se genera sobre el remanente y no sobre todo el monto depositado por el IPS, pues debe restarse lo que corresponde al pago de jubilaciones y pensiones; y que los contratos financieros no requieren un previo llamado a licitación pública, habiendo sido elegida la mejor de las opciones revisadas.
Por de pronto, cabe subrayar la necesidad de que el expresidente de la entidad previsional proporcione explicaciones mucho más detalladas acerca de lo denunciado y que también los exconsejeros aclaren cumplidamente el contenido del contrato vigente, que consintieron, y que habrá sido antes estudiado por el entonces gerente de Administración y Finanzas –y hoy titular del ente– Armando Rodríguez. Hay muchísimo dinero en juego. Más aún, de ser ciertas las observaciones formuladas, se habría configurado el delito de lesión de confianza.
Sin prejuzgar acerca de la veracidad de lo sostenido por los denunciantes, cuanto acaba de salir a la luz vuelve a evidenciar que en el IPS se asumen grandes compromisos sin que tengan la menor noticia ni la opinión pública, en general, ni los asegurados, en particular. La falta de transparencia de esa entidad, criticada hace poco por el Presidente de la República, es causa y efecto de la corrupción que en ella impera desde siempre. Es una caja de Pandora. Nadie sabe lo que allí ocurre, porque es notorio que ni siquiera los representantes de los empleadores, los trabajadores y los jubilados se toman la molestia de informar a sus representados sobre lo que se cocina. No vale la pena ocuparse de los del “sector público”, incluyendo al síndico de la Contraloría General de la República, que debe asistir a las deliberaciones del Consejo de Administración, entre otras cosas.
Es evidente que en la entidad previsional se estila tomar importantes decisiones entre gallos y medianoche, de las que la ciudadanía solo suele enterarse, en el mejor de los casos, cuando ya han sido ejecutadas. Entre los muchos ejemplos que podrían darse acerca de la práctica del secretismo, figura la adjudicación de un contrato por valor de 28 millones de dólares a dos empresas de servicio de limpieza, sumariadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por ¡incumplimiento de contrato en perjuicio del propio IPS! La citada adjudicación fue dispuesta por el Consejo de Administración en una sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2018, que fue presidida por Benigno López y a la que asistieron solo tres (Luis Fleitas, José Jara y Jorge Brítez) de los cinco consejeros.
Más allá de los dos casos específicos antes referidos y de sus eventuales derivaciones, incluso de orden penal, se impone que la entidad previsional se abra al menos al control de sus propios dueños. La experiencia indica que sería ingenuo esperar que los organismos estatales, incluyendo el Congreso, se esfuercen por iluminar los recovecos del IPS, por donde circulan el soborno y el tráfico de influencias. Al fin y al cabo, se trata de un botín muy apetecido por los politicastros angurrientos, de diverso pelaje.
El señor Benigno López ocupa un puesto clave en el gabinete de su hermano presidente, y las últimas noticias le salpican gravemente. Si participó –por acción u omisión– en los chanchullos a través de los cuales se fue desvalijando el IPS, mal puede garantizar una correcta política presupuestaria nacional. Al contrario, correría grave riesgo en sus manos. Aquí no cabe lo del avestruz, es decir, esconder la cabeza para rehuir las posibles responsabilidades. Por tanto, no le queda más que aclarar debidamente todo lo actuado, para limpiar su nombre y no constituir un pesado lastre para el Gobierno que integra.