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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que su hermano, el ministro de Hacienda, Benigno López, “va a tener que salir” si en verdad está involucrado en los casos de sobreprecios y defraudaciones que habrían ocurrido durante su gestión al frente del Instituto de Previsión Social (IPS). El exdiputado colorado Luis Villamayor lo denunció ante el Ministerio Público por la presunta comisión de tales delitos, mencionando la compra de cánulas nasales y la contratación de un servicio de lavado de vehículos a precios muy superiores a los de plaza. Habló incluso de que podrían haber fallecido pacientes debido a la falta de medicamentos, de insumos o de atención terapéutica, causada por esas corruptelas.
Más allá de esta denuncia, parece claro que las actuaciones pasadas de Benigno López brindan suficientes motivos para que sea apartado de su actual cargo. De que el ente previsional es un tradicional antro de corrupción nadie duda, y lo confirman nuevos casos multimillonarios que están saliendo a la luz y de los cuales le va a resultar muy difícil despegarse al actual titular de Hacienda. Acaba de saberse, por ejemplo, que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se alarmó, en una resolución del 31 de octubre de 2017, ante “la forma tan holgada como el IPS transgrede principios fundamentales de contrataciones públicas”. En aquel entonces, su Consejo de Administración estaba presidido precisamente por él, e integrado por Jorge Brítez, Luis Fleitas Bogarín, José Jara, Carlos Morel y Juan Torales.
El sobresalto de la DNCP obedeció a un contrato firmado por la entidad previsional, representada por el entonces gerente de Abastecimiento y Logística, Armando Rodríguez –actual titular del Consejo de Administración y llevado allí desde el Banco Central por Benigno López–, y por el consejero Jorge Brítez con la hoy muy conocida firma Bullers SA, representada por Óscar Chamorro Lafarja, habitual “cliente” preferido de las licitaciones del IPS. En virtud de dicho documento, el ente abonó 24.267.646.421 guaraníes por la “actualización, ampliación y mantenimiento del sistema integrado de vídeo vigilancia”. La intervención de la DNCP respondió a una protesta contra el pliego de bases y condiciones de la licitación pública, fundada en que los requisitos en él establecidos eran restrictivos y violatorios de los principios de las contrataciones públicas. En una palabra, porque estuvo direccionado, tal como lo estuvo el de la reciente multimillonaria licitación pública con igual objeto e igual beneficiaria, felizmente frustrada a última hora.
En la contundente resolución se lee que fue “notorio” que el IPS violó el principio de “igualdad y libre competencia”, consagrado en el art. 4°, inc. b), de la Ley N° 2051/03, concordante con el de “libertad de concurrencia”, del que se ocupa el art. 107 de la Constitución. Según la DNCP, también violó el principio de “economía y eficiencia”, mencionado en el inc. a) de la misma norma legal, “al negarse a la posibilidad de una mayor competencia de precios a partir de una concurrencia más numerosa de oferentes”. O sea que el IPS terminó pagando más de lo que habría pagado si la licitación pública no hubiese estado amañada. La protesta fue retirada, pero la DNCP, dirigida por Santiago Jure, omitió suspender la corruptela en marcha, pese a que el art. 82 de la citada ley dispone que “durante la tramitación de la protesta o la investigación de oficio” ella podrá suspender el procedimiento de contratación cuando haya “serios indicios” de actos ilegales o cuando su continuación dañaría al órgano convocante. El engendro referido, cuyos responsables fueron el presidente y los consejeros que lo aprobaron, habría sido similar a otros concebidos durante la gestión de Benigno López al frente del IPS.
Es lo que puede inferirse del llamativo hecho de que en 2015 y 2017 la generosa entidad previsional y la afortunada Security Service Technology SA (SST), también del exdiputado José Chamorro, llegaron a acuerdos por un valor total de 59.000 y 106.000 millones de guaraníes, respectivamente, habiéndose alegado en dos casos una “urgencia impostergable” para eludir la licitación pública. El actual ministro de Hacienda –que está buscando sacar de los contribuyentes 300 millones de dólares más cada año– casi llegó a duplicar lo presupuestado por el IPS para servicios de seguridad privada. En efecto, con la complicidad de los consejeros, lo aumentó de 44.649 millones de guaraníes en 2015 a 80.610 millones tres años más tarde. No solo derrochó el dinero de los asegurados, sino que, por lo menos en un caso constatado por la DNCP, lo hizo violando la Carta Magna y la ley, con la intervención de su allegado Armando Rodríguez.
Por cierto, integra un Gobierno que el 4 de junio último reprendió por nota al actual presidente del IPS por haber hecho hace poco lo mismo que Benigno López hizo en la licitación pública de 2017, también orientada a Bullers SA. Le señaló que el pliego de bases y condiciones debió haber precisado las características técnicas o los programas informáticos compatibles con otros de distinto origen, para que haya más oferentes y no se dependa de un solo proveedor. Por lo demás, y pese a todo lo antedicho, aún no ha sido cancelado el llamado a licitación pública relativa a la unidad sanitaria de San Juan Bautista (Misiones), cuyo pliego de bases y condiciones exige determinadas cámaras de seguridad, cuyos representantes exclusivos son, casualmente, SST y Bullers SA. El art. 22 de la Ley N° 2051/03 dice que las bases de la licitación solo pueden ser alteradas hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de ofertas, fijado en este caso para mañana.
¿Es posible que el extitular del IPS y actual ministro de Hacienda, Benigno López, haya ignorado o siga ignorando estas claras disposiciones legales en materia de licitaciones, e incurra reiteradamente en graves faltas, como las señaladas en la resolución de la DNCP? Y, para mayor sospecha, favoreciendo siempre a unas firmas cuestionadas desde antaño pero mimadas por el Instituto. Si ha actuado a sabiendas, puede presumirse de que es un corrupto; de lo contrario sería un negligente o incompetente de marca mayor. En ambos casos, su nombre está muy comprometido como para no despertar recelos de hoy en más, en cuanto al manejo de la política presupuestaria y fiscal, más aún atendiendo que el Ministerio de Hacienda está impulsando una reforma tributaria que castigará con 300 millones de dólares más a los contribuyentes de siempre.
Hay suficientes razones para que el presidente Mario Abdo Benítez prescinda de él. Cuanto se viene conociendo de su paso por el IPS lo desacredita notablemente para exigir mayores sacrificios pecuniarios a la población o para reclamar austeridad en la función pública. Para recuperar algo de credibilidad, “Marito” hará bien en librarse de este lastre para su Gobierno.