De Haití a Paraguay, la corrupción del BID desborda fronteras

En su reciente visita a Chile y Perú, el papa Francisco realizó importantes referencias a la corrupción que corroe a América Latina. Su vehemente exhortación a combatirla le viene como anillo al dedo a nuestra nación, que está sufriendo severos estragos por la rampante corrupción amparada por la impunidad garantizada por los corruptores empotrados en los Poderes del Estado. Sucede que en nuestro país los corruptos y corruptores no son solo los políticos y funcionarios paraguayos. Hay también extranjeros que fungen como comisionados de instituciones financieras internacionales, como el representante del BID, Eduardo Almeida, ya denunciado por irregularidades cuando cumplía idénticas funciones en Haití. Tras recalar en nuestro país, una de sus primeras iniciativas fue impulsar la obtención de un crédito para la financiación del polémico proyecto del metrobús, junto con el plan de reconversión del área del antiguo puerto de la capital. Además, el señor Almeida, en un acto de prepotencia y arbitrariedad, autorizó el desembolso de 4,5 millones de dólares antes de que el citado préstamo fuera aprobado por el Senado. Un investigador de estos temas responsabilizó al propio titular del BID, Luis Alberto Moreno, en las irregularidades denunciadas.

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“Creo que la política está en crisis, muy en crisis en América Latina, por culpa de la corrupción”, dijo el papa Francisco a los obispos del Perú durante un encuentro informal en su último día de visita a ese país, al tiempo de instarles a luchar contra ese virus que lo infecta todo. “Si caemos en manos de personas que solo entienden el lenguaje de la corrupción, estamos fritos”, remató el Sumo Pontífice.

La lapidaria sentencia del obispo de Roma ha resonado con fuerza en el ánimo del pueblo paraguayo, no tanto por su connotación puramente apostólica, cuanto por la esencia de moralidad política que más que nunca necesita el cristiano pueblo paraguayo, por ser nuestro país uno de los más golpeados por la ola de corrupción denunciada por el papa Francisco. La única diferencia es que aquí hasta ahora ningún expresidente corrupto ha sido metido preso, como en Perú, precisamente.

La vehemente exhortación del Sumo Pontífice dirigida al pueblo peruano cae como anillo al dedo a nuestra nación, que está sufriendo severos estragos por la rampante corrupción amparada por la impunidad garantizada por los corruptores empotrados en los más altos niveles de los Poderes del Estado. Parafraseando al Papa, podemos decir que aquí también gana un candidato opositor y acusa de corrupto a su antecesor, como lo hicieron Fernando Lugo en el 2008 con Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes con Federico Franco en 2013. Pero la gran diferencia con lo que sucede actualmente en Perú y otros países de la región es que, hasta ahora, en el Paraguay, ni corruptos ni corruptores han ido a la cárcel como debiera ser.

Sucede que en nuestro país los corruptos y corruptores no son solo los políticos y funcionarios paraguayos. Hay también sinvergüenzas extranjeros que fungen como comisionados de instituciones financieras internacionales, como el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Eduardo Almeida. Como es de conocimiento público internacional, este fue acusado por graves hechos de corrupción en Haití cuando fungía como representante del banco en ese país, con la misión de administrar los recursos aportados por dicha institución en el marco del programa de reconstrucción del país caribeño tras su destrucción por un terremoto, en la primera década de este siglo. 

Tras el escándalo desatado por la denuncia de una funcionaria del banco, su mano derecha en ese país, el mismo fue absuelto por el Tribunal de Ética del BID, pagando el pato la denunciante, quien fue despedida. Ya blanqueado por un tribunal a su medida propiciado por el BID, y luego de un tiempo en la trastienda de la institución, el señor Almeida fue nominado como representante del banco en nuestro país, donde una de sus primeras iniciativas fue impulsar la obtención de un crédito para la financiación del polémico proyecto del metrobús, junto con el plan de reconversión del área del antiguo puerto de la Capital.

El presidente Fernando Lugo y su entonces ministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial por la Alianza encabezada por el PLRA, Efraín Alegre, impulsaron la aprobación de dicho crédito, lo que fue resistido en principio pero finalmente aprobado por los legisladores.

Debe recordarse, sin embargo, que tras la concesión del crédito por el BID, a pedido del ministro Alegre, el señor Almeida no tuvo ningún escrúpulo en autorizar el desembolso de US$ 4,5 millones ANTES de que el citado empréstito fuera aprobado por el Senado. Ilegal acto de prepotencia y arbitrariedad protagonizado por el representante del organismo crediticio internacional. Supuestamente, esa suma iba a ser destinada a financiar algunas obras menores dentro del plan de reconversión del Puerto; proyecto que, como el metrobús, hasta ahora no va a ninguna parte. El conocido investigador y denunciante de asuntos dudosos del metrobús, ingeniero Augusto Ríos Tonina, responsabiliza directamente de las irregularidades al titular del BID, Luis Alberto Moreno.

A propósito de este último emprendimiento, desde hace dos semanas piquetes de comerciantes y residentes asentados a lo largo de la avenida por la que corre el metrobús mantienen bloqueada la desprolija progresión del frente de trabajo de la empresa portuguesa Mota Engil, que tiene a su cargo la construcción. Pese a la amenaza del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, de desalojarlos con la policía, los mismos se mantienen firmes en sus reclamos en cuanto al resarcimiento de las pérdidas por lucro cesante en el caso de los comerciantes, y de deterioros de los accesos a sus viviendas los demás.

El pasado lunes, la Asociación de Propietarios, Comerciantes, Trabajadores, Usuarios y Afines de la avenida Eusebio Ayala y ruta Mariscal Estigarribia –comunicado público mediante– ha lanzado un S.O.S. dirigido a los dos principales candidatos a la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre, así como a los diferentes medios de prensa y a la ciudadanía en general solicitando auxilio, en razón de que “el gobierno actual, en un acto de prepotencia, está causando un perjuicio que de seguir en las mismas condiciones será irreversible”. En sus 11 parágrafos, el manifiesto resume el rechazo de la gente al atrabiliario proyecto, por constituir una estafa intelectual al pueblo que creyó en el Gobierno acerca de las bondades de la obra, pues ya es harto evidente que la misma llevará décadas para ser completada, y con el aumento de 35 por ciento en su costo cuando no se han completado siquiera 100 metros, resulta inimaginable lo que acabará costando cuando se termine.... si se termina.

Si el Gobierno actual, o el que venga, no cancela el malhadado proyecto, que en un comienzo tenía que funcionar con trolebuses eléctricos y que ahora lo será con buses a diésel contaminante, las consecuencias económicas y sociales serán catastróficas. Es más, así como está proyectado, el metrobús acabará matando la zona comercial más importante de la Capital y el Área Metropolitana. 

Por último, la postergación sine die del pago de las indemnizaciones hará que el monto se incremente exponencialmente hasta el punto de hacerse impagable por parte del Estado. Un final apocalíptico para cientos de miles de ciudadanos perjudicados de modo directo y otros tantos colateralmente.

Harían bien los candidatos a la Presidencia de la República, a quienes va dirigido el mensaje de los trabajadores y vecinos, en colocar en su agenda proselitista este serio problema coyuntural que constituye el metrobús, y la crucial responsabilidad que tiene en este engendro el representante del BID en nuestro país, el señor Eduardo Almeida.

Los candidatos electorales, que, al igual que sus antecesores en elecciones anteriores, se llenan la boca de denuncias y promesas buscando la aceptación popular, harían bien en considerar las palabras del papa Francisco y comprometerse firmemente en combatir en todas sus formas la corrupción que carcome a nuestro país. Pueden estar seguros de que los ciudadanos y las ciudadanas les pedirán cuentas al final de su mandato, como ya está ocurriendo en varios países de la región, y está comenzando a reclamarse en nuestro país.

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