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Hay fuertes indicios de que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, está adquiriendo un protagonismo político ajeno a sus modestas atribuciones previstas en el art. 239 de la Constitución. En efecto, en el pasado hemos aludido a las escasas funciones que en nuestro país tiene el segundo del Poder Ejecutivo, lo cual, sin embargo, no es motivo para invadir ámbitos que no le competen y que deben ocupar los asignados para tales funciones por la Constitución y las leyes.
A Velázquez ya se le han cuestionado algunas intervenciones en casi un año del actual Gobierno. Parece claro que influyó para reinstalar, reubicar o mantener en la función pública, entre otros, a su hermano, el almirante Carlos Velázquez –hoy comandante de la Armada tras su pase a retiro y su actuación en política partidaria–; al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos; al director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte; y al director del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Alfredo Mongelós. No se mencionan aquí sus siete familiares y parientes políticos ubicados en el aparato estatal, tres de ellos en la Cámara Baja que presidió, pues fueron nombrados antes de que asuma su cargo actual. También hay versiones de que estaría apoyando a la camarista Alma Méndez de Buongermini para que el Senado la haga ministra de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo del jefe del Poder Ejecutivo. Aunque en este punto discreparía de Mario Abdo Benítez, la verdad es que, hasta ahora, ha venido gozando de su confianza.
Si al menos la mitad de lo que se comenta es verdad, el vicepresidente Velázquez está trabajando para formar un fuerte equipo en el aparato estatal, con numerosas ramificaciones que le conferirían un gran poder dentro del Gobierno.
Se recuerda que, como líder del movimiento Colorado Añetete, “Marito” le encargó presidir su comisión electoral para las elecciones internas de candidatos de la ANR a intendente de Ciudad del Este. En tal carácter, el vicepresidente de la República se permitió arengar a funcionarios de la Itaipú Binacional, entidad que maneja mucho dinero, lo que no le sirvió para impedir la derrota del “caballo del comisario”.
Pese a su oportuna deserción, mantiene buenas relaciones con el cartismo, tanto que acompañó al Palacio de López a José Ortiz, el gerente por antonomasia, y a otros referentes de esa corriente del coloradismo. Acaso por eso mismo jugó un importante papel en las negociaciones que concluyeron en la componenda abdo-carto-llanista, con efectos tanto en el Congreso como en el partido oficialista.
O sea que Hugo Velázquez opera en diversos campos, a pedido o con el consentimiento del jefe del Poder Ejecutivo. En sus palabras: “Yo trabajo directamente bajo las instrucciones del presidente de la República”. Es de suponer, pues, que si se reunió en el Senado con miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) lo hizo al menos con el permiso de su jefe. Resulta que fue “convocado, atendiendo su rol de nexo del Poder Ejecutivo con el Legislativo”, para reunirse con los “campesinos” en el despacho del senador Silvio Ovelar (ANR), presidente del Congreso. No asistió a una sesión de la Cámara o de una de sus Comisiones Permanentes para “coordinar las relaciones” entre esos dos Poderes, como dice el inc. 3) de la norma constitucional antes citada, sino a un encuentro en el que se buscó una “mediación” entre el Poder Ejecutivo y los promotores de ciertos reclamos. Y bien, el convocado se comprometió a hablar de inmediato con Mario Abdo Benítez y convocar, a su vez, a las entidades involucradas en el asunto, es decir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Procuraduría General de la República, el Banco Nacional de Fomento, el Indert y el Crédito Agrícola de Habilitación. En otras palabras, ya les llevará un resultado cocinado entre él y el titular del Congreso, de algo en que tuvieron que participar las instituciones directamente interesadas.
La pregunta que corresponde es: ¿tiene Velázquez la potestad de convocar a esas entidades, estando fuera de la línea de mando? Si se tuviera en cuenta la institucionalidad, se diría que el vicepresidente está incursionando en terrenos que no le corresponden y acumulando poder, ante un presidente que da la impresión de que está siendo cada vez más avasallado y debilitado.
Si esta bochornosa actuación de Hugo Velázquez debe atribuirse al presidente de la República, habrá que sugerir a este que eche un vistazo al ya referido art. 239. Más allá del fondo de la cuestión, el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, que está “bajo la dirección del presidente de la República”, según el art. 242 de la Ley Suprema, estaría aquí bajo la del vicepresidente que se permite convocarlo, al igual que quienes encabezan los órganos mencionados. Es obvio que no puede alegarse que lo está representando en las negociaciones, “por designación del mismo, con todas las prerrogativas que le corresponden a aquél”, como dice el inc. 2) del art. 239. Por lo demás, las Cámaras no podrían pedir informes, ni citar ni interpelar al vicepresidente por sus actuaciones en este caso, pero sí al ministro y a las máximas autoridades de las entidades involucradas. Hugo Velázquez escaparía, pues, al control parlamentario.
Como antecedentes de sus actuales intervenciones puede recordarse que fue fiscal general adjunto en Ciudad del Este, habiendo sido denunciado por presuntos turbios manejos, y que, siendo presidente de la Cámara de Diputados, realizó un viaje al Líbano junto a algunas personas de cuestionada fama, caso que fue mencionado en una conocida revista estadounidense de política internacional.
El Poder Ejecutivo no es bicéfalo, de modo que mal hace quien lo ejerce en impartir instrucciones que vulneran la letra y el espíritu de la Carta Magna, colocando de hecho al destinatario en la línea de mando y, a la vez, admitiendo que sea oficiosamente “convocado” para tratar temas que no le competen. Para peor, empoderando a alguien de dudosa trayectoria y de ilimitadas ambiciones de poder.