El PLRA compró Unace con dinero de la reforma agraria

Llamó la atención la excepcionalidad de los honores oficiales dispensados al excomandante del Ejército general Lino Oviedo cuando se produjo su fallecimiento. Lo que nadie imaginó entonces es que la llamativa condescendencia política del Gobierno en dichas exequias pudiera tener un trasfondo electoral a costa de la vitalidad política y de la ética del partido Unace. Con el acuerdo político de alianza entre el PLRA y Unace para apoyar la candidatura de Efraín Alegre, se oficializó el remate de este último partido. Se sospecha que la seña de trato pudo ser la fraudulenta compra por el Indert –un par de días antes– de una finca en el departamento de la Cordillera supuestamente perteneciente al presidente del Congreso, Oviedo Matto.

Los honores militares rendidos al general Lino Oviedo en oportunidad de su trágica muerte sobrepasaron largamente lo prescripto por el ceremonial militar para un oficial de su jerarquía. No obstante, en medio de la natural conmoción pública suscitada por la inesperada desaparición del carismático líder y del desbordante sentimiento de pesar de sus seguidores, el gesto protocolar del Gobierno no se sabe si fue un reconocimiento a su destacada actuación en el golpe militar de 1989, que acabó con la larga dictadura de Alfredo Stroessner, o más bien un gesto amable de consideración política.

Sin embargo, llamó la atención de militares y civiles la excepcionalidad de los honores oficiales dispensados al excomandante del Ejército, habida cuenta de que cuando falleció el general Víctor Aguilera (“Víctor 1”), el primero de los pares de Lino Oviedo en irse de este mundo, el gobierno de turno dispuso que se le rindieran apenas los honores reglamentarios que correspondían a su jerarquía de general. Muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como retirados, interpretaron la condescendencia gubernamental póstuma con el general Oviedo como una señal de que el gobierno del presidente Federico Franco tenía pensado promover una ley de reconocimiento de méritos de todos los Carlos y Víctor sobrevivientes, por su contribución a la causa de la libertad y de la democracia, haciéndolos acreedores post mortem de los mismos honores oficiales rendidos al líder del partido Unace.

Lo que nadie imaginó entonces fue que la llamativa condescendencia política del Gobierno en las exequias del “general golpista” –como muchos connotados dirigentes del Partido Liberal lo catalogaban despectivamente hasta entonces– pudiera tener un trasfondo electoral a costa de la vitalidad política y de la ética del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). En realidad, el mismo Lino Oviedo había dado ya el primer paso en oportunidad de brindar el apoyo de sus senadores y diputados al PLRA para el juicio político a Fernando Lugo, a cambio del Ministerio de Defensa Nacional y de otros cupos en altos niveles de las usinas binacionales y de otros entes del Estado.

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Con el acuerdo político de alianza electoral entre el PLRA y Unace para apoyar la candidatura de Efraín Alegre, hecho público el pasado 3 de abril, se oficializó el remate del partido Unace que los familiares del extinto venían negociando con Blas Llano y otros popes del liberalismo desde antes de sus funerales. Inclusive, se sospecha que la seña de trato pudo ser la fraudulenta compra por el Indert –un par de días antes– de la finca ubicada en el departamento de Cordillera, supuestamente perteneciente a la familia del presidente del Congreso, Oviedo Matto. Poca duda cabe de que Federico Franco, Blas Llano y Efraín Alegre han estado en el enjuague, presionando sobre su correligionario Luis Ortigoza, presidente del Indert, para que, contra viento y marea, a todo trapo, pagara doce millones de dólares por el terreno en cuestión.

Los liberales decentes –que son mayoría– deberían repudiar esta actitud de sus dirigentes, quienes en forma abierta violan la ley, y que descaradamente instrumentan justo a la institución nacional encargada de darles tierra a los campesinos, para cometer sus trapisondas.

Al margen de cualquier pensamiento político, la sociedad civil debe hacer escuchar su voz ante este repudiable atropello a la ley y a los derechos de los ciudadanos, en particular las organizaciones y movimientos que defienden los intereses de los campesinos y de los que se dedican a la producción agropecuaria. Todos debieran manifestarse con firmeza ante esta y cualquier otra operación tramposa que pergeñen políticos codiciosos y chanchulleros, capaces de todo para lograr sus objetivos políticos.

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