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Hace pocos días, una turba de comerciantes de mercancías diversas que poseen sus locales en las cercanías del Mercado de Abasto, enfrentó a una comitiva del Ministerio Público y la Policía a cascotazos y hasta con disparos de armas de fuego, impidiéndole cumplir su cometido de decomisar una partida de azúcar ingresada ilegalmente al país. El agente fiscal interviniente, Eugenio Ocampos, acabó con lesiones, y una camioneta de su oficina con daños, a raíz de las pedradas. En resumen, otra demostración de violencia contra la autoridad para evitar que se cumpla la ley, que obtiene un éxito rotundo.
Como no es la primera vez que los comerciantes irregulares a ser investigados o detenidos por las autoridades acaban por ahuyentarlas, agredirlas o simplemente asustarlas, y conociéndose que este método resulta eficaz para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y ejecutar procedimientos policiales, es lógico suponer que en el futuro continúe sucediendo exactamente lo mismo, una y otra vez.
Pero, tan preocupante como la impunidad de que gozan los contrabandistas y su clientela en esos centros comerciales, lo es también la mentalidad con la que algunas autoridades encaran el problema. Por ejemplo, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, declaró poco después de este grave incidente, entre otras cosas, que (el contrabando) “es un fenómeno que alcanza a un vasto sector de la economía. Hay que aceptar que es parte de la cultura de nuestro país”.
Esas palabras pasarían desapercibidas si provinieran de los mismos contrabandistas, pero si son expresadas nada menos que por una de las principales autoridades que deben combatir las ilicitudes, resultan francamente alarmantes.
Las insólitas y moralmente reprochables declaraciones del intendente asunceno reflejan una mentalidad populista, permisiva, tolerante con la ilegalidad, deformada por una visión miope, minúscula o demasiado desinteresada de la administración política de la ciudad y del combate intransigente contra la corrupción, que se supone debe presidir las acciones y decisiones de los gobernantes, sin hacer excepciones oportunistas como las comentadas.
Como se sabe, en el Mercado de Abasto de Asunción, así como en los demás mercados municipales de esta ciudad, existen comerciantes que negocian mercaderías de contrabando y cometen ilicitudes conexas. Se dice que están tan bien organizados y que sus beneficios económicos son tan fáciles y cuantiosos que conforman pequeñas mafias zonales. Desde luego, no se limitan a las áreas de los mercados propiamente dichos, sino que se extienden hacia las aledañas.
Para reflejar la ilegalidad referida, recordemos que a mediados de octubre de 2017 se produjo un incendio en el Bloque C de ese mercado. Dado que la Municipalidad arrienda los locales a los comerciantes, el siniestro sirvió para constatar que unos 240 vendedores, que poseían locales, no figuraban en ningún registro oficial. Las autoridades comunales declararon no estar enteradas del fraude, aunque luego no pudieron ocultar que este negociado estaba siendo perpetrado con la complicidad de sus propios funcionarios. Finalmente, papeles en mano, se reveló que, según el censo, de 500 locales solo 260 eran regulares; aunque muchos de estos se subarrendaban también ilegalmente. Ya puede suponerse la clase de mercaderías que se traficaba en estos locales, que constituían tierra de nadie, pues no figuraban en los registros.
Por la información levantada a raíz del siniestro y del escándalo subsecuente se supo que la Municipalidad tenía registrados 1.650 permisionarios, que generaban ingresos anuales por valor de 12.000 millones de guaraníes. Sin embargo, con los subarriendos y otras trampas, los permisionarios llegaban, en realidad, a más de 3.500, ocasionando una evasión de 36.000 millones de guaraníes al año, o sea, ¡los beneficios ilícitos triplicaban los lícitos!
Pese a estas cifras tan escandalosas, que se suponía iban a generar una reacción moralizadora y una redada de los participantes en esta operación cuasi mafiosa y sus protectores, no ha ocurrido absolutamente nada. Por lo visto, este monstruoso aparato delictivo que se registra en el propio corazón del Mercado de Abasto municipal también forma parte de la cultura de nuestro país, o del folclore, que “hay que aceptar”, a estar por las palabras del intendente.
En aquella ocasión, el entonces director del Abasto, Víctor “Oti” Sánchez, declaró ignorar los subarriendos y demás irregularidades. Pues bien, una vez conocidos, se esperaban las medidas correctivas de rigor, pero evidentemente no las hubo, ya que los autores de los robos multimillonarios quedaron del todo impunes.
Decíamos que es peligroso que una autoridad tan importante, como lo es un intendente de la capital, se exprese con tanta displicencia sobre un hecho que afecta gravemente a la economía nacional. Con ese mismo criterio, podríamos afirmar también que la corrupción, el “pokarê”, el “mbarete”, el nepotismo, el prebendarismo y otros males enraizados en nuestra sociedad, son nomás luego “parte de nuestra cultura” y, por tanto, hay que aceptarlos.
En consecuencia, ya sabemos que en la Municipalidad de Asunción nada ha cambiado ni nada va a cambiar porque, a estar por las declaraciones del intendente Ferreiro, en el ámbito de esa institución, ciertas operaciones ilícitas ya tienen estatus de políticamente legítimas.