Fuerzas Armadas que los contribuyentes puedan sostener

El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización de las Fuerzas Armadas de la Nación que habrá de sustituir a la Ley 216/93 implementada durante el gobierno del presidente Andrés Rodríguez. El mismo presenta dos incongruencias de la mayor importancia: la primera, referida a que con la inserción del ministro de Defensa Nacional en la cadena de mando institucional se tendría que haber propuesto la supresión del Comando de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto. La segunda incongruencia es la creación del escalón Brigada dentro de la estructura orgánica de las dos Divisiones de Ejército previstas que suplantarán a los tres Cuerpos de Ejército actualmente existentes. El país necesita unas Fuerzas Armadas que puedan custodiar su integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas, sin que para ello se conviertan en una pesada carga para el presupuesto nacional. Los principios de economía y eficiencia también deben valer para ellas.

El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización de las Fuerzas Armadas de la Nación que habrá de sustituir a la Ley 216/93, implementada en 1993 durante el gobierno del presidente Andrés Rodríguez. Entre las innovaciones que se citan figuran la inserción del ministro de Defensa Nacional en la cadena de mando militar, la supresión de varias organizaciones operacionales y burocráticas, entre las que se cuentan los tres Cuerpos de Ejército, el Comando Logístico, las Regiones Aéreas, las Bases Navales y otros ampulosos escalones tácticos y logísticos, operacionalmente inexistentes en la práctica, pero que absorben importante presupuesto en personal y rutina burocrática. De conformidad con la nueva estructuración orgánica propuesta por los militares, las mismas serán reemplazadas por escalones de comando y control más pequeños y versátiles, así como por reparticiones administrativas funcionalmente más eficientes y menos onerosas.

Más allá de lo que los legisladores decidan finalmente acordar sobre este proyecto de ley, tal como fue remitido por el Ejecutivo, el mismo presenta dos incongruencias de la mayor importancia. La primera, referida a que con la inserción del ministro de Defensa Nacional en la cadena de mando institucional se tendría que haber propuesto la supresión del Comando de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto, cuya jefatura la debiera ejercer el oficial general en servicio activo más antiguo en el escalafón militar, a semejanza de las modernas organizaciones militares que tienen la mayoría de los países democráticos del mundo. Al parecer, esta incomprensible decisión de mantener el Comando de las Fuerzas Militares fue tomada por el alto mando militar como mera prenda de regateo a los efectos de aceptar la inclusión del ministro de Defensa en la cadena de mando, pese a constituir un absurdo total en términos de estructura orgánica al más alto nivel institucional de las Fuerzas Armadas.

Sea como fuere, los legisladores tienen la responsabilidad de enmendar este entuerto que, de mantenerse, representaría algo peor de lo mismo que se tenía, pues su preservación vendría a complicar innecesariamente la gestión de mando institucional, antes que agilizarla, a más del alto costo de funcionamiento de una instancia de comando y control devenida absolutamente innecesaria con la inclusión del ministro de Defensa Nacional en la cadena de mando. La razón preponderante para su supresión es que con la preservación de los Comandos de Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) se mantiene su estructura orgánica, operacional y logística, respondiendo disciplinaria y administrativamente al ministro de Defensa Nacional, en tanto que su empleo en misiones de combate es facultad privativa del Presidente de la República, en su carácter de Comandante en Jefe; no del ministro de Defensa Nacional.

La segunda incongruencia contenida en el proyecto de ley de referencia es la creación del escalón Brigada dentro de la estructura orgánica de las dos Divisiones de Ejército previstas (una en la Región Oriental y otra en el Chaco) que suplantarán a los tres Cuerpos de Ejército actualmente existentes, aunque más no sea en el presupuesto y los papeles. Aunque este escalón de mando y control existe rutinariamente en las organizaciones militares de casi todos los países con capacidad económica para mantener fuerzas armadas convencionales, en el caso del Paraguay, con exiguos recursos económicos para destinarlos a la defensa nacional, lo más económico y operacionalmente más racional y efectivo hubiera sido estructurar las dos Divisiones de Ejército con Regimientos (de infantería, caballería, blindado, etc.) como unidades de combate orgánicas en vez de las pretenciosas brigadas, que solo servirían para aumentar vacancias para generales de escritorio, pues con el actual desarrollo económico del país el tamaño total del nuevo Ejército Paraguayo no debiera superar los 5.000 hombres, equivalentes a 2 Divisiones de Ejército, con 3 Regimientos cada una, con alrededor de 700 hombres cada Regimiento. Vale decir, con el efectivo que en promedio tenían los regimientos paraguayos durante la Guerra del Chaco, al menos en el comienzo del conflicto, ya que en el transcurso de la lucha esta dotación orgánica fue mermando gradualmente, por la escasez de reemplazos.

Los Regimientos del nuevo Ejército Paraguayo debieran ser organizados, armados y equipados –en la medida de las posibilidades económicas del país, mediante un presupuesto plurianual– copiando la Tabla de Organización y Equipo (TOE) de los regimientos del Ejército de Chile. En una primera fase, el presupuesto plurianual de cinco años debiera prever la activación de 2 Regimientos simultáneamente, uno en la Región Oriental y otro en la Región Occidental. Esta inversión debiera ser suficiente para que tales unidades de combate tengan la capacidad de garantizar la seguridad de nuestra población, la inviolabilidad de nuestras fronteras y la estabilidad del Estado, de modo que el Gobierno pueda enfocar con éxito sus programas de desarrollo y de combate a la pobreza. En ese menester debe desecharse cualquier hipótesis de conflicto armado internacional, aunque no por eso nos libraremos del dilema de seguridad derivado de la forma en que Bolivia encara su política de defensa nacional y repotencia sus fuerzas armadas.

En semanas recientes, los comandantes de Fuerzas han vuelto a plantear al Comandante en Jefe la necesidad de compras de armas y equipos militares para recomponer el obsoleto parque de guerra de la República. El Gobierno nacional debe esperar la promulgación de la nueva ley de organización general de las Fuerzas Armadas actualmente en estudio en el Congreso, antes de autorizar la compra de nuevos armamentos y equipos militares. Mientras tanto, lo que el Comandante en Jefe debiera hacer es ordenar que los máximos comandantes militares emprendan iniciativas que aseguren que las Fuerzas Armadas mejoren la administración de sus recursos mediante el combate a la corrupción, que también campea en sus filas, a fin de aumentar el retorno de la inversión pública pagada por los contribuyentes para la defensa nacional.

Tales medidas deben incluir reformas de amplia base de los procesos que apoyan las funciones claves de las fuerzas militares, como definición de las necesidades de armas y equipos militares de conformidad con las TOE correspondientes a su nueva organización; compras militares; sistemas de soporte operacional para el equipamiento adquirido. Debe tenerse en cuenta que para mantener unas Fuerzas Armadas con escasos recursos se requiere equilibrar tres variables: el tamaño global de la fuerza, su equipamiento y su entrenamiento y apresto.

En suma, necesitamos unas Fuerzas Armadas que puedan custodiar la integridad territorial del país y defender a las autoridades legítimamente constituidas, sin que para ello se conviertan en una pesada carga para el presupuesto nacional. Los principios de economía y eficiencia también deben valer para ellas, de modo que en su organización no deberían tener cabida puestos o escalones que solo impliquen gastos que no contribuyan a la eficacia.

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