Hipócritas del “nuevo rumbo”

Según informaciones ahora confirmadas por el Ministerio de Hacienda, su máxima autoridad, Lea Giménez, autorizó el pago a sus funcionarios de una suma adicional de tres millones de guaraníes, bajo la figura del “subsidio familiar”. Fue abonada el 7 de diciembre, como resultado de unas gestiones realizadas “a nivel político” por dirigentes sindicales, de acuerdo a versiones del ámbito gremial. Al confirmarse esta “repartija” de dinero público sin justificación alguna, estamos frente a la más hipócrita de las situaciones que nos presenta el Gobierno del “nuevo rumbo”, pues la ministra Giménez era la más tenaz opositora al despilfarro que pone en serio riesgo las finanzas públicas. Esta funcionaria, que venía mostrándose tan puntillosa, saldrá bastante mal parada de la situación, y no sabemos con qué autoridad podrá pedirles en adelante a los legisladores y a la gente en general que se aprieten los cinturones. Los disfraces empleados para no derogar el decreto del Poder Ejecutivo que suspendió las “gratificaciones” a los funcionarios no pueden engañar a nadie. Es repugnante tratar de influir en la decisión de unos electores, tanto con el dinero propio como –peor aún– con el de los contribuyentes.

Según informaciones ahora confirmadas por el Ministerio de Hacienda, su máxima autoridad, Lea Giménez, autorizó el pago a sus funcionarios de una suma adicional de tres millones de guaraníes, bajo la figura del “subsidio familiar”. Fue abonada el 7 de diciembre, como resultado de unas gestiones realizadas “a nivel político” por dirigentes del Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio, de acuerdo a versiones del ámbito gremial.

Al confirmarse esta “repartija” de dinero público sin justificación alguna, estamos frente a la más hipócrita de las situaciones que nos presenta el Gobierno del “nuevo rumbo”, pues la ministra Giménez era la más tenaz opositora al despilfarro que pone en serio riesgo las finanzas públicas.

Si bien la ministra se habría limitado a ejecutar lo convenido, ello no la exime de la responsabilidad de haber incurrido de hecho en un fraude para eludir la suspensión del pago de “gratificaciones anuales o premios al personal” de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo, dispuesta por el Decreto Nº 6012/16. Aún más, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, calificó en su oportunidad esa medida como parte del “esfuerzo de mejora del gasto público, iniciado hace años”, a raíz de las protestas ciudadanas contra la aprobación de un triple “aguinaldo” por la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

No sabemos si el hoy precandidato presidencial del cartismo seguirá pensando lo mismo, pues él sería el beneficiario político de una compra de votos con el dinero de los contribuyentes, efectuada diez días antes de las elecciones internas de la ANR. Cabe presumir que también esta vez intervino en el contubernio para esquivar lo resuelto por el Presidente de la República, con el consentimiento de este, tal como lo habría hecho antes cuando el jefe de la Essap, José Arce López, recurrió con igual objetivo al “subsidio familiar”.

De esta artera “nomenclatura financiera”, como la llamó el citado López, echó también mano el presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez, siempre con el fin de alentar el apoyo electoral al protegido del Jefe de Estado, en tanto que el de Petropar, Eddie Jara Rojas, prefirió apelar a la figura de la “diferencia salarial”. Dado que también Víctor Romero Solís, titular de la ANDE, regalaría dinero público a sus subalternos antes de los comicios del 17 de diciembre, se puede sospechar que la estrategia fue diseñada en las más altas esferas, con la intervención de Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, tal como salió a relucir en el caso de la empresa proveedora de agua potable.

Las denuncias publicadas no han sido confirmadas de inmediato, y si los involucrados han tardado en admitirlas es porque bien saben que se trata de una grave irregularidad, según surge del discurso dirigido por el presidente de la Essap a sus enfervorizados funcionarios: “Me hizo comprometer (López Moreira) que esto se va a manejar de la manera más discreta. No quiero que salgamos en el diario”. Temen la transparencia porque lo que están haciendo es inconfesable; solo quien comete un acto ilícito en la función pública puede intentar ocultarse de la prensa.

De acuerdo a la Ley del Presupuesto General de la Nación, el “subsidio familiar” se otorga a quienes ganan hasta 2.041.123 guaraníes mensuales, por cada hijo menor de dieciocho años. Como se guarda un profundo silencio acerca de este asunto tan turbio, no será fácil constatar si, efectivamente, todos los beneficiarios de los regalos reúnen las condiciones exigidas por la ley. Por su parte, la “diferencia salarial” se abona al comisionado que en su institución de destino ocupa un cargo más elevado que en la de origen, de modo que habrá que ver cuántos comisionados tiene la empresa petrolera estatal.

La gran desairada en este caso es la ministra Lea Giménez, quien en cada ocasión que se le presentaba protestaba por la repartija del dinero público que estaban realizando los senadores y diputados, pero ahora resulta que en su propio Ministerio se estaba cocinando también el plato podrido. La ministra, que venía mostrándose tan puntillosa, saldrá bastante mal parada de la situación, y no sabemos con qué autoridad podrá pedirles en adelante a los legisladores y a la gente en general que se aprieten los cinturones.

Vale la pena recordar también que el actual precandidato presidencial Santiago Peña, cuando todavía era ministro de Hacienda, se dirigió a los otros Poderes del Estado en estos términos: “Les alentamos a que escuchen a la ciudadanía, de la misma forma que el Poder Ejecutivo le está escuchando. Nosotros, como organismo recaudador, les decimos que no tenemos recursos adicionales para estos gastos salariales (triple “aguinaldo”) y esperamos que entiendan esta situación para que podamos seguir implementando los programas sociales”. Ahora resulta que –a juzgar por lo revelado por el titular de la Essap– está interviniendo en las sombras para influir en la voluntad de sus nuevos correligionarios mediante el dinero público que antes faltaba.

Pero más allá de esta cuestión que podría interesar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, importa subrayar que las maniobras en curso, reveladas por los medios de comunicación y por la senadora Desirée Masi (PDP), evidencian la hipocresía de los gobernantes del “nuevo rumbo”.

Los disfraces empleados para no derogar el decreto que suspendió el pago de las “gratificaciones” no pueden engañar a nadie. Es repugnante tratar de influir en la decisión de unos electores, tanto con el dinero propio como –peor aún– con el de los contribuyentes.

Lo que hasta ahora se conoce es suficiente para que los ciudadanos y las ciudadanas protesten con energía y en voz alta contra este nuevo despilfarro en marcha, tal como lo hicieron en su momento para desbaratar el festín del triple “aguinaldo”, y anteriormente para evitar que se aprobara el descomunal monto que los políticos iban a destinar para financiar a sus operadores a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Solo la firme protesta de la ciudadanía a través de todos los medios a su alcance, inclusive saliendo a las calles, organizada por sus asociaciones civiles, puede impedir lo que la falta de fuerza de la ley no puede hasta el momento.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD