Legisladores indignos miman a su clientela con el dinero de todos

No es novedad que los legisladores se valgan del dinero de todos para beneficiar a sus amigos, parientes, secretarias vip y correligionarios enchufados en el Presupuesto nacional. Como no sale de sus respectivos bolsillos, lo reparten a su antojo, ignorando tanto la Carta Magna como las leyes que rigen para el funcionariado y la administración financiera del Estado. Sus representados les importan un rábano. Lo nuevo esta vez fue que la Cámara de Diputados se arrepintió del subrepticio regalo presupuestario del año pasado y aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que lo anulaba. En cambio, manteniéndose fiel al principio del malgasto, el Senado cometió la vileza de rechazarlo, de modo que 1.595 funcionarios tendrán el privilegio de seguir arrancando a los contribuyentes, cada mes, 7.700 millones de guaraníes adicionales, gracias a unos aumentos salariales arbitrarios, que oscilan entre el 60 y 251%. Un país serio no debe tener parlamentarios tan cachafaces, que manejan el erario como si les perteneciera, pisoteando cualquier obstáculo legal.

No es novedoso que los legisladores se valgan del dinero de todos para beneficiar a sus amigos, parientes, secretarias vip y correligionarios enchufados en el Presupuesto nacional. Como no sale de sus respectivos bolsillos, lo reparten a su antojo, ignorando tanto la Carta Magna como las leyes que rigen para el funcionariado y la administración financiera del Estado. Sus representados les importan un rábano. Lo nuevo esta vez fue que la Cámara de Diputados se arrepintió del subrepticio regalo presupuestario del año pasado y aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que lo anulaba. En cambio, manteniéndose fiel al principio del malgasto, el Senado cometió la vileza de rechazarlo, de modo que 1.595 funcionarios tendrán el privilegio de seguir arrancando a los contribuyentes, cada mes, 7.700 millones de guaraníes adicionales, gracias a unos aumentos salariales arbitrarios, que oscilan entre el 60 y el 251%.

Recién ahora se conocen los nombres de los agraciados, pues sus generosos benefactores habían dispuesto los incrementos en las líneas presupuestarias anónimas de las 19 entidades en las que estos afortunados “trabajan”. Se preguntará el lector con qué criterio los introdujeron. Es muy improbable que hayan analizado el desempeño de cada uno de los 230.000 funcionarios de los tres Poderes del Estado y resuelto premiar a los mejores. Aunque así lo hayan hecho, el arduo procedimiento habría violado el art. 35 de la Ley N° 1626/00, según el cual la promoción del funcionario, que conlleva un aumento de sueldo, “solo se hará previo concurso de oposición en razón de las calificaciones obtenidas y los méritos, aptitudes y notoria honorabilidad, comprobados mediante evaluaciones periódicas”, hechas con la frecuencia que disponga la Secretaría de la Función Pública o, en forma extraordinaria, a pedido de la entidad pública respectiva. Podemos poner la mano en el fuego de que nada de estos requisitos se cumplió.

Tan desvergonzados fueron los procedimientos que, en enero último, el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, se enteró de que ciertos funcionarios suyos habían recibido aumentos de sueldo, no pedidos por él ni al ministro de Hacienda ni a los congresistas. ¿Qué había pasado? Lo contó orondamente uno de ellos, de nombre Carlos Rojas: “Este aumento que yo conseguí (...) conseguí en el Parlamento. Llevé mi línea presupuestaria a un diputado y un diputado me dio esa categoría”. Así de simple, así de ilícito. Como él tenía un buen amigo con fueros, pudo empezar a ganar más que otros por hacer –o no hacer– lo mismo que ellos, pese a que el art. 92 de la Constitución dice que “corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo”, y a que el concordante art. 34 de la Ley N° 1626/00 reza: “La clasificación de los cargos de funcionarios (...) se hará por separado y constituirá la base para determinar la remuneración de los mismos en el anexo del personal del Presupuesto (...), bajo el principio de igualdad entre quienes cumplen tareas similares en todos los organismos y entidades del Estado”.

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Si quienes los encabezan fueron puenteados, igual experiencia la tuvo Benigno López. El art. 18 de la Ley N° 1535/99 dice que las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo en materia presupuestaria “se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”, que puede proponer cambios al proyecto de Presupuesto cuando haya razones fundadas y el respaldo económico necesario. Los legisladores se relacionaron directamente, no ya con los jerarcas de las diversas instituciones, sino con los mismos funcionarios que resultaron consentidos, es decir, con su misma clientela. Actuando así, destruyen la carrera de la función pública, aparte de incrementar los gastos fijos del Presupuesto, a costa de la población; generan injusticias dentro del aparato estatal y privan a la gente de mejores servicios.

Todo esto, sin embargo, no debe sorprender si se recuerda que, en su oportunidad, la Comisión Bicameral de Presupuesto estaba presidida por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR) y vicepresidida por el hoy exsenador Dionisio Amarilla (PLRA), a quienes les gusta mimar a sus allegados y “partners”.

Un país serio no debe tener parlamentarios tan cachafaces, que manejan el erario como si les perteneciera, pisoteando cualquier obstáculo legal, administrativo o ético. Es imperioso que alguna vez la ciudadanía se deshaga de ellos mediante los votos, en defensa propia. Por de pronto, solo resta esperar que a los funcionarios no beneficiados por este “operativo encubierto” no se les ocurra exigir una equiparación salarial con sus colegas privilegiados, en virtud del principio de igualdad. Hoy mismo, los abusos presupuestarios ya están llevando al país a la debacle.

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