Otra artimaña del Brasil en Itaipú

El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, confirmó recientemente que la falta de acuerdo entre la institución a su cargo y su contraparte brasileña Eletrobras, para la contratación de potencia de Itaipú para el año 2019 se debe a que los representantes de esta última pretenden desconocer acuerdos suscritos entre ambos gobiernos que norman la modalidad de contratación de la energía generada en la central binacional por parte de cada país. Las autoridades brasileñas quieren que Itaipú reduzca la cantidad de electricidad “no garantizada” que tiene derecho a retirar la ANDE a un precio de US$ 5/MW, y que en contrapartida retire mayor cantidad de la “garantizada”, que cuesta unos US$ 40/MW. Vale decir, obligar a la ANDE a comprar mayor cantidad de la energía cara y, consecuentemente, menos de la más barata. Una perfecta ecuación de suma cero: lo que Paraguay pierde, lo gana Brasil. La opinión pública paraguaya debe estar alerta considerando que, ante la proximidad del 2023, en que se debe renegociar el Anexo C del Tratado, los brasileños nos vendrán con nuevas triquiñuelas tratando en lo posible retacearnos los beneficios que le corresponden a nuestro país.

Desde hace casi medio siglo, la ciudadanía paraguaya viene preocupándose por las injustas asimetrías de beneficios en perjuicio de nuestro país instaladas en la gestión supuestamente paritaria de las dos represas hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá, reclamando equidad a nuestros socios. Ante cada planteamiento puntual al respecto, no faltan referentes sociales –brasileños y argentinos– que, invocando un nacionalismo trasnochado, se mofan de nuestros justos reclamos con el manido cliché de que “Paraguay solo puso el agua”, en alusión a que nuestro país no asumió compromiso financiero alguno en cuanto a la financiación de las obras. Sin embargo, soslayan aviesamente el hecho de que desde el inicio de operación de las centrales, el Paraguay aportó la mitad del insumo indispensable para mover las turbinas generadoras: el agua, el inagotable capital operativo sin el cual no habría retorno de la inversión realizada con los préstamos hechos y garantizados por Brasil y Argentina, y cuya mitad viene siendo religiosamente pagada por el Paraguay desde la puesta en marcha de la primera unidad generadora en ambas usinas.

Lamentablemente, la venalidad y falta de patriotismo de nuestros gobernantes han contribuido a dar pábulo a esa campaña de desinformación de tales grupos de interés xenófobos de la margen izquierda del río Paraná de la que se valen sus autoridades para robarnos. A diferencia de lo que sucede con la administración de la usina hidroeléctrica de Salto Grande compartida por Argentina y Uruguay, en la que prima una absoluta igualdad de derechos y obligaciones por ambas partes, en Itaipú y Yacyretá nuestros gobernantes han pactado una humillante abdicación de derechos soberanos a cambio de sobornos mimetizados de diversas formas desde hace casi medio siglo, y que tras la caída de la dictadura ha continuado campantemente bajo los gobiernos democráticos que se han sucedido desde entonces.

Ese atávico prejuicio de sectores de opinión y de interés de nuestros vecinos limítrofes y socios ha vuelto a recrudecer en oportunidad de la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá y la construcción de una nueva central sobre el brazo Aña Cua del río Paraná, convenido por el presidente Horacio Cartes con su par argentino Mauricio Macri, y prestamente endosado por su sucesor, Mario Abdo Benítez, con la complicidad de un Parlamento igualmente antipatriota. La ciudadanía teme que parecida abdicación de soberanía vuelva a darse en ocasión de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, pactada para el 2023, pero que puede darse antes, habida cuenta de la actitud entreguista asumida por el actual Gobierno con relación al mismo asunto en Yacyretá.

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A propósito, recientemente el presidente de la ANDE –miembro nato del Consejo de Administración de Itaipú–, ingeniero Pedro Ferreira, confirmó que la falta de acuerdo entre la institución a su cargo y su contraparte brasileña, Eletrobras, para la contratación de potencias de Itaipú para el año 2019 se debe a que los representantes de la empresa de mayoría accionaria estatal brasileña pretenden desconocer acuerdos suscritos entre ambos gobiernos que norman la modalidad de contratación de la energía generada en la central binacional por parte de cada país. Concretamente, el convenido en el año 2006 entre ANDE, Eletrobras e Itaipú Binacional referente a la contratación de los servicios de electricidad de la usina binacional, pese a que el mismo fue homologado por los presidentes Lula da Silva y Nicanor Duarte Frutos ese mismo año y ratificado en 2009 por los presidentes Lugo y Lula, y por Horacio Cartes y Dilma Rousseff en 2013. Es más, el compromiso convenido tiene vigencia hasta el año 2023.

“Ellos quieren volver a estudiar y establecer una modalidad de contratación diferente (…) Nosotros creemos que se puede ir pensando en lo que vaya a pasar después del año 2023, pero lo que está acordado debiera ser respetado”, señaló el ingeniero Pedro Ferreira al responder a interrogantes de la prensa sobre la absurda pretensión de las autoridades brasileñas de la binacional. Ferreira pidió el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en esta delicada cuestión.

El meollo del reclamo de las autoridades brasileñas se centra en que, concretamente, quieren que Itaipú reduzca la cantidad de electricidad “no garantizada” que tiene derecho a retirar la ANDE a un precio de unos US$ 5/MWh, y que en contrapartida retire mayor cantidad de la “garantizada”, que cuesta unos US$ 40/MWh. Vale decir, obligar a la ANDE a comprar mayor cantidad de la energía eléctrica cara y, consecuentemente, menos de la más barata. Una perfecta ecuación de suma cero: lo que Paraguay pierde, lo gana Brasil. Una burla más de nuestros “hermanos” brasileños.

No deja de ser una ironía que las autoridades del vecino país quieran quitarnos ahora lo que nos dieron como limosna en el año 2002, cuando concertaron con el Gobierno de Luis Ángel González Macchi la creación de las dos arbitrarias tarifas diferenciadas para el mismo insumo energético: la electricidad garantizada y la no garantizada, con la supuesta finalidad filantrópica por parte de Eletrobras de “ayudar” a la ANDE a disminuir su abultada deuda con Itaipú.

Por lo demás, cabe encomiar la franqueza de actitud del presidente de la ANDE, quien, a diferencia de sus pares paraguayos del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo, ha hecho pública la arbitraria pretensión de las autoridades brasileñas de restarnos lo poco que hasta ahora reciben los consumidores paraguayos como beneficio, habida cuenta de que la cantidad de electricidad no garantizada (barata) que ANDE tiene derecho a retirar de Itaipú es proporcional a la cantidad de potencia contratada, otra artera artimaña impuesta por los brasileños. Así, en la actualidad Eletrobras se lleva alrededor del 75 por ciento de la electricidad barata no garantizada y la ANDE apenas el 25 por ciento, cuando, de conformidad con el espíritu de su implementación, la proporción del reparto debiera haber sido por mitad. Con todo eso, ahora los “bandeirantes” de nuevo cuño de Eletrobras vuelven a la carga queriendo llevarse aún más de lo poco que nos dieron.

La opinión pública paraguaya debe estar alerta considerando que, ante la cercanía del 2023, los brasileños nos vendrán con nuevas triquiñuelas tratando todo lo posible de retacearnos al máximo los beneficios que corresponden a nuestro país en ese emprendimiento, más allá de lo mucho que ya nos han escamoteado.

Es de esperar que en esta ocasión el presidente de la ANDE no claudique ante la tentación del soborno –contrariamente a lo que habitualmente ha venido ocurriendo con nuestros venales compatriotas en estos casos, cediendo a las pretensiones brasileñas– y se mantenga firme en su posición opuesta a la pretensión de Eletrobras de quitarnos la migaja que nos dieron a cambio de llevarse la parte del león.

Es de esperar también que el presidente Mario Abdo Benítez apoye a ultranza la patriótica posición institucional del ingeniero Pedro Ferreira en este asunto.

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