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Hoy la Cámara de Senadores tiene previsto tratar en sesión extraordinaria el proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Poder Ejecutivo, que pretende extraer otros 300 millones de dólares de los bolsillos de los contribuyentes formales del país en pleno ciclo depresivo de la economía, un despropósito por donde se lo mire.
El principal responsable, es preciso señalarlo sin vueltas, tiene nombre y apellido: Mario Abdo Benítez, quien fue elegido Presidente de la República con la promesa electoral de no subir los impuestos durante su mandato, compromiso que reiteró en numerosas ocasiones, y quien todavía está a tiempo de respetar su palabra y no defraudar la confianza de la gente a menos de un año de asumir tan alto cargo.
Esta sería la cuarta reforma del sistema impositivo del período democrático y, como en todas las anteriores, viene precedida por una engañosa retórica en la que se habla de modernización, de justicia y equidad tributarias, de formalización y de la supuesta determinación de utilizar bien los recursos, racionalizar y mejorar la calidad del gasto público.
Invariablemente se le ha mentido a la ciudadanía. Lo que una y otra vez han denominado “reforma tributaria” no ha sido más que un eufemismo de “impuestazo”, de ajuste del torniquete sobre la población, especialmente la que ya cumple con sus obligaciones, sin que ello haya estado acompañado por una contraprestación equivalente de servicios de aceptable calidad, y mucho menos de una reducción tangible del derroche, los privilegios indebidos y la corrupción.
La recaudación del fisco pasó de 800 millones de dólares antes de la “reforma” de 2003, al principio del mandato de Nicanor Duarte Frutos, a 4.000 millones de dólares en 2018, y el número de contribuyentes casi se triplicó, de 300.000 en 2004 a 800.000 al cierre del año pasado.
La mayor parte ha ido a un barril sin fondo. La estructura de gastos empeoró antes que mejorar. El 80% de los tributos se esfuma en gastos de personal, planilleros incluidos. La cantidad de funcionarios pasó de 182.000 en la época de Duarte Frutos a 300.000 al final del mandato de Horacio Cartes.
Los contribuyentes tienen que asistir a diario al espectáculo de los escándalos que salen a la luz, las sobrefacturaciones, las autoasignaciones, las pensiones de privilegio, los jugosos beneficios para operadores políticos, parientes, amigos, testaferros, amantes, todo a su costilla, para recibir a cambio servicios públicos miserables, escuelas que se caen a pedazos, hospitales sin lo más básico, pésimas obras públicas, inseguridad, problemas sociales con muchos entes que se “encargan” de ellos, pero que no ofrecen ninguna solución.
Podemos vaticinar que esta vez no será la excepción. El proyecto del Ejecutivo prevé fuertes subas potenciales del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a una lista de productos de la canasta familiar, la unificación del impuesto a la renta de las empresas con el de las unidades productivas agropecuarias (bajo el nombre de IRE, Impuesto a la Renta Empresarial), la eliminación de una serie de gastos deducibles para aumentar el cobro del Impuesto a la Renta Personal, la creación del Impuesto a la Renta a los No Residentes, entre otros.
El Ministerio de Hacienda cínicamente insiste en que la propuesta no supone una suba de impuestos, y al mismo tiempo admite que esperan agregar cuando menos 300 millones de dólares a las voraces fauces del aparato estatal. Por ejemplo, alegan que se establecen “tasas máximas” para algunos tributos, pero que no necesariamente serán aplicadas, cuando todos sabemos que en pocos meses más, cuando se estudie el Presupuesto 2020, echarán mano de todo resquicio que tengan a disposición para seguir alimentando a la clientela.
En cambio, no han presentado un solo planteamiento serio de reducción del despilfarro, ni siquiera se ha terminado de resolver el enojoso asunto del “aumento mau”, que marcha rumbo al oparei, la evasión y el contrabando siguen tan campantes, y la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la ineficiencia crónica de los organismos estatales están a la vista de todos.
Pero por si todo eso fuera poco, se suma el hecho de que este es el peor momento posible para subir los impuestos, en medio del negro panorama que se le presenta a la economía real, con consistentes señales de retracción prácticamente en todos los sectores de la actividad económica.
Con una incoherencia difícil de explicar, el Gobierno por un lado reconoce la situación y anuncia un paquete de reactivación, incluyendo riesgosas medidas en el campo monetario, y por el otro impulsa un ajuste tributario absolutamente inoportuno, al contrario de otros países de la región, como Brasil, que estudian una reducción drástica de algunos tributos para estimular su economía y fomentar la competitividad de sus empresas.
Una suba de impuestos en este momento no hará otra cosa que castigar aun más al sector formal de la economía, tanto a las empresas como a los asalariados, y beneficiar a aquellos que trabajan al margen de la ley. Con ello se alienta a una contracción todavía mayor de la economía, lo que derivará en pérdidas de empleos y una caída, antes que un incremento, de las recaudaciones.
Si a los llamados representantes del pueblo y al Gobierno nacional les resta un poco de sensatez y responsabilidad, y si al Presidente de la República le importa su palabra empeñada, deben, como primera medida, postergar el tratamiento de este proyecto de ley hasta que se presenten condiciones más apropiadas. Paralelamente, ponerse inmediatamente a trabajar en hacer cumplir la ley que ya está vigente, para que todos paguen lo que tengan que pagar, y en asegurarse de que cada guaraní de esos recursos se utilice realmente en el desarrollo del país.