Reciente componenda política obliga a elevar alerta ciudadana

Una de las más importantes lecciones del alzamiento popular en contra de la pretensión del entonces presidente Horacio Cartes de violar la Constitución y hacerse reelegir para continuar en el cargo, y que culminó en el asesinato de Rodrigo Quintana en el asalto policial a la sede del PLRA, es que las protestas callejeras tienen el poder de parar el atropello al Estado de derecho por parte de autoridades que pretenden desconocerlo. De igual manera, de no haber sido por la persistencia de grupos de manifestantes integrados por gente rebelada contra la insolencia de los corruptos, muchos senadores y diputados jamás hubieran sido sancionados por sus pares con la pérdida de sus investiduras o forzados a renunciar. Así las cosas, gracias a estas manifestaciones de repudio, el Paraguay está hoy en el inicio de lo que puede ser un arduo y largo proceso para drenar el pantano de la corrupción que ha anegado el país, desde los Poderes del Estado hasta el municipio del más apartado rincón de nuestra geografía.

Una de las más importantes lecciones del alzamiento popular en contra de la pretensión del entonces presidente de la República Horacio Cartes de violar la Constitución y hacerse reelegir para continuar en el cargo, y que culminó en la madrugada del 1 de abril de 2017 con el asesinato del joven Rodrigo Quintana durante un asalto policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), es que las protestas callejeras tienen el poder de parar el atropello al Estado de derecho por parte de autoridades que pretenden desconocerlo. En realidad, de no haber sido por la espontánea reacción de la ciudadanía identificada con los principios democráticos de gobierno que por varios días bloqueó calles y ocupó las plazas del Congreso en protesta por la conspiración urdida por el ambicioso Primer Mandatario de entonces, en colusión con una mayoría senatorial articulada ad hoc y una Corte Suprema de Justicia prevaricadora, muy probablemente Horacio Cartes se hubiera salido con la suya y así continuar campantemente en el Palacio de López.

De igual manera, de no haber sido por la persistencia de grupos de manifestantes integrados por gente rebelada contra la insolencia de los corruptos, como la Comisión Escrache Ciudadano, liderada por la abogada María Esther Roa, los exsenadores Jorge Oviedo Matto (Unace), Óscar González Daher (ANR, cartista), José María Ibáñez (ANR, “añetete”), Víctor Bogado (ANR, cartista) y Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), jamás hubieran sido sancionados por sus pares con la pérdida de sus investiduras o forzados a renunciar, por el delito de tráfico indebido de influencias en el ejercicio de sus funciones u otras fechorías. Tal ha sido la trascendencia política de esta victoria ciudadana que incluso mereció destaque en un comentario editorial del influyente diario norteamericano The New York Times, semanas atrás.

De que los restantes legisladores incursos en diversos presuntos delitos de corrupción de pleno conocimiento público, como los senadores Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y Javier Zacarías Irún (ANR), así como los diputados Tomás Rivas (ANR), Justo Zacarías Irún (ANR), Carlos Portillo (PLRA), Teófilo Espínola (PLRA) y el propio presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR), sean también radiados de sus curules va a depender de cuán efectivamente la ciudadanía continúe movilizándose en las calles. Los paraguayos y las paraguayas deben estar más atentos que nunca, ya que se ha conformado una sospechosa alianza, integrada con funestos personajes que impulsaron la enmienda inconstitucional, esta vez coaligados nada menos que con los colorados “añetete”, del presidente Mario Abdo Benítez, sus otrora oponentes en las aciagas jornadas comentadas.

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Otra lección importante recogida de la cruzada de moralización pública emprendida por las movilizaciones populares es que la unión hace la fuerza, pues hasta ahora ha sabido resistir con éxito las acechanzas intimidatorias de los poderosos personajes sobre quienes tiene puesta la mira. Ni garrotes, ni zanahorias ni cantos de sirenas han podido doblegar su persistencia en la caza de legisladores y funcionarios corruptos.

La cruzada cívica emprendida por la Comisión de Escrache Ciudadano y otros grupos, en la capital y en el interior del país, mucho tiene que ver con el apoyo de la prensa libre mediante el destape y procesamiento de informaciones clave de interés público, referentes a delitos de enriquecimiento ilícito perpetrados por funcionarios y legisladores vía concusión y tráfico de influencias, al amparo de la impunidad que les brindan las instancias jurisdiccionales de contraloría e investigación, controladas por sus leales.

Como se están viendo las cosas, puede pensarse que el presidente Mario Abdo Benítez no está dispuesto a cumplir su promesa de combatir la corrupción en la administración pública, de arriba abajo. Por tanto, solo resta la ciudadanía para hacerlo de abajo para arriba. Afortunadamente, la sociedad civil está despertando de su letargo y, a estar por el éxito de la campaña de movilizaciones de repudio contra legisladores y funcionarios corruptos, están dadas las condiciones para convertir esta iniciativa en una cruzada nacional contra la corrupción y el mal Gobierno, replicándola en toda la República, en cada ciudad, en cada pueblo, como ya se está viendo, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Concepción y hasta en localidades del Chaco.

Así las cosas, gracias a estas manifestaciones de repudio, el Paraguay está hoy en el inicio de lo que puede ser un arduo y largo proceso para drenar el pantano de la corrupción que ha anegado el país, desde los Poderes del Estado hasta el municipio de última categoría situado en el más apartado confín de nuestra geografía. Ante las sospechosas componendas que se están gestando entre los grupos políticos otrora antagónicos, ahora se debe estar más atentos que nunca para impedir “el retorno de los brujos”.

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