Repugnante juego sucio de Enrique Bacchetta

Tras su grosera intervención en el caso judicial que involucra al diputado colorado “añetete” Ulises Quintana, el senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no puede seguir integrando este organismo. El mismo sostuvo que es una “injusticia” la situación del mencionado diputado, quien está imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Puede entenderse que el mensaje enviado a Quintana también lo fue para los fiscales y jueces intervinientes en el caso. Bacchetta ya declaró inocente al imputado. Que se vean quienes piensan lo contrario. Con su actuación, el actual titular del JEM no se diferencia en nada de su antecesor, Óscar González Daher, quien se aprovechó de su cargo para influir en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. El escándalo protagonizado por Bacchetta lo inhabilita definitivamente para seguir representando a la Cámara Alta en el JEM. Su desvergüenza implicó un severo atentado contra la independencia de fiscales y jueces.

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Que el senador Enrique Bacchetta (ANR) maneja los resortes del Poder Judicial es “vox populi”. Si bien no se puede precisar mediante qué mecanismos, es indudable que mueve los hilos en la casa de Astrea. Por alguna razón, los políticos y legisladores parecen postrarse a sus pies para ubicarlo allí donde pueda manejar a magistrados y agentes fiscales. Tan es así que fue designado por segunda vez como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Recuérdese que en su primera presidencia nombró como secretario del organismo al hoy procesado Raúl Fernández Lippmann. Para mayor peligro, se puso el sistema judicial en manos de una familia, pues su hermano Claudio Bacchetta dirige el Consejo de la Magistratura. Es decir, el uno actúa en el nombramiento de agentes fiscales y magistrados y el otro en la destitución.

Y bien, tras su grosera intervención en el caso judicial que involucra al diputado colorado “añetete” Ulises Quintana, imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, presionando sutilmente con sus declaraciones a los fiscales, el descarado senador no puede seguir integrando el JEM.

El mensaje que envió, a través de Twitter, a quien hoy está en prisión preventiva, es bastante elocuente: “…ESPERO QUE PRONTO PUEDAS RECUPERAR TU LIBERTAD, deseo que tengas fuerza y fe, para poder enfrentar la INJUSTICIA que estás viviendo” (las mayúsculas son nuestras). Es obvio que el mensaje, en el sentido de que la “injusticia” cometida con el “querido Ulises” debe repararse cuanto antes, también fue enviado de hecho a los agentes fiscales intervinientes, Lorena Ledesma e Ysaac Ferreira, así como al juez de la causa, Humberto Otazú, y a su colega Alcides Corbeta, quien lo está reemplazando hasta tanto se resuelva una recusación. El presidente del JEM ya le declaró INOCENTE al imputado. Que se vean quienes piensan lo contrario.

Cabe recordar que el art. 248 de la Ley Suprema dispone cuanto sigue: “En ningún caso los miembros de los otros Poderes (…) podrán arrogarse funciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, NI INTERVENIR DE CUALQUIER MODO EN LOS JUICIOS” (las mayúsculas son nuestras). El miembro del Poder Legislativo, representante del Senado en el JEM, intervino en uno de ellos, quedando descalificado para seguir al frente de un órgano encargado de juzgar a magistrados y agentes fiscales. Abusó de su función para chantajear implícitamente a quienes pueden ser enjuiciados por él. Luego negó, con el mayor descaro, que haya amenazado a alguien, tomando así por idiotas a los extorsionados y a la opinión pública. Dijo también que se apartaría de una eventual investigación a los jueces y agentes fiscales del caso, como si con ello pudiera borrar del mapa la fechoría perpetrada. Si tuviera una pizca de decencia, debería renunciar de inmediato al cargo que mancilla. Es obvio que, en adelante, ya nadie acreditará su imparcialidad, sino que acrecentará su fama de influyente maniobrero.

Puede afirmarse que no se diferencia en nada de un Óscar González Daher, quien se aprovechó de su condición de presidente del Jurado para influir en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ha perdido toda autoridad moral para juzgar a nadie, suponiendo que alguna vez la haya tenido, lo que es mucho decir. Su mensaje fue reforzado por su condición de amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dato este que en un país como el nuestro resulta muy significativo a la hora de inducir actuaciones fiscales o judiciales o disuadir de ellas. Por eso mismo, es plausible que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, interpretando en su justa medida la indignante intervención de Bacchetta, se haya dirigido a la ciudadanía, también a través de Twitter, para reafirmar el apoyo a todos los agentes fiscales que llevan adelante investigaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y todo tipo de hechos punibles. Es la respuesta adecuada a la desfachatez del senador, siendo de esperar que, en efecto, el Ministerio Público siga comprometido con la objetividad y responsabilidad en sus investigaciones, porque es lo que la sociedad reclama, según palabras de quien lo encabeza. Que nadie se amilane y que se haga justicia, sin que lo impidan las poderosas amistades del diputado Quintana.

Es evidente que el senador Bacchetta no tiene la menor idea de lo que significa ejercer un cargo con dignidad y, en consecuencia, no se puede esperar que tenga la de renunciar. Es de señalar, entonces, que el art. 4° de la Ley N° 3759/13, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, dispone cuanto sigue: “Los miembros del Jurado designados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de la Magistratura quedan sujetos al juicio político en caso de la comisión de delitos o mal desempeño de funciones. Cuando se tratase de senadores y diputados que integran dicho cuerpo, éstos quedan sujetos al procedimiento previsto en los artículos 190 y 191 de la Constitución Nacional” (las negritas son nuestras). La primera norma citada dice que cada Cámara podrá amonestar o apercibir a un miembro por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo sin sueldo hasta sesenta días; la segunda establece que el legislador encausado por la presunta comisión de un delito debe ser desaforado por la Cámara que integra antes de ser sometido a proceso.

La ley referida no dice cuáles son las causales de mal desempeño de funciones, pero es evidente que calificar como injusta una prisión preventiva y desear la pronta libertad de la supuesta víctima es absolutamente impropio de un miembro del JEM. Debe entenderse que si por el solo hecho de ser legislador, en nuestro país se puede influir en un juicio o en una investigación, interviniendo indebidamente en ellos, la cuestión se agrava sobremanera cuando quien así obra tiene la facultad de resolver con sus pares del JEM la destitución de un agente fiscal o de un juez. El Senado, a quien Bacchetta tan mal representa, debe considerar que si el art. 14 de la Ley N° 3759/13 autoriza la remoción de los magistrados y de los agentes fiscales por mal desempeño de sus funciones, un integrante del órgano que los juzga mal podría seguir teniendo esa condición si incurre en esa causal de destitución de los justiciables. Hasta se diría que el legislador hizo un “uso indebido de influencias” de una manera encubierta, pero detectable para quien tenga dos dedos de frente.

Lo cierto es que el escándalo protagonizado por el susodicho lo inhabilita definitivamente para seguir representando a la Cámara Alta en el JEM. Su desvergüenza implicó un severo atentado contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, que los senadores no deben apañar tolerando que continúe en el cargo pisoteado. Si se callan, podría entenderse que están de acuerdo con el aberrante mensaje emitido y que hubieran hecho lo mismo estando en su lugar. Se espera que expresen con hechos su opinión contraria, pues, de lo contrario, quedarán alineados con este repudiable senador y con su antecesor González Daher.

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