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Respondiendo a una denuncia formal hecha el último 13 de septiembre por cuatro ciudadanos esteños, el agente fiscal Leonardi Guerrero abrió dos semanas más tarde una investigación contra el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa, la intendenta Sandra McLeod, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, a los que luego se sumaron los de evasión impositiva, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. En los primeros días de octubre se realizaron ocho allanamientos en Ciudad del Este, Asunción y Lambaré, en el curso de los cuales se incautaron documentos hallados en una residencia particular y en las firmas Itapema Constructora SA y Gestiones del Este SA, así como en las sedes de la Gobernación del Alto Paraná y de la Municipalidad de su capital. Ya han pasado casi dos meses desde el inicio de la investigación fiscal, pero el Ministerio Público aún no se ha decidido a imputar o no a los denunciados, demostrando así un gran desinterés, por decir lo menos, en que el caso sea dilucidado cuanto antes.
De los arts. 5º y 32º de la Ley Nº 1636/00, que regula su organización y funcionamiento, se desprende que la Fiscalía debe actuar con rapidez. El primero de ellos dispone que la persecución penal “será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión” y que “no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y las formas expresamente previstas por la ley”; el segundo dice que el fiscal acusará “con la mayor diligencia, inclusive antes de la fecha fijada en el acta de imputación”. El art. 84, en fin, impone una sanción disciplinaria a la falta que consiste en “demorar indebidamente el despacho de los asuntos, sea por negligencia o por incumplimiento de las obligaciones legales o de las instrucciones”.
Se entiende que la prontitud sea necesaria, tanto en interés de los investigados, que no deberían estar en ascuas durante largo tiempo, como en el de la sociedad toda, más aún cuando, como en este caso, resultan afectadas personas que ejercen un cargo público. Claro que el interés de los investigados puede ser también el de entorpecer las actuaciones mediante maniobras chicaneras, como la empleada por uno de ellos, el socio comercial del matrimonio de marras, Fernando Román Riquelme, al recusar a los cinco agentes fiscales intervinientes, que estaban a punto de formular la imputación.
Se salió con la suya, pues los designados el 9 de octubre para reemplazarlos en forma interina, Luis Said y Marlene González, han paralizado la cuestión, con la excusa de que están “ordenando” las pesquisas, que serían muy complejas. Todo indica que el verdadero motivo de la demora en imputar son las presiones a las que estarían siendo sometidos en favor del célebre clan de los Zacarías Irún, integrado además por Margarita Zacarías Irún, hermana del jefe y también investigada. Tampoco sería descartable que estén siendo sometidos a un intenso tráfico de influencias, delito penado con hasta cinco años de cárcel si la influencia se hace valer “ante agentes fiscales (...) a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen...”, según el art. 7º, inc. 3º, de la Ley Nº 2523/04.
La falta de transparencia en las actuaciones de los citados miembros del Ministerio Público induce a temer lo peor, a lo que debe sumarse que la agente fiscal González fue apartada en 2014 de la pesquisa en torno al robo de cajas de seguridad alquiladas por la firma Maxton SA. Lo último que se sabe de ellos es que el 30 de octubre pasado retiraron de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informes sobre empresas que hayan participado en licitaciones convocadas por la Gobernación del Alto Paraná y la Municipalidad de Ciudad del Este. Si dieciséis empresas ligadas a los Zacarías Irún contrataron con el Estado durante más de una década, puede sospecharse que ellas habrían sido utilizadas no solo para ganar licitaciones por las buenas o por las malas, sino también para perpetrar el lavado de dinero y la evasión impositiva.
Si bien hay mucho que averiguar, ya es hora de que se efectúe la imputación, que luego podrá ser ampliada si surgieran otros serios indicios de la comisión de hechos punibles. Como es del todo improbable que aún no haya elementos de juicio suficientes para dicha conclusión preliminar, solo cabe inferir que el senador Zacarías Irún, quien admitió que jamás pagó el impuesto a la renta personal, sigue siendo lo bastante influyente como para entorpecer el trabajo del Ministerio Público. Si su socio comercial apeló a una chicana, no sería nada raro que él esté apelando a otros recursos de hecho, no tan evidentes, para asegurarse la impunidad de entrada. Es mucho lo que está en juego para él, para su cónyuge y para su hermana, de modo que estará moviéndose en las sombras para salir indemne, incluso especulando con que prescriba la acción penal contra uno o más de los hechos punibles que se le atribuyen.
En los diecisiete últimos años, el poderoso clan que lidera ha tenido en su manos tanto la administración municipal de Ciudad del Este como la departamental. Aparte de forjar alianzas políticas y empresariales, por así decirlo, que le podrían ser útiles, dispone de una fortuna que puede servir para comprar conciencias en el Ministerio Público primero y en el Poder Judicial después. Es cierto que, por lo demás, el senador devenido “cartista” parece haber perdido su preponderancia de otrora en los altos círculos gubernativos, pero no debe subestimarse su capacidad de incidir en el Poder Ejecutivo y, por extensión, en otros ámbitos del poder estatal. Se recordará que tras haber sido un furibundo anticartista, pasó a ser un acérrimo defensor del “nuevo rumbo”, de modo que bien podría ocurrir que, de pronto, se pusiera al servicio del coloradismo añetete, para salvar el pellejo.
Más de una vez la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que no se sometería a ningún tipo de presiones. Queremos creerle y desear que esa actitud se refleje en la conducta de sus subordinados. Por de pronto, es de esperar que, dada la relevancia de la investigación en curso y la necesidad de disipar los fundados temores de que la imputación está siendo demorada indebidamente, ejerza como jefa superior del Ministerio Público su atribución legal de establecer las prioridades y, por tanto, instruya que una de ellas sea el caso comentado, al tiempo de requerir a los agentes fiscales Said y González las informaciones que le permitan evaluar la marcha de la investigación. Urge una decisión para que la ciudadanía no crea que se le está tomando el pelo debido a una inadmisible injerencia política.