Cargando...
El proceso de examen de méritos y aptitudes de los postulantes a ministros de la Corte Suprema de Justicia que el Consejo de la Magistratura está conduciendo parece asegurar algo que se pide desde hace mucho: mayor transparencia y participación ciudadana. En efecto, al menos lo que antes se hacía a puertas cerradas y sin saberse de qué manera, hoy se expone abiertamente a través de audiencias públicas e invitaciones a todos a que envíen sus objeciones y críticas a los candidatos, los cuales –esto es lo más importante– están siendo efectivamente tomados en cuenta por los examinadores y trasladados a los examinados.
Las audiencias públicas todavía no llegan a ser en nuestro país lo que deberían ser –instrumentos de control de la sociedad civil sobre el Gobierno–, y tienden a ser empleadas por las autoridades como formalidad para dar visos de legitimidad a decisiones ya asumidas con anterioridad, pero la ciudadanía falla más al no hacer mejor empleo de esa herramienta democrática.
En este caso concreto, junto a las audiencias públicas se ofrecen otros medios de participación en el proceso selectivo, tales como la posibilidad de seguir esas audiencias por televisión, de enviar al Consejo denuncias acerca de los postulantes y de manifestarse respecto de este trámite de cualquier otra forma legal. Nuestro diario se sumó a este esfuerzo habilitando el enlace de internet “Opine sobre los candidatos a la Corte”, que ha tenido interesante respuesta.
Yendo por este camino en forma correcta, es posible prever que llegaremos a un final exitoso, en el cual la persona escogida para miembro de la Corte sea, realmente, digna del cargo. No obstante, es preciso ser cautelosos y no anticiparse a celebrar una victoria antes de que el proceso finalice.
Como bien se sabe, la grave enfermedad de que adolece la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, y, por extensión, el resto de ese cuerpo, es su partidización; o sea, el origen espurio de su selección, resultado del “cuoteo” de la politiquería, de los políticos que necesitan que los miembros del máximo tribunal de la República les estén supeditados, con muchas y muy obvias finalidades.
La lucha ciudadana contra la partidización de la Justicia se inició, en nuestro país, junto con el período denominado “de transición a la democracia”, es decir, hace al menos 25 años, ya que no es necesario sumarle los años de esa misma lucha bajo la dictadura stronista, pues es sabido que los regímenes autoritarios necesitan una Justicia sumisa; de lo contrario, no se sostendrían mucho tiempo. También es sabido que en las democracias sucede lo contrario: no se sostienen ni alcanzan calidad si tienen una Justicia obediente y manejable.
De modo que gran parte de los vicios y defectos de nuestra mala administración de Justicia proviene del hecho de que son los políticos quienes escogen a sus miembros. La mala calidad de nuestra estancada democracia descansa justamente en este problema.
Se supone, haciendo uso del sentido común, que si los paraguayos logramos que los ministros de la Corte, magistrados, jueces y demás miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sean escogidos entre los mejores profesionales, calificados intelectual y moralmente, el proceso de mejoramiento democrático dará un paso gigantesco hacia adelante.
Esto parece elemental; sin embargo, es lo que nos está siendo sistemáticamente negado por la mayoría de los políticos que dicen representarnos en el seno del Poder Legislativo, en connivencia, por supuesto, con los del Poder Ejecutivo, ambos beneficiarios principales del indigno sometimiento de la Justicia al fuero partidario.
El esfuerzo que se está haciendo en el proceso de selección para el sustituto del miembro renunciado, Víctor Núñez, es correcto. Si culmina con éxito, introducirá en la Corte a un ministro que llegará sin deudas pendientes con ningún partido político, movimiento, cúpula o padrino. Será uno solo entre muchos, pero por algo se comienza. Esto, repetimos, si los políticos en esferas decisorias respetan la opinión de la gente.
Pero, si después de tan pulcro procedimiento de selección resulta que en el seno del Consejo de la Magistratura se vuelve a cocinar la designación de un recomendado partidario o personal de algún político influyente, tirando al basurero los exámenes y las buenas calificaciones, entonces una nueva decepción vendrá a sumarse a las ya numerosas, acumuladas a lo largo de estos años y que, raramente, todavía no han producido la explosión social que suelen causar en los pueblos las desilusiones y los fracasos reiterados.
Confiemos en que este proceso de selección de miembro de la Corte sea el primero de los que vendrán en el futuro cercano para corregir de una vez por todas una de las rémoras más perniciosas que nos ha dejado la dictadura, vergonzosamente aún fuerte y vigente un cuarto de siglo después.
En caso de que los políticos inescrupulosos pretendan seguir metiendo sus garras para escamotear los anhelos populares de una mejor y honesta justicia, la ciudadanía debe estar atenta para manifestar su desacuerdo en forma pública y categórica.