Ya es tiempo de hacer justicia

A pedido de los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, se iniciaría hoy y no el 24 de junio, como estaba previsto, el juicio oral y público al aún senador Víctor Bogado (ANR), acusado de estafador y de cómplice de su exniñera Gabriela Quintana en el delito de cobro indebido de honorarios, por un valor total de 71.783.746 guaraníes. El adelanto respondió al temor de que prescribiera la persecución penal de este último delito, castigado con hasta tres años de cárcel, debido a las reiteradas chicanas interpuestas por quien, sabiéndose culpable, no tenía el menor interés en ser juzgado. Es necesario que la ciudadanía siga muy de cerca las incidencias en esta etapa procesal de dos días de duración, pues el desvergonzado legislador, que en la audiencia preliminar solo admitió haber cometido un “pequeño error administrativo”, podría seguir trabando las actuaciones. Se trata de una cuestión que, si es resuelta con justicia, contribuirá también a sanear el Senado.

A pedido de los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, se iniciaría hoy y no el 24 de junio, como estaba previsto, el juicio oral y público al aún senador Víctor Bogado (ANR), acusado de estafador y de cómplice de su exniñera Gabriela Quintana en el delito de cobro indebido de honorarios, por un valor total de 71.783.746 guaraníes. El adelanto respondió al temor de que prescribiera la persecución penal de este último delito, castigado con hasta tres años de cárcel, debido a las reiteradas chicanas interpuestas por quien, sabiéndose culpable, no tenía el menor interés en ser juzgado.

La exempleada doméstica, que mintió al negar haber sido cuidadora de las niñas del litigante de mala fe, fue contratada en 2008 para trabajar en la Cámara de Diputados, presidida entonces por su expatrón; dos años después se convirtió en funcionaria y en marzo de 2013 también es contratada por Itaipú Binacional, a pedido del coprocesado Miguel Ángel Pérez, jefe de Gabinete del presunto delincuente; muy pronto, fue comisionada a la propia Cámara, de modo que cobraba remuneraciones en ambas entidades. El impresentable diputado, que había incurrido en la vileza de ocultar a quien era director de la entidad binacional, Franklin Boccia, que Quintana era funcionaria del cuerpo colegiado, tuvo más tarde el descaro de culpar del escándalo a esa persona ya fallecida, lo que le ha valido una querella de la viuda, la diputada Celeste Amarilla (PLRA), por denigrar su memoria. Ya senador en mala hora, fue imputado por el Ministerio Público el 24 de octubre de 2013 y desaforado el 24 de noviembre del mismo año, gracias a la ejemplar movilización de la ciudadanía, indignada porque 23 senadores se habían opuesto dos semanas antes a que sea sometido a la Justicia.

Luego de que el espíritu corporativo fuera derrotado por la gente harta de tanta corrupción con fueros, trató de impedir la apertura del juicio oral y público, recurriendo a múltiples maniobras dilatorias, consentidas una y otra vez por la magistratura, pese al notorio ejercicio abusivo del derecho a la defensa. Contó incluso con la morosidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tardó dos años en resolver una acción por él planteada contra una resolución de alzada que confirmó el rechazo de una recusación planteada en primera instancia.

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El 19 de setiembre de 2018, su desfachatez llegó al colmo de denunciar a los agentes fiscales Fernández y Alcaraz por perseguir a un “inocente”, negando a la vez que buscara apartarlos de la causa o dilatarla aún más. Sin conmoverse ante su lloriqueo, la jueza Rosarito Montanía dispuso el 2 de octubre de 2018 que ella sea elevada a juicio oral y público. Como en la audiencia preliminar no cabe evaluar las pruebas ofrecidas, la jueza denegó su pedido de sobreseimiento definitivo, fundado en sendos fallos que hicieron lugar a acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el art. 2° de la Ley N° 700/96, que reglamenta el art. 105 de la Constitución, que prohíbe la doble remuneración.

Esa norma legal dice que “a los efectos de esta ley, es funcionario o empleado público toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la administración pública nacional, departamental, municipal, entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales”. La norma constitucional citada dispone que “ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”. La exempleada doméstica del chicanero senador cree que, como contratada por Itaipú Binacional, no era funcionaria o empleada pública y que, por tanto, nada le impedía estar a sueldo de dos entidades públicas. Empero, el art. 104 de la Constitución, que obliga a los funcionarios y empleados públicos a declarar bienes y rentas, menciona explícitamente a los de las entidades binacionales. Por lo demás, ellas están incluidas en las leyes N° 5189/14 y 5282/14, que se refieren a la provisión de informaciones sobre remuneraciones al servidor público y a la transparencia gubernamental, respectivamente.

Es necesario que la ciudadanía siga muy de cerca las incidencias en esta etapa procesal de dos días de duración, pues el desvergonzado legislador, que en la audiencia preliminar solo admitió haber cometido un “pequeño error administrativo”, podría seguir trabando las actuaciones. Al cierre de esta edición del diario, la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y César Garay Zuccolillo, aún no ha dictado sentencia con respecto a la acción promovida por la mentirosa exniñera, que favorecería a su expatrón si prosperara. Por de pronto, no debería sorprender a nadie que sean recusados uno o más miembros del Tribunal de Sentencia, conformado por Víctor Medina, Elio Ovelar y Juan Carlos Zárate, que el senador de marras dé parte de enfermo o que su abogado defensor renuncie, todo para demorar la apertura del juicio.

En realidad, ya los recusó al afirmar, en la audiencia preliminar, que “los jueces dan sentencia, pero el único que juzga es Dios”. En la misma ocasión, también lo convirtió en legislador, al afirmar que “la banca es de Dios”, aunque con gusto él la regalaría. No debería tomar “su santo nombre en vano”, sino cargar ante sus compatriotas y ante la ley con la responsabilidad penal y civil que le corresponde porque, según la acusación fiscal, estafó y fue cómplice del delito de cobro indebido de honorarios. Se trata de una cuestión secular que, si es resuelta con justicia, contribuirá también a sanear el Senado. Es lo que esperamos para quien habría tenido más empleadas domésticas pagadas por el Estado y un prestanombre llamado Miguel Carballo, el mecánico hoy procesado por enriquecimiento ilícito, que en 2013 fue nombrado “asesor” en la Cámara Baja que presidía Bogado y que estuvo comisionado en el Ministerio de Justicia desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018: no se reincorporó a su puesto, habiendo renunciado recién en septiembre, lo que implica que habría cobrado ilícitamente unos 82.400.000 guaraníes, en siete meses.

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