/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/CMUIURPEWVABFBDDRRFR7ZHZEM.jpg)
Cargando...
SAN JUAN NEPOMUCENO (Antonio Caballero, corresponsal). El derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza se estableció por Ley 3728/09. Para acceder al beneficio monetario, que consiste en G. 520.000 mensual (25% del salario mínimo vigente), el interesado debe tener 65 años de edad como mínimo, demostrar que vive en situación de pobreza; no recibir sueldo, pensión o jubilación público o privado, y que no tenga casos pendientes con la justicia.
La responsable de la aplicación de la ley es la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), dependiente del Ministerio de Hacienda. De conformidad al Decreto Nº 6019/2016, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) –por un convenio firmado con la cartera de Estado y municipalidades– es la encargada de la selección y atención de los reclamos, pedidos de informes y otros resultantes de la aplicación de la “ficha social”.
El proceso se inicia con la inscripción del adulto mayor para participar del censo, que se hace en la Municipalidad local. Luego se esperan los resultados que serán dados a conocer por la STP, también en las sedes de las 254 comunas.
La directora de Información Social de la STP, Nimia Beatriz Torres de Torres, defendió la planilla de beneficiarios, que de acuerdo a denuncias está plagada de personas pudientes. La funcionaria dijo que el proceso de selección se realizó en forma transparente por Grau y Asociados, representado por Adolfo Grau.
Afirmó que las fichas, con fotografías de la situación en que viven los beneficiarios, pueden ser verificadas en la STP y en la DPNC del Ministerio Hacienda.
Sin embargo, las denuncias indican que al menos el 40% de los 190.178 adultos mayores que reciben la pensión alimentaria no reunen los requisitos, principalmente el de vivir en extrema pobreza. En San Juan Nepomunceno, de los 2.400 beneficiarios, unas 500 son personas pudientes, de acuerdo a una revisión realizada por concejales municipales, encabezados por el presidente de la Junta Municipal, Tomás Centurión (Alianza). En esta tarea también apoyan ciudadanos.
En la comunidad generó indignación el caso de Luciana Zárate (72). Ella vive en la indigencia y padece cáncer, pero la STP reporta que no califica” porque su “nivel de vida es alto”.
Pero el empresario de transporte Roque Sachelaridi recibe la pensión, con base en “engaños” a los censistas, según él mismo se ufanó. Según fuentes, accedió a la ayuda social con ayuda del entonces concejal municipal local y actual edil departamental Hernán Vergara (PDP). El edil negó injerencia en la sección de beneficiarios.
Indignado presenta denuncia
SAN JUAN NEPOMUCENO (Corresponsal). Un joven nepomuceno que vive en Asunción relató que concurrió el viernes a la oficina de la Dirección de Pensiones No contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda para reclamar que su madre, que vive en extrema pobreza en la compañía San Francisco de este distrito no recibe el subsidio estatal, mientras el empresario Roque Sachelaridi goza de la ayuda social sin reunir los requisitos, principalmente el de vivir en situación de pobreza.
El indignado ciudadano señaló que durante las idas y venidas al centro urbano de esta ciudad para procurar acceder a la pensión de G. 520.000 mensual sufrió un accidente de tránsito. La vivienda de la mujer queda a 40 kilómetros del microcentro, según explicó.
Al leer nuestra publicación sobre los casos de Luciana Zárate Villán (72) y del empresario Roque Sachelaridi decidió hacer el reclamo. En la DPNC le indicaron que debía presentar una denuncia en contra el empresario pudiente, y así lo hizo.