Contrataciones anula una adjudicación

VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió anular la adjudicación hecha por la Municipalidad de Villarrica para obras de infraestructura. La determinación obedece a denuncias presentadas por dos empresas por irregularidades en el proceso de la licitación pública nacional.

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El Juzgado de Instrucción de la DNCP, a cargo de la abogada Montserrat Cardozo, resolvió hacer lugar a la protesta presentada por las empresas CM Group, representada por Cristhian Martínez, y Aponte Latorre SA, representada por Carlos Latorre.

La Municipalidad adjudicó la obra a la empresa E.R.D. Construcciones, propiedad de Eduardo Duarte, para la construcción de aulas, comedores y baños en el Colegio Nacional de Villarrica por G. 905 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

En consecuencia, todo el procedimiento se retrotraerá a la etapa de evaluación de las ofertas para un nuevo estudio y análisis de los precios presentados por las diferentes empresas que participaron del llamado y que inclusive habían ofertado un monto mucho más bajo en comparación a la que se había adjudicado, indica la resolución de la DNCP.

Por su parte, el intendente de Villarrica, Gustavo Navarro (ANR), dijo que acatará la recomendación de la DNCP para que se agilice una solución definitiva a la parte burocrática. De esa forma se podrá iniciar la construcción de aulas que se necesitan en la institución beneficiada, explicó.

Aseguró que no existió direccionamiento ni otro tipo de irregularidad. Indicó que optaron por el monto más elevado porque “no siempre se adjudica al más barato, sino al que reúne todos los requisitos que exige el pliego de bases y condiciones”. 

Las empresas que presentaron ofertas en el llamado a licitación son CM Group (G. 658 millones), Daniel Inmobiliaria y Constructora SA (G. 793 millones), Enrique Talavera Constructora (G. 747 millones), Aponte Latorre SA (G. 839 millones) y E.D.R. Construcciones (G. 905 millones). Todas las propuestas deben ser estudiadas de nuevo, atendiendo lo determinado por el ente regulador.

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