Jurídicamente no pueden sostener la demanda que “perdió” un muerto

El caso Sarubbi despierta sospechas de que existe una asociación criminal. Resulta grave comprobar que jueces y fiscales podrían estar involucrados en el fraude montado por Enrique Sarubbi al demandar y ganar una acción judicial contra su suegro muerto. Óscar González Daher intenta salvar a los responsables de la estafa.

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Francisco Feliciano Duarte murió en junio de 2000. A mediados de 2012 fue demandado por Enrique Sarubbi para el cumplimiento de un contrato.

La sentencia favorable se dictó en el año 2013 y fue firmada por el juez Manuel Saifildin Stanley, quien llegó a declarar “rebelde” al acusado porque no se presentó en su despacho.

El montaje jurídico es responsabilidad del abogado Guillermo Montiel López, con matrícula Nº 31018, de la oficina Montiel López y Asociados, de Capiatá.

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Guillermo Montiel estrenó su matrícula profesional en el 2012, año en que inició la demanda contra el finado Francisco Feliciano Duarte.

La sentencia firmada por el juez Manuel Saifildin Stanley permitió a Enrique Sarubbi acceder a un título de propiedad judicial sobre la finca 483, en Alto Paraná.

El abogado Guillermo Montiel López se ocupó de cumplir las formalidades para una acción civil de cumplimiento de contrato, incluidas las notificaciones al afectado.

Sarubbi encontró complicidad en la propia familia del muerto: Gladys Fleitas Vda. de Duarte firmó las notificaciones como si el marido siguiera vivo.

Alevosa complicidad

La suegra de Enrique Sarubbi se presentó en el juzgado de Capiatá y no informó que su marido había muerto hacía ya 12 años.

Ocultó una información clave en el proceso y admitió las notificaciones entregadas por el ujier en su vivienda.

Resulta obvio que Gladys Fleitas Vda. de Duarte actúo en complicidad con Enrique Sarubbi.

Luego vino la declaración falsa de Humberto Zapattini, quien negó haber vendido al señor Higinio Benítez la finca que pretende Sarubbi, en Minga Guazú, Alto Paraná.

Se sumó la escribana Fredesvinda Verónica Pérez diciendo que su firma fue falsificada para la elaboración del título de propiedad en favor de Higinio Benítez.

La jueza Máxima Meza de Maldonado recibió el 12 de febrero de 2015 el título de propiedad judicial de Sarubbi sobre la finca 483, y al día siguiente ordenó el desalojo de la firma 531, propiedad de la firma HB Inmobiliaria SA, de la que Higinio Benítez es accionista principal.

Admitió el interdicto de Sarubbi sobre la finca 483 y ordenó el desalojo de la finca 531 con la entrega de posesión a Sarubbi.

En forma paralela, la agente fiscal Arminda Rivas de Monges imputó a Higinio Benítez y Aurelia Nicolaus junto con sus hijos Claudia y Fernando.

La imputación se basó en las declaraciones de Humberto Zapattini y Fredesvenda Verónica Pérez.

Los legítimos propietarios fueron desalojados e imputados. Enrique Sarubbi montó esta maquinaria para apropiarse de un inmueble ajeno y contó con el apoyo de jueces, fiscales, escribana y el testimonio de un anciano de 92 años, Humberto Zapattini.

Se cae el telón

Las publicaciones periodísticas de las maniobras fraudulentas de Enrique Sarubbi terminaron con un peritaje del Ministerio Público y permitió comprobar que la firma de Humberto Zapattini en el título de propiedad no fue falsificada.

La escribana Fredesvenda Verónica Pérez también mintió: su firma no se falsificó. Un informe del Colegio de Escribanos del Paraguay confirmó que ella retiró las hojas de seguridad que se utilizaron en el título de propiedad de Higinio Benítez.

Un informe de gestión de la Fiscalía General del Estado, por su parte, reveló las maniobras ilegales de la fiscala Arminda Rivas de Monges para imputar a la familia Benítez Nicolaus. Este es el equipo de fiscales y jueces que el senador Óscar González Daher intenta salvar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Sumario e investigación

La fiscala Arminda Rivas de Monges se encuentra bajo investigación del Jurado de Magistrados.

Los jueces Máxima Meza de Maldonado y Manuel Saifildin Stanley están procesados por el Jurado.

La Corte Suprema de Justicia abrió sumario contra Máxima Meza de Maldonado y el oficial de justicia Ramiro Báez.

La Corte investiga al juez Saifildin y los abogados Jorge Barrios y Guillermo Montiel López.

roque@abc.com.py

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