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RÍO DE JANEIRO (EFE). Las acusaciones fueron confirmadas en nuevas declaraciones dadas a la justicia por Marcelo y Emilio Odebrecht, y por Alexandrino Alencar, antiguo directivo de la constructora vinculada por la Operación Lava Jato por las corruptelas de la estatal Petrobras.
Ambos exejecutivos actualmente tienen acuerdos de colaboración con la justicia.
El caso, uno de los seis procesos que tiene la justicia contra Lula da Silva (2003-2010), se refiere a unas reformas hechas por la constructora Odebrecht en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, São Paulo, cuya propiedad está a nombre de allegados de Lula, pero que era frecuentada semanal y exclusivamente por el expresidente y su familia.
Lula ya fue condenado en segunda instancia a 12 años y mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido a manera de soborno un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de São Paulo. Está preso desde abril en una cárcel de Curitiba.
La defensa de Lula mantiene su inocencia, asegura que la propiedad no le pertenece e insiste en que la denuncia es parte de una campaña de acoso político-judicial.
En las nuevas declaraciones, los exejecutivos confirmaron haber financiado obras en la casa de campo por solicitud de la entonces primera dama, Marisa Leticia, esposa de Lula y quien falleció el año pasado.
Marcelo Odebrecht dijo que las intervenciones realizadas en la propiedad fueron las primeras que se hicieron a Lula como “persona física”, ya que, por ejemplo, con el terreno del Instituto Lula no fue para él directamente.
Emilio Odebrecht declaró que Lula nunca le pidió nada “personalmente” y relató que autorizó las obras por las relaciones que mantenía con el exmandatario, calificadas por él de un “activo intangible que no tiene precio”.