Ortega, “único responsable” de la violencia en Nicaragua

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, condenó al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega como el “único responsable” de la violencia en Nicaragua, porque ha usado a agentes y grupos paramilitares para “reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias”.

WASHIGNTON (EFE). En una entrevista, Abrão alertó de los intentos del Gobierno de Daniel Ortega para “retomar el control del país por la fuerza desmedida, ignorando la vía del diálogo y los protocolos internacionales” mediante la llamada “Operación Limpieza”, que ha llevado al ataque de localidades con mayoría opositora como la ciudad de Masaya.

En el marco de ese operativo, el Gobierno destrozó las protestas en Masaya en una acción destinada a eliminar barricadas, con disparos de armas de guerra de policías y paramilitares contra la población, así como lo ha hecho en otros lugares desde hace semanas.

La CIDH ha denunciado asaltos contra otros bastiones de la oposición como Diriá, Diriomo, Catarina y Niquinohomo, donde se mantenían bloqueos en las calles.

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“Para nosotros hay un único responsable, el Estado. El Estado en su deber de proteger a los ciudadanos en contra de la violencia. Y el Estado en su deber de no utilizar su monopolio del uso de la fuerza para reprimir, para matar y generar y provocar lesiones y detenciones arbitrarias”, recalcó.

Para el secretario ejecutivo de la CIDH, “las cifras hablan por sí mismas” con 277 muertos documentados por la Comisión, de los que 19 son miembros de la Policía, pero el resto población civil, mientras otros organismos humanitarios cifran los fallecidos en más de 350. 

“Eso demuestra efectivamente dónde está la fuerza en este conflicto”, apuntó Abrão.

En paralelo a esos ataques, la CIDH ha detectado un “proceso de criminalización” de los manifestantes con la apertura de causas penales en su contra, así como una “campaña de estigmatización” contra la Iglesia católica, mediadora en el diálogo nacional entre el Ejecutivo y la sociedad civil.

Es común que el presidente Daniel Ortega y su esposa, y vicepresidenta, Rosana Murillo, acusen a los opositores y a los miembros de la Iglesia de “satánicos” y “golpistas”.

“Hemos visto una campaña de estigmatización a los miembros de la Iglesia como actores imparciales en la conducción de la mesa de diálogo”, advirtió Abrão.

“Preservar el rol de la Iglesia es fundamental para generar las condiciones para la continuidad del diálogo, ellos son los actores clave porque son los mediadores de ese proceso, desprestigiarlos significaría enflaquecer la vía del diálogo”, consideró.

Como parte de ese proceso de diálogo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 los comicios fijados para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección; pero el mandatario rechazó esa iniciativa.

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