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“La violencia en las afueras de Trípoli es solo el inicio de una guerra larga y sangrienta en las costas del sur del Mediterráneo, que pone en peligro la seguridad de los vecinos de Libia y de toda la región del Mediterráneo”, sostuvo Ghassan Salamé al Consejo de Seguridad.
La batalla por la capital entre las fuerzas del hombre fuerte del este del país y las del Gobierno respaldado por la ONU han situado a Libia “al borde de caer en una guerra civil que podría llevar a la división permanente del país”, según el diplomático.
“Tras 48 días de ataque sobre Trípoli por las fuerzas del general Hafter, ya ha habido demasiada muerte y destrucción. (...) Llevará años reparar el daño hecho hasta el momento, y eso es únicamente si la guerra terminase ahora”, avisó.
Ante el Consejo, Salamé dijo que muchos países suplen de armas al gobierno de Trípoli, así como a las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar.
Apoyado por Egipto y Emiratos Árabes Unidos, Haftar lanzó una ofensiva el 4 de abril para tomar la capital, pero sus tropas han sido detenidas en las afueras del sur de Trípoli.
Sin una acción inmediata para cortar el flujo de armamento “Libia caerá en una guerra civil que podría conducir a la división permanente del país”, advirtió.
Su advertencia viene luego de que el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Fayez Al Sarraj, reconocido por la comunidad internacional, publicó el fin de semana fotografías de docenas de vehículos blindados de origen turco que según su sitio en Facebook habían sido recientemente suministrados a los rebeldes.
Sitios favorables a Haftar también publicaron fotos y videos de blindados armados en Jordania que, afirmaban, fueron entregados a las milicias de Haftar.
Expertos de la ONU destacaron a inicios de mes, en un informe confidencial, que los misiles dirigidos contra las fuerzas de Trípoli en abril suponen un ataque con dron que podría involucrar a una “tercera parte”, posiblemente Emiratos Árabes Unidos.
Salamé lamentó el arribo en masa de armamento a Libia a pesar del embargo decretado sobre ese país desde 2011 e instó al Consejo a establecer una comisión para investigar cuáles son los grupos que participan de los combates.