Permiten auditar cuentas del Ministerio Público

La Contraloría auditará las cuentas del Ministerio Público. Así anunciaron ayer. Igualmente, el ente contralor denunció ante la Fiscalía la inconsistencia de las declaraciones juradas de varios ministros del Poder Ejecutivo.

La fiscala general Sandra Quiñónez y el contralor Camilo Benítez, luego de la firma del acuerdo.
La fiscala general Sandra Quiñónez y el contralor Camilo Benítez, luego de la firma del acuerdo.Archivo, ABC Color

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, calificó de día histórico la firma del convenio que posibilitará que la Contraloría General de la República, representada por Camilo Benítez Aldana, audite las cuentas del Ministerio Público.

La fiscal general recordó que antes de asumir el cargo había prometido que permitiría que la Contraloría verifique las cuentas del Ministerio Público, y tras la firma, se cumple este anhelo, indicó.

Por su parte, el contralor Camilo Benítez Aldana manifestó que el acuerdo con la Fiscalía General permitirá coordinar acciones de trabajo entre ambas instituciones. El convenio establece líneas de acción de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en investigación a fin de permitir a ambas instituciones afrontar de manera más eficaz la lucha contra la corrupción pública.

Irregularidades

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El contralor Benítez Aldana presentó denuncia ante la Fiscalía General sobre la supuesta mala utilización de fondos provenientes de royaltíes y el Fonacide por parte de varias municipalidades.

Las denuncias afectan a municipios como Yabebyry, por mala utilización del Fonacide y de royalties (2013-2014), por un total de G. 1.122.884.124.

En el caso del municipio de Salto del Guairá, tras la auditoría al ejercicio fiscal 2016, se encontró un posible perjuicio patrimonial de G. 30.371.916.451.

El municipio de Azote’y tiene un posible daño patrimonial de G. 67.202.198, por la mala utilización de fondos de royalties y Fonacide. En igual situación se encuentra la comuna de Francisco Caballero Álvarez, por un daño patrimonial de G. 990.101.749.

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Inconsistencias de declaraciones

- Eduardo Petta San Martín: La Contraloría constató que no comunicó sobre 7 inmuebles, lo que le haría incurrir en el delito de declaración falsa.

- Carla Adriana Bacigalupo: no declaró algunos inmuebles, tampoco informó sobre bienes de su cónyuge, pues no tiene separación de bienes.

- Nilda Romero Santacruz: se constató variación entre ingresos percibidos y los declarados. Tuvo importantes aumentos en inmuebles.

- Dany Durand Espínola: no declaró vehículos e inmuebles.

- Denis Lichi Ayala: se constató que no existe veracidad en su declaración jurada presentada.

- Sergio Barrios Heyn: no hay correspondencia entre bienes declarados y sus ingresos.

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