Con el argumento de que el cadete Benítez fue ultimado por escuchar un plan de conspiración contra el dictador Gral. Alfredo Stroessner, se desató una brutal persecución a militares considerados adversarios del dictador.
Entre las personas encarceladas por su presunta responsabilidad en el crimen figuran el capitán Napoleón Ortigoza, el sargento Escolástico Ovando, el capitán Hilario Ortellado, el capitán Hernán Falcón y Domingo Regalado Brítez, quien murió en el calabozo por falta de atención médica.
Con 25 años en prisión, Ortigoza llegó a ser considerado el preso político más antiguo del continente.
Todo comenzó en 1963, cuando el gobierno colorado de Stroessner informó acerca del descubrimiento de una supuesta conspiración para derrocar al régimen y asesinar a varios funcionarios.
Según la información oficial, la conspiración tenía sus ramificaciones en el Ejército, siendo Ortigoza el principal conspirador, y contaba con el apoyo de Epifanio Méndez Fleitas, líder colorado en el exilio, y de Carlos Pastore, líder liberal en el exilio, así como del comunismo internacional.
Parte de la conspiración fue el asesinato de Benítez, supuestamente ultimado por Ortigoza en 1962 para ocultar el complot. Esta versión oficial figura en el Archivo del Terror, ubicado en el 8 piso del Palacio de Justicia.
Los juicios por el crimen de Benítez fueron anulados por estar plagados de anomalías, y la Justicia condenó al Estado a indemnizar a Ortigoza con 7.906.647.900 guaraníes; a Ovando, con G. 6.901.511.460 (21 años de prisión); a Ortellado, 1.005.615.200; y a Falcón, con G. 500 millones por los padecimientos sufridos.