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Esta causa se inició con un allanamiento realizado en diciembre del 2017 en Pedro Juan Caballero y en diciembre último la fiscala Lorena Ledesma acusó a varios procesados, entre ellos los contadores Mauro Mereles Martínez –presidente del club 2 de Mayo de PJC– y Diósmede Aguilera.
El 3 de mayo último la magistrada Sánchez se apartó del caso, por considerar que el objeto del mismo era de competencia de Otazú, por su especialización en Delitos Económicos.
Sin embargo, Otazú impugnó dicha decisión, en base a la disposiciones de la acordada N° 1245 del 29 de mayo del 2018, que establece la remisión a su juzgado de los expedientes a ser ingresados a partir de la referida fecha, no así los que se encuentren en trámite en etapa intermedia, que precisa Otazú, es el caso del expediente en cuestión.
Ahora el Tribunal de Apelación 4° sala, debe resolver quién atenderá el caso para realizar la audiencia preliminar en la que definirá si los acusados irán o no a juicio oral y público.