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Toda persona que tenga conocimiento de cualquiera de estas situaciones, está obligada a denunciar.
Ante un niño en situación de vulnerabilidad se presentan dos situaciones, que las expondremos como expectativa y realidad.
Tras las diligencias iniciales de rigor se da intervención a la defensoría de la Niñez, al juzgado de la Niñez y/o al Ministerio Público, según cada caso, y estos tomarán medidas inmediatas para el esclarecimiento del caso, sanción a eventuales responsables de la violación de derechos y protección al niño.
Pero en realidad lo que ocurre en la práctica es algo diferente. Veamos: si su llamada al Fonoayuda es atendida, Ud. no debe tener muchas expectativas acerca de lo que pasará después.
Las Codenis carecen de personal y recursos para intervenir, no todos los defensores de la Niñez están dispuestos a movilizarse fuera del horario de oficina (aunque estén de turno) y hay quienes no lo hacen ni siquiera en el horario “normal”, por considerar que es un “problema social”.
Lograr la protección al niño vía defensoría es una gestión que puede durar días, incluso meses, y la intervención de la Fiscalía casi siempre es inversamente proporcional a la urgencia que requiere el caso.
Pasó en el caso de una niña de cinco años víctima de abuso sexual en Ypacaraí en enero pasado. Una familia, al hallar la niña sola en la calle, pidiendo comida, intentó ayudarla. Tras obtener autorización de los padres ante la Codeni llevó la niña a su casa.
Ante quejas de ciertas molestias, la niña fue llevada a un sanatorio, donde el médico certificó abuso. La niña no solo relató lo que le hicieron, sino además identificó al padre como autor.
Esta situación fue informada a la Codeni, tras lo cual los padres atropellaron la casa de la familia y se llevaron la niña a la fuerza. La dueña de casa llamó al 147 varias veces, pero no fue atendida.
El caso fue informado a la Fiscalía, que ya tenía otra denuncia por abuso a la misma niña pero por otra persona, de noviembre del 2017.
Al igual que el nuevo caso, prácticamente estaba en foja cero.
La fiscala dijo necesitar la evaluación psicológica a la niña antes de tomar cualquier medida, pero como hay una sola psicóloga para toda la zona, dicho estudio podría demorar dos a tres meses, como efectivamente ocurrió. Mientras tanto, ninguno de los supuestos abusadores contaba con restricción alguna que le impidiera acceder a la niña, que quedó a cargo de otra persona, en las cercanías del lugar de residencia de los sospechosos.
La falta de sintonía entre los tiempos de la niñez y el de las autoridades es uno de las principales fallas del sistema.
Crimen en Vaquería
El 23 de enero del 2016 Carolina Marín, de 14 años, falleció en un hospital de Caaguazú, al que ingresó como consecuencia de una brutal golpiza que le sometió un militar retirado en la localidad de Vaquería, donde vivía como criada desde los tres años. La adolescente falleció por shock hipovolémico por hemorragia interna por politraumatismo severo. En junio del 2017 sus tutores Tomás Ferreira y Ramona Melgarejo fueron condenados a 15 años y 7 años de cárcel, respectivamente.
Caso Mainumby
El 20 de abril del 2015 médicos del Centro Maternoinfantil de Trinidad solicitaron la intervención de la fiscalía tras constatar que una criatura, entonces con 10 años –Mainumby–, se encontraba embarazada de casi cinco meses. El abusador, padrastro de la víctima, ya había sido denunciado por abuso sexual por vecinos ante la fiscalía en enero de 2014, pero la misma fue desestimada por el juzgado a pedido de la Fiscalía. El juicio oral para el padrastro está fijado para abril próximo.
Tragó soda cáustica
El 13 de enero del 2017 una adolescente de 15 años que trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de Pedro Juan Caballero ingresó al Hospital Regional, por ingesta de soda cáustica, que le dejó graves secuelas. Familiares denunciaron que la joven –que también tenía rastros de cortes y golpes en el rostro– habría sido torturada por su patrona. Posteriormente, los investigadores confirmaron que la adolescente también habría sufrido abuso sexual.