Desidia y escasos fondos impiden asistir a niños

La falta de compromiso de las autoridades municipales y departamentales, de cuyas voluntades dependen la conformación de las Codeni, impide que los procesos de abrigo de cientos de niños vulnerados en sus derechos y garantías se active en forma inmediata cuando ocurren hechos de violencia. Tanto las Codeni como los juzgados carecen de infraestructura y personal idóneo para la atención de casos, especialmente los de abuso sexual.

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Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) cumplen un rol social y de preventivo, de acuerdo a las Ley 1680 “Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Sin embargo, la habilitación y el funcionamiento de estas oficinas, claves en el proceso de activación de protección a los niños víctimas de violencia; dependen de la voluntad de los intendentes y gobernadores, no previendo el Código de la Niñez sanciones para estos corresponsables de la niñez de sus comunidades, en caso de no contar con una Codeni en funcionamiento.

Un informe de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia –SNNA– revela la falta de compromisos de estas autoridades electas para conformar las Codeni, en las que incluso se violan leyes laborales vigentes (ver infografía a la derecha). 

Un gran número de funcionarios de Codeni no gana ni siquiera el sueldo mínimo.

Varios de los personales asignados a esta dependencia apenas reciben G. 200.000 al mes, unos alcanzan G. 800.000 y otros G. 1.300.00, pero deben pagar de sus “bolsillos” combustibles y otros gastos de movilidad.

No cuentan con computadoras, papelería o una línea telefónica permanente para recibir las denuncias.

La falta de recursos e inversión a la protección de la niñez y la adolescencia en nuestro país se ve reflejada en incluso en el Presupuesto General de la Nación.

La SNNA es una de las dependencias del Poder Ejecutivo con menor presupuesto asignado, junto con el Ministerio de la Mujer, superados ampliamente por el Ministerio de Defensa.

Juzgados

Al igual que las Codeni, los juzgados también muestran los efectos del desinterés de las máximas autoridades judiciales y del Congreso para proveer los recursos necesarios a los juzgados para el efectivo cumplimiento del Sistema de protección de la niñez vulnerada.

Actualmente, existe 53 jueces de la Niñez y 29 jueces penales de la Adolescencia.

La Dra. Rosa Yambay Gire, miembro del Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia de Cordillera y presidenta de la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia del Paraguay, refirió que cada juzgado de la Niñez debe tener Defensorías y equipo asesor especializado, pero “en este punto hay un deuda de larga data. Desde el 2001 no contamos con ese equipo asesor y tampoco todas las Defensorías de la Niñez son especializadas. Hay defensores multifueros. De hecho la Defensoría de la Niñez tampoco es prioridad a nivel país. Hay más defensores penales que defensores del niño”, aclara.

Añade la magistrada que “el principio de efectividad previsto en el artículo 4 de la Convención no se cumple con los niños. Es una deuda del Estado. Ese principio implica elaboración de políticas, planes, programas y destino prioritario de los recursos. Es hora de bajar del discurso a la realidad.

¿Dónde duermen los pedidos?

Consultada la jueza Yambay en qué instancia duermen los pedidos de los juzgados para mayor inversión en infraestructura, señala que “en todos los estamentos. En la Corte, en el Parlamento. De hecho la Corte sistemáticamente tiene recortados los recursos desde el Congreso. No hay conciencia, ex profeso o por desconocimiento de las necesidades del Poder Judicial”.

Acerca de la situación laboral de los jueces de la niñez y adolescencia, comenta que “en su mayoría tienen turno permanente. Están en situación diferente a otros fueros que tienen un horario de atención diferenciado.

Comunicación 

Pero, según relata, “los magistrados de la Niñez permanecen en turnos de 24 horas, todo el año. Ni siquiera consiguen interinos con otros jueces de otros fueros, por lo difícil que es estar a cargo de un juzgado de Niñez que tiene alta dosis de presión dado que los casos sobrepasan la capacidad de respuesta en tiempo”.

La falta de infraestructura también es otra de las características para este actor clave en el proceso de protección de los menores.

Según la jueza Yambay, la mayoría de los juzgados distribuidos en todo el país “no tiene medios de comunicación, es decir ningún juez tiene una línea habilitada para conectarse con celular, con suerte tiene línea baja. La mayoría no dispone de fax”.

A esto se suma que “los jueces de la niñez tienen el mismo exiguo salario que todos los jueces de otros fueros, cuando su realidad y el elevado grado de estrés y presión social justifican un salario diferenciado en el que necesariamente deben considerarse el horario, la carga emocional, la cantidad de casos, los costos que implica estar a cargo de un juzgado las 24 horas.

Requieren más compromiso de legisladores

Desde la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) promueven un proyecto para la modificación y actualización del Código de la Niñez (Ley 1680), para volver más efectivo el abrigo a niños en situación de vulnerabilidad.

La jueza Rosa Yambay Girett refiere que en el Parlamento deberían tomar clases respecto a la doctrina de la protección integral de los niños y adolescentes, de modo que para todo cuanto tenga relación con los menores tengan información conceptual básica que les permita legislar y/o administrar para beneficio de la población infantil juvenil.

Añade que la protección debe ser un propósito país, y para ello se requieren además conocimiento y alta sensibilidad hacia este sector de la población.

viviana@abc.com.py rferre@abc.com.py